MÚSICA DESDE OTRAS COORDENADAS

Caravana de Madres Centroamericanas. Foto: Mario Marlo/ La Izquierda Diario

 

Integrantes de la 13 Caravana de Madres Centroamericanas denunciaron hoy la desaparición de unos 100 mil emigrantes en su trayecto hacia el “sueño americano”.
El contingente está integrado por madres y familiares de emigrados, de los cuales se desconoce su paradero o destino, procedentes de Guatemala, El Salvador, Nicaragua y Honduras.
La Caravana recorre varios estados mexicanos y en la capital del país marchó por el Paseo de la Reforma. Frente a la embajada de Estados Unidos responsabilizaron a su gobierno por las políticas de seguridad que van contra los derechos humanos en México y la región.También se pronunciaron en contra la Ley de Seguridad Interior que aprobaron los legisladores mexicanos y ahora espera por su promulgación. Dicha ley, aunque fue modificada en algunos de sus acápites, recibe el rechazo de la población al considerarla una estrategia del gobierno con vista a ejercer presión para su permanencia en el poder en las elecciones del 2018.

Este instrumento legal pretende además reglamentar el proceder de las Fuerzas Armadas en estados y municipios cuando sean rebasados por el crimen organizado, lo cual implicaría su militarización.

 

Madres centroamericanas

Caravana de Madres Centroamericanas. Foto: Movimiento Migrante Mesoamericano

 

(Con información de Prensa Latina)

 

 

Publicado enInternacional
Domingo, 01 Octubre 2017 09:28

El retrato de una realidad permanente

Vigilancia policial y militar en la Rocinha esta semana.

 

Tras la invasión narco a la favela Rocinha, llegaron los militares en Brasil

Durante toda la semana de ocupación, y pese a los tiroteos, un único ramo de comercio no fue interrumpido: la venta de drogas, que no cesó. Cuando la tensión produce tiroteos, vienen las fuerzas armadas, se quedan un ratito y se van.

 

En la madrugada del domingo 17 de septiembre, un grupo de entre 60 y 90 hombres invadió la Rocinha, la más poblada y famosa favela de Río de Janeiro. Era un intento de retomar el control del muy lucrativo tráfico de drogas de la comunidad implantada en plena zona sur de la ciudad, donde viven los ricos más ricos. Lo que pasó a continuación fue algo muy semejante a una guerra civil en miniatura. Durante seis días con sus seis noches, frente a fuerzas de seguridad absolutamente inertes – hay escenas de grupos armados de fusiles y ametralladoras poderosas desfilando delante de policiales mal armados, mal preparados, mal pagados y frecuentemente corruptos – la Rocinha vivió momentos de horror.

Al mediar la tarde del viernes día 22 las fuerzas militares empezaron a ocupar la favela. Llegaron los blindados, los vehículos cargados de casi mil soldados subieron por las calles hasta donde ellas llegan. Lo que viene después es una intrincada red de callejones que se van estrechando hasta transformarse en pasillos. Todo un espectáculo, por cierto. Mientras duró la guerra entre los dos bandos de traficantes todo –todo– cerró en la favela habitada por al menos 80 mil personas: escuelas, comercio, puestos de salud, todo.

Algunos de los barrios más nobles de Río de Janeiro – San Conrado, Gávea, Jardin Botánico y Leblon, el metro cuadrado más caro de América Latina – vivieron en alarma permanente, con pavor de que sus calles fuesen escenario de tiroteos. Es que los traficantes son conocedores absolutos de la región de cerros cubiertos por la Floresta da Tijuca, una de las mayores matas urbanas del mundo. Saben cómo usar y cómo ocultarse en todas las trillas ocultas por árboles inmensos que unen la Rocinha al resto de la ciudad, especialmente los barrios limítrofes.

Los hombres del Ejército y la Marina se quedaron en la favela hasta el viernes 29. En esa semana hubo tiroteos intensos, algunos con más de media hora de duración. Resultado final del operativo: fueron aprehendidos 25 fusiles, 14 granadas, siete bombas caseras. Cuatro traficantes fueron muertos, otros 26 detenidos, de los cuales dos menores.

¿Qué cambió? Bueno, durante los días en que las tropas ocuparon la Rocinha se supo que “Rodrigo 157”, el narco que traicionó a su jefe – quien, por cierto, está en un presidio de seguridad máxima a miles de kilómetros de distancia pero aun así ordenó a sus aliados que habían sido expulsados de la región que la ocupasen para recuperar el negocio – y luego resistió a la invasión, había buscado abrigo en otra favela en otro extremo de la ciudad. Salen los del Ejército y la Marina, vuelve la tropa de elite de la Policía Militar. Si Rodrigo vuelve, las fuerzas armadas volverán, dijo el ministro de Defensa Raúl Jungmann. Pero, ¿dónde está Rodrigo? Nadie sabe. Lo más probable es que ya esté de regreso a su feudo.

Durante toda la semana de ocupación, y pese a los tiroteos, un único ramo de comercio no fue interrumpido: la venta de drogas no cesó. En volumen considerablemente menor, por cierto. Pero siguió. Los habitantes de la Rocinha vuelven, pues, al cotidiano: dominados por un traficante autoritario y violento, que además de extorsionarlos a cada tanto implanta el toque de queda en vastas áreas de la favela y que, cuando contrariado, no duda en ordenar puniciones que van de la amputación al estupro, llegando a sesiones de tortura o directamente al asesinato.

Un cotidiano, a propósito, que se repite –a veces de manera más perversa– en casi todas las favela’s de la región metropolitana de Río. La Rocinha, sin embargo, es diferente: está implantada en una región de espeluznante belleza natural. Y si otros barrios de clase media conviven con comunidades pobres con presencia de traficantes, la Rocinha colinda con zonas especialmente nobles de la ciudad. Un estudio conjunto de los servicios de inteligencia de las policías de Río, tanto la civil como la militar, y de las Fuerzas Armadas indica que existen en la región metropolitana 1.025 favela’s, y que el narcotráfico está instalado en 850 de ellas.

Además de los narcos, también están los ‘milicianos’, brigadas formadas por policías de ambas agrupaciones y hasta por bomberos. Los ‘milicianos’ rivalizan con los narcos en los abusos y excesos. Algunas favela’s son aisladas de otras, como la Rocinha, o agrupadas en comunidades, que son doce. Y nueve de ellas – las más pobladas– están directamente bajo control de los narcos (principalmente las que escurren de los cerros) o de los ‘milicianos’ (las horizontales, o sea, instaladas en terreno plano, como la Ciudad de Dios). Las más miserables están en la zona oeste o norte de la ciudad. Son también las más violentas.

Hace algunos años, el entonces gobernador de Río, Sergio Cabral, actualmente residiendo en un presidio y condenado (por ahora) a más de 40 años de cárcel por haber comandado un esquema de corrupción que se extendió por toda la administración y se hizo con al menos 200 millones de dólares, implantó las UPP’s (Unidad de Policía Pacificadora). El proyecto era ambicioso: además de ‘pacificar’, o sea, expulsar a los narcos, habría toda una amplia oferta de servicios como escuelas, cuadras deportivas, centros culturales, puestos de salud, escuelas. Lo que efectivamente hubo fue la ocupación de las favela’s por policiales militares. Todo lo demás quedó en promesa. Con el tiempo, los mismos policías pasaron a ser atraídos por los narcos, a base de soborno o amenaza.

Con la virtual quiebra de Río, todo se vino abajo. La violencia urbana de multiplicó por toda la ciudad, y en las favela’s el cuadro es de desesperanza. Líderes comunitarios repiten, en unísono, especialmente en las favela’s más pobres, que la tendencia es empeorar. Los más destacados estudiosos del cuadro coinciden en el desánimo. Para el sociólogo Ignacio Cano, coordinador del Laboratorio de Análisis de la Violencia de la universidad provincial de Río, a corto plazo todo lo que se puede esperar son intentos puntuales para parar los tiroteos. La socióloga Julita Lemgruber camina por la misma senda. Ella critica la opción de tratar la venta de drogas por la vía de la violencia, sin ninguna otra preocupación por cambiar la realidad de las comunidades.

Cuando la tensión produce tiroteos vienen las Fuerzas Armadas, se quedan un ratito y se van. Y la gente de las favela’s vuelve a su cotidiano de opresión y miedo. Si es así, ¿por qué tanto barullo por lo ocurrido en la Rocinha? La conclusión es una y una sola: porque está enclavada entre los ricos más ricos. Los que les tienen pavor a los pobres más pobres.

 

 

Publicado enInternacional
Miércoles, 05 Abril 2017 07:27

La anacrónica política industrial de Trump

Donald Trump en su posesión, donde prometió que “recuperaremos nuestros empleos y nuestras fronteras”.

 

Los ideólogos de la era neoliberal han insistido una y otra vez en que la política industrial es un lastre. Se le ha acusado de distorsionar los precios, de desperdiciar recursos fiscales y de ser la mejor receta para premiar a empresas y sectores perdedores en la competencia económica. Pero hoy regresa la política para el desarrollo industrial al centro del escenario con los desplantes de Trump sobre la recuperación de empleos en el sector manufacturero.

En realidad, la intervención del poder público para promover el desarrollo industrial nunca ha desaparecido. Ni siquiera en la era triunfante del neoliberalismo. Los subsidios, créditos y apoyos económicos de todo tipo para apuntalar la competitividad de alguna empresa en particular o de una rama industrial se han mantenido como una constante de la vida económica.

China siempre abrazó los instrumentos más variados de la política industrial. Desde el apoyo crediticio y los subsidios, hasta el poder de compra del Estado, pasando por la ingeniería en reversa para copiar tecnología extranjera, asimilarla y adaptarla a sus necesidades y las del mercado internacional. Por supuesto, uno de los pilares más importantes de esta política industrial fue la inversión en investigación científica y desarrollo tecnológico. A principios de este siglo China invertía 1.5 por ciento del PIB en investigación científica y desarrollo experimental (IDE), proporción bastante menor que la de los principales países industrializados. Hoy ese porcentaje ha aumentado a 2.5 por ciento, lo que sitúa a la economía china en un rango similar al de Estados Unidos. La diferencia es que Estados Unidos se ha embarcado en una política industrial anacrónica, segmentada y sin rumbo.

Recuperar los empleos viejos del sector manufacturero parece ser el objetivo primordial de la administración Trump. Pero dadas las tendencias de largo plazo en la estructura del sector manufacturero a escala mundial, es poco probable que los sectores que tienen en mente Trump y sus amigos puedan recobrar o generar los empleos perdidos. El mejor ejemplo es el de la industria del carbón y el acero. Para empezar, la mayor parte de la demanda de energía en Estados Unidos se satisface con otros energéticos. Y las dos industrias son muy intensivas en capital (requieren una inversión muy fuerte por cada empleo generado).

Así que Trump puede seguir diciendo que impidió que la Ford se llevara a México su planta de Kentucky, o puede presumir de haberle torcido el brazo a Carrier, el gigante de los equipos de refrigeración, para que no instale su planta con mil empleos en México. O puede seguir con su neoproteccionismo e imponer nuevos gravámenes sobre los productos importados desde México. Lo cierto es que esos desplantes no servirán para generar los empleos que Trump pronostica en el sector manufacturero y tampoco servirán para devolver a Estados Unidos un liderazgo industrial.

Pero hay otra vertiente de política industrial anidada en el presupuesto militar de Trump. Se recordará que el presupuesto de egresos recién enviado al Congreso contempla un incremento de 54 mil millones de dólares para gasto militar. Una buena parte de este monto se irá a las industrias que ya producen equipo militar de todo tipo, desde aviones no pilotados y misiles crucero de alta velocidad hasta submarinos invisibles y la renovación de las cabezas nucleares en el arsenal estratégico. Muchos analistas piensan que de esa inversión pueden desprenderse beneficios inesperados en términos de innovaciones tecnológicas aplicables a la industria civil.

Pero no es la primera vez que el incremento en el gasto militar contribuye a desmantelar las bases de la competitividad industrial en Estados Unidos. Entre 1960 y 1986, Estados Unidos vio reducir su participación en la producción mundial de 25 a 10 por ciento. La razón es que mientras Japón y Alemania innovaban en la introducción de máquinas herramienta de control numérico para uso genérico en la industria civil, Estados Unidos se dedicaba a diseñar sistemas automatizados para las máquinas herramienta que usaba la fuerza aérea en la producción de sus equipos y refacciones. El resultado fue el debilitamiento de la industria de máquinas herramienta de Estados Unidos y su pérdida de competitividad. Este no es el único ejemplo del impacto negativo que ha tenido el gasto militar sobre la industria en Estados Unidos, pero es un poderoso llamado de atención para dejar de creer en los ilusos comentaristas allegados al complejo militar-industrial en Estados Unidos.

Los objetivos de la política industrial de Trump nunca serán alcanzados. Y mientras Estados Unidos sigue dominado por las necesidades del sector financiero y pierde tiempo siguiendo los enfermizos tuits del señor Trump, China continúa abriendo nuevos derroteros para la industrialización en los estratégicos ramos de robótica, manufactura inteligente y nuevos materiales para energías renovables. Está bastante claro quién será el líder en manufacturas en el próximo decenio.

 

Twitter: @anadaloficial

 

 

Publicado enPolítica
Una manifestante sostiene una foto de la activista por los derechos ambientales Berta Cáceres durante una marcha para conmemorar el primer aniversario de su asesinato, en Tegucigalpa, Honduras, el 1 de marzo de 2017.

 

Brasil es el país donde se producen más asesinatos de activistas y Honduras se considera el lugar más peligroso para ejercer el activismo, según recoge el informe 'El precio del activismo'. Las mujeres son las principales víctimas de estos crímenes.

 

Los activistas ambientales están indefensos. Así lo asegura la organización Greenpeace, que, en un informe titulado el Precio del activismo, destaca que los últimos años han asesinado a más de 340 activistas medioambientales y de derechos humanos, lo que supone una muerte cada poco más de dos días. La ONG subraya que estas cifras revelan la indefensión global a la que se enfrentan aquellos que luchan por defender sus tierras.

América Latina es la región donde más asesinatos se producen: en 2015 fueron asesinados 185 activistas, y 122 fueron en América Latina, de acuerdo con el informe de Global Witness En terreno peligroso, que Greenpeace recoge en su estudio.

La mayoría de asesinatos se producen en la industria minera y extractiva, con 42 asesinatos, seguidos de la agroindustria, la tala de madera , las presas hidroeléctricas y la caza furtiva.

"Los datos son escalofriantes, y para 2016 esperamos una tendencia al alza, lo cual es terrible. América Latina es el país donde la situación es más grave" denuncia Laura Furones, portavoz de Global Witness.

La corrupción política que sacude los pueblos es el principal motor de estas muertes. Según las ONG's los gobiernos tienen una gran responsabilidad. "Los asesinatos suceden porque estamos conviviendo con proyectos que son impuestos y las comunidades se ven abocadas a protestar por la invasión de tierras" afirma Laura Furones.

Además, las organizaciones señalan que la falta de consulta por parte de las instituciones a los pueblos sobre que quieren hacer con sus tierras son otro de los problemas. Las empresas imponen acuerdos y negociaciones con grandes empresas que explotan los territorios a los pueblos, sin tener en cuenta a quienes viven de esas tierras y de esta forma se desatan numerosos conflictos.

Asimismo, desde las ONG's señalan a la impunidad de los gobiernos y las autoridades judiciales como la base de esta problemática. "Hoy en día seguimos viviendo la impunidad del crimen, vemos como los autores tanto intelectuales como materiales del crimen siguen impunes y esto abre la puerta a que se siga atentando contra luchadores y activistas" señala Laura Zúñiga hija de Berta Cáceres, activista hondureña asesinada el año pasado.

Honduras es el país que tiene el riesgo más alto del mundo, está considerado el país menos desarrollado y más pobre de Latinoamérica. La situación de empobrecimiento afecta especialmente a la población rural, mientras que,según ha denuncia Global Witness, las élites políticas, empresariales y militares del país participan activamente en megaproyectos nocivos para el medioambiente.

 

58d5216e76af6

Selva amazónica en el estado de Amazonas. REUTERS / Bruno Kelly

 

"En Honduras desde 2009 se han otorgado una serie de concesiones a empresas privadas que atacan los territorios las comunidades indígenas, la militarización de la sociedad es fuerte y tenemos que habitar enfrentándonos a un estado frágil, con empresas cargadas de poder", denuncia Laura Zúñiga.

En este país trabaja el Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas (COPINH) para detener la construcción de la presa de Agua Zarca, infraestructura que podría causar la destrucción de bosques nativos y territorios indígenas de Honduras. Esta campaña se ha cobrado en el último año la vida de tres activistas: Berta Cáceres, Nelsón García y Lesbia Yanet Urquía.

Además, Brasil es el país más peligroso para el activismo ambiental con 50 personas asesinadas. El conflicto en este país tiene que ver con el precio de la madera, las comunidades agrícolas están siendo invadidas por plantaciones agrícolas o campamentos madereros ilegales. Según el informe El precio del activismo, presentado por Greenpeace, la tala ilegal está arrasando la selva tropical y se calcula que el 80% de la madera de Brasil es ilegal y representa un 25% de la madera ilegal de los mercados mundiales.

Greenpeace denuncia en su informe que en España se está asistiendo en los últimos años a un retroceso imparable tanto de normativas ambientales como de la restricción del derecho a la libertad de expresión. En los últimos años se están llevando a cabo numerosos proyectos de infraestructuras, construcciones y modificaciones que dan cabida a agresiones medioambientales.

 

El riesgo de ser mujer y activista

 

En los últimos años muchos de estos atentados contra la vida de los activistas se tuvieron su objetivo en mujeres activistas, Ser mujer supone una amenaza constante sobre sus cuerpos, y muchas de las mujeres que luchan por defender sus tierras son estigmatizadas y perseguidas "el poder siempre ataca con más fuerza a las mujeres y a las diversidades" añade Laura Zúñiga.

"En una sociedad militarizada hay una masculinización de la población, el poder sobre los cuerpos de las mujeres se ha incrementado y esto se agrava cuando son luchadoras, porque se intenta criminalizar a las mujeres por el mero hecho de serlo", denuncia la hija de Berta Cáceres.

En estos países muchas son las mujeres encargadas de defender sus tierras y cuidar de sus casas y familias, "los feminicidios van aumentado de una forma escandalosa y esto se ve agravado por la privatización de las tierras" comenta Gustavo Castro, activista mexicano miembro de Amigos de la Tierra

En los últimos años se han asesinado a decenas de mujeres activistas,además de las ya citadas, Berta Cáceres, Nelsón García y Lesbia Yanet Urquía, Mia Manuelita o Wangari Maathai son algunas de las víctimas del terrorismo contra el activismo ambiental.

 

56eee52a971ea

Una mujer sujeta un cartel en Honduras en protesta por el asesinato de Berta Cáceres. INTI OCON (AFP)

 

El 3 de marzo de 2016 se acabó con la vida de Berta Cáceres, ésta fue asesinada como resultado de su campaña para paralizar la construcción de la presa hidroeléctrica de Agua Zarca. Unos hombres armados entraron en su casa y la asesinaron, en el momento del asesinato estaba con ella Gustavo Zarca, activista mexicano, que resultó herido, quien denuncia la irregularidad y falta de transparencia con el que se está investigando el tema.

"Las investigaciones estuvieron llenas de irregularidades e inconsistencia, lo que generó que el gobierna decretase secreto en la investigación, dejándonos fuera de la investigación. En octubre del año pasado le robaron el expediente a la magistrada y tras eso pedimos más transparencia, y participación de la familia y en la investigación. Este asesinato no puede quedar impune" relata Gustavo Zarca.

Este asesinato recibió gran atención mediática y se demandó una investigación internacional independiente del asesinato. "Mi madre se tuvo que enfrentar a la criminilzación que la llevó a la cárcel, a las amenazas durante su vida y al asesinato. Pensar en Berta Cáceres es un símbolo colectivo que representaba un fuerte liderazgo en Honduras, con su asesinato se buscaba acabar con ese símbolo y se atentaba contra nuestra vida y la de planeta" denuncia Laura Zúñiga, hija de la activista.

 

 

Publicado enInternacional
Una valla espectacular contra el presidente estadunidense, Donald Trump, se exhibe desde el viernes pasado en Phoenix, capital de Arizona. La elaboró la artista Karen Fiorito por encargo de la galería La Melgosa

 

El abordaje analítico, mediante la lupa multidimensional, de la volátil situación de EU –donde se libra una lucha salvaje por el control del poder entre Trump y el Deep State (Estado profundo) del establishment, que desea domesticarlo–, aporta lecturas diferentes en los planos interno, foráneo y comercial.

El caos doméstico legado por Obama y profundizado por su sucesor ha subido a niveles antigravitatorios en las cumbres borrascosas del poder cuando el cada vez más deslactosado Trump ha sido puesto en jaque por uno de los principales componentes del Deep State: la FBI, con sus selectivas y teledirigidas investigaciones que oculta y/o propaga a conveniencia.

El deslactosado Trump se arrepentirá toda su vida de haber dejado en su puesto al impredecible James Comey, director de la FBI, parte intrínseca del Deep State, y a quien los apparatchiks de la dinastía Clinton impugnan por haber hundido la candidatura de la malhadada Hillary.

Se cocina un segundo Watergate al interior, mientras en el plano exterior se despliega una relativa confusión deliberada cuando se asientan las filias –la anglósfera, Japón, Israel, Arabia Saudita– y las fobias –Irán, Norcorea– de la nueva administración, cuyo secretario de Estado y ex mandamás de la poderosa petrolera Exxon Mobil, Rex Tillerson, ha enviado señales inequívocas al eludir la cumbre de cancilleres de la “obsoleta OTAN (Trump dixit)” el 5 y 6 de abril próximos debido a su traslape con la transcendental visita del mandarín Xi a EU (https://goo.gl/Ys6pxT).

Después de las humillaciones sufridas por la atribulada dirigente alemana Angela Merkel en su desangelado desencuentro en la Casa Blanca (https://goo.gl/RXiv9F), ¿China, sola, vale para Trump más que el total de los 20 cancilleres despreciados de la OTAN?

Sea lo que fuere, en dos semanas, del 5 al 12 de abril –esta última, fecha de la probable visita de Tillerson al Kremlin, si es que no es torpedeada por los exorcismos rusófobos del Deep State–, Trump intentará dar claridad geoestratégica a sus relaciones definitorias con China, la Unión Europea y Rusia.

La columna vertebral del trumpismo –supremacismo de los WASP (White Anglo-Saxon Protestants), regado con nacionalismo económico– la constituye la élite militar, mientras la trumponomics, su corolario petrolero/financiero/comercial, exhibe una prístina consistencia, como se notó durante la cumbre en Baden Baden de los encargados de las Finanzas del disfuncional G-20, donde EU, apoyado por Japón, bloqueó la declaración final contra el proteccionismo por el que abogaban China y Alemania.

Nick Beams, del portal WSWS, alega que la decisión del G-20, que abarca 85 por ciento de la economía global, representa un punto de inflexión en la economía internacional y en las relaciones políticas con implicaciones de largo alcance (https://goo.gl/ELNlup).

Según Beams, la intransigencia del israelí-estadunidense Steven Mnuchim, secretario del Tesoro y ex directivo de Goldman Sachs, quien expresó sentirse feliz con el comunicado final consensuado, obligó también a eliminar del comunicado final cualquier compromiso para combatir el cambio climático, que Trump considera un engaño.

Más insolente que intransigente, Mnuchin leyó la cartilla al G-20 al remarcar que EU cuenta con una nueva administración y una diferente visión comercial que busca reducir su descomunal déficit comercial, lo cual pretende paliar tangencialmente mediante el incremento estratosférico del gasto militar por 54 mil millones de dólares al año.

Con o sin Trump, Goldman Sachs se ajusta y adopta el nacionalismo económico de la trumponomics y su corolario militarista.

Beams juzga que “el eje de las políticas de la administración Trump, basadas en ‘EU primero’, no está dirigido a una modificación (sic) del presente sistema comercial, sino a su derrocamiento (sic)”.

En forma ominosa, Beams comenta que en junio de 1930, el Congreso de EU aprobó la enmienda Smoot-Hawley, que impuso grandes alzas de tarifas. En las décadas que siguieron desde entonces, esta ley se ha reconocido casi universalmente como un contribuyente significativo al descenso en espiral del comercio internacional a principios de la década de 1930, exacerbando los efectos de la Gran Depresión y contribuyendo al incremento de bloques comerciales y de divisas, que jugaron una parte sustancial en la construcción (sic) de la Segunda Guerra Mundial.

El analista Curtis Stone, radicado en Pekín, explaya en People’s Daily (órgano oficial del Partido Comunista de China) que el proteccionismo no es el camino a la prosperidad, cuando la trumponomics reorienta su política comercial, que expone su agenda agresiva al culpar los males de EU a sus déficits comerciales debido a un comercio injusto, lo cual solamente empeorará sus males, ya que tanto el proteccionismo como la ausencia de cooperación entre EU y China, las dos principales economías globales, incrementarán la probabilidad de una guerra comercial.

Stone critica al polémico Peter Navarro, encargado del Consejo Nacional Comercial de la Casa Blanca y feroz detractor de Pekín, quien fustigó a China (sin nombrarla) por el peligro para EU de tener un déficit comercial con un rival (sic) estratégico que se militariza rápidamente con intención de hegemonía (sic) mundial, que busca conquistar mediante adquisiciones.

Según Stone, culpar a China e increpar a la globalización no arreglará los males de EU (https://goo.gl/YiQphZ).

Desde que India rechazó la voracidad agrícola Noratlántica de la agónica ronda Doha –que data de 2001 y debió concluir en 2005: ¡hace 12 años!–, la OMC se encontraba en cuidados intensivos, en espera de su liturgia crematoria, que Trump parece estar dispuesto a oficiar.

Más allá de que el trumpismo contemple reducir en 50 por ciento su financiamiento a la ONU, el pasado 1º de marzo la nueva administración envió un feroz borrador proteccionista al Congreso de EU con el propósito de esquivar las resoluciones de la OMC que considere una afrenta a la soberanía: Desde que EU obtuvo su independencia ha sido un principio básico de nuestro país que los ciudadanos estadunidenses son sujetos solamente a las leyes y regulaciones hechas por el gobierno de EU y no por reglas hechas por gobiernos extranjeros u organismos internacionales (https://goo.gl/ZB0qFo).

Los aldeanos negociadores del “México neoliberal itamita” con adicción mercantilista reduccionista, que se han aferrado a la cadavérica OMC como su dizque tabla de salvación (sic), ¿entenderán todavía el significado semántico de soberanía que pregona Trump?

EU desechará las resoluciones de la cadavérica OMC que sean favorables a China, Alemania y el “México neoliberal itamita” para imponer su pugnaz unilateralismo mediante las guerras comerciales que acechan con la trumponomics.

EU perdió la batalla de la globalización economicista con China e India y sólo le quedan los escombros de la especulativa globalización financierista que llegó a su fase terminal en 2008, por lo que hoy el trumpismo, con su nacionalismo económico, recurre a la militarización proteccionista del comercio.

 

www.alfredojalife.com

Twitter: @AlfredoJalifeR_

Facebook: AlfredoJalife

Vk: id254048037

 

 

Publicado enInternacional
Lunes, 06 Junio 2016 09:45

Algunas lecciones de 6 días de Minga

Algunas lecciones de 6 días de Minga


Tres indígenas asesinados, 162 víctimas de detenciones arbitrarias, al menos 179 personas heridas, 6 amenazas proferidas en el contexto de esta protesta, son las cifras parciales arrojadas en el marco de la Minga nacional, agraria, campesina, étnica y popular en desarrollo en Colombia desde el pasado 31 de mayo.

 

Este es el lenguaje, real, directo, sin tapujos, con que responde el gobierno nacional ante las exigencias de los diversos pobladores del campo que reclaman cumplimiento con los compromisos contraídos años atrás por parte del Gobierno, en el marco de otras protestas de los pobres de Colombia, y para que asuma sus compromisos históricos como administrador del Estado nacional.

 

Mientras así actúan, mientras prolongan su proceder guerrerista y de control social violento, por diversos medios de comunicación, ministros, viceministros y hasta el mismo Presidente no paran de afirman que están dispuestos al diálogo y la concertación. Día y noche. Así actúa el poder: con las palabras tratan de confundir a la sociedad colombiana y con los hechos intentar intimidarla, dividirla, destruirla.

 

Comportamiento ni raro ni extraordinario, pues es la continuación histórica de un proceder ceñido a la Doctrina de Seguridad Nacional, a la luz de la cual quien protesta y exige sus derechos fundamentales es un enemigo interno, un insurgente, y así debe ser tratado. Policías uniformados y de civil, Esmad, unidades del Ejército Nacional, agentes de inteligencia, todos a una arremeten contra los grupos sociales que en su levantamiento por vida digna están obligados a ocupar calles y autopistas, cerrar vía, levantar fogatas, como únicos y últimos recursos para ser tenidos en cuenta.

 

En su afán por romper la unidad social los representantes del poder oligárquico colombiano –a pesar de que supuestamente se avanza hacia la paz– no reparan en métodos: inundan con gases lacrimógenos los sitios de las protestas, aturden con sus bombas de estruendo, golpean con palos y canicas disparadas en las capsulas recalzadas de las bombas lacrimógenas, lanzan sus carros contra los manifestantes, dirigen sus chorros de agua contaminada en contra de quienes los enfrentan, toman fotos y diversos registros de quienes se atreven a levantar su voz de protesta, empadronándolos en sus oscuras listas de las que luego podrán salir desaparecidos, hostigados y muertos y, como lo registran de manera cruda los asesinados, disparan contra personas desarmadas.

 

Es esta realidad la que ha impedido que las reuniones de negociaciones entre las delegaciones de la Minga y del Gobierno avancen hacia resultados concretos. Valga resaltar que el 5 de junio en la primera reunión de acercamiento entre las partes se habían logrado tres acuerdos fundamentales:

 

“1. Garantías en Derechos Humanos y legitimidad de la protesta en términos de no más agresiones de la fuerza pública a las personas movilizadas en todo el territorio nacional.


2. Reactivación de la Comisión de Derechos Humanos conjunta con Ministerio del Interior mañana en la mañana en acompañamiento de la Defensoría del Pueblo y Naciones Unidas


3. Intercambio de propuestas para la instalación y metodología de negociación para la Mesa Única el día de mañana”.

 


Sin embargo, informan desde la Minga, “desde las horas de la mañana tenemos fuertes hostigamientos, represión y abusos de autoridad por parte de la fuerza pública (Esmad, Ejército y Policía) con armas convencionales y no convencionales en contra las comunidades concentradas en los diferentes puntos del país, entre ellos los más críticos: Cauca: Quinamayó-Santander de Quilichao, El Túnel-Cajibío, Los Robles-Timbío, en Cesar: San Martín, Besotes, Agua Chica, La Mata, La Gloria, en Santander: La Lisama, Barrancabermeja, en Norte de Santander: Berlín, en Valle: La Delfina, Buenaventura, en Nariño: Pedregal-Ipiales, en Huila: Bruselas-Pitalito, El Hobo, Uraba Antioqueño; escenarios donde aún no ha llegado la presencia de la defensoría del pueblo y las entidades de derechos humanos internacionales como se acordó ayer con Gobierno Nacional en el primer punto; haciéndose evidente el incumplimiento del gobierno y agudizándose así la afectación y violación de los derechos humanos y el derecho legítimo de los pueblos a la movilización social, ahora víctima de la fuerza pública (...) la cual ha venido dándole un tratamiento de guerra a la manifestantes”.

 

A renglón seguido, precisa el comunicado de la Minga: “Sumado a ello nos encontramos con diferentes posturas y declaraciones de gobierno nacional que buscan dividir y desinformar a la opinión pública afirmando que tienen toda la disposición pero que es la Cumbre Agraria la que está dividida y que no está lista para iniciar el diálogo; RECHAZAMOS Y DESMENTIMOS CATEGÓRICAMENTE ESAS AFIRMACIONES Y DECLARAMOS NUESTRA DISPOSICIÓN AL DIÁLOGO con presencia de garantes de la Cumbre, ONU, Defensoría del Pueblo, Congresistas y la Iglesia, así como las condiciones acordadas en términos de garantías humanitarias y logísticas para la movilización, manifestamos nuestra posición de UNIDAD, COHESIÓN Y TRABAJO CONJUNTO DE CARA A UN ESCENARIO ÚNICO DE NEGOCIACIÓN”.

 

 

Ante esta realidad la negociación quedó en punto muerto.

 

El levantamiento de miles de personas que habitan el campo colombiano prosigue y, superando el proceder del Gobierno, proyecta señales de que se extenderá por varios días más. La apuesta gubernamental es a desgastar la protesta vía prolongación y dilación de las negociaciones, atemorizar a quienes se atreven a salir a protestar violentándolos por todas las formas posibles, y confundir a la sociedad colombiana frente a las raíces de la protesta, la validez de las exigencias de indígenas, campesinos, afrodescendientes, y la supuesta voluntad de diálogo guernamental. Juegan con candela, pero no les importa, pues su propósito es uno solo: defender los intereses de los más ricos, favorecer a los terratenientes e industriales del campó, legislar a favor de las multinacionales para que continúen comprando tierras en el país, garantizar la impunidad para quienes violan los derechos humanos de sus connacionales e incluso sus vidas.

 

La protesta continúa en el Cauca, Chocó, Nariño, Arauca, santanderes, Córdoba, Guajira, Bolívar, y otros muchos puntos del país. El afán gubernamental es romper la misma en sus puntos más fuertes para así obligar a la dispersión de los restantes.

 

En el marco de la inconformidad creciente que registra Colombia, se anuncia que el lunes 6 en horas de la noche, varios gremios de camioneros entran en la protesta. ¿Servirá este nuevo factor para que las negociaciones oficiales con la Minga ganen nuevo ritmo y concreten resultados tangibles?

 

 

 

Publicado enColombia
Padre Dan Berrigan: un profeta de la paz se ha ido

Un profeta de la paz se ha ido. Daniel Berrigan, sacerdote católico jesuita, activista por la paz, poeta, abnegado tío y hermano, falleció la semana pasada a los 94 años de edad. Su pasaje de casi un siglo por esta Tierra estuvo marcado por la compasión y el amor por la humanidad, así como por un inquebrantable compromiso con la paz y la justicia. Pasó años en prisión por sus valientes acciones pacifistas contra la guerra. En cada acción de su vida llevó a la práctica el Evangelio que predicaba. Dio impulso a diversos movimientos, inspiró a millones de personas, escribió de una manera hermosa y con una ingeniosa sonrisa compartió su amor por la vida con sus familiares, amigos y con todos aquellos con quienes rezó y luchó por la paz.

 

Dan y su hermano Philip Berrigan, junto a otros activistas católicos, irrumpieron en un centro de reclutamiento militar en 1967 y derramaron su propia sangre sobre las citaciones de reclutamiento en alusión a la sangre derramada en la guerra. Al año siguiente, el 17 de mayo de 1968, pocas semanas después del asesinato de Martin Luther King Jr., los dos hermanos y otras siete personas se hicieron famosos por retirar citaciones de reclutamiento del centro de reclutamiento de Catonsville, en Maryland, y quemarlas con napalm de fabricación casera en el estacionamiento de las oficinas. Mientras cantaban un himno reunidos alrededor de la fogata fueron finalmente arrestados.

 

Dan Berrigan expresó en un comunicado emitido por el grupo antes de la acción, dado que sabían que serían arrestados: “Nuestras disculpas, buenos amigos, por quebrantar el buen orden, por quemar papeles en lugar de niños, por despertar la ira de los personeros de la muerte en la antesala del osario”. Y agregó: “No podíamos hacer otra cosa, así que ayúdanos Señor”.

 

Las acciones de Los Nueve de Catonsville, como se conoció al grupo, hicieron que aumentara la intensidad de las acciones contrarias a la guerra en todo el país. Algunas personas habían quemado sus fichas de reclutamiento antes que ellos, pero después de la acción de Catonsville esto se volvió una táctica emblemática y cada vez más frecuente para demostrar la oposición real y simbólica a la guerra. Dan Berrigan expresó: “Elegimos ser criminales sin poder en tiempos de poder criminal. Elegimos ser etiquetados como criminales de paz por los criminales de guerra”.

 

Daniel Berrigan fue sentenciado a prisión pero antes de entregarse para cumplir su condena, pasó a la clandestinidad. A pesar de figurar en la lista de los más buscados del FBI, Berrigan aparecía repentinamente en diferentes rincones del país y pronunciaba discursos contra la guerra. Habló durante un gran acto en apoyo a Los Nueve de Catonsville en la Universidad de Cornell, donde era capellán. Luego del discurso, al verse acorralado por el FBI y la policía, Berrigan se escondió dentro de una de las marionetas gigantes de la compañía de teatro con contenido político Bread & Puppet. Disfrazado de esa manera logró salir del Barton Hall de la Universidad de Cornell y evitó ser arrestado. Finalmente, las autoridades dieron con su paradero en Block Island, frente a las costas de Rhode Island, y lo arrestaron. Una famosa fotografía capturó el momento en que dos tristes agentes del FBI que se hacían pasar por observadores de aves en la isla se llevaban esposado al sonriente padre Berrigan.

 

Berrigan escribió en sus memorias, tituladas “No Bars to Manhood”: “Dado que la maquinaria estadounidense no funciona bien, ni en sus mecanismos internos, ni en sus engranajes con el mundo, los hombres de bien deben tomar medidas”. Y aclaró: "Algunos de ellos han de estar dispuestos a ir a la cárcel".

 

En 1980, Berrigan, una vez más con su hermano Phil y otras personas, irrumpió en una planta de misiles de General Electric ubicada en King of Prussia, Pennsylvania. Allí golpearon con martillos cabezas de ojivas nucleares hasta dañarlas de modo que no pudieran ser reparadas y luego derramaron su sangre sobre las partes dañadas. Las acciones que llevaron adelante ese día dieron inicio al Movimiento Plowshares, que creció hasta convertirse en un movimiento mundial. Las acciones de Plowshares se inspiran en un versículo del libro de Isaías, del Antiguo Testamento:

 

“Convertirán sus espadas en arados
y sus lanzas en hoces.
No levantará espada nación contra nación,
y nunca más se adiestrarán para la guerra”.

 

La lucha por la paz de Dan Berrigan desafió al Gobierno de Estados Unidos, al Pentágono y a la jerarquía de la propia Iglesia Católica. Por ese último pecado, fue apartado de su labor eclesiástica en Estados Unidos. Su exilio incluyó viajes a América Latina y Sudáfrica, que lejos de curarlo de su compromiso con la lucha por la justicia, solo lo reafirmaron.

 

Vimos por última vez a Berrigan, a quien nosotros, al igual que muchos otros, llamábamos cariñosamente “Padre Dan”, hace dos años en un hogar para ancianos jesuitas de la Universidad de Fordham, en el Bronx. A los 93 años de edad, su estado era frágil pero sus ojos brillaron cuando le dimos su comida favorita: helado. Su devoción al helado y a la justicia social lo hicieron acreedor a su propio sabor de la marca de helados Ben & Jerry’s, así como al suministro vitalicio de esos helados para él y para el Movimiento del Trabajador Católico, que tanto amaba.

 

Daniel J. Berrigan vivió una vida fiel a su vocación y practicó literalmente lo que predicaba. Descansa en paz, Dan Berrigan, de la misma manera en que has vivido.

 

________________________________________

 

Traducción al español del texto en inglés: Fernanda Gerpe. Edición: María Eva Blotta y Democracy Now! en español, Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.

 

 

 

Publicado enInternacional
"Hay que actuar sin que se vuelva un espectáculo"

Habitualmente quienes sostienen que en materia de narcos la Argentina ya es México o está en trance de serlo no dicen qué pasa en México. Página/12 entrevistó al politólogo canadiense Prud-homme y recogió una explicación sobre los riesgos de declarar guerras y luchas y de hacer intervenir a las Fuerzas Armadas.


Habla español con acento francés por su origen canadiense, pero hace 32 años que reside en México. Politólogo e investigador en el Centro de Estudios Internacionales del prestigioso centro académico El Colegio de México, Jean Francois Prud-homme accedió a responder sobre la cuestión del narcotráfico y subrayó un dato histórico: "Entre el 2006 y el 2012, el sexenio del presidente Felipe Calderón, hubo miles de fallecidos, con una estimación mínima de 60 mil víctimas mortales sin contar desaparecidos".


–México discute qué hacer con el narcotráfico de manera constante. ¿Cuál es para usted el punto más importante del debate?


–Un punto clave es la capacidad del Estado de garantizar el Estado de derecho. Quizás en la historia reciente de México una de las lecciones, que no ha sido bien asimilada y entendida por la clase política, sea del partido que sea, y que debería ser una gran lección, es lo que pasó en el gobierno de Calderón. Creyó que el discurso de la guerra y la lucha contra el narcotráfico es políticamente rentable. Calderón lo usó inspirándose en el éxito de Alvaro Uribe en Colombia. Pero al final del camino está claro que para la clase política la idea de ganar la guerra y aniquilar al enemigo termina siendo muy complicada.


–¿Porque no ganaron la guerra?


–Porque es muy difícil presumir de resultados. No es una guerra convencional. Uno puede apresar a varios de los actores, y actores importantes, pero de todas maneras eso no impide que el negocio prospere y que las organizaciones se mantengan. Como se requiere de cuerpos especializados, y no hay o nunca son suficientes, al final es una responsabilidad que cae en manos del ejército. Esto a su vez crea dinámicas en las que el ejército se ve involucrado en acciones criticables desde la perspectiva de los derechos humanos. Entonces se desata una lógica de la cual es muy difícil salirse. El discurso del presidente Calderón en el que declaró la guerra al narcotráfico hizo que todo su gobierno quedase atrapado por el tema. Y al final, por más que fuesen apresados algunos jefes de carteles, es difícil evaluar si hubo un triunfo.


–¿Existe alternativa?


–Hay que actuar de manera más discreta, consistente, sin que se vuelva un gran espectáculo. En el caso de México, además, lo que resulta muy complicado es la suma de un problema de dimensiones geográficas de un país extenso y de un problema geopolítico: México está pegado al mayor mercado de consumo de drogas. Hoy quizás haya también un componente más doméstico que antes. Pero básicamente igual tiene que ver con el consumo en el mercado norteamericano. Eso hace que por más que se limiten las actividades de ciertos carteles surjan nuevos grupos delictivos. Hay un negocio y hay delincuentes que están dispuestos a responder a la demanda. En México queda bastante claro que esa situación crea situaciones regionales diferentes, determinadas por las rutas de tránsito de la droga o, para tomar un caso, por la producción de heroína en el Estado de Guerrero. Hay una geografía de la violencia.


–¿Esa geografía plantea escalas distintas dentro del Estado?


–Sí. Genera aspectos distintos de corrupción y complicidad con las autoridades políticas. En un país federal como México se plantea a menudo el tema de la jurisdicción sobre quién tiene que luchar. ¿Agencias locales o agencias nacionales? Incluso hay complicidades más marcadas y evidentes a nivel de ciertos municipios y de policías municipales. O, a veces, en los gobiernos de los Estados. A nivel federal el asunto es más complicado, pero también existen complicidades que tienen más que ver con el aparato especializado de administración de la Justicia y con las autoridades carcelarias. Lo vimos con la evasión del Chapo Guzmán de un penal de máxima seguridad. Esa es otra lección importante.


–¿Se relaciona con la Justicia?


–Claro, porque hace falta contar con las instituciones de control y supervisión y con los órganos de administración de la Justicia. Antes de declarar una guerra habría que ver los efectivos reales con los que cuenta el Estado en conjunto. Si no, las guerras solo exponen las vulnerabilidades del Estado y sirven para vulnerar los derechos ciudadanos y destruir las instituciones.


–Usted dijo antes que el problema básico es la demanda de los Estados Unidos pero que a la vez crecía un problema doméstico. ¿Qué alcance tiene?


–La cercanía a los Estados Unidos no es el único tema porque también hay problemas de consumo, pero eso lo tenemos que ver como un problema de salud pública.


–¿Es intenso el debate sobre la descriminalización de la droga o de la tenencia para el consumo?


–Es un tema complejo. Desde luego que hay grupos cada vez más presentes en el debate público que mencionan el tema de la descriminalización por lo menos del consumo y de la producción de drogas. Algunos plantean descriminalizar marihuana y otros todas las drogas, como sucede no solo en Uruguay sino en varios Estados de los Estados Unidos.

–Página/12 publicó el año pasado un documento de expertos convocados por la ONU, entre ellos Fernando Henrique Cardoso y Mario Vargas Llosa, en el que recomendaban cambiar de paradigma en la cuestión de las drogas, abandonar la idea de la guerra y reforzar la reducción de los daños en los adictos.


–Ese tipo de documentos impacta en México en dos sentidos. Por un lado progresó en el debate una especie de apertura a la posibilidad de descriminalizar algunas actividades asociadas a la producción y al consumo de drogas. Sobre todo, repito, en relación con la marihuana. La receptividad hacia la descriminalización creció. En diciembre del año pasado un fallo de la Suprema Corte abrió posibilidades hacia una actitud distinta. Pesa mucho el debate en los Estados Unidos, en Colorado o California. Habrá un debate similar en Canadá. Todo esto cambiará los parámetros de la discusión en México. Un segundo punto, que tiene que ver con el caso colombiano, está relacionado con el reclutamiento de individuos que terminan participando como sicarios de esas bandas. Se da a nivel de base. Se relaciona con la prevención y con la búsqueda de soluciones sociales. Pienso en Ciudad Juárez. Hasta cinco o seis años era una de las zonas más violentas, con mayor cantidad de homicidios. En un momento se intentó abordar el problema no solo desde la represión sino buscando responder a las causas sociales. Todo es relativo, pero la violencia descendió en los últimos cinco años. La idea en cierto modo fue buscar soluciones como las implementadas en Bogotá, en Colombia, donde la acción de dos alcaldes fue importante. Enfocaron la violencia y el reclutamiento atendiendo a sus raíces sociales. Es importante entender que a ese tipo de violencia organizada se la puede enfrentar no solo con soluciones policiales.

–¿También discuten los expertos mexicanos el peso de los pequeños dealers?

–En relación con eso, por lo menos en las ciudades y en los territorios donde hay mayor capacidad institucional, una idea fuerte consiste en cambiar la relación entre la policía y los ciudadanos. Se observa un intento de desarrollar más las policías de cercanías, que colaboran con los vecinos. Pueden hacer algo de prevención y también tienen capacidad rápida de respuesta mientras quedan como una instancia de colaboración entre habitantes y cuerpos policíacos. Sin embargo, no es una estrategia única. Está la otra, más represiva, de control o eliminación del delito.

–¿Cuándo tiene mayor legitimidad esa estrategia?

–En general cuando hay violencia evidente, cuando hay problemas asociados a otros tipos de delitos como la venta de protección y el secuestro, hay también acciones de carácter más represivo y tradicional. Frecuentemente es la población misma la que pide ese tipo de reacciones a nivel local, porque la realidad suele tornarse muy grave. En Michoacán hasta hace dos o tres años esos grupos delictivos terminaron controlando todo el Estado y asumiendo funciones de regulación violenta e informal que casi terminaban sustituyendo a las funciones normales del Estado. Todo esto se combina con el problema geopolítico del que hablábamos y con su incidencia doméstica mayor cuando hay exceso de oferta y los carteles canalizan droga a nivel local. Los dos ámbitos están relacionados.


–¿Cuándo se agudizó la cuestión del narcotráfico en México?


–En gran parte la cuestión del narco tiene que ver con el mercado norteamericano desde los años 90, cuando los mexicanos desplazaron a los colombianos en los Estados Unidos y en las rutas hacia los Estados Unidos. Hay rutas que van desde el litoral hacia puntos del territorio estadounidense. Cuando esas rutas atraviesan ciudades importantes, se vuelven plazas atractivas y producen la pelea por el control entre distintos grupos de narcotraficantes. Los carteles quieren controlar Estados o regiones: el cartel de Juárez en Chihuahua y Sinaloa, los Zetas en Tamaulipas, el cartel del Golfo en el Golfo... Las dimensiones geográficas son importantes. Está la serie Narcos, sobre los colombianos. Cuando los mexicanos los reemplazan recrudece la violencia en México. A partir de ese momento las complicidades se vuelven menos discretas y más condenables. Lo revela el caso de los estudiantes desaparecidos de Ayotzinapa. Detrás de la trama política aparente hay una trama vinculada al narcotráfico y a las complicidades locales y de grupos de narcotraficantes.

–En el arresto del Chapo Guzmán intervinieron comandos de la Marina.

–Es una línea importante de debate en México: cómo hacemos para sacar a las Fuerzas Armadas de la lucha contra el narco. Si bien es cierto que a primera vista el ejército parece más competente por su despliegue y su poder de fuego, y también la Armada, que se encarga de las acciones más difíciles, se producen divisiones entre distintos cuerpos. Ahora estamos discutiendo si conviene o no un cuerpo especial con mando único, ajeno a las fuerzas armadas, en todo el país. Además, como daño producido por la intervención de las fuerzas armadas empeora la situación de los derechos humanos, que se pone peor aún por responsabilidad de la administración de Justicia. El narco en México no es un tema nuevo.

–¿Cuándo sitúa el comienzo del narco?

–Desde que existe el problema de la producción y comercialización de las drogas. Sobre todo al terminar la Segunda Guerra Mundial. En ese momento empezaron a generarse complicidades a distintos niveles. No es un fenómeno nuevo. Lo que le da más relevancia pública a la cuestión del narco es el nivel de violencia. La cantidad de víctimas directas e indirectas de ese negocio se incrementó mucho en los últimos diez años por lo menos. La violencia hace más visibles las complicidades. Por eso resurgieron debates y análisis como éste: ¿Qué es mejor, capturar a los capos de los grandes carteles o más bien buscar el mantenimiento, como supuestamente lo hacían antes los gobiernos del Partido Revolucionario Institucional, un equilibrio de la violencia entre distintos grupos? La idea entonces era preservar ese oligopolio que en la práctica entrañaba menos violencia. Frecuentemente el encarcelamiento o la eliminación física de capos desata guerras por la sucesión, divisiones y profusión de pequeños grupos que buscan ocupar el espacio que antes existía.


–Al menos en la Argentina de estos días el planteo oficial de la cuestión narco le quita importancia al lavado de activos, o por lo menos no lo pone como tema principal.


–En México el lavado es importante a todos los niveles. Se supone que el Estado tiene cada vez más instrumentos, ¿no? Para comprobar el origen de los recursos o para controlar las transacciones bancarias en efectivo... El tema es la captura de los operadores financieros de los narcotraficantes. Cobra cada vez más importancia el flujo financiero relacionado con los narcos pero no hay éxitos en este campo. No hubo golpes importantes contra el lavado de dinero. El Estado no sabe, no puede o no quiere actuar. Depende de los casos. Uno de los problemas del Estado de derecho es poder establecer pruebas. Me imagino que todavía, a pesar de todos los instrumentos que se desarrollaron y se utilizaron, sigue siendo complejo comprobar el delito de lavado de dinero. Y cuando alguien no quiere actuar es peor.
Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.

Publicado enInternacional
Europa, en camino de convertirse en Estado policial; riesgo de ataque químico en Francia

En toda Europa se anunciaron este jueves planes para coartar las libertades civiles y reinstalar los controles fronterizos.
Al anunciar una iniciativa para extender tres meses el estado de emergencia, el primer ministro francés, Manuel Valls, advirtió que el país enfrenta el riesgo de ataque químico por yihadistas. Valls afirmó que la macabra imaginación del Isis es ilimitada.
Miembros de la Asamblea Nacional aprobaron en primera lectura, por abrumadora mayoría, la iniciativa que impone el estado de emergencia por tres meses, la cual suspenderá las libertades civiles y dará a la policía poderes totales de cateo y aprehensión.


Funcionarios comentaron después que no había razón para sospechar una amenaza inmediata de ataque químico o biológico, pero que Valls cree necesario poner en guardia a la nación. Enmiendas sucesivas por la oposición de centro derecha endurecieron las propuestas al dar al gobierno el derecho de cerrar sitios web que haga apología del terrorismo y colocar rastreadores electrónicos a sospechosos en arresto domiciliario.


Valls también anunció que el gobierno abrirá pronto un campo de retención para jóvenes radicales que hayan decidido arrepentirse. El centro no sería un campo de internamiento de islamitas sospechosos ni de yihadistas nacidos en Francia que volvieran del extranjero, precisó. La ley de estado de emergencia –que ahora pasa al Senado– confiere al gobierno la facultad de investigar y detener por sospecha, sin necesidad de investigación formal o de orden judicial. Algunos políticos de izquierda y comentaristas han expresado temores de que Francia siga la misma ruta autoritaria que Estados Unidos después del 11-S.


El proyecto de ley también otorga al gobierno la atribución de prohibir manifestaciones públicas. Entre las primeras vícimas estarán dos marchas planeadas durante una conferencia sobre el clima global que se llevará a cabo en París a partir del 30 de noviembre.


El gobierno subraya, sin embargo, que ha excluido el control de la prensa, la radio y la televisión y la limitación del acceso a abogados defensores, medidas que se utilizaron cuando se puso en vigor la ley original de poderes de emergencia, durante la guerra de Argelia de 1955.


En Bruselas, el primer ministro Charles Michel reveló planes para gastar 400 millones de euros en medidas para enfrentar amenazas de terrorismo incubadas dentro del territorio, entre ellas encarcelamiento de combatientes que regresan de Siria y rastreo electrónico de radicales sospechosos. Necesitamos hacer más, necesitamos hacerlo mejor, declaró Michel al Parlamento belga horas después de que la policía lanzó operaciones sobre sospechosos en varios puntos de la capital.


Las propuestas proveen a los servicios de inteligencia y seguridad de Bélgica de más personal y nuevas tecnologías. Los fiscales tendrán la facultad de poner a sospechosos de terrorismo bajo custodia temporal por 72 horas, contra las 24 actuales. No acepto críticas orientadas a denigrar el trabajo de nuestros servicios de seguridad, advirtió. El gobierno también emitió una protesta diplomática privada a París, en la que sostiene que el yihadismo surgido dentro del propio territorio es un problema tan grande en Francia como en Bélgica.


Entre tanto, el director de la agencia de policía Europol ha admitido la probabilidad de que Europa enfrente nuevos ataques del Isis. En un discurso ante el Parlamento Europeo, Rob Wainwright aseveró que París representó una muy grave intensificación y un enemigo más sofisticado y amenazante que nunca.


Europol cuenta con una lista de 2 mil personas de las que se sabe que han viajado para combatir en Siria e Irak, si bien Wainwright reconoció que la cifra real podría llegar hasta 5 mil. Indicó que la base de datos contiene 10 mil nombres, de los cuales 2 mil son combatientes confirmados y el resto sospechosos o facilitadores.


Informó que Europol aumentará sus capacidades para enfrentar el problema, al abrir el próximo enero un nuevo centro de contraterrorismo que cubrirá todo el territorio de la Unión Europea. Este viernes, Suecia propondrá a la UE introducir controles biométricos de pasaportes en las fronteras de la zona de Schengen, hoy libre de pasaportes.
Traducción: Jorge Anaya

Publicado enInternacional
Miércoles, 02 Septiembre 2015 05:50

La nueva política antidrogas en Unasur

La nueva política antidrogas en Unasur

Unasur aprobó en Montevideo un documento que sostiene el fracaso de la guerra contra las drogas y plantea la necesidad de un nuevo enfoque para abordar la problemática del consumo y las adicciones. Será presentado ante la ONU en abril del año próximo.

 

Tras reconocer el fracaso mundial de la política de "guerra contra las drogas", la Unión de Naciones Sudamericanas (Unasur) aprobó en Montevideo un documento en el que se plantea la necesidad de un nuevo enfoque para abordar esta problemática. En el escrito el organismo se propone un alejamiento de la política punitiva hacia los consumidores y resalta la necesidad de centrarse en "el ser humano, su bienestar y su salud". El próximo paso será presentar el documento como una postura unificada de la región ante la ONU en abril de 2016.


Según lo expresó Ernesto Samper, secretario general de la Unasur y ex presidente de Colombia, el encuentro tuvo "mucho de histórico porque Sudamérica ha sido una de las regiones más afectadas por la lucha contra el narcotráfico". Samper aseguró opinar desde la "experiencia" de su "propio país".


El texto que fue consensuado en Uruguay el lunes entre los doce países que integran la Unasur consta de 25 puntos y será presentado a la Sesión Especial de la Asamblea de Naciones Unidas sobre Drogas (Ungass) que tendrá lugar en Nueva York el año próximo.


"Pasamos de un enfoque exclusivamente punitivo que se ha venido manejando en América latina y en el mundo a un enfoque mucho más integral porque queremos poner en el centro de la política de drogas al ser humano, su bienestar y su salud por encima de todos los demás criterios de intervención", dijo el director de Política de Drogas del Ministerio de Justicia de Colombia, Javier Flores.


Por su parte, Samper amplió que "a pesar de todos los esfuerzos de la política prohibicionista actual, hoy en día hay más de 300 millones de consumidores de drogas que aun las siguen consumiendo".


En este sentido, calificó de "evidente fracaso" el resultado de la guerra contra las drogas e hizo hincapié en la importancia de Sudamérica para proponer un cambio hacia una mirada humana sobre el tema debido a la "cantidad de personas y de recursos económicos e institucionales" que se vieron afectados por esta problemática en la región.


Consultada por Página/12, la presidenta de la Asociación Intercambios para el estudio y atención de problemas relacionados con las drogas, Graciela Touzé, explicó que el saldo de la reunión de Unasur "muestra la existencia de un acuerdo generalizado en cambiar las políticas represivas para dejar de ser duro con los débiles" y aclaró que por débiles se refiere a sectores como los "campesinos y consumidores".


Según Touzé, es necesario "cambiar todo a un enfoque centrado en la salud y los derechos humanos" y agregó la necesidad de tener una "perspectiva que contemple al género femenino. Las cárceles de mujeres están abarrotadas, se dio un crecimiento exponencial de las presas mujeres y una gran mayoría son presas por causas relacionadas con las drogas", amplió la presidenta de Intercambios.


América latina es, según Touzé, "una región de las que más vienen padeciendo: tenemos el caso de Colombia, Perú y Bolivia, países productores de gran parte de la coca circulante en el mundo" y son países "que fueron fuertemente estigmatizados y culpabilizados del narcotráfico por el simple hecho de tener estos cultivos", expresó la presidenta de Intercambios. Estos países "no sólo fueron los más hostigados sino que además sufrieron, como nos pasó en toda la región, los efectos contraproducentes de la política punitiva de drogas", opinó la referente.


"Quizá también por ello sea que nuestra región cuente con las políticas y experiencias más innovadoras", reflexionó Touzé. "Por ejemplo Uruguay, que en 2013 aprobó la ley que regula la producción y la comercialización de cannabis bajo el control del Estado", impulsada por el ex presidente José Mujica, como una estrategia para enfrentar el narcotráfico, "hizo de este un país pionero".


En tanto que Bolivia "defendió el mascado de coca como una práctica cultural y desprendió al país de la mirada eurocentrista que identificaba esta práctica como droga", expresó Touzé. "Por otro lado, Ecuador logró una importante reforma en materia legislativa para aminorar los casos de detenciones por delitos no violentos ligados a la tenencia", amplió la referente. Además explicó que "Argentina, si bien sentó ciertos precedentes, actualmente está un poco demorada en materia legislativa".


Esta asamblea de la ONU es vista como una "oportunidad muy importante" para que la región plantee nuevos enfoques "que deben contemplarse como otra forma de enfrentar el problema de las drogas y no como una guerra como ha sido hasta ahora", indicó Elena Lagomarsino, miembro de la Junta Nacional de Drogas de Uruguay.


Uno de los objetivos que se plantean para 2016 es la adopción de posiciones comunes en las que se incluyan las diversas realidades y problemáticas de los países de la región para poder tener más peso al plantear este nuevo paradigma. Según Samper, no se tratará de "exportar el modelo uruguayo" para la región y el mundo porque "nadie tiene la receta para todos", sino de trabajar en una política alternativa que surja de unificar distintas experiencias.

Publicado enSociedad