Venezuela y Rusia evalúan nuevos proyectos de inversión en el Arco Minero del Orinoco

En una reunión en Caracas, autoridades de ambas naciones revisaron contratos de exploración y explotación en las reservas auríferas en el país suramericano

Venezuela y Rusia evalúan la viabilidad de proyectos de exploración y explotación en el Arco Minero del Orinoco, una zona de 114.000 kilómetros cuadrados con riquezas minerales, situada al sureste del estado de Bolívar.


El ministro de Desarrollo Minero de Venezuela, Víctor Cano, y el embajador de Rusia en el país suramericano, Vladimir Zaemskiy, se reunieron esta semana en Caracas y revisaron "condiciones, indicadores, ejes de negociación y garantías de la actividad productiva minera", dijo Cano, vía telefónica, a este medio.


El ministro Cano informó que en la reunión se expusieron las capacidades de Venezuela en el área minera, "con el objetivo de atraer la inversión extranjera e impulsar el apoyo tecnológico" en ese ámbito.


El titular de la cartera destacó que la discusión de los nuevos proyectos planteados sirve de antesala a la reunión de la Comisión Intergubernamental de Alto Nivel (CIAN) Rusia-Venezuela, prevista a efectuarse en el primer trimestre del 2019.


La CIAN es una instancia intergubernamental, creada desde 2004, donde ambos países abordan proyectos en las áreas de energía, agroindustria, minería, técnico-militar y comercialización.


Acuerdos previos


Uno de los acuerdos discutidos en la reunión contempla la posibilidad de que profesionales venezolanos viajen a Rusia para un intercambio científico-técnico. Otro de los convenios incluye el fortalecimiento de los laboratorios del Instituto Nacional de Geología y Minería en Venezuela para avanzar hacia una actividad "menos invasiva" con el ambiente.
El Ministro expresó que los acuerdos, además, implican la dotación de insumos para potenciar el área geocientífica en el país suramericano: "Es parte del apoyo que nos brindan instituciones rusas para adquirir partes y piezas. La idea es que estén a la disposición para nuestros proyectos mineros", agregó.
Diamantes y basalto


En el encuentro, Venezuela y Rusia analizaron el potencial diamantífero correspondiente al área 1 del Arco Minero del Orinoco, específicamente en la población de Cuchivero, en Guaniamo. Allí, de acuerdo con estudios preliminares del ministerio venezolano, se calcula la existencia de 40 millones de toneladas de depósitos de diamantes.


Según el Ministro Cano, el objetivo es evaluar los bloques potenciales para la explotación y los términos de negociación.


Otra área en estudio es la propuesta de una empresa rusa para la producción de fibra a partir del basalto, una roca volcánica de color oscuro con grandes reservas en territorio venezolano.


Cano detalló que con el basalto se puede crear, por ejemplo, "una fibra resistente y menos pesada que el acero y el hierro, que sirve para fabricar cabillas y mallas, como refuerzo de estructuras de concreto".

Publicado: 30 nov 2018 03:15 GMT 

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En medio de las crisis latinoamericanas, ¿por qué florece la Bolivia de Evo Morales?

El país del altiplano mantiene hace más de una década una estabilidad, crecimiento económico y mejora de los índices sociales que contrasta con sus vecinos.

En enero de 2006, por primera vez en la historia de Bolivia, asumía el Gobierno un presidente indígena. Evo Morales Ayma, dirigente sindical cocalero, había triunfado meses antes con más del 50% de los votos en una elección sin precedentes.


Su victoria se inscribió en una oleada progresista y de izquierda que llegó a los Gobiernos de América Latina durante los primeros años del siglo XXI. Para ese entonces ya estaban en la presidencia Hugo Chávez en Venezuela, Lula da Silva en Brasil, Néstor Kirchner en Argentina y Tabaré Vázquez en Uruguay. Unos meses después se sumaría Daniel Ortega en Nicaragua y en 2007 Rafael Correa en Ecuador.


No obstante, en comparación con sus pares (quizás exceptuando el caso uruguayo), Bolivia logró consolidarse como un modelo social, político y económico estable que no sufrió las crisis económicas y políticas de Venezuela o Nicaragua ni perdió el Gobierno mediante golpes de Estado e 'impeachments' –como en Brasil, Honduras y Paraguay– o elecciones –como en Argentina–. ¿A qué se debe esta excepcionalidad?


Estadísticas contundentes


Según datos del Banco Mundial, en 2006 el Producto Bruto Interno (PBI) boliviano era de 11.452 millones de dólares. Para 2017 ese número había aumentado más de tres veces llegando a 37.509 millones. En el mismo período de tiempo, el ingreso anual per cápita pasó de 1.120 dólares a 3.130 y la esperanza de vida subió de 64 a 71 años. A su vez, el Instituto Nacional de Estadísticas (INE) del país, sostiene que la pobreza se redujo del 59,9% cuando asumió Evo Morales al 36,4% el año pasado.


Por otra parte, como remarca el investigador y máster en Desarrollo Económico y Sostenibilidad Sergio Martín-Carrillo, Bolivia "ha sido el país suramericano que mayor crecimiento económico ha experimentado, incluso manteniendo un ritmo por encima del 4% a pesar del contexto de debilidad que vive la región desde el año 2015". Esto fue acompañado de un descenso constante de la inflación, que pasó de un 12% en 2007 a menos de un 2% en lo que va de 2018.


Estos logros se sostuvieron en una política que contradice los postulados neoliberales que impulsan hoy Gobiernos de países vecinos como Argentina, Chile, Paraguay o el electo presidente de Brasil, Jair Bolsonaro.


Las razones


El sociólogo y escritor boliviano Antonio Abal enumeró en diálogo con este medio "los ejes del sostenido crecimiento de la economía de Bolivia".


Según su mirada, se trata de una política basada en "nacionalizaciones de sectores estratégicos, como las comunicaciones, los hidrocarburos y la minería"; la redistribución de los ingresos estatales, "sobre todo en infraestructura productiva"; el "fortalecimiento del mercado interno"; una política monetaria de "apreciación de la moneda nacional", es decir, una "desdolarización de la economía"; y finalmente una fuerte inversión en procesos industriales como el "litio, lácteos, textiles, etc. y fomento de las pequeñas y medianas empresas, con facilidades en los soportes crediticios".


En el mismo sentido se expresó el vicepresidente del país, Álvaro García Linera, en una entrevista con Página/12, donde explicó lo que para él son los cuatro factores principales de este éxito económico.


En primer lugar, que el Estado controle como propietario los principales sectores generadores de excedente económico: hidrocarburos, electricidad y telecomunicaciones. Por otra parte, llevar a cabo una redistribución de la riqueza, "pero de una manera sostenible", de forma que "los procesos de reconocimiento y ascenso social de los sectores subalternos populares e indígenas tenga una sostenibilidad en el tiempo".


En tercer lugar, al igual que como sostiene Abal, "apuntalar el mercado interno" y, por último, la "articulación entre el capital bancario y el productivo, lo que implica que el 60% de los ahorros de los bancos se dirige al sector productivo, generando mano de obra".


Políticas públicas de redistribución


A esto se suma una serie de programas sociales que han acompañado la mejora económica y han sido los dispositivos que han garantizado una redistribución de la riqueza. En ese sentido, Martín-Carrillo enumeró tres que considera los más importantes: el Bono Juancito Pinto, la Renta Dignidad y el Bono Juana Azurduy


El primero de estos fue lanzado durante el primer año de Gobierno y apunta a que los niños y niñas finalicen la escuela. Supone un aporte de 200 bolivianos (29 dólares) a estudiantes de escuelas públicas a cambio de que sostengan un mínimo de un 80% de asistencia a clases. Durante 2018 hubo 2.221.000 de estudiantes beneficiados por esta iniciativa. A su vez, esto logró que entre 2006 y 2017 la deserción escolar en primaria cayese del 6,5% al 1,8% y en la educación secundaria fue del 8,5% al 4%.


Por su parte, la Renta Dignidad, vigente desde 2007, apunta a la población de adultos mayores –60 años o más– e implica 250 bolivianos (36 dólares) para las personas con pensiones de jubilación y 300 (43 dólares) para personas que no tienen pensiones de jubilación.


Finalmente, el Bono Juana Azurduy está dirigido a mujeres gestantes a las cuales estipula el cumplimiento de cuatro controles prenatales, parto institucional y control postparto, así como para niños y niñas condicionado a 12 controles integrales de salud bimensual.


También ha habido una política agresiva de incremento del Salario Mínimo Nacional, que en 2005 equivalía a 440 pesos bolivianos (57 dólares de aquel entonces) y en la actualidad llega a 2.060 (298 dólares). Asimismo, este año, debido al crecimiento económico, tal como informó la Agencia Boliviana de Información, el Ejecutivo dispuso el pago del doble aguinaldo para todos los trabajadores públicos y privados.


Un proceso con debates y tensiones


Más allá de su situación actual, los Gobiernos del Movimiento al Socialismo (MAS) no han estado al margen de problemas, algunos incluso muy graves. Quizás, el punto más álgido fue en el año 2008, cuando la llamada 'Media Luna', que incluía cuatro departamentos orientales del país, intentó escindirse del resto del territorio por acción de los sectores de la derecha boliviana que contaban con el apoyo solapado de EE.UU.


No obstante, con respaldo de la Unión de Naciones Sudamericanas (Unasur), esa crisis logró ser superada y apenas unos meses después el proceso avanzaba proclamando una nueva Constitución a comienzos de 2009, la que declaró el carácter "Plurinacional" del Estado, reconociendo en la ley suprema del país a los pueblos originarios históricamente negados. Evo Morales pasó a encarnar así, ya no solo simbólica sino institucionalmente, el ascenso definitivo de los sectores marginados durante siglos de la política nacional.


Si bien para Abal no se puede "hablar de etapas, sino de una sostenida aplicación de un modelo económico", a partir de ese momento se puede analizar una profundización de algunos aspectos. Se trata de un punto de inflexión en el cual se comienza a hablar de "socialismo comunitario", lo que el sociólogo define como "una aproximación teórica a la aplicación del marxismo y sus categorías para comprender las lógicas de los 'ayllus' (comunidades)", que como indicaron muchos autores, mantenían estructuras de 'comunismo primitivo' o comunitarias contrarias a la propiedad privada y la acumulación individual.


Por su parte, García Linera sostiene que, una vez superada esa ofensiva de la derecha, se abrió un nuevo momento en la revolución boliviana que él ha denominado de "tensiones creativas". Es decir, debates al interior del proceso que lo hacen avanzar.


Al respecto, Abal asegura que en los movimientos sociales conviven dos tendencias político-ideológicas: "una la sindical, centrada en la reivindicaciones sectoriales, y la otra revolucionaria, como parte del proceso de cambio y parte del gobierno". Es en la disputa de esas dos miradas donde se dan las tensiones creativas que, desde su punto de vista, son "la dialéctica del movimiento de conciencia de la clase".


La lógica "obrerista", según el sociólogo, no logra terminar de comprender "la otra lógica organizativa e ideológica de los pueblos originarios". Y esto lo atribuye a una contradicción impulsada durante décadas de enfrentar "indios contra obreros" y que "fue fomentada en una etapa del nacionalismo revolucionario (1952 – 1985)".


Finalmente, el analista apunta que "el vínculo potente se encuentra entre el Gobierno y los movimientos sociales", donde "el gran articulador de este bloque es, sin duda, Evo Morales, incluso más allá del instrumento político". Como contracara, Estado y movimientos sociales "aún se encuentran distanciados", porque este último "mantiene su matriz colonial no superada".


Una revolución con futuro


Si bien los procesos políticos nacionales difícilmente pueden sobrevivir mucho tiempo aislados, además de sus fortalezas internas, Bolivia cuenta todavía con aliados en el continente. Más allá de sus propios conflictos están Venezuela, Nicaragua y también Cuba, países con los que integra la Alianza Bolivariana para los pueblos de Nuestra América (Alba). Cabe recordar que, con colaboración de La Habana, en 2008 se declaró "libre de analfabetismo" a todo el territorio boliviano.


Por otra parte, a pesar del traspié sufrido en el referéndum de comienzos de 2016, que impedía a Morales volver a presentarse en las elecciones presidenciales de 2019, esto finalmente fue habilitado por el Tribunal Supremo. Con su candidatura y una derecha por ahora dividida, la continuidad del proceso parece estar asegurada.


Por último, pero no menos importante, García Linera pronosticó en el reciente Foro Mundial de Pensamiento Crítico, llevado a cabo en Buenos Aires, que los Gobiernos conservadores de la región durarán poco tiempo y luego vendrá un nuevo auge progresista y de izquierda.


"Estamos enfrentando una oleada conservadora neoliberal que tiene dos limites intrínsecos: es fosilizada y es en sí misma contradictoria", apuntó. Y detalló que en estos países se están "repitiendo las recetas que hace veinte años fracasaron", por lo que "no hay inventiva, no hay creatividad, no hay esperanza".


A su vez, "el neoliberalismo actual solamente moviliza odios y resentimientos". Es decir, que está "fundado en la negatividad y no en la proposición. No en la esperanza de mediano plazo, sino en el rechazo emotivo de corto plazo. Y eso tiene patas cortas", completó el vicepresidente boliviano.


Por eso, con optimismo, sentenció: "En vez de vivir una larga noche neoliberal, hemos de vivir una corta noche de verano neoliberal. Y ahí es donde nos toca a nosotros reconocer lo que hicimos bien, reconocer lo que hicimos mal, y prepararnos". "La izquierda tiene que volver a prepararse para tomar el poder en los siguientes años en el continente", concluyó.

 

Publicado: 27 nov 2018 18:54 GMT

 

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Consulta popular legítima del municipio de San Lorenzo –Nariño–

Tras un prologando y participativo proceso comunitario, el próximo 25 de noviembre quienes habitan el municipio de San Lorenzo en el departamento de Nariño se pronunciarían, Sí o No, sobre la explotación minera en su territorio. La consulta va pese a lo decidido en días anteriores por la Corte Constitucional sobre este tipo de consultas, y al bloqueo que desde el ministerio de Hacienda y el organo electoral le han interpuesto a esta iniciativa colectiva, expresión del constituyente primario.

 

San Lorenzo es un Municipio con una inmensa riqueza ambiental, se encuentra ubicado en el norte de Nariño, con numerosos nacimientos de arroyos y quebradas que alimentan los ríos Mayo y Juanambú, el agua que brota de las montañas surte acueductos y distritos de riego no solo dentro de San Lorenzo, también benéfica a los municipios vecinos de la Unión, Taminango, Arboleda y Cartago. La vocación del municipio históricamente ha sido agropecuaria, donde se destaca la producción de café de alta calidad, frutales, pequeña ganadería y una producción diversa de alimentos.

 

En el año 2008 sin consultar a las comunidades se entregaron títulos mineros a grandes empresas multinacionales y en el 2010, inicia exploración la multinacional Mazamorras Gold en los corregimientos de San Rafael y Santa Marta en el municipio de San Lorenzo y las Veredas Olaya y El Volador en el municipio de Arboleda; al poco tiempo los campesinos de la zona vieron los efectos ambientales, sociales y de violencia que ocasiona la gran minería; las comunidades alarmadas por los estragos que se venían desencadenando deciden tomar acciones de hecho para liberar el territorio y expulsan a esta multinacional, este fue el inicio de una lucha constante para proteger el agua y el territorio, y continuamente han creado conciencia en todos los otros corregimientos, esto, gracias al incansable trabajo de organizaciones campesinas locales; a pesar de que se hizo respetar la decisión de las comunidades, los conflictos con las empresas multinacionales siguieron, generando incluso hechos de violencia.

 

Las organizaciones campesinas comenzaron a buscar alternativas para hacerle frente a la amenaza inminente de la megaminería, e incluso fueron más allá del mismo municipio; acciones como la Construcción del Territorio Campesino Agroalimentario del Macizo Norte de Nariño y sur del Cauca –Tcam– que es una estrategia de protección del territorio y el ejercicio de los derechos campesinos, la realización de foros mineros locales, regionales y departamentales entre otras; es precisamente en el foro de “Agua y minería” realizado el 2 de julio de 2017 en Berruecos (Nariño) que se decide adelantar procesos de consulta popular para refrendar la voluntad de las comunidades y sus instituciones locales de proteger el territorio, sus bienes naturales y la vocación agropecuaria y cafetera de estos municipios.

 

De inmediato inicia el proceso de consulta popular minera en cinco municipios del Tcam; en San Lorenzo, la comunidad y las organizaciones campesinas con el apoyo de la alcaldía logran que el Concejo Municipal dé el concepto de conveniencia, y que el tribunal contencioso administrativo de Nariño emita un concepto de constitucionalidad, pero el Ministerio de Hacienda, la Registraduria Nacional y últimamente la Corte Constitucional, han puesto obstáculos para la realización de la consulta con los argumentos que no hay recursos para su financiación y la existencia de un conflicto de competencias entre el estado nacional y los entes territoriales, y en última instancia la decisión de la Corte Constitucional de que las comunidades no pueden decidir sobre el uso del subsuelo a través de mecanismos de participación, en especial las consultas populares, así como la decisión por parte del Consejo Nacional Electoral de acatar la determinación de la Corte y ordenar suspender todos los proceso de consulta para frenar proyectos megamineros hasta que el legislativo se pronuncie frente al tema, en una clara negación al derecho fundamental a la participación y a la vida misma.

 

A la fecha, según la Agencia Nacional de Minas, no se tiene títulos vigentes ya que en el 2017 y en el mes de septiembre de 2018 se presentaron renuncias por parte de las multinacionales a los títulos otorgados, sin embargo en los datos publicados por la misma agencia aparecen 20 solicitudes para realizar exploración y explotación minera a gran escala en el municipio, por lo cual la comunidad no baja la guardia y se ve en la obligación de tomar acciones para proteger el legado de las futuras generaciones.

 

Las organizaciones sociales y comunitarias, con el apoyo de la institucionalidad local articuladas en el “Comité por la protección de agua, la vida y el territorio”, como ente promotor de la consulta, decide continuar el proceso democrático de la consulta minera de manera legítima y convoca su realización para el 25 de noviembre de 2018, para que jóvenes y adultos participen activamente y tomen una decisión cuantificable del querer frente a la implementación de proyectos megamineros en el Municipio de San Lorenzo.

 

La pregunta aprobada por el concejo Municipal y el Tribunal Contencioso Administrativo de Nariño, y que se pone a consideración de la comunidad lorenceña es la siguiente:

 

“Está usted de acuerdo SI o NO con que en el municipio de San Lorenzo (Nariño) se realice exploración y explotación minera de metales e hidrocarburos”?

 

El proceso de la consulta legítima, siguiendo lo estipulado en el Código electoral de Colombia, camina con paso firme, teniendo a la juventud como actor principal, a líderes y lideresas comunitarias trabajando de manera mancomunada e incansable en cada vereda, yendo a cada casa a promover la protección del agua y la vida.

 

Es un hecho la realización y ejercicio de esta práctica democrática, y serán los lorenceños quienes se encargarán de hacer respetar el mandato que emane de la consulta; pero además, organismos internacionales, universidades, instituciones de orden regional y nacional han expresado su apoyo y servirán como garantes de transparencia de la acción a realizarse en el mes de noviembre. Finalmente, cabe rescatar que la financiación y logística, tanto del día de votación como del proceso de campaña, fue asumido por parte de las mismas comunidades integradas en el comité.

 

* Vocero comité por la protección del agua, la vida y el territorio.

 

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“La defensa del territorio en Colombia se paga con la vida”

La afrocolombiana Francia Márquez, premiada por plantar cara a la minería en Colombia, recorre Europa para denunciar el impacto de las políticas extractivas en su país


De poseedora de un territorio ancestral a ser considerada objetivo militar. La activista afrocolombiana Francia Márquez (Suárez, Colombia, 1981) nunca imaginó que defender el río en el que pescaba de pequeña le obligaría a huir de su casa para no volver nunca más. “En Colombia defender el territorio se paga con la vida”, señala a su paso por Bilbao dentro de una gira por toda Europa como referente internacional. En abril, recibió el Premio Goldman 2018, considerado el Nobel ambiental, por plantar cara a la minería ilegal y a la construcción de represas en su país. “Mi voz ya se oye por todo el mundo. Pero mi vida y la de mi comunidad siguen en peligro: presionen a sus empresas para que no saqueen más Colombia”.


Eran tan ingenuos los recuerdos de infancia en ese río que no comprendía por qué se los querían quitar. El Gobierno colombiano había proyectado desplazar el río hacia una presa. Márquez tenía 15 años y decidió unirse a las protestas. “Hasta ese momento sentía vergüenza por ser negra, por vivir en un entorno rural y descender de esclavos”. Comenzó a participar en las primeras charlas de una organización de comunidades negras en defensa de su cultura y territorios. Y cayó en la cuenta de que el color de su piel no era motivo de complejos. “Procedía de personas libres que fueron esclavizadas, que es muy distinto de lo que me habían contado en la escuela”. Y el río Ovejas pertenecía a esos mismos antepasados. Las protestas mantuvieron vivo el río.


El Gobierno entregó después en 2009 una licencia de explotación minera a una empresa trasnacional que obligaba a desplazar a las 6.000 personas que conformaban su comunidad. A sus recuerdos de pesca en el río Ovejas, ahora se le unían los de todos sus ancestros, familiares y vecinos. “Comenzamos a estudiar las leyes, a contactar con abogados, a recorrer Estados Unidos en busca de aliados”, relata Márquez con un acento cantarín, dos grandes ojos negros y el pelo lleno de trenzas. “En nombre del desarrollo nos esclavizaron y ahora en nombre del desarrollo nos expulsaban de nuestras tierras", dice.


Y consiguieron plantar cara a la multinacional: documentaron que la primera presencia de la comunidad databa de 1636 y que la Constitución reconocía el derecho de los pueblos indígenas, campesinos y afrodescendientes sobre sus territorios. Presentaron así una demanda contra el Gobierno “por violar sus derechos fundamentales”.


Al año, les daban la razón. Ordenaron que se respetaran los títulos de tierra, se paralizaran los desplazamientos y se realizara una consulta previa para otorgar nuevas licencias de explotación minera. Sus recuerdos quedaban salvados, la comunidad fortalecida y ella fue nombrada máxima autoridad local.


El río Ovejas seguía atravesando La Toma, en el departamento de Cauca. Sin embargo, la minería ilegal comenzaba a sitiar la región con maquinaria pesada. “En 2010 llegaron las primeras retroexcavadoras y con ellas las primeras enfermedades por el aumento de los niveles de mercurio en el agua”. Estima que los mineros de oro ilegales vierten más de 30 toneladas de mercurio en los ríos y lagos de la región al año, envenenando a los peces y la gente que habita sus orillas.


En los siguientes cuatro años más de 2.000 máquinas perforarían el río en busca de oro. La guerrilla y los paramilitares también se habían fijado en el valor de los recursos que bañaba el río Ovejas. “Tocaba actuar antes de que nos mataran las balas o el mercurio”.


Márquez volvió a repasar las leyes y a consultar a organizaciones internacionales. Hasta que de nuevo, decidió actuar. En 2014 inició junto a otras 18 mujeres la “Movilización de Mujeres Negras por el cuidado de la vida y de los territorios ancestrales”, rebautizada después como la “Marcha de los Turbantes”. Caminaron desde su territorio hasta la capital y visitaron por el camino a otras comunidades amenazadas. En 10 días recorrieron 350 kilómetros y llegaron a Bogotá con el apoyo total de 150 mujeres. “Nos recibían las instituciones pero nadie mostraba un compromiso real por cambiar nuestra situación”. Así que decidieron acampar en “asamblea permanente” frente al Ministerio de Interior y la Presidencia del Estado.


El Gobierno les acusó de “amenaza contra la seguridad nacional”. Pero ya nadie se atrevía a tocarlas. Los medios nacionales e internacionales seguían al detalle su marcha y sus protestas. Al Gobierno no le quedó otra que sentarse y dialogar. “Así mandaron destruir toda la maquinaría que perforaba la región y hacerlo de manera pública”. En 2015 recibió el Premio Nacional como Defensora del Año de Colombia y fue invitada a participar en el proceso de paz que se desarrollaba en La Habana.


A pesar de toda su trayectoria de lucha, la voz de Márquez no transmite euforia. Desde que su nombre apareciera en la firma de la denuncia contra el Gobierno en 2010, no ha dejado de recibir amenazas. “Al principio, lo ignoras. Después, te incomodas. Hasta que un día te avisan de que tienes que salir corriendo porque hay hombres con armas preguntando por tu casa”. Y así vive ahora: luchando por la defensa de un territorio al que no puede regresar.


El pasado mes de abril recibió en París el Nobel del medioambiente, el Goldman Environmental Prize 2018. Pero conoce el desenlace de otras mujeres que recibieron el mismo premio en reconocimiento a los mismos méritos. “Berta Cáceres también lo recibió. Ahora está muerta. Aquí no hay premio que te ponga a salvo”. Durante los días que ha visitado Bilbao ha participado en el Curso Internacional sobre Economía Popular que imparte la ONGD Paz con Dignidad. “Los privilegios de Europa se sostienen en los saqueos a otros países. Os pedimos que pongáis vuestro desarrollo al servicio de la vida de nuestras comunidades. Nos están matando, es un genocidio”, denunció.


En breve saldrá hacia Barcelona y después continuará de gira por Europa hasta regresar a su nueva casa donde seguirá luchando por la defensa del río Ovejas, el mismo en el que pescaba de pequeña junto a su madre y al que nunca más podrá regresar.


La coordinadora de ONGD de Euskadi cumple 30 años y el pasado 27 de septiembre, más de 400 personas aprovecharon para celebrar su aniversario. Durante la gala, premiaron a Francia Márquez en “representación de la lucha de los pueblos del Sur” a los que han acompañado durante todos estos años.


Márquez aprovechó su turno de micrófono para denunciar la muerte de los defensores de derechos humanos en su país. “No nos interesan las ONG que limpian la cara a las empresas que nos están matando. La cooperación no es dar limosna. Recordad que los privilegios de Europa proceden del saqueo de nuestros territorios. Seguid impulsando un desarrollo que garantice la vida y no la muerte”, enfatizó la activista colombiana y ya de ruta por Europa.

Por Iñaki Makazaga
Bilbao 1 NOV 2018 - 18:00 COT

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Consulta popular legítima del municipio de San Lorenzo –Nariño–

Tras un prologando y participativo proceso comunitario, el próximo 25 de noviembre quienes habitan el municipio de San Lorenzo en el departamento de Nariño se pronunciarían, Sí o No, sobre la explotación minera en su territorio. La consulta va pese a lo decidido en días anteriores por la Corte Constitucional sobre este tipo de consultas, y al bloqueo que desde el ministerio de Hacienda y el organo electoral le han interpuesto a esta iniciativa colectiva, expresión del constituyente primario.

 

San Lorenzo es un Municipio con una inmensa riqueza ambiental, se encuentra ubicado en el norte de Nariño, con numerosos nacimientos de arroyos y quebradas que alimentan los ríos Mayo y Juanambú, el agua que brota de las montañas surte acueductos y distritos de riego no solo dentro de San Lorenzo, también benéfica a los municipios vecinos de la Unión, Taminango, Arboleda y Cartago. La vocación del municipio históricamente ha sido agropecuaria, donde se destaca la producción de café de alta calidad, frutales, pequeña ganadería y una producción diversa de alimentos.

 

En el año 2008 sin consultar a las comunidades se entregaron títulos mineros a grandes empresas multinacionales y en el 2010, inicia exploración la multinacional Mazamorras Gold en los corregimientos de San Rafael y Santa Marta en el municipio de San Lorenzo y las Veredas Olaya y El Volador en el municipio de Arboleda; al poco tiempo los campesinos de la zona vieron los efectos ambientales, sociales y de violencia que ocasiona la gran minería; las comunidades alarmadas por los estragos que se venían desencadenando deciden tomar acciones de hecho para liberar el territorio y expulsan a esta multinacional, este fue el inicio de una lucha constante para proteger el agua y el territorio, y continuamente han creado conciencia en todos los otros corregimientos, esto, gracias al incansable trabajo de organizaciones campesinas locales; a pesar de que se hizo respetar la decisión de las comunidades, los conflictos con las empresas multinacionales siguieron, generando incluso hechos de violencia.

 

Las organizaciones campesinas comenzaron a buscar alternativas para hacerle frente a la amenaza inminente de la megaminería, e incluso fueron más allá del mismo municipio; acciones como la Construcción del Territorio Campesino Agroalimentario del Macizo Norte de Nariño y sur del Cauca –Tcam– que es una estrategia de protección del territorio y el ejercicio de los derechos campesinos, la realización de foros mineros locales, regionales y departamentales entre otras; es precisamente en el foro de “Agua y minería” realizado el 2 de julio de 2017 en Berruecos (Nariño) que se decide adelantar procesos de consulta popular para refrendar la voluntad de las comunidades y sus instituciones locales de proteger el territorio, sus bienes naturales y la vocación agropecuaria y cafetera de estos municipios.

 

De inmediato inicia el proceso de consulta popular minera en cinco municipios del Tcam; en San Lorenzo, la comunidad y las organizaciones campesinas con el apoyo de la alcaldía logran que el Concejo Municipal dé el concepto de conveniencia, y que el tribunal contencioso administrativo de Nariño emita un concepto de constitucionalidad, pero el Ministerio de Hacienda, la Registraduria Nacional y últimamente la Corte Constitucional, han puesto obstáculos para la realización de la consulta con los argumentos que no hay recursos para su financiación y la existencia de un conflicto de competencias entre el estado nacional y los entes territoriales, y en última instancia la decisión de la Corte Constitucional de que las comunidades no pueden decidir sobre el uso del subsuelo a través de mecanismos de participación, en especial las consultas populares, así como la decisión por parte del Consejo Nacional Electoral de acatar la determinación de la Corte y ordenar suspender todos los proceso de consulta para frenar proyectos megamineros hasta que el legislativo se pronuncie frente al tema, en una clara negación al derecho fundamental a la participación y a la vida misma.

 

A la fecha, según la Agencia Nacional de Minas, no se tiene títulos vigentes ya que en el 2017 y en el mes de septiembre de 2018 se presentaron renuncias por parte de las multinacionales a los títulos otorgados, sin embargo en los datos publicados por la misma agencia aparecen 20 solicitudes para realizar exploración y explotación minera a gran escala en el municipio, por lo cual la comunidad no baja la guardia y se ve en la obligación de tomar acciones para proteger el legado de las futuras generaciones.

 

Las organizaciones sociales y comunitarias, con el apoyo de la institucionalidad local articuladas en el “Comité por la protección de agua, la vida y el territorio”, como ente promotor de la consulta, decide continuar el proceso democrático de la consulta minera de manera legítima y convoca su realización para el 25 de noviembre de 2018, para que jóvenes y adultos participen activamente y tomen una decisión cuantificable del querer frente a la implementación de proyectos megamineros en el Municipio de San Lorenzo.

 

La pregunta aprobada por el concejo Municipal y el Tribunal Contencioso Administrativo de Nariño, y que se pone a consideración de la comunidad lorenceña es la siguiente:

 

“Está usted de acuerdo SI o NO con que en el municipio de San Lorenzo (Nariño) se realice exploración y explotación minera de metales e hidrocarburos”?

 

El proceso de la consulta legítima, siguiendo lo estipulado en el Código electoral de Colombia, camina con paso firme, teniendo a la juventud como actor principal, a líderes y lideresas comunitarias trabajando de manera mancomunada e incansable en cada vereda, yendo a cada casa a promover la protección del agua y la vida.

 

Es un hecho la realización y ejercicio de esta práctica democrática, y serán los lorenceños quienes se encargarán de hacer respetar el mandato que emane de la consulta; pero además, organismos internacionales, universidades, instituciones de orden regional y nacional han expresado su apoyo y servirán como garantes de transparencia de la acción a realizarse en el mes de noviembre. Finalmente, cabe rescatar que la financiación y logística, tanto del día de votación como del proceso de campaña, fue asumido por parte de las mismas comunidades integradas en el comité.

 

* Vocero comité por la protección del agua, la vida y el territorio.

 

Publicado enEdición Nº251
Cinco violaciones de derechos humanos por multinacionales europeas que hacen necesario un tratado vinculante

Arranca la cuarta ronda de negociaciones para lograr un tratado vinculante sobre multinacionales y violaciones de derechos humanos. Organizaciones de todo el planeta denuncian la impunidad con la que estas empresas pueden evadir sus responsabilidades.

Esta semana se celebra en Ginebra la cuarta sesión del grupo de trabajo intergubernamental encargado de elaborar un tratado vinculante sobre empresas transnacionales y derechos humanos. Más de 100 organizaciones internacionales, movimientos sociales y representantes gubernamentales se reúnen para negociar un acuerdo que aborde las lagunas en la legislación nacional e internacional y hacer frente así a las complejas estructuras jurídicas de las empresas transnacionales, con la intención de que las compañías matriz de las grandes multinacionales sean responsables de las violaciones a los derechos humanos que realizan sus empresas subsidiarias en todo el mundo.


Una investigación coordinada por varias organizaciones civiles —como Amigos de la Tierra Francia, el Centro Europa-Tercer Mundo (CETIM) o el Transnational Institute (TNI)— revela que los argumentos para obstruir y oponerse a la elaboración de un tratado vinculante que ha realizado la Unión Europea (UE) en las negociaciones son exactamente iguales que los argumentos de los grandes lobbies industriales.


“La UE no hace más que repetir como un loro lo que dicen los lobbies empresariales internacionales en este grupo de trabajo de la ONU, con los mismos argumentos y a veces las mismas palabras. Se deben tomar medidas para proteger el proceso de la ONU de influencias corporativas dañinas", explica Juliette Renaud, de Amigos de la Tierra Francia.
El informe, llamado The EU and the corporate impunity nexus , presenta además una serie de casos de empresas europeas donde, tras los apellidos como “verdes” y “responsables”, se esconden prácticas que contradicen totalmente el discurso que utiliza la UE para defenderlas como tales. La exposición de este tipo de prácticas por parte de estas empresas europeas se ha hecho para mostrar la necesidad de que avancen las negociaciones para un tratado internacional vinculante.


“Los estudios de casos de las multinacionales europeas que hemos incluido en este informe muestran cómo prevalece actualmente la impunidad de las empresas y a las comunidades afectadas se les priva de justicia”, declara Mónica Vargas, del Transnational Institute (TNI), quien añade que “un tratado vinculante sobre las transnacionales y los derechos humanos que sea robusto será un cambio de juego en el ámbito del derecho internacional de los derechos humanos”.


LA PETROLERA SHELL Y LA PATAGONIA ARGENTINA


La holandesa Royal Dutch Shell, junto a otras empresas como Chevron, BP, Total, Wintershall y Statoil, participa en un proyecto de extracción de gas y petróleo no convencionales en la provincia Neuquén, en la Patagonia argentina. Según relata la organización Observatorio Petrolero Sur , la filial de argentina de la petrolera, Shell CAPSA, participó en la perforación de pozos en las inmediaciones del área natural protegida Auca Mahuida, violando la legislación de protectora del medio ambiente. Tampoco se tuvo en cuenta la preexistencia étnica y cultural de los pueblos indígenas de Argentina, como las comunidades mapuches afectadas, y su derecho al territorio consagrado en la Constitución argentina.


Esto llevó a las organizaciones de la sociedad civil a presentar una declaración conjunta al Comité de Derechos Humanos de la ONU en 2016 y, en 2017, a presentar otro documento al Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de la ONU. La única vez que Shell reconoció los impactos adversos de sus operaciones en una comunidad Mapuche fue cuando en la firma de un acuerdo voluntario de compensación, en el que no reconoció los derechos indígenas como tales, ignorando la Constitución del país y las denuncias ante la ONU.
las energéticas españolas y el Istmo de Tehuantepec


Las empresas españolas Iberdrola, Gas Natural Fenosa, Acciona, Renovalia y EDF están implicadas en el desarrollo del mayor corredor eólico de América Latina, que está provocando numerosos impactos en el territorio y en la población de la zona, predominantemente indígena. Según relata el Observatorio de Multinacionales en América Latina (OMAL) en el informe, el proceso de construcción del Corredor Eólico Istmo de Tehuantepec no ha garantizado el derecho al consentimiento libre, previo e informado. Asimismo, ha implicado el uso de medios ilegales para modificar la propiedad de la tierra de la comunidad y falsas promesas para engañar a la población para que firme contratos de arrendamiento de sus tierras. Además, aunque la energía eólica se considera energía limpia, este megaproyecto está teniendo múltiples impactos en el territorio, que van desde cambios en el uso de la tierra e impactos ambientales, hasta la militarización y la masculinización del territorio.


Sin embargo, a pesar de las diversas violaciones de los derechos y de las numerosas sentencias judiciales aún pendientes, las peticiones de cancelación de contratos o de suspensión de los proyectos iniciados sin consulta previa sólo han dado un resultado positivo en un pequeño porcentaje de los pocos casos.


G4S Y LOS TERRITORIOS PALESTINOS OCUPADOS


La multinacional de seguridad británica G4S se ha hecho famosa por ofertar la realización de servicios “de baja reputación” a gobiernos, tales como la detención de migrantes o el control de fronteras. Según denuncia en este informe la organización española Instituto internacional por la Acción no Violenta, Novact, este tipo de externalizaciones por parte de los Estados puede difuminar y dificultar la depuración de responsabilidades de gobiernos y las empresas privadas en las violaciones de los derechos humanos mientras se acometen estos servicios.


La empresa británica ya ha recibido varias denuncias por ofrecer a los gobiernos una manera low cost de realizar este tipo de servicios de seguridad y transferir las responsabilidades a esta, la cual se protege mediante su estructura internacional y, según Novact, “crea un entorno propicio para que se cometan violaciones de los derechos humanos”.


A través de su filial israelí, G4S se ha visto implicada en varias denuncias de violaciones de derechos humanos en los territorios palestinos ocupados. Las primeras violaciones se denunciaron en varios centros de detención gestionados por la empresa, donde los menores permanecieron en régimen de aislamiento durante días. Otra de las denuncias por el maltrato de mujeres palestinas, especialmente mujeres embarazadas, en centros de detención controlados por la compañía. Un tercera denuncia abarca todas las operaciones de G4S en territorios ocupados palestinos. A pesar de que el Punto de Contacto Nacional británico concluyó que se habían producido violaciones, no se pudieron tomar medidas legales, ya que G4S vendió la mayor parte de sus activos israelíes en 2016 a inversores locales, aunque los nuevos propietarios conservaron el equipo de gestión de G4S.
Indra, la militarización de las fronteras y Yemen


La empresa española Indra continúa su paso firme para convertirse en una de las principales empresas europeas de defensa y seguridad. Según denuncia el Centre Delàs en el informe, Indra tiene una enorme fuerza como lobby en Bruselas y participa en la elaboración de directrices estratégicas del Programa Europeo de Investigación sobre Seguridad, lo que ha dado lugar a un mayor número de contratos para la empresa española.


Cuando en 2005 se decidió reforzar el muro de la frontera marroquí en Ceuta y Melilla, Indra y otras dos empresas (ACS y Ferrovial) ganaron 8 de cada 10 euros que se destinaron al desarrollo fronterizo. Gracias, en parte, a las presiones como lobby de Indra y de otras empresas del sector, la UE destinó 2.000 millones de euros a reforzar sus fronteras exteriores entre 2007 y 2013, y solo 700 millones de euros a mejorar las condiciones de vida de los refugiados y solicitantes de asilo.


Según el Centre Delàs, el ejemplo más claro es la guerra en Yemen. Armas con componentes producidos por Indra están siendo utilizadas por la coalición saudí para bombardear objetivos civiles. La violación de los derechos humanos por parte de un país al que una empresa con participación del Estado español (un 18,7% de sus acciones están en manos de la empresa estatal SEPI) ha vendido armas, según el informe, haría cómplices a Estado y multinacional de las violaciones de los derechos humanos y los presuntos crímenes de guerra cometidos por Arabia Saudí.


SYNGENTA Y LA MUERTE DE TRABAJADORES DEL ALGODÓN EN LA INDIA


En Yavatmal, región algodonera de la India, varios trabajadores del algodón fueron envenenados mientras fumigaban entre julio y noviembre de 2017. Al menos 50 murieron y más de 1.000 enfermaron, algunos durante meses.


Syngenta, una multinacional anteriormente suiza que ahora es de propiedad china, fabrica Polo, uno de los plaguicidas involucrados en este caso. Su ingrediente activo, el diafentiurón, está clasificado como ligeramente peligroso por el Gobierno de la India y altamente peligroso por la Pesticide Action Network (PAN) India. Por ley, los fabricantes de plaguicidas, como Syngenta, deben capacitar a los usuarios y garantizarles el acceso al equipo de protección personal y al equipo médico necesario en caso de envenenamiento. Algo que, según relata en el informe la organización suiza MultiWatch, no parece haberse hecho en el caso de la India. Tampoco se ha proporcionando información en los idiomas locales sobre seguridad de uso, algo también obligado para este tipo de productos.


Una coalición de ONG presentó un informe a la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO) y a la Organización Mundial de la Salud (OMS) para denunciar a Syngenta y a otras empresas químicas con sede en la UE por violar el Código Internacional de Conducta para la Gestión de Plaguicidas, un código de aceptación voluntaria. Sin embargo, estos organismos de las Naciones Unidas no han cumplido ninguna recomendación específica y la empresa no ha sido sentada ante ningún tribunal.

Yago Álvarez
@EconoCabreado
2018-10-15 16:48:00

 

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"No nos preguntamos si los productos que consumimos están bañados en sangre"

La activista colombiana denuncia la complicidad del Estado colombiano en la minería ilegal, un cáncer que contamina sus ríos y deforesta sus tierras.



.-¡Negra¡, gritó la niña al verse en el espejo. //Desde entonces, ese es mi color favorito”. Ese fue el verso elegido por Francia Márquez, la mujer afrocolombiana que ostenta el premio Goldman, considerado como el Nobel del Medioambiente, en la presentación del libro "Horas de guerra", minutos de paz, de Emilio Polo. Era uno de los muchos actos que ha mantenido durante su gira por España para subrayar el abandono de sus comunidades por parte del Estado.


La activista es del Cauca, una de la zonas más golpeadas por la guerra en Colombia donde a pesar de los pactos firmados entre las FARC y el Gobierno, la guerra persiste. A esa violencia han de sumar la que trae la minería ilegal: un auténtico cáncer en sus territorios que se está comiendo su tierras –que son deforestadas en busca del metal- y ríos, envenenados por el mercurio utilizado para separar sustancias. Márquez empezó como activista siendo una adolescente, pero su “master” como defensora del medio ambiente le llegó tras una marcha que realizó para gritar al mundo, tras un sinfín de denuncias infructuosas, que la minería ilegal estaba acabando con sus tierras. Caminó 350 kilómetros durante 10 días junto con otras 130 mujeres y jóvenes. Consiguió sacar unas máquinas retroexcavadoras de sus tierras, pero solo unas; las hay por miles. Según fuentes de la Fiscalía colombiana, el 80% de todo el oro minado anualmente en Colombia se produce de forma ilegal con métodos que causan una devastadora destrucción ambiental. Un reciente estudio de la Universidad Externado de Bogotá encontró que hasta 80 ríos del país están contaminados. La Fiscalía también señala que diez importantes ríos están a punto de "desaparecer".


Francia Márquez, que tuvo que desplazarse de su tierra y vive amenazada, dice haberse inspirado en la sabiduría de sus mayores, “gente que no sabía leer pero que le decían: ‘ustedes tiene que cuidar al río como a su papá y a su mamá, porque eso es el ciclo de vida’”.


Usted denuncia una política extractivista por parte del gobierno colombiano que va en contra de las comunidades


Desde que se empezó a vender a Colombia como un país para la minería, se disparó la minería ilegal en toda la región del Pacífico. Para mí, la minería ilegal es una estrategia para justificar la gran minería y esa política extractivista en Colombia que no mira a las comunidades. Porque la minería ilegal ha llegado a nuestras regiones con la complicidad de las instituciones del Estado, que dejan pasar esas máquinas retroexcavadoras por nuestros caminos hasta llegar a los ríos. ¿Cómo llegan esas máquinas allí, no los ven los retenes de la fuerza pública? Pareciese que esas grúas y dragas fuesen cájas de fósforos se llevan en un bolsillo. ¿Quién permite esa compra de un mercurio que forzosamente debe ser importado del exterior? Con licencias o sin ellas, solo hay que asomarse y ver cómo se están destruyendo el territorio, pero eso no lo ven ni el ejército ni las instituciones ambientales.


Les acusan de ir contra el desarrollo


En muchos territorios donde el Gobierno ha entregado títulos mineros a empresas, se nos ha acusado de ser perturbadores de mala fe. Cuando nos dicen que nos oponemos al desarrollo, yo pregunto: ¿al desarrollo de quién? A la gente la han despojado de sus tierras y ahora se ven forzadas a trabajar en latifundios de caña de azúcar, monocultivos que solo dan intereses para los grandes terratenientes. ¿De qué desarrollo estamos hablando si para construir una represa han tenido que quedar sepultadas las tierras con las que vivíamos del café, cacao y plátano, la pesca y la minería artesanal?.


El problema de la minería ilegal viene de hace años, pero además ahora con el nuevo Gobierno estamos saltándonos la Constitución del 91 y retrocediendo a la del 86, donde los afrocolombianos no teníamos derechos. Esos derechos fundamentales que nos permitían proteger nuestros territorios, entendidos como espacio de vida, donde podíamos recrear nuestra cultura, se han ido menoscabando. Se está presentando un proyecto de ley para que el derecho fundamental de la consulta previa [otorgado para la poblaciones originarias] no sea un obstáculo para la élite que defiende que el desarrollo se mida en términos económicos y no en bienestar social.


Resulta paradójico que ríos en su país sean sujetos de Derecho y sus gentes no tengan ni agua potable, ni pescado que comer


Se explica si miras a sus habitantes: somos negros. Y yo no me olvido de nuestra historia, a nosotros nos dijeron que éramos salvajes. A nosotros nos quitaron nuestra humanidad. Y eso está ahí: el racismo hace que nosotros seamos considerados como cosas que no merecemos derechos. Y cuando nos dan derechos, se quedan en el papel. Y cuando los exigimos, nos replican: “Su derecho no puede obstaculizar nuestro desarrollo”.


Estamos hablando casi más de derechos humanos que de medioambiente


Es que no se pueden separar. Están totalmente relacionados. Para mí, la naturaleza no se desprende del territorio, que es vida. Y esa es parte de nuestra lucha, luchamos por nuestro modo de vida, luchamos por el río.


No parece que quede mucho espacio para los derechos humanos hoy en Colombia, a pesar del pacto entre las FARC y el Gobierno


Es cierto. Como comunidades afro, como campesinas y como mujeres hoy le apostamos a la paz, pero el nuevo panorama es muy duro: está el ELN, las disidencias de las FARC, los paras, los narcos… A mí se me parte el corazón, porque tenía la esperanza de que el conflicto iba a disminuir, y sí, ya no hay bombardeos, pero la violencia sigue, entre otras cosas, porque el Gobierno no cumple con su compromiso de implementación de esos acuerdos de paz.


No podemos hablar de paz cuando vivimos realidades como el horror del desplazamiento forzado. La semana pasada en una audiencia pública el gobernador de Nariño denunciaba que en este año se han desplazado por el conflicto armado 5.000 personas en su departamento. ¿No lo ven? Allí no hay que hablar de guerrillas, hay que hablar de gente que lucha todos los días por vivir de una forma digna y que por el contrario, les ha tocado vivir una guerra que no es la suya, una guerra que ha sido introducida por un mismo sistema económico de muerte.


Yo quisiera que no haya gente muriendo en los territorios, sobre todo porque muchos de los jóvenes, de la gente que está en esos grupos armados, son los nuestros. Y se van al ejército, a la policía o a los paramilitares por absoluta necesidad. En muchas comunidades el Estado no está en términos de inversión social. Las vías las levantan la gente a punta de pico y pala. No obstante, sí están para entregar nuestras tierras a empresas multinacionales.


La semana pasada daban el Nobel de la Paz a dos personas que luchan contra la violencia sexual ejercida contra las mujeres en la guerra. ¿Qué pasa en su país?


Ese tema no es algo que yo haya trabajado, pero por ejemplo en Buenaventura, en el mayor puerto de Colombia, el feminicidio ha sido una estrategia para generar terror en la comunidad y entrar allí con un megaproyecto sin tener oposición.


¿Qué responsabilidad tiene la comunidad internacional en esa compleja guerra?


Muchas de las presiones económicas que tenemos sobre los territorios tienen que ver con las empresas que se han lucrado y saqueado nuestros territorios, que son las mismas que esclavizaron a nuestros ancestros y ancestras. Unión Fenosa, entre ellas.


En Europa hay muchas empresas que están violentando y vaciando nuestros territorios. Y eso pasa en mi país, en el resto de Latinoamérica y en África. La gente que se está cruzando el Mediterráneo, que se está muriendo en él, es producto de cómo le han destrozado su casa, de no tener condiciones de vida dignas. Y los que tienen la suerte de llegar y no morir, deben soportar la discriminación y el maltrato, que les traten como basura.


Luego, cada persona debe ver qué hace y cómo consume. No nos preguntamos si los productos que consumimos están bañados de sangre, si el costo de obtenerlos implica la destrucción de ríos y envenenamiento del territorio. Hoy el cambio climático es una muestra de que es necesario transformar esa visión de vida basada solo en el consumo. Hay que repensarnos la vida. Pero algunos, quienes tienen una serie de privilegios, no quieren verlo: creen que los recursos son ilimitados. Quizás nosotros somos los primeros que nos vamos a morir allá, pero el planeta se está apagando día a día. Todos los días esa lucecita se va mermando y va a llegar un momento en donde ya no va a alumbrar más.

 

Madrid
Actualizado: 15/10/2018 07:32

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La Comisión Interamericana analizará violaciones de derechos humanos causadas por el fracking

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) realizará una audiencia informativa el próximo 3 de octubre para conocer la situación general de la utilización de la fracturación hidráulica (fracking) y la violación a los derechos humanos de comunidades y personas defensoras a consecuencia de esta actividad en el continente americano. La audiencia responde a una solicitud realizada por 126 organizaciones de América Latina, encabezadas por la Alianza Latinoamericana Frente al Fracking (ALFF).

La audiencia se realizará en la ciudad de Boulder, Colorado, Estados Unidos, en el marco del 169 período ordinario de sesiones de la CIDH. En ella, personas defensoras y representantes de comunidades afectadas presentarán información detallada sobre los impactos a los derechos humanos, así como los impactos ya documentados y los riesgos potenciales derivados de las actividades de fracking en América Latina.


Las organizaciones agrupadas en la ALFF buscan proponer una serie de recomendaciones a la CIDH y a los gobiernos de la región para garantizar los derechos humanos frente a los riesgos de este método de explotación de yacimientos no convencionales de hidrocarburos.


De acuerdo con la solicitud de audiencia, en Latinoamérica existen cerca de 5,000 pozos de fracking. En Argentina, aproximadamente existen 2000 pozos. Mientras en Chile, según datos oficiales, actualmente se ha aprobado la fracturación de 182 pozos, la gran mayoría en la isla de Tierra del Fuego. En el caso de México, el número de pozos de fracking supera los 3,350, aunque las organizaciones firmantes señalaron que existen retos en materia de acceso a esta información. Por su parte, en Brasil y Colombia se han firmado contratos que permiten la exploración y explotación, y en Bolivia se ha comenzado la prospección y los estudios de muestras de yacimientos no convencionales.


Organizaciones de Argentina, Bolivia, Brasil, Colombia, Costa Rica, Chile, Ecuador, México, Paraguay, Perú y Uruguay firmaron en julio pasado la solicitud de audiencia a la CIDH.


“El avance del fracking en América latina se realiza a ciegas porque no se conoce con certeza la totalidad de las sustancias químicas empleadas, ni sus efectos combinados o sinérgicos, los riegos reales y potenciales, ni la efectividad de las medidas de mitigación”, resaltó Claudia Velarde, abogada de la Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente (AIDA). “Lo que sí se conoce son sus daños en el ambiente, en la cantidad y calidad del agua, en la salud y en los derechos humanos colectivos”.


Mientras en diversos países de América Latina se promueve el fracking, otros países, estados y provincias de Europa, América y Oceanía lo han prohibido por los impactos y riesgos ambientales y para la salud que implica. La solicitud a la CIDH destaca que “ninguno de los países donde se aplica el fracking posee un conocimiento integral de los riesgos e impactos irreversibles que puede ocasionar al ambiente y a la vida de las personas y comunidades. Sin embargo, se cuenta con sobrada evidencia científica de sus efectos negativos sobre la población, a partir de la experiencia de uso intensivo de esta técnica en Estados Unidos.”

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Viernes, 31 Agosto 2018 07:51

Plebiscitos y movimientos antisistémicos

Plebiscitos y movimientos antisistémicos

Las consultas populares tienen una extensa historia en América Latina. Se han multiplicado en los años recientes, buena parte de ellas organizadas por los movimientos sociales. En algunos casos, para apoyar o rechazar una legislación determinada avanzada por el gobierno o el parlamento. En otros, para fortalecer la posición de los movimientos ante el modelo extractivista. Siempre tienen ventajas y problemas serios.

Uruguay es uno de esos países donde han sucedido una decena de plebiscitos, con resultados muy diversos y hasta desastrosos. Voy a abordar sólo aquellos casos que están directamente vinculados a los movimientos, o sea que no han sido iniciativa de los gobiernos, o que éstos han aceptado por presión de aquellos para zanjar luchas sociales importantes.


En 1989 un amplísimo movimiento popular contra la impunidad llevó a plebiscito la Ley de Caducidad de la Pretensión Punitiva del Estado, o ley de impunidad, con la que el primer gobierno pos dictadura pretendía no juzgar a los militares violadores de los derechos humanos.


La ley había sido aprobada en diciembre de 1989 bajo fuertes presiones del entonces presidente Julio María Sanguinetti, con la excusa de que los uniformados no iban a aceptar ser juzgados y que podían amenazar nuevamente la democracia. Sólo la izquierda se opuso en el parlamento, cuando tenía apenas 20 por ciento de los votos.


Apenas aprobada la ley, un tsunami social recorrió el país. En pocas semanas se formaron más de 300 comités en Montevideo para recoger firmas y derogar la ley. El proceso fue largo y complejo, hubo trampas burocráticas que obligaron a una impresionante movilización social: 30 mil brigadistas recorrieron todas las viviendas del país pidiendo firmas, dialogando con los vecinos y retornando hasta seis y siete veces para hacer efectiva la rúbrica.


Ese movimiento cambió el país y estuvo en la base del crecimiento imparable del Frente Amplio hasta que superó 50 por ciento de los votos. Pero el plebiscito se perdió (60 por ciento votó amarillo, en favor de la impunidad) y la derrota del “voto verde” supuso un batacazo para el movimiento popular del cual nunca se repuso.


Moraleja: las cuestiones éticas no deben someterse a plebiscito, hay que luchar por ellas toda la vida, como nos dijeron en su momento Madres de Plaza de Mayo.


A partir de aquel momento hubo varios plebiscitos, varios de ellos victoriosos, como aquel de diciembre de 1992 que frenó las privatizaciones. Sesenta y cinco por ciento de los uruguayos votamos por anular los artículos más importantes de la ley, caminando a contracorriente del continente donde se expandía una fiebre privatizadora, en particular en Argentina de Carlos Menem. Fue un triunfo importante del movimiento popular, pero a diferencia del plebiscito de 1989, la movilización no generó entramados y redes organizativas duraderas.


En Argentina hubo un plebiscito que cambió la lucha contra la minería a cielo abierto. Sucedió en Esquel en 1993 y fue, según Página 12, “la primera gran derrota de la megaminería en Argentina”(goo.gl/3NWpYi). El movimiento lo inició una comunidad mapuche que advirtió la presencia de la minera en sus territorios. Los vecinos hicieron múltiples reuniones hasta crear la Asamblea de Vecinos Autoconvocados por el No a la Mina.


Las numerosas marchas y asambleas forzaron a la autoridad local a convocar un plebiscito: 81 por ciento de los vecinos votaron No a la mina de oro y plata de Meridian Gold, pese a la campaña de los principales partidos de la provincia, en una ciudad de 30 mil habitantes en la sureña provincia de Chubut. Fue el comienzo de un amplio movimiento nacional contra la minería y el extractivismo que se agrupa en la Unión de Asambleas Ciudadanas, donde participan personas de más de 100 pueblos y ciudades de todo el país.


Un año antes había sucedido algo similar en Tambogrande (Perú) y en los años siguientes hubo decenas de plebiscitos en varios países de la región, entre los que cabe destacar los más recientes realizados en Colombia contra mineras. En Guatemala decenas de municipios han accedido a las peticiones de la población rechazando la minería y otros emprendimientos extractivos.


Llegados a este punto, es necesario sacar algunas conclusiones. La primera es que los plebiscitos pueden fortalecer a los movimientos cuando son convocados bajo su influencia y en las condiciones dictadas por ellos, siempre que no afecten cuestiones éticas, que nunca deben ser sometidas a votación.


La segunda es que siempre que se ha convocado a los habitantes de sitios donde hay emprendimientos mineros o grandes obras de infraestructura (hidroeléctricas, aeropuertos y puertos), la respuesta ha sido invariablemente negativa y esto ha fortalecido la resistencia.


La tercera es quiénes debe pronunciarse. No tiene sentido que todo un país decida lo que se va a hacer en un territorio; le corresponde sólo a la población afectada. En no pocas ocasiones los gobiernos han tomado la iniciativa pero sólo para desactivar resistencias.

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Sí se puede: Pueblos frenan minería en Perú

La carretera entre Cajamarca y Celendín viborea montaña arriba, en una sucesión interminable de curvas cerradas. El veterano dirigente campesino Hugo Blanco, con sus 83 años, ni se inmuta. Los demás vamos dando tumbos en el carromato, apenas distraídos por un paisaje de montañas y valles de tonos verdes, gracias al clima suave del norte del Perú.

A escasa distancia de Celendín, un pueblo grande de unos 25 mil habitantes, se yergue el proyecto minero Conga, de la minera Yanacocha, que pretende extraer oro y otros metales ubicados debajo de las lagunas. Conga consiste en el secamiento de todo el sistema hídrico que integran cuatro lagunas, cinco ríos, unos 700 manantiales, 103 hectáreas de humedales, 18 canales de riego y 102 fuentes de agua para consumo humano.


El Estado buscó imponer el proyecto aurífero mediante la declaratoria de dos estados de emergencia, la militarización de la zona, convenios entre el Ministerio del Interior y la minera Yanacocha y la criminalización de las rondas campesinas. Hubo cinco campesinos muertos y más de 200 lesionados, además de medio centenar de encauzados por la justicia.


Como el 80% de la economía de a región consiste en la agricultura y la ganadería familiares, la oposición a Conga fue siempre contundente y maciza. A fines de julio el encuentro de movimientos regionales en Celendín, convocado por la Plataforma Interinstitucional Celendina, mostró tanto el rechazo a la minera como la diversidad de actores en los pueblos.


Nicanor Huaipata de la Junta de Vecinos de Chonta denunció la escasez de agua para riego, la contaminación que provocan las reservas turísticas y la compra de dirigentes comunitarios por las empresas. Varios miembros de frentes de defensa y de las rondas campesinas recordaron que las regalías mineras que pagan las empresas son ridículas, apenas del 1%, y que nadie fiscaliza lo que se llevan.


Alan Arguedas representa a los trabajadores de Yanacocha. Enseñó estudios de contaminación en sangre y orina con metales pesados, luego de 15 años de trabajo en la mina, que afectan a decenas de empleados.
Las comunidades llevan casi una década resistiendo el proyecto Conga, en un país donde la minería ha causado estragos. Sólo Conga espera extraer oro por valor de 5.000 millones de dólares, lo que permite comprender el empeño de la empresa y de las autoridades en la continuidad del proyecto.


El principal símbolo de la resistencia a Conga es una mujer menuda, campesina y pobre: Máxima Acuña. En 1994 compró una parcela cerca de las lagunas donde Yanacocha pretende extraer oro. Desde 2011 viene siendo agredida. La empresa destruyó su casa de adobe y su huerto, pero el empeño en permanecer y resistir le ha valido el reconocimiento nacional e internacional. En abril de 2016 recibió el Premio Medioambiental Goldman.


Milton Sánchez pertenece al colectivo Guardianes de las Lagunas y es el referente de la plataforma de Celendín. Carga con varios juicios interpuestos por la empresa y el municipio. Acusan a Sánchez y a otros 15 vecinos de secuestro agravado, coacción e irreverencia a los símbolos patrios, por haber interrumpido una reunión y retener a los directivos.


Las comunidades de Cajamarca consiguieron una importante victoria al haber paralizado el proyecto Conga, aunque tienen muy claro que ganaron apenas una batalla. El largo proceso de resistencia les permite sacar algunas conclusiones.


La primera es que sólo una fuerte resistencia y organización comunitarias son la base de su resistencia. Hay fisuras y debilidades, mucha pasividad y comuneros que se pasan al lado de la empresa por necesidades, pero predomina la conciencia de que la minería es su condena a muerte como campesinos.


La segunda es que sólo la acción directa pacífica y masiva les permite avanzar. Los costos son muy altos, en presos y en juicios, pero no conocen otro camino que bloquear con sus cuerpos el trabajo de las multinacionales mineras y de sus socios locales. En ocasiones apoyaron candidatos en las elecciones, pero saben que eso no es solución sino apenas alianzas para defenderse.


La tercera es que la empresa y el Estado volverán a intentar poner en marcha la mega-minera. La lucha será muy larga para lo cual necesitan prepararse y formarse en el debate colectivo, el estudio y la construcción de alianzas. Para eso pusieron en pie la Escuela de Líderes y Lideresas Hugo Blanco Galdos, como un espacio para articular las luchas en el que participan 31 comunidades que resisten a Conga y a las mega-represas en el río Marañón a cargo de la brasileña Odebrecht.

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