Mayoría de asesinatos de ambientalistas en 2019 se registraron en América Latina: Global Witness

De acuerdo con un nuevo informe de la ONG Global Witness, 212 defesores de la tierra y el medio ambiente fueron asesinados en 2019, un incremento del 30 por ciento con respecto al año anterior. Cerca de un 40 por ciento eran indígenas y defensores de tierras ancestrales.

Más de dos terceras partes de los asesinatos tuvo lugar en América Latina.

El aumento de los crímenes es parte de una tendencia más amplia. Un estudio publicado por Nature, en 2019, indica que en 15 años, entre 2002 y 2017, fueron asesinados más de 1.558 defensores del medio ambiente.

Mary Menton, investigadora de justicia ambiental de la universidad de Sussex y coautora del informe, dijo a DW que no le sorprendería que el número real fuera el doble, debido a los problemas para reportar e investigar esos casos. Según Menton, solo el 10 por ciento de los autores de los crímenes han tenido que responder ante la Justicia.

El creciente conflicto en torno a las tierras está forzando a indígenas y líderes comunitarios a proteger más decididamente sus territorios, señala Rachel Cox, de Gobal Witness. «Los miembros de pueblos indígenas son desproporcionadamente vulnerables a ataques”, dice, refiriéndose a las minorías que ofrecen resistencia contra proyectos mineros, forestales o agrícolas.

Pero los asesinatos son solo la punta del iceberg. «Muchos más activistas son atacados, apresados o difamados por su trabajo”, dice Cox. Estos cinco países fueron los que registraron tasas especialmente altas de muertes de activistas en 2019.

  1. Colombia

La situación en Colombia se ha agravado. El país, que en 2018 ocupaba el segundo lugar de la lista de defensores de la tierra y el medioambiente asesinados, con 24 casos, escaló ahora al tope de este trágico escalafón. Colombia encabeza la lista de 2019 con 64 muertos, víctimas de una violencia que en parte se atribuye a la deficiente implementación del Acuerdo de Paz de 2016 y a la falta de protección de campesinos en la pugna por sus tierras.

  1. Filipinas

El segundo país más mortífero para defensores del medio ambiente fue Flipinas, donde fueron asesinados por lo menos 46 ambientalistas el año pasado, lo que representa un aumento del 53 por ciento. 26 asesinatos tuvieron relación con el agronegocio.

Leon Dulce, coordinador nacional del Kalikasan People’s Network for the Environment, señaló que se están produciendo oleadas de violencia debido a los esfuerzos del gobierno de expandir la minería y la industria forestal, bajo la consigna de la «recuperación económica tras la crisis del COVID-19”. El presidente Duterte también está recurriendo a draconianas leyes antiterroristas para neutralizar a los activistas, catalogándolos de criminales.

El sur de la isla de Mindanao sigue siendo un foco candente, con 19 asesinatos relacionados con la defensa medioambiental, debido a la oposición contra la plantación de palmas aceiteras y a otras actividades de la agroindustria.

  1. Brasil

El agresivo impulso que el presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, quiere darle a la minería a gran escala y a la agroindustria en la Amazonía, ha puesto a las comunidades indígenas en la primera línea de la lucha contra el cambio climático, especialmente porque la deforestación de territorios indígenas  aumentó un 74 por ciento entre 2018 y 2019. El 94 por ciento de los 24 asesinatos de activistas cometidos en Brasil tuvo lugar en la Amazonía.

La violencia en la región se incrementó cuando el gobierno de Bolsonaro presentó un controvertido proyecto para legalizar la minería comercial en territorios indígenas.

Según Mary Menton, el propio Bolsonaro está «alentando activamente la violencia» contra activistas indígenas, con un discurso de odio.

  1. México

En 2019 fueron asesinados 18 defensores de la tierra y el medio ambiente en México, entre ellos Otilia Martínez Cruz, de 60 años, y su hijo Gregorio Chaparro Cruz, de 20. Ambos fueron encontrados muertos fuera de su hogar, en la localidad de El Chapote, el 1 de mayo de ese año. Se estima que estos asesinatos están relacionados con sus esfuerzos por detener la tala ilegal de árboles en sus tierras ancestrales.

Dos meses antes, en febrero de 2019, Samir Flores fue asesinado. El día anterior a su muerte, el campesino nahuatl y activista ambiental de Amilcingo había hablado públicamente contra el Proyecto Integral Morelos, dirigido a desarrollar la infraestructura para la energía de carbón y gas.

  1. Honduras

En Honduras, los asesinatos aumentaron de cuatro, en 2018, a 14, el año pasado. Los ataques letales contra ambientalistas han apuntado preponderantemente contra mujeres, y han continuado su tendencia ascendente desde el brutal asesinato de la dirigente Berta Cáceres. La activista fue asesinada en 2016, meses después de haber ganado el prestigioso premio Goldman, por oponerse a la construcción de una represa en su región.

«Las mujeres tienen un importante liderazgo en la lucha” contra compañías de la industria extractiva y «grupos criminales que quieren quitarles sus tierras”, afirma Marusia López, de la Iniciativa Mesoamericana de Mujeres Defensoras de Derechos Humanos, que documentó 1.233 ataques contra estas activistas entre 2017 y 2018. 

 

Aencias

29 julio 2020

Publicado enMedio Ambiente
Domingo, 26 Julio 2020 06:09

La trampa del capitalismo verde

La trampa del capitalismo verde

Los apologistas del sistema aseguran que el libre mercado puede solucionar todos los problemas, incluida la crisis ecológica. Pero conocían la magnitud de la tragedia y no hicieron nada. Desde Kyoto, en 1997, se han generado más del 50% de las emisiones

 

Marco Licinio Craso era el hombre más rico de la antigua Roma. Tal era su fortuna que, tras morir combatiendo en Asia Menor, entre los ciudadanos de la República se corrió el rumor de que sus enemigos lo habían matado haciéndole tragar oro fundido para saciar su sed de riqueza. En vida, Craso había utilizado su poder e influencia para acrecentar obscenamente su patrimonio. Una de las maneras fue crear el primer cuerpo de bomberos de la historia, aprovechando que los incendios eran frecuentes entre los edificios de la capital. Pero este cuerpo de bomberos distaba mucho del concepto que tenemos hoy. Cuando se declaraba un incendio, los efectivos se desplazaban al lugar del siniestro y exigían al propietario del inmueble que se lo vendiera a Craso por un precio ridículo si quería que apagaran las llamas. Cuanto más avanzaba el fuego, más bajaba el precio.

Han pasado más de 2.000 años y lo que está ardiendo esta vez es el planeta entero. Las primeras décadas del siglo XXI han sido testigos de la práctica desaparición del casquete polar Ártico y de cómo, año tras año, se baten todos los récords de temperaturas extremas. Como los bomberos de Craso, un grupo de compañías promete ahora arreglar el desastre, eso sí, previo pago. Pero a diferencia de los hombres de Craso, quienes ahora alargan la mano a cambio de apagar las llamas son los mismos que han provocado el incendio

Durante décadas, las grandes corporaciones energéticas negaron que el cambio climático antropogénico fuese una realidad. Para ello no dudaron en gastar miles de millones en sobornar, perdón, hacer lobbying, a políticos para impedir regulaciones medioambientales, sabotear cualquier avance que amenazara su hegemonía en el sector y utilizar los medios de comunicación de su propiedad para sembrar la duda y la desconfianza. Pero hoy, metidos hasta la barbilla en una crisis climática sin precedentes, la realidad del calentamiento global es innegable para todos salvo para los más fanáticos. Y con la opinión pública finalmente concienciada de la magnitud del problema, buena parte de esas mismas compañías que durante décadas lo negaron o minimizaron ahora se revisten de una pátina de ecologismo y adoptan el discurso de la “responsabilidad compartida”, en la que todos tenemos que aportar nuestro granito de arena. Y cuando dicen “todos” se refieren, claro, a los ciudadanos en forma de subvenciones públicas para que sus empresas rebajen los niveles de emisiones.

Hay un punto ya no cínico, sino plenamente obsceno en el discurso de la “responsabilidad compartida”. Nadie puede negar que nuestros hábitos de vida provocan emisiones de gases de efecto invernadero y que podemos y debemos hacer todo lo posible por nuestra parte para reducir nuestro impacto ecológico. Pero es igualmente innegable que las grandes corporaciones energéticas y los individuos más acaudalados han sido y son los principales culpables de la crisis. Sólo 100 compañías son responsables del 70% de las emisiones, y el 10% de los hogares con mayores ingresos generan varias veces más emisiones per cápita que el 50% de los hogares con menores ingresos. Pero el discurso ha empezado a calar entre la población, y vemos cómo, por ejemplo, los países europeos aumentan los impuestos a los conductores de vehículos diesel, al tiempo que subvencionan con miles de millones de euros de dinero público a las empresas que los fabrican. Vemos cómo, mientras que los hogares europeos son responsables del 25% de todas las emisiones (y aquí está incluída la energía que utilizan), pagan el 49% del total de impuestos medioambientales. Esto no es responsabilidad compartida, es entrar en un restaurante y que uno pida bogavante para comer y otro un café con leche y pretender que se pague la factura a medias. Una cosa es tomar conciencia y responsabilizarse del impacto que tienen nuestras acciones y nuestro estilo de vida sobre el ecosistema, y otra muy diferente pagar por los excesos de quien, pudiendo haber evitado el desastre, no quiso hacerlo.

Los apologistas del capitalismo, como zelotes fundamentalistas, aseguran que sólo el libre mercado puede dar solución a todos los problemas, incluido este. Pero lo cierto es que las corporaciones energéticas conocían la magnitud de la tragedia que se avecinaba desde los años 80, y no hicieron nada. Ninguna mano invisible bajó del cielo para hacer que las compañías empezaran a recortar sus emisiones y a realizar la transición hacia fuentes de energía renovables y no contaminantes. Muy al contrario, pisaron el pedal de la polución a fondo. Desde que se creó el Protocolo de Kyoto, allá por 1997, se han generado más del 50% de todas las emisiones antropogénicas de CO2 de la historia. Si en 1987 el 81% de toda la energía del mundo provenía de los combustibles fósiles, treinta años después ese porcentaje es… el 81%. En ese lapso de tiempo, las cuatro mayores compañías energéticas amasaron unos beneficios de más de 2 billones de dólares. Y ahora se aprestan a exigir subvenciones a cambio de transformar su modelo energético. No sólo eso, algunas presumen de ello mientras afean al ciudadano de a pie sus hábitos de consumo.

El coste que supondría acabar con la mayoría de emisiones de gases de efecto invernadero es alto. Se estima que pasar a un modelo energético en el que las energías renovables proveyeran el 80% de la energía costaría unos 15 billones de dólares. En total, la factura resultante de reducir las emisiones netas a cero podría ascender hasta los 50 billones de dólares, según un estudio de Morgan Stanley. Puede parecer una suma extraordinaria, pero palidece ante la cifra de lo que supondría no hacerlo. De acuerdo con un estudio publicado en la revista Nature, reducir las emisiones hasta alcanzar el objetivo de los Acuerdos de París de mantener la temperatura a 1,5-2º C por encima de niveles preindustriales tendría un coste económico de aquí hasta 2100 de más de 600 billones de dólares, pero no hacer nada (bussiness as usual) supondrá un montante que ascendería hasta los 2.197 billones. Para que se hagan una idea, el PIB mundial es de algo más de 87 billones.

La pregunta que toca hacerse ahora no es si hay que pagar esa cifra por arreglar el entuerto, sino quién debe hacerlo. Las grandes corporaciones no dudarán en usar su influencia para presentarse ante el mundo como la única tabla de salvación ante la catástrofe, hablándonos de cómo sólo el sector privado está capacitado para emprender la ardua tarea de la transición energética. Eso sí, utilizando el discurso de la “responsabilidad compartida” para que los estados les rieguen con dinero en forma de subvenciones públicas, y encima les tendremos que dar las gracias por salvar el planeta. Es insultante.

Quienes se hicieron de oro destruyendo el planeta son quienes deben pagar la factura por arreglar lo que todavía se pueda arreglar. Y sí, tienen el dinero para hacerlo. Según el informe de Riqueza Global de Credit Suisse, el 0,6% más rico del planeta acumula casi el 45% de toda la riqueza. Casi 160 billones de dólares. Más que de sobra para lograr los objetivos propuestos sin dejar de ser los más ricos. Y si no quieren quizá sea hora de que los estados tomen de una vez por todas las riendas y nacionalicen las empresas contaminantes, obliguen a quienes más tienen a pagar sus impuestos y creen una alternativa a ese capitalismo salvaje que amenaza ya no nuestro estilo de vida, sino nuestra mismísima existencia. Es cuestión de vida o muerte, literalmente.

Me gustaría ser optimista. Quiero creer que tal alternativa es posible. Pero mucho me temo que volveremos a caer en la enésima trampa de un capitalismo vestido de verde pero con el corazón negro como el carbón.

Por Ernesto H. Vidal 24/07/2020

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Un planeta saludable, un nuevo derecho humano

Expertos en derecho ambiental y en gobernanza explican que puede suponer que las Naciones Unidas incluya el derecho a un medio ambiente sano dentro de la Carta Universal de Derechos Humanos.

 

Cada hectárea devorada por las motosierras supone una amenaza contra los derechos humanos. Lo mismo ocurre con las partículas de polvo que infectan atmósfera y pulmones; con los bloques de hielo que se desprenden hacia el terrorífico estado líquido; con las especies que se adentran en la extinción; o con los vertidos químicos que terminan en el cauce de los ríos. Así lo entiende el propio relator de la Organización de las Naciones Unidas, David R. Boyd, que hace unos días señaló la necesidad de incluir el "derecho a un planeta sano" en un nuevo artículo de la Declaración Universal de Derechos Humanos.

"El derecho a un medio ambiente saludable ya proporciona la base para gran parte del progreso que estamos viendo en diferentes naciones de todo el mundo. Lo que tenemos que hacer ahora es aprovechar este momento de crisis ecológica mundial para asegurar el reconocimiento de este derecho por parte de las Naciones Unidas, de modo que todos, en todas partes, se beneficien. El derecho humano a un planeta sano, si es reconocido por todas las naciones, podría ser el derecho humano más importante del siglo XXI", comentaba.

Estas declaraciones han sido recogidas con entusiasmo por algunas organizaciones sociales como BirdLife que, desde hace décadas, llevan advirtiendo de la evidente relación que existe entre la degradación de los entornos naturales y la vulneración de los derechos humanos. Front Line Defenders aporta un dato relevante que apoya esta teoría: el 40% de los 304 activistas que fueron asesinados en 2019 eran defensores de la tierra. Las muertes asociadas a la degradación del planeta no son sólo las de aquellos que, desde la lucha social, se enfrentan a proyectos extractivistas. Tanto es así, que miles de defunciones prematuras tienen que ver con enfermedades que derivan del maltrato que las sociedades dan a los entornos. Cáncer, cardiopatías, accidentes cerebrovasculares o diarreas son algunas de las causas de muerte que se relacionan con la mala calidad del aire, o el mal estado de las aguas. Según la propia Organización Mundial para la Salud (OMS), el 28% de los óbitos globales tienen que ver con cuestiones ambientales.

"El medio ambiente muchas veces se ve cómo algo vinculado a políticas sectoriales y de menor peso frente a la industria o la economía. Sin embargo, se trata de algo transversal y un asunto relacionado con la gobernanza global", opina Juan Carlos Atienza, portavoz de SEO/BirdLife, organización que ha iniciado una recogida de firmas para incluir el derecho a un planeta sano en un nuevo artículo de las Declaración Universal de Derechos Humanos. "El hecho de que se incluya este nuevo derecho, obligará a miles de países a incluirlo en sus leyes y dará una mayor cobertura a aquellos ciudadanos o colectivos que tengan que ir a los tribunales", agrega.

Ana Barreira, directora del Instituto Internacional de Derecho y Medio Ambiente (IIDMA), señala los beneficios que podría tener este acontecimiento, ya que agilizaría los procedimientos judiciales relacionados con el medio ambiente. "En España, el derecho al medio ambiente sano no está recogido exactamente como un derecho fundamental, sino como un principio rector de la política económica y social, lo que hace que no se pueda alegar la vulneración de este derecho de manera directa, sino que se tienen que utilizar otras vías, lo que retrasa mucho los procedimientos", explica la abogada. Ella misma pone recuerda como el IIDMA interpuso un recurso por la moratoria de Madrid Central que tuvo que basarse en la vulneración del derecho a la integridad física.

El posible nuevo artículo de la Declaración Universal de Derechos Humanos, sin embargo, puede servir para dar un mayor amparo legal a las comunidades y sociedades que necesiten denunciar la degradación de sus entorno. Sin embargo, del mismo modo que en muchos lugales se ignorar derechos fundamentales como la libertad de expresión y de prensa, se podrá seguir pasando por alto la protección de los ecosistemas. Es por ello que Barreira hace hincapié en la necesidad de "fortalecer los mecanismos para que se cumplan todos los convenios ambientales".

"Existen herramientas jurídicas y tribunales internacionales, pero hace falta ampliar su capacidad de acción"

"La Carta Universal abarca toda una serie de cuestiones y derechos, culturales, económicos, sociales o religiosos, sin embargo, no se profundiza en cómo se ponen en práctica después", critica Víctor Barro, experto en justicia económica de Amigos de la Tierra. No se trata, a juicio de este experto, de crear nuevas instituciones, sino de potencias los mecanismos de vigilancia sobre los que descansa el multilateralismo de las Naciones Unidas. "Existen herramientas jurídicas y tribunales internacionales, pero hace falta ampliar su capacidad de acción", expone. 

"Los tratados internacionales y las declaraciones universales son vinculantes jurídicamente, pero ¿quién hace el seguimiento de qué se están cumpliendo?", se pregunta la abogada del IIDMA. Buen ejemplo de esta falta de recursos para vigilar es el principio de "quien contamina, paga" que rige en Europa desde 1986 sin tener apenas repercusiones. "Las administraciones no tienen muchos medios para vigilar y, cuando se da con algún caso, se inicia un procedimiento judicial en el que las sentencias se alargan mucho en el tiempo. La Unión Europea legisla muchísimo y crea nuevas normas, pero no se le dedica muchos recursos para vigilar que se cumplen", denuncia.

No en vano, la llegada de este nuevo derecho fundamental supondrá, al menos un elemento más al que la ciudadanía se pueda acoger para denunciar ataques contra ecosistemas y contra la propia vida, además de dar respuesta a multitud de conflictos ambientales que superan las capacidades de los juzgados nacionales. "Muchos de los grandes retos ambientales exceden las fronteras nacionales. El cambio climático o la pérdida de biodiversidad no son problemas que se puedan resolver en solitario o de manera local. Necesitamos, si queremos conservar el medio ambiente, que exista un respaldo global", concluye Atienza.

MADRID

15/07/2020 22:44

Por ALEJANDRO TENA

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El capitalismo acomoda sus peones ante la crisis sistémica y del trabajo

A pesar de las medidas extraordinarias adoptadas en todo el mundo, con frecuencia de una forma que no tiene precedentes, la crisis de la Covid-19 ha repercutido de forma muy adversa en los mercados laborales y obligará a los encargados de la formulación de políticas a afrontar retos políticos de gran alcance.

Un reciente Informe el Observatorio de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) sostiene que los resultados que se logren en el mercado laboral en el resto de 2020, y en años sucesivos, dependerán de las decisiones que adopten, así como de la evolución de la pandemia en el futuro, y podrían repercutir en el mundo del trabajo a largo plazo.

No todos los países deberán afrontar la misma situación. La gravedad de las dificultades que deban subsanar y los instrumentos y recursos que puedan utilizar al respecto variarán sustancialmente. No obstante, la mayoría de los países tendrán que hacer frente a una serie de dificultades fundamentales, como la armonización de las intervenciones políticas en los planos sanitario, económico y social, a fin de lograr resultados satisfactorios sostenibles para los mercados laborales.

Desde el comienzo de la pandemia ha sido necesario prioriza medidas de contención y erradicación de la propagación del virus y, pese a que ello ha redundado en costos económicos y sociales sustanciales, constituye una condición previa necesaria para impulsar una recuperación sostenible.

Por otro lado, se pide cada vez más a los encargados de la formulación de políticas que establezcan claramente un calendario para la reapertura de los lugares de trabajo y los protocolos sanitarios que deben observarse a tal efecto, y que determinen si se seguirá brindando apoyo a las empresas y a los trabajadores que no pueden retomar su actividad habitual.

La adopción de ese tipo de decisiones es compleja, habida cuenta de los costos que conllevan para los sectores público y privado la prolongación de las restricciones, la inquietud asociada a intervenciones prematuras susceptibles de propiciar una segunda fase de la pandemia y la presión cada vez mayor de la opinión pública.

Por otro lado, la aplicación y el mantenimiento de las intervenciones políticas a la escala necesaria, habida cuenta de que los recursos son cada vez más insuficientes.

El reconocimiento general de la obligación de adoptar «todas las medidas necesarias» para mantener la actividad económica, el empleo, la actividad empresarial y los ingresos a lo largo de la pandemia ha llevado a los gobiernos a fijar objetivos fiscales y monetarios de antemano.

Muchos países tendrán que afrontar un elevado nivel de deuda externa y aplicar medidas políticas monetarias muy restrictivas, aun si la pandemia remitiera en los próximos meses.

Pero los efectos adversos en los mercados de trabajo y la compleja coyuntura económica a escala mundial que se prevé a largo plazo subrayan la necesidad de seguir aplicando políticas que fomenten la recuperación, si bien ello tendrá lugar en condiciones fiscales y monetarias sin precedentes.

Una consolidación fiscal anticipada, como la que siguió a la crisis financiera de 2008-2009, podría conllevar el riesgo de desestabilización de los mercados laborales, ya menoscabados por la covid 19.

La pandemia ha puesto de manifiesto amplias deficiencias y desigualdades en el mundo del trabajo, y las ha acentuado. Las mujeres, los jóvenes y los trabajadores del sector informal, que se encontraban en una situación muy desfavorable antes de que comenzara la crisis, han padecido algunas de sus peores consecuencias.

Por otro lado, ha aumentado la concienciación pública sobre la labor, a menudo compleja e infravalorada, de determinados grupos, en particular los trabajadores de los sectores sanitario y de atención social y los servicios de limpieza, así como los trabajadores domésticos, cuya labor ha sido y sigue siendo primordial para superar la pandemia.

Obviamnte, si no se hace hincapié de forma explícita en la mejora de la situación de los grupos más desfavorecidos y vulnerables, los procesos de recuperación podrían agravar las actuales situaciones de injusticia.

Además, la OIT exhortó al mantenimiento de la solidaridad y del apoyo internacionales, en particular con respecto a los países emergentes y en desarrollo, ya que la respuesta general a la crisis mundial de la Covid-19 se ha caracterizado por una cooperación internacional deficiente: la gran cantidad de recursos utilizados por los países de ingresos elevados para hacer frente a la pandemia no ha estado al alcance de otros países.

Ello ha incidido ampliamente en la capacidad de los países en desarrollo y emergentes para proteger a sus ciudadanos y afrontar la pandemia, lo que a su vez condicionará la evolución de la situación en todos los países en el futuro.

La retórica sobre la necesidad de aplicar medidas de respuesta a escala mundial frente a la crisis de la Covid 19 debe sustituirse por acciones específicas que permitan brindar asistencia a los países que gocen de menor espacio fiscal, en particular mediante la adopción de medidas multilaterales encaminadas a facilitar la financiación y el pago de deuda.

Los debates estériles, una absurdidad dialéctica

Es obvio que la preocupación de la OIT, por advertir sobre las consecuencias nefastas de una determinada realidad no es nuevo. Pero son lo que son, recomendaciones. En realidad el debate se sitúa en otro escenario, entre los partidarios del capitalismo que atribuyen la crisis a la mala gestión de banqueros, gobiernos, empresas, o el Covid 19 el cual piensan superar, a cualquier costo y por el otro los opuestos al capitalismo, que vinculan la crisis a su existencia misma.

El sistema capitalista es caótico, y en su seno conlleva una crisis tras otra, que a su vez sólo aparece a los ojos comunes en el instante en que la gran burguesía empieza a hallar dificultades de rentabilidad y por consecuencia se ahonda la contracara natural de la inmensa riqueza que se genera en el sistema, que en el fondo no es otra que las hambrunas, miserias, precariedad y violencia desquiciante.

El mencionado funeral del capitalismo no puede ser otra cosa que el fin de una época, puesto que lo fracasado no es un orden de desarrollo económico o social sino el fin del desarrollo de un orden conocido. Por ello, toda respuesta o sugerencia a la situación por venir al interior del sistema adquiere caracteres absurdos. Encubrir la crisis, y hacerla ver como un episodio externo al sistema es un éxito de los economistas de la burguesía.

Entre sus defensores hay quienes piensan que es la última de las crisis cíclicas del moderno sistema de explotación, que acabará venciéndola y que incluso lo fortalecerá, no obstante, su extrema gravedad, como en 1929, con una refundación del capitalismo para salvarlo de su sepultura.

Otros sostienen que es la crisis integral y final de ese sistema y que el único modo de salir de ella es establecer el modo de producción, no capitalista de desarrollo. Una visión optimista de quienes piensan que este hundimiento del sistema , este fracaso sistémico, acabará con el capitalismo como por arte de magia: se haría pedazos no tanto por una presión subversiva o revolucionaria sino como resultado de la fractura de su propio organismo.

La crisis del capitalismo es integral por abarcar las crisis financiera, la real cíclica, la energética, la del sector alimentario, la ecológica, la de la agresiva política exterior imperialista, la ideológica, la moral, de gobernabilidad, la del consumismo desenfrenado, la de su conomía política, que mezcla neoliberalismo y recetas de Keynes, antes desechadas. Desde que estas crisis se hicieron una sola, querer examinarlas por separado es el más grave error.

El sistema está diseñado para la acumulación de capital, no para la satisfacción de las necesidades de quienes trabajan. La ganancia es el único motor de la actividad económica, por ello al burgués con virus o sin él, le es indiferente invertir en medicinas, drogas o tráfico de seres humanos; es un negocio como cualquier otro.

El proceso de competencia va ahogando a millones de empresas, concentrando y centralizando la producción para aprovechar economías a escala. Esa es la única forma de fructificar los recursos técnicos para aumentar los beneficios, abaratar los salarios e incrementar la tasa de ganancia.

La realidad nos muestra que a medida que se desarrolla el sistema, agudiza todas sus contradicciones y se muestra más reaccionario y salvaje.

El empleo, especie en vías de extinción en el mundo de las promesas

Antes de la pandemia, la comunidad internacional ya se había comprometido a realizar transformaciones de gran alcance en los procesos de desarrollo a escala mundial. Y también en el mundo del trabajo, a través de la adopción de la Agenda 2030 de Naciones Unidas para el Desarrollo Sostenible y la Declaración del Centenario de la OIT sobre el futuro del trabajo, respectivamente.

Mientras tanto, la realidad, nos enseña que los trabajadores son echados a la calle por millones, las empresas quiebran por miles, la inflación se dispara y hace imposible la subsistencia. La burguesía con sus órganos propagandísticos se dedica a explicitar subidas y bajadas de la bolsa de valores, lo que muestra la imbecilidad y mistificación ilimitada de ese «análisis».

Tras la superación de la pandemia, en el mundo habrá un mayor nivel de desempleo, desigualdad, pobreza, deuda y frustración política. Ante ello, no queda más que develar la gravedad de la crisis, porqué nos afecta profundamente, entender que no existen salidas capitalistas a la misma.

Y que tampoco hay retorno a la socialdemocracia populista, para salvar un sistema que hace aguas en las crisis ecológicas, energéticas, éticas, alimenticia, cultural, que juntas se arrullan en el cuadro sistémico de la crisis.

Pero por más que le pese a los organismos internacionales plenos de buenas intenciones, no es ni será la burguesía -clase social portadora de la acción de valorización del capital- la que, en su dinámica de acumulación y reproducción de riquezas, favorezca la apertura y creación de espacios.

Por el contrario, frente a las demandas de las clases más oprimidas siempre se ha respondido con violencia y represión. La paradoja es que sin horizonte revolucionario, ¿quien detiene la marcha del capitalismo?.

Por Eduardo Camín | 16/07/2020 |

Periodista uruguayo acreditado en ONU-Ginebra. Analista asociado al Centro Latinoamericano de Análisis Estratégico (CLAE, www.estrategia.la)

Fuente: http://estrategia.la/2020/07/15/el-capitalismo-acomoda-sus-peones-ante-la-crisis-sistemica-y-del-trabajo/

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Sobre colapsos, ecosocialismos y coronavirus (y II)

En 1988, a instancias de los compañeros “europeístas”, viajé a Estrasburgo para conocer mejor la realidad europea. Querían los compañeros que el presidente de nuestro grupo parlamentario, denominado Comunistas y Asimilados, Gianni Cervetti, me ilustrara sobre la nueva idea que redimiría a Europa. En una cena ad hoc aquel hombre me habló de “la Europa de la igualdad, la de la convergencia social, la Europa de la paz que iba a interponerse entre Estados Unidos y otras potencias”. Una cosa preciosa, rotunda, perfecta. Cuando terminó su exposición le hice la pregunta más elemental: “Todo esto, ¿con quién va a ser posible hacerlo? ¿Con los obreros, con los intelectuales, con los militares… con qué capas sociales?”. Y aquel hombre genial me contestó: “Ah, eso no lo hemos pensado”. Gianni Cervetti estaba vendiendo humo.

Julio Anguita entrevistado por Julio Flor en Contra la ceguera

En la primera parte de este artículo se abordaron las consecuencias de la pandemia del coronavirus (como manifestación del colapso) en colectivos que actúan en conflictos sociales y ecológicos en clave sectorial. En esta segunda parte se analizan en colectivos con perspectiva global.

Cinco aportaciones de la pandemia al conocimiento del colapso

  • • Su naturaleza. La pandemia ha permitido conocer diferentes niveles de gravedad y respuesta según territorios, clases sociales, sistemas políticos, áreas geográficas… Todas comparten características: devastación y muertes focalizadas, personas débiles y/o ya damnificadas entre la mayoría de las víctimas, ausencia de respuestas globales y graves carencias en mecanismos de información e intervención.
  • • El factor sorpresa. La pandemia ha demostrado que un solo elemento, del amplio catálogo de catástrofes activas o potenciales, puede desencadenar una cascada de consecuencias imprevisibles, afectando a la economía, las finanzas, la producción y el consumo de petróleo, los alimentos, los materiales sanitarios básicos, etc. La pandemia no ha sido la única manifestación del colapsodurante estos meses; coincidiendo con la pandemia, y hasta el momento de redactar este artículo, una gigantesca plaga de langostas está destruyendo parte de las cosechas de regiones de diez países de nordeste de África y dos del sudoeste de Asia; el incremento de la intensidad y frecuencia de estas plagas tiene relación con las alteraciones del régimen de lluvias causadas por el cambio climático. Y varios millones de personas podrían morir de hambre en esas zonas en los próximos meses. Para quienes abordábamos el análisis del colapsodesde la visión más mediática (el cambio climático y sus secuelas físicas) o la más oculta (la escasez de energía y sus implicaciones), el factor sorpresa agrega nuevas incertidumbres.
  • • El factor respuesta. Oficialmente, en Europa y parte del mundo estamos ya en la etapa post-pandemia. Estamos en el umbral de otra muestra de sumisión de las instituciones políticas a los intereses de las élites. El dilema personas frente a economíases la manifestación de un conflicto múltiple y más profundo. Cuando los portavoces de las clases dominantes proclaman que la vida es secundaria frente a la economía, invocan sin tapujos la realidad que impera en la periferia del sistema y plantean la exigencia de que las clases acomodadas de los países ricos la asuman completamente; se preparan para el futuro. Mientras, mantienen el discurso oficial del todas y todos.
  • • El factor tiempo. Dos variables, 1) tiempo para que se haga patente la destrucciónen curso y 2) tiempo de reacción socialante la devastación. Pregunta derivada de 1): ¿hay tiempo para mitigar el colapso? Respuesta: no.

Dos ejemplos de ese “no”: el conflicto sobre la velocidad del cambio climático; entre los informes globales y consensuados del IPCC y los informes de centros de investigación locales hay diferencias sobre la aceleración del proceso. La aceleración está reconocida por la ONU, pero los datos sobre liberación de gases retenidos en el permafrost indican que incluso los modelos más alarmantes se quedan cortos. El factor tiempo también se aplica al coronavirus: existe consenso en que no es la primera pandemia del siglo XXI, en que todas surgen de la destrucción de hábitats (algo intrínseco a la lógica del sistema), pero existen conflictos en cuanto a la duración, la evolución o el tiempo que pasará hasta que aparezca la siguiente.

Pregunta derivada de 2): ¿hay tiempo para la reacción social adaptativa al colapso? Respuesta: depende. Las clases dominantes disponen de tiempo y recursos (llevan años preparándose y tienen todo lo necesario, como se ha podido comprobar); las clases acomodadas tienen un cierto margen (según el nivel de recursos), y para las clases subalternas sin recursos casi no hay tiempo. Si se traslada esta cuestión a las llamadas regiones ganadoras o perdedoras por el cambio climático, o a las gradaciones de áreas vulnerables, encontramos la misma respuesta en clave territorial: depende.

  • • El principio de precaución. De lo anterior se deduce que a mayor convicción de que aún se dispone de tiempo para mitigar el colapso, menor posibilidad hay de que se haga algo eficaz. O, a la inversa, que la condición para un trabajo eficaz de resiliencia ante el colapsoes asumir que está sucediendo ya y olvidarse de plazos. Concretemos todo esto desde los enfoques globales.

Respuestas globales

En 1991 se produjo la primera reacción a un colapso global, el ecosocialismo [1], que planteó las implicaciones de la ciencia ecológica en la política y la economía. Más adelante, a mediados de los 2000, mientras la evidencia del cambio climático se abría paso entre los sectores más conscientes de las clases acomodadas, surgieron los decrecimientos [2]. El ecosocialismo y el decrecimiento siguen siendo, aún hoy, social y políticamente minoritarios, aunque están asumidos por la gran mayoría de las numerosas minorías que impugnan el actual sistema.

A partir de 2012, la abrumadora evidencia de la degradación ambiental y el sucesivo vencimiento de los supuestos plazos para frenarla sin obtener resultados tangibles (exceptuando la publicación de una cantidad ingente de documentos, artículos y libros) provocaron que el ecosocialismo y el decrecimiento generasen dos líneas de análisis que comparten diagnóstico: ya no hay tiempo. La adaptación profunda proviene del decrecimiento y el colapsismo marxista, del ecosocialismo. Ambas parten de la necesidad de afrontar la peor hipótesis, es decir, la única razonable.

Consideremos el siguiente texto:

La Revolución ha muerto. El Socialismo moderno ha fracasado y el comienzo de una era post-moderna de colapso civilizatorio y derrumbe social planetario es inevitable. Tal como en el caso de una enfermedad mortal imposible de detener, nada puede impedir este pronto desenlace. Ni la globalización económica, ni la tecnología o la planificación socialista de la economía pueden ya evitar lo que, si se tiene en cuenta la real gravedad que poseen las actuales crisis ecológica y energética, se presenta hoy como ineludible: el pronto colapso de la sociedad contemporánea.

“¡Patrañas! —responderá ante esta afirmación el defensor de la libre competencia—. ¡Solamente necesitamos invertir en nuevas tecnologías!” “¡Derrotismo! —increpará desde la otra vereda el militante marxista—. ¡Esto lo solucionamos con la conquista del poder por los trabajadores!” “¡Determinismo! ¡Un ecosuicidio planetario es ciertamente posible —dirá el ecosocialista—, pero asumir su inevitabilidad es puro pesimismo!” ¡Falta de enfoque! —replicará a su vez el defensor del ‘decrecimiento’—. ¡Un colapso no tiene por qué ser algo negativo, sino que aquel puede ser ‘administrado’ en pos de un modelo alternativo de sociedad, constituyendo entonces una ‘oportunidad’!”

¿Pero es cierto que el peligro de un colapso civilizatorio inminente […] efecto de la combinación catastrófica de las contradicciones […] del sistema capitalista actual y el avance (ya imparable) de la crisis ecológica, energética y los futuros escenarios de sobrepoblación mundial y escasez planetaria de recursos, puede ser conjurado, esto ya sea mediante el desarrollo tecnológico, la implementación de un sistema económico planificado, el ecosocialismo o el impulso de “modelos alternativos” de sociedad basados en el “decrecimiento”?

Parte de este debate tiene lugar entre los grupos políticos de América Latina, escenario de los únicos intentos de corregir desigualdades profundas en este siglo XXI. El texto anterior corresponde a un artículo de marzo de 2019 del historiador y antropólogo marxista chileno Miguel Fuentes [3], el más conocido divulgador del marxismo colapsista. A pesar del esquematismo y ausencia de matices, tiene el mérito de la síntesis.

Para captar los matices que faltan es útil seguir el debate entre Michael Löwy, Antonio Turiel y Miguel Fuentes, desarrollado entre el 14 y el 26 de junio de 2019 (cuya primera y segunda partes se pueden encontrar aquí y aquí). Es ilustrativo el contraste entre las intervenciones breves y evasivas del ecosocialista Löwy, las extensas, agresivas y detalladas respuestas del marxista colapsista Fuentes, y los documentados apuntes del decrecentista Turiel (apoyando con matices a Fuentes). La otra respuesta rupturista, la adaptación profunda, proviene de algunas cátedras universitarias del Norte geopolítico, como veremos más adelante.

Ahora bien, ninguna de las cuatro líneas (ecosocialismo, marxismo colapsista, decrecentismo y adaptación profunda) integra los conflictos derivados de las desigualdades sociales. Su discurso tiene como destinatario al todas y todos. Es la conocida falacia del somos el 99%, que elude el análisis de las clases acomodadas y de unas clases subalternas definidas por la falta de cobertura de las necesidades materiales básicas.

Fatalidad no significa parálisis o impotencia

Variables de la clásica pregunta “¿qué hacer?”. El artículo más difundido de Michael Löwy en los últimos meses (“XIII tesis sobre la catástrofe ecológica y cómo evitarla”) se ciñe al modelo dominante: marco global, recomendaciones genéricas, sin destinatario concreto ni propuestas detalladas; lo mismo sucede, en otro campo, con los cinco principios para la recuperación de nuestra economía y la creación de una sociedad justa del Degrowth New Roots Collective. Como contraste, encontramos la deriva práctica sin reflexión de fondo de Antonio Turiel, en sus apuntes a raíz del coronavirus (“¿Qué puedo hacer yo? II” y su “Hoja de ruta IV”), y las visiones apocalípticas del post-colapso de Miguel Fuentes y sus compañeras y compañeros de web. Ahora bien, para los poderes que mandan sin haber sido elegidos todos esos discursos son humo. Y para quien valore la importancia de las desigualdades sociales también lo son, pero por diferente motivo.

Acotemos algunas variables del “¿qué hacer?” siguiendo la conversación entre Jorge Riechmann, Emilio Santiago Muiño y Jaime Vindel recogida en “Debate ecologista desde la desesperación”; la conversación continúa el 3 y 4 de mayo, cuando Santiago Muiño plantea la inevitable concreción práctica de lo debatido hasta entonces [4]. Ello provoca un apunte de respuesta en el blog de Jorge Riechmann, el 6 de mayo, en el que desarrolla una postura ética. Veamos:

Cuando nos percatamos de que ya no hay tiempo, y no obstante no renunciamos a intentar actuar para evitar lo peor de lo peor, ¿qué hacer? Dos grandes opciones:

  1. a) Hacer como si hubiese tiempo, razonando a partir de la incertidumbre: no tenemos bola de cristal, puede haber más margen de acción del que percibimos, etc. (En mi opinión, por aquí se llega rápidamente a la ilusión de solución).
  2. b) Actuar fuera del tiempo, lo que en la práctica quiere decir: dejar de pensar (al menos parcialmente) en términos de eficacia y hacer lo que se debe porque debemos hacerlo, no porque confiemos en que se logrará el éxito.

[…]

Actuar “fuera del tiempo” tiene además, allende la dimensión moral, una enorme ventaja: permite conectar directamente con las ecoespiritualidades, así tengan base religiosa confesional u otras más laicas. Y esto es importantísimo en un tiempo tan sombrío, tan inductor de desesperanza, como el que vamos a vivir. No me cansaré de recomendar Esperanza activa, el libro de la teórica de sistemas y practicante budista Joanna Macy (junto con Chris Johnstone).

Pero todo no se puede reducir a la disyuntiva entre un a) y un b) con consuelo espiritual para clases acomodadas. Aquí incide la reflexión de Jem Bendell que, a partir del decrecimiento, introduce su agenda de Adaptación Profunda. He aquí un párrafo:

En mi trabajo con estudiantes adultos, he encontrado que invitarles a considerar el colapso como algo inevitable, la catástrofe como algo probable y la extinción como algo posible, no ha llevado a la apatía ni a la depresión. En cambio, en un entorno propicio, en el que hemos disfrutado de la comunidad entre nosotros, hemos honrado a ancestros y disfrutado de la naturaleza antes de pasar a ver esta información y sus posibles planteamientos, sucede algo positivo. He sido testigo de una pérdida de la preocupación por ajustarse al statu quo, y de una nueva creatividad sobre la que centrarse para seguir adelante. A pesar de eso, se produce cierto desconcierto que permanece a lo largo del tiempo, a medida que se intenta encontrar un camino para avanzar en una sociedad donde estas perspectivas son poco comunes. Es importante el intercambio continuo sobre las implicaciones a medida que hacemos la transición en nuestro trabajo y nuestras vidas (p. 20).

Jem Bendell es catedrático de la Universidad de Cumbria (Reino Unido) y el fundador del Instituto de Liderazgo y Sostenibilidad (IFLAS) de esa universidad. Tras varios años participando en eventos de alto nivel para afrontar la crisis ecológica ha acabado siendo crítico sobre su utilidad.

En resumen, la experiencia aportada por la pandemia apoya una actitud de escepticismo frente a los absolutos; la conciencia de un colapso irreversible, presente, cercano e inmediato, no implica escapismo o parálisis, ni abandono de la búsqueda de una respuesta eficaz con la mirada puesta en el tiempo.

Conclusiones

  1. Reducir factores de incertidumbre

Una vez asumida la realidad del colapso, la pregunta es: ¿cómo se materializará? Descartando una catástrofe global tipo guerra nuclear (general o limitada) entre potencias (EE.UU., Rusia, China, India, Pakistán, etc.) cuyas consecuencias son casi imposibles de imaginar, la realidad puesta en evidencia por la pandemia es que las clases dominantes aprovechan el colapso para apuntalar sus intereses geopolíticos. Así pues, afrontar el colapso desde las clases subalternas implica delimitar, concretar y cuantificar impactos territoriales, sectoriales y sociales, que recaen sobre ellas. En el caso más documentado, el del cambio climático, se impone un trabajo de contabilidad de los recursos necesarios para cubrir necesidades básicas [5]. Es el mismo trabajo que se impone en el ámbito de la energía, las materias primas, la reutilización de materiales, etc.; un trabajo en que cada análisis y cada medida se ha de considerar englobando factores como la Tasa de Retorno Energético, las implicaciones de la paradoja de Jevons y el equilibrio producción-destrucción en todo ciclo de materiales, entre otros.

Reducir incertidumbres supone no dar por asegurada la cobertura futura de ninguna de las necesidades básicas actuales, situarse en lo concreto y cuantificable y considerar posibles carencias futuras.

  1. El papel vital del Estado

El trabajo que hay que abordar es, lógicamente, colectivo, y una de las urgencias consiste en mejorar y preservar la función del Estado, como garantía básica de que las necesidades de las clases subalternas podrán ser atendidas. Porque al margen de vuelos imaginativos, más o menos bucólicos, sobre la bondad intrínseca de comunidades de base adaptadas y autosostenibles, o de rancios tópicos neoliberales sobre las rigideces del Estado, las enseñanzas que brindan los casos de Vietnam y Kerala durante la pandemia ilustran lo importante que es disponer de un Estado que garantice y canalice unos mínimos de supervivencia (sin que ello suponga establecer analogías que están fuera de lugar). Y no hay que olvidar el caso del papel clave jugado por el Estado en el colapso provocado por el período especial en Cuba.

Si no existe un Estado plenamente operativo, se llega a lo que desde el discurso dominante llama Estado fallido, es decir, aquel en el que las clases subalternas sufren la violencia arbitraria de grupos armados (mafias o señores de la guerra) mientras las clases dominantes aseguran sus privilegios mediante violencia privada.

  1. El papel vital de la geopolítica

Dejando a un lado la hipótesis bélica global, se impone afrontar el papel de la geopolítica en un doble sentido: como análisis de los recursos de los que debe disponer el Estado para cubrir las necesidades materiales básicas y como análisis de las estrategias de otros estados en la misma línea. Conocer estudios realizados hasta el momento, manteniendo siempre un punto de vista crítico sobre su contenido [6], permite una visión más realista y de conjunto que la que ofrecen los clásicos documentos sobre alternativas sectoriales.

  1. Líneas de incidencia

No vender humo, según el acertado diagnóstico de Julio Anguita que encabeza este artículo, requiere una implicación de todas las partes conscientes del colapso global más allá de los discursos. El nivel de ignorancia sobre el colapso es enorme (basta revisar lo que aún se desconoce del y sobre el coronavirus), y las clases subalternas lo afrontan desde una situación que supera las clásicas —y estériles— discusiones entre las izquierdas sobre la denominada línea correcta. El diagnóstico de Miguel Fuentes, aunque esquemático, contiene un gran fondo de verdad.

Y es que la ausencia de certezas impide discernir un curso de acción correcto que invalide a los otros; la única opción es una reflexión que marque criterios. Desde ese enfoque, tanto el ecosocialismo como el marxismo colapsista, el decrecimiento o la adaptación profunda ofrecen posibilidades de incidencia real, si superan lo que han venido haciendo hasta ahora.

Así que no limitarse a vender humo exige: a) difundir documentos de elaboración y compromiso colectivo, no un agregado de brillantes artículos de opinión o respuestas individuales con adhesiones entre personas afines que lo apoyan, y que ahí quedan; b) ir más allá del nosotras/nosotros y el para todas y todos, definiendo un vosotras/vosotros y un ellas/ellos; c) detallar las denuncias más allá de cómodas generalizaciones, es decir, interpelar con nombres y apellidos a personas responsables y grupos implicados; d) plantear propuestas concretas de adaptación y contención, señalando responsabilidades de personas u organismos para su puesta en práctica, y yendo más allá de la política profesional aunque sin excluirla; e) no limitarse a redactar y publicar manifiestos que ahí quedan, sino hacer que el manifiesto sea el punto de partida de una campaña de seguimiento concreto, tenaz, reiterativa, perseverante en las denuncias y propuestas, evitando denunciar o proponer para retirarse luego, con toda dignidad, a un confortable “ya os lo dije” o al “llevo años explicándolo”; f) plantear todo lo anterior en el marco de los intereses materiales comunes de personas de las clases subalternas, no en un agregado de diversidades fragmentadas; g) incorporar y dar participación, en este proceso de preparación, desarrollo y seguimiento, a personas de dichas clases subalternas, considerando las contradicciones a corto y medio plazo que ello implica.

Incidir es no situarse al margen de la política partidista o institucional y de las y los profesionales que viven de ella, pero no dejarse arrastrar por todo ello. Superar la dualidad entre izquierdas progresistas y derechas reaccionarias, huir de patriotismos o banderas. Significa interpelar desde lo concreto y lo social.

  1. Concreciones y amenazas

Intervenir política y socialmente, tanto si se hace desde los países del centro del sistema como si se hace desde los de la periferia, significa tener presente siempre la reacción hostil de las clases dominantes a todos los niveles. Por tanto, limitarse sólo a reivindicar medidas que deben ser aplicadas por gobiernos y administraciones, sin disponer de sólidos mecanismos de participación e intervención arraigados en las clases subalternas, no tiene recorrido: los casos de Bernie Sanders y su estructura de apoyo y de Jeremy Corbyn y el sabotaje de su estrategia; el aprovechamiento de las desviaciones del gobierno de Bolivia para dar cobertura a nuevos modelos de golpe de Estado; el uso de interpretaciones de la “democracia” y del poder político para blindarse apartando a quienes no apoyan el modelo, los neogolpes de Estado usando a conveniencia interpretaciones de las leyes, etc., son ejemplos de que en el colapso juegan intereses que van mucho más allá de pedagogías inocentes o llamamientos sentimentales a “salvar el planeta”.

Intervenciones

Se trata de superar desconciertos, resistir la presión de las políticas inmediatas que imponen los miles de personas que viven de ella, superar apelaciones al pluralismo o la complejidad como justificación de estrategias para no moverse más allá del confort de las certezas compartidas, y afrontar conflictos que no se limitan al enunciado genérico de vías [7].

Las implicaciones prácticas de la oposición a todo esto son fáciles de imaginar: resistencia a los cambios y discurso de distracción (como se ha comprobado también durante la pandemia), un discurso que se adapta a cada contexto político y social, que no permite traslaciones de experiencias de un país o región a otro.

Desde el ecosocialismo, intervenir significa ir más allá de los manifiestos genéricos y entrar en lo enunciado en el punto 4 de este texto dentro del marco jurídico que corresponda. Desde el colapsismo marxista, intervenir es vincularse a las clases subalternas desarrollando actividades concretas para prevenir o mitigar los impactos del colapso y medios de cubrir variables de supervivencia básica (agua potable, alimento, cobijo, calor, frío, luz, movilidad, información y servicios sanitarios). Desde el decrecimiento, la intervención significa ir más allá de los éxitos, analizar también límites, insuficiencias y errores…, difundirlos y abrirse al debate sobre ellos. Desde la adaptación profunda, intervenir es no limitarse al aspecto espiritual, sino llevarla a la realidad material, mucho más dolorosa y desagradable.

Y, en cada uno de los cuatro ámbitos globales, intervenir significa no cerrarse a los otros tres, debatir abiertamente entre todos, buscar un lenguaje común y entender que, ante el colapso global, no hay certezas, sino sólo aciertos parciales.

Conclusión

La especie humana no va a desaparecer a causa del colapso, pero millones de personas sufren y mueren todos los días en condiciones atroces, y muchas más sufrirán y morirán en tiempos inmediatos. La vida no se va a extinguir a causa del colapso, pero millones de especies y seres vivos serán destruidos. Las condiciones de vida en la Tierra cambiarán a causa del colapso, pero el planeta no se convertirá en inhabitable. Ante esta situación, intervenir significa una cosa diferente para cada persona o colectivo consciente de lo mucho que hay en juego.

Para el autor de este texto significa, ante todo, dejar de publicar y pasar a actuar.

Notas

[1] Ecosocialismo: véanse “El ‘manifiesto ecosocialista’ treinta años después”, de Joaquim Sempere (referido al documento original de 1990) y Joel Kovel y Michael Löwy, “Manifiesto ecosocialista” (2001).

[2] Decrecimiento: tras unas primeras formulaciones pintorescas y provocativas durante los años noventa, por parte de Serge Latouche, se concreta el movimiento internacional Degrowth y es objeto de un tratamiento sistemático y riguroso por parte del economista Tim Jackson en Prosperidad sin crecimiento (Icaria, 2009).

[3] Miguel Fuentes, 9/3/2019. Para una lectura más cómoda (sin inserciones de publicidad), recogido en

http://www.sirenovablesnuclearno.org/zportada/marxcolap/marxcolappresdebat2.html, pero publicado originalmente en https://www.eldesconcierto.cl/2019/03/09/marxismo-y-colapso-la-ultima-frontera-teorica-y-politica-de-la-revolucion/. Para la deriva catastrofista de brocha gruesa, véase la serie de pinturas Pesadillas, de Zdzisław Beksiński, o The Fall of Rome, de Thomas Coleque, que ilustran algunos de sus textos.

[4] Véase la nota a pie de página n.º 70 del artículo “La crisis del coronavirus como momento del colapso ecosocial”, de Jorge Riechmann.

[5] En el caso del cambio climático la contabilidad implica analizar la documentación existente a nivel de regiones y conectarla con los datos económicos y sociales sobre cobertura de necesidades básicas. Los informes del IPCC y de otras entidades (AEMETRIEMITECO, etc.).

[6] En clave interna se puede comenzar por https://lastrescrisis.blogspot.com/ o https://transecos.files.wordpress.com/2014/04/pedro-garcia-bilbao-geopolc3adtica-peak-oil-colapso-global.pdf, o por “Los españoles ante el cambio climático” (24/9/2019). En tendencias globales, por “Panorama de tendencias geopolíticas horizonte 2040”.

[7] Véanse Carmen Molina Cañadas, “Política agroalimentaria para un mundo saqueado” (2/5/2020), Álvaro García Linera, “Pánico global y horizonte aleatorio” (5/4/2020), y “La crisis del coronavirus como momento del colapso ecosocial” (9/6/2020).

Por Miguel Muñiz Gutiérrez | 11/07/2020

[Miguel Muñiz Gutiérrez mantiene la web sobre energía y colapso http://www.sirenovablesnuclearno.org/]

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La industria del fracking de EU podría enfrentar pérdidas por 300 mil mdd.Foto Ap

Hace dos años expuse el “Fracaso financiero de la Reserva Federal con el Espejismo del fracking” (https://bit.ly/3gbCBqU), lo cual aceleró el C-19 y el insólito desplome a -40 dólares el barril, cuya explicación anticipé en mi libro Los cinco precios del petróleo (https://bit.ly/2VsDzqT).

La quiebra de la industria del caníbal fracking era la crónica de una muerte anunciada mucho antes del C-19 (https://bit.ly/2Vwu9L5).

La excesiva y abusiva financiarización del gas lutita (shale gas) y su fracking caníbal, al unísono de las 190 quiebras que iniciaron en 2010, ahora alcanzaron a la icónica empresa pionera del fracking Chesapeake, con sede en la ciudad de Oklahoma, la cual, según el portal Sputnik, solicitó el amparo del capítulo 11 para lidiar con su quiebra en la Corte del Distrito Sur de Texas, que le permitirá seguir operando a cambio de la restructuración de su balance de pagos (https://bit.ly/31vdefy).

Su excéntrico fundador, Aubrey McClendon, que hizo de Chesapeake el segundo mayor productor de gas natural en EU, fue defenestrado en 2013 y luego de haber sido perseguido judicialmente por licitaciones fraudulentas, murió en un extraño accidente al día siguiente (https://cnb.cx/3igK9dN).

Según la firma contable global Deloitte, la industria del fracking de EU entró a un periodo de "gran compresión (sic) que puede enfrentar pérdidas por 300 mil millones de dólares" y una "ola de quiebras" (https://bit.ly/2NFQIsn).

De acuerdo con Deloitte existen cuatro factores que empujan a la "gran compresión": 1. La Nueva Norma de Tele-Conmutación (sic): "el movimiento a labores remotas con 37 por ciento de los trabajos en EU realizados en el hogar que puede impactar la demanda del transporte asociado"; 2. El Nuevo Orden de los Combustibles: "la convergencia del petróleo con el precio del gas y la fuerza relativa de los precios del gas natural"; 3. La Transición Acelerada de Energía: “los retornos de los proyectos de nueva energía ahora se encuentran al mismo nivel ( at par) con los retornos actuales de las empresas petroleras (del 5 al 10 por ciento), propulsando la transición energética”; y 4. La Evolución del Comercio y las Cadenas de Valor: "la nueva ola potencial de proteccionismo y la reducción de las cadenas de abasto como amenaza al transporte global y a la demanda de combustibles marinos".

Conforme a Deloitte, "la tercera parte de los operadores de gas lutita en EU se encuentran prácticamente insolventes (sic) al precio de 35 dólares el barril, y alrededor de 50 por ciento a 20 dólares el barril".

Se colapsa así toda la industria del caníbal fracking en EU, pese a que la cotización del barril en la variedad WTI rasguña 40 dólares.

A mi juicio, el colapso del caníbal fracking se debe a su enorme endeudamiento, propiciado por la Reserva Federal con el fin geopolítico del sacar del mercado a Rusia y Arabia Saudita.

La Agencia Internacional de Energía anunció que la producción de petróleo de EU se encamina a caer casi un millón de barriles al día este año,con un mayor decaimiento de 280 mil barriles al día para el año entrante debido a "bajos precios del petróleo, una demanda débil y una asequibilidad limitada de almacenamiento".

The Financial Times (28/06/20) revela que Chesapeake, "pionera de la revolución (sic) del gas lutita en EU", no pudo pagar los intereses este mes y que sus bonos que vencen este año fueron comercializados a sólo 5 centavos (sic) de un dólar.

Los "consejeros" para la quiebra de Chesapeake son la firma legal Kirkland & Ellis, Alvarez & Marsal y los bancos de inversiones Rothschild (¡mega-sic!) e Intrepid Financial Partners: extraño banco mercante de reciente creación en 2015.

Desde la derrota de Napoleón en Waterloo hace 205 años, la esclavista banca Rothschild representa la clásica banca carroñera que se beneficia de las tragedias ajenas.

¿Cómo afectará la quiebra de la industria del fracking caníbal de EU a las 10 principales reservas de gas lutita (shale gas) del mundo (https://bit.ly/31w6aiF), entre ellos México: con la Cuenca de Burgos, bajo el dominio catastral del cártel de Los Zetas, y la Cuenca Sabina en Coahuila?

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“Impacto de cambio climático será similar a efectos de covid-19”

Entrevista a Paulo Artaxo Netto, miembro del Grupo Intergubernamental sobre Cambio Climático (IPCC)

La pandemia del nuevo coronavirus y sus efectos socioeconómicos indican que el sistema económico actual, basado en la explotación de los recursos naturales para obtener más ganancias, necesita cambiarse urgentemente, advierte el físico brasileño Paulo Artaxo, profesor del Instituto de Física de la Universidad de São Paulo y miembro desde 2003 del Grupo Intergubernamental sobre Cambio Climático.

Para él la pandemia de covid-19 es una muestra de la sobreexplotación de la naturaleza practicada durante varias décadas, que facilita la transmisión de miles de virus que existen en los bosques. Y si bien actualmente el mundo confronta una emergencia de salud, nos encaminamos también a una emergencia climática, alerta.

En el contexto del Día Mundial del Ambiente (este viernes 5 de junio), SciDev.Net habló con Artaxo sobre el impacto de la covid-19 en el tema ambiental y los peligros de la destrucción de los ecosistemas naturales. O el sistema económico cambia en su conjunto o no hay solución para el planeta, advierte.

*

¿El vínculo entre epidemias y problemas ambientales es más evidente ahora?

Está claro que la pandemia de covi-19 no se produjo por accidente ni es un accidente en el camino. Es producto de la sobreexplotación de la naturaleza practicada durante varias décadas. Una consecuencia de este modelo productivo es el contacto muy estrecho entre nuestra sociedad y los ecosistemas naturales, lo que facilita la transmisión de los virus que existen en los bosques.

El Amazonas, por ejemplo, tiene miles de virus, quizás similares al nuevo coronavirus, presentes en la fauna y la flora. La gran mayoría aún es desconocida para los científicos. Otro efecto de la exploración desenfrenada de la naturaleza es el cambio en la composición de la atmósfera en áreas urbanas o remotas, con un aumento en la concentración de gases de efecto invernadero. Esto también está llevando a una crisis de emergencia climática que nuestra sociedad aún no ha comenzado a abordar.

¿Qué lecciones podemos aprender de esta pandemia?

Esperemos que los fuertes impactos de la covid-19 alerten a los gobiernos, las industrias y la clase dominante acerca de los peligros de exponer a la sociedad a los efectos de un sistema económico basado en la explotación de la naturaleza. El modelo socioeconómico actual puede comenzar a desmoronarse si crisis como esta se vuelven más frecuentes.

La covid-19 puede durar hasta dos años, pero la crisis climática se extenderá durante varios siglos. Y la crisis de pérdida de biodiversidad es para siempre. El impacto potencial del cambio climático es tan grande como los efectos de la pandemia y costará millones de vidas. El problema es que no vemos actuar al sistema económico, porque solo le interesa una cosa: obtener el mayor beneficio en el menor tiempo posible. Esto va en contra de los intereses de la humanidad.

Los efectos inmediatos de la crisis climática ¿serán menos notorios que los de una pandemia?

Los impactos de la crisis climática son muy notorios hoy. La temperatura promedio del planeta ya ha aumentado en un grado centigrado y no hay nada más evidente que eso.

Además, el aumento en la frecuencia de eventos climáticos extremos es muy claro.

El problema es que los empresarios solo están interesados en obtener ganancias a corto plazo. No hay emprendedor que planifique para más allá de 5 o 6 años. Las próximas generaciones sufrirán las consecuencias de estos 50 o 100 años a partir de ahora.

No tenemos un sistema de gobernanza que pueda articular los intereses a corto plazo del capital con los intereses a mediano y largo plazo de la humanidad en su conjunto.

¿Cuál es la importancia de las acciones locales destinadas a adaptar y mitigar el cambio climático? ¿Cómo articular contextos locales y globales?

El cambio climático es global. No creo que haya un problema tan local. Por supuesto, hay efectos regionales, pero no locales. Por ejemplo, la región noreste de Brasil experimentará un aumento de temperatura de 4 ºC a 5 ºC con una reducción de 30 por ciento en las precipitaciones en las próximas décadas.

Entonces, Brasil tendrá que pensar dónde ubicar a los 20 millones de brasileños que viven en esa región, porque obviamente será imposible vivir bajo esas condiciones climáticas.

Ahora, ya no existe esta dicotomía entre lo global y lo local. No importa, por ejemplo, si la ciudad de São Paulo electrifica su flota de autobuses y automóviles, pero Estados Unidos continúa aumentando las emisiones de gases de efecto invernadero.

En este caso, no importa lo que la ciudad de São Paulo pueda hacer para mitigar el cambio climático. Esto aporta otra dimensión al problema.

Pero las responsabilidades, sí son locales, ¿no?

Sí, por ejemplo el caso de Brasil en relación con la deforestación en la Amazonía. Básicamente, estamos limpiando 10.000 kilómetros cuadrados al año y emitiendo una gran cantidad, en gigatoneladas, de dióxido de carbono (CO2) a la atmósfera. Esto agrava y acelera el efecto invernadero. E incluso conociendo todos los posibles impactos, no hay forma de evitar que Brasil haga este genocidio con el planeta en su conjunto.

Lo mismo se aplica a Estados Unidos, China e India. Necesitamos urgentemente establecer un sistema global que pueda manejar estos fenómenos, porque la economía está globalizada, pero las decisiones sobre el medio ambiente siguen siendo municipales, estatales o nacionales.

Entonces, ¿de nada servirán los esfuerzos tecnológicos y de investigación si el sistema económico prevaleciente no se transforma?

Evidentemente. La pandemia detuvo el transporte urbano durante dos meses en la mayoría de ciudades del mundo. La caída en las emisiones de CO2 fue solo del 4 por ciento. ¿Qué lección podemos aprender de esto? Si electrificamos la flota de todas las ciudades importantes del mundo, la reducción de CO2 seguirá siendo muy pequeña.

Por lo tanto, es necesario promover cambios profundos en la industria, en la agricultura y en la producción de energía a gran escala. Y esto no solo se hace con programas nacionales.

En cuestión de días, el aislamiento social ayudó a reducir las tasas de contaminación en las grandes ciudades. ¿Qué se puede hacer para preservar estas ganancias que ha generado la cuarentena?

Sin cambios profundos en el modelo actual, siempre estaremos dentro del debate sobre el cambio climático, sin poner en práctica acciones globales y concretas para mitigar su daño.

Varios países europeos están considerando aprovechar esta oportunidad pandémica para repensar los límites del desarrollo económico. Esto se debe a que el crecimiento económico hasta el infinito en un planeta con recursos naturales finitos solo existe en la mente de los economistas.

No hay ciencia para apoyar esto. Es así de simple. O el sistema económico cambia en su conjunto, o no hay solución.

Aun así, la sociedad pone sus esperanzas en la ciencia.

Los científicos no tienen poder ni la sociedad nos ha dado la capacidad de tomar decisiones. El científico hace ciencia, no hace políticas públicas. Los científicos dicen que es peligroso aflojar el aislamiento social en este momento, porque podríamos tener miles de muertes adicionales. Esta es una de las principales funciones de la ciencia: alertar a los funcionarios del gobierno. Sin embargo, muchos de ellos están rompiendo el aislamiento social con el argumento de que la economía debe reanudarse.

Es un discurso que gana fuerza en Brasil. Me pregunto: ¿para quién reanudar la economía? ¿Quién va a trabajar en la industria, el comercio y la calle? Ciertamente no serán los poseedores del capital. Estos se encuentran en sus mansiones, en sus hogares y permanecen protegidos. Los trabajadores estarán expuestos a la muerte.

Lo mismo puede decirse sobre el cambio climático global: serán los países más pobres los que sufrirán debido a su capacidad limitada para adaptarse al cambio climático. Los Países Bajos, por ejemplo, han estado planeando durante más de 50 años aumentar el tamaño de sus diques debido al aumento del nivel del mar.

Países como Gran Bretaña tendrán los recursos financieros y humanos para solucionar algunos de los problemas climáticos. Pero, ¿qué pasa con países como Nigeria, Sudáfrica, Paraguay, Bolivia o Brasil? Las desigualdades sociales y las injusticias políticas deben tenerse en cuenta cuando se trata de la adaptación y mitigación del cambio climático.

¿Es optimista sobre el futuro?

Lo que está sucediendo hoy en Brasil es que, como la ciencia no respalda lo que el gobierno actual quiere hacer con la salud, el medio ambiente y la selva amazónica, la ciencia se ha convertido en un enemigo. Los gobiernos de extrema derecha escapan de la verdad tanto como sea posible y se vuelcan exclusivamente para servir sus propios intereses.

La ciencia dice que es muy importante preservar a los pueblos indígenas, porque las áreas mejor conservadas de la Amazonía hoy en día son áreas indígenas. En contraste, lo que el gobierno actual muestra es que no le interesan las recomendaciones de los científicos.

Lo mismo sucede en los Estados Unidos y otros países gobernados por representantes de la extrema derecha. Son gobernantes que se apropian del conocimiento científico solo cuando la ciencia se dirige hacia sus objetivos financieros, y niegan la ciencia cuando muestra un lado diferente al que quieren ver.

Es importante que nos demos cuenta de que no se trata de desacreditar a la ciencia misma. Es otra cosa: es el mal uso de la ciencia para lograr objetivos políticos y económicos turbios. Por lo tanto, no es posible ser optimista hoy, imaginando que, de repente, estos gobiernos promoverán el desarrollo científico y tecnológico de países como Brasil. No creo que este escenario cambie pronto.

¿A qué se refiere con mal uso de la ciencia?

Por ejemplo, la ciencia dice que la deforestación del Amazonas traerá grandes pérdidas al flujo de lluvia en Brasil en las próximas décadas. Además, el Amazonas almacena alrededor de 150 gigatoneladas de carbono en su ecosistema.

Esto equivale a 10 años de todos los combustibles fósiles que se queman en el planeta. Y Brasil está limpiando este bosque tropical a razón de 10 000 kilómetros cuadrados por año.

La ciencia advierte al gobierno que esto traerá grandes pérdidas a las próximas generaciones, no solo de los brasileños y los pueblos indígenas, sino de todo el mundo. Sin embargo, esto no va de acuerdo con los intereses de los terratenientes que explotan ilegalmente el Amazonas y, por lo tanto, la ciencia es vista como un enemigo y necesita ser debilitada, de acuerdo con la lógica del gobierno actual.

Por esta razón, los programas de becas de las principales agencias nacionales de promoción de la investigación se extinguieron y el presupuesto científico sufrió enormes recortes. La ciencia brasileña fue una de las más avanzadas del planeta, pero hoy vemos que los laboratorios están cerrados y los estudiantes abandonan sus carreras científicas, comprometiendo la formación de las próximas generaciones de investigadores. Y todo esto se está haciendo porque la ciencia no legitima lo que el gobierno federal en particular quiere escuchar.

En Estados Unidos vemos una situación similar a esta, pero en Brasil esto se está llevando a las últimas consecuencias. Lleva décadas construir la estructura de investigación en un país, pero desafortunadamente lleva unos pocos años destruirla. Reconstruir la ciencia brasileña llevará muchas décadas.

Por Bruno de Pierro | 09/06/2020

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Colombia celebra su biodiversidad mientras la deforestación se desboca en medio de la pandemia

El Gobierno de Iván Duque fue el anfitrión del Día Mundial del Medio Ambiente

 

Con sus bosques bajo asedio, y en medio de una crisis sanitaria sin precedentes, el Gobierno de Colombia puso su mejor cara para celebrar la reconocida biodiversidad de su territorio. En un 2020 marcado a fuego por la pandemia del coronavirus, el país fue elegido este año como “anfitrión” este viernes del Día Mundial del Medio Ambiente, promovido por la ONU. El presidente, Iván Duque, aprovechó esa vitrina –originalmente programada como un evento presencial en Bogotá– para hacer una pausa en la gestión de la emergencia y debatir de manera virtual con líderes y expertos mundiales sobre desafíos como la lucha contra la deforestación.

“No podemos pretender estar sanos en un mundo que está enfermo. Las heridas provocadas a nuestra madre Tierra son heridas que sangran también en nosotros”, reflexionó el papa Francisco en una comentada carta que envió al mandatario para la ocasión. El mensaje del pontífice se hace eco cinco años después de su encíclica Laudato Si. “No podemos permanecer mudos ante el clamor cuando comprobamos los altísimos costos de la destrucción y explotación del ecosistema. No es tiempo de seguir mirando hacia otro lado, indiferentes ante los signos de un planeta que se ve saqueado y violentado, por la avidez de ganancia y en el nombre –muchas veces– del progreso”, señaló en la misiva.

Los colombianos recitan de memoria algunas de sus muchas riquezas ambientales. Es un país con costas en dos oceános, que alberga cerca de la mitad de los páramos del planeta, con la mitad de su territorio revestido por selvas tropicales y bosques y un 30 por ciento de territorio amazónico, como recordó Duque. “Nuestras especies son un patrimonio incalculable”, dijo en una ceremonia virtual que contó con la participación del secretario general de la ONU, António Guterres. Cerca del meridiano de sus cuatro años de mandato, el presidente de Colombia señaló que se propone pasar de 50 a 2.500 megas de capacidad instalada de energías renovables, postuló al país para liderar la transición de la movilidad limpia en América Latina y recordó la meta de sembrar 180 millones de árboles para agosto de 2022, cuando entregue el poder –en 2019 se sembraron 34 millones, según las cifras del Gobierno–.

Uno de los anuncios del día fue el aporte de 288.000 millones de pesos por parte del Reino Unido para apoyar la conservación de los bosques tropicales de Colombia por medio del programa ‘Territorios Forestales Sostenibles’. De acuerdo con el ministro de ambiente, Ricardo Lozano, es la mayor donación bilateral en materia ambiental que ha recibido la administración Duque.

Pero otras señales no son tan prometedoras. La gran paradoja radica en que Colombia escenificó esa celebración de sus riquezas naturales justamente en momentos en que varios ambientalistas advierten que, a pesar de las medidas obligatorias de confinamiento decretadas por el Gobierno durante una cuarentena nacional que duró más de dos meses, la deforestación está desbocada. Esa es la principal causa de cambio climático en el país sudamericano, donde los bosques naturales cubren casi 60 millones de hectáreas.

El anterior Gobierno de Juan Manuel Santos (2010-2018) esperaba que el acuerdo de paz con la extinta guerrilla de las FARC, sellado a finales de 2016 tras casi cuatro años de arduas negociaciones, se tradujera muy pronto en dividendos ambientales. Sin embargo, luego de la firma de los acuerdos la deforestación aumentó en varias regiones, hasta alcanzar un máximo de unas 220.000 hectáreas en 2017. En un primer momento, el Gobierno Duque utilizó esa cifra récord como referencia en una movida criticada por los ambientalistas. Pero con el apoyo de Alemania, Reino Unido y Noruega, estableció metas algo más ambiciosas para reducir el fenómeno en la cumbre del clima de Madrid de finales del año pasado. Se comprometió a mantenerla en límites de hasta 100.000 hectáreas o menos para el 2025, y 155.000 hectáreas o menos para el 2022.

Colombia ya ha reducido la destrucción de bosques con respecto a ese pico de 2017, pero todas las alarmas están encendidas por lo que ha ocurrido en este año. “La deforestación en la Amazonia no se detiene”, concluía un reciente monitoreo de la Fundación para la Conservación y el Desarrollo Sostenible (FCDS) que registró más de 75.000 hectáreas arrasadas solo hasta el 15 de abril. “Las carreteras que están abriendo frontera agropecuaria son una alerta temprana de lo que se puede venir para los próximos años”, advertía en una reciente entrevista con este periódico Rodrigo Botero, director de la FCDS.

A la espera de los reportes oficiales sobre deforestación, diversas fuentes señalan que el fenómeno está desvocado y sigue afectando importantes enclaves de biodiversidad, incluyendo los territorios amazónicos, señalaba el mes pasado la Fundación Ideas para la Paz (FIP). “Las autoridades ambientales y organismos de control han manifestado su preocupación porque quienes están talando y tumbando los bosques —actores armados, colonos y acaparadores de tierras, entre otros— están sacando provecho de la emergencia sanitaria. Mientras tanto, las autoridades ambientales se encuentran con las manos atadas debido a las restricciones en la movilidad”, señalaba en su informe sobre las dinámicas de la confrontación armada y su impacto ambiental en los primeros cuatro meses de 2019.

La pesada herencia de la guerra agrava el panorama. Las disidencias de las FARC que se apartaron del proceso de paz han distribuido panfletos amenazantes en los que rechazan los proyectos de cooperación ambiental en varias regiones y han expulsado de áreas protegidas en la Amazonia al personal de Parques Nacionales Naturales (PNN). “No podemos cantar victoria”, suele repetir el presidente Duque en sus intervenciones diarias sobre los esfuerzos por contener el coronavirus. Un mensaje que bien podría replicar también en alusión a los desafíos ambientales.

Por SANTIAGO TORRADO

Bogotá - 06 JUN 2020 - 11:07 COT

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Fábricas de puerco: calentando el planeta

Mientras la pandemia de Covid-19 ha mantenido aislados a millones de habitantes del mundo, ha destruido la economía global y la normalidad social, en sólo unos cuantos meses, varios científicos llaman a revisar la producción de animales en granjas industriales, antes que la nueva normalidad la mantenga intacta.

La infuenza porcina de 2009 (H1N1), que tuvo su origen en México, en una granja de cerdos de Smithfield –Granjas Carroll– en el valle de Perote, Veracruz y Puebla, puso de manifiesto que la producción fabril de animales representa un peligro para la salud humana y animal. Luis Hernández Navarro y otros investigadores documentaron sus impactos en ese momento. https://bit.ly/36AhxGOhttps://bit.ly/2X6Au0L, pero nada ocurrió a Smithfield, ni cambiaron las regulaciones en el país.

Los animales confinados y hacinados, genéticamente homogéneos, con sistemas inmunes deprimidos, a quienes se administra antibióticos con fines preventivos para que logren vivir el número exacto de días para alcanzar la tasa de ganancia esperada, genera un ambiente ideal para los patógenos. De tal forma que en las pasadas décadas coleccionamos epidemias virales: distintos tipos de influenza aviar, de fiebre porcina, de síndrome respiratorio agudo (SARS).

La llamada revolución ganadera llegó a México con el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (1994), impulsada por las facilidades que el país otorga a las inversiones en cuanto falta de regulaciones ambientales, bajos costos de la fuerza de trabajo y de los bienes naturales como el agua, y posibilidades de acaparamiento de tierras rurales. El crecimiento de la demanda de proteínas animales fue aprovechada por las corporaciones trasnacionales que controlan la producción mundial de ganado.

Los datos de producción de puerco nos muestran cómo se redujeron el número de granjas a la par que se concentró el número de puercos en cada vez firmas más grandes. Para 1991 había en el país cerca de 2 millones de unidades productoras de cerdo, que produjeron 10.6 millones de animales; 600 mil viviendas campesinas produjeron 1.5 millones de ellos. La gran mayoría de las granjas eran pequeñas, con menos de 20 cabezas, y producían más de la mitad de la producción. En el otro extremo sólo 700 unidades grandes, de más de mil cabezas producían un tercio de los especímenes. En 2017, 99 por ciento de las granjas existentes en 1991 habían desaparecido y el uno por ciento restante producía 75 por ciento más de cabezas. Esta concentración se realiza en favor de las granjas industriales de puercos propiedad de corporaciones nacionales y extranjeras, instaladas en nuevas regiones del país que se han convertido en sus feudos.

Granjas Carroll y Kekén se disputan el primer lugar en el mercado mexicano. Granjas Carroll es propiedad de Smithfield, el gigante productor de cerdos y de Agroindustrias Unidas de México (AMSA). Se fundó en el país en 1993, y actualmente tiene ya casi 13 por ciento de la capacidad productiva. Sus 20 megaindustrias en Puebla y Veracruz crían cerca de 1.6 millones de cerdos y tienen planes para aumentar en un millón de cerdos más y expandirse a Tlaxcala. Los pobladores de la región han denunciado que estas plantas amenazan su salud y el ambiente y se oponen al establecimiento de un rastro en el municipio Oriental. La campaña publicitaria de responsabilidad ambiental y social de la compañía –por ejemplo, paga un dólar a quien encuentre una mosca dentro de la fábrica– resulta poco creíble, sobre todo ante la falta de inspecciones y regulaciones sanitarias estrictas.

Kekén, su competidora, decidió establecerse en Yucatán, en sitios relativamente aislados, rodeados de selva para protegerse de la contaminación viral de otras granjas porcinas. Pero ella no cuida la selva, según manifiestan las comunidades mayas en su vecindad. Kekén, que significa puerco en maya, les ha usurpado hasta su lengua. El Consejo Maya del Poniente de Yucatán “Chik’in Ja” interpuso una denuncia popular ante la Procuraduría del Ambiente (Profepa), pues encontró una laguna negra formada con las descargas de residuos sólidos sin tratar de la empresa, que dañan el ambiente, la apicultura y la ganadería campesina en Kinchil, Hunucmá, Maxcanú y Celestún.

La comunidad de Homún, una localidad con menos de 8 mil habitantes con un proyecto de ecoturismo que tiene como atractivo los cenotes, está en lucha contra la empresa Producción Alimentaria Porcícola (Papo), que trabaja en aparcería con Kekén, pues inició la cría de cerdos sin contar con la planta de tratamiento de aguas residuales prometida. Apoyados por la organización Indignación, han promovido demandas desde septiembre de 2018 por la falta de respeto al derecho a la autodeterminación de las comunidades mayas y por los efectos ambientales que provocará. En Yucatán la nueva y pujante industria porcícola amenaza con destruir el frágil ecosistema, formado por corrientes subterráneas y suelos kársticos.

Éste es un ejemplo de los proyectos de desarrollo impulsados por los gobiernos, que a cambio de una centena de empleos precarios comprometen la vida de las comunidades y el buen vivir.

Por Ana De Ita, directora del Centro de Estudios para el Cambio en el Campo Mexicano

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La necesidad de la recuperación verde en América Latina y el Caribe

El mundo se enfrenta a una crisis humanitaria y sanitaria sin precedentes en el pasado siglo en un contexto económico, social y ambiental ya adverso. Si bien la historia registra antes el paso de grandes pandemias, ninguna irrumpió en un mundo tan poblado ni tan interconectado y con un planeta ambientalmente enfermo.

Hace cinco años el papa Francisco lanzó la encíclica Laudato si’, donde aborda la degradación ambiental y el cambio climático. En ella, llama a la acción rápida y unificada para cambiar la dirección de la relación humana con su entorno que, si continúa así, acabará con la humanidad misma.

Tras la emergencia sanitaria, nos enfrentaremos a la depresión económica más grave en 120 años. La urgencia de reducir sus impactos ya se está aduciendo para abandonar avances regulatorios y consideraciones ambientales y climáticas que, si no se integran al centro de la recuperación económica, empujarán a la región hacia efectos más dramáticos y a mayor plazo que los del Covid-19.

La reanimación económica requerirá recursos y endeudamientos que restarán capacidad de gasto público. La potencia de nuestros países para responder a las crisis climáticas recurrentes y cada vez más intensas se verá gravemente disminuida: sequías, inundaciones, huracanes, pérdidas en la producción agrícola, pérdidas de energía y exposición a un aumento de las pandemias, entre otras. Preocupa especialmente la región del Caribe, que ya estaba previamente asediada por golpes tanto climáticos como económicos, incluyendo un fuerte endeudamiento y una alta exposición a desastres naturales. Por ello, es tan importante tomar medidas de reactivación económica sostenibles y “a prueba del clima”, no las usuales.

La salida de la crisis de 2008 en la región vio programas muy tradicionales, como estímulos a industrias altas en emisiones. Doce años después, nos encontramos frente a la sexta extinción masiva, que evidencia la interacción entre la crisis sanitaria y la del medio ambiente.

La reorientación del desarrollo con otros sectores y políticas coherentes tiene ahora importantes expresiones, como el Pacto Verde de la Unión Europea, la Civilización Ecológica China, el Nuevo Pacto Verde de Corea del Sur y las propuestas demócratas de Estados Unidos con su Green New Deal.

La recuperación debe ser distinta esta vez, basada en sectores verdes, con un gran impulso a la sostenibilidad o de economía verde. Estas inversiones alentarían la innovación, nuevos negocios y empleos decentes, efectos positivos en la oferta y demanda agregada en las economías de la región, superiores a los de sectores tradicionales de infraestructura. El liderazgo político es clave para abordar simultáneamente la crisis sanitaria, la económica y la climática, con coraje y audacia, y el momento es ahora.

Es imperativo otorgar certidumbre a la inversión para la economía sostenible con contextos coherentes, legislativos, regulatorios y de política pública. Las áreas de mayor oportunidad para alcanzar la Agenda 2030 y la recuperación verde son, al menos, las de energías renovables y eficiencia energética, transporte público y de última milla electrificado, soluciones basadas en la naturaleza, restauración de ecosistemas, ampliación de la infraestructura sanitaria básica y producción de materiales bajos en carbono para la construcción.

Este crecimiento selectivo debe expresar un acuerdo social recogido en política económica y regulatoria en favor de esos sectores, en ascenso, y de desincentivo a los sectores en ocaso. Es necesario que los flujos financieros apoyen la lucha contra el cambio climático y las asociaciones con el sector privado.

La Agenda 2030, con su llamado a la universalidad y simultaneidad, al igual que el Acuerdo de París, orientan el desarrollo en el sentido correcto y para una recuperación verde. Si tomamos estas acciones, América Latina y el Caribe saldrá reforzada de esta crisis y podremos decir que fuimos responsables para con la casa común que, como dice la encíclica, se nos ha confiado.

 

Por Alicia Bárcena, secretaria ejecutiva de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe. Leo Heileman, director regional para América Latina y el Caribe del Programa de la ONU para el Medio Ambiente

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