Por la vida, el territorio, la autonomía y la soberanía*

Contexto general 

 

La Organización Nacional Indígena de Colombia (ONIC), fue fundada en 1982, durante el Primer Congreso Nacional de los Pueblos Indígenas. Desde su nacimiento, el trabajo de la Organización se basa en cuatro principios fundamentales, a saber: TERRITORIO, CULTURA, AUTONOMÍA y UNIDAD. Estos principios han orientado la resistencia, la lucha y el quehacer de los pueblos indígenas colombianos. La ONIC se encuentra conformada por 44 organizaciones indígenas de todo el país, aunque de sus espacios de debate y proposición, participan organizaciones no adscritas formalmente. A nivel internacional, la Organización es una de las fundadoras de la Coordinadora Andina de Organizaciones Indígenas (CAOI).

 

Por mandato de las autoridades ancestrales y milenarias de los pueblos indígenas, la ONIC aboga por el pleno respeto y cumplimiento de los derechos humanos y colectivos de los pueblos indígenas. Asimismo, protege la integridad étnica, física y cultural de los pueblos, a través de la defensa y promoción de sus derechos, amparados en la Ley de Origen, la Ley 89 de 1890, la Constitución Política de Colombia de 1991, el Convenio 169 de la OIT, y recientemente, en la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas.

 

En reiteradas ocasiones los Pueblos Indígenas de Colombia, nos hemos visto obligados a usar las vías de hecho para exigir el cumplimiento de nuestros derechos. Sin embargo, el día en que el presidente Juan Manuel Santos llegó a la Presidencia de la República, y realizó su posesión simbólica en la Sierra la Nevada de Santa Marta, confiamos en su palabra y en el compromiso que el nuevo mandatario adquirió con los Pueblos Indígenas cuando le fueron entregadas cuatro Tumas sagradas que representan el agua, la tierra, la comida y gobierno.

 

Posteriormente, en ejercicio de su mandato, el Presidente y el Gobierno deben dar cumplimiento a diversas decisiones de la Rama Judicial que en varias sentencias, le ordenaban consultar con los Pueblos Indígenas importantes Políticas Públicas. Estos dos compromisos: uno de carácter espiritual, y otro de carácter jurídico, hacen que el gobierno del Presidente Santos decida sentarse con los Pueblos Indígenas, y activar varios de los escenarios de Concertación Nacional, entre otros, la Mesa Permanente de Concertación con los Pueblos y Organizaciones Indígenas.

 

Los Pueblos Indígenas estábamos preparados para retomar las propuestas estructurales que se habían quedado archivadas en las oficinas de algunas entidades del Estado: derechos humanos, paz, territorio, autonomía e identidad, seguían vigentes en nuestras agendas. Y en la nueva coyuntura, otros temas empezaron a sumarse: los autos emitidos por la Corte Constitucional, en seguimiento a la Sentencia T-025 de 2004, de especial connotación, el Auto 004 de 2009, que declaró la situación de exterminio físico y cultural de por lo menos 34 Pueblos Indígenas. En conclusión, seguíamos dispuestos a cumplir con la misión de defender el territorio y la vida en todas sus dimensiones.

 

Un sin número de temas fueron situados sobre la Mesa. Los Pueblos Indígenas demostramos nuestra capacidad de diálogo, de interlocución, formulación y concertación de propuestas, y en un acto de fraternidad y de solidaridad con las víctimas no indígenas del conflicto armado colombiano, lanzamos un salvavidas al proyecto de ley de víctimas que cursaba en el Congreso (hoy Ley 1448 de 2011).

 

El camino en estos escenarios de concertación no fue nada fácil: nos encontramos con múltiples obstáculos que iban desde las trabas jurídicas, funcionarios que no entendían nuestras reivindicaciones, limitaciones presupuestales, dilaciones en el cumplimiento, que sumadas al final, resultaron en la falta de voluntad política del Gobierno para asumir y hacerse responsable de los compromisos adquiridos; a pesar de lo anterior, mantuvimos nuestra voluntad de dialogo hasta el final. Pero entendimos que más valieron las presiones de los amigos de la guerra, y los grandes intereses económicos, que la defensa de la vida.

 

En todo caso, el Gobierno Nacional utilizó estos escenarios de concertación como modelo ante la opinión pública, nacional e internacional, mostrando resultados y avances inexistentes.

 

Lo más grave es que mientras se desarrollaba el diálogo político entre los Pueblos Indígenas y el Gobierno nacional, la violencia sociopolítica, el conflicto armado, las limitaciones del territorio, los ataques a nuestros derechos, persistieron e incluso se incrementaron .

 

Persistimos en el diálogo hasta que la situación se volvió insostenible: a pocos meses de finalizar este gobierno, el balance sobre los 96 acuerdos contenidos en el anexo IV del Plan Nacional de Desarrollo, el incumplimiento total del Decreto Ley 4633 de 2011, la falta de voluntad política para entregarnos la administración integral de nuestros sistemas, la desidia institucional, incluso, se promovieron acciones de desarticulación del movimiento indígena como una estrategia intencional del Gobierno Nacional.


Por todo lo anterior, y recogiendo el sentir de nuestros pueblos y autoridades, decidimos convocar a la Minga Social Indígena y Popular -Por la vida, el territorio, la autonomía y la soberanía.- A partir de allí definimos cinco temas estructurales de la agenda, los cuales están estrechamente relacionados:


1. Derechos Humanos, conflicto Armado y Paz
2. Territorio
3. Política Minero Energética del país
4. Política Económica y Agraria Colombiana
5. Autonomía Política, Jurídica y Administrativa
A continuación desarrollamos los puntos críticos y nuestras exigencias en cada uno de estos temas.

 

14 de Octubre de 2013

 

DERECHOS HUMANOS, CONFLICTO ARMADO Y PAZ

 

Puntos críticos frente a Derechos Humanos, Conflicto Armado y Paz.

 

La ONIC y sus organizaciones regionales han venido llamando la atención reiterativamente, sobre la grave situación de genocidio y etnocidio sistemático que afecta profundamente los derechos individuales y colectivos de los Pueblos Indígenas en Colombia. En 2008, durante la Minga Nacional de Resistencia Indígena y Popular, fueron denunciados ante el entonces Presidente, un total de 1.244 homicidios contra mujeres y hombres indígenas y 70.351 fueron víctimas de desplazamiento forzado (entre el 1 de enero de 2002 y el 16 de octubre de 2008); registro que contraría la cifra presentada por el Estado, el cual informa sobre un total de 640 homicidios y 55.325 personas desplazadas en el periodo señalado .

 

A pesar de la alarmante advertencia sobre la situación afrontada por los Pueblos Indígenas en Colombia, en los años subsiguientes (2009 – 2013), se suman a esa cifra un aproximado de 400 homicidios y cerca de 18.154 indígenas víctimas de desplazamiento forzado . Haciendo un análisis porcentual, en 11 años las cifras evidencian el siguiente panorama: diariamente 35 indígenas fueron desplazados forzadamente de sus territorios, entre 1 y 2 indígenas fueron desplazados cada hora y fueron asesinados 1 indígena cada 40 horas.

 

En lo concerniente a otras vulneraciones de Derechos Humanos e infracciones al Derecho Internacional Humanitario, se encuentran cifras absolutamente escalofriantes: ejecuciones extrajudiciales: 388 casos; homicidio intencional: 379 casos; herida intencional: 312 casos; detención ilegal y/o arbitraria: 271 casos; amenaza individual: 219 casos; amenaza colectiva: 176 casos; tortura: 115 casos. Sumado a lo anterior se identifican dentro de los pueblos afectados con mayor profundidad, sin contar la cifra de desplazamiento forzado, los siguientes: Nasa: 1008 personas; Nación Emberá: 629 personas; Awá: 289 personas; Wayúu: 235 personas y Kankuamo: 164 personas. (indicar el período)

 

Todo esto sin contar con la afectación diferencial de grupos poblacionales específicos: mujeres (Auto 092 de 2008 y 098 de 2013); niños, niñas y adolescentes (Auto 251 de 2008); sabios y sabias y, personas en condición de discapacidad indígenas (Auto 006 de 2009), quienes han encontrado gravemente vulnerados sus derechos con ocasión de la violencia proveniente del conflicto armado.

 

Ejemplo de ello son las cifras que entre 2009 y 2013 se encuentran sobre mujeres y niñas indígenas: Un total de 1442 mujeres y 761 niñas vieron vulnerados sus derechos en dicho periodo; en eventos de desplazamientos masivos se relacionan 538 mujeres y 369 niñas; 87 mujeres y 31 niñas fueron víctimas de confinamiento; 41 mujeres y 9 niñas fueron asesinadas y, 358 mujeres y 249 niñas sufrieron algún daño por infracciones al DIH.

 

Esta situación se agrava teniendo en cuenta que la población indígena en el país se totaliza en 1.392.623 personas, equivalente al 3.3% de la población nacional a 2005 (Censo DANE 2005); sin embargo a 2013 la población indígena total en el país es de 1.071.482 personas. A esta reducción poblacional significativa se adiciona la existencia en la actualidad de Pueblos Indígenas abocados a desaparecer: De los 102 Pueblos Indígenas existentes en Colombia, 36 se identifican en riesgo de exterminio (Auto 004 de 2009 y 382 de 2010), y 31 se encuentran en proceso inminente de extinción a la fecha (la mayoría de los cuales no cuentan con una protección especial que dé cuenta de dicha dinámica), siendo en total 67 los Pueblos (equivalentes al 65,7% del 100% de Pueblos Indígenas existentes en Colombia), que cuatro años después de expedido el Auto 004 se encuentran ad portas de desaparecer.

 

Estos últimos 31 Pueblos que están padeciendo el exterminio aceleradamente (ubicados en un alto porcentaje en la Orinoquía y Amazonía colombiana), cuentan con grupos poblacionales de menos de 500 personas: 18 tienen una población inferior a 200 personas y 10 están conformados con menos de 100 individuos. El impacto del conflicto armado de manera directa e indirecta y los factores vinculados y subyacentes al mismo, se reflejan entonces en la desaparición de un porcentaje importante de Pueblos Indígenas, así como la desaparición de idiomas, cosmovisiones y tradiciones culturales.

 

Restringiendo el análisis a las cifras descritas, concentrando los hechos victimizantes en los 31 pueblos y permitiéndonos partir del supuesto de dicha focalización de afectaciones en contra de los mismos, el resultado es desgarrador: en 10 años los 10 pueblos que cuentan con menos de 100 personas habrían desaparecido según la tendencia identificada en un periodo similar y, en promedio, en 60 años desaparecerían los 31 pueblos actualmente en proceso de exterminio.

 

Lo más desconcertante es que las cifras previamente indicadas observan un subregistro, que invisibiliza la situación real de vulneración de derechos de los Pueblos Indígenas, dicha realidad es reconocido por la institucionalidad colombiana y por las organizaciones indígenas; a la fecha no se tienen datos exactos a partir de los cuales evidenciar la real afectación de los Pueblos Indígenas en el marco del conflicto armado. A esto se pueden agregar variables como la desnutrición e inseguridad alimentaria, condiciones precarias de salud,empobrecimiento, discriminación estructural, carencia de adecuación institucional, militarización, megaproyectos, desterritorialización, entre otros factores, que vulneran estructuralmente el derecho a la vida de los Pueblos Indígenas.

 

Lo anterior se conjuga con lo ya destacado por la ONIC ante la CIDH en cuanto a la relación entre hechos victimizantes en contra de los Pueblos Indígenas e intereses sobre nuestros territorios, "Tenemos serios indicios de que las graves violaciones de los derechos humanos a la población indígena, catalogadas por el Estado Colombiano y los mismos grupos armados como "daños colaterales" de todo enfrentamiento armado; bien pueden enmarcarse como un objetivo más, y no una consecuencia inevitable de la guerra lo que agrava la ya delicada situación de desarraigo cultural. Numerosos hechos aislados atados con un mismo hilo conductor, podrían estar vinculados entre sí a un contexto más amplio, donde se perfila el desarraigo comunitario como un objetivo político común de las partes combatientes".

 

El conflicto armado y la guerra, con expresiones violentas como las descritas en los renglones anteriores, han ocasionado, a pesar de las advertencias oportunamente efectuadas por los Pueblos y Organizaciones Indígenas, consecuencias irreparables. Desde nuestras óptica "la paz pasa obligatoriamente por el reconocimiento y garantía de goce efectivo de los derechos territoriales de los pueblos ya que la guerra contra nosotros se ha hecho para despojarnos de nuestra territorialidad ancestral, desde la misma llegada de los españoles. El conflicto armado tiene gran parte de su escenario en los territorios indígenas, a causa de la disputa por los recursos naturales y la intervención de la gran minería y los macro proyectos, lo que está ocasionando una de las mayores crisis humanitarias en nuestros pueblos" .

 

Así las cosas asumiremos en esta Minga que "La solución política del conflicto armado no es la paz del país, aunque es un paso necesario en el avance hacia la misma; por ello, somos los Pueblos Indígenas de Colombia, los sectores sociales y la sociedad civil en general, los llamados a construir, en un horizonte de corto, mediano y largo plazo, esa paz sostenible y duradera que anhelamos" .

 

Principios frente al tema de Derechos Humanos, Conflicto Armado y Paz

 

Reivindicación del Derecho a la Vida y rechazo al Genocidio de los Pueblos Indígenas en Colombia.

 

Para nosotros los Pueblos Indígenas, todos los seres -desde el más pequeño hasta el más grande, tienen derecho a vivir. Las personas, montañas, los animales, los árboles, los ríos y las piedras, todos tienen una función, una misión y un lugar en el universo. Sustentar antropológicamente.

 

En los últimos 30 años de existencia de la ONIC, se ha insistido y probado la persistencia de prácticas genocidas en contra de los Pueblos Indígenas; la desaparición más o menos paulatina de un pueblo indígena ocurre por múltiples causas, algunas de ellas atribuibles a hechos deliberados (o en todo caso reconocidos) que por su grave impacto físico, ambiental o cultural conducen al exterminio del grupo como entidad colectiva. Desde el punto de vista jurídico, el fenómeno del exterminio configura un genocidio cuando se demuestra la sistematicidad de los hechos que lo ocasionan y la deliberación de los agentes que provocan el exterminio.

 

Partimos del supuesto que "Cuando un pueblo indígena desaparece, se extingue para siempre todo un mundo, con su cultura, cosmovisión, idioma, conocimientos ancestrales, y prácticas tradicionales que contribuyen al desarrollo sostenible y equitativo, y a la ordenación adecuada del medio ambiente" .


Las variables que conducen al genocidio de los Pueblos Indígenas, necesariamente deben observar por lo menos dos aspectos: Por un lado, escenarios de violencia estructural y de conflicto armado, discriminación, exclusión y empobrecimiento por causa del modelo económico; por el otro los factores subyacentes y vinculados al conflicto armado que socavan de forma sistemática nuestros derechos.

 

En este contexto, exigimos detener el genocidio del cual estamos siendo víctimas, con la consecuente desaparición de nuestras lenguas, costumbres y tradiciones ancestrales.

 

Apuesta por la Paz: Salida Política y Negociada al Conflicto Armado.

 

Los Pueblos Indígenas de Colombia apostamos por una paz integral y duradera que trasciende los diálogos que se desarrollan actualmente en La Habana. Para nosotros los indígenas, la Paz pasa obligatoriamente por el reconocimiento, garantía y protección de nuestros derechos territoriales, y por el buen vivir comunitario.

 

Los Pueblos Indígenas reiteramos nuestra posición de defensa de la autonomía y de resistencia frente al modelo Neoliberal y de guerra. En este sentido, defenderemos nuestro derecho a la soberanía alimentaria, al agua, al ambiente, a los planes de vida de las comunidades indígenas y afro descendientes. Reivindicamos nuestro derecho a producir nuestros propios alimentos como ejercicio a la resistencia para la pervivencia.

 

La solución política del conflicto armado no es la paz del país, aunque es un paso necesario en el avance hacia la misma; por ello, somos los Pueblos Indígenas de Colombia, los sectores sociales y la sociedad civil en general, los llamados a construir, en un horizonte de corto, mediano y largo plazo, esa paz sostenible y duradera que anhelamos. (línea repetida)

 

Reconocimiento del Territorio como Víctima.

 

A través del Decreto Ley 4633 de 2011, se reconoce al territorio como víctima; "Para los Pueblos Indígenas el territorio es víctima, teniendo en cuenta su cosmovisión y el vínculo especial y colectivo que los une con la madre tierra".

 

La crisis humanitaria que viven los grupos étnicos hace necesario plantear una lógica distinta sobre la relación entre el derecho fundamental a la consulta previa, libre e informada y los proyectos de infraestructura: no son las comunidades étnicas y sus derechos, quienes imponen un problema a los proyectos de infraestructura y concesiones; son estos proyectos los que generan un problema a las comunidades. La inconsistencia está en el diseño y la planificación de tales proyectos que se hacen suponiendo que las comunidades en los territorios estarán de acuerdo, desconociendo la cosmogonía de los pueblos, medios de vida y relación con el territorio. El impacto a las comunidades no se puede evaluar como una externalidad del crecimiento, sino como una condición anterior con base en la cual se deben planificar las intervenciones alternativas.

 

Mientras las concesiones se implementan, las obras de infraestructura siguen arrasando territorios ancestrales; los intereses de los actores armados se entremezclan con los intereses empresariales en el control armado de estas zonas, las comunidades libran una batalla con empresarios y gobierno por sus derechos. El interés o eventual participación de los grupos armados en las actividades mencionadas potencian el escenario de riesgo para los pobladores.

 

La ONIC y sus organizaciones consideramos que una real garantía para cumplir con la salvaguarda ordenada por la Corte Constitucional para la protección de los Pueblos Indígenas, consiste en la obligación del Estado para prevenir las causas estructurales que generan el desplazamiento forzado y ponen en riesgo de exterminio físico y cultural a los Pueblos Indígenas, por tanto como medida cautelar, debe anular la totalidad de los títulos mineros otorgados a terceros en los territorios indígenas que además de conducir al exterminio, han sido otorgados de manera inconsulta, por otra parte debe agilizar los procesos de protección jurídica de los territorios indígenas.

 

Exigencias políticas frente a Derechos Humanos, Conflicto Armado y Paz

 

Derechos Humanos y Conflicto Armado


1. Exigimos la incorporación integral de la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas al ordenamiento jurídico colombiano, sin reservas ni restricciones, mediante la expedición de una ley estatutaria.

 

2. Exigimos la implementación integral del Decreto Ley 4633 de 2011, mediante la asignación y apropiación de recursos suficientes, y la adecuación y fortalecimiento de la capacidad institucional para la atención integral, protección, reparación integral y restitución de derechos territoriales para los pueblos y comunidades indígenas.

 

3. Exigimos la formular e implementar en concertación con los pueblos y organizaciones indígenas, en el plazo de 6 meses, una política pública de prevención y protección individual y colectiva de derechos humanos; acorde con la diversidad étnica, cultural y geográfica, y con las formas ancestrales de control social, territorial y de protección física y espiritual de los Pueblos Indígenas. Esta política debe contener el enfoque de género y generacional.

 

4. Exigimos el cumplimiento integral de los Autos 092 de 2008, 004 de 2009 y otros específicos para Pueblos Indígenas, mediante la asignación y apropiación de recursos económicos suficientes, que permitan implementar el Plan de acción del Programa de Garantías de derechos de los Pueblos Indígenas, los 36 Planes de salvaguarda étnica, y el Plan de acción del Auto 092 de 2008, formulado por la ONIC con sus organizaciones regionales.


5. Exigimos al Gobierno Colombiano garantizar que en el plazo de 3 meses se disponga de garantías económicas e institucionales para la formulación e implementación concertada de Planes de Vida reforzados para los Pueblos Indígenas en proceso inminente de exterminio físico y cultural, a causa de la fragilidad demográfica, el conflicto armado y el desarrollo de iniciativas económicas o de infraestructuras en sus territorios, y los cuales no están cobijados por la orden constitucional consagrada en el Auto 004 de 2009.

 

Instrumento: Planes de vida reforzados

 

Ruta:


• Identificación y caracterización de los Pueblos Indígenas no cobijados en el Auto 004 de 2009, es decir 66 pueblos, requerirían planes de salvaguarda étnica y cultural reforzados.


• Formulación concertada de los planes de salvaguarda reforzados y sus componentes.


• Implementación eficiente, efectiva e integral de los planes de salvaguarda étnica y cultural reforzados


• Implementación de mecanismos de monitoreo y seguimiento al desarrollo de los planes de salvaguarda reforzados, los cuales incluyen el acompañamiento de los órganos de control, en cumplimento a sus funciones constitucionales y legales.

 

6. Instamos a la Corte Constitucional Colombiana a pronunciarse, a través de las decisiones judiciales pertinentes, sobre la situación de los Pueblos Indígenas con debilidad demográfica manifiesta y en procesos inminentes de exterminio físico y cultural, los cuales no están cobijados en el Auto 004 de 2009, y sobre los cuales se les allegó información en la audiencia del día 9 de septiembre de 2013.

 

7. La criminalización en contra de los líderes y miembros de los Pueblos Indígenas afecta de forma significativa nuestros derechos colectivos, el ejercicio del derecho propio o derecho mayor, y pone en riesgo nuestra pervivencia como pueblos. Esta política de violación y de represión se realiza a través de discursos estigmatizadores, señalamientos, represiones policivas, judicialización, enjuiciamiento, y leyes que legitiman su accionar. Por lo anterior, exigimos la reforma al Código Penal Colombiano, en su artículo 353(a) y el retiro inmediato del Proyecto de Ley 091 de 2013, presentado por el Gobierno Nacional a través de su Ministro de Defensa y la cesación de todas las formas de criminalización.

 

8. Exigimos al Gobierno Colombiano que se abstenga de conformar y promover la creación de organizaciones indígenas paralelas que desestabilicen la unidad y la cohesión del movimiento indígena colombiano articulado a la ONIC.

 

Paz

 

9. Exigimos que las mesas de la Habana sitúen sus acuerdos en escenarios donde la sociedad civil pueda tomar las decisiones en perspectivas acorde con la democracia participativa; acuerdos que seguramente serán bien recibidos en la medida en que se puedan ubicar en el horizonte de corto, mediano y largo plazo para una paz estable y duradera, que al interior de la misma venimos construyendo. Por ello planteamos al Gobierno interlocutar desde ahora con los procesos de sociedad civil sobre cuáles pueden ser estos escenarios.

 

10. Exigimos al Gobierno nacional disponer de todos los mecanismos y garantías jurídicas y políticas necesarias para la realización de diálogos humanitarios entre la Guerrilla y una comisión humanitaria indígena, en la María, Piendamó, o en otro territorio ancestral en Colombia, o, de no ser ello posible, en uno de los países acompañantes del proceso de paz, para tratar la grave problemática de infracciones al DIH.


11. Exigimos al Gobierno Colombiano y a la Fuerza Pública el respeto al ejercicio de control territorial que desarrollan las autoridades indígenas; el cual implica (i) suspender el incremento del pie de fuerza militar, e iniciar su desmonte gradual al interior de los territorios indígenas, (ii) retirar los soldados ubicados en Sitios Sagrados donde se realizan rituales de armonización espiritual, (iii) retirar las bases militares, trincheras y todo tipo de infraestructura militar ubicadas en medio de la población civil indígena, los cuales generan riesgo para la vida individual y colectiva (iv) reconocimiento y respeto de las formas de protección ancestral.


12. Atención especial y diferencial que garantice la implementación de justicia para los crímenes cometidos en contra de los Pueblos Indígenas, avance de forma acelerada en las investigaciones, dé seguimiento y presente resultados concretos de los hechos de violación de derechos humanos e infracciones al derecho internacional humanitario en contra de los Pueblos Indígenas.

 

Instrumento: Creación de una unidad al interior de la Fiscalía General de la Nación para la investigación y la judicialización de los crímenes individuales y colectivos cometidos en contra de Pueblos Indígenas.

 

TERRITORIO


Puntos críticos respecto al tema territorial indígena

 

El proyecto de colonización en curso en los territorios

 

Los Pueblos Indígenas en Colombia, hemos venido siendo expropiados sistemáticamente de nuestras tierras ancestrales a través de diferentes procesos de colonización, lo que ha implicado para muchos Pueblos Indígenas la pérdida de nuestros territorios y el menoscabo de nuestras culturas.

 

A pesar de existir normas en el ordenamiento colombiano que reconocen el derecho de los Pueblos Indígenas sobre nuestros territorios ancestrales, a la fecha se observan un sin número de obstáculos provenientes del Estado colombiano y su institucionalidad, que terminan impidiendo la protección real de los territorios indígenas.

 

Se estiman que en la actualidad existen más de 800 solicitudes sin resolver, realizadas por los Pueblos Indígenas ante el INCODER, sobre la titulación, constitución, saneamiento y ampliación de resguardos indígenas en el país; la mayoría de las cuales llevan más de 16 años en trámite y 828 procesos priorizados por la Comisión Nacional de Territorios, en los cuales no ha existido la diligencia necesaria para avanzar en la protección jurídica de estos territorios indígenas. Lo anterior, sin contar con los procesos no iniciados por muchas pueblos comunidades indígenas que no han comenzado el trámite de solicitud de protección jurídica de sus territorios ancestrales debido, en parte, a la situación de nomadismo en el que se encuentran algunos pueblos, esta situación advierte que la propiedad comunal de posesión ancestral de los Pueblos Indígenas requiere ser caracterizada para establecer su área geográfica real.

 

A la cifra anterior se suman está 403 procesos pendientes de constitución de resguardos, 288 casos de ampliación, 22 casos de saneamiento, 69 casos de restructuración y 29 casos de aclaraciones .

 

La mayoría de los conflictos en materia de reconocimiento territorial guardan relación directa con la declaración de baldíos y reservas forestales (Ley 2 de 1959) del territorio ancestral y su posterior adjudicación por el INCORA (hoy INCODER) a terceros, delimitando el área territorial con las consecuencias a continuación descritas:

 

a. Pueblos Indígenas despojados de sus territorios ancestrales por terceros.


b. Territorios indígenas ocupados por colonos, que están en mora de ser devueltos por el Estado Colombiano a través de procedimientos de saneamiento.


c. Resguardos que fueron disminuidos en su área geográfica, que aspiran mediante procesos de compra y ampliación del resguardo, integrar las áreas tradicionales que han perdido de su territorio ancestral.


d. Comunidades indígenas que no tienen reconocimiento de propiedad colectiva porque su área territorial está considerada como baldío nacional, sobre los cuales existen solicitudes de constitución de resguardos.


e. Territorios ancestrales donde permanecen aun los pueblos y su área territorial ha sido entregada en adjudicación de baldíos a terceros no indígenas, ni habitantes de ese territorio. Sobre el cual los Pueblos Indígenas aspiran mediante diferentes procedimientos lograr la titularidad de sus territorios.


f. Territorios ancestrales indígenas que fueron integrados a las áreas de reservas naturales, traslapados con parques naturales nacionales.


g. Pueblos Indígenas con tierras insuficientes.


h. Pueblos Indígenas con resguardos parcialmente ocupados por personas no indígenas.


i. Pueblos y Comunidades indígenas que poseen títulos de resguardos indígenas de origen colonial que fueron reducidos en su área.


j. Pueblos Indígenas en contacto inicial, nómadas, seminómadas o agricultores itinerantes.


k. Pueblos Indígenas en situación de desplazamiento, confinamiento y resistencia.


l. Traslape de zonas de reserva campesinas con territorios indígenas ancestrales que no han sido demarcados, ni titulados.

 

La falta de protección y reconocimiento de los territorios ancestrales de los Pueblos Indígenas, genera una violencia estructural para los Pueblos Indígenas.

 

El principal problema de desprotección de los derechos fundamentales de los Pueblos Indígenas en el país, comienza por el desconocimiento de la propiedad colectiva, ya que a falta de dicha protección, por vía de la violencia y el desconocimiento de la propiedad ancestral de los Pueblos Indígenas en su territorio se realizan despojos de tierras y el desconocimiento de su existencia como Pueblos indígenas.

 

El mismo INCODER reconoce que a la fecha no tiene la información completa sobre la necesidad de reconocimiento territorial para Pueblos Indígenas en el país. Muchos de estos territorios no están priorizados para compra por parte del Estado, con lo cual es imperativo requerir el reconocimiento jurídico de la propiedad colectiva de los Pueblos Indígenas. Muchas de las solicitudes de protección jurídica de los territorios hechas con anterioridad al entonces INCORA fueron extraviados por los funcionarios y no aparecen en los archivos institucionales.

 

El desconocimiento jurídico de los derechos territoriales de los Pueblos Indígenas, genera desprotección sobre la titularidad de la posesión ancestral y pone en riesgo a los Pueblos Indígenas ante cualquier tercero que por vía de la violencia pueda apropiarse de estos territorios.

 

Es importante resaltar que de los 268 resguardos indígenas que han sido identificados como minifundistas, habitados por una población total de 364.934 indígenas, con un número estimado de 52.130 familias, suman en conjunto 149.045 hectáreas que demandarían ser ampliadas en una superficie no menor a 1.192.628 hectáreas adicionales, con el propósito de asegurar condiciones razonables de vida a las comunidades titulares del dominio de los resguardos.

 

Amenazas normativas para el despojo de tierras indígenas que cursan y fueron aprobadas

 

Son varias las normas que se han aprobado de forma inconsulta, y que ponen en riesgo el deber de protección y seguridad jurídica de los territorios indígenas, entre ellas se encuentra:


• El Decreto 1987 del 2012 "Por el cual se organiza el Sistema de coordinación de actividades públicas, privadas y de inclusión social para el cumplimiento del Pacto Nacional por el Agro y el Desarrollo Rural", que le asigna los procesos de desarrollo rural de las comunidades indígenas a los municipios atentando contra la autonomía de los territorios indígenas.


• El proyecto de Ley 46 de 2011 que cursa en la actualidad en el senado por la cual se dictan normas de distribución de terrenos baldíos, sin la consulta de los Pueblos Indígenas, ya que esta normatividad permite entregar territorios de los Pueblos Indígenas declarados baldíos a terceros .


• El Decreto 1465 de julio 10 de 2013 para la formalización de la propiedad y recuperación de baldíos en el país, el cual derogó el artículo 18 del capítulo III del Decreto 2663 de 1994, dejando sin piso jurídico los procedimientos de clarificación de resguardos de orden colonial y republicano, violentando los derechos territoriales y estancando los procesos de clarificación iniciados.


Exigencias Políticas frente al territorio

 

1. Exigimos al Gobierno establecer la protección jurídica de nuestros territorios ancestrales por encima de cualquier forma de apropiación territorial, que afecten el ejercicio integral del derecho fundamental al territorio.

 

2. Se exige la derogatoria del Decreto 1987 del 12 de septiembre y el Decreto 1464 de julio del 2013.

 

3. Exigimos el retiro inmediato del proyecto Ley 46 de 2011 que cursa actualmente en el Senado de la República, debido a que afecta la propiedad integral del territorio ancestral de los Pueblos Indígenas.

 

4. Exigimos la formulación concertada en un plazo máximo de tres meses de un decreto reglamentario que desarrolle competencias en marco de la normatividad de los derechos territoriales previstas en la Ley 21 de 1991, los Autos 008 y 004 de el año 2009, emitidos por la Corte Constitucional para la protección de los derechos territoriales indígenas.

 

5. Exigimos el reconocimiento y protección efectiva con carácter urgente de los derechos territoriales de los Pueblos Indígenas en riesgo de exterminio físico y cultural, de los pueblos nómadas, aquellos en contacto inicial, aislamiento voluntario y no contactados, como un mecanismo de salvaguarda y protección real de los derechos de los Pueblos Indígenas.

 

6. Exigimos la constitución, ampliación, saneamiento, adquisición de predios de los territorios indígenas y reafirmación de resguardos con títulos coloniales priorizados por la Comisión Nacional de Territorios Indígenas- CNTI, para el cumplimiento de esta obligación se solicita que el gobierno destine recursos necesarios para la vigencia del año 2014.

 

7. Exigimos se ordene al Ministerio de Agricultura para que de manera extraordinaria convoque a junta directiva del INCODER, con el propósito de aprobar la expedición inmediata de las resoluciones de constitución, ampliación y saneamiento de los resguardos solicitados.

 

8. Crease la una dirección de asuntos territoriales de los Pueblos Indígenas, facultada con competencias, jurídicas, legales, administrativas y técnicas y con presupuesto propio para resolver todos los asuntos referidos a los derechos territoriales y de tierras en Colombia.

 

POLÍTICA MINERO ENERGÉTICA DEL PAÍS


Puntos críticos del sector Minero energético


Persiste un modelo colonial


La normatividad y las prácticas del sector minero energético refuerzan un modelo de expoliación, de invasión y ocupación al que nos hemos resistido desde hace más de 521 años, nos rehusamos a ser víctimas de la cultura de socavón, modelo que no hace parte de nuestros planes de vida, ya que fue la responsable del genocidio de centenares de Pueblos Indígenas y hoy amenaza la existencia física y cultural de los 102 Pueblos en Colombia.

 

En particular nos referimos a las zonas mineras indígenas, zonas mineras mixtas y el supuesto derecho de prelación consagrados en el Código Minero (Ley 685 de 2001), que buscan imponer la obligación de explotar minerales como un destino inexorable, en especial de aquellos que generan irreparables impactos ambientales, culturales, económicos, sociales y espirituales.

 

De otro lado, la normativa del sector de hidrocarburos a cargo de la Agencia Nacional de Hidrocarburos, no tiene límites ni consideraciones sobre los territorios indígenas, los proyectos de generación de energía, están invadiendo nuestros territorios bajo la excusa de falsos dilemas sobre seguridad energética vs el patrimonio cultural de la nación.

 

Las normativas del sector minero energético, pretende suplantar la Constitución de 1991 y violentan nuestra Ley de Origen.

 

La normativa del sector minero energético, está diseñada especialmente para proteger los intereses de las empresas, e ignorar completamente nuestra presencia en los territorios. Siendo estas normativas de menor nivel, disputan competencias con la Carta Constitucional colombiana, al tocar aspectos que no le corresponden desarrollar, en materia de: derechos de los Pueblos Indígenas, ordenamiento territorial, jerarquía de derechos, la función ecológica de los territorios, la democracia y la participación.

 

Nuestra Ley de Origen determina que existe una relación fundamental entre el mundo de arriba donde está lo espiritual, el mundo vivo que es donde estamos en el ahora, 3) y el mundo de abajo. De la interrelación de estos ejes depende nuestra pervivencia como Pueblos Indígenas y no sólo, la liberación de esos espíritus desencadena efectos incontrolables para la supervivencia de la humanidad, que hoy incluso son reconocidos por estudiosos del mundo mayoritario, cuando hablan de la oxidación de sulfuros que acidifican las fuentes de agua.

 

Solicitudes y titulación minera, declaración de zonas de reserva y disponibles para la explotación de hidrocarburos y licencias ambientales otorgadas de forma inconsulta en territorios indígenas.

 

De manera arbitraria nuestros territorios han sido concesionados a terceros y a empresas transnacionales, bajo el principio que el subsuelo pertenece al Estado. En esta feria de títulos mineros que ha hecho el Gobierno Nacional, estos se han concedido indiscriminadamente sin ninguna regla o control, sobre resguardos, territorios ancestrales, lugares sagrados o ceremoniales, ríos y mares, sin si quiera avisarle a las comunidades, mucho menos solicitando su consentimiento.

 

Se otorgan licencias ambientales por entidades desde oficinas en las ciudades, que desconocen las realidades de los territorios y los impactos culturales, sociales, económicos y sobre los derechos étnicos territoriales.

 

Al año 2012, en resguardos indígenas se contaban con más de 501 títulos mineros vigentes, 2.008 títulos mineros solicitados, 419 Áreas disponibles para hidrocarburos y 82 Áreas en reserva para hidrocarburos. En términos de áreas la ONIC ha documentado, que se ha titulado 28.410.812 ha., a empresas mineras en zonas de resguardos indígenas, de este total se han titulado 242.317 ha., 27 Resguardos se hallaban titulados en más del 50% de su área y 14 de ellos han sido titulados completamente. El tema es mucho más grave, ya que no se cuenta con información sobre el traslape de estos proyectos en otros territorios indígenas (lugares sagrados, resguardos coloniales, territorios de pueblos no contactados, zonas de interés para la ampliación de nuestros resguardos, zonas de caza y donde estamos desarrollando procesos de recuperación de semillas nativas).

 

Consulta Previa

 

Además de los gravísimos señalamientos que desde el gobierno nacional se está haciendo sobre este derecho y los insistentes planes por restringir su carácter y alcance. Los procesos de consulta previa asociada directa o indirectamente a estos proyectos se están realizando de formas clandestinas, amañadas y desinformadas, en escenarios de concertación desequilibrados, lideradas por las empresas, sin presencia de órganos de control, donde se generan incumplimientos de lo pactado y sin ningún límite sobre proyectos que atentan contra la pervivencia de los pueblos.

 

Hasta la fecha según la base de datos de Certificaciones del Ministerio del Interior y de Justicia, solo desde noviembre de 2011 a septiembre de 2012, de un total de 2054 solicitudes de certificación, 360 fueron para consulta previa, el triple que en un periodo de los 15 años anteriores. De estos, 42 son con entidades del Estado y el resto con empresas. En orden de sector se encuentran: Hidrocarburos (406), Ambientales (293), Energía (214), Investigación (87), Infraestructura (66), Medidas Administrativas (42), Telecomunicaciones (3), se realizan procesos de consulta en tiempos muy cortos, generando desintegración y desarraigo en las comunidades. Es decir, que hasta la fecha ningún título minero se ha otorgado de manera consulta y con el consentimiento de los Pueblos Indígenas y sus comunidades en contravía de la Constitución y la Ley 21 de 1991 que ratifica el Convenio 169 de la OIT.

 

Impactos negativos a los Pueblos Indígenas por parte de la industria extractiva

 

En los territorios indígenas donde hacen presencia las industrias extractivas, son evidentes y múltiples: las limitaciones a la permanencia y tránsito por el territorio, enfermedades crónicas (respiratorias, cutáneas, cánceres), la proliferación de la prostitución forzada, graves desarraigos culturales, profanación de sitios sagrados, contaminación, la militarización de territorios, disminución de los caudales de sus ríos, la profundización de aguas, pérdidas de la soberanía y seguridad alimentaria, truncamiento de proyectos de vida, la desaparición de animales y de plantas medicinales, fragmentaciones al tejido social y organizativo, todos estos daños son irreparables y dolorosas afectaciones a los ejes fundamentales de nuestra Ley de Origen.

 

La mega-minería atenta contra el goce efectivo del derecho al territorio, la alimentación, la salud, el medio ambiente sano (Colombia es el tercer país que más contamina por mercurio en la explotación de oro con 50 a 100 toneladas por año) y el desarrollo sostenible diferenciado que tenemos derecho los Pueblos Indígenas. Así mismo el crecimiento de este sector está obstaculizando nuestra tarea de proteger la Madre Tierra.

 

Los proyectos de hidrocarburos emplean mano de obra indígena, sin condiciones laborales dignas, afectando su ser indígena. Los proyectos de este sector, desde los mismos procesos de exploración generan graves impactos en los territorios, otros proyectos asociados al sector minero energético (construcción de megavías, puertos, oleoductos), aumentan exponencialmente los riesgos sobre nuestro territorio.

 

El Sector minero energético no es de utilidad pública

 

Las utilidades de las empresas mineras trasnacionales pasaron de una media de 20.000 millones de dólares hace casi una década a 113.000 millones en el 2012. (Fuente CEPAL), sin embargo, la renta minera que pagan las empresas transnacionales a Colombia no ha aumentado. Las empresas mineras han cooptado la institucionalidad del país, a tal punto que las ganancias, según informes de las propias instituciones del Estado como la Contraloría General de la República son equivalentes al 0% (cero por ciento), debido a que lo que recibe el Estado por las regalías generadas por las empresas extractivas, es un valor, que el mismo Estado devuelve a estas empresas por deducciones en impuestos, toda vez que las mismas empresas se encargaron además de construir el Código Minero, realizar las modificaciones en materia de impuestos, beneficiándose a sí mismas.

 

Esta falacia del aumento de recursos del Estado a través de la renta minera, o de la supuesta generación de empleos (que no superan el 1,2%), bajo la cual se masifica el modelo extractivista, está generando incalculables deudas sociales, ambientales y culturales asociadas, que no podrán subsanarse con ninguna cantidad de dinero.

 

Exigencias políticas del sector minero energético

 

Nuestras exigencias respecto al sector minero energético se agrupan en cinco (5) puntos


Modificación Normativa

 

Exigimos al gobierno colombiano, modificar la normatividad del sector minero energético, acorde con los derechos consagrados en la Constitución de 1991 en materia de derechos étnico territoriales y ambientales y el bloque de constitucionalidad.

 

Del código minero se debe excluir de minería los territorios indígenas, sitios sagrados y otras áreas protegidas, como parques nacionales, páramos, fuentes hídricas, zonas de importancia de agricultura tradicional y terrenos donde se desarrollen procesos recuperación de semillas nativas. Eliminar la declaratoria de la minería como sector de utilidad pública.

 

Normativa de hidrocarburos: Cambio inmediato del trámite de asignación de áreas para actividades de exploración y producción de hidrocarburos de la ANH: Se exije no considerar parte del potencial hidrocarburífero del país, los territorios indígenas. No serán consideradas áreas disponibles o reservadas los territorios indígenas, estas serán patrimonio inalienable de la humanidad.

 

Reconocer el carácter de utilidad pública y de derechos fundamentales, del agua para el consumo humano, la producción de alimentos para la soberanía alimentaria, la recuperación tradicional semillas y la diversidad cultural, por encima de la economía extractivista.

 

Instamos a la Corte Constitucional a que se pronuncie de manera inmediata para delimitar los alcances del Código Minero actual, respecto a los derechos de los indígenas, en tanto se desarrolla una adecuación de la legislación del sector minero energético como norma subordinada de la Constitución y respetuosa de los derechos de los indígenas.

Reconocer a las autoridades indígenas como autoridades ambientales a través de un decreto autónomo.
Titulos mineros, concesiones, y proyectos hidroeléctricos

 

a. Suspensión inmediata de la entrega de las 419 áreas denominadas "disponibles" para la exploración y explotación de hidrocarburos, que están en los resguardos indígenas.


b. Suspensión inmediata de las 82 áreas denominadas de "reserva" que se encuentran en resguardos indígenas.


c. Suspensión inmediata de los estudios de reservas de hidrocarburos en territorios indígenas


d. Suspensión inmediata del trámite de los 2008 títulos mineros solicitados en resguardos indígenas


e. Derogación de los 501 títulos mineros vigentes en resguardos indígenas.


f. Cancelación de los contratos vigentes de hidrocarburos en territorios indígenas.


g. Revisión y suspensión de licencias ambientales de proyectos mineros, de hidrocarburos y proyectos hidroeléctricos que han afectado territorios indígenas.


h. Realización de estudios sobre traslape de títulos vigentes y solicitudes mineras en otros territorios indígenas.
i. Realización de estudios sobre el traslape de estudios, concesiones, procesos de exploración y producción de hidrocarburos en otros territorios indígenas.

 

Promoción de la participación y la democracia

 

a. Realizar la consulta de una normatividad de desarrollo diferencial en materia económica y de medio ambiente sostenible para los territorios indígenas distinta a la minería y a industrias extractivas.


b. Debate televisivo abierto en el Congreso entre empresas, Estado, organizaciones de Pueblos Indígenas, campesinas, organizaciones ambientales y los órganos de control del país sobre la mega minería.


c. Garantizar el carácter vinculante de las consultas autónomas realizadas por los Pueblos Indígenas.


d. Garantizar la realización de un plebiscito para determinar prioridades del uso del suelo en el país, entre el sector agrícola y el sector minero energético.


e. Respetar el principio de democracia directa y respetar las decisiones de las consulta populares de los ciudadanos en oposición a la industria extractiva en sus territorios.

 

Justicia


Se exigen sanciones ejemplares en procesos judiciales en curso de las empresas que se han beneficiado con el daño a nuestro territorio, y a los funcionarios que han contribuido a la protección de las empresas a costa de nuestro derecho a existir. Así mismo solicitamos abrir de oficio investigaciones judiciales y disciplinarias por estos hechos.

 

Derechos fundamentales

 

Se exige al Gobierno Nacional respetar y reconocer normativamente a la Madre Naturaleza y al territorio como un seres vivos y garantizar por lo tanto la protección de los elementos que la integran.

 

Diseñar e implementar programas de atención en salud preventiva de enfermedades relacionadas con la contaminación ambiental, y de recuperación de ecosistemas afectados por la minería en el país.

 

Respetar y garantizar la consulta previa, el consentimiento previo, libre e informado, como derechos fundamentales y sustantivos ligados a la pervivencia de los Pueblos Indígenas. En este sentido, abstenerse de reglamentar, restringir, limitar y poner en peligro su alcance fundamental.

 

POLÍTICA ECONÓMICA Y AGRARIA COLOMBIANA

 

Puntos críticos del contexto de los TLC y política agraria del país

 

Si bien los Tratados de Libre Comercio –TLC, nacen bajo premisas en las cuales se desea generar una mayor movilidad de recursos y cuyos supuestos acuden a la competitividad y el mejoramiento de las partes, en países como Colombia, con presencia de un conflicto armado permanente y sus consecuencias socioeconómicas, culturales, educativas, de salud, alimentarias; donde no existen subsidios al agro, ni inversión para fortalecer la economía nacional, donde el problema de posesión de la tierra es profundamente inequitativa, así como la desigualdad y exclusión de muchos grupos sociales, entre otras problemáticas estructurales, este tipo de medidas comerciales, no son positivas si no se atienden los temas de fondo que afectan la agricultura, la producción nacional y por ende al grueso de la población.

 

Desde el año 1995 al año 2012 se encuentran vigentes 6 tratados y acuerdos de libre comercio, con México, Chile, Triángulo Norte, AELC, Canadá y Estados Unidos. Por su parte, los acuerdos internacionales sobre la promoción y protección recíproca de inversiones vigentes son con: España, Suiza, Perú, China, e India. También se encuentran acuerdos suscritos con: AELC, Unión Europea, Perú, Corea, Reino Unido, Gran Bretaña e Irlanda del Norte y Japón. Finalmente se encuentra en curso negociaciones con Turquía y la Alianza del Pacífico.

 

Uno de los principios que permiten la construcción de los Tratados de Libre Comercio, supone que se debe realizar de forma "democrática y participativa", sin embargo, estos se están haciendo de forma impuesta. Este tipo de convenios internacionales no son ajenos a realidades de Centro y Suramérica y han hecho eco en la forma de vida y han amenazado las culturas tradicionales en el afán de obtener el "beneficio de comercializar". No se puede olvidar el caso de México cuyos efectos han sido catastróficos para las economías propias, que si bien las cifras muestran un aumento en las exportaciones no se evidencia un fortalecimiento de la economía nacional con sus insumos y productos propios, llegando a importar más del 70% de sus productos alimentarios, dejando de lado el cultivo de bienes tradicionales como el maíz, para adaptarse con bienes sustitutos que atentan directamente con sus prácticas históricas y culturales.

 

Nuestro país después de un año de la implementación del TLC con EE.UU, ha demostrado los efectos nocivos para la sociedad y la economía nacional; las cifras demuestran que durante los 7 primeros meses de 2013, respecto al año anterior tanto importaciones como exportaciones disminuyeron, sin embargo, la disminución del 1.1% de las importaciones se explica por la reducción de compra de bienes manufacturados. Por su parte hubo un incremento desmedido en la adquisición de "el grupo de productos agropecuarios, alimentos y bebidas, y el grupo de combustibles y productos de las industrias extractivas presentando un crecimiento de 26,0% y de 7,3%, respectivamente. El comportamiento del primer grupo se explica principalmente por el aumento de 72,0% en las compras externas de cereales y preparados de cereales"

 

Mientras tanto las exportaciones muestran una disminución del 4.3% reflejado en la caída de ventas de todos los sectores. Que la caída de las exportaciones esté siendo mayor a la de las importaciones refleja un panorama deficitario de la balanza comercial del país, que se agudiza con el proceso de revaluación que vive actualmente Colombia.

 

Esta situación refleja que los productos menos protegidos (del agro) muestren una caída significativa de sus precios, así como el incremento de precios en los insumos para el agro y precarias condiciones de vida de quienes trabajan la tierra y agravan la situación de soberanía y autonomía alimentaria, así como pone en riesgo la propiedad intelectual nacional, el acceso a recursos genéticos, la relación cultural con la tierra, entre otros fenómenos sociales.

 

Se legitiman así las iniciativas de movilización popular, teniendo en cuenta que los procesos aperturistas acentuados a partir del Gobierno de Cesar Gaviria han conducido a un proceso de crisis general de la economía colombiana, de la industria, del agro colombiano, que golpea con más intensidad a los grupos sociales más vulnerables, lo cual se puede corroborar en un solo ejemplo y es que desde ese momento hasta la actualidad nos convertimos en un país que paso de importar 600 mil toneladas de productos alimentarios básicos a importar cerca de 11 millones de toneladas; existen productos que muestran índices bastante significativos del proceso de crisis y dependencia alimentaria al que estamos llegando, después de tan solo un año de entrada en vigor del TLC con EEUU, entre ellos el arroz, la leche, los quesos, las carnes de pollo, pavo, cerdo, la soya y sus productos derivados.

 

Lo anterior evidencia, la grave tendencia que pone en riesgo la soberanía y autonomía alimentaria del país, agudizando los problemas estructurales históricos en general y del agro en especial. Sumado a lo anterior es necesario denunciar que por ejemplo, la soya y sus derivados provienen al 100% de transgénicos, poniendo en riesgo la dieta y la salud de las y los colombianos, sin olvidar que existen iguales tendencias en productos tan emblemáticos de nuestra sociedad, como el maíz, igualmente expuesto a los procesos de pérdida en su diversidad por la presencia cada día mayor de los maíces transgénicos.

 

Colombia no ha tenido una reforma agraria a favor de la población rural, por ello y frente a una crisis de conflicto armado, violación de los derechos humanos, etc. las condiciones del campo son precarias y su evidente abandono por parte del Estado ha dejado sin posibilidades de competitividad a nuestros pueblos de la ruralidad, llevando ineludiblemente al exterminio de la producción nacional y con ello, la soberanía y autonomía alimentaria y la dependencia, los conocimientos tradicionales respecto a los procesos productivos, generándose un desequilibrio de la relación con la tierra, de modo que los Pueblos Indígenas tiendan entonces frente al ataque indiscriminado del mercado, a perder su identidad y al resto de los colombianos a perder su acervo histórico y cultural; se trata de una pérdida del patrimonio nacional, considerando que se exponen los conocimientos colectivos y los recursos genéticos a procesos de desaparición, reducción y homogenización biocultural.

 

En la falacia de un mejoramiento del mercado, desmentido por los indicadores oficiales que evidencian una crisis en las cifras de importaciones versus exportaciones, el Gobierno no puede seguir escondiendo la realidad para favorecer a poderosos sectores económicos privados, por encima de la sociedad civil colombiana, apostando por una extranjerización de la tierra, un regreso intensivo a los procesos de expoliación de los bienes naturales del país y de nuestros territorios y finalmente un desinterés por el impulso de modelos productivos soberanos, asociados a mercados justos y basados en el fortalecimiento de nuestras economías propias.

 

Frente a esto, el país ha evidenciado los procesos de movilización social que claman por políticas integrales, y condiciones dignas de trabajo, tierra, producción, autoabastecimiento etc. El agro colombiano acudió a su derecho constitucional a la protesta durante 2013, como consecuencia de los efectos mencionados por la implementación inconsulta del TLC con Estados Unidos, que evidentemente agravan los procesos aperturistas de los 90's. El saldo que ha quedado son muchas personas muertas, heridas, e indebidamente judicializadas, y una negativa del Gobierno frente a la resolución de las necesidades estructurales como la construcción colectiva de una política agraria integral y democrática.

 

La paradoja de la situación anterior es que a pesar de las condiciones complicadas que han tenido que enfrentar los pueblos y comunidades de la ruralidad colombiana, los datos nos siguen mostrando como las estrategias productivas de los pequeños productores aportan cerca del 60% de la producción agrícola, más del 80% de la producción cafetera y parte sustancial de la producción pecuaria y de los productos derivados de esta, lo que constituye razón suficiente para seguir creyendo en el significado de lo estratégico de esa producción para la soberanía alimentaria de la sociedad colombiana.

 

Exigencias políticas en cuanto a política economía y agraria

 

Los Pueblos Indígenas de Colombia hemos rechazado vehementemente este tipo de pactos inconsultos desde hace muchos años. Vemos a los TLC como una amenaza a nuestra pervivencia individual y colectiva, dado que a través de este instrumento se continúa profundizando la concesión de nuestros territorios para los monocultivos extensivos, las economías extractivas y se agudizan las situaciones de inseguridad alimentaria debido a la soberanía que en ese sentido pierde el estado colombiano. Motivo de preocupación también son los aspectos relacionados con conocimientos ancestrales, plantas medicinales y propiedad intelectual, lo cual se ha convertido en objeto de comercio voraz, aún cuando para los Pueblos Indígenas se trata de asuntos sagrados propios de nuestra espiritualidad.

 

Ejemplo de nuestro desacuerdo con el TLC con Estados Unidos, las Autoridades Indígenas del Cauca realizamos una consulta popular del tratado con la participación de "Más de 150 mil sufragantes, de los cuales el 98% dijo NO rotundo a la decisión de firmar el Tratado."

 

En concordancia con las reflexiones y conclusiones que hemos venido tejiendo en el marco de la MINGA SOCIAL, INDÍGENA Y POPULAR, POR LA VIDA, EL TERRITORIO, LA AUTONOMÍA Y LA SOBERANÍA, frente a estas afectaciones por los TLC, que incluye el desmonte definitivo de lo poco que quedaba de la estructura agraria del país después del proceso aperturista, que se hace evidente además en el proceso de extranjerización de las tierras y territorios, los Pueblos Indígenas de Colombia, consideramos:

 

Se debe cumplir con las exigencias que desde los Pueblos Indígenas se están planteando en materia de territorio y Derechos Humanos, para garantizar el goce efectivo de los derechos y contribuir al fortalecimiento de la economía propia, la soberanía y autonomía alimentaria, así como la protección a la biodiversidad y los conocimientos ancestrales. Aunado a lo anterior es necesario la construcción colectiva de una política agraria integral que responda a las necesidades estructurales del agro colombiano.

 

Se deben derogar los Tratados de Libre Comercio, los cuales se han negociado de forma inconsulta, violando los derechos constitucionales. La posibilidad de derogar o finalizar los Tratados de Libre Comercio, no se encuentra fuera de la legalidad y se constituye en una opción real para cualquiera de los gobiernos implicados, dado que en los documentos por los cuales se firman estos acuerdos incluyen un parágrafo como aquel establecido en el documento final del Acuerdo de Promoción Comercial entre la República de Colombia y Estados Unidos de América en su Capítulo 23 – Artículo 23.4 Numeral 2, el cual reza: "Cualquier Parte podrá poner término a este Acuerdo mediante notificación escrita a la otra Parte, y dicha terminación surtirá efecto seis meses después de la fecha de notificación".

 

Los TLC deben ser consultados con el Pueblo Colombiano, se exige al Gobierno el cumplimiento de las disposiciones constitucionales e internacionales sobre consulta, consentimiento previo, libre e informado con los Pueblos Indígenas frente a este tipo de acuerdos comerciales, así como la garantía de participación de los demás sectores sociales para hacer valer los procesos y derechos democráticos. Por el contrario creemos firmemente en las posibilidades de establecer otro tipo de acuerdos con países vecinos y/o en condiciones socioeconómicas similares, para impulsar las economías propias y que cumplan el criterio de mercados justos y con el respeto por la autonomía y gobernabilidad interna de nuestros pueblos.

 

En el contexto de la aplicación de las normas de semillas que operan en Colombia y en concordancia con el documento de posición por la defensa de las semillas de la Red de Semillas Libres de Colombia, "no aceptamos ninguna norma de propiedad intelectual aplicada sobre las semillas (patentes y derechos de obtentores vegetales), puesto que permiten su privatización y el control corporativo" por parte de las grandes transnacionales semilleras mediante el monopolio de los mercados, para consolidar nuestra dependencia alimentaria.

 

Por el contrario, creemos con firmeza en la construcción participativa de un modelo de desarrollo propio, cuyo objetivo principal sea garantizar la integridad y la permanencia cultural de los Pueblos Indígenas y de otros pueblos de nuestra ruralidad, mediante el aumento de la producción local y la disminución de la dependencia externa, además de consolidar los territorios como libres de transgénicos. En este orden de ideas, la política pública debe contener una visión clara en la que se fortalezca lo cultural y debe estar basada en los principios de identidad, unidad, territorialidad, sostenibilidad, autonomía, interculturalidad y participación.

 

AUTONOMÍA POLÍTICA, JURÍDICA Y ADMINISTRATIVA


Puntos criticos respecto al reconocimiento de la autonomía política, jurídica y administrativa.

 

A pesar del amplio marco jurídico Internacional, constitucional, legal y jurisprudencial que ordenan al Estado colombiano garantizar a los Pueblos Indígenas el pleno ejercicio de estos derechos, los gobiernos de turno desde la conquista hasta nuestros días insisten en aplicar políticas reduccionistas y mecanismo reformistas que limitan cada vez más los derechos a la autonomía, el gobierno propio y la libre determinación, así como las competencias ancestralmente conferidas por el derecho propio y reconocidas por la Constitución Política, muestra de ellos son los constantes fallos de cortes, tribunales y juzgados que delimitan las competencias de las autoridades indígenas, sin que ninguna norma les haya conferido esas facultades. La implementación de políticas educativas dirigidas desde el gobierno nacional y las entidades territoriales, con modelos educativos hegemonizantes que buscan la integración de los Pueblos Indígenas a la cultura mayoritaria, la expedición de licencias de explotación que conceden autorización a terceros para extraer recursos naturales en los territorios, la implementación de sistemas de atención en salud que desconocen la medicina tradicional y diferentes cosmovisiones.

 

Han transcurrido 22 años desde la promulgación de la constitución política y otro tanto desde la ratificación del Convenio 169 de la O.I.T., y ni el gobierno nacional, ni el congreso de la república han expedido las normas necesarias que garanticen el pleno ejercicio del gobierno propio, la jurisdicción especial indígena, la libre determinación y en general la autonomía indígena, incluye su negativa a poner en funcionamiento los territorios indígenas, dejando estos importantes territorios y sus autoridades bajo la tutela de los ministerios, los departamentos, los municipios, la iglesia y los particulares.

 

Esta omisión legislativa absoluta, como lo ha calificado la corte constitucional, es una de las principales causas para la perdida de las culturas, empobrecimiento de la población, expropiación del territorio, deslegitimación de las autoridades tradicionales, inclusión de los territorios indígenas en el conflicto armado, violación sistemática de los derechos fundamentales y en general el exterminio cultural de nuestros pueblos.

 

No han bastado las constantes exigencias de los Pueblos Indígenas al gobierno para que se expidan los instrumentos que den operatividad a los territorios indígenas, los acuerdos suscritos en las diferentes mesas habilitadas para dialogar, ni las conminaciones hechas por la Corte Constitucional, para que se desarrollen estos derechos de los Pueblos Indígenas, el gobierno sigue con su política inclusiva, reduccionista, lo que nos pone hoy en día en un riesgo inminente de desaparición.

 

Exigencias Políticas a la autonomía política, jurídica y administrativa.

 

Para poner en funcionamiento los territorios indígenas, exigimos expedir normas que resuelvan el vacío u omisión normativa existente, que ha mantenido nuestros asuntos bajo la tutela de instituciones externas a nuestros pueblos y sistemas de gobierno propio.

 

Exigimos que el Gobierno Nacional amparado en el artículo 56 transitorio de la Constitución Política de 1991, expida las normas fiscales y demás que fueran necesarias para poner en funcionamiento los territorios indígenas.

 

Exigimos poner en funcionamiento los territorios indígenas mediante la expedición de un decreto de origen constitucional que reconoce la capacidad y competencias de estos, mediante el ejercicio del derecho a la autonomía y gobierno propio, para que formulen y desarrollen sus políticas o sistemas propios, implica el reconocimiento de las autoridades indígenas como autoridades económico ambientales, como autoridades educativas, autoridades en salud propia e intercultural; a los pueblos como dueños legítimos del territorio (suelo, subsuelo y sobre suelo o espacio electromagnético) y con ello la posibilidad de consolidar dichos pueblos y garantizar la pervivencia cultural.

 

*La ONIC está integrada por las siguientes organizaciones de los pueblos indígenas:

OIA (Antioquia), CRIDEC (Caldas), CRIR (Risaralda), ORIQUIN (Quindío), ORIVAC y ACIVA (Valle del Cauca), CRIC (Cauca), CRIHU (Huila), ASO´UWA (Boyacá, Santander y Norte de Santander), UNIPA, ACIESNA y CAMAWARI (Nariño), ASOREWA y FEDEOREWA (Chocó), CRIT (Tolima), ASOPBARI (Norte de Santander), PUEBLO MUISCA, (Cundinamarca), UNUMA (Meta), CAMAEMKA (Alto Sinú, Córdoba), ASCATIDAR (Arauca), ORIC (Casanare), CRIVI (Vichada), AIPEA, ACITAM, ATICOYA, AZCAITA, OIMA, AZICATCH y ASOAINTAM (Amazonas), CRIOMC y ORUCAPU (Caquetá), ASOCIACIÓN WAYA WAYUU, ORGANIZACIÓN WAYUU ARAURAYU, RESGUARDO DE MAYABANGLOMA, AACIGWASUG, PAINWASHI y YANAMA (La Guajira), OWYBT (Cesar, Magdalena y La Guajira), OIK y PUEBLO YUKPA (Cesar), PUEBLO ETTE ENAKA (CHIMILA) (Magdalena y Cesar), CABILDO MAYOR REGIONAL ZENU (Córdoba y Sucre), CABILDO MAYOR MOKANA (Atlántico) y CABILDO MAYOR EMBERA KATÍO DEL ALTO SAN JORGE (Córdoba).

 

Publicado enColombia
Rebeldía viva. Se movilizan más de 40 mil zapatistas en 5 municipios de Chiapas

Ocosingo, Chis., 21 de diciembre. Más de 40 mil bases de apoyo zapatistas desfilaron silenciosamente esta mañana en cinco ciudades de Chiapas, en la que resulta la movilización más numerosa de dicha organización desde el levantamiento armado del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) el primero de enero de 1994.

 

Procedentes de los cinco caracoles zapatistas en la selva Lacandona, los Altos y la zona norte, los pueblos mayas en rebeldía (tzeltales, tzotziles, choles, tojolabales y mames) y zoques de Chiapas ocuparon las plazas centrales de Ocosingo, San Cristóbal de Las Casas, Palenque, Altamirano y Las Margaritas. En cada caso, en completo silencio.

 

A las 6:30 horas, cerca de 6 mil indígenas zapatistas, en su mayoría jóvenes, se concentraron en las inmediaciones de la Universidad de la Selva, cerca del sitio arqueológico de Toniná. Desde allí marcharon al parque central de Ocosingo, donde permanecieron por espacio de tres horas frente al edificio del ayuntamiento, que hace 19 años los insurgentes y milicianos del EZLN tomaron con las armas al declararle la guerra al gobierno mexicano.

 

En esta ocasión la acción fue civil y pacífica, y los únicos que hablaron fueron los puños izquierdos en alto de todos los zapatistas, que desfilaron ordenadamente sobre un templete que instalaron ex profeso. Hacia las 10:30 los últimos manifestantes abandonaron la plaza, de regreso a la selva.

 

Del mismo modo, en las demás plazas mencionadas los zapatistas colocaron templetes a los que subieron con el puño en alto todos los participantes en la movilización, en un desfile de impresionante laconismo.

 

En San Cristóbal de Las Casas desfilaron unos 20 mil hombres y mujeres zapatistas. Según reportes, en Las Margaritas se congregaron al menos 7 mil indígenas, y 8 mil en Palenque. De Altamirano se desconoce la cifra. De acuerdo con el testimonio de un transportista de la zona de Ocosingo, del caracol de La Garrucha pudieron haber salido el doble de los indígenas que llegaron a la cabecera municipal de Ocosingo, pero no hubo vehículos suficientes, por lo cual sólo fueron trasladadas 6 mil personas.

 

A lo largo de las semanas recientes, de manera intermitente, el portal electrónico Enlace Zapatista ha venido anunciando la palabra del Comité Clandestino Revolucionario Indígena, Comandancia General del EZLN, así como de las comisiones Sexta y Sexta Internacional. Se prevé que estas comunicaciones podrían darse a conocer pronto, pero aún no ha ocurrido.

 

En la fecha que muchos incautos en el mundo creyeron que el mundo se acabaría, según la interpretación oportunista de las profecías (en realidad, cálculos matemáticos) de los antiguos mayas, las comunidades bases de apoyo del EZLN, pertenecientes a los pueblos mayas contemporáneos, que en sus lenguas se denominan hombres verdaderos, con el rostro cubierto realizaron una poderosa demostración de fuerza y disciplina, perfectamente formados bajo una lluvia pertinaz (inusual en esta época del año) que acompañó las movilizaciones en las distintas localidades durante toda la mañana.

 

Hábiles para aparecer de pronto, los indígenas rebeldes desaparecieron tan pulcra y silenciosamente como habían llegado en la madrugada a esta ciudad que, a dos décadas de la traumática irrupción aquí del EZLN el año nuevo de 1994, los recibió con azoro y curiosidad, sin ninguna expresión de rechazo. Bajo los arcos de la alcaldía, que hoy suspendió sus actividades, decenas de ocosinguenses se congregaron para fotografiar con celulares y cámaras la espectacular concentración de encapuchados que colmó el parque como en un juego de Tetris, avanzando entre las jardineras con un orden que parecía coreografía, para subir a la tarima instalada con rapidez desde temprano, levantar el puño y decir, calladamente, aquí estamos. Una vez más.

Publicado enInternacional
Colombia. Movilización popular de la multitud indignada
Esta es la Agenda de acciones y el pliego de reivindicaciones de la multitud indignada que se organiza y se movilizará en los primeros días de octubre y a lo largo del último trimestre del año. Los derechos de las más diversas expresiones de las clases populares de nuestro país apalancan su movilización y la potencia de su lucha por una verdadera democracia, por la justicia  social, por la paz y contra el modelo neoliberal extractivista del señor Santos.

Hay que sumar, reunir y coordinar todas las luchas de nuestro pueblo, por mínimas que ellas sean. No puede ser que la oligarquía santouribista desvie los objetivos centrales y estratégicos de la lucha popular y revolucionaria.

Que se expresen y sientan los plantones, el mítin, la marcha, la manifestación, el artículo de prensa, el programa de radio,  la conferencia, el debate, en fin todas las manifestaciones de la inconformidad, de la protesta, del reclamo de todos, sin excepción y con optimismo y fuerza. Ese es el camino de los derechos del pueblo.

Que el señor Santos y sus "jugadas politiqueras" no engañen al pueblo. Menos sus encuestas de recuperación de popularidad,  verdadero popurri de la demagogia oficialista.

Pongo a disposicion la Agenda de la movilizacion. Hay que difundirla y hacerla conocer por todos los rincones.

Más accion de masas y menos politiquería y clientelismo de caudillos que frustran la constitución de subjetividades más potentes.


Agenda


Los obreros, trabajadores, campesinos, estudiantes, cristianos, intelectuales, mujeres, jóvenes, indígenas, afrodescendientes, pobladores de los barrios y demás sectores sociales y populares, realizaremos del 4 al 12 de octubre de 2012 una JORNADA NACIONAL DE INDIGNACION.

El deterioro paulatino de la calidad de vida y la pérdida sistemática de derechos, garantías y libertades democráticas son las razones fundamentales para manifestar nuestro rechazo e indignación contra las políticas neoliberales y de globalización implementada por el imperialismo, las clases dominantes colombianas y el régimen de Juan Manuel Santos.
  • - Indignación por la entrega del territorio nacional a los consorcios internacionales para el desarrollo de mega proyectos mineros, energéticos, agroindustriales y petroleros.
  • - Indignación por la entrega de bases militares al ejército de los Estados Unidos.
  • - Indignación por convertir el derecho a la salud y la educación en una mercancía.
  • - Indignación por el despojo de tierras y el desplazamiento forzado de millones de colombianos.
  • - Indignación por el asesinato, desplazamiento, amenaza e intimidación de los dirigentes sindicales, sociales, indígenas y populares, además de la criminalización a quien opina diferente y no está de acuerdo con las políticas impuestas.
  • - Indignados con la guerra, las masacres generalizadas, los desplazamientos forzados, los asesinatos de jóvenes en campos y ciudades.

Por estas y muchas otras razones realizaremos las siguientes acciones de protesta en todo el territorio nacional que articule las diferentes iniciativas del movimiento social y popular.

4 DE OCTUBRE
 - Movilización por el trabajo digno impulsada por las Centrales Sindicales y el Comando Nacional Unitario.
- Movilización Nacional de la MANE por un billón mas para la Universidad publica.

8 DE OCTUBRE
- movilización por la paz e instalación de la mesa social con la consigna Vamos por la Paz con una Agenda Social.
- Jornadas de agitación en las Universidades del País y rueda de prensa nacional de la MANE.

9, 10 y 11 DE OCTUBRE

- Campamentos por el derecho a la salud en Bogotá y demás regiones del país.
- Jornada nacional por el derecho fundamental a la Salud y la Seguridad social en Bogotá, nos movilizaremos en varias localidades (San Cristóbal, Suba, Usaquén, entre otras), y convocamos desde ahora, para el 11 de octubre a la jornada que iniciará frente a las instalaciones del Ministerio del Trabajo (Carrera 14 No. 99-33), para ir luego a la sede de Acemi (Calle 104 A N. 21-47) y terminar frente a la dirección de Saludcoop (Avenida Calle 116 Nº 21 – 37).

12 DE OCTUBRE
- Movilización de la MANE, estudiantes indignados movilizándose por una    educación para un Nuevo país.
-  Paro Nacional.
- Eventos y acciones del movimiento indígena y agrario

Otras acciones que estatemos impulsando

17 DE OCTUBRE
-Movilización Nacional de la MANE para presentar la exposición de motivos y articulado del Proyecto de Ley Alternativa de Educación Superior.

19 DE OCTUBRE
-Marcha y festival  por la defensa del agua, la vida y el territorio – Ibagué (Tolima).

20 Y 21 DE 0CTUBRE
Encuentro Nacional de Estudiantes de Secundaria.

26 DE OCTUBRE
Cabildo Nacional de Vivienda.

30 DE OCTUBRE
-Marcha territorial por la salud y la seguridad social. (Localidad de Suba - Bogotá)

TODO OCTUBRE
-Por la defensa del territorio del rio Magdalena y el Macizo Colombiano, respaldo a la recuperación de tierras en el proyecto minero-energetico del Quimbo – Huila.

10 DE DICIEMBRE
-Encuentros y movilizaciones para reivindicar que el Gobierno garantice el respeto y ejercicio pleno de los Derechos Humanos fundamentales del pueblo colombiano.


Publicado enColombia
La lucha mundial de clases: la geografía de la protesta
Cuando son buenos los tiempos, y la economía-mundo se expande en términos de nueva plusvalía producida, la lucha de clases se acalla. Nunca desaparece, pero en tanto exista un bajo nivel de desempleo y los ingresos reales de los estratos más bajos suban, aunque sólo sea en pequeñas cantidades, los arreglos sociales son la orden del día.


Pero cuando se estanca la economía-mundo y el desempleo real se expande considerablemente, esto significa que el pastel total se encoge. La cuestión entonces resulta ser quién cargará el peso del encogimiento –dentro de cada país y entre países. La lucha de clases se torna aguda y tarde o temprano conduce a un conflicto abierto en las calles. Esto es lo que ha estado ocurriendo en el sistema-mundo desde la década de 1970 y del modo más dramático desde 2007. Hasta ahora, el estrato más alto (el uno por ciento) se ha aferrado a su tajada, de hecho la ha incrementado. Esto necesariamente significa que la tajada del 99 por ciento se ha encogido.


La lucha por las asignaciones gira primordialmente en torno a dos aspectos del presupuesto global: los impuestos (cuánto y para quiénes) y la red de seguridad para el resto de la población (gastos en educación, salud, y garantías para un ingreso de por vida). No hay país en el mundo donde esta lucha no esté ocurriendo. Pero estalla en algunos países con más violencia que en otros –debido a su localización en la economía-mundo, a su demografía interna, y debido a su historia política.


Una aguda lucha de clases hace surgir, para todos, la pregunta de cómo manejarla políticamente. Los grupos en el poder pueden reprimir duramente los disturbios populares, y muchos lo hacen. O, si los disturbios son muy fuertes para los mecanismos represivos, pueden intentar cooptar a los manifestantes fingiendo unirse a ellos y así limitar el cambio real. O hacen ambas cosas: intentan primero la represión y si ésta falla, cooptan a la gente.


Los manifestantes también enfrentan un dilema. Comienzan siempre con un grupo valeroso relativamente pequeño. Necesitan persuadir a un grupo más grande (que es mucho más tímido políticamente) que se les una, si es que han de impresionar a los grupos que detentan el poder. Esto no es fácil pero puede ocurrir. Sucedió en Egipto en la plaza Tahrir en 2011. Ocurrió con el movimiento Occupy en Estados Unidos y Canadá, Ocurrió en Grecia en las últimas elecciones. Ocurrió en Chile en las huelgas estudiantiles que han perdurado. Y en este momento parece ocurrir de un modo espectacular en Quebec.


Pero cuando ocurre, ¿entonces qué? Hay algunos manifestantes que desean expandir sus estrechas demandas iniciales hacia demandas fundamentales de mayor amplitud y deconstruir el orden social. Y hay otros, siempre hay otros, que están listos para sentarse con los grupos en el poder para negociar algún arreglo.


Cuando los grupos en el poder reprimen, con mucha frecuencia avivan las flamas de la protesta. Pero muchas veces la represión funciona. Cuando no funciona y los grupos en el poder hacen arreglos y cooptan, a veces son capaces de neutralizar políticamente a los manifestantes. Esto es lo que parece haber ocurrido en Egipto. Las recientes elecciones conducen a una segunda ronda entre dos candidatos, ninguno de los cuales apoyó la revolución de la plaza Tahrir –uno es el último primer ministro del depuesto presidente Hosni Mubarak, y el otro es un líder de la Hermandad Musulmana cuyo objetivo primordial es instituir la sharia en la ley egipcia y no implementar las demandas de aquéllos que estuvieron en la plaza Tahrir. El resultado es una cruel opción para el aproximado 50 por ciento que no votó en la primera ronda por ninguno de los dos que contaron con la mayor pluralidad de votos. Esta desafortunada situación, resultó de que los votantes pro plaza Tahrir dividieron sus votos entre dos candidatos con antecedentes algo diferentes.


¿Qué habremos de pensar de todo esto? Parece existir una geografía de la protesta que cambia rápida y constantemente. Salta aquí y luego es reprimida, cooptada, o se agota. Y tan pronto como esto ocurre, salta en otra parte, donde de nuevo se le reprime, se le coopta o se agota. Y luego salta en un tercer lugar, como si por todo el mundo fuera irreprimible.


Es irreprimible por una simple razón. El apretón a los ingresos mundiales es real, y no parece que vaya a desaparecer. La crisis estructural de la economía-mundo capitalista hace inoperantes las soluciones convencionales a las caídas económicas, no importa qué tanto nuestros expertos y políticos nos aseguren que hay un nuevo periodo de prosperidad asomándose en el horizonte.


Vivimos en una situación mundial caótica. Las fluctuaciones en todo son vastas y rápidas. Esto se aplica también a la protesta social. Esto es lo que miramos conforme la geografía de la protesta se altera constantemente. Ayer fue la plaza Tahrir en El Cairo, las marchas masivas desautorizadas con sartenes y cacerolas en Montreal hoy, y en alguna otra parte (probablemente sorpresiva) mañana.


Traducción: Ramón Vera Herrera

Publicado enInternacional
Martes, 24 Abril 2012 06:40

Un proyecto que excluye a la banca

Un proyecto que excluye a la banca

Con la marcha de estudiantes de mañana pisándole los talones, al gobierno chileno no se le ocurrió mejor idea que proponer que la banca privada deje de financiar la educación superior privada y pública. Lo que se pretende con esta medida, que en apariencia surge como herramienta para descomprimir el conflicto por la gratuidad en la educación, es que el Estado se encargue de otorgar créditos a los estudiantes universitarios a menores tasas que las vigentes. El proyecto fue presentado ayer por el ministro de Educación, Harald Beyer, ante el presidente Sebastián Piñera, y será remitido próximamente al Parlamento con carácter de urgente. Los créditos que otorgará el Estado tendrán una tasa de interés única anual de un 2 por ciento y beneficiarán al 90 por ciento de los estudiantes, en tanto que el 10 por ciento que quede afuera del nuevo sistema serán jóvenes de altos recursos, explicó el ministro.
 

El proyecto de ley apunta a que el Estado, a través de una agencia especializada, se haga cargo del diseño, administración y provisión de los fondos del nuevo sistema integrado de financiamiento de la educación superior. La modalidad propuesta contempla cambios en la forma de pago de los créditos, ya que los alumnos comenzarán a cancelarlos una vez que comiencen a trabajar y la cuota no podrá superar el 10 por ciento del salario que perciban. Además se estipulará un máximo de 180 cuotas mensuales, de modo tal que quienes no hayan cancelado el total de su deuda en ese lapso se beneficiarán con la condonación del saldo. Con respecto a la brecha entre el arancel real (lo que cobra cada universidad) y el de referencia (lo que considera el Ministerio de Educación para otorgar los créditos), Beyer aseguró que serán las instituciones de educación superior las que financiarán la diferencia total de los estudiantes más vulnerables y de forma parcial, para los estudiantes con más recursos.
 

Paralelamente se impulsará una nueva política de fijación de los aranceles de referencia, a partir de un cálculo que considerará la calidad de la carrera que ofrece determinada institución, incluyendo variables como los ingresos esperados, el nivel socioeconómico de los estudiantes, duración y deserción. En el caso de las becas, el proyecto propone una disminución en los puntajes de la Prueba de Selección Universitaria para acceder a ellas, dependiendo del nivel socioeconómico del estudiante.
 

“Creemos que estos aranceles de referencia van a ser mucho más justos, mucho más pertinentes y acordes a la calidad de cada institución”, destacó Beyer, quien consideró que “es tremendamente importante que las instituciones se hagan cargo no solamente de los costos inmediatos de la carrera sino de la deserción que generan y también de las expectativas laborales de sus egresados”. Luego del anuncio, el presidente de la Federación de Estudiantes de la Universidad de Chile (FECH), Gabriel Boric, consideró la propuesta del gobierno como una reacción positiva a los reclamos del movimiento estudiantil, que el año pasado realizó decenas de movilizaciones y tomas de instituciones. “Me parece que eso (las manifestaciones) hay que reconocerlo. Pero esto no puede ser independiente del contenido”, dijo.
 

“Que se saque a la banca privada me parece deseable, pero no es lo fundamental. Lo importante para nosotros es cómo se financia a todos los estudiantes, pero nos siguen hablando de créditos”, afirmó. El dirigente indicó que las asociaciones estudiantiles evaluarán con cautela las medidas para considerar cuáles son positivas, cuáles no o cuáles apuntan a una decisión correcta. “El proyecto hay que estudiarlo con detalle, porque estamos acostumbrados a la letra chica del gobierno”, señaló. Asimismo, los líderes estudiantiles insistieron en su convocatoria a la primera marcha nacional por la educación. La vicepresidenta de la FECH, Camila Vallejo, escribió en su cuenta de Twitter: “Porque los cambios que necesita Chile son profundos, no claudicaremos en la lucha por la reforma educacional. ¡Movilízate!”, pidió la líder estudiantil.
 

El ex presidente de la Federación de Estudiantes de la Universidad Católica Giorgio Jackson valoró el anuncio del gobierno y llamó a reconocer logros y avances, pero animó a sus compañeros a “seguir luchando para recuperar la educación pública de nuestro país”.
 

De acuerdo con una investigación del Centro de Información Periodística (Ciper-Chile), entre 2006 y 2011, los siete bancos que participan del sistema de Crédito con Aval del Estado embolsaron más de 312 millones de dólares durante ese período, cifra que representa un tercio de los 1800 millones de dólares anuales que la Confederación de Estudiantes de Chile estima necesarios para crear un sistema de educación superior gratuita en el país trasandino.
 

La propuesta se hace a dos días de la reanudación de las movilizaciones estudiantiles, que demandan una educación estatal, gratuita y de calidad, y que el año pasado volcaron a un millón de personas a las calles, poniendo en jaque al gobierno y derribando el capital simbólico de Sebastián Piñera hasta alcanzar el 26 por ciento de popularidad.
 

Publicado enInternacional
Lunes, 23 Abril 2012 19:31

Nace una esperanza

Nace una esperanza
Con gran fuerza social se presentó ante el país este 23 de abril el Movimiento político y social Marcha Patriótica, luego de sesionar los días 21 y 22 en su Consejo Patriótico Nacional.

El lunes 23, desde primeras horas de la mañana, diversos puntos de Bogotá, se vieron copados por las delegaciones dispuestas a marchar hacia el centro de la ciudad. A medida que pasaban las horas, decenas de buses y camiones arribaban a la capital con miles de activistas, hasta juntar –según la Alcaldía de la ciudad– no menos de 35 mil personas, las cuales colmaron la plaza de Bolívar hasta bien entrada la tarde.

La movilización, integrada por delegaciones procedentes de los más diversos lugares del país, dejó claro ante propios y extraños que fuerzas sociales de base campesina, indígena y negra raizal, con importantes aliados urbanos, están convencidos de la necesidad de la paz negociada en Colombia: “Marcha Patriótica manifiesta su compromiso ético y político con la búsqueda de una solución política al conflicto social y armado. […] Aunar esfuerzos para transitar caminos que permitan hacer realidad los anhelos de paz de las gentes del común y del pueblo colombiano en general”.

Según sus organizadores, el nuevo movimiento está constituido por no menos de 1.700 organizaciones de base. Esta expresión de fuerza social recuerda a todos los que habitan Colombia, que en su territorio subsiste un conflicto armado sin resolución efectiva a pesar de las varias décadas transcurridas en medio de operativos armados para liquidar a la insurgencia, en intentos desesperados de los gobernantes por desconocer las causas que han propiciado el alzamiento de miles de personas.

Y esta misma fuerza social movilizada en Bogotá, compuesta de rostros color de la tierra –como dijera el subcomandante Marcos de los indígenas de Chiapas– recuerda a todo el país, que es posible y es necesario otro modelo social para que la justicia, la fraternidad, la igualdad, en suma la felicidad, sean factibles en Colombia.

Contradicciones de la propuesta


Miles de piernas marcharon al son del nuevo país. Pese a su convicción, la nueva fuerza política y social que ha visto la luz en este abril en Bogotá, bienvenida como la que más, pese a su fortaleza humana movilizada, deja a lo largo de sus primeras declaraciones importantes vacíos y contradicciones que es necesario retomar para el bien de la propia fuerza, como del conjunto social alternativo. Algunas de estas son:

  1. ¿Llamamiento retórico?: “Marcha (…) llama a la más amplia unidad del pueblo colombiano y, en especial, a los diferentes procesos sociales y populares existentes (…). Y enfatiza, “Marcha Patriótica considera de vital importancia y de suma urgencia lograr acuerdos entre los diferentes procesos políticos y organizativos del campo popular”. La pregunta es fundamental: ¿por qué no se propició la discusión y el proceso de coordinación o unidad durante los dos años que se ha tomado para la constitución de la nueva fuerza? ¿Por qué esperar hasta ahora para proclamar tal disposición?
  2. ¿Sin claridad de lo que se busca? El objetivo sustancial del nuevo movimiento: “(…) producir el cambio político que requiere nuestro país, superando la hegemonía impuesta por las clases dominantes, avanzar en la construcción de un proyecto alternativo de sociedad y al logro de la segunda y definitiva independencia”, si bien parece ser nítido no lo es ya que en ninguna parte de las primeras declaraciones dadas para la sociedad colombiana se expone la manera cómo esto se hará realidad: cómo funcionarán las fuerzas productivas, el papel del Estado, el papel de la sociedad, cómo hacer vigente la soberanía en momentos en que la misma se redibuja por doquier, cómo llevar a cabo la siempre reclamada y vigente reforma agraria, y cómo hacer realidad “…la transformación estructural del Estado, de la economía y de la cultura”.
  3. Un soporte para el activismo y para el país que no da cuenta de los tiempos que vivimos. El nuevo movimiento, como su nombre lo confirma, reivindica el patriotismo. En su declaración afirma: “En Marcha hemos llegado las y los patriotas para afirmar la existencia de sueños colectivos…”, reivindicación contradictoria toda vez que, por un lado, desde la izquierda siempre se ha reivindicado la superación de fronteras –el internacionalismo– consigna con mayor vigencia en la actualidad, cuando se han roto de facto las fronteras nacionales, cuando las multinacionales borran los Estados –dejándolos como simples ejecutivos y legitimadores de sus operaciones–, lo que pone a la orden del día una sociedad cada vez más abierta e integrada, donde se reconstruya el concepto de país y de Estado, y por tanto, donde la patria, y con ésta el patriotismo, pasan al cuarto del olvido.
  4. ¿Forma de lucha como principio? Desde hace más de un año los impulsores del nuevo movimiento insisten en la necesidad de llevar a cabo en el país un Paro Cívico Nacional. Tanta es la insistencia en el tema que pareciera que el nombre de la protesta fuera lo sustancial. Ahora se vuelve con lo mismo: “(…) se trata de juntar esfuerzos y de avanzar en la construcción de acumulados hacia la movilización como principal vía del accionar colectivo y tendientes a la realización de un gran Paro Cívico Nacional (PCN)”. Es necesario preguntar –con el deseo de que algún día se aclare– ¿por qué un PCN? ¿qué significa y cómo se concreta éste? ¿No existen otras formas de protesta y de tensión de fuerzas que puedan hacer realidad lo que se pretendería con el PCN? Interrogantes todos necesarios de aclarar si de verdad se desea y se aspira que la sociedad colombiana se sacuda del yugo que la oprime.
Los interrogantes pueden ser muchos más, pero por ahora no enfatizamos en otros; el tiempo y el debate dirán si es necesario expresarlos.


Por ahora enfaticemos que Bogotá y Colombia vivieron este 23 de abril un día de esperanza. Para que la misma no se diluya en otro sinsabor es necesario superar esquemas y acometer de verdad los objetivos propuestos con real vocación unitaria y sentido cabal de los tiempos que corren. Es necesario actuar así para que –por demás– el cambio económico, político y social propuesto y buscado no se quede en estatización –aunque le digan revolución– como ahora sucede en Suramérica.
Publicado enColombia
Viernes, 17 Junio 2011 07:55

Las revoluciones contra las vanguardias

Las potentes movilizaciones que atraviesan el mundo están desbordando tanto democracias como dictaduras, regímenes nacidos de elecciones y de golpes de Estado, gobiernos del primer y del tercer mundo. No sólo eso. Desbordan los muros de contención de los partidos socialdemócratas y de izquierda, en sus más diversas variantes. Desbordan también los saberes acumulados por las prácticas emancipatorias en más de un siglo, por lo menos desde la Comuna de París.

Naturalmente, esto produce desconcierto y desconfianza entre las viejas guardias revolucionarias, que reclaman organización más sólida, un programa con objetivos alcanzables y caminos para conseguirlos. En suma, una estrategia y una táctica que pavimenten la unidad de movimientos que estarían condenados al fracaso si persisten en su dispersión e improvisación actuales. Lo dicen a menudo personas que participan en los movimientos y quienes se felicitan de su existencia, pero que no aceptan que puedan marchar por sí mismos sin mediar intervenciones que establezcan cierta orientación y dirección.

Los movimientos en curso cuestionan de raíz la idea de vanguardia, de que es necesaria una organización de especialistas en pensar, planificar y dirigir al movimiento. Esta idea nació, como nos enseña Georges Haupt en La Comuna como símbolo y como ejemplo (Siglo XXI, 1986), con el fracaso de la Comuna. La lectura que hizo una parte sustancial del campo revolucionario fue que la experiencia parisina fracasó por la inexistencia de una dirección: "Fue la falta de centralización y de autoridad lo que costó la vida a la Comuna de París", dijo Engels a Bakunin. Lo que en aquel momento era acertado.

Haupt sostiene que del fracaso de la Comuna surgen nuevos temas en el movimiento socialista: el partido y la toma del poder estatal. En la socialdemocracia alemana, el principal partido obrero de la época, se abre paso la idea de que la Comuna de 1871 era "un modelo a rechazar", como escribió Bebel pocos años después. La siguiente oleada de revoluciones obreras, que tuvo su punto alto en la revolución rusa de 1917, estuvo marcada a fuego por una teoría de la revolución que había hecho de la organización jerárquica y de especialistas su eje y centro.

En el último medio siglo han sucedido dos nuevas oleadas de los de abajo: las revoluciones de 1968 y las actuales, que probablemente tengan su punto de arranque en los movimientos latinoamericanos contra el neoliberalismo de la década de 1990. En este medio siglo han sucedido, insertos en ambas oleadas, algunos hechos que modifican de raíz aquellos principios: el fracaso del socialismo soviético, la descolonización del tercer mundo y, sobre todo, las revueltas de las mujeres, de los jóvenes y de los obreros. Los tres procesos son tan recientes que muchas veces no reparamos en la profundidad de los cambios que encarnan.

Las mujeres hicieron entrar en crisis el patriarcado, lo que no quiere decir que haya desaparecido, agrietando uno de los núcleos de la dominación. Los jóvenes han desbordado la cultura autoritaria. Los obreros, y las obreras, desarticularon el fordismo. Es evidente que los tres movimientos pertenecen a un mismo proceso que podemos resumir en crisis de la autoridad: del macho, del jerarca y del capataz. En su lugar se instaló un gran desorden que fuerza a los dominadores a encontrar nuevas formas para disciplinar a los de abajo, para imponer un orden cada vez más efímero y menos legítimo, ya que a menudo es simple violencia: machista, estatal, desde arriba.

En paralelo, los de abajo se han apropiado de saberes que antes les eran negados, desde el dominio de la escritura hasta las modernas tecnologías de la comunicación. Lo más importante, empero, es que aprendieron dos hechos enlazados: cómo actúa la dominación y cómo hacer para desarticularla o, cuando menos, neutralizarla. Un siglo atrás eran una exigua minoría los obreros que dominaban tales artes. Las rebeliones, como la que comandó la Comuna, eran fruto de brechas que otros abrían en los muros de dominación. Ahora los de abajo aprendimos a abrir grietas por nosotros mismos, sin depender de la sacrosanta "coyuntura revolucionaria", cuyo conocimiento era obra de especialistas que dominaban ciertos saberes abstractos.

En algunas regiones del mundo pobre se produjo la recuperación de saberes ancestrales de los de abajo que habían sido aplastados por el progreso y la modernidad. En este proceso los pueblos indios juegan un papel decisivo, al darle nueva vida a un conjunto de saberes vinculados a la curación, el aprendizaje, la relación con el entorno y también la defensa de las comunidades, o sea la guerra. Ahí están los zapatistas, pero también las comunidades de Bagua, en la selva peruana, y un sinfín de experiencias que muestran que aquellos saberes son válidos para estas resistencias.

Este conjunto de aprendizajes y nuevas capacidades adquiridas en la resistencia ha tornado inservible y poco operativa la existencia de vanguardias, esos grupos que tienen vocación de mandar porque creen saber lo que es mejor para los demás. Ahora, pueblos enteros saben cómo conducirse a sí mismos, con base en el mandar obedeciendo, pero también inspirados por otros principios que hemos podido escuchar y practicar estos años: "caminar al paso del más lento", "entre todos lo sabemos todo" y "preguntando caminamos".

Lo anterior no quiere decir que ya no sea necesario organizarnos en colectivos militantes. Sin este tipo de organizaciones y grupos, integrados por activistas o como quiera llamarse a las personas que dedicamos nuestras mejores energías a cambiar el mundo, ese cambio no llegaría jamás, porque no cae nunca del cielo, ni es regalo de caudillos y estadistas esclarecidos. Las revoluciones que estamos viviendo son fruto de esas múltiples energías. Las detonamos entre muchos y muchas. Pero una vez puestas en marcha, la pretensión de dirigirlas a puro mando suele producir resultados opuestos a los deseados.

Por Raúl Zibechi
Publicado enInternacional
Con una multitudinaria movilización, los sindicatos griegos rechazaron la venta de propiedades y empresas estatales con que el gobierno pretende obtener unos 50 mil millones de euros, tal como lo sugirió la receta del FMI para paliar la crisis en ese país. La marcha repudió también el recorte por 78 mil millones que trató el consejo de ministros de Grecia, otro requisito para recibir financiamiento de los organismos internacionales de crédito.

Las calles de Atenas fueron el escenario de las demandas. La radio informó que el tráfico ferroviario quedó prácticamente suspendido. A ello se sumó la huelga de las compañía estatal de telefonía, de la lotería estatal y de varios bancos. Y en numerosos hospitales sólo se atienden urgencias.

La desocupación en Grecia alcanzó un nuevo récord con 16,2 por ciento en marzo pasado. Según un comunicado del Gsee, el mayor sindicato griego del sector privado, los nuevos datos "demuestran los resultados de una política seguida por el gobierno, bajo orden y pretensión de los acreedores, que refuerza la recesión y aumenta de modo dramático la desocupación".

El programa de recortes dispuesto por el gobierno topa con la oposición del ala izquierda del partido socialista en el Ejecutivo griego.

No obstante, el presidente del Eurogrupo, Jean-Claude Juncker, acaba de confirmar un nuevo plan de ayuda financiera para Grecia y afirmó que el monto dependerá de la contribución del sector privado. "No puedo dar una cifra exacta porque todo dependerá del monto que el sector privado (bancario) esté dispuesto a movilizar", dijo.
Publicado enInternacional
Los griegos han vuelto a echarse a la calle, o mejor, no salen de ella. Los indignados, un día más, han salido para protestar contra las medidas de austeridad que el gobierno ha aprobado para lograr un nuevo tramo de ayuda financiera y evitar la quiebra estatal. Es la segunda semana que gente de todas las edades acude a la cita difundida por las redes sociales para manifestarse contra un Gobierno de "corruptos".

Decenas los acampados en las plazas principales de Atenas y otras urbes helénicas han organziado caceroladas con ollas vacías, así como acontecimientos culturales y protestas contra los políticos. Pero se prevé que miles de "indignados" se citen mañana, domingo, en las calles griegas para una amplia protesta. Incluso voluntarios del movimiento de los indignados griegos han ido a visitar a ciudadanos, puerta por puerta, para sugerirles que si no pueden acudir a la plaza central de Atenas que icen al menos la bandera nacional en sus casas en señal de apoyo a la protesta multitudinaria de mañana.

Tras tres casos de agresión e insultos de la muchedumbre contra políticos en tres ciudades griegas, los diputados y ministros han limitado sus apariciones públicas. El movimiento de los indignados en Atenas se ha querido distanciar de "tales acciones", según un comunicado del movimiento de protestas.
"Y no aguantamos más"

Cientos de trabajadores siguieron hoy el llamado de la Unión de Funcionarios públicos (Adedy) y la Confederación de Trabajadores (GSEE) a una manifestación en el centro de Atenas, como preludio a la décimoquinta huelga general de 24 horas en un año, anunciada para el 15 de junio.

La pancarta principal leía "Y no aguantamos más", en alusión a los nuevos recortes que deberán aplicarse en lo que queda de año para obtener 6.400 millones de euros que faltan en las arcas del Estado de los organismos internacionales. "Viene el dinero pero...junto con el cierre de empresas y despidos" en el portal financiero euro2day, "El país en las manos de los comisarios en Bruselas" en Zougla y "Un paquete de rescate con un paquete de...medidas" en "Adesmeftos Tipos" eran algunos titulares contra las impopulares medidas de austeridad.

Entre ellas destaca un aumento del IVA para los servicios de hoteles y clubes, una subida de impuestos para la propiedad inmobiliaria y nuevas cargas impositivas para sueldos y pensiones, además del cierre de 75 organismos estatales, despidos de personal y la privatización de empresas públicas.

Tras la luz verde que dio ayer un equipo de evaluación del Fondo Monetario Internacional (FMI) y de la Unión Europea, Grecia espera recibir a principios de julio 12.000 millones de euros como el quinto tramo del rescate trienal de 110.000 millones otorgado el año pasado por estos organismos para librar al país de la bancarota.
"Medidas bárbaras impopulares"

La inmediata labor del primer ministro griego, Yorgos Papandréu, será convencer a su propio grupo parlamentario de 156 diputados, de un total de 300 en el Parlamento, para que voten a favor del nuevo acuerdo de rescate, ya que de lo contrario, debería convocar elecciones anticipadas, comentó hoy la publicación "Estia". "No somos corderos", declararon algunos diputados del partido de Gobierno socialista PASOK, que firmaron esta semana un texto en el que pedían a Papandréu que explicara la razón de las nuevas medidas tras un año de severa austeridad.

Papandréu mantendrá una reunión informal de su gabinete de la que no se esperan decisiones y después presentará el nuevo acuerdo ante su partido y el Ejecutivo para su aprobación el miércoles y su tramitación posterior en el Parlamento.

Los partidos de la oposición mantienen su negativa a apoyar a Papandréu, argumentado "que se aplica tanto remedio para combatir la enfermedad que al final matará al paciente", según el partido conservador Nueva Democracia (ND), mayoritario en la oposición. El Partido Comunista (KKE) califica el plan de austeridad de "medidas bárbaras impopulares", mientras que la formación de extrema derecha LAOS afirma que "Grecia perderá parte de su soberanía" con la venta de empresas estatales y activos.

PÚBLICO.ES / EFE Atenas 04/06/2011 19:08 Actualizado: 04/06/2011 19:30
Publicado enInternacional
Sábado, 28 Mayo 2011 08:51

El 15-M prepara la era posacampada

Las asociaciones integrantes del 15-M ya preparan la era posacampadas. Hasta el desalojo temporal de Barcelona y Lleida, contaban con una disminución paulatina del número de participantes y de atención mediática. Tras este episodio, y pese al repunte actual, saben que volverán a perder seguidores. Sin embargo, creen que el movimiento tiene que continuar y ya preparan la estrategia: proponen una movilización europea a final de junio, la creación de un wikiparlamento para formalizar propuestas, el desarrollo de la democracia 4.0 y la extensión del movimiento en red por barrios y ciudades menores.
 
La actuación policial en Cataluña ha reavivado las protestas. Ya pasó en Granada al comienzo de la campaña electoral. A más presencia policial, más acampados. Pero los integrantes del 15-M son conscientes de que el futuro próximo pasa por una disminución de manifestantes hasta la disolución de las concentraciones. No obstante, no quieren que la falta de presencia en las calles suponga el fin de un movimiento sin precedentes.
 
El Laboratorio de Ideas y Prácticas Políticas de la Universidad Pablo de Olavide de Sevilla ha acogido el movimiento porque, según el profesor de Filosofía del Derecho Rafael Rodríguez, es necesario “crear vínculos y sinergias” para facilitar la elaboración de propuestas de transformación social. En el marco de este laboratorio, Francisco Jurado, licenciado en derecho, integrante del 15-M y uno de los fundadores de la coordinadora Democracia Real Ya, ha explicado cómo preparan el futuro.
 
Wikiparlamento. Aún está en debate la metodología para la toma de decisiones en este entorno asambleario. Una de las ideas que barajan es crear una plataforma de propuestas en Internet tipo wiki, una página que se enriquece con aportaciones voluntarias. Este sistema permitiría volcar propuestas y que cada uno las vaya completando aportando su saber y su experiencia.
Rechazan la presentación de propuestas sin unas “exigencias mínimas”. Por lo que consideran que este wikicongreso permitiría que cualquier idea se complete con aportaciones razonables, se enmiende y se desarrolle. Una vez que haya un consenso sobre las mismas, se promoverán.
 
Entre los objetivos a corto plazo, que las hipotecas se salden con la vivienda en caso de impago. A largo plazo, una revisión de la separación de poderes, la fiscalización social de las acciones ejecutivas y la reforma de las vías de participación. Como rechazan la vinculación a partido político alguno, la vía parlamentaria tradicional es difícil y queda reducida a proponer iniciativas legislativas populares. "Si algún partido recoge nuestras propuestas, estaríamos satisfechos", afirma Jurado
Democracia 4.0. La definió así un miembro del laboratorio de ideas universitario y se basa en la existencia de tecnología y precedentes jurídicos suficientes –hay antecedentes que habilitan a diputados votar sin estar en el Parlamento- para garantizar la participación ciudadana más allá que cada cuatro años en unas urnas. Se trata de habilitar un sistema de votación on line que facilitaría a la ciudadanía expresar su opinión.
 
A esta propuesta suman otras para facilitar las vías de participación social en los parlamentos, sin necesidad de tener que vehicular sus propuestas a través de grupos políticos.
 
Reorganización territorial. La primera acción es extender el movimiento y desvincularlo de las plazas centrales. Son conscientes de que las acampadas han sido fundamentales, un “seminario de práctica política”, afirma Jurado. Las acampadas han sido una agrupación por intereses y objetivos comunes que ha generado una “identidad”, pero el 15.M no puede limitarse a Sol, Plaza de Catalunya o las setas, como se conoce a La Encarnación de Sevilla.
 
El objetivo es dispersar con pedagogía este movimiento por “entornos más cercanos”, como barrios o pueblos pequeños. Sin dejar el carácter global del movimiento, por lo que paralelamente se potenciará la creación de una plataforma internacional. De esta forma, se pretende generar una red de la que surjan apoyos, propuestas y seguidores.
 
Educación. Es otra de las claves de los planes del 15-M. Se trata de promover iniciativas, como la dela Universidad Pablo de Olavide sevillana para crear una sociedad comprometida y preparada para tomar una actitud más activa en la gestión y fiscalización de las administraciones.
En este sentido, Jurado afirma que conciben la universidad como un centro de investigación y conocimiento centrado en la realidad social.

Por RAÚL LIMÓN
Publicado enInternacional