Eduardo Esparza, sin título (Cortesía del autor)

Ayer


Los movimientos anticoloniales que estallaron en 1781 en El Socorro y en 1810 en Santafé de Bogotá, no brotaron espontáneos, aunque la historiografía tradicional, y por ende la oficial, les han dado esa apariencia de espontaneidad. Fueron producto de años de preparación y de acumulación de motivos hacia una meta común: la Independencia.


No tuvieron, los movimientos independentistas, un carácter ideológico colectivo hasta las conspiraciones que se dieron en progresión continental durante los últimos años de la primera década del siglo XIX. Las rebeliones preliminares en el Nuevo Reino de Granada seguían el patrón de las vividas en otras regiones de América del Sur: la negativa a pagar impuestos de guerra, adicionales a los ya estatuidos, y la exigencia por parte de campesinos y artesanos de que se les permitiera comerciar libremente sus productos en el territorio, sin las restricciones de movimiento que les imponían las medidas de la Corona Española para favorecer el monopolio del comercio en las colonias ejercido por empresas peninsulares como la Compañía Guipuzcoana de Caracas, por ejemplo.


En su informe extenso y documentado de 1790 al Virrey Ezpeleta sobre el estado del Virreinato de la Nueva Granada, el economista criollo, escritor y precursor de la Independencia, Pedro Fermín de Vargas, hace descripción detallada de la situación económica en agricultura, población, comercio, industria y vías. Diagnostica los problemas y plantea soluciones.


“Se deja, pues, conocer (dice en una primera conclusión) cuán liberal ha sido la naturaleza con estos dominios del Rey, y que a nada que se fomentase la industria en ellos, competirían con los mejores del resto de la América. Una mano sabia, que, conociendo todos los recursos de que es capaz esta colonia, se aplicase con tesón a promover los ramos de agricultura, comercio y minas, tendría la satisfacción de ver floreciente el Reino en pocos años, y en estado de pagar con usura los cuidados que debe al soberano por su conservación”. Más adelante, Vargas anota en forma implícita la causa original de los movimientos pre-independientes en el Nuevo Reino de Granada:


“Es verdad que de cuando en cuando se han hecho algunos esfuerzos para componer los caminos. El Excelentísimo señor don José de Solís, Virrey que fue de este Reino, promovió cuanto estuvo de su parte la abertura del camino de Carare, la carrera de Vélez al río de La Magdalena, con la mira de dar salida pronta a las harinas del Reino. La Compañía de emprendedores que se formó en aquella época hubiera conseguido las grandes utilidades que se había propuesto si el Virrey sucesor” (Messía de la Zerda) “no hubiera variado de ideas y abierto el puerto de Cartagena a las harinas inglesas, que en un momento arruinaron la compañía y dieron un golpe mortal a nuestra agricultura”.


El promotor de la Compañía de emprendedores, y el más rico de sus socios, era don Jorge Miguel Lozano de Peralta, Alférez Real de Santafé y Sargento Mayor de las Milicias del Nuevo Reino, que posteriormente compraría el título de Marqués de San Jorge. Don Jorge Miguel fue el vasallo más rico del reino, dueño de la Dehesa de Bogotá (que abarcaba el noventa por ciento del territorio de la Sabana de Bogotá) y de Molinos en Villa de Leyva, donde, como lo dice Pedro Fermín de Vargas en su informe, se producían las harinas de mejor calidad en el mundo, de las cuales una buena parte se exportaba a Europa y a las colonias inglesas de Norte América. La competencia de las harinas inglesas, en efecto, arruinó a muchos de los socios de la Compañía de emprendedores, y puso en aprietas al señor Lozano de Peralta, y a miles de agricultores. Lozano pudo sostenerse gracias a su fortuna fabulosa y a la variedad de negocios de agricultura y ganadería facilitados por la vasta extensión de su Dehesa; pero no le perdonó al Virrey Messía aquella medida arbitraria contra los intereses de los agricultores criollos. Comenzó a cultivar dentro de sí un sentimiento rencoroso de rebeldía hacia el dominio español. Esa rebeldía se manifestó en actitudes como renunciar al título de Alférez Real (que lo hacía el segundo personaje en importancia del reino, después del Virrey) y al de Sargento mayor de las Milicias, además de enfrentarse en el cabildo de Santafé con chapetones pura sangre y retarlos a duelo. Posteriormente, al recibir el título de Marqués de San Jorge, por el cual debía pagar una suma nada despreciable al tesoro de su Majestad, solicitó a la Real Audiencia pasaporte para viajar a Madrid a efectuar el pago de su título nobiliario, pero la audiencia le negó el permiso, y en consecuencia el marqués rehusó pagar si no era en Madrid. En represalia, la Audiencia lo despojó del título. El marqués venía conspirando con criollos de Santafé y propietarios de tierras en la provincia de Tunja, en especial del Socorro, San Gil , Guanentá y Vélez. Apoyó con dinero y armas la rebelión de Galán, y participó sin remilgos en la intentona de artesanos e intelectuales el 10 de junio de 1781 para derribar el gobierno colonial. La Real Audiencia reunió pruebas de las actividades subversivas del marqués, quien por su lado envió a la Corte cartas en las que acusa a los oidores y al Virrey Caballero y Góngora de hurtar los fondos públicos y de otros delitos productivos. La Corte atendió las imputaciones de la Real Audiencia contra el Marqués de San Jorge y ordenó su prisión. Fue detenido en 1784 y enviado a las mazmorras de Bocachica en Cartagena, desde donde siguió conspirando hasta su muerte en 1793, dicen que causada por envenenamiento. El noble criollo había cumplido con su papel de precursor de la Independencia y con abrir el camino a las siguientes generaciones, que tuvieron como líderes a Francisco de Miranda, Antonio Nariño y Simón Bolívar.


El que los actos independentistas de la generación del marqués de San Jorge (la generación precursora) hayan sido minimizados por los historiadores, o sencillamente desconocidos, no les quita la importancia enorme que tuvieron, ni hace menos interesante y significativa la metamorfosis de personajes que, partiendo de un interés económico, terminaron incursos en una convicción ideológica y política en cuyo empeño no vacilaron en ofrendar su libertad, sus vidas y sus fortunas.


Otra figura clave en la formación del pensamiento independentista y libertario, fue el sabio gaditano José Celestino Mutis. De él no hablaremos en este artículo porque su papel formador y revolucionario en la gesta de la independencia está reconocido y exaltado.


La lucha por la independencia, principiada en 1780 con los levantamientos de Charalá y Mogotes, se prolongó, en lo que atañe a Colombia, por treinta y nueve años, entre conspiraciones, golpes insurgentes, contragolpes realistas, victorias y derrotas de los patriotas (1810-1814), reconquista española (1815) Guerra magna de Liberación (1816-1819), hasta culminar, con la brillante y épica campaña libertadora de la Nueva Granada en 1819, el 7 de agosto, en el Puente de Boyacá. Ahí concluye nuestro pasado.


Hoy


Nuestro presente comienza, sin solución de continuidad, el 8 de agosto y se hace visible a plenitud, con la creación de la República de Colombia en el Congreso Constituyente de Cúcuta en 1821.


Es un presente que nace embarazado, con dos mentalidades opuestas en su vientre, concebidas en el curso de las dos primeras décadas del siglo diecinueve. Esas mentalidades, como las describe Antonio Nariño en su discurso de instalación del Colegio Electoral en 1813, son las de aquellos que pelean por la libertad, y los que pelean por el poder. Mentalidades antagónicas, se enfrentarán, aun antes de que nazca el presente, y marcarán nuestra historia hasta la actualidad.


Si alguien, en los días inaugurales de la República, se hubiera preguntado cómo sería nuestro futuro, habría encontrado la respuesta precisa en dos discursos. En el primero (Angostura 15 de febrero, 1819) el Libertador Simón Bolívar avizora un futuro de prosperidad y felicidad basado en la multiplicidad de riquezas con que la naturaleza ha bendecido estos territorios recién nacidos a la luz de la libertad, pero advierte que para el logro de esa felicidad es indispensable “un gobierno eminentemente popular, eminentemente justo, eminentemente moral, que encadene la opresión, la anarquía y la culpa. Un gobierno que haga reinar la inocencia, la humanidad, la paz. Un gobierno que haga triunfar, bajo el imperio de leyes inexorables, la igualdad y la libertad”. El Libertador Antonio Nariño, en el discurso de defensa ante el Senado (Bogotá, 14 de mayo de 1823) dice al concluir su análisis de las causas que ocasionaron la ruina de las repúblicas de Grecia y de Roma: “¿Qué debemos, pues, esperar de nuestra República si comienza por dónde las otras acabaron? Al principio del reino de Tiberio, dice un célebre escritor, la complacencia, la adulación, la bajeza, la infamia, se hicieron artes necesarios a todos los que quisieron agradar; así todos los motivos que hacen obrar a los hombres los apartaban de la virtud, que cesó de temer partidarios desde el momento en que comenzó a ser peligrosa. Si vosotros, señores, al presentaros a la faz del mundo como legisladores, como jueces, como defensores de la Libertad y la virtud, no dais un ejemplo de la integridad de Bruto, del desinterés de Foción, y de la Justicia severa del Tribunal de Atenas, nuestra libertad va a morir en su nacimiento. Desde la hora en que triunfe el hombre atrevido, desvergonzado, intrigante, adulador, el Reino de Tiberio empieza y el de la Libertad acaba”.


Por desgracia las premoniciones sombrías de Nariño se cumplieron. Para conseguir una república “eminentemente popular, eminentemente justa, eminentemente moral”, como la pedía Simón Bolívar, se necesitaba, y se necesita, que en su gobierno prevalecieran ciudadanos eminentemente virtuosos, eminentemente justos, eminentemente morales; pero predominaron los complacientes, los aduladores, los ruines, los infames, los que aman el poder y no la libertad. Los hipócritas, los ambiciosos, los avaros se adueñaron de la república y apagaron la voz del ciudadano. El reino de Tiberio se impuso sobre el reino de la Libertad. Nuestra república ha vivido doscientos años de violencia implacable de los poderosos sobre los débiles. Las voces que se han alzado contra la desigualdad, la inequidad, la injusticia, la inmoralidad, han sido acalladas a sangre y fuego. En el siglo diecinueve los pretextos políticos fueron entre los que defendían el centralismo o el federalismo, y los pretextos económicos entre la oligarquía feudal terrateniente y la de comerciantes que auspiciaban el libre cambio, contra los artesanos industriosos que abogaban por el proteccionismo para su trabajo, el que de verdad producía la riqueza nacional. Los gobiernos que intentaron ser eminentemente populares, es decir, eminentemente democráticos (Simón Bolívar, José María Melo, Tomás C. de Mosquera, Rafael Núñez) fueron combatidos a muerte y malogrados por la oligarquía sanguinaria que ha detentado el poder a toda costa. Igual sucedió en el Siglo XX con los gobiernos progresistas de Rafael Reyes y Alfonso López Pumarejo.


Sin embargo, a lo largo, ancho y profundo de estos doscientos años de aparente vida republicana, la lucha de los ciudadanos amantes de la libertad, de la paz, del progreso en igualdad, y los torrentes de sangre inocente derramados y que continúan derramándose por los propagadores del oscurantismo y de la violencia, no han sido un fracaso. Bolívar decía que el aprendizaje de la libertad requería tiempo y sufrimiento. Después de doscientos años de sufrimiento los colombianos hemos aprendido el valor de la libertad y con esa enseñanza irreversible vamos a empezar a construir el país, que entonces parecía fantástico, soñado por el Libertador en su discurso de Angostura. Tenemos ya la experiencia, el sufrimiento, las herramientas democráticas, y la decisión para trasladar a las manos de sus legítimos dueños, los ciudadanos, el poder que la oligarquía corrupta, corruptora y excluyente, ha detentado en los doscientos años pasados.


Mañana


Si me preguntan cómo veo el futuro, responderé con las mismas palabras que expresaron dos centurias atrás Simón Bolívar y Antonio Nariño. Podemos adoptar la organización administrativa más perfecta, las leyes más justas, instituir el federalismo o el centralismo, dotar de autonomía a las regiones, concebir una constitución que establezca, como lo proclamó José Martí, “un gobierno con todos y para el bien de todos”; mas, para hacer que todo eso funcione, el requisito indispensable está en la calidad de las personas que se escoja para gobernar. Las instituciones no actúan solas, no son autocompetentes. Su calidad operativa no es intrínseca, dependerá de la calidad de los operadores. El espectáculo de corrupción que hoy contemplamos, y que hemos tolerado pasivamente; el saqueo a los erarios municipales, el despilfarro en obras inútiles, la negligencia en el cuidado de los bienes públicos, el narcotráfico, el lavado de dinero, el atropello escandaloso a los Derechos Humanos, el asesinato de líderes sociales, el crimen organizado, esas atrocidades no ocurren porque las instituciones sean corruptas, sino porque están en manos de corruptos. La conclusión es obvia. Mañana no será mejor que hoy si los ciudadanos no entienden su deber de examinar con calma, con atención, si la persona por quien van a depositar su voto es digna de confianza. Si con nuestro voto ciego seguimos favoreciendo a los corruptos, las cosas no mejorarán en el futuro.


Por supuesto no se pueden perder de vista los factores globales, políticos y económicos, que hoy se mueven en un clima de tensión y de un arsenal tenebroso de armas nucleares que podría garantizar la desaparición de la humanidad en pocos minutos. En ese caso, ya no tendríamos que preocuparnos de nada.

Eduardo Esparza, sin título (Cortesía del autor)

Ayer


Los movimientos anticoloniales que estallaron en 1781 en El Socorro y en 1810 en Santafé de Bogotá, no brotaron espontáneos, aunque la historiografía tradicional, y por ende la oficial, les han dado esa apariencia de espontaneidad. Fueron producto de años de preparación y de acumulación de motivos hacia una meta común: la Independencia.


No tuvieron, los movimientos independentistas, un carácter ideológico colectivo hasta las conspiraciones que se dieron en progresión continental durante los últimos años de la primera década del siglo XIX. Las rebeliones preliminares en el Nuevo Reino de Granada seguían el patrón de las vividas en otras regiones de América del Sur: la negativa a pagar impuestos de guerra, adicionales a los ya estatuidos, y la exigencia por parte de campesinos y artesanos de que se les permitiera comerciar libremente sus productos en el territorio, sin las restricciones de movimiento que les imponían las medidas de la Corona Española para favorecer el monopolio del comercio en las colonias ejercido por empresas peninsulares como la Compañía Guipuzcoana de Caracas, por ejemplo.


En su informe extenso y documentado de 1790 al Virrey Ezpeleta sobre el estado del Virreinato de la Nueva Granada, el economista criollo, escritor y precursor de la Independencia, Pedro Fermín de Vargas, hace descripción detallada de la situación económica en agricultura, población, comercio, industria y vías. Diagnostica los problemas y plantea soluciones.


“Se deja, pues, conocer (dice en una primera conclusión) cuán liberal ha sido la naturaleza con estos dominios del Rey, y que a nada que se fomentase la industria en ellos, competirían con los mejores del resto de la América. Una mano sabia, que, conociendo todos los recursos de que es capaz esta colonia, se aplicase con tesón a promover los ramos de agricultura, comercio y minas, tendría la satisfacción de ver floreciente el Reino en pocos años, y en estado de pagar con usura los cuidados que debe al soberano por su conservación”. Más adelante, Vargas anota en forma implícita la causa original de los movimientos pre-independientes en el Nuevo Reino de Granada:


“Es verdad que de cuando en cuando se han hecho algunos esfuerzos para componer los caminos. El Excelentísimo señor don José de Solís, Virrey que fue de este Reino, promovió cuanto estuvo de su parte la abertura del camino de Carare, la carrera de Vélez al río de La Magdalena, con la mira de dar salida pronta a las harinas del Reino. La Compañía de emprendedores que se formó en aquella época hubiera conseguido las grandes utilidades que se había propuesto si el Virrey sucesor” (Messía de la Zerda) “no hubiera variado de ideas y abierto el puerto de Cartagena a las harinas inglesas, que en un momento arruinaron la compañía y dieron un golpe mortal a nuestra agricultura”.


El promotor de la Compañía de emprendedores, y el más rico de sus socios, era don Jorge Miguel Lozano de Peralta, Alférez Real de Santafé y Sargento Mayor de las Milicias del Nuevo Reino, que posteriormente compraría el título de Marqués de San Jorge. Don Jorge Miguel fue el vasallo más rico del reino, dueño de la Dehesa de Bogotá (que abarcaba el noventa por ciento del territorio de la Sabana de Bogotá) y de Molinos en Villa de Leyva, donde, como lo dice Pedro Fermín de Vargas en su informe, se producían las harinas de mejor calidad en el mundo, de las cuales una buena parte se exportaba a Europa y a las colonias inglesas de Norte América. La competencia de las harinas inglesas, en efecto, arruinó a muchos de los socios de la Compañía de emprendedores, y puso en aprietas al señor Lozano de Peralta, y a miles de agricultores. Lozano pudo sostenerse gracias a su fortuna fabulosa y a la variedad de negocios de agricultura y ganadería facilitados por la vasta extensión de su Dehesa; pero no le perdonó al Virrey Messía aquella medida arbitraria contra los intereses de los agricultores criollos. Comenzó a cultivar dentro de sí un sentimiento rencoroso de rebeldía hacia el dominio español. Esa rebeldía se manifestó en actitudes como renunciar al título de Alférez Real (que lo hacía el segundo personaje en importancia del reino, después del Virrey) y al de Sargento mayor de las Milicias, además de enfrentarse en el cabildo de Santafé con chapetones pura sangre y retarlos a duelo. Posteriormente, al recibir el título de Marqués de San Jorge, por el cual debía pagar una suma nada despreciable al tesoro de su Majestad, solicitó a la Real Audiencia pasaporte para viajar a Madrid a efectuar el pago de su título nobiliario, pero la audiencia le negó el permiso, y en consecuencia el marqués rehusó pagar si no era en Madrid. En represalia, la Audiencia lo despojó del título. El marqués venía conspirando con criollos de Santafé y propietarios de tierras en la provincia de Tunja, en especial del Socorro, San Gil , Guanentá y Vélez. Apoyó con dinero y armas la rebelión de Galán, y participó sin remilgos en la intentona de artesanos e intelectuales el 10 de junio de 1781 para derribar el gobierno colonial. La Real Audiencia reunió pruebas de las actividades subversivas del marqués, quien por su lado envió a la Corte cartas en las que acusa a los oidores y al Virrey Caballero y Góngora de hurtar los fondos públicos y de otros delitos productivos. La Corte atendió las imputaciones de la Real Audiencia contra el Marqués de San Jorge y ordenó su prisión. Fue detenido en 1784 y enviado a las mazmorras de Bocachica en Cartagena, desde donde siguió conspirando hasta su muerte en 1793, dicen que causada por envenenamiento. El noble criollo había cumplido con su papel de precursor de la Independencia y con abrir el camino a las siguientes generaciones, que tuvieron como líderes a Francisco de Miranda, Antonio Nariño y Simón Bolívar.


El que los actos independentistas de la generación del marqués de San Jorge (la generación precursora) hayan sido minimizados por los historiadores, o sencillamente desconocidos, no les quita la importancia enorme que tuvieron, ni hace menos interesante y significativa la metamorfosis de personajes que, partiendo de un interés económico, terminaron incursos en una convicción ideológica y política en cuyo empeño no vacilaron en ofrendar su libertad, sus vidas y sus fortunas.


Otra figura clave en la formación del pensamiento independentista y libertario, fue el sabio gaditano José Celestino Mutis. De él no hablaremos en este artículo porque su papel formador y revolucionario en la gesta de la independencia está reconocido y exaltado.


La lucha por la independencia, principiada en 1780 con los levantamientos de Charalá y Mogotes, se prolongó, en lo que atañe a Colombia, por treinta y nueve años, entre conspiraciones, golpes insurgentes, contragolpes realistas, victorias y derrotas de los patriotas (1810-1814), reconquista española (1815) Guerra magna de Liberación (1816-1819), hasta culminar, con la brillante y épica campaña libertadora de la Nueva Granada en 1819, el 7 de agosto, en el Puente de Boyacá. Ahí concluye nuestro pasado.


Hoy


Nuestro presente comienza, sin solución de continuidad, el 8 de agosto y se hace visible a plenitud, con la creación de la República de Colombia en el Congreso Constituyente de Cúcuta en 1821.


Es un presente que nace embarazado, con dos mentalidades opuestas en su vientre, concebidas en el curso de las dos primeras décadas del siglo diecinueve. Esas mentalidades, como las describe Antonio Nariño en su discurso de instalación del Colegio Electoral en 1813, son las de aquellos que pelean por la libertad, y los que pelean por el poder. Mentalidades antagónicas, se enfrentarán, aun antes de que nazca el presente, y marcarán nuestra historia hasta la actualidad.


Si alguien, en los días inaugurales de la República, se hubiera preguntado cómo sería nuestro futuro, habría encontrado la respuesta precisa en dos discursos. En el primero (Angostura 15 de febrero, 1819) el Libertador Simón Bolívar avizora un futuro de prosperidad y felicidad basado en la multiplicidad de riquezas con que la naturaleza ha bendecido estos territorios recién nacidos a la luz de la libertad, pero advierte que para el logro de esa felicidad es indispensable “un gobierno eminentemente popular, eminentemente justo, eminentemente moral, que encadene la opresión, la anarquía y la culpa. Un gobierno que haga reinar la inocencia, la humanidad, la paz. Un gobierno que haga triunfar, bajo el imperio de leyes inexorables, la igualdad y la libertad”. El Libertador Antonio Nariño, en el discurso de defensa ante el Senado (Bogotá, 14 de mayo de 1823) dice al concluir su análisis de las causas que ocasionaron la ruina de las repúblicas de Grecia y de Roma: “¿Qué debemos, pues, esperar de nuestra República si comienza por dónde las otras acabaron? Al principio del reino de Tiberio, dice un célebre escritor, la complacencia, la adulación, la bajeza, la infamia, se hicieron artes necesarios a todos los que quisieron agradar; así todos los motivos que hacen obrar a los hombres los apartaban de la virtud, que cesó de temer partidarios desde el momento en que comenzó a ser peligrosa. Si vosotros, señores, al presentaros a la faz del mundo como legisladores, como jueces, como defensores de la Libertad y la virtud, no dais un ejemplo de la integridad de Bruto, del desinterés de Foción, y de la Justicia severa del Tribunal de Atenas, nuestra libertad va a morir en su nacimiento. Desde la hora en que triunfe el hombre atrevido, desvergonzado, intrigante, adulador, el Reino de Tiberio empieza y el de la Libertad acaba”.


Por desgracia las premoniciones sombrías de Nariño se cumplieron. Para conseguir una república “eminentemente popular, eminentemente justa, eminentemente moral”, como la pedía Simón Bolívar, se necesitaba, y se necesita, que en su gobierno prevalecieran ciudadanos eminentemente virtuosos, eminentemente justos, eminentemente morales; pero predominaron los complacientes, los aduladores, los ruines, los infames, los que aman el poder y no la libertad. Los hipócritas, los ambiciosos, los avaros se adueñaron de la república y apagaron la voz del ciudadano. El reino de Tiberio se impuso sobre el reino de la Libertad. Nuestra república ha vivido doscientos años de violencia implacable de los poderosos sobre los débiles. Las voces que se han alzado contra la desigualdad, la inequidad, la injusticia, la inmoralidad, han sido acalladas a sangre y fuego. En el siglo diecinueve los pretextos políticos fueron entre los que defendían el centralismo o el federalismo, y los pretextos económicos entre la oligarquía feudal terrateniente y la de comerciantes que auspiciaban el libre cambio, contra los artesanos industriosos que abogaban por el proteccionismo para su trabajo, el que de verdad producía la riqueza nacional. Los gobiernos que intentaron ser eminentemente populares, es decir, eminentemente democráticos (Simón Bolívar, José María Melo, Tomás C. de Mosquera, Rafael Núñez) fueron combatidos a muerte y malogrados por la oligarquía sanguinaria que ha detentado el poder a toda costa. Igual sucedió en el Siglo XX con los gobiernos progresistas de Rafael Reyes y Alfonso López Pumarejo.


Sin embargo, a lo largo, ancho y profundo de estos doscientos años de aparente vida republicana, la lucha de los ciudadanos amantes de la libertad, de la paz, del progreso en igualdad, y los torrentes de sangre inocente derramados y que continúan derramándose por los propagadores del oscurantismo y de la violencia, no han sido un fracaso. Bolívar decía que el aprendizaje de la libertad requería tiempo y sufrimiento. Después de doscientos años de sufrimiento los colombianos hemos aprendido el valor de la libertad y con esa enseñanza irreversible vamos a empezar a construir el país, que entonces parecía fantástico, soñado por el Libertador en su discurso de Angostura. Tenemos ya la experiencia, el sufrimiento, las herramientas democráticas, y la decisión para trasladar a las manos de sus legítimos dueños, los ciudadanos, el poder que la oligarquía corrupta, corruptora y excluyente, ha detentado en los doscientos años pasados.


Mañana


Si me preguntan cómo veo el futuro, responderé con las mismas palabras que expresaron dos centurias atrás Simón Bolívar y Antonio Nariño. Podemos adoptar la organización administrativa más perfecta, las leyes más justas, instituir el federalismo o el centralismo, dotar de autonomía a las regiones, concebir una constitución que establezca, como lo proclamó José Martí, “un gobierno con todos y para el bien de todos”; mas, para hacer que todo eso funcione, el requisito indispensable está en la calidad de las personas que se escoja para gobernar. Las instituciones no actúan solas, no son autocompetentes. Su calidad operativa no es intrínseca, dependerá de la calidad de los operadores. El espectáculo de corrupción que hoy contemplamos, y que hemos tolerado pasivamente; el saqueo a los erarios municipales, el despilfarro en obras inútiles, la negligencia en el cuidado de los bienes públicos, el narcotráfico, el lavado de dinero, el atropello escandaloso a los Derechos Humanos, el asesinato de líderes sociales, el crimen organizado, esas atrocidades no ocurren porque las instituciones sean corruptas, sino porque están en manos de corruptos. La conclusión es obvia. Mañana no será mejor que hoy si los ciudadanos no entienden su deber de examinar con calma, con atención, si la persona por quien van a depositar su voto es digna de confianza. Si con nuestro voto ciego seguimos favoreciendo a los corruptos, las cosas no mejorarán en el futuro.


Por supuesto no se pueden perder de vista los factores globales, políticos y económicos, que hoy se mueven en un clima de tensión y de un arsenal tenebroso de armas nucleares que podría garantizar la desaparición de la humanidad en pocos minutos. En ese caso, ya no tendríamos que preocuparnos de nada.

Publicado enColombia
Adriana Gómez, Laboratorio de la serie “Tapia pisada”, 40 x 17 x 17 cm., cerámica/madera, 2013 (Cortesía de la autora)

¿Cómo ha podido llegar nuestro país al punto donde se encuentra? ¿Cómo es posible que en medio de la prolongada barbarie registrada acá durante los últimos 70 años, por lo menos, el dominio de quienes siempre lo han controlado se mantenga y se prolongue? ¿Cómo es posible que en un país de tan inocultables desigualdades haya gente que las justifique como el lógico resultado de la naturaleza humana, es decir, aquello de que “siempre hay y habrá pobres y ricos”?


Estos y otros interrogantes posibles, que pueden llenar cuatillas, resisten diversas respuestas, entre ellas el consabido imperio de la fuerza, así como los efectos de su despliegue, es decir, los miedos, tal vez por comodidad –“Es mejor no meterse en cosas ‘que no son conmigo’”. Son estas las actitudes derivadas en parte del efecto colateral de una violencia prolongada con sus vientos asesinos hasta todo aquel o aquella que “mete la nariz donde no le han llamado”.


Por fuera no queda la posibilidad de conformismo, producto derivado de una sociedad presionada a romper sus lazos más profundos de solidaridad natural, hasta llevarla a la fragmentación y/o atomización, todo ello como resultado de los últimos 50 años de guerra abierta contra la sociedad, tanto en lo militar como en lo económico social.


Las respuestas, como es posible inferir, también pueden llenar una o más cuartillas. Así puede ser. ¿Pero esta realidad no tendrá que ver, sin dejar de lado las opciones relacionadas, con el hacer y el dejar hacer de los medios de comunicación hegemónicos en Colombia?


Como es sabido, el dominio social es más fácil de concretar si el dominado carece de conciencia sobre ello –alienación–, pero también si el dominado lo acepta con toda conciencia –identidad y sumisión–. La fuerza impone pero también cosecha repulsa, lo que no sucede con el dominio social, que hace ver como normales la pasividad, el conformismo, el miedo, la tolerancia, el individualismo, la atomización.


Y así ha ocurrido entre nosotros a través de un relato, tejido poco a poco, a lo largo de décadas; zurciendo ideas, conceptos, imágenes, razones, como hilos de una sola prenda, amarillo, azul, rojo, que al final son la camisa, el gorro o la bata conocida como historia nacional, de la cual se desprende el simplificado decir de que “Así somos los colombianos”.


Ese relato pasa de generación en generación, en una primera época mediante la evangelización, para ser reforzada luego por el sistema educativo, fortalecido en una tercera etapa por la acción ideológica de multitud de iglesias, ahora no sólo la católica, que pierde el control hegemónico de las almas, con un reforzamiento en el día a día, en tercera y cuarta épocas, por los medios de comunicación, baluartes en una primera fase de los dos únicos partidos políticos que han gobernado el país, y ahora expresión del poder financiero-empresarial que reina entre nosotros.


Amarillo


Los medios de comunicación, con sus modalidades de cubrir la cotidianidad nuestra como nación, ocultan los factores de poder que determinan, con su forma de gobernar, la Colombia realmente existente, esa que registra un Gini de 0,886 en la concentración de la tierra, y en que el 10 por ciento más rico de la población acapara el 70,2 por ciento de la riqueza nacional. En Colombia, la brecha que algún presidente prometió cerrar, sin cumplir con su cometido, 48 años después de su promesa “8.500 propietarios son dueños del 77 por ciento de los CDT depositados en el sistema bancario, y 9.200 son dueños del 65 por ciento de los depósitos de ahorros”, como consecuencia de lo cual “[…] el Gini de la distribución de los depósitos financieros es un asombroso 0,92 para los CDT, 0,94 para los depósitos de ahorro y 0,97 para las cuentas corrientes” (1)


Es función del periodismo genuino interrogar, cuestionar, dudar, ahondar, llamar la atención… Pero los medios criollos soslayan los reiterados informes internacionales que indican que el nuestro es uno de los países más desiguales del mundo. ¿O en alguna ocasión han cuestionado que la concentración de riqueza alcance una continuidad nunca rota, a pesar de todos los planes de los gobernantes de turno, con lo cual cumplen con la norma constitucional pero no mucho más? ¿Cuándo les brindan suficiente espacio y eco a las voces críticas que llaman la atención sobre esta realidad y proponen medidas de cambio para romperla?


En Colombia, la labor periodística de los medios oficiosos, con sus focos puestos donde no corresponde, contribuye a ocultar razones y realidades, tanto como a prolongar y profundizar la sombra de la desigualdad social que reina entre nosotros. Es una labor seudoinformativa que engendra analfabetismo político –y, como consecuencia de ello, apatía por la cosa pública–, que domina entre amplias capas sociales. Tal analfabetismo les otorga asidero a razonamientos populares para explicarse la realidad de miseria que los agobia como reflejo de su “mala suerte”, de su “incapacidad de trabajo”, o porque “así lo quiere Dios”.


Por tanto, no asombra que, al conocerse cada año los balances de las sociedades financieras y corporativas en general, haya ausencia de un necesario cuestionamiento de los altos rendimientos del sector financiero, por ejemplo, que para 2018 suman 24 billones, 9,2 billones en el caso exclusivo de los bancos. Ello, mientras millones de connacionales viven en la angustia de no saber cómo harán para sacar adelante el día que viene.


Estamos entonces ante un silencio cómplice frente a la persistencia de esta injusta estructura social, y un modelo económico que hace décadas mostró sus límites y su fracaso social. Ese silencio no es censura sino simple reflejo de identidad ideológica y política entre un periodismo dominante y sectores igualmente dominantes, connivencia entre patronal y empleados, en este caso entre los dueños de los medios de comunicación –en su mayoría grupos económicos, multilatinos algunos de ellos, con intereses en el sector financiero– y quienes dirigen estos medios de comunicación (2). Son expresiones de identidad ideológica y desinformación, como se puede constatar cuando un periodista –creador de opinión– se refiere con alegría a la evolución ascendente del precio de petróleo, pues “es lo que el país necesita”, cuando precisamente esa realidad del petróleo, y el giro del país a depender en su economía de la evolución de su precio, es parte de la explicación de la fragilidad económica que lo hace proclive a todo tipo de variables geopolíticas, abriéndolo aún más al sometimiento y el neocoloniaje.


Azul


Está registrado por la memoria de nuestro país: la clase enquistada y alimentada por el patrimonio común, que es de todos los colombianos, no tiene ética de lo público ni respeto por los derechos humanos ni dignidad ni autoestima, por todo lo cual el sueño de soberanía no integra su ideario, si es que tiene alguno diferente de ensanchar sus bolsillos con billetes verdes.


Esa realidad se traduce en ausencia de sentimiento nacional y soberano, resplandeciente en infinidad de sucesos, como en la inexistente voluntad para impedir el zarpazo sobre Panamá; la postración ante la United Fruit Company, con impunidad ante los cientos de asesinados en 1928 en Ciénaga y sus alrededores, como lo recordó Gaitán cuando les dijo que “[…] el gobierno tiene la metralla para los hijos de la patria y la temblorosa rodilla en tierra ante el oro americano”. Es una realidad oprobiosa que persiste a pesar del paso del tiempo, según la reciente acción de mando del embajador de los Estados Unidos al exigirle a una delegación de parlamentarios ciertas decisiones ante el tema de la JEP. Tal injerencia en asuntos internos del país encontró un total silencio de la Cancillería. La ausencia de sentimiento nacional también resalta en la conducción de las Fuerzas Armadas bajo la doctrina gringa, la selección de su mando y la creación del paramilitarismo como producto de la guía de combate de aquel país; el estímulo y el uso del narcotráfico como mecanismo de división y control social; la renuncia del modelo de desarrollo propio para acoger el “sueño americano” y con él la pérdida de soberanía alimentaria, así como la multiplicación de la deuda pública. En los días que corren, el gobierno colombiano actúa bajo su ala para instigar un golpe de Estado o una guerra civil en Venezuela.


Sobre estos y otros sucesos que aún viven en la memoria nacional, así no cejen en la pretensión de reescribirla, el silencio y la complicidad es lo que han garantizado los existentes medios oficiosos, primero los escritos, partidistas todos ellos en las primeras décadas del siglo XX y luego corporativos, ya no sólo escritos sino también radiales, televisivos y digitales.


De esta clase dominante no puede nacer un auténtico proyecto de integración y complemento regional, ni de los medios hegemónicos el reclamo para hacer realidad el proyecto bajo el cual se movilizaron las fuerzas independentistas en la segunda y la tercera décadas del siglo XIX, proyecto sin el cual nuestro país, y nuestros hermanos de siempre, nada podremos aportar que valga la pena a otros pueblos, en procura de justicia e igualdad global.


De este cuadro analizado surge la ausencia de sentido nacional y amor por lo propio, con sentido internacionalista, que hoy reclama un proyecto cultural, educativo, y de ciencia y tecnología propios, bajo el cual, en el mediano plazo, nos desliguemos de los controles de todo tipo que trae la dependencia en computación y desarrollo digital en general. Tras una labor de este tipo pudiera resultar posible un papel para desplegar un sistema de comunicación e información nacional, metas que no son de poca monta, toda vez que nos debieran llamar la atención en todo momento las implicaciones que tiene el software privativo, así como los efectos y las posibilidades, como retos que nos deparan las revoluciones industriales, la tercera y la cuarta, que estamos viviendo.


Rojo


Ausencia de amor por lo propio, y de proyecto nacional, continental y global, reiterado y fortalecido por el silencio mediático –complacencia con lo que estaba en curso–, cuando, al acoger el gobierno de César Gaviria (1990-94) el ideario neoliberal y todo el recetario del Consenso de Washington, empezó la piñata para feriar lo público bajo el prurito de la eficiencia del sector privado, sofisma impresentable e insostenible a la luz de la realidad pretérita y actual.


Esa piñata se llevó a cabo en el curso de la última década del siglo XX, a pesar de la resistencia de sectores sociales como los trabajadores de Telecom y sus vanguardias sindicales, cuya dirigencia fue a dar a la cárcel, sin cuestionamiento ni reclamo por lo sucedido de parte de los medios radiales, escritos o visuales.


Dos décadas y media antes de tal proceder, en mayo de 1964, el poder enquistado desde el siglo XIX en nuestro país desplegó una operación aérea y terrestre para arrasar con un pequeño grupo de campesinos que con sus armas se oponían a ser despojados de sus tierras, enseres y pocos semovientes con que contaban. Tratados por fuera del contexto en que habían surgido como resistencia campesina, y con plena complacencia de los terratenientes y el poder capitalino –de espaldas a la Colombia real–, la operación contó con eco mediático desinformante. Desde ese mismo momento, y mucho antes, como ocurrió con las guerrillas liberales, el origen, la trayectoria y la realidad profunda del conflicto agrario en nuestro país, proyectados años después en conflicto urbano, y ampliados al cuestionamiento del monopolio del poder, nunca fue cubierto con un análisis profundo de sus causas y medidas alternativas para ser resuelto mediante una solución conveniente para todo el país.


Dos décadas después de esta acometida militar, tras el gobierno de Julio César Turbay (1978-82), en el cual la norma fue la tortura para todas las disidencias, con cárceles repletas de presos políticos ‘juzgados’ por militares, sin la oposición de los medios al irrespeto de los derechos humanos, llega el tiempo del despliegue paramilitar abierto, apertura de este ciclo –que aún no se cierra– que tiene como acción visible el paso de una avioneta sobre Medellín lanzando volantes que anunciaban la conformación del MAS (Muerte a Secuestradores), alianza de narcotraficantes protegida y utilizada por las Fuerzas Armadas para enfrentar a la insurgencia de la época. Tales narcotraficantes crecieron y se fortalecieron a la sombra del sistema bancario y de los poderes políticos y económicos siempre vigentes en varias regiones del país.


Luego, tras la división del MAS, ven la luz los Pepes (Perseguidos por Pablo Escobar), unidad de matones del Cartel de Cali que, en alianza con la DEA y las Fuerzas Armadas nacionales, les darían potencia y fuerza a los paramilitares en diversas regiones del país, hasta centralizar su accionar en las AUC (Autodefensas Unidas de Colombia) bajo el mando de Carlos Castaño, hecho que recibe amplia resonancia en los medios dominantes, además de protección oficial.
Lo que vendría luego, con cientos de masacres, está fresco en la memoria nacional, y muchas de sus víctimas sobrevivientes hoy luchan por recuperar lo que aquellas bandas les arrebataron, además de poder narrar los sucesos que cambiaron sus vidas y las de los suyos.


Recuerda la memoria popular que en esta época las masacres ganaron multiplicación por todo el territorio nacional, y que, sumadas éstas con las acaecidas en otras décadas, fácilmente redondean las 5.000 (3), es decir, alrededor de 300 mil connacionales asesinados a sangre fría, bajo el silencio y la complacencia oficiales, y sin el debido cubrimiento esclarecedor por los medios de comunicación existentes. Más de siete millones de desplazados y de 82 mil desaparecidos son la otra parte de la historia nacional, la cual recuerda que el poder no repara en métodos ni recursos para protegerse y prolongarse en sus dominios.


¿Tiene nuestro conflicto armado, con los poderes que lo atizaron año tras año, soporte estructural o es simple expresión de grupos por el control regional para el sembrado de coca, y el aseguramiento de rutas para el envío de narcóticos allende nuestras fronteras? ¿Surge este conflicto, y tiene prolongación, por la acción de un Estado y de la clase que lo controla, aliada con una red corporativa acorazada en una potencia supranacional que nos asume como parte de sus dominios o responde a un simple complot internacional?


Estos interrogantes son parte de la disputa que hoy atiza la lucha por la memoria nacional, con expresión en archivos, museos, centros de memoria y similares. En todo ello, en la distorsión de la realidad del conflicto armado que por décadas hemos padecido, en su ocultamiento y su negación, mucho tienen que ver los medios de comunicación oficiosos –escritos, radiales, televisivos. ¿Cumplirán un papel diferente esos medios en el debate por la memoria nacional a que dan lugar los Acuerdos firmados en La Habana, y luego refrendados en Cartagena y el Teatro Colón de Bogotá?


La respuesta que nos brinden los años que vienen permitirán, o bien entrelazar de manera más fina los hilos del amarillo, azul y rojo, parte de nuestra identidad y memoria, o bien tensionarlos hasta hacer que se rompan. Uno u otro camino abonarán a la continuidad de la guerra o, por el contrario, a su resolución definitiva, una paz inédita que nos debe brindar espacio y luces para habitar la tierra de manera creadora.

 

1. Varios autores, La desigualdad en Colombia, Editorial Oveja Negra, pp. 57-60, 2018.
2. Principales medios de comunicación y sus propietarios: Caracol televisión, incluye el diario El Espectador y otros medios (Valorem S.A.), El Tiempo y otros medios (Grupo Sarmiento Angulo), Caracol Radio, W Radio y otros medios, (Grupo Prisa), RCN, radio y televisión (conglomerado de Carlos Ardila Lulle), revista Semana (grupo Gilinski y Felipe López Caballero), Canal 1 (Daniel Coronell, Yamit Amat, César Gaviria y otros). El Colombiano, La República, Vanguardia Liberal, El Heraldo, La Tarde y otros medios con importante influencia local/regional, aún están en manos de sociedades familiares.
3. La Convención internacional indica que se designa como masacre el asesinato en un mismo lugar y que implica a cuatro o más víctimas.

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Martes, 28 Mayo 2019 10:11

¡La memoria es nuestra!

Adriana Gómez,  Inundados de la serie “Tapia pisada”, 50 x 80 cm., técnica mixta/mdf, 2011 (Cortesía de la autora)

El Ministerio de la Verdad se ocupa de manipular o destruir documentos históricos como fotografías, libros y periódicos para lograr que las evidencias del pasado coincidan con la versión oficial de la historia narrada por el partido que gobierna, al parecer, desde siempre. Winston Smith es funcionario del ministerio, editor de memoria histórica. Vive en una Londres lúgubre e hiper-vigilada por telepantallas que recuerdan a todos que el Gran Hermano siempre vigila. En el mundo hay tres superpotencias: Oceanía, Eurasia y Asia Oriental. La historia oficial dice que Oceanía –regida por el Gran Hermano–, y Eurasia, siempre han sido aliadas contra Asia Oriental. Hay un enemigo a odiar, Emanuel Goldstein, a quien cada día se dedican tres minutos de odio. Inesperadamente, Oceanía y Eurasia entran en guerra y Oceanía se alía con Asia Oriental. Hay que cambiar la historia para que aparezca como si siempre Oceanía y Asia Oriental hubiesen sido aliadas contra Eurasia. Winston procura mantener la cordura; escribe en su diario: “Aquel que controla el presente, controla el pasado. El que controla el pasado, controla el futuro”.

 

¡La memoria es nuestra!


Lo anterior corresponde a la trama de 1984 de George Orwell. Es una representación del negacionismo histórico, una práctica usada por ciertos gobiernos (apoyados en historiadores cómplices) para distorsionar, ilegalmente, los registros históricos. Los métodos utilizados son diversos: borrar o destruir fuentes, presentar documentos falsos como auténticos, atribuir conclusiones a libros que en realidad demuestran lo contrario, manipular estadísticas para soportar un cierto punto de vista o perspectiva. ¿Con qué propósito? Alcanzar un fin político, transferir las culpas del conflicto al otro, satanizar al enemigo, proveer la falsa ilusión de una victoria. Una vertiente del negacionismo, pero distinta, es el revisionismo histórico, que se encarga de reescribir lo que hasta entonces se ha preservado como memoria de lo sucedido y busca una interpretación distinta de los hechos o, lo que es más común, minimizarlos o trivializarlos con el fin de acomodar los intereses de quienes pretenden ese intervencionismo sobre la memoria.


Es elemental señalar que escribir la Historia requiere de la memoria, pero no por eso puede soslayarse. La identidad cultural de los pueblos se construye a partir de lo que estos saben y recuerdan de su pasado, de los hechos y acontecimientos; y, sobre estos se edifican narrativas que dan cuenta de que pasó y cómo pasó. De allí la importancia y la función que ocupa la memoria en la sociedad. Pero la memoria es frágil y a la vez dúctil, susceptible de ser formada como un puñado de arcilla húmeda. En ese sentido suele haber intereses de quienes detentan el poder o ejercen influencia sobre él para silenciarla o moldearla. Poder y memoria, con frecuencia constituyen una relación desigual en donde el primero abusa repetidamente de la segunda. Al establecer una impronta en los imaginarios culturales y sociales se alcanza el resultado buscado: engañar la sociedad con fines netamente políticos.


Hay numerosos ejemplos de negacionismo y revisionismo histórico ejercidos por gobiernos, grupos de poder o de influencia mediática en el pasado reciente: los crímenes de guerra cometidos por Japón en la guerra con China, el por qué, el para qué y los efectos de las bombas sobre Hiroshima y Nagasaki, las circunstancias de la desintegración de América Latina y la persistente violencia padecida por sus pobladores, los crímenes de guerra cometidos por los serbios en las guerras en Yugoslavia, el genocidio turco contra los armenios, las purgas contra opositores, intelectuales y artistas durante el estalinismo, la exclusión de los armenios en la historia de Azerbaiyán, el número de víctimas durante las protestas de la plaza Tiananmen, los intentos de trazar una continuidad macedonia desde la antigüedad para legitimar el reclamo de la independencia, las pretensiones de revisar la magnitud del Holocausto. La enumeración puede alargarse.


Es claro entonces que no es inocua ni desarticulada la iniciativa del gobierno Duque para nombrar en instituciones dedicadas a recoger, conservar y dar a conocer la memoria –en especial, en lo relacionado al conflicto armado–, a personas cercanas al Centro Democrático, como Darío Acevedo, que han evidenciado posiciones negacionistas o revisionistas del conflicto. En lo corrido del año han decretado relevos en el Centro de Memoria Histórica (Cnmh), en el Archivo General, en el Museo Nacional y en la Biblioteca Nacional. En otras instituciones, como el Instituto Colombiano de Antropología e Historia (Icanh), se respira la zozobra de que el relevo pronto vendrá, en línea con lo mencionado arriba.


Lo anterior es más crítico cuando ocurre en un país que no ha logrado, a pesar de los intentos recientes, cerrar el conflicto de manera definitiva. Ha quedado en evidencia que las causas de este son profundamente estructurales y que un acuerdo de paz, unos actos legislativos y unas cuantas leyes a partir de los anteriores son insuficientes para poder pasar la página; el contrapeso político ha sido tan eficaz como funesto. El conflicto está vivo: el diálogo con el Eln suspendido, los ataques terroristas continúan, los líderes sociales diezmados por fuerzas oscuras que el Estado se niega a desenmascarar, el narcotráfico y las disidencias de las Farc copan espacios dejados por las viejas estructuras, la JEP sigue bajo asedio político y jurídico, las organizaciones de corte paramilitar mantienen el control en sectores y rutas estratégicas para el narcotráfico, la minga en el Cauca es ignorada y burlada por el presidente, el partido de gobierno insiste en polarizar a la sociedad (las vallas que increpan al ciudadano: “Y usted, ¿de qué lado está?”), el país desangrado por la corrupción mientras los intocables siguen rampantes… ejemplos no faltan para demostrar lo lejos que se vislumbra el fin del conflicto. En consecuencia, la memoria está en disputa mientras el conflicto sigue su curso bajo un gobierno que lo aviva y lo enciende y a la vez insiste en negar su existencia; de allí la precariedad, la fragilidad de la memoria que se ha preservado y la que se intenta preservar mientras los acontecimientos se siguen desplegando ante los ojos de la sociedad.


Por ello, surgen preguntas: ¿Qué pretende la administración Duque en torno a esos nombramientos en instituciones clave para la memoria del país? ¿Cuál es la intención última de estas decisiones? Y, en el mismo sentido: ¿Qué papel juega la memoria de las víctimas y protagonistas del conflicto en la construcción de la paz? ¿Quiénes escriben o deben dar cuenta de esa memoria?


Aquellos nombramientos representan, como menciona Arenas (1), un sector de la sociedad colombiana que no reconoce el conflicto armado, ni admite la responsabilidad del Estado en cientos de crímenes –entre ellos los llamados falsos positivos–, ni la de terceros involucrados, y que también rechaza la implementación de los acuerdos de paz de La Habana, y, más aún, la posibilidad de una salida negociada a la guerra. Es, como lo afirma, por otra parte, Pernett (2) la visión conservadora de la historia de Colombia, una que aduce que el país se ha malogrado a causa de algunos desadaptados que no han respetado el orden existente y que la única forma de enfrentar estos desórdenes ha sido a través de la aplicación de la mano dura. Y, –bajo esa misma visión conservadora– si algún exceso ha cometido el Estado ha sido en nombre de un bien mayor, de modo que sus agentes deben ser respetados a pesar de ello, al punto incluso de justificar las masacres contra civiles, como afirmó el expresidente y senador Uribe Vélez en su cuenta de Twitter el pasado 7 de abril: “Si la autoridad, serena, firme y con criterio social implica una masacre es porque del otro lado hay violencia y terror más que protesta”.


Los riesgos de un intervencionismo negacionista son múltiples: En primer lugar, la posibilidad que existe de silenciar, cambiar o moldear las narrativas sobre la identidad de nuestro país que se han construido, al menos, desde los eventos del 9 de abril de 1948. Basta con observar, por ejemplo, cómo, durante el ejercicio realizado por la Comisión Histórica del Conflicto y sus Víctimas, (Chcv, 2016), nombrada por la mesa negociadora de La Habana, varios de sus miembros, como Duncan, Torrijos y Jorge Giraldo, presentan ensayos para interpretar los orígenes del conflicto, en donde niegan o minimizan en diferentes escalas el conflicto como tal y lo atribuyen a una disputa entre paramilitares y guerrilleros en torno al tráfico de drogas. De otra parte, y como contraste, en la misma Comisión (3), se presentaron informes como el de Estrada y Vega –y la relatoría de Moncayo–, que reconocen los orígenes y las causas del conflicto a mediados, comienzos del siglo veinte o incluso antes y cómo los Estados Unidos ha tenido una injerencia directa desde mediados del siglo diecinueve. Menciona Arenas (4): “Controlar esas instituciones culturales e implementar en ellas políticas de memoria que silencien, nieguen, excluyan e invisibilicen implicará una evidente desigualdad en la posibilidad de registro, enunciación e identificación de las huellas del pasado y, seguramente, la imposición de una versión oficial sobre los hechos”. En segundo lugar, García (5) advierte los riesgos de generar una paz negativa, una “paz del olvido de ciertos crímenes y de la acentuación de otros”. En tercer lugar, lo que implicaría en el producido de esas entidades: publicaciones, reportes, informes, bibliografías y exhibiciones de museos, de archivos y de bibliotecas que pretendan invisibilizar los impactos del conflicto o los sesguen excluyendo a unas o varias de las partes del conflicto. En cuarto lugar, y aún más importante, que se niegue el derecho, directamente a las víctimas o representadas en organizaciones, colectivos, ONG, la academia y organizaciones sociales, a darle un sentido al pasado. Estamos, entonces, ante una disputa por restituirles la dignidad, por reivindicarles sus demandas, y por la defensa de los derechos humanos, por la justicia y por la reconciliación (6).


Lo cierto es que el país requiere de narrativas múltiples, de visiones pluralistas en las que las víctimas del conflicto, más allá de quienes fueron sus victimarios, puedan expresar su dolor y que ese dolor quede registrado en la memoria colectiva del país. Los victimarios, también en su proceso de reparación, tienen un espacio importantísimo para preservar esa memoria. No se trata de imponer unas narrativas sobre otras; ni de desbalancear las responsabilidades del conflicto, ni de ejercer venganzas, sino que la verdad y la memoria, sea narrada, preservada y honrada. Es sabido que “La preservación de la memoria histórica es uno de los mecanismos de la reparación simbólica a las víctimas del conflicto armado y un componente central del derecho a la verdad de las víctimas y sociedades” (7). De igual forma, por lo anterior, una de las formas de generar reconciliación es precisamente que “Se narren los hechos, que se haga historia, pero no historia tradicional sino memoria. Es narración de hechos y hechos desde el punto de vista ético, desde el punto de vista de las víctimas, de los silenciados, de las mujeres, de los niños, de los que han sido victimizados, de los que no han contado la historia […] y de esa manera es posible la reconciliación” (8).


El riesgo también está, en línea con lo anterior, que al tomar posesión de entidades como las mencionadas, por parte de un partido en el gobierno que desde antes de llegar al poder promovió el No en el plebiscito del 2017, se ahonde el proceso de entorpecer, obstaculizar e intentar deslegitimar los acuerdos (9), y que se acentúe la desfinanciación de todo lo que signifique mantener vivos los proyectos e iniciativas derivados de los acuerdos de paz.


El caso de Acevedo al frente del Cnmh es para preocuparse. Corresponde a un negacionista que sostiene –a pesar de haber militado en el ala política de Epl– que en Colombia no ha habido conflicto armado sino delincuencia asociada con el “narco terrorismo”. Con opiniones de esa naturaleza es legítima la intranquilidad por parte de sectores de la academia, las organizaciones de víctimas, las ONG y numerosos pensadores del país, que lo que pretende Acevedo, en últimas es intentar silenciar o moldear la historia reciente del país.


Por otro lado, el nombramiento de Enrique Serrano en el Archivo Nacional también ha levantado desconfianza por su tradición de pensamiento hispanista, europeizante y poca afinidad a lo que huela a “colombianidad”, a “criollo” o a la población originaria de América. Basta leer sus libros para entender su pensamiento al respecto. El nombramiento de un perfil como ese sorprende por partida doble: primero, en que se le haya designado para confiarle el acervo documental de nuestra identidad histórica y, segundo, en qué Serrano haya aceptado la responsabilidad por una memoria histórica a la que manifiesta tenerle tanta antipatía.


Igualmente levanta ampollas personas como Adriana Valderrama en el Museo Casa de la Memoria de Medellín –si bien fue nombrada hace casi tres años, parece encajar en el perfil de los recientes nombramientos de Duque– quien ha hecho reparos al trabajo del Cnmh y a lo que debe ser su relación con las víctimas (10).


Pero hay que ir más profundo a lo que puede ser transitorio; finalmente son funcionarios de turno, y es difícil pensar que, así detenten temporalmente el poder, puedan cambiar, alterar o negar la historia de nuestro conflicto. Afortunadamente, el terreno ganado no es poco en los últimos años. Existe un sólido conjunto de documentos, testimonios, exposiciones, declaraciones, confesiones (a nivel judicial y por fuera del sistema procesal), en las que han participado tanto víctimas como victimarios (11).


Podría parecer ingenuo temer que este laborioso andamiaje para construir memoria pudiese ser socavado por unos pocos. Por toda la geografía nacional brotan centros de memoria a través de la Red Colombiana de Lugares de Memoria: el Parque Monumento de Trujillo, Valle; el Museo Itinerante de la Memoria y la Identidad de los Montes de María, Bolívar; el Centro Comunitario Remanso de Paz, Pueblo Bello; la Casa de la Memoria de la Costa Pacífica Nariñense; el Centro de Memoria, Paz y Reconciliación en Bogotá; el Salón del Nunca Más, Granada, Antioquia; el Centro de Memoria del Conflicto, Valledupar, Cesar; el Centro integral de formación y fortalecimiento cultural Wiwa Sierra Nevada de Santa Marta; el Museo Caquetá; el Lugar de Memoria del Atrato, Bojayá, Chocó, y al menos otros diez, son prueba suficiente de que la memoria se recupera por toda la geografía nacional.


Sin embargo, no es para dormir tranquilo. A todos estos centros de memoria los persigue un fantasma llamado fuentes de financiación, si bien algunos requieren de sumas tan pequeñas como treinta millones de pesos al año para su operación. Desde el gobierno anterior los miembros de la red habían manifestado la precariedad de su supervivencia por falta de destinaciones específicas que aseguren su operación (12). La amenaza de minar la estructura financiera de estos lugares se extiende sin pausa y no sólo por vacíos jurídicos sino por decisiones administrativas que parecen seguir claras directrices de quienes no les interesa que la memoria se preserve. Otro ejemplo es el contra-monumento Fragmentos, obra realizada por la escultora Doris Salcedo a partir de la fundición de armas entregadas por las Farc. A menos de seis meses de inaugurado, ya acusa recortes presupuestales ejercidos por el actual gobierno. En esa línea, el PND 2018-2022, en curso en el Congreso, tiene previstos serios recortes para la paz (13). La conclusión es que no es necesario intervenir físicamente la memoria para silenciarla o moldearla. Basta con quitarle el oxígeno, desconectarle los recursos para que agonice y muera.


La pregunta que subsiste es ¿de qué manera puede garantizarse la independencia, el funcionamiento y el sostenimiento de estos lugares sin que queden sujetos al vaivén de los gobernantes de turno? Es sabido que hay instituciones que no pueden ser estatales pues corren el riesgo de politizarse. Por ello, parecería necesario dotar a nuestros centros de memoria de autonomía presupuestal, y de los mecanismos necesarios para que sus directores sean nombrados no por los políticos de turno sino por organizaciones y colectivos que representen a las víctimas del conflicto. La academia también tiene responsabilidad, al menos parcial, para financiar y asegurar la subsistencia de dichos centros. En otros lugares del mundo se ha logrado, no sin dificultades, en torno a la financiación de las comisiones de la Verdad. Es necesario preservar la memoria sin los sobresaltos de gobiernos negacionistas y revisionistas y más aún, garantizar la autonomía presupuestal y administrativa a los centros de documentación y memoria histórica que permita honrar las víctimas y sus narrativas, y por allí mismo las de una parte importante de la nación (que aunque fue derrotada en el plebiscito del 2016) sueña con la paz y la reconciliación.


Ahora bien, al ampliar la imagen a un plano general, es posible comprender cuánto hay en juego. Cuando lo que se busca privilegiar el ignorar y el olvidar sobre el recordar; cuando el pensamiento crítico que surge de las más hondas raíces del positivismo es desestimado, cuando lo que se prefiere es la venganza sobre el perdón y la reconciliación, cuando se desconocen los avances hechos por una sociedad que quiere, por fin, una paz estable y duradera, es posible vislumbrar el alcance y las pretensiones de un gobierno negacionista y revisionista.


Otros países enfrentan los mismos retos. La memoria de las víctimas está en vilo en muchos lugares. Hay una suerte de abandono estatal para conocer y preservar la verdad. Los crímenes cometidos por el franquismo, el nazismo y la dictadura de Pinochet siguen siendo una herida abierta para los familiares de los desaparecidos y de las víctimas. Un informe del Consejo de Europa (14) amplía la lista de países que no establecen “la verdad sobre las personas desaparecidas” a Armenia, Azerbaiyán, Irlanda del Norte, Georgia, Rusia, Turquía, los Balcanes occidentales, Ucrania y España. Las leyes de memoria histórica, entre ellas, la de España, son frágiles y no se cumplen como es debido. Mientras Macron intenta abrir los archivos de la guerra de Argelia (1954-1962) y reconoce que Francia legalizó la tortura durante el conflicto, Marine Le Pen se opone para no “reabrir heridas” (15). Las Comisiones de la Verdad enfrentan múltiples obstáculos; en Chile se le ha querido silenciar o limitarla en sus alcances (16). Son, paradójicamente, campos de batalla por la memoria. Por otra parte, las leyes de amnistía, de punto final, así como la presión ejercida por influyentes grupos políticos involucrados o herederos ideológicos de los crímenes cometidos entorpecen su labor. En consecuencia, la disputa por la memoria es un asunto crítico que tiene implicaciones profundas en la sociedad y en las narrativas identitarias de los pueblos que han atravesado los horrores de la guerra.


No es impertinente intentar trazar enlaces entre el tipo de sociedad en la que Winston Smithvive –1984 no es más que una distopía literaria, pero no por ello deja de ser aterradoramente premonitoria– y la que hoy acecha al individuo de nuestra época. Winston, comprende, finalmente, tras ser torturado por la Policía del Pensamiento, la verdad de los tres eslóganes del Gran Hermano: La Paz es Guerra, la Libertad es Esclavitud, la Ignorancia es Fortaleza. Su voluntad ha sido quebrantada, su mundo íntimo ha dejado de existir. Sentado en un café, entiende que ahora ama al Gran Hermano y sonríe estúpidamente al ver su imagen en un afiche en la pared.

 

1. Arenas, S., “La memoria en disputa”, en Hacer memoria, http://hacemosmemoria.org/2019/02/28/la-memoria-en-disputa/, 2019.
2. Pernett, N., “El uribismo y su campaña para moldear la memoria”, en Razón pública, https://www.razonpublica.com/index.php/econom-y-sociedad-temas-29/11823-el-uribismo-y-su-campana-para-moldear-la-memoria.html, 2019.
3. Comisión Historia del Conflicto y sus Víctimas (CHVC) (2016), Contribución al entendimiento del conflicto amado en Colombia, Ediciones Desde Bajo, Bogotá
4. Hacer memoria..., op. cit.
5. García D. , “La memoria, la historia y lo ausentes en la disputa por la verdad”, en El Espectador, 24 de marzo 2019.
6. Arenas, S., Hacer memoria..., op. cit.
7. Centro Nacional de Memoria Histórica, Museo Nacional de la Memoria: un lugar para el encuentro. Lineamientos conceptuales y guion museológico, en http://www.centrodememoriahistorica.gov.co/descargas/informes-accesibles/museo-lineamientos_accesible.pdf, 2017.
8. Ibídem.
9. Como por ejemplo las objeciones del presidente a la ley estatutaria de la JEP bajo argumentos como “estamos a solo seis artículos de alcanzar la paz”,
10. Pernett, N., “El uribismo y...., “, op. cit.
11. Véase, por ejemplo, la entrevista “Quiero que todo el país sepa la verdad que conté: Pirabán” publicada en El Espectador 14 abril 2019 a Manuel Piraban (Jorge Pirata), ex líder del grupo Pitada de los Llanos quien tras haber cumplido pena de prisión ha regresado a la vida civil para reunirse con las víctimas de sus masacres y sus crímenes, no solo para pedir perdón sino para responder las preguntas y angustias de los familiares de sus víctimas. También, la exposición Ríos y Silencios, montada por Juan Manuel Echavarría en el MAM en enero de 2018 y del que hay una cartilla coleccionable .
12. Verdad Abierta, “Nosotros ya tenemos la memoria” en https://verdadabierta.com/nosotros-ya-tenemos-la-memoria-historica/, 2016.
13. El Nuevo Siglo, “Audiencia pública tras recortes para paz PND 20018-2022”, febrero 15 de 2019.
14. El Diario, en https://www.eldiario.es/sociedad/Europa-Espana-abandono-victimas-desaparicion_0_495901430.html, 2016.
15. Rtve, Memoria histórica en Francia, Macron reconoce públicamente que Francia legalizó la “tortura” durante la guerra de Argelia en http://www.rtve.es/noticias/20180913/macron-reconoce-publicamente-francia-legalizo-tortura-durante-guerra-argelia/1797861.shtml, 2018.
16. Bernasconi Ramírez, Oriana, Daniela Mansilla Santelices y Rodrigo Suárez Madariaga. 2019. “Las comisiones de la verdad en las batallas de la memoria: usos y efectos disputados de la verdad extrajudicial en Chile”. Colombia Internacional (97): 27-55. https://doi.org/10.7440/colombiaint97.2019.02

*Escritor. Integrante del Consejo de Redacción de Le Monde diplomatique, edición Colombia. Su novela más reciente es La sembradora de cuerpos, Seix Barral, 2019.

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Adriana Gómez, Laboratorio de la serie “Tapia pisada”, 40 x 17 x 17 cm., cerámica/madera, 2013 (Cortesía de la autora)

¿Cómo ha podido llegar nuestro país al punto donde se encuentra? ¿Cómo es posible que en medio de la prolongada barbarie registrada acá durante los últimos 70 años, por lo menos, el dominio de quienes siempre lo han controlado se mantenga y se prolongue? ¿Cómo es posible que en un país de tan inocultables desigualdades haya gente que las justifique como el lógico resultado de la naturaleza humana, es decir, aquello de que “siempre hay y habrá pobres y ricos”?


Estos y otros interrogantes posibles, que pueden llenar cuatillas, resisten diversas respuestas, entre ellas el consabido imperio de la fuerza, así como los efectos de su despliegue, es decir, los miedos, tal vez por comodidad –“Es mejor no meterse en cosas ‘que no son conmigo’”. Son estas las actitudes derivadas en parte del efecto colateral de una violencia prolongada con sus vientos asesinos hasta todo aquel o aquella que “mete la nariz donde no le han llamado”.


Por fuera no queda la posibilidad de conformismo, producto derivado de una sociedad presionada a romper sus lazos más profundos de solidaridad natural, hasta llevarla a la fragmentación y/o atomización, todo ello como resultado de los últimos 50 años de guerra abierta contra la sociedad, tanto en lo militar como en lo económico social.


Las respuestas, como es posible inferir, también pueden llenar una o más cuartillas. Así puede ser. ¿Pero esta realidad no tendrá que ver, sin dejar de lado las opciones relacionadas, con el hacer y el dejar hacer de los medios de comunicación hegemónicos en Colombia?


Como es sabido, el dominio social es más fácil de concretar si el dominado carece de conciencia sobre ello –alienación–, pero también si el dominado lo acepta con toda conciencia –identidad y sumisión–. La fuerza impone pero también cosecha repulsa, lo que no sucede con el dominio social, que hace ver como normales la pasividad, el conformismo, el miedo, la tolerancia, el individualismo, la atomización.


Y así ha ocurrido entre nosotros a través de un relato, tejido poco a poco, a lo largo de décadas; zurciendo ideas, conceptos, imágenes, razones, como hilos de una sola prenda, amarillo, azul, rojo, que al final son la camisa, el gorro o la bata conocida como historia nacional, de la cual se desprende el simplificado decir de que “Así somos los colombianos”.


Ese relato pasa de generación en generación, en una primera época mediante la evangelización, para ser reforzada luego por el sistema educativo, fortalecido en una tercera etapa por la acción ideológica de multitud de iglesias, ahora no sólo la católica, que pierde el control hegemónico de las almas, con un reforzamiento en el día a día, en tercera y cuarta épocas, por los medios de comunicación, baluartes en una primera fase de los dos únicos partidos políticos que han gobernado el país, y ahora expresión del poder financiero-empresarial que reina entre nosotros.


Amarillo


Los medios de comunicación, con sus modalidades de cubrir la cotidianidad nuestra como nación, ocultan los factores de poder que determinan, con su forma de gobernar, la Colombia realmente existente, esa que registra un Gini de 0,886 en la concentración de la tierra, y en que el 10 por ciento más rico de la población acapara el 70,2 por ciento de la riqueza nacional. En Colombia, la brecha que algún presidente prometió cerrar, sin cumplir con su cometido, 48 años después de su promesa “8.500 propietarios son dueños del 77 por ciento de los CDT depositados en el sistema bancario, y 9.200 son dueños del 65 por ciento de los depósitos de ahorros”, como consecuencia de lo cual “[…] el Gini de la distribución de los depósitos financieros es un asombroso 0,92 para los CDT, 0,94 para los depósitos de ahorro y 0,97 para las cuentas corrientes” (1)


Es función del periodismo genuino interrogar, cuestionar, dudar, ahondar, llamar la atención… Pero los medios criollos soslayan los reiterados informes internacionales que indican que el nuestro es uno de los países más desiguales del mundo. ¿O en alguna ocasión han cuestionado que la concentración de riqueza alcance una continuidad nunca rota, a pesar de todos los planes de los gobernantes de turno, con lo cual cumplen con la norma constitucional pero no mucho más? ¿Cuándo les brindan suficiente espacio y eco a las voces críticas que llaman la atención sobre esta realidad y proponen medidas de cambio para romperla?


En Colombia, la labor periodística de los medios oficiosos, con sus focos puestos donde no corresponde, contribuye a ocultar razones y realidades, tanto como a prolongar y profundizar la sombra de la desigualdad social que reina entre nosotros. Es una labor seudoinformativa que engendra analfabetismo político –y, como consecuencia de ello, apatía por la cosa pública–, que domina entre amplias capas sociales. Tal analfabetismo les otorga asidero a razonamientos populares para explicarse la realidad de miseria que los agobia como reflejo de su “mala suerte”, de su “incapacidad de trabajo”, o porque “así lo quiere Dios”.


Por tanto, no asombra que, al conocerse cada año los balances de las sociedades financieras y corporativas en general, haya ausencia de un necesario cuestionamiento de los altos rendimientos del sector financiero, por ejemplo, que para 2018 suman 24 billones, 9,2 billones en el caso exclusivo de los bancos. Ello, mientras millones de connacionales viven en la angustia de no saber cómo harán para sacar adelante el día que viene.


Estamos entonces ante un silencio cómplice frente a la persistencia de esta injusta estructura social, y un modelo económico que hace décadas mostró sus límites y su fracaso social. Ese silencio no es censura sino simple reflejo de identidad ideológica y política entre un periodismo dominante y sectores igualmente dominantes, connivencia entre patronal y empleados, en este caso entre los dueños de los medios de comunicación –en su mayoría grupos económicos, multilatinos algunos de ellos, con intereses en el sector financiero– y quienes dirigen estos medios de comunicación (2). Son expresiones de identidad ideológica y desinformación, como se puede constatar cuando un periodista –creador de opinión– se refiere con alegría a la evolución ascendente del precio de petróleo, pues “es lo que el país necesita”, cuando precisamente esa realidad del petróleo, y el giro del país a depender en su economía de la evolución de su precio, es parte de la explicación de la fragilidad económica que lo hace proclive a todo tipo de variables geopolíticas, abriéndolo aún más al sometimiento y el neocoloniaje.


Azul


Está registrado por la memoria de nuestro país: la clase enquistada y alimentada por el patrimonio común, que es de todos los colombianos, no tiene ética de lo público ni respeto por los derechos humanos ni dignidad ni autoestima, por todo lo cual el sueño de soberanía no integra su ideario, si es que tiene alguno diferente de ensanchar sus bolsillos con billetes verdes.


Esa realidad se traduce en ausencia de sentimiento nacional y soberano, resplandeciente en infinidad de sucesos, como en la inexistente voluntad para impedir el zarpazo sobre Panamá; la postración ante la United Fruit Company, con impunidad ante los cientos de asesinados en 1928 en Ciénaga y sus alrededores, como lo recordó Gaitán cuando les dijo que “[…] el gobierno tiene la metralla para los hijos de la patria y la temblorosa rodilla en tierra ante el oro americano”. Es una realidad oprobiosa que persiste a pesar del paso del tiempo, según la reciente acción de mando del embajador de los Estados Unidos al exigirle a una delegación de parlamentarios ciertas decisiones ante el tema de la JEP. Tal injerencia en asuntos internos del país encontró un total silencio de la Cancillería. La ausencia de sentimiento nacional también resalta en la conducción de las Fuerzas Armadas bajo la doctrina gringa, la selección de su mando y la creación del paramilitarismo como producto de la guía de combate de aquel país; el estímulo y el uso del narcotráfico como mecanismo de división y control social; la renuncia del modelo de desarrollo propio para acoger el “sueño americano” y con él la pérdida de soberanía alimentaria, así como la multiplicación de la deuda pública. En los días que corren, el gobierno colombiano actúa bajo su ala para instigar un golpe de Estado o una guerra civil en Venezuela.


Sobre estos y otros sucesos que aún viven en la memoria nacional, así no cejen en la pretensión de reescribirla, el silencio y la complicidad es lo que han garantizado los existentes medios oficiosos, primero los escritos, partidistas todos ellos en las primeras décadas del siglo XX y luego corporativos, ya no sólo escritos sino también radiales, televisivos y digitales.


De esta clase dominante no puede nacer un auténtico proyecto de integración y complemento regional, ni de los medios hegemónicos el reclamo para hacer realidad el proyecto bajo el cual se movilizaron las fuerzas independentistas en la segunda y la tercera décadas del siglo XIX, proyecto sin el cual nuestro país, y nuestros hermanos de siempre, nada podremos aportar que valga la pena a otros pueblos, en procura de justicia e igualdad global.


De este cuadro analizado surge la ausencia de sentido nacional y amor por lo propio, con sentido internacionalista, que hoy reclama un proyecto cultural, educativo, y de ciencia y tecnología propios, bajo el cual, en el mediano plazo, nos desliguemos de los controles de todo tipo que trae la dependencia en computación y desarrollo digital en general. Tras una labor de este tipo pudiera resultar posible un papel para desplegar un sistema de comunicación e información nacional, metas que no son de poca monta, toda vez que nos debieran llamar la atención en todo momento las implicaciones que tiene el software privativo, así como los efectos y las posibilidades, como retos que nos deparan las revoluciones industriales, la tercera y la cuarta, que estamos viviendo.


Rojo


Ausencia de amor por lo propio, y de proyecto nacional, continental y global, reiterado y fortalecido por el silencio mediático –complacencia con lo que estaba en curso–, cuando, al acoger el gobierno de César Gaviria (1990-94) el ideario neoliberal y todo el recetario del Consenso de Washington, empezó la piñata para feriar lo público bajo el prurito de la eficiencia del sector privado, sofisma impresentable e insostenible a la luz de la realidad pretérita y actual.


Esa piñata se llevó a cabo en el curso de la última década del siglo XX, a pesar de la resistencia de sectores sociales como los trabajadores de Telecom y sus vanguardias sindicales, cuya dirigencia fue a dar a la cárcel, sin cuestionamiento ni reclamo por lo sucedido de parte de los medios radiales, escritos o visuales.


Dos décadas y media antes de tal proceder, en mayo de 1964, el poder enquistado desde el siglo XIX en nuestro país desplegó una operación aérea y terrestre para arrasar con un pequeño grupo de campesinos que con sus armas se oponían a ser despojados de sus tierras, enseres y pocos semovientes con que contaban. Tratados por fuera del contexto en que habían surgido como resistencia campesina, y con plena complacencia de los terratenientes y el poder capitalino –de espaldas a la Colombia real–, la operación contó con eco mediático desinformante. Desde ese mismo momento, y mucho antes, como ocurrió con las guerrillas liberales, el origen, la trayectoria y la realidad profunda del conflicto agrario en nuestro país, proyectados años después en conflicto urbano, y ampliados al cuestionamiento del monopolio del poder, nunca fue cubierto con un análisis profundo de sus causas y medidas alternativas para ser resuelto mediante una solución conveniente para todo el país.


Dos décadas después de esta acometida militar, tras el gobierno de Julio César Turbay (1978-82), en el cual la norma fue la tortura para todas las disidencias, con cárceles repletas de presos políticos ‘juzgados’ por militares, sin la oposición de los medios al irrespeto de los derechos humanos, llega el tiempo del despliegue paramilitar abierto, apertura de este ciclo –que aún no se cierra– que tiene como acción visible el paso de una avioneta sobre Medellín lanzando volantes que anunciaban la conformación del MAS (Muerte a Secuestradores), alianza de narcotraficantes protegida y utilizada por las Fuerzas Armadas para enfrentar a la insurgencia de la época. Tales narcotraficantes crecieron y se fortalecieron a la sombra del sistema bancario y de los poderes políticos y económicos siempre vigentes en varias regiones del país.


Luego, tras la división del MAS, ven la luz los Pepes (Perseguidos por Pablo Escobar), unidad de matones del Cartel de Cali que, en alianza con la DEA y las Fuerzas Armadas nacionales, les darían potencia y fuerza a los paramilitares en diversas regiones del país, hasta centralizar su accionar en las AUC (Autodefensas Unidas de Colombia) bajo el mando de Carlos Castaño, hecho que recibe amplia resonancia en los medios dominantes, además de protección oficial.
Lo que vendría luego, con cientos de masacres, está fresco en la memoria nacional, y muchas de sus víctimas sobrevivientes hoy luchan por recuperar lo que aquellas bandas les arrebataron, además de poder narrar los sucesos que cambiaron sus vidas y las de los suyos.


Recuerda la memoria popular que en esta época las masacres ganaron multiplicación por todo el territorio nacional, y que, sumadas éstas con las acaecidas en otras décadas, fácilmente redondean las 5.000 (3), es decir, alrededor de 300 mil connacionales asesinados a sangre fría, bajo el silencio y la complacencia oficiales, y sin el debido cubrimiento esclarecedor por los medios de comunicación existentes. Más de siete millones de desplazados y de 82 mil desaparecidos son la otra parte de la historia nacional, la cual recuerda que el poder no repara en métodos ni recursos para protegerse y prolongarse en sus dominios.


¿Tiene nuestro conflicto armado, con los poderes que lo atizaron año tras año, soporte estructural o es simple expresión de grupos por el control regional para el sembrado de coca, y el aseguramiento de rutas para el envío de narcóticos allende nuestras fronteras? ¿Surge este conflicto, y tiene prolongación, por la acción de un Estado y de la clase que lo controla, aliada con una red corporativa acorazada en una potencia supranacional que nos asume como parte de sus dominios o responde a un simple complot internacional?


Estos interrogantes son parte de la disputa que hoy atiza la lucha por la memoria nacional, con expresión en archivos, museos, centros de memoria y similares. En todo ello, en la distorsión de la realidad del conflicto armado que por décadas hemos padecido, en su ocultamiento y su negación, mucho tienen que ver los medios de comunicación oficiosos –escritos, radiales, televisivos. ¿Cumplirán un papel diferente esos medios en el debate por la memoria nacional a que dan lugar los Acuerdos firmados en La Habana, y luego refrendados en Cartagena y el Teatro Colón de Bogotá?


La respuesta que nos brinden los años que vienen permitirán, o bien entrelazar de manera más fina los hilos del amarillo, azul y rojo, parte de nuestra identidad y memoria, o bien tensionarlos hasta hacer que se rompan. Uno u otro camino abonarán a la continuidad de la guerra o, por el contrario, a su resolución definitiva, una paz inédita que nos debe brindar espacio y luces para habitar la tierra de manera creadora.

 

1. Varios autores, La desigualdad en Colombia, Editorial Oveja Negra, pp. 57-60, 2018.
2. Principales medios de comunicación y sus propietarios: Caracol televisión, incluye el diario El Espectador y otros medios (Valorem S.A.), El Tiempo y otros medios (Grupo Sarmiento Angulo), Caracol Radio, W Radio y otros medios, (Grupo Prisa), RCN, radio y televisión (conglomerado de Carlos Ardila Lulle), revista Semana (grupo Gilinski y Felipe López Caballero), Canal 1 (Daniel Coronell, Yamit Amat, César Gaviria y otros). El Colombiano, La República, Vanguardia Liberal, El Heraldo, La Tarde y otros medios con importante influencia local/regional, aún están en manos de sociedades familiares.
3. La Convención internacional indica que se designa como masacre el asesinato en un mismo lugar y que implica a cuatro o más víctimas.

Martes, 28 Mayo 2019 08:37

¡La memoria es nuestra!

Adriana Gómez,  Inundados de la serie “Tapia pisada”, 50 x 80 cm., técnica mixta/mdf, 2011 (Cortesía de la autora)

El Ministerio de la Verdad se ocupa de manipular o destruir documentos históricos como fotografías, libros y periódicos para lograr que las evidencias del pasado coincidan con la versión oficial de la historia narrada por el partido que gobierna, al parecer, desde siempre. Winston Smith es funcionario del ministerio, editor de memoria histórica. Vive en una Londres lúgubre e hiper-vigilada por telepantallas que recuerdan a todos que el Gran Hermano siempre vigila. En el mundo hay tres superpotencias: Oceanía, Eurasia y Asia Oriental. La historia oficial dice que Oceanía –regida por el Gran Hermano–, y Eurasia, siempre han sido aliadas contra Asia Oriental. Hay un enemigo a odiar, Emanuel Goldstein, a quien cada día se dedican tres minutos de odio. Inesperadamente, Oceanía y Eurasia entran en guerra y Oceanía se alía con Asia Oriental. Hay que cambiar la historia para que aparezca como si siempre Oceanía y Asia Oriental hubiesen sido aliadas contra Eurasia. Winston procura mantener la cordura; escribe en su diario: “Aquel que controla el presente, controla el pasado. El que controla el pasado, controla el futuro”.

 

¡La memoria es nuestra!


Lo anterior corresponde a la trama de 1984 de George Orwell. Es una representación del negacionismo histórico, una práctica usada por ciertos gobiernos (apoyados en historiadores cómplices) para distorsionar, ilegalmente, los registros históricos. Los métodos utilizados son diversos: borrar o destruir fuentes, presentar documentos falsos como auténticos, atribuir conclusiones a libros que en realidad demuestran lo contrario, manipular estadísticas para soportar un cierto punto de vista o perspectiva. ¿Con qué propósito? Alcanzar un fin político, transferir las culpas del conflicto al otro, satanizar al enemigo, proveer la falsa ilusión de una victoria. Una vertiente del negacionismo, pero distinta, es el revisionismo histórico, que se encarga de reescribir lo que hasta entonces se ha preservado como memoria de lo sucedido y busca una interpretación distinta de los hechos o, lo que es más común, minimizarlos o trivializarlos con el fin de acomodar los intereses de quienes pretenden ese intervencionismo sobre la memoria.


Es elemental señalar que escribir la Historia requiere de la memoria, pero no por eso puede soslayarse. La identidad cultural de los pueblos se construye a partir de lo que estos saben y recuerdan de su pasado, de los hechos y acontecimientos; y, sobre estos se edifican narrativas que dan cuenta de que pasó y cómo pasó. De allí la importancia y la función que ocupa la memoria en la sociedad. Pero la memoria es frágil y a la vez dúctil, susceptible de ser formada como un puñado de arcilla húmeda. En ese sentido suele haber intereses de quienes detentan el poder o ejercen influencia sobre él para silenciarla o moldearla. Poder y memoria, con frecuencia constituyen una relación desigual en donde el primero abusa repetidamente de la segunda. Al establecer una impronta en los imaginarios culturales y sociales se alcanza el resultado buscado: engañar la sociedad con fines netamente políticos.


Hay numerosos ejemplos de negacionismo y revisionismo histórico ejercidos por gobiernos, grupos de poder o de influencia mediática en el pasado reciente: los crímenes de guerra cometidos por Japón en la guerra con China, el por qué, el para qué y los efectos de las bombas sobre Hiroshima y Nagasaki, las circunstancias de la desintegración de América Latina y la persistente violencia padecida por sus pobladores, los crímenes de guerra cometidos por los serbios en las guerras en Yugoslavia, el genocidio turco contra los armenios, las purgas contra opositores, intelectuales y artistas durante el estalinismo, la exclusión de los armenios en la historia de Azerbaiyán, el número de víctimas durante las protestas de la plaza Tiananmen, los intentos de trazar una continuidad macedonia desde la antigüedad para legitimar el reclamo de la independencia, las pretensiones de revisar la magnitud del Holocausto. La enumeración puede alargarse.


Es claro entonces que no es inocua ni desarticulada la iniciativa del gobierno Duque para nombrar en instituciones dedicadas a recoger, conservar y dar a conocer la memoria –en especial, en lo relacionado al conflicto armado–, a personas cercanas al Centro Democrático, como Darío Acevedo, que han evidenciado posiciones negacionistas o revisionistas del conflicto. En lo corrido del año han decretado relevos en el Centro de Memoria Histórica (Cnmh), en el Archivo General, en el Museo Nacional y en la Biblioteca Nacional. En otras instituciones, como el Instituto Colombiano de Antropología e Historia (Icanh), se respira la zozobra de que el relevo pronto vendrá, en línea con lo mencionado arriba.


Lo anterior es más crítico cuando ocurre en un país que no ha logrado, a pesar de los intentos recientes, cerrar el conflicto de manera definitiva. Ha quedado en evidencia que las causas de este son profundamente estructurales y que un acuerdo de paz, unos actos legislativos y unas cuantas leyes a partir de los anteriores son insuficientes para poder pasar la página; el contrapeso político ha sido tan eficaz como funesto. El conflicto está vivo: el diálogo con el Eln suspendido, los ataques terroristas continúan, los líderes sociales diezmados por fuerzas oscuras que el Estado se niega a desenmascarar, el narcotráfico y las disidencias de las Farc copan espacios dejados por las viejas estructuras, la JEP sigue bajo asedio político y jurídico, las organizaciones de corte paramilitar mantienen el control en sectores y rutas estratégicas para el narcotráfico, la minga en el Cauca es ignorada y burlada por el presidente, el partido de gobierno insiste en polarizar a la sociedad (las vallas que increpan al ciudadano: “Y usted, ¿de qué lado está?”), el país desangrado por la corrupción mientras los intocables siguen rampantes… ejemplos no faltan para demostrar lo lejos que se vislumbra el fin del conflicto. En consecuencia, la memoria está en disputa mientras el conflicto sigue su curso bajo un gobierno que lo aviva y lo enciende y a la vez insiste en negar su existencia; de allí la precariedad, la fragilidad de la memoria que se ha preservado y la que se intenta preservar mientras los acontecimientos se siguen desplegando ante los ojos de la sociedad.


Por ello, surgen preguntas: ¿Qué pretende la administración Duque en torno a esos nombramientos en instituciones clave para la memoria del país? ¿Cuál es la intención última de estas decisiones? Y, en el mismo sentido: ¿Qué papel juega la memoria de las víctimas y protagonistas del conflicto en la construcción de la paz? ¿Quiénes escriben o deben dar cuenta de esa memoria?


Aquellos nombramientos representan, como menciona Arenas (1), un sector de la sociedad colombiana que no reconoce el conflicto armado, ni admite la responsabilidad del Estado en cientos de crímenes –entre ellos los llamados falsos positivos–, ni la de terceros involucrados, y que también rechaza la implementación de los acuerdos de paz de La Habana, y, más aún, la posibilidad de una salida negociada a la guerra. Es, como lo afirma, por otra parte, Pernett (2) la visión conservadora de la historia de Colombia, una que aduce que el país se ha malogrado a causa de algunos desadaptados que no han respetado el orden existente y que la única forma de enfrentar estos desórdenes ha sido a través de la aplicación de la mano dura. Y, –bajo esa misma visión conservadora– si algún exceso ha cometido el Estado ha sido en nombre de un bien mayor, de modo que sus agentes deben ser respetados a pesar de ello, al punto incluso de justificar las masacres contra civiles, como afirmó el expresidente y senador Uribe Vélez en su cuenta de Twitter el pasado 7 de abril: “Si la autoridad, serena, firme y con criterio social implica una masacre es porque del otro lado hay violencia y terror más que protesta”.


Los riesgos de un intervencionismo negacionista son múltiples: En primer lugar, la posibilidad que existe de silenciar, cambiar o moldear las narrativas sobre la identidad de nuestro país que se han construido, al menos, desde los eventos del 9 de abril de 1948. Basta con observar, por ejemplo, cómo, durante el ejercicio realizado por la Comisión Histórica del Conflicto y sus Víctimas, (Chcv, 2016), nombrada por la mesa negociadora de La Habana, varios de sus miembros, como Duncan, Torrijos y Jorge Giraldo, presentan ensayos para interpretar los orígenes del conflicto, en donde niegan o minimizan en diferentes escalas el conflicto como tal y lo atribuyen a una disputa entre paramilitares y guerrilleros en torno al tráfico de drogas. De otra parte, y como contraste, en la misma Comisión (3), se presentaron informes como el de Estrada y Vega –y la relatoría de Moncayo–, que reconocen los orígenes y las causas del conflicto a mediados, comienzos del siglo veinte o incluso antes y cómo los Estados Unidos ha tenido una injerencia directa desde mediados del siglo diecinueve. Menciona Arenas (4): “Controlar esas instituciones culturales e implementar en ellas políticas de memoria que silencien, nieguen, excluyan e invisibilicen implicará una evidente desigualdad en la posibilidad de registro, enunciación e identificación de las huellas del pasado y, seguramente, la imposición de una versión oficial sobre los hechos”. En segundo lugar, García (5) advierte los riesgos de generar una paz negativa, una “paz del olvido de ciertos crímenes y de la acentuación de otros”. En tercer lugar, lo que implicaría en el producido de esas entidades: publicaciones, reportes, informes, bibliografías y exhibiciones de museos, de archivos y de bibliotecas que pretendan invisibilizar los impactos del conflicto o los sesguen excluyendo a unas o varias de las partes del conflicto. En cuarto lugar, y aún más importante, que se niegue el derecho, directamente a las víctimas o representadas en organizaciones, colectivos, ONG, la academia y organizaciones sociales, a darle un sentido al pasado. Estamos, entonces, ante una disputa por restituirles la dignidad, por reivindicarles sus demandas, y por la defensa de los derechos humanos, por la justicia y por la reconciliación (6).


Lo cierto es que el país requiere de narrativas múltiples, de visiones pluralistas en las que las víctimas del conflicto, más allá de quienes fueron sus victimarios, puedan expresar su dolor y que ese dolor quede registrado en la memoria colectiva del país. Los victimarios, también en su proceso de reparación, tienen un espacio importantísimo para preservar esa memoria. No se trata de imponer unas narrativas sobre otras; ni de desbalancear las responsabilidades del conflicto, ni de ejercer venganzas, sino que la verdad y la memoria, sea narrada, preservada y honrada. Es sabido que “La preservación de la memoria histórica es uno de los mecanismos de la reparación simbólica a las víctimas del conflicto armado y un componente central del derecho a la verdad de las víctimas y sociedades” (7). De igual forma, por lo anterior, una de las formas de generar reconciliación es precisamente que “Se narren los hechos, que se haga historia, pero no historia tradicional sino memoria. Es narración de hechos y hechos desde el punto de vista ético, desde el punto de vista de las víctimas, de los silenciados, de las mujeres, de los niños, de los que han sido victimizados, de los que no han contado la historia […] y de esa manera es posible la reconciliación” (8).


El riesgo también está, en línea con lo anterior, que al tomar posesión de entidades como las mencionadas, por parte de un partido en el gobierno que desde antes de llegar al poder promovió el No en el plebiscito del 2017, se ahonde el proceso de entorpecer, obstaculizar e intentar deslegitimar los acuerdos (9), y que se acentúe la desfinanciación de todo lo que signifique mantener vivos los proyectos e iniciativas derivados de los acuerdos de paz.


El caso de Acevedo al frente del Cnmh es para preocuparse. Corresponde a un negacionista que sostiene –a pesar de haber militado en el ala política de Epl– que en Colombia no ha habido conflicto armado sino delincuencia asociada con el “narco terrorismo”. Con opiniones de esa naturaleza es legítima la intranquilidad por parte de sectores de la academia, las organizaciones de víctimas, las ONG y numerosos pensadores del país, que lo que pretende Acevedo, en últimas es intentar silenciar o moldear la historia reciente del país.


Por otro lado, el nombramiento de Enrique Serrano en el Archivo Nacional también ha levantado desconfianza por su tradición de pensamiento hispanista, europeizante y poca afinidad a lo que huela a “colombianidad”, a “criollo” o a la población originaria de América. Basta leer sus libros para entender su pensamiento al respecto. El nombramiento de un perfil como ese sorprende por partida doble: primero, en que se le haya designado para confiarle el acervo documental de nuestra identidad histórica y, segundo, en qué Serrano haya aceptado la responsabilidad por una memoria histórica a la que manifiesta tenerle tanta antipatía.


Igualmente levanta ampollas personas como Adriana Valderrama en el Museo Casa de la Memoria de Medellín –si bien fue nombrada hace casi tres años, parece encajar en el perfil de los recientes nombramientos de Duque– quien ha hecho reparos al trabajo del Cnmh y a lo que debe ser su relación con las víctimas (10).


Pero hay que ir más profundo a lo que puede ser transitorio; finalmente son funcionarios de turno, y es difícil pensar que, así detenten temporalmente el poder, puedan cambiar, alterar o negar la historia de nuestro conflicto. Afortunadamente, el terreno ganado no es poco en los últimos años. Existe un sólido conjunto de documentos, testimonios, exposiciones, declaraciones, confesiones (a nivel judicial y por fuera del sistema procesal), en las que han participado tanto víctimas como victimarios (11).


Podría parecer ingenuo temer que este laborioso andamiaje para construir memoria pudiese ser socavado por unos pocos. Por toda la geografía nacional brotan centros de memoria a través de la Red Colombiana de Lugares de Memoria: el Parque Monumento de Trujillo, Valle; el Museo Itinerante de la Memoria y la Identidad de los Montes de María, Bolívar; el Centro Comunitario Remanso de Paz, Pueblo Bello; la Casa de la Memoria de la Costa Pacífica Nariñense; el Centro de Memoria, Paz y Reconciliación en Bogotá; el Salón del Nunca Más, Granada, Antioquia; el Centro de Memoria del Conflicto, Valledupar, Cesar; el Centro integral de formación y fortalecimiento cultural Wiwa Sierra Nevada de Santa Marta; el Museo Caquetá; el Lugar de Memoria del Atrato, Bojayá, Chocó, y al menos otros diez, son prueba suficiente de que la memoria se recupera por toda la geografía nacional.


Sin embargo, no es para dormir tranquilo. A todos estos centros de memoria los persigue un fantasma llamado fuentes de financiación, si bien algunos requieren de sumas tan pequeñas como treinta millones de pesos al año para su operación. Desde el gobierno anterior los miembros de la red habían manifestado la precariedad de su supervivencia por falta de destinaciones específicas que aseguren su operación (12). La amenaza de minar la estructura financiera de estos lugares se extiende sin pausa y no sólo por vacíos jurídicos sino por decisiones administrativas que parecen seguir claras directrices de quienes no les interesa que la memoria se preserve. Otro ejemplo es el contra-monumento Fragmentos, obra realizada por la escultora Doris Salcedo a partir de la fundición de armas entregadas por las Farc. A menos de seis meses de inaugurado, ya acusa recortes presupuestales ejercidos por el actual gobierno. En esa línea, el PND 2018-2022, en curso en el Congreso, tiene previstos serios recortes para la paz (13). La conclusión es que no es necesario intervenir físicamente la memoria para silenciarla o moldearla. Basta con quitarle el oxígeno, desconectarle los recursos para que agonice y muera.


La pregunta que subsiste es ¿de qué manera puede garantizarse la independencia, el funcionamiento y el sostenimiento de estos lugares sin que queden sujetos al vaivén de los gobernantes de turno? Es sabido que hay instituciones que no pueden ser estatales pues corren el riesgo de politizarse. Por ello, parecería necesario dotar a nuestros centros de memoria de autonomía presupuestal, y de los mecanismos necesarios para que sus directores sean nombrados no por los políticos de turno sino por organizaciones y colectivos que representen a las víctimas del conflicto. La academia también tiene responsabilidad, al menos parcial, para financiar y asegurar la subsistencia de dichos centros. En otros lugares del mundo se ha logrado, no sin dificultades, en torno a la financiación de las comisiones de la Verdad. Es necesario preservar la memoria sin los sobresaltos de gobiernos negacionistas y revisionistas y más aún, garantizar la autonomía presupuestal y administrativa a los centros de documentación y memoria histórica que permita honrar las víctimas y sus narrativas, y por allí mismo las de una parte importante de la nación (que aunque fue derrotada en el plebiscito del 2016) sueña con la paz y la reconciliación.


Ahora bien, al ampliar la imagen a un plano general, es posible comprender cuánto hay en juego. Cuando lo que se busca privilegiar el ignorar y el olvidar sobre el recordar; cuando el pensamiento crítico que surge de las más hondas raíces del positivismo es desestimado, cuando lo que se prefiere es la venganza sobre el perdón y la reconciliación, cuando se desconocen los avances hechos por una sociedad que quiere, por fin, una paz estable y duradera, es posible vislumbrar el alcance y las pretensiones de un gobierno negacionista y revisionista.


Otros países enfrentan los mismos retos. La memoria de las víctimas está en vilo en muchos lugares. Hay una suerte de abandono estatal para conocer y preservar la verdad. Los crímenes cometidos por el franquismo, el nazismo y la dictadura de Pinochet siguen siendo una herida abierta para los familiares de los desaparecidos y de las víctimas. Un informe del Consejo de Europa (14) amplía la lista de países que no establecen “la verdad sobre las personas desaparecidas” a Armenia, Azerbaiyán, Irlanda del Norte, Georgia, Rusia, Turquía, los Balcanes occidentales, Ucrania y España. Las leyes de memoria histórica, entre ellas, la de España, son frágiles y no se cumplen como es debido. Mientras Macron intenta abrir los archivos de la guerra de Argelia (1954-1962) y reconoce que Francia legalizó la tortura durante el conflicto, Marine Le Pen se opone para no “reabrir heridas” (15). Las Comisiones de la Verdad enfrentan múltiples obstáculos; en Chile se le ha querido silenciar o limitarla en sus alcances (16). Son, paradójicamente, campos de batalla por la memoria. Por otra parte, las leyes de amnistía, de punto final, así como la presión ejercida por influyentes grupos políticos involucrados o herederos ideológicos de los crímenes cometidos entorpecen su labor. En consecuencia, la disputa por la memoria es un asunto crítico que tiene implicaciones profundas en la sociedad y en las narrativas identitarias de los pueblos que han atravesado los horrores de la guerra.


No es impertinente intentar trazar enlaces entre el tipo de sociedad en la que Winston Smithvive –1984 no es más que una distopía literaria, pero no por ello deja de ser aterradoramente premonitoria– y la que hoy acecha al individuo de nuestra época. Winston, comprende, finalmente, tras ser torturado por la Policía del Pensamiento, la verdad de los tres eslóganes del Gran Hermano: La Paz es Guerra, la Libertad es Esclavitud, la Ignorancia es Fortaleza. Su voluntad ha sido quebrantada, su mundo íntimo ha dejado de existir. Sentado en un café, entiende que ahora ama al Gran Hermano y sonríe estúpidamente al ver su imagen en un afiche en la pared.

 

1. Arenas, S., “La memoria en disputa”, en Hacer memoria, http://hacemosmemoria.org/2019/02/28/la-memoria-en-disputa/, 2019.
2. Pernett, N., “El uribismo y su campaña para moldear la memoria”, en Razón pública, https://www.razonpublica.com/index.php/econom-y-sociedad-temas-29/11823-el-uribismo-y-su-campana-para-moldear-la-memoria.html, 2019.
3. Comisión Historia del Conflicto y sus Víctimas (CHVC) (2016), Contribución al entendimiento del conflicto amado en Colombia, Ediciones Desde Bajo, Bogotá
4. Hacer memoria..., op. cit.
5. García D. , “La memoria, la historia y lo ausentes en la disputa por la verdad”, en El Espectador, 24 de marzo 2019.
6. Arenas, S., Hacer memoria..., op. cit.
7. Centro Nacional de Memoria Histórica, Museo Nacional de la Memoria: un lugar para el encuentro. Lineamientos conceptuales y guion museológico, en http://www.centrodememoriahistorica.gov.co/descargas/informes-accesibles/museo-lineamientos_accesible.pdf, 2017.
8. Ibídem.
9. Como por ejemplo las objeciones del presidente a la ley estatutaria de la JEP bajo argumentos como “estamos a solo seis artículos de alcanzar la paz”,
10. Pernett, N., “El uribismo y...., “, op. cit.
11. Véase, por ejemplo, la entrevista “Quiero que todo el país sepa la verdad que conté: Pirabán” publicada en El Espectador 14 abril 2019 a Manuel Piraban (Jorge Pirata), ex líder del grupo Pitada de los Llanos quien tras haber cumplido pena de prisión ha regresado a la vida civil para reunirse con las víctimas de sus masacres y sus crímenes, no solo para pedir perdón sino para responder las preguntas y angustias de los familiares de sus víctimas. También, la exposición Ríos y Silencios, montada por Juan Manuel Echavarría en el MAM en enero de 2018 y del que hay una cartilla coleccionable .
12. Verdad Abierta, “Nosotros ya tenemos la memoria” en https://verdadabierta.com/nosotros-ya-tenemos-la-memoria-historica/, 2016.
13. El Nuevo Siglo, “Audiencia pública tras recortes para paz PND 20018-2022”, febrero 15 de 2019.
14. El Diario, en https://www.eldiario.es/sociedad/Europa-Espana-abandono-victimas-desaparicion_0_495901430.html, 2016.
15. Rtve, Memoria histórica en Francia, Macron reconoce públicamente que Francia legalizó la “tortura” durante la guerra de Argelia en http://www.rtve.es/noticias/20180913/macron-reconoce-publicamente-francia-legalizo-tortura-durante-guerra-argelia/1797861.shtml, 2018.
16. Bernasconi Ramírez, Oriana, Daniela Mansilla Santelices y Rodrigo Suárez Madariaga. 2019. “Las comisiones de la verdad en las batallas de la memoria: usos y efectos disputados de la verdad extrajudicial en Chile”. Colombia Internacional (97): 27-55. https://doi.org/10.7440/colombiaint97.2019.02

*Escritor. Integrante del Consejo de Redacción de Le Monde diplomatique, edición Colombia. Su novela más reciente es La sembradora de cuerpos, Seix Barral, 2019.

Sobre fragmentos de Doris Salcedo. El futuro se escribe con pasado

A finesde 2018 se inauguró Fragmentos, la obra creada por Doris Salcedo con el producto de la fundición de las armas entregadas por las Farc, como parte del acuerdo de paz. Las grandes baldosas metálicas fueron martilladas por 20 mujeres víctimas de violencia sexual, para simbolizar las cicatrices de la guerra, y ubicadas en el piso de lo que será un museo, en las ruinas de una casa de La Candelaria, en Bogotá.

 

La artista concibió su obra como un “contramonumento”, con la intención de evitar otorgarle a la violencia una forma estética, más allá del “vacío y la ausencia”, o erigir “una versión grandiosa y totalitaria de la historia”, “una visión triunfalista del pasado bélico de una nación”. Por el contrario, Fragmentos apuesta por permitir el encuentro entre memorias diversas y antagónicas sobre la guerra, que se expresarán en sus espacios a través del arte, durante los próximos 53 años.

 

Por las características de la obra, pensada inicialmente como un monumento por encargo de los acuerdos de paz, su significación es y será objeto de disputa, independientemente de las motivaciones de la autora. Sin embargo, tanto en el discurso de Salcedo como en Fragmentos misma se advierte una preocupación predominante sobre el futuro. El postulado básico parece ser: dado que las memorias sobre la guerra siempre van a ser plurales y antagónicas, más que un signo estético que clausure las posibilidades de significación del pasado, un monumento, el contramonumento apuesta por propiciar el encuentro y el diálogo entre ellas. Como afirmó la artista en el evento de presentación, en julio de 2018, el arte “nos permite pensar una visión de futuro en la que los opuestos conviven y lo incompatible coexiste pacíficamente”.

 

Aunque la intención es a todas luces loable, dicho postulado se apoya en unas premisas discutibles, sobre la naturaleza de lo “monumentalizable”, la interpretación de la guerra, el significado de la paz, la historia y la memoria colectivas.

 

El presente

 

El rechazo a la monumentalización o estetización de la violencia, presente en otros trabajos de Salcedo, es justo. No obstante, en este caso no se trataba de hacer un monumento a la guerra, pues el hecho que motivó la obra fue el acuerdo de paz. La negativa a hacer un monumento parece entonces ser un reflejo de la escasa significación social que ha tenido este acontecimiento. El acuerdo de paz, así la fecha en que se firmó no se haya grabado en nuestra memoria colectiva, introdujo una discontinuidad inédita en la historia, cuyas consecuencias estamos enfrentando. En contraste, la orientación al futuro que caracteriza la obra omite elaborar el significado del acontecimiento en el presente y, con él, la posibilidad de otorgar a la paz la significación que reclama, lo que resulta muy problemático en un contexto de gran desconocimiento de los acuerdos por parte de la ciudadanía y de creciente adversidad a su implementación.

 

Ahora bien, el contramonumento en este caso es un museo, que puede erigirse en un símbolo de la paz en tanto lugar para la convivencia de distintas versiones artísticas de la guerra. La paz adquiere así un significado como un espacio de convivencia con la otredad, la diversidad e incluso con lo antagónico. No obstante, la “museificación” tiene tantas consecuencias como la “monumentalización”.

 

Por una parte, a diferencia del monumento, el museo no reduce la experiencia estética a la contemplación, sino que estimula la audiencia a la participación activa. Así, como resaltó Salcedo, el hecho de que en el piso metálico todos podamos situarnos en igualdad de condiciones, formalmente “como si” fuésemos iguales, es una invitación a la civilidad y a la modernidad política, necesarias para fundar un país en paz.

 

Por otra parte, pese a su vocación democratizante, la obra sigue siendo un museo, un lugar con un estatus en la frontera entre lo público y lo privado. Un monumento se sitúa claramente en el espacio público político, esto es, abierto al acceso y a la vista de todos, generalmente en un lugar céntrico de la ciudad, para producir algún efecto en la cotidianidad. En cambio, Fragmentos, si bien está revestido con el estatus jurídico de lo público y en ese sentido es abierto a todos, no produce un efecto similar, no se ubica en un lugar central de la ciudad, a la vista de todos, ni afecta la vida cotidiana. Esto sin mencionar las connotaciones que para un “ciudadano de a pie” puede tener el museo: ‘allí donde se guardan reliquias del pasado’.

 

En vez de disputar el cada vez más reducido espacio público con artefactos artísticos que posibilitaran dotar la paz de significación, y de esa manera llevar el arte a la cotidianidad, se optó por una forma convencional que confina la creación de significado en un espacio delimitado y que únicamente será accesible a quienes tengan conocimiento e interés en él. Muchos ciudadanos se quedarán sin conocer el contramonumento y por lo tanto sin realizar alguna reflexión sobre la paz, la guerra, el pasado o el futuro, como habría posibilitado una alternativa más cercana al convencional monumento.

 

El pasado

 

Los monumentos se vinculan al pasado de un modo ambiguo. Están ahí para recordar y evocar, y de esa manera pueden hacer presente el pasado. La estatua o el busto de un prócer de la patria, la obra o las ruinas alusivas a un acontecimiento histórico, vinculan nuestro presente con un momento que no solo lo precede sino que eventualmente lo explica. Pero los monumentos, en nuestra acelerada y convulsiva época, también pueden dejar el pasado en el pasado, porque contribuyen a delimitar lo que pertenece a él, lo que “ya pasó”, y, de esa forma, lo desligan del presente, confinándolo incluso en el terreno de aquello que es susceptible de olvido: personajes y procesos complejos, cargados de conflictos, colores y matices, de vida en una palabra, se convierten por obra del monumento en artefactos mohosos librados a la corrosión, desligados de la experiencia y sin mayores posibilidades de significación.

 

Por sus motivaciones, Fragmentos también intenta hacer presente el pasado por vía de la memoria. En la medida en que en sus espacios hagan presencia diversas y antagónicas memorias sobre el conflicto armado, se tratará de un diálogo permanente con el pasado. Es una apuesta por el proceso más que por el resultado, pues si hubiere tal resultado no sería “una” memoria sobre la guerra, sino el diálogo entre distintas versiones del pasado. De esa manera, el pasado se hará presente y, a diferencia de lo que ocurriría con un convencional monumento, no se confinará al lugar del potencial olvido. Así las cosas, el rechazo al monumento es también un rechazo a dejar el pasado en el pasado.

 

La construcción de un país en paz plantea precisamente el reto de no desligar el presente del pasado. Sin embargo, ese pasado, en particular el de la guerra, no se reduce a las distintas memorias que sobre él se construyan. En Fragmentos parece subyacer una concepción del pasado, y más en general de la historia, que lo reduce a narrativas subjetivas, a memorias, por una parte, y a un proceso dialógico, que apuesta por la coexistencia de distintas narrativas del pasado en forma inclusiva, plural y tolerante, por otra. Por esa razón, en lugar de una toma de partido en el presente por un significado de ese pasado, la obra optó por la apertura de un espacio en donde coexistan y dialoguen dichas narrativas.

 

La cuestión es hasta qué punto las distintas narrativas nos permitirán asumir nuestro pasado, saldar cuentas con él, para proyectarnos al futuro como comunidad política. El problema radica en que no solo de narrativas y memorias está hecho nuestro pasado, también está atravesado por vectores estructurales, objetivos e incluso inconscientes: aquello que no se quiere o no se puede articular como parte las narrativas sobre el recuerdo y el olvido, por plurales que sean; que no se quiere o no se puede recordar, pero tampoco está olvidado, y que si se expresa lo hace bajo la forma de lo indecible, el silencio.

 

Es probable que esa dimensión del pasado llegue a expresarse alguna vez en los espacios del museo, pero la representación de narrativas o memorias antagónicas, suponiendo que puedan coexistir, no necesariamente nos permite acceder a ella ni, por lo tanto, saldar cuentas con el pasado. Nada garantiza que el contramonumento propicie la convivencia de contrarios, en lugar de constituirse en otro de los lugares en donde prosigue el diálogo de sordos que caracteriza la disputa por el pasado de la guerra. Sin duda, contar con tales lugares es restar espacio a la violencia, pero el arte también está llamado a posibilitar formas de acceso a esa dimensión estructural del pasado, a ese pasado que nos constituye, que no queremos o no podemos reconocer o develar, más que concebirse como un lugar de encuentro de lo diverso y lo antagónico. Por el momento, la obra de Salcedo parece haber optado por aplazar la revelación de tal dimensión, ha privilegiado la forma en la que puede tener lugar ese des-cubrimiento, en vez de tomar partido por un contenido determinado.

 

El futuro

 

El rechazo a monumentalizar también parece estar relacionado con una concepción particular del conflicto armado que orienta Fragmentos. En la resistencia a la estetización de la guerra hay implícita una visión del conflicto armado que lo reduce a una violencia irracional, incomprensible, como producto de la incapacidad o imposibilidad de convivir con lo diferente y lo antagónico. De ahí que la paz se signifique como un espacio de encuentro capaz de conjurar la violencia. Vectores estructurales de la historia colombiana como la injusticia, la desigualdad y la exclusión, no tienen cabida en esta interpretación del conflicto armado.

 

Se trata de una concepción predominante, cuando menos desde hace dos décadas, que orientó al gobierno de Santos (2010-2018). Como es sabido, el alto comisionado para la paz, Sergio Jaramillo, fue también redactor de la política de seguridad y defensa del gobierno Uribe (2003), y si bien la negociación con las Farc obligó a matizar la tesis de la “agresión terrorista” reconociendo que había en el país un “conflicto armado”, en lo sustancial hubo una continuidad. Esa política tenía como objeto “disuadir” militarmente a la guerrilla para obligarla a negociar, reconociendo la complejidad de la confrontación militar y el hecho de que necesariamente la guerra terminaría en una mesa de diálogos. El conflicto armado se asumió como un problema de violencias y violentos, por momentos incluso despolitizándolo, y no como una serie de problemas estructurales que están en las raíces mismas de nuestra sociedad. De manera que Santos no mintió cuando afirmó que su gobierno daba continuidad al de Uribe, pues culminó con éxito la implementación de su política.

 

Pero una vez que se ha firmado la paz, retornan los problemas que, más allá de esa violencia irracional, estuvieron en el origen del conflicto: injusticia, desigualdad, exclusión, etcétera, y se pone de presente que la paz no es únicamente cuestión de formas, de espacios de convivencia, sino que definitivamente no puede apartarse de los contenidos, esto es, de la discusión sobre ese conjunto de problemas que han impedido la convivencia pacífica. En otras palabras, tras la firma de la paz podemos ver que el conflicto no se reduce a intolerancia o incapacidad para convivir con lo diferente, sino que existe un legado de problemas del pasado que, independientemente de nuestra voluntad, siguen ahí, produciendo chispas que pueden convertirse nuevamente en una gran conflagración. Con ese pasado es necesario saldar cuentas como condición para proyectarnos al futuro, para construir un país en paz.

 

El reto que plantea el contramonumento es que su piso no se convierta en una tabula rasa, en donde todos podamos pararnos sobre el pasado de violencia, simbolizado en el metal que alguna vez formó armas, como si estuviéramos en igualdad de condiciones y, sin embargo, continuemos teniendo la misma estatura histórica, imposibilitados para asumir el pasado y responder a los problemas que propician la guerra.

 

En fin

 

El pasado no es una materia absolutamente maleable, de la cual podamos desprendernos únicamente cambiando la narrativa o invocando la pluralidad de las memorias que ha producido. Por el contrario, lo llevamos a cuestas aunque no deseemos o no podamos asumirlo. Por esa razón, los acontecimientos históricos a veces funcionan como revelaciones para un ser colectivo, destellos en la oscuridad que posibilitan un mejor auto-reconocimiento de una comunidad política.

 

Octavio Paz afirmó en varios de sus ensayos que una de las mayores consecuencias de la Revolución Mexicana fue permitir la asunción por parte de los mexicanos de su pasado, un pasado enterrado –incluso literalmente–, ocultado u olvidado. Se trató, en suma, de un autodescubrimiento, cuya evidencia son los temas predominantes de las artes en la época inmediatamente posterior, particularmente del muralismo.

 

Claramente, la firma del acuerdo de paz no puede asimilarse a una revolución, ni a la mexicana en particular, pues son acontecimientos de distinta naturaleza, con temporalidades muy diferentes, entre muchas otras cosas. Sin embargo, el mayor contraste podría residir en que, pese a ser un acontecimiento inédito, aunque muy esperado, el acuerdo de paz tenga tantas dificultades para propiciar una asunción de nuestro pasado. Sus consecuencias prácticas marchan a una mayor velocidad respecto de la apropiación y la construcción colectiva de su significado.

 

Un monumento es una negociación con el pasado, con los muertos, pero también con una parte inconsciente y colectiva que a pesar de estar ahí, de que nos constituye en el presente, nos negamos a, o estamos imposibilitados para, hacer nuestra, y nos impide proyectarnos al futuro al implicar una ruptura permanente en la continuidad imaginaria del tiempo histórico. Fragmentos, el contramonumento, apuesta por una revelación de ese pasado en la forma de memorias plurales y antagónicas que se expresarán en su espacio, pero evita conferirle un contenido en el presente. Representa de ese modo lo que parece haber significado alcanzar la paz, o más bien la ausencia de significado que en el presente está teniendo entre nosotros, y la consiguiente prolongación de la disputa por el significado de ese acontecimiento y de su pasado a un porvenir en el que convivan nuestros antagonismos de forma no violenta.

Publicado enColombia
Lunes, 28 Enero 2019 10:26

El futuro se escribe con pasado

El futuro se escribe con pasado

A finesde 2018 se inauguró Fragmentos, la obra creada por Doris Salcedo con el producto de la fundición de las armas entregadas por las Farc, como parte del acuerdo de paz. Las grandes baldosas metálicas fueron martilladas por 20 mujeres víctimas de violencia sexual, para simbolizar las cicatrices de la guerra, y ubicadas en el piso de lo que será un museo, en las ruinas de una casa de La Candelaria, en Bogotá.

 

La artista concibió su obra como un “contramonumento”, con la intención de evitar otorgarle a la violencia una forma estética, más allá del “vacío y la ausencia”, o erigir “una versión grandiosa y totalitaria de la historia”, “una visión triunfalista del pasado bélico de una nación”. Por el contrario, Fragmentos apuesta por permitir el encuentro entre memorias diversas y antagónicas sobre la guerra, que se expresarán en sus espacios a través del arte, durante los próximos 53 años.

 

Por las características de la obra, pensada inicialmente como un monumento por encargo de los acuerdos de paz, su significación es y será objeto de disputa, independientemente de las motivaciones de la autora. Sin embargo, tanto en el discurso de Salcedo como en Fragmentos misma se advierte una preocupación predominante sobre el futuro. El postulado básico parece ser: dado que las memorias sobre la guerra siempre van a ser plurales y antagónicas, más que un signo estético que clausure las posibilidades de significación del pasado, un monumento, el contramonumento apuesta por propiciar el encuentro y el diálogo entre ellas. Como afirmó la artista en el evento de presentación, en julio de 2018, el arte “nos permite pensar una visión de futuro en la que los opuestos conviven y lo incompatible coexiste pacíficamente”.

 

Aunque la intención es a todas luces loable, dicho postulado se apoya en unas premisas discutibles, sobre la naturaleza de lo “monumentalizable”, la interpretación de la guerra, el significado de la paz, la historia y la memoria colectivas.

 

El presente

 

El rechazo a la monumentalización o estetización de la violencia, presente en otros trabajos de Salcedo, es justo. No obstante, en este caso no se trataba de hacer un monumento a la guerra, pues el hecho que motivó la obra fue el acuerdo de paz. La negativa a hacer un monumento parece entonces ser un reflejo de la escasa significación social que ha tenido este acontecimiento. El acuerdo de paz, así la fecha en que se firmó no se haya grabado en nuestra memoria colectiva, introdujo una discontinuidad inédita en la historia, cuyas consecuencias estamos enfrentando. En contraste, la orientación al futuro que caracteriza la obra omite elaborar el significado del acontecimiento en el presente y, con él, la posibilidad de otorgar a la paz la significación que reclama, lo que resulta muy problemático en un contexto de gran desconocimiento de los acuerdos por parte de la ciudadanía y de creciente adversidad a su implementación.

 

Ahora bien, el contramonumento en este caso es un museo, que puede erigirse en un símbolo de la paz en tanto lugar para la convivencia de distintas versiones artísticas de la guerra. La paz adquiere así un significado como un espacio de convivencia con la otredad, la diversidad e incluso con lo antagónico. No obstante, la “museificación” tiene tantas consecuencias como la “monumentalización”.

 

Por una parte, a diferencia del monumento, el museo no reduce la experiencia estética a la contemplación, sino que estimula la audiencia a la participación activa. Así, como resaltó Salcedo, el hecho de que en el piso metálico todos podamos situarnos en igualdad de condiciones, formalmente “como si” fuésemos iguales, es una invitación a la civilidad y a la modernidad política, necesarias para fundar un país en paz.

 

Por otra parte, pese a su vocación democratizante, la obra sigue siendo un museo, un lugar con un estatus en la frontera entre lo público y lo privado. Un monumento se sitúa claramente en el espacio público político, esto es, abierto al acceso y a la vista de todos, generalmente en un lugar céntrico de la ciudad, para producir algún efecto en la cotidianidad. En cambio, Fragmentos, si bien está revestido con el estatus jurídico de lo público y en ese sentido es abierto a todos, no produce un efecto similar, no se ubica en un lugar central de la ciudad, a la vista de todos, ni afecta la vida cotidiana. Esto sin mencionar las connotaciones que para un “ciudadano de a pie” puede tener el museo: ‘allí donde se guardan reliquias del pasado’.

 

En vez de disputar el cada vez más reducido espacio público con artefactos artísticos que posibilitaran dotar la paz de significación, y de esa manera llevar el arte a la cotidianidad, se optó por una forma convencional que confina la creación de significado en un espacio delimitado y que únicamente será accesible a quienes tengan conocimiento e interés en él. Muchos ciudadanos se quedarán sin conocer el contramonumento y por lo tanto sin realizar alguna reflexión sobre la paz, la guerra, el pasado o el futuro, como habría posibilitado una alternativa más cercana al convencional monumento.

 

El pasado

 

Los monumentos se vinculan al pasado de un modo ambiguo. Están ahí para recordar y evocar, y de esa manera pueden hacer presente el pasado. La estatua o el busto de un prócer de la patria, la obra o las ruinas alusivas a un acontecimiento histórico, vinculan nuestro presente con un momento que no solo lo precede sino que eventualmente lo explica. Pero los monumentos, en nuestra acelerada y convulsiva época, también pueden dejar el pasado en el pasado, porque contribuyen a delimitar lo que pertenece a él, lo que “ya pasó”, y, de esa forma, lo desligan del presente, confinándolo incluso en el terreno de aquello que es susceptible de olvido: personajes y procesos complejos, cargados de conflictos, colores y matices, de vida en una palabra, se convierten por obra del monumento en artefactos mohosos librados a la corrosión, desligados de la experiencia y sin mayores posibilidades de significación.

 

Por sus motivaciones, Fragmentos también intenta hacer presente el pasado por vía de la memoria. En la medida en que en sus espacios hagan presencia diversas y antagónicas memorias sobre el conflicto armado, se tratará de un diálogo permanente con el pasado. Es una apuesta por el proceso más que por el resultado, pues si hubiere tal resultado no sería “una” memoria sobre la guerra, sino el diálogo entre distintas versiones del pasado. De esa manera, el pasado se hará presente y, a diferencia de lo que ocurriría con un convencional monumento, no se confinará al lugar del potencial olvido. Así las cosas, el rechazo al monumento es también un rechazo a dejar el pasado en el pasado.

 

La construcción de un país en paz plantea precisamente el reto de no desligar el presente del pasado. Sin embargo, ese pasado, en particular el de la guerra, no se reduce a las distintas memorias que sobre él se construyan. En Fragmentos parece subyacer una concepción del pasado, y más en general de la historia, que lo reduce a narrativas subjetivas, a memorias, por una parte, y a un proceso dialógico, que apuesta por la coexistencia de distintas narrativas del pasado en forma inclusiva, plural y tolerante, por otra. Por esa razón, en lugar de una toma de partido en el presente por un significado de ese pasado, la obra optó por la apertura de un espacio en donde coexistan y dialoguen dichas narrativas.

 

La cuestión es hasta qué punto las distintas narrativas nos permitirán asumir nuestro pasado, saldar cuentas con él, para proyectarnos al futuro como comunidad política. El problema radica en que no solo de narrativas y memorias está hecho nuestro pasado, también está atravesado por vectores estructurales, objetivos e incluso inconscientes: aquello que no se quiere o no se puede articular como parte las narrativas sobre el recuerdo y el olvido, por plurales que sean; que no se quiere o no se puede recordar, pero tampoco está olvidado, y que si se expresa lo hace bajo la forma de lo indecible, el silencio.

 

Es probable que esa dimensión del pasado llegue a expresarse alguna vez en los espacios del museo, pero la representación de narrativas o memorias antagónicas, suponiendo que puedan coexistir, no necesariamente nos permite acceder a ella ni, por lo tanto, saldar cuentas con el pasado. Nada garantiza que el contramonumento propicie la convivencia de contrarios, en lugar de constituirse en otro de los lugares en donde prosigue el diálogo de sordos que caracteriza la disputa por el pasado de la guerra. Sin duda, contar con tales lugares es restar espacio a la violencia, pero el arte también está llamado a posibilitar formas de acceso a esa dimensión estructural del pasado, a ese pasado que nos constituye, que no queremos o no podemos reconocer o develar, más que concebirse como un lugar de encuentro de lo diverso y lo antagónico. Por el momento, la obra de Salcedo parece haber optado por aplazar la revelación de tal dimensión, ha privilegiado la forma en la que puede tener lugar ese des-cubrimiento, en vez de tomar partido por un contenido determinado.

 

El futuro

 

El rechazo a monumentalizar también parece estar relacionado con una concepción particular del conflicto armado que orienta Fragmentos. En la resistencia a la estetización de la guerra hay implícita una visión del conflicto armado que lo reduce a una violencia irracional, incomprensible, como producto de la incapacidad o imposibilidad de convivir con lo diferente y lo antagónico. De ahí que la paz se signifique como un espacio de encuentro capaz de conjurar la violencia. Vectores estructurales de la historia colombiana como la injusticia, la desigualdad y la exclusión, no tienen cabida en esta interpretación del conflicto armado.

 

Se trata de una concepción predominante, cuando menos desde hace dos décadas, que orientó al gobierno de Santos (2010-2018). Como es sabido, el alto comisionado para la paz, Sergio Jaramillo, fue también redactor de la política de seguridad y defensa del gobierno Uribe (2003), y si bien la negociación con las Farc obligó a matizar la tesis de la “agresión terrorista” reconociendo que había en el país un “conflicto armado”, en lo sustancial hubo una continuidad. Esa política tenía como objeto “disuadir” militarmente a la guerrilla para obligarla a negociar, reconociendo la complejidad de la confrontación militar y el hecho de que necesariamente la guerra terminaría en una mesa de diálogos. El conflicto armado se asumió como un problema de violencias y violentos, por momentos incluso despolitizándolo, y no como una serie de problemas estructurales que están en las raíces mismas de nuestra sociedad. De manera que Santos no mintió cuando afirmó que su gobierno daba continuidad al de Uribe, pues culminó con éxito la implementación de su política.

 

Pero una vez que se ha firmado la paz, retornan los problemas que, más allá de esa violencia irracional, estuvieron en el origen del conflicto: injusticia, desigualdad, exclusión, etcétera, y se pone de presente que la paz no es únicamente cuestión de formas, de espacios de convivencia, sino que definitivamente no puede apartarse de los contenidos, esto es, de la discusión sobre ese conjunto de problemas que han impedido la convivencia pacífica. En otras palabras, tras la firma de la paz podemos ver que el conflicto no se reduce a intolerancia o incapacidad para convivir con lo diferente, sino que existe un legado de problemas del pasado que, independientemente de nuestra voluntad, siguen ahí, produciendo chispas que pueden convertirse nuevamente en una gran conflagración. Con ese pasado es necesario saldar cuentas como condición para proyectarnos al futuro, para construir un país en paz.

 

El reto que plantea el contramonumento es que su piso no se convierta en una tabula rasa, en donde todos podamos pararnos sobre el pasado de violencia, simbolizado en el metal que alguna vez formó armas, como si estuviéramos en igualdad de condiciones y, sin embargo, continuemos teniendo la misma estatura histórica, imposibilitados para asumir el pasado y responder a los problemas que propician la guerra.

 

En fin

 

El pasado no es una materia absolutamente maleable, de la cual podamos desprendernos únicamente cambiando la narrativa o invocando la pluralidad de las memorias que ha producido. Por el contrario, lo llevamos a cuestas aunque no deseemos o no podamos asumirlo. Por esa razón, los acontecimientos históricos a veces funcionan como revelaciones para un ser colectivo, destellos en la oscuridad que posibilitan un mejor auto-reconocimiento de una comunidad política.

 

Octavio Paz afirmó en varios de sus ensayos que una de las mayores consecuencias de la Revolución Mexicana fue permitir la asunción por parte de los mexicanos de su pasado, un pasado enterrado –incluso literalmente–, ocultado u olvidado. Se trató, en suma, de un autodescubrimiento, cuya evidencia son los temas predominantes de las artes en la época inmediatamente posterior, particularmente del muralismo.

 

Claramente, la firma del acuerdo de paz no puede asimilarse a una revolución, ni a la mexicana en particular, pues son acontecimientos de distinta naturaleza, con temporalidades muy diferentes, entre muchas otras cosas. Sin embargo, el mayor contraste podría residir en que, pese a ser un acontecimiento inédito, aunque muy esperado, el acuerdo de paz tenga tantas dificultades para propiciar una asunción de nuestro pasado. Sus consecuencias prácticas marchan a una mayor velocidad respecto de la apropiación y la construcción colectiva de su significado.

 

Un monumento es una negociación con el pasado, con los muertos, pero también con una parte inconsciente y colectiva que a pesar de estar ahí, de que nos constituye en el presente, nos negamos a, o estamos imposibilitados para, hacer nuestra, y nos impide proyectarnos al futuro al implicar una ruptura permanente en la continuidad imaginaria del tiempo histórico. Fragmentos, el contramonumento, apuesta por una revelación de ese pasado en la forma de memorias plurales y antagónicas que se expresarán en su espacio, pero evita conferirle un contenido en el presente. Representa de ese modo lo que parece haber significado alcanzar la paz, o más bien la ausencia de significado que en el presente está teniendo entre nosotros, y la consiguiente prolongación de la disputa por el significado de ese acontecimiento y de su pasado a un porvenir en el que convivan nuestros antagonismos de forma no violenta.

Publicado enEdición Nº253
Panamá: Lo que no se dice de la separación de Colombia

Érase una vez una empresa de capital francés que inició las obras para construir un canal por el istmo de Panamá, allá por 1880. Pero la Compañía Universal del Canal Interoceánico, como la llamaron, fue dando tumbos hasta que, en 1888, paralizó la construcción. 

¿Por qué? Los niños de primaria en Panamá saben que “la culpa fue del mosquito que producía la fiebre amarilla”. Los de secundaria, los que estudian, caen en cuenta que también le falló el diseño a Fernando de Lesseps, que intentó un canal a nivel que se estrelló contra el Corte Culebra. Muy pocos, a nivel universitario, se enteran de que hubo u tercer culpable: la corrupción.


Sí. Los gerentes franceses de la compañía resultaron ser unos pillos que le robaron millones de francos a los incautos inversionistas de clase media en Francia que compraron acciones de esta empresa creyendo que el canal los inundaría de riquezas. El escándalo, que fue asociado al nombre de Panamá, llegó a los estrados judiciales siendo condenados a penas de cárcel varios directivos.


Pero los pillos siguen siendo pillos y no se componen ni con la cárcel. Algunos de los directivos y accionistas mayoritarios idearon un plan para seguir chupándole la sangre al Canal de Panamá. En 1892 – 94, se dieron a la tarea de reorganizar la empresa bajo otro nombre, la Compañía Nueva del Canal Interoceánico. Lo primero que gestionaron fue una prórroga para terminar la obra. Una prórroga de diez años que culminaba en 1904. Anote la fecha.


Pero un sinvergüenza nunca deja de serlo, así que estos señores nunca pretendieron, ni juntaron capital suficiente para completar la obra. Solo buscaban ganar tiempo para vender sus “derechos” a un tercero, y así sacar hasta la última gota del negocio. ¿Quién tenía interés, capacidad para comprarles las acciones y continuar la obra? El gobierno de Estados Unidos de América.


En 1894, los franceses tuvieron la buena idea de contratar a uno de los abogados más influyentes en la política y en los negocios del naciente imperio norteamericano: William Nelson Cromwell. La firma Sullivan and Cromwell, que todavía existe, estaba bien ligada a capitalistas como J. P. Morgan, la General Electric y otros negocios de alto peso en Wall Street. De su seno salieron políticos influyentes como los hermanos Allan y John Foster Dulles, que dirigieron la Agencia Central de Inteligencia (CIA).


Gracias a ese contrato que hizo la Compañía Nueva, y a que en manos de ese bufete estaban las acciones de la Panama Rail Road Co., o Compañía del Ferrocarril de Panamá, tanto Cromwell como la firma de abogados jugaría un papel inconfesable en los sucesos de 1903.


La última década del siglo XIX se caracterizó por lo que se ha llamado fase imperialista del capitalismo, cuando las grandes potencias se repartieron el mundo para asegurarse fuentes de materias primas y mercados. Estados Unidos terminó de dar su salto con la Guerra de 1898 contra España a la que le arrebató sus últimas colonias: Cuba, Puerto Rico y Las Filipinas. Al poseer territorios e intereses en Asia, los norteamericanos se vieron compelidos a dar urgencia a la construcción de un canal que permitiera a su armada naval cuidar sus intereses en ambos océanos.


Entre1894 y 1903 las autoridades norteamericanas negociaron con franceses, colombianos y nicaragüenses. Aquí es donde el papel de Cromwell se hizo clave. Por un lado, unió a un grupo de capitalistas norteamericanos para comprar en secreto un gran grupo de acciones de la Compañía Nueva, que estaba devaluadas. Plan que denominó “Americanización del Canal”. Se afirma que invirtieron 3.5 millones de dólares por unas acciones que revenderían a su gobierno por 40 millones de dólares. Buen negocio, ¿verdad?


La participación de prominentes empresarios y políticos norteamericanos en este negociado fue lo que en verdad inclinó la balanza a favor del canal por Panamá, y no como pinta el mito de las supuestas estampillas con volcanes de Nicaragua que habría regalado Bunau Varilla a los senadores.


Una vez listo el grueso del asunto había que proceder con los detalles, así que Teodoro Roosevelt, buen amigo de Cromwell, exigió a Colombia el cese de la Guerra de los Mil Días, sentó a los dos partidos, liberales y conservadores, en la mesa y con su mediación salió el Pacto de Neerlandia y el del acorazado Wisconsin en noviembre de 1902.


Siguiente paso, obligar al embajador colombiano a firmar un tratado sin mucha consulta con su país. El 22 de enero de 1903 se firmó el Tratado Herrán-Hay, que contenía: lo que se llamaría Zona del Canal con jurisdicción norteamericana; un pago de 40 millones de dólares a los accionistas “franceses” (y norteamericanos); 10 millones de adelanto a al estado colombiano, y Panamá por supuesto; y una anualidad de 250 mil dólares cuando el canal estuviera en funcionamiento.


Los colombianos y panameños decentes de aquel tiempo sabían leer y sumar, y no eran menos listos que los actuales, así que empezaron con los cuestionamientos: ¿Cómo vamos a partir el Istmo por la mitad y ceder la soberanía a una potencia extranjera allí? ¿Eso no contradice la constitución y el derecho internacional? ¿Por qué a Colombia le tocan 10 y a los accionistas 40? ¿Con qué derechos si ellos solo poseen una concesión que vence en un año y un poco de chatarra en un hueco a medio excavar? ¿Pero si la Compañía del ferrocarril ya paga 250 mil de anualidad, ahora que se quedarán con ella y tendrán el canal seguirán pagando lo mismo?


Todo esto se lo preguntaban panameños tan ilustres como los liberales Carlos A. Mendoza y Belisario Porras, y conservadores como Juan B. Pérez y Soto y Oscar Terán, entre otros. Esa era su opinión a mitad de 1903, al margen de si algunos cambiaron posteriormente. El crecimiento del rechazo al tratado, a nuestra manera de ver, llevó al juicio sumario y fusilamiento de Victoriano Lorenzo, el 15 de mayo de 1903, fue una advertencia para acallar cualquier intento de resistencia.


Cuando Comwell advirtió que podía fracasar el tratado en el Congreso colombiano, empezó a montar el Plan B: separar a Panamá de Colombia y nombrar una Junta de Gobierno leal a sus intereses que legitimara el tratado. Para ello recurrió a sus subalternos en la Compañía del Ferrocarril: José A. Arango, abogado residente de la empresa, y Manuel Amador Guerrero, funcionario a sueldo del ferrocarril.


Prepararon el plan, pero dándole hasta el último momento la oportunidad al Congreso colombiano de aprobar el Tratado Herrán-Hay. La separación sólo sucedería si no se aprobaba el tratado y no tenía otro móvil que el tratado. Todo el cuento de que los colombianos nos tenían “olvidados” fue inventado después y no era verdad, éramos uno de los departamentos más importantes y con mayor influencia en Colombia.


Cuando el senado colombiano resolvió no aprobar el tratado, sino proponer a Estados Unidos esperar hasta 1904, a que los franceses perdieran su concesión, sacarlos del medio, para que le pagaran 25 millones de dólares al estado colombiano, Cromwell empezó a ejecutar su Plan B y convocó a Amador Guerrero a Nueva York a finales de agosto.
Esperaron para actuar hasta el 30 de octubre, cuando el Congreso colombiano cerró sus sesiones sin aprobar el tratado. En ese momento, Roosevelt dio la orden de mover sus acorazados al Istmo por ambos mares. Diez acorazados y miles de soldados norteamericanos invadieron Panamá desde el 3 de noviembre y días sucesivos. Detallito que no cuentan a los niños en la escuela.


Quienes hacen frente a los soldados colombianos que llegaron a Colón la madrugada del 3 de noviembre, son el administrador yanqui de la Compañía del Ferrocarril, coronel Shaler y las tropas del acorazado Nashville, que instalaron nidos de ametralladoras. El 5 de noviembre fue decisiva la llegada del acorazado Dixie a Cristóbal con 500 soldados norteamericanos.
Quien se imagina a los “próceres” dirigiendo al pueblo contra los “opresores colombianos”, mejor que deje de leer cuentos infantiles. La foto que describe el hecho es que la izada de la bandera panameña en Colón el 6 de noviembre estuvo a cargo de un oficial de inteligencia norteamericano vestido de gala, llamado Murray Black.


La otra foto está dada por el Tratado Hay-Bunau Varilla, firmado no por casualidad 15 días después, que contenía todo lo repudiable del Tratado Herrán-Hay, pero empeorado. La otra foto la encontramos el artículo 136 de la Constitución de 1904, que permitía que Estados Unidos interviniera en todo el territorio ístmico con la excusa de imponer el orden público.
Cromwell y sus socios obtuvieron los 40 millones de dólares, pero además él recibió del estado norteamericano otra cantidad millonaria por laPanama Rail Road Co. Para coronar sus ambiciones y probar su control sobre el gobierno panameño, fue nombrado como cónsul y agente fiscal de Panamá en Nueva York. A alguien del gobierno panameño se le ocurrió que de los 10 millones de dólares que le tocaban a Panamá, convenía separar 6 millones para crear un Fondo de la Posteridad, que sería invertido en bienes inmobiliarios y especulación financiera en Estados Unidos. Adivinen quién administró ese fondo por décadas.


Es evidente que el 3 de noviembre de 1903, ni nos hicimos independientes ni soberanos, nos convertimos en colonia o protectorado de Estados Unidos. Situación contra la que tuvieron que pelear generaciones de panameños que sí lucharon por la independencia, como los jóvenes heroicos del 9 de Enero de 1964.

Olmedo Beluche
03/11/2018
sociólogo y analista político panameño, profesor de la Universidad de Panamá y militante del Partido Alternativa Popular.
Fuente:
www.sinpermiso.info, 3 de noviembre 2018

Publicado enColombia
"Cristóbal Colón fue un terrorista, pero la Historia perpetúa el supremacismo blanco"

Spike Lee (Atlanta, 1957), tiene la certeza de que el mundo recibe un espejismo falaz de Estados Unidos a través de Hollywood. Quizá por eso, el cineasta se infiltró hace cuatro décadas en la maquinaria mejor engrasada del séptimo arte, como también lo hace a su manera el protagonista de su nueva película, Infiltrado en el KKKlan.


Desde dentro, Lee ha podido contar las tensiones raciales de Brooklyn en Haz lo que debas, crear el mejor biopic de Malcolm X en su película homónima o simplemente hacer una aportación brillante al cine de acción con La hora 25 u Old Boy, en las que el activismo antirracista no desaparece pero queda relegado a un segundo plano. Con Infiltrados en el KKKlan, en salas desde el pasado día 31, el director recupera su pulso combativo en un momento crucial donde las sutilezas no tienen cabida.


El presidente Trump no merece ser nombrado para él, por eso le refiere como Agente Naranja, y sin embargo es inevitable que aparezca en cada una de las entrevistas que Spike Lee concede en Madrid. Su nueva película se ambienta en los años 70, pero sin Trump y el auge de los nacionalismos en todo el mundo no sería tan oportuna como lo es hoy en día.
Infiltrado en el KKKlan parte del caso real de Ron Stallworth (interpretado por John David Washington), el primer policía afroamericano de Colorado Springs que acabó siendo guardaespaldas de David Duke, líder cuasi político del Ku Kux Klan. Lo irónico de la situación, y más en la época auge del movimiento Black Power, le ha servido a Lee para elaborar su conocido maridaje entre comedia y drama también en este filme.


Su vuelta al cine militante no ha dejado indiferente a la crítica ni a Cannes, donde fue laureado con el Gran Premio del Público. " Si eres un artista, ya seas un músico, poeta, pintor o cineasta, y decides que tu pieza de arte no tenga contenido político, esa ya es una decisión política en sí misma. ¿Cómo podría el arte no ser político?", asegura Spike Lee ataviado con una gorra de los Yankees, sellos de oro en las manos y una chupa vaquera plagada de parches.

"Pero el artista también tiene derecho a contar la historia que quiera. Esta es mi cuarta década como director, he hecho alrededor de treinta largometrajes, y no todos se identifican como políticos. No me considero a mí mismo como un cineasta político, sino un contador de historias", puntualiza en conversación con eldiario.es.


Lee hace uso de otras películas como Lo que el viento se llevó (1939) o El nacimiento de una nación (1915) para demostrar lo fácil que es destilar contenido racista a través del cine. Precisamente la segunda, según él, fue la que despertó al KKK tras años de letargo. "Como dice uno de los personajes, el Klan estaba desaparecido hasta que se estrenó la película de D.W Griffith. El nacimiento de una nación lo resucitó y condujo al linchamiento de afroamericanos. A los asesinatos", sentencia el cineasta.


"La pregunta importante es si el público es capaz de separar la persona de la obra. ¿Puede gustarte la canción pero no el o la que la interpreta por sus ideas políticas?", lanza. "Yo acabé mi grado en la escuela de cine en 1982. En el primer año, el primer filme que vimos fue El nacimiento de una nación. Y nos dijeron lo gran cineasta que era D. W. Griffith y lo que supusieron sus innovaciones. El problema fue que no nos dijeron que esta película provocó que mucha gente negra fuera asesinada. Así que, si vamos a proyectar Lo que el viento se llevó o El nacimiento de una nación, al menos contemos la historia completa", resuelve.


Los presidentes esclavistas


No es ningún secreto que la Historia es una asignatura pendiente en Estados Unidos, como ya demostró el catedrático James Loewen en el libro Patrañas que me contó mi profe. Los manuales están desfasados y normalmente se enseña desde la perspectiva del salvador, donde las invasiones quedan maquilladas sin consecuencias culturales ni antropológicas. Para Spike Lee, el problema se remite al principio de los tiempos.


"La historia de EEUU está basada en una mentira. La narrativa es una mentira. Nos vendemos como la cuna de la democracia, pero es una mentira. La verdad en la que yo creo es que los cimientos de los Estados Unidos de América se han erigido sobre el genocidio de los nativos y la esclavitud", declara.


Y continúa: "Robaron la tierra a los nativos y robaron a mis ancestros de sus hogares en África para que trabajaran esa tierra que habían robado. La gente negra ha construido los Estados Unidos de América. Trabajaron en la sombra de la mañana hasta la oscuridad de la noche. Y ahora los nativos americanos son prácticamente invisibles. Están relegados en, ni siquiera reservas, sino campos de concentración", dice lanzando un dardo hacia el sistema educativo de su país.


Sin atarse demasiado las manos con las cifras, Lee asegura que "los primeros cuatro o cinco presidentes de Estados Unidos tenían esclavos. Pero en las escuelas no te hablan de los esclavos de George Washington; te hablan de si cortó un cerezo y no sé qué estupideces más como que nunca dijo una mentira".


"Y no os enfadéis por lo que voy a decir", prosigue. "En 1492 Colón atravesó el océano azul", te cuentan el primer día de colegio. ¡Y una mierda! Cristóbal Colón fue un terrorista. Seamos sinceros, ¡un terrorista! Pero la Historia se cuenta para perpetuar el supremacismo blanco. Todo en la narrativa oficial es supremacismo blanco, supremacismo blanco y supremacismo blanco", clama.


Precisamente, Infiltrado en el KKKlan es una continua muestra de que esos alegatos racistas no se circunscriben a los años 70 ni a una panda de radicales que queman cruces frente a los hogares afroamericanos. "Me alegra que se puntualice que este ascenso de los populismos y los fascismos no solo se da en Norteamérica. El fenómeno de la derecha es universal. Tenemos que repudiar las mentiras que nos cuentan una y otra vez", reconoce.


En su opinión, "el cine es un gran medio para hacerlo, pero no es el único". Al final, la mirada del cine es tan personal como la que se lanza en los mítines políticos. Incluso Spike Lee ha reconocido que en ocasiones su filmografía, centrada en la lucha racial, ha caído en prácticas machistas, algo que segura estar revisando en su madurez.


Infiltrados en el KKKlan es una historia encabezada por dos hombres: el policía negro Ron Stallworth y su compañero Flip (interpretado por Adam Driver), que se infiltra en la secta en una operación orquestada por el primero. Sin embargo, Lee reserva un gran espacio entre sus protagonistas para Patrice, una joven estudiante afroamericana y militante de las Panteras Negras.


"El personaje está basado en Angela Davis y Kathleen Cleaver, dos mujeres negras y fuertes que fueron portavoces de las Panteras Negras", asegura orgulloso con una sonrisa de oreja a oreja.


"Lo que la gente olvida es que todo proviene del movimiento por los derechos civiles y que la lucha de los afroamericanos en EEUU puso los cimientos para el movimiento de los homosexuales y para los derechos de las mujeres. Todo va unido. El objetivo es que la gente sea libre; no puedes picotear y elegir uno y otro. No puedes ser feminista y antigay, ¿cómo funciona eso? Es una locura", afirma concluyendo que, en efecto, la lucha feminista y antirracista deben ir ligadas.


Al enterarse de que su paso por Madrid coincide con la visita de Angela Davis para la conferencia El feminismo será antirracista o no será, Spike Lee pega un brinco sobre la mesa e implora a su acompañante que concierte una cita con ella. Y así es como el cineasta sexagenario demuestra que nunca se es demasiado mayor ni demasiado famoso para admirar con pasión, ni para aprender de las mujeres y hombres que se dejaron la piel por un mundo mejor.

Por Mónica Zas Marcos
04/11/2018 - 21:06h

Publicado enInternacional
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