Desde las comunidades se defiende el territorio y la vida digna

Durante tres días, entre el pasado 30 de septiembre y el 2 de octubre, más de 100 procesos sociales, ecologistas, ambientalistas, comunitarios y en defensa del territorio se dieron cita en la ciudad de Bogotá alrededor de la palabra, la praxis y la unidad como Movimiento Nacional Ambiental, para tejer perspectivas colectivas de acción contra la locomotora extractivista que arrasa ríos, montañas y otros entornos comunitarios por todo el país, y que aunque su génesis se encuentra años atrás, su estado contemporáneo es de agudización dentro de lo que, en analogía y con gran parte de razón, han dado por señalar como la “dictadura minero-energética”.

 

Colectivos y voceros sociales procedentes de doce departamentos del país estuvieron presentes en las discusiones del Movimiento Nacional Ambiental (MNA), espacio que celebra su cuarto encuentro y que avanza en su articulación de propuestas de acciones conjuntas y colectivas desde las comunidades campesinas, indígenas, afros, desde los colectivos juveniles, de mujeres, productores, docentes y pobladores de distintos territorios de Colombia.

 

Aunque de dicho escenario salió una declaración que puede consultarse en la página de Facebook del Movimiento*, es procedente ahondar en algunos elementos importantes de tener en cuenta, sobre todo para hacer el balance y entender el escenario de luchas populares que realzan en la actualidad; elementos referenciales en perspectiva de plantarle cara a un nuevo gobierno que, desde diferentes frentes de batalla, alista filas y cargado sus armas, figurativas y no tanto, contra el equilibrio ecológico, baluarte para el equilibrio de nuestro territorio y del Planeta como casa común.

 

Encuentro desde la acción y la acción a partir del encuentro

 

Cabe señalar, en primer lugar, que para los partícipes a este IV encuentro, y en general, para los procesos que delegan, es importante esta cita desde la acción y la acción a partir del encuentro; en otras palabras quizás más conocidas: caminar la palabra. Salta a la luz que el encuentro haya finalizado con una acción simbólica en la Plaza de Bolívar, frente a la fachada del Palacio de Justicia, donde con cascos de ingenieros y una valla amarilla de ‘peligro’, las participantes provenientes de las diferentes regiones del país pretendían mostrar como las multinacionales mantienen secuestrada la justicia en Colombia, presionando a varios magistrados de la Corte Suprema de Justicia, estableciendo lazos burocráticos y económicos que blinden sus intereses, en consonancia con lo que es común a nivel mundial donde cada vez más la economía trasnacional impone su agenda sobre la legislación ya existente, encontrándonos cada vez más con Estados corporativistas donde la ley se impone desde las carteras y bolsillos, pero como siempre, en contra de las comunidades.

 

Señalando a tres magistrados que abiertamente han dado su apoyo a empresas minero-energéticas (Alejandro Linares, Diana Fajardo y Cristina Pardo), el plantón terminó como una profecía que, lastimosamente, no guardaba respeto por el factor sorpresa: la Corte terminó quitando la fuerza de las consultas populares y anteponiendo los grandes proyectos económicos sobre la autodeterminación de los municipios y las comunidades, guiño que a todas luces tiene que ver con la política minera del actual gobierno uribista de Iván Duque.

 

¿Por qué empezar esta breve crónica por el final del encuentro? Precisamente, esta anecdótica acción nos puede dar luces en torno a cómo entender las propuestas establecidas en esta nueva cita del MNA, para la cual proponer la defensa del medio ambiente desde la acción comunitaria es, de una u otra forma, la punta de lanza con la cual los bastones y maderos del pueblo quieren resistir contra la maquinaria ingenieril, técnica y militar con la que vienen acompañadas las explotaciones del territorio, además de las clásicas arremetidas para-estatales, extra-judiciales y montajes que le preceden, juntan y suceden.

 

Con esta acción, y con parte de lo discutido durante estos días de reflexión e intercambio de experiencias, sobresale, a primera vista, la preocupación de los reunidos, de realizar permanentemente talleres de defensa jurídica, sobre herramientas legales para blindar propuestas de consulta, de entender bien los proyectos de ordenamiento territorial y de cualificar cada vez más su discurso y argumentos contra las elites politiqueras municipales, aliadas sin escrúpulo alguno de ingenieros y gerentes extranjeros que, tal cual gamonal clásico, mueven los hilos locales que entretejen las alianzas económicas, policiales, militares y de prensa locales, para simular que de hecho el extractivismo es la única oportunidad laboral y comercial de un país que desde los grandes transformadores de materias primas, nos ven de manera colonialista como “subdesarrollados”.

 

Ante esta realidad, frente a la arremetida neoliberal contra el territorio, es la acción comunitaria, pacífica y sin descanso, la única capaz de sostener una férrea defensa de sus territorios; y esta convicción no es una arenga cliché, sino la conclusión práctica, viva, que dejan decenas de movimientos comunitarios a lo largo y ancho del país, como Cajamarca (Tolima) o diversas comunidades con asiento en el Cauca, pero también la resistencia ambiental en el sureste antioqueño, el Meta, Cesar, entre otras.

 

Además de lo anterior, para el MNA es de vital importancia la construcción colectiva de la defensa territorial, enfatizando en un elemento trascendental: la participación real y efectiva del territorio. Realce de una práctica e invitación a proseguir por tal sendero pues la misma ha demostrado sus beneficiosos frutos en diversas experiencias, en las que, a través de un apoteósico esfuerzo comunicativo, pedagógica y político para involucrar a cada vez más comunidades, veredas y procesos en la puja por darle un respiro a la Madre Tierra (cómo lo demuestran los resultados aplastantes contra las multinacionales minero-energéticas en las consultas populares en Cumarál, Piedras o Cajamarca) se han logrado los propósitos trazados, sino también porque la pelea acá es también en vías de cuestionar la limitación cada vez mayor que tienen las comunidades dentro de los espacios decisorios de los gobiernos locales y el nacional.

 

Por supuesto, esto tiene una relación directa con la actual coyuntura de desmonte de las consultas populares, que dejan al desnudo la hipocresía de un Estado que, por un lado desde el cuarto poder, no público sino privado –los medios masivos de comunicación– rechaza las vías de hecho y la protesta social diciendo que las comunidades pueden acudir al diálogo, pero de otro lado, limita las vías legales que de por sí son ya cerradas y establece la bota militar como forma de solucionar problemáticas ambientales (nada más basta escuchar la posición del actual ministro de Defensa Guillermo Botero).

 

Pero las apuestas del MNA pretenden ir más allá, de ahí que ante el cierre institucional ante sus demandas, las comunidades optan por organizarse y pensarse alternativas de ordenamiento territorial propias, planes de vida y la guarnición de su territorio a través de guardias populares, herramientas, todas ellas que demuestran que las prácticas de autonomía y empoderamiento colectivo de las riendas de lo que acontece en las tierras que pisan son cada vez más fuertes, posicionándose la gente organizada como agente político, tal como lo demuestran las exposiciones planteadas por procesos como el de la vereda la Quisquina en Palmira (Valle) o de Mercaderes (Cauca), donde han tomado forma interesantes ejercicios de democracia participativa y gobierno propio comunal.

 

Sin lugar a duda, el Estado tiene al frente suyo al movimiento ambiental, un rival poderoso y que además, como lo ilustran los escenarios de movilización desplegados durante el pasado gobierno –como el paro Agrario o las mingas nacionales–, cuenta con un amplio apoyo social no solo en sus regiones, sino también en las ciudades, un movimiento con capacidad de poner en boca de todo un país el debate sobre la importancia de defender nuestro entorno natural, de hablar sobre la tierra y las semillas, y de preocuparse por el espacio que le dejaremos a las siguientes generaciones.

 

Y a pesar de que el Estado todavía domina ese escenario, por supuesto, que es el agua donde sabe moverse, no está de más recordar y resaltar que las comunidades han desplegado orden de batalla por la defensa de su entorno con triunfos no despleciables, batiendo a la dictadura minero-energética, como aconteció en una docena de consultas populares, pero también batiéndolo en regiones donde la organización comunitaria no ha permitido el ingreso o la consolidación del paramiitarismo, o donde esa misma organización comunitaria está logrando recuperar tierras para el bien común. Por eso precisamente es que el gobierno tiene como prioridad cambiar el escenario de lucha, pretendiendo llevar a las comunidades y movimientos sociales a escenarios que impidan desplegar la fuerza comunitaria; esta es la razón por la cual buscan eliminar la efectividad de las consultas populares, uno de los primeros pasos tras la senda indicada.

 

A partir de estas reflexiones, cabe preguntar y preguntarnos, ¿cuál será nuestra estrategia ahora para seguir resistiendo frente a estos nuevos embates? El MNA viene organizándose para eso y le habla directamente a la tormenta que se avecina, quizás sea esta iniciativa un referente para tener en cuenta por parte de quienes, con cariño hacia el agua, los cielos, las montañas y el aire, queremos resistir a la guerra que se cierne sobre nosotras y nuestra madre tierra.

 

* Se puede buscar la página en la red social directamente como “Movimiento Nacional Ambiental”, cuyo link es https://es-la.facebook.com/MovimientoAmbientalCol/.

 

Publicado enColombia
Con luz y sin tregua: 40 años en defensa de los Derechos Humanos

Eduardo Carreño, abogado integrante del Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo (Cajar) recorre. como testigo de excepción, la larga y ardua batalla por los Derechos Humanos (DH) en Colombia en la cual ha estado inmersa esta organización como actora de primer orden, a lo largo de los últimos 40 años de la historia nacional. Su memoria nos lleva de los juicios contra civiles regidos por militares, pasando por las torturas y las desapariciones como norma de Estado, con la sindicación como guerrilleros de miles de líderes sociales, a los Estatutos antiterrotirstas, y la relación de Estado y paramilitares, pasando por las masacres como método de control social y dominio territorial; un conjunto de prácticas de Estado que no pueden olvidarse, todas ellas confrontadas por los movimientos sociales y los defensores de los DH.

 

Eduardo, cuatro décadas en la lucha por los DH en un país como Colombia, donde la violencia no da tregua es todo un acontecimiento. Cómo dejar pasar esta ocasión, casi única, para que conversemos sobre las particularidades de esta disputa a lo largo de casi medio siglo de historia nacional, estableciendo los cambios vividos por tal divisa, así como la realidad de la misma en los actuales momentos.

 

Pregunta (P). Quisieramos conocer, entonces, ¿Cómo era la situación de los DH en Colombia en 1978, cuando nace el Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo –Cajar–?
Respuesta (R). Bueno, el tema es extenso, y corresponde primero hacer un recuento del escenario social vivido. Entonces, en aquel momento resaltaban varíos aspectos importantes de subrayar: 1) un movimiento popular que estaba en auge, con una lucha cívica reivindicativa por servicios públicos a nivel nacional. En ese tiempo aparecía como injustificable que en muchos barrios y veredas la gente careciera de servicios de alcantarillado, agua o luz. 2) El movimiento campesino también estaba movilizado reivindicando el derecho a la tierra. 3) El movimiento indígena estaba en una fase de afloramiento y exigía la recuperación de las tierras con base en el principio: la tierra es para el que la trabaja. Indígenas y campesinos lograron tierras en la Costa Caribe, en el Magdalena Medio, y en los Llanos. 4) El movimiento sindical independiente estaba en una fase de organización y movilización creciente, orientado por unos principios resumidos en lo que fue conocido como los cinco antis: antipatronal, antielectorero, antireeleccionista, anticapitalista y antiimperialista. 5) En las ciudades la gente sin casa, muchos de ellos desplazados por la violencia, plantearon también la recuperación de lotes de engorde para edificar viviendas.

 

Por otro lado, en aquel tiempo también era posible percibir un desarrollo germinal del movimiento guerrillero urbano. Sectores del Ejército Popular de Liberación (Epl), una fracción más radical de éste, el grupo Pedro León Arboleda (Pla), tomaba forma y se proyectaba en todo el país el M-19 y el Ejército de liberación nacional también accionaba en las ciudades.

 

P. Estamos hablando de finales de los años 70 del siglo XX, cuando también se llevó a cabo el famoso paro de 1977…
R. Sí, en ese contexto fue que germinó el paro cívico de septiembre de 1977. Un paro que desde la movilización ciudadana rebasó las expectativas de sus organizadores. Fue la primera vez que se logró congelar en el país, por seis meses, el valor de los artículos de primera necesidad.

 

P. ¿Cómo fue la reacción de parte del establecimiento ante todo esto?
R. Fue una reacción sin contemplaciones: expidieron el Estatuto de Seguridad, se amplió el juzgamiento de civiles por militares, fue legitimado el recorte a las garantías ciudadanas, autorizaron a la Fuerza Pública para reprimir la inconformidad social y castigar incluso el delito de opinión.

 

P. Negó el establecimiento el derecho a la libertad y otros derechos básicos.
R. Por todo el país. A lo largo y ancho de la geografia nacional se impuso la más brutal persecución a la crítica, a la protesta, a la organización social. Veníamos de un momento donde nosotros no hablábamos de DH y nuestra acción principal estaba orientada a la defensa de los presos políticos asociados al movimiento guerrillero.

 

Pero con el auge de la represión sobre el movimiento popular (se llegó a la detención masiva de dirigentes sindicales, indígenas, estudiantiles, campesinos, todos presos en brigadas militares), la detención sin justa causa –por simple sospecha, como dicen por ahí– entre uno y seis meses de cualquier ciudadano, el cercenamiento práctico de la libertad, de hecho la imposición de un ambiente de violencia sin límites por todo el país, en medio de lo cual los allanamientos y la tortura quedan institucionalizadas, y las instituciones políticas y jurídicas deformadas, hasta quebrar su propia sustancia democrática. En ese marco nuestras prioridades van cambiando, pero eso será pasado algunos años.

 

P. Se cuenta que los juicios de la época los dirigían militares.
R. Así era. En esos años tuvieron lugar los consejos verbales de guerra contra cientos de guerrilleros detenidos en las cárceles, el más notable de los cuales –por la cantidad de procesados– fue el de la cárcel La Picota, con más de 300 guerrilleros presos.


P. ¿Participó en la defensa de los enjuiciados el Cajar?
R. Sí. Allí estaban Eduardo Umaña, Luis Castro, Eduardo Salamanca, Rafael Vergara Navarro. Y también estábamos los que nos ocupábamos de los asuntos laborales y de la defensa de quienes ocupaban los lotes de engorde. Los que trabajábamos lo sindical nos tocó asumir la defensa penal militar en los consejos verbales de guerra de todos los sindicalistas detenidos como presos políticos. En esa materia nos capacitaron Eduardo Umaña Luna y Eduardo Umaña Mendoza, pues nosotros no teníamos estudios en esa materia.

 

Hay que recordar que entonces no existía una consagración expresa del Habeas Corpus, pero por sentencias de la Corte Suprema era posible acudir al mecanismo, no tanto para procurar la libertad del detenido, sino al menos para establecer el sitio donde lo tenían sometido y con ello salvaguardar su vida, evitar su tortura o desaparición. El Estatuto de Seguridad amparaba las detenciones sin límite, y sin reconocimiento de la detención y ubicación del preso.

 

En ese marco, la lucha cívica por la amnistía de miles de detenidos políticos alcanzó un triunfo cuando fue aprobada la ley 35 de 1982, que firmada por el gobierno de Belisario Betancourt abrió paso a un proceso de negociación con la insurgencia, para poner fin a la confrontación interna armada.

 

P. En ese marco de cientos y miles de dirigentes sociales detenidos, sindicados además como guerrilleros, superar tal manipulación era urgente, ¿cómo se logró tal propósito?
R. Los ochenta fueron años de una larga batalla por lograr que los civiles no fueran juzgados por militares, tanto por la ausencia de autonomía e imparcialidade de la justicia, cómo por la afectación de los principios del debido proceso. Esa victoria se alcanzará en 1987 cuando se determina legalmente que los civiles deben ser juzgados por civiles. Pero casi de inmediato expidieron el Estatuto de defensa de la justicia y el Estatuto de defensa de la democracia, mecanismos que permitieron que muchísimos jueces y funcionarios de instrucción militar pasaran al juzgamiento secreto de civiles, tal y como lo consagraban los estatutos antiterroristas.

 

P. Nos relataba un poco antes que el tema de los DH no estaba en el centro de la acción del Cajar, ¿cuándo cambia tal perspectiva?
R. Comienza a cambiar con el primer informe de Amnistía Internacional, en abril de 1980, sobre la situación de los presos políticos en Colombia; informe que estuvo precedido por la organización y realización del Primer Foro Nacional sobre DH en Colombia, realizado en 1979 y liderado por Alfredo Vázquez Carrizosa, quien estaba a la cabeza del Comité Permanente por la Defensa de los DH.

 

P. Al final de los años 80 e inicios de los 90 tenemos los procesos de negociación de la paz con las insurgencias urbanas y la expedición de la nueva Constitución, ¿cómo afecta aquello la situación de los DH?
R. Ambas realidades los afectan, pues de alguna manera la firma de los acuerdos de paz estimulan la citación a la misma Constituyente, con la cual es redactada una nueva Constitución. Y en ese proceso, gracias a la confluencia de varias organizaciones, entre ellas el Colectivo de Abogados, se logró elevar los DH a rango constitucional.

 

P. ¿Qué se reconoce como tales?
R. En lo fundamental se toma la Convención Interamericana de DH y se elevan a rango constitucional entre los artículos 11 y 93. Hay que dejar claro que estos Derechos estaban vigentes en Colombia desde los años 68 y 72, tanto para el Pacto de Derechos Civiles y Políticos, cómo para los Derechos Sociales, Económicos y Culturales. El avance consistió en un masivo conocimiento de los Derechos gracias al proceso de pedagogía constitucional que tuvo lugar en los primeros años, después de aprobada la nueva Constitución.

 

P. ¿Y todo cambia por arte de la nueva Constitución?
R. Bueno, no tanto como eso, pues los Derechos Civiles y Políticos nacieron suspendidos, porque recuerde que los Estatutos para la Defensa de la Democracia y el de la Justicia, que habían creado los jueces secretos, las pruebas secretas, los testigos secretos, habían estructurado desde 1987, en la práctica, un Tribunal de la Inquisición. Este sistema de “justicia” duró hasta 1997, cuando fue desmontado gracias al trabajo de las organizaciones de DH, entre ellas el Colectivo, que denunciaron la violación de tales derechos, del debido proceso y las garantías procesales por parte de esos Estatutos, que lo único que garantizaban era la condena.

 

Aquí es importante recordar que los decretos de la justicia secreta, que eran de Estado de Sitio, fueron prolongados gracias a la Alianza Democrática M-19, pese a que ellos mismos habían sido objeto de juzgamiento con esos marcos normativos. Es importante recordar el juzgamiento de personas como el señor Hazbum, condenadas a cuarenta o cincuenta años de cárcel con esta justicia secreta por el asesinato de Luis Carlos Galán, y después se demostró en la jurisdicción ordinaria, en primera y segunda instancia, su absoluta inocencia.

 

Sucede entonces que los jueces y los funcionarios de instrucción de la justicia secreta pasan en grueso a la nueva justicia especializada, conservando la misma lógica represiva en la investigación y juzgamiento de lo que ellos consideran “el enemigo”.

 

P. Ya estamos en los años 90, y en estos aparece un nuevo actor en el escenario nacional, el paramilitarismo, ¿qué sucede entonces en este marco de los DH?
R. Para entonces ya se había desarrollado a una nueva escala el paramilitarismo, puesto en marcha a comienzos de los años ochenta. Durante años la Fuerza Pública había entregado armas y apoyo logístico a las autodefensas en el marco de normativas que así le autorizaban. La doctrina contrainsurgente, con el componente de la guerra sucia, se concentra entonces en la lucha contra el movimiento popular organizado. Campesinos, indígenas, activistas barriales, sectores progresistas de la iglesia, y sectores políticos de oposición fueron criminalizados; el Partido Comunista y la Unión Patriótica fueron objeto de exterminio entre 1985 y 1990.

 

P. El país había conocido la tortura, la desaparición, la violación de todo tipo de derechos, pero con el paramilitarismo entra a un nuevo escenario: las masacres, ¿es así?
R. Ese es un nuevo escenario. Durante los años noventa llevan a cabo grandes masacres como método de guerra. La Rochela, Caloto, Riofrío, Urabá, la Costa Norte, los Llanos, la Red 007 de la Armada en Barranca. En 1997 un fallo de la Corte Constitucional derogó la posibilidad de que las Fuerzas Armadas entregaran armas de uso privativo a los civiles, y también derogó las normas que autorizaban a las Convivir, desarrolladas en especial en Antioquia con el gobierno de Uribe. El fallo ordenó a la Defensoría del Pueblo que garantizará que las armas entregadas regresaran a la Fuerza Pública. Esto, por supuesto, no se cumplió.

 

En 1999 y en el año 2000 se expiden dos nuevos códigos: Penal y de Procedimiento Penal, en el primero se tipifica como delito el desplazamiento forzado y la desaparición forzada de personas. El Colectivo, junto con otras organizaciones de DH, había convocado en agosto de 1986 el Primer Foro Nacional por los detenidos desaparecidos en Colombia. Después, y por presión internacional, se había logrado que el Estado colombiano suscribiera el Tratado internacional contra la desaparición forzada de personas. Pero desde siempre el Cajar ha sostenido que el hecho de que no estuviese tipificada en el Código una conducta no significaba en absoluto que no pudiese ser perseguida y castigada, porque otras normas permitían hacerlo, y si no se hacía era por un problema del aparato judicial y no por un vacío normativo.

 

P. Es indudable que la confrontación político-armada ha sido determinante en los recortes jurídicos a las garantías ciudadanas y la vulneración de Derechos de la ciudadanía por parte de agentes estatales o privados que han contado con el soporte de los oficiales. La solución política del conflicto aparece entonces como una dimensión central para cesar la dinámica de vulneración sistemática de los DH.
R. Sí. Sobre este particular vale la pena recordar la forma como los diálogos de paz en el Caguán sirvieron para poner en marcha el Plan Colombia, dirigido a realizar una reingeniería de las FF.AA. y dotarlas de nuevo armamento. Esto es revelador en la medida en que muestra cómo la impunidad absoluta entregada a los asesores y militares estadounidenses significó una renuncia por parte del Estado colombiano a ejercer su soberanía. El Estado colombiano renunció, en los convenios suscritos, a investigar y sancionar a cualquier militar o asesor estadounidense, o integrante de sus familias, que cometiesen crímenes en Colombia.

 

En el año 2002 esta renuncia se hizo extensiva a la Corte Penal Internacional. No se puede denunciar a un militar o asesor estadounidense ante la CPI porque se renunció a ello. Los convenios niegan incluso el derecho de conocer los nombres de quienes vienen porque entran por Catam, ni es posible conocer qué vienen a hacer y bajo las órdenes de quien actúan.

 

P. ¿Cuál otro momento es importante tener en cuenta para este ejercicio de contraste entre finales de los años setenta y el actual momento?
R. Creo que es necesario referir lo acontecido con el proceso de Justicia y Paz. De cuarenta mil paramilitares que se desmovilizaron con ese mecanismo de justicia transicional, solamente 860 fueron incorporados y han entregado información. Y los que más la entregaron fueron los jefes paramilitares extraditados, enviados a Estados Unidos porque habían comenzado a contar lo sucedido con los apoyos que tenían en sectores empresariales, políticos y de la Fuerza Pública.

 

P. ¿Y ustedes cómo actuaron ahí?
R. En este tema cabe una autocrítica porque el mecanismo de Justicia y Paz no fue valorado en su momento por parte nuestra, y llegamos tarde al proceso. Criticabamos las penas, los mecanismos de participación, y eso era válido, pero no captamos a tiempo todo lo que pudo aportar de verdad el proceso de Justicia y Paz. No previmos los procesos judiciales que desató sobre la clase política regional vinculada al paramilitarismo. Y lo que permitió saber acerca de muchas víctimas. Entonces, sólo pudimos conocer algunas cosas puntuales.

 

P. ¿Y la negociación-desmovilización fue real o ficticia?
R. En lo fundamental ficticia. Es necesario recordar que muchas estructuras paramilitares no negociaron. Los Butragueños, los Rastrojos, los Machos, los Urabeños no negociaron. Después también se ha demostrado que muchas de las estructuras supuestamente desmovilizadas siguieron intactas. Montaron una parodia: desmontaron el 20 por ciento de su estructura y para lo restante reclutaron gente de la delincuencia común, los entrenaron durante un mes, les dieron escopetas y revólveres, y pudieron entonces cobrar un sueldo durante dos años, con las estructuras supuestamente desmovilizadas para controlar a la población. Con ese mando silencioso, pero eficaz, la gente de las regiones en las que operan estas estructuras criminales permanece en una situación muy adversa en términos de DH.

 

P. Y la negociación con la Farc, ¿qué ha significado en términos de DH?
R. Si consideramos lo aprobado en los acuerdos, podríamos afirmar que generó una gran expectativa de verdad y justicia pendientes. Si detallamos la dinámica del desarrollo de los acuerdos de paz contemplamos la existencia de un proceso de recorte, limitación y cerco de lo aprobado con relación a los derechos de las víctimas.

 

P. ¿Cómo es esto?
R. Es un tema complejo pero real: los derechos de las víctimas a saber lo que pasó; el derecho a que se aplique justicia a todos los que participaron material o intelectualmente en el ejercicio violento, pero también los que financiaron o garantizaron impunidad; el derecho a que se repare integralmente el daño causado, así como el derecho a que se garantice la no repetición de los crímenes con el desmonte de las estructuras que causaron los daños, todos ellos quedaron contemplados en lo firmado, pero hasta ahí pues al momento de la implementación aparecido una correlación de fuerza política adversa que impide el cumplimiento pleno de lo acordado.

 

P. Es una correlación en la cual el sector más reaccionario del país tiene más iniciativa social y política…
R. Y de ello da cuenta, además, por ejemplo, lo sucedido en el 2016, cuando ese sector –que es el más ligado a la criminalidad de Estado– desplegó una campaña mediática en contra de los acuerdos, ambientando el resultado adverso del plebiscito y la revisión de los mismos, lo cual es aceptado por las Farc.


P. ¿Con esa revisión, qué aspectos quedan establecidos?
R. Por ejemplo, que los Presidentes no serán investigados sino por la Comisión de Acusaciones del Congreso, esa misma que nunca ha permitido un sólo juzgamiento en toda su historia.

 

Hoy están pretendiendo que los militares sólo puedan ser juzgados por salas militares especiales, lo que significa perder incluso lo logrado en la justicia ordinaria.

 

A todo lo anterior hay que agregar la desfinanciación. El Estado colombiano no está aportando los recursos necesarios para que la JEP funcione.

 

P. Estos son traspiés, pero también hay logros…
R. Y no de consolación. El hecho de que se haya aceptado que las víctimas puedan presentar sus casos desde 1964 hasta 2016, es un logro histórico que no se había alcanzado. No hay que olvidar tampoco que la restitución de tierras ha sido precaria.

 

P. ¿En el Cajar tienen confianza con lo que pueden arrojar estos acuerdos en materia de DH?
R. No somos muy optimistas frente al reconocimiento de lo sucedido por parte de los militares, pero es posible que algunos realmente confiesen lo ocurrido durante estos años, que confiesen quiénes eran los que trazaban los planes, quiénes daban las órdenes, quiénes revisaban las actuaciones, cómo se premiaba a los ejecutores de masacres y de falsos positivos. También debería operarse la marginación del Estado de quienes participaron en los crímenes. Esto es substancial a la garantía de no repetición.

 

P. ¿El país está ante el reto de quebrar la impunidad?
R. Vea, hay que tener claro que venimos de una impunidad histórica sobre crímenes de agentes estatales que ha fluctuado entre el 98 y el 100 por ciento. Hay que saber que la historia muestra que juzgar desde cierto nivel de mando hacia arriba ha sido excepcional, sino imposible. Y hay que saber que se autorizó legalmente la destrucción de archivos oficiales del año 88 hacia atrás. Allí estaban las ordenes de batalla, los nombres de los blancos civiles del “enemigo” y de sus familias, porque la represión no sólo fue sobre los “blancos”, sino sobre sus familias.

 

Pero en la JEP aspiramos a que por lo menos los llamen a declarar. Ya hay declaraciones de militares y de paramilitares que han confesado quienes daban las órdenes. Es el caso, por ejemplo, del general Mario Montoya. Don Berna confesó que la Operación Orión la dirigieron directamente: el coronel Leonardo Gallego, el general Mario Montoya, Comandante de la Brigada y el propio confesante.

 

También el coronel Borja de Montería, que confesó que los 57 crímenes por él cometidos fueron por órdenes del general Montoya.

 

El primer decreto de recompensas que condujo a los falsos positivos lo dictó el ministro Camilo Ospina. Y el segundo decreto lo complementa Juan Manuel Santos como Ministro de Defensa de Uribe Vélez. El general Montoya pedía resultados a sus comandantes en todas las brigadas: “Necesitamos litros de sangre porque la guerra se mide en litros de sangre”. ¿El hecho de que no exista la orden escrita del general Montoya para que asesinasen a Pepito Pérez en Córdoba, significa que no tuvo responsabilidad en la actuación criminal de los oficiales bajo su mando?

 

P. ¿Ante cuáles debilidades y retos de los movimientos sociales nos encontramos para que la realidad de los DH no haya cuajado como lo requiere el país todo?
R. Una de las dinámicas que más ha afectado los DH, en el caso concreto de los movimientos populares, es su propio fraccionamiento. El hecho de que existan treinta organizaciones agrarias, cinco centrales sindicales, tres organizaciones políticas, etcétera, se torna en un debilitamiento de la capacidad de la organización popular para proteger los Derechos de la gente. Los protagonismos y los privilegios de las direcciones han impedido lo indispensable: lograr la unidad en la actuación en la defensa de los Derechos fundamentales. Pero eso es algo que nosotros observamos pero que no estamos en capacidad de variar.

 

Lo que también está claro es que en la larga y ardua tarea en el escenario de la lucha en favor del respeto a los DH, gracias a la labor de un amplio tejido de organizaciones de Derechos y a la actuación de la Comisión Interamericana y de la Corte Intermaericana de DH, ha sido posible obtener sanción para el Estado, teniendo este que reconocer la responsabilidad en la actuación criminal de sus agentes, y ha tenido que reparar a las víctimas. Pero esto no ha significado un cambio en la política real de DH, salvo en declaraciones.

 

Los considerandos de los acuerdos en DH, y lo plasmado en la sentencia de la Corte Constitucional que avala los acuerdos, no son una realidad aún. Seguimos en las declaraciones. Es muy difícil, pero hay que hacerlo. El Cajar persiste en esa tarea. Y lo hace en el marco de sus limitados recursos. Su método de trabajo asambleario, que privilegia la deliberación cuidadosa, afecta la capacidad de actuar con la celeridad que a veces se desearía para responder a las necesidades de las víctimas. Pero ese método también ha permitido una actuación más reflexiva indispensable en escenarios tan complejos. El equipo que actualmente integra al Colectivo es altamente calificado tanto por sus estudios, cómo por el acumulado de experiencias.

 

Tener en trámite 400 o 500 casos no significa mayor cosa, porque eso no representa ni siquiera el 0.1 por ciento de la criminalidad atribuible a agentes estatales. En Colombia hay diez millones de víctimas en acción social. Creo que el Cajar, como muchas otras organizaciones que favorecen a los sectores populares, debería existir en todos los departamentos. Pero eso es un ideal.

 

Edición completa desdeabajo Nº 251, octubre 20 - noviembre 20 de 2018

https://www.desdeabajo.info/ediciones/itemlist/category/345-edicion-n-251.html

 

 

Publicado enColombia
Con luz y sin tregua: 40 años en defensa de los Derechos Humanos

Eduardo Carreño, abogado integrante del Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo (Cajar) recorre. como testigo de excepción, la larga y ardua batalla por los Derechos Humanos (DH) en Colombia en la cual ha estado inmersa esta organización como actora de primer orden, a lo largo de los últimos 40 años de la historia nacional. Su memoria nos lleva de los juicios contra civiles regidos por militares, pasando por las torturas y las desapariciones como norma de Estado, con la sindicación como guerrilleros de miles de líderes sociales, a los Estatutos antiterrotirstas, y la relación de Estado y paramilitares, pasando por las masacres como método de control social y dominio territorial; un conjunto de prácticas de Estado que no pueden olvidarse, todas ellas confrontadas por los movimientos sociales y los defensores de los DH.

 

Eduardo, cuatro décadas en la lucha por los DH en un país como Colombia, donde la violencia no da tregua es todo un acontecimiento. Cómo dejar pasar esta ocasión, casi única, para que conversemos sobre las particularidades de esta disputa a lo largo de casi medio siglo de historia nacional, estableciendo los cambios vividos por tal divisa, así como la realidad de la misma en los actuales momentos.

 

Pregunta (P). Quisieramos conocer, entonces, ¿Cómo era la situación de los DH en Colombia en 1978, cuando nace el Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo –Cajar–?
Respuesta (R). Bueno, el tema es extenso, y corresponde primero hacer un recuento del escenario social vivido. Entonces, en aquel momento resaltaban varíos aspectos importantes de subrayar: 1) un movimiento popular que estaba en auge, con una lucha cívica reivindicativa por servicios públicos a nivel nacional. En ese tiempo aparecía como injustificable que en muchos barrios y veredas la gente careciera de servicios de alcantarillado, agua o luz. 2) El movimiento campesino también estaba movilizado reivindicando el derecho a la tierra. 3) El movimiento indígena estaba en una fase de afloramiento y exigía la recuperación de las tierras con base en el principio: la tierra es para el que la trabaja. Indígenas y campesinos lograron tierras en la Costa Caribe, en el Magdalena Medio, y en los Llanos. 4) El movimiento sindical independiente estaba en una fase de organización y movilización creciente, orientado por unos principios resumidos en lo que fue conocido como los cinco antis: antipatronal, antielectorero, antireeleccionista, anticapitalista y antiimperialista. 5) En las ciudades la gente sin casa, muchos de ellos desplazados por la violencia, plantearon también la recuperación de lotes de engorde para edificar viviendas.

 

Por otro lado, en aquel tiempo también era posible percibir un desarrollo germinal del movimiento guerrillero urbano. Sectores del Ejército Popular de Liberación (Epl), una fracción más radical de éste, el grupo Pedro León Arboleda (Pla), tomaba forma y se proyectaba en todo el país el M-19 y el Ejército de liberación nacional también accionaba en las ciudades.

 

P. Estamos hablando de finales de los años 70 del siglo XX, cuando también se llevó a cabo el famoso paro de 1977…
R. Sí, en ese contexto fue que germinó el paro cívico de septiembre de 1977. Un paro que desde la movilización ciudadana rebasó las expectativas de sus organizadores. Fue la primera vez que se logró congelar en el país, por seis meses, el valor de los artículos de primera necesidad.

 

P. ¿Cómo fue la reacción de parte del establecimiento ante todo esto?
R. Fue una reacción sin contemplaciones: expidieron el Estatuto de Seguridad, se amplió el juzgamiento de civiles por militares, fue legitimado el recorte a las garantías ciudadanas, autorizaron a la Fuerza Pública para reprimir la inconformidad social y castigar incluso el delito de opinión.

 

P. Negó el establecimiento el derecho a la libertad y otros derechos básicos.
R. Por todo el país. A lo largo y ancho de la geografia nacional se impuso la más brutal persecución a la crítica, a la protesta, a la organización social. Veníamos de un momento donde nosotros no hablábamos de DH y nuestra acción principal estaba orientada a la defensa de los presos políticos asociados al movimiento guerrillero.

 

Pero con el auge de la represión sobre el movimiento popular (se llegó a la detención masiva de dirigentes sindicales, indígenas, estudiantiles, campesinos, todos presos en brigadas militares), la detención sin justa causa –por simple sospecha, como dicen por ahí– entre uno y seis meses de cualquier ciudadano, el cercenamiento práctico de la libertad, de hecho la imposición de un ambiente de violencia sin límites por todo el país, en medio de lo cual los allanamientos y la tortura quedan institucionalizadas, y las instituciones políticas y jurídicas deformadas, hasta quebrar su propia sustancia democrática. En ese marco nuestras prioridades van cambiando, pero eso será pasado algunos años.

 

P. Se cuenta que los juicios de la época los dirigían militares.
R. Así era. En esos años tuvieron lugar los consejos verbales de guerra contra cientos de guerrilleros detenidos en las cárceles, el más notable de los cuales –por la cantidad de procesados– fue el de la cárcel La Picota, con más de 300 guerrilleros presos.


P. ¿Participó en la defensa de los enjuiciados el Cajar?
R. Sí. Allí estaban Eduardo Umaña, Luis Castro, Eduardo Salamanca, Rafael Vergara Navarro. Y también estábamos los que nos ocupábamos de los asuntos laborales y de la defensa de quienes ocupaban los lotes de engorde. Los que trabajábamos lo sindical nos tocó asumir la defensa penal militar en los consejos verbales de guerra de todos los sindicalistas detenidos como presos políticos. En esa materia nos capacitaron Eduardo Umaña Luna y Eduardo Umaña Mendoza, pues nosotros no teníamos estudios en esa materia.

 

Hay que recordar que entonces no existía una consagración expresa del Habeas Corpus, pero por sentencias de la Corte Suprema era posible acudir al mecanismo, no tanto para procurar la libertad del detenido, sino al menos para establecer el sitio donde lo tenían sometido y con ello salvaguardar su vida, evitar su tortura o desaparición. El Estatuto de Seguridad amparaba las detenciones sin límite, y sin reconocimiento de la detención y ubicación del preso.

 

En ese marco, la lucha cívica por la amnistía de miles de detenidos políticos alcanzó un triunfo cuando fue aprobada la ley 35 de 1982, que firmada por el gobierno de Belisario Betancourt abrió paso a un proceso de negociación con la insurgencia, para poner fin a la confrontación interna armada.

 

P. En ese marco de cientos y miles de dirigentes sociales detenidos, sindicados además como guerrilleros, superar tal manipulación era urgente, ¿cómo se logró tal propósito?
R. Los ochenta fueron años de una larga batalla por lograr que los civiles no fueran juzgados por militares, tanto por la ausencia de autonomía e imparcialidade de la justicia, cómo por la afectación de los principios del debido proceso. Esa victoria se alcanzará en 1987 cuando se determina legalmente que los civiles deben ser juzgados por civiles. Pero casi de inmediato expidieron el Estatuto de defensa de la justicia y el Estatuto de defensa de la democracia, mecanismos que permitieron que muchísimos jueces y funcionarios de instrucción militar pasaran al juzgamiento secreto de civiles, tal y como lo consagraban los estatutos antiterroristas.

 

P. Nos relataba un poco antes que el tema de los DH no estaba en el centro de la acción del Cajar, ¿cuándo cambia tal perspectiva?
R. Comienza a cambiar con el primer informe de Amnistía Internacional, en abril de 1980, sobre la situación de los presos políticos en Colombia; informe que estuvo precedido por la organización y realización del Primer Foro Nacional sobre DH en Colombia, realizado en 1979 y liderado por Alfredo Vázquez Carrizosa, quien estaba a la cabeza del Comité Permanente por la Defensa de los DH.

 

P. Al final de los años 80 e inicios de los 90 tenemos los procesos de negociación de la paz con las insurgencias urbanas y la expedición de la nueva Constitución, ¿cómo afecta aquello la situación de los DH?
R. Ambas realidades los afectan, pues de alguna manera la firma de los acuerdos de paz estimulan la citación a la misma Constituyente, con la cual es redactada una nueva Constitución. Y en ese proceso, gracias a la confluencia de varias organizaciones, entre ellas el Colectivo de Abogados, se logró elevar los DH a rango constitucional.

 

P. ¿Qué se reconoce como tales?
R. En lo fundamental se toma la Convención Interamericana de DH y se elevan a rango constitucional entre los artículos 11 y 93. Hay que dejar claro que estos Derechos estaban vigentes en Colombia desde los años 68 y 72, tanto para el Pacto de Derechos Civiles y Políticos, cómo para los Derechos Sociales, Económicos y Culturales. El avance consistió en un masivo conocimiento de los Derechos gracias al proceso de pedagogía constitucional que tuvo lugar en los primeros años, después de aprobada la nueva Constitución.

 

P. ¿Y todo cambia por arte de la nueva Constitución?
R. Bueno, no tanto como eso, pues los Derechos Civiles y Políticos nacieron suspendidos, porque recuerde que los Estatutos para la Defensa de la Democracia y el de la Justicia, que habían creado los jueces secretos, las pruebas secretas, los testigos secretos, habían estructurado desde 1987, en la práctica, un Tribunal de la Inquisición. Este sistema de “justicia” duró hasta 1997, cuando fue desmontado gracias al trabajo de las organizaciones de DH, entre ellas el Colectivo, que denunciaron la violación de tales derechos, del debido proceso y las garantías procesales por parte de esos Estatutos, que lo único que garantizaban era la condena.

 

Aquí es importante recordar que los decretos de la justicia secreta, que eran de Estado de Sitio, fueron prolongados gracias a la Alianza Democrática M-19, pese a que ellos mismos habían sido objeto de juzgamiento con esos marcos normativos. Es importante recordar el juzgamiento de personas como el señor Hazbum, condenadas a cuarenta o cincuenta años de cárcel con esta justicia secreta por el asesinato de Luis Carlos Galán, y después se demostró en la jurisdicción ordinaria, en primera y segunda instancia, su absoluta inocencia.

 

Sucede entonces que los jueces y los funcionarios de instrucción de la justicia secreta pasan en grueso a la nueva justicia especializada, conservando la misma lógica represiva en la investigación y juzgamiento de lo que ellos consideran “el enemigo”.

 

P. Ya estamos en los años 90, y en estos aparece un nuevo actor en el escenario nacional, el paramilitarismo, ¿qué sucede entonces en este marco de los DH?
R. Para entonces ya se había desarrollado a una nueva escala el paramilitarismo, puesto en marcha a comienzos de los años ochenta. Durante años la Fuerza Pública había entregado armas y apoyo logístico a las autodefensas en el marco de normativas que así le autorizaban. La doctrina contrainsurgente, con el componente de la guerra sucia, se concentra entonces en la lucha contra el movimiento popular organizado. Campesinos, indígenas, activistas barriales, sectores progresistas de la iglesia, y sectores políticos de oposición fueron criminalizados; el Partido Comunista y la Unión Patriótica fueron objeto de exterminio entre 1985 y 1990.

 

P. El país había conocido la tortura, la desaparición, la violación de todo tipo de derechos, pero con el paramilitarismo entra a un nuevo escenario: las masacres, ¿es así?
R. Ese es un nuevo escenario. Durante los años noventa llevan a cabo grandes masacres como método de guerra. La Rochela, Caloto, Riofrío, Urabá, la Costa Norte, los Llanos, la Red 007 de la Armada en Barranca. En 1997 un fallo de la Corte Constitucional derogó la posibilidad de que las Fuerzas Armadas entregaran armas de uso privativo a los civiles, y también derogó las normas que autorizaban a las Convivir, desarrolladas en especial en Antioquia con el gobierno de Uribe. El fallo ordenó a la Defensoría del Pueblo que garantizará que las armas entregadas regresaran a la Fuerza Pública. Esto, por supuesto, no se cumplió.

 

En 1999 y en el año 2000 se expiden dos nuevos códigos: Penal y de Procedimiento Penal, en el primero se tipifica como delito el desplazamiento forzado y la desaparición forzada de personas. El Colectivo, junto con otras organizaciones de DH, había convocado en agosto de 1986 el Primer Foro Nacional por los detenidos desaparecidos en Colombia. Después, y por presión internacional, se había logrado que el Estado colombiano suscribiera el Tratado internacional contra la desaparición forzada de personas. Pero desde siempre el Cajar ha sostenido que el hecho de que no estuviese tipificada en el Código una conducta no significaba en absoluto que no pudiese ser perseguida y castigada, porque otras normas permitían hacerlo, y si no se hacía era por un problema del aparato judicial y no por un vacío normativo.

 

P. Es indudable que la confrontación político-armada ha sido determinante en los recortes jurídicos a las garantías ciudadanas y la vulneración de Derechos de la ciudadanía por parte de agentes estatales o privados que han contado con el soporte de los oficiales. La solución política del conflicto aparece entonces como una dimensión central para cesar la dinámica de vulneración sistemática de los DH.
R. Sí. Sobre este particular vale la pena recordar la forma como los diálogos de paz en el Caguán sirvieron para poner en marcha el Plan Colombia, dirigido a realizar una reingeniería de las FF.AA. y dotarlas de nuevo armamento. Esto es revelador en la medida en que muestra cómo la impunidad absoluta entregada a los asesores y militares estadounidenses significó una renuncia por parte del Estado colombiano a ejercer su soberanía. El Estado colombiano renunció, en los convenios suscritos, a investigar y sancionar a cualquier militar o asesor estadounidense, o integrante de sus familias, que cometiesen crímenes en Colombia.

 

En el año 2002 esta renuncia se hizo extensiva a la Corte Penal Internacional. No se puede denunciar a un militar o asesor estadounidense ante la CPI porque se renunció a ello. Los convenios niegan incluso el derecho de conocer los nombres de quienes vienen porque entran por Catam, ni es posible conocer qué vienen a hacer y bajo las órdenes de quien actúan.

 

P. ¿Cuál otro momento es importante tener en cuenta para este ejercicio de contraste entre finales de los años setenta y el actual momento?
R. Creo que es necesario referir lo acontecido con el proceso de Justicia y Paz. De cuarenta mil paramilitares que se desmovilizaron con ese mecanismo de justicia transicional, solamente 860 fueron incorporados y han entregado información. Y los que más la entregaron fueron los jefes paramilitares extraditados, enviados a Estados Unidos porque habían comenzado a contar lo sucedido con los apoyos que tenían en sectores empresariales, políticos y de la Fuerza Pública.

 

P. ¿Y ustedes cómo actuaron ahí?
R. En este tema cabe una autocrítica porque el mecanismo de Justicia y Paz no fue valorado en su momento por parte nuestra, y llegamos tarde al proceso. Criticabamos las penas, los mecanismos de participación, y eso era válido, pero no captamos a tiempo todo lo que pudo aportar de verdad el proceso de Justicia y Paz. No previmos los procesos judiciales que desató sobre la clase política regional vinculada al paramilitarismo. Y lo que permitió saber acerca de muchas víctimas. Entonces, sólo pudimos conocer algunas cosas puntuales.

 

P. ¿Y la negociación-desmovilización fue real o ficticia?
R. En lo fundamental ficticia. Es necesario recordar que muchas estructuras paramilitares no negociaron. Los Butragueños, los Rastrojos, los Machos, los Urabeños no negociaron. Después también se ha demostrado que muchas de las estructuras supuestamente desmovilizadas siguieron intactas. Montaron una parodia: desmontaron el 20 por ciento de su estructura y para lo restante reclutaron gente de la delincuencia común, los entrenaron durante un mes, les dieron escopetas y revólveres, y pudieron entonces cobrar un sueldo durante dos años, con las estructuras supuestamente desmovilizadas para controlar a la población. Con ese mando silencioso, pero eficaz, la gente de las regiones en las que operan estas estructuras criminales permanece en una situación muy adversa en términos de DH.

 

P. Y la negociación con la Farc, ¿qué ha significado en términos de DH?
R. Si consideramos lo aprobado en los acuerdos, podríamos afirmar que generó una gran expectativa de verdad y justicia pendientes. Si detallamos la dinámica del desarrollo de los acuerdos de paz contemplamos la existencia de un proceso de recorte, limitación y cerco de lo aprobado con relación a los derechos de las víctimas.

 

P. ¿Cómo es esto?
R. Es un tema complejo pero real: los derechos de las víctimas a saber lo que pasó; el derecho a que se aplique justicia a todos los que participaron material o intelectualmente en el ejercicio violento, pero también los que financiaron o garantizaron impunidad; el derecho a que se repare integralmente el daño causado, así como el derecho a que se garantice la no repetición de los crímenes con el desmonte de las estructuras que causaron los daños, todos ellos quedaron contemplados en lo firmado, pero hasta ahí pues al momento de la implementación aparecido una correlación de fuerza política adversa que impide el cumplimiento pleno de lo acordado.

 

P. Es una correlación en la cual el sector más reaccionario del país tiene más iniciativa social y política…
R. Y de ello da cuenta, además, por ejemplo, lo sucedido en el 2016, cuando ese sector –que es el más ligado a la criminalidad de Estado– desplegó una campaña mediática en contra de los acuerdos, ambientando el resultado adverso del plebiscito y la revisión de los mismos, lo cual es aceptado por las Farc.


P. ¿Con esa revisión, qué aspectos quedan establecidos?
R. Por ejemplo, que los Presidentes no serán investigados sino por la Comisión de Acusaciones del Congreso, esa misma que nunca ha permitido un sólo juzgamiento en toda su historia.

 

Hoy están pretendiendo que los militares sólo puedan ser juzgados por salas militares especiales, lo que significa perder incluso lo logrado en la justicia ordinaria.

 

A todo lo anterior hay que agregar la desfinanciación. El Estado colombiano no está aportando los recursos necesarios para que la JEP funcione.

 

P. Estos son traspiés, pero también hay logros…
R. Y no de consolación. El hecho de que se haya aceptado que las víctimas puedan presentar sus casos desde 1964 hasta 2016, es un logro histórico que no se había alcanzado. No hay que olvidar tampoco que la restitución de tierras ha sido precaria.

 

P. ¿En el Cajar tienen confianza con lo que pueden arrojar estos acuerdos en materia de DH?
R. No somos muy optimistas frente al reconocimiento de lo sucedido por parte de los militares, pero es posible que algunos realmente confiesen lo ocurrido durante estos años, que confiesen quiénes eran los que trazaban los planes, quiénes daban las órdenes, quiénes revisaban las actuaciones, cómo se premiaba a los ejecutores de masacres y de falsos positivos. También debería operarse la marginación del Estado de quienes participaron en los crímenes. Esto es substancial a la garantía de no repetición.

 

P. ¿El país está ante el reto de quebrar la impunidad?
R. Vea, hay que tener claro que venimos de una impunidad histórica sobre crímenes de agentes estatales que ha fluctuado entre el 98 y el 100 por ciento. Hay que saber que la historia muestra que juzgar desde cierto nivel de mando hacia arriba ha sido excepcional, sino imposible. Y hay que saber que se autorizó legalmente la destrucción de archivos oficiales del año 88 hacia atrás. Allí estaban las ordenes de batalla, los nombres de los blancos civiles del “enemigo” y de sus familias, porque la represión no sólo fue sobre los “blancos”, sino sobre sus familias.

 

Pero en la JEP aspiramos a que por lo menos los llamen a declarar. Ya hay declaraciones de militares y de paramilitares que han confesado quienes daban las órdenes. Es el caso, por ejemplo, del general Mario Montoya. Don Berna confesó que la Operación Orión la dirigieron directamente: el coronel Leonardo Gallego, el general Mario Montoya, Comandante de la Brigada y el propio confesante.

 

También el coronel Borja de Montería, que confesó que los 57 crímenes por él cometidos fueron por órdenes del general Montoya.

 

El primer decreto de recompensas que condujo a los falsos positivos lo dictó el ministro Camilo Ospina. Y el segundo decreto lo complementa Juan Manuel Santos como Ministro de Defensa de Uribe Vélez. El general Montoya pedía resultados a sus comandantes en todas las brigadas: “Necesitamos litros de sangre porque la guerra se mide en litros de sangre”. ¿El hecho de que no exista la orden escrita del general Montoya para que asesinasen a Pepito Pérez en Córdoba, significa que no tuvo responsabilidad en la actuación criminal de los oficiales bajo su mando?

 

P. ¿Ante cuáles debilidades y retos de los movimientos sociales nos encontramos para que la realidad de los DH no haya cuajado como lo requiere el país todo?
R. Una de las dinámicas que más ha afectado los DH, en el caso concreto de los movimientos populares, es su propio fraccionamiento. El hecho de que existan treinta organizaciones agrarias, cinco centrales sindicales, tres organizaciones políticas, etcétera, se torna en un debilitamiento de la capacidad de la organización popular para proteger los Derechos de la gente. Los protagonismos y los privilegios de las direcciones han impedido lo indispensable: lograr la unidad en la actuación en la defensa de los Derechos fundamentales. Pero eso es algo que nosotros observamos pero que no estamos en capacidad de variar.

 

Lo que también está claro es que en la larga y ardua tarea en el escenario de la lucha en favor del respeto a los DH, gracias a la labor de un amplio tejido de organizaciones de Derechos y a la actuación de la Comisión Interamericana y de la Corte Intermaericana de DH, ha sido posible obtener sanción para el Estado, teniendo este que reconocer la responsabilidad en la actuación criminal de sus agentes, y ha tenido que reparar a las víctimas. Pero esto no ha significado un cambio en la política real de DH, salvo en declaraciones.

 

Los considerandos de los acuerdos en DH, y lo plasmado en la sentencia de la Corte Constitucional que avala los acuerdos, no son una realidad aún. Seguimos en las declaraciones. Es muy difícil, pero hay que hacerlo. El Cajar persiste en esa tarea. Y lo hace en el marco de sus limitados recursos. Su método de trabajo asambleario, que privilegia la deliberación cuidadosa, afecta la capacidad de actuar con la celeridad que a veces se desearía para responder a las necesidades de las víctimas. Pero ese método también ha permitido una actuación más reflexiva indispensable en escenarios tan complejos. El equipo que actualmente integra al Colectivo es altamente calificado tanto por sus estudios, cómo por el acumulado de experiencias.

 

Tener en trámite 400 o 500 casos no significa mayor cosa, porque eso no representa ni siquiera el 0.1 por ciento de la criminalidad atribuible a agentes estatales. En Colombia hay diez millones de víctimas en acción social. Creo que el Cajar, como muchas otras organizaciones que favorecen a los sectores populares, debería existir en todos los departamentos. Pero eso es un ideal.

Publicado enEdición Nº251
Desde las comunidades se defiende el territorio y la vida digna

Durante tres días, entre el pasado 30 de septiembre y el 2 de octubre, más de 100 procesos sociales, ecologistas, ambientalistas, comunitarios y en defensa del territorio se dieron cita en la ciudad de Bogotá alrededor de la palabra, la praxis y la unidad como Movimiento Nacional Ambiental, para tejer perspectivas colectivas de acción contra la locomotora extractivista que arrasa ríos, montañas y otros entornos comunitarios por todo el país, y que aunque su génesis se encuentra años atrás, su estado contemporáneo es de agudización dentro de lo que, en analogía y con gran parte de razón, han dado por señalar como la “dictadura minero-energética”.

 

Colectivos y voceros sociales procedentes de doce departamentos del país estuvieron presentes en las discusiones del Movimiento Nacional Ambiental (MNA), espacio que celebra su cuarto encuentro y que avanza en su articulación de propuestas de acciones conjuntas y colectivas desde las comunidades campesinas, indígenas, afros, desde los colectivos juveniles, de mujeres, productores, docentes y pobladores de distintos territorios de Colombia.

 

Aunque de dicho escenario salió una declaración que puede consultarse en la página de Facebook del Movimiento*, es procedente ahondar en algunos elementos importantes de tener en cuenta, sobre todo para hacer el balance y entender el escenario de luchas populares que realzan en la actualidad; elementos referenciales en perspectiva de plantarle cara a un nuevo gobierno que, desde diferentes frentes de batalla, alista filas y cargado sus armas, figurativas y no tanto, contra el equilibrio ecológico, baluarte para el equilibrio de nuestro territorio y del Planeta como casa común.

 

Encuentro desde la acción y la acción a partir del encuentro

 

Cabe señalar, en primer lugar, que para los partícipes a este IV encuentro, y en general, para los procesos que delegan, es importante esta cita desde la acción y la acción a partir del encuentro; en otras palabras quizás más conocidas: caminar la palabra. Salta a la luz que el encuentro haya finalizado con una acción simbólica en la Plaza de Bolívar, frente a la fachada del Palacio de Justicia, donde con cascos de ingenieros y una valla amarilla de ‘peligro’, las participantes provenientes de las diferentes regiones del país pretendían mostrar como las multinacionales mantienen secuestrada la justicia en Colombia, presionando a varios magistrados de la Corte Suprema de Justicia, estableciendo lazos burocráticos y económicos que blinden sus intereses, en consonancia con lo que es común a nivel mundial donde cada vez más la economía trasnacional impone su agenda sobre la legislación ya existente, encontrándonos cada vez más con Estados corporativistas donde la ley se impone desde las carteras y bolsillos, pero como siempre, en contra de las comunidades.

 

Señalando a tres magistrados que abiertamente han dado su apoyo a empresas minero-energéticas (Alejandro Linares, Diana Fajardo y Cristina Pardo), el plantón terminó como una profecía que, lastimosamente, no guardaba respeto por el factor sorpresa: la Corte terminó quitando la fuerza de las consultas populares y anteponiendo los grandes proyectos económicos sobre la autodeterminación de los municipios y las comunidades, guiño que a todas luces tiene que ver con la política minera del actual gobierno uribista de Iván Duque.

 

¿Por qué empezar esta breve crónica por el final del encuentro? Precisamente, esta anecdótica acción nos puede dar luces en torno a cómo entender las propuestas establecidas en esta nueva cita del MNA, para la cual proponer la defensa del medio ambiente desde la acción comunitaria es, de una u otra forma, la punta de lanza con la cual los bastones y maderos del pueblo quieren resistir contra la maquinaria ingenieril, técnica y militar con la que vienen acompañadas las explotaciones del territorio, además de las clásicas arremetidas para-estatales, extra-judiciales y montajes que le preceden, juntan y suceden.

 

Con esta acción, y con parte de lo discutido durante estos días de reflexión e intercambio de experiencias, sobresale, a primera vista, la preocupación de los reunidos, de realizar permanentemente talleres de defensa jurídica, sobre herramientas legales para blindar propuestas de consulta, de entender bien los proyectos de ordenamiento territorial y de cualificar cada vez más su discurso y argumentos contra las elites politiqueras municipales, aliadas sin escrúpulo alguno de ingenieros y gerentes extranjeros que, tal cual gamonal clásico, mueven los hilos locales que entretejen las alianzas económicas, policiales, militares y de prensa locales, para simular que de hecho el extractivismo es la única oportunidad laboral y comercial de un país que desde los grandes transformadores de materias primas, nos ven de manera colonialista como “subdesarrollados”.

 

Ante esta realidad, frente a la arremetida neoliberal contra el territorio, es la acción comunitaria, pacífica y sin descanso, la única capaz de sostener una férrea defensa de sus territorios; y esta convicción no es una arenga cliché, sino la conclusión práctica, viva, que dejan decenas de movimientos comunitarios a lo largo y ancho del país, como Cajamarca (Tolima) o diversas comunidades con asiento en el Cauca, pero también la resistencia ambiental en el sureste antioqueño, el Meta, Cesar, entre otras.

 

Además de lo anterior, para el MNA es de vital importancia la construcción colectiva de la defensa territorial, enfatizando en un elemento trascendental: la participación real y efectiva del territorio. Realce de una práctica e invitación a proseguir por tal sendero pues la misma ha demostrado sus beneficiosos frutos en diversas experiencias, en las que, a través de un apoteósico esfuerzo comunicativo, pedagógica y político para involucrar a cada vez más comunidades, veredas y procesos en la puja por darle un respiro a la Madre Tierra (cómo lo demuestran los resultados aplastantes contra las multinacionales minero-energéticas en las consultas populares en Cumarál, Piedras o Cajamarca) se han logrado los propósitos trazados, sino también porque la pelea acá es también en vías de cuestionar la limitación cada vez mayor que tienen las comunidades dentro de los espacios decisorios de los gobiernos locales y el nacional.

 

Por supuesto, esto tiene una relación directa con la actual coyuntura de desmonte de las consultas populares, que dejan al desnudo la hipocresía de un Estado que, por un lado desde el cuarto poder, no público sino privado –los medios masivos de comunicación– rechaza las vías de hecho y la protesta social diciendo que las comunidades pueden acudir al diálogo, pero de otro lado, limita las vías legales que de por sí son ya cerradas y establece la bota militar como forma de solucionar problemáticas ambientales (nada más basta escuchar la posición del actual ministro de Defensa Guillermo Botero).

 

Pero las apuestas del MNA pretenden ir más allá, de ahí que ante el cierre institucional ante sus demandas, las comunidades optan por organizarse y pensarse alternativas de ordenamiento territorial propias, planes de vida y la guarnición de su territorio a través de guardias populares, herramientas, todas ellas que demuestran que las prácticas de autonomía y empoderamiento colectivo de las riendas de lo que acontece en las tierras que pisan son cada vez más fuertes, posicionándose la gente organizada como agente político, tal como lo demuestran las exposiciones planteadas por procesos como el de la vereda la Quisquina en Palmira (Valle) o de Mercaderes (Cauca), donde han tomado forma interesantes ejercicios de democracia participativa y gobierno propio comunal.

 

Sin lugar a duda, el Estado tiene al frente suyo al movimiento ambiental, un rival poderoso y que además, como lo ilustran los escenarios de movilización desplegados durante el pasado gobierno –como el paro Agrario o las mingas nacionales–, cuenta con un amplio apoyo social no solo en sus regiones, sino también en las ciudades, un movimiento con capacidad de poner en boca de todo un país el debate sobre la importancia de defender nuestro entorno natural, de hablar sobre la tierra y las semillas, y de preocuparse por el espacio que le dejaremos a las siguientes generaciones.

 

Y a pesar de que el Estado todavía domina ese escenario, por supuesto, que es el agua donde sabe moverse, no está de más recordar y resaltar que las comunidades han desplegado orden de batalla por la defensa de su entorno con triunfos no despleciables, batiendo a la dictadura minero-energética, como aconteció en una docena de consultas populares, pero también batiéndolo en regiones donde la organización comunitaria no ha permitido el ingreso o la consolidación del paramiitarismo, o donde esa misma organización comunitaria está logrando recuperar tierras para el bien común. Por eso precisamente es que el gobierno tiene como prioridad cambiar el escenario de lucha, pretendiendo llevar a las comunidades y movimientos sociales a escenarios que impidan desplegar la fuerza comunitaria; esta es la razón por la cual buscan eliminar la efectividad de las consultas populares, uno de los primeros pasos tras la senda indicada.

 

A partir de estas reflexiones, cabe preguntar y preguntarnos, ¿cuál será nuestra estrategia ahora para seguir resistiendo frente a estos nuevos embates? El MNA viene organizándose para eso y le habla directamente a la tormenta que se avecina, quizás sea esta iniciativa un referente para tener en cuenta por parte de quienes, con cariño hacia el agua, los cielos, las montañas y el aire, queremos resistir a la guerra que se cierne sobre nosotras y nuestra madre tierra.

 

* Se puede buscar la página en la red social directamente como “Movimiento Nacional Ambiental”, cuyo link es https://es-la.facebook.com/MovimientoAmbientalCol/.

 

Publicado enEdición Nº251

Lectura, enseñanzas y retos desprendidos de una cita deliberativa en procura de autonomía para los movimientos sociales. ¿Es posible hacer parte de los estadios oficiales a la par que impulsar una institucionalidad extra-estatal?

 

Circundada por la fuerte revitalización del movimiento estudiantil, sesionó en Bogotá los pasados 9, 10 y 11 de octubre, la Asamblea Legislativa Popular y de los Pueblos por la unidad, la vida, el territorio y la paz (ALP). Al llamado respondieron 1.300 delegados y delegadas de diferentes movimientos y regiones del país, en hermanamiento con delegaciones de organizaciones populares de Nuestra América y Europa, con el fin de adelantar un ejercicio legislativo autónomo que contribuya a la unidad estratégica del campo popular, y concertar una agenda de movilización y acción política para el 2019.

 

En la Asamblea, pese a sus pretensiones de unidad, fue notoria la ausencia de un amplio margen de organizaciones del campo popular, lo que la redujo a un evento de ciertas corrientes políticas y matrices ideológicas en proceso de reagrupamiento. No obstante la ALP marca una nueva etapa de construcción colectiva que podría ser potente si asumiera los retos de lo que implica una autocrítica sincera de su accionar histórico, una discusión sobre lo que implica el horizonte de construcción de poder popular y un llamamiento de país.

 

El largo camino del poder popular

 

En los antecedentes de esta Asamblea se encuentra como primer referente el Congreso de los Pueblos (CP), plataforma constituida en 2010 como una transición que anteponía la construcción de poder popular a la ilusoria toma del poder que había marcado por décadas los objetivos estratégicos de la vieja izquierda partidista. Tiene como antecedente, de igual manera, la irrupción del indigenismo en todo el continente, propulsor de convergencias sociales, a través de la disputa por sus derechos históricos, elevando a primera plana la construcción de autonomía en las agendas del movimiento social.

 

Es producto de ello que toman forma: la “Minga por la vida, la justicia, la alegría, la autonomía y la libertad de los pueblos”, con la participación de comunidades indígenas y campesinas, promulgando en Cali el mandato indígena y popular en 2004. La cumbre de organizaciones sociales en 2006, en contra de la arremetida de la Fuerza Pública en los territorios. La minga de resistencia social y comunitaria de 2008, formulada como una propuesta del norte del Cauca con el objetivo de ganar aliados y fuerza con la gente “caminando la palabra por el territorio nacional”. La mencionada constitución del CP en 2010, así como el Congreso de tierras territorio y soberanía en 2011, y el Congreso para la paz en 2013.

 

Desde allí y hasta hoy, en medio de estos procesos de encuentro social y popular, el CP fue perdiendo importantes integrantes, mermando así su impulso inicial, al imponerse en su accionar cotidiano viejas prácticas autoritarias, vanguardistas y sectarias que lo desgastan: el peso preponderante de las estructuras organizativas más fuertes; la exclusión de las organizaciones no afines al “camilismo”; la imposición de una lectura sobre la negociación política del conflicto armado y su adopción como núcleo de la acción principal del CP, todo ello, también, como conformación de un polo diferenciado a la matriz ideológica del “bolivarianismo” afincada en la Marcha Patriótica (MP). Así mismo, la constante subsunción a la agenda institucional sin una discusión sesuda desde la base llevaron a que se profundizaran sus contradicciones internas.


No obstante, ambas plataformas (MP y CP) tuvieron el oxígeno inyectado por la supuesta apertura del proceso de paz con las Farc, generando numerosas movilizaciones, lo que dio nacimiento en 2014 a la Cumbre agraria campesina, étnica y popular. proceso convertido en el nuevo escenario de articulación popular, logrando conquistas parciales que hoy llegan nuevamente a un momento de desgaste, en tanto su acción quedó limitada a la interlocución con el gobierno, arrancando promesas parciales que en su mayoría no han sido cumplidas.

 

En esta misma senda, después de la última gran minga nacional de finales de octubre y principios de noviembre de 2017, tomó forma la contienda electoral cuyos resultados, y reunión de fuerzas en torno a la Colombia Humana, sitúa al movimiento popular en una situación de marcado antagonismo con las tendencias más retardatarias de la élite política y económica. Es en este contexto que surge la iniciativa de la ALP, con el reto de articular el accionar alternativo, a la par que modificar el balance desfavorable que mantiene la correlación de fuerzas para el campo popular y democrático.

 

La Asamblea

 

La Asamblea Legislativa, con la intención de legislar desde la base construyendo organismos de poder popular, en la perspectiva de romper esa costumbre de alzar siempre la mirada hacia el Estado para ver cómo respondemos a sus iniciativas, potencia el acumulado de protesta, movilización y articulación mediante la síntesis de mandatos populares para el corto, mediano y largo plazo.

 

En la convocatoria, en la que participaron 47 organizaciones, se enfatizaba en que para variar la correlación de fuerzas es necesario retomar los planes de vida, los pliegos sectoriales, las propuestas temáticas, las plataformas de lucha, las propuestas de paz y la agenda de la oposición parlamentaria construida en los últimos años, para unificar una base programática que derive en la constitución de un Bloque Popular y Democrático Alternativo. Alianza de organizaciones estimulada con una hoja de ruta para la movilización, la disputa de una agenda social y el mismo estímulo a la agenda de paz –ahora congelada en La Habana–, al tiempo que la lucha institucional/parlamentaria y el desarrollo de los gobiernos propios, tanto en lo rural como en lo urbano.

 

El punto fuerte de la Asamblea fue el trabajo por comisiones, donde cada uno de los asistentes expresó su opinión, en un ejercicio de democracia participativa subyacente en la idea de los mandatos populares. Ahí los asistente deliberaron sobre temas como: Movilización, unidad y organización, comunicación, formación, educación, cultura, arte, otras relaciones de poder –anti patriarcales–, tierras y territorios, lo ambiental y minero-energético, la agenda urbana, paz y DH, guardias populares, campesinas, cimarronas e indígenas, y la cuestión internacional.

 

Cada uno de estos escenarios arrojó un conjunto de mandatos a ser socializados e implementados en los territorios; así como una agenda de confrontación al gobierno de Duque durante el 2019 que, entre otros, incluya dos ejes claves: 1. Movilización nacional durante el primer semestre, en defensa de los territorios, por la solución política al conflicto social y armado, el cese de asesinatos de líderes y defensores de DH, el desmonte el paquete normativo antipopular de reformas: pensional, laboral y tributaria, y en rechazo a la reglamentación de mecanismos de participación y el derecho a la consulta previa; 2. La articulación política y programática para la participación en las elecciones municipales y departamentales del próximo año, que permita concertar mecanismos democráticos para la definición de las candidaturas y acordar mandatos que interpreten fielmente los intereses del pueblo colombiano.

 

¿Mandatar para construir el poder popular y la unidad?

 

Como lo expresa su declaración final, la ALP, con su perspectiva de “constituirse como un órgano coordinador del poder popular con expresiones territoriales, sectoriales y temáticas, que fortalezca los gobiernos propios, los mecanismos de defensa y protección de la vida y los territorios”, podría convertirse no solo en una respuesta coyuntural a los problemas del gobierno actual, sino en un intento, que tiene que ver con dar respuesta a la pregunta histórica sobre el qué hacer metodológico en las diferentes faces de la transición hacia una sociedad más libre e igualitaria. En ese proceso ¿qué es y cómo construir poder popular?

 

Según diferentes tradiciones, se ha planteado toda una gama de exigencias durante el trayecto de cambio, lo que se conoce comúnmente como las 3 fases: 1. “fase de acumulación de fuerzas”; 2. período de enfrentamiento, contando ya con fuerza sociales en capacidad de iniciar un nuevo ordenamiento social; 3. Consolidación, sin las fuerzas enemigas a la vista, de la construcción de una nueva sociedad.

 

Fiel a este esquema, es claro que en la primera fase es necesario destacar algo que es fundamental, y es que hay un conjunto de actividades que pueden y deben ser realizadas en el seno de la actual sociedad, actividades sociales y políticas que permitan un ejercicio de participación y resolución de problemas de la población. Estas actividades deben generar, al mismo tiempo, nociones y experiencias que contribuyan con el crecimiento de la consciencia y la confianza en las propias fuerzas, proceso que devendrá en la potencia capaz de confrontar el sistema y generar las condiciones para su ruptura. Esta primera fase es la etapa de la construcción del poder popular, de un pueblo fuerte.

 

Si en palabras de la declaración política de la Asamblea lo que se pretende con los mandatos es: “construir instrumentos que permitan confrontar el sistema capitalista y el régimen de dominación, en una perspectiva de unidad estratégica, profundizando la movilización y la construcción de poder popular”, podríamos decir que la propuesta de la Asamblea es interesante si plantea una solución al empantanamiento en el que se encuentra lo popular debido al desgaste táctico de movilizaciones, acuerdos con el gobierno e incumplimiento de los mismos.

 

Pero, para que no se repita lo sucedido con el Congreso de los Pueblos, esta nueva iniciativa debe también y sobre todo, superar el obstáculo que traen consigo los diversos modelos leninistas, persistentes en la inercia histórica de la izquierda colombiana, condicionada por circunstancias de sobrevivencia de su funesta experiencia, modelos que han impedido su real reconfiguración, ajustada a los cambios del mundo contemporáneo, con autocrítica sin tapujos, dejando a un lado su discurso panfletario, dogmático, sumamente simplista y distorsionante, que no se percata de la desconexión que tiene con las amplias mayorías del país.

 

La constitución de una Comisión de Seguimiento de la Asamblea, como mecanismo organizativo en el que tengan representación los procesos y organizaciones que se articulan, debería ser un espacio de dinamización de los mandatos a nivel regional y local, que fortalezcan el gobierno propio a través de alternativas, gestionadas por y desde las mismas comunidades, con base en el fortalecimiento de las guardias de distinta índole, como brazo ejecutivo y presencia real, visible, de las capacidades organizativas de los procesos, pues es así como se expresa el poder popular, que es poder político desde una visión libertaria e igualitaria.

 

Si los mandatos y la hoja de ruta, se territorializan, y se mejoran con la participación comunitaria local, este evento podría constituir un salto cualitativo hacia la unidad estratégica de los sectores alternativos, a partir del reconocimiento de las experiencias e iniciativas de coordinación y articulación sectorial, temática, territorial y nacional ya existentes. Solamente tejiendo desde abajo, como un experimento profundo de democracia participativa y comunitaria, es que tiene sentido una articulación desde arriba, como la planteada en la materialización de un Bloque Popular y Democrático, que es lo inmediatamente propuesta por esta ALP.

Publicado enEdición Nº251
Viernes, 12 Octubre 2018 06:11

La urgencia de buscar nuevos caminos

La urgencia de buscar nuevos caminos

La abrumadora votación que recibió Jair Bolsonaro en la primera vuelta de las elecciones brasileñas, que lo colocan en las puertas de la presidencia, son una buena oportunidad para que las personas de izquierda reflexionemos sobre la necesidad de transitar nuevos caminos. No alcanza, por tanto, limitarse a denunciar lo que ya sabemos: el carácter militarista, autoritario y ultraderechista del candidato. Hay que explicar porqué medio país lo vota y qué implicaciones tiene para el proyecto emancipatorio.

Brasil vive una profunda fractura de clase, de género y de color de piel que se expresa de forma nítida en los partidos de la derecha, que han delineado sus objetivos de forma clara y transparente: quieren instalar una dictadura pero manteniendo el sistema electoral. La izquierda cree en una democracia inexistente, asentada en una imposible conciliación de clases. Si Bolsonaro es fascista, como dicen el PT y sus intelectuales, debemos recordar que nunca fue posible derrotar al fascismo votando. Hace falta otra estrategia.

La otra es la fractura geográfica: un país dividido entre un sur rico y blanco y un norte pobre y negro/mestizo. Lo curioso es que tanto el PT como los principales movimientos sociales nacieron en el sur, donde tuvieron algunos gobiernos estatales y municipales. Esa región es ahora el epicentro del hondo viraje hacia la derecha, con claro contenido racista y machista.

Debemos explicarnos las razones por las cuales las élites y las clases medias acomodadas han producido este fenomenal viraje, desertando de su partido preferido, la socialdemocracia de Fernando Henrique Cardoso, hacia Bolsonaro. Han abandonado la democracia y apenas conservan las elecciones como máscara de la dominación.

La razón principal la explica el filósofo Vladimir Safatle. "Brasil llega a 2018 con dos de sus mayores empresas siendo públicas, así como dos de sus mayores bancos. Además, con un sistema de salud que cubre a 207 millones de personas, gratuito y universal, algo que no tiene ningún país con más de 100 millones de habitantes" (goo.gl/KRX6EE). Agrega que las universidades no son sólo para las minorías ricas y concluye que "Brasil llega a los días actuales en una situación muy atípica desde el punto de vista del neoliberalismo".

El autoritarismo es el modo de imponer la agenda que necesitan el sistema financiero, el agronegocio y las mineras para seguir acumulando riqueza en un periodo de crisis sistémica. No lo pueden hacer sin reprimir a los sectores populares y criminalizar sus movimientos. Por eso Bolsonaro convoca a militares y policías y se permite amenazar al activismo social, con modos muy similares a los de la ministra de Seguridad argentina Patricia Bullrich, quien acusa a los movimientos sociales de mantener relaciones "muy estrechas" con el narcotráfico, cuando todos sabemos que es la policía la que los ampara (goo.gl/eLWyNZ).

El racismo, las violencia anti-LGBT y el odio a la izquierda de las clases medias brasileñas, muestran la cara oculta del país con mayor desigualdad del mundo. No quieren perder sus privilegios de color, de género, de posición geográfica y de clase. Poco les importa que sean asesinadas más de 60 mil personas cada año, en su inmensa mayoría jóvenes, negros, pobres, porque saben que es el precio para mantener sus privilegios.

Ante este panorama las izquierdas no deben seguir aferradas a una estrategia que fue esbozada para otros tiempos, cuando el diálogo de clases era aún posible. En el anterior medio siglo hemos pasado de la estrategia de la lucha armada a la estrategia puramente electoral. Ambas tienen en común el objetivo de la tomar del poder y enfocan todas sus baterías en esa dirección.

Este péndulo es nefasto porque coloca a los sectores populares sólo como apoyo logístico o como votantes, siempre al servicio de vanguardias o caudillos, pero nunca como protagonistas de sus vidas políticas. Ante nosotros algunos pueblos originarios, comunidades negras y un puñado de movimientos están transitando otros caminos, por fuera de las instituciones pero sin confrontarlas abiertamente.

Están abriendo espacios en los territorios de los pueblos que juegan un doble papel: resistir creando vida. En los recientes años hemos reporteado, como otros compas, quizá miles de resistencias creativas en todos los países de la región. Son caminos que lo recorren por sí mismas, sin que ninguna vanguardia o partido les indique los pasos a seguir.

Si en algún momento decidieran tener presencia electoral, lo harán desde esos "poderes en movimiento" pero sin desarmarlos. Lo que no tiene el menor sentido, es que mientras la burguesía está desmontando una democracia que le sirvió durante el periodo de los estados del bienestar, nos limitemos a actuar sólo en ese terreno, colocando todas las construcciones previas en peligro.

La estrategia puramente electoral nos deja a merced de los de arriba, menos al puñado de cargos que saltan del partido al Estado, en un viaje sin retorno.

Publicado enPolítica
Miércoles, 26 Septiembre 2018 18:28

Los retos de los nuevos movimientos sociales

El arte de Tigua surge en la década de 1970, es un arte de una especial fuerza expresiva y de gran riqueza cromática que se plasma, además de los cuadros, en la pintura de las máscaras y de los tambores. Los temas principales son las actividades cotidianas tradicionales; escenas agrícolas, ganaderas, artesanales y comerciales; el ciclo vital, las cosechas, las fiestas donde se activan los lazos de amistad o solidaridad, pero es un arte que también habla de los levantamientos indígenas, y de las fiestas religiosas. El presente suplemento está ilustrado con la exposición “Tigua: Arte desde el centro del mundo”, Madrid, 30/09/2015.

1. Estamos instalados en plena sociedad del riesgo, en un discurrir cuya característica más evidente es precisamente la indefinición, la incertidumbre, el no saber hacía donde vamos. La sensación de estar cabalgando en una transición permanente en donde cohabitan viejas normas y nuevos valores, viejas y nuevas estructuras, precisa superar el solipsismo de la mirada de corto plazo, del vivir el presente sin imaginar y sin ir construyendo el futuro. Los nuevos movimientos sociales aportan esa mirada hacia el futuro generando innovaciones en el presente, de reflexión y de práctica que debe permitir la autodeterminación del sujeto, el control sobre los procesos sociales, el dirigir y controlar nuestras propias vidas. La mirada hacía el futuro nos permite reflexionar sobre los desafíos y los obstáculos que tenemos por delante.
2. Desde luego son muchos y muy complejos los retos que los movimientos sociales tienen por delante, si bien optamos por agruparlos en cuatro ideas, en cuatro erres: Repartir el poder (la democracia participativa); Redistribuir la economía y el trabajo; Respetar la naturaleza (las sostenibilidad ambiental) y Reconocer la interculturalidad.

a) El reto de la democracia de repartir el poder: Relacionarse con las instituciones esquivando la institucionalización

3. En las primeras etapas de la sociedad industrial se consolida una estructura social de nítidas diferencias entre clases sociales muy homogéneas y enfrentadas. La desigualdad en el acceso a los recursos y la explotación económica permite con relativa facilidad establecer repertorios de confrontación que se proyectan en marcos de acción colectiva. Las clases subalternas, especialmente la clase obrera, generan movimientos sociales (la clase para sí) y organizaciones de vanguardia con vocación de dirigir el movimiento a la toma del poder político. El tándem: clase-movimiento social-partido político de vanguardia, representa a groso modo el itinerario de la institucionalización de los movimientos en la etapa de modernización. En la medida que los cuadros dirigentes del movimiento se transformaban en cuadros dirigentes del poder, sus posiciones sociales eran transformadas, ocurriendo lo mismo, inevitablemente con sus psicologías individuales1. Así la orientación hacía el poder hace de los dirigentes, profesionales especializados que inhabilitan a los demás en la toma de decisiones.

4. Los partidos, ya en el marco del Estado de derecho, se orientan hacía el sufragio electoral en un sistema donde la política y la competencia entre partidos tienden a medirse en parámetros cuasi mercantiles en una lucha por la obtención de réditos electorales; mientras, que los nuevos movimientos sociales se orientan hacia la democracia directa y participativa en la búsqueda de un nuevo paradigma2. Si bien la estructura social, debido al fuerte impacto del neoliberalismo, se encuentra enormemente fragmentada en casi infinitas fracciones de clase, algunas de las cuales (las infraclases) quedan fuera del sistema en varias de sus dimensiones (sistema político, mercado de trabajo, segregación social y espacial) abriendo nuevas dimensiones del conflicto social en la medida que aparecen nuevas contradicciones solapadas que cuestionan la baja calidad democrática de un modelo representativo que presenta síntomas graves de desafección por parte de los ciudadanos. Se pone en evidencia, así, el desacoplamiento entre las viejas estructuras propias de la modernidad y una sociedad civil crecientemente compleja, lo que motiva, por otro lado, el surgimiento de nuevos actores políticos y nuevos protagonismos sociales.

5. Ya no podemos pensar en un sujeto histórico nítido y único, ni en clases sociales puramente homogéneas, ni, en consecuencia, en organizaciones políticas que representan los intereses de grandes clases exclusivas. De hecho se puede argumentar con toda propiedad que las nuevas demandas sociales han dado vigor a los nuevos movimientos sociales en la medida que los partidos políticos tradicionales son incapaces de encauzar, generar o atender las nuevas solidaridades3. Surgen algunos interrogantes: ¿Para qué y para quién una organización partidista? ¿Qué modelo organizativo se corresponde con los nuevos fenómenos y nuevas condiciones? ¿Qué política de alianzas? Los nuevos movimientos sociales tienen ante sí el reto de articular intereses y repertorios diferenciados pero no excluyentes, sino más bien complementarios e imbricados entre sí, es decir, tienen que jugar con una pluralidad que es en sí misma un valor ético y práctico. La mejora de la calidad de la democracia es un camino para ello y es consecuencia un desafío primordial para los nuevos movimientos. Tal y como expresa Enrique Venegas: “En correspondencia con la voluntad de conciliar teoría y práctica, se busca un modelo organizativo lo más parecido posible a la sociedad a que se aspira: democrático, pluralista, respetuoso de la diversidad, contrario a cualquier forma de elitismo, orientado a socializar los conocimientos y el poder, organizado de abajo a arriba”4. Esquivar la institucionalización es posible en unos movimientos que se encuentran crecientemente liberados de las estrategias nacionales de antaño y que acogen la democracia participativa como centralidad de acción promoviendo la incorporación de la política en el ámbito de lo cotidiano. Precisamente, en la ampliación de la democracia, en la socialización del poder, en la incorporación de los ciudadanos a la política, es como se puede generar “anti-cuerpos” contra el mal de la institucionalización.

6. Aún así, no podemos obviar la democracia representativa, la existencia de instituciones democráticas, etc. que son irremediablemente parte de la pluralidad con la que hay que jugar, a la que hay que transformar en una perspectiva democratizadora y de proximidad a la ciudadanía, de tal modo que permita el acceso a la política por parte de unos ciudadanos que son cada vez más pro-activos. Las relaciones de poder inhabilitantes no pueden cambiarse en los procesos electorales, aunque éstos sí pueden ser un instrumento, entre otros, para crear condiciones más favorables a la transformación social. La mediación entre los movimientos y las instituciones precisa de estructuras intermedias que sean en realidad una prolongación de los movimientos sociales. El modelo organizativo que haga de puente entre movimientos e instituciones debe poseer atributos más propios de los movimientos sociales que de las estructuras crecientemente obsoletas. Es decir, de un nuevo tipo de organización capaz de motivar y enriquecerse con una pluralidad interna, que precisa del pleno uso de la democracia participativa, es decir, flexible, transparente, basada en la confianza y fundamentalmente orientada, no a la toma del poder que asienta estilos de vida excluyentes e inhabilitantes, sino a la socialización y difusión del mismo. Se trata de una nueva organización política exploradora de nuevos procedimientos para articular y democratizar las distintas esferas de poder, teniendo presente un contexto donde la descentralización del Estado y la construcción de un Estado relacional5 es simultáneamente un objetivo y una oportunidad. Se trata, en definitiva, de explorar nuevas fórmulas para articular y democratizar las distintas esferas de poder, para una repolitización de la sociedad que a través de la democracia participativa y de la descentralización del Estado permita una redistribución del poder real y efectiva.

7 El reto de articular, lleva a pensar en las estrategias de alianzas, pero estas son complejas e intervienen múltiples dimensiones, políticas, culturales, socioeconómicas, todas ellas necesarias para vertebrar nuevos bloques sociales. Apuntamos las más relevantes. En primer lugar, desde las relaciones que se pueden establecer entre la gobernación local y los movimientos y entidades sociales, es necesario un reconocimiento de la existencia de un sector público estatal (estructura pura y dura administrativa) y de un sector público no-estatal (organizaciones y movimientos sociales con vocación pública). La complementariedad y acoplamiento entre ambos es primordial para el desarrollo de la democracia participativa. La construcción de una nueva hegemonía de la solidaridad pasa, en consecuencia, por la alianza entre los actores políticos emergentes: los gobiernos locales y los movimientos sociales, pero ya se ha dicho, el puente entre ambos precisa de un nuevo modelo organizativo permeable y fusionado con los propios movimientos sociales, que además tenga como objetivo asociar, en una estrategia de construcción política en común, a los propios movimientos parcializados promoviendo su autonomía y una integración en los procedimientos capaz de unir experiencias y de combinar la reivindicación y la movilización con la gestión directa de los recursos. En segundo lugar, es primordial una alianza entre fracciones de clase, particularmente, los excluidos (los que están fuera), los de abajo (los asalariados vulnerables), y los sectores ilustrados que se guían por valores posadquisitivos. Todos ellos son  subjetividades complejas que precisan o abogan por una reorientación del modelo social.

b) El reto de redistribuir la economía y el trabajo

8. La dimensión económica se sitúa en el desafío de la superación de la explotación económica (del hombre por el hombre). Los efectos deshumanizadores (la alienación) provocados por la división social del trabajo en un marco de desigualdad y el cuestionamiento sobre el procedimiento de la obtención y distribución de la plusvalía en el proceso de producción no dejan de obtener una significativa centralidad en la agenda de los movimientos sociales. Las contradicciones capital-trabajo, indudablemente sigue siendo, quizá, la más importante de las dimensiones en cuanto a los efectos que provoca el modelo neoliberal. Una expresión de la creciente contradicción, en palabras de José Luis Coraggio, «es la incapacidad del modelo económico imperante para asignar recursos de uso social en magnitudes suficientes y a la vez sostener el proceso de acumulación capitalista»6. Especialmente paradigmático representa la aplicación de la receta neoliberal en los países en vías de desarrollo, donde su despliegue ha mostrado su carácter marcadamente ideológico, basado en un individualismo antropológico carente de cualquier eficacia productiva. “El neoliberalismo no sólo es una ideología del egoísmo privado, es también una práctica arcaica de las relaciones de producción puesto que no ve (y no puede reconocer) que hoy el valor es sólo un producto de la sociedad entera puesta a trabajar”7.

9. Obviando determinismos economicistas, parece que la construcción de un nuevo paradigma, como el que se esfuerzan en construir esa conjunción de múltiples subjetividades representadas por los nuevos movimientos sociales, precisa de una paulatina ocupación del espacio de la esfera económica como para forzar unas nuevas relaciones económicas que sean capaces de cohabitar con el capital y sobre todo que sean capaces de ir sustituyéndole. La consecución de un nuevo paradigma, al igual que ocurrió con la construcción del paradigma del capital (el cual cohabitó con el feudalismo durante prácticamente todo el segundo milenio) implica, en primer lugar, que las transformaciones necesarias precisan de la construcción de una base productiva alternativa capaz de ir implantando otras relaciones económicas y laborales, que en el contexto de la globalización tendrían que orientarse a obtener una cierta autonomía económica de los ámbitos locales respecto de las dinámicas globales, y tendría que establecer nuevos equilibrios entre las diversas economías. En segundo lugar, se precisa de una desmercantilización del ámbito productivo, “solamente a través de la vinculación entre la gestión democrática de la apropiación social y el ‘adelgazamiento’ del mercado, la ley del valor y del asalariado es como será posible una verdadera transformación de la economía, y no apenas una nueva administración avanzada implementada por un capitalismo renovado”8.

10. En este sentido, considerando la existencia de una economía de la diversidad: Economía Pública, Economía de Mercado, Economía Popular y una Economía Social, el desequilibrio vendría establecido por la dominancia de la Economía de Mercado cada vez más frecuentemente promovida y apoyada desde la Economía Pública, por ejemplo, a través de las privatizaciones9. El reto de los movimientos sociales se encuentra precisamente en trabajar por el desarrollo de la Economía Popular y de la Economía Social, de tal modo que la estrategia debe encaminarse a que la Economía Pública se reoriente a promocionar e imbricarse con la Economía Popular, dignificándola; y a la Economía Social y Solidaria. En el caso de la Economía Popular10, gracias a la cual sobrevive la mayoría de la población en los países del Sur, el desafío se encuentra en articular y movilizar la producción, dicho de otro modo, organizar y repolitizar a la economía informal motivando una reapropiación del proceso productivo por parte de la propiedad social11 que permita un nuevo modelo de desarrollo que se fundamente en una producción socialmente útil y responsable ambientalmente.

11. Particularmente, nos interesa aquí la Economía Social, Alternativa, Solidaria (según diferentes acepciones y matizaciones). Una buena síntesis de las características de la economía solidaria la recogió la declaración final del encuentro de Lima por una “Globalización de la Solidaridad” (1997): “La economía solidaria incorpora la cooperación, el compartir y la acción colectiva, colocando al ser humano como centro del desarrollo económico y social. La solidaridad en la economía implica tanto un proyecto económico como político y social, que conlleva una nueva forma de hacer política y de construir las múltiples relaciones humanas sobre la base de los consensos y acciones ciudadanas”.
12. Se trata, en consecuencia, de desarrollar una democracia económica que viene definida por el control del proceso productivo por parte de los participantes que cooperan en el mismo, y por la apropiación de los medios de producción y lo producido por parte de los trabajadores. Este desafío presenta dimensiones interrelacionadas que confluyen en tres orientaciones:

13. La democratización del trabajo o liberación en el trabajo12. Se inscribe en una lógica de superación de la “experiencia social escindida”13 entre la vida cotidiana (donde ganan protagonismo los valores democráticos) y la vida laboral (donde persiste el predominio de valores autoritarios). Se trata pues de la integración del sujeto en los procesos productivos (calidad de vida, apropiación, cooperación, participación).

14. La liberación del trabajo14. Quizá el factor más claramente exógeno es la disponibilidad de tiempo para poder participar en la gestión de los recursos y en las decisiones públicas, lo que André Gorz denomina como tiempo liberado (1995) absolutamente necesario para que el sujeto recupere autonomía en la esfera de la vida cotidiana, ya que la enajenación de los sujetos en la esfera laboral es un enorme obstáculo para satisfacer las necesidades de creación y de participación. Se trata de una optimización de la autonomía a través de una liberación del tiempo de trabajo que puede inducir, por un lado un reparto del trabajo y, por otro, un mayor control del mismo lo que puede tener consecuencias orientadas al surgimiento de otras actividades voluntarias y autoorganizadas encaminadas a la optimización de la satisfacción de las necesidades. Ello permite una mayor integración del sujeto en los procesos sociales y en su entorno.

15. Una economía descentralizada y endógena. El protagonismo conferido al sujeto en los procesos de liberación en el trabajo y en la liberación del trabajo apunta un carácter descentralizado de la economía, a un protagonismo local, y también a una mayor proximidad entre el ámbito del trabajo/producción y el ámbito de la vida cotidiana/reproducción generando una economía social basada en una sustitución de capital mercantil por un capital social que, además, sea capaz de generar nuevos recursos satisfaciendo necesidades sociales y ambientales de carácter local.

16. En consecuencia, cabe apuntar un múltiple desafío que deben afrontar los movimientos sociales consistente en desarrollar las sinergias que se producen entre perspectivas como el desarrollo local, la economía solidaria, el tiempo liberado y la democracia económica que se superponen y se retroalimentan hasta el punto de que cada uno de ellos no puede optimizarse sin la presencia del otro.

c) El reto de hacer respetar la naturaleza

17. La dimensión ambiental se sitúa en el desequilibrio derivado de la distancia sujeto-objeto, de la contradicción hombre-naturaleza. Aparece la necesidad de resolver el desajuste producido sobre la gestión de los recursos renovables sobre la base de dos principios básicos del desarrollo sostenible: por una parte, que el nivel de explotación de los recursos no exceda la capacidad del nivel de regeneración natural de los ecosistemas (rendimiento sostenido). De otro lado, que los niveles de emisión de residuos no excedan o sean equivalentes a las capacidades de asimilación natural por parte de los ecosistemas receptores de dichos residuos. Las capacidades de regeneración o reposición, y de asimilación o absorción deben considerarse capital natural, y el fracaso en el mantenimiento de dichas capacidades debe considerarse consumo de capital natural y, por tanto, no sostenible15. Desde esta perspectiva se fija la vinculación de los sujetos y de las organizaciones sociales al territorio, a la vez que se desarrolla una conciencia sobre los efectos del modelo económico productivista.

18. Así la percepción y convicción frente a las situaciones que se viven y que se evidencian como insostenibles para intereses propios o ajenos, y que son provocadas por agentes externos poderosos (poderes, instituciones, elites políticas y económicas) es lo que esta motivando una acción colectiva que persigue objetivos de transformación de esas situaciones. Esta perspectiva se ve reforzada en un marco de “sociedad del riesgo” donde la inteligencia16 ha puesto de relieve la amenaza que el proyecto productivista y despilfarrador del neoliberalismo global supone para la humanidad (cambio climático, inseguridad alimentaria, pobreza, crisis energética, enfermedades globales, agujero de ozono, lluvias ácidas, inseguridad nuclear, etc.) haciendo de los diversos intereses particulares una comunidad de interés en la defensa de la propia humanidad y del planeta

19. Los nuevos movimientos sociales conectan directamente con la idea de “democracia ambiental”17 y su consecución en un desafío central la acción colectiva. La implicación de los ciudadanos en la resolución de la crisis ambiental es crucial en la medida que la descentralización de los procesos, la comunicación entre los agentes sociales y la participación de los ciudadanos llevan a un devenir consciente sobre las responsabilidades de cada cual. El comercio justo y el consumo responsable, por ejemplo, no son posibles sin ese devenir consciente. La democracia ambiental se fundamenta, por tanto, en la participación directa de los productores y de la ciudadanía en la gestión de sus recursos ambientales (el patrimonio común es mundial) y su construcción es ecosistémica, es decir, es por definición reticular. Estas iniciativas, en suma, al reconocerse en el medio social y el entorno físico, se colocan en una posición preferencial para afrontar actividades sociales y ambientales de “responsabilidad pública” y de defensa de los intereses generales de las comunidades locales. La aproximación entre la producción y el consumo ayudan a desarrollar dinámicas de eficiencia energética y de calidad de vida, sin comprometer la eficacia productiva.

d) El reto de reconocer las otras culturas: generar reciprocidad y confianza intercultural

20. Hay quienes consideran que el hito fundacional de los movimientos de resistencia global se produce en el Primer Encuentro Intercontinental por la Humanidad y contra el Neoliberalismo convocado en el verano de 1996 por el Ejército Zapatista de Liberación Nacional18. Entra en escena la perspectiva indigenista promocionando la convergencia de movimientos. Es quizás el indigenismo el más fiel exponente del regreso del sujeto19, del sujeto que se basa más en los valores éticos que en los técnicos. En palabras de Touraine “no busca ni el beneficio, ni el poder, ni la gloria, sino que afirma la dignidad y el respeto que cada ser humano merece”20. Desde la demanda de los derechos culturales se recrea la conciencia de la complementación de las culturas y se alerta de los exclusivismos endogámicos. La perspectiva indigenista (de los derechos culturales), permite, así construir la articulación desde la satisfacción de las necesidades territoriales y culturales, es decir de abajo a arriba, de la periferia al centro y del Sur al Norte, rompiendo los vicios etnocéntricos e incorporando una transversalidad que evite el peligro expresado por Albert Recio: “el peligro estriba en que el movimiento cristalice en una acción volcada hacia el entorno exterior, estructurada a partir de acciones globales que resultan epidérmicas para los que no participan en ellas y alejada de las cuestiones de la vida local”21.

21. En otro sentido, aparece otro peligro. La existencia de múltiples identidades que deben ponerse en común, trasladado a la acción colectiva significa la existencia de muchos focos de atención que dispersan el activismo convirtiéndolo en un hiperactivismo que pierde eficacia. La versatilidad de los activistas que participan simultáneamente de varios focos movimentistas disipa la energía social. Nuevamente, la respuesta se encuentra en la distribución del poder, con metodologías participativas adecuadas, ya que es la que posibilita establecer puentes con las bases sociales y conlleva la incorporación de los sujetos a las habilidades y las destrezas de la gestión política.

22. Ahora bien, los impactos del proceso globalizador han generado enfrentamientos entre culturas y repliegue y auto-cierre defensivo de las culturas más periféricas sobre las que se han despertado sentimientos de amenaza y actitudes endogámicas. El intercambio desigual, el fenómeno migratorio, el etnocentrismo occidental que provoca el refuerzo del etnocentrismo en las culturas agraviadas y la consolidación de los procesos de exclusión social representan graves problemas para el desarrollo del sujeto ético y supone la puesta en escena del anti-sujeto que utiliza la violencia y la crueldad22 como respuesta identitaria particularista.

23. La combinación de las contradicciones propias de la desigualdad con la de los conflictos asociados a los atributos diferenciales nos lleva a una nueva mirada sobre los tipos de movimientos sociales. Hasta ahora nos estamos refiriendo a los movimientos que podríamos identificar como movimientos antisistémicos23, pero la tensión que se produce entre la fuerza de la violencia y los valores solidarios hace emerger tanto al sujeto ético como al anti-sujeto.

24. Algunos han venido a identificar como “antimovimientos sociales” o “contramovimientos sociales” a aquellos movimientos que inscribiéndose en la defensa de supuestos derechos culturales, o sociales, y obviando la integralidad de los derechos humanos y particularmente los derechos políticos24 su acción colectiva se dirige no contra un sistema, o contra un gobierno, sino que se dirigen fundamentalmente contra un grupo social con atributos diferenciados reforzando así los procesos de exclusión de éste. Más acertadamente habría que denotarlos como movimientos antisocietarios ya que sin dejar de ser movimientos derivan de los conflictos subjetivos entre sectores y fracciones de clase, y no de la confrontación entre proyectos sistémicos alternativos. Tales serían los movimientos racistas, xenófobos, fundamentalistas y ultranacionalistas. Ambos tipos de movimientos, antisocietarios y antisistémicos, son sistemas de comunicación que vinculan sujetos y nudos de sujetos, por tanto, esto no diferencia totalmente un tipo de movimiento de otro. El primero se desarrolla en redes endogámicas cerradas al exterior, ancladas en el pasado y por donde fluyen estereotipos culturales exclusivistas, mientras que los segundos se desarrollan en constelaciones de redes abiertas a la transpenetración y, por tanto, a la información, por donde fluyen y se intercambian conocimientos que generan conciencia subjetiva y que frecuentemente se vinculan a redes emisoras de conocimiento científico. La mirada al futuro, de estos últimos, y las oportunidades que instituyen para la innovación facilita el acceso a los análisis de la realidad que a su vez proporcionan la construcción de proyectos de futuro, de orientaciones utópicas que permiten con mayor o menor éxito la acción colectiva en pro de la transformación de la realidad.

25. Un tercer tipo de movimiento que obligadamente hay que reseñar son los movimientos de los desesperados, de las infraclases, de los que se encuentran fuera del sistema, particularmente del político, y que en los últimos años se han puesto de relieve en movilizaciones en barrios desfavorecidos y protagonizados por minorías étnicas o religiosas. El caso francés y estadounidense25 son los más paradigmáticos y nos muestra la movilización durante meses de colectivos excluidos que mantienen en jaque al sistema sin tener unos objetivos claros, una estrategia política y organizaciones que les incluyan, representen y canalicen su desesperación.

26. La presencia creciente de estos tipos de movimientos, tanto los movimientos antisocietarios como los movimientos de los desesperados son un desafío para los movimientos antisistémicos, igualmente son un reto el incidir en las causas que les hacen emerger: la desigualdad y la exclusión social. En el primer caso, la extensión y el éxito de los movimientos antisistémicos sería un antídoto para evitar  la emergencia del anti-sujeto, en el segundo caso, el desafío esta en reorientar la energía social que se libera en las fricciones del sistema para construir el sujeto en proceso, el sujeto de derechos.

 

 

1Wallerstein, I. (2005), “O que significa hoje ser um movimento anti-sistêmico?” en: Leher, R.; Setúbal, M. (organizadores), Pensamento crítico e movimientos sociais, Cortez editora, São Paulo, p. 277.

2Offe, C (1988), Partidos políticos y nuevos movimientos sociales, Sistema, Madrid.

3Funes, M. J. y Monferrer, J. (2003), “Perspectivas teóricas y aproximaciones metodológicas al estudio de la participación” en: Funes, M. J.; Adell, R., Movimientos sociales: Cambio social y participación, UNED, Madrid, p. 43.

4Venegas,  E.  (2003), “Movimientos  sociales y nuevas estrategias de poder civil en la Era de la globalización” en: Alguacil, J., Ciudadanía, ciudadanos y democracia participativa, Fundación César Manrique, Lanzarote, p.125.

5Mendoza, X. (1996), “Las transformaciones del sector público en las sociedades avanzadas. Del estado del bienestar al estado relacional”, en: Papers de Formació, 23, Diputació de Barcelona.

 

6Coraggio, J. L. (1999): “La economía popular es más que la suma de microproyectos (alternativas para el desarrollo humano globalizado)”. En Política y Sociedad nº 31, Madrid.

7Negri, A.; Cocco, G. (2006), Global. Biopoder y luchas en una América Latina globalizada, Paidós, Buenos Aires, p. 69.

8Chesnais, F., Serfati, C.; Udry; C-A. (2005), “O futuro do movimento ‘antimundializaçao’. Primeiras reflexôes para uma consolidaçâo de seus fundamentos teoricos” en Leher, R.; Setúbal, M. (organizadores), Pensamento crítico e movimientos sociais, Cortez editora, São Paulo, p. 286.

9Cabe afirmar que no es nada ético que desde la Economía Pública sustentada por el conjunto de la sociedad, si hablamos de una sociedad democrática, se promocione el lucro representado por el beneficio privado y estructuras no democráticas como son las empresas tradicionales.

 

10La Economía Popular estaría conformada por la economía del ámbito de lo doméstico e incluiría el trabajo doméstico, el trabajo no asalariado (autónomos, ayuda familiar) y las micro Pymes.

11Chesnais, F., Serfati, C.; Udry; C-A. (2005), op. cit.

12Gorz, A. (1995), Metamorfosis del trabajo, Sistema, Madrid.

13Tezanos, J. F. (1987), “La democratización del trabajo en los umbrales de la sociedad post-industrial” en Tezanos, J. F., La democratización del trabajo, Sistema, Madrid, p. 21.

14Gorz, A. (1995), Metamorfosis..., op. cit.

 

15Daly, H. E. (1989), Economía, ecología y ética. Ensayos hacia una economía en estado estacionario, FCE, México.

16En el sentido que Jesús Vicens (1995) entiende lainteligencia (en El valor de la salud. Una reflexión sociológica sobre la calidad de vida, Siglo XXI, Madrid) como una acción consciente inversa a la entropía, es decir como la capacidad humana para aminorar y cambiar los procesos de degradación estableciendo estrategias de calidad de vida basadas en las necesidades humanas.

17Leff, E. (1994), Ecología y capital: racionalidad ambiental, democracia participativa y desarrollo sustentable, Siglo XXI, México.

18Taibo, C. (2002), “Los movimientos de resistencia frente a la globalización neoliberal” en Taibo, C. y Tamayo, J. (dir.), 10 palabras clave sobre globalización, Editorial Verbo Divino, Navarra.

19Aunque otros  movimientos de mujeres, de liberación sexual, de jóvenes...

20Touraine, A. (2005), Un nuevo paradigma. Para comprender el mundo de hoy, Paidós, Madrid, p. 112.

21Recio, A. (2001), “Más acá de la lucha antiglobalización” en Mientras Tanto, Nº 80, Barcelona.

22Touraine, A. (2005), Un nuevo paradigma. Para comprender el mundo de hoy, Paidós, Madrid, p. 172.

23Arrighi, G.; Hoopkins, T. K.; Wallerstein, I. (1999), Movimientos Antisistémicos, Madrid, Akal.

24Touraine, A. (2005), Un nuevo paradigma... op. cit., p. 188. 

 

25Puede recordarse al respecto los amotinamientos de la población negra en la ciudad de los Ángeles en 1992 donde el gobierno estadounidense se vio obligado a desplegar a la guardia nacional y mantener un estado de excepción durante dos meses y replicas posteriores motivadas por el visionado del maltrato policial a personas de color.


El poder en manos de todos

“Minimizar el conflicto de clases despolitiza la sociedad”

Es dirigente del Movimiento de los Trabajadores Sin Techo y candidato del Partido Socialismo y Libertad, la formación más a la izquierda del espectro político brasileño nacional. A pesar de no poder aspirar al cargo de presidente (tiene una intención de votos en torno al 1 por ciento), Guilherme Boulos prometió que un gobierno suyo indultaría al encarcelado ex presidente Lula. Respondió a preguntas de Brecha1 sobre su respaldo y críticas al PT.

 

A los 20 años comenzó su militancia en el Movimiento de los Trabajadores Sin Techo (Mtst). Es miembro de la Coordinación Nacional de dicha organización, pero sobre todo se habla hoy de Guilherme Boulos en Brasil como el candidato presidencial más joven de las próximas elecciones, el 7 de octubre. En ellas representará al Partido Socialismo y Libertad (Psol), que fue creado por una escisión del Partido de los Trabajadores, y al que pertenecía la concejala y militante feminista asesinada Marielle Franco.


Además de ser activista, Boulos es profesor y escritor, graduado en filosofía, especializado en psicología clínica y tiene una maestría en psiquiatría. Es la primera vez que se presenta a un cargo electivo y lo hace en fórmula con la activista indígena Sônia Bone Guajajara.


—¿Cuál es su lectura del actual mapa político-electoral de Brasil?


—La elección se produce dos años después de que Michel Temer y sus aliados empujaron al país a una profunda crisis económica, social y de esperanza. Este grupo, cuya agenda no fue refrendada por la población en las elecciones de 2014, se metió con el derecho de los trabajadores, congeló las inversiones en educación y salud por 20 años, y generó 14 millones de desempleados. Con estas y otras medidas desastrosas contribuyeron a la profundización de la incredulidad popular en la política y en los políticos. En este escenario de inestabilidad, reforzaron la persecución al ex presidente Lula pues sabían de la dificultad que tendrían para vencerlo en las urnas. El proceso que lo condenó, según observó incluso la Onu, está lleno de ilegalidades, empezando por el simple hecho de que no existen pruebas concretas. El caso del tríplex (en el que Lula fue condenado por haber recibido de la constructora Oas un apartamento de lujo en el balneario brasileño de Guarujá) es extremadamente frágil y no cumple con los mínimos requisitos jurídicos, al punto de que los fiscales, al presentar el caso, destacaron su “convicción”, en detrimento de las pruebas que no presentaron. Lamentablemente, lo que estamos viendo es un Poder Judicial partidario. Esto quedó más que patente en el apuro que tuvo en condenar a Lula para impedir su candidatura, más aun si lo comparamos con el trato que se le dio a políticos de otros partidos que, incluso con muchas pruebas en su contra, no fueron ni acusados. Perdieron tanto la democracia como el pueblo brasileño.


—¿Cuál ha sido la relación de los movimientos sociales brasileños, de los que usted proviene, con los gobiernos del PT?


—Hubo mayor apertura que con otros gobiernos, pero también límites. El principal fue la insistencia en la “política de consenso”, que evitó la ruptura con las estructuras tradicionales. Los avances, desde el punto de vista de los programas sociales, de acceso al consumo de los más pobres, de reorientación del presupuesto con mayor inversión social, son innegables y los defendimos antes y ahora en la elección. Pero también fueron insuficientes, porque no alteraron la relación de fuerzas. Esconder o minimizar el conflicto de clases despolitiza la sociedad y crea la idea de que todo ascenso es individual, y no fruto de un proceso de disputa política. Es tarea de los movimientos sociales exponer y combatir esa lógica.


—Usted es el candidato presidencial del Psol, un partido creado por desencantados del PT. Por otro lado, Lula expresó públicamente el apoyo a su candidatura. ¿Cuál es su opinión sobre el PT y el manejo del Lava Jato? ¿Cuál es la relación del Psol con el PT?


—Tengo mucha admiración por la trayectoria del ex presidente Lula y es innegable que Brasil avanzó mucho durante los años de gobierno del PT. Sin embargo, tanto mi partido como yo tenemos críticas hacia la política conciliadora de alianzas que el PT promueve hasta hoy, asociándose a sectores ultraconservadores y partidos “fisiológicos” (expresión brasileña para referirse a los partidos que sólo buscan cargos políticos), como el Movimiento Democrático Brasileño (Mdb, el partido del presidente Michel Temer) y los de “centro”. Incluso después del golpe (N de E: se refiere al juicio político con el que el Congreso depuso a la presidenta petista Dilma Rousseff y le entregó la presidencia a Temer), el ahora candidato del PT, Fernando Haddad, subió a un escenario con miembros del Mdb. Para nosotros, esto es inadmisible. Demuestra que no aprendieron nada con el golpe de 2016. El PT, a pesar de haber tenido la oportunidad, no enfrentó temas esenciales como la reforma política, la democratización de los medios de comunicación, la reforma tributaria y el combate a los privilegios. Son críticas que yo, como miembro del Mtst, así como el Psol, hemos hecho públicamente desde hace algún tiempo. Es, incluso, con base en esa insatisfacción que el Psol se creó y consolidó.


—Usted ha afirmado que la desigualdad social es el principal problema en Brasil. ¿Cómo se visibiliza como un problema y cómo se enfrenta?


—Es necesario, por encima de todo, voluntad política. Brasil es el país con la mayor concentración de ingresos en el mundo: el 30 por ciento está en manos de sólo el 1 por ciento, según la encuesta Desigualdad Mundial 2018. La riqueza de los seis principales multimillonarios brasileños equivale a la de los 100 millones más pobres. La renta mensual del 0,1 por ciento más rico equivale a 19 años de trabajo para un trabajador con salario mínimo. Todos estos datos alarmantes demuestran que el abismo social es profundo en nuestras ciudades y en el campo. Lo vemos también cuando analizamos la falta de acceso a derechos básicos como vivienda, educación, salud y saneamiento. El Estado no puede seguir manteniendo los privilegios de esa elite y hay varias tareas por cumplir. Una es acabar con la “bolsa (subvención)empresarial” que representan las exoneraciones fiscales a las grandes empresas y que sólo este año ascendieron a 288.000 millones de reales (69.000 millones de dólares). Nuestro programa también prevé el fin a la “fiesta de los bancos”, reduciendo los intereses y promoviendo la regulación del flujo de capitales especulativos. Proponemos también una reforma tributaria progresiva, con aumentos de los impuestos a la renta, al patrimonio, las ganancias y los dividendos.


—¿Es posible hacer una reforma tributaria en Brasil? ¿Cuáles serían sus principales elementos?


—El sistema tributario brasileño es una de las principales expresiones de la desigualdad social brasileña. Para dar algunos ejemplos: quien tiene un automóvil debe pagar un impuesto anual (el Ipva), mientras que los dueños de yates y jets no pagan ni un real. Puede parecer improbable, pero hoy un profesor universitario paga la misma parte alícuota que Neymar. Esta tasa, extremadamente asimétrica, hace que las clases baja y media sostengan el aparato estatal, mientras que los súper ricos no pagan o pagan muy poco en impuestos. Es posible hacer una reforma tributaria progresiva, con un aumento de la imposición sobre la renta, el patrimonio, las ganancias y los dividendos. Nuestro objetivo es simple: hacer que quien tenga más, pague más, y quien tenga menos, pague menos. Tenemos que gravar la renta y el patrimonio para crear condiciones con el fin de reducir gradualmente la tributación sobre el consumo y la producción. Vamos a aplicar el impuesto sobre las grandes fortunas (Igf), un tributo ya previsto en la Constitución brasileña. También, crear una nueva franja de impuesto a la renta. Finalmente, volveríamos a introducir el impuesto a las ganancias y los dividendos, que se dejó de cobrar bajo el gobierno de Fernando Henrique Cardoso.


—Usted es uno de los dirigentes del Movimiento de los Trabajadores Sin Techo, ¿cómo describe el problema de la vivienda en Brasil?


—El problema de la vivienda en Brasil está atravesado por la enorme concentración de riquezas en manos de unos pocos, y se manifiesta tanto en las ciudades como en el campo. Los datos del último censo agropecuario mostraron el aumento de la concentración de tierras rurales; la mitad de la tierra agrícola son latifundios. No es diferente en las ciudades: en San Pablo, por ejemplo, el 25 por ciento de los inmuebles está en manos del 1 por ciento de los propietarios. Hay más de seis millones de familias sin hogar en Brasil y más de siete millones de inmuebles ociosos. Es decir que hay más casas sin gente que gente sin hogar. Si además se toma en cuenta la falta de infraestructura y de servicios en los barrios, la situación resulta peor. La Constitución brasileña asegura tanto el derecho a la vivienda como la función social de la propiedad, e ilegaliza todas aquellas que estén ociosas, vacías o abandonadas. Los mecanismos para expropiar y recalificar esos inmuebles ya están previstos en el Estatuto de la Ciudad, de 2001. Pero en Brasil las leyes que no se cumplen son aquellas que favorecen a la mayor parte del pueblo.


—Existe una gran dispersión en la oferta electoral y ningún candidato tendría mayorías para gobernar. ¿Cómo se asegura la gobernabilidad del que resulte electo? ¿Con quiénes podrían establecer alianzas poselectorales?


—No podemos seguir apostando al modelo de gobernabilidad de canje de votos en el Congreso por cargos en el Ejecutivo o favores. La política no puede ser un mostrador de negocios. El Mdb es uno de los principales ejemplos de esa forma de hacer política, pues estuvo en todos los gobiernos sin haber sido nunca elegido. Vamos a construir nuestra gobernabilidad con la población, haciendo consultas populares, como plebiscitos y referendos, y alentando la formación de consejos comunitarios para aproximar las decisiones nacionales a los ciudadanos. Esta herramienta está prevista en la Constitución, pero desgraciadamente se utilizó sólo dos veces desde 1988.


1. Esta entrevista fue hecha por email.

 

Por Alejandro Ferrari
14 septiembre,

 

 

Publicado enInternacional
Martes, 11 Septiembre 2018 07:57

Las autonomías después del progresismo

Las autonomías después del progresismo

Luego de una larga década de gobiernos progresistas, los debates sobre la autonomía y las prácticas autonómicas parecen haber mutado; abandonaron el escenario y se han refugiado en los pliegues menos visibles de los movimientos anti-sistémicos.


En este cambio han confluido varios procesos. Por un lado, los gobiernos progresistas han apoyado con abundantes fondos muchas iniciativas de los movimientos, produciendo un efecto de cooptación o de neutralización de los rasgos anti-capitalistas de las organizaciones. Por otro, ha ganado terreno la propuesta de “jugar en la cancha grande”, como denominan algunos a competir en el terreno electoral, ya que consideran que las “islas de autonomía” no logran conmover al sistema.


Una tercera cuestión se relaciona con las enormes dificultades que tienen los colectivos que trabajan de forma autónoma, para sostenerse en el tiempo en base a sus propios esfuerzos y tender puentes hacia otros grupos similares para emprender acciones más potentes y desafiantes. En resumen, no pasamos por buenos momentos quienes apostamos a la construcción de espacios de autonomía, con estilos de trabajo que se apoyan en la auto-construcción de mundos nuevos.

Una recorrida por diversos espacios realizada este año con movimientos argentinos en Córdoba, tanto en la capital como en Traslasierra, así como con colectivos de las provincias de Santa Fe y Paraná, me permitió auscultar otros debates y modos de trabajo. Uno de ellos es la diversificación de lo que se entiende por autonomía, al punto que muchos colectivos se consideran realmente autónomos aunque reciben fondos de los Estados. Separan la autogestión del espacio propio, de los aportes financieros que perciben.


Aunque en principio resulta una posición algo incómoda y difícil de aceptar, lo cierto es que las prácticas autónomas no sólo no han desaparecido sino que se sostienen en numerosos colectivos, más allá de las definiciones de cada quien. Intuyo que la autonomía como propuesta política goza de mayor simpatía que la capacidad de ser realmente autónomos; que las prácticas autónomas son bastantes más que los colectivos que sólo dependen de sus esfuerzos.


En suma, que la realidad se ha vuelto mucho más compleja y no admite simplificaciones. Sin embargo, existen decenas de organizaciones autónomas, por lo menos en las provincias mencionadas. Tienen algunas características comunes que quiero desglosar.


La primera es que esas prácticas anidan en grupos muy variados, no dedicados a lo que se entiende por “política”, en el sentido de disputar el poder en la sociedad, sino volcados hacia actividades culturales (música, danza, radios libres, editoriales y revistas independientes), sociales (educación popular, comercio justo, alimentación sana) y productivas (elaboración de pan y otros alimentos orgánicos, artesanías y reciclajes).


La segunda es que estos grupos suelen compartir ideas y prácticas ambientalistas o ecologistas, se niegan a plegarse al consumismo, conforman redes de resistencia a la minería y a los monocultivos como la soja, pero también a la especulación inmobiliaria urbana.


No todos son totalmente autónomos, en el sentido de que se apoyan en sus propios recursos, pero cuestionan la participación en las elecciones y gestionan sus espacio y sus tiempos según sus propios criterios. La mayoría han construido espacios de auto-formación, lo que contribuye a potenciar las prácticas autónomas.


En tercer lugar, se trata de un sector muy amplio aunque no suele estar vinculado por una estructura organizativa estable. La tendencia es que los colectivos se agrupen para una actividad concreta o para campañas acotadas en el tiempo, y luego cada organización sigue su propio rumbo. En realidad, existen vínculos estables entre muchas de ellas, pero no están sujetas a un aparato orgánico que las supera.
Existen coordinaciones nacionales, regionales y sectoriales. Pero cada grupo que las integra es, en este caso se aplica perfectamente, autónomo a la hora de tomar sus decisiones sin tener que someterse a la coordinación a la que pertenece. Por eso creo que la autonomía abarca muchos más espacios que aquellos que se definen como autónomos.


La autonomía se ha transformado profundamente desde que emergió en la década de 1990, influida por el zapatismo, la debacle de los partidos de la vieja izquierda, el neoliberalismo que destruyó los estados del bienestar y un sindicalismo funcional al sistema. La mayoría tienen claro que las políticas sociales de los Estados buscan domesticar a los movimientos y parecen haber aprendido a neutralizarlas.


En uno de los varios encuentros en los que participé, uno delos grupos de trabajo destacó la importancia de trabajar en “cómo nos abrazamos desde abajo”. Mientras avanzan en reconocer las dependencias que mantienen, no sólo del Estado sino también del mercado, también crecen en dilucidar los modos de relacionarse, para ampliar resistencias y luchas, mientras tejen lo nuevo. No es poco para tiempos tan difíciles.

Publicado enSociedad

En el marco de los asesinatos y montajes judiciales contra los líderes y lideresas sociales por parte del Estado colombiano, tomó forma la campaña Ser líder social no es delito para denunciar estos hechos y, al mismo tiempo, ser pretexto para la unidad entre las comunidades organizadas y todo el pueblo colombiano, víctima potencial de esta estrategia estatal.

 

La campaña Ser líder social no es delito, nace a partir de la necesidad de promover la no judicialización de sus líderes y lideresas, como un elemento de represión estatal. Una estrategia de viejo cuño. El Estado colombiano utiliza la intimidación y las medidas privativas de la libertad para desarticular al movimiento social. Asimismo, otra condición de este abuso arbitrario del sistema judicial es despertar zozobra entre las comunidades y sus familias para desestimular la movilización y la organización social.

 

En los primeros seis meses de este año, han judicializado a 67 personas integrantes del Congreso de los Pueblos (CDP) en procesos efectivos. Es decir, los han llevados ante una instancia judicial para privarlos de la libertad. En el tema de asesinatos, 362 son los líderes asesinados en todo el país, situación que se concentra en el Pacífico y en el suroccidente colombiano.

 

Ante este panorama, procede preguntar: ¿por qué el Estado colombiano prefiere perseguir a los liderazgos sociales en vez de encargarse de solucionar las múltiples problemáticas que aquejan los territorios, entre ellas las altas cifras de homicidios? ¿Por qué el Estado no atiende las problemáticas que generan estos hechos? ¿cuáles son las prioridades del Estado? ¿Por qué el Estado no protege a estas comunidades?

 

Un ejemplo concreto puede verse en la región Pacífico, donde convergen varias situaciones, entre ellas las disputas por las zonas dejadas por las Farc, la cuales están siendo copadas por otros actores armados. Por otro lado, hay un proceso de exigibilidad de derechos en Buenaventura y Tumaco, escenarios de fuertes movilizaciones en los últimos años. Sin embargo, vemos que la respuesta estatal a estos procesos de articulación emergentes son la judicialización y el no cumplimiento de los acuerdos pactados con las comunidades.

 

Una campaña en defensa de la vida y la dignidad

 

La campaña Ser líder social no es delito está abierta a todas las comunidades, es una invitación a todas las organizaciones sociales y políticas que en estos momentos pueden ser víctimas de las acciones arbitrarias del Estado y de los actores paraestatales, quienes estigmatizan y criminalizan toda actividad social.

 

A nivel internacional se han impulsado acciones políticas en rechazo a estas capturas arbitrarias, ejemplo de lo cual son las cartas enviadas a la Corte Interamericana de Derechos Humanos; la carta de los 37 eurodiputados en rechazo al asesinato de los líderes y lideresas sociales y la vinculación de varios medios de información a esta campaña; el apoyo de muchas voces en el mundo alrededor de Julián Gil, el secretario técnico del CDP quien es uno de los últimos casos de montajes judiciales.

 

De igual manera, se desarrollan acciones espontáneas y organizadas de tipo político, social, jurídico, y comunicativo; pintas, piezas publicitarias; plantones frente a la Fiscalía, reuniones con la sociedad; encuentros de alto nivel con el gobierno nacional, para llevar a cabo una campaña integral en pos de proteger la vida de los activistas de los ataques jurídicos.

 

Las recomendaciones para blindar a las comunidades y al movimiento social, son: 1. Atender la autoprotección, protegiendo la información de terceros. 2. Las organizaciones están llamadas a protegerse bajo la unidad. 3. Hacer realidad la solidaridad: marchar, informar y denunciar en todos los medios y de todas las maneras posibles. Acciones y procederes indispensables para protegernos de manera colectiva de la estrategia represiva, violenta y destructiva del Estado en contra de los liderazgos sociales, y del crecimiento de la sociedad en la comprensión de sus derechos, así como en la exigencia de los mismos.

Publicado enEdición Nº249
Página 1 de 35