Que lo urgente no impida asumir lo importante

Aunque no corresponde con las dinámicas históricas que nos indican que entre año y año no hay ruptura alguna y que lo que tenemos entre uno y otro mes (diciembre-enero) es continuidad (a no ser que en ese preciso momento del calendario ocurra algo extraordinario, como sucedió el 1º de enero de 1959 en Cuba), pese a ello las dinámicas culturales de nuestras sociedades han terminado por imponer el imaginario de que cada año trae su agenda y sus prioridades.

 

En esta lógica, el año hereda las luchas de movimientos sociales como los docentes de secundaria por su sistema de salud, así como por el cumplimiento por parte del Estado de la agenda firmada por el gobierno Santos. En los meses finales de 2018, Fecode trató de movilizar sus fuerzas, como precalentamiento para la disputa que les espera, sin lograr sintonía con sus bases. Tal vez el cansancio de un año de labores y el deseo de salir a vacaciones produjeron este resultado. Los primeros llamamientos de 2019 indicarán hasta dónde irá esta confrontación.

 

Con un recuerdo fresco de las hojas del calendario caídas hasta el pasado 31, también está la agenda firmada entre las comunidades indígenas y el anterior gobierno (en sus dos períodos). Como las denuncias de incumplimientos por parte de los pobladores del campo son constantes, ¿estarán dispuestos a copar autopistas como un recurso último para hacer valer lo firmado? ¿Estimulará su posible acción, o su pasividad, la decisión que tomen frente a la agenda electoral citada para octubre en todo el país?

 

Como habitantes del campo, en su mayoría campesinos, los raspachines y quienes tienen sembradas en su minifundio unas cuantas cuadras de coca están avisados de que este año, cada vez con más presión, desde el alto gobierno se operativizarán sus efectivos para erradicar por la fuerza estos sembrados, incluido el glifosato. ¿Presenciarán este suceso con pasividad los pobres del campo? ¿O revivirá en el sur del país el movimiento cocalero que años atrás se enfrentó a las políticas de erradicación inconsulta para hacer cumplir lo que sobre el particular quedó establecido en los Acuerdos de La Habana?

 

También con asiento rural, y producto de la decisión de los entes judiciales de que las consultas populares no tienen poder para impedir que la explotación minera tome cuerpo en uno u otro municipio, sometiendo así a los pobladores de gran parte del país al despojo, el desplazamiento; la contaminación de sus aguas, la tierra y el aire; la imposición de un modelo de desarrollo que no comparten, etcétera, queda abierta para esta parte de la agenda social de carácter alternativo el recurso de concentrar fuerzas y centralizar agendas. ¿Tomará cuerpo una coordinadora de todos los territorios afectados por tal decisión? ¿Optará esa coordinadora, de constituirse, por confrontar en las autopistas al gobierno nacional, como último recurso en procura de hacer valer la soberanía municipal sobre la nacional?

 

Las luchas universitarias, para ponerle coto a la desfinanciación de sus centros de estudio, produjeron unos resultados resumidos en el acuerdo firmado con el gobierno Duque en diciembre pasado, cuya valoración es motivo de polémica, y la decisión que sobre el particular tomen los actores sociales será noticia nacional en lo que resta de enero. Pero, más allá de tal particularidad, está a la orden del día el trabajo de potenciar el debate sobre la necesidad de una Universidad –y educación superior en general– gratuita (ver págs. 5-11), como concreción del esencial derecho humano al estudio, de mayor nivel y calidad, de acuerdo con los avances que la sociedad va conociendo. ¿Asumirá este reto el movimiento estudiantil como un solo cuerpo? ¿O, fracturado, producto de las decisiones que tome en las asambleas por celebrarse en estos días, una parte del mismo optará por una agenda pública de amplia actividad y otra por hacerle seguimiento al cumplimiento de lo acordado? ¿Qué sintonía encontrarán una y otra agenda, posibles, en la opinión pública?

 

El desangre del activismo social va pasando de goteo a chorro; a los centenares de activistas asesinados a lo largo de 2018, se suma la decena de los primeros días de enero, contados familiares de los mismos. Como todo año electoral, la acción promete no detenerse: es una acción abierta y despiadada por el control territorial, en lo cual también pesa el Acuerdo firmado con las Farc –como forma de violarlo–, así como la negociación rota en la práctica entre Gobierno y Eln, la que ahora tenía por asiento a La Habana. ¿Soportarán los movimientos sociales este desangre con denuncias y demandas legales? ¿Vendrá –o se incrementará– el exilio como recurso expedito para salvar la vida de algunos o muchos de quienes viven en zozobra ante las amenazas de supuestos grupos paramilitares? ¿Acudirán las organizaciones defensoras de Derechos Humanos a las instancias internacionales para denunciar al actual gobierno como genocida? ¿Potenciará la acción asesina, en contra de exguerrilleros de las Farc, el crecimiento de sus disidencias? ¿Es esto último lo que buscan quienes están detrás de la acción violenta, como táctica política para denunciar el incumplimiento de lo acordado por parte del otrora grupo insurgente?

 

Las agendas, como se ve, son continuidad de 2018 y mucho más atrás, pues en realidad la lucha por los derechos fundamentales de las mayorías marginadas se prolonga por décadas, viviendo en períodos específicos de las mismas alzas y bajas, o flujos y reflujos.

 

Como se puede ver, todas ellas son fundamentales para la vida –para sobrevivir– pero también para gozarla en dignidad, así como para trascender la democracia realmente existente Y todas ellas demandan que dejen de ser asuntos particulares de sus dolientes, para ser parte de una agenda nacional, coordinada, que las asuma como ingredientes de un proyecto de gobierno alterno, más allá de lo institucional, comprendiendo que sólo desde una agenda alternativa, no determinada por el inmediatismo ni por la institucionalización, es posible salir victoriosos de la arremetida oficial.

 

Queda en todo caso la preocupación de que el único aspecto de la agenda nacional, propio de este año, las elecciones territoriales por celebrarse el próximo 27 de octubre, como efecto del afán por lo estatal que ahora domina entre los sectores alternativos, termine por subsumir y opacar el resto de la agenda social, en ello, los aspectos relacionados pero también otros aquí no enunciados.

 

Como sabemos, la acción electoral es una gran exigente de energía y recursos de todo tipo. Tomar la decisión de que uno u otro activo de un proceso social asuma la candidatura para cualquier puesto de la administración pública implica reuniones de toda clase, en una primera instancia para lograr acuerdos y compromisos con sus pares y similares, y en una segunda y tercera etapas para dar a conocer propuestas y ganar apoyos ciudadanos. Todo un esfuerzo, descomunal, que no por ello –de salir airosa en sus propósitos– garantiza algo efectivo para la sociedad. Ya lo hemos visto: más allá de administrar unos recursos de la mejor manera, paliando las dolencias sociales, poco se puede hacer.

 

¿Persistir en esta ruta pese a los resultados obtenidos? ¿Conservar la constante de responder por reflejo a las iniciativas del establecimiento, lo cual termina por maniatarnos y legitimar aquello que pretendemos destruir? La crisis global que afecta al sistema capitalista indica que la manera más óptima para enfrentarlo es la construcción de una agenda alterna a la oficial, para actuar no por reflejo sino por voluntad propia. Y en esa opción, el centro de la acción pudiera descansar en la demanda de una democracia representativa, y asimismo directa, radical y plebiscitaria. Que la forma –las elecciones– le dé paso a la sustancia –democracia económica, social, ambiental, etcétera.

 

¿Podrán los movimientos sociales colombianos debatir esta realidad en forma desprevenida y con sentido propositivo en los primeros meses de 2019, actuando así para que la agenda heredada no quede sepultada por la institucional, que trae –con sus afanes– el último año de la segunda década del siglo XXI?

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Que lo urgente no impida asumir lo importante

Aunque no corresponde con las dinámicas históricas que nos indican que entre año y año no hay ruptura alguna y que lo que tenemos entre uno y otro mes (diciembre-enero) es continuidad (a no ser que en ese preciso momento del calendario ocurra algo extraordinario, como sucedió el 1º de enero de 1959 en Cuba), pese a ello las dinámicas culturales de nuestras sociedades han terminado por imponer el imaginario de que cada año trae su agenda y sus prioridades.

 

En esta lógica, el año hereda las luchas de movimientos sociales como los docentes de secundaria por su sistema de salud, así como por el cumplimiento por parte del Estado de la agenda firmada por el gobierno Santos. En los meses finales de 2018, Fecode trató de movilizar sus fuerzas, como precalentamiento para la disputa que les espera, sin lograr sintonía con sus bases. Tal vez el cansancio de un año de labores y el deseo de salir a vacaciones produjeron este resultado. Los primeros llamamientos de 2019 indicarán hasta dónde irá esta confrontación.

 

Con un recuerdo fresco de las hojas del calendario caídas hasta el pasado 31, también está la agenda firmada entre las comunidades indígenas y el anterior gobierno (en sus dos períodos). Como las denuncias de incumplimientos por parte de los pobladores del campo son constantes, ¿estarán dispuestos a copar autopistas como un recurso último para hacer valer lo firmado? ¿Estimulará su posible acción, o su pasividad, la decisión que tomen frente a la agenda electoral citada para octubre en todo el país?

 

Como habitantes del campo, en su mayoría campesinos, los raspachines y quienes tienen sembradas en su minifundio unas cuantas cuadras de coca están avisados de que este año, cada vez con más presión, desde el alto gobierno se operativizarán sus efectivos para erradicar por la fuerza estos sembrados, incluido el glifosato. ¿Presenciarán este suceso con pasividad los pobres del campo? ¿O revivirá en el sur del país el movimiento cocalero que años atrás se enfrentó a las políticas de erradicación inconsulta para hacer cumplir lo que sobre el particular quedó establecido en los Acuerdos de La Habana?

 

También con asiento rural, y producto de la decisión de los entes judiciales de que las consultas populares no tienen poder para impedir que la explotación minera tome cuerpo en uno u otro municipio, sometiendo así a los pobladores de gran parte del país al despojo, el desplazamiento; la contaminación de sus aguas, la tierra y el aire; la imposición de un modelo de desarrollo que no comparten, etcétera, queda abierta para esta parte de la agenda social de carácter alternativo el recurso de concentrar fuerzas y centralizar agendas. ¿Tomará cuerpo una coordinadora de todos los territorios afectados por tal decisión? ¿Optará esa coordinadora, de constituirse, por confrontar en las autopistas al gobierno nacional, como último recurso en procura de hacer valer la soberanía municipal sobre la nacional?

 

Las luchas universitarias, para ponerle coto a la desfinanciación de sus centros de estudio, produjeron unos resultados resumidos en el acuerdo firmado con el gobierno Duque en diciembre pasado, cuya valoración es motivo de polémica, y la decisión que sobre el particular tomen los actores sociales será noticia nacional en lo que resta de enero. Pero, más allá de tal particularidad, está a la orden del día el trabajo de potenciar el debate sobre la necesidad de una Universidad –y educación superior en general– gratuita (ver págs. 5-11), como concreción del esencial derecho humano al estudio, de mayor nivel y calidad, de acuerdo con los avances que la sociedad va conociendo. ¿Asumirá este reto el movimiento estudiantil como un solo cuerpo? ¿O, fracturado, producto de las decisiones que tome en las asambleas por celebrarse en estos días, una parte del mismo optará por una agenda pública de amplia actividad y otra por hacerle seguimiento al cumplimiento de lo acordado? ¿Qué sintonía encontrarán una y otra agenda, posibles, en la opinión pública?

 

El desangre del activismo social va pasando de goteo a chorro; a los centenares de activistas asesinados a lo largo de 2018, se suma la decena de los primeros días de enero, contados familiares de los mismos. Como todo año electoral, la acción promete no detenerse: es una acción abierta y despiadada por el control territorial, en lo cual también pesa el Acuerdo firmado con las Farc –como forma de violarlo–, así como la negociación rota en la práctica entre Gobierno y Eln, la que ahora tenía por asiento a La Habana. ¿Soportarán los movimientos sociales este desangre con denuncias y demandas legales? ¿Vendrá –o se incrementará– el exilio como recurso expedito para salvar la vida de algunos o muchos de quienes viven en zozobra ante las amenazas de supuestos grupos paramilitares? ¿Acudirán las organizaciones defensoras de Derechos Humanos a las instancias internacionales para denunciar al actual gobierno como genocida? ¿Potenciará la acción asesina, en contra de exguerrilleros de las Farc, el crecimiento de sus disidencias? ¿Es esto último lo que buscan quienes están detrás de la acción violenta, como táctica política para denunciar el incumplimiento de lo acordado por parte del otrora grupo insurgente?

 

Las agendas, como se ve, son continuidad de 2018 y mucho más atrás, pues en realidad la lucha por los derechos fundamentales de las mayorías marginadas se prolonga por décadas, viviendo en períodos específicos de las mismas alzas y bajas, o flujos y reflujos.

 

Como se puede ver, todas ellas son fundamentales para la vida –para sobrevivir– pero también para gozarla en dignidad, así como para trascender la democracia realmente existente Y todas ellas demandan que dejen de ser asuntos particulares de sus dolientes, para ser parte de una agenda nacional, coordinada, que las asuma como ingredientes de un proyecto de gobierno alterno, más allá de lo institucional, comprendiendo que sólo desde una agenda alternativa, no determinada por el inmediatismo ni por la institucionalización, es posible salir victoriosos de la arremetida oficial.

 

Queda en todo caso la preocupación de que el único aspecto de la agenda nacional, propio de este año, las elecciones territoriales por celebrarse el próximo 27 de octubre, como efecto del afán por lo estatal que ahora domina entre los sectores alternativos, termine por subsumir y opacar el resto de la agenda social, en ello, los aspectos relacionados pero también otros aquí no enunciados.

 

Como sabemos, la acción electoral es una gran exigente de energía y recursos de todo tipo. Tomar la decisión de que uno u otro activo de un proceso social asuma la candidatura para cualquier puesto de la administración pública implica reuniones de toda clase, en una primera instancia para lograr acuerdos y compromisos con sus pares y similares, y en una segunda y tercera etapas para dar a conocer propuestas y ganar apoyos ciudadanos. Todo un esfuerzo, descomunal, que no por ello –de salir airosa en sus propósitos– garantiza algo efectivo para la sociedad. Ya lo hemos visto: más allá de administrar unos recursos de la mejor manera, paliando las dolencias sociales, poco se puede hacer.

 

¿Persistir en esta ruta pese a los resultados obtenidos? ¿Conservar la constante de responder por reflejo a las iniciativas del establecimiento, lo cual termina por maniatarnos y legitimar aquello que pretendemos destruir? La crisis global que afecta al sistema capitalista indica que la manera más óptima para enfrentarlo es la construcción de una agenda alterna a la oficial, para actuar no por reflejo sino por voluntad propia. Y en esa opción, el centro de la acción pudiera descansar en la demanda de una democracia representativa, y asimismo directa, radical y plebiscitaria. Que la forma –las elecciones– le dé paso a la sustancia –democracia económica, social, ambiental, etcétera.

 

¿Podrán los movimientos sociales colombianos debatir esta realidad en forma desprevenida y con sentido propositivo en los primeros meses de 2019, actuando así para que la agenda heredada no quede sepultada por la institucional, que trae –con sus afanes– el último año de la segunda década del siglo XXI?

Publicado enEdición Nº253
La Lucha de las Comunidades Afrocolombianas: entrevista con Luis Armando Ortiz

 

Comunidades Afrocolombianas es una historia de persecuciones, desplazamientos forzados, violaciones de derechos humanos y de constante lucha por la dignidad. Para comprender mejor esta lucha, en particular en el contexto de la (no) implementación de los acuerdos de paz en Colombia, hemos hablado con Luis Armando Ortiz, uno de los lideres del Proceso de Comunidades Negras.

 

¿Qué es el Proceso de Comunidades Negras?

El PCN, Proceso de Comunidades Negras, es la organización nacional que aglutina la mayoría de las organizaciones de comunidades negras en Colombia. También existen otras, pero el PCN es la que tiene mayor transcendencia y relevancia en el contexto nacional e internacional.

 

¿Puede darnos una perspectiva más histórica de la lucha de las comunidades Afrocolombianas en su país?

Bueno, la lucha ha sido histórica desde el proceso de la colonización, en la búsqueda de la libertad, de aquellas personas mayores, nuestros ancestros que huyeron a partir de un proceso conocido como cimarronaje de los enclaves mineros. Estas personas se ubicaron en las selvas más recónditas en esa época, y entonces constituyeron lo que se denomina cómo los palenques, que son una especie de “naciones”, dentro de la nación en esa época colonial y más tarde republicana, para protegerse de los cazadores de esclavos que querían capturarlos para llevarlos nuevamente a los enclaves mineros. Esos fueron unos espacios construidos por nuestros ancestros como una estrategia de defensa, con barricadas de palos (de ahí su nombre de palenques), para protegerse de los que llevaban estas amenazas.

Después vino el proceso de la abolición de la esclavitud en 1851, un proceso del cual no hubo las condiciones mínimas de dignidad para aquellos libertos, pero esas comunidades se asentaron principalmente en las riberas de las cuencas del litoral pacífico colombiano y en otras regiones con similares condiciones de la costa atlántica y Caribe. Entonces Colombia es un país que cuenta con una gran población de Afrodescendientes o comunidades negras que están asentados mayoritariamente en estos territorios y en las cabeceras de los municipios de esas zonas y capitales de sus departamentos, como: Cali (Valle del Cauca), Medellín (Antioquia), Quibdó (Chocó) y después de un proceso de migración y de desplazamientos, también en Bogotá, donde hay una gran colonia de comunidades negras. Somos en Colombia el 20% del censo de la población nacional.

 

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Paro civico en Colombia, octubre 2017 (Foto: jjcaicedo96)

 

¿Y justamente estos desplazamientos de población, las migraciones, en que época se hicieron y por cuales razones?

Hubo una migración histórica que tuvo que ver básicamente con la oferta de trabajo en las haciendas cañeras del valle del Cauca especialmente. Mucha de la gente del Pacífico fue a trabajar como asalariados en esas haciendas cañeras para la producción del azúcar. Otros también con el auge del desarrollo de las grandes capitales, como mano de obra no calificada en la construcción de las vías carreteras, ferrocarriles y puertos. Digamos que la mano de obra ha migrado ante esos procesos de oferta de trabajo, en parte desarrollando la infraestructura que históricamente hemos carecido en nuestros territorios. Esos primeros procesos migratorios, se dieron entre los inicios y a mediados del siglo XX principalmente.

Pero, aun así, eso no era un mayor problema. Los problemas comenzaron con los desplazamientos forzados de los pobladores de nuestras comunidades, esto al rededor principalmente de unas prácticas productivas muy negativas que tienen que ver con los proyectos de dicho “desarrollo” o con la implementación de los cultivos de coca que llegaron principalmente a mediados de la década de los 90 en el Pacífico colombiano. Estos procesos también trajeron consigo la penetración del gran capital al territorio para la explotación de minerales (oro, plata, etc.). La ampliación de la frontera portuaria en ciudades como Buenaventura es otro ejemplo que ha causado desplazamientos forzados, torturas, asesinatos, desapariciones, violaciones sexuales, reclutamiento forzado a adolescentes y jóvenes a [email protected], de las cuales no han estado exentos niños y niñas, en el marco del conflicto armado.

 

Entonces los procesos de desplazamiento forzado aumentaron en correlación con la adopción de los famosos tratados de libre comercio...

Exacto, alrededor de todo lo que significó en primera instancia el modelo económico que se quiso implementar en Colombia con la abertura económica que luego ha dado fruto a lo que son los tratados de libre comercio. Estos han generado toda una dinámica agresiva contra los territorios ancestrales. Por una parte, la ampliación de los puertos, teniendo en cuenta que por Buenaventura, por ejemplo, transita más del 60% del comercio exterior de Colombia. Por otro, las tierras del Pacífico son muy ricas en oro, plata. Se han descubierto muchísimos yacimientos de coltán, de petróleo, mucha riqueza biodiversa de flora y fauna, y hacia allá se han apuntado los tentáculos de la economía neoliberal en nuestros territorios.

En nuestra visión, una economía que destroza los territorios y la naturaleza tendría que ser una economía ilegal. Sin embargo, esta economía ha sido legalizada por el gobierno nacional, y hoy día está penetrando de forma violenta y agresiva, generando impactos en materia de violación de derechos humanos, violando nuestro derecho legítimo a tener una economía propia, el derecho de poder escoger un modelo de desarrollo desde la visión étnica de las comunidades que estamos ahí. Nosotros los llamamos planes de “etno-desarrollo”, o planes de vida, que también le denominan algunas comunidades, o PEDRIN, como planes de desarrollo rural integral. Estas propuestas se contraponen a los planes de desarrollo del gobierno nacional que simplemente obedecen a ese plan hegemónico de la economía neoliberal en el mundo.

Entonces hay como ese contrapunteo como decimos nosotros, en nuestro lenguaje muy popular, de luchar por nuestro modelo de desarrollo mientras asistimos a un interés masivo de sacar a nuestras poblaciones de sus territorios de cualquier forma. Por un lado, a través de la violencia en medio del conflicto armado, una disputa por el control territorial de una economía ilícita alrededor de la coca. Y por otro, a través de los megaproyectos que están siendo desarrollados en la costa del Pacífico.

 

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Grúas en el puerto de Buenaventura (Foto: Agencia Nacional de Infrastructura)

 

¿Cuál es la posición del Estado ante los desplazamientos forzados de vuestras comunidades?

Se reconoce como víctimas de desplazamientos, a aquellas personas que se encuentran en zonas de enfrentamientos o en zonas económicas donde se desarrollan los dichos mega proyectos y que los pobladores tienen que huir o son obligados a irse. Nosotros hacemos denuncias ante la Defensoría del Pueblo para que se evidencien tales situaciones, situaciones muchas veces invisibilizadas por los registros oficiales. En eso hemos progresado algo, en difundir una documentación sobre este problema. El 94% de los desplazados en Colombia son negros, campesinos e indígenas. Entre ellos, los negros son la gran mayoría.

Hoy en día, la locomotora del desarrollo, las represas hidroeléctricas, las explotaciones previstas en materia de hidrocarburos, las infraestructuras portuarias, los proyectos mineros etc. son siempre más fuentes de desplazamiento en nuestros territorios. En algunos casos, las comunidades no son desplazadas, pero viven en zonas de explotación con impactos muy peligrosos de un punto de vista de la salud.

 

¿Juntando todas estas reivindicaciones de las poblaciones Afrocolombianas cual es el propósito de su visita, de su gira por Europa?

El propósito de la visita principalmente es el de denunciar, ante la comunidad internacional, la forma sistemática en que el gobierno, a través de diferentes estrategias, ha generado el caos en nuestra población, los actores armados al margen de la ley en esos territorios de igual manera están asesinando de manera continua y sistemática a nuestros líderes y lideresas, miembros de sus familias, por justamente oponerse a este tipo de arremetidas por parte de actores armados al margen de la ley, pero también por la misma institucionalidad del gobierno nacional. Se están asesinando a nuestra gente, se están reclutando a nuestros jóvenes al servicio de estructuras ilegales, del narcotráfico y paramilitarismo, que intervienen en el territorio en el ejercicio de una economía ilegal.

Hace poco en Tumaco, un incidente puso también en evidencia que hay responsabilidades que son del gobierno, de la policía concretamente, en el asesinato de siete líderes campesinos cocaleros en el Alto Mira. Hay un trasfondo de terror, de desalojo y de desplazamiento, en lo cual hay responsabilidades de las autoridades, que queremos denunciar. Muchos no tenemos la valentía de decir esto, sabemos de los riesgos que corremos, pero alguien tiene que ponerlo en conocimiento de la comunidad internacional.

Llamamos a la comunidad internacional, a los medios de comunicación alternativos, a los movimientos sociales de izquierda, a los movimientos políticos alternativos, a que se sumen a nuestra lucha, que llamen la atención de los ciudadanos del mundo en los lugares donde se encuentren por los diferentes medios, para que se conozca esta realidad.

 

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Juan Manuel Santos recibiendo el Premio Nobel de la Paz (Foto: TeleSur / EFE)

 

¿Y cómo se contrasta este mensaje con la imagen que el gobierno colombiano intenta proyectar en el exterior?

El gobierno nacional no ha dado a conocer esa realidad que ocurre en esa otra Colombia, esa Colombia olvidada, marginada y excluida, esa Colombia que tiene los más altos niveles de pobreza y miseria, de esa Colombia no se habla. Sin embargo, el presidente Santos anda haciendo una propaganda internacional de que Colombia, después del acuerdo de paz y desde el cese de los enfrentamientos con las FARC, de que es un país en paz, además de solicitar para el mes de mayo el reconocimiento de la certificación de Naciones Unidas en materia de derechos humanos. También la visita tiene que ver con desmentir la versión oficial del señor presidente de la República, que es una total falacia.

Estamos enfrentando a un enemigo que niega nuestros derechos, que niega las conquistas del pueblo negro en el marco de la ley 70, en el marco de los acuerdos que se suscribieron con el gobierno nacional y las FARC en la Habana con la mesa de víctimas, en el cual estuvieron las comunidades negras también. Se propuso y quedó incluido en el texto el capítulo étnico. Tenemos mucho temor porque justamente en el marco de todos estos capítulos se vienen haciendo unos desmontes sistemáticos dirigidos por el gobierno nacional, hay un ataque sistemático contra los derechos del pueblo negro.

 

¿Cómo se posiciona el PCN ante este proceso de paz y su implementación? ¿Y de qué manera este proceso está afectando (positiva o negativamente) las condiciones de vida de las comunidades Afrocolombianas?

Primero hay que decir que en la comunidad negra apostamos al sí para este acuerdo, precisamente porque hemos sido víctimas de muchos atropellos y apostamos al sí confiados, como todos los colombianos, y con la esperanza de tener un país en paz. Tenemos muchos retos y es justamente enfrentar la forma voraz como el gobierno viene en contra de nuestros intereses, desmontando nuestros derechos. Nosotros estamos programando una movilización nacional, para en primer caso exigir el cumplimiento de muchos acuerdos, que pasan más de 100 acuerdos históricos con el gobierno nacional que nunca se han cumplido, y eso justifica el escepticismo que tenemos frente a lo que va a ser el nuevo acuerdo que se ha pactado entre el gobierno y las FARC.

Estamos de igual manera trayendo propuestas como las que siempre las hemos hecho, alternativas, para superar la crisis social, económica, cultural, ambiental de nuestro territorio. No creemos que la represión o la fuerza sea la solución a los problemas de conflictividad que existen en el territorio, nosotros creemos que los planes de etno-desarrollo son la mejor fórmula para poder resolver un problema que se enquistó en un territorio, caracterizado históricamente como territorio pacifico del cual venimos nosotros, los negros en Colombia, en su mayoría. Y este trabajo se relaciona con los llamados que hacemos a la comunidad internacional, para que piensen también que los problemas que ocurran allá en esos lugares tan lejanos, de los cuales provenimos nosotros, impactarán también acá.

 

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Marcha del PCN en defensa de los derechos humanos (Foto: Renacientes.net)

 

Hemos visto que, tras el acuerdo de paz y la entrega de armas por las FARC, grupos paramilitares se están expandiendo. ¿Como se posiciona el PCN ante esta problemática? ¿Y cual viene siendo la respuesta del gobierno?

Los paramilitares se encuentran en nuestros territorios para controlar el tráfico de droga. Desde que las FARC dejaron las armas, efectivamente nuevos grupos y estructuras están surgiendo en esos territorios. Existen decenas de organizaciones que operan en las zonas rurales del Pacifico y en la periferia urbana. Hace unas semanas, asesinaron a una lideresa, una mujer que hacia un trabajo social con los jóvenes para que no caigan en la delincuencia. Ayer recibí la noticia que se asesinó un hijo de una lideresa de un consejo comunitario, por haber rechazado entrar en un grupo paramilitar. Hay un ataque incesante contra los movimientos sociales.

Sobre estos hechos el gobierno no se manifiesta. Sus responsabilidades tratan simplemente de eludirlas. De manera tajante, existe una complicidad entre el gobierno y estos grupos. Estos grupos no atacan a las fuerzas del gobierno porque no pueden atacarlas, la pregunta es ¿quién les provee la materia prima a estos grupos (las armas)? De acuerdo con los resultados de investigaciones que se han hecho en Colombia, las armas de los paramilitares daban cuenta de ser de la policía o de las fuerzas armadas o de inteligencia (DAS). La policía, el ejército, los jueces, la misma Fiscalía, no nos protegen. Tenemos que acudir a otras instancias para protegernos, para que haya investigaciones eficaces sobre las violaciones contra nuestras comunidades.

 

Hace unos meses hubo un gran paro en Buenaventura en noviembre hubo un paro nacional. ¿Como evalúa este tipo de movilizaciones y como piensa que estas puedan evolucionar en el futuro, no solo como instrumento para defender vuestros derechos sino como instrumento para exigir de parte del gobierno una verdadera implementación de los acuerdos de paz?

Digamos que esta es la herramienta más positiva que hemos encontrado para exigir del gobierno su atención para resolver las necesidades básicas insatisfechas que tenemos, para disminuir la brecha de la desigualad. Nosotros nos caracterizamos por ser personas de paz. La movilización como medida de hecho, es la herramienta a la cual hemos acudido y a partir de ese escenario es que posibilitamos los diálogos, que son diálogos de sordos, en la medida que esas estrategias y situaciones sean conocidas en el contexto nacional y para tener el respaldo y la solidaridad internacional es que nos movilizamos.

 

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Acciones de protesta en Buenaventura (Foto: PopularResistance.org)

 

Nos manifestamos, sobre todo, contra la guerra económica que se está haciendo contra nuestros territorios, la cual está dirigida por el sistema de comercio internacional capitalista donde los agentes entran en una competencia para apoderarse de las riquezas naturales de nuestro país, a través de mega proyectos extractivos. Este hecho agrava la crisis política y social del país. Estos mega proyectos impactan en el comportamiento climático, devastan bosques, campos, fuentes de agua. Estos proyectos hacen parte del plan del gobierno Santos, parte de la “locomotora del desarrollo” que arrasa todo lo que se encuentre ante su paso. Nuestras comunidades se ven expulsadas de sus territorios ancestrales, hacia territorios urbanos donde encuentran mayor pobreza, delincuencia, prostitución. Espacios donde no existe la infraestructura necesaria para que una integración sea posible.

 

¿Qué tipo de convergencias y alianzas estratégicas existen entre el PCN y otros movimientos u organizaciones, o partidos políticos progresistas?

En los temas de movilización, por ejemplo, existen convergencias, por supuesto. Con partidos como el Polo Democrático, por ejemplo, quien nos apoyó en la lucha para la defensa de los derechos ancestrales de las comunidades Afrocolombianas. Con las comunidades campesinas e indígenas también, por supuesto, en el marco de la Minga. Este fue un espacio donde todas las víctimas de este sistema, el pueblo pueblo, se reunieron para juntar las fuerzas y construir una unidad más fuerte, para contra atacar a partir de un ejercicio social las injusticias del sistema que nos oprime.

 

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Mural ilustrando los desplazamientos forzados de comunidades Afrocolombianas por acción de grupos paramilitares

 

 

Luis Armando Ortiz es el representante legal del consejo comunitario ACAPA (Tumaco, Nariño) y uno de los líderes del PCN, una organización nacional para la defensa de los derechos de las comunidades negras en Colombia.

 

Foto de portada: Marcha del PCN por ocasión de su Quinto Encuentro (Foto: Renacientes.net)

Fuente: Diario de Nuestra América, Investig’Action

 

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“No se trata de sobrevivir en el sistema capitalista, sino de minar sus bases”

Amigo personal de Lula, el veterano fraile dominico brasileño y teólogo de la liberación es sin embargo crítico con algunas de las políticas aplicadas por los gobiernos del PT, de los que se distanció hace más de una década.


—¿Cómo explica el triunfo de Jair Bolsonaro?


—El PT realizó las conquistas más importantes de la historia reciente de Brasil, sobre todo en el área social, pero el último mandato de Dilma Rousseff no fue muy positivo, más bien lo contrario. Llevó a cabo políticas de corte neoliberal, aliándose con sectores de derecha, que alejaron al PT de lo que habían sido sus principios históricos. A eso hay que sumarle la desestabilización política conducida desde dentro del propio gobierno, por el vicepresidente Michel Temer, y desde fuera. Eso fue creando las condiciones para lo que siguió después.


Al mismo tiempo, el PT, en sus 13 años de gobierno, dejó en el tintero muchos temas. Uno de ellos fue la alfabetización política del pueblo, otro la democratización de los medios de comunicación. Y tuvo la “mala suerte” de que varios de sus líderes estuvieran envueltos en redes de corrupción.


—¿Mala suerte? ¿Esos casos de corrupción no fueron consecuencia de aceptar unas reglas del juego que se suponía se iban a combatir?


—Fue un error pensar que para asegurar la gobernabilidad había que hacer alianzas con determinados partidos. Pienso que lo más importante para asegurar esa gobernabilidad era favorecer la movilización de los movimientos sociales, que fueron la base histórica del PT, surgido precisamente como un “partido de los trabajadores”, de los más pobres.


Otro factor que jugó mucho en la llegada al poder de Bolsonaro fue la manipulación de los medios de comunicación. En eso hubo una incidencia de gente como el estadounidense Steve Bannon, que ya había tenido éxito en la promoción de Donald Trump y en la fabricación de “noticias falsas”. Bannon asesoró a Jair Bolsonaro y lo está haciendo en decenas de países (se habla de unos 50), con dirigentes de extrema derecha. Es gente que contribuye a una degradación extrema de la democracia.


El encarcelamiento de Lula contribuyó en mucho también, sin duda, a la victoria de Bolsonaro. Ahora ha quedado clarísimo que se trató de una conspiración en su contra: quien lo acusó, sin pruebas serias, consistentes, fue el juez Sergio Moro, a quien Bolsonaro designó como su futuro ministro de Justicia. Lula molestaba, y era muy probable que pudiera ganar fácilmente las elecciones. Ahora, con este panorama, no sé si no va a terminar sus días en la cárcel.


—¿Usted piensa que las denuncias de corrupción que pesan sobre una cantidad de dirigentes de gobiernos progresistas latinoamericanos obedecen a una campaña global orquestada?


—Es muy posible, pero eso no excluye que haya habido hechos de corrupción concretos, probados. En el caso de Brasil, ha habido incluso muchas confesiones. Antonio Palocci, ex ministro de Hacienda de Lula, admitió haber sido corrompido y haber sido corruptor. Y así otros dirigentes del PT.


Hay que tener en cuenta que este tema de la corrupción es muy sensible sobre todo para la gente pobre, que admite cada vez menos que las elites roben, se enriquezcan, cuando ellos la pasan mal, siguen pasando mal. Hay una exigencia ética muy fuerte en ese sentido, sobre la cual por supuesto se monta la derecha intentando explotarla sin legitimidad.
El PT, en este como en otros temas, no ha hecho autocrítica alguna al respecto.


—¿Cómo son actualmente sus relaciones con el PT?


—Nunca fui militante de ningún partido. Tenía y tengo relaciones personales con algunos de sus dirigentes, especialmente con Lula, con quien mantengo vínculos fraternales. Lo he ido a ver a la cárcel, y pienso ir a verlo, si me autorizan, antes de Navidad. Eso no implica que no pueda criticarlo, y mucho, siempre dentro de la izquierda.


—Usted ha sido muy duro con los gobiernos del PT, por ejemplo en su libro La mosca azul, de 2006.


—Y también en Calendario del poder (publicado en 2007), que no está traducido, y que es una suerte de diario de trabajo de cuando estaba en el gobierno y me decepcioné de sus políticas. Yo había sido parte del programa Hambre Cero, concebido como un plan monitoreado por los movimientos sociales a través de comités de gestores. Pero el propio gobierno lo remplazó con Bolsa Familia. Hambre Cero era un programa emancipatorio, Bolsa Familia fue un programa compensatorio. No es que dar dinero, subvenciones, a los más pobres, esté mal en sí mismo, pero no se les permitió a las familias marchar hacia su emancipación financiera y sustentable.


—Es una concepción con la que se manejaron casi todos, si no todos, los gobiernos progresistas de la región.


—Exactamente. No dieron a la gente condiciones para que saliera durablemente de la miseria, a través del acceso a la vivienda, a la tierra, al trabajo.


En Brasil se priorizó el acceso a los bienes personales. Vas a una favela y adentro hay smartphones, tevé plana y a color, heladera, computadora, pero la casilla en la que viven es la misma casilla miserable de antes. La gente no tiene vivienda digna, no tiene saneamiento, no tiene trabajo, los niños no van a la escuela. Se debería haber priorizado el acceso a los bienes sociales y crear una sociedad diferente, basada en una cultura en la que los bienes sociales fueran los más importantes. Eso no se hizo. Tampoco se puso énfasis en un tipo distinto de educación. Ahora Bolsonaro propone volver a una educación aun más retrógrada, en la que a los niños se les enseñe que la teoría de la evolución es falsa, y lo va a poder hacer, porque no se trabajó para consolidar una base impermeable a ese tipo de barbaridades.


Lo que quiero decir es que no se trata de apuntar, como se hizo bajo los gobiernos del PT, a sobrevivir en la sociedad capitalista, sino a minar las bases de la sociedad capitalista, a darle nuevo sentido a la vida, fomentar un sentido de comunidad. La gente que entraba a los partidos comunistas en los años veinte, treinta, cuarenta, en sociedades capitalistas, sentía que vivía un mundo solidario, fraterno. Con las diferencias claras del caso, hay que volver a ese espíritu.


—Los partidos progresistas afirman que una cosa es la “cultura de oposición” y otra la “cultura de gobierno”, y que una vez que llegan al poder se encuentran con problemas que no preveían. En Brasil, el PT dice que tuvo que operar en un sistema político atomizado y corrupto, y con ese argumento justifica las alianzas que hizo o el mensalão…


—Son excusas. Se podría perfectamente haber hecho de todas maneras cosas que no se hicieron: implementar la alfabetización política de la gente; lo que hablaba antes, de los programas emancipatorios y no asistencialistas; apoyar a los medios de comunicación alternativos, en vez de a los medios grandes; tomar medidas redistributivas más fuertes, y muchas otras cosas que se optó por no hacer a pesar de que se contaba con el apoyo de los movimientos sociales.

Daniel Gatti
30 noviembre, 2018

Publicado enPolítica
De camino a la movilización por la educación pública

El camino a la educación es una oportunidad y esperanza para muchos hijos e hijas del campo colombiano.

 

Las cosas de la vida. El 10 de octubre vimos las primeras luces del día en una vereda de un municipio cercano a la ciudad de Medellín. Habíamos conciliado el sueño con la idea de estar presentes en la movilización convocada por la defensa de la Universidad, por una “educación pública, gratuita y de calidad”, y pese a que el día no prometía sol persistimos en nuestra convicción.

   

Partimos pues del campo a la ciudad. El recorrido que tuvimos que transitar para llegar a la capital antioqueña es igual al emprendido por cientos de campesinos de la región en procura de mejores oportunidades formativas y que, gracias a la educación pública, algunos de ellos han podido concretar.

 

De la vereda al pueblo

 

En la vereda donde habíamos gozado unos días de placer con la posibilidad de contemplar montes sin el obstáculo de los edificios ni la violencia sonora de carros y pitos, o el aire irrespirable de los miles de exostos con que nos cruzamos a cada paso, los vecinos más próximos están a unos quince minutos a pie; vive allí una familia: mamá, papá, y dos hijas, animadas por el sueño de la educación superior. Para llegar al pueblo deben caminar, a buen paso, unas dos horas, en su mayoría por caminos de herradura. La geografía de la región es montañosa y muy quebradiza, con zonas boscosas, potreros para ganadería y cultivos de café, caña, plátano, entre otros.

   

Es un territorio bello. Por estos días las lluvias interminables transformaron el camino en un lodazal y las inofensivas quebradas en pequeños ríos turbulentos difíciles de cruzar. Lo que para nosotros, habitantes de la ciudad, fue toda una travesía, para las hijas de la familia constituyó, durante sus años de educación primaria y secundaria, el camino de rutina para ir a la escuela, el cual hacían de ida y regreso, cuando menos, cinco días a la semana, así durante doce años consecutivos.

 

 

 

Pese a la cercanía a Medellín, en la región han transitado por décadas distintos grupos armados; hoy en día reina allí la paz y la pobreza. Pobreza que remarcó el pasó de la guerra; y pobreza de la cual todos y todas quieren salir algún día, por lo cual se esfuerzan por estudiar para ver si por esa vía logran conseguir mejores ingresos. El esfuerzo que tiene que hacer en cada familia para satisfacer este propósito no es poco y así, perseverando y pese a las necesidades cotidianas, los campesinos mandan a sus hijos a la única escuela pública del pueblo, con la convicción de darles un mejor porvenir. Tal fue el caso de las hijas de la familia en mención, quienes terminaron su bachillerato gracias, además, al tesón de sus padres, y a poder acudir a la educación pública que ofrece el municipio.

 

Del pueblo a la ciudad

 

Luego de varias horas de paso rápido, llegamos al pueblo, embarrados hasta las rodillas pero purificados por la estadía en el campo, de inmediato tomamos el bus de regreso a la urbe. La lluvia no cesaba, y teníamos temor de que se menguara la protesta de los estudiantes.

   


Así como nosotros, esta otra parte del recorrido la hacen todos aquellos jóvenes del pueblo que una vez terminado el bachillerato logran el ingreso a la educación superior. Por infortuna, solo una minoría logra retornar al municipio a ejercer sus estudios. La inexistencia de proyectos productivos de diversa índole reduce las posibilidades de empleo a lo que ofrece la alcaldía, cosas administrativas y poco prometedoras, burocracia, y nada más.

 

Ante el anhelo de proseguir sus estudios, tanto para las dos hijas de esta familia, como para el resto de jóvenes que quieren y pueden seguir estudiando, hay dos alternativas: presentarse a las universidades públicas y competir entre miles de aspirantes por los limitados cupos que hay disponibles o, bien, endeudarse (si pueden acceder al crédito) para estudiar en una universidad privada. Para el caso de la familia campesina –y la de mis padres en su época–, la primera es/era la única posibilidad.

 

 

 

A ritmo de motor recorridos en poco tiempo los kilómetros que separan esta parte del departamento de Antioquia con su ciudad capital. Al llegar a la terminal de transporte tomamos el Metro y nos dirigimos a la movilización. La primera impresión fue de asombro: desde el puente peatonal del Metro se veía un río interminable de gente, crecido como los que habíamos cruzado horas antes, pareciera que la lluvia le hubiera dado fuerza a la movilización. Con sombrillas, plásticos o dejándose mojar, iban los estudiantes irrumpiendo la ciudad, con el ímpetu y alegría juvenil, exigiendo y poniendo en claro al nuevo Presidente y al país que la educación no debe ser seguir siendo un privilegio de pocos, que más que un servicio mercantil ella es un derecho fundamental de la sociedad, y la esperanza para muchos de poder acceder a un mejor futuro.

 

 

El río de gente, en su mayoría joven, también contaba con el rostro de algunos mayores, sin duda profesores. Los canticos se elevaban hasta los edificios donde no faltaban quienes miraban y aplaudían, pero no se arriesgaban a sumarse a la marcha. En medio de ella, nosotros, con rostro de sorpresa y de complacencia, recordábamos que la hija mayor de la familia, por fortuna y luego de presentarse en dos oportunidades, logró pasar a la Universidad de Antioquia a estudiar Ingeniería Ambiental, y que la menor de ellas aspira a estudiar Ingeniería Agronómica en la Universidad Nacional.

 

  

 

Era un recuerdo placentero, que además nos situaba en lo que estaba ocurriendo, dándole sentido a la exigencia de tantos miles de educandos, pues tanto el futuro de ellas como el de millones de personas más que solo tienen la posibilidad de acceder a las universidades públicas depende, en buena medida, de recordarles a nuestros dirigentes que existen ríos que hay que saberlos cruzar, no sea que se los lleve la creciente.

 

Esperamos que este río mantenga su creciente.

 

Publicado enEdición Nº251

Lectura, enseñanzas y retos desprendidos de una cita deliberativa en procura de autonomía para los movimientos sociales. ¿Es posible hacer parte de los estadios oficiales a la par que impulsar una institucionalidad extra-estatal?

 

Circundada por la fuerte revitalización del movimiento estudiantil, sesionó en Bogotá los pasados 9, 10 y 11 de octubre, la Asamblea Legislativa Popular y de los Pueblos por la unidad, la vida, el territorio y la paz (ALP). Al llamado respondieron 1.300 delegados y delegadas de diferentes movimientos y regiones del país, en hermanamiento con delegaciones de organizaciones populares de Nuestra América y Europa, con el fin de adelantar un ejercicio legislativo autónomo que contribuya a la unidad estratégica del campo popular, y concertar una agenda de movilización y acción política para el 2019.

 

En la Asamblea, pese a sus pretensiones de unidad, fue notoria la ausencia de un amplio margen de organizaciones del campo popular, lo que la redujo a un evento de ciertas corrientes políticas y matrices ideológicas en proceso de reagrupamiento. No obstante la ALP marca una nueva etapa de construcción colectiva que podría ser potente si asumiera los retos de lo que implica una autocrítica sincera de su accionar histórico, una discusión sobre lo que implica el horizonte de construcción de poder popular y un llamamiento de país.

 

El largo camino del poder popular

 

En los antecedentes de esta Asamblea se encuentra como primer referente el Congreso de los Pueblos (CP), plataforma constituida en 2010 como una transición que anteponía la construcción de poder popular a la ilusoria toma del poder que había marcado por décadas los objetivos estratégicos de la vieja izquierda partidista. Tiene como antecedente, de igual manera, la irrupción del indigenismo en todo el continente, propulsor de convergencias sociales, a través de la disputa por sus derechos históricos, elevando a primera plana la construcción de autonomía en las agendas del movimiento social.

 

Es producto de ello que toman forma: la “Minga por la vida, la justicia, la alegría, la autonomía y la libertad de los pueblos”, con la participación de comunidades indígenas y campesinas, promulgando en Cali el mandato indígena y popular en 2004. La cumbre de organizaciones sociales en 2006, en contra de la arremetida de la Fuerza Pública en los territorios. La minga de resistencia social y comunitaria de 2008, formulada como una propuesta del norte del Cauca con el objetivo de ganar aliados y fuerza con la gente “caminando la palabra por el territorio nacional”. La mencionada constitución del CP en 2010, así como el Congreso de tierras territorio y soberanía en 2011, y el Congreso para la paz en 2013.

 

Desde allí y hasta hoy, en medio de estos procesos de encuentro social y popular, el CP fue perdiendo importantes integrantes, mermando así su impulso inicial, al imponerse en su accionar cotidiano viejas prácticas autoritarias, vanguardistas y sectarias que lo desgastan: el peso preponderante de las estructuras organizativas más fuertes; la exclusión de las organizaciones no afines al “camilismo”; la imposición de una lectura sobre la negociación política del conflicto armado y su adopción como núcleo de la acción principal del CP, todo ello, también, como conformación de un polo diferenciado a la matriz ideológica del “bolivarianismo” afincada en la Marcha Patriótica (MP). Así mismo, la constante subsunción a la agenda institucional sin una discusión sesuda desde la base llevaron a que se profundizaran sus contradicciones internas.


No obstante, ambas plataformas (MP y CP) tuvieron el oxígeno inyectado por la supuesta apertura del proceso de paz con las Farc, generando numerosas movilizaciones, lo que dio nacimiento en 2014 a la Cumbre agraria campesina, étnica y popular. proceso convertido en el nuevo escenario de articulación popular, logrando conquistas parciales que hoy llegan nuevamente a un momento de desgaste, en tanto su acción quedó limitada a la interlocución con el gobierno, arrancando promesas parciales que en su mayoría no han sido cumplidas.

 

En esta misma senda, después de la última gran minga nacional de finales de octubre y principios de noviembre de 2017, tomó forma la contienda electoral cuyos resultados, y reunión de fuerzas en torno a la Colombia Humana, sitúa al movimiento popular en una situación de marcado antagonismo con las tendencias más retardatarias de la élite política y económica. Es en este contexto que surge la iniciativa de la ALP, con el reto de articular el accionar alternativo, a la par que modificar el balance desfavorable que mantiene la correlación de fuerzas para el campo popular y democrático.

 

La Asamblea

 

La Asamblea Legislativa, con la intención de legislar desde la base construyendo organismos de poder popular, en la perspectiva de romper esa costumbre de alzar siempre la mirada hacia el Estado para ver cómo respondemos a sus iniciativas, potencia el acumulado de protesta, movilización y articulación mediante la síntesis de mandatos populares para el corto, mediano y largo plazo.

 

En la convocatoria, en la que participaron 47 organizaciones, se enfatizaba en que para variar la correlación de fuerzas es necesario retomar los planes de vida, los pliegos sectoriales, las propuestas temáticas, las plataformas de lucha, las propuestas de paz y la agenda de la oposición parlamentaria construida en los últimos años, para unificar una base programática que derive en la constitución de un Bloque Popular y Democrático Alternativo. Alianza de organizaciones estimulada con una hoja de ruta para la movilización, la disputa de una agenda social y el mismo estímulo a la agenda de paz –ahora congelada en La Habana–, al tiempo que la lucha institucional/parlamentaria y el desarrollo de los gobiernos propios, tanto en lo rural como en lo urbano.

 

El punto fuerte de la Asamblea fue el trabajo por comisiones, donde cada uno de los asistentes expresó su opinión, en un ejercicio de democracia participativa subyacente en la idea de los mandatos populares. Ahí los asistente deliberaron sobre temas como: Movilización, unidad y organización, comunicación, formación, educación, cultura, arte, otras relaciones de poder –anti patriarcales–, tierras y territorios, lo ambiental y minero-energético, la agenda urbana, paz y DH, guardias populares, campesinas, cimarronas e indígenas, y la cuestión internacional.

 

Cada uno de estos escenarios arrojó un conjunto de mandatos a ser socializados e implementados en los territorios; así como una agenda de confrontación al gobierno de Duque durante el 2019 que, entre otros, incluya dos ejes claves: 1. Movilización nacional durante el primer semestre, en defensa de los territorios, por la solución política al conflicto social y armado, el cese de asesinatos de líderes y defensores de DH, el desmonte el paquete normativo antipopular de reformas: pensional, laboral y tributaria, y en rechazo a la reglamentación de mecanismos de participación y el derecho a la consulta previa; 2. La articulación política y programática para la participación en las elecciones municipales y departamentales del próximo año, que permita concertar mecanismos democráticos para la definición de las candidaturas y acordar mandatos que interpreten fielmente los intereses del pueblo colombiano.

 

¿Mandatar para construir el poder popular y la unidad?

 

Como lo expresa su declaración final, la ALP, con su perspectiva de “constituirse como un órgano coordinador del poder popular con expresiones territoriales, sectoriales y temáticas, que fortalezca los gobiernos propios, los mecanismos de defensa y protección de la vida y los territorios”, podría convertirse no solo en una respuesta coyuntural a los problemas del gobierno actual, sino en un intento, que tiene que ver con dar respuesta a la pregunta histórica sobre el qué hacer metodológico en las diferentes faces de la transición hacia una sociedad más libre e igualitaria. En ese proceso ¿qué es y cómo construir poder popular?

 

Según diferentes tradiciones, se ha planteado toda una gama de exigencias durante el trayecto de cambio, lo que se conoce comúnmente como las 3 fases: 1. “fase de acumulación de fuerzas”; 2. período de enfrentamiento, contando ya con fuerza sociales en capacidad de iniciar un nuevo ordenamiento social; 3. Consolidación, sin las fuerzas enemigas a la vista, de la construcción de una nueva sociedad.

 

Fiel a este esquema, es claro que en la primera fase es necesario destacar algo que es fundamental, y es que hay un conjunto de actividades que pueden y deben ser realizadas en el seno de la actual sociedad, actividades sociales y políticas que permitan un ejercicio de participación y resolución de problemas de la población. Estas actividades deben generar, al mismo tiempo, nociones y experiencias que contribuyan con el crecimiento de la consciencia y la confianza en las propias fuerzas, proceso que devendrá en la potencia capaz de confrontar el sistema y generar las condiciones para su ruptura. Esta primera fase es la etapa de la construcción del poder popular, de un pueblo fuerte.

 

Si en palabras de la declaración política de la Asamblea lo que se pretende con los mandatos es: “construir instrumentos que permitan confrontar el sistema capitalista y el régimen de dominación, en una perspectiva de unidad estratégica, profundizando la movilización y la construcción de poder popular”, podríamos decir que la propuesta de la Asamblea es interesante si plantea una solución al empantanamiento en el que se encuentra lo popular debido al desgaste táctico de movilizaciones, acuerdos con el gobierno e incumplimiento de los mismos.

 

Pero, para que no se repita lo sucedido con el Congreso de los Pueblos, esta nueva iniciativa debe también y sobre todo, superar el obstáculo que traen consigo los diversos modelos leninistas, persistentes en la inercia histórica de la izquierda colombiana, condicionada por circunstancias de sobrevivencia de su funesta experiencia, modelos que han impedido su real reconfiguración, ajustada a los cambios del mundo contemporáneo, con autocrítica sin tapujos, dejando a un lado su discurso panfletario, dogmático, sumamente simplista y distorsionante, que no se percata de la desconexión que tiene con las amplias mayorías del país.

 

La constitución de una Comisión de Seguimiento de la Asamblea, como mecanismo organizativo en el que tengan representación los procesos y organizaciones que se articulan, debería ser un espacio de dinamización de los mandatos a nivel regional y local, que fortalezcan el gobierno propio a través de alternativas, gestionadas por y desde las mismas comunidades, con base en el fortalecimiento de las guardias de distinta índole, como brazo ejecutivo y presencia real, visible, de las capacidades organizativas de los procesos, pues es así como se expresa el poder popular, que es poder político desde una visión libertaria e igualitaria.

 

Si los mandatos y la hoja de ruta, se territorializan, y se mejoran con la participación comunitaria local, este evento podría constituir un salto cualitativo hacia la unidad estratégica de los sectores alternativos, a partir del reconocimiento de las experiencias e iniciativas de coordinación y articulación sectorial, temática, territorial y nacional ya existentes. Solamente tejiendo desde abajo, como un experimento profundo de democracia participativa y comunitaria, es que tiene sentido una articulación desde arriba, como la planteada en la materialización de un Bloque Popular y Democrático, que es lo inmediatamente propuesta por esta ALP.

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Viernes, 12 Octubre 2018 15:07

Un reto que moviliza a multitudes

Un reto que moviliza a multitudes

El pasado 10 de octubre estuvimos acompañando la marcha de los estudiantes de la educación superior en Bogotá. Las movilizaciones fueron un desfiles de color, alegría y juventud. Se escucharon cánticos al son de tambores, trompetas, acordeones: “porropopom, porropopom, él que no salte quiere privatización", "Amigo mirón, únase al montón, su hijo es estudiante y usted es trabajador", "Lucha, lucha, lucha, por una educación feminista y popular" y "Adolorido, adolorido, adolorido del corazón, por un gobierno, por un gobierno que se ha robado la educación”. Coloridas vestimentas, carrozas, y la vitalidad de una generación que lucha para que la educación no se convierta en un negocio al servicio de unos privilegiados, o la tumba de aquellos que deben endeudarse toda una vida por acceder al legado y saber humano.

 

 

En la ciudad de Bogotá, más de 20.000 manifestantes se tomaron las principales vías con destino a la emblemática Plaza de Bolívar, con el fin de exigir al gobierno nacional, adecuar y organizar el presupuesto para la educación superior. La movilización tomó forma a una semana de la discusión en el senado del Presupuesto General de la Nación 2019.

La convocatoria fue multitudinaria en todo el país. Más de 150 mil personas marcharon en diferentes ciudades, convocadas por la Unión Nacional de Estudiantes de la Educación Superior (Unees), marchas a las que también concurrieron, además, rectores y sindicatos universitarios, la Federación Nacional de Educadores, la Organización Nacional Indígena, los estudiantes de universidades privadas y del Sena, la guardia campesina, entre otros, quienes en esta ocasión se unieron a las exigencias de los estudiantes alrededor del pliego de peticiones de la Uness, que busca garantizar una educación digna, gratuita y de excelencia.

Yisel Sarmiento profesora vinculada a la Secretaria de Educación de Bogotá nos dijo que “estamos apoyando la movilización en pro de la universidad pública, poquito a poco están matando la universidad pública, están permitiendo que lo que muchas personas tienen como acceso a la educación se esté muriendo”.

El pliego que alimenta estas protestas contiene 10 exigencias puntuales: la primera concierne al incremento de 4.5 billones de pesos para sanear el déficit provocado por la ley 30 de 1992 de educación superior, seguida de la reliquidación de las deudas del Icetex con tasa real de interés 0%, condonación de la deuda de los estudiantes del programa Ser Pilo Pago, congelar el costo de matrículas de instituciones de educación superior privadas algunas de las cuales llegan a 20 millones de pesos un semestre de pregrado, aumento en un 100% al presupuesto de Colciencias, pago de la deuda histórica a las universidades públicas que hoy asciende a 16 billones en un plazo no mayo de 10 años, mantener los recursos del Sena, derogar la Ley 1911 de financiación contingente al ingreso, la construcción de una nueva regla fiscal: además, que los procesos de acreditación de alta calidad no sean los determinantes a la hora de transferir recursos a las universidades; derogar la ley 1740 y, por último, respeto y garantías para la movilización sin represalias en universidades públicas y privadas.

 

 

Los y las estudiantes se tomaron las calles. Las movilizaciones exigen la solución al déficit presupuestario de las instituciones de educación superior. Esta es la forma de responder a esa “crónica de una muerte anunciada” desde promulgación de la ley 30 de 1992, que establece parámetros de financiamiento, organización y funcionamiento contrarias a las exigencias sociales y académicas de los centros de educación, crónica que viven diariamente quienes están en las instituciones educativas, que día a día ven como las instalaciones ensanchan su deterioro, así como la reducción y disminución de espacios extracurriculares de extensión, bienestar y un largo etcétera.

Nicolás Albarracín, estudiante de la Universidad Pedagógica Nacional, nos dijó que se debe “empezar a reestructurar una serie de decretos que desde 1992 (ley 30) por la que se ha venido desfinanciando (la educación) por ser una ley anacrónica que aún está financiando la Universidad de 1992, lo que se quiere es que se financie una Universidad del día de hoy”.

En Colombia existen 62 instituciones de educación superior que congregan universidades, instituciones universitarias, instituciones técnicas e instituciones técnicas profesionales de carácter público, cada una afronta problemas de infraestructura, vinculación docente, investigación y extensión además de los recursos necesarios para su buen funcionamiento, considerando que la universidad amplié su cobertura a más sectores, pues los recursos solicitados cubren el déficit acumulado, no la proyección para ampliar la demanda, la investigación, la extensión social y la creación de nuevos programas académicos.

La educación superior pública cumple la función social de permitir el acceso al conocimiento, los saberes y avances en los diferentes campos del saber humano, en condiciones dignas, de calidad y pertinencia social. Su desfinanciamiento responde al proceso de su desmonte, iniciado en 1991 y concretado con mayor decisión en la ley 30 del 92, y que aboca a las universidades a buscar recursos a través de la venta de servicios, convirtiéndolas en instituciones-empresas. El llamado de los estudiantes y de quienes los acompañaron en la movilización es para dar soluciones, destinando menos presupuesto para la guerra y más para la educación.

 Al respecto Valentina Londoño, estudiante del Sena sede Bogotá, nos dijo “Estamos en desacuerdo con que los que están en la política nos quiten presupuesto y nos bajen beneficios solamente para la guerra”.


De esta manera los estudiantes, la comunidad educativa, los procesos sociales, le dicen al gobierno de Iván Duque que no van a permitir que la educación prosiga en su proceso de privatización, mercantilización y elitización.

Como prolongación de la protesta, desde el 12 de octubre varias universidades se declararon en paro parcial o indefinido, tomando forma un ciclo de lucha estudiantil impulsado por un movimiento que reconoce las dificultades de este tipo de luchas y que carga con las enseñanzas de décadas de movilización y lucha por una educación a la altura de las necesidades del país.

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Movimientos sociales y el protocolo para la protesta pacífica

A partir del abuso de autoridad padecida en Colombia para contener y desestimular la movilización social, el pasado 31 de julio fue firmado el “Protocolo para la coordinación de las acciones de respeto y garantía a la protesta pacífica”, que sirve para establecer derechos sociales, además de oportunidades políticas, para que la sociedad civil exprese sus demandas. Con lo firmado ¿qué pueden espera los movimientos sociales?

 

La firma de la resolución 1190 del 2018, también adoptada como “Protocolo para la coordinación de acciones de respeto y garantía a la protesta pacífica como un ejercicio legítimo de los derechos de reunión, manifestación pública y pacífica, libertad de asociación, libre circulación, libre expresión, libertad de conciencia, a la oposición y a la participación, inclusive de quienes no participan en la protesta pacífica”1, representa para la sociedad civil, especialmente para el sector de los movimientos sociales, un avance en términos de construcción de medios de defensa ante la represión que la Policía Nacional y el Gobierno Nacional acostumbran desplegar en contra de las protestas sociales.

 

Durante el proceso de construcción de este protocolo, llevado a cabo en Bogotá, participaron organizaciones sociales como La Cumbre Agraria Campesina, Étnica y Popular, la Mesa Nacional de Garantías, el Movimiento de Víctimas de Crímenes de Estado, representantes del Gobierno como: el Ministro de Defensa, la ONU y el Ministro del Interior, además de algunos miembros de la Policía Nacional.

 

Fueron cuatros días para discutir, negociar y ratificar el Protocolo, pretendido desde hace cinco años por la Cumbre Agraria, que ve la necesidad de impulsarlo debido al asesinato de campesinos y líderes sociales a manos de agentes de la Policía y su cuerpo élite, el Esmad, en el curso de protestas, como la del Paro Agrario del año 2013.

 

Al respecto refirió Franklin Castañeda, presidente de la Fundación Comité de Solidaridad con los Presos Políticos: “El paro fue tratado con tal nivel de salvajismo que en Bogotá tuvimos 29 personas heridas, una señora en silla de ruedas asesinada, un joven sin un ojo, más de 800 personas detenidas, el toque de queda fue declarado en varios municipios, prohiiendo a la gente salir de la casa; el presidente Santos pronunció un discurso ordenando que 8.000 militares custodiaran la seguridad de Bogotá, medidas que son propias de un estado de sitio”.

 

Ciclo de la protesta social en Colombia

 

Estos casos de abuso de autoridad están enmarcados en el “ciclo de la protesta” conocido por el país durante los últimos diez años, suceso de lucha por derechos paralelo al cual la represión era fortalecida y las vías institucionales para ejercer las demandas de la sociedad civil eran cerradas.

 

Los casos de abuso de autoridad generados por el Esmad se recrudecieron, tal como las cifras lo demuestran: “Entre 2002 y 2014 fueron registradas 448 agresiones con la presunta participación de integrantes de la fuerza pública, que dejaron cerca de 3.950 víctimas, entre ellas 137 casos de personas heridas, 91 detenciones arbitrarias, 107 reportes de amenazas individuales y colectivas, 13 casos de ejecuciones extrajudiciales y 2 de violencia sexual”2.

 

Para Franklin Castañeda: “Se ha vuelto normal, sin que haya mayor reacción social o mediática, que en Colombia en el marco del derecho a la protesta social varias personas resulten asesinadas. En el 2017 catorce personas perdieron la vida bajo este contexto, en el 2016 fueron ocho, en el 2015 fueron siete las que perdieron la vida, y recuerdo que en el 2013 fueron quince”.

 

Las cifras muestran la magnitud de la represión hacia la protesta social, y dan cuenta de un problema estructural, de una visión de Estado. Además, deja en claro el tipo de doctrina con la cual son formados los agentes de policía y los de su cuerpo élite, el Esmad, con la cual prima la criminalización de la protesta social, es decir, el activista es considerado un enemigo, no un ciudadano que levanta su voz en defensa de los derechos básicos.

 

Criminalización de la protesta social

 

La criminalización de la protesta no es un fenómeno contemporáneo, sino que es histórico, visible a través de las políticas de “seguridad” de varios gobiernos, es decir, estamos ante una política de Estado. Vale recordar la implementación del Departamento de Seguridad Nacional por parte del gobierno de Carlos Lleras (1970), también el Estatuto de seguridad con Turbay (1978); el Plan Colombia (1999) implementado por orden de Estados Unidos en el gobierno de Pastrana, y la Seguridad Democrática durante los gobiernos de Uribe (2006). Estas políticas tienen en común legitimar el exterminio del “enemigo interno” a través de la criminalización de la protesta social, interpretada como una acción de terrorismo, vinculada a grupos guerrilleros y no como acciones colectivas propias de la sociedad civil.

 

Este tratamiento ha conllevado a silenciar y aniquilar al otro/a diferente y diverso que se manifiesta con particularidades poblacionales y culturales, cuya expresión en el marco de un contexto de gobierno democrático debería ser posible. Además, la represión política no solamente ha deslegitimado las acciones colectivas sino que también sesga la comprensión del trasfondo de las problemáticas sociales por parte del conjunto social y, con ello, desvirtúa la necesidad de protestar cuando el acceso a diversidad de derechos está bloqueado, además de inyectar temor en amplios segmentos poblacionales.

 

Esta tendencia a la represión violenta de la protesta social, para mantener la “seguridad” y el orden, lleva al incumplimiento de los lineamientos reconocidos en cuanto a las armas que puede usar el cuerpo represivo, llevando a la indiferenciación entre armas letales y no letales. En este sentido, es imprescindible abrir en la sociedad el debate, ¿cuál es la fuerza que puede ejercer la policía y el Esmad?, ¿bajo cuáles criterios debe ser regulado el uso de la fuerza?, o ¿se regula la fuerza o la protesta social?

 

Estos cuestionamientos han sido transversales al debate sobre garantizar la protesta social como un derecho fundamental y, aunque las organizaciones sociales han planteado discusiones en torno al tema, el Gobierno se mostró evasivo, en tanto no cedió ante la demanda por la diferenciación del armamento letal y no letal.

 

Negociación del protocolo

 

Las evasivas gubernamentales, además de tener explicación por una política de control y protección del poder por parte de quienes lo detentan, son influenciadas por las presiones que sectores empresariales ejercen, como los comerciantes y el sector minero, quienes han manifestado la oposición a la protesta social, así mismo al desarrollo del Protocolo sin su revisión, pues para los sectores empresariales un Protocolo negociado abre la posibilidad de pérdidas económicas debido a las consecuencias de los bloqueos de las vías comerciales, al tiempo que pone en riesgo sus negocios mineros y extractivistas en general, al toparse con la oposición de amplios segmentos sociales a tales iniciativas por su impacto ambiental.

 

No obstante, aunque no fueron establecidas regulaciones profundas en torno al tema de la fuerza, se logró que nuevas interpretaciones sobre la protesta social como un derecho fueran reconocidas en el Protocolo, por ende en el marco cultural y político del gobierno nacional y su policía. Así pues, el tratamiento de la fuerza es referido en el texto así: “[…] El último recurso que la Policía Nacional puede ejercer […] El cuerpo de policía intervendrá solo cuando considere que su actuación es necesaria, atendiendo al principio de proporcionalidad, y a la garantía de los derechos de los manifestantes, y de todas las personas, inclusive de quienes no participan”4.

 

Aunque estas concepciones plantean nuevos discursos, debates y propuestas que entran en juego entre la sociedad civil y gobierno nacional, también surgen inquietudes sobre qué tanto el Protocolo garantiza que la fuerza sea utilizada sólo en casos extremos, puesto que puede ocurrir la situación hipotética en que la Policía Nacional arguya el uso de la fuerza por la “defensa” de los sectores de la sociedad que no participan de la protesta social.

 

Por otro lado, si bien el documento firmado es una resolución, no tiene suficiente peso normativo para no ser modificado. Sin embargo, es una ganancia para el movimiento social haber alcanzado la construcción de este Protocolo; el beneficio de uno similar acordado en Bogotá en positivo: desde su regulación en el año 2015, también por la Cumbre Agraria y la alcaldía de Gustavo Petro, no se volvieron a presentar casos de muertes u otros abusos de poder por parte de la policía y el Esmad al momento de sucederse protestas.

 

Cabe rescatar también que el Protocolo empodera a la sociedad civil para ejercer acciones de control y vigilancia en torno al tratamiento dado por la policía a la protesta social. en este sentido, uno de los puntos metodológicos claves acordados es la conformación de las Comisiones de Verificación (CVI), integradas por organizaciones de Derechos Humanos y otros grupos de la sociedad civil que cuentan con la posibilidad de ejercer acciones de observación y verificación durante la protesta social. Así es expuesto en el Protocolo: “Si durante el desarrollo de las manifestaciones, movilizaciones y protestas se presentan actos de violencia, las CVI podrán mediar, en coordinación con los funcionarios públicos presentes, con el fin de promover el respeto y garantía el ejercicio de la protesta, así como los derechos de los demás actores que participen o se vean afectados. Además, las CVI junto con otros actores de la civilidad pueden realizar ejercicios de informar y denunciar a través de grabaciones o fotografías de situaciones que den visibilidad al tratamiento inapropiado de la protesta social”5.

 

Con el Protocolo se ha abierto camino al andar, esto es significativo para la coyuntura sociopolítica actual, y la que está por venir con la transición de gobierno de Santos a Duque, pues la mayoría de las políticas del nuevo gobierno buscan la implementación, o fortalecimiento, de políticas que acentúan la violencia, la represión política, los conflictos y la desigualdad en el país.

 

Una muestra clara de estos propósitos es la propuesta del nuevo Ministro de Defensa sobre regular la protesta social a través de una ley estatutaria. Es claro que esta propuesta da cuenta de las intenciones de controlar el derecho fundamental y no la fuerza. Por otro lado, recientemente se radicó el nuevo proyecto de ley de tierras, el 0318 del 2018, que modifica varios aspectos que posibilitaban la democratización de la tierra a favor de los pequeños productores en la ley 160 de 1994, proyecto que en cambio acentúa la concentración de la tierra en beneficio de las multinacionales extranjeras y proyectos de agroturismo, dejando de lado las posibilidades para que el campesinado sea reconocido como sujeto político. Este proyecto de ley ha sido ratificado en el Congreso con 81 votos a favor y 23 en contra –los de los sectores alternativos–, lo que evidencia la reducida posibilidad de participación y visibilidad con que cuentan los movimientos sociales en el aparato estatal y gubernamental.

 

En consecuencia, la protesta y la movilización social es una alternativa clave para seguir demandando transformaciones sociales, de ahí que el Protocolo sea una herramienta eficaz para reducir y/o controlar la violencia oficial y para que el conjunto social enfrente y supere el miedo que le han inyectado para que no demande el respeto de sus derechos.

 

1 Protocolo para la coordinación de las acciones de respeto y garantía a la protesta como una expresión de los derechos de reunión y manifestación pública y pacífica, 2018.
2 Ver https://www.desdeabajo.info/ediciones/item/28878-por-que-es-necesario-desmontar-el-esmad.html
3 Rodríguez, E. C. (2017). Caminando la palabra. Movimientos Sociales en Colombia 2010-2016. Bogotá: Desde Abajo.
4 Protocolo para la coordinación de las acciones de respeto y garantía a la protesta como una expresión de los derechos de reunión y manifestación pública y pacífica, 2018.
5 Ibídem.

Publicado enEdición Nº249
A pie. Marcha campesina reaviva la movilización desde abajo en Venezuela

Se despertó el campesinado venezolano, la sal de su tierra, y marchó con paciencia hacia el lejano poder centrado en Caracas con reclamos ensordecidos y acallados durante años por la agudísima polarización política entre gobierno y oposición de derecha. Su cuestionamiento al gobierno es otro: el arrebato de sus tierras, la persecución que sufren del poder judicial y los latifundistas.


El 12 de julio pasado se inició en Acarigua, casi 500 quilómetros al suroeste de Caracas, una marcha popular que modificó el statu quo político en Venezuela. Como “una gota hirviendo en un témpano de hielo” –para usar una frase del teórico y político venezolano Alfredo Maneiro–, unos 2 mil campesinos de distintos movimientos sociales lograron descongelar la política en Venezuela y en la militancia de base del chavismo cuando comenzaron a caminar, desde el estado Portuguesa, para denunciar desalojos de tierras hechos por terratenientes y asesinatos por sicarios, muchas veces respaldados por las fuerzas armadas y otras instituciones estatales, como los tribunales agrarios.


Después del enfrentamiento entre el gobierno y la oposición que acaparó el espacio político en Venezuela durante los últimos años, después de la atención que recibieron la violencia política durante 2017 y la campaña electoral del primer semestre de 2018, la “marcha admirable campesina” (como fue bautizada popularmente, en referencia a la campaña militar con la que Bolívar tomó Caracas en 1813) marcó el resurgimiento de los movimientos sociales en el escenario político venezolano. Estos han cobrado protagonismo por fuera de los partidos de izquierda y derecha, gracias a un tejido social de movilización capaz de activarse y conseguir un espacio propio en la política nacional.


Día tras día estos pequeñísimos productores agrícolas, sin capacidad de compra de semillas o fertilizantes y muchas veces obligados por su condición humilde a sembrar la tierra con las manos, fueron avanzando rumbo a la capital. Rindieron homenaje a Jesús León y Guillermo Toledo, dos campesinos asesinados en la estancia ganadera Palo Quemado, en el estado de Barinas, presuntamente a mano de sicarios.


Después de tres semanas de marcha a pie, los campesinos llegaron, el 2 de agosto, a las inmediaciones de Miraflores, sede del Ejecutivo nacional, y se encontraron con tres piquetes policiales que les cortaron el paso.


CORRIENDO EL FOCO


Aunque no hubo violencia de ningún lado, la decisión del gobierno de no recibirlos provocó un estupor general y enardeció tanto a los grupos que se sumaron a la marcha en la capital como a las redes sociales. No obstante, la respuesta de los campesinos fue la paciencia, dijeron que esperarían la respuesta oficial. Al día siguiente Nicolás Maduro los recibió ante la radio y las cámaras de televisión. Los voceros de los campesinos hicieron un conjunto de planteos que dibujaron la gravedad de la situación que aqueja a los productores del campo, especialmente a los más pobres, y la indefensión en la que los ha dejado el Estado, especialmente después de la muerte del ex presidente Hugo Chávez.


La confrontación de gran calado entre el gobierno y sus adversarios, y el riesgo de confrontación militar internacional o de guerra civil interna que produjo, habían subordinado hasta ahora las demandas locales y sectoriales, y durante años impidieron que surgieran. En esta movilización el movimiento campesino presentó una serie de cuestiones que buena parte del país, incluido el chavismo, se planteaba, pero no había tenido espacio para comunicar. “¿Qué nos motiva? La necesidad. La necesidad que se sufre en el campo. ¿Producto de qué? Quizás no de las políticas implementadas por Maduro, pero sí de personeros internos que se prestan para que las cosas no les lleguen a los campesinos. Los insumos a tiempo, la regularización de las tierras. Esas son nuestras prioridades”, expresó durante la marcha el campesino Arbonio Ortega, representante de la Plataforma de Lucha Campesina, una de las organizaciones que participaron de la marcha. Ortega aprovechó también a hacerle un reclamo al presidente: “Queremos decirle que considere al campesino como el elemento y eslabón principal de la cadena alimenticia. No es posible que se siente con los otros sectores y con el campesino jamás haya una mesa donde nos podamos sentar”, agregó (desafios.com.ve, 2-VIII-18).

 

CRÍTICA RADICAL


En su recorrida los campesinos se fueron reuniendo con diversos sectores de la sociedad (grupos sindicales, barriales, parlamentarios, consejos de trabajadores y otros grupos de campesinos). Se sumaron a la movilización, sobre todo en las proximidades de la capital, movimientos urbanos populares, líderes sociales y grupos de base, y allí realizaron la primera marcha coordinada de diferentes movimientos sociales en al menos los últimos cinco años. Los campesinos se mantuvieron al frente de la caminata y no incorporaron nuevas vocerías. Se declaraban chavistas y no eran contrarios al gobierno de Maduro, pero realizaron la interpelación más radical que haya tenido que confrontar el presidente durante todo su mandato, en tanto denunciaban la sombría realidad que viven las comunidades campesinas que sufren la violencia de las clases oligárquicas y las fuerzas armadas, la criminalización de la que son objeto por parte del andamiaje judicial, y su exclusión de las políticas agrarias.


Como respuesta a sus demandas, Maduro anunció una reestructuración de la institucionalidad agrícola del Estado. Ordenó devolver a los campesinos las tierras otorgadas durante la presidencia de Hugo Chávez, de las cuales han sido despojados sistemáticamente por orden de tribunales agrarios presionados por sectores latifundistas. Delegó en la Asamblea Nacional Constituyente revisar las leyes agrarias y la investigación de los presuntos actos de sicariato, y exhortó también al presidente del Tribunal Supremo de Justicia, Maikel Moreno, a investigar a los jueces agrarios que han fallado en contra de los campesinos. Las medidas tomadas deberán ser evaluadas en setiembre próximo en el Congreso Campesino Nacional (supuestonegado.com, 3-VIII-18).


Para los movimientos sociales presentes en el encuentro con el presidente, su respuesta fue asumida como una victoria. Para el resto de los movimientos independientes del país, de izquierda y del chavismo de base, el proceso de interpelación y respuesta abrió una ventana para oxigenar al movimiento popular, en un momento de reflujo político.


REPRESALIAS ASESINAS


Apenas tres horas después de culminado el encuentro se supo del asesinato de tres líderes campesinos en Sabaneta de Barinas, el pueblo donde nació Hugo Chávez. Una de las víctimas había acusado de hostigamiento a un terrateniente, ex vicepresidente de la Federación de Ganaderos de Venezuela (Fedenaga), en un video. El caso elevó la indignación de los movimientos sociales y la presión sobre el gobierno, las fuerzas armadas y todo el sistema judicial, ya que la marcha había logrado concientizar a la ciudadanía nacional respecto de la situación que viven los campesinos en el occidente de Venezuela.


En un país acostumbrado a grandes movilizaciones políticas desplegadas gracias a una inmensa infraestructura de transporte, comida y tarimas (por ejemplo en cada acto electoral), la marcha campesina iniciada en julio tuvo un simbolismo particular por lo épico de su acción y la máxima humildad de sus actores. En tiempos de auge petrolero y de masas se abandonaron las formas tradicionales de acción política de los sujetos históricos venezolanos, y la maquinaria de movilización electoral dificultaba analizar la temperatura política del país; que el chavismo lograra concretar una marcha multitudinaria no era indicativo de que fuera a ganar las siguientes elecciones. Más o menos lo mismo ha ocurrido con la oposición.


MUY LEJOS DE TWITTER


La “marcha admirable” partió y llegó desprovista de transporte y alojamiento, elementos imprescindibles para las movilizaciones políticas de los últimos 20 años. Fue censurada por los medios de comunicación públicos y privados y sólo se sabía de ella por las redes sociales, aunque los campesinos no tenían ninguna cuenta propia a través de la cual se los pudiera seguir. Por ello, a medida que avanzaba, fue despertando la estima en movimientos y organizaciones que han sido relegados por el conflicto internacional y electoral en que ha estado inmerso el país. Éstos vieron en los campesinos marchando una oportunidad para dar vuelta el escenario político y presentar la agenda política de la institucionalización y burocratización que vienen denunciando.


La movilización campesina conmovió al chavismo de base y desató un debate dentro de esa fuerza política. En la actualidad el chavismo es la única fuerza política de peso. La oposición se encuentra en un estado de disolución general; muchos de sus líderes están en el exterior y los que se quedaron en Venezuela no han tenido la capacidad de reorganizar sus filas después de las derrotas de la violencia de calle de 2017 y de las elecciones presidenciales de mayo pasado, que ganó Maduro, aunque con una amplia abstención y sin una fuerza opositora que pudiera hacerle de contrapeso. Este nuevo panorama político nacional junto con las crecientes protestas de corte social han permitido que emerja con inusitada fuerza la diatriba interna contra el chavismo.


CRECIMIENTO DE LA PROTESTA SOCIAL


Quienes pensaron que el triunfo de Maduro en las presidenciales y la dispersión opositora implicarían la muerte de la política durante el mandato presidencial de seis años han quedado sorprendidos por el aumento de la protesta social pasadas apenas diez semanas de los comicios.
En enero de 2018 a lo largo y ancho del país se registraron saqueos como una expresión de protesta social. Estos actos fueron mermando hasta el punto que desaparecieron y dieron paso al debate electoral que culminó en las presidenciales del 20 de mayo. Pero a las pocas semanas comenzaron a resurgir protestas de corte social en medio de una crisis económica que no da tregua y que ninguna política del gobierno parece mitigar. Los saqueos no volvieron, la violencia política de 2017 tampoco, pero las movilizaciones sociales y gremiales sí han emergido con fuerza.


Primero las aguas se agitaron con una andanada de críticas –tanto a la política petrolera como a la falta de recambio en la dirección del partido oficialista, Psuv– que llovieron sobre el gobierno desde diversos sectores del chavismo político e intelectual (véase “Sobrevivir después de la victoria”, Brecha, 22-VI-18). Luego, el incumplimiento del gobierno en la puesta en marcha del Plan 50, que buscaba consensuar el precio de 50 productos entre el Estado, los productores y los vendedores, aumentó el nivel de malestar. Posteriormente han surgido protestas cada vez más grandes en sectores laborales organizados; por ejemplo, el gremio de las enfermeras ha sostenido manifestaciones durante un mes y medio, aproximadamente. Y el gremio de los trabajadores eléctricos también ha montado protestas. Al igual que muchas otras movilizaciones, las dos mencionadas están atravesadas por la demanda de un aumento exponencial del salario, que ha caído a mínimos históricos, en medio de la hiperinflación y una devaluación exagerada de la moneda.


Muchos de los gremios, sindicatos y federaciones de trabajadores de estos sectores responden a Acción Democrática, partido de la oposición que hegemonizó la política nacional durante 40 años (1958-1998) hasta la llegada de Chávez al poder. Su matriz política y el diseño de protestas en años anteriores, relacionadas más con campañas políticas de la oposición que con demandas sociales, genera suspicacia en el gobierno y sus aliados y dificulta un posible acuerdo.

Publicado enInternacional
Domingo, 05 Agosto 2018 09:08

Sí existe un sujeto campesino

Sí existe un sujeto campesino

Un debate abierto en Colombia es si el campesinado existe como sujeto con identidad propia. Acá unas ideas sobre el particular, para animar el intercambio de ideas y la construcción territorial campesina.

 

En Colombia ha sido histórico que el campesinado se movilice por la tenencia de la tierra y por trabajarla con fines populares. Sembrado de diversidad de productos que integran la canasta diaria de miles de familias, comercialización en redes locales, junto al despliegue de dinámicas sociales y políticas alrededor de la tierra, cuyo proceso crea otro tipo de relacionamiento entre las personas, con la naturaleza y con el resto de comunidades. Son particularidades de su cotidianidad y de cómo se construye territorio.

 

Son tan variados y extensos los ejemplos posibles de retomar para evidenciar las particularidades de su dinámica, que amerita un escrito extenso. Por ahora, en el presente, podemos mencionar, por ejemplo, el proceso de colonización campesina en los llanos colombianos a partir de los años 50 y 60 del siglo XX, dinámica social que desembocó en la consolidación de cooperativas y asociaciones campesinas con objetivos comunes de vida digna y movilización social contra el Estado1. En el centro del país, sobresale el asentamiento de comunidades campesinas en el Tolima, a raíz de la guerra declarada por el gobierno de Rojas Pinilla, campesinos obligados a conformar gobierno propio y cuerpos armados de protección2. Estas dos experiencias exponen el cuerpo de un sujeto social relacionado con el campo, sin ser indígena o afrodescendiente.

 

Desde su identidad y urgencia de tierra y otros recursos para construir vida digna, hoy en día el campesinado no deja desaparecer su tradición de lucha social por la tierra. Existen organizaciones sociales del sector que trabajan, organizan y se movilizan por el territorio. Asientan lugares propios, donde la cultura, valores, relaciones sociales, prácticas colectivas, instituciones legitimas, modelo de democracia se instalan en la cotidianidad, delimitando un espacio geográfico donde reproducen la vida. Este tipo de construcción de territorio genera unas dinámicas propias, diferenciadas de sectores como el obrero-sindical, estudiantil, Lgtbi, etcétera. Convivir y compartir en el campo, lejos o cerca de la ciudad, es un rasgo característico primario, pero no es el único, pues en materia de organización el método asambleario donde participa la comunidad, bajo el reconocimiento horizontal y respeto de la diferencia, canalizando así la deliberación y búsqueda de acuerdos comunes, define el cómo construir comunidad.

 

Asimismo, el ámbito cultural y económico también definen a este sector con una identidad que se aparta de otras, sin desconocer las hibridaciones con otras comunidades que no habitan el campo. En la economía esencialmente se busca un relacionamiento directo con el consumidor de los alimentos cosechados, a través de mercados organizados en veredas, pueblos o barrios, donde la producción se expone y comercializa dentro del diálogo con el consumidor. De igual manera, la reivindicación de superar la intermediación de terceros en la comercialización, está presente también en el trabajo productivo campesino. Aquí se articula el uso de insumos orgánicos en la agricultura, como también métodos autosuficientes en la finca, cuando se diversifica el cultivo. Por ejemplo, en una finca X se cultiva el cacao principalmente para la fabricación de chocolate, cuya totalidad de hectáreas se dispone para esta semilla, pero en esas mismas hectáreas se distribuyen otros alimentos a menor escala, con la finalidad de suplir el alimento de la familia, como el plátano, yuca, frutas, entre otros, lo que en el ámbito económico permite solucionar una parte de la alimentación de la familia, y disminuir el desgaste de la tierra.

 

Ahora bien, con el alimento se desprende el aporte sustancial como sector social a la humanidad inmediata y mediata, o local, regional, nacional y global, pues dedicar la vida para producir el alimento que otros adquieren es un rasgo fundamental del sector, rasgo que los potencia como individuos y que puede propiciar, a su vez, una conciencia de su papel en una sociedad dada, motivando de esta manera acciones solidarias en lo inmediato y mediato.

 

Al tiempo que así actúa, en gran cantidad de casos, de manera consciente o inconsciente, cuida la naturaleza buscando un equilibrio entre su agricultura diversificada con los ciclos naturales del territorio y el mundo. Esto, claramente, va en contravía del individuo individualista y consumista que crea la modernidad-colonialidad, que sin ser consciente del fin destructivo de las multinacionales (y del modelo) se provee de sus productos, socavando la vida planetaria3.

 

Los territorios campesinos agroalimentarios como figura organizativa, política y productiva del mundo rural

 

En aras de cimentar institucionalmente el ser campesino, la cultura propia, su economía y la canalización de un modelo de sociedad desde el sector, algunos territorios de Colombia han establecido la figura del Territorio Campesino Agroalimentario (Teca)4, para delimitar un lugar específico que la comunidad comparte, llevando a cabo allí el plan de vida común, que contiene los rasgos arriba expuestos. Pero además, la posibilidad de buscar las garantías de los derechos de los campesinos frente al Estado, el ordenamiento territorial para dirimir los conflictos por el acceso a la tierra y su distribución, más la decisión autónoma de ¿qué hacer con el territorio, sus riquezas naturales, el agua, las especies naturales, etcétera? Es una iniciativa que recrea la tradición campesina colombiana de tener y defender la tierra, para la producción y reproducción de la comunidad campesina bajo un gobierno propio, comunitario.

 

Entonces, desde la participación de las familias campesinas es así como se despliega el ámbito social-cultural, político-comunitario y productivo-ambiental5; en pleno ejercicio autónomo comienzan a crear puentes con la institucionalidad local y regional en representación de esta figura organizativa (legitima) para la elaboración de programas integrales de desarrollo u otro tipo de planes que promuevan la inversión apropiada de los recursos públicos y el bienestar de las comunidades rurales y urbanas; pero el diálogo sobrepasa también la localidad para ir hasta el Estado, quien sustenta una estrecha relación con el sector privado y transnacional, con el fin de llegar a acuerdos comunes para también encontrar el bienestar de las personas. Sin embargo, este diálogo se tensiona a tal punto que la movilización se despliega por parte del campesinado, sacando a la luz conflictos sociales potenciados por el modelo neoliberal.

 

Al igual que el reconocimiento de los pueblos indígenas y afrodescendientes, como sujetos y comunidades, el sector campesino busca por múltiples vías su reconocimiento ante el régimen legal y político, para potenciar su importante y vital aporte a la humanidad de producir alimentos y preservar la naturaleza. Aporte real y dinámica propia, que aun implica mucho camino por recorrer y conflictos por resolver para llegar a ese estado de reconocimiento y goce pleno de derechos.

 

Por lo pronto se afianzan este tipo de propuestas sociales, culturales, políticas, comunitarias y ambientales en los territorios, sin desconocer los avances de otras comunidades.

 


 

* Secretaría de Comunicación y Formación del Coordinador Nacional Agrario.
1 Castillo, Wilmar (2017). El territorio de Arauca es una apuesta por la vida. Revista Mexicana de Comunicación. N. 141
2 Buitrago, José del Carmen (2006). Guerrilleros, campesinos y política en el Sumapaz: el Frente Democrático de Liberación Nacional 1953-1956. Universidad del Tolima.
3 Entrevista al líder campesino del Comité de Integración del Macizo Colombiano -Cima-.
4 Proclamación del primer Territorio Campesino Agroalimentario en el Norte de Nariño y sur del Cauca.
Declaración del Territorio Campesino Agroalimentario Vida y Soberanía Popular. Consultado en https://cnagrario.org/2017/11/02/declaracion-territorio-campesino-agroalimentario-vida-y-soberania-popular-distrito-2-y-6-saravena-arauca/
Declaración del Territorio Campesino Agroalimentario del Pie de monte Araucano. Consultado en https://cnagrario.org/2017/11/20/declaracion-territorio-campesino-agroalimentario-del-piedemonte-araucano-distrito-1-municipio-de-fortul-departamento-de-arauca/
5 Elementos conceptuales para la construcción del enfoque político de la territorialidad campesina alimentaria. Consultado en https://www.cna-colombia.org/como-construimos-un-enfoque-politico-de-la-territorialidad-campesina/

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