MÚSICA DESDE OTRAS COORDENADAS

Sábado, 16 Mayo 2015 10:42

La ley y el orden

La ley y el orden

Décadas de militarización de la respuesta policial, creciente desigualdad social y alienación de las minorías reiteran un escenario en Estados Unidos: jóvenes negros muertos bajo custodia policial, disturbios y saqueos callejeros, y una distancia creciente entre los "liderazgos" y la gente más joven. En el lapso de un año este escenario se reiteró varias veces.

 

En Estados Unidos, donde hay una estadística casi para cualquier cosa, nadie sabe exactamente cuántas personas mueren cada año a manos de la policía, ya sea en acciones legítimas o por abuso de fuerza y gatillos inquietos.


El Departamento de Justicia y el Centro para el Control de Enfermedades, o Cdc por su sigla en inglés, calculan que unas 400 muertes ocurren cada año relacionadas con la acción policial. Los cálculos del Cdc se sustentan en informes anecdóticos y la compilación de noticias en la prensa. Los del Departamento de Justicia provienen de la información voluntaria de las propias agencias policiales, que puede ser veraz o disfrazada.


En parte esto es resultado del sistema estadounidense: en un país con 307,2 millones de personas hay unas 14.200 agencias policiales federales, estatales, de condados y municipios que emplean a unos 700.600 agentes. Cada una lleva, o no, sus propias estadísticas con sus métodos peculiares, y no todas están obligadas a informar al Departamento de Justicia federal sobre los detalles de su trabajo.


Y así, en un país donde puede saberse casi con precisión cuántas personas toman Coca-Cola y cuántos litros por año, cuántos automóviles transitan cada minuto por el puente de San Francisco, o cuántos perros sin dueño mueren cada mes en los albergues, nadie sabe cuántas personas mueren durante encuentros con la policía. Nadie sabe cuántas de esas muertes resultan de un tiroteo entre malandros y agentes, cuántas ocurren por legítima defensa propia del agente, y cuántas reflejan el uso excesivo de la fuerza.


Hasta hace pocos años la información sobre estos incidentes provenía, casi totalmente, de la "historia oficial" redactada por la misma policía. En los casos en que se denunciaban abusos y excesos, los fiscales eran renuentes a encausar a los policías, y en los pocos casos que llegaban a juicio, los jurados se ponían casi siempre del lado de "la ley y el orden".


Y luego aparecieron los teléfonos móviles con cámara, ahora presentes en todas partes.


"NO PUEDO RESPIRAR"

Ningún peatón o vecino grabó directamente el encuentro entre el agente policial Derren Wilson y el joven negro Michael Brown el año pasado en Ferguson, Missouri. Pero alguien que estaba en ese momento en un edificio cercano, hablando por su celular, grabó accidentalmente la secuencia de disparos y luego la imagen del cuerpo yaciente en el pavimento por horas.


Testigos accidentales sí tomaron el video del encuentro de Eric Garner, de 43 años y negro, con agentes de la policía de Nueva York en Staten Island. Cuando los agentes intentaron esposarlo, Garner resistió y los policías se le lanzaron encima. Claramente se escucha cuando Garner, asmático, gime: "I can't breath, I can't breath" (no puedo respirar). Luego, el silencio. Garner murió.


Otro testigo accidental grabó en su celular el video que muestra cuando Walter Scott, negro de 50 años de edad, intentó escapar del agente policial Michael Slager, en North Charleston, Carolina del Norte, y el oficial con toda calma extrajo su pistola, se plantó como si estuviese haciendo práctica en el polígono y disparó ocho veces al hombre que huía. Un detalle adicional en este caso: el testigo demoró en salir a luz con su video, y mientras tanto la policía redactó un informe según el cual Scott atacó a Slager, y luego de los balazos el policía intentó asistirlo. El video muestra una escena que desmiente la historia oficial.


Y en abril, Baltimore. Varios policías arrestaron a Freddy Gray, un negro, qué casualidad, y el joven, con una lesión grave en la espina dorsal, murió dentro de la furgoneta policial. Un video accidental muestra cuando varios de los agentes arrastran al sospechoso, y cuando lo meten a la fuerza en la furgoneta.


Nuevamente las multitudinarias protestas callejeras, ruidosas pero pacíficas, que al anochecer se tornan en saqueos e incendios llevados a cabo por grupos reducidos. Nuevamente el despliegue de policías con armas de guerra, tanquetas, blindados y, en el caso de Baltimore, la invasión de 3 mil soldados de la Guardia Nacional.


La diferencia crucial entre el incidente de Ferguson y el de Baltimore ha sido la fiscalía.


En Ferguson, en lugar de ordenar el arresto inmediato del agente Wilson para someterlo a juicio, el fiscal Robert McCulloch, un hombre blanco, convocó a un jurado secreto que, tras una investigación secreta en la cual la fiscalía defendió más al victimario que a la víctima, decidió que no había causas para el procesamiento.


El padre de McCulloch fue un agente policial ultimado en 1964 por un hombre negro. Un hermano, un tío y un primo del fiscal fueron policías en Saint Louis, y su madre fue oficinista en el Departamento Policial. Estos vínculos abollaron la credibilidad del fiscal entre la comunidad negra que ya, por otras muchas razones, tenía motivos para temer y desconfiar de las autoridades.


Los negros de Baltimore tenían pocas razones para ver con más confianza a la fiscal Marilyn Mosby, que aunque es negra, es hija de un policía y nieta de otro que fue uno de los fundadores de una agremiación de policías negros en Massachusetts.


Mosby, de 35 años de edad y con sólo cuatro meses en su función, demoró apenas cuatro días en formular cargos que van desde homicidio a arresto ilegal contra los seis agentes policiales involucrados en el caso de Gray. Los disturbios cesaron de inmediato.


EL DESCONTENTO

Cada vez que ocurre uno de estos incidentes –que la exposición mediática infla con las imágenes de edificios en llamas– el guión se repite: la policía responde con exhibición de armas y poderío, los pastores de iglesias y activistas comunitarios denuncian el desempleo, la pobreza, la ausencia de oportunidades para los jóvenes, el encarcelamiento desproporcionado de negros y la violencia policial. Los políticos locales buscan posicionarse de la manera que les reditúe más votos, y los políticos nacionales corean perogrulladas acerca de la prioridad que es el mantenimiento del orden en este país de leyes, y la necesidad de un diálogo que enfoque las causas profundas de bla bla bla bla.


En un par de semanas el barullo se olvida.


Pero cada ocasión ha ido mostrando un distanciamiento creciente entre una generación de políticos y dirigentes que entró en escena en la década de 1960 con la lucha por los derechos civiles, y los más jóvenes que viven en una economía donde se esfuman los empleos, los estudiantes salen de las universidades aherrojados por deudas enormes, y los negros y latinos abundan en un estancamiento socioeconómico prolongado.


El presidente Barack Obama, primer mulato en la Casa Blanca, se colocó en el bando de los viejos cuando calificó de "thugs" (patoteros) a los saqueadores e incendiarios de Baltimore. Los llamados al orden y al respeto de las leyes suenan ajenos a quienes en la vida cotidiana están expuestos a constantes detenciones callejeras, multas y otros abusos policiales en todo el país.


La casi segura candidata presidencial demócrata Hillary Clinton, con la mira puesta en los votos de 2016, discurseó generalidades acerca de otra familia que llora la muerte de un joven, y los problemas profundos que deben atenderse para que no vuelva a ocurrir que los policías honestos y dedicados sean blanco de pedradas.


Más notable es el desfase del llamado "liderazgo negro" tradicional. Figuras como el agitador profesional Al Sharpton, el otrora líder Jesse Jackson, artistas como Beyoncé, su esposo Jay Z u Oprah Whitney, y predicadores de la estatura de T D Jakes perdieron la oportunidad de ir a Baltimore y dar la cara donde duele. Las décadas que pasaron desde que la segregación racial pasó a ser ilegal –pero no extinta– han fomentado la emergencia de una clase alta negra, con sus propios medios de comunicación, como las cadenas Own y Bet, donde abundan las entregas de premios en las cuales todos y todas reivindican la "negritud" y rinden homenaje a Martin Luther King. Pero allá se quedan, no bajan a la calle.
La Gran Recesión ha quedado atrás, pero mientras que el índice de desempleo entre los blancos es de 4,7 por ciento, sigue en el 10,4 para los negros y el 6,6 por ciento para los latinos.


En Estados Unidos, el país con el índice de encarcelamiento más alto del mundo, la tasa de población tras las rejas es de 678 por cada 100 mil habitantes para los blancos, 1.775 para los latinos y 4.347 para los negros. En gran medida esto resulta de la llamada "guerra contra las drogas" iniciada en los años 1970, y el endurecimiento de las penas para delitos no violentos vinculados con las drogas.


La desigualdad económica en Estados Unidos –donde la mera mención de "lucha de clases" se considera ridícula– ha crecido en las últimas tres décadas a la sombra de "políticas conservadoras", la reducción de gastos en salud pública, educación y generación de empleos. Los acuerdos de "comercio libre" han devastado las industrias llevándose empleos a tierras de mano de obra barata, y la riqueza ha ido concentrándose en los que, desde la cima financiera global, juegan al casino con los ahorros de los demás.


El año pasado, el multimillonario Nick Hanauer, un especulador que fundó más de 30 compañías, entre ellas aQuantive, que luego vendió a Microsoft en 6.400 millones de dólares, advirtió en un artículo sobre la "rebelión de las masas".


"En 1980 el 1 por ciento de los más ricos controlaba casi el 8 por ciento del ingreso nacional en Estados Unidos, y el 50 por ciento menos rico se repartía alrededor del 18 por ciento –escribió–. Hoy el 1 por ciento comparte casi el 20 por ciento, y la mitad menos rica sólo el 12 por ciento."


"El problema no es sólo la desigualdad, ya que cierto grado de desigualdad es intrínseco en toda economía capitalista que funcione –añadió–. El problema es que la desigualdad está en niveles históricamente graves y empeora cada día que pasa. Nuestro país se está convirtiendo cada vez en menos sociedad capitalista y más en una sociedad feudal. A menos que cambien nuestras políticas de manera drástica, la clase media desaparecerá y retornaremos al siglo XVIII tardío en Francia. Antes de la revolución."


Cuán acertado sea el calendario de Hanauer es discutible. La creciente alienación de la mitad menos afortunada y más joven de la sociedad estadounidense, y la rapidez del gobierno para responder con la fuerza muestran, al menos, ciertos nubarrones en el horizonte. Y en las protestas se entrena la nueva camada de líderes.

Publicado enPolítica
Jueves, 11 Diciembre 2014 06:45

Iguala e Iniciativa Mérida

Iguala e Iniciativa Mérida

La desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa y las ejecuciones extrajudiciales de Tlatlaya desnudan la barbarie, crisis político-constitucional y rampante ilegalidad que acompaña a la militarización del combate al crimen organizado o al terrorismo. Apoyada por el Pentágono y la Iniciativa Mérida (IM) esa militarización se expresa en guerra irregular con espionaje, contraespionaje, fuerzas especiales y contrainsurgencia ante un enemigo interno que opera entre los civiles, como dice el Pentágono, asignando a las Fuerzas Armadas de México tareas de represión interna, sin mayor efecto sobre lo que dice querer erradicar.


Más que campañas desinteresadas se trata de diseños de intervención/ocupación adosados con miles de millones de dólares de la IM para, con aval oligárquico, infligir brutales operativos de terrorismo de Estado, con miras al desalojo poblacional en regiones y territorios de interés por sus mercados, cultivos y/o riquezas naturales.


Datos publicados en noviembre por el Instituto de Economía y Paz muestran que la guerra antiterrorista de Bush/Cheney luego del 11/S fracasó al menos en su supuesta intención de eliminar o reducir el terrorismo. Las metas reales se centraron en la erogación de 4.4 billones de dólares en Afganistán, Irak y otras naciones (The Guardian 18/11/2014), a favor de contratistas, petroleras y firmas bélico-industriales que lucraron con una estabilización fundada en un generalizado terrorismo de Estado repleto de prisiones clandestinas, controles policiales, torturas, allanamientos nocturnos acompañados de asesinatos y de un programa de reconstrucción que nunca benefició a la población afgana o iraquí, sino a los grandes contratistas.


Antes de lanzar la guerra contra Irak como parte de la guerra al terrorismo, Eliza Manningham Buller, entonces encargada del servicio de inteligencia británico le advirtió al primer ministro Tony Blair, socio de Bush en esa sangrienta aventura, que la guerra aumentaría la incidencia del terrorismo. Así fue. Desde el 11/S y las agresiones contra Afganistán e Irak, se quintuplicaron las bajas por ataques terroristas. Las metas de Estados Unidos y Londres eran otras, más orientadas a los negocios y al acceso de sus firmas al gas y petróleo iraquí. Así lo comprobaron mil minutas secretas del gabinete de Blair y otros documentos desclasificados, analizados por Greg Muttitt en Fuel on the Fire (2012).

Aunque la militarización de las tareas de seguridad pública desemboca en enormes tragedias humanas, Estados Unidos y sus aliados en América Latina tipo Álvaro Uribe, Felipe Calderón o Sergio Massa (del derechista Frente Renovador en Argentina) no quitan el dedo del renglón. Hace poco Agustín Rossi, el ministro de Defensa de Argentina, rechazó una iniciativa de ley para autorizar el derribamiento de aviones en un supuesto combate contra el narcotráfico o el llamado crimen organizado con el argumento de que la propuesta es una pena de muerte sin juicio previo. Este rechazo a legalizar ejecuciones extrajudiciales viene de la percepción en Argentina y mundo, sobre la severa crisis humanitaria y política por la militarización del combate al narco en Colombia y México (Stella Calloni, La Jornada, 20/11/14 p.27).


En verdad para La Convención de Naciones Unidas Contra la Delincuencia Organizada Transnacional y sus Protocolos (Convención de Palermo) el uso de la fuerza militar es la última instancia y sólo en caso de necesidad extrema, pero es la primera opción del Pentágono para el desembolso de miles de millones de dólares de la IM, desatendiendo asuntos modales como el consumo de drogas en Estados Unidos, el lavado en su sistema bancario, el flujo de armamento de asalto de Estados Unidos hacia grupos armados en México, la impunidad, corrupción o enriquecimiento patrimonial de servidores públicos.

Rossi fue claro: "(N)o es la militarización para combatir ni tomar el fusil para matar narcos, el modelo de seguridad que nosotros queremos" declarándose contra el uso de la fuerza sin control de legalidad porque, cuando se abre esa puerta (de militarizar) después cuesta muchísimo cerrarla(ibidem). Es una advertencia que cala profundo en la UNASUR y debe hacerlo de polo a polo. Pero es la puerta que Estados Unidos quiere abrir con el Plan Colombia y la IM como modelos para recomponer su dominio hemisférico, que también incluye al sur del Bravo, el cabildeo y espionaje –de la NSA– a la cúpula político-militar y empresarial, el despliegue de bases y de la Cuarta Flota.

Patricia Espinosa, ex secretaria de Relaciones Exteriores, explicó al Congreso que de la IM (N)o hay documento firmado. No es un tratado internacional.


Los más de 120 mil muertos y 32 mil desaparecidos por la guerra al narco lanzada por Calderón/Bush y continuada por Obama/Peña ayudan a explicar por qué la IM es un arreglo de facto que no se rige bajo el Derecho Penal Internacional ni bajo las leyes y la Constitución. La IM configura un crimen de Estado.

jsaxef.blogspot.com

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Viernes, 05 Diciembre 2014 06:09

El Plan Colombia y la Iniciativa Mérida

El Plan Colombia y la Iniciativa Mérida

El 26 de septiembre del presente, seis personas fueron asesinadas, 25 resultaron heridas y 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa desaparecieron en ataques a tiros por parte de la policía municipal de Iguala y fueron entregados al grupo criminal Guerreros Unidos, según informaron los medios de comunicación. [1] Más tarde resultaron implicadas Fuerzas del Ejército Nacional, particularmente, el 27º Batallón de Infantería acantonado en Iguala, quien dos horas después del primer ataque, al producirse uno nuevo, sin evitar el primero, se presentaron en el segundo agrediendo a los estudiantes cuando intentaban escapar o pedir auxilio, dándoles culatazos, cortando cartucho y acusándolos de allanamiento de morada. "Los soldados –contó el estudiante normalista Omar García a Tele Sur– "nos dijeron: 'ustedes se lo buscaron. Ustedes querían ponerse con hombrecitos, "amárrensen " los pantalones. Eso les pasa por andar haciendo lo que hacen. Nombres. Y denos sus nombres reales. Sus nombres verdaderos, cabrones, porque, si dan un nombre falso, nunca los van a encontrar" [2].


Esta acción criminal de asesinatos masivos y de desaparición forzada, se debe circunscribir en el marco de la "nueva contrainsurgencia" instaurada en América Latina con Reagan cuando declaró, en febrero de 1982, la Guerra contra las drogas, como "objetivo urgente" de Seguridad Nacional, donde se califica como meta central la detención de la cocaína que ingrese a Estados Unidos, con lo cual se responsabilizará a partir de entonces a la oferta, es decir, a los países productores, y no a la demanda (los países consumidores), generándo, desde entonces, aparte de los "terroristas", al narcotraficante como un nuevo enemigo externo, alterno al comunismo y al terrorismo, pero particularizado para el patio trasero de Norteamérica [3].


De forma tal que la guerra contra las drogas le ha permitido continuar a Norteamérica, en América Latina con la doctrina de contrainsurgencia, implementada por John Fitzgerald Kennedy en los años de 1961-1963 [4], en la cual los ejércitos latinoamericanos pasaron de la "defensa del hemisferio" [5] , a una misión de "seguridad interna" dando forma a la llamada vietnamización de Latinoamérica que ha significado en los hechos, que los ejércitos de cada país sean los principales responsables del combate contrainsurgente rural o urbano y ya no las tropas estadounidenses. En segundo lugar están las fuerzas policiacas, constituyendo la primera línea ante situaciones complicadas. Y tercer lugar, EEUU, se abstiene de invadir, aunque no descarta del todo, esta posibilidad en casos de emergencia [6] . Todo ajustado al esquema de la redemocratización-militarización, que se dio en El Salvador, Honduras, Guatemala, Panamá [7] , cuando las dictaduras militares en América Latina se fueron desgastando, mostrándose incapaces, incluso allí donde fueron efectivas en la detención del movimiento revolucionario, de asegurar las condiciones de una dominación política estable que por supuesto, fuera acorde a los intereses norteamericanos en el curso de 1980. Así, la difusión del término Narcotráfico como un mecanismo homogenizante ha permitido asimilar y dramatizar una gran serie de elementos disímiles, con lo cual se ha construido hasta la fecha un sinónimo del Imperio del Mal. [8]


Además, los "regímenes democráticos" han prevalecido tanto tiempo, a pesar de las políticas neoliberales que han impulsado afectando a una gran parte de la población latinoamericana, gracias además del manto democrático, ha el apoyo que han recibido las Fuerzas Armadas latinoamericanas por parte de los estadounidenses. En este sentido, Reagan en la búsqueda de dar continuidad a una política exterior norteamericana para América Latina, que restableciera el énfasis en la cuestión de la seguridad, la implantación de democracias viables en la región, con particular interés en Centroamérica, impulsa la relación Fuerzas Armadas-narcotraficantes en Colombia que se logra después de que declara la guerra al narcotráfico, ya que encubierta en esta guerra se da la relación de varios cárteles colombianos como el de Medellín y Cali, con agencias de seguridad norteamericanas como la CIA, para desatar una devastadora guerra sucia y terrorista contra el pueblo de Nicaragua, después de que la guerrilla sandinista tomara el poder en 1979. Para financiar a "La Contra", Pablo Escobar Gaviria entregaba cocaína a la CIA, que viajaba en aviones pertenecientes a esta agencia de seguridad para ser camuflados, hasta Centroamérica, para luego ser enviadas hasta aeropuertos militares en Estados Unidos. De ahí salía para la venta en las calles, y con las ganancias se financiaba a la "Contra".

Asimismo, la guerra al narcotráfico ha servido toda vez que el Estado colombiano y sus aparatos represivos fueron cuestionados por su relación con el paramilitarismo y la guerra sucia, ya que el Estado: "...aparece como el gran pacificador dentro de una situación de violencia generalizada, lo cual justifica cualquier reforzamiento autoritario del mismo [...] En nombre de la "guerra a la mafia" y aprovechando el consenso frente a la lucha contra el narcotráfico, se justifica la expedición de medidas autoritarias que finalmente afectan a sectores mucho más amplios de la población [...] El nuevo ambiente de guerra ha permitido así que las Fuerzas Armadas recuperen y amplíen sus facultades políticas e investigativas, al tiempo que su imagen ante la opinión pública surge de tal forma que inhibe la capacidad crítica frente a los potenciales desmanes de las tropas. No solo aparecen ahora ante la ciudadanía como la institución con la cual hay que solidarizarse para hacer frente al narcotráfico sino que, además [...] la militarización de la vida política aumenta considerablemente [...] De esta manera las Fuerzas Armadas han comenzado a utilizar las facultades concedidas por los nuevos decretos para allanar y capturar a miembros de organizaciones populares, sindicándolos de apoyar a grupos guerrilleros y de tener alianzas con el narcotráfico". [9]

La guerra contra las drogas circunscrita en la Doctrina de Seguridad Nacional impulsada por EE.UU, de esta manera ha servido en Latinoamérica para la instauración de "modelos estables" que restablezcan la hegemonía burguesa en la sociedad y la hegemonía norteamericana en la región. Particularmente en Colombia, que aun sin contar con una dictadura formal en los años sesenta y setenta, se impuso esta doctrina llegando hasta los cimientos del Estado mismo, por las élites y las Fuerzas Armadas de ese país. A esto respondieron los nombramientos de alcaldes militares, designados en reuniones de mandos militares con gobernadores, quienes estos últimos se encargaban de designarlos.

Y dentro de la guerra contra el narcotráfico, el eje central de su estrategia ha sido la "guerra sucia". Dentro del terrorismo de Estado colombiano han jugado un importante papel las estructuras criminales clandestinas y el paramilitarismo. Al tener como objetivo camuflar acciones para que no sean atribuidas a personas que trabajen dentro de la estructura estatal, y por lo tanto lo comprometan: "Este objetivo de encubrimiento de responsabilidades, respecto a actos que no tienen ninguna presentación legal ni legítima, ni siquiera dentro de fuertes confrontaciones bélicas, hace que se confundan y se complementen dos tipos de procedimientos: el accionar de los militares camuflados de civiles y el accionar militar de civiles protegidos clandestinamente por militares. Ambos procedimientos tienden al mismo objetivo: el encubrimiento que salvaguarde la impunidad". [10] Este accionar fue inaugurado por Belisario Betancur Cuartas, presidente colombiano quien en 1982 después de decretar una amnistía que saca de la cárcel a aproximadamente 500 presos políticos, se lava las manos por el asesinato, desaparición, o exilio, de estos liberados, y se responsabiliza de estos actos a paramilitares, sicarios, pistoleros a sueldo o escuadrones de la muerte.


Así, en Colombia, tras el impulso de los paramilitares que se ponen al frente del narcotráfico de drogas, remplazando a los tradicionales carteles y la violencia generada por estos grupos conforma el discurso de que el Estado débil, casi indefenso es victima, tanto como la población de los "violentos", sin embargo las Fuerzas Armadas no actuaban para evitar las masacres cometidas por los paramilitares, y con su omisión aportaban a su realización: "El cinismo del terrorismo de Estado en Colombia es inimaginable. Ello fue palpable durante las masacres cometidas por los paramilitares contra los pobladores de varios caseríos a orillas del río Naya, en las selvas del suroeste del país, no lejos del océano Pacífico. Cuando las autoridades judiciales al fin llegaron hasta esos lejanos y olvidados parajes, "las escenas que encontraron fueron macabras: una niña de 16 años con los brazos serruchados, unas tenían el estómago abierto y otros con señas de tortura [...] Sucedió en abril de 2001, en plena Semana Santa...Era otra masacre anunciada, pues desde meses antes se había denunciado ante las autoridades esa posibilidad y, como en tantas otras ocasiones, no se movió un dedo para la protección de la población. Al final fueron asesinados unos 130 afrocolombianos e indígenas y más de tres mil tuvieron que desplazarse". [11]

Consolidada esta estructura en Colombia, en la supuesta lucha contra el narcotráfico se atacó primero a consumidores de droga y a ladronzuelos, acciones conocidas en Colombia como "limpieza social", para luego desplazar su violencia hacia campesinos, activistas comunitarios, miembros de base de la iglesia y políticos de izquierda. El complemento fundamental de este accionar fue la legalización de mercenarios y la elaboración de su conflicto interno de manera privatizada. Acción impulsada por George Walker Bush, quien a mediados de 2005 anuncia la ampliación del Plan Colombia, sustentado en los atentados del 11 de septiembre a las torres gemelas, con lo cual desde entonces lo que se intenta permee es que: "...no existe un conflicto armado en Colombia sino una "guerra contra el terrorismo". Todo el aparato estatal y la población deben estar al servicio del esfuerzo militar y político del Estado para derrotar a los terroristas. Se debe otorgar los más amplios poderes a las Fuerzas Militares para vencer "al enemigo terrorista". Deben reajustarse los recursos judiciales, las facultades de la Corte Constitucional y de los órganos de control del Estado para que no sean un obstáculo de la acción del Poder Ejecutivo en la guerra contra el terrorismo". [12] Así, en el 2002 el presidente Álvaro Uribe Vélez, impulso en Colombia como premisa fundamental los cánones prescritos por Washington respecto a que no existe en Colombia un conflicto armado interno, sino una amenaza terrorista, para lo cual afirmaba que quien sostuviera que en el país existía un conflicto armado le hacia el juego al terrorismo.


Acorde ha esta lógica, el Plan Colombia tuvo como complemento el Plan Patriota, que elimina el límite que existía sobre la cantidad de mercenarios contratados por las Compañías Militares Privadas (CMP). Lo cual solo sirvió para aumentar y agudizar los graves efectos el Plan Colombia; desplazamiento forzado, confinamiento de poblaciones e incremento de la pobreza y la miseria en el sur del país.

Para el caso de México es preciso que recordemos como en la década de los ochenta las instituciones públicas en los sectores de salud, educación, trabajo y desarrollo social fueron privatizadas de facto, para ser entregadas a mafias privadas legalizadas, así como a mafias legales empresariales que unieron sus intereses con grupos criminales, que a su vez comienzan a competir por el poder político como extensión de su fuerza económica [13] . En este contexto se han enriquecido un puñado de familias a costa del futuro del país, a este respecto publicó Mr. Harry Hurt la manera en que Salinas le permitió a su amigo Slim Helú adquirir Teléfonos de México en 400 millones de dólares, siendo que en realidad valía 8,000 millones. A un hijo de Carlos Hank González le remató en 10 millones una concesión de telefonía celular que luego fue revendida en 100 millones [14] .


Conforme estos ejemplos, se puede observar como en el México neoliberal, el aparato de justicia se ha puesto al servicio de los intereses de los grandes empresarios, algunos de ellos ligados al sector financiero, y mientras saquean a la nación, hacen fraudes millonarios y evaden impuestos han impuesto en nuestro país la visión de lo que es la delincuencia así como la manera de combatirla, mediante políticas de mano dura. Acorde con esta visión conservadora y empresarial en materia de seguridad pública, durante su campaña Felipe Calderón ya prometía mano dura contra la delincuencia, y ya una vez que asume la presidencia declara una lucha frontal contra el crimen organizado, sacando al ejército para combatir a la delincuencia.

Más aun, en nuestro país viene causando conflictos la insistencia de empresarios por reactivar la explotación minera en lugares como el predio La Revancha, del ejido Gracia, en el municipio de Chicomuselo, ubicado en el estado de Michoacán. Lo cual ha derivado en confrontaciones según reportan desde el 21 de septiembre de 2013, cuando se presento el señor Fernando Coello Pedrero, abuelo del gobernador Manuel Velazco Coello, ante un grupo de jóvenes amenazando con que se explotarían las minas de esa región "aun sin el permiso de las comunidades que ahí habitan" [15] .


En esta misma lógica, desde 2010 se ha venido presentando la extracción "irregular" de hierro en los estados de Jalisco, Michoacán y Colima, según indica la Secretaría de Economía. Lo relevante es que ésta extracción se le achaca a él cártel de los Caballeros Templarios y su predecesor, el de la Familia, al estar robando u obteniendo por extorción contenedores de mineral de hierro, o extrayéndolo ellos mismos, para venderlo en los puertos sobre el Pacífico [16] . Ante estos hechos y la ausencia de autoridad en Michoacán (como en otros Estados de la República) se ha sumado al conflicto el surgimiento de las llamadas "autodefensas comunitarias". Lo cual pese a sus buenas intenciones, se corre el riesgo de que estos grupos de autodefensa no lo sean, y que sean infiltradas por Los caballeros templarios, la familia michoacana, zetas o el cártel Jalisco nueva generación conformando en realidad brazos armados de estos, para realizar distintas actividades ilícitas y de despojo en algunas comunidades. En un contexto donde políticos pactan con narcotraficantes,

narcotraficantes financiando grupos de alzados, políticos acusándose de pactar con criminales, y criminales afirmando que ellos no pactan con políticos [17] .


Esto ha devenido de manera tal que desde los inicios del gobierno de Enrique Peña Nieto el estado de Michoacán, resulto ser el laboratorio de lo nuevo en materia de seguridad. Ya que Fuerzas armadas "disfrazadas de carteles" que fueron activadas por el ejército, los gobiernos locales y el gobierno central durante el sexenio anterior, se resistieron a pasar a una nueva etapa dictada por la política de las transnacionales, cuyo objetivo último es concentrar el poder en el gobierno y desaparecer a las autonomías para repartirse los territorios y los recursos. Más aun, bajo las confrontaciones, se intenta ocultar que es una política útil para el reparto de tierras y recursos, ya logrados entre pequeños grupos de grandes capitalistas, sobre todo los vinculados a mineras, trazado de carreteras y presas, que lucran con políticas estatales [18] .


Así, refuncionalizada la estrategia de Guerra de Baja Intensidad en la "guerra contra las drogas", tenemos que recordar que cuando el michoacano Felipe Calderón asumió el poder, surgió el cartel la Familia Michoacana, cartel "que en su primera aparición pública dijo que no estaba contra el gobierno federal ni contra las instituciones armadas, como el ejército, que simplemente querían practicar la ley y la seguridad donde el Estado no alcanzaba a resguardar la seguridad de los ciudadanos, y que enfrentaría a expresiones foráneas –como los Zetas o el cartel de Sinaloa". Y dentro de los mismos parámetros se destaca que, los grupos La Familia Michoacana, los Caballeros Templarios, Jalisco Nueva Generación y los Zetas cumplieron una función dentro del plan de guerra de Calderón, "que por vía paralela fue la expresión no armada para la guerra sucia de los organismos de seguridad del Estado; es decir, que fueron funcionales a la política represiva que bajo la pantalla de la guerra a las drogas, se llevó a cabo bajo el gobierno de Calderón" [19].


De esta manera los operativos contra el narcotráfico en México han tomado forma institucional a partir de la "Iniciativa Mérida". Con este plan en el sexenio de Calderón, 50% de los recursos de las fuerzas de México fueron destinados a combatir el narco. Además de que le abrió las puertas a la intervención directa de diversas agencias de seguridad norteamericanas. Desde abril de 2009, opera en el Distrito Federal una Oficina Binacional de la Iniciativa Mérida; donde trabajan "45 funcionarios estadounidenses de distintas agencias con sus contrapartes mexicanos. A este respecto en febrero de 2009, el entonces secretario de Seguridad Pública (SSP) de Calderón, Genaro García Luna, le prometió a Michel Chertoff, secretario de Seguridad Interior de EEUU: "Usted tendrá acceso libre a nuestra información de inteligencia en seguridad pública". Lo cual confirma la forma en que México ha puesto a disposición del Pentágono los sistemas de inteligencia de nuestra nación sin autorización del Congreso, resultando en una violación de la soberanía, estipulado en el artículo 123 del Código Penal como un acto de traición a la Patria [20] . Además de que Calderón según un informe dado el 15 de diciembre de 2013, por agentes de la DEA, CIA, FBI, señalan otorgó permiso a aviones espías estadounidenses al espacio aéreo mexicano para operaciones de inteligencia, de vuelos de drones (aviones no tripulados) desde bases estadounidenses en apoyo a operaciones militares y de policías federales mexicanos, como también una amplia gama de aparatos de alta tecnología para recopilar información de inteligencia. De manera tal ha sido el uso de los drones incrementándose desde el 2010, que según The Washington Post las autoridades mexicanas han comprado sus propios drones [21] .


Esto unido al armamento, adquirido de distribuidores y en las mismas fábricas por los cárteles mexicanos en EEUU, por su volumen, (imposible de escapar detección), alto calibre, junto con un probable despliegue de mercenarios y/o fuerzas especiales bajo cubierta, han sido ingredientes centrales de los esquemas de "ampliación militar" por la vía de un programa de "estabilización y reconstrucción" del Departamento de Defensa en curso en México [22] . Conformado el enorme trauma humano que abarrota las morgues del país y la aun más grave multiplicación de cementerios clandestinos, de lo cual ahora forma parte Ayotzinapa, entre otros casos como los siguientes, sin que ahonden las investigaciones en los factores de las muertes violentas:

• "Sonora 18 de enero. Cinco cadáveres (dos mujeres y tres hombres) fueron ubicados entre Rosario Tesopaco y Esperanza, unos 200 kilómetros al sur de Hermosillo, en Sonora, junto a un campo de tiro, baleados y maniatados.
16 de marzo. Los cuerpos de Rafael Samaniego, El Lito, Tiburcio Olivares y dos de sus hijos, Manuel Ángel y Eduardo, aparecieron sepultados en un ejido cercano a agua prieta. Los tres últimos habían sido levantados el 4 de octubre de 2009.

10 de abril. A espaldas de las colonias CTS-CROC y Colinas del Sol, una narcofosa con al menos cuatro cadáveres fue descubierta tras una denuncia anónima, en Nogales.

28 de abril. Se hallan seis cuerpos enterrados clandestinamente en el ejido Agua Zarca, por la carretera que va de Puerto Peñasco a Caborca" [23].


Así, la guerra contra las drogas ha venido marcando una nueva manera de intervenir en asuntos internos por parte de Norteamérica en México, perfilándose como una estrategia global estadounidense desde 2006. Que toma forma en la doctrina de guerras irregulares, a partir de que en 2008, la Estrategia de Defensa Nacional de Washington ha planteado que <>. Pero para poder realizar estas metas, las guerras convencionales, no son la prioridad, además de resultarle más caras e insostenibles:

-Hasta agosto de 2009, Estados Unidos había gastado más de 173 billones de dólares en la guerra de Afganistán (unos 20 billones anuales).


-Mantener una semana las guerras de Irak y Afganistán costaba 3.5 billones de dólares en 2009.

-EL nobel Joseph Stiglitz calcula que la guerra de Afganistán costará más de 3 billones de dólares ($3, 000, 000, 000, 000.00) y podría llegar a 5 o 7 trillones [24] .


Por lo tanto, en su intento de controlar a las masas de inconformes por las políticas económicas neoliberales, y bajar los costos de la guerra convencional, desde 2009 la Casa Blanca ha venido reformulando la estrategia de guerra irregular, que tiene como particularidad: usar fuerzas no militares; guerra de guerrillas; guerras mercenarias; intervención paramilitar; guerras contra las drogas. Donde también incluye operaciones mediáticas o guerras de cuarta generación, impulsadas desde 1991, por el teórico especialista en guerra, Martín van Creveld, quien publico "La transformación de la guerra", en la que planteó que, ante la ineficacia de los grandes ejércitos, la población podría ser controlada por medio de una guerra que maneje una combinación de propaganda y terror: las guerras de cuarta generación, también llamadas guerras asimétricas o guerras sin fusiles, donde las operaciones militares son reemplazadas, o complementadas, por operaciones con unidades mediáticas y operativos sicológicos dirigidos por expertos en comunicación y psicología de masas [25].


Bibliografía
-Barajas Rafael, "Narcotráfico para inocentes. El narco en México y quien lo U.S.A". El chamuco y los hijos del averno, 2011.
-Calvo Ospina Hernando. "El terrorismo de Estado en Colombia." Editorial el perro y la rana, 2007.
-Oikión Solano Verónica, García Ugarte Marta Eugenia. (Editoras) "Movimientos armados en México, siglo XX". Vol. I, El Colegio de Michoacán CIESAS, 2006.
-Marini Ruy Mauro. "La lucha por la democracia en América Latina". www.marini-escritos.unam.mx/018_democracia_es.htm
-Álvarez Gómez Ana Josefina (compiladora), "Tráfico y consumo de drogas. Una visión alternativa." UNAM, ENEP ACATLAN, 1991.
-Reveles José, "Levantones, narcofosas y falsos positivos". Grijalbo, 2011.
-Saxe-Fernández John, " Diseños imperiales sobre México y América Latina". Trabajo presentado a las Jornadas Bolivarianas, Instituto de Estudios Latino Americanos, Universidad de Sta. Catarina, Florianópolis, Brasil, Abril 6-10, 2009.
-Borrego Salvador, "México en guerra ajena". México D.F, 2ª edición 2011.

Hemerografía
La Jornada, "Ajustes en inteligencia entre México y EU pondrían en jaque la cooperación: TWP. Política, lunes 29, de abril de 2013. Pág. 8
En Desinformémonos, periodismo de abajo. "Michoacán, el laboratorio peñista para acabar con las autonomías". Por Carlos Fazio.
La Jornada, viernes 8 de sep. De 2013. "Chicomuselo, bajo asedio de mineras".
La Jornada, domingo 1 de dic. De 2013. "Reconocen autoridades la incursión de cárteles de la droga en la minería: Ap".
La Jornada, domingo 1 de dic. De 2013. "De cárteles y autodefensas".
Excélsior en línea, especiales. "Cronología: Paso a paso del caso de los normalistas de Ayotzinapa". 17-11-2014.
La Jornada en línea, opinión. " La matanza de Iguala y el Ejército". Hernández Navarro Luis. Martes 18 de noviembre de 2014.
González Ortiz Ramón César. "La Iniciativa Mérida: Estado, militarización y contrainsurgencia en México". Tesis de Maestría, UNAM, FCPyS. 2014.
Notas
[1] Excélsior en línea, especiales. "Cronología: Paso a paso del caso de los normalistas de Ayotzinapa". 17-11-2014.
[2] La Jornada en línea, opinión. " La matanza de Iguala y el Ejército". Hernández Navarro Luis. Martes 18 de noviembre de 2014.
[3] González Ortiz Ramón César. La Iniciativa Mérida: Estado, militarización y contrainsurgencia en México. Tesis de Maestría, UNAM, FCPyS. 2014. Pág. 63
[4] En la academia militar de West Point, en 1962 Kennedy dejaba en claro sus intenciones: "La subversión es otro tipo de guerra, nueva en su intensidad aunque de antiguo origen [...] Estamos obligados a emplear una nueva estrategia para contrarrestar este tipo de guerra, una fuerza militar diferente, una preparación y adiestramiento militar nuevos y distintos."
[5] Calvo Ospina Hernando. "El terrorismo de Estado en Colombia." Editorial el perro y la rana, 2007. Pág. 89
[6] Oikión Solano Verónica, García Ugarte Marta Eugenia. (Editoras) "Movimientos armados en México, siglo XX". Vol. I, El Colegio de Michoacán CIESAS, 2006.
[7] Ruy Mauro Marini, "La lucha por la democracia en América Latina". www.marini-escritos.unam.mx/018_democracia_es.htm
[8] Álvarez Gómez Ana Josefina (compiladora), "Tráfico y consumo de drogas. Una visión alternativa." UNAM, ENEP ACATLAN, 1991. Pp. 54-55
[9] Citado en: Calvo Ospina Hernando. "El terrorismo de Estado en Colombia." Editorial el perro y la rana, 2007. Pág. 205.
[10] Citado en: Calvo Ospina Hernando. "El terrorismo de Estado en Colombia." Editorial el perro y la rana, 2007. Pág. 142
[11] Ibíd. 265
[12] Ibíd. 296
[13] Reveles José, "Levantones, narcofosas y falsos positivos". Grijalbo, 2011. Pág. 10
[14] Borrego Salvador, "México en guerra ajena". México D.F, 2ª edición 2011. Pág. 74
[15] La Jornada, viernes 8 de sep. De 2013. "Chicomuselo, bajo asedio de mineras".
[16] La Jornada, domingo 1 de dic. De 2013. "Reconocen autoridades la incursión de cárteles de la droga en la minería: Ap".
[17] La Jornada, domingo 1 de dic. De 2013. "De cárteles y autodefensas".
[18] En Desinformémonos, periodismo de abajo. "Michoacán, el laboratorio peñista para acabar con las autonomías". Por Carlos Fazio.
[19] En Desinformémonos, periodismo de abajo. "Michoacán, el laboratorio peñista para acabar con las autonomías". Por Carlos Fazio.
[20] Barajas Rafael, "Narcotráfico para inocentes. El narco en México y quien lo U.S.A". El chamuco y los hijos del averno, 2011. Pp. 46-47 Citado en: González Ortiz Ramón César. "La Iniciativa Mérida: Estado, militarización y contrainsurgencia en México". Tesis de Maestría, UNAM, FCPyS. 2014.
[21] Ibíd. La Jornada, "Ajustes en inteligencia entre México y EU pondrían en jaque la cooperación: TWP. Política, lunes 29, de abril de 2013. Pág. 8
[22] Ibíd. Saxe-Fernández John, " Diseños imperiales sobre México y América Latina". Trabajo presentado a las Jornadas Bolivarianas, Instituto de Estudios Latino Americanos, Universidad de Sta. Catarina, Florianópolis, Brasil, Abril 6-10, 2009.
[23] Reveles José, "Levantones, narcofosas y falsos positivos". Grijalbo, 2011. Pág. 45
[24] Barajas Rafael, "Narcotráfico para inocentes. El narco en México y quien lo U.S.A". El chamuco y los hijos del averno, 2011. Pp. 110-111
[25] Barajas Rafael, "Narcotráfico para inocentes. El narco en México y quien lo U.S.A". El chamuco y los hijos del averno, 2011. Pp. 124-125

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Violencia en una favela pacificada; la muerte de un bailarín detona la protesta

Una protesta en la que hubo neumáticos incendiados, disparos y destrozos, a raíz de la muerte de un bailarín, presuntamente a manos de la policía, estalló esta noche en Copacabana, uno de los barrios más turísticos de Río de Janeiro. Los manifestantes bloquearon varias calles y al final la violencia provocó otro fallecido.


El deceso de un bailarín de 25 años en la favela de Pavao-Pavaozinho, en una colina entre Copacabana e Ipanema, desató la violencia durante unas tres horas en una de las zonas más ricas y turísticas de la ciudad, a menos de dos meses del Mundial de Futbol en Brasil.


Un hombre de unos 30 años murió al recibir un disparo en la cabeza durante la protesta, informó la Secretaría de Salud del estado de Río al portal de noticias G1 de Globo. No se precisó la identidad del fallecido.

Los amigos del bailarín que apareció muerto en Pavao-Pavaozinho dijeron que la policía lo mató a golpes tras confundirlo con un narcotraficante. La policía aseguró que el hombre falleció en una caída.

El bailarín Douglas Rafael da Silva Pereira murió a la una de la mañana. Más de 12 horas después conseguimos ver el cuerpo. Estaba en posición de defensa, todo golpeado. No tiene marca de disparos, dijo su madre, la técnica en enfermería Maria de Fátima da Silva. El bailarín había ido a la favela a visitar a su hija de 4 años, precisó.


Al cierre de esta edición ardían barricadas en la favela pacificada por la policía en 2009.

En Sao Paulo más de 30 autobuses de la compañía Urubupunga fueron incendiados esta madrugada por hombres armados en el suburbio de Osasco, sin que se reportaran víctimas, anunció el gerente de la empresa Miguel de Albuquerque. Agregó que no se recibieron amenazas, y desconoce el motivo del ataque.


La policía indicó que se trata, probablemente, de represalias por la muerte de un narcotraficante el lunes.


A todo esto, tras una investigación, la Comisión Nacional de la Verdad llegó a la conclusión que la última dictadura que gobernó Brasil (1964-1985) no asesinó al ex presidente Juscelino Kubitschek, fallecido tras un accidente automovilístico en 1976. Indicó que no hubo un ningún disparo y la trayectoria del vehículo en el que viajaba Kubitschek, quien se estrelló contra un camión tras chocar con un autobús, indica claramente que fue un accidente.

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La tercera guerra fría en América Latina

El renacimiento de la guerra fría entre Estados Unidos y Rusia a raíz de la reincorporación de Crimea al país al que perteneció durante dos siglos es una buena ocasión para despojar las relaciones internacionales de ideologías y discursos que suelen encubrir las verdaderas intenciones de los contendientes.

La defensa del mundo libre que propagó Washington y la simétrica defensa del socialismo que utilizó Moscú suenan, ahora que ambas son potencias capitalistas y el ropaje democrático les queda demasiado ajustado y permite adivinar las intenciones detrás del discurso, como una lucha de carácter geopolítico por la influencia en el mundo.


Es la virtud que tienen las grandes crisis y los procesos de transición: muestran realidades que en los periodos de calma suelen solaparse detrás de argumentos de carácter ideológico, revestidos las más de las veces de apelaciones retóricas. La condena a muerte de 529 personas en Egipto y la violencia contra manifestantes, con saldo de cientos o miles de muertos, sin que ninguna potencia occidental haya elevado el tono, enseñan que los derechos humanos son desplazados por los intereses geopolíticos.


José Luis Fiori, profesor de economía política internacional de la Universidad Federal de Río de Janeiro y coordinador del grupo de investigación El poder global y la geopolítica del capitalismo, recupera en una serie de artículos periodísticos el pensamiento de Nicholas Spykman (1893-1943), el teórico geopolítico que tuvo mayor influencia sobre la política exterior de Estados Unidos en el siglo XX.

Spykman consideraba que los países caribeños, incluyendo Colombia y Venezuela, formaban una zona de influencia donde la supremacía de Estados Unidos no puede ser cuestionada. Los consideraba un mar cerrado cuyas llaves pertenecen a Estados Unidos, lo que significa que quedarán siempre en una posición de absoluta dependencia ( Valor, 29/1/14).


En opinión de Fiori, esta percepción explica las 15 bases militares en América Central y el Caribe, región que jugó un papel decisivo durante la segunda guerra fría bajo la presidencia de Ronald Reagan. Considera que esta posición de dominación será muy difícil que se altere, "más allá de las 'disidencias' cubana y venezolana".


Respecto a México, Fiori cree que ocupa sólo la posición de enclave militar de Estados Unidos y que es el único de los grandes países latinoamericanos donde creció la pobreza, que supera la mitad de la población.

Spykman consideraba que en la región sudamericana, más allá de la zona inmediata de hegemonía estadunidense, destacaban los países del cono sur, la región ABC en su lenguaje (Argentina, Brasil y Chile), quienes pueden intentar contrabalancear nuestro poder a través de una acción común. En este caso, serían una amenaza a la hegemonía que tendrá que ser respondida a través de la guerra ( Valor, 29/1/14).


En suma, en el cono sur se trata de evitar el nacimiento de alianzas que puedan poner en cuestión el dominio estadunidense. Según Fiori, el éxito de la nueva alianza entre Brasil y Argentina será siempre considerado como una línea roja para los intereses de Estados Unidos (Outraspalavras.net, 27/3/14). Por eso, en este momento todos los gobiernos de América del Sur representarían una amenaza para los intereses norteamericanos, que debe ser contenida y derrotada, con la excepción de Colombia, Perú y Chile (Valor, 26/2/14).


Eso no quiere decir que todos los casos tengan igual prioridad, ni siquiera que deban tratarse del mismo modo. En el caso del terremoto en Haití, en enero de 2010, la reacción fue inmediata, brutal y militarizada, realizando un gran despliegue en el Caribe, ocupando zonas clave del país devastado, para impedir cualquier movimiento contrario en momentos de aguda confusión.


A diferencia de lo sucedido en otros periodos de la historia regional, cuando los lapsos de crecimiento económico exitosos de Argentina y Brasil fueron estimulados por potencias mundiales, Inglaterra en el primer caso, Estados Unidos en el segundo, ahora estaríamos ante una revolución en la historia del cono sur. Fiori sostiene que el proyecto de construcción de una zona de coprosperidad y de un bloque de poder sudamericano (como la Unasur o el Mercosur ampliado) apuntan en una dirección intolerable para Estados Unidos y de sus aliados en cada país.


Por eso sostiene que Estados Unidos será el principal contrapunto de la política exterior brasileña dentro del hemisferio occidental durante el siglo XXI. El problema es que la posición de Washington es clara, pero no sucede lo mismo con la mayor parte de los gobiernos progresistas de la región.


A mi modo de ver, el análisis de Fiori es impecable. Cabría agregar, empero, dos elementos centrales: el factor BRICS y la emergencia de una nueva burguesía ligada al modelo progresista.


La presencia de China es ya determinante en América del Sur, en particu¬lar en el área comercial, mientras las inversiones asiáticas crecen progresivamente. También viene aumentando la presencia de Rusia, en particular en el área militar. Ambas influencias no pueden ser indiferentes y marcan prioridades. Venezuela es el país de la región donde se concentran la presencia económica china, la alianza militar con Rusia y lazos comerciales y políticos con Irán. Es mucho más de lo que hubieran tolerado Spykman y Henry Kissinger.


La segunda cuestión es mucho más compleja. La emergencia de nuevas burguesías en los países con gobiernos de izquierda y progresistas es un proceso dual, como lo muestran los casos brasileño y venezolano. Pueden ser un factor de poder favorable a un mundo multipolar y trabajar en contra del dominio estadunidense. Pero pueden enfrentarse, a la vez, a los procesos de empoderamiento popular que recortan su margen de acción. Llegado el caso, los nuevos burgueses están dispuestos a aliarse con sus pares para enfrentar juntos a los de abajo.

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El fundador de WikiLeaks, Julian Assange, apareció ayer entre los relatores en la Asamblea General de la ONU. Habló de los derechos humanos, de la política de EE.UU., de la tragedia personal de Bradley Manning y de los cambios en el mundo.


Buenos días, señores delegados, señoras y señores,


Hoy hablo con ustedes como un hombre libre porque a pesar de que estoy detenido desde hace 659 días sin cargos, soy libre en el sentido básico y más importante, soy libre para decir lo que pienso.


Esta libertad existe porque la nación de Ecuador me ha concedido el asilo diplomático. Y otras naciones tuvieron la voluntad de apoyar esta decisión. Es por el artículo 19 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos de la ONU, gracias a la cual WikiLeaks fue capaz de recibir y difundir informaciones e ideas de toda índole, sin consideración de fronteras. Y es por el artículo 40.1 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que estipula el derecho de buscar asilo de la persecución y la 1951 Convención sobre el Estatuto de los Refugiados y otras convenciones producidas por Naciones Unidas, con las cuales puedo ser protegido igual que otros, de la persecución política.


Gracias a las Naciones Unidas puedo realizar en este caso, mi derecho inalienable a buscar protección de las acciones opresoras que algunos gobiernos emprenden en mi contra, contra los empleados y los seguidores de mi organización. Es gracias a la prohibición absoluta de la tortura, estipulada por la norma ordinaria internacional y la Convención de la ONU contra la Tortura, que seguimos firmemente denunciando las torturas y crímenes de guerra, sin importarnos quiénes son los perpetradores. Quisiera agradecer la cortesía del Gobierno de Ecuador, de facilitarme la posibilidad de hablar otra vez ante la ONU en unas circunstancias muy diferentes a las que tuve durante el "Universal Periodic Review” en Ginebra en 2010.


Hace casi 2 años hablé ante la ONU sobre nuestro trabajo de descubrir las torturas y los asesinatos de casi 100.000 ciudadanos en Irak. Pero hoy les quiero contar una historia estadounidense. Les quiero contar una historia sobre un joven soldado estadounidense en Irak. El soldado nació en Oklahoma, de madre galesa y padre de la Armada de EE.UU. Sus padres se enamoraron. Su padre fue enviado a una base militar estadounidense en Gales. Desde la niñez, el soldado parecía que iba a tener un futuro muy prometedor, ganó varios premios principales en las ferias de ciencias locales, durante tres años seguidos. Creía en la verdad y le gustábamos todos nosotros. Él odiaba la hipocresía.


Él creía en la libertad y en el derecho para todos nosotros de buscar felicidad. Él creía en los valores que fundaron el país independiente de Estados Unidos. Él creía en Madison, en Jefferson, creía en Paine. Igual que muchos adolescentes era inseguro en qué hacer con su vida pero sabía que quería defender a su país y sabía que quería conocer el mundo. Ingresó en el Ejército de EE.UU. y como su padre se hizo un analista de inteligencia.


A finales de 2009 cuando tenía 21 años fue enviado a Irak. Allí supuestamente fue donde vio que el Ejército estadounidense no sigue la ley de manera estricta, de hecho está involucrado en homicidios y apoya la corrupción política. Se supone que esto fue en Bagdad en 2010 cuando envió a WikiLeaks, me entregó a mí y de hecho al mundo, los detalles que mostraban torturas de iraquíes, los asesinatos de periodistas y las cintas con la información sobre más de 120.000 homicidios de civiles en Irak y en Afganistán. Está acusado de haber entregado a WikiLeaks 251.000 cables diplomáticos de EE.UU., con ayuda de los cuales luego se encendió la Primavera Árabe. El nombre de este joven soldado es Bradley Manning.


Presuntamente fue arrestado en Bagdad tras ser traicionado por un informante, primero fue encarcelado en Kuwait y luego llevado a Virginia, donde fue recluido durante 9 meses en régimen de aislamiento y fue donde sufrió severos abusos. Abusos que el relator Especial de las Naciones Unidas sobre la Tortura, Juan Méndez, investigó y denunció ante EE.UU. Un portavoz de Hillary Clinton rechazó estas acusaciones.


Bradley Manning, el que fuera estrella de las ferias de ciencias, soldado y patriota… fue degradado, maltratado y torturado psicológicamente por su propio Gobierno. Fue acusado de delitos penales. Todo esto le sucedió porque el Gobierno de EE.UU. intentó romper su voluntad y forzarle a testificar contra WikiLeaks y contra mí.


Hasta el día de hoy, Bradley Manning lleva detenido sin juicio 856 días. El máximo legal para el Ejército de los Estados Unidos es de 120 días.


La Administración de los Estados Unidos está tratando de erigir un régimen nacional de secretos, un régimen de ofuscación. Un régimen donde cualquier empleado público que revele información delicada a una organización de la prensa puede ser sentenciado a muerte, a cadena perpetua por espionaje, y a la organización mediática junto al informante.


No debemos subestimar la investigación a la cual ha sido sujeta WikiLeaks por el FBI. Lo único que desearía decir es que Bradley Manning ha sido la única víctima de toda esta situación, pero el asalto a WikiLeaks en relación a ese asunto y a otros ha producido una investigación a la que un diplomático australiano se ha referido como "sin precedentes" en su naturaleza. Eso es lo que el Gobierno de EE.UU. llamó "toda la investigación gubernamental". Las agencias de inteligencia identificadas que se han visto involucradas en esta investigación incluyen la Agencia de Inteligencia de la Defensa, la división de investigación contra el crimen del Ejército de los EE.UU., las fuerzas aliadas en Irak, la primera división del Ejército, la unidad de investigación del Ejército de crímenes cibernéticos, la CCIU, el segundo cibercomando del Ejército.


En el marco de estas tres investigaciones que se llevan a cabo, hay una del departamento de Justicia que es la más significante, y la del jurado de EUU en Alexandria, Virginia. La oficina Federal de Investigación (FBI), según el testimonio en la Corte, elaboró un archivo de 42.135 páginas sobre WikiLeaks. De las que casi ocho mil, están dedicadas a Bradley Manning. El departamento de Estado y los servicios de seguridad diplomáticos realizan sus indagaciones. Adicionalmente fuimos investigados por la Oficina del director general del Servicio de Inteligencia Nacional, la Oficina del ejecutivo del servicio de contraespionaje, la CIA, el comité de supervisión doméstica, además de la plantilla del Servicio de Seguridad Nacional, el comité interdepartamental de inteligencia y por La Junta Asesora de Inteligencia exterior del Presidente.


El portavoz del departamento de Justicia, Dean Boyd, confirmó en julio del 2012 que la investigación de su oficina contra WikiLeaks continúa. Ayer Barack Obama pronunció muchas palabras buenas. Pero es precisamente su Administración la que publica en su sitio dedicado a la campaña electoral, más espacio sobre la criminalización de la libertad de expresión que todos los presidentes anteriores.


Yo recuerdo la frase sobre la audacia de la esperanza. ¿Quién puede decir que el presidente de EEUU no es audaz? No fue un paso audaz por parte del Gobierno norteamericano, atribuirse el progreso de los últimos dos años. ¿Fue audaz por su parte declarar el martes que EEUU respaldó a las fuerzas de cambio, durante la Primavera Árabe? La historia de Túnez no comenzó en diciembre del 2010, y Mohamed Bouazizi no se incendió para que Barack Obama tuviera posibilidad de ser reelegido. Su muerte fue fruto de la desesperación que soportaba viviendo bajo el régimen de Ben Ali. El mundo conoció tras leer las publicaciones de Wikileaks, que Ben Ali y su Gobierno, disfrutaron durante muchos años de la indiferencia o quizá hasta del respaldo de EEUU que era consciente de sus crímenes y sus desmanes. Así que para los tunecinos sería una sorpresa conocer que EEUU respaldó a las fuerzas de cambio en su país. Y sería una sorpresa para los jóvenes egipcios, que limpiaban de sus ojos el gas lacrimógeno norteamericano, que la Administración estadounidense apoyaba los procesos de cambio en Egipto.


Debería ser una sorpresa para aquellos que escucharon a Hillary Clinton insistir en que el régimen de Mubarak era "estable", y cuando estaba claro para todos que no era así, que su odiado jefe de inteligencia, Suleiman, de quien nosotros demostramos que EE.UU. sabía que era un verdugo, debería tomar el cargo. Debería ser una sorpresa para todos los egipcios que escucharon al vicepresidente Joseph Biden que declaró que Hosni Mubarak era un demócrata y Julian Assange era un terrorista informático. Es irrespetuoso para los muertos y encarcelados en la revuelta de Bahréin que reivindican a EE.UU. "apoyo a las fuerzas de cambio".


De hecho esto es atrevido. ¿Quién puede decir que no es atrevimiento que el presidente que trata de comparecer como líder mira hacia atrás en este gran cambio, el cambio de la gente, y después lo llama a su manera? Pero podemos animarnos aquí también porque eso significa que la Casa Blanca vio que este progreso es inevitable. En este "tiempo de progresos" el presidente ha visto en qué dirección sopla el viento. Y ahora él debe fingir que es su Administración la que lo hizo estallar. Muy bien, esto es mejor que la alternativa: inclinarse hacia la irrelevancia mientras el mundo sigue adelante. Tenemos que ser claros aquí: EE.UU. no es el enemigo. Su Gobierno no es uniforme. En algunos casos gente buena en Estados unidos apoya las fuerzas de cambio. Y quizá Barack Obama personalmente fue uno de ellos. Pero en otros, y en masa, en etapas tempranas, se opusieron activamente. Este es un problema histórico y no es justo y no es apropiado para el presidente distorsionar esa cuestión para obtener ganancias políticas o por pronunciar buenas palabras.


Y en cuanto a las palabras buenas, son solo las palabras buenas. Nosotros las alabamos y estamos de acuerdo con estas palabras. Estamos de acuerdo con lo que el presidente Obama dijo ayer de que las personas pueden resolver sus divergencias pacíficamente. Estamos de acuerdo con que la diplomacia puede sustituir la guerra y estamos de acuerdo que esto es un mundo independiente. Estamos de acuerdo en que la libertad y la libre determinación de las personas no son valores meramente estadounidenses u occidentales, sino valores universales. Y estamos de acuerdo con el presidente cuando dice que debemos hablar con honestidad si somos serios sobre estos ideales. Pero las palabras buenas languidecen sin acciones proporcionales. El presidente Obama habló con firmeza a favor de la libertad de expresión. "Los que están en el poder", dijo, "tienen que resistir la tentación de reprimir a los disidentes".


Hay tiempo para las palabras y hay tiempo para las acciones. Ya el tiempo de las palabras se ha agotado. Es hora de que EE.UU. cese la persecución de WikiLeaks, cese la persecución de nuestro pueblo y cese la persecución de otras fuentes. Es hora de que el presidente Obama haga lo correcto y se una a los cambios en el mundo no con buenas palabras, sino con buenos hechos.


Gracias.

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Lunes, 16 Julio 2012 17:39

Indígenas por la paz

Indígenas por la paz
Un programa de una cadena nacional de radio de Colombia calificó de exótica la movilización de los indígenas del norte del Cauca. No son pocos los que argumentan que dicha acción no hace más que ayudarle a la propia guerrilla. Algunos llegan incluso a calificarla como un acto circense. Miembros del gobierno nacional dejan escapar valoraciones que se ubican en algunas de las anteriores afirmaciones. Todas ellas situadas en la superficie de un conflicto que solo se analiza por los efectos inmediatos que invaden los titulares de los medios de comunicación. Más no por la identificación de lo que acontece en el devenir histórico de dichas comunidades.
 
Atrás quedan acciones que otrora fueran reconocidas por su capacidad de organización y de movilización. El rescate de un misionero suizo en 2003, en Caldono, que había sido secuestrado por la guerrilla. La caminata de cientos de indígenas hacia las montañas del Caquetá para presionar la liberación del alcalde de Toribio, Arquímedes Vitonás, retenido por las FARC en 2004. La audacia de un alcalde indígena de Silvia quien después de una larga jornada nocturna con sus guerrilleros captores, logra hablarles en su lengua a niños que los rodearon pidiéndoles que avisaran a la comunidad de que estaba secuestrado. Acción que al instante motivo el levantamiento de los indígenas de la vereda en que se encontraba y la obligación de su liberación por parte de la guerrilla. En fin, son innumerables los hechos en esta dirección.
 
El CRIC fue fundado en febrero de 1971 y a la defensa de los principios de unidad, tierra y cultura fue necesario agregarle la protección de sus vidas tras las acciones de pájaros, matones a sueldo, y no pocas veces por miembros de la policía o el ejército. En la medida en que las FARC fueron ocupando su territorio reclamaban para sí su control. Desconociendo las autoridades propias de las comunidades indígenas. Desde inicios de la década del ochenta efectuaron asesinatos de algunos de sus activistas. La formación del grupo armado Quintín Lame, que operó durante la década del ochenta, hasta su desmovilización, por medio de acuerdos de paz, en la Constituyente de 1991, fue más un movimiento armado de autodefensa que una organización como los otros grupos de orientación Marxista que le fueron coetáneos. La larga lista de dirigentes y activistas que han sido asesinados en ese corto periodo de 41 años de la organización justifica con creces su permanente preocupación por la paz en sus territorios. Argumento que sería mucho más fuerte si lo asociáramos a siglos de resistencia para garantizar que hoy tengan la organización y la fuerza que han demostrado.
 
Si bien en sus congresos y asambleas identifican problemas básicos como los de tierras, educación, el impacto que les ocasionará el TLC los efectos de los megaproyectos y la minería; el del conflicto armado ha devenido en uno de los que más dificultades ha traído para la realización de sus planes de vida en sus territorios. Por una circunstancia inscrita en la lógica de la guerra; pero también por la confrontación de dos formas de ver el mundo, la vida y la transformación social.
 
Históricamente, las FARC surgieron en el Nororiente del departamento del Cauca. Lo cual conlleva que muchos de sus militantes hayan nacido en esta región y conozcan como la palma de la mano sus ríos y montañas, caminos y senderos. Sumémosle a esto que el desencadenamiento de la guerra ubica este territorio como uno de los mas estratégicos para acceder a la zona agroindustrial del Valle del Cauca y transitar por los caminos que facilitan el control del Pacífico. A la vez, posibilita el paso hacia la Amazonia y los Llanos Orientales. Por eso, varios analistas ven como inevitable que cualquier solución del conflicto, sea militar o negociada, tenga en estos territorios sus últimos escenarios.
 
Lo que queda de proyecto político de las FARC sigue inscrito en un esquema no muy bien definido de una sociedad socialista. Durante más de dos largas décadas su estrategia militarista ha conducido a desconocer dinámicas propias de movimientos y organizaciones sociales que, desde su propia historia y condiciones de vida, también se sitúan en el horizonte de la transformación social. Más no dentro de las jerarquías que impone una estructura militar ni tampoco vertiendo sobre sus prácticas organizativas las tácticas Leninistas y Estalinistas que aun operan en la estructura de esta guerrilla. Estas dos direcciones entran en confrontación en los territorios. No de una manera ideológica o discursiva sino de forma práctica. Pues a la ancestral autoridad y forma de gobierno ejercida a través de largos años de resistencia, y respaldad por la constitución actual, se le opone la autoridad de una insurgencia armada que las desconoce. Y no de cualquier manera, pues no son pocas las denuncias de las organizaciones indígenas de asesinatos de sus miembros cometidos por la guerrilla. Hasta la declaratoria, incluso, de objetivos militares, por parte de uno de sus frentes.
 
Esto, precisamente, condujo a la organización indígena a dirigirse al nuevo comandante de esa guerrilla, Timoleón Jiménez, para plantearle si esa amenaza era solo de un frente y si era respaldado por el secretariado. En ella le exigen una consecuencia sobre sus expresas intenciones de lograr la paz. Sobre todo, porque consideran que avanzar hacia ella no será ahora posible si se produce entre su cúpula y el gobierno, con la ausencia de las comunidades que padecen los efectos de la guerra. La respuesta ha sido una mayor ampliación de la embestida militar en sus territorios, la pérdida de vidas de muchos de sus miembros, el desarraigo temporal de su relación con la madre tierra por los desplazamientos que han debido realizar.
 
De igual manera, parten de la afirmación de que la guerra se produce con la contraparte de la guerrilla; en este caso el gobierno nacional, a través del ejército, la policía y sus organismos de seguridad. Establecen que su presencia en sus territorios no ha garantizado la paz y la tranquilidad para realizar sus planes de vida; más bien, contribuyen a agudizar el conflicto en sus territorios. No es que desconozcan la unidad de la nación y el monopolio de la fuerza por parte del Estado. Es la aceptación de que la forma particular en que opera el conflicto en sus poblaciones no ha conducido a la recuperación de las condiciones que les permitan avanzar hacia el buen vivir. De allí que los identifican también como actores de la guerra. Una política gubernamental como el Plan de consolidación, en tanto es operado por los organismos militares que toman control de las zonas, no cumple el propósito para el que fue diseñado si no son los gobiernos municipales y las organizaciones de sus comunidades las que lo implementan. En regiones como la del Cauca no hace más que exponer a la población a la reacción cruenta de la guerrilla, como está sucediendo. Por lo cual, esas son las razones para que se sostengan en que tanto guerrillas, como policía y ejército, deben salir de sus territorios. Eje central de la discusión. Pues desde el gobierno nacional se asume que es un mandato constitucional mantener el monopolio legitimo de la fuerza. Desde las organizaciones guerrilleras, su levantamiento en armas como movimiento insurgente lo asumen como una alternativa al estado que quieren suplantar. A las organizaciones de la sociedad no les queda más que participar o aliarse a dicho proyecto o someterse a sus decisiones.
 
¿Qué margen de acción les queda a comunidades como estas que persisten en este tipo de iniciativas de paz? Si se mira la crudeza del conflicto, y su degradación, podría concluirse que poca. Si se tiene en cuenta su tradición de lucha y de resistencia y su capacidad de organización y movilización, mucha. Asumiendo que con sus propias autoridades y su guardia indígena pueden ejercer autoridad, justicia y control de los conflictos que se producen en ellos. Han dado muestras de ello a lo largo de su vida organizativa y de los cientos de años de resistencia. Porque es de los pocos espacios que la sociedad colombiana registra en esta última década como alternativa al autoritarismo y a la barbarie. En 1999 logran un acuerdo con el gobierno nacional de la designación de un territorio denominado de paz y convivencia; situado en la María Piendamó. Allí donde Aída Quilcué, consejera, mayor del CRIC en ese momento, y las comunidades obligaron al presidente Uribe a que los escuchara en su propio territorio y bajo sus condiciones. En 2004 realizan una movilización, bajo la hermosa denominación “caminando la palabra” cuyo punto de llegada y de asamblea fue el Coliseo del Pueblo de Cali. La opinión pública la identificó como la marcha de la dignidad que ya incluía como una de sus demandas no ser carne de cañón de los actores de la guerra y la necesidad de optar por una solución política negociada del conflicto armado. Proceso que se amplió sucesivamente en marchas hasta Bogotá; ya no solo de indígenas sino con diferentes organizaciones populares, bajo la denominación de La Minga Social y Comunitaria. Su resultado fue el congreso de los pueblos y diferentes iniciativas que se desprenden de sus mandatos. En todas ellas con la apuesta por la paz como una de sus reivindicaciones centrales.
 
La destrucción de las trincheras de la policía y del ejército, y la presión hasta sacar la guerrilla de algunos de sus territorios en varios municipios del norte del Cauca, no son más que la expresión de comunidades y pueblo organizados. Nunca la convivencia con la guerrilla. Nadie puede evitar que haya indígenas en sus filas. Así como en el ejército y la policía frecuentemente enjuician a muchos de sus miembros comprometidos con el narcotráfico, la corrupción o tráfico de armas. Dejarlos a su propia suerte no sería nada diferente de dar la espalda a espacios de dignidad tan maltrechos y menospreciados en nuestro país. Ignorar el significado de su voluntad y propuesta de paz menospreciaría un proyecto que nace desde la raíz misma del pueblo y alienta las esperanzas de que su multiplicación se produzca y con ello caminos reales de salir del conflicto armado.
 
Por Diego Jaramillo Salgado, doctor en Estudios Latinoamericanos, UNAM. Profesor jubilado Universidad del Cauca. Orientador de proyectos de investigación de la Universidad Autónoma Indígena Intercultural (UAIIN). Miembro del Espacio Regional de Paz de Organizaciones sociales del Cauca.
 
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Política antinarco de Calderón, un fracaso que empeoró la violencia: Senado de EU
Nueva York, 12 de julio. El despliegue de las fuerzas armadas para combatir el narcotráfico en México ha sido “inefectivo” y hasta podría haber empeorado la violencia, concluye un informe del Senado de Estados Unidos difundido hoy, y propone un giro de estrategia, incluyendo el envío de más personal y fondos estadunidenses para capacitar y facilitar las reformas policiacas y judiciales necesarias para reducir la violencia en el país vecino.


El informe elaborado por el Comité de Relaciones Exteriores del Senado de Estados Unidos fue ordenado por su presidente, el senador demócrata John Kerry, con el objetivo de ofrecer un contexto para desarrollar estrategias bilaterales con el nuevo titular del Ejecutivo mexicano.


El diagnóstico ofrecido en el informe afirma que “una extensa dependencia de los militares para acotar la ilegalidad y confrontar directamente a los cárteles del narcótico parece haber sido, en gran medida, inefectivo y, en algunas instancias, ha exacerbado la violencia sufrida por civiles”. Indica que a pesar de los avances significativos en el esfuerzo del presidente Felipe Calderón, su “estrategia anticrimen centrada en combatir a los capos ha sido ampliamente criticada por colocar en segundo plano las necesidades de seguridad cotidianas de los mexicanos”.


Aunque elogia los esfuerzos del presidente Calderón y el alto nivel de cooperación bilateral que se ha desarrollado durante los años recientes con la Iniciativa Mérida, el informe sostiene que esta estrategia ha dejado “dudas” entre la población sobre si puede triunfar debido a la “inhabilidad del gobierno para suprimir la hiperviolencia que está ocurriendo en ciertas partes de México. Puesto simplemente: la mayoría de mexicanos desconfía de las principales herramientas de las autoridades federales y estatales para combatir el crimen, con la policía y el sistema judicial, dado su historial de amplia corrupción e inefectividad”. Además, señala el “preocupante incremento de alegatos de violaciones graves de derechos humanos contra civiles por personal militar”.


Por otro lado, el informe parece apoyar la posición de Enrique Peña Nieto –a quien identifica como “presidente electo”– de promover reformas policiacas y judiciales para reducir los altos niveles de violencia en México. Indica que Peña Nieto enfrentará “inmensa presión pública para rápida y públicamente abordar las amplias preocupaciones sobre la violencia y la inseguridad”.


El senador Kerry declaró, al emitir el informe, que “la transición presidencial de México ofrece una nueva ventana para discutir y debatir las mejores estrategias de seguridad para abordar la grave violencia que padece México. Al continuar el cambio del panorama político en ambos países, el informe subraya la importancia de continuidad en dos áreas criticas: reforma judicial y policiaca. Son fundamentales para cualquier reducción sostenida de la violencia en México”.
El informe Reformas judiciales y de policía en México recomienda al gobierno estadunidense ampliar su apoyo a los esfuerzos de reforma judicial y policiaca a escalas federal y estatal, con fondos de la Iniciativa Mérida por unos 250 millones anuales durante cuatro años. Estos fondos incluyen apoyar la capacitación estadunidense de agentes mexicanos.


Al parecer, esta recomendación implica redoblar esfuerzos. Los investigadores del comité del Senado informan que ambos gobiernos ya acordaron apoyar la creación de una academia de seguridad pública para entrenar a policías estatales de todo el país, y que ésta ya abrió sus puertas en mayo de 2012 en Puebla. Agregan que el gobierno mexicano amplió de tres a ocho los estados considerados prioritarios para recibir asistencia estadunidense en “profesionalización de policía” en el contexto de la Iniciativa Mérida. A la vez, reportan que con este esfuerzo, Estados Unidos está colocando “asesores expertos” en las academias policiacas de Chihuahua, Nuevo León, Sonora y Tamaulipas, así como ayudando a crear equipos especializados de policía estatal en por lo menos 21 estados.


Los autores sugieren que el gobierno estadunidense incremente esfuerzos para la implementación de mecanismos de rendimiento de cuentas al interior de las fuerzas policiacas federales y estatales en México para “prevenir corrupción y abusos de derechos humanos”.


Reiterando que el despliegue de militares para combatir el crimen organizado ha tenido “éxito limitado y, en algunos casos, ha llevado a violaciones de derechos humanos”, el informe indica que esfuerzos estadunidenses para ampliar las capacidades policiacas ayudarán a reducir el papel de las fuerzas armadas para restablecer la seguridad interna.


Recomienda que el gobierno estadunidense continúe fortaleciendo las capacidades de fiscalización de la oficina del procurador general, como también mejorar estas capacidades a escala estatal. Bajo este rubro, informa que la Agencia de Desarrollo Internacional (USAID) ya está asistiendo a siete estados mexicanos en la implementación de reformas judiciales, incluyendo la capacitación de fiscales, y que se contempla ampliar este esfuerzo a otras 13 entidades. Mientras tanto, el Departamento de Justicia de Estados Unidos está haciendo algo parecido a escala federal en México, incluyendo impartir cursos sobre nuevos procedimientos fiscales y capacitar a personal en la Procuraduría General de la República.


Aunque no abunda sobre el punto, el informe reconoce que Estados Unidos tiene que “hacer más” para abordar problemas dentro de su país que contribuyen a la violencia en México, tales como reducir la demanda de drogas ilícitas, disminuir el flujo de armas al país del sur y combatir el lavado de dinero en instituciones financieras estadunidenses.

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Bangkok, lunes 13 de abril. Al menos 70 personas resultaron heridas –dos de gravedad– esta mañana aquí durante un operativo del ejército tailandés que utilizó gas lacrimógeno para dispersar a un grupo de manifestantes, luego que el gobierno declaró el domingo el estado de excepción en Bangkok y otras provincias ante las protestas de la oposición, que obligaron el sábado a suspender la cumbre de la Asociación de Naciones del Sureste Asiático (ASEAN), y llevaron a algunos manifestantes a asaltar el Ministerio del Interior.

El coronel Sunsern Kaewkumnerd, vocero del ejército, dijo que los soldados dispararon gas lacrimógeno para dispersarlos (a los manifestantes). Más de 400 soldados están involucrados en la operación.

El operativo dejó al menos 70 heridos y dos se encuentran en estado crítico, según los servicios de socorro.

Durante el domingo medio centenar de opositores, conocidos como camisas rojas y seguidores del ex primer ministro Thaksin Shinawatra, irrumpieron en el Ministerio del Interior para buscar al actual jefe de gobierno, Abhisit Vejjajiva, que decretó antes el estado de excepción.

El país está en peligro, declaró el propio Abhisit después del ataque en un mensaje televisivo. Los próximos tres o cuatro días van a ser decisivos para reinstaurar la paz, añadió el primer ministro al indicar que es necesario dar una respuesta firme a los disturbios.

Antes, varios soldados realizaron disparos al aire para repeler a manifestantes que atacaron la limusina de Abhisit con palos, piedras y maceteros cuando intentaba salir del lugar. Un vocero del gobierno señaló después de Abhisit no se encontraba en el vehículo, sino que había conseguido salir por otro lado sin ser visto.

El gobierno debe declarar el estado de emergencia para restaurar la normalidad lo antes posible, dijo previamente en un mensaje Abhisit ante la escalada de tensión. La medida prohíbe reuniones de más de cinco personas y otorga a la policía facultades extraordinarias para realizar detenciones.

Uno de los líderes de los manifestantes, Jakrapob Penkair, llamó hoy a un levantamiento popular contra el gobierno en respuesta a las medidas extraordinarias anunciadas en Bangkok. Los camisas rojas lucharán contra la brutalidad del gobierno con todos los medios posibles, indicó Jakrapob.

También Thaksin se dirigió a sus seguidores desde el exilio con un mensaje grabado en video, en el que anuncia que volverá pronto a Tailandia para liderar la lucha contra el actual gobierno.

Esta es una propuesta legítima contra un gobierno ilegítimo, sostuvo también Jakrapob. Si (Abhisit) cree de verdad en la democracia, debe convocar elecciones. Si gana, nosotros lo aceptaremos agregó.

Ahbisit está desde el pasado diciembre a la cabeza del gobierno, luego de ser elegido con los votos de algunos tránsfugas en el Parlamento.

Unos 2 mil manifestantes bloquean desde hace días las calles aledañas a la sede del gobierno. Algunos representantes de la oposición señalaron que han capturado a dos efectivos de las fuerzas de seguridad, así como a un asesor de Abhisit. Uno de ellos fue visto esposado delante de la sede de gobierno, informaron algunas fuentes en Bangkok, aunque los reportes no han sido aún confirmados oficialmente.

La situación ha escalado de forma dramática desde que el gobierno tailandés canceló ayer la cumbre de la ASEAN (integrada por Brunei, Indonesia, Laos, Malasia, Myanmar, Filipinas, Singapur, Tailandia, Camboya y Vietnam) y decretara en un primer momento el estado de excepción en Pattaya, el balneario a unos 130 kilómetros al sur de la capital donde se debía celebrar el encuentro, para facilitar la salida de las delegaciones extranjeras que ya habían llegado al lugar.

Abhisit ya había anunciado una actuación más dura contra los manifestantes, que desde la semana pasada vienen bloqueando calles y plazas de la capital para pedir la renuncia del mandatario.

Horas después del anuncio fue detenido Arisman Pongruangrong, ex cantante de pop y líder opositor que condujo este sábado a los opositores al centro donde se debía celebrar la reunión de la ASEAN en Pattaya.

Su llegada obligó a suspender el encuentro, por lo que los jefes de Estado y de gobierno de China, Japón, Corea del Sur y los países miembros de la ASEAN tuvieron que ser desalojados, algunos de ellos en helicóptero. Antes, un grupo de manifestantes había impedido a las delegaciones de Tokio, Pekín y Seúl salir de sus hoteles.

El incidente desencadenó en Tailandia una ola de críticas al gobierno debido a su incapacidad para controlar a los manifestantes.

Afp y Dpa
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