Diversas organizaciones convocan a firmar en rechazo a la Ley Antibloqueo y exigiendo un referendo popular

Caracas, 12 de octubre de 2020.- Las organizaciones políticas, sociales de trabajadores y sectores populares Marea Socialista (MS), Liga de Trabajadores por el Socialismo (LTS), Unidad Socialista de Trabajadores (UST), Partido Socialismo y Libertad (PSL), Observatorio de Ecología Política de Venezuela, Sirtrasalud Distrito Capital, Colectivo Cultural Toromaima emitieron un petitorio de firmas en rechazo a la Ley Antibloqueo y exigiendo un referendo abrogatorio de la ley.

La organizaciones e individualidades pueden firmar el petitorio a través del link https://forms.gle/YNFqQKXXJnckvvvh6

Petitorio de firmas en rechazo a la Ley Antibloqueo y exigiendo un referendo popular

Recientemente, la autodenominada Asamblea Nacional Constituyente aprobó un proyecto de "Ley Antibloqueo", presentado por el gobierno nacional el pasado 29 de septiembre, en el que se le otorgan poderes extraordinarios al Ejecutivo para dejar sin efecto toda una serie de derechos del pueblo venezolano y de interés nacional establecidos en la Constitución Nacional. Entre otras cosas, le permitiría manejar a discreción y en secreto los activos del Estado nacional.

Los abajo firmantes, rechazamos categóricamente esta ley leonina y antidemocrática que lesiona los derechos de los trabajadores, trabajadoras y el conjunto del pueblo venezolano. Es un proyecto para dar paso a privatizaciones en masa y a gran escala, con las previsibles consecuencias de una mayor explotación de la mano de obra y desconocimiento de las contrataciones colectivas. En los hechos se entrega la soberanía y se vulneran los territorios.

Para peor, la aprobación se hizo "express", sin ninguna discusión de la misma por el pueblo venezolano, y ni siquiera por el propio organismo en cuestión. A los miembros de la ANC no les fue facilitado el proyecto a votar; se les negó acceso al mismo a quienes hicieron reiteradas solicitudes para conocerlo previo a la votación; teniendo así sólo acceso a escuchar una lectura del mismo en el propio momento de la votación, e incluso, a varios de estos se les colocaron obstáculos para poder asistir a la sesión, llegando al hecho insólito de impedir la entrada al recinto de votación a varios miembros de ese organismo.

Este instrumento no sólo pasa por encima de los procedimientos establecidos en la propia Constitución, sino que además, con el pretexto de enfrentar las sanciones impuestas arbitrariamente por el gobierno estadounidense, le confiere todo género de facilidades a la inversión privada nacional y extranjera (Art. 27); modificando el marco legal vigente para promover una mayor participación del capital privado en las empresas mixtas de la Faja Petrolífera del Orinoco y en el Arco Minero del Orinoco, así como legalizar y expandir la comercialización de gasolina al sector privado (Art.27 y 28).

Mediante esta ley el gobierno tendría facultades discrecionales para suspender la vigencia de leyes (Art. 17 y 18), teniendo las manos libres para celebrar tratados internacionales, manejar, ceder o entregar activos públicos, y crear fondos separados del Tesoro Nacional, manejados con independencia del Presupuesto Público (Art.16).

Con esta ley el Estado venezolano renuncia al derecho a someter los litigios a la jurisdicción nacional, remitiendo tales disputas a tribunales extranjeros, es decir, a los controlados por lo general por los países de donde son oriundos los capitales transnacionales. Se podrían revertir nacionalizaciones, devolviendo bienes que hayan sido objeto de alguna medida ejecutiva, legislativa o judicial o de suspensión de concesiones (Art. 27), además establece la confidencialidad de procedimientos realizados por el Estado, eliminando el acceso público a la información (Art. 14, 34 y 35). Incluso, propone penalizar a quienes insistan en el acceso a estas informaciones de interés nacional y público (Art. 36).

El argumento del Ejecutivo para esta ley son las sanciones impuestas por el gobierno estadounidense. Quienes suscribimos este llamado estamos absolutamente en contra de esas sanciones y agresiones de claro corte imperialista, las cuales profundizan las penurias del pueblo venezolano. Rechazamos tajantemente toda la serie de confiscaciones de bienes nacionales, congelación de activos, embargos y sanciones diversas que los Estados Unidos y diversas potencias europeas le han impuesto a Venezuela. No le otorgamos el más mínimo derecho a estas naciones a imponer sanciones a nuestro país ni arrebatarle bienes. Exigimos el cese inmediato de todas esas agresiones y medidas "coercitivas".

Precisamente por esta posición de firme defensa de los intereses nacionales y del pueblo venezolano, rechazamos la ley en cuestión y la manera en que ha sido "aprobada". Los abajo firmantes, en base a los artículos 62, 71, 74 y 236 de la Constitución Nacional, exigimos que, tratándose de un tema de suma trascendencia nacional, sea sometido a la más amplia discusión nacional y consulta popular, concluyendo este proceso en un referendo abrogatorio, para que el pueblo venezolano, el sujeto real afectado directamente en múltiples aspectos por esta ley, tenga la ocasión de dar su veredicto sobre la misma. Un referéndum que debe ser convocado y garantizado con plena libertad de organización y control de las organizaciones políticas y sindicales, espacios en la televisión y radio, y sin ninguna persecución.

Consideramos de primer orden la organización y movilización obrera, campesina y popular para exigir este derecho fundamental e inalienable del pueblo venezolano. Que el pueblo decida. Llamamos a las diversas organizaciones sindicales, populares, campesinas, corrientes políticas e intelectuales comprometidos con la defensa de los intereses del país y de sus mayorías populares, a que juntos pongamos en pie un movimiento nacional que promueva una amplia y unitaria movilización democrática y popular con estos objetivos, para frenar la aplicación de esta ley, profundamente lesiva a los intereses del pueblo, las trabajadoras y trabajadores venezolanos.

Para firmar el petitorio como individualidad u organización, se puede entrar al siguiente formulario en Google:

https://forms.gle/YNFqQKXXJnckvvvh6

Marea Socialista (MS)

Liga de Trabajadores por el Socialismo (LTS)

Unidad Socialista de Trabajadores (UST)

Partido Socialismo y Libertad (PSL)

Observatorio de Ecología Política de Venezuela

Sirtrasalud Distrito Capital

Colectivo Cultural Toromaima

Por: Aporrea | Lunes, 12/10/2020 02:24 PM

Publicado enInternacional
Sábado, 06 Junio 2020 06:38

La maldición del teflón

La maldición del teflón

El renombrado cineasta Todd Haynes se ha salido un poco de sus intereses habituales, para describir en El precio de la verdad, una preocupación marcada del cine hollywoodense: la lucha del individuo contra un sistema corrupto . Con un guion escrito por otros, basado en un artículo del New York Times, Haynes se apega a los hechos para realizar otra versión del mito de David vs. Goliat.

Parecida en cierta manera a Erin Brockovich: una mujer audaz (Steven Soderbergh, 2000), El precio de la verdad narra el largo proceso por el cual el abogado citadino Rob Billot (Mark Ruffalo) atiende la petición del furioso granjero Wilbur Tennant (Bill Camp), cuyo ganado sufre de trastornos debido al agua contaminada del río cercano en West Virginia. Tras una exhaustiva investigación, Billot descubre que, en efecto, la poderosa compañía DuPont ha envenenado a incontables seres humanos y animales con los desechos tóxicos resultantes de la fabricación de algo tan aparentemente inocuo como el teflón.

Entonces el abogado entablará una demanda colectiva contra DuPont –que, oh ironía, es uno de los clientes de la firma legal a la que pertenece. El camino será arduo y fatigoso, porque la compañía se valdrá de todo tipo de tretas para ocultar su culpabilidad y, sobre todo, negarse a pagar la millonaria indemnización. Habrán transcurrido 17 años entre la visita del granjero y la final resolución.

Digo que El precio de la verdad se aleja de lo habitual en Haynes porque el director nos había acostumbrado a un cine más íntimo y propio, que igual había cuestionado y deconstruido el melodrama de los años 50 ( Lejos del cielo, 2002, y Carol, 2015) o la biografía ficticia de diversas figuras del rock ( Velvet Goldmine, 1998, y Mi historia sin mí, 2007). Podría pensarse que su nueva realización es meramente una chamba; sin embargo, es evidente que Haynes se ha puesto al servicio de su historia con un indudable compromiso personal.

Con las referencias acostumbradas del director al cine del pasado, El precio de la verdad evoca también a esos paranoicos thrillers de los años 70 sobre conspiraciones siniestras de diferentes formas de poder. La atmósfera de la película es oscura y ominosa, aun cuando la vida del protagonista nunca es puesta en peligro.

Es mérito de Haynes y su fotógrafo Edward Lachman el comunicarnos una especie de pesimismo subyacente en dicha atmósfera. Si bien Billot resulta triunfal, hay en todo el proceso de la película una sensación de que los grandes corporativos se saldrán casi siempre con la suya en cuanto se refiere a crímenes contra el medio ambiente.

Una gran virtud de la película es la forma interesante como Haynes ha resuelto las farragosas partes expositivas de la investigación de Billot. Un ejemplo de ello es la secuencia en la que el protagonista le explica a su sufrida esposa (Anne Hathaway), conversando sobre la mesa del comedor, cómo DuPont ha contaminado al pueblo estadunidense desde los años 50 con una sustancia llamada PFOA (o C8), fundamental en la fabricación del teflón. A ello contribuye la urgente actuación de Ruffalo, quien expresa su cansancio con el caso, al mismo tiempo que su tenacidad para nunca darse por vencido.

El precio de la verdad (un título por demás olvidable) iba a estrenarse en cartelera justo cuando sobrevino la pandemia. Por ello, se ha decidido estrenarla en servicios de streaming. La película está, pues, a la renta en Apple TV y en Cinépolis Klic.

El precio de la verdad

( Dark Waters)

D: Todd Haynes/ G: Mario Correa, Matthew Michael Carnahan, basado en el artículo publicado en el New York Times, “ The lawyer who became DuPont’s worst nightmare”, de Nathaniel Rich/ F. en C: Edward Lachman/ M: Marcelo Zarvos/ Ed: Affonso Goncalves/ Con: Mark Ruffalo, Anne Hathaway, Tim Robbins, Bill Pullman, Bill Camp/ P: Willi Hill, Killer Content, Amblin Partners. EU, 2019.

Twitter: //twitter.com/@walyder">@walyder

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Publicado enSociedad
Minería, patrón de crecimiento y finanzas públicas en Colombia

Antecedentes

 

En el mundo la crisis sanitaria de la pandemia del COVID-19 ha llevado a una crisis económica y social que no se sufría desde la Gran Depresión de 1929, y Colombia no ha sido ni va a ser la excepción.

Luego de ser implementadas por el Gobierno nacional varias de las políticas impulsadas por el Banco Mundial, como reducción de la tarifa impositiva media a las empresas, aumento de las exenciones fiscales empresariales, ampliación de la base gravable para las personas naturales con ingresos menores a los del límite inferior obligatorio para declarar impuesto a la renta, eliminación del impuesto al patrimonio para las personas jurídicas, entre otras, el Banco Mundial proyectaba un crecimiento económico para los años 2020 y 2021 de 3.6% y de 3.8%, respectivamente. Sin embargo, “con la pandemia de COVID-19 se espera que se afecte significativamente el consumo privado y la inversión”, a tal punto que, según el mismo Banco, en Colombia habría una contracción del 2.0 % en 2020, para luego lograr una recuperación en el 2021 de un 3.4% en 2021.

La proyección prevista inicialmente por el Gobierno nacional era del 4.0% y 4.2% para 2020 y 2021 (MFMP 2019), pero con la irrupción de la pandemia y la necesidad de implantar el confinamiento, ahora espera una contracción entre el 1.5% y 2.0% para el año 2020, llegando a señalar que “este será el peor año en la historia económica del país”.

En este contexto, el Gobierno nacional y grupos de presión empresariales y gremiales han expresado en los últimos días la conveniencia de adoptar medidas excepcionales para promover ciertas acciones de política públicas con el propósito de promover proyectos en determinados sectores y actividades, en particular el sector minero-energético con la 2 propuesta gubernamental (Mininterior) de adelantar las consultas previas en calidad de derecho fundamental de los pueblos indígenas vía plataformas digitales (online) para realizar proyectos, obras o actividades dentro de sus territorios ancestrales –muchas de ellas sin tener acceso a servicios de internet– o con el planteamiento empresarial de imponer la modalidad de licencias ambientales express para aligerar la aprobación de proyectos y obras.

Ello con el propósito de lograr una pronta decisión gubernamental para sacar adelante sus planes y proyectos de inversión a la mayor brevedad posible, aún y a costa de la institucionalidad jurídica vigente y de la plena observancia de derechos, políticos sociales y ambientales. Dicho procedimiento podría conducir aparte de una determinada ruptura institucional democrática, a un agravamiento de tensiones sociales y de carácter étnico y campesino que se han ido acumulando en ciertos territorios alrededor de la cuestión social y ambiental, ahora acentuadas de por sí por los rigores de los impactos sociales y sanitarios de la pandemia.

Una argumentación al menos implícita de estas posturas sobre política pública se basan en la convicción de que proyectos como los relacionados con el sector minero-energético han de traer indiscutibles beneficios tanto a las regiones en las que se habrían de desarrollar los mismos como a la economía nacional en su conjunto, para no decir al país en general, al contribuir a generar empleo, ingresos fiscales a nivel local y nacional –con el pago de regalías e impuestos–, divisas internacionales –con la inversión extranjera y la exportación de minerales–, ingresos y consecuentemente crecimiento económico. Es decir, se trataría de un círculo virtuoso inversión-crecimiento-riqueza.

Por supuesto, este círculo virtuoso no se compadecería con la conocida sentencia sobre “la maldición de los recursos naturales” –utilizada incluso por algunas organizaciones internacionales– para representar aquellas situaciones especiales en las que el desarrollo de actividades minero-energéticas no solamente no genera desarrollo económico local, ni mejora de manera apreciable la calidad de vida y el acceso a servicios públicos integrales – con la reducción de pobreza, la desigualdad y la exclusión social– de las poblaciones en los territorios intervenidos, sino que además tiende a generar una “aperezamiento fiscal” y, entre otros, un decisivo desplazamiento de actividades sectoriales más trabajo intensivas/menos capital intensivas como algunos sectores manufactureros o desarrollados acorde con la aptitud del suelo como el caso de ciertas actividades agropecuarias, por ejemplo.

Y sin que necesariamente la actividad minero-energética se logre constituir en una verdadera fuente dinámica de crecimiento económico, de generación de empleo, de encadenamientos productivos a nivel doméstico, de redistribución de ingreso y de fortalecimiento significativo y perdurable de las finanzas públicas a nivel macro, y por el contrario, sí pueda reproducir fenómenos nocivos como una excesiva y no estructural/temporal revaluación de la moneda nacional y una alteración sustancial en precios relativos de bienes y servicios básicos con sus impactos perversos en la asignación de recursos productivos en la economía en una perspectiva duradera.

Más aún, una situación de ese tipo podría resultar aún más grave en la medida en que se llegaran a generar perversos y perdurables impactos socio-ecológicos en fuentes de agua, acuíferos, ecosistemas de especial interés, contaminación y ambiente, que por supuesto han de tomarse con la más prioritaria atención y valoración.

Infortunadamente el modelo neoextractivista que se ha venido desarrollando en Colombia, entre otros países, no ha logrado demostrar la estricta validez de dicha argumentación política y programática tan esgrimida en ciertos círculos. Y ello todavía más en la medida en que se tomen en debida consideración y valoren los impactos ambientales y socioecológicos generados por muchos de ese tipo de proyectos minero-energéticos en una perspectiva duradera.

El cuestionamiento anterior se torna aún más grave y decisivo de cara a la nueva etapa de neoextractivismo que se abriría en el país con macroproyectos mineros y de fracking líderes con tecnologías más complejas e intensivas en capital no suficientemente probadas en ecosistemas de relativa fragilidad –como zonas de cordilleras y hasta de páramos–, con consecuencias ecosistémicas novedosas todavía no dilucidadas técnicamente en el territorio –en acuíferos, biodiversidad, contaminación por la masiva acumulación de desechos y escombros, entre otros– y con afectaciones serias sobre el modelo de desarrollo económico y social en el territorio. Con el agravante de que en variadas regiones se podría abrir paso al aprovechamiento mediante varios proyectos en usufructo de múltiples títulos mineros ya otorgados, que podrían tener impactos de carácter sistémico y perdurable/irreversible sobre la configuración socio-económica y ecológica de los territorios afectados (1).

Ante tal panorama, este quinto documento pretende: (i) presentar unas breves reflexiones conceptuales sobre la tipología de los impactos económicos de proyectos mineros de una nueva etapa de neo-extractivistivismo de tipo enclave, especializados en la exportación de minerales no procesados domésticamente y con tecnologías complejas no suficientemente probadas en ecosistemas frágiles, entre otros rasgos característicos, y (ii) analizar únicamente los impactos en el tipo de modelo de desarrollo, la generación de empleo y los impactos fiscales a nivel local y nacional, sin adentrarse en problemáticas adicionales de particular relevancia local como los severos impactos en la salud de los habitantes, la agudización de inseguridad, la presión inflacionista de precios de bienes y servicios básicos, etc.

1. Acerca de la caracterización de impactos socio-económicos de proyectos mineroenergéticos en la nueva etapa del neo-extractivismo

La actividad minera en Colombia pareciera entrar a una nueva etapa del neo-extractivismo de tipo enclave, especializada en la exportación del mineral sin mayor procesamiento – manufacturado, diferente a labores de depuración, selección y preparación para ser enviado al exterior, en donde se procede a procesar industrialmente–, con muy escaso valor agregado doméstico, y en el caso de macro-proyectos líderes, con tecnologías complejas y de nueva generación no suficientemente probadas en ecosistemas frágiles, altamente intensivos en capital y tecnología, y de baja intensidad en empleo.


Por supuesto con cambios en el patrón de crecimiento a nivel regional mediante el frecuente desplazamiento de sectores tradicionales como el agropecuario y de ramas manufactureras relativamente intensivos en mano de obra y valor agregado, y con algunos impactos sobre la actividad económica a nivel local en los territorios intervenidos –en el pequeño comercio, transporte, por ejemplo– pero que no son los más determinantes bajo esa modalidad de actividad.

Al menos teóricamente, sería de esperar que en esta nueva etapa buena parte de los eventuales impactos económicos de la actividad minera de enclave tenderían a concentrarse tanto en la generación de empleo y de ingreso y en la reducción de la pobreza y la desigualdad a nivel local y territorial, como en el campo fiscal a nivel nacional y local –con el pago de regalías e impuestos a la renta y complementarios– y en la generación de divisas al país a través de la exportación de casi la totalidad de lo producido y de la inversión extranjera requerida. La magnitud de dichos impactos en el último campo habrán de depender de las tasas efectivas aplicadas por concepto de impuestos y regalías, y de la magnitud y temporalidad entre los flujos de inversión extranjera y de exportación de minerales explotados y los de remisión de utilidades, dividendos y afines y de reinversión de utilidades de las empresas extranjeras involucradas.

Aunque en este último campo sería claramente postitivo en términos de ingreso neto divisas al país durante los primeros años de la inversión y producción, y evidentemente negativo en la etapas ulteriores, ya que de otra manera no le resultaría rentable financieramente a una empresa transnacional inversora con una perspectiva intertemporal y a escala global.

El impacto fiscal neto sería el valor presente de las cuantías (en $ corrientes, por ejemplo) de los impuestos y regalías pagados por la empresa inversora a lo largo de la duración del proyecto, en tanto que el impacto cambiario neto sería el valor presente de los flujos de ingreso y egreso de divisas por concepto de inversión, exportación, remisión de utilidades, dividendos al exterior y reinversión en el país.

Infortunadamente, aún en la etapa extractivista previa que se ha desarrollado hasta ahora en el país, no se han constatado buen número de los eventuales impactos benéficos ni tampoco su intensidad, al menos como inicialmente se esperaba.

Sobra reiterar que hasta ahora no se han mencionado sino los impactos estrictamente económicos, lo que no es óbice para recalcar la importancia determinante para el análisis de la “bondad” de proyectos de inversión como los minero-energéticos, del costo de oportunidad societal e intertemporal de recursos escasos no renovables, de los impactos socio-ecológicos sobre la naturaleza, los ecosistemas, la biodiversidad, las fuentes de agua y el ambiente, y de la resiliencia del sistema en una perspectiva perdurable.

Hecha esta salvedad fundamental, es de resaltar que algunos de los macro-proyectos que han estado avanzando en etapas de exploración, algunos ya en trámite de licencia ambiental y otros en preparación, corresponden a unos típicos de enclave exportador, de firmas transnacionales, de gran escala a nivel internacional, altamente capital intensivos –de baja generación relativa de empleo–, con tecnologías complejas insuficientemente probadas en ecosistemas frágiles, con diversidad de impactos ecológicos duraderos –sobre fuentes de agua, acuíferos subterráneos, biodiversidad, entre otros– y con volúmenes de desechos y residuos sin precedentes en el país para la clase de ecosistemas a ser intervenidos masivamente.

Y todavía más en cuanto que criterios como el de resiliencia socio-ecológica y el de la reproducibilidad de las fuentes de agua, de la biodiversidad y de los ecosistemas adquieren aún mayor preponderancia de cara a la crisis climática y ecológica que se ha venido reproduciendo en el mundo, y que hoy en día ha sido visibilizada al menos parcialmente a raíz de la pandemia del COVID-19 (2) y de los efectos del confinamiento obligatorio en la mayoría de los países.

Por ello, es que los impactos socio-ecológicos esperables podrían ser aún más trascendentales, sistémicos y duraderos que algunos proyectos ya desarrollados en el país con determinadas consecuencias irreparables en el mediano y largo plazo.

En consecuencia, es claro que no tiene ningún sustento teórico, ni pragmático de política pública acelerar los procesos de estudio de impactos de los proyectos por venir ante su complejidad, magnitud y muy probable irreversibilidad en diversos ámbitos socioecológicos en el país.

Retornando entonces a los otros impactos importantes, en específico en el campo fiscal y de balanza de pagos, que son recurridos interesadamente sin debido análisis conceptual ni empírico por parte de empresarios y gremios involucrados y no pocos funcionarios públicos responsables, aquí se ilustra la experiencia acontecida la anterior etapa neoextractivista observada en el país desde los 90s hasta finales de la década anterior 2010s, con respecto a los impactos en la composición y dinámica sectorial del PIB, la fiscalidad a nivel nacional y local, y la situación social de las poblaciones de los territorios intervenidos.

2. Modelo de crecimiento: Desplazamiento de actividades productivas generadoras de empleo y redistribuidoras del ingreso

Desde 1990, año de la apertura económica, la estructura de la economía colombiana comenzó a cambiar en varios aspectos, entre ellos: el decaimiento de la actividad agropecuaria e industrial –al punto de que se fueron agudizando procesos de desagriculturización y desindustrialización (Garay et al., 1998) (3), la ampliación del sistema financiero, así como el avance de la actividad minera y de ciertas ocupaciones intensivas en mano de obra desarrolladas mediante actividades informales con elevada precariedad laboral como construcción no empresarizada, comercio al por menor y por cuenta propia, y turismo informalizado, entre otras.

Dicha precariedad laboral implica que los trabajadores carezcan de varios de los componentes de lo que la OIT ha llamado un “ingreso social” digno, en tanto que no perciben los beneficios de la seguridad laboral al primar la informalidad, la contratación laboral precaria: al día día, al destajo, con ingresos inferiores a los de mínimo vital, violando toda la normatividad internacional vigente. El caso de sistemas de contratación de médicos, enfermeras, odontólogos y demás personal de la salud en el país es un hecho que hoy ha salido a la luz pública a raíz de la pandemia.

En efecto, bajo el modelo de apertura económica se han venido observando cambios determinantes en la estuctura económica nacional en la medida en que el sector agropecuario ha pasado de representar del 17% del Valor Agregado Nacional (VA) en 1990 al 7% en 2019, la minería del 5% del VA en 1990 al 13% en 2012 y al 7% en 2019, la industria manufacturera del 19% del VA en los 90s a tan sólo el 13% en 2019. No sobra señalar que el sector agropecuario como la industria manufacturera son actividades que contribuyen a redistribuir el ingreso.

Entre tanto, la participación de la remuneración a los trabajadores en el Producto Interno Bruto ha disminuido sustancialmente en dicho periodo. Es así como a finales de los noventa alcanzó un nivel cercano al 37%, para luego caer de manera sostenida durante toda la primera década del 2000 al 31% en 2010 y luego ascender hasta cerca del 34% en 2018 (Gráfico 1). Por supuesto, mientras que la remuneración a los trabajadores desciende, el excedente bruto de explotación aumenta.

 

 

Esta tendencia se ve claramente reflejada en el caso del sector de minería al caer la remuneración laboral de un 16.2% del valor agregado (VA) en 1990 a un 13.3% en 2005 y 16.0% en 2018, por ejemplo, con una intensidad superior a la promedio nacional. En el caso del sector petrolero la remuneración de los trabjadores representaba el 16.4% del VA en 1990 y alcanzó un valor de 14.7% en 2018. En este sentido, tendría un relativamente menor impacto directo en la redistribución del ingreso, aunque sí potencialmente indirecto correlativo con la generación de valor agregado doméstico y con el pago de regalías e impuestos a nivel nacional y local.

Los cambios de las remuneraciones han estado asociados a variaciones en la composición del empleo. De acuerdo con el DANE, de los 15 millones 800 mil trabajadores ocupados en 2001, el 0.49% se encontraba laborando en el sector agropecuario, el 13.04% en la industria manufacturera, el 25.88% en el Comercio, el 4.03% en la construcción y el 1.03% en la minería. En 2019, esta misma composición fue: 0.53%, 12.35%, 27.45%, 27.45%, 7.11% y 0.67%, respectivamente.

Guardadas proporciones, estos cambios de composición a nivel nacional también se tienden a observar en el nivel territorial, con la característica de que el desplazamiento de las actividades agropecuarias e industriales se ha dado hacia sectores como el comercio, la 10 hotelería y la construcción, contribuyendo a profundizar tanto la informalidad como la pobreza.

 

 

En efecto, resulta de gran utilidad resaltar que entre la población clasificada como pobre según el índice de IPM, la informalidad en el trabajo supera el 50% y llega incluso hasta el 90%, como se muestra en el Gráfico 2. Y con la peculiaridad de que la mayoría de los departamentos con municipios eminentemente minero-energéticos muestran, en el caso de la población pobre, unos niveles de informalidad cercanos al 90% en 2018.

El potencial desplazamiento de actividades económicas productivas como la agropecuaria debido principalmente a la profundización de la actividad minero-energética (hidrocarburos, carbón, níquel, entre otros) muestra cómo en departamentos como Casanare, Meta, Cesar, Córdoba y La Guajira, en los que en 1990 el sector agropecuario representaba el 65%, 34%, 46% y 35%, respectivamente, presentaron una reducción porcentual promedio cercana al 34% entre 1990 y 2018, sobresaliendo Casanare con - 54.4%, Cesar con -38.0% y Córdoba con -23.5% (Cuadro 1).

 

 

A esta situación se agrega el hecho que las tasas de crecimiento promedio entre 1990-2018 no difieren sustancialmente entre los departamentos mineros en comparación con la economía local líder de Colombia como la de Bogotá D.C., a excepción del caso del Meta como departamento petrolero que alcanzó una mayor tasa de crecimiento promedio hasta del 6.8% y de La Guajira como departamento carbonífero con una tasa muy inferior de apenas el 2.9%, en comparación con una del 4.8% en el caso de Bogotá. Ello implicaría que, al menos en principio, las actividades de hidrocarburos y, en menor medida y no de manera general, las mineras sí habrían impulsado significativamente el PIB de los departamentos en los que se desarrollaron durante el periodo en referencia.

Pero con el ingrediente de que una vez se ha producido el decaimiento de dichas actividades, ha tendido a decaer correlativamente el crecimiento del PIB en los respectivos departamentos especializados. Es así como cabe destacar que en el caso del departamento de Arauca donde la producción minera representaba el 81% en 1990 pero que en 2018 apenas llegó a ser del 40%, el crecimiento promedio del PIB fue significativamente negativo entre 1990 y 2018 (-1.5% promedio anual), como el único caso excepcional en el país con el departamento de Guaviare (Gráfico 3).

 

 

En términos per cápita se observa cómo la actividad minero-energética debió haber contribuido a que los departamentos especializados se ubicaran entre los departamentos con 13 mayor PIB per cápita en el país en 2018 –en $ constantes de 2015–, en particular los especializados en hidrocarburos: Casanare y Meta, incluso con mayor PIB per cápita que Bogotá D. C., y en menor medida Cesar y Córdoba –con un PIB per cápita cercano al promedio nacional en 2018–, como departamentos eminentemente mineros (Gráfico 4). Se constata nuevamente la muy notable caída del PIB per cápita del departamento de Arauca.

 

 

Paralelamente resalta la fuerte caída del PIB agropecuario por habitante –en $ constantes de 2015– entre 1990 y 2018 en departamentos como Córdoba, Cesar y Sucre, incluso claramente superior a la promedio nacional. En contraste, los departamentos caracterizados por tener importantes economías campesinas no sufrieron caídas como Boyacá y Santander o las tuvieron mucho menores que el promedio nacional, como Cundinamarca y Nariño (Gráfico 5)

 

 

En consecuencia, es posible apreciar, como una primera aproximación, que departamentos eminentemente mineros en el periodo 1990-2018 no solamente aumentaron su PIB per cápita –en $ constantes de 2015–, sino que al mismo tiempo vieron reducir su PIB agropecuario por habitante –en $ constantes de 2015–, incluso de manera más acentuada que el promedio nacional, lo que insinuaría la presencia de una clara dinámica económica 14 impulsada por actividades mineras y acompañada de un desplazamiento relativo de actividades agropecuarias por parte de actividades mineras (legales) en tales departamentos.

3. Pobreza y condiciones de vida de las poblaciones de municipios minero-energéticos

Complementariamente, resulta necesario indagar el impacto en pobreza y condiciones de vida de las poblaciones de los territorios en que se desarrollan las actividades mineroenergéticas. Una primera aproximación se puede adelantar con base en el Índice de Pobreza Multidimensional (IPM) como un indicador del bienestar de la población. El último Censo poblacional de 2018 realizado en Colombia muestra que el IPM de los principales municipios minero-energéticos en Colombia alcanza un valor promedio superior no sólo al de la gran mayoría de departamentos del país, sino que además supera comúnmente a los de municipios de muy variadas regiones (Cuadro 2).

 

 

Es así como el IPM promedio de municipios eminentemente mineros llega a ser cerca de 1.72 veces mayor que el de municipios eminentemente petroleros, y 2.48 veces mayor que el de regiones no minero-energéticas y hasta 12,4 veces el de Bogotá D.C. en 2018. En otras palabras, al menos hasta 2018 los municipios mineros hayan podido acercarse suficientemente a los petroleros, y menos aún a la mayoría de regiones no mineras –en especial Bogotá D.C.–, en términos de no haber logrado todavía unos niveles de pobreza multidimensional claramente inferiores a los observados en 2018.

Esta conclusión coincide con los hallazgos analizados por Rudas y Espitia (2014, pp. 71- 72) (4), en el sentido de que “mientras que los municipios petroleros tienden a acercarse a los municipios con mayor desarrollo de actividades no extractivas en términos de la calidad de servicios para su población, en marcado contraste los municipios mineros a gran escala se asemejan más, por las precarias condiciones de vida de su población, a los principales municipios cocaleros del país. … (Se constata así) una situación generalizada de confluencia de esta actividad minera, con elevados niveles de pobreza y bajos niveles en la calidad de vida (en términos de calidad de servicios en salud y educación y de vivienda) de la mayor parte de la población residente en las zonas de extracción, significativos déficits en la capacidad de las instituciones públicas para brindar atención a los grupos más vulnerables de la población …” (Lo entre paréntesis es propio).

A lo que habría que agregar que los fenómenos de corrupción, captura y cooptación institucional reproducidos en los niveles regionales y locales han conducido al malgasto, desvío y apropiación ilícita de importantes recursos públicos, entre ellos regalías, por lo que se podría haber afectado perversamente tanto la prestación de servicios públicos como otras políticas a favor de la población vulnerable, impidiéndose un mejoramiento de sus condiciones de vida y una reducción de la desigualdad y la pobreza.

4. El impacto del sector de la minería y de hidrocarburos en las finanzas públicas a nivel local y nacional

Uno de los principales impactos potenciales de las actividades minero-energéticas hace relación especialmente a su contribución al reforzamiento de las finanzas públicas en los niveles local y nacional, mediante el pago de los impuestos a la renta y complementarios, de las regalías y otros.

Si bien Colombia tiene unas de las tasas nominales del impuesto a la renta y de regalías más elevadas en Latinoamerica, las tarifas efectivas realmente pagadas no solo son ostensiblemente inferiores a las nominales, sino que llegan a ser unas de las menores aplicadas en países de la región.

Ello al punto de que, como lo señalan Rudas y Espitia (2013, p. 144), “Colombia comparte con Chile y Perú los niveles más bajos de participación del Estado en las rentas de este sector. En las últimas dos décadas, por cada dólar aportado al PIB por la minería y los hidrocarburos, el Estado percibe ingresos fiscales de menos de dieciséis centavos (en el mejor de los casos, durante los últimos años de bonanza de precios en los mercados mundiales)” (5).

4.1 Impuesto a la renta y complementarios a nivel nacional

Detallando el caso del impuesto a la renta y complementarios vale la pena destacar que mientras que la tarifa nominal promedio para el sector minería e hidrocarburos era de 35.49% en 2017, la tarifa efectiva pagada apenas llegaba a un 4.28% –estimada como la proporción del valor de recaudo en el valor del ingreso bruto– en razón a la multiplicidad de tratos diferenciales, exenciones, deducciones y descuentos a favor de personas jurídicas que caracteriza al estatuto tributario del país, al punto que el gasto tributario total por concepto del impuesto a la renta de personas jurídicas –medido por el recaudo dejado de percibir por el Estado debido a esos tratos preferenciales– llegó a ser de $12.8 y $ 16.8 billones en 2017 y 2018, y de estas cuantías, respectivamente, el 4.3% y 7.3% resultó favoreciendo al sector minero-energético –y hasta un 34% a favor del sector financiero– (Garay y Espitia, 2019 y 2020).

Lo anterior se ve reflejado en que mientras que el sector minero-energético participó con un 5.4% del Valor Agregado nacional en 2017, su participación en el valor del impuesto a la renta y complementarios de personas jurídicas a nivel nacional llegó a ser del 21.0% (Garay y Espitia, 2020). Sin embargo, el sector de hidrocarburos representó un 4.0% en el VA nacional y cerca de un 15.0-16.0% en el valor total del impuesto sobre la renta y complementarios de personas jurídicas, por lo que el sector propiamente minero llegó a participar apenas con un 1.4% y un 5.0-6.0%, respectivamente.

En otras palabras, el sector propiamente minero –sin incluir hidrocarburos– habría aportado efectivamente apenas el 0.25-0.30% del PIB por concepto de impuesto a la renta y complementario en el bienio 2017-2018, por ejemplo.

Este tipo de comportamiento se reprodujo relativamente en las últimas décadas en la medida en que “… por cada dólar aportado al PIB por la minería y los hidrocarburos, el Estado (colombiano) percibe ingresos fiscales de menos de dieciséis centavos (en el mejor de los casos, durante los últimos años de bonanza de precios en los mercados mundiales)” (Rudas y Espitia, 2013, p. 144).

4.2 Regalías

 

El nuevo Sistema General de Regalías implementado desde el año 2012 ha distribuido recursos a todos los municipios a través de diferentes mecanismos, dispersándose en miles de proyectos a nivel territorial, como se muestra en el Esquema 1.

 

 

El monto de regalías totales distribuido en el año 2012 correspondió a $10.5 billones (1.58% del PIB). Luego en 2013-2014 se presupuestaron $17.7 billones (1.20% del PIB de 2013 y 2014), en 2015-2016 $13.1 billones (0.79% del PIB) y en 2017-2018 $18.2 billones (0.95% del PIB). Es decir, el valor total de las regalías ha participado entre el 1.6% del PIB en 2012 y el 0.79% del PIB en 2015-2016, con un promedio cercano al 1.1% del PIB durante la década de 2010s.

De otra parte, es de mencionar que las regalías directas han representado desde el 31.87% en 2012, al 20.7% en 2013-2014 hasta llegar a menos del 12% en los dos bienios siguientes. Así, entonces, la suma del valor total del impuesto a la renta y de las regalías pagados por el sector propiamente minero –sin hidrocarburos– habría alcanzado, en promedio, entre un 0.50-0.60% del PIB al año en dicho periodo de referencia.

 

4.2.1 A nivel departamental

 

De acuerdo con la información publicada por el DNP sobre las finanzas públicas de las entidades territoriales, acorde con lo registrado por los departamentos y municipios sobre su ejecución de ingresos y de gastos, se observa que para el periodo 2000-2018:

 

(i) Los departamentos declararon regalías por $74 billones de pesos de 2019. Cerca del 50% de ese monto se concentró en los departamentos de Meta (18%), Casanare (15%), Cesar (7%), La Guajira (8%) y Santander (5%).

 

Y, entre otros, (ii) Los ingresos corrientes departamentales, tributarios y no tributarios (diferentes a regalías), sumaron un total de $155.1 millones de 2019, con una participación de apenas el 12% de los departamentos eminentemente minero-energéticos.

 

En el caso del departamento del Meta, por ejemplo, el valor acumulado de los ingresos tributarios alcanzó un valor cercano a los $531 mil millones en 2018, un 435% más del valor inicial en el año 2000 ($99 mil millones). Entre tanto, las regalías registraron un valor $13.3 billones, con un crecimiento de 5519%, respecto al valor inicial en el año 2000.

Con la peculiaridad de que una situación similar ha acontecido en otros departamentos minero-energéticos, muy diferente a lo sucedido en diversos departamentos y por supuesto a nivel nacional (Gráfico 6).

 

 

Como se muestra a continuación, una situación similar acontece con el caso de municipios eminentemente minero-energéticos con respecto a muchos otros en el país.

Ello es una expresión de lo que en la literatura especializada se ha denominado como la “pereza fiscal”, consistente en que la recepción de regalías tiende a sustituir el compromiso por interponer esfuerzos para la consecución de ingresos fiscales adicionales provenientes de otras fuentes, consecuentes para alcanzar una mayor presión fiscal a nivel local, regional y/o nacional –definida como la proporción de ingresos fiscales en el PIB correspondiente según el nivel de análisis–.

 

4.2.2 Regalías a nivel municipal

 

En el Gráfico 7 se observa que en muchos municipios minero-energéticos el valor las regalías directas ha crecido a un ritmo mucho mayor que el de los ingresos tributarios en el periodo 2000-2018, en sentido opuesto al caso de la totalidad de municipios en el país.

Así, por ejemplo, en el municipio de Puerto Gaitán el valor de las regalías llegaron a representar hasta 2.67 veces el valor de los ingresos tributarios locales en 2018, después de 23 que eran relativamente similares en 2000. Evolución más acentuada ha ocurrido, por ejemplo, en los municipios de Arauca y La Jagua de Ibirico, al ascender tal proporción en el periodo a 3.01 y 3.16, respectivamente.

Este patrón es radicalmente opuesto al de municipios no minero-energéticos en el país al punto en que dicho proporción –valor regalías/valor ingresos tributarios– llegaba a apenas 0.17 en 2018.

Ahora bien, para analizar estadísticamente la relación entre regalías y pereza fiscal, Garay y Espitia (2019) incluyen el valor de las regalías directas como una de las variables exógenas en un modelo econométrico básico para determinar el grado de influencia tanto en el Valor Agregado per cápita (VapC) –variable proxi del Ingreso per Cápita– como en el Índice de Pobreza multidimensional a nivel municipal en el país, y encuentran que la intensidad de la actividad minero-energética (medida por el valor de regalías directas) en el municipio sí afecta estadísticamente –a un nivel de significancia del 0.01%– de manera directa el VapC municipal pero sin lograr contribuir estadísticamente a la reducción de la Pobreza Multidimensional Rural (Cuadro 3).

 

 

“Ello ratificaría lo analizado en estudios previos sobre el tema como el de Rudas y Espitia (2013) en el que se muestra que, en promedio, los municipios predominantemente mineros tienen menores niveles de calidad de vida que los predominantemente petroleros, y ambos, a su vez, menores que los demás municipios del país (con mayor desarrollo relativo de actividades no extractivas)”. Y con el agravante de que “cuanto mayor sea la importancia relativa de las regalías directas en los ingresos del municipio, ceteris paribus, menor la Tributación per Cápita promedio en el municipio … reproduciéndose así el conocido fenómeno denominado como pereza fiscal … Esto es, que las regalías directas tenderían a desincentivar los esfuerzos locales para aumentar la tributación municipal para el financiamiento de políticas públicas de interés local y territorial” (Garay y Espitia, 2019, p. 249) (Lo entre paréntesis es propio). Un mayor detalle se ilustra en el siguiente Cuadro 4.

 

 

5. A manera de reflexión

 

1. La actividad minera en Colombia pareciera estar avanzando hacia una nueva etapa del neo-extractivismo de tipo enclave, especializada en la exportación del mineral sin mayor procesamiento –manufacturado, diferente a labores de depuración, selección y preparación para ser enviado al exterior, en donde se procede a procesar industrialmente–, con muy escaso valor agregado doméstico, y en el caso de macro-proyectos líderes, con tecnologías 25 complejas y de nueva generación no suficientemente probadas en ecosistemas frágiles, altamente intensivos en capital y tecnología, y de baja intensidad en empleo.

Por supuesto con cambios en el patrón de crecimiento a nivel regional mediante el frecuente desplazamiento de sectores tradicionales como el agropecuario y de ramas manufactureras relativamente intensivos en mano de obra y valor agregado, y con algunos impactos sobre la actividad económica a nivel local en los territorios intervenidos –en el pequeño comercio, transporte, por ejemplo– pero que no son los más determinantes bajo esa modalidad de actividad.

Al menos teóricamente, sería de esperar que en esta etapa buena parte de los eventuales impactos económicos de la actividad minera de enclave tenderían a concentrarse tanto en la generación de empleo y de ingreso y en la reducción de la pobreza y la desigualdad a nivel local y territorial, como en el campo fiscal a nivel nacional y local –con el pago de regalías e impuestos a la renta y complementarios– y en la generación de divisas al país a través de la exportación de casi la totalidad de lo producido y de la inversión extranjera requerida. La magnitud de dichos impactos en el último campo habrá de depender de las tasas efectivas aplicadas por concepto de impuestos y regalías, y de la magnitud y temporalidad entre los flujos de inversión extranjera y de exportación de minerales explotados y los de remisión de utilidades, dividendos y afines y de reinversión de utilidades de las empresas extranjeras involucradas.

Infortunadamente, aún en la etapa extractivista previa que se ha desarrollado hasta ahora en el país, no se han constatado buen número de los eventuales impactos benéficos ni tampoco su intensidad como al menos inicialmente se esperaba.

Y con el agravante de que en presencia de una acendrado rentismo en relaciones societales básicas –consecuente con el usufructo del poder para el favorecimiento de intereses poderosos sin corresponsabilidad social– y de una institucionalidad extractiva –con la trasnferencia de rentas entre sectores y grupos de interés–, en medio de un avanzado estadio 26 de ilegalidad en calidad de práctica social7, como en el caso de un país como Colombia, se malgastan, desvían y apropian ilícitamente importantes y escasos recursos públicos –como los de regalías, por ejemplo– que habrían podido tener una indiscutible rentabilidad social y económica.

2. Ahora bien, bajo el modelo extractivista desarrollado en el país desde los 90s se puede constatar, como una primera aproximación, que departamentos eminentemente mineros en el periodo 1990-2018 no solamente aumentaron su PIB per cápita –en $ constantes de 2015–, sino que al mismo tiempo vieron reducir su PIB agropecuario por habitante –en $ constantes de 2015–, incluso de manera más acentuada que el promedio nacional, lo que insinuaría la presencia de una clara dinámica económica impulsada por actividades mineras y acompañada de un desplazamiento relativo de actividades agropecuarias por parte de actividades mineras (legales) en tales departamentos.

3. De acuerdo con el último Censo poblacional de 2018, el Índice de Pobreza Multidimensional (IPM) de los principales municipios minero-energéticos en Colombia alcanza un valor promedio no sólo superior al de la gran mayoría de departamentos del país, sino que supera comúnmente al de los municipios de muy variadas regiones en el país.

Es así como el IPM promedio de municipios eminentemente mineros llega a ser cerca de 1.72 veces mayor que el de municipios eminentemente petroleros, y 2.48 veces mayor que el de regiones no minero-energéticas y hasta 12,4 veces el de Bogotá D.C. en 2018. 4. Si bien Colombia tiene unas de las tasas nominales del impuesto a la renta y de regalías más elevadas en Latinoamerica, las tarifas efectivas realmente pagadas no solo son ostensiblemente inferiores a las nominales, sino que llegan a ser unas de las menores aplicadas en países de la región.

En efecto, mientras que la tarifa nominal promedio para el sector minería e hidrocarburos fue de 35.49% en 2017, la tarifa efectiva pagada apenas llegaba a un 4.28% –estimada como la proporción del valor de recaudo en el valor del ingreso bruto– en razón a la multiplicidad de tratos diferenciales, exenciones, deducciones y descuentos a favor de personas jurídicas que caracteriza al estatuto tributario del país, al punto que el gasto tributario total por concepto del impuesto a la renta de personas jurídicas –medido por el recaudo dejado de percibir por el Estado debido a esos tratos preferenciales– llegó a ser de $12.8 y $ 16.8 billones en 2017 y 2018, y de estas cuantías, respectivamente, el 4.3% y 7.3% resultó favoreciendo al sector minero-energético.

Lo anterior se ve reflejado en que mientras que el sector minero-energético participó con un 5.4% del Valor Agregado nacional en 2017, su participación en el valor del impuesto a la renta y complementarios de personas jurídicas a nivel nacional llegó a ser del 21.0%. Sin embargo, el sector de hidrocarburos representó un 4.0% en el VA nacional y cerca de un 15.0-16.0% en el valor total del impuesto sobre la renta y complementarios de personas jurídicas, por lo que el sector propiamente minero llegó a participar apenas con un 1.6% y un 5.0-6.0%, respectivamente. Ello conduce a que el sector propiamente minero –sin incluir hidrocarburos– hubiera aportado efectivamente con cerca de un 0.25-0.30% del PIB por concepto de impuesto a la renta y complementario en el bienio 2017-2018, por ejemplo.

5. El valor total de las regalías por concepto de la explotación de recursos mineroenergéticos en el país ha participado entre el 1.6% del PIB en 2012 y el 0.79% del PIB en 2015-2016, con un promedio cercano al 1.1% del PIB durante la década de 2010s.

Razón por la cual la suma del valor total del impuesto a la renta y de las regalías pagados por el sector propiamente minero –sin hidrocarburos– habría alcanzado, en promedio, entre un 0.50%-0.60% del PIB al año en 2017-2018.

A lo que habría que agregar como agravante de que tanto a nivel de departamentos como de municipios eminentemente minero-energéticos la recepción de regalías ha dado lugar al fenómeno de “pereza fiscal” en la medida en que, por ejemplo, para el municipio de Puerto 28 Gaitán el valor de las regalías llegaron a representar hasta 2.67 veces el valor de los ingresos tributarios locales en 2018, después de que eran relativamente similares en 2000. Evolución más acentuada ha ocurrido, por ejemplo, en los municipios de Arauca y La Jagua de Ibirico, al ascender tal proporción en el periodo a 3.01 y 3.16, respectivamente.

Este patrón es radicalmente opuesto al de municipios no minero-energéticos en el país al punto en que dicha proporción –valor regalías/valor ingresos tributarios– llegaba a apenas 0.17 en 2018.

6. Ante la baja generación de empleo y valor agregado, dada la modesta reducción de los índices de pobreza –con mayor razón en cuanto que el IPM de las cabeceras municipales es menor que el de sus correspondientes áreas rurales (Garay y Espitia, 2019)– y de la desigualdad a los niveles municipal y territorial, y en presencia de una modesta contribución a las finanzas públicas por concepto del impuesto a la renta y de regalías, resulta claro que la actividad propiamente minera no se ha erigido como fuente importante de crecimiento económico, de bienestar social y de riqueza en el país en una base perdurable.

Ha de destacarse que por esa razón no puede considerarse como una fuente de apalancamiento de cuantiosos recursos fiscales para el reforzamiento de las finanzas públicas nacionales, opuesto a lo que pareciera ser esgrimido por algunos grupos de presión empresarial y aún gubernamental a propósito de la crisis socio-económica y sanitaria producida por la pandemia del COVID-19.

7. En el campo de la balanza de pagos, es de mencionar que la magnitud de los impactos de actividades mineras en la nueva etapa neo-extractivista ha de depender de la magnitud y temporalidad entre los flujos de inversión extranjera y de exportación de minerales explotados y los de remisión de utilidades, dividendos y afines y de reinversión de utilidades de las empresas transnacionales involucradas.

Sería de esperar que el impacto neto sería claramente positivo en términos de ingreso neto de divisas al país durante los primeros años de la inversión y producción/exportación, y evidentemente negativo en la etapas ulteriores, ya que de otra manera no le resultaría rentable financieramente a una empresa transnacional inversora con una perspectiva intertemporal y a escala global. Si bien la magnitud del impacto neto –en divisas internacionales– dependerá del proyecto específico, no habría razones suficientes para prever que esta sea elevada como proporción a la suma del valor de la inversión y de las exportaciones, como requisito para garantizar la rentabilidad financiera del proyecto.

8. Como agravante de lo anterior ha de recalcarse la importancia determinante para el análisis de la “bondad” de proyectos de inversión como los minero-energéticos, del costo de oportunidad societal e intertemporal de recursos escasos no renovables, de los impactos socio-ecológicos sobre la naturaleza, los ecosistemas, la biodiversidad, las fuentes de agua y el ambiente, y de la resiliencia del sistema en una perspectiva perdurable.

Y todavía más en cuanto que criterios como el de resiliencia socio-ecológica y el de la reproducibilidad de la naturaleza adquieren aún mayor preponderancia de cara a la crisis climática y ecológica que se ha venido reproduciendo en el mundo, y que hoy en día ha sido visibilizada al menos parcialmente a raíz de la pandemia del COVID-19 y de los efectos del confinamiento obligatorio en la mayoría de los países.

Por ello, es que los impactos socio-ecológicos esperables podrían ser aún más trascendentales, sistémicos y duraderos que algunos proyectos ya desarrollados en el país con determinadas consecuencias irreparables en el mediano y largo plazo.

En consecuencia, resulta claro que tampoco tiene ningún sustento teórico, ni pragmático de política pública acelerar los procesos de estudio de impactos de los proyectos por venir ante su complejidad, magnitud y muy probable irreversibilidad en diversos ámbitos socioecológicos en el país.

 

Notas

1 A manera de ilustración, uno de esos territorios podría ser el sur-oeste antioquño una vez se llegara a adelantar el macroproyecto de oro y cobre en Jericó por Anglogold Ashanti.

2 No debe dejar de mencionarse que cerca de dos tercios de las enfermedades y patologías que sufre la humanidad, según la Organización Mundial de la Salud, se relacionan con el cambio climático.

3 Ver, entre otros, a: Garay, L. J. et al (1998). Colombia: estructura industrial e internacionalización 1967- 1996. DNP-Colciencias-Minhacienda-Mincomex-Proexport Colombia. Bogotá, Colombia.

4 Rudas, G. y Espitia, J. E. (2014). “La paradoja de la minería y el desarrollo. Análisis departamental y municipal para el caso de Colombia”. En: Garay, L. J. (dir.) et al. Minería en Colombia. Institucionalidad y territorio, paradojas y conflictos. Vol. 2. Contraloría General de la República de Colombia. Bogotá. Enero. 

5 Rudas, G. y Espitia, J. E. (2013). “Participación del Estado y la sociedad en la renta minera”. En Garay, L. J. (dir.) et al. Minería en Colombia. Derechos, políticas públicas y gobernanza. Vol. 1. Contraloría General de la República de Colombia. Bogotá. Mayo.

6 Esta sub-sección se basa fundamentalmente en: Garay, L. J. y Espitia, J. E. (2019). Dinámica de las desigualdades en Colombia. Vol. 1. Ediciones Desde Abajo. Bogotá. Octubre. Capítulo 2; y Garay, L. J. y Espitia, J. E. (2020). Dinámica de las desigualdades en Colombia. Vol. 2. Ediciones Desde Abajo. Bogotá. Nota de investigación 8. (en publicación). 

7 El lector interesado puede consultar, entre otros, a: Garay, L. J. (2018). “Una génesis de la ilegalidad: Corrupción, Captura del Estado, Cooptación institucional y Macro-corrupción“. En: Garay, L. J. y Salcedo- Albarán. , E. El gran libro de la corrupción en Colombia. Editorial Planeta. Bogotá, Noviembre.

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 Un indígena guaraní fuma una pipa junto a un árbol talado por desarrolladores en Sao Paulo. Andre Penner AP

La norma propuesta debe ser aprobada por el Congreso y enfrenta el rechazo de los pueblos originarios y los ambientalistas, quienes la consideran "genocida"

El presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, anunció esta semana que presentará un proyecto de ley en el Parlamento que permitiría la explotación de recursos en tierras indígenas protegidas. La iniciativa —que incluye la minería, la extracción de petróleo y gas, la construcción de hidroeléctricas y la exploración de tierras para agricultura, ganadería y el extractivismo forestal— será enviada al Congreso para su tramitación, donde se enfrentará al rechazo de la comunidad indígena y de los ambientalistas, que califican la propuesta de “genocida”. La Constitución de Brasil prevé la minería en estas reservas, pero hasta el momento no se ejecuta porque prescinde de un desarrollo normativo que la regule y además debe contar con la aprobación de la población indígena. Por estas causas, no hay declarada ninguna mina oficial en las 619 áreas indígenas localizadas en el país, aunque esté probada la existencia ilegal de decenas de ellas, principalmente en la región amazónica, donde mineros que practican la actividad de forma ilícita han asesinado a indígenas de la región.

El proyecto de Bolsonaro también prevé que se permita la exploración de tierras de los pueblos originales para el turismo, la agricultura, la ganadería o el extractivismo forestal. Y sugiere que el Parlamento consulte a los indígenas sobre su propuesta, pero que se les impida ejercer su derecho a veto, una solicitud que iría en contra de la Constitución del país.

El presidente, que anunció la incitativa durante la celebración de sus 400 días en el poder, presionó al Legislativo para que apruebe su propuesta y declaró que, si pudiera, encerraría a los ambientalistas en la Amazonia. “Este gran paso depende del Parlamento, que sufrirá la presión de los ambientalistas. Esos del medio ambiente”, dijo con su habitual estilo de desprecio a los defensores de la naturaleza. “Si un día pudiera, los encierro en la Amazonia, ya que les gusta tanto el medio ambiente, así dejan de molestar a los amazónicos aquí desde dentro de las áreas urbanas”, señaló.

En su discurso alegó que los indígenas son “seres humanos”. “Exactamente iguales que nosotros. Tienen corazón, sentimientos, tienen alma, deseos, y son tan brasileños como nosotros”, añadió. La frase refuerza la idea del actual Gobierno —que evoca al pasado de la dictadura militar— de que los indígenas deben “integrarse” a la sociedad no indígena.

Según el comunicado emitido por el Ministerio de la Casa Civil, las comunidades indígenas afectadas por la industria minera percibirían indemnizaciones de las empresas que exploten las áreas y se contaría con consejos de vigilantes que estarían compuestos únicamente por indígenas. El texto prevé también que los indígenas puedan explorar las áreas en las que residen. El pasado enero, el Ministerio de Minas y Energía brasileño ya había realizado una reunión para presentar el proyecto a todos los embajadores europeos en Brasilia y dejar claro que Bolsonaro va a insistir en su objetivo.

Entidades vinculadas a las comunidades indígenas protestaron contra la medida y recordaron que Bolsonaro está obligado a respetar los derechos constitucionales de los indígenas, incluido el de mantener las particularidades de sus modos de vida. La ONG Observatorio do Clima advirtió a los presidentes de la Cámara de Diputados, Rodrigo Maia; y del Senado, David Alcolumbre, de que rechazarían este tipo de propuestas. “Esperamos que cumplan sus palabras y no acepten este proyecto genocida. Ambos se habían comprometido a no someter a votación aquellas propuestas que amenazasen a los bosques ni a los pueblos tradicionales. Es hora de poner a prueba esa determinación”, escribió la asociación en una nota.

Desigualdad

Para estas poblaciones, la explotación económica traerá como consecuencia la desigualdad en las comunidades, la devastación forestal acelerada y la desaparición de especies nativas del planeta. El último informe de la ONU, de 2019, sobre la velocidad con la que las especies se están extinguiendo —una de cada ocho está amenazada—, subraya que esta destrucción de la naturaleza es más lenta en las tierras donde viven los pueblos indígenas.

El proyecto de exploración de áreas indígenas no es el único punto del Gobierno de Bolsonaro que preocupa a los indigenistas. Las últimas semanas, su gestión fue objeto de varias críticas por haber designado al exmisionero evangélico Ricardo Lopes Dias como nuevo coordinador de indígenas aislados. En un comunicado, el Consejo Indigenista Misionario (CIMI) afirmó que el presidente ha dejado de respetar la existencia libre de los pueblos indígenas y que fomenta el genocidio de dicha población.

Por Afonso Benites

Brasilia 6 FEB 2020 - 22:36 COT

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BLOQUEO CONTRA EL PUEBLO. La policía boliviana bloqueó ayer la carretera Sacaba-Cochabamba para evitar que los partidarios del presidente en el exilio Evo Morales lleguen a la sede del gobierno. Las autoridades reconocieron que han muerto ocho civiles en las manifestaciones.Foto Ap

Mas allá del abordaje sociologista ultra-reduccionista sobre el golpe de Estado policiaco/militar/mediático en Bolivia, con bendición de Estados Unidos y la OEA–con sede en Washington y cuyo 60 por ciento de su presupuesto es financiado por Washington–, surgen sus profundas razones en el análisis geopolítico multidimensional que trasluce un litio-golpe (https://bit.ly/2NQomfI).

Desde el 8 de octubre, Behind Back Doors explayó los preparativos del golpe de Estado, con coartada de fraude electoral (https://bit.ly/35iR27h), para derrocar al gobierno anti-neoliberal de Evo Morales con la ayuda de los evangelistas (20 por ciento de la población).

Dejo de lado la mórbida personalidad del líder cívico de Santa Cruz, el gasero-financiero Luis Fernando Camacho, miembro de la logia Los caballeros del Oriente y exhibido como narco-lavador en los Panama Papers, junto al fascista peruano Mario Vargas Llosa (https://bit.ly/2qlJOAf). También soslayo la todavía más vulgar personalidad de la proclamada presidenta Jeanine Áñez, elegida por ocho diputados sin quorum: entronizada por el ejército y con una Biblia evangelista en la mano, cuyo sobrino Áñez Dorado libra una condena por narcotráfico en Brasil (https://bit.ly/357y7vW).

Dos meses antes del golpe, Ivanka, asesora e hija de Donald Trump, visitó Jujuy (Argentina), frontera con Bolivia, y pletórica en litio, donde prometió 400 millones de dólares para las rutas del litio (https://bit.ly/33TsTDZ). El 75 por ciento de las reservas globales de litio se encuentran en el triángulo Bolivia/Chile/Argentina que son motivo de la codicia geoestratégica de las superpotencias debido a su uso para las baterías de los carros eléctricos y los teléfonos inteligentes.

La firma del gobierno de Evo Morales con China de un contrato por mil millones de dólares para explotar el litio indispuso a Estados Unidos, con quien la nación asiática libra una guerra comercial (https://bit.ly/33UkH6l).

A las trasnacionales mineras anglosajonas de Estados Unidos y Canadá, que controlan a la OEA, les indispuso todavía más el lanzamiento del carro eléctrico Quantum de fabricación totalmente boliviana: una asociación de la estatal Yacimientos de Litio Bolivianos (YLB) con Quantum Motors, de Cochabamba (https://bit.ly/2KqNury).

El golpe de estado abre de par en par a las mineras anglosajonas el Salar de Uyuni en Bolivia, la primera reserva global de litio (https://bit.ly/2KtSMCn). Según Common Dreams, el golpe viene menos de una semana después de que Evo Morales frenó (sic) el acuerdo para la extracción de litio con la firma alemana Acisa debido a semanas de protestas en la región de Potosí –cuya población exigía menos desventajas– que contiene “entre 50 y 70 por ciento de las reservas mundiales de litio en el Salar de Uyuni (https://bit.ly/2OklGpD)”.

El gobierno antineoliberal de Evo Morales había ya molestado a las trasnacionales gaseras/petroleras/acuíferas, debido a su exitosa nacionalización del gas/agua/electricidad/mineras/ telecomunicaciones, lo cual le procuró el segundo mayor crecimiento económico de todo el continente americano frente al artificial primer lugar de Panamá, especializado en el blanqueo financiero.

Hace dos años Stratfor publicó, la CIA en las sombras de las trasnacionales, y advertía el “empoderamiento de la revolución global del litio (https://bit.ly/32U3B72)” cuando la demanda de baterías de litio-iónico continuará a crecer, mientras Bolivia podría perder (sic) su oportunidad la próxima década para llenar las brechas del abastecimiento global del litio.

¿El pesimismo de Stratfor, en referencia a Bolivia hace dos años, se debía al gobierno nacionalista y anti-neoliberal de Evo Morales? En 20 años la producción de litio se ha triplicado y se espera que se duplique su demanda en 2025. Una cosa es tener las mayores reservas del mundo, el caso de Bolivia, y otra cosa es exhibir su producción, donde vienen a la cabeza Australia, Chile, Argentina y China. También hace un año, Laura Millán Lombrana de Bloomberg, aseveraba el casi imposible (sic) sueño del litio de Bolivia (https://bloom.bg/2QrsjJu). Ahora sus golpistas neoliberales pueden cumplir el sueño posible de las trasnacionales mineras anglosajonas.

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Sábado, 16 Noviembre 2019 07:39

Un largo proceso de degradación

Un largo proceso de degradación

Es clave para entender lo que está sucediendo ahora en Bolivia entender, a su vez, el proceso de división creciente y la degradación que durante los gobiernos de Evo Morales sufrieron los llamados movimientos sociales –que fueron el respaldo inicial del presidente– por una izquierda que permitía una sola posibilidad y no permitía la autonomía


Es una historia que comenzó entre 2009 y 2010, aproximadamente, cuando se armó otra forma de gobierno, otra forma de Estado, distinta a la que se venía proponiendo en las bases. Es un Estado crecientemente autoritario, que va a monopolizar el poder y no va a permitir ningún margen de autonomía a las organizaciones.


Este proceso fue deteriorando la relación del gobierno con los movimientos sociales. En 2010 esos malestares se dieron en organizaciones indígenas que adoptaron una posición autónoma y pidieron una mesa en la cumbre de Tiquipaya, una cumbre con la que el oficialismo pretendía mostrar que Evo Morales tenía una actitud de respeto para con la Madre Tierra y la protección de derechos indígenas. Allí, una de las mesas tenía que tratar el tema de la Iniciativa de Integración Regional Sudamericana (Iirsa) y la contaminación minera, y el gobierno se negó a tocar esos temas. Allí estaba planteada la contaminación de los campos y las aguas de riego, que ya estaba produciendo graves problemas, sobre todo en Potosí, Oruro y Huanuni, que se sumó a la patética destrucción y la desaparición del lago Poopó, el segundo más grande del país.


Obviamente, se trata de procesos cuyos orígenes datan de mucho tiempo atrás, pero que estaban siendo promovidos por la intensificación del extractivismo. Este proceso llevó a que se destruyera la noción de tierras comunitarias de origen (Tco), que fueron en su momento la base de la autonomía indígena. A fines de 2010 se dictó un decreto que establece que esas tierras indígenas, además de “originarias”, son “campesinas”, lo que permitió la invasión de parques nacionales por cocaleros, como en el caso del Territorio Indígena y el Parque Nacional Isiboro‑Sécure (Tipnis). Se firmó luego un protocolo de financiamiento, cargado de corrupción, con la constructora brasileña Oas para construir en ese parque una carretera. Es mucho lo que se podría detallar de ese episodio en particular, pero vale recordar que el gobierno optó por reprimir a los indígenas del parque y favorecer la invasión cocalera y la construcción de esa carretera.


Ese fue un momento de quiebre. A partir de entonces y en 2013, el gobierno dio la instrucción de invadir la sede del Consejo Nacional de Ayllus y Markas del Qullasuyu (Conamaq), y se instaló como dirigente, contra los procedimientos indígenas de rotación de las autoridades que allí había, Hilarión Mamani, un empresario minero.


Es un proceso largo, de muchos años, que tiene entre sus últimas manifestaciones el incendio de la Chiquitanía (véase “La otra frontera”, Brecha, 30‑VIII‑19), originado en un decreto del gobierno que alentaba la invasión por colonos del occidente del país de ese ecosistema único. Ya el año pasado se había dado un enorme acercamiento del gobierno con los ganaderos en un plan de exportación de carne a China. Obviamente es mucho más barato quemar el bosque, como habilitaba ese decreto, que traer tractores o retroexcavadoras. Con la sequedad que hay en la Chiquitanía, el fuego se les fue de las manos. Fue una tragedia sin nombre y el más grande detonante de la debacle de Evo Morales.


Luis Fernando Camacho y la derecha que él encabeza viven ahora un momentáneo estrellato, gracias a haber logrado articular diferentes broncas hacia el Mas. Pero la disputa más grande todavía está en la acaparación de tierra y en la expansión de la frontera agrícola, que ha sido pactada entre la derecha y Evo Morales. La derecha no va a deshacer este pacto, no va a entregar a los indígenas la tierra que Evo Morales les arrebató, sino que, con la euforia momentánea de estas horas, está preparando la consolidación de la economía de la soja, del agronegocio, ya empezado con Evo.


Lo que se avecina es un proceso de mucha incertidumbre, de fragilidad institucional, de sabotaje, de liquidación económica. Los masistas van a tratar de dejar un país en ruinas para volver triunfantes. Ha sido un gravísimo error de la clase política prescindir del Mas y darle un viso de ilegalidad a este gobierno. Este gobierno de transición que ahora se ha posesionado nace cojo y manco, no es legítimo. No se puede borrar de un plumazo a un 40 por ciento del electorado. Una cosa es reconocer las fallas del gobierno de Evo Morales y otra es desconocer que efectivamente el Mas tiene un electorado y que ha tenido un papel simbólico muy importante por la dignificación de lo indígena.

 


Aquí cayó toda la clase política, no sólo Evo Morales. Y hay un vacío de poder porque la gente no ha reconocido aún su propia energía, su propia fuerza organizativa. Lamentablemente, hemos perdido muchos años en esta disputa por el control corporativo de los movimientos y las organizaciones sociales, lo que nos ha dejado fuera de combate en un momento en que la derecha está levantando cabeza y el ejército sigue intacto con todos sus negocios y todas sus empresas dolosas y corruptas. Estamos en una situación muy crítica.


A pesar de todo, en estos últimos años ha habido un reconocimiento y un autorreconocimiento de lo indígena como una fuerza moral. Aunque ha sido, hasta cierto punto, degradado por el gobierno del Mas, en la vida cotidiana se reconoce que lo indígena es valioso en cuanto a idioma, comida, cultura, y formas comunitarias y solidarias. Toda una serie de colectivos está saliendo con la whipala para dejar claro que no vamos a retroceder 17 años. Camacho ha ido al viejo palacio de gobierno, como para decir que no existió este proceso de reconocimiento y autorreconocimiento, para intentar tapar el sol con un dedo. Pero no hay vuelta atrás.


Lo que sí hay es una necesidad imperiosa de reencausar las movilizaciones populares, quitándoles aquellos aspectos muy fuertes de misoginia y autoritarismo fomentados por el gobierno del Mas. La negación de la democracia horizontal de las organizaciones y la degradación de estas están cobrándonos la cuenta en este momento, una cuenta que se llama parálisis y estupor.


En medio de eso, en la lucha contra eso, las mujeres estamos en la primera fila en cuanto a pensamiento y acción. Y en cuanto al dolor que nos produce toda esta situación. Las mujeres estamos en todos lados, articulando formas más locales de democracia y bregando por que la idea de la indignación, la idea del cabildo, la idea del Parlamento de Mujeres se fragmente en miles de parlamentos, miles de cabildos para que podamos deliberar qué país queremos, qué es democracia, qué es ser indígena. ¿Ser indígena es vestir poncho y organizar una gran borrachera? Nosotras, en nuestra posición como mujeres, no lo creemos así. En varios colectivos hemos creado una especie de plataforma para hacer de cada esquina un espacio de deliberación.


Nos vamos a apoyar en la Constitución, una Constitución que ha sido maltratada por el propio gobierno del Mas. Estamos ahorita en la defensa de la Constitución, en la defensa de la whipala, en la defensa de la democracia comunitaria de los ayllus* y la defensa de las mujeres.

*Comunidades tradicionales de los pueblos originarios de la región andina (N de E).Silvia Rivera Cusicanqui 15 noviembre, 2019

Por Silvia Rivera Cusicanqui, historiadora y socióloga boliviana, especializada en las cosmologías quechua 

15 noviembre, 2019

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Sábado, 02 Noviembre 2019 07:54

Graves problemas para el fracking en Colombia

Graves problemas para el fracking en Colombia

Como si se tratara de un escenario apocalíptico, digno de las películas sobre el fin del mundo, la ministra de Minas, María Fernanda Suárez, aseguró que la decisión del Consejo de Estado de prohibir el fracking en Colombia es caótica: lo más grave que le pudo haber sucedido al país. En un tono muy cerca a la manipulación alarmista, la Ministra se atrevió a decir que el rechazo del alto tribunal llevaría a la devaluación del peso e incluso un dólar podría cotizarse en 5.000 pesos en los próximos años. De acuerdo con datos suministrados por Ecopetrol, las reservas de crudo en Colombia son para máximo siete años y los cerca de 400.000 barriles de consumo interno, tendrían que importarse. Una calamidad absoluta, según la Ministra. En esta misma línea, siguiendo algunos medios de comunicación, la seguridad energética en el país está comprometida y el fracking parece constituir la única salvación posible. Los conceptoa anteriores son un completo absurdo si se toma en consideración los daños absolutos que la técnica de fracturamiento hidráulico podría causar. Sin embargo, vamos por partes.

El primer elemento que debe ponerse en el debate es que la ministra Suárez como todo el gabinete del (pseudo)presidente Duque sigue unos intereses específicos, relacionados con los grandes poderes de multinacionales del petróleo. De manera que le queda muy mal a la Ministra posar como “preocupada” por la seguridad energética, si todos saben que son los negocios los que motivan sus “reflexiones”. Si en verdad la cartera de Minas y Energía, y por extensión todo el Gobierno Nacional estuvieran preocupados por la situación del país, entonces dirían algo en torno a que Colombia es el cuarto país más desigual del mundo, sólo por debajo de Sudáfrica, Haití y Honduras. Lo más grave es que, según la OCDE, una familia de bajos recursos tardaría 11 generaciones (¡once!) en alcanzar el ingreso promedio en el país. Pero hay datos más preocupantes: “el 10% de la población más rica gana cuatro veces lo que gana el 40% más pobre. El 20% de los ingresos totales están concentrados en sólo el 1% de la población, y la mitad total de los ingresos está en las manos del 10% de ella”. Por si fuera poco, el 1% de la población más rica, junto con algunas compañías transnacionales, poseen alrededor del 81% de las tierras en Colombia. Y todavía hay algunos que se atreven a decir que la concentración del territorio y la desigualdad económica no son los problemas más graves que aquejan al país.

Por esa simple razón, las declaraciones de la ministra Suárez son pura demagogia y oportunismo apocalíptico. ¿A quién quiere manipular la funcionaria con datos que sólo afectan a las empresas más ricas del país y a las compañías explotadoras en su mayoría norteamericanas? El día que ministros como María Fernanda Suárez denuncien la desigualdad en el país, que hablen con preocupación sobre los niños que mueren de inanición o las familias que viven por debajo de la línea de pobreza, ese día sí se les podrá llenar la boca al hablar de “crisis energética”. ¿Quiere hacer la Ministra, la “gran Juan Manuel Corzo” y decir que ya no habrá gasolina para los tres y cuatro carros de los altos funcionarios del gobierno?. Señora ministra: hay gente que muere de hambre y que ni toda la gasolina del mundo o incluso los billetes que usted tanto parece proteger, les darían lo que más necesitan. Por el contrario, el fracking representa un peligro definitivo para miles de comunidades cuyas únicas fuentes de agua potable estarían amenazadas.

En efecto, ya habíamos denunciado las graves afectaciones en temas de salud, cultura, política y economía que el fracking traería consigo. Sólo por recordar algunas de ellas, están: los riesgos de sismicidad que podrían ocasionarse con el ingreso de poderosas máquinas que arrasan todo a su paso; los grandes desperdicios de agua, pues justamente para la fracturación de las rocas se utilizan miles de litros del líquido a presión (mezclado con sustancias tóxicas); y la contaminación de acuíferos y otros cuerpos de agua a causa de las rupturas de las tuberías y que han producido los fenómenos de "ríos de fuego". De esta manera, no hay que ser ingeniero de petróleos ni experto en perforación para darse cuenta que el fracking es una industria dañina y peligrosa. Lo anterior se menciona debido al debate que se ha generado por “las voces no autorizadas” que han denunciado esta técnica. Pues bien, tampoco son expertos los miembros de las comunidades que tienen que padecer las consecuencias de unos pocos que se lucran a partir de la explotación de la tierra y viven en carne propia las decisiones que tecnócratas toman desde sus oficinas.

En consecuencia, la problemática es mucho más profunda que simplemente “la crisis energética” o “la ausencia de reservas petroleras”. El fracking como fenómeno productivo incluye una serie de elementos que superan el ámbito económico y que podrían incluso relacionarse con lo que los sociólogos llaman la interseccionalidad. Este término hace referencia a los elementos de género, etnia, clase o incluso de orientación sexual que también influyen sobre las relaciones de explotación y dominación. Dicho de otro modo, el impacto sobre las mujeres afrodescendientes en Tumaco (donde las necesidades básicas insatisfechas son cercanas al 50%) es distinto a las relaciones de dominación y explotación en otras regiones del país para un hombre blanco. Estos elementos deben incluirse a la hora de entender un fenómeno como el fracking que no sólo debe reducirse a las reservas energéticas del país, de hecho, hay detrás una serie variopinta de temas como: el reconocimiento de las comunidades ancestrales, la protección del medio ambiente, la búsqueda de modos de producción alternativos, la inclusión de la población en la toma de decisiones, entre otros.

Ahora bien, la decisión del Consejo de Estado se basó en ratificar la suspensión del fracking en el país, ignorando la medida cautelar impulsada por el Ministerio de Minas y Energía que pedía al menos mantener las pruebas piloto en Magdalena y Cesar. La decisión del alto tribunal se suma a la suspensión parcial de las normas que regulan la explotación de los yacimientos no convencionales (Decreto 3004 del 26 de diciembre de 2013 y Resolución 90341 del 27 de marzo de 2014) y contribuyó a poner un alto en las pretensiones de las empresas petroleras en el país. Con todo, la determinación del Consejo de Estado es un respiro para las comunidades, como lo dejó ver Carlos Andrés Santiago, miembro de la Alianza Colombia Libre Contra el Fracking para quien "lo que está en juego es el agua, el ambiente y la salud de las comunidades de las regiones donde se desarrollarían los pilotos de esta técnica". Esta perspectiva se conecta con el fenómeno de interseccionalidad pues deja ver el problema en su justa dimensión y no sólo como un dilema entre la seguridad energética y la “lucha de unos cuantos ambientalistas”. Por el contrario, el fracking es un asunto que le compete a todos los colombianos y debe tomarse con toda la seriedad antes que derive en un problema mayor.

No obstante, la reacción por parte de la Ministra de Minas y algunos sectores de la ultraderecha en el país fue la de rasgarse las vestiduras y asegurar que el Consejo de Estado incurría en un grave error pues prácticamente condenaba al país a la recesión energética. La ministra Suárez instó a “dejar la decisión sobre fracking en manos de la ciencia y no de Twitter”, como si el fallo de la alta Corte no tuviera relevancia por sí mismo. ¿Qué dirá la Ministra cuando los estudios científicos sean concluyentes en torno a los graves daños que el fracking causa a la salud y el medio ambiente? ¿Tendrá la misma postura o dirá que son estudios pagados o invenciones de Twitter? Lo grave de este caso es que ella, haciendo gala de su más vil politiquería, la ministra Suárez busca manipular a diversos sectores diciendo boca en jarro que las tarifas de energía y gas se pueden duplicar si no se acepta el fracking en el país. En otras palabras, o se acepta el fracking o el país tendrá que lamentar las consecuencias. ¡Qué bajeza, señora ministra!

A pesar de lo anterior, hay que ser sumamente prudentes con la decisión del alto tribunal pues es una medida provisional. De hecho, de acuerdo con una investigación de Nohora Celedón para el portal de la Silla Vacía, una sentencia de fondo de las altas Cortes puede demorar entre cinco y siete años, con lo cual, a pesar de que los sectores que se oponen al fracking han ganado algunas batallas, no se han hecho con la victoria definitiva. Debe considerarse una serie de variables como el término del periodo de algunos magistrados que, como Ramiro Pazos Guerrero, se han mostrado en contra de la implementación del fracking. Esto quiere decir que en cualquier momento se puede reactivar la normatividad que rige la explotación de yacimientos no convencionales y, con ello, el fracking podría convertirse en una alternativa de explotación de hidrocarburos.

Por lo expuesto hasta aquí, es necesario que los sectores sociales y movimientos ambientalistas no den su brazo a torcer y mucho menos se confíen frente a lo que está por venir. Si bien la ratificación del Consejo de Estado podría parecer esperanzadora, todavía no es una sentencia definitiva y en la cambiante política colombiana, todo puede suceder. Sin embargo, esto tampoco resta importancia a la decisión, de hecho, es un gran triunfo para aquellos sectores que han luchado con valentía para evitar la contaminación de sus entornos y debe tomarse en su justa proporción. Lo que debe rechazarse con vehemencia son las posturas alarmistas y manipuladoras de personas como la ministra María Fernanda Suárez que quieren reducir el debate de vida o muerte. Si ese fuera el caso, el fracking simboliza la muerte del medio ambiente, de los ecosistemas y del agua potable. Y no sólo eso, pues está en juego la independencia de las comunidades, su autodeterminación y la oportunidad de decidir su destino político. Retomando las palabras del novelista Edward Morgan Forster: “retengamos la idea de lucha: toda acción es una batalla; la única felicidad es la paz”.

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Yuri Borísov, vice primer ministro de Rusia, se reune con el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, el 5 de octubre en Caracas. Foto: Reuters.

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, reafirmó hoy la unidad entre la nación bolivariana y Rusia, expresada en convenios de colaboración, con vistas a avanzar en la recuperación económica del país sudamericano.

"Es una verdadera cooperación estratégica, con 264 acuerdos en múltiples áreas que buscan el desarrollo compartido y la sincera hermandad entre nuestros pueblos", escribió el jefe de Estado venezolano en la red social Twitter.

Tras el encuentro de copresidentes de la Comisión Intergubernamental de Alto Nivel entre ambos países, celebrado este sábado, el vicepresidente sectorial para el Área Económica de Venezuela, Tareck El Aissami, junto al primer viceministro ruso, Yuri Borísov, suscribieron nuevos acuerdos en materia energética, tecnológica, económica, agrícola y militar.

Maduro aseveró en tal sentido, que la nación sudamericana tiene la asesoría de Rusia para ganar la batalla económica a la cual está sometida.

Durante la reunión, el primer viceministro ruso informó que el comercio entre Venezuela y su país aumentará en 150 millones de dólares en lo que resta de 2019.

Resaltó a su vez, que el país sudamericano es importante para la nación euroasiática en materia comercial, y reafirmó el compromiso de la Federación Rusa con el mejoramiento de la calidad de vida de los venezolanos a través de los envíos de medicamentos y productos de primera necesidad.

Por otra parte, El Aissami ratificó que la relación de intercambio y respeto entre las naciones se afianzó aún más con la visita de Maduro a Rusia, por invitación de su homólogo Putin, la cual convirtió a la Federación Rusa en uno de los más importantes socios comerciales y aliados políticos de Venezuela.

De acuerdo con el vicepresidente sectorial la reunión se traduce el día de hoy en grandes proyectos en el sector energético, con inversiones rusas en Venezuela por el orden de los cuatro mil millones de dólares, así como un importante crecimiento en el intercambio comercial en el sector agrícola.

La nación euroasiática suministrará al país sudamericano un millón 500 mil vacunas para la gripe y cinco millones de medicinas, así como también importantes alianzas en la producción de insulina, resaltó el vicepresidente venezolano.

"Nuestro Gobierno siempre abrirá las puertas a todas las empresas inversionistas rusas que desean trabajar en el país, en aras de fortalecer la cooperación empresarial y el desarrollo en ambas naciones", enfatizó El Aissami.

Señaló también que la reunión permitirá construir un sistema político, económico, social, cultural y financiero más justo, al tiempo que resaltó la consolidación de la cooperación entre ambos países en los últimos 20 años, producto de la visión estratégica del comandante Hugo Chávez (1954-2013).

6 octubre 2019

(Con información de Prensa Latina)

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Maduro recibe el respaldo de Putin a su presidencia al visitar Moscú

Moscú. Con un claro propósito doble –demostrar al anfitrión que controla la situación en Venezuela y, a sus enemigos y críticos, que goza del pleno respaldo de una potencia nuclear–, el presidente Nicolás Maduro vino a Moscú para reunirse este miércoles con su homólogo ruso, Vladimir Putin, quien reiteró que reconoce a su huésped como gobernante legítimo y abogó por un arreglo político de la crisis en el país sudamericano.

"Rusia apoya de manera consecuente todos los órganos de poder legítimos de Venezuela, incluidos la presidencia y el Parlamento", dijo Putin según el escueto comunicado distribuido por su oficina de prensa. Algunos medios dieron por seguro que el titular del Kremlin se refirió a la Asamblea Nacional declarada en desacato en Venezuela, de Juan Guaidó, el autoproclamado "presidente encargado", pero en los otros párrafos del comunicado se infiere que Putin, al hablar de Parlamento, aun sin nombrarla tenía en cuenta a la Asamblea Nacional Constituyente, creada por Maduro.

Por si quedaran dudas, Putin afirmó: "Desde luego apoyamos el diálogo que usted, señor presidente, y su gobierno, mantienen con fuerzas de la oposición. Cualquier negativa a sostener esa conversación sería irracional, perjudicial para el país y una amenaza para el bienestar de la población". Y remató: "Siempre respaldamos a las autoridades legítimas".

Maduro agradeció el apoyo de Rusia, muy importante en el contexto del anuncio de nuevas sanciones de la administración de Donald Trump, y destacó el carácter ascendente de la cooperación bilateral en ámbitos tan variados como la alimentación, la medicina, la energía y los armamentos.

"Venezuela y Rusia siempre hemos demostrado que podemos superar juntos cualquier dificultad", enfatizó.

Al respecto, Putin mencionó que los intercambios en materia agropecuaria, "tomando en cuenta las dificultades que atraviesa Venezuela por las presiones foráneas, pueden considerarse una suerte de cooperación humanitaria, en la medida en que esta producción guarda relación directa con el bienestar de la gente y satisface sus necesidades de alimentación". En este sentido, cabe destacar que el suministro de trigo ruso a Venezuela alcanzará este año 600 mil toneladas, frente a las 254 mil toneladas que se enviaron el año anterior.

El mandatario ruso también anunció que Rusia proporcionará a Venezuela un millón 500 mil vacunas contra la gripe y tiene posibilidades de ampliar ese suministro hasta 5 millones.

Poco trascendió de las conversaciones a puerta cerrada, primero en una reunión con los miembros de las respectivas comitivas y luego durante un almuerzo oficial.

Se supo sólo que Maduro, quien llegó a Moscú el mediodía del martes, tuvo ocasión de ofrecer a sus interlocutores locales –sobre todo a través del viceprimer ministro Yuri Borisov, encargado de la industria militar, y del director ejecutivo de la petrolera Rosneft, Igor Sechin– una versión optimista de la situación en Venezuela ante la preocupación que muestran los principales consorcios rusos que han invertido, según estimó el propio Putin, 4 mil millones de dólares en el país sudamericano.

Llamó la atención en el Kremlin que Maduro –acompañado de Cilia Flores, su esposa, que ostenta el título de primera combatiente de la República Bolivariana– haya adelantado su viaje a Moscú, en principio programado para octubre siguiente, coincidiendo con un momento en que otras figuras de la cúpula gobernante tampoco están en Venezuela. Es el caso de la vicepresidenta Delcy Rodríguez, que asiste al periodo de sesiones de la Asamblea General de las Naciones Unidas, junto con el canciller Jorge Arreaza, y del presidente de la Asamblea Nacional Constituyente, Diosdado Cabello, quien se encuentra de visita en Corea del Norte.

Maduro, se comenta aquí, quiso mostrar a Putin que él y otros miembros del primer círculo del gobierno venezolano pueden ausentarse del país porque, como presidente, cuenta con la lealtad de la plana mayor del ejército, encabezado por el general Vladimir Padrino.

Durante esta visita de Maduro no se firmó ningún convenio ni se hizo público algún proyecto de cooperación nuevo. Hay filtraciones interesadas que, por ejemplo, apuntan a que la petrolera venezolana PDVSA trasladará a Moscú su oficina en Europa, que ahora tiene en Lisboa, y se sondeó la posibilidad de inaugurar un vuelo directo entre las dos capitales.


Diamantes, oro y petróleo: la cooperación minera entre Rusia y Venezuela

 

Rusia y Venezuela preparan una serie de proyectos conjuntos en el ámbito energético

 

Rusia tiene experiencia en minería y procesamiento, en la refinación en caso del oro, señaló, mencionando una larga historia de la cooperación entre los dos países. Moscú tiene la oportunidad de reforzar los vínculos con un socio en una región importante y tendrá acceso al producto que necesita para su economía.

"El oro y los diamantes no son tan valorados en la industria de la joyería como en la fabricación de herramientas técnicas, sin las cuales la ingeniería de precisión y la industria aeroespacial serían imposibles", destacó.

Por su parte, Venezuela obtendrá una base financiera para abordar sus problemas internos y para fortalecer el clima socioeconómico necesario para estabilizarla, afirmó el analista.

Asimismo, la cooperación en el sector del combustible y la energía, principalmente en la producción de petróleo, es prometedora, opinó, y señaló que "es la base para el desarrollo de cualquier industria en los próximos años, aunque se avecina energía alternativa". Sin embargo, la era del petróleo no terminará inmediatamente, asegura el experto.

Las inversiones darán a Venezuela la posibilidad de restaurar el sector de los combustibles y fortalecerán el clima socioeconómico, según el experto.

Sin embargo, durante el encuentro de los dos mandatarios no se anunciaron planes concretos. Para el analista, la designación de la dirección del desarrollo de cooperación y la ausencia de proyectos específicos es algo natural, dado los acontecimientos recientes en Venezuela.

"Basta con que los dos presidentes anunciaran que están volviendo a la cooperación mutua, volviendo a fortalecer los lazos y que esta será la dirección en la que se moverán de inmediato. Creo que empresas concretas, basándose en estos acuerdos, probablemente ya tienen proyectos en desarrollo, que se pondrán en práctica", concluyó.

Las inversiones rusas en proyectos mineros en Venezuela podrían ascender a los 1.000 millones de dólares.

Sptunik

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 Un niño permanece junto a una bomba de agua instalada por una empresa minera china en Masumbiri, Sierra Leona, el 26 de julio de 2019. Nellie Peyton Thomson Reuters Foundation

Los pueblos colindantes a una mina quieren un hospital, un colegio y agua potable, pero de momento ni los han obtenido ni han dejado de ser pobres

Cuando los mineros chinos llegaron al pueblo de Masumbiri, en el norte de Sierra Leona, en busca de oro, todo el mundo se puso a la cola para conseguir un empleo. Los adolescentes mentían acerca de su edad, y las mujeres y las niñas iban a cocinar y limpiar el campamento de los trabajadores, un complejo cerrado situado en la ladera de una montaña cercana que da a los campos de arroz.

Dayu, una empresa privada que empezó a operar en Sierra Leona en 2018, no era más que la última de una serie de compañías chinas en busca de oro atraídas por la riqueza mineral del subsuelo del distrito sierraleonés de Tonkoili. "Al principio la gente estaba muy contenta con los empleos", cuenta Hasan Tholley, el envejecido jefe de Masumbiri, sentado en su porche junto a los ancianos del lugar en este pueblo de calles de tierra. Pronto, cientos de jóvenes con casco empezaron a llevar un sueldo a casa, y la población, con sus 5.000 habitantes, tuvo por primera vez cobertura móvil y bombas de agua, todo cortesía de Dayu.

Sin embargo, cuentan los lugareños, al cabo de 18 meses del comienzo del proyecto, cuyo valor asciende a miles de millones de dólares, el sueldo que ganaban no compensaba la pérdida de tierras, y la pobreza empeoró.

Al igual que muchos otros países africanos, Sierra Leona ha cortejado a las empresas extranjeras que pagan a los Gobiernos elevadas tasas por los derechos de extracción, mientras que la población local a menudo tiene la sensación de que no se le pide su opinión ni recibe ningún beneficio.

China es, con diferencia, el mayor exportador de minerales de África subsahariana. En la última década ha invertido alrededor de 30.000 millones de dólares en minería metálica en el continente, alrededor del 15% de ellos en Sierra Leona. Allí, la extracción de oro ha sido un sector relativamente pequeño comparado con el de los diamantes o el mineral de hierro, pero está aumentando con empresas como Dayu, que afirma tener la mayor mina de oro subterránea del país. Su explotación es el único proyecto de la compañía.

Varios equipos menores, algunos de los cuales operan ilegalmente, también extraen oro de la zona al mismo tiempo que las empresas grandes. "Considerando la actividad de extracción, las comunidades deberían estar experimentando un gran desarrollo", señala Mohamed Smooth Bagura, miembro del consejo del distrito de Tonkoili.

A lo largo de la pista embarrada y llena de baches que conduce a Masumbiri, los carteles oxidados anuncian las compañías mineras que llegaron y se fueron. Los únicos coches, edificios o carreteras nuevas en un radio de kilómetros estaban en el campamento chino.

Empleos

Desde su tienda de la calle principal de Masumbiri llena de cerraduras, camisetas y relojes, Ibrahim Thulleh cuenta que el negocio ha disminuido. "Desde que llegó Dayu, la gente tiene menos dinero para gastar", se lamenta durante una tarde calurosa, sentado en su choza descubierta.

Antes de Dayu, durante algunos años no hubo en el pueblo ninguna compañía minera grande. La gente acudía en masa a buscar pepitas de oro, a menudo con éxito, y luego iba a la tienda de Thulleh a gastar lo ganado. Dayu contrató a unos 350 lugareños, y los demás mineros se fueron porque la empresa se quedó con los yacimientos que ellos explotaban.

Thulleh cuenta que, cuando los trabajadores reciben la paga —cada uno cobra entre 50 y 150 dólares al mes—, la reparten entre la familia y los vecinos y la utilizan para liquidar sus deudas. "A final de mes no queda dinero", cuenta Abdulai Kargbo, un minero de 29 años que tiene uno de los empleos mejor pagados: ocuparse de las voladuras y la perforación de la montaña en busca de oro. Antes de Dayu, transportaba a gente en su moto y ganaba entre 10 y 15 dólares al día, más del doble de lo que gana ahora, cuenta el trabajador, que es padre de seis hijos. Las ventajas de un empleo estable no compensan la mengua de los ingresos, asegura. Dentro de unas semanas, cuando lleve un año trabajando en la mina, piensa dejarlo y volver a la moto.

A William Bangura, que tiene dos hijos trabajando para Dayu, no se le ocurre nada que la familia pueda comprar ahora que no pudiese permitirse ya antes. "Solo nos llega para ir tirando", se queja. Aún así, está agradecido por los empleos. "No teníamos elección", sentencia.

En vez de cribarlas a mano y venderlas en el sitio, ahora las partículas de oro se extraen triturando las rocas en una planta de procesamiento situada en la ladera de la montaña. En el suelo de la última sala se apilan grandes bolsas blancas llenas de polvo gris que contiene unos cuantos gramos de oro. En este estado se transporta en camiones al puerto donde se embarca rumbo a China.

Repartir la riqueza

Sierra Leona está "abierta a las empresas", anunciaba el presidente Julius Maada Bio, que ha pregonado su mensaje entre los inversores de China, Gran Bretaña y Emiratos Árabes Unidos desde que llegó al cargo el año pasado con el compromiso de garantizar que su país se beneficiaría de la minería. De acuerdo con el Código de Minería, las compañías como Dayu pagan medio millón de dólares anuales al Gobierno por una licencia de extracción a gran escala, y se les exige que dediquen el 0,01% de sus ingresos al desarrollo de las comunidades.

Pero las medidas para el desarrollo de las comunidades no están claras y el código no siempre se aplica, afirmaba el Gobierno el año pasado al anunciar una nueva política minera dirigida a poner en marcha una serie de reformas.

Dayu ha decidido aumentar su contribución al 1%, pero todavía está negociando las condiciones con la población local, informaba Mohamed Daffae, gestor encargado de relaciones con la comunidad. Los tres pueblos de la zona piden cosas diferentes. Uno quiere un colegio, otro un centro de salud, y el tercero necesita agua potable, explica el concejal Bangura. Hasta ahora solo se han instalado las bombas de agua, que llega directamente del río sin filtrar. "Hacemos todo lo que podemos para contribuir al desarrollo de la comunidad", declara Peng Hui Yao, director general de Dayu. "Queremos sinceramente que la gente de la zona sea feliz".

Según Daffae, la población está impaciente por que le lleguen los beneficios. "La principal dificultad es que entiendan la concesión", añade desde su oficina del complejo. Los lugareños creen que la tierra y los minerales son suyos, pero no tienen autorización, afirma.

El acuerdo de Dayu con el Gobierno da acceso a la empresa a 9,6 kilómetros cuadrados durante 25 años. Hace poco, Daffae se encontró con la resistencia de la gente del lugar que estaba extrayendo oro de la zona en la que la empresa china quería excavar. "Tuve que desplazarme hasta allí y explicarles que no pueden parar una explotación como esta, que es para todos nosotros", concluye.

Este artículo ha sido realizado gracias al apoyo de la Fundación Thomson Reuters, la sección sin ánimo de lucro de Thomson Reuters dedicada a informar sobre temas humanitarios, derechos de las mujeres y LGTB+, tráfico de personas, derechos de propiedad y cambio climático.

Por Nellie Peyton y Richmond Tholley

MASUMBIRI (Sierra Leona) 20 SEP 2019 - 03:01 COT

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