Jueves, 25 Junio 2020 10:50

Las lecciones del patrullero Zúñiga

https://www.flickr.com/photos/policiacolombia/5885648462/

La negativa a cumplir una orden por parte de un patrullero permite aproximarse a las concepciones sobre el ejercicio de la fuerza policial en nuestra sociedad. El hecho se constituye en una ventana de oportunidad para cuestionar los significados hegemónicos de heroísmo, profesionalismo y cumplimiento del deber, propios de una concepción militarista de la policía, pero también revela las limitaciones que tal cuestionamiento enfrenta.

 

El pasado martes 9 de junio un patrullero de la Policía Nacional con diez años de antigüedad en la institución, Ángel Zúñiga Valencia, se negó a cumplir una orden de desalojo contra una comunidad asentada en la ribera del río Pance, en uno de los sectores rurales de Cali.

El hecho se conoció por un video difundido masivamente en las redes sociales virtuales. De fondo se puede apreciar una máquina retroexcavadora preparándose para tumbar las viviendas y cultivos de la comunidad, mientras distintas voces felicitan y aplauden al policía, a quien se ve entregando su arma de dotación y su radioteléfono, ofreciendo retirarse el uniforme y esgrimiendo las razones para negarse a cumplir la orden:

“[…] yo me metí a esta profesión para proteger a los ciudadanos, no para ser abusivo contra ellos […] es algo injusto lo que están haciendo en este momento: no les van a dar vivienda, no les van a dar reubicación, están abusando de los derechos humanos, estamos en cuarentena”.

El caso no parece ser aislado, si se tiene en cuenta que en días anteriores también rotaron por las redes sociales virtuales videos de otros agentes de policía explicando por qué se negaban a desalojar vendedores ambulantes, pese a las restricciones impuestas por el confinamiento, pero permite observar las representaciones colectivas que se han construido sobre la Policía y avizorar posibilidades de transformación.

Deconstruyendo el heroísmo

De inmediato se produjo una ola de apoyo virtual al patrullero Zúñiga, de “tendencias” en las redes sociales y, por consiguiente, una disputa por el significado del hecho. Al menos temporalmente se operó un movimiento de resistencia respecto del discurso hegemónico sobre las Fuerzas Armadas instituido desde los tiempos del primer gobierno Uribe (2002-2006), que hasta cierto punto muestra sus fisuras.

En efecto, hubo una deconstrucción y resignificación de la categoría de “héroe”. Desde arriba, el marketing oficial basado en la atribución de esa dignidad a soldados y policías -“los héroes en Colombia sí existen”- los presenta defendiendo a la población de enemigos externos al orden social, como la delincuencia y la insurgencia armada.

En contraste, desde abajo, ahora se le confería dicho reconocimiento a un agente por defender a una comunidad desamparada frente a los atropellos e injusticias del propio establecimiento. Frente a las noticias de abuso de autoridad, corrupción y extralimitación en el uso de la fuerza, que ocupan cotidianamente tanto los medios masivos de comunicación como las mismas redes sociales, el ideal de heroísmo pareció coincidir con su expresión fáctica.
En este registro se ubicaron los mismos pobladores objeto del desalojo, que llamaron al policía “un ejemplo”, “un buen ser humano”, “un verdadero héroe”, así como los miles de ciudadanos que aplaudieron su actitud en las redes y los 40 congresistas de la bancada alternativa, quienes propusieron conferirle una condecoración al Patrullero y solicitaron que no fuera sancionado.

Así, el enmarcado de la situación dejó poco margen de maniobra a los custodios de la “institucionalidad” puesto que el hecho al mismo tiempo era positivo, un policía se convertía en héroe en un contexto en que otro miembro de la Institución es acusado de asesinar a un ciudadano afrocolombiano y en que se han presentado innumerables abusos en la implementación de las medidas de confinamiento por la pandemia, y negativo, pues se negaba a cumplir una orden.

La corrección política se oficializa

Paradójicamente, una acción juzgada por la opinión pública como “buena” no podía ser capitalizada como propaganda, al nivel de los policías cantando y bailando para amenizar la cuarentena en algún vecindario o repartiendo bolsas con pan. Por esa razón, en la disputa por el significado del evento el contradiscurso fue necesariamente ambiguo y políticamente correcto. Quien mejor lo sintetizó fue el brigadier general Manuel Vásquez, comandante de la Policía Metropolitana de Cali:

“Los policías de Colombia en el cumplimiento del deber nunca perdemos nuestra condición humana; sin embargo, frente a orden legítima expedida por la autoridad judicial o administrativa correspondiente no tenemos sino un solo camino, el de garantizar el cumplimiento. Ni el policía, como ningún servidor público, podrá incurrir en una omisión o extralimitación en el cumplimiento de su deber”.

En uno de los lados de la balanza imaginaria se ubicó la “humanidad” o “condición humana” del Patrullero y en el otro, mucho más pesado por supuesto, el cumplimiento del “deber” y la ley. Este concepto fue repetido, casi con las mismas palabras por el presidente Iván Duque, el alcalde de Cali, Jorge Iván Ospina, y numerosos “formadores de opinión”.

La cuestión del “deber”, y con él del profesionalismo, se redujo de esa manera a un problema legal. El exdirector de la Policía, general Luis Ernesto Gilibert sancionó al respecto: “El policía está para cumplir órdenes. Se obliga a cumplir la ley y hacer cumplir la ley”.

Al patrullero Zúñiga se le abrió un proceso disciplinario que en rigor no podrá avanzar, pues estaba obedeciendo la Constitución y por tanto cumpliendo su deber, máxime en el momento de emergencia debido a la pandemia, e igualmente hacía objeción de conciencia, que al ser individual no tendría por qué afectar el operativo.

La ley y la ideología

Pero las minucias legales que en contra del patrullero se esgrimen lo que envuelven, en últimas, es una concepción ideológica sobre el deber y el profesionalismo en la Policía. De esa manera, el discurso oficial sobre el suceso reproduce las limitaciones tanto del concepto del deber como de profesionalismo en que se asienta hoy la labor represiva de esta institución. Se trata de dos concepciones totalmente anacrónicas, sobre todo si se piensa en que formal y oficialmente la sociedad colombiana se encuentra en un período de “postconflicto” y en medio de un proceso de construcción de paz.

En efecto, el deber y el profesionalismo esgrimidos para argumentar que las órdenes solo se pueden cumplir, perviven en la Policía únicamente porque los intentos de reformar la estructura militar hoy prácticamente caduca, que le confirió el gobierno de Rojas Pinilla (1953) a fin de despolitizarla, han sido infructuosos. La reforma realizada en esta materia en 1993 (Ley 62) fue prácticamente cosmética.

Por un lado, redujo el concepto de “profesionalismo” a la exigencia de un grado mínimo de preparación académica formal, el bachillerato, para ingresar a la carrera policial. La mística y la vocación de servicio insertas en el concepto de “deber”, reducida a un artilugio jurídico entre los críticos del patrullero Zúñiga, se reemplazó desde el principio por un requisito burocrático, que ni siquiera es suficiente para garantizarlas.

Por otro lado, mantuvo la estructura jerárquica calcada del ejército y, por consiguiente, unas relaciones de mando-obediencia totalmente verticales. La reforma no unificó la estructura de la Policía, de tal manera que permitiera el ascenso de todos los efectivos en los mismos rangos en función de su antigüedad, desempeño o preparación, sino que se limitó a reemplazar el antiguo rango de “suboficiales” por un “nivel ejecutivo”, manteniendo como un rango aparte y superior a los oficiales.

En esta estructura, mientras la oficialidad una vez culmina su proceso de formación accede a un título profesional, análogo al de las profesiones liberales, el nivel ejecutivo no. En el fondo, se reproduce una concepción en donde los rangos inferiores de este último nivel se conciben como operarios o instrumentales, casi como herramientas, antes que como agentes capaces de enfrentar decisiones complejas, reflexionar y decidir. Estas son tareas que, al menos teóricamente, se mantienen en el rango de oficiales.

Otra noción del deber y del profesionalismo

De ahí que se asuma que el cumplimiento de las órdenes es irreflexivo, y más si de un agente del “nivel ejecutivo” se trata. Este supuesto es totalmente contrario a una noción más amplia de profesionalismo, que tenga en cuenta las particularidades de la función de un efectivo de la policía y sus enormes diferencias con las tareas que un soldado está llamado a desempeñar.

La interacción permanente con la ciudadanía y la comunidad le imponen al policía la necesidad de deliberar, ponderar, reflexionar, e incluso negociar, antes de tomar decisiones y actuar, y por supuesto mucho antes de emplear la fuerza, que debe ser siempre recurso de última instancia. Es ese conjunto de tareas las que le permiten al policía entender el entramado de los problemas que está llamado a resolver. Pero además le proporcionan un acercamiento a la gente, que no solo dota de legitimidad su acción sino que fundamentalmente posibilita el reconocimiento de sus interlocutores como ciudadanos, sin ningún tipo de distinción.

Por consiguiente, el cumplimiento ciego de una orden no solo puede afectar negativamente el profesionalismo sino que también puede ser contrario al deber, incluso reducido a la subordinación de la acción del policía a la Constitución y la ley. De hecho, una consecuencia de esa concepción es el creciente distanciamiento entre los policías y los ciudadanos. En particular en tareas de choque, como la contención de la protesta, las personas que en ella participan tienden a ser vistos como “enemigos”, más que como ciudadanos ejerciendo derechos, en lo que constituye un legado nocivo de las doctrinas contrainsurgentes.

Desde esta perspectiva, el patrullero Zúñiga, lejos de faltar al deber y al profesionalismo, nos permite apreciar una concepción alternativa y contrahegemónica de los mismos, pues se tomó el trabajo de reflexionar, ponderar y reconocer a las personas objeto del desalojo.

Explícitamente ponderó la orden judicial en relación con sus deberes en el marco de la Constitución y el respeto de los derechos humanos, pero también teniendo en cuenta el contexto particular de emergencia por la pandemia y la prohibición de los desalojos. Así declaró en una entrevista: “[…] Yo soy policía, pero si yo veo que las cosas están mal, cuando me dan una orden, yo evalúo si la orden es para bien o es para mal. Si la orden es para mal, entonces yo tengo que tomar una decisión: si camino ciego o abro los ojos [...] Las cosas que yo hice las hice como me manda la Constitución política”.

En ningún momento puso en riesgo la seguridad personal de sus compañeros policías, ni de los funcionarios o la comunidad, puesto que lo primero que hizo fue despojarse de su arma de dotación. Pero sobre todo, fue capaz de reconocer en la comunidad objeto del desalojo, quienes han infringido la ley, ciudadanos en toda la extensión del concepto, es decir, personas con las cuales también tiene la obligación de resguardarles sus derechos. En la entrevista con la revista Semana dice: “defendí los derechos de unos ciudadanos que no tenían a nadie que los apoyara, absolutamente, doctora, no tenían a nadie que los apoyara. Estaban desamparados, totalmente desamparados”.

¿Más policías como el patrullero Zúñiga o menos policía?

El caso de este patrullero ha significado una oportunidad para cuestionar ciertas prácticas y discursos dominantes sobre la Policía, como el heroísmo y los conceptos de deber y profesionalismo. Sin embargo, los cuestionamientos concretos han sido bastante limitados. Se han concentrado en la persona del Patrullero, resaltando su valor al oponerse a cumplir una orden injusta, pero no se ha transitado al cuestionamiento de la orden misma, esto es, de la función ultra-represiva que ha terminado por adoptar la Policía, ni a la injustica que implica el desalojo.

La discusión no fue más allá de reivindicar “más policías como el patrullero Zúñiga”, ubicando así los problemas que el suceso desnudó, la injusticia del desalojo y las funciones represivas de la institución policial, en el plano de las personas, de la ética y de la moral, más que en el terreno de las estructuras, las instituciones y la política. Por ejemplo, no se planteó la necesidad de menos policía y menos represión o de otro tipo de policía, de procedimientos policiales.

En suma, si por un lado el caso evidencia un hartazgo con una sociedad altamente represiva y una policía militarizada encargada de ejercer esa represión, por otro lado permite observar las dificultades que se tienen a la hora de cuestionar radicalmente el estado de cosas.

 

 

 

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Publicado enEdición Nº269
Miércoles, 24 Junio 2020 18:01

Las lecciones del patrullero Zúñiga

https://www.flickr.com/photos/policiacolombia/5885648462/

La negativa a cumplir una orden por parte de un patrullero permite aproximarse a las concepciones sobre el ejercicio de la fuerza policial en nuestra sociedad. El hecho se constituye en una ventana de oportunidad para cuestionar los significados hegemónicos de heroísmo, profesionalismo y cumplimiento del deber, propios de una concepción militarista de la policía, pero también revela las limitaciones que tal cuestionamiento enfrenta.

 

El pasado martes 9 de junio un patrullero de la Policía Nacional con diez años de antigüedad en la institución, Ángel Zúñiga Valencia, se negó a cumplir una orden de desalojo contra una comunidad asentada en la ribera del río Pance, en uno de los sectores rurales de Cali.

El hecho se conoció por un video difundido masivamente en las redes sociales virtuales. De fondo se puede apreciar una máquina retroexcavadora preparándose para tumbar las viviendas y cultivos de la comunidad, mientras distintas voces felicitan y aplauden al policía, a quien se ve entregando su arma de dotación y su radioteléfono, ofreciendo retirarse el uniforme y esgrimiendo las razones para negarse a cumplir la orden:

“[…] yo me metí a esta profesión para proteger a los ciudadanos, no para ser abusivo contra ellos […] es algo injusto lo que están haciendo en este momento: no les van a dar vivienda, no les van a dar reubicación, están abusando de los derechos humanos, estamos en cuarentena”.

El caso no parece ser aislado, si se tiene en cuenta que en días anteriores también rotaron por las redes sociales virtuales videos de otros agentes de policía explicando por qué se negaban a desalojar vendedores ambulantes, pese a las restricciones impuestas por el confinamiento, pero permite observar las representaciones colectivas que se han construido sobre la Policía y avizorar posibilidades de transformación.

Deconstruyendo el heroísmo

De inmediato se produjo una ola de apoyo virtual al patrullero Zúñiga, de “tendencias” en las redes sociales y, por consiguiente, una disputa por el significado del hecho. Al menos temporalmente se operó un movimiento de resistencia respecto del discurso hegemónico sobre las Fuerzas Armadas instituido desde los tiempos del primer gobierno Uribe (2002-2006), que hasta cierto punto muestra sus fisuras.

En efecto, hubo una deconstrucción y resignificación de la categoría de “héroe”. Desde arriba, el marketing oficial basado en la atribución de esa dignidad a soldados y policías -“los héroes en Colombia sí existen”- los presenta defendiendo a la población de enemigos externos al orden social, como la delincuencia y la insurgencia armada.

En contraste, desde abajo, ahora se le confería dicho reconocimiento a un agente por defender a una comunidad desamparada frente a los atropellos e injusticias del propio establecimiento. Frente a las noticias de abuso de autoridad, corrupción y extralimitación en el uso de la fuerza, que ocupan cotidianamente tanto los medios masivos de comunicación como las mismas redes sociales, el ideal de heroísmo pareció coincidir con su expresión fáctica.
En este registro se ubicaron los mismos pobladores objeto del desalojo, que llamaron al policía “un ejemplo”, “un buen ser humano”, “un verdadero héroe”, así como los miles de ciudadanos que aplaudieron su actitud en las redes y los 40 congresistas de la bancada alternativa, quienes propusieron conferirle una condecoración al Patrullero y solicitaron que no fuera sancionado.

Así, el enmarcado de la situación dejó poco margen de maniobra a los custodios de la “institucionalidad” puesto que el hecho al mismo tiempo era positivo, un policía se convertía en héroe en un contexto en que otro miembro de la Institución es acusado de asesinar a un ciudadano afrocolombiano y en que se han presentado innumerables abusos en la implementación de las medidas de confinamiento por la pandemia, y negativo, pues se negaba a cumplir una orden.

La corrección política
se oficializa

Paradójicamente, una acción juzgada por la opinión pública como “buena” no podía ser capitalizada como propaganda, al nivel de los policías cantando y bailando para amenizar la cuarentena en algún vecindario o repartiendo bolsas con pan. Por esa razón, en la disputa por el significado del evento el contradiscurso fue necesariamente ambiguo y políticamente correcto. Quien mejor lo sintetizó fue el brigadier general Manuel Vásquez, comandante de la Policía Metropolitana de Cali:

“Los policías de Colombia en el cumplimiento del deber nunca perdemos nuestra condición humana; sin embargo, frente a orden legítima expedida por la autoridad judicial o administrativa correspondiente no tenemos sino un solo camino, el de garantizar el cumplimiento. Ni el policía, como ningún servidor público, podrá incurrir en una omisión o extralimitación en el cumplimiento de su deber”.

En uno de los lados de la balanza imaginaria se ubicó la “humanidad” o “condición humana” del Patrullero y en el otro, mucho más pesado por supuesto, el cumplimiento del “deber” y la ley. Este concepto fue repetido, casi con las mismas palabras por el presidente Iván Duque, el alcalde de Cali, Jorge Iván Ospina, y numerosos “formadores de opinión”.

La cuestión del “deber”, y con él del profesionalismo, se redujo de esa manera a un problema legal. El exdirector de la Policía, general Luis Ernesto Gilibert sancionó al respecto: “El policía está para cumplir órdenes. Se obliga a cumplir la ley y hacer cumplir la ley”.

Al patrullero Zúñiga se le abrió un proceso disciplinario que en rigor no podrá avanzar, pues estaba obedeciendo la Constitución y por tanto cumpliendo su deber, máxime en el momento de emergencia debido a la pandemia, e igualmente hacía objeción de conciencia, que al ser individual no tendría por qué afectar el operativo.

La ley y la ideología

Pero las minucias legales que en contra del patrullero se esgrimen lo que envuelven, en últimas, es una concepción ideológica sobre el deber y el profesionalismo en la Policía. De esa manera, el discurso oficial sobre el suceso reproduce las limitaciones tanto del concepto del deber como de profesionalismo en que se asienta hoy la labor represiva de esta institución. Se trata de dos concepciones totalmente anacrónicas, sobre todo si se piensa en que formal y oficialmente la sociedad colombiana se encuentra en un período de “postconflicto” y en medio de un proceso de construcción de paz.

En efecto, el deber y el profesionalismo esgrimidos para argumentar que las órdenes solo se pueden cumplir, perviven en la Policía únicamente porque los intentos de reformar la estructura militar hoy prácticamente caduca, que le confirió el gobierno de Rojas Pinilla (1953) a fin de despolitizarla, han sido infructuosos. La reforma realizada en esta materia en 1993 (Ley 62) fue prácticamente cosmética.

Por un lado, redujo el concepto de “profesionalismo” a la exigencia de un grado mínimo de preparación académica formal, el bachillerato, para ingresar a la carrera policial. La mística y la vocación de servicio insertas en el concepto de “deber”, reducida a un artilugio jurídico entre los críticos del patrullero Zúñiga, se reemplazó desde el principio por un requisito burocrático, que ni siquiera es suficiente para garantizarlas.

Por otro lado, mantuvo la estructura jerárquica calcada del ejército y, por consiguiente, unas relaciones de mando-obediencia totalmente verticales. La reforma no unificó la estructura de la Policía, de tal manera que permitiera el ascenso de todos los efectivos en los mismos rangos en función de su antigüedad, desempeño o preparación, sino que se limitó a reemplazar el antiguo rango de “suboficiales” por un “nivel ejecutivo”, manteniendo como un rango aparte y superior a los oficiales.

En esta estructura, mientras la oficialidad una vez culmina su proceso de formación accede a un título profesional, análogo al de las profesiones liberales, el nivel ejecutivo no. En el fondo, se reproduce una concepción en donde los rangos inferiores de este último nivel se conciben como operarios o instrumentales, casi como herramientas, antes que como agentes capaces de enfrentar decisiones complejas, reflexionar y decidir. Estas son tareas que, al menos teóricamente, se mantienen en el rango de oficiales.

Otra noción del deber
y del profesionalismo

De ahí que se asuma que el cumplimiento de las órdenes es irreflexivo, y más si de un agente del “nivel ejecutivo” se trata. Este supuesto es totalmente contrario a una noción más amplia de profesionalismo, que tenga en cuenta las particularidades de la función de un efectivo de la policía y sus enormes diferencias con las tareas que un soldado está llamado a desempeñar.

La interacción permanente con la ciudadanía y la comunidad le imponen al policía la necesidad de deliberar, ponderar, reflexionar, e incluso negociar, antes de tomar decisiones y actuar, y por supuesto mucho antes de emplear la fuerza, que debe ser siempre recurso de última instancia. Es ese conjunto de tareas las que le permiten al policía entender el entramado de los problemas que está llamado a resolver. Pero además le proporcionan un acercamiento a la gente, que no solo dota de legitimidad su acción sino que fundamentalmente posibilita el reconocimiento de sus interlocutores como ciudadanos, sin ningún tipo de distinción.

Por consiguiente, el cumplimiento ciego de una orden no solo puede afectar negativamente el profesionalismo sino que también puede ser contrario al deber, incluso reducido a la subordinación de la acción del policía a la Constitución y la ley. De hecho, una consecuencia de esa concepción es el creciente distanciamiento entre los policías y los ciudadanos. En particular en tareas de choque, como la contención de la protesta, las personas que en ella participan tienden a ser vistos como “enemigos”, más que como ciudadanos ejerciendo derechos, en lo que constituye un legado nocivo de las doctrinas contrainsurgentes.

Desde esta perspectiva, el patrullero Zúñiga, lejos de faltar al deber y al profesionalismo, nos permite apreciar una concepción alternativa y contrahegemónica de los mismos, pues se tomó el trabajo de reflexionar, ponderar y reconocer a las personas objeto del desalojo.

Explícitamente ponderó la orden judicial en relación con sus deberes en el marco de la Constitución y el respeto de los derechos humanos, pero también teniendo en cuenta el contexto particular de emergencia por la pandemia y la prohibición de los desalojos. Así declaró en una entrevista: “[…] Yo soy policía, pero si yo veo que las cosas están mal, cuando me dan una orden, yo evalúo si la orden es para bien o es para mal. Si la orden es para mal, entonces yo tengo que tomar una decisión: si camino ciego o abro los ojos [...] Las cosas que yo hice las hice como me manda la Constitución política”.

En ningún momento puso en riesgo la seguridad personal de sus compañeros policías, ni de los funcionarios o la comunidad, puesto que lo primero que hizo fue despojarse de su arma de dotación. Pero sobre todo, fue capaz de reconocer en la comunidad objeto del desalojo, quienes han infringido la ley, ciudadanos en toda la extensión del concepto, es decir, personas con las cuales también tiene la obligación de resguardarles sus derechos. En la entrevista con la revista Semana dice: “defendí los derechos de unos ciudadanos que no tenían a nadie que los apoyara, absolutamente, doctora, no tenían a nadie que los apoyara. Estaban desamparados, totalmente desamparados”.

¿Más policías como el patrullero Zúñiga o menos policía?

El caso de este patrullero ha significado una oportunidad para cuestionar ciertas prácticas y discursos dominantes sobre la Policía, como el heroísmo y los conceptos de deber y profesionalismo. Sin embargo, los cuestionamientos concretos han sido bastante limitados. Se han concentrado en la persona del Patrullero, resaltando su valor al oponerse a cumplir una orden injusta, pero no se ha transitado al cuestionamiento de la orden misma, esto es, de la función ultra-represiva que ha terminado por adoptar la Policía, ni a la injustica que implica el desalojo.

La discusión no fue más allá de reivindicar “más policías como el patrullero Zúñiga”, ubicando así los problemas que el suceso desnudó, la injusticia del desalojo y las funciones represivas de la institución policial, en el plano de las personas, de la ética y de la moral, más que en el terreno de las estructuras, las instituciones y la política. Por ejemplo, no se planteó la necesidad de menos policía y menos represión o de otro tipo de policía, de procedimientos policiales.

En suma, si por un lado el caso evidencia un hartazgo con una sociedad altamente represiva y una policía militarizada encargada de ejercer esa represión, por otro lado permite observar las dificultades que se tienen a la hora de cuestionar radicalmente el estado de cosas.

Publicado enColombia
 Voluntarios toman la temperatura corporal de un residente en la provincia de Jilin, al noreste de China.Foto Afp

Las "Dos Sesiones (Lianghui)", la mayor reunión política del año en China –que se celebra estos días por los dos principales cuerpos políticos el Congreso Nacional del Pueblo y el Comité Nacional de la Conferencia Consultiva Política del Pueblo Chino–, tendrán como tarea principal reorganizar su esquema doméstico con fuerte apoyo a sus empresas estatales (sic) que han descollado en la I&D.

Frank Tang, del portal SCMP –con sede en Hong Kong y propiedad de Alibaba–, cita a analistas que consideran que el "giro económico estratégico de China" demuestra que el mandarín Xi se prepara al "caso del peor escenario" (https://bit.ly/2TI8WNb).

Xi proclamó que China prosigue un "nuevo plan de desarrollo" con enfoque en su mercado doméstico, en lugar de su modelo de crecimiento basado en sus exportaciones, debido a que la economía de China, según Frank Tang, se encuentra bajo fuerte presión por el C-19, conforme escalan la guerra comercial y las tensiones tecnológicas con EU.

Este "giro" no es tan novedoso. Hace 15 años Stephen Roach, a cargo de Morgan Stanley en Asia, vislumbraba la interiorización de la economía china basada en sus miríficos ahorros, los más altos del mundo, entre 44.5 y 50 por ciento de su PIB (https://bit.ly/36xtahI), que hoy facilitarían su permutación: ¡2.57 veces más que EU! (https://bit.ly/2ZDuZs8).

El 80 Por ciento del PIB de EU se sostiene por su frenético consumismo, envuelto en su vulgar esquema Ponzi, sin contar que la mitad de su PIB proviene del "bono hegemónico" de su dolarcentrismo (https://bit.ly/2ZDVei1). ¡Ahorros de China vs consumismo de EU!

El abordaje de Xi es "integral, dialéctico (sic) y de largo plazo" (https://bit.ly/2ZAS5jf): "debemos tratar la demanda doméstica y su punto de apoyo conforme aceleramos la edificación de un sistema completo (¡mega-sic!) de consumo doméstico, que promueva mayormente la innovación en ciencia, tecnología y otras áreas".

Tang comenta que China abandona la estrategia de "gran circulación internacional" adoptada en la década de los noventa que "ayudó a alimentar su crecimiento para convertirse en la segunda mayor economía mundial".

Frank Tang cita a Hu Xingdou, economista "independiente (sic)" en Pekín, quien deduce y aduce que se trata de "prepararse al caso del peor escenario, que incluye el desacoplamiento con EU, e incluso, con el entero (sic) mundo occidental".

Habría que definir el significado y qué queda(rá) de "Occidente", que incorpora con pasmosa laxitud a países asiáticos como Japón, Sudcorea e India, ya no se diga cuando la Unión Europea propende a la balcanización y ahonda su fractura con Trump.

Para Hu Xingdou, en forma fatalista, China no tiene otra opción sino enfrentar la adversidad: "China debería hacer un mayor esfuerzo para convencer al resto del mundo que no tiene intención de construir un modelo económico diferente del presente sistema global".

¿Cuál "sistema global" cuando feneció la globalización financierista anglosajona y el mundo fracturado se encamina a una desglobalización con mayor enfoque en el Estado? (https://bit.ly/2zyT7Bt).

Pekín buscaba ya su anhelada autarquía bajo el eslogan Made in China 2025 (https://bit.ly/2Xw2JoF), más una aspiración soberanista/independentista que una realidad, debido a la interdependencia segmentada de los actores planetarios, en particular, paradójicamente, entre China y EU.

Según Xi, China enfrenta vientos desfavorables en el mundo externo: una profunda recesión de la economía global –cuya recuperación tomará dos o tres años–, una disrupción internacional del comercio y las inversiones, "desenfrenados proteccionismo y unilateralismo" y riesgos geopolíticos.

Xi alertó que "debemos ahora buscar el desarrollo en un mundo más inestable e incierto", mientras China intenta ser más autosuficiente en tecnología y centros de mercado, en particular en la economía digital, la manufactura inteligente, en la salud y la biología para operar su "transformación económica".

El "cisne negro" del C-19 desnudó la miseria manufacturera de EU (https://bit.ly/2XBnaR0), rubro en que China le lleva amplia ventaja.

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Acorralado, renunció J.J. Rendón, asesor de Juan Guaidó

La Operación Gedeón dejó en crisis al líder opositor y a quienes lo rodean

Rendón había estado en el centro de la polémica por su rol en la elaboración y firma del contrato con la contratista militar estadounidense Silvercorp, que detallaba cómo capturar o asesinar a Nicolás Maduro.

 

El efecto encadenado del fracaso de la Operación Gedeón continúa: Juan José Rendón, hombre clave en los últimos sucesos que desembocaron en la llegada de mercenarios a Venezuela, presentó su renuncia al “comité de estrategia” del “gobierno interino de Juan Guaidó”.

Rendón había estado en el centro de la polémica por su rol en la elaboración y firma del contrato con la contratista militar estadounidense Silvercorp, que detallaba cómo capturar o asesinar a Nicolás Maduro, Diosdado Cabello, y proceder a una persecución de civiles y militares en el país durante más de un año.

A diferencia de Guaidó, Rendón reconoció haber firmado el contrato. Ante la crisis abierta por la situación, fue él quien salió a dar explicaciones ante los medios de comunicación para realizar un control de daños, e intentar ofrecer una versión ante la cantidad de contradicciones dichas por Guaidó.

La explicación de Rendón fue que firmó, pero el plan no se ejecutó, no porque no estuviera de acuerdo con lo que allí se acordada, sino por su desconfianza con el dueño de Silvercorp, Goudreau. El “estratega” nunca pudo explicar por qué en el contrato aparecía la firma de Guaidó, ni por qué existía un audio de la firma del contrato donde se escucha a Guaidó y a Goudreau.

Las mentiras y gravedad de la situación abrieron una nueva división dentro de la oposición venezolana. El partido Primero Justicia -del cual es miembro Henrique Capriles y Rendón asesoró en su campaña presidencial- pidió que sean removidos de sus cargos quienes se involucraron con la acción.

No solamente Primero Justicia se pronunció contra lo sucedido, sino también una parte significativa de la oposición, tanto de quienes se alejaron del plan que encarna Guaidó, como quienes se mantuvieron alineados.

La renuncia de Rendón, así como la del diputado Sergio Vergara, también firmante del contrato, indica un reconocimiento público del impacto provocado por la Operación, en la cual siguen siendo detenidos mercenarios día tras día, como el día domingo, donde catorce fueron apresados en el operativo policial y militar que se mantiene desplegado en estado de alarma.

La Operación Gedeón dejó en crisis a Guaidó y quienes lo rodean. Alguien debía pagar el costo y fueron Rendón y Vergara. En cuanto a los autores internacionales la estrategia ha sido la de negar y borrar pistas para afirmar que ni el gobierno norteamericano ni el colombiano estuvieron involucrados en lo que en la prensa estadounidense fue nombrado como Bahía de Cochinos.

Sin embargo, como afirmó la carta de tres senadores demócratas del Comité de Relaciones Exteriores del Senado, Chris Murphy, Tim Kaine y Tom Udall: “o bien el gobierno de Estados Unidos no estaba al tanto de estas operaciones planificadas, o estaba al tanto y les permitió proceder, ambas posibilidades son problemáticas”.

El gobierno venezolano afirmó desde el inicio que esta Operación tuvo participación de Estados Unidos vía la DEA -con la cual el “gobierno de Guaidó” publicitó haberse reunido en agosto del año pasado- y de Colombia que facilitó el territorio de principio a fin, aún con las denuncias del gobierno y de uno de los implicados, Cliver Alcalá, que afirmó que la administración de Iván Duque estaba al tanto de los campos de entrenamiento militares.

Estas renuncias suman así un nuevo capítulo de una acción -conectada con otras operaciones armadas pasadas y en preparación- que dejó escrito blanco sobre negro hasta dónde está dispuesta a llegar la estrategia golpista en Venezuela, no solamente para derrocar a Maduro, sino para “estabilizar” el país, como quedó detallado en el contrato. 

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China decidió multiplicar su arsenal nuclear

Días atrás trascendió que el Ministerio de Seguridad de China instaba al Gobierno a prepararse incluso para una guerra, en vistas de la presión de la Casa Blanca y de Occidente, con renovadas acusaciones sobre su responsabilidad en la pandemia, que alcanzaron "un nivel de histeria".

 

En efecto, trascendió que "un documento fue presentado a principios de abril por el Ministerio de Seguridad chino a los principales líderes de Pekín, entre ellos el presidente de la República, y en él se asegura que la hostilidad hacia China está en su punto más alto desde las sanciones internacionales que sufrió China tras la matanza de la Plaza Tiananmen de 1989".

El citado informe habría sido elaborado por los Institutos de Relaciones Internacionales Contemporáneas de China (CICIR), expertos del Ministerio de Seguridad del Estado, que es el principal órgano de inteligencia de China. Además de contener el ascenso de China, los especialistas estiman que EEUU pretende debilitar el Gobierno del Partido Comunista socavando la confianza de la población.

Frente a esta situación, Pekín tiene entre sus planes dos armas pesadas. Una de ellas consiste en "reducir sus vastas tenencias de bonos del Tesoro de Estados Unidos".

"China podría desencadenar una caída del dólar estadounidense y de los mercados financieros inundando el mercado con bonos del Tesoro de EEUU a la venta, lo que empujaría a la baja los precios de los bonos estadounidenses", sostiene el periódico de Hong Kong South China Morning Post, citado por Sputnik.

Es cierto que la venta masiva de sus bonos del Tesoro causaría una catástrofe financiera global, que también perjudicaría al dragón, por lo cual no es la mejor opción, aunque este tema está sobre la mesa desde tiempo atrás.

Lo realmente novedoso, es que los medios oficialistas están llamando a incrementar seriamente el armamento nuclear. El editorial de Global Times del 8 de mayo se pregunta: "¿Esta ola anti-China está diseñada específicamente para que Trump gane la reelección? ¿Se disipará una vez que terminen las elecciones?". E inmediatamente se responde: "No podemos estar bajo tal engaño".

En suma, la dirección china tiene muy claro que gane quien gane las elecciones presidenciales de noviembre, la campaña "responsabilizar a China" seguirá su curso.

"El ascenso de China está causando que algunas élites políticas estadounidenses abandonen el pensamiento racional. Su juicio básico ha sido distorsionado", sostiene el editorial oficialista. "Atacar a China se ha convertido gradualmente en la nueva "corrección política" en los Estados Unidos, que afecta seriamente la comprensión objetiva de la sociedad estadounidense de los problemas relacionados con China", concluye.

El resultado de este análisis parece obvio: "China necesita prepararse para un desafío a largo plazo. Primero, debemos fortalecer y mejorar nuestra tecnología científica central y nuestro poder estratégico militar".

En la misma edición, el editor jefe de Global Times, Hu Xijin, titula su análisis: "China necesita aumentar sus ojivas nucleares a 1.000". Agrega que el país asiático debe tener al menos 100 misiles estratégicos Dongfeng-41, porque "necesitamos un arsenal nuclear más grande para frenar las ambiciones estratégicas e impulsos estadounidenses hacia China. Quizás tengamos que enfrentar desafíos con una determinación más fuerte en el futuro cercano, lo que requiere el apoyo de los misiles Dongfeng y Julang".

Aunque el medio oficioso del Partido Comunista defiende las buenas relaciones con EEUU, no se llama a engaño. "No seas ingenuo. No asumas que las ojivas nucleares son inútiles. De hecho, se están utilizando todos los días como un elemento disuasorio para dar forma a las actitudes de las élites estadounidenses hacia China".

En 2006 la Agencia de Inteligencia de la Defensa de EEUU estimaba que China poseía unas cien ojivas nucleares, aunque otras fuentes estimaban que ascienden a 400. En cualquier caso, se plantea un aumento importantísimo del arsenal nuclear y, sobre todo, se lo proclama abiertamente cuando el dragón había sido muy cuidadoso hasta ahora al abordar estos temas.

La impresión que se recoge es que la dirigencia china está muy preocupada con la deriva de agresividad que está tomando forma a raíz de la pandemia de coronavirus. Por lo que se puede recordar, desde que Mao Tse Tung afirmara, antes del triunfo de la revolución, que "la bomba atómica es un tigre de papel", a la que no debía temerse, los sucesivos gobiernos chinos no habían abordado el tema nuclear de esta forma tan clara y transparente.

Es evidente que la República Popular China se viene reforzando de manera formidable, como lo demuestra la botadura de dos nuevos submarinos nucleares portadores de misiles balísticos intercontinentales, además del segundo navío de asalto anfibio en apenas siete meses, un portahelicópteros de 35,000 toneladas.

Por último, el analista Xulio Rios del Observatorio de la Política China, estima que Xi Jinping está promoviendo un hondo viraje en los asuntos internos. "Asistimos en las últimas semanas a una acusada recentralización de los asuntos de Hong Kong que amenaza con pulverizar la autonomía local". Agrega que el Gobierno tiene urgencia en promover la estabilidad interna, pues en el marco de "una pésima situación económica por el impacto de COVID-19, ya ha adelantado que la estabilidad social será crucial para la recuperación".

Parece evidente que el Gobierno chino se está preparando para una guerra que no desea, pero que considera tal vez inevitable. Para eso extrema el control interno, evitando así posibles estallidos sociales que —como en el período imperial debilitarían al país.

Por otro lado, sigue adelante con lo que los especialistas denominan como "ritmo frenético" en la construcción y modernización de su flota de guerra, que está llamada a jugar un papel muy destacado en la defensa del Mar del Sur de China, aguas estratégicas para el dragón, por donde pasa buena parte del comercio internacional y, de modo muy particular, las gigantescas cisternas que lo aprovisionan de petróleo.

Es probable que las altas esferas chinas estén convencidas de que las elites estadounidenses ya se hayan decidido por desatar un conflicto armado, probablemente localizado, para contener su inevitable decadencia imperial.

17:16 GMT 08.05.2020(actualizada a las 17:25 GMT 08.05.2020) URL corto

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El presidente venezolano, Nicolás Maduro, muestra los pasaportes de dos ciudadanos estadounidenses, acusados por el gobierno venezolano de participar en un supuesto intento de incursión durante una rueda de prensa sobre un presunto golpe de estado. Marcelo Garcia /Prensa Miraflores / DPA / Europa Press

Un asesor de Guaidó acordó el plan con el mercenario Jordan Goudreau, pero más tarde rompieron la relación y Goudreau siguió adelante con la operación buscando los 15 millones de dólares que ofrecía EEUU por Nicolás Maduro

 

Pocas veces el dinero fácil se ofrece a cambio de una operación tan complicada. Cualquiera habría desconfiado. No era tan simple como parecía. Les pedían invadir un país del que lo desconocía casi todo. Secuestrar a su presidente para llevarlo a Estados Unidos. Cobrar la recompensa de 15 millones de dólares que ofrece el gobierno de Estados Unidos y luego esperar que la suma aumentara en función de la generosidad de quienes asumieran el poder.

No obstante, el plan para derrocar al presidente venezolano, Nicolás Maduro y llevárselo a Florida para que enfrentara allí un juicio por narcotráfico parecía solvente para un antiguo sargento del ejército estadounidense, Jordan Goudreau. Al menos mientras lo diseñaba en un lujoso apartamento en Miami a finales de 2019. El antiguo boina verde de 43 años, que también tiene nacionalidad canadiense, estaba seguro de que su experiencia en Irak y Afganistán le había preparado para una misión como esa.

A sus interlocutores de la oposición venezolana también debía sonarles sensato, incluso tras el fracaso del último de los intentos previos de golpe de Estado ese mismo 2019. Por eso los representantes de Juan Guaidó, a quien Estados Unidos y la mayor parte de sus aliados reconocen como presidente legítimo de Venezuela, firmaron un contrato con Goudreau con ese objeto: Derrocar a Maduro.

Pero en entrevistas concedidas a The Guardian, uno de los líderes más importantes de la oposición ha explicado que comenzaron a dudar de Goudreau y llegaron a cortar relación con él meses antes de que lanzara una incursión que terminó en desastre y cuyo eco recuerda al fracaso de la invasión de Cuba a través de la Bahía de Cochinos en 1961. La debilidad de su plan fue puesta de manifiesto cuando dos antiguos miembros de las fuerzas especiales de Estados Unidos acabaron expuestos ante el público en harapos. Airan Berry y Luke Denman fueron detenidos en el mar, antes de poner pie en Venezuela.

Se cree que en la operación murieron ocho personas y más de 100 acabaron detenidas. Berry y Denman aparecieron en la televisión pública venezolana dando algunos detalles sobre el plan para tomar la casa presidencial y enviar a maduro a Estados Unidos.

Goudreau había anunciado una "audaz incursión anfibia". Su nombre en código, de inspiración bíblica: Operación Gideon, símbolo de la victoria del débil frente a un rival de mayor envergadura. "Hemos activado unidades en el sur, el oeste y el este de Venezuela", dijo vestido con una camisa verde y junto a quien fuera capitán de la Guardia Nacional de Venezuela, Javier Nieto Quintero.  

Pero en el momento de hacer público tan importante anuncio, el operativo ya había fracasado. La agencia Associated Press había publicado una larga investigación dos días antes exponiendo el plan. Si AP lo sabía, es probable que el Gobierno venezolano estuviera al corriente.

Goudreau formó parte del Ejército de Canadá en la década de los 90 y estudió en la Universidad de Calgary antes de unirse a los boinas verdes estadounidenses. Fue sargento médico durante 15 años y estuvo destacado en Irak y Afganistán varias veces. En 2018, después de abandonar el Ejército, Goudreau creó una empresa de seguridad, Silvercorp USA.  Su plan era ofrecer guardias a las escuelas de Estados Unidos para protegerlas de los ataques armados que sufren.

En su página web, Silvercorp se ufana de que Goudreau lideró "equipos de seguridad multinacionales para el Presidente de Estados Unidos". Ha provisto de seguridad privada en mítines políticos de Donald Trump.

Juan José Rendón, un viejo conocido en Latinoamérica

A principios de 2019, Goudreau prestó sus servicios en un concierto en apoyo a los refugiados venezolanos en la frontera colombiana organizado por Richard Branson, el multimillonario dueño del imperio Virgin. Allí conoció a Cliver Alcalá, un exgeneral venezolano que desertó para sumarse a las filas de la oposición. El dúo comenzó a hablar de la posibilidad de derrocar a Maduro.

En septiembre, el complot avanzaba. Se reunió en Miami con Juan José Rendón, un exiliado venezolano al que Guaidó ha encargado el diseño de estrategias para tomar el poder.

Juan José Rendón es un viejo conocido de la política latinoamericana. Dimitió como asesor del entonces presidente colombiano Juan Manuel Santos debido a las acusaciones de que había recibido dinero de narcotraficantes. También lo acusaron de manipular las elecciones de 2012 en México. Él niega categóricamente ambas informaciones.

Guaidó creó un grupo asesor al que encargó el diseño de planes para terminar con el régimen de Maduro. La función de Rendón era asesorar a ese grupo sobre el mejor modo de poner esos planes en marcha. 

El asesor cuenta que habían explorado todas las posibilidades –legales– de derrocar al presidente. Incluso las leyes referentes a la piratería. Entrevistaron a expertos en seguridad, la mayor parte exmilitares que ofrecen sus servicios especializados a cambio de cifras multimillonarias. "No había límites, 1000 millones, 1500 millones de dólares", señala Rendón a The Guardian.

La empresa de Goudreau era mucho más barata. Un fijo de millón y medio de dólares y algo más de 200 millones a pagar a partir de los beneficios futuros de la explotación del petróleo venezolano. Rendón afirma que [Goudreau] "estaba preparando algo en Venezuela que pasaría por la frontera colombiana". Goudreau dijo que tenía 800 hombres listos para la invasión.

Tras una serie de encuentros, en octubre llegaron a un acuerdo que consistía en "una operación para capturar, detener, derrocar a Nicolás Maduro… derrocar el régimen en vigor e instalar al presidente reconocido de Venezuela, Juan Guaidó", señala Rendón.

Goudreau ha publicado varias de las páginas del acuerdo, una de ellas firmada aparentemente por Guaidó. Quien iba a convertirse en presidente del país dice que la firma no es suya y ha negado vínculo alguno con el plan.

Rendón se tomó la relación con Goudreau tan en serio como para pagarle 50.000 dólares de su propio dinero para cubrir gastos. "Se quejó de que yo era rico y él estaba gastando dinero sin serlo", cuenta.

El acuerdo entre ambos recogía que Silvercorp tenía 45 días para entrenar y equipar una fuerza de invasión antes de que varios equipos se infiltraran en Venezuela para tomar posiciones y edificios desde los que alentar a la población a un levantamiento.

Goudreau empieza a perder credibilidad

Pero Rendón no tardó mucho en comenzar a dudar de la disponibilidad de los recursos y la experiencia de los que Goudreau se jactaba y comenzó a preocuparse por un comportamiento errático que incluía peticiones de dinero constantes.

Rendón ha mostrado a The Guardian mensajes de texto que, afirma, son de Goudreau y en los que muestra su enfado y pide un avance de millón y medio de dólares. "Recibiré el millón y medio por la vía legal. Qué vergüenza", dice uno de los mensajes. "Te lo pusimos en bandeja de plata y lo jodiste todo", dice otro.

"Después de esto, tu credibilidad en Washington equivale a cero", se lee en otro. "Eres multimillonario, debería darte vergüenza no arreglar tu país. No te mereces vivir en Estados Unidos". Ni Goudreau ni su abogado han contestado a The Guardian.

Mientras preparaba la incursión que acabaría abortada, Goudreau declaró a Factores de Poder, un canal de Youtube que emite desde Miami: "Siguieron prometiéndome que pagarían semana tras semana. Eso duró un mes hasta que más o menos nos dimos cuenta de que no iba a pasar nada".

Rendón sostiene que había perdido la confianza en Goudreau por su "carácter y su comportamiento", así como por "falta de respeto". Asegura que Guaidó había comenzado a sospechar que Goudreau hablaba demasiado.  "En Colombia se reunía antes que con nosotros con gente relacionada con ciertos grupos que no aprobamos porque están relacionados con el régimen", añade el asesor.

La disputa sobre la cantidad fija de millón y medio de dólares llegó a su momento crítico en noviembre, durante una reunión en el apartamento de Rendón en Miami en la que Goudreau, Nieto y otros exiliados se enfrentaron con el asesor político. "La conversación se calentó más y más y al final Nieto tuvo que proponer que saliéramos al balcón para relajarnos", recuerda Rendón. Goudreau se fue sin su dinero. Rendón dijo que no supo más de él hasta abril, cuando recibió una carta de un abogado que le reclamaba el pago del millón y medio de dólares.

Rendón no había sido el primero en desmarcarse del acuerdo con Goudreau. Drew White, que sirvió en el Ejército con Goudreau, Denman y Berry y había ayudado a crear Silvercorp se separó de él en 2019, al empezar a prepararse el plan para secuestrar a Maduro. Le parecía que iba más allá de lo que debía. "Por mucho que quieras apoyarle como amigo, no tenía los pies sobre el suelo", dijo White a Associated press. "Nada de lo que decía tenía sentido".

Ephraim Mattos, que fue miembro de la Marina de Estados Unidos y formó en medicina táctica a algunos de los hombres que participaron en la invasión declaró a The Wall Street Journal que había tratado de detener la operación, pero Goudreau decidió seguir adelante.

Los preparativos sobre el terreno comenzaron a caer en marzo. La policía colombiana detuvo entonces a Jorge Alberto Molinares conduciendo un Renault Duster lleno de fusiles de asalto, chalecos antibalas y cascos rumbo a una casa en Riohacha, una localidad costera a menos de 100 kilómetros de la frontera venezolana.

Las autoridades vigilaban la casa desde que el propietario se había quejado de que los conspiradores no pagaban el alquiler. Molinares dijo a los investigadores que llevaba el cargamento a un hombre apodado "Pantera" que las autoridades venezolanas identificaron como Robert Levin Colina Ibarra, fallecido durante el fracaso de la invasión.

Los planes de Goudreau se complicaron aún más cuando Alcalá, el exgeneral venezolano con cuyo apoyo creía contar, fue acusado de los mismos delitos de narcotráfico lanzados contra Maduro. Antes de entregarse, Alcalá dijo a The Guardian que hizo lo que hizo con conocimiento de "contratistas estadounidenses y el Gobierno colombiano", pero no dio más detalles.

En Marzo, al anunciar las acusaciones, las autoridades estadounidenses ofrecieron una recompensa de 15 millones de dólares por pistas que permitieran la captura de Maduro y aportaran pruebas a la investigación abierta por narcotráfico.

Una vez que Goudreau tuvo claro que no iba a recibir dinero de Rendón, ganó fuerza la supuesta recompensa que podría recibir de su propio Gobierno. El secretario de Estado de Estados Unidos, Mike Pompeo, arqueó las cejas esta semana al tiempo que negaba implicación "directa" en el complot.

Berry, uno de los mercenarios estadounidenses capturados, dijo en la televisión venezolana que el plan consistía en llevarse al presidente de la casa presidencial, un edificio del siglo XIX situado en pleno centro de Caracas. Pero no dio detalles sobre la logística del operativo más allá de que iban a tomar un aeropuerto militar cercano y aviones para llevarse a Maduro.

Una vez los pretendidos liberadores de Venezuela fueron conducidos a la costa el pasado domingo, tras su detención, Maduro afirmó que tenía agentes infiltrados en la operación hace tiempo y que estaban listos para desmontarla. "Lo sabemos todo", dijo. "Qué comen, qué no comen, lo que bebieron. Quién pagó". 

Guaidó dijo que si el presidente venezolano había dejado que la operación avanzara pese a toda esa información, tenía las manos manchadas de sangre. "Nicolás Maduro eres responsable. Sabían de la operación, se infiltraron y esperaron para masacrarlos", afirmó.

Goudreau ha sido más gráfico al referirse a la 'Operación Gideon' una vez que todo se hundía a su alrededor: "He perdido mucho dinero. Mucho. Fuimos muchos los que nos unimos para preparar esto. He luchado toda mi vida por la libertad. Es todo lo que sé".

 Por Julian Borger / Joe Parkin Daniels / Chris McGreal - Washington / Bogotá

08/05/2020 - 22:28h

 Traducido por Alberto Arce

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El dilema de Vladimir Putin en Siria no tiene una resolución fácil

En los últimos días algunos medios han publicado que Vladimir Putin está tratando de que Asad haga concesiones a la oposición. Aunque no está claro qué es exactamente lo que quiere, el presidente ruso no parece dispuesto a renunciar a su presencia en Siria.

 

Desde que se inició la intervención de Rusia en el conflicto sirio en 2015, el presidente Bashar al Asad ha pasado de una situación claramente perdedora a consolidar su dominio en la mayor parte del país. A cambio, Vladimir Putin ha obtenido una presencia significativa en Oriente Próximo, una región que ha estado sometida históricamente a la hegemonía de Estados Unidos y en la que últimamente Israel juega un papel central.

Algunas noticias aparecidas recientemente en medios de comunicación rusos, y de las que se han hecho eco medios occidentales como la agencia alemana DPA y la americana Bloomberg, señalan que la luna de miel entre Putin y Asad atraviesa por un momento crítico y que el primero desea resolver de una manera rápida y satisfactoria para los intereses de Moscú una situación que le causa quebraderos de cabeza.

El problema es que Putin no ve ninguna figura que pueda sustituir a Asad. La imagen del líder sirio se ha deteriorado mucho con el conflicto que comenzó en 2011 espoleado y alimentado por potencias occidentales y regionales, que derivó en una guerra civil abierta con la muerte de cientos de miles de personas y con el desplazamiento interno y externo de millones de refugiados.

Según distintos medios rusos, Putin estaría presionando a Asad para que mostrara una mayor flexibilidad en las negociaciones con la oposición con el fin de lograr un arreglo político al conflicto, una posición que Asad rechazaría por verla inviable, al considerar que Siria no puede arriesgarse a una reanudación de la guerra civil, un peligro que es muy evidente.

Las mismas potencias que incendiaron el conflicto jaleando a los insurgentes e invirtiendo dinero, armas e inteligencia a manos llenas, ahora indican al gobierno de Siria que la única manera que tiene de obtener inversiones para la reconstrucción es echando a Asad. Esas mismas potencias, por supuesto no tienen otro plan de salida y parecen seguir creyendo que las cosas se arreglarán e irán como la seda si Asad desaparece de la escena de un día a otro por arte de magia.

El enorme sufrimiento causado con sus injerencias no les importa lo más mínimo, ni tampoco el sufrimiento que pueden causar a partir de ahora. La idea que acarician, ya sea por ingenuidad o por ambiciones hegemónicas, es establecer en Siria una democracia liberal que sirva de modelo a la región, con la inversión de miles de millones de dólares para la reconstrucción que ahora niegan a Asad: es decir, exactamente las mismas promesas que hicieron a Irak, país que ya goza de una vibrante democracia y de gran bienestar gracias a George Bush y sus aliados occidentales, y donde todos cenan perdices escabechadas por la noche.

Si acepta ese viejo juego, Putin podría tener la última palabra. No está claro que el presidente ruso vaya a aceptarlo, entre otras cosas porque acabaría con la presencia de Rusia en Siria, y porque va en contra de los intereses regionales de Moscú. Crear en la zona otro país fallido al lado de Irak no redundaría en beneficio de Rusia y sí en beneficio de las potencias occidentales.

Aunque el portavoz del Kremlin Dmitry Peskov ha negado que Putin esté descontento con la resistencia de Asad a alcanzar un compromiso con la oposición, en varios medios moscovitas se dice lo contrario, sin aportar pruebas sólidas que lo demuestren.

Un reciente artículo en la Agencia de Noticias Federal de Moscú, a quien algunos analistas vinculan con el Kremlin, decía que Asad es corrupto y que no cuenta con un apoyo mayoritario entre su pueblo. El artículo fue recogido por varios medios pero pronto desapareció de la página de la agencia, una indicación de que probablemente no fue del agrado del Kremlin.

Días después apareció otro artículo crítico con Asad en un grupo de presión vinculado al Kremlin, el Consejo Ruso para Asuntos Internacionales, donde se afirmaba que el gobierno de Damasco no tenía una política de futuro y no era flexible con la oposición. Tanto uno como otro artículo se interpretan en Occidente como indicaciones de un posible descontento de Putin.

En cualquier caso, los dos presidentes, Putin y Asad, se hallan hundidos en un pantano y a corto o medio plazo no se vislumbra que vayan a salir a flote. Esto significa sobre todo que los sirios van a seguir viviendo en una economía de guerra en la que no entrará dinero y por lo tanto no se producirá la urgente reconstrucción que necesita el país.

Además, si Putin arroja al líder de Damasco a los leones, la posición rusa en Oriente Próximo sufrirá las consecuencias y se iniciará un periodo de grandes incertidumbres, máxime si se tiene en cuenta que la "oposición" moderada son cuatro gatos mal contados, aunque cuenten con el apoyo incondicional de Occidente para establecer una "democracia liberal modélica" que parece una utopía irrealizable, directamente un delirio.

Por otra parte, si es cierto que Putin está presionando a Siria, también podría ser para que Asad adoptara algunas decisiones puramente cosméticas que le permitieran al presidente ruso decir a Occidente que se han hecho las concesiones razonables que podían hacerse, y hasta ahí hemos llegado. En esta lectura quedaría claro que Putin no quiere ni puede abandonar a su aliado sencillamente porque no existe ninguna alternativa viable a Asad.

30/04/2020 07:43

por EUGENIO GARCÍA GASCÓN

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Bukele autoriza a los cuerpos de seguridad a usar la "fuerza letal" para combatir a las pandillas ante el aumento de homicidios en El Salvador

La decisión del presidente llega en medio de los reportes de que al menos 53 personas fueron asesinadas entre el viernes, sábado y este domingo a lo largo

de todo el país.

Ante el incremento de los homicidios en El Salvador en los últimos días, el presidente del país, Nayib Bukele, autorizó este domingo a los cuerpos de seguridad a usar la "fuerza letal" para combatir a las pandillas, acusadas de la mayoría de los asesinatos cometidos en la nación centroamericana.

"El uso de la fuerza letal está autorizado para defensa propia o para la defensa de la vida de los salvadoreños", señaló Bukele a través de su cuenta en Twitter, pidiendo a "la oposición que se ponga del lado de la gente honrada, y a las instituciones que controlan que dejen de proteger a quienes asesinan" al pueblo.

"Las maras están aprovechando que casi la totalidad de nuestra fuerza pública está controlando la pandemia [de coronavirus]. Tendremos que mover recursos para combatirlas", dijo el presidente. 

Además, Bukele indicó que el Gobierno "se encargará de la defensa legal de quienes sean injustamente acusados por defender la vida de la gente honrada" e instó a la Fiscalía General a "procesar a los aliados de las pandillas" por "asociaciones terroristas" y "apología del terrorismo".

Por su parte, el director general de centros penales, Osiris Luna, informó que han empezado a mezclar y recluir en las mismas celdas a miembros de diferentes pandillas. "En este Gobierno no habrá beneficios y privilegios para ningún miembro de estructura criminal", declaró el alto funcionario. 

Al menos 53 personas han sido asesinadas entre el viernes, sábado y este domingo en todo El Salvador, según informan medios locales. 

Estas cifras rompieron con las estadísticas de asesinatos en el país, que a lo largo de la cuarentena por el covid-19 se mantuvieron en un promedio de dos por día. Además, hubo algunos días con cero muertes violentas. 

Publicado: 27 abr 2020 03:39 GMT

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La erradicación forzosa de plantaciones de coca en Colombia, una chispa en medio de la pandemia

El Gobierno de Iván Duque intensifica el combate contra los cultivos ilícitos en la cuarentena, mientras productores cocaleros salen de sus casas a impedirlo y se enfrentan a la Policía. Ya hay dos muertos

Mientras las grandes ciudades en Colombia están volcadas a la crisis del coronavirus, en el campo colombiano se libra otra batalla que ya ha dejado dos cultivadores de hoja de coca muertos y un policía herido. De acuerdo con varias asociaciones de productores, durante la cuarentena el Gobierno de Iván Duque ha intensificado la erradicación forzosa de cultivos ilícitos y los campesinos han salido de sus casas, donde cumplen el aislamiento obligatorio, para evitar que les arranquen las hojas.

El miércoles fue el indígena Ángel Artemio Nastacuas quien murió en Tumaco, sur del país, después de enfrentamientos con la Fuerza Pública que acompaña a las brigadas encargadas de la erradicación; pero la resistencia se ha presentado en varias regiones. En el otro extremo, en la frontera con Venezuela, el 26 de marzo la víctima mortal fue Alejandro Carvajal, un caso por el que se investiga a un soldado que le disparó con su arma de dotación.

La Coalición de Acciones para el Cambio, que reúne a 11 organizaciones civiles del país ha detectado que durante el aislamiento obligatorio por la covid-19, el Ejército ha realizado operativos de erradicación forzada en siete departamentos. La organización solicitó al Ministerio de Defensa que se suspendan para “garantizar el derecho a la salud y a la seguridad alimentaria de las comunidades campesinas”. El Ministerio les respondió que no interrumpirán las operaciones militares.

Colombia tiene 169.000 hectáreas sembradas de hoja de coca, a cierre de 2018, según el Sistema Integrado de Monitoreo de Cultivos Ilícitos de Naciones Unidas (Simci). Dada la magnitud del fenómeno, el acuerdo de paz entre el Gobierno y las extintas FARC contempló un programa de sustitución voluntaria de la coca en algunos de los territorios con más sembrados. Cerca de 100.000 familias campesinas se acogieron a él y arrancaron sus propias matas a la espera de lo prometido por el Estado. Sin embargo, la transición entre la Administración de Juan Manuel Santos y la de Iván Duque supuso un viraje de la política antidroga. El actual Gobierno privilegió la erradicación forzosa en lugar de la sustitución voluntaria, y apostó por el prohibicionismo y el retorno de la aspersión aérea.

Desde la frontera con Venezuela, Juan Carlos Quintero, líder de la Asociación Campesina del Catatumbo (Acamcat), cuenta que muchos de los que hoy “se van detrás del Ejército a impedir la erradicación” son campesinos que creyeron en el Gobierno, firmaron los acuerdos colectivos de sustitución de cultivos en 2018 y, tras sentirse abandonados y sin sustento económico, volvieron a sembrar cultivos ilícitos. “En Sardinata, Norte de Santander, departamento fronterizo con Venezuela, son cerca de 1.500 familias productoras de hoja de coca que se habían comprometido a sustituir. Ni el Gobierno de Santos ni el de Duque han hecho la tarea completa ni han cumplido con la segunda parte del proceso”, afirma. Precisamente estos productores llevaban varios días de protesta en las carreteras cuando el Ejecutivo decretó la cuarentena por el coronavirus. Por temor al virus decidieron detener las manifestaciones y aislarse en sus casas.

La preocupación por un posible contagio de coronavirus es otra de las razones que argumentan los pobladores para pedir que se detengan las erradicaciones forzosas. Temen que los erradicadores, civiles contratados por el Gobierno, les lleven el virus desde las ciudades. Y a su manera, intentan protegerse de la covid-19. En El Capricho, un pequeño poblado del selvático departamento del Guaviare, los campesinos instalaron un puesto de control donde desinfectan a los vehículos que abastecen de comida y la ponen en cuarentena durante 12 horas en una casa. En esa zona, como explica Olmes Rodríguez, líder de Asocapricho, antes raspachín de hoja de coca y ahora defensor de bosques, unas 6.000 familias cambiaron sus cultivos de forma voluntaria pero luego no les cumplieron con el dinero para el recambio a otros productos.

La realidad es similar en los departamentos de Córdoba, Chocó, Cauca y Caquetá, pero en otras zonas como Putumayo y Nariño, en frontera con Ecuador, la violencia de los grupos armados suma dramatismo a la ecuación. Durante los primeros días de la cuarentena fue asesinado en Putumayo, Marco Rivadeneira, uno de los líderes más visibles de la sustitución de cultivos ilícitos. Los armados les cobran a los líderes haber intentado abandonar la hoja de coca. Y en Nariño, los choques entre los cocaleros y el Ejército cada vez son más fuertes. “Nunca la erradicación forzada va a ser la salida para enfrentar este flagelo, la violencia siempre va a generar más violencia. Hoy tenemos que enfrentar el riesgo de una pandemia como la covid-19, las amenazas por la presencia y el accionar de los grupos armados ilegales y las agresiones desmedidas contra los indígenas”, expresó a través de un comunicado la Unidad Indígena del Pueblo Awá y exigió investigaciones tras la muerte de su compañero en el cultivo de hoja de coca.

Por Catalina Oquendo

Bogotá - 23 abr 2020 - 12:42 COT

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Jeanine Áñez sujeta los Evangelios tras proclamarse presidenta interina, el pasado noviembre

Las fuerzas de seguridad arrestan a la alcaldesa vejada por una turba de violentos en noviembre y otros ediles del MAS

Mientras se cumple la cuarentena por el coronavirus en Bolivia, se han producido varios incidentes en los que han estado involucrados la Policía y el principal partido de oposición, el Movimiento al Socialismo (MAS), del expresidente Evo Morales. El último de ellos fue la detención de Patricia Arce, alcaldesa de la pequeña ciudad de Vinto, candidata a senadora y una de las figuras más simbólica de este partido izquierdista. Arce se volvió conocida en noviembre del año pasado, cuando fue golpeada y humillada por un grupo de manifestantes violentos opositores a Morales. Su caso constituye una pieza importante en la investigación internacional sobre las violaciones de los derechos humanos que ocurrieron antes, durante y después de la caída del poder del exmandatario boliviano.

Ahora Arce ha sido acusada por la Policía de reunir a un grupo de personas en su casa y de beber alcohol en ella, lo que rompe las reglas de la cuarentena. Según la alcaldesa, los agentes allanaron sin orden judicial ni medidas de bioseguridad su domicilio, en el que solo estaban ella, sus hijos y su chófer celebrando el cumpleaños de uno de los miembros de la familia, sin romper el aislamiento que impone la cuarentena. Arce también aseguró que el control de alcoholemia que le hicieron arrojó un resultado normal, aunque esto último no ha sido confirmado oficialmente. “Es el peor abuso que he sufrido en mi vida; mi hijo menor ha sido llevado a un reformatorio y mis otros hijos están presos conmigo como delincuentes, cuando ellos no son responsables de nada”, declaró en un vídeo. La Policía comunicó que la alcaldesa será procesada por “daños a la salud”, delito sancionado con entre tres y diez años de prisión. Esta grave acusación ya se ha realizado y probado en otros casos, durante el mes de cuarentena. Si Arce fuera declarada culpable, quedaría inhabilitada como candidata al Senado en las próximas elecciones.

Evo Morales publicó en un tuit que el delito de su compañera de partido fue “ser solidaria con familias pobres” y afirmó que denunciaría lo sucedido a los organismos internacionales de derechos humanos. Relacionó así la detención de la alcaldesa, que en las últimas semanas se había dedicado a repartir comida a los hogares pobres de su municipio, con otro apresamiento, realizado cuatro días antes, de funcionarios de la alcaldía de Villa Tunari, también dirigida por el MAS, que habían viajado por carretera en un camión, según dijeron, a llevar alimentos a otros municipios.

Villa Tunari se encuentra en el Chapare, una zona controlada por los sindicatos de campesinos cocaleros que constituyeron el núcleo fundador del MAS. Según el dirigente de estos sindicatos e importante líder del partido, Andrónico Rodríguez, su propósito de trasladar productos agropecuarios del Chapare a la ciudad de Cochabamba y otros sitios ha sido obstaculizado por el Gobierno por razones políticas. “La solidaridad se criminalizó, llegamos al extremo de que la cuarentena se judicializó, tal parece que la justicia tiene un fin político", declaró Rodríguez a la prensa.

En el Chapare no se habían estado repartiendo las ayudas en efectivo que aprobó el Gobierno interino de Jeanine Áñez para posibilitar que las familias más vulnerables sigan en cuarentena. Esto se debía a que los bancos no funcionaban en esta región. Así lo había decidido el gabinete después de que los policías asignados a proteger uno de estos centros financieros en el pueblo de Shinaota fueran expulsados por un grupo de ciudadanos. Aunque finalmente se llegó a un acuerdo y la Policía volverá a Shinahota, esta institución no puede operar con tranquilidad en el Chapare desde el derrocamiento de Morales, en el que participó activamente. Esto provocó la animadversión contra ella de una importante parte de la población de esta zona del país. El MAS ha negado haber organizado la protesta y Morales ha denunciado que la suspensión de la ayuda financiera a los habitantes del Chapare fueron una sanción política contra sus adherentes.

En las últimas horas fue detenido, además, un activista digital del MAS, acusado de sedición por llamar, en las redes, al “levantamiento popular“ contra la “dictadura de Áñez”. Para este partido, se trata de una acción directamente orientada contra la libertad de expresión.

La Paz - 23 abr 2020 - 20:26 COT

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