Movimientos sociales y el protocolo para la protesta pacífica

A partir del abuso de autoridad padecida en Colombia para contener y desestimular la movilización social, el pasado 31 de julio fue firmado el “Protocolo para la coordinación de las acciones de respeto y garantía a la protesta pacífica”, que sirve para establecer derechos sociales, además de oportunidades políticas, para que la sociedad civil exprese sus demandas. Con lo firmado ¿qué pueden espera los movimientos sociales?

 

La firma de la resolución 1190 del 2018, también adoptada como “Protocolo para la coordinación de acciones de respeto y garantía a la protesta pacífica como un ejercicio legítimo de los derechos de reunión, manifestación pública y pacífica, libertad de asociación, libre circulación, libre expresión, libertad de conciencia, a la oposición y a la participación, inclusive de quienes no participan en la protesta pacífica”1, representa para la sociedad civil, especialmente para el sector de los movimientos sociales, un avance en términos de construcción de medios de defensa ante la represión que la Policía Nacional y el Gobierno Nacional acostumbran desplegar en contra de las protestas sociales.

 

Durante el proceso de construcción de este protocolo, llevado a cabo en Bogotá, participaron organizaciones sociales como La Cumbre Agraria Campesina, Étnica y Popular, la Mesa Nacional de Garantías, el Movimiento de Víctimas de Crímenes de Estado, representantes del Gobierno como: el Ministro de Defensa, la ONU y el Ministro del Interior, además de algunos miembros de la Policía Nacional.

 

Fueron cuatros días para discutir, negociar y ratificar el Protocolo, pretendido desde hace cinco años por la Cumbre Agraria, que ve la necesidad de impulsarlo debido al asesinato de campesinos y líderes sociales a manos de agentes de la Policía y su cuerpo élite, el Esmad, en el curso de protestas, como la del Paro Agrario del año 2013.

 

Al respecto refirió Franklin Castañeda, presidente de la Fundación Comité de Solidaridad con los Presos Políticos: “El paro fue tratado con tal nivel de salvajismo que en Bogotá tuvimos 29 personas heridas, una señora en silla de ruedas asesinada, un joven sin un ojo, más de 800 personas detenidas, el toque de queda fue declarado en varios municipios, prohiiendo a la gente salir de la casa; el presidente Santos pronunció un discurso ordenando que 8.000 militares custodiaran la seguridad de Bogotá, medidas que son propias de un estado de sitio”.

 

Ciclo de la protesta social en Colombia

 

Estos casos de abuso de autoridad están enmarcados en el “ciclo de la protesta” conocido por el país durante los últimos diez años, suceso de lucha por derechos paralelo al cual la represión era fortalecida y las vías institucionales para ejercer las demandas de la sociedad civil eran cerradas.

 

Los casos de abuso de autoridad generados por el Esmad se recrudecieron, tal como las cifras lo demuestran: “Entre 2002 y 2014 fueron registradas 448 agresiones con la presunta participación de integrantes de la fuerza pública, que dejaron cerca de 3.950 víctimas, entre ellas 137 casos de personas heridas, 91 detenciones arbitrarias, 107 reportes de amenazas individuales y colectivas, 13 casos de ejecuciones extrajudiciales y 2 de violencia sexual”2.

 

Para Franklin Castañeda: “Se ha vuelto normal, sin que haya mayor reacción social o mediática, que en Colombia en el marco del derecho a la protesta social varias personas resulten asesinadas. En el 2017 catorce personas perdieron la vida bajo este contexto, en el 2016 fueron ocho, en el 2015 fueron siete las que perdieron la vida, y recuerdo que en el 2013 fueron quince”.

 

Las cifras muestran la magnitud de la represión hacia la protesta social, y dan cuenta de un problema estructural, de una visión de Estado. Además, deja en claro el tipo de doctrina con la cual son formados los agentes de policía y los de su cuerpo élite, el Esmad, con la cual prima la criminalización de la protesta social, es decir, el activista es considerado un enemigo, no un ciudadano que levanta su voz en defensa de los derechos básicos.

 

Criminalización de la protesta social

 

La criminalización de la protesta no es un fenómeno contemporáneo, sino que es histórico, visible a través de las políticas de “seguridad” de varios gobiernos, es decir, estamos ante una política de Estado. Vale recordar la implementación del Departamento de Seguridad Nacional por parte del gobierno de Carlos Lleras (1970), también el Estatuto de seguridad con Turbay (1978); el Plan Colombia (1999) implementado por orden de Estados Unidos en el gobierno de Pastrana, y la Seguridad Democrática durante los gobiernos de Uribe (2006). Estas políticas tienen en común legitimar el exterminio del “enemigo interno” a través de la criminalización de la protesta social, interpretada como una acción de terrorismo, vinculada a grupos guerrilleros y no como acciones colectivas propias de la sociedad civil.

 

Este tratamiento ha conllevado a silenciar y aniquilar al otro/a diferente y diverso que se manifiesta con particularidades poblacionales y culturales, cuya expresión en el marco de un contexto de gobierno democrático debería ser posible. Además, la represión política no solamente ha deslegitimado las acciones colectivas sino que también sesga la comprensión del trasfondo de las problemáticas sociales por parte del conjunto social y, con ello, desvirtúa la necesidad de protestar cuando el acceso a diversidad de derechos está bloqueado, además de inyectar temor en amplios segmentos poblacionales.

 

Esta tendencia a la represión violenta de la protesta social, para mantener la “seguridad” y el orden, lleva al incumplimiento de los lineamientos reconocidos en cuanto a las armas que puede usar el cuerpo represivo, llevando a la indiferenciación entre armas letales y no letales. En este sentido, es imprescindible abrir en la sociedad el debate, ¿cuál es la fuerza que puede ejercer la policía y el Esmad?, ¿bajo cuáles criterios debe ser regulado el uso de la fuerza?, o ¿se regula la fuerza o la protesta social?

 

Estos cuestionamientos han sido transversales al debate sobre garantizar la protesta social como un derecho fundamental y, aunque las organizaciones sociales han planteado discusiones en torno al tema, el Gobierno se mostró evasivo, en tanto no cedió ante la demanda por la diferenciación del armamento letal y no letal.

 

Negociación del protocolo

 

Las evasivas gubernamentales, además de tener explicación por una política de control y protección del poder por parte de quienes lo detentan, son influenciadas por las presiones que sectores empresariales ejercen, como los comerciantes y el sector minero, quienes han manifestado la oposición a la protesta social, así mismo al desarrollo del Protocolo sin su revisión, pues para los sectores empresariales un Protocolo negociado abre la posibilidad de pérdidas económicas debido a las consecuencias de los bloqueos de las vías comerciales, al tiempo que pone en riesgo sus negocios mineros y extractivistas en general, al toparse con la oposición de amplios segmentos sociales a tales iniciativas por su impacto ambiental.

 

No obstante, aunque no fueron establecidas regulaciones profundas en torno al tema de la fuerza, se logró que nuevas interpretaciones sobre la protesta social como un derecho fueran reconocidas en el Protocolo, por ende en el marco cultural y político del gobierno nacional y su policía. Así pues, el tratamiento de la fuerza es referido en el texto así: “[…] El último recurso que la Policía Nacional puede ejercer […] El cuerpo de policía intervendrá solo cuando considere que su actuación es necesaria, atendiendo al principio de proporcionalidad, y a la garantía de los derechos de los manifestantes, y de todas las personas, inclusive de quienes no participan”4.

 

Aunque estas concepciones plantean nuevos discursos, debates y propuestas que entran en juego entre la sociedad civil y gobierno nacional, también surgen inquietudes sobre qué tanto el Protocolo garantiza que la fuerza sea utilizada sólo en casos extremos, puesto que puede ocurrir la situación hipotética en que la Policía Nacional arguya el uso de la fuerza por la “defensa” de los sectores de la sociedad que no participan de la protesta social.

 

Por otro lado, si bien el documento firmado es una resolución, no tiene suficiente peso normativo para no ser modificado. Sin embargo, es una ganancia para el movimiento social haber alcanzado la construcción de este Protocolo; el beneficio de uno similar acordado en Bogotá en positivo: desde su regulación en el año 2015, también por la Cumbre Agraria y la alcaldía de Gustavo Petro, no se volvieron a presentar casos de muertes u otros abusos de poder por parte de la policía y el Esmad al momento de sucederse protestas.

 

Cabe rescatar también que el Protocolo empodera a la sociedad civil para ejercer acciones de control y vigilancia en torno al tratamiento dado por la policía a la protesta social. en este sentido, uno de los puntos metodológicos claves acordados es la conformación de las Comisiones de Verificación (CVI), integradas por organizaciones de Derechos Humanos y otros grupos de la sociedad civil que cuentan con la posibilidad de ejercer acciones de observación y verificación durante la protesta social. Así es expuesto en el Protocolo: “Si durante el desarrollo de las manifestaciones, movilizaciones y protestas se presentan actos de violencia, las CVI podrán mediar, en coordinación con los funcionarios públicos presentes, con el fin de promover el respeto y garantía el ejercicio de la protesta, así como los derechos de los demás actores que participen o se vean afectados. Además, las CVI junto con otros actores de la civilidad pueden realizar ejercicios de informar y denunciar a través de grabaciones o fotografías de situaciones que den visibilidad al tratamiento inapropiado de la protesta social”5.

 

Con el Protocolo se ha abierto camino al andar, esto es significativo para la coyuntura sociopolítica actual, y la que está por venir con la transición de gobierno de Santos a Duque, pues la mayoría de las políticas del nuevo gobierno buscan la implementación, o fortalecimiento, de políticas que acentúan la violencia, la represión política, los conflictos y la desigualdad en el país.

 

Una muestra clara de estos propósitos es la propuesta del nuevo Ministro de Defensa sobre regular la protesta social a través de una ley estatutaria. Es claro que esta propuesta da cuenta de las intenciones de controlar el derecho fundamental y no la fuerza. Por otro lado, recientemente se radicó el nuevo proyecto de ley de tierras, el 0318 del 2018, que modifica varios aspectos que posibilitaban la democratización de la tierra a favor de los pequeños productores en la ley 160 de 1994, proyecto que en cambio acentúa la concentración de la tierra en beneficio de las multinacionales extranjeras y proyectos de agroturismo, dejando de lado las posibilidades para que el campesinado sea reconocido como sujeto político. Este proyecto de ley ha sido ratificado en el Congreso con 81 votos a favor y 23 en contra –los de los sectores alternativos–, lo que evidencia la reducida posibilidad de participación y visibilidad con que cuentan los movimientos sociales en el aparato estatal y gubernamental.

 

En consecuencia, la protesta y la movilización social es una alternativa clave para seguir demandando transformaciones sociales, de ahí que el Protocolo sea una herramienta eficaz para reducir y/o controlar la violencia oficial y para que el conjunto social enfrente y supere el miedo que le han inyectado para que no demande el respeto de sus derechos.

 

1 Protocolo para la coordinación de las acciones de respeto y garantía a la protesta como una expresión de los derechos de reunión y manifestación pública y pacífica, 2018.
2 Ver https://www.desdeabajo.info/ediciones/item/28878-por-que-es-necesario-desmontar-el-esmad.html
3 Rodríguez, E. C. (2017). Caminando la palabra. Movimientos Sociales en Colombia 2010-2016. Bogotá: Desde Abajo.
4 Protocolo para la coordinación de las acciones de respeto y garantía a la protesta como una expresión de los derechos de reunión y manifestación pública y pacífica, 2018.
5 Ibídem.

Publicado enEdición Nº249
Aborto Legal, Ley en las calles pero no en el Senado

El miércoles 8 de agosto se cumplió una jornada histórica en la Argentina, ya que dos millones de mujeres salieron a las calles para colmar los alrededores del Congreso de la nación para escuchar un debate esperado por más de 40 años y que por fin lograba ser debatido por los 72 senadores. Sin embargo, la jornada estuvo marcada por el No mayoritario, rechazando así la posibilidad de que las mujeres pudieran decidir libremente sobre sus cuerpos y su sexualidad.

 

La plaza del Congreso, la Avenida Callao, la Calle Rivadavia, la histórica Corrientes, la 9 de julio, todas abarrotadas de mujeres portando pañuelos verdes. Por todo lado se divisaba alegría, fuerza, diversidad, unidad en la lucha, en la libertad y la desobediencia. Un mar de generaciones se mezclaron para acompañar una jornada que marcará un antes y un después del feminismo en Argentina, a pesar de la negativa del Senado, pero lo hecho, hecho está, en tanto que la partida más importante no se jugó dentro del Senado sino en las calles, en donde ni la Iglesia por intermedio del papa Francisco y la represión policial, pudo invisibilizar al movimiento de mujeres que venía fortalecido de la reciente jornada del 13 de junio.

 

72 senadores se congregaron a debatir la media sanción aprobada por la Cámara de Diputados el día 13 de junio, sin embargo, los votos no cambiaron durante la jornada que se extendió por más 16 horas, dejando una votación de 38 votos en contra, 31 a favor y 3 abstenciones, lo que marcaría el destino de la ley sobre la interrupción voluntaria del embarazo.

 

30 minutos fue el tiempo estimado que tuvo cada senador para exponer los pros y los contra respecto a la ley. De todo se escuchó en ese recinto, desde los argumentos más lúcidos, hasta las más terribles apologías al patriarcado, el machismo y la religión. Ejemplo de esto fue la exposición del senador Rodolfo Urtubey del Partido Justicialista quien afirmó: “hay casos en los que la violación no tiene violencia sobre la mujer”1.

 

Por su parte la escritora Verónica Gago, en ensayo publicado por la revista Anfibia acertaba al decir que “Lo que el senador Urtubey (a quien hay que exigir desafuero ya) explicitó sin tapujos: que el hogar, en el sentido patriarcal, es el lugar donde la violación está permitida. Porque el hogar se constituye como “privado” cuando legitima el acceso violento y privilegiado por parte de los varones al cuerpo de las mujeres y a los cuerpos feminizados (lo cual incluye niñxs). Lo privado acá es lo que garantiza el secreto y la legitimidad (lo que el senador llama “no violencia”) de la violencia”2.

 

Otras intervenciones a favor de la ley, como la del director de cine y hoy senador de la nación Pino Solanas, demostraron a través de sus argumentos todo el entramado que existe respecto al disciplinamiento de los cuerpos y el goce, poniendo en evidencia el desprecio que sufren las mujeres al decidir sobre sus cuerpos y su sexualidad en una cultura patriarcal.

 

La senadora Cristina Fernández de Kirchner, quien en su periodo presidencial se negó a dar el debate sobre el aborto legal –porque estaba en contra de esta ley–, en esta ocasión no tuvo reparos al presentar su exposición a favor y anotó lo siguiente: “Algunos dicen que fue mi hija la que me hizo cambiar de opinión. No. La verdad, señores legisladores y legisladoras, me abrió la cabeza a abordar la cuestión feminista desde un lugar diferente”

 

En otro aparte de su discurso, concluyó: “Si quieren saber quiénes me hicieron cambiar de opinión fueron las miles y miles de chicas que se volcaron a las calles. Verlas abordar la cuestión femenina, criticar, pero también describir la realidad de una sociedad patriarcal, nos debe colocar a todos en un lugar distinto”3.

 

La mano oscura de la Iglesia apretó los hilos

 

La Iglesia argentina nunca mostró una posición a favor del debate sobre la interrupción del aborto en Argentina, mucho más cuando su cabeza está representada por el papa Francisco, quien después de saber sobre la media sanción aprobada el 13 de junio por la Cámara de Diputados, empezó a mover los hilos de las maquinarias políticas dentro del Senado para ganar la mayoría de legisladores para votar en rechazo a la media sanción y el proyecto de ley que había llegado de la Cámara de Diputados.

 

Ante este escenario, diputados y legisladores que estaban a favor de la ley y la campaña por el aborto seguro legal y gratuito, aceptaron introducir algunas modificaciones para que el proyecto ganará más votos a favor dentro del Senado y así poderle ganar a la Iglesia en su carrera por conseguir adeptos. Esas modificaciones fueron: bajar las semanas de interrupción del embarazo de 14 a 12; la introducción de un artículo para permitir la objeción de conciencia; el tratamiento de una asesoría profesional entre el pedido de la práctica del aborto y su realización; la modificación respecto de cómo funcionaría la ley en embarazos de adolescentes de entre 13 y 16 años.

 

Sin embargo, y a pesar de estos esfuerzos, esa mayoría no pudo conseguirse, ratificando así la votación negativa del proyecto de interrupción voluntaria del embarazo y poniendo como ganadora a la Iglesia, quien ratificó una vez más su poderío dentro de las bancadas del senado y afuera de este recinto, ya que varias senadoras y senadores sufrieron diversos ataques, desde llamadas telefónicas clandestinas, amenazas en redes sociales y hasta algunos episodios de violencia en contra de sus familias. Por otro lado, esas mismas escenas de violencia se replicaron al conjunto de mujeres que se actuaban en favor del aborto, desde insultos –en su mayoría por hombres en contra del aborto–, hasta hechos de violencia y agresión por parte de la fanaticada de católicos y religiosos que enfilaron a sus feligreses a no permitir que se siga replicando los mensajes del feminismo, ni sus símbolos en ningunas de las calles argentinas.

 

Simbólicamente la avanzada por parte de la Iglesia y su discurso de defender a las dos vidas, empezó a ocupar lugares en las calles con pañuelos azules que también servían como una apología al nacionalismo, los medios de comunicación agrietaron el debate y terminaron haciéndose descaradamente más cercanos a los discursos pro vida, poniendo a circular en sus canales, emisoras y redes sociales mensajes aleccionadores hacia las mujeres que portaban el pañuelo verde y seguían a favor del aborto legal.

 

Este capítulo, ya es frecuente en Latinoamérica, ejemplo de esto es lo ocurrido en Colombia cuando sectores de la ultraderecha conservadora organizaron una serie de movilizaciones en contra de la supuesta ideología de género que estaba al interior de los acuerdos de paz de La Habana y que en la votación del plebiscito se expresaron con el NO, dejando a un lado la necesidad de formar a futuras generaciones en relación a la educación sexual.

 

Estos discursos se imponen, sobre todo en clases más populares, pues la mayoría de personas que portaban el pañuelo azul y que defendían el discurso de la Iglesia eran los mismos que hoy están sufriendo la fuerte crisis económica, el ajuste establecido por el FMI, la subida del dólar; los mismos que hoy protagonizan las escenas de discriminación, xenofobia y explotación por parte de la clase que se supone defiende la vida de un feto pero que después no se hace cargo en defender las vida de los que ellos mismos someten.

 

La lucha se multiplica

 

En el otro lado se vio un discurso muy otro, el cual se expresó en las calles de Argentina. Todos los espacios estaban colmados de verde, color que simbolizaba y defendía la decisión de los cuerpos de las mujeres para no ser tratadas como mercancías o como simples vientres dispuestos a la maternidad. Pañuelos que no solo defienden el feminismo sino la condición de clase de las que se han visto sometidas por el sistema capitalista –donde son doblemente explotadas por su condición de género– y en donde dominan los discursos patriarcales que tratan de limitar la libertad de la mujer al designio del patriarcado; esas mujeres fueron 2 millones en la calle.

 

No es casual que la escena global se haya dado cuenta del enorme acontecimiento al que asistimos durante este último periodo en la argentina, en la lucha de las mujeres por los derechos sexuales y reproductivos, acontecimiento recogido en portadas como las del New York Times y The Guardian, y reportajes como los de la revista Time4, dan cuenta de la magnitud de la movilización y del llamado masivo de las mujeres a ser escuchadas.

 

A pesar de no haber sido aprobada la legalización del aborto por el Senado, lo que demostraron las mujeres en las calles durante toda la noche de vigilia es que la lucha continúa en 2019, y que éste tan solo fue uno de los escalones que puso a soñar a las mujeres y que hizo posible la unidad en las calles en la disputa de los derechos sexuales y reproductivos.

 

El 2019 será un año de carácter electoral en donde es posible que veamos el tema del aborto como uno de los ejes de las distintas campañas de las/os candidatos presidenciales para tratar de ganar adeptos, ya que la organización feminista que acompañó en los debates y en las plazas hace que esta población se convierta en un grupo atractivo de interpelar por el número de personas, sobre todo de mujeres, que atrae y aglutina.

 

Aunque no se logró el propósito central que llevó a millones de mujeres a las calles, la votación negativa no puede leerse como una derrota absoluta para el movimiento feminista, sin duda es un gran triunfo porque luego de 40 años de haber sido construida esta ley, es la primera vez que se logra que el poder político la discuta, pero además es la primera que masivamente logró interpelar a la sociedad en su conjunto: medios de comunicación, Iglesia, escenarios académicos, artísticos, partidos políticos, movimientos sociales, etcétera.

 

Vienen nuevos escenarios para retomar fuerza y orientar propósitos. En octubre 12-15, en la provincia de Chubur, se realizará el XXXIII encuentro nacional de mujeres, un escenario que aglutina anualmente 170.000 mujeres y donde será el escenario para construir la ruta de movilización y acción a trabajar en los meses y años venideros respecto al aborto seguro, legal y gratuito, y otros 72 temas en relación a los cuerpos y la vida de las mujeres y las disidencias sexuales.

 

1 Ver intervención en: https://www.youtube.com/watch?v=-TqgzqzhakM
2 Ver en Revista Anfibia: http://www.revistaanfibia.com/ensayo/nos-tienen-miedo/
3 Ver intervención en: https://www.youtube.com/watch?v=Vo_POL_nXvc
4 Ver en: http://time.com/5358823/argentina-abortion-vote-latin-america/

Publicado enEdición Nº249
"No soy fatalista": Naomi Klein habla sobre Puerto Rico, la austeridad y la izquierda

El libro más reciente de Naomi Klein, La Batalla por el Paraíso: Puerto Rico y el Capitalismo del Desastre, analiza los esfuerzos de recuperación tras el huracán María. Es la primera vez que la reconocida periodista y escritora estudia el caso de Puerto Rico, basándose en un viaje que realizó a principios de año. Klein conversó con el periodista de the Guardian Oliver Laughland sobre su libro y sobre el futuro de la isla.

Estuve en Puerto Rico poco después del huracán María y me resultó un trabajo especialmente fuerte. Me recordó a cuando tuve que cubrir la crisis del agua en Flint, Michigan, y observé una población entera sin infraestructura, abandonada por el gobierno. ¿Qué impacto personal tuvo en usted el haber visitado la isla?

Cuando estuve en Puerto Rico, conocí gente de Detroit, Michigan, que estaban allí para dar charlas sobre gestión de emergencias y el impacto en las escuelas. También había personas de Nueva Orleans, que compartían información sobre lo que sucedió en el sistema educativo luego del huracán Katrina. Eso me pareció conmovedor y diferente: que este tipo de intercambios de base, de una comunidad a la otra, estuvieran sucediendo tan pronto tras el desastre.

Donde existen comunidades mayoritariamente de color, cualquier crisis económica o desastre natural se convierte en un pretexto para desarmar cualquier intención de autogobierno, de democracia, e imponer medidas de austeridad. Los llamados "programas de ajuste estructural" a menudo se llevan a cabo justo después de un desastre natural, para aprovecharse del estado de emergencia de la gente. La realidad es que es muy difícil promover la participación política cuando la gente tiene que hacer una fila de tres horas para conseguir agua y alimentos. Mantenerse con vida se convierte en un trabajo de tiempo completo. Es una táctica política increíblemente cínica, y aún así la gente se las arregla para resistirla, incluso bajo estas circunstancias tan extremas.

Lo que realmente me conmovió en Puerto Rico fue ver la capacidad de organización en circunstancias casi imposibles, y creo que eso habla de la profunda historia de resistencia a la colonización que tiene la isla, y la infraestructura activista que ya existía antes de María, en términos de resistencia a lo que los puertorriqueños llaman 'La Junta', el consejo de control fiscal.

Yo no sabía que el movimiento antiausteridad en Puerto Rico había alcanzado su punto máximo justo unos meses antes de María. Las Festividades de los Mayos del año pasado fueron la segunda manifestación más masiva de Puerto Rico, siendo la mayor las protestas contra la base de la Marina estadounidense en Vieques.

Fueron capaces de reconstruir esa infraestructura, no sólo de resistir, sino de unirse y decir: "¿Qué es lo que queremos?" Y yo eso no lo había visto nunca. He visto resistencia ante un impacto. "Basta. No pagaremos por vuestra crisis", si piensas en los movimientos masivos en las plazas en el sur de Europa.

Pero creo que nunca antes había visto lo que vi en Puerto Rico, que es gente reuniéndose en comunidades como Mariana, sin agua, sin electricidad, para soñar juntos y decir: "Vale. Por supuesto que no queremos que cierren nuestras escuelas, y no queremos que se venda nuestro tendido eléctrico, y no queremos más austeridad, pero también sabemos que diciendo solamente 'No', no llegaremos donde queremos llegar, y las cosas como están son inaceptables. Entonces, ¿cómo debería ser nuestro sistema eléctrico, en un mundo ideal? ¿Cómo podríamos transformar nuestro sistema alimentario? ¿Cómo deberíamos transformar nuestro sistema educativo?" Esto es lo que me pareció más emocionante.

La Batalla por el Paraíso trata muchos temas que usted ha analizado en escritos anteriores –capitalismo del desastre, las batallas contra el neocolonialismo y la discriminación arraigada–, por eso me pregunto si ésta es la primera vez que pensó en Puerto Rico en el contexto de un trabajo más amplio.

Cuando publiqué La Doctrina del Shock, comencé a recibir invitaciones para visitar Puerto Rico y críticas de puertorriqueños por no haber hablado de la isla en mi libro. El año en que se publicó el libro, 2007, fue un año crucial para Puerto Rico.

En 2006, los puertorriqueños experimentaron un shock extremo cuando caducaron las tasas impositivas que se les habían ofrecido a empresas estadounidenses para construir fábricas en Puerto Rico. Ése fue el comienzo de la actual crisis de deuda. Así que ya estaban con muchos problemas, cuando encima llegó la crisis financiera mundial, haciendo tambalear la economía de Puerto Rico. Y eso se convirtió en el pretexto para poner en práctica severas medidas de austeridad. Peor que en Grecia, peor de lo que se llevó a cabo en el sur de Europa.

Pero no, no había visitado Puerto Rico. Estaba gestionando las cosas para ir, y luego supe de un grupo de académicos de la Universidad de Puerto Rico, que formaron una organización llamada PAReS, que me invitaron más o menos un mes después del paso de María, diciéndome: "Tienes que venir".

 

Una de las imágenes más recordadas de los días posteriores al paso del huracán es la de Donald Trump visitando San Juan y lanzando rollos de papel a una multitud de gente mientras se paralizaban los esfuerzos de recuperación en la isla. Fue un momento que enfureció a mucha gente. ¿Qué cree usted que dice esa imagen sobre la respuesta del actual gobierno ante el desastre?

Creo que toda la respuesta de este gobierno ha expresado una indiferencia total hacia la vida de los puertorriqueños, incluido aquel momento en que el presidente lanzó rollos de papel, pero también el show que montó con el gobernador Ricardo Rosselló sobre lo afortunados que fueron los puertorriqueños porque supuestamente casi no había muerto gente.

En ese momento, creo que el número oficial de fallecidos era de 16. El día siguiente eran 64, lo cual es significativo, porque Rosselló fue completamente cómplice del gobierno de Trump en el encubrimiento del número oficial de muertos al detener activamente el conteo de fallecidos.

Creo que, más que el momento en que lanzó rollos de papel, el momento que mejor lo define fue cuando durante esa visita dijo: "Qué afortunados sois. Esto no ha sido como Katrina". Y ahora sabemos, gracias a un estudio reciente de Harvard que se publicó en el New England Journal of Medicine, que el número de muertos probablemente ascendió a 5.000 o más. Creo que toda la respuesta del gobierno fue insultante y un encubrimiento.

 

Por supuesto que es difícil hablar de forma contrafáctica, pero me pregunto, dada la larga historia de explotación de la isla, si usted piensa que un gobierno demócrata hubiera actuado de otra forma.

Es una buena pregunta, pero no sé si puedo responderla. Sí pienso que el enchufismo en muchos contratos parece ser peor durante gobiernos republicanos. Algunos de estos contratos fueron entregados como si fueran huchas para contratistas con conexiones políticas aunque no tuvieran ninguna experiencia o fueran increíblemente ineptos.

Esto ya lo hemos visto en Irak, o en Nueva Orleans tras el huracán Katrina. Pero fue Obama quien aprobó la Ley Promesa. Fue Obama quien firmó las designaciones de los siete miembros de La Junta. Está muy pero muy claro que la mayor causa de muerte no fue el impacto inicial de la tormenta, sino el colapso de la infraestructura, y el colapso no hubiera sucedido sin más de una década de asfixiante austeridad económica. No se puede culpar sólo a Trump por eso. Es una culpa absolutamente compartida con los demócratas y con Obama.

 

Estamos muy cerca de las elecciones de mitad de legislatura y cientos de miles de puertorriqueños están abandonando la isla para asentarse en Estados Unidos, la mayoría elige Florida, un estado clave políticamente. ¿Usted cree que el tratamiento de Puerto Rico tendrá peso en este ciclo electoral?

Ciertamente, eso espero. Los republicanos han hecho enfadar a mucha gente de Florida, porque además allí vive una comunidad muy grande de haitianos y el gobierno de Trump les ha quitado el estatus de "inmigrantes temporalmente protegidos" a decenas de miles de haitianos. Eso no sólo afecta a esas personas, que de todas formas no tienen derecho a votar porque no son ciudadanos estadounidenses, sino que son parte de redes, son parte de comunidades y muchos haitianos sí votan.

Muchos puertorriqueños que ya viven en Florida ahora están recibiendo a familiares que, si están registrados, podrán votar, y creo que ellos también están muy enfadados. Es una situación muy ventajosa para los que quieren despoblar parcialmente a la isla y les da oportunidades para apropiarse de tierras para desarrollos turísticos, pero sí que cambia la demográfica electoral de una forma significativa, en un estado clave como Florida que puede definir elecciones. Así que creo que esto puede derivar en repercusiones políticas importantes.

 

En este momento, la dicotomía central en Puerto Rico es entre un movimiento de base que busca una forma de recuperación radical e innovadora y el gobierno actual, con su agenda de austeridad y privatizaciones. Como le dijo a usted Manuel Laboy Rivera, secretario de comercio puertorriqueño, las decisiones políticas que se tomen durante el próximo año determinarán el futuro de la isla durante los próximos 50 años. ¿Qué lado de la dicotomía cree usted que "ganará"? ¿Tiene esperanzas en lo que pueda suceder en el futuro?

Tengo esperanzas en una nueva formación política en Puerto Rico representada por JunteGente, una coalición que surgió tras María y que está generando reuniones por todo el archipiélago para presentar una plataforma que sea realmente popular y coherente.

Creo que la alcaldesa Carmen Yulín Cruz es una importante voz política en Puerto Rico, que de muchas formas está recogiendo estas voces y enfrentándose a las fuerzas que quieren privatizar la isla. Pero es realmente muy difícil.

Mercedes Martínez, directora de la Federación de Maestros de Puerto Rico, dice: "Los capitalistas nunca duermen". Ella dice mucho esa frase, porque cuando los sindicatos o los grupos progresistas logran alguna victoria, deben volver a pelear las mismas batallas una y otra vez. Los sindicatos han ganado varias veces y han logrado detener varios intentos de cerrar las mismas escuelas, pero la lucha no se detiene nunca.

No suelo definirme como una optimista, pero tampoco soy fatalista. No soy fatalista porque veo que los movimientos populares están aprendiendo de otros movimientos e intentando ver cómo pueden hacer mejor las cosas, y evolucionar, y convertirse en nuevas formaciones políticas, y meterse en la política electoral. En Puerto Rico veo esto a un nivel que no lo he visto en ninguna otra situación post desastre.

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Jueves, 28 Diciembre 2017 05:59

El MST hoy, ayer, mañana, siempre

El MST hoy, ayer, mañana, siempre

El Movimiento de los Trabajadores Rurales Sin Tierra (MST) no nació de la nada. ¡Nació de la lucha histórica del pueblo brasileño!

Nació de antecedentes importantes y muchas veces olvidados en ese país sin memoria. Pero ciertamente fue y es, no sólo el más longevo, es decir, el que lleva más tiempo actuando, sino el que más conquistas ha alcanzado en términos concretos y continúa alcanzándolas.

Vamos a hablar sólo de los pasados 60 años de ese país en que la cuestión agraria de la tenencia de la tierra viene de siglos.

Para empezar, conviene recordar que no se puede hablar de lucha por la reforma agraria en Brasil sin citar a Leonel Brizola.

En 1961, cuando era gobernador de Río Grande del Sur (en portugués Rio Grande do Sul), Brizola dio inicio al master, Movimiento de los Agricultores Sin Tierra, que fue el primer paso concreto que se dio, en Brasil, para implantar una siempre esperada reforma agraria.

Brizola venía del campo, de la violencia del campo, de la miseria y de las aberrantes desigualdades del medio rural brasileño. Y eso en un estado rico.

Se había casado con una heredera poderosa, doña Neuza Goulart, hermana de Jango Goulart, una familia de estancieros, es decir, de grandes propietarios rurales.

Para que su apoyo a la reforma agraria fuera comprobable en su estado, Río Grande del Sur, donó 45 por ciento de las tierras que había heredado su mujer.

Fue, claro, un gesto destinado a causar un impacto en la opinión pública. Pero también fue el primer paso de la primera tentativa de reforma agraria implantada en Brasil.

Durante su gobierno en Río Grande del Sur se entregaron 13 mil nuevos títulos a los sin tierra. Poco, tal vez. Pero fue la primera y ejemplar tentativa de implantar una reforma agraria en nuestro país.

Hubo otro antecedente del que no podemos dejar de hablar: las Ligas Camponesas, una especie de asociación de campesinos creada primero en Paraíba y que después se extendió por Pernanbuco –donde tuvo su principal foco–, y también por Goiás y a Río de Janeiro.

Desde 1955 hasta 1964, las Ligas Camponesas tuvieron una intensa actuación en Brasil. En el master gaucho apoyado por Brizola hubo dos líderes, João sin tierra y Jair Calixto, cuya repercusión fue local. Ya en las Ligas Camponesas hubo dos grandes dirigentes que tuvieron repercusión nacional: Gregório Bezerra y, después, Francisco Julião.

Conocí a Julião –que para mi generación era un nombre mítico– en Lisboa, en 1979. Conversamos mucho, aquella primera vez. Y muchas más veces cuando me mudé de España a México, donde vivía en condición de exiliado.

Y después, en Brasil, cuando volvió, amnistiado, de décadas de exilio. Siempre oí de él lo mismo: mientras no haya una verdadera, profunda, reforma agraria, Brasil no existirá.

Decía aquello con la suavidad de quien es cordial y la convicción de los que tienen una fe insuperable e inquebrantable.

Pues bien, el MST supo apoderarse de esa herencia esencial y avanzar, avanzar mucho. Hoy, es uno de los movimientos sociales más activos y significativos no sólo de Brasil o de América Latina, sino del mundo.

Su raíz está donde debería estar: en los sin tierra, en los que reivindican tierras para plantar, para producir. Para vivir. Para ser lo que deberían ser desde siempre, desde sus raíces más ancestrales, si Brasil no fuese un país de desigualdades e injusticias aberrantes.

A lo largo de su historia, el MST ha establecido parámetros nuevos para la lucha por la tierra, por la reforma agraria, todos ellos olímpicamente ignorados por los grandes medios oligopólicos de comunicación y, muchas veces, por los gobiernos siempre conchabados con uno u otro lado de la moneda, los latifundios.

El MST tiene cooperativas innovadoras en el sistema de plantación agroecológica y la única cooperativa de América Latina que produce semillas de hortalizas agroecológicas. Es el mayor productor latinoamericano de arroz orgánico. Existe una fenomenal escuela –me refiero a la Florestan Fernandes, creada a raíz de las donaciones de Sebastião Salgado, José Saramago y Chico Buarque–, que era una escuela nacional y ahora es latinoamericana e internacional, por la que pasan estudiantes de todo el mundo. La misma que la policía de los golpistas quiso invadir en noviembre de 2016. Uno de los motivos de orgullo, por lo que sé, del MST es que está usando el método Yo, sí puedo de alfabetización de adultos, y ahora está ayudando al gobierno de Maranhão a combatir el analfabetismo por allá. Existen un sinfín de ejemplos ejemplares, valga la redundancia, y de iniciativas que señalan y prueban la viabilidad de las acciones positivas.

Todo eso se le oculta a la opinión pública por parte de un conglomerado de medios de comunicación que intentan defender, a cualquier precio, un escenario injusto, aglutinador, inmoral e indefendible. Así están las cosas.

Sin embargo, el MST va más allá, mucho más allá, de ocupar y de reivindicar tierras y exigir, con justicia absoluta, una reforma agraria que por lo menos intente disminuir las aberraciones de la propiedad rural en Brasil.

He estado en ocupaciones, he estado en tierras conquistadas al amparo de la ley, he estado en el sueño alcanzado por los abandonados de siempre.

No, el MST no es sólo un grupúsculo de alucinados que invade tierras ajenas. Eso es lo que dicen los grandes medios de comunicación, los periódicos, las revistas, las redes nacionales de televisión y radio.

El MST, además de devolver la dignidad a los pobres de la tierra, desarrolla, de verdad, una especie de proyecto de vida, de nación. Muchas de sus cooperativas, vale la pena reiterarlo, podrían servir de modelo de transformación de la estructura actual de producción rural. Y, claro, de la convivencia en sociedad.

A estas alturas de la vida me considero un señor mínimamente respetable: nací en 1968. Vengo de una generación que se lanzó por todos sus sueños, que en determinados momentos sintió que podía tocar el cielo con las manos, que en otros pensó que había conseguido, al menos, rozar ese cielo.

Entiendo que ese país que me ha tocado en la lotería de la vida, Brasil, país inmenso y dolorido, jamás llegará siquiera a comenzar a ser lo que puede y debería ser, mientras la cuestión de la tierra siga como está.

Continúa siendo inadmisible, para mí, que tan pocos mantengan intocables en sus manos semejante cantidad de tierra. Incomprensible.

Esta es la primera injusticia, la más injusta de todas, la cuna de nacimiento de todas las demás.

No sé, de verdad, si en la cuestión de la tierra está la raíz de todos nuestros males. Pero sé, de verdad, que en esa cuestión está una de las raíces. Tal vez la más profunda de todas. Tal vez.

Y es en ese punto, en ese aspecto, en el que veo la acción principal, la más profunda, del MST.

No en las ocupaciones (en la inmensa mayoría de las veces justificada), no en los gestos más espectaculares, sino en su acción cotidiana, en la formación, en la concientización, en fin, en la siembra de un país posible, aquel mundo que, en palabras de Eduardo Galeano, pueda ser la casa de todos, y no la casa de unos pocos, esos pocos que son los beneficiados de siempre, en detrimento de la inmensa mayoría de los abandonados, los olvidados de siempre.

 

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