Lunes, 28 Enero 2019 10:43

Dulce amargura

Dulce amargura

Señorita –le dice a la mujer que atiende la venta de tortas y otros dulces–, sáqueme de estos dolores, sáqueme de estas pesadillas; excúseme señorita, sáqueme de estas pesadillas, deme un poco de azúcar.

 

Quien así clama por un poco de atención y por algo para engañar el hambre y potenciar su ánimo, es un hombre de unos 40 años, que con sus restos de energía, baja con paso presto desde lo alto del barrio Buenos Aires en Medellín. Vestido con ropas maltrechas, carga en su espalda cajas que seguramente va recogiendo, como carga que le procurará unas monedas, esas que tanto le hacen falta bien para comprar algo de alimento para engañar el estómago o para comprar algo que le permita distraer su mente.

 

Lo observo y miro en él los efectos de una vida llena de ausencias, completa de maltratos. Pienso en su edad, y como me ocurre siempre en estos casos pienso si la apariencia de su edad no será mayor como efecto del hambre que carga a cuestas, de las noches soportadas en el frío del pavimento, del efecto del bazuco o del pegante inhalado como cobija para soportar el clima, la soledad y las tristezas. ¿Qué puede saber uno de edades en cuerpos siempre maltrechos por el desprecio social y la ausencia de autoestima? He visto decenas de esas vidas pasar cerca de mí cuando eran jóvenes y estaban con buen aspecto, y las he vuelto a ver meses después con aspecto totalmente cambiado, cuando aparentan una edad muy superior a la que en realidad tienen, y con seguridad que ahora estoy errado, tal vez no completa ni se acerca a los 40 años, pero eso es lo que aparenta. Es la vida, sin dignidad, a la que nos acostumbramos, unos como efecto de las exclusiones sociales, de las negaciones, tal vez de los errores propios o familiares, tal vez como efecto de haber habitado la cárcel una y otra vez, ese espacio donde todo se pierde, y otros como resignación y como efecto del discurso dominante, ese que dice que hay pobres porque “Dios así lo quiere”, o que así es porque siempre tendremos pobres y ricos; lo raro, pienso, cerrando la vista, es que los ricos siempre son los mismos.

 

La mujer a la cual acudió en procura de un poco de dulce acude a su llamado y le extiende ese pequeño sobre que contiene esos gramos que le endulzarán de mala manera, y por unos cuantos minutos, su existencia. Agradece y sigue su camino, con igual paso, rápido, como si fuera a llegar tarde al trabajo solamente él sabe de sus afanes.

 

Pero él, no es el único que en el sector que ahora exterioriza a primera vista su angustia y su miseria. No, más abajo, a cada paso, sentados en muros, parados, moviéndose, el transeúnte se encuentra con decenas de personas cada una de las cuales clama, no por dulce, sino por unas cuantas monedas como ayuda para tomarse una sopa, al decir de alguien, para pagar una pieza donde pasar la noche, dice otra sin que nadie le pida explicación del por qué requiere la ayuda, llevarle leche a sus hijos exclama una más, o simplemente para tomarse un tinto –como justo derecho–, en fin, juntar unas monedas para no morir de inanición, abulia, rabia o desespero.

 

Entre quienes hacen presencia allí, los que aún tienen algo para ofrecer como contraparte al transeúnte, extienden sus manos mostrando una bolsa con dulces de los más baratos, más allá son chicles, en fin, variedad de baratijas ofrecidas con la esperanza de reunir $10.000 o un poco más, así poder pagar una habitación para no pasar la noche a la intemperie, así como para poder degustar una sopa o algún líquido caliente y no permitir que las tripas dañen el sueño.

 

Este mar de miseria que desde hace años se ve por varias partes de Medellín, pero que asimismo en Bogotá, Cali o cualquier otra ciudad del país, le da forma a un paisaje asombroso. Cada dos pasos hay un rostro que te mira con desánimo, con evidente expresión de cansancio o desesperanza; cada dos pasos una vida humana lastrada, tratando de encontrar un bolsillo solidario, un bolsillo con unas monedas de más y que esté dispuesto a comprar lo que no necesita –un dulce, un chicle– o dispuesto a compartir tal vez $200 tal vez $500 pesos. “Unas monedas, por favor”, clama la voz de un joven que sorprende con su insistencia y al mismo tiempo con su resignación. Ahí, arrinconado por la exclusión.

 

Más allá de ellos, el paseante se encuentra con parejas que esta vez cantan u ofrecen algún otro producto de un mayor precio: mangos, bananos y similares. La diferencia entre los primeros y éstos es que los primeros no tienen ningún capital para invertir en alguna mercancía y así buscar una ganancia que le permita comprar, así sea, un poco de alimento, están en la total miseria, mientras que los otros, también excluidos, negados, marginados, tienen algunos pesos para instalar un plante. La esperanza no está del todo arrasada.

 

Entre unos y otros, son docenas de mujeres y hombres los que allí hacen presencia, en ocasiones con hijos a cuestas, con la calle como su sitio de “trabajo”, rebuscando algún alivio para sus cuerpos. Todos ellos son parte de los empobrecidos que por cientos, por miles, llenan las calles de esta ciudad, la “Bella Villa”, pero que también son inconfundibles en otras ciudades de este país de extremos, todos ellos muestra fehaciente de lo producido por una política económica que concentra la riqueza y multiplica la pobreza. Son los empobrecidos que desde siempre han llenado las calles de Colombia, en cada una de sus ciudades, pero ahora, tal vez por ser navidad, son más evidentes, pues las políticas de “seguridad ciudadana” y “espacio público” de la alcaldía optan por dejarlos que se rebusquen, pues tal vez temen que al perseguirlos o tratar de ‘levantarlos’ se opongan y revienten en cólera.

 

Yo regreso mi memoria y atisbo al hombre que en forma amistosa solicitó que lo sacaran de su dolor y de sus pesadillas –las de amargura acumulada cada día y que ahora le demandan azúcar para suavizarlas– y me imagino a esta multitud no solicitando sino exigiendo, no una a uno, cada cual por su lado, sino todos como masa sublevada, demandando justicia esperanza y me pregunto si cambiaría el paisaje de la ciudad.

 

Publicado enEdición Nº253
Uno de cada 10 latinoamericanos vive en pobreza extrema, el máximo en una década

La desigualdad baja y la carestía por ingresos se mantiene en América Latina y el Caribe, según la Cepal

Cuando se recorre el sector oriente de Santiago de Chile, lleno de altos y modernos edificios de hasta 300 metros en un barrio conocido como Sanhattan–en un guiño a Manhattan–, parece difícil de entender que en el mismo país haya un 8% de la población que reside en una vivienda sin agua potable o un inodoro. La tendencia ha ido en aumento en los últimos cinco años y hoy son más de 1,4 millones de chilenos los que subsisten en estas condiciones. La precarización de algunos de los servicios básicos está ligada directamente a la pobreza extrema, que según el informe Panorama Social 2018 de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal), presentado este martes en Santiago, ha alcanzado sus más altos índices de la última década en la región. Aunque la tasa general de pobreza medida por ingreso se ha mantenido estable, ligeramente por encima del 30%, y la desigualdad por ingresos se ha reducido considerablemente desde 2000, uno de cada 10 latinoamericanos vive actualmente en pobreza extrema (10,2%), la cifra más alta en una década.


En 2002 había 57 millones de personas en situación de carestía extrema en América Latina, cifra que creció hasta los 62 millones en 2017 y que ha vuelto a aumentar en un millón más, hasta alcanzar los 63 millones de latinoamericanos en 2018, según la proyección de la Cepal. "Aun cuando la región logró importantes avances entre la década pasada y mediados de la presente, desde 2015 se han registrado retrocesos, particularmente en materia de pobreza extrema", ha alertado Alicia Bárcena, responsable del brazo de Naciones Unidas para el desarrollo económico en la región, al tiempo que hacía un llamamiento a impulsar políticas públicas complementarias de protección social e inclusión laboral y redistributivas en materia de ingresos.


Sin datos de Venezuela


El aumento de la pobreza extrema de América Latina se explica, en buena medida por la mala evolución de Brasil, por mucho el país más poblado de la región, que en entre 2015 y 2017 vio cómo este problema pasó de afectar del 4% al 5,5% de su población. "Si bien en muchos países hubo reducciones o estancamiento de la pobreza extrema [Paraguay, Colombia, Costa Rica, Panamá, Chile o Ecuador], al momento de analizar la situación conjunta de la región, impacta lo que sucede en países con mucha población, como Brasil", ha explicado este martes en Santiago de Chile el oficial a cargo de la división estadísticas de la Cepal, Xavier Mancero.


El informe, que incide en la discrepancia entre los datos nacionales y los del propio organismo –que fija sus propios criterios para unificar la información–, una constante en todos los países de la región, no pudo siquiera analizar las cifras de Venezuela, una de las economías que peor evolución ha registrado en los últimos años: "Desde 2015 no tenemos datos de ese país", ha indicado Bárcena. La nula credibilidad de los datos que aporta el Gobierno de Nicolás Maduro hace imposible que el brazo de Naciones Unidas pueda ofrecer una cifra certera mediante el filtro estadístico que aplican a todas las naciones latinoamericanas y caribeñas.


La tasa de pobreza general por ingreso, por su parte, se mantuvo en 2017 en el 30,2% (184 millones de personas) en toda Latinoamérica, una tasa idéntica a la registrada un año antes.


Mejoras en desigualdad


Mejores noticias vienen por el lado de la desigualdad de ingresos, uno de los grandes talones de Aquiles de América Latina y el Caribe, la región más dispar del mundo, que acoge a algunas de las mayores fortunas del planeta y también a millones de personas en condiciones de fragilidad extrema. La inequidad de ingresos entre los hogares y las personas se ha reducido "apreciablemente" en la región desde principios de la década de 2000: el promedio simple de los índices de Gini —el indicador más utilizado globalmente— de los 18 países de América Latina analizados bajó de 0,543 en 2002 a 0,466 el año pasado. Sin embargo, el ritmo de reducción se ralentizó en los años recientes: mientras que entre 2002 y 2008 la disminución anual media de la desigualdad fue del 1,3%, entre 2008 y 2014 el ritmo bajó hasta el 0,8% y entre 2014 y 2017, hasta el 0,3%.


Colombia, El Salvador y Paraguay mostraron grandes reducciones de su desigualdad por ingresos en el periodo total analizado, mientras que otros, como Honduras y República Dominicana sufrieron deterioros. Pese a esta mejora, la todavía abrupta diferencia de ingresos entre latinoamericanos sigue "trabando el desarrollo" y permanecen como una "barrera" para la erradicación de la pobreza, la ampliación de la ciudadanía y la propia gobernabilidad democrática. "Nos queda una gran brecha por cerrar respecto a los países desarrollados", ha subrayado la secretaria ejecutiva de la Cepal.


Los indicadores, destacan los técnicos del organismo de la ONU, "confirman un panorama con interrogantes para una región que enfrenta desafíos de gran magnitud para la inclusión social y laboral de su población y en la que persisten profundas desigualdades, especialmente ante el actual contexto económico [con un crecimiento que tiende al debilitamiento tanto en el bloque desarrollado como en el emergente] y las transformaciones en curso en el mundo del trabajo". Vienen curvas y América Latina tiene que prepararse para un escenario marcado por la incertidumbre.


El salario del 40% de trabajadores, por debajo del mínimo legal


El trabajo sigue siendo el camino más rápido para salir de la carestía, pero los mercados laborales de los diferentes países de la región siguen caracterizándose por una oferta de empleos insuficiente y por brechas "significativas" en la calidad de esos empleos, en el acceso a la protección social y en los ingresos laborales, "que en una alta proporción son inferiores a los salarios mínimos legales [un abrumador 40% del total de trabajadores latinoamericanos, sobre todo jóvenes, mayores y mujeres, según los últimos registros] y a lo requerido para superar la pobreza y lograr niveles adecuados de bienestar, a raíz de lo cual una proporción importante de ocupados trabajan largas jornadas". Otra señal de la disfuncionalidad de los mercados de trabajo de la región: uno de cada cinco trabajadores latinoamericanos recibe ingresos laborales inferiores a la línea de la pobreza de su país, cifra que se dispara hasta el 35% en el caso de la población rural. Todo, a pesar de completar largas jornadas diarias, en muchas ocasiones por encima de lo pautado por ley.

La lacra de la informalidad sigue siendo, año tras año, marca de la casa de los mercados laborales latinoamericanos y caribeños. ¿Qué consecuencias tiene para los trabajadores estar fuera de los canales formales de contratación? La Cepal es clara: falta de acceso a cobertura de la seguridad social en salud y pensiones, a jornadas de trabajo definidas –incluidos descanso semanal y vacaciones anuales remuneradas–, a seguros por desempleo, accidentes y enfermedades laborales, así como a la protección de la maternidad y de la paternidad. Se llevan, por tanto, la peor parte. Y la evolución futura no parece augurar un cambio de tendencia a favor de la formalización de sus puestos de trabajo: "Las transformaciones en el mundo del trabajo asociadas a la revolución tecnológica pueden aumentar aún más la proporción de ocupados en esta situación", sentencia el estudio en referencia implícita a plataformas digitales que han favorecido el trabajo por cuenta propia.


Evolución positiva del gasto social


A pesar de un frenazo en el último año analizado, 2016, el gasto social mantuvo su tendencia al alza, al pasar en algo menos de dos décadas del 8,5% del PIB a 11,2%. En términos per cápita, esta partida prácticamente se duplicó entre 2002 y 2016, hasta rozar los 900 dólares. "Hay que reconocer que los países han hecho avances muy importantes para incrementar el gasto social", ha apreciado la jefa de la Cepal. Protección social, educación y salud se mantienen como los tres principales destinos de este tipo de gasto. Por países, Chile y Uruguay son los países que disponen de más recursos por persona para políticas sociales (2.387 y 2.251 dólares, respectivamente), seguidos por Brasil (1.631), Argentina (1.469) y Costa Rica (1.176). En el lado contrario, la región centroamericana y Bolivia quedan muy rezagadas: El Salvador y la citada nación andina alcanzan un promedio anual de 310 dólares y Guatemala, Nicaragua y Honduras quedan por debajo de los 220 dólares.


A pesar del "importante avance" de la región en el capítulo de gasto social, los técnicos del organismo supranacional inciden en los "grandes desafíos de financiamiento de las políticas sociales", en especial en los países que registran las mayores tasas de pobreza. Además, acotan, "los niveles de gasto siguen siendo muy inferiores a los existentes en países desarrollados". "Frente a un contexto económico débil", ha concluido Bárcena, "es imperativo desarrollar simultáneamente políticas de inclusión social y laboral. La política social no puede dejar a nadie atrás".

Por IGNACIO FARIZA / ROCÍO MONTES
México / Santiago de Chile 16 ENE 2019 - 02:35 COT

Publicado enEconomía
Viernes, 04 Enero 2019 06:59

Miseria y desigualdad en Colombia

Miseria y desigualdad en Colombia

Como el segundo país más desigual de América Latina aparece Colombia, donde el hambre y la miseria junto a los altos índices de criminalidad y difícil acceso a la educación y a la salud son hechos cotidianos para el grueso de su población.


Pese a ser Colombia uno de los principales aliados de Estados Unidos en la región, el dinero que le entrega la Casa Blanca va destinado al sector militar y no a resolver las necesidades de millones de ciudadanos pobres.


A Colombia las últimas administraciones norteamericanas y en especial la actual presidida por el magnate Donald Trump le han asignado la tarea de ser el principal actor contra la República Bolivariana de Venezuela, porque funcionaría como base logística y de agresión armada contra Caracas que ha decidido defender su independencia y se ha negado a instaurar un sistema neoliberal como exige Washington para la región.


Recordemos que en suelo colombiano están establecidas siete bases norteamericanas que cuentan con gran poder militar ubicadas en Apiay, Malambo, Cartagena, Palenguero, Tulemaida, Larandida y Bahía Málaga.


Después del recorrido realizado por el secretario de Estado norteamericano, Red Tillerson por México, Perú, Argentina, Colombia y Jamaica con el manifiesto propósito de incrementar las presiones económico-financieras contra Venezuela, el presidente colombiano Juan Manuel Santos inició conversaciones con el FMI, el BID y el BM para que cuando Caracas cambie o sea derrocado su gobierno, se apruebe un plan de rescate por 60 000 millones de dólares.


Esa información la ofreció el ministro de Hacienda colombiano, Mauricio Cárdenas quien agregó que a su país le gustaría tener un papel más destacado en Venezuela en caso de que se dé un cambio de gobierno tal como afirmó Tillerson en Austin, Texas antes de comenzar su periplo por América Latina.


Paradójicamente, los mismos organismos financieros con los cuales Santos quiere lograr una supuesta ayuda para Venezuela, confirman que Colombia vive una situación delicada, por ser una de las naciones más desiguales del mundo y la segunda de Latinoamérica.


Esto se debe a que el 20 % de los ingresos del país están concentrados en el 1 % de la población mientras la mitad de esas entradas la recibe solo el 10 %.
La política de expulsión de campesinos y de poblaciones indígenas bajo amenazas y asesinatos ha provocado que el 1 % de las familias ricas y empresas transnacionales sean dueñas del 81 % del territorio nacional.


Un informe presentado en la 62 sesión del Comité del Pacto de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales, DES, de las Naciones Unidas, denuncia que de los 43 millones de personas en el país, 22 millones sobreviven en condiciones de pobreza


El documento asevera que el despojo generado por los desplazamientos permitió que entre 1980 a 2016 más de 7.4 millones de hectáreas cambiaran de dueños, lo cual profundizó el modelo de propiedad de tierra desigual.


Una de las denuncias más importantes es que a partir del 2002 hay un incremento en el otorgamiento de títulos mineros e hidrocarburos que se elevan a 4.9 millones de hectáreas a cambio de favores a funcionarios estatales, que ha provocado el quebrantamiento de grupos indígenas y graves afectaciones medioambientales. Privatizaciones indiscriminadas bajo el régimen neoliberal.


El Fondo de Naciones Unidas para la Educación y la Infancia (UNICEF) reveló que uno de cada diez niños sufre desnutrición crónica en ese país andino, mientras el Instituto Nacional de Salud advirtió que cada semana mueren al menos cinco menores a causa de la desnutrición.


Desde enero hasta de noviembre de 2016, en la Guajira fallecieron 66 niños por hambre, pertenecientes al pueblo indígena Wayúu. En la última década, en Colombia han muerto aproximadamente 2 000 niños y niñas por este mismo motivo.


Al igual que todos los gobiernos que aplican al pie de la letra las más estrictas leyes neoliberales, los ricos en Colombia pagan menos impuestos.
En cuanto a los empleos, el 64 % de los colombianos lo hacen en la informalidad, el 18 % bajo relaciones laborales ilegales, mientras que el 89 % de los asalariados rurales carece de protección social. Además, el 47.1 % de los trabajadores ganan menos del salario mínimo legal.


Las privatizaciones se extendieron por todos los sectores: bancario, empresas inmobiliarias, servicios de agua, alcantarillado, educación, salud, seguros, minería.
Con la entrada en vigor el 15 de mayo de 2012 del Tratado de Libre Comercio (TLC) con Estados Unidos, se aceleró la fuga de capitales, la destrucción ambiental; aumentó la privatización de servicios esenciales como educación, agua, electricidad y salud; se incrementó la desigualdad y el trabajo precario; se redujo la producción alimentaria con la entrada de mercancías subsidiadas procedentes de Estados Unidos, y sobre todo, se perdió la soberanía económica y política de la nación.
A todas estas desventajas sociales y económicas, se suma una violencia histórica que ni con la firma de los acuerdos de La Habana se han podido resolver ya que continúan los asesinatos a líderes sociales, desplazamientos forzados, hechos violentos, incumplimiento de acuerdos con sindicatos y falta de garantías para las protestas pacíficas.


Aunque el presidente Santos, con toda la maquinaria de los medios de comunicación occidentales que lo apoyan, trate de que ocurra un cambio de sistema en la República Bolivariana cuyo gobierno ha beneficiado a la mayoría menos favorecida de Venezuela, los datos que ofrece Colombia son la antítesis de lo que los pueblos latinoamericanos desean: atención educacional, salud, bienestar social y paz.


Hedelberto López Blanch, periodista, escritor e investigador cubano, especialista en política internacional.

Publicado enColombia
Alrededor de 2.000 personas están en situación de calle en Uruguay / Foto: Leónidas Martínez

Un seminario realizado en Montevideo esta semana obligó a trazar un mapa de los sin techo en la región. Invisibles e ignorados por algunos gobiernos, perseguidos y asesinados por otros o, en el mejor de los casos, empoderados e involucrados en la toma de decisiones. Desde esas perspectivas tan distintas surgen políticas a imitar y repudiar.

En Colombia, a los habitantes de la calle los matan de madrugada, la mayoría de las veces, la policía. Según el Ministerio de Derechos Humanos de Brasil, en tres años hubo 2.700 violaciones a los derechos humanos contra “os moradores de rua”. Hasta no hace tanto, en Paraguay, los niños de la calle o “pirañitas” eran detenidos con autorización judicial por la policía, torturados y hasta desaparecidos. Los relatos surgen de militantes y técnicos que trabajan en los seis países que integran la Red Calle Latinoamericana –Costa Rica, Colombia, Brasil, Paraguay, Chile y Uruguay– reunidos el martes y miércoles en un seminario internacional.

Pedro Cabrera –doctor en sociología y uno de los consultores contratado por la red para evaluar las políticas públicas destinadas a esta población–, arrancó diciendo que los seis países son “enormemente distintos. Mientras que en Uruguay son poco más de 3 millones y las personas en situación de calle unas 2 mil, en Brasil son alrededor de 215 millones, y sin techo, no sabemos”. En Paraguay, por otra parte, “distinguir a personas en situación de calle de las decenas de miles que se encuentran viviendo bajo chapa de zinc y cartón es un ejercicio verdaderamente complicado, y cuando digo bajo chapa de zinc y cartón, hablo del centro de Asunción, enfrente al Congreso, acampando en la Plaza de Armas”.

En todos los países de la red, la Iglesia fue el primer actor que trabajó con esta población, “y en la década del 90 el Estado, gradualmente, empezó a asumir sus responsabilidades, sobre todo en las grandes ciudades, en general capitales”, cuenta el doctor en antropología, también consultor de la red, Santiago Bachiller. Y en los seis países los programas para personas en situación de calle partieron de los ministerios de Salud y sólo en algunos casos viraron hacia enfoques más estructurales a través de los ministerios de Desarrollo Social. Pero en todos los casos, y pese a que los ministerios de Salud sean de los más presentes, “los programas sanitarios, en general, y los de salud mental y de adicciones, en particular, brillan por su ausencia o son insuficientes”, plantea Bachiller.

 

TECHO Y TRABAJO

 

Sin embargo, los ministerios de Trabajo estuvieron directamente “ausentes en las reuniones que hicimos en los seis países; eso ya es muy sintomático de los problemas de interinstitucionalidad y de que ciertas dependencias no se terminan de hacer responsables de sus funciones”, señala Bachiller, algo que ocurre en cierta medida también con los ministerios de Vivienda.

“En el caso uruguayo, el Mides actúa en aislamiento y no logra que otras dependencias estatales asuman sus responsabilidades. Lo que se escucha en el Mides es que si se trata de un asunto de pobres, automáticamente se lo cargan a ellos”, plantea el antropólogo.

Para Natalia Pintado –encargada del equipo móvil de la División de Coordinación de Programas para Personas en Situación de Calle–, es “un retroceso” que tanto las diferentes instituciones del Estado como la sociedad vean al Mides como el único responsable de velar por los derechos de las personas en situación de calle. Pero además, a su equipo le preocupa que esa misma lógica se esté reproduciendo a la interna del ministerio. “El manto ‘calle’ impide que otros servicios actúen”, por ejemplo cuando alguien que está en situación de calle llega al ministerio y automáticamente es derivado al equipo móvil, “como si no pudieran hacer una consulta como cualquier otro ciudadano”.

Bachiller plantea que “está la idea de que el sujeto se desenganchó de la estructura social”, y sin embargo no hay una política de reinserción: “Se los toma como sujetos pasivos, pero la gente se gana la vida por sus propios medios. Empecemos por reconocer las estrategias de subsistencia cotidiana, porque si fuera por el Estado, se morirían. En el mejor de los casos hay un dispositivo que los saca temporalmente de la situación de calle, pero que no propone soluciones a una vida, en general, precaria”.

Más tarde, en diálogo con Brecha, Cabrera se preguntará y se responderá: “¿Por qué sale la gente de la calle? Porque consigue ingresos regulares. Pero si la red de atención no tiene claro cómo reconectarla con el mundo del trabajo, la gente se va a quedar ahí embolsada, en una especie de complejo burocrático-asistencial. No digo que sea lo que pasa en los países de la red, que están muy lejos de crear un aparato con centros, instituciones y recursos, porque en algunos lados directamente no hay nada”.

 

REPRESIÓN Y MOVILIZACIÓN

 

Si desde Colombia las organizaciones sociales denuncian que la policía ejecuta una operación “limpieza”, que no es otra cosa que una masacre con un saldo de 4.176 muertos en los últimos diez años (véase “Los ‘ñeros’ que faltan”), Costa Rica “ha sido el único sitio donde hemos tenido uniformados de la policía que trabajaban con personas en situación de calle y sabían cómo hacer un trabajo policial de corte mediador de conflictos”, plantea Cabrera.

Pero en Paraguay –“el país con menos políticas para gente en situación de calle”, dice Cabrera–, la represión estuvo dirigida incluso a los niños. Aunque la cosa haya empezado a cambiar en la última década, Jorge Luis Amarilla –funcionario del Ministerio de Niñez y Adolescencia de Paraguay– cuenta que “en 2008 la solución que tenía el Estado para los niños en situación de calle era la tortura: picana eléctrica, la cabeza en el inodoro, asfixia. Cuando empezamos a intervenir en las comisarías, la cosa empezó a mermar, pero en algunos casos nosotros fuimos también detenidos”.

De vuelta en Costa Rica, donde “la existencia de redes a nivel local es muy intensa y muy real”, este país aparece como ejemplo o excepción: “Entienden que la gente que hoy está en la gestión se va a ir y si se quiere que las políticas perduren, es necesario que se les dé lugar a los movimientos sociales”, alega Bachiller, algo similar a lo que ocurre en Brasil, donde existen organizaciones integradas por personas en situación de calle que presionan y promueven un enfoque de derechos, además de tener voz en la discusión pública sobre su propia realidad. En los términos de Samuel Rodrigues –del Movimento Nacional da População de Rua–, “nosotros tenemos una activa participación en este tipo de encuentros”, desliza, a diferencia de lo que ocurrió el martes y el miércoles dentro de las paredes del salón Rojo del Edificio Mercosur, frente a la rambla del Parque Rodó (véase recuadro “Con las personas, no para las personas”).

Para Cabrera es complicado pensar en la “experiencia de internacionalidad que supone una organización de varios países para poner este tema en la agenda política”, porque “la historia de cada país y los impactos más recientes a nivel económico, la demografía, el nivel social” dejaron una huella que marca una impronta. Sin embargo, también indica que “las vidas sin techo han sido históricamente vidas sin derechos. Y lo siguen siendo. Lo que hemos visto en los países de la red no es muy diferente a lo que se puede ver en Bruselas, Roma, Madrid o Nueva York”.

 

AUSENTES Y MIGRANTES

 

Argentina es uno de los grandes ausentes, dicen los consultores del proyecto. Bachiller –argentino–, aclara que su país “se negó a participar de la red”, y es además un ejemplo de los diferentes criterios que se usan para definir lo que se entiende por “situación de calle” y por lo tanto construir una cifra o establecer su dimensión: el conteo “les viene dando mil personas, más allá de las coyunturas. Ni siquiera incluyen a los que están en un refugio. La situación es tan absurda que aquellos que duermen en una parada de colectivo no son contabilizados” porque se interpreta que si hay un techo, no hay situación de calle. Mientras, “a las organizaciones sociales que realizan su propio conteo les da que hay más de 5 mil personas”, apunta el porteño.

Cuando varios de los académicos y militantes hacen énfasis en que la solución primera pasa por el acceso a la vivienda –por ejemplo Leonardo Moreno Núñez, de la Fundación para la Superación de la Pobreza, de Chile, plantea que el problema es que la vivienda es cada vez más un bien de cambio, una mercancía más, en lugar de un bien de uso–, Bachiller acota que en los años del kirchnerismo, en Argentina se construyeron más de 900 mil viviendas –“no hay precedentes en la historia de mi país de algo similar”–, y sin embargo el déficit habitacional se incrementó, al igual que los conflictos por el acceso a la tierra: “Ahí está la diferencia entre construir viviendas y construir ciudad. Hubo una política que pensó en construir viviendas sin regular el mercado de suelos, lo que generó mayor cantidad de desplazados”. En Paraguay “el peso del déficit habitacional es bestial”, sostiene Cabrera y agrega que esos campamentos informales que se han instalado en la plaza frente al Congreso son alimentados –entre tantos– por poblaciones indígenas que han huido de sus tierras desplazados por el avance del cultivo de soja.

Venezuela, el otro ausente, no sólo tiene algunos problemas en su propia casa, sino que también los tiene puertas afuera. En el mundo, los extranjeros en situación de calle suelen ser los más vulnerables de esta expresión de máxima vulneración, y en Colombia y el norte de Brasil la cantidad de venezolanos en calle es alarmante. “La capacidad de captación y de retirada de la calle de los dispositivos de albergues operan con mayor eficacia sobre los nacionales. Y cuando la gente que está en la calle habla una lengua extranjera, ahí sí que es complicado”, plantea Cabrera.

En Uruguay “no es que no haya, pero afortunadamente no tiene ese carácter masivo y no tenemos por qué lidiar todavía con ese reto”, considera este sociólogo, a lo que Bachiller agrega: “De los países que conforman la red, el que tiene mayor tasa de inmigración es Costa Rica, y ahí sí tienen un problema con los inmigrantes nicaragüenses. Las estadísticas todavía no muestran que en Uruguay tenga un impacto demasiado importante, pero que en este momento no tengan este problema no quiere decir que no lo vayan a tener”. Cuando Bachiller hizo la investigación de su tesis de doctorado –entre 2004 y 2008 en la plaza Ópera, de Madrid–, los inmigrantes en España no eran una porción significativa de la población de calle: ahora son más del 60 por ciento de los que están a la intemperie.

Lo cierto es que el fenómeno se viene arrimando. Durante su intervención, Natalia Pintado advierte que la población con la que trabajan en el equipo móvil del Mides también la integran “personas que escapan de redes de tráfico e inmigrantes recién llegados al país”, y que “últimamente esta es la mayor dificultad que estamos encontrando, porque no estamos preparados para atender las problemáticas que tiene una persona que recién llega al país”.

Si bien en el Mides no cuentan con datos sistematizados sobre la cantidad de inmigrantes en situación de calle y su nacionalidad, indican que se percibe su presencia en los refugios y que, como el tema de la migración en general, este es un fenómeno relativamente nuevo en Uruguay.

 

POR CASA

 

Si se compara a la población uruguaya que duerme a la intemperie con la que asiste a los refugios, la primera es más masculina, joven, lleva más tiempo en la calle, en mayor medida por problemas vinculares y adicciones, mientras que en los refugios la calle se dio como resultado de problemas de salud mental. A la intemperie se encuentran personas con menor cantidad de años de escolarización, pero que trabajan más y reciben más ayuda de los vecinos. A su vez, 47 por ciento son ex presos, frente a un 24 por ciento de los que asisten a los refugios.

Con base en una encuesta realizada a ex usuarios de los refugios del Mides –“algunos cientos que pudimos encontrar porque son muy difíciles de ubicar”, aclara Juan Pablo Labat, director de Evaluación y Monitoreo del Mides–, más del 75 por ciento se refiere a aspectos positivos, como el aumento de los ingresos, el logro de un subsidio de alquiler, la recomposición de vínculos, la finalización de un tratamiento de salud. La mayoría dice, sin embargo, que logró salir del refugio por su propia cuenta.

Según las consideraciones preliminares del estudio que dio a conocer Labat, la gran mayoría reside en una vivienda –aunque dos de cada tres lo hacen en la casa de alguien más–, pero un 10 por ciento se encuentra en un hospital, una cárcel, una iglesia o volvió a un refugio o a la calle. Los empleos a los que han accedido son en gran medida precarios: trabajan como vendedores ambulantes, cuidacoches o en mantenimiento y limpieza.

“Si empezamos a sumar, tenemos medio millón de personas que tienen algún tipo de riesgo de estar en situación de calle”, aunque “el más alto es para aquellos que egresan de cárceles, del Inisa y de instituciones psiquiátricas”, plantea Labat, y agrega: “Estamos planteando la desinstitucionalización –el cierre de los manicomios, por ejemplo–, pero vemos que la gente en la práctica se está reinstitucionalizando”, al apelar a un refugio.

“No deberían producirse desinstitucionalizaciones sin saber el destino de las personas, sí que se garantice que el que sale, sale a algún sitio razonablemente digno”, plantea Cabrera. Y Bachiller advierte que “ustedes pueden llegar a tener un problema grave a futuro con toda esta lógica de desmanicomialización, porque a priori es una política progresista, pero si no es acompañada con recursos específicos, va a aumentar la población de calle, y al haber personas con problemas de salud mental, la intervención va a ser mucho más compleja y escandalosamente mediática”.

“Es importante que seamos honestos y asumamos que hay personas que van a requerir del apoyo de por vida del Estado… o de alguien”, y sin embargo, “muchas veces pensamos las políticas como transitorias”, plantea Pintado. Además, concluye que el hecho de que no se haya logrado trabajar con otros ministerios, desde otros enfoques, generó la saturación de los refugios, o dicho de otro modo, una falta de espacio para todos los que acuden al servicio. Eso, a su vez, derivó en el “desarrollo de argumentos meritocráticos” para asignar un cupo, y que los que no pueden sostener un proceso pierdan su lugar: “Aparece la idea de que no hicieron un buen uso y de alguna forma terminamos castigándolos. Por eso hoy dije que intentamos trabajar desde una perspectiva de derechos, porque si bien logramos facilitar el acceso de la población a muchas prestaciones, a veces también terminamos revulnerando”.

Pintado cree que “se necesita generar otro tipo de oferta además del centro nocturno y pensar qué pasa con las personas durante el día”. Comprender que “si bien reivindicamos el trabajo sobre el vínculo, eso tiene su límite. Es necesario también mejorar la distribución del gasto” y asegurar aspectos que tienen que ver con “la materialidad”, como lo es una vivienda.

 


Brasil y sus movimientos sociales

 

Con las personas, no para las personas

 

La experiencia de Brasil está marcada por colectivos sociales que luchan para que los habitantes de la calle participen directamente en los procesos que los involucran. Es decir, una mirada de las políticas públicas desde un enfoque de derechos. “Hay que invitarlos a conversar y garantir que esas personas intervengan como controladores de la política pública, no como objetos de esa política”, resumió a Brecha Samuel Rodrigues, en representación del Movimento Nacional da População de Rua. Así es como en ese país las personas en situación de calle y los clasificadores participan de comités y reuniones periódicas como observadores, sugieren estrategias y proponen instrumentos desde sus experiencias personales. También encabezan movilizaciones de calle con otras poblaciones vulnerables como las prostitutas o los sin tierra. A algunos, la militancia les ha permitido ser contratados en proyectos sociales, abriéndoles el camino al mundo del trabajo y a la superación del estigma de vagabundos o mendigos que les ha dejado la rua.

Desde el Movimento Nacional da População de Rua se definen a sí mismos como una forma de organización de hombres y mujeres en situación de calle, con un fuerte trabajo de voluntarios, todos comprometidos con la lucha por una sociedad justa e igualitaria. Y entre sus tantas banderas, priorizan un aspecto importante: contribuir a la construcción de una cultura que entienda la vivienda como la principal puerta de salida de la calle.

“Las personas pudieron superar su situación cuando de hecho tuvieron una vivienda”, coincidió a su turno María Cristina Bove, de la Pastoral Nacional do Povo da Rua. Este colectivo social brasileño trabaja por la emancipación y el empoderamiento de la población de calle desde las ideas de la teología de la liberación, mezcladas con la pedagogía del oprimido del brasileño Paulo Freire. Persiguen una transformación social estructural, “no desde una visión de la caridad o la misericordia, sino entendiendo la vida de la gente de la calle y los clasificadores como actores sociales”.

Como movimiento han ido más allá de su eslogan “Chega de omissão! Queremos habitação!”, y han realizado acciones concretas, sobre todo en la ciudad de Belo Horizonte. Han trabajado mano a mano con los grupos de personas que viven bajo los numerosos viaductos que tiene la capital y los han acompañado durante los desalojos: “Concretamente en 11 lugares pudimos ayudarlos a que se organizaran durante el proceso y conseguimos vivienda para todos ellos”. También han construido dos bloques de viviendas y están atentos a los terrenos baldíos o los inmuebles ociosos, lo que les permitió, entre otras cosas, conseguir un edificio de 17 pisos –con 160 apartamentos– luego de 13 años de espera. “Hoy están todos en sus casas”, resumió Bove ante los presentes, no sin antes recordar otra de las principales consignas de su colectivo social: “Nadie está en la calle porque quiere”.

 


 

Violencia institucional y muerte en Colombia

 

Los “ñeros” que faltan

 

Los homicidios de habitantes de la calle fueron 4.176, cometidos en Colombia entre los años 2007 y 2017, según una investigación de la Ong Temblores titulada Los nunca nadie. La cifra –obtenida a partir del registro de la policía nacional y la fiscalía de ese país–, muestra un crecimiento de los homicidios al borde de la masacre y sólo en el último año se contabilizaron 582 casos. El 80 por ciento de las muertes ocurrieron en la vía pública durante los días domingo y sábado, sobre todo por la madrugada. La ciudad más violenta es Bogotá, con 1.175 homicidios del total de muertes. “Cuando se dedican a hacer limpieza, más de un loco se desaparece”, opina Ernesto, uno de los cientos de testimonios recogidos en la calle por los investigadores de Temblores.

“Uno de los grandes perpetradores de los homicidios es la policía”, sentenció en Montevideo el abogado e integrante de la Ong Alejandro Lanz, y agregó: “forma parte de una violencia sistemática y selectiva: creemos que a los habitantes de calle los matan por ser habitantes de calle”. Dedicados a tres áreas –“sexo, drogas y paz”–, Temblores trabaja por el reconocimiento de los habitantes de la calle, pero también de la población Lgtbi, trabajadoras sexuales, usuarios de drogas, víctimas de violencia policial y personas privadas de libertad.

Pero antes de la investigación Los nunca nadie estuvo el informe Destapando la olla. En mayo de 2016, más de 3 mil agentes de la fuerza pública intervinieron la zona del Bronx y expulsaron a toda la población que vivía allí. Conocida como “la olla” más grande de Bogotá, se construyó luego de haber hecho un desalojo similar en otro famoso vecindario llamado El Cartucho. “El operativo fue ordenado por la alcaldía de Enrique Peñalosa”, el actual alcalde de Bogotá, dijo Lanz, el mismo que en agosto de 2016 pronunciara las felices palabras: “Tampoco hay que hacerle fácil la vida a los habitantes de calle”.

Los desalojados del Bronx fueron a parar a la salida de un enorme caño de la ciudad, en donde en agosto de ese año se presentó una crisis humanitaria: las compuertas se abrieron y unas 500 personas fueron arrastradas por el repentino caudal de agua, de nuevo durante la madrugada. Desde Temblores siguieron el proceso, lo documentaron y a partir de testimonios de los sin techo reafirmaron que la apertura de las compuertas fue una acción premeditada por las autoridades del distrito. “No lo hemos podido probar, pero todavía estamos pidiéndole al Estado que investigue el proceso”. Han realizado varios pedidos de acceso de información al gobierno, pero aún continúan sin respuestas.

Aunque desde la Ong denuncien incansablemente las violencias institucionales más comunes hacia los habitantes de la calle (ataques a la vida y la integridad física, indocumentación, violencia psicológica), y hasta tengan a algunos policías identificados (dos de los más peligrosos son el Cara de Papa y el Topo Gigio), el nivel de acceso a la justicia por parte de los ciudadanos en situación de calle es muy bajo y no denuncian la violencia policial por miedo a las represalias. Las amenazas son básicamente dos: la primera es llevarlos a la Unidad Permanente de Justicia (Upj), una suerte de centro transitorio donde la policía está habilitada para conducir a los habitantes que se encuentran en “alto grado de exaltación”, parámetro ambiguo que se convierte en una excusa perfecta para llevar allí a usuarios de drogas, trabajadoras sexuales y habitantes de calle, relata Lanz. La segunda amenaza es “cargarlos” con drogas, para luego inculparlos y detenerlos.

“Nosotros no podemos acusar directamente al Estado de la comisión de estos crímenes que están sucediendo porque no tenemos las pruebas necesarias, no hay procesos de denuncias efectivos y acceso a la justicia. Pero sí podemos responsabilizar políticamente a los discursos que ha traído esta alcaldía (la de Peñalosa) y que ha sido nefasta para los habitantes de calle”, dijo Lanz el miércoles en el edificio Mercosur.

Estas no son sólo cifras, dijo el joven abogado, son historias de violencia, de discriminación y de negación sistemática de derechos que merecen ser contadas para hacer memoria, “una memoria que desde las calles ha transformado a la sociedad colombiana en guerra”. “Sólo a través de esta memoria y la resistencia colectiva lograremos que algún día ningún ciudadano sea registrado como un ‘nunca nadie’, que cada historia de violencia sea denunciada, que quienes matan a los ciudadanos habitantes de calle no queden impunes y que a los ‘ñeros’ se les reconozca su dignidad. Sólo así lograremos que ser habitantes de calle no sea una sentencia de muerte”, concluyó.

 


 

Niños de la calle y drogas

 

Pantalón cortito

 

A partir de los años 2012 y 2013 se comenzó a ver menos niños en las calles de Montevideo, en gran parte por el impacto de las políticas universales y focalizadas sobre esa población, resumió Marcelo Rossal, antropólogo de la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación durante el seminario de Red Calle.

“Comenzaron a estar más cuidados, incluso por sus propias familias”, opinó Rossal. Hubo un cambio, agregó el antropólogo, y las madres que antes pedían en las calles con sus hijos, ahora ya no querían ser vistas: “Evidentemente había un sentir de que cierto apoyo del Estado podía empañarse si las veían. Era algo malo hacer pedir en la calle a sus niños o pedir ellas mismas”. Antes, en 2010, “los niños apenas podían caminar y ya estaban pidiendo monedas para sustentar a sus familias”, explicó el autor del libro De calles, trancas y botones (2011), que junto al también antropólogo Ricardo Fraiman recogieron muchas de esas trayectorias.

Por otro lado, observaron que los mismos niños que habían iniciado la vida en la calle a los 8 o 9 años, los encontraron de nuevo ya con 14 o 15 años, y con “una vida más consolidada” en la ciudad. Utilizaban de manera pragmática los programas de calle y los instrumentos que instituciones como el Inau les ofrecían, también el vínculo con los educadores para acercarse a la institución; “los tomaron como forma de reducir sus propios daños, de rescatarse, para sobrellevar la violencia del Estado o de particulares, muchas veces las ganas de bañarse, el hambre o el querer dejar de consumir ciertas sustancias”. También comenzaron a aparecer otras instituciones evangélicas como Remar o Beraca, que “si bien se podían ver como que los explotaban, eran un ámbito de refugio, literal y simbólico”, “estaban protegidos del castigo posible que les pudieran dar agentes del sistema penal o por deudas en el mercado de la pasta base”.

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Los Ángeles es la segunda ciudad de Estados Unidos, por detrás de Nueva York, con mayor población de personas sin techo. Foto: Reuters

Parecen estar por todas partes. Personas de todas las edades, durmiendo sobre cartones o directamente en el piso. Son gente sin un hogar que se congrega bajo puentes o en parques, con sus pertenencias en bolsas de plástico como símbolo de sus vidas en movimiento.

 

Muchos llegaron a las calles recientemente, víctimas de la prosperidad que ha transformado en los últimos años muchas ciudades de la costa oeste de Estados Unidos.

 

Mientras las autoridades intentan responder a esta creciente crisis, algunos dicen que lo más probable es que la situación empeore.

 

El periodista de la BBC Hugo Bachega visitó la vibrante ciudad de Portland, la más grande de Oregón, en el noroeste de Estados Unidos.

 

“Es la Ciudad de las Rosas, de clima agradable, rica cultura y pensamiento progresista”, cuenta Bachega. “También es un núcleo de innovación, parte de lo que se llama el Silicon Forest, (en contraposición con Silicon Valley), y los nuevos residentes se trasladaron aquí en los años posteriores a la crisis atraídos por las empresas de alta tecnología y sus trabajos bien remunerados”.

 

“Pero la bonanza no llegó a todos”, añade el periodista.


Escasez de vivienda

 

Lo sucedido en Portland es una historia que se repite en varias ciudades de Estados Unidos, entre las que destacan Nueva York, Los Ángeles y San Francisco.

 

La floreciente demanda en una zona con escasez de viviendas enseguida hizo subir el costo de vida y aquellos que financieramente estaban en el límite perdieron la capacidad que una vez tuvieron para permitirse un lugar donde vivir.

 

Muchos fueron rescatados por familiares y amigos o programas gubernamentales y organizaciones de ayuda. Otros, sin embargo, terminaron en la calle. Los más afortunados encontraron sitio en albergues públicos. No pocos están ahora en tiendas de campaña y vehículos en las calles.

 

“Incluso aunque la economía esté más fuerte que nunca”, declaró el alcalde de Portland, Ted Wheeler, del Partido Demócrata, “la desigualdad está creciendo a un ritmo alarmante y los beneficios de una economía en crecimiento se concentran cada vez en menos manos”.

 

Muchos expertos creen que es “una bomba de tiempo” en las calles estadounidenses que les puede explotar a las autoridades, ya que el problema va en aumento.

 

“Tenemos más desigualdad en todo Estados Unidos y esto indudablemente tiene un impacto en la gente”.

 

El número de personas sin casa ha aumentado en otras prósperas ciudades de la costa oeste de EE.UU. que suelen ser lugares de destino para trabajadores jóvenes con alto nivel educativo, como San Francisco y Seattle, donde la culpa se le han echado también a los precios en alza y los desahucios.

 

Las cifras exactas son siempre difíciles de establecer pero 553.742 personas estaban sin hogar en una misma noche en todo Estados Unidos en 2017, según informó el Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano. Fue la primera subida en siete años. No obstante, la cifra para todo EE.UU. sigue siendo un 13% inferior a 2010, gracias al descenso que se ha producido en 30 estados del país.

 

Esta caída fue eclipsada por las altas subidas en el resto del país, con California, Oregón y Washington entre los peores estados.

 

Los Ángeles, donde la situación se describe año tras años como sin precedentes, tiene más de 50.000 personas sin hogar, solo por detrás de Nueva York, que tiene unas 75.000.

 

Joseph Gordon, un hombre transgénero conocido como Tequila, vive en un campamento para personas sin casa, llamado Hazelnut Grove y fundado en 2015, cuando Portland declaró por primera vez el estado de emergencia por la crisis de los sin techo.

 

“Da mucho miedo. La gente con la que me cruzo proviene de todos los lados de la vida. Y la población sin casa no hace más que crecer”, le dijo a la BBC este hombre de 37 años.

 

“Estando en la calle lidias con todo tipo de situaciones, como tener que relajarte conviviendo con ratas. También empiezas a apreciar el agua corriente o el hecho de poder ir al baño siempre que quieras”, cuenta Tequila.

 

La gente suele pensar que es mexicano por el color de su piel y su apodo.

 

Los ancianos y las minorías se ven afectadas por este problema de forma desproporcionada, según un estudio de la Universidad Estatal de Portland, que augura que la tecnología puede tener como consecuencia el recorte de miles de empleos de sueldos bajos, probablemente empeorando las cosas.
Hartos de los vecinos

 

La presencia de los sin hogar en Portland y otras ciudades estadounidenses con el mismo problema es más visible que nunca.

 

Los residentes están cada vez más frustrados por el olor de orina, heces humanas y objetos abandonados que se amontonan en espacios públicos, a veces en sus propias escaleras.

 

En algunos sitios, cunde la sensación de que es una batalla que se está perdiendo. Pero esta es una crisis que se está fraguando desde hace tiempo.

 

Los recortes del gobierno federal en los programas de vivienda asequible y en instalaciones para salud mental en las últimas décadas, hicieron que muchas personas acabaran en la calle en Estados Unidos, según señalan autoridades y proveedores de servicios, mientras que los gobiernos locales son incapaces de llenar el vacío.


Devastador informe de Naciones Unidas

 

El académico australiano Philip Alston, relator especial de Naciones Unidas para la pobreza extrema y los derechos humanos, viajó por todo Estados Unidos durante dos semanas en diciembre del año pasado.

 

Su misión incluyó visitas a Los Ángeles y San Francisco.

 

En su brutal informe, Alston declaró que “el sueño americano” se está convirtiendo rápidamente para muchos en “la ilusión americana”. El gobierno del presidente Donald Trump criticó duramente sus hallazgos.

 

El futuro, advirtió Alston en una entrevista, no parece alentador.

 

“Las políticas del actual gobierno federal se centran en recortar, al máximo posible, los subsidios para vivienda, y creo que lo peor está por llegar”.


Otros países ricos se han debido enfrentar también el problema de los sin casa, en tiempos en que los más vulnerables sufren la carga de las políticas de austeridad, los precios en alza y el desempleo. Pero en la mayor parte de Europa, por ejemplo, todavía hay una “red robusta del sistema de bienestar” para ayudar a quienes están en riesgo, dijo Alston.

 

“En esencia, si estás en Europa tienes acceso a una atención sanitaria básica y rehabilitación psicológica y física. Esto contrasta fuertemente con Estados Unidos”.

 

De vuelta en Hazelnut Grove, Tequila, quien encontró un trabajo a tiempo parcial, pide donaciones para papel higiénico, bolsas de basura y champú.

 

Está recopilando documentos para apuntarse a un programa local de vivienda asequible, pero no espera trasladarse pronto del campamento.

 

“Una gran población de personas sin hogar no es algo bueno, especialmente cuando vives en el país más rico del mundo”, le dice Tequila al reportero de la BBC Hugo Bachega.

 

“Hay muy poca esperanza. Es una situación extrema”.

Portland es otra ciudad de la costa oeste de Estados Unidos cuyas calles se han llenado de personas sin hogar. Foto: BBC

Portland es otra ciudad de la costa oeste de Estados Unidos cuyas calles se han llenado de personas sin hogar. Foto: BBC
 
El número de personas sin casa ha aumentado en ciudades de la costa oeste de EE.UU., que suelen ser lugares de destino para trabajadores jóvenes con alto nivel educativo. Foto: BBC
 
La cantidad total de personas sin casa en todo Estados Unidos ha disminuido en los últimos años pero, como contraste, en algunas ciudades del país se ha disparado de forma alarmante. Foto: BBC
 
 
Tequila es un hombre transgénero de 37 años que vive en un campamento para personas sin casa en Portland. Foto: BBC
 

Hazelnut Grove, una comunidad autogestionada de pequeñas estructuras de madera, tiene más de una docena de residentes. Foto: BBC

La elevada población de personas sin casa contrasta con el nivel de riqueza en Estados Unidos. Foto: Reuters

 
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Viernes, 23 Febrero 2018 06:36

Miseria y desigualdad en Colombia

Miseria y desigualdad en Colombia

Como el segundo país más desigual de América Latina aparece Colombia, donde el hambre y la miseria junto a los altos índices de criminalidad y difícil acceso a la educación y a la salud son hechos cotidianos para el grueso de su población.


Pese a ser Colombia uno de los principales aliados de Estados Unidos en la región, el dinero que le entrega la Casa Blanca va destinado al sector militar y no a resolver las necesidades de millones de ciudadanos pobres.


A Colombia las últimas administraciones norteamericanas y en especial la actual presidida por el magnate Donald Trump le han asignado la tarea de ser el principal actor contra la República Bolivariana de Venezuela, porque funcionaría como base logística y de agresión armada contra Caracas que ha decidido defender su independencia y se ha negado a instaurar un sistema neoliberal como exige Washington para la región.


Recordemos que en suelo colombiano están establecidas siete bases norteamericanas que cuentan con gran poder militar ubicadas en Apiay, Malambo, Cartagena, Palenguero, Tulemaida, Larandida y Bahía Málaga.


Después del recorrido realizado por el secretario de Estado norteamericano, Red Tillerson por México, Perú, Argentina, Colombia y Jamaica con el manifiesto propósito de incrementar las presiones económico-financieras contra Venezuela, el presidente colombiano Juan Manuel Santos inició conversaciones con el FMI, el BID y el BM para que cuando Caracas cambie o sea derrocado su gobierno, se apruebe un plan de rescate por 60 000 millones de dólares.


Esa información la ofreció el ministro de Hacienda colombiano, Mauricio Cárdenas quien agregó que a su país le gustaría tener un papel más destacado en Venezuela en caso de que se dé un cambio de gobierno tal como afirmó Tillerson en Austin, Texas antes de comenzar su periplo por América Latina.


Paradójicamente, los mismos organismos financieros con los cuales Santos quiere lograr una supuesta ayuda para Venezuela, confirman que Colombia vive una situación delicada, por ser una de las naciones más desiguales del mundo y la segunda de Latinoamérica.


Esto se debe a que el 20 % de los ingresos del país están concentrados en el 1 % de la población mientras la mitad de esas entradas la recibe solo el 10 %.
La política de expulsión de campesinos y de poblaciones indígenas bajo amenazas y asesinatos ha provocado que el 1 % de las familias ricas y empresas transnacionales sean dueñas del 81 % del territorio nacional.


Un informe presentado en la 62 sesión del Comité del Pacto de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales, DES, de las Naciones Unidas, denuncia que de los 43 millones de personas en el país, 22 millones sobreviven en condiciones de pobreza


El documento asevera que el despojo generado por los desplazamientos permitió que entre 1980 a 2016 más de 7.4 millones de hectáreas cambiaran de dueños, lo cual profundizó el modelo de propiedad de tierra desigual.


Una de las denuncias más importantes es que a partir del 2002 hay un incremento en el otorgamiento de títulos mineros e hidrocarburos que se elevan a 4.9 millones de hectáreas a cambio de favores a funcionarios estatales, que ha provocado el quebrantamiento de grupos indígenas y graves afectaciones medioambientales. Privatizaciones indiscriminadas bajo el régimen neoliberal.


El Fondo de Naciones Unidas para la Educación y la Infancia (UNICEF) reveló que uno de cada diez niños sufre desnutrición crónica en ese país andino, mientras el Instituto Nacional de Salud advirtió que cada semana mueren al menos cinco menores a causa de la desnutrición.


Desde enero hasta de noviembre de 2016, en la Guajira fallecieron 66 niños por hambre, pertenecientes al pueblo indígena Wayúu. En la última década, en Colombia han muerto aproximadamente 2 000 niños y niñas por este mismo motivo.


Al igual que todos los gobiernos que aplican al pie de la letra las más estrictas leyes neoliberales, los ricos en Colombia pagan menos impuestos.
En cuanto a los empleos, el 64 % de los colombianos lo hacen en la informalidad, el 18 % bajo relaciones laborales ilegales, mientras que el 89 % de los asalariados rurales carece de protección social. Además, el 47.1 % de los trabajadores ganan menos del salario mínimo legal.


Las privatizaciones se extendieron por todos los sectores: bancario, empresas inmobiliarias, servicios de agua, alcantarillado, educación, salud, seguros, minería.
Con la entrada en vigor el 15 de mayo de 2012 del Tratado de Libre Comercio (TLC) con Estados Unidos, se aceleró la fuga de capitales, la destrucción ambiental; aumentó la privatización de servicios esenciales como educación, agua, electricidad y salud; se incrementó la desigualdad y el trabajo precario; se redujo la producción alimentaria con la entrada de mercancías subsidiadas procedentes de Estados Unidos, y sobre todo, se perdió la soberanía económica y política de la nación.
A todas estas desventajas sociales y económicas, se suma una violencia histórica que ni con la firma de los acuerdos de La Habana se han podido resolver ya que continúan los asesinatos a líderes sociales, desplazamientos forzados, hechos violentos, incumplimiento de acuerdos con sindicatos y falta de garantías para las protestas pacíficas.


Aunque el presidente Santos, con toda la maquinaria de los medios de comunicación occidentales que lo apoyan, trate de que ocurra un cambio de sistema en la República Bolivariana cuyo gobierno ha beneficiado a la mayoría menos favorecida de Venezuela, los datos que ofrece Colombia son la antítesis de lo que los pueblos latinoamericanos desean: atención educacional, salud, bienestar social y paz.


Hedelberto López Blanch, periodista, escritor e investigador cubano, especialista en política internacional.

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Pobreza en Estados Unidos. Foto: The Guardian

En el corazón de la misión especial de Philip Alston, Relator de la ONU para la Pobreza, hubo una pregunta: ¿pueden los estadounidenses disfrutar de los derechos humanos fundamentales si no pueden cumplir con los estándares básicos de vida? Alston, quiere saber por qué 41 millones de estadounidenses viven en la pobreza. The Guardian se unió a él en una misión especial de dos semanas en el corazón oscuro de la nación más rica del mundo


El Relator de Naciones Unidas sobre extrema pobreza y derechos humanos se embarcó en una gira de costa a costa por los Estados Unidos para hacer que la nación más rica del mundo -y su presidente-, respondan por las dificultades que soportan los ciudadanos más vulnerables de Estados Unidos.


La gira hizo paradas en cuatro estados, así como en Washington DC y el territorio estadounidense de Puerto Rico. Se enfocó en varias de las barreras sociales y económicas que hacen que el sueño estadounidense sea simplemente una quimera para millones: desde la indigencia en California hasta la discriminación racial en el sur profundo, el abandono acumulado en Puerto Rico y el declive de los empleos industriales en Virginia Occidental.
Con 41 millones de estadounidenses oficialmente en la pobreza según la Oficina del Censo de los EE. UU. (otras estimaciones ponen esa cifra mucho más alta), uno de los objetivos de la misión de la ONU será demostrar que ningún país, por muy rico que sea, es inmune al sufrimiento humano inducido por la creciente desigualdad.


Los Angeles, California, 5 de diciembre de 2017

 


Estamos en Los Ángeles, en el corazón de una de las ciudades más ricas de América, y el General Dogon, vestido de negro, es nuestro guía turístico. Junto a él pasea otro hombre alto, de pelo gris y elegantemente vestido con jeans y chaqueta. El profesor Philip Alston es un académico australiano con un título formal: Relator Especial de las Naciones Unidas sobre la extrema pobreza y los derechos humanos.
El general Dogon, un veterano de estas calles de Skid Row, avanza a grandes zancadas, pasando por encima de una rata muerta sin hacer ningún comentario y bordeando un cuerpo envuelto en una gastada manta naranja que yace en la acera.


Los dos hombres continúan cuadra tras cuadra de tiendas desvencijadas y refugios de lona improvisados. Hombres y mujeres se reúnen fuera de las estructuras, en cuclillas o durmiendo, algunos en grupos, la mayoría solos como extras en una película distópica de bajo presupuesto.


Llegamos a una intersección, que es cuando el general Dogon se detiene y le presenta a su invitado la opción. Señala hacia el final de la calle, donde los relucientes rascacielos del centro de Los Ángeles se alzan en una promesa de riquezas divinas.


El Paraiso.


Luego gira hacia la derecha, revelando el tatuaje de “poder negro” en su cuello, y lleva nuestra mirada de nuevo al estallido de Skid Row en el centro del centro de LA. De esa manera se encuentran 50 bloques de humillación humana concentrada. Una pesadilla a simple vista, en la ciudad de los sueños.


Alston gira a la derecha.


Entonces comienza un viaje de dos semanas en el lado oscuro del Sueño Americano. El centro de atención del relator de la ONU, un árbitro independiente de los estándares de derechos humanos en todo el mundo, ha caído en esta ocasión en los EE. UU., culminando el viernes con el lanzamiento de su informe inicial en Washington.

 

 
Philip Alston, Relator de la ONU, en las calles de Los Angeles. Foto: Dan Tuffs para The Guardian


Su misión de investigación en la nación más rica que el mundo haya conocido le ha llevado a investigar la tragedia en su núcleo: los 41 millones de personas que oficialmente viven en la pobreza.


De ellos, nueve millones tienen cero ingresos en efectivo: no reciben un centavo en sustento.


El viaje épico de Alston lo ha llevado de costa a costa, la privación a la privación. Comenzando en Los Ángeles y San Francisco, recorriendo el sur profundo, viajando a la mancha colonial de Puerto Rico y luego de vuelta al devastado país carbonífero de Virginia Occidental, ha explorado el daño colateral de la dependencia de los Estados Unidos de la empresa privada con exclusión del público ayuda.


The Guardian tuvo un acceso sin precedentes al enviado de la ONU, lo siguió mientras cruzaba el país, asistiendo a todas sus paradas principales y siendo testigo de la pobreza extrema que está investigando de primera mano.
Piense en ello como tiempo de amortización. Como dijo el propio relator especial de las Naciones Unidas: “Washington tiene mucho interés en señalar los fallos de la pobreza y los derechos humanos en otros países. Esta vez estoy en los Estados Unidos “.

La gira llega en un momento crítico para Estados Unidos y el mundo. Comenzó el día en que los republicanos en el Senado de los EE. UU. votaron a favor de amplios recortes de impuestos que ofrecerán una bonanza para los superdotados a la vez que aumentan los impuestos a muchas familias de bajos ingresos. Los cambios exacerbarán la desigualdad de riqueza que ya es la más extrema en cualquier nación industrializada, con tres hombres, Bill Gates, Jeff Bezos y Warren Buffet, que poseen tanto como la mitad de todo el pueblo estadounidense.

A los pocos días de la visita de la ONU, los líderes republicanos dieron un gran paso adelante. Anunciaron planes para recortar programas sociales claves en lo que equivale a un ataque contra el estado de bienestar ya de por sí raído.

“¡Buscar! Miren esos bancos, las grúas, los condominios de lujo que suben “, exclamó el general Dogon, que era un homeless en Skid Row y ahora trabaja como activista local con Lacan. “Aquí abajo, no hay nada”. Ves las tiendas una detrás de la otra, no hay lugar para que la gente vaya “.

 

David Busch es un hombre sin casa en Venice Beach, Los Angeles. Foto: Dan Tuffs para The Guardian

 

California fue un punto de partida adecuado para la visita de la ONU. Es un ejemplo de la gran riqueza generada en el boom tecnológico del 0,001%, y el aumento resultante en los costos de la vivienda que ha disparado la indigencia. Los Ángeles, la ciudad, por mucho, con la población más grande de habitantes de las calles en el país, está lidiando con cifras de crisis que aumentaron un 25% el año pasado a 55,000.
Ressy Finley, de 41 años, estaba ocupada esterilizando el balde blanco que usa para bañarse en su tienda en la que ha vivido durante más de una década. Ella mantiene su sala de estar, una masa de colchones y mantas gastadas y algunas posesiones variopintas, lo más limpio que puede en una batalla perdida contra ratas y cucarachas. Ella también soporta olas de chinches, y tiene grandes verdugones en su hombro para probarlo.
Ella no recibe ingresos formales, y lo que gana reciclando botellas y latas no es suficiente para pagar el alquiler promedio de $ 1,400 al mes por una habitación pequeña de una habitación. Un amigo le trae su comida cada dos días, el resto del tiempo depende de misiones cercanas.

Lloró dos veces en el curso de nuestra breve conversación, una vez cuando recordó cómo los trabajadores sociales le quitaron a su hijo pequeño de sus brazos debido a su adicción a las drogas (ahora tiene 14 años, nunca lo volvió a ver). La segunda vez fue cuando aludió al abuso sexual que la puso como una niña en el camino hacia las drogas y la falta de vivienda.

Teniendo en cuenta todo eso, es notable lo positivo que queda Finley. ¿Qué piensa ella del Sueño Americano, la idea de que todos puedan hacerlo si se esfuerzan lo suficiente? Ella responde al instante: “Sé que voy a lograrlo”.

¿Una mujer de 41 años que vive en la acera en Skid Row va a llegar?

“Claro que lo haré, siempre que conserve la fe”.

¿Qué significa “hacerlo” para ella?


“Quiero ser escritor, poeta, emprendedor, terapeuta”.

 

Ressi Finley, quien vive en una carpa en la 6th street en Los Angeles. Foto: Dan Tuffs para The Guardian

 

Robert Chambers ocupa el siguiente pedazo de acera junto a Finley’s. Ha creado un área alrededor de su tienda de paletas de madera, lo que pasaría en Skid Row como una casa jardín.

Tiene un letrero que dice “Homeless Writers Coalition”, el nombre de un grupo que dirige para dar dignidad a las personas sin hogar contra lo que él llama los aspectos “animalísticos” de sus vidas. Él se refiere a la falta de baños públicos que obliga a las personas a hacer sus necesidades en las calles.

 

Las autoridades de Los Angeles han prometido brindar más acceso a los baños, un tema crítico dado el brote mortal de hepatitis A que comenzó en San Diego y se está extendiendo en la costa oeste, cobrándose 21 vidas principalmente por falta de saneamiento en campamentos de personas sin hogar. Por la noche, los parques y servicios locales están cerrados específicamente para mantener alejados a los desamparados.

 


Skid Row ha utilizado nueve baños por la noche para 1.800 personas que van a la calle. Esa es una proporción muy inferior a la exigida por la ONU en sus campamentos para los refugiados sirios.

“De hecho, es inhumano, y, al final, adquirirás la psicología animal”, dijo Chambers.

Él ha estado viviendo en las calles por casi un año, tras haber violado sus términos de libertad condicional por posesión de drogas y, a su vez, ser expulsado de su apartamento de bajo costo. No hay ayuda para él ahora, dijo, no hay cuestión de “hacerlo”.

“¿La red de seguridad? Tiene demasiados agujeros para mí “.

De todas las personas que se cruzaron con el Relator de la ONU, Chambers fue el más desdeñoso del sueño americano. “La gente no se da cuenta, nunca mejora, no hay recuperación para personas como nosotros”. Tengo 67 años, tengo una enfermedad del corazón, no debería estar aquí. Puede que no sea mucho más tiempo “.

Eso fue una gran cantidad de mal karma para absorber en el primer día, y se estremeció incluso a un estudioso experimentado de dificultades como Alston. Como relator especial de la ONU, ha informado sobre la extrema pobreza y su impacto en los derechos humanos en Arabia Saudita y China, entre otros lugares. ¿Pero Skid Row?

“Me sentía bastante deprimido”, le dijo a The Guardian más tarde. “El interminable redoble de historias de terror. En cierto punto, uno se pregunta qué puede hacer alguien al respecto, y mucho menos a mí “.

Y luego tomó un vuelo hasta San Francisco, al distrito de Tenderloin, donde se congregan personas sin hogar, y entró a la iglesia de San Bonifacio.

Lo que vio allí fue un analgésico para su alma.

 

Continuará....

(Tomado de The Guardian / Traducción de Cubadebate)

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La capital de la miseria de Estados Unidos, fuera de control

La cifra de personas sin hogar aumenta por primera vez en siete años al dispararse la situación de emergencia en Los Ángeles.

 

“Nunca lo he visto tan mal”. El que dice esto mientras camina por la calle Seis del centro de Los Ángeles, California, lo ha visto todo en miseria. Es el agente Deon Joseph, con dos décadas de experiencia patrullando en la comisaría Central de la ciudad, situada en medio de la mayor concentración de personas sin hogar al aire libre de Estados Unidos, el barrio conocido como Skid Row.

 

Las cifras oficiales dan la razón al agente Joseph. Al menos en el tiempo que él lleva en el barrio, nunca ha estado tan mal. La situación de los sin techo en Los Ángeles, que las autoridades locales ya habían calificado de “emergencia”, se ha vuelto una cuestión nacional al revelarse este mes las últimas cifras del fenómeno en Estados Unidos. El número de personas sin hogar ha aumentado un 1% en el país, el primer aumento en siete años.

 

El aumento espectacular en el condado de Los Ángeles, con un 23% más de sin techo en un año hasta las casi 58.000 personas, explica por sí mismo las cifras nacionales. Si no fuera por la región de Los Ángeles, la población sin techo habría bajado un 1,5%. Las cifras han aumentado en toda la Costa Oeste. De las siete zonas urbanas con más personas sin techo, cinco están en el Pacífico (Los Ángeles, Seattle, San Diego, San José y San Francisco).

 

En Estados Unidos hay 553.000 personas sin hogar según el último censo del Departamento de Vivienda, publicado a principios de diciembre. Es el 0,17% de la población, un porcentaje superior a México (0,04%), pero inferior a Canadá (0,44%), Reino Unido (0,25%) o Suecia (0,36%), según las últimas cifras recopiladas por la OCDE. Uno de cada cinco vive en Nueva York o en Los Ángeles. En números absolutos, la ciudad de Nueva York es la que más sin techo tiene de EE UU, con más de 76.000. La diferencia es que en Nueva York, el 90% tiene donde pasar la noche. Tres de cada cuatro personas sin hogar en Los Ángeles no tienen cama en ningún albergue o solución temporal.


Además, la diferencia en el clima (la temperatura máxima en Nueva York esta semana ha sido -5 grados y en Los Ángeles, 26) hace que el fenómeno esté al aire libre, en aceras por toda la ciudad. Y en Skid Row es donde ese teatro de la miseria norteamericana muestra su cara más cruda. En las 50 manzanas de Skid Row se concentra la mitad de los sin techo de la ciudad de Los Ángeles. El detective Harry Bosch, de las novelas policiacas de Michael Connelly, lo define así: “Cruzas una calle y estás en Calcuta”. Tal cual.

 

El agente Deon Joseph patrulla a pie por la calzada de la calle Seis porque no se pueden usar las aceras. Son una amalgama de tiendas de campaña, basura, chatarra en la que viven miles de personas. A ratos, el olor es nauseabundo. Algunos se le acercan a saludar o a contarle sus problemas. Joseph cuenta que esta gente se ha convertido en víctimas de las bandas, que cobran por el sitio en las aceras, en dinero (hasta 200 dólares al mes) o en servicios, desde el tráfico de drogas hasta la prostitución. En algunas de estas tiendas de campaña, explica, han encontrado armas. El trapicheo está casi a la vista. Las violaciones son habituales. Coches de alta gama están aparcados junto a personas inconscientes en la acera a las que todo el mundo ignora. El crimen en la zona “está fuera de control”, asegura Joseph, atraído por el tráfico de drogas. El agente es muy crítico con lo que considera “política de no inmiscuirse” de las autoridades.


En una esquina encontramos a Jennifer de León. Prácticamente sin dentadura, explica que tiene 40 años y lleva viviendo en esta esquina desde 2009 en una tienda que empezó siendo pequeña pero ahora ocupa unos seis metros cuadrados. Sus padres viven en Desert Hot Springs, a dos horas de aquí. No se habla con ellos. Vive de una pensión de la Seguridad Social desde los 18 años que hoy asciende a 997 dólares, y sin embargo sigue en la calle. Simplemente es su vida. Acabó aquí después de engancharse al crack y a la metanfetamina. Se ducha en el albergue más cercano. Si no tiene que ir, hace sus necesidades en un cubo y las tira a la calle.

 

Midnight Mission es uno de los albergues más antiguos de Skid Row, fundado en 1914. “En la crisis del 29 servíamos un millón de comidas al año”, explica Joey Weinert, coordinador de los voluntarios del albergue. Aquí se viene a comer, pero también a pasar la noche y, si la persona consigue estabilizarse, Midnight Mission provee una solución habitacional temporal que le permita reconstruir su vida. “Si se pide ayuda, la hay”, asegura Weinert. Todos los habitantes de las aceras de Skid Row pueden comer tres veces al día, conseguir ropa limpia y acceso a higiene personal. “Es como la Meca de los sin techo. Aquí están todos los servicios”.


Las causas del aumento de sin techo son diversas y profundas. Weinert cita el aumento en el consumo de drogas, los efectos a largo plazo de la crisis económica y también la crisis de vivienda que sufre el condado de Los Ángeles, donde el aumento de los precios está erosionando rápidamente la clase media. Esta es la razón más admitida por las autoridades locales, en todas las ciudades de la Costa Oeste. También asegura que vienen personas sin techo de otros lugares, sabiendo que aquí se puede llevar esta vida. “Si estás en la calle en Chicago en esta época del año y te ofrecen un billete de autobús a California, te vas”.

 

La situación lleva dos años creciendo fuera del centro de la ciudad. Las tiendas de campaña aparecen de la noche a la mañana en todo Los Ángeles. La situación es tan evidente que este año los votantes han aprobado en referéndum dos veces subirse los impuestos para recaudar un total de 4.700 millones de dólares en 10 años para construir al menos 15.000 plazas en residencias permanentes para gente sin techo y los servicios que necesitan. La semana pasada, el alcalde inauguró la primera de esas obras.

 

Weinert no cree que echar dinero sobre el problema sea la solución. “Si le das un piso a un adicto al crack, sus amigos se van a meter allí y lo que has hecho es montar un piso franco de venta de crack”. No se puede resolver la situación de una persona que está en la calle sin resolver antes las razones por las que está en la calle, explica, especialmente la adicción y los problemas mentales. “Nuestro país no se ocupa de los pobres y los débiles”.

 


 

“EL SUEÑO AMERICANO SE ESTÁ CONVIRTIENDO RÁPIDAMENTE EN EL ESPEJISMO AMERICANO”


Estados Unidos, uno de los países más ricos del mundo y la “tierra de la oportunidad”, se está convirtiendo en el campeón de la desigualdad. Esta es la frase con la que comienza el comunicado del pasado 15 de diciembre de Phillip Alston, el relator especial de Naciones Unidas para la extrema pobreza. Alston acabó en Skid Row, Los Ángeles, un viaje de dos semanas por California, Alabama, Georgia, West Virginia, Washington DC y Puerto Rico para observar el estado de la pobreza en el país más rico del mundo. Su conclusión es que “el sueño americano se está convirtiendo rápidamente en el espejismo americano”.

 

El relator cita las cifras del censo, según las cuales 40 millones de estadounidenses viven en la pobreza y de ellos 18,5 millones en extrema pobreza. Alston se mete en política y pasa a continuación a criticar los posibles efectos de la reforma fiscal de Donald Trump sobre los más pobres. Dice que el plan “va a desgarrar partes cruciales de una red de seguridad que ya estaba llena de agujeros”.

 

En el problema de los sin techo, en concreto, Alston considera que las cifras oficiales son inferiores a las reales. El relator critica la “criminalización” de la pobreza por los arrestos por delitos menores de personas que viven en la calle. Alston publicó una versión preliminar de su informe hace una semana. La versión definitiva se publicará en abril.

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A. Latina debe modificar sistema económico

La secretaria Ejecutiva de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, Cepal, Alicia Bárcena, instó a repensar el modelo económico e implementar un nuevo paradigma que contribuya a poner fin a las desigualdades económicas, sociales y ambientales y avanzar hacia el desarrollo sostenible.


La alta funcionaria de las Naciones Unidas participó en el evento de alto nivel “Fracturas en la globalización y sus implicancias para las economías emergentes”, realizado en Ciudad de México en el marco del decimoctavo Congreso Mundial de la Asociación Económica Internacional, IEA, organizado en conjunto con el Centro Mexicano de Investigación y Docencia Económicas, CIDE.


Durante su intervención en el primer panel, titulado “Repensar las finanzas globales - Perspectivas de las economías emergentes”, Alicia Bárcena afirmó que “el capitalismo y la hiperglobalización nos han llevado a problemas sociales, políticos y ambientales que no son sostenibles, por lo que debemos repensarnos como sociedad en términos de consumo y producción”.


Precisó que Latinoamérica requiere una política industrial y de diversificación productiva seria con miras a un mayor crecimiento y desarrollo.
En su análisis, la máxima representante de la Cepal llamó a la construcción de un nuevo pacto social que logre terminar con la creciente brecha entre ricos y pobres. Recordó que la brecha está llegando a nuevos extremos y citó las cifras de Credit Suisse que reveló recientemente que el 1% más rico ha acumulado más riqueza que el resto del mundo.

Mundo desigual


“Mientras tanto, la riqueza de la mitad inferior de la humanidad ha caído en los últimos seis años. Esta es sólo la última evidencia de que hoy vivimos en un mundo con niveles de desigualdad que tal vez no hemos visto durante más de un siglo”, alertó Alicia Bárcena.


Agregó que, según Forbes, sólo 8 individuos concentran la riqueza equivalente a la mitad más pobre de la humanidad y precisó que, entre estos multimillonarios, 6 están vinculados con industrias de tecnologías de la información y la comunicación (TIC).


Recordó que el manejo macroeconómico y las políticas industriales, de innovación y tecnológicas son cruciales para resolver los problemas sociales y advirtió que la heterogeneidad de las estructuras productivas entre los países se ve acentuada por la presente revolución tecnológica de la economía digital.


Asimismo afirmó que la globalización es cada vez más cuestionada, principalmente en los países desarrollados, lo que ha provocado un aumento de los nacionalismos, la oposición a nuevos acuerdos comerciales, resistencia a la inmigración y el surgimiento de movimientos contra la globalización.


Ante este escenario, la cooperación internacional es la llave para avanzar en la regulación de los mercados, administrar las tensiones, reducir las desigualdades y consolidar un sistema internacional abierto que proteja los bienes públicos y la prosperidad compartida e inclusiva.


Finalmente, Bárcena llamó a transitar hacia un multilateralismo abierto, mecanismo imprescindible para encarar las tensiones económicas, sociales y ambientales provocadas por la incierta coyuntura internacional.


El decimoctavo Congreso Mundial de la Asociación Internacional Económica (IEA) sobre Globalización, crecimiento y sostenibilidad, fue inaugurado por Joseph Stiglitz, Premio Nobel de Economía, quien abordó la dinámica de la desigualdad.


En el primer panel, junto a Alicia Bárcena, participaron Mario Blejer, de la London School of Economics; Anne Krueger, de la Johns Hopkins University, SAIS; Guillermo Ortiz, de BTG Pactual y Andrés Velasco, de la Columbia University.

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Domingo, 02 Abril 2017 08:40

Motavita me mira

Motavita me mira

Motavita me mira. Su cabello castaño es iluminado por la luz de las cuatro de la tarde que entra por el ventanal del salón. Motativa me mira y sonríe, ocultando entre sus manos ásperas y con sus dedos amoratados, de uñas mutiladas, su boca. Tiene trece años, pero sus manos parecen las de una anciana de setenta. Sus manos evocan las de mi abuela, como si me hablaran de sus padecimientos, de las toneladas de ropa que restregaron sus nudillos. Pero Motativa sólo tiene trece años, además su sonrisa, la que oculta entre sus dedos, conserva una extraña expresión, pues encubre algo: un secreto o una historia que pronto develo.

 

Supongo que la razón de la textura de la piel de Motativa –y cabría decir que la del resto de sus compañeros–, reseca como el tronco de un árbol añoso o como la cáscara de una fruta expuesta durante mucho tiempo al sol, invadida por manchas blancas, rugosa como una flor de fuertes filamentos y enrojecida, es porque desde pequeños aquellos niños han sido expuestos al sol, porque de las calles sin asfaltar se levantan polvaredas llenas de orín de perro y gato, porque el agua que han recibido durante años no es potable, porque no utilizan cremas protectoras con filtros UV, ni nada por el estilo, y en el caso de Motavita porque desde los ocho años se ha encargado de los oficios de su casa y del cuidado de su madre invidente.

 

Motivita me mira, hace silencio y aparece de nuevo esa extraña expresión en su rostro cuando contrae los pliegues de la comisura de su boca. Con sus dedos deformes acomoda un mechón de pelo que ha caído sobre su frente y luego pega su mirada al ventanal, donde observamos al sol alejarse y en su reemplazo una oscura nube se aposta sobre el colegio. Primero cae una lluvia fina, casi transparente, que de un momento a otro se precipita con más fuerza hasta que el aguacero arrecia.

 

No hace falta hablar del frío que se repliega como un ejército por aquella zona y que cala profundamente en los huesos, pues es un barrio ubicado al suroriente de Bogotá, sobre una falda de la montaña, donde miles de campesinos, durante las décadas de los sesentas y setentas, víctimas de la violencia bipartidista y de la innegable, pobreza llegaron y establecieron sus casuchas e intentaron forjar una vida. El barrio se llama Juan Rey, uno de los sectores más peligrosos y pobres de la ciudad. La mayoría de sus habitantes son obreros asalariados que subsisten con menos de un salario mínimo, mujeres que laboran como empleadas domésticas y deben atravesar cada día un gran tramo de la ciudad y hombres que se ganan la vida como vendedores ambulantes y del transporte público; además, la sobrepoblación por casa, ya que cada una de las familias cuenta con más de tres hijos. Es por esto, que los hombres al llegar a la juventud y al no soportar la pobreza y la falta de oportunidades, deciden empezar a consumir drogas y alistarse en bandas criminales; y las mujeres quedan rápidamente embarazadas como una solución para escapar del malestar de sus hogares. Sin embargo, y a pesar de la pobreza, el sector es hermoso, colindado por una amplia montaña de tono verde oscuro, valles extensos donde se detienen las aves de la tarde que en las noches emigran hacia el páramo o los llanos orientales, miradores que enseñan el sur, el occidente y el centro de Bogotá como si fuera una fotografía en picada y el viento que desciende puro y rígido.

 

 

De un extremo a otra

 

Cada miércoles debo salir de casa con más de dos horas de antelación para llegar a tiempo hasta el colegio ubicado en este barrio. El Transmilenio se desliza sobre el pavimento cuarteado hasta arribar al portal del Veinte de Julio y allí trasbordo a un alimentador con nombre Tihuaque, palabra muisca que significa águila, y que es un barrio que conecta las localidades de San Cristóbal y de Usme y que hace unos años era la salida para Villavicencio desde la capital. Luego de ascender, alrededor de cincuenta minutos por la vieja carretera al Llano el bus se detiene en la falda de una montaña. Al costado izquierdo se levanta otro barrio de casas empinadas, la mayoría de una sola planta, de techados de láminas de zinc y con fachadas de ladrillo burdo. Al costado izquierdo desciende la falda de la montaña y se levanta el barrio Juan Rey, atiborrado de casas a medio construir, con ventanales de plástico y puertas de metales corroídos. A dos cuadras se encuentra el colegio, una mega construcción de ladrillo naranja y amplias ventanas. Allí estudia Motavita y cada ocho días asiste a las sesiones de creación literaria. La primera vez que fui le pregunté por qué asistía y qué quería aprender y simplemente levantó sus hombros y sonrió. Quizás son cuatro horas en que no debe estar pendiente de su mamá, de su sobrina, de su casa que se viene abajo y de los problemas de sus hermanos.

 

 

Estamos en descanso y sus compañeros, niños desde los ocho a los catorce años, juegan en el patio del colegio bajo la lluvia. Motativa ha querido quedarse en el salón, hablando conmigo. Le pregunto por su familia y me cuenta que vive con su mamá, que tiene cincuenta y cinco años, con su hermana de dieciséis y su sobrina de tres. Le preguntó por su padre y luego de suspirar y de mirar al piso me cuenta. Cuando tenía ocho años Motavita que lo expresa con solemnidad como si fuera una anciana, su papá dejó ciega a su mamá tras una golpiza. Él tomaba mucho y siempre llegaba borracho a pegarnos. Un día, mi papá llegó muy borracho y empezó a pegarle a mi mamá. Primero con la correa y después le dio patadas y puños. Mi mamá siempre nos escondía a mi hermana y a mí para que mi papá no nos pegara, por eso cuando escuchamos que había pasado el escándalo y salimos, encontramos a mi mamá en la cocina, desmayada sobre un charco de sangre. Nos tocó pedirle el favor a unos vecinos que nos ayudara a cargar a mi mamá hasta el hospital. Ahí la dejó ciega.

 

Desde ese momento no volvió a ver a su padre y su mamá, que antes trabajaba como empleada doméstica, debió quedarse en la casa. Su hermana, que en ese entonces tenía sólo once años, se retiró de estudiar y buscó empleo. Motavita me cuenta que su hermana empezó trabajando en una panadería en un barrio interior de la loma, pero una noche, cuando llegaba a casa con el pago de la semana en la cartera y con una bolsa de pan, unos drogadictos que salían de una olla, como le llaman ellos a las casas donde se vende y se consume la marihuana y el bazuco, la abordaron, la robaron y la golpearon. Su hermana estuvo incapacitada dos semanas y al regresar a la panadería ya le habían conseguido un reemplazo, así perdió su primer empleo. Luego trabajó en una cocina como ayudante, lavaba la loza, picaba los ingredientes de los alimentos y ayudaba en las mesas. Allí conoció a un conductor de servicio público, diez años mayor que ella, y quedó embarazada a los trece. El joven les ayudó y respondió por su hijo durante dos años, luego desapareció como si se lo hubiera tragado la tierra. Le pregunto por la familia o procedencia del joven y Motavita me dice: él venía de Boyacá y vivía aquí, solo, en Bogotá. Un día mi hermana se quedó esperándolo por la noche y no llegó, luego en la mañana y tampoco, así que se fue a buscarlo donde vivía y le dijeron que él había salido el día anterior a trabajar y no había regresado. La dejaron entrar al cuatro que tenía arrendado y todo estaba en orden, no faltaba nada y no se había llevado un solo chiro. Mi hermana piensa que lo mataron y lo echaron por la loma para que se lo comieran los chulos.

 

Por eso, la hermana de Motavita debe salir a trabajar todas las madrugadas para conseguir el alimento de su hermana, de su hija y de su madre y los doscientos cincuenta mil pesos que vale el arriendo de la casucha donde viven, y por eso a Motavita le toca ocuparse de los oficios de la casa: barrer, cocinar, bañar y dar de comer a su sobrina y a su mamá y lavar la ropa. Le pregunto por sus hermanos y me responde: Profe, no me lo va a creer. Me cuenta entonces que tiene dos hermanos. El menor de ellos, cansado de la vida de violencia que había en su casa, cayó en las drogas desde los catorce años y vive en la calle, como un indigente. Me cuenta también, que a su hermano le prohibieron el ingreso a la casa ya que en repetidas ocasiones ha robado el televisor, la grabadora y el dinero que encuentre para consumir drogas, hasta un día se robó la leche de la niña, me dice sonriendo. También ha entrado dos veces a la cárcel por hurto y lesiones personales, pues hace parte de la pandilla del barrio Juan Rey, enemiga acérrima de la pandilla del barrio Tihuaque.

 

La historia de mi otro hermano es peor, me dice. Al fondo la lluvia se ha detenido y Motavita me dice que debe ir al baño. Observo sus medias blancas, relucientes al igual que los puños y cuello de su camisa. Sin embargo, su saco se encuentra agujereado y su falda manchada con tinta de lapicero. Ahora soy yo quien pega la mirada al ventanal. Un sol frío, pálido, proyecta visos lechosos sobre las nubes que empiezan a oscurecerse. Pienso en todo lo que me ha contado Motavita y siento tristeza, en algún momento dudo de su historia, ¿cómo es posible que sobre una misma persona recaigan tantas tragedias? Pero recuerdo que nos encontramos en Colombia, en Bogotá, donde todas esas desgracias son el sustento de miles y miles de familias olvidadas y arrojadas a la miseria.

 

 

Motavita regresa, se ha mojado el cabello y limpiándose las manos con la falda me sonríe. ¿Quiere que le cuente el resto de la historia, Profe? Le digo que sí y prosigue. Cuando su padre dejó ciega a su madre, su hermano mayor, el mayor de los cuatro, se encontraba prestando el servicio militar en el ejército. Quería volverse soldado profesional, pero al enterarse de lo que había hecho su papá regresó a la ciudad. Motativa me cuenta que su hermano estuvo buscando a su papá por más de tres meses, abandonando sus aspiraciones de convertirse en un soldado profesional, hasta que una tarde de sábado lo vio. Su padre se encontraba en una tienda, en uno de los barrios adjuntos a Juan Rey, bebiendo con su tío. Su hermano, le hizo el reclamo y por supuesto, el padre le respondió. Cuenta Motavita que le contaron, que primero se fueron a las manos, su hermano llevaba la ventaja sobre su padre por lo que intervino su tío, quien sacó un cuchillo, así que su hermano para defenderse también se armó y lo apuñaleó dos veces en el pecho y lo mató. Cuenta Motavita mirando hacia el cielo ya encapotado, que su padre corrió a socorrer a su tío y que su hermano entró a la tienda, pidió una cerveza y esperó a que llegara la ambulancia y la policía. Llegó primero la policía y lo llevó a la cárcel. Su tío murió, su padre anda campante conformando una nueva familia y su hermano cumple una condena de veinte años en La Picota.

 

Motavita se sienta en su silla y terminamos la clase, luego caminamos juntos hasta la vieja carretera al Llano, donde debo tomar el alimentador que me llevará hasta el portal del Veinte de Julio. Cuando estamos sobre la carretera se detiene, estira su mano y con su dedo índice señala su casa, mire, Profe, esa es mi casa. Una casa pequeña, reclinada sobre la montaña o quizás recostada como si estuviera harta de sostener tanta miseria y tristeza, el techo es de zinc y sobresalen algunas láminas de madera. La fachada de color blanco y verde se encuentra cuarteada, una de las ventanas está tapada con un plástico y un perro duerme frente a la puerta. Nos despedimos de mano y la veo caminar lentamente, con sus trece años calle abajo y mientras su silueta se empequeñece, también lo hace mi corazón ya cansado.

 

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