El pasado 2 de julio, la Secretaría Distrital de Planeación entregó un estudio sobre población y estratificación en Bogotá. La información que resume la investigación es sugerente y confirma lo que ya se sabía, aunque no con tanta precisión: en una ciudad donde habitan 7 millones 373 mil 782 personas, los ricos suman solamente algo más de 130 mil personas, es decir, el 1,7 por ciento de todos sus pobladores.

Mientras esta clase social es tan poco numerosa, entre pobres (estratos 1 y 2) y clase media baja (estrato 3), suman 6 millones 235 mil 867 habitantes, o sea, el 84,7 por ciento de quienes viven en la capital del país.

Según el estudio estadístico divulgado por la administración distrital, 2 millones 886.445 pertenecen al estrato 2; el estrato tres tiene 2 millones 661.313, y el estrato 1 suma 688 mil 109 habitantes.
El 9,4 por ciento de la población corresponde al estrato 4, esto es, 693 mil 738 habitantes; al estrato 5 pertenecen 198 mil 973, y el estrato 6 tiene 130 mil 051 habitantes.

En esta cuenta se incluyen 105.153 personas localizadas en manzanas sin asignación de estrato, por ejemplo, cuarteles y cárceles, entre otros.

De las 688.109 personas en situación de marcada pobreza (ubicadas en el estrato 1, considerado bajo-bajo), las localidades de Usme y Ciudad Bolívar concentran el 77,5 por ciento de esa población, en tanto que de las personas del estrato más alto, el estrato 6, el 92,3 por ciento se encuentra en las localidades de Usaquén y Chapinero, reflejando la polarización del espacio urbano que segrega a su población en forma radical.

Pero, lo que es peor, si miramos esas localidades por UPZ (Unidades de Planeamiento Zonal), dicho proceso de segregación socio-espacial se muestra todavía más agudo, pues, en el caso de la localidad de Usaquén, de las 10 UPZ, tan solo tres (Santa Bárbara, Country Club y Uaquén) concentran el 93,3 por ciento de las personas de estrato alto. El caso de Chapinero es igualmente sintomático, toda vez que allí también tres UPZ (El Refugio, Chicó-Lago y Pardo Rubio) suman el 99,9 por ciento de las personas de estrato alto.

Si miramos el lado contrario, es decir, el de la pobreza, la situación no es menos alarmante. Las dos localidades que concentran los mayores índices de pobreza cuentan como estrato más alto el 3, aunque en porcentajes muy reducidos e igualmente concentrados. Usme, por ejemplo, de las 92.619 viviendas que tiene, dispone tan solo de cinco definidas como de estrato 3, en las que habitan únicamente 21 personas, de las 363.707 que viven en la localidad.

En Ciudad Bolívar, en el estrato 3 (que también es el más alto de la localidad) habitan 22.386 personas de ese estrato (3,56%) entre los 628.366 habitantes del lugar. Pero tales personas se encuentran sólo en tres UPZ (Arborizadora, Ismael Perdomo y UPR Ciudad Bolívar). Ello es ilustración más que suficiente de la estructura absolutamente asimétrica de la ciudad y de su carácter francamente segregador.

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Lunes, 26 Julio 2010 10:55

El mundo de la informalidad

Si usted es patrón o empleado particular que labora en empresas o negocios con 10 trabajadores o menos, tal vez es trabajador familiar sin remuneración o empleado doméstico, quizás es usted un trabajador por cuenta propia, independiente, no profesional; es muy probable que sea un empleado más del mundo del trabajo informal. La mayoría de las veces, el trabajo por cuenta propia no es una elección de reafirmación de autonomía personal sino la única opción frente al desempleo y la pobreza.

En Colombia, los indicadores precisan que el sector informal supera tasas superiores al 60 por ciento, resultado de la crisis económica que se vivió a finales de los 90, que contrajo la economía y elevó las tasas de desempleo a índices cercanos al 20 por ciento. Sin embargo, la recuperación de la economía desde el 2003 no incide en la alta tasa de informalidad, que se mantiene, afectando a más de 10 millones de personas, una de las cifras más altas en América Latina, como lo indican el Banco Mundial y la OIT1. La situación es más grave para las mujeres, que tienen una tasa de informalidad mayor que los hombres, por estar más propensas en actividades que no son tenidas en cuenta porque su contribución económica es invisible, como la producción para el consumo propio, aquellas domésticas remuneradas en hogares y el trabajo a domicilio. Todas desesperadas por conseguir algún ingreso con qué ayudar a los gastos del hogar, actividades que también incluyen la infancia, pues para el año 2007 trabajaban en Colombia 786.567 niños y niñas, y en oficios del hogar por 15 horas o más trabajaban lo hacían 841.733, es decir, un total de 1.628.300 niñas y niños trabajadores.

En 2008, la inversión extranjera directa (IED) alcanzó el monto más alto de la historia económica del país: 10.564 millones de dólares, 16,7 por ciento más que en 2007. Sus principales receptores fueron el sector de minas y canteras, incluido carbón, que captó el 20 por ciento del total de las inversiones (incremento del 270 por ciento respecto a 2007). Este sector creció un 12,2 por ciento, pero sólo participa con el 1,3 del empleo total del país2. Una buena proporción de la actividad minera nacional es de carácter informal, como ocurre con la extracción del oro, desarrollada artesanalmente, en los ríos del Chocó, Antioquia y sur de Bolívar.

En las 13 principales ciudades del país, el 37,13 por ciento de la población ocupada y asalariada que informa sobre sus ingresos manifestó que éstos se encontraban por debajo de un salario mínimo legal: el 15,42 por ciento, que tenía ingresos por menos de medio salario mínimo, y el 21,71 entre medio y un salario mínimo legal. En Medellín, según denuncia de la Asociación de Confeccionistas (Asconfec), que agrupa a 240 unidades familiares dedicadas a la maquila de la confección, mientras los estándares internacionales establecen que el pago por minuto de trabajo de maquila es de 220 pesos, allí el valor de ese minuto oscila entre 80 y 160 pesos3. Según Hugo López, el 42,8 por ciento de los trabajadores de este sector, de todo el país, devengaba menos de un salario mínimo legal.

¿Qué es informalidad?

La economía informal es el conjunto de actividades que escapan a la fiscalización estatal, al margen de la legislación laboral, aquellas no registradas por las estadísticas en uso4. Para la OIT, la mayoría de los trabajadores ubicados en el sector informal se caracteriza por su alto nivel de vulnerabilidad. Al no estar reconocidos por la ley, reciben poca o ninguna protección jurídica o social, no pueden establecer contratos y no tienen asegurados sus derechos de propiedad. Su acceso a la infraestructura y las subvenciones públicas es limitado o inexistente.

Podemos definir que la informalidad se extiende a quienes sufren por la precariedad laboral cuando: a) hay discontinuidad del trabajo, o su duración es corta y con riesgo de pérdida elevado; b) es deficiente o de nula capacidad negociadora ante el mercado laboral; c) hay desprotección del trabajador: pésimas condiciones laborales, sin derecho a prestaciones sociales; y d) hay baja remuneración del trabajador.

En una investigación de Fedesarrollo en los microestablecimientos reportados por el Dane en 2003, el 65,4 por ciento no cumplía con el pago de las prestaciones de sus trabajadores. Entre más pequeña es la empresa, mayor es la informalidad: en las empresas de 2 a 5 trabajadores, el 80,4 por ciento de éstos no tiene vinculación a través de un contrato, cifra que baja a 56,2 por ciento para las que emplean entre 6 y 10 personas.

El sector económico con mayor índice de trabajo informal es el de comercio, hoteles y restaurantes, donde se ubica una gran proporción de quienes viven de vender productos y servicios en el comercio callejero, ocupando andenes de manera permanente o estacional, en centros de comercio. Le siguen el sector de la construcción y el de transporte, almacenamiento y comunicaciones, que se aprovechan de altas tasas de desempleo, bajos niveles de sindicalización y debilidades en la inspección del trabajo para imponer condiciones precarias de contratación y remuneración, al margen de la legislación laboral.

La situación se ve estimulada por la precaria labor de inspección del trabajo que realiza el Estado, entre otras razones por el escaso número de funcionarios de inspección (menos de 300 para todo el país) y por el debilitamiento ostensible que sufrió el Ministerio del Trabajo al quedar fusionado con el Ministerio de Salud en el Ministerio de la Protección Social.

Informalidad y educación

Hace algunos años, alcanzar el nivel de educación secundaria completa constituía un puente confiable para acceder a un trabajo formal y protegido. Actualmente, los mayores niveles de informalidad se presentan entre la población con secundaria completa, alcanzando el 52,83 por ciento, contra sólo el 16,1 de las personas con formación superior o pregrado. Sin embargo, el indicador de la población con formación superior en el sector informal ha venido incrementando su participación en los últimos tres años, lo cual puede indicar el estancamiento del sector formal para absorber a este tipo de personas, agotamiento que se define por el tamaño del mercado interno y las capacidades de ampliación y crecimiento de la diversas actividades económicas. La proliferación de “universidades de garaje” contribuye a degradar las remuneraciones de estos trabajadores y asimismo a saturar la oferta de personal con este nivel de formación, incrementando la informalidad.

Economía global y política multilateral

Este fenómeno ha crecido rápidamente en casi todos los puntos del planeta, incluidos los países industrializados, y ya no se puede seguir considerándosele un fenómeno temporal o marginal5. Son cadenas transfronterizas donde la empresa o el minorista principal se encuentran en un país industrializado y avanzado, y el productor final es un trabajador por cuenta propia en una microempresa, o un trabajador a domicilio en un país en desarrollo. Aparecen nuevas categorías para los trabajadores: “autónomos”, “independientes”, “por cuenta propia”, “a domicilio”, “freelance” (identificado éste a veces con el “cuenta propia”). Y nuevas formas de contratación: “Outsoursing, contratos civiles, cooperativas de trabajo asociado…”.

Para la OIT es innegable que el porcentaje de pobres que trabajan en el sector informal es mucho más alto que en la economía formal, y que la proporción de mujeres pobres que trabajan en la economía informal es superior a la de los hombres pobres. También, que con frecuencia a quienes se dedican a actividades agrícolas muchos países las excluyen, por razones prácticas, del alcance de sus estadísticas6.

Las instituciones de la globalización del capital promueven una política para favorecer la desregulación laboral, como parte del análisis sobre las políticas que cada país desarrolla (Informe “Doing Business”, EWI, su sigla en inglés); a través de este indicador, el BM adjudica puntos de penalización a cada país que proporcione distintos tipos de protección o regulación del trabajo, basándose en la premisa de que las regulaciones del mercado laboral son malas para los negocios. Así, doing business da una mala clasificación para Sudáfrica por la “dificultad de contratación” y la “dificultad de despido” (56 y 60), en parte por los programas de acción afirmativa del país, adoptados por el régimen post-apartheid para ayudar a promover el empleo de los trabajadores no blancos y de las mujeres. En cambio, doing business concede la nota perfecta de 0 en ambas categorías a Arabia Saudita, país que excluye a las mujeres en numerosos puestos de trabajo, además de prohibir los sindicatos7.

Hay un desplazamiento del sector formal al informal de la economía, nuevos puestos de trabajo son creados por las maquilas, trabajadores/as de la confección pasan de tener empleos estables, más o menos bien remunerados, con seguridad social y otros ‘beneficios', a tener trabajos inestables, estacionales, en los cuales la mayoría de las veces no tienen seguridad social y ni siquiera un salario como tal8. Lamentablemente, vivimos dentro de un movimiento inverso al conquistado por la sociedad salarial.

Notas

1    El empleo informal en América Latina registra una tasa promedio de entre 54 y 60 por ciento, con Argentina, Brasil, Chile y Uruguay en las tasas más bajas, menores de 20, y Perú, Bolivia, Ecuador y Nicaragua en las más altas, por encima de 40 (Estudios del Banco Mundial sobre América Latina y el Caribe, 2007).
2     Escuela Nacional Sindical, Informe sobre la coyuntura económica, laboral y sindical en 2008-2009.
3     Agencia de Prensa IPC, Medellín, Colombia, 28 de julio de 2009.
4     Sanchis, Enric y Miñana, José, La otra economía. Trabajo negro y trabajo informal, Valencia, Ediciones El Magnanim, Institución Valenciana de Estudios e Investigación, 1988, p. 10.
5     OIT. El trabajo decente y la economía informal. Conferencia Internacional del Trabajo. 90ª reunión, Informe IV, 2002.
6     íd.
7     El desarrollo equitativo y la lucha contra la pobreza exigen una mejor protección de los derechos de los trabajadores. Declaración de la Agrupación Global Unions para las reuniones de primavera de 2006 del FMI y el BM (Washington, 22-23 de abril de 2006).
8     Camacho Reyes, Karina. Las confesiones de las confecciones. Condiciones laborales y de vida de las confeccionistas de Medellín. Ensayos laborales 17, ENS. 2008, p. 69.

Por HÉCTOR VÁSQUEZ
Escuela Nacional Sindical

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Sábado, 20 Febrero 2010 18:23

Colombia. Cárceles y represión sanitaria

Candidato a la Cámara por Bogotá
Polo Democrático Alternativo - 114
Defensor de Derechos Humanos, Educador y Librepensador
Preso de conciencia y político, detenido injusta y
arbitrariamente desde el 14 de noviembre de 2008.
 
A vanza la tarde, el reloj marca las 3:45 de un día soleado del mes de enero de 2010, en la cárcel la Picota de Bogotá. Bajamos las escaleras para pasar al patio donde, al cruzar una pequeña reja, dos guardias cuentan uno a uno a los prisioneros, mientras sale la montonera, en la llamada rotonda1. Los pasilleros2 ayudan a desocupar las celdas, y luego de realizar su tarea esperan en el primer piso del edificio de tres niveles, compuesto por seis pasillos con 20 ó 25 celdas cada uno, incluyendo la rotonda del tercer piso, que tiene siete celdas, donde viven en cada una de ellas –según el hacinamiento de cada día– de 3 a 6 personas.
 
Al llegar al primer piso se ve a un hombre de unos 45 años, de tez morena, contextura gruesa, rasgos de campesino, retorciéndose de dolor contra una pared en medio de los pasilleros, quienes, sumergidos en la impotencia, le sugieren mil cosas: desde tomar mucho líquido hasta demandar al Inpec o a Caprecom por su negligencia. Buscando entender el barullo, pregunto a un miembro del comité de convivencia3, el porqué de tanto alboroto, él comenta que ese pobre hombre ha estado orinando sangre desde hace varios días, tal vez semanas, sin ser atendido debidamente por la EPS que presta sus servicios en las cárceles del país. El adolorido hombre escucha la explicación y agrega entre sollozos que no le dieron en un comienzo más que acetaminofén, luego, en otra consulta, ibuprofeno, y en los últimos días le han aplicado inyecciones de no se que menjurjes que le han calmado el dolor, pero no le solucionan el problema. Todo indica que la cosa va de mal en peor. Se le ruega al guardián que lo deje pasar a sanidad, pero él, como uniéndose a las voces de protesta, dice que de nada sirve llevarlo al servicio médico si allí no hay quien lo atienda, quizá más tarde. Así todos quedamos sin palabras y reflejando en nuesas caras largas la frustración, la rabia y la impotencia.
 
Ya en el patio, donde todos los prisioneros quedamos reunidos durante la contada, era comidilla este drama. Cada uno contaba su historia. Se decía que este no era el único ni el caso más grave, que a otro señor, por ejemplo, le extirparon un riñón luego de mucho tiempo de inasistencia médica, y en este momento se encuentra en el pabellón de sanidad, al que todos califican como un moridero por la soledad, el maltrato y el abandono.
 
Otro hombre, a lo lejos, comenta ante un auditorio atento de más de 10 prisioneros la suerte de un tal Sancho, quien luego de estar durante un tiempo en esta cárcel, fue enviado a la de Acacías (departamento del Meta). Allí, tras presentar algunos problemas de salud, le fue aplicado un medicamento
que, en palabras del narrador, le generó una complicación cardíaca. Luego, al ser trasladado nuevamente a La Picota para su tratamiento, se deteriora aún más su salud, generando un desenlace fatal por falta de atención necesaria y oportuna, pues muere por una mezcla extraña de patologías simultáneas: un paro cardíaco y un derrame cerebral. Dantesco destino pare este pobre hombre.
 
Ni para una jeringa
 
Después de esta aterradora narración, al otro extremo del patio, disfrutando de esta tarde de sol pero a la vez en actitud desesperada, los enfermos de diabetes discutían casi hasta llegar al estado de shock, denunciando entre ellos y ante los demás su situación. Decían que les parecía el colmo que tuvieran que inyectarse varias veces con una misma jeringa, que, cuando hay, es personal; y cuando no, hay que ‘desinfectar' la aguja con la llama –para ser compartida– de un encendedor, y la sabia solución de Caprecom es aplicarles la insulina con unas jeringas distintas de las indicadas, con una aguja que triplica el tamaño de la original, generando sangrado y hematomas, que por el tipo 
 
de enfermedad se hacen peligrosos y pueden conducir incluso a la muerte, pues es sabido que a un diabético hay que evitarle cualquier tipo de laceración, ya que su recuperación es demorada, pudiéndose llegar hasta amputaciones y otras desgracias como la ya mencionada, pero, claro, ante la denuncia, dicen los enfermos, sólo existen los insultos, la represión y los malos tratos, paradójicamente no por parte de la guardia, que es el aparato de choque de  las cárceles, sino de quienes atienden en estas indolentes EPS. Un señor ya mayor denuncia que la reutilización de los elementos desechables para el tratamiento de los enfermos es continua, que él da testimonio –y lo sostiene donde sea– de cómo ocurre esto con los guantes en odontología, además de que luego de los procedimientos no se esterilizan los instrumentos.
 
Así, el patio se vuelve una torre de Babel donde, con diferentes lenguajes, estilos y ademanes, se narran experiencias aterradoras, extendiéndose una especie de alarma generalizada; un hombre en un pasillo le dice a otro que, en su afán de buscar un tratamiento odontológico, le fueron destapadas varias muelas, dizque para unos conductos, invitándolo a pedir nuevamente una cita para continuar el tratamiento y el pobre entra en pánico al saber todo el tiempo que habría que esperar, pues, por bien que le fuera y si todo es normal, tendría que esperar como mínimo ocho días (aquí todo es normal) si el encargado del patio lo anota el día que le corresponde, si acaso hay un cupo, y además si ese día atienden en sanidad, si por accidente llegan los médicos, las enfermeras y odontólogos, y si tal vez tiene la paciencia para esperar varias horas otra vez, y de nuevo la odisea. Hay quienes han esperado hasta cinco meses para ser atendidos nuevamente, sufriendo las aventuras y desventuras, las infecciones y traumas que generan las heridas abiertas en la cavidad bucal, porque para cualquier mortal es sabido lo terrible que es un “dolor de muela a medianoche”, y en nuestra condición de detenidos, cuando todo se vuelve adverso, es aún peor.
 
Miopes y enfermos del corazón
 
En la Biblioteca al Patio “Orlando Fals Borda”, un joven de los miles que pueblan nuestras cárceles se pega contra los libros para intentar leerlos. Me dice que ha buscado le realicen los exámenes de optometría, para, si es necesario, él mismo comprar sus lentes, pero no le dan la cita y cuando se la dieron esperó toda una mañana y nada. Así se repite esta rutina desgraciada por un problema visual. El que más sufre en este patio, por este tipo de limitación, es un muchacho apodado “Rata Ciega”, quien por estar “frito” (así se denomina entre rejas a quien vive una situación económica difícil) no ha podido comprar lentes, vive de tumbo en tumbo, se le ve siempre perdido, y, lo que es paradójico, se deja tentar por la lectura sin poder en este intento ver con el más mínimo placer las esculturales modelos de la farándula criolla. El drama es generalizado. El año pasado, en la puerta de uno de los pabellones, murió un travesti conocido como “La Muda”, pateando la puerta y ahogando los gritos de angustia y de dolor en el silencio de sus palabras. El marcapasos que tenia le falló y la indiferencia de la guardia, sumada a la falta de atención de esta EPS, ofrendó una nueva vida a la voracidad de quienes disfrutan el sistema, que, como buitres, viven de la muerte y la descomposición de los cuerpos que en vida deambulan por los laberintos de un país hecho cárcel.
 
Luego de sufrir tantas angustias, el noticiero de la noche nos oscurece aún más el panorama, al informar la entrada en vigencia de la Emergencia Social, en que la salud sufre la más traicionera de las puñaladas, aumentando su desangre sin ninguna EPS que la auxilie, pues, si no hay ‘platica', no hay atención, y ningún médico se arriesga a ayudarla hasta que una junta científica diga qué hay y qué puede hacer. De esta manera, la pobre salud, que siempre ha vivido desempleada, no ha tenido con que pagar la pensión y ahorrar sus cesantías, para cubrir por partida doble la atención, mientras en la bolsa de valores las acciones de las EPS nacionales y extranjeras se cotizan cada vez mejor, mientras la vida de millones de connacionales se desvanece en el aire apestoso del gran capital, defendido a sangre y fuego por el más perverso de los manipuladores de este país, que junto con los empresarios y dirigentes de la nación disfrutan sádicamente el dolor de todo un pueblo.
 
¡Es el colmo de la desfachatez! En la década de los 90 le hacen el mandado a las multinacionales y nos imponen la Ley 100 a través del dueño de El Ubérrimo, y hoy, reafirmando su vocación dictatorial, asesinan la salud.

Febrero 5 de 2010. A los 449 días de secuestro 
en las mazmorras del fascismo. Cárcel La Picota, Bogotá. 
 
1. Espacio exterior de los pasillos que sirve de intercomunicación entre los mismos y los pisos superiores e inferiores, a un lado de las escaleras. También se conoce con este nombre al espacio de reuniones, o salón, ubicado en el último piso de este patio (número 2 de la cárcel la Picota), así como al conjunto de celdas que se encuentran cerca de este lugar.
2. Prisioneros que lideran y administran cada uno de los pasillos.
3. Grupo de pasilleros que busca garantizar la vida, el respeto y la armonía de todos los presos.
 
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“No estamos para quedarnos con este edificio, esto es una forma de presión. Nosotros somos gente pacífica”. Estas palabras, proferidas por uno de los líderes del grupo de desplazados que tomó el pasado 15 de febrero un edificio abandonado localizado en el barrio Santa Fe (Calle 24 con calle 18) centro de la Capital de la República, sintetiza la voluntad de miles de colombianos, que a pesar de vivir en precarias condiciones aún esperan que el Estado les resuelva parte de su situación económica y social.

La toma fue realizada por un grupo de 114 personas (61 adultos y 53 menores) procedentes de las dos costas colombianas: la Pacífica, en concreto la ciudad de Buenaventura, y la Atlántica. Cansados, afligidos y desesperados por sus precarias condiciones de vida, estas personas que fueron sometidas a las inclemencias de la urbe desde el día en que fueron obligadas a abandonar sus tierras, decidieron entrar a este edificio con el fin de exigir un mejoramiento de sus condiciones de vida.

“Nosotros pedimos un proyecto productivo que valga la pena y que haya una ayuda concreta en cuanto a techo y comida, un proyecto de vida razonable”, aseveró Arley Suárez, vocero de la protesta, cuando culminaron los tres días de toma, tras acuerdos pactados con la Secretaría de Gobierno, los cuales involucran insersión en algunos programas de gobierno, emplearlos en algunos de los proyectos de la ciudad, la ayuda puntual para el mercado de este mes ($ 216.000) y mirar el tema de vivienda.

Los desplazados, luego de los acuerdos pactados con representantes de Acción Social y la Oficina de Derechos Humanos de la Alcaldía Distrital, abandonaron el edificio el martes 17. En sus rostros se reflejaba algo de satisfacción, tal vez de esperanza de que sus vidas mejoraran en algo.

“Nosotros estamos aquí para exigir que nos den lo necesario. Esperamos se pueda llegar a un acuerdo respecto a lo que se está negociando a ver qué solución le dan a la problemática. Queremos que nos permitan trabajar, hacer algo productivo. Nosotros no somos gente perezosa. Salimos de nuestra tierra por la violencia. Antes teníamos nuestra finca, con qué vivir, con qué producir la caña, la panela, la carne, teníamos todo lo necesario para no tener que pedirle nada al gobierno. Queremos mejores condiciones, que se nos trate como seres humanos, aquí en la ciudad nos desprecian mucho”, dijo un desplazado que, desde el exterior de la toma, acompañaba la protesta.

Desterrados, estigmatizados…

Obligados a presionar. El desespero y angustia colmó la paciencia de estos campesinos, sometidos a deambular por las frias calles bogotanas sin rumbo alguno, lejos de sus calientes tierras, con la única alternativa de mendigar comida y techo. La mayoría de esta población, según Acción Social el 71%, especialmente la adulta, solo saben oficios vinculados a la tierra.

Pero en la ciudad unicamente encuentran voces estigmatizadoras, indiferentes, que los perciben como un problema. Al final, condenados a habitar en los recodos de las periferias o, en el peor de los casos, a deambular por las calles pidiendo cualquier colaboración de algún transeúnte solidario, que la gran mayoría de las veces no aparece, se les ve con el rostro sobrecogido por la angustia y el peso en la espalda de su desgracia.

Tragedia que organismos como la ACNUR han puesto a la luz pública. Colombia ostenta, producto del violento conflicto interno que vive, la nada despreciable cifra de 3`500.000 desplazados –cifras subregistradas para algunos estudiosos-, blandiando el vergonzoso segundo puesto como país con mayor número de desplazados, sólo aventajados por Somalia.

Según Andrés Restrepo, vocero de Acción Social de Bogotá, la ciudad recibe y alberga más de 60 mil familias desplazadas por año, procedente en su gran mayoría del sur occidente y de la Costa Atlántica. Es decir, la ciudad tendría que poner en marcha un inmenso programa de acción psicológica, empleo, vivienda, educación, etcétera, para poder recibir este importante número de personas, y para poderles ofrecer una alternativa de vida. Hasta ahora todo se hace en respuesta, bajo presión, pero sin prevención alguna. La razón puede ser que el problema por emprender, realmente, es del orden nacional, del gobierno central, el cual no entrega los recursos que tal plan exigiría.

Hasta ahora, queda claro, las políticas para la erradicación de este flagelo se limitan a dar subsidios condicionados como los bonos humanitarios y el suministro de $ 120 mil pesos mensuales para el sostenimiento, pocos pesos de los cuales cada familia debe sacar para cancelar el arriendo y la alimentación básica. A lo que se suma, que “la ciudad no tiene la capacidad suficiente para alojar a este tipo de población porque la demanda supera la infraestructura y el Gobierno central se tarda 18 meses analizando la situación específica de cada desplazado y hasta 10 años en otorgarle la ayuda necesaria de reparación”, como agregó Restrepo.

Realidad cruda y cruel. Lo que habría que cuestionar no es tanto el asistencialismo del que se precian las políticas oficiales en torno al desplazamiento forzado en el país, tanto como que las garantías para el regreso de estos campesinos desterrados a sus tierras no tienen asidero práctico, y la no aplicación de políticas de choque paa que la vulneración de todos los derechos de esto millones de colombianos quede en la memoria individual y colectiva, simplemente, como un mal recuerdo.

Desterrados y condenados a caminar como fantasmas por las grandes urbes o a engrosar los cordones de miseria de las barriadas periféricas, estos campesinos viven su realidad cotidiana sin encontrar alternativas reales y una voluntad política de fondo por parte del Gobierno Nacional para superar la denominada crisis humanitaria, que para ellos es la destrucción de sus familias y de la vida de quienes son sus cabezas inmediatas. Por ello, y para solucionar de raíz el problema, se deben buscar salidas inmediastas y reales al prolongado conflicto armado que  vive Colombia.

Por: Julián Carreño






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