Elecciones en Ecuador: La herencia de Octubre

No puede comprenderse la coyuntura electoral del Ecuador de febrero de 2021 sin referirse a las movilizaciones de octubre de 2019. Fueron esas movilizaciones y esa enorme energía creada desde la resistencia popular la que se proyecta y transforma de forma trascendente al escenario electoral en los comicios del pasado 7 de febrero.

El escenario electoral siempre había estado trazado de forma previa por el sistema político. Sus actores, sus discursos, sus movimientos, formaban parte del simulacro de la representación política. Ahí, las empresas de encuestas, los consultores políticos, los medios de comunicación, creaban las condiciones que presentaban las elecciones como un espectáculo en el cual los primeros lugares prácticamente estaban definidos antes del ejercicio del voto. Los medios de comunicación y las empresas de consultoría política presentaban a las elecciones como ratificación de sus propios resultados, y la política así como las definiciones fundamentales que exigía la sociedad ante sus problemas más urgentes, se evacuaban del debate. Se convertían en show, en espectáculo.

Por eso, cuando se producen las elecciones ecuatorianas de 2021 las primeras sorprendidas con los resultados son las empresas encuestadoras que esta vez, para variar, no acertaron en lo más mínimo. En primer lugar, le hicieron creer al electorado que el candidato de la Revolución Ciudadana, e impuesto por el expresidente Rafael Correa, bordeaba el margen que le permitía acceder sin problemas a la presidencia al ganar en primera vuelta electoral. Los datos de las encuestas le otorgaban entre el 38 y el 45 por ciento de los votos válidos. Con esos datos, la segunda vuelta, según ellos, era innecesaria.

En segundo lugar, todas las encuestas situaban al candidato del movimiento indígena, Yaku Pérez, en un alejado tercer lugar y muy distante del segundo candidato de sus preferencias, el banquero de extrema derecha, Guillermo Lasso. En tercer lugar, ninguna empresa consultora vio venir la votación de la socialdemocracia, representada esta vez por el partido Izquierda Democrática y su candidato Xavier Hervas, un empresario aparentemente progresista.

Cuando finalmente se obtienen los resultados la sorpresa de estas empresas y del sistema político es mayúscula, porque jamás habían considerado la posibilidad que el candidato indígena Yaku Pérez pudiera alcanzar un porcentaje tan amplio que lo colocara a disputar el paso a la segunda vuelta, como tampoco que la votación de la Revolución Ciudadana seguía siendo la misma que aquella de las anteriores elecciones, el 32 por ciento, que si bien representa una tercera parte del electorado también da cuenta que durante estos años y a pesar de haber sufrido tanta persecución y asedio por parte del gobierno de Moreno, los electores no se dejaron seducir por el retorno de la revolución ciudadana.
Igual con el resultado logrado por la derecha. Si se suman sus votos, expresados en lo fundamental en los partidos políticos Creo y socialcristiano, su representación cae a su nivel más bajo de los últimos treinta años. Los datos oficiales dan cuenta que estos dos partidos de la derecha en conjunto tendrán una representación parlamentaria del 21 por ciento, lo que los convierte en minoría y les impide un rol dirimente en los nuevos debates políticos. Es un hecho inédito porque la derecha se queda por vez primera sin sucesores, sin estructuras, sin discurso.

Es un dato importante, porque sería la primera vez en la historia del país, y desde el retorno de la democracia política en 1979, que la sociedad puede discutir y aprobar leyes sin el chantaje y la hegemonía de la derecha política.

Si se suma la representación parlamentaria de la Revolución Ciudadana (35%), del movimiento indígena Pachakutik (20%) y de la Izquierda Democrática (18%), su votación alcanza a más de los dos tercios de la futura asamblea. El país, esta vez, votó a la izquierda en sus diferentes opciones. Eso abre la posibilidad, además, que por primera vez en la historia republicana del Ecuador, un indígena pueda convertirse en una de las autoridades más importantes de la función legislativa que, de acuerdo a la Constitución del Ecuador, es el primer poder del Estado.

La presencia de un indígena en posiciones dirimentes del primer poder del Estado significa que el movimiento indígena puede ser el que marque la pauta, el tiempo, los contenidos y el ritmo de la política del Ecuador en estos próximos cuatro años, independientemente de quien ocupe la Presidencia de la República. Si a eso se suma su fuerza organizativa y su capacidad de movilización nacional, se convierte, sin duda alguna, en el actor político más importante del país.

De otra parte, desde el año 2007 es la primera vez que el debate político retorna a la Asamblea Nacional que había sido convertida en una especie de oficina de trámites de la función ejecutiva sobre todo por la fuerza hegemónica que tuvo en su momento el expresidente Rafael Correa. Por ello, si bien es importante saber quien vaya de Presidente, en una definición que estará entre el banquero Lasso y el líder indígena Yaku Pérez, para acompañar en la papeleta al candidato de la Revolución Ciudadana, también es cierto que el próximo Presidente tendrá que aprender a negociar con la Legislatura, porque será ahí donde radique el locus del poder.

Es necesario insistir: estos cambios políticos se deben a la fuerza de octubre de 2019. En esa coyuntura la derecha política apostó por proteger a Lenín Moreno y su programa de ajuste con el FMI, y esa apuesta ahora les ha pasado la factura.

Lo que significa que el país, gracias a esa nueva correlación de fuerzas parlamentarias puede dar marcha atrás al programa de ajuste fiscal y las leyes que aprobó el gobierno de Lenín Moreno, en especial las leyes fiscales y monetarias que someten a la población a un duro programa de ajuste económico con masivos despidos públicos, intensos recortes de inversión pública, incrementos de impuestos, privatizaciones, desarticulación institucional del Estado, entre otras medidas.

También da cuenta esta coyuntura de que lo más fuerte del debate político, al excluir a la derecha, se producirá entre fuerzas que, de una manera u otra, se reclaman de izquierda. Esto significa que podrán aparecer en el debate temas fundamentales que obligarán a esas fuerzas políticas a tomar posición, por ejemplo, los temas del extractivismo, de los derechos de la población lgtiq+, el derecho al aborto, la reducción de la jornada laboral, la renta básica universal, la mitigación del calentamiento global, la ampliación de los derechos, los tratados de libre comercio, la anulación de las concesiones mineras, los impuestos para los más ricos, entre otros, y que forman parte de las nuevas inquietudes sociales en el mundo post-pandemia.

Son puntos que con la derecha como opción hegemónica dentro del sistema político, el país no tenía posibilidad alguna siquiera de proponerlos menos aún de discutirlos. Pero ahora son agendas que obligarán a que las nuevas fuerzas hegemónicas tengan que posicionarse lo que, evidentemente, cambiará las fronteras de la política. Ahora se autodenominan y se reclaman de izquierda, pero ya en el debate de estos temas claves, ese auto-posicionamiento puede convertirse en una trampa, un simulacro o una mentira.

En efecto, ¿seguirá la Revolución Ciudadana, en este nuevo contexto, con su vocación extractivista? ¿Apoyará el derecho al aborto? ¿Votarán a favor de la anulación de las concesiones mineras y la restricción de la frontera petrolera?

A su vez, la Izquierda Democrática, convertida ahora en actor fundamental de la política y vinculada a intereses empresariales aparentemente más progresistas ¿optará por la revisión de los tratados de libre comercio, por el incremento de los salarios y por la reducción de la jornada laboral? ¿Cómo votarán los asambleístas de la Izquierda Democrática ante la propuesta de elevar los impuestos a los empresarios, sobre todo los más ricos? ¿Cómo van a reaccionar ante la derogatoria de las leyes neoliberales de Lenín Moreno? ¿Van a estar de acuerdo en que el país continúe con la negociación con el FMI? Y el movimiento indígena ¿Con qué leyes va a llevar adelante su propuesta de Estado Plurinacional? ¿Cuál va a ser su posición ante la renegociación de la deuda externa, por ejemplo?

El nuevo debate político permitirá tamizar los contenidos políticos de los partidos progresistas y constatar su efectiva lealtad a su programa y su ideología. Pero una cosa es debatir estos temas con movimientos que se autoproclaman de izquierda y críticos al neoliberalismo, y otra es cuando la derecha monopoliza y hegemoniza el debate. Ahora la derecha puede ser ruido de fondo o bisagra en la coyuntura, pero ya no tiene capacidad hegemónica para incidir en el debate político. Han debido pasar más de tres décadas para que la sociedad pueda depurarse de ese pesado fardo de una derecha racista, rentista y corrupta.

Por tanto, puede afirmarse que estas elecciones han sido las más trascendentes y las más importantes del país, luego de aquellas que dieron origen a la Revolución Ciudadana en 2007, y demuestran que aquello que ocurrió en octubre de 2019 se parece bastante a lo que la filosofía política denomina “acontecimiento-verdad”.

Publicado enEdición Nº276
Elecciones en Bolivia: el MAS se fragmenta y los golpistas retendrían lugares claves

A casi una semana de las elecciones subnacionales, la ex presidenta del senado Eva Copa y actual candidata de "Jallalla" desafía a Evo Morales y se transforma en la candidatura más relevante de estas elecciones. Golpistas retienen posiciones estratégicas y amenazan conquistar algunas más. El voto del MAS se fragmenta en medio de una campaña electoral conservadora y conciliadora.

 

El domingo 7 de marzo se llevarán a cabo las elecciones subnacionales. Se elegirán a representantes de gobernaciones, de alcaldías, además de asambleístas y concejales para los nueve departamentos y 339 municipios del país. Las disputas más marcadas se expresan en las ciudades capitales del eje central así como en ciudades intermedias como Huanuni, Lllallagua, Achachi, Montero y otras.

Mientras diversos analistas señalan que los votos en estos comicios serán fuertemente influenciados por las interpretaciones que las y los votantes tienen del 2019 y se abren preguntas de hasta qué punto los resultados expresarán (o no) una continuidad de las elecciones generales del 28 de octubre -en las que el MAS logró un nuevo gobierno con el 55% de los votos- lo cierto es que las elecciones subnacionales tenderán a expresar dos fenómenos combinados, de continuidad y discontinuidad, por lo mismo, aparentemente contradictorios.

El factor de continuidad, con respecto a las elecciones nacionales del 18 de octubre, se da en el sentido de que se mantendrá la polarización entre los que votaron al MAS -como una expresión de rechazo a todo el bloque golpista- y, los que votaron a las distintas variantes de derecha y centro derecha del golpismo, como rechazo al MAS. Sin embargo, dentro de esa “continuidad” hay elementos importantes de “discontinuidad” en el sentido que no todo esos votos del MAS se quedarán para este partido ya que se han venido profundizando y visibilizando tensiones y disputas internas y un cierto grado de fragmentación. El fenómeno de Eva Copa, que analizaremos más abajo, muestra, no sin contradicciones, esto último.

Sucede que al tratarse de elecciones departamentales y municipales han surgido y se han hecho visibles una diversidad de agrupaciones ciudadanas que tenderán a fragmentar el voto antigolpista. En este sentido, la discontinuidad se expresa en la perspectiva, según señalan las últimas encuestas, de que el voto del MAS se fragmente, aumentando las posibilidades de que los sectores afines al golpismo puedan retener alcaldías y gobernaciones importantes.

De esta manera, la situación hacia las subnacionales sigue expresando lo que se desnudó y profundizó a partir del golpe de Estado y es un escenario de profunda polarización política y social.

Según encuestas se fragmenta el voto del MAS

La última encuesta de intención de votos es la realizada por la empresa Ciesmori, encargada por la red televisa UNITEL y sus resultados fueron difundidos el viernes 25 de febrero por la noche. La recolección de datos fue vía telefónica y la ficha técnica indica que cuenta con un nivel de confiabilidad del 95%. Se consultó a 2595 personas, del eje troncal del país (La Paz, Santa Cruz y Cochabamba), con cobertura urbana y rural durante el periodo del 15 a 22 de febrero.

Los resultados arrojados por Ciesmori muestran que a nivel de las 4 alcaldías de las ciudades capitales del eje troncal (La Paz, El Alto, Cochabamba y Santa Cruz) el MAS no ganaría en ninguna. Con relación a las gobernaciones, el MAS ganaría en Cochabamba y La Paz, aunque el resultado de esta última puede llegar a depender de una segunda vuelta. La gobernación de Santa Cruz quedaría en manos del ultra derechista Luis Fernando Camacho, un personaje que fue clave en la articulación del golpe de Estado y que expresa el avance de una derecha más militante y que se precia de ser una alternativa a los viejos políticos del país.

Hay que decir que en realidad estos posibles resultados no son tan nuevos. Es decir, el MAS por ejemplo ya desde el 2009 había perdido el control de la gobernación del Departamento de La Paz. En cuanto a las alcaldías de las ciudades capitales de este departamento, desde el 2010 ya había perdido la alcaldía paceña y desde el 2015 la alcaldía de El Alto que quedó en manos de Soledad Chapetón de Unidad Nacional (UN). Así también por ejemplo, la gobernación de Santa Cruz el MAS no la tuvo nunca.

Desde este punto de vista que el MAS no conquiste las alcaldías del eje central y tampoco la gobernación de La Paz significa que mantendría, de alguna manera, las posiciones en el Estado que retenía hasta antes del golpe del 2019, pero con una diferencia importante: Luis Arce Catacora, aunque llegó el gobierno con el 55% de los votos, no goza de la misma fuerza y autoridad política con la que contaba Evo Morales.

El eje central: la clave de las disputas

El candidato del MAS para la gobernación de La Paz, Franklin Flores, se ubica en primer lugar con el 23,3 % de la intención de voto, seguido muy de cerca por el candidato de “Jallala” Santos Quispe con 17% y en tercer lugar, soplándole la nuca, se encuentra Rafael Quispe (el Tata Quispe) candidato del frente “Por el Bien Común- Somos Pueblo” (PBC-SP) con 16.7%.

La particularidad de la disputa por la gobernación del Departamento de La Paz radica en que los 3 candidatos con mayor intención de voto son de origen aymara y los 3 están tratando de hacer pesar, en esta elección, su identidad.

Santos Quispe, hijo del recientemente fallecido Felipe Quispe “El Mallku”, intenta capitalizar el espacio político del indianismo radical que había conquistado su padre a lo largo de su vida. Recordemos que la candidatura de Felipe Quispe había logrado entusiasmar a vastos sectores populares y humildes, fundamentalmente de origen aymara, en el Departamento de La Paz, como ya había sucedido en la elección del 2002 donde con la sigla Movimiento Indígena Pachakuti había conquistado 6 diputaciones en el Parlamento. Para las subnacionales se tenía por descontada su victoria, no solo por su ubicación antigolpista sino también por toda su historia como uno de los máximos exponentes del indianismo aymara. Esta aspiración se vio truncada debido a que falleció en enero por un paro cardiaco.

La muerte de Felipe Quispe provocó un vacío no solo para el potencial electorado sino particularmente para su agrupación ciudadana Jallalla que ante la pérdida de su líder determinó nominar a su hijo, Santos Quispe, como candidato a gobernador. Sin embargo, es indudable que las ideas no se transmiten por los genes y Santos Quispe está aún muy lejos de las peleas que dio su padre.

En cuanto al Tata Quispe recordemos que es un ex funcionario del gobierno de facto de Jeanine Áñez y su candidatura se encuentra en vilo debido a una reciente sentencia judicial por “calumnias” contra Felipa Huanca, ex funcionaria del Fondo Indígena, del MAS. Esto podría significar que en las próximas horas el Tribunal Supremo Electoral (TSE) determine su inhabilitación.

Por su lado Franklin Flores, ex diputado y ex concejal del municipio de Sica Sica, apoya su candidatura en haber sido el único que ha debatido la misma con las bases y que logró, gracias a eso, el apoyo de “2000 comunidades”. Es decir, se reivindica como un candidato producto del consenso y no resultado del “dedazo” de Evo Morales. Recordemos que Flores, el 31 de enero, afirmó a medios de prensa que era más difícil ser candidato del MAS que ganar una elección, en referencia a las feroces disputas entre los diversos caudillos de este partido.

Ahora bien hay que señalar que según esta encuesta, para la gobernación de La Paz, los indecisos llegarían a 18,1 %, nulos 1,8% y blancos 8,6% lo que hace pensar que puede haber importantes sorpresas el día de la elección, dejando abierta la posibilidad de una segunda vuelta.

En Cochabamba, Humberto Sánchez del MAS se ubica en el primer lugar con 34% de intención de voto dejando en segundo lugar, y muy por encima, a Henry Paredes de “Súmate” que alcanzaría una votación de 8,8%. Igualmente llama la atención la cantidad de indecisos que para este departamento superan el 20%. Sin embargo hay que decir que según las estimaciones con votos válidos, éstas ubican a Sánchez con el 59% asegurando la victoria de esta gobernación para el MAS.

En Santa Cruz, Luis Fernando Camacho se ubica cómodamente en el primer lugar con el 40,1 % y le sigue el candidato del MAS, Mario Cronenbold, con 24,8 %. La apuesta de Evo Morales y el MAS por Cronenbold, quién lejos de llevar adelante una dura lucha política contra la madriguera del golpismo, se dedicó a hacer una campaña basada en la gestión, las obras y la conciliación con el facho Camacho a tal punto que, en noviembre de 2020, amenazó con renunciar a su candidatura si el Gobierno de Luis Arce Catacora iniciaba proceso penales contra Camacho y los golpistas. Lejos de lo que pensaba el MAS de que con una campaña electoral “amarilla” y conciliadora le iba a dar buenos resultados lo que estamos viendo hoy es que la consolidación con los golpistas se está traduciendo en un importante retroceso electoral.

El MAS pierde en las alcaldías del eje central

A nivel de alcaldías la derrota del MAS, según esta encuesta, sería importante. En la ciudad de Santa Cruz se ubica en primer lugar el candidato de centro derecho, Gary Áñez, de Comunidad Ciudadana (CC) con el 33,7% dejando lejos, en el tercer lugar, a la candidata del MAS, la ex senadora Adriana Salvatierra con un 10,2%. Hay que señalar que Adriana Salvatierra, optó por una campaña casi farandulera y muy al estilo tik tok pero al mismo tiempo tan conservadora, como Cronembold, llegando incluso a hacer suyo el slogan, derechista y anti derechos de las mujeres, de “defender la vida” cuando fue consultada si estaba a favor del aborto.

En Cochabamba, lidera la intención de voto el ex Capitán de las FF.AA, Manfred Reyes Villa con el 50,3%. Recordemos que Reyes Villa es el responsable de las muertes y la violencia ocurrida el 11 de enero de 2007, en la masacre de Cochabamba, cuando ejercía como gobernador. Con el Gobierno de Evo Morales, Reyes Villa salió al exilio y regresó luego del golpe de Estado de noviembre del 2019, recibido por Luis Fernando Camacho y los paramilitares de la Resistencia Juvenil Cochala (RJC). Sin embargo, mientras escribimos esta nota, el Tribunal Supremo Electoral resolvió inhabilitar la candidatura de Reyes Villa de “Súmate” debido a una sentencia ejecutoriada. Sin embargo, más allá de que Reyes Villa continué o no en la carrera electoral, debido a que apelarán esta resolución, lo cierto es que el voto derechista es probable que se mantenga dejando muy lejos, en el segundo lugar, al candidato del MAS, el ex Defensor del Pueblo, Nelson Cox, con el 17,7%.

La candidatura de Cox, apadrinada por Evo Morales, fue el ensayo al igual que en Santa Cruz de hacer una campaña que intente seducir a las clases medias cochabambinas, en este caso, con una figura de clase media y defensora de los derechos humanos. Sin embargo, hay que decir que Cox terminó siendo impuesto como candidato en lugar de Joel Flores, quien fue propuesto por los vecinos de K’ara K’ara que protagonizaron una destacada resistencia al gobierno golpista durante el 2020. Esto explica la deslucida campaña electoral del MAS debido a las fisuras internas que han aflorado luego de la caída de Evo Morales; estas fisuras, como en el caso de Cochabamba, expresan fracturas no solo políticas sino también de clase.

El perfil de un candidato de K’ara K’ara hubiera obligado al MAS a estar más a izquierda pero como estamos viendo no es el caso. La campaña electoral del MAS está basada fundamentalmente en promesas de hacer “gestión” y cada vez más desvinculada de los grandes problemas nacionales donde el golpe de Estado del 2019 ocupa un lugar central.

En la ciudad de La Paz se ubica en primer lugar Iván Arias, ex ministro de Obras Púbicas del gobierno golpista de Áñez, que hoy encabeza el frente “Por el Bien Común- Somos Pueblo” y obtendría una votación de 50,8%. Arias dejaría en segundo lugar, con una diferencia de más del 25%, al candidato del MAS, el ex militar y ex Gerente de la empresas de transportes “Mi Teleférico”, Cesar Dockweiler, que tendría una intención de voto de 24,3%.

En sintonía con la lógica conciliadora del MAS, Dockweiler era un intento de presentar un candidato “potable” para las clases medias paceñas, por su pasado militar y su papel en la gestión de los teleféricos así como por tener un perfil “menos político y más técnico”. Lo cierto es que, según los resultados, no habría logrado seducir a estas clases medias que como señalamos, y ese es un elemento de continuidad: prima el voto contra el MAS. Prefieren a Arias que fue uno de los responsables de la criminal gestión del gabinete de Áñez durante la pandemia y que además expresa muy bien el “transfuguismo político”. Es decir, Arias es parte de la vieja casta política en la que las ideas no valen nada lo que lo llevó a haber recorrido prácticamente todos los partidos desde su juventud.

Un lugar destacado, en estas elecciones subnacionales, lo ocupa el caso de la alcaldía de El Alto. El candidato del MAS, Zacarías Maquera, perdería contundentemente con 6,7% frente a Eva Copa, ex presidenta del senado por el MAS y hoy candidata de “Jallalla”, que ganaría la alcaldía alteña con 74,9% de los votos.

Caudillismos locales fragmentan el voto del MAS: El fenómeno “Eva Copa” el caso más representativo

El Alto lo que expresa es en última instancia una interna de caudillos del MAS, pero de forma abierta y pública. Desde este punto de vista, todo lo que viene afirmando la prensa hegemónica de que Eva Copa significaría la “sepultura” del MAS es falso. Eva Copa es el MAS.

El que Eva Copa haya dejado el MAS para ser candidata de Jallalla no expresa necesariamente diferencias políticas con el MAS sino que sería el resultado de un ajuste de cuentas con Evo Morales. Eva Copa logró notoriedad luego del golpe de Estado y tras la huida en desbandada de Morales, del ex vicepresidente García Linera y de la ex presidenta de senadores Adriana Salvatierra. Esta situación llevó a que Eva Copa asumiera la presidencia de la cámara de senadores, convirtiéndose de esta manera en el canal obligado de la política del MAS, que contaba con 2/3 en la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP), y conquistando un espacio político que hoy busca transformar en votos.

Tanto en la legalización de los golpistas del 17 de noviembre del 2019, como en la rebelión antigolpista de agosto del 2020, Copa fue la artífice de la política de conciliación que desplegó Morales desde Argentina y Arce como candidato presidencial en Bolivia.

Recordemos que no solo Copa evitó hablar de golpe de Estado, incluso lo negó, sino que también, el mismo presidente Arce, durante su campaña electoral calificó al gobierno golpista de Áñez de “Constitucional”. Lejos de existir diferencias políticas entre Copa y Morales, lo que hay es una disputa entre caudillos locales, expresadas en las candidaturas y no una orientación divergente frente a cómo actuar ante los golpistas. Ya que en los hechos, desde Eva Copa, pasando por Evo Morales hasta el presidente Luis Arce y el vicepresidente David Choquehuanca, todos apuestan a continuar la política de negociación y pactismo con el bloque golpista.

Con todo esto, no es extraño entonces, que dirigentes de las Bartolinas -“Confederación Nacional de Mujeres Indígena Originario Campesinas de Bolivia - Bartolina Sisa”-, como Segundina Flores, hayan calificado como un error el no haber nominado a Copa como candidata del MAS, deseándole no solo un pronto retorno al partido sino también suerte en la futura gestión de la ya asegurada alcaldía de El Alto.

Dicho en otras palabras, Eva Copa expresa un desafío al caudillismo de Evo Morales quien se dedicó a nominar o alentar a diversos candidatos que no pudieran hacerle “sombra” dentro del partido, desplazando a Copa por un verdadero desconocido: el “Ratuki” (Zacarías Maquera). La jugada, empero, no salió como pensaba Morales, sino que la decisión de dejarla afuera alentó a la ex presidenta del Senado a buscar que sean las urnas quienes diriman la disputa. No por nada los slogans más fuertes de su campaña y que la estarían llevando a arrasar con los votos para la alcaldía alteña enfatizan por un lado el romper con la “tradición” de que los cargos los ocupen los ´amarra huatos´, en referencia a funcionarios que llegaron al extremo de atarle los zapatos a Morales cuando era presidente. Y, por otro lado, el reivindicar que ella en lugar de huir como lo hizo toda la cúpula masista durante el golpe, se quedó “con su gente”. Esto se expresa muy bien en una reciente declaración de Eva, que se difundió ampliamente en la prensa y redes, durante su campaña:

Ahora bien, en las perspectivas se puede prever que tanto Arce desde el gobierno central como Eva Copa desde la alcaldía de El Alto, trabajarán juntos para hacer gestión y “contrarrestar” aunque sea parcialmente, las presiones de un desgastado Evo Morales cuyas maneras de hacer política alejan a las clases medias. En un reciente discurso de campaña en Trinidad, Morales afirmó que de ganar la gobernación del Beni, el MAS, empezará nuevamente las obras para construir la carretea sobre el TIPNIS, levantando con esto el repudio no solo de amplios sectores de clases medias “progres” sino también de sectores indígenas que ven como una amenaza tal carretera y por lo cual enfrentaron al MAS a partir del 2010.

Las declaraciones de Morales, dificultan los esfuerzos de Arce y el MAS de estabilizar su gobierno sobre la base de intentar mostrar un perfil más dialoguista y alejado de los métodos autoritarios de la pasada gestión de Evo. Recientemente incluso emitieron un comunicado en el que rechazaban la instrumentalización de empleados públicos para las campañas a diferencia de lo que sucedía cuando gobernaba Morales.

Mientras importantes sectores de la población creen ver en Eva Copa un signo de renovación del MAS y a Jallalla como la expresión de la etnicidad aymara lo cierto es que Eva Copa como lo señalamos anteriormente, solo representa un desafío a Evo Morales para llevar adelante las mismas políticas de conciliación sin tener que pedirle permiso al “Jefazo”. Por su parte, Jallalla en los hechos ha devenido en un trampolín para catapultar a representantes de las más diversas políticas en tanto sean de origen aymara. No hay que olvidar que el reciente fallecido líder de Jallalla, Felipe Quispe, calificó de traición la labor de los parlamentarios del MAS –que estaban a la cabeza de Eva Copa- durante la rebelión antigolpista de agosto. Sin embargo parece que primó más la identidad aymara llevando a que meses después se sellara la alianza entre el Mallku y Eva Copa.

En este escenario, desde la Liga Obrera Revolucionaria por la Cuarta Internacional (LOR-CI), agrupación que impulsa La Izquierda Diario, en los lugares en los que estamos presentes llamaremos a votar nulo o blanco. Esto debido a que el conjunto de las expresiones políticas tanto desde los golpistas como desde el MAS y las diversas agrupaciones ciudadanas que se le desprendieron vienen actuando para preservar y mantener intactos los negocios y privilegios de las castas políticas que lucran administrando el Estado y que, en el caso del MAS, lejos de representar un proyecto socialista solo ofrece –como ya lo ha demostrado- una alternativa malmenorista para “contener” un poquito a los proyectos abiertamente reaccionarios y neolibearales.

Por todo esto, llamamos a las organizaciones sindicales y de trabajadores, del campo y de la ciudad, al movimiento de mujeres y de las diversidades sexuales, así como al movimiento indígena, campesino y a la juventud precarizada a empezar a discutir cómo construir una herramienta revolucionaria y anticapitalista, que se proponga derrotar a los golpistas y no convivir y conciliar como lo vino haciendo el MAS desde el inicio de su gobierno a costa de los intereses del pueblo trabajador. Es decir, necesitamos sostener bien alto las demandas de justicia y castigo para las víctimas de las masacres de noviembre y cárcel para los asesinos. Esto sin embargo no es suficiente, necesitamos construir una herramienta política para impulsar la movilización que busque avanzar en afectar la propiedad empresarial, agroindustrial y financiera, que es en última instancia lo que preserva a la derecha y los golpistas.

Por Juana Runa

Militante de la LOR-CI y de Pan y Rosas

Viernes 26 de febrero | 19:52

Publicado enInternacional
Miércoles, 17 Febrero 2021 05:43

Reconfiguraciones del MAS en Bolivia

Reconfiguraciones del MAS en Bolivia

El 7 de marzo, el Movimiento al Socialismo (MAS) se enfrentará a nuevas elecciones regionales tras haber regresado al poder, con más de 50% de los votos, en octubre pasado. Liderado por el ex-presidente Evo Morales, este partido de base campesina se encuentra inmerso en tensiones y reacomodamientos internos.

 

El próximo 7 de marzo se celebrarán en Bolivia los comicios subnacionales que elegirán a las principales autoridades ejecutivas y legislativas de las nueve gobernaciones departamentales y los 337 municipios. Según el régimen autonómico, el nivel subnacional de gobiernos autónomos constituye la estructura vertical de organización del Estado y desde hace más de dos décadas viene adquiriendo una creciente relevancia política e institucional. Primero, fue la descentralización municipal cuyo antecedente data de la década de 1990, y luego, de manera incremental, la implementación del nuevo régimen autonómico establecido por la Constitución Política del Estado (CPE) aprobada en 2009. En suma, la descentralización y la reorganización territorial del poder ampliaron y profundizaron la configuración de los sistemas políticos en el nivel subnacional. 

Las elecciones de marzo serán la segunda versión de comicios departamentales y municipales bajo el nuevo régimen autonómico. Su importancia no radica tan solo en la progresividad de la edificación institucional de las autonomías, sino en que son parte de una serie de acciones que, en el fondo, buscan resolver la crisis política provocada por la caída de Evo Morales en noviembre de 2019. Una primera acción de canalización institucional de la crisis fue la organización de las elecciones nacionales que, después de reiteradas postergaciones, se llevaron adelante en octubre de 2020. La crisis sanitaria del covid-19 fue la principal causa y justificación de los continuos aplazamientos en la celebración de las elecciones, una situación que de facto extendió el mandato del gobierno transitorio de Jeanine Añez por el lapso de 11 meses, y el de las autoridades subnacionales, por más de un año, puesto que el cambio de estas, según la normativa electoral, debería haberse realizado a inicios de 2020. 

Asimismo, al igual que los comicios generales, las elecciones subnacionales se realizarán en el contexto de la crisis sanitaria de la pandemia del covid-19 que aún azota al país y del deterioro de los indicadores de estabilidad y crecimiento económico de los que, hasta hace apenas un año, gozaba Bolivia. En ese sentido, estas elecciones son consideradas como el segundo momento político-electoral en el que, a través de la participación y el voto ciudadanos, se buscará encaminar y cerrar la ya larga crisis política que arrastra el país. 

Efectos de la victoria electoral del MAS en 2020

Si durante la celebración de las elecciones presidenciales de octubre de 2020 el contexto político se caracterizaba por una alta polarización discursiva, la situación que enmarca las elecciones subnacionales es diferente. Los efectos inmediatos de los resultados nacionales y las particularidades de la contienda subnacional establecen un nuevo contexto de pulsiones y expectativas políticas. La victoria de Luis Arce y David Choquehuanca, con 55,1% de los votos, estableció un margen amplio de distancia entre el Movimiento al Socialismo (MAS) y las dos principales fuerzas contendientes: Comunidad Ciudadana (CC), del ex-presidente Carlos Mesa, que obtuvo 28,8%, y Creemos, de Fernando Camacho, el dirigente cruceño que encabezó las protestas y movilizaciones sociales contra Morales en 2019, que logró tan solo 14%. Así, las dos figuras que fueron importantes protagonistas de oposición frente a un Evo Morales que buscaba conseguir un cuarto mandato en el poder fueron a la vez derrotadas por el binomio electoral presentado por el MAS. Este dato resulta relevante, ya que fue la primera vez que esta organización política lidió sin la candidatura de su principal líder y jefe nacional y, por ende, sin el apoyo que recibía del poder estatal cuando Morales fungía como presidente del Estado. 

De esta manera, el éxito electoral del MAS reconfirmó su importancia estratégica en el acontecer político. Un factor que confirma este aserto es el impacto de los resultados electorales de octubre de 2020. La marcada diferencia de más de 25 puntos frente a Mesa ha provocado el relajamiento de la polarización discursiva que ciertamente predominó a lo largo del gobierno de Jeanine Áñez. La narrativa ampliamente difundida que presentaba la polarización «dictadura» versus «democracia», en la que el MAS expresaría el primer polo y el bloque anti-MAS el segundo, se desvaneció tras los comicios. Lo mismo sucedió con la idea de que el MAS no podía ganar sin el aparato estatal en su favor.

Después de las elecciones nacionales, se ha producido una revaloración de la democracia como valor y sistema de gobierno que se expresa en la emergencia de una serie de pulsiones internas y externas, y el MAS no escapa a ellas.

MAS: disputa por el reequilibrio en la gestión del poder 

A lo largo de los últimos 20 años, el rol de Evo Morales en el MAS fue central para garantizar los éxitos electorales, así como la continuidad de su gobierno a partir de la victoria de 2005. No era un mito la idea de que sin él no había posibilidades de conseguir y garantizar la articulación «nacional-popular». La importancia y el rol de Morales, tanto en el camino hacia el poder como en la gestión estatal y la negociación del conflicto social, fueron una realidad efectiva que, luego, se asumió como un mito. En unos casos, para reafirmar el dominio y la centralidad de la figura del propio Morales dentro de la articulación política propiciada por el MAS; en otros, para dar lugar a la ficción opositora de que, sin el presidente, el MAS sería fácilmente derrotado. Ambas apreciaciones partían de un presupuesto analítico y sociológico equivocado: la subestimación de la política que se procesa en y desde abajo. 

Como se sabe, la figura de Morales, apoyada en la fuerza movilizada de los campesinos cocaleros e «interculturales» (anteriormente denominados colonizadores), fue un referente articulador del conglomerado de organizaciones sociales que, desde inicios del siglo XXI, desembocaron con mayor contundencia en el MAS considerado como su «instrumento político». Estas organizaciones eran y son básicamente de base territorial/campesina, y a ellas se sumaron, según intereses tácticos, diversos sectores sociales de raigambre popular. La estructura organizativa que refleja esta articulación fue y es aún el denominado Pacto de Unidad, en el que convergen las principales organizaciones campesinas indígenas y populares del país. Sin esta articulación, resultaba impensable llegar al poder de la manera en que llegaron en 2005 y, asimismo, lograr gobernar el país durante 14 años de manera continua. 

No es un dato menor que a lo largo de este periodo Morales haya gestionado con eficacia esta articulación nacional-popular. Hoy mismo, a pesar de las fracturas que aparecen dentro del MAS, el ex-presidente es aún el actor central para la cohesión de las organizaciones campesinas y populares, puesto que en el espectro político del campo popular aún no hay un sustituto que ocupe o dispute su espacio directivo.

Los resultados electorales de octubre de 2020, como mencionamos, demuestran que el MAS, o mejor, lo que hay detrás de él, es más que Evo Morales. En contra del mito establecido y difundido por unos y otros, el movimiento logró la victoria electoral sin su candidatura y, además, sin su presencia en el país, ya que en el momento de las elecciones se encontraba asilado en Argentina. Esto no implicó, sin embargo, que su importancia en el acontecer político fuera superflua. No hay que perder de vista que fue y es aún el presidente del MAS y, además, jefe de campaña tanto de la victoria electoral lograda en octubre de 2020 como de la confección de la estrategia electoral para la contienda de marzo. Sin embargo, es claro que su poder no es el mismo que ostentaba en el pasado, cuando no solo era la cabeza del MAS sino que además ejercía con efectividad la función de primera autoridad del Estado. 

Tras su retorno a Bolivia y, en particular, durante el armado y la confección de las listas de candidatos del MAS para las elecciones subnacionales, se hicieron visibles una serie de conflictos que erosionaron la imagen y autoridad del ex-presidente. Hay distintas y nuevas pulsiones que fueron saliendo de su control y que, actualmente, se hacen cada vez más visibles. 

No es que exista una desarticulación de las organizaciones sociales y un desencanto respecto de la figura de Morales, sino que, al parecer, existe una disputa cada vez más intensa por el replanteo del equilibrio de fuerzas, que hasta hace poco giraba en torno de su imagen, a través de la cual controlaba la articulación de los intereses corporativos en el interior del MAS. 

Ante la renuncia de Morales y la implosión de la estructura gubernamental en noviembre de 2019, fueron emergiendo nuevas figuras y narrativas que actuaron de manera independiente, o bien, con un mayor margen de autonomía, en respuesta a los desafíos inmediatos que demandaba la coyuntura critica. En ese ámbito, aparecieron personalidades que si bien se hallaban dentro de las filas del MAS, estaban invisibilizadas, como fue el caso de Eva Copa, senadora que asumió la Presidencia de la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) ante la renuncia de sus colegas de partido al momento del estallido de la crisis política. En un contexto de persecución contra el MAS, Adriana Salvatierra renunció a la sucesión presidencial y Copa se posicionó como una figura central, segunda en la línea de sucesión, con un discurso más moderado que el de Morales desde el exilio. No hay que olvidar que el Parlamento, en el que el MAS tenía dos tercios de las bancas, siguió funcionando tras la caída de Morales y la asunción de Áñez.

Con el retorno de Morales y su presencia en el escenario político, se reactivó el accionar del bloque de poder que tradicionalmente hegemonizó al MAS a lo largo de los últimos 14 años. La realización de actos masivos de bienvenida, como su ratificación como responsable de la conducción partidaria, buscaron asentar el rol directivo de su figura política. Sin embargo, por primera vez, a poco tiempo de su retorno al país, se escenificaron resistencias y/o tensiones en torno de la efectividad de su presencia e incidencia política, en contraste con el tradicional esquema en el que Morales resultaba siempre el actor predominante y central. 

Por ello, la estructura lineal que daba coherencia al accionar del MAS viene siendo dislocada y quizás, en parte, rebasada. Un primer dato de esta situación es la existencia de dos figuras nacionales alternas al liderazgo de Morales: David Choquehuanca, vicepresidente del Estado y, en menor medida, el propio presidente Luis Arce. Ambos actores, al ocupar los primeros espacios del poder político, disputan márgenes de autonomía relativa en la gestión y toma de decisiones, ya que se resisten a ser seguidores pasivos de la denominada «línea dura» del MAS y de las directivas de Morales. Esta disputa ciertamente modifica o, mejor, distorsiona la eficacia del modelo establecido y, posiblemente, deseado por este. Así, en el interior de la articulación nacional-popular vienen emergiendo un conjunto de pulsiones que dan lugar a una abierta expansión de intereses y corrientes favorables a la renovación de liderazgos y formas de gestión que ponen en tensión a la estructura de restauración del poder político de Evo Morales. 

Tres eventos ampliamente difundidos por la prensa pusieron de manifiesto esta tensión y disputa. En ellos se escenificaron el descontento y el desacuerdo respecto a las decisiones directivas de Evo Morales y de las cúpulas dirigenciales por parte de nuevos actores del MAS-IPSP. Los hechos se dieron al momento de dirimir la designación de las candidaturas para las elecciones de marzo. El primero se registró en el departamento de Potosí, donde Morales, junto con los dirigentes locales, tuvo que resguardarse y, virtualmente, huir del evento de proclamación de los candidatos ante las crecientes protestas respecto a las decisiones tomadas. El segundo, bastante sintomático, fue la decisión de proceder con la designación de los candidatos del departamento de Santa Cruz en el Trópico del departamento de Cochabamba, en un espacio supuestamente «neutral» y bajo el resguardo de las seis federaciones de cocaleros de las cuales, también, Morales es el presidente ejecutivo, para evitar la confrontación de fuerzas. En esa oportunidad se produjo el famoso «sillazo», que le llegó a Morales como parte de la trifulca que provocó la decisión de favorecer a uno de sus ex-ministros como candidato a la gobernación departamental. 

Por último, posiblemente el suceso de mayor consecuencia política para el MAS y, quizás, para el futuro político de Morales fue la decisión de apartar a la propia Eva Copa de la candidatura a la Alcaldía en la emblemática ciudad de El Alto, vecina a La Paz. Esta decisión provocó una amplia y masiva movilización social en esa ciudad y departamento a favor de la ex-presidenta del Senado, quien de manera inmediata se habilitó como candidata por fuera del MAS y, con ello, provocó una importante ruptura partidaria, que dio lugar a su expulsión. Tras esa crisis, Copa aparece a la cabeza de las encuestas con una enorme diferencia frente al candidato del MAS.

Lo acontecido en El Alto no es de menor importancia en términos político-electorales, ya que se trata de la segunda ciudad más poblada de Bolivia, después de Santa Cruz. En ese sentido, gran parte de las candidaturas del MAS en curso se perfilan a engrosar las disputas por el replanteo estratégico del equilibrio de poder, con efectos en la gestión gubernamental y la articulación nacional-popular. Hay candidatos y corrientes que en estas elecciones buscarán a través de su éxito electoral empujar procesos de renovación, ampliación y democratización interna. También existen candidatos y corrientes que se dirigen a reforzar el asentamiento de los tradicionales operadores políticos que en el pasado sacaron réditos de la estructura de poder y liderazgo de Evo Morales. En ese sentido, los resultados del 7 de marzo terminarán de delinear el campo de tensión del MAS y del devenir político del país, para dar lugar al posible cierre de un ciclo de gestión hegemónica que, en retrospectiva, abarcó más de una década y media.

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Caminos y bifurcaciones del movimiento indígena ecuatoriano

El resultado de la primera vuelta de las presidenciales puso de nuevo en el primer plano al movimiento indígena ecuatoriano y a Yaku Pérez, quien disputó voto a voto con el banquero Guillermo Lasso el paso a la segunda vuelta. Los clivajes en el interior de Pachakutik, una suerte de brazo político-electoral del movimiento indígena, no son sencillos y no se pueden reducir a «clasistas» vs. «etnicistas». Al mismo tiempo, los enfrentamientos con el gobierno de Rafael Correa explican parte de sus posicionamientos y sus divisiones internas.

 

Varias veces dado por muerto y milagrosamente resucitado a lo largo de treinta años, el movimiento indígena ecuatoriano y su principal organización, la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie), siguen sorprendiendo y desconcertando. En la más reciente muestra de su poderío, Yaku Pérez, candidato de Pachakutik, organización electoral auspiciada por la Conaie, estuvo a punto de pasar al balotaje, con casi el 20% de los votos, en un empate con el político y banquero conservador Guillermo Lasso, quien se proyecta para competir con Andrés Arauz el 11 de abril próximo. En cualquier caso, la votación de primera vuelta ha sido un éxito arrollador para Pachakutik, cargado de implicaciones políticas futuras, y le dará al partido un fuerte bloque parlamentario. 

Unánimemente aclamado por el pensamiento progresista y de izquierdas latinoamericanos como un movimiento democratizador, una renovación de las luchas emancipatorias y una expresión de la lucha contra el racismo y el colonialismo interno, súbitamente el conflicto de la Conaie con el gobierno de Rafael Correa (2007-2017) la transformó para una parte de esas izquierdas en una especie herramienta del Imperio, una expresión del etnicismo excluyente y un arma geopolítica del «ambientalismo liberal». Con la posibilidad del posible paso de Yaku Pérez a la segunda vuelta contra el candidato apoyado por Rafael Correa, esas acusaciones se volvieron particularmente violentas, a veces mezcladas con expresiones que lindan el racismo abierto, como cuando se denuncia que se cambió el nombre a «Yaku» (agua, en kichwa, adoptado legalmente en 2017).

Desde 1990, la Conaie y el movimiento indígena han sufrido, como todo el país, importantes cambios sociales, culturales y económicos. Entre ellos, destacan una acentuación de la urbanización de sus bases sociales, una amplia diversificación ocupacional de sus dirigentes, una mayor penetración de los servicios estatales y un importante, aunque todavía limitado, aumento de la escolarización. La presencia de ONG, de partidos que compiten por conseguir candidatos indígenas, de oficinas y entidades públicas que ofrecen becas o proyectos sociales de variado tipo, se han mantenido y probablemente crecido, aunque esta era una tendencia ya presente desde la década de 1980. El antiguo aislamiento relativo de las áreas indígenas es una reliquia del pasado, aunque subsista parcialmente, sobre todo en la Amazonía. Pero, al mismo tiempo, los pueblos indígenas siguen siendo las poblaciones más empobrecidas, abandonadas y con peores indicadores sociales del país.

Tradicionalmente, el movimiento indígena ecuatoriano fue descentralizado y heterogéneo, tanto en términos ideológicos como organizativos. Desde la década de 1970, la mezcla indisociable de discursos clasistas («somos pobres») y étnicos («somos nacionalidades indígenas») se asoció a demandas ecologistas, aprovechando las oportunidades internacionales y nacionales existentes. Más lentamente, y de modo más desigual, el feminismo penetró también en las comunidades, aunque no se han formado, como en Bolivia, organizaciones supralocales formadas exclusivamente por mujeres indígenas. Al mismo tiempo, un persistente conservadurismo moral, propio de casi todas las zonas rurales, entremezclado con la influencia de las iglesias evangélicas y católica, han limitado, por ejemplo, la incorporación de las agendas de derechos reproductivos en el seno de las organizaciones indígenas. 

El conflicto entre la Conaie y el gobierno de Rafael Correa atravesó todas las fracturas ideológicas, sociales y organizativas del movimiento indígena. No es verdad que haya predominado una sola de ellas. Quiero decir que ni los dirigentes más «clasistas» o los más «étnicos» tuvieron una posición común (a favor o contra) frente a Correa. Apenas un ejemplo. Carlos Viteri, un reconocido intelectual indígena amazónico, oriundo de Sarayacu, imbuido de un fuerte discurso étnico, se volvió un militante del correísmo. Su comunidad de origen goza de fama mundial por su radical oposición a la explotación petrolera en su territorio desde los años 80. Viteri, no obstante, fue el parlamentario encargado de hacer el informe que viabilizó la explotación petrolera en el Yasuní en 2013. El énfasis en los valores de la etnicidad puede perfectamente combinarse con las bondades del extractivismo.

No hay, pues, evidencia alguna de que los cambios sociales, generacionales o el conflicto con Correa obedezcan a una acentuación del carácter «etnicista» del movimiento. Las tendencias étnicas y clasistas siguen conviviendo y mutando en su interior. El levantamiento popular de octubre de 2019, por ejemplo, tuvo una agenda esencialmente económica y de esas movilizaciones contra el gobierno de Lenín Moreno salió fortalecido el liderazgo de Leonidas Iza, dirigente kichwa de la provincia de Cotopaxi, conocido por el énfasis «clasista» de su agenda. El bosquejo de programa económico que, bajo el liderazgo de la Conaie, se gestó en los meses posteriores a ese levantamiento, retoma todos los temas propios de una agenda redistributiva.

Yaku Pérez fue el líder más visible de las tendencias internas que se oponían más radicalmente al gobierno de Correa. La razón es bastante simple. Dirigente de la organización rural de una zona de la Sierra sur de relativamente reciente proceso de mestizaje (dos generaciones), la amenaza de una concesión minera en su territorio lo acercó a la Conaie, que tenía una larga trayectoria de oposición a las actividades extractivas, sobre todo en la Amazonía. Pérez llegó a ser presidente de la filial serrana de la Conaie, la Ecuarunari, la organización indígena más numerosa del país. Luego, como prefecto electo, pugnó por conseguir una consulta popular que prohibiera toda minería metálica a gran escala en la provincia del Azuay. Aunque la Corte Constitucional negó sus pedidos, una consulta más limitada, que prohíbe las actividades de minería metálica en las cabeceras de cinco ríos en la capital, Cuenca, acaba de obtener 80% de los votos y a ningún gobierno futuro le será fácil ignorar semejante veredicto.

Esta lucha antiminera desató un proceso interno de recuperación y reinvención de las identidades ancestrales cañari en estas comunidades. Estas identidades contribuían prácticamente a su lucha y también les otorgaban un orgullo y una sensación de que era posible ofrecer alternativas económicas y de vida enraizadas en la tradición y el pasado local. La obsesión del gobierno de Correa por impulsar la minería metálica a gran escala en un país (y unas regiones) sin tradición minera, lo llevó a una persecución sistemática a los dirigentes sociales, entre ellos Yaku Pérez, que estuvo cuatro veces en prisión. Pero no era un ataque personal: la Fiscalía General del Estado reconoció que entre 2009 y 2014 hubo 400 procesos judiciales por año por delitos contra la seguridad del Estado, entre ellos, más de un centenar por año por delitos de sabotaje y terrorismo. No hay un antecedente semejante en la historia ecuatoriana del siglo XX. Como uno de los principales damnificados de esa ola represiva, para Yaku Pérez, el fin del gobierno de Correa se imponía como una cuestión de sobrevivencia. Ese es el contexto de su famosa frase en la segunda vuelta de 2017 entre Guillermo Lasso y Lenín Moreno: «prefiero un banquero a una dictadura».

No veo cómo se puede llamar a esta movilización ecologista «ambientalismo liberal». Ningún liberal que yo conozca está en contra de la minería en Ecuador. Tampoco parece lícito suponer que la política opuesta, la de Rafael Correa, de concesionar estos yacimientos mineros a empresas chinas, pueda ser calificado en sí misma de nacional-popular. El grupo ecologista más cercano a Yaku Pérez es Acción Ecológica, ampliamente reconocido en Ecuador y el mundo como la más combativa de las organizaciones del ecologismo popular. En la campaña para las elecciones del 7 de febrero pasado, Pérez hizo una propuesta radical pero viable: optimizar la explotación petrolera en las regiones donde ya existe, pero no ampliar la frontera extractiva. Respetar, con una conducta ambiental vigilante, los contratos mineros actualmente en explotación y terminar con los que solo están en fase de exploración.

El conflicto interno reciente más conocido en el movimiento indígena ocurrió en el momento de la selección del candidato de Pachakutik para las últimas elecciones presidenciales. Jaime Vargas, dirigente shuar de la Amazonía sur y presidente de la Conaie, y Leonidas Iza se quejaron públicamente del proceso de selección, que en su opinión estuvo organizado para favorecer a Pérez. Vargas se asocia, como la mayoría de los dirigentes shuar, a las corrientes más «étnicas», mientras Iza está más cerca de las «clasistas». De nuevo, las etiquetas ideológicas fluyen con facilidad al calor de combinaciones siempre cambiantes y siempre presentes. Ningún giro reconocible, solo una constante negociación y convivencia de dos dimensiones de una identidad política en tensión. 

Este tipo de disputas internas por candidaturas es tradicional y frecuente en Pachakutik. Sin embargo, la gran masividad de la votación en zonas indígenas a favor de Pérez en 2021 desmiente que haya habido una división significativa en las bases de la Conaie. Estas parecieron sentirse bien representadas electoralmente por Pérez. Fue, por lo tanto, un conflicto entre dirigentes, sepultado por una avalancha de votos. Esa disputa, sin embargo, especialmente con Iza, seguramente volverá a aparecer en el futuro. Pero es claro que el peso político de Yaku Pérez se ha potenciado enormemente dentro de la Conaie luego de obtener casi el 20% de los votos. Ha surgido por primera vez una figura individual que potencia electoralmente el peso social y organizativo de la Conaie a escala nacional. La situación parece comparable a la de Evo Morales en Bolivia luego de las elecciones de 2002, cuando este obtuvo más de 21% de los votos y quedó en segundo lugar de manera sorpresiva. El peso político personal de Pérez en las internas no tendrá equivalentes.

El gran desafío del movimiento indígena, como referente indiscutido de las organizaciones y el movimiento popular ecuatoriano, será administrar sabiamente esta victoria electoral y navegar sobre este inmenso capital político. Luego de varios intentos, al fin este movimiento logró interponerse exitosamente como una tercera opción política entre el correísmo y la derecha tradicional. Y lo hizo gracias a otra tradición antigua: combinar la movilización callejera (el levantamiento de octubre de 2019) y la participación electoral. 

Las conflictivas relaciones con el correísmo serán, sin duda, un componente crucial de esa difícil navegación. ¿Será Andrés Aráuz el artífice de un giro generacional hacia una política más abierta frente a los movimientos sociales por parte del correísmo? Hasta ahora no hay ningún indicio en esa dirección, pero es claro que, si quiere ganar en segunda vuelta, tendrá el imperativo de tomar distancias de su mentor, que fue su único sostén político en primera vuelta, pero que se vuelve su principal pasivo en la segunda. 

Otro de los grandes desafíos de Pachakutik de acá en más será precisar de manera más detallada las agendas programáticas que se esbozaron en la reciente campaña y en los documentos del programa económico tanto del levantamiento de octubre de 2019 como de la «Minka por la vida», nombre dado a la agenda económica y social de Pérez. Es claro que un fuerte compromiso ambiental es fundamental para guiar la tarea parlamentaria o de gobierno, pero no es suficiente. Yaku Pérez cuenta para esta tarea no solo con su experiencia personal y sus inclinaciones individuales, sino con treinta años de experiencia colectiva acumulada.

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Guerra de desgaste contra las comunidades zapatistas

 La estrategia del Gobierno de Andrés Manuel López Obrador se completa con la instalación de nuevos campamentos y bases de la Guardia Nacional, en la región de Ocosingo, que va de la mano de las reactivación de grupos armados como la ORCAO que se desempeñan como paramilitares.

“No somos dueños de la tierra, somos sus guardianes. La tierra es para vivir no para hacer negocio”, dice un joven de la comunidad Nuevo San Gregorio, del Municipio Autónomo Lucio Cabañas, Caracol 10, en el municipio oficial de Ocosingo (Huixtán), Chiapas.

“Estamos cercados en nuestra propia tierra”, agrega una mujer de la misma comunidad que está siendo sitiada por 40 invasores armados con apoyo del Gobierno. Explica que pese al cerco, las familias han montado un taller de carpintería, hacen bordados y mecapal, como forma de resistencia.

Son testimonios recogidos por la “Caravana Solidaria”, integrada por más de 15 colectivos adherentes a la Sexta Declaración de la Selva Lacandona, tanto en la comunidad Nuevo San Gregorio como en las cinco comunidades que integran la región Moisés Gandhi, en el municipio Autónomo de Lucio Cabañas, oficial de Ocosingo.

Integrantes de la Red de Resistencia y Rebeldía Ajmaq nos explican desde San Cristóbal de Las Casas que se trata de más de 600 hectáreas que fueron recuperadas por las bases zapatistas cuando la ofensiva de 1994 y que ahora están siendo cercadas por “medianos propietarios y personas aliadas de los gobiernos federal y del Estado de Chiapas” y por miembros de la Organización Regional de Cafeticultores de Ocosingo (ORCAO).

En Moisés Gandhi, habitada por cientos de familias, las agresiones comenzaron el 23 de abril de 2019, con disparos de armas de grueso calibre desde las 5h hasta las 21h, situación que el Gobierno no quiere ni tiene la voluntad de detener. Desde que comenzaron los ataques, en abril de 2019, en varias ocasiones llegaron grupos de 250 a 300 personas armadas en vehículos, queman viviendas, roban y destruyen cosechas. En varias ocasiones han secuestrado a comuneros, los golpean y amenazan y luego los sueltan.

El 22 de agosto quemaron una tienda de acopio de café zapatista en el crucero de Cuxuljá, un cruce estratégico de carreteras que conectan San Cristóbal con Palenque.

Se trata de nuevas modalidades de la contrainsurgencia que se van adaptando al crecimiento y expansión territorial del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN), que pasó a contar con 43 centros de resistencia. Integrantes de la caravana explican que los miembros de ORCAO son gente politizada que conoce bien al movimiento zapatista.

Desde hace años fueron atraídos por programas sociales que les ofrecen recursos si regularizan las tierras, pueden capitalizarse y pasar de campesinos pobres a campesinos ricos, adquiriendo poder. La ORCAO vende su café a grandes empresas vinculadas a Wall Mart, ya que tiene aspiraciones de conseguir grandes ganancias.

“La forma de operar consiste en cercar las viviendas, las clínicas y las escuelas de las familias y comunidades zapatistas, y de ese modo les impiden seguir produciendo, configurando una guerra integral de desgaste que busca quebrar la economía autónoma”, explican miembros de la Ajmaq y de las caravanas solidarias.

Imposible no conectar esta situación con lo que fueron las políticas sociales de los gobiernos progresistas en Sudamérica. No sólo transferían recursos a los barrios y comunidades pobres, sino que buscaban que los intermediarios fueran organizaciones y movimientos populares que antes habían luchado contra los gobiernos neoliberales. De esa manera, incorporaban a las políticas oficiales personas que conocían a fondo a los movimientos, saberes a que los Estados desconocían.

 “No es casualidad que la ORCAO esté atacando a las nuevas Juntas de Buen Gobierno y centros de resistencia, porque allí la mayoría son jóvenes y mujeres y buscan desanimarlos y atemorizarlos”, dicen miembros de las caravanas.

Por eso además de cercar con alambres las tierras comunitarias, rompen tuberías de agua, cercan manantiales, pastos donde se alimenta el ganado y les impiden cosechar. En Nuevo San Gregorio, las bases de apoyo reconocen que este año apenas pudieron cosechar el 50% del año pasado. El objetivo es crear una crisis humanitaria que fuerce a las familias zapatistas a abandonar las tierras que recuperaron luchando.

La estrategia del Gobierno de Andrés Manuel López Obrador se completa con la instalación de nuevos campamentos y bases de la Guardia Nacional en la región de Ocosingo, que va de la mano de las reactivación de grupos armados como la ORCAO que se desempeñan como paramilitares.

“No nos rendimos, aquí seguimos organizando nuestros trabajos colectivos”, aseguran las comunidades. Para mantener la resistencia organizan trabajos colectivos, para asegurarse la alimentación y la salud. La decisión de resistir de forma pacífica, sin violencia pero sin abandonar la lucha, tiene enormes costos que las bases zapatistas están dispuestas a afrontar.

Desde arriba buscan el enfrentamiento entre pueblos, apoyando organizaciones sociales que cuentan con la complicidad de los gobiernos municipal, estatal y federal, con el objetivo de minar la autonomía zapatista que es una de las principales esperanzas que ilumina el planeta.

5 feb 2021 09:50

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Viernes, 29 Enero 2021 05:32

Gira por la vida y la esperanza

Gira por la vida y la esperanza

En todos los rincones del mundo los de arriba están perpetrando un genocidio silencioso de pueblos originarios y negros, de campesinos y pobres, de la ciudad y del campo.

El ejército de Turquía invade el norte de Siria, arrasando aldeas y ciudades kurdas. El gobierno de Israel no vacuna a la población palestina. En Manaus (Amazonia de Brasil) mueren miles en hospitales colapsados. En apenas tres semanas de 2021, se produjeron ya seis masacres en Colombia, con un saldo de más de 15 muertos (https://bbc.in/36fznA2).

Los feminicidios se multiplicaron durante la pandemia, como parte inseparable del genocidio contra las y los de abajo.

En Chiapas las bandas paramilitares atacan con armas de fuego a las comunidades en MoisésGandhi. El guion es siempre el mismo: los paramilitares como la Orcao, con asesoramiento de las fuerzas armadas, atacan bases de apoyo zapatista; el gobierno federal y el del estado callan, o sea, consienten. Los medios y los partidos callan, o sea, consienten.

En las periferias urbanas latinoamericanas y en las remotas áreas rurales no sólo no se habla de vacunas, sino que tampoco tenemos infraestructuras hospitalarias en condiciones, ni médicos ni enfermeras suficientes.

Una característica de la tormenta contra los de abajo es que a nadie le importa. Nadie reacciona, ni se conmueve. La indiferencia es la política de los estados y de buena parte de la "opinión pública". Ayot-zinapa sucede todos los días, no sólo en México.

Es una política consolidada arriba y aceptada con entusiasmo por el sistema político. Es un cerco militar y mediático contra los pueblos, para inmovilizarlos, mientras el capital (liberado de controles) profundiza su extenso e intenso proceso de concentración y centralización en cada vez menos manos.

La gira zapatista por tierras europeas es una oportunidad para romper el cerco, para volvernos a juntar en espacios comunes, hacernos escuchar y tejernos como pueblos en resistencia. La propuesta zapatista anunciada en octubre y actualizada el primero de enero en la declaración "Por la vida" es un enorme esfuerzo de las comunidades para romper el cerco de la muerte.

La respuesta desde Europa vino de la mano de más de mil colectivos en más de 20 países que declaran su voluntad de sumarse y organizar una gira que llevará a más de 100 zapatistas, en su mayoría mujeres, por muchos rincones del continente.

No será nada sencillo organizar una gira tan amplia en un momento en el que la pandemia no halla límites, brindando una ocasión a los gobiernos y las policías para acotar la acción colectiva. En Europa se limitaron los derechos de reunión y de manifestación, lo cual en estos momentos arroja muchas dudas sobre cómo será la celebración del 8 de marzo.

También será muy difícil que miles de activistas consigan ponerse de acuerdo, ya que provienen de diferentes historias, ideologías y modos de hacer. Estas diversas culturas políticas encontrarán dificultades para superar el egocentrismo individual y colectivo, la inevitable búsqueda de focos mediáticos para algunos, siempre pocos, pero con gran poder disgregador.

A las dificultades propias de la situación deben sumarse las que provienen de tantos años de fragmentación y, sobre todo, de la continuidad de una cultura política centrada en los estados, en los varones caudillos y en los discursos que no van acompañados de prácticas coherentes.

La expedición zapatista brinda la ocasión para encarar otras dos tareas necesarias, además de la mentada ruptura del cerco.

La primera es que permitirá enlazar y coordinar colectivos que habitualmente están distantes o que ni siquiera se conocían. No se trata de crear nuevos aparatos o estructuras, sino de abrir un amplio abanico de vínculos horizontales e igualitarios, algo mucho más difícil aún que establecer una "coordinadora" que a menudo repite los vicios de los aparatos.

La segunda es que conocer más a fondo los modos zapatistas de hacer puede permitir a muchas personas y colectivos adentrarse en culturas políticas que hasta ahora sólo algunos grupos feministas y juveniles han puesto en práctica.

Una de las constataciones más deprimentes en los ambientes militantes es comprobar cómo década tras década se tienden a repetir los mismos vicios que, ingenuamente, creíamos superados. No hay modo de superarlos sino haciendo, errando y volviendo a hacer, hasta encontrar modos de trabajar que no lastimen, ni excluyan, ni humillen.

La gira zapatista será una fuente enorme de aprendizaje para los más diversos colectivos anticapitalistas. Primero, constatar que se puede, que los de arriba no son tan poderosos como parecen. Segundo, que podemos sumar más y más personas sin reproducir el sistema, buscando confluencias entre quienes sufrimos similares opresiones. Desafío y esperanza a la vez.

Si todo marcha bien, en el sur del continente reproduciremos la expedición. Estos días estamos dando los primeros pasos, tímidos por ahora, para desplegar las energías que nos permitan seguir rompiendo cercos.

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Fotografía: Hernán Ayala / Noname, 9 de septiembre /2020.

Aunque las restricciones impuestas con la pandemia limitaron la movilización social, esta se abrió camino en distintos momentos de 2020. Sin embargo, no se consiguió articular un movimiento social como el perfilado a finales del año anterior. Existe una dificultad para articular el descontento social expresado en las protestas, que se explica por factores como el incremento de la represión y por ciertas disonancias entre lo social y lo político.

El paro nacional iniciado el 21 de noviembre de 2019 produjo un fenómeno inédito de movilización social en la historia reciente del país, solo comparable con el paro cívico del 14 de septiembre de 1977. Las grandes manifestaciones tuvieron una naturaleza interclasista, articulando a actores de clase media y media alta, estudiantes, mujeres, ambientalistas, desempleados y, mayoritariamente, jóvenes.

Como consecuencia, las demandas iniciales, en contra del “paquetazo” neoliberal –las reformas tributaria, laboral y pensional del gobierno Duque– se enriquecieron con diversidad de reclamos transversales y no solo sectoriales, convergentes en la implementación del Acuerdo de paz. Así mismo, las organizaciones convocantes, principalmente las centrales obreras en el Comité de Paro, resultaron desbordadas, de manera que muchas de las acciones de protesta fueron descentralizadas y “auto convocadas”, esparciéndose por las ciudades, rompiendo con la tradición de protestar en las plazas centrales y acogiendo repertorios de acción como el cacerolazo.

Sin embargo, en 2020 el ímpetu de las movilizaciones se moderó considerablemente. Tras los frustrados diálogos entre el gobierno y el Comité de Paro hubo varios intentos de reactivar la protesta, con jornadas de paro nacional el 21 de enero y el 21 de febrero que no alcanzaron el carácter masivo ni la intensidad de las protestas del año anterior. La jornada programada para el 25 de marzo finalmente no contó con ninguna posibilidad por el comienzo de la emergencia sanitaria producto del arribo del covid-19 al país.

Así pues, la dinámica de movilización fue interrumpida por las restricciones de la pandemia y el miedo al contagio. No obstante, la protesta social se abrió camino aún en estas circunstancias, incluso en denuncia/rechazo de las medidas autoritarias de los gobiernos nacional y locales en demanda de asistencia para enfrentar las cuarentenas. Informes de observatorios como el Cinep señalan que no hubo una disminución drástica de la protesta. Esto quiere decir que el descontento se mantiene constante, expresándose en un número importante de protestas aunque sin lograr articularse en un movimiento social como el del año anterior. ¿Por qué se produce este fenómeno?

Las limitaciones del movimiento que emergió a finales de 2019, más que por las restricciones de la pandemia se explican por problemas a la hora de enfrentar el contexto político, especialmente la represión, la cooptación y la imposibilidad de enfrentar los discursos criminalizantes, y de su dinámica endógena, particularmente la incapacidad para articular el descontento social a causa de las divisiones que produce el desencuentro entre lo social y lo político.

 

El panorama

 

Ciertamente, las restricciones a la vida diaria causadas por la pandemia y las medidas autoritarias del gobierno limitaron seriamente las posibilidades de movilización y protesta. Los movimientos sociales tienen como base el tejido social de la cotidianidad y las organizaciones especializadas en promover la acción colectiva en favor de una causa determinada, de manera que la limitación de las relaciones y la movilidad de la población reducen las posibilidades de agenciar acciones colectivas. Por eso se promovieron repertorios de acción alternativos a la protesta callejera, como el cacerolazo, implementado con éxito a finales de 2019, aunque sin resultados similares.

Sin embargo, la afectación de las movilizaciones producto de la pandemia fue relativa. En enero y febrero se presentaron varios intentos de retomar su impulso siempre con la vista puesta en el memorable 21 de noviembre de 2019. Las restricciones operaron sobre todo durante los meses de confinamiento obligatorio, entre marzo y agosto. Pero incluso en este período se registraron protestas como las de abril en Bogotá, en demanda al gobierno Distrital de auxilios económicos para enfrentar la cuarentena.


El 7 de septiembre se trató nuevamente de retomar el hilo de las protestas de 2019 con una caravana contra las políticas del gobierno nacional. Esa misma semana se presentaron las protestas contra el asesinato del abogado Javier Ordóñez en un CAI de la Policía, que arrojaron un saldo de 13 ciudadanos asesinados y 305 heridos, en Bogotá. Desde el 10 de octubre se manifestó la Minga del pueblo Nasa que, ante la negativa del presidente Duque a dialogar en Cali, marcha hacia Bogotá para unirse al paro nacional previsto para los días 19 y 21 del mismo mes.

En suma, si bien la pandemia generó grandes restricciones, sobre todo mientras estuvo vigente el confinamiento, no se cerraron por completo las posibilidades de la movilización social. Sin embargo, la fortaleza o debilidad del movimiento social no solo debe ponderarse en función del número de protestas sino también en términos de su capacidad para articular y generar discursos o marcos de sentido alternativos. El que existieran grandes manifestaciones, como la Minga, indica que el problema de articulación del descontento no se explica por la pandemia.

Precisamente, la desarticulación práctica y discursiva se expresó en la incapacidad de los actores sociales para romper con la representación oficial de la crisis sanitaria, que ofrece como “soluciones” al problema el desarrollo científico y tecnológico en el campo de la medicina, en particular las vacunas, omitiendo el hecho innegable de que la magnitud de la crisis tiene fundamentalmente una explicación política, pues desnuda la precariedad del derecho a la salud bajo el modelo de desarrollo neoliberal, que lo ha subordinado por completo al negocio privado y, particularmente en nuestro caso, a la especulación financiera. Así, la falta de articulación imposibilitó disputar la transformación del modelo de desarrollo, punto en que convergen las demandas de diversas protestas, en la coyuntura en que se mostró su faceta más perversa.

 

Las constantes: represión y criminalización

 

En parte, las dificultades para articular el descontento ciudadano en una propuesta alternativa se explican por las constantes de la criminalización y la represión, agudizadas bajo el gobierno de Duque al menos por tres grandes razones.

Primero, porque Duque sigue el libreto de Uribe: tanto antes como durante la pandemia ha basado su legitimidad en la construcción de un enemigo interno que juegue el mismo papel que en los gobiernos de la “seguridad democrática” jugaron las Farc. De ahí su apuesta por una política antidrogas represiva, un marcado antagonismo con el gobierno de Venezuela y la criminalización de toda protesta, mediante el mote de “vandalismo”, que despolitiza los reclamos colectivos, o tratando de asociar las manifestaciones con la guerrilla y las “disidencias” en un reencauche de la doctrina contrainsurgente de la seguridad nacional.

En segundo lugar, porque en buena medida el descontento social sintetiza las demandas de cambio estructural insertas en el Acuerdo de paz, cuya implementación ha sido escamoteada por este gobierno, sin ahorrar esfuerzos para “hacerlo trizas” por distintas vías y cuya política ha beneficiado sistemáticamente a las clases cuyos privilegios se verían afectados de implementarse el mismo: piénsese, por ejemplo, en la reforma rural integral.

Y, finalmente, porque ante el lento pero persistente declive político del uribismo, expresado en el constante “abandono del barco” por muchos de sus adeptos en el escenario político y, sobre todo, por el vistoso descenso en la popularidad tanto del expresidente Uribe como del mismo Duque, su gobierno depende cada vez más de la “mermelada”, esto es, de la distribución de recursos entre los integrantes de su coalición de gobierno y los sectores sociales que aún lo respaldan. Aprovechando la situación excepcional de la emergencia sanitaria, Duque desplegó iniciativas para solidificar vía recursos públicos esos respaldos, de manera que la única amenaza seria a la legitimidad de su gobierno fue la protesta social. Eso explica no solo la criminalización y la represión sino así mismo las constantes iniciativas del gobierno para “regular” ese derecho ciudadano.

La reducción de la protesta social a “vandalismo” fue la estrategia privilegiada contra las protestas desde finales de 2019, incluso se llegó a afirmar que se trataba de un “complot” internacional y en días previos al 21 de noviembre se desplegaron allanamientos y detenciones de activistas. Los abusos en que incurrió la fuerza pública en esta coyuntura, uno de cuyos desenlaces fue el asesinato el sábado 23 de noviembre en Bogotá del estudiante Dilan Cruz, mientras participaba de una movilización no violenta, motivaron incluso un posterior fallo de la Corte Suprema de Justicia, el 22 de septiembre de 2020, en el que condenó las agresiones sistemáticas de la fuerza pública contra los ciudadanos y el uso desproporcionado de la fuerza, ordenándole al gobierno disculparse públicamente, proteger el derecho a la protesta y reestructurar el ejercicio de la fuerza, prohibiendo además el uso del tipo de arma con que el joven fue asesinado.

Sin embargo, la criminalización y la represión no son únicamente agenciadas por el gobierno de Duque. Se trata de un marco discursivo mucho más amplio, compartido incluso por quienes protestaron a finales de 2019. Incluso una de las consignas del concierto que cerró las protestas el 8 de diciembre de ese año fue el rechazo del “vandalismo”. Ese hecho evidenció los límites intrínsecos de una convocatoria hecha por una ciudadanía cuya cultura política está hegemonizada por el discurso político dominante, hasta el punto de adoptar parte de la estrategia de contención de la protesta desplegada por el propio Estado.

Igualmente, la alcaldía de Claudia López adoptó el mismo marco discursivo contra la protesta en las jornadas del 16 y el 21 de enero, así como del 21 de febrero, en las cuales la represión corrió por cuenta del Esmad, pese al protocolo que por entonces ensayaba la administración distrital.

 

El desencuentro entre lo social y lo político

 

El otro factor que explica la dificultad para articular el descontento es el desencuentro entre lo social y lo político, particularmente entre los sectores críticos y de izquierda que animan en parte los movimientos sociales. La persistencia de las protestas a pesar de las restricciones impuestas en el marco de la pandemia y de un contexto adverso de intensa represión, permite apreciarla pervivencia de un gran descontento social que no está debidamente representado en el escenario político.

La gran mayoría de las demandas, expresadas mediante protestas, hacen referencia a problemas estructurales cuya resolución ha sido aplazada o reprimida por la guerra, como la redistribución de la propiedad de la tierra, la disminución de la pobreza y la desigualdad social, el fin de la exclusión política vía genocidio o el abandono del modelo económico neoliberal, e irrumpieron en el ámbito político gracias al proceso de paz. Sin embargo, hoy por hoy en el escenario político institucional tales demandas están infrarrepresentadas.

De hecho, en buena medida la retórica contra la “polarización”, que caracteriza la discusión pública en el país desde las elecciones de 2018, ha estado orientada a proscribir del escenario político las mencionadas demandas, concebidas por la derecha y el autodenominado “centro” como transformaciones muy radicales y generadoras de “odio de clases”. Así, la denuncia de la “polarización” evidencia un intento de acotar la construcción de paz a la implementación del Acuerdo, garantía de que los privilegios sociales no serán tocados.

Este desencuentro entre lo social y lo político también se expresa entre los actores que agencian y que potencialmente podrían articular el descontento social. En el ámbito político no existe un proyecto alternativo, más allá de la oposición abstracta al uribismo, capaz de aglutinar ese descontento. Los frecuentemente llamados sectores “alternativos” se dividen entre las variopintas facciones de la izquierda y los actores emergentes que se auto identifican como “centro” político, muchos de ellos provenientes de los antiguos partidos tradicionales y del mismo uribismo.

Ese desencuentro también se puso en evidencia en las elecciones de alcaldes y gobernadores, pues mientras las demandas de las grandes protestas plantean un rechazo decidido al modelo neoliberal, en varias ciudades principales como Bogotá y Medellín, el electorado se decantó por opciones que no se apartan en lo fundamental de dichas políticas. Aún más, la cooptación de buena parte de sus críticos potenciales por la alcaldía de Claudia López ha significado un freno importante a la hora de generar protestas en Bogotá, desalentando las acciones colectivas para no perjudicar su gobernabilidad, sin mencionar el silencio cuando se trata de denunciar la represión y el discurso criminalizante en que la alcaldesa ha incurrido al replicar el anatema de “vandalismo” y la asociación de las protestas con la insurgencia armada y las “disidencias”.

Por esa razón, nadie exigió que la mandataria local asumiera una responsabilidad política por la masacre ocurrida el 9 y 10 de septiembre, sino que se terminó por responsabilizar únicamente a la Policía y al gobierno nacional, aunque López no explicara con suficiencia quién dio las órdenes de abrir fuego contra civiles en el puesto de mando unificado o si se desobedecieron sus órdenes expresas. Nunca se aclararon las razones de su tardía reacción, mucho después de que en las redes sociales se vertieran denuncias sobre las conductas de la Policía.

La llegada de la Minga a Bogotá el 18 octubre es otro ejemplo de la misma problemática. La participación de la Alcaldesa en los actos de bienvenida, incluso arengando la movilización desde una tarima, ubicó la manifestación en un marco de sentido de corrección política análogo al concierto realizado contra el “vandalismo” en diciembre de 2019. De esa manera se desplegó todo un dispositivo simbólico para impedir que la protesta se desbordara. La alcaldía de Bogotá adoptó así el rol de “policía bueno” y terminó siendo funcional a la indolencia de Duque, pues le restó radicalidad y potencial de afectación a la Minga. Así, aunque el objetivo de la gran movilización era hacer que el presidente accediera a negociar, al final los mingueros tuvieron que retornar al Cauca sin ser atendidos por el gobierno nacional.

El mismo desencuentro entre lo social y lo político resalta, finalmente, en la enorme división de la izquierda, cuya consecuencia es la imposibilidad de articular el descontento social. Un ejemplo anecdótico basta para comprender el problema. Tras la masacre, el 10 de septiembre, el senador Gustavo Petro hizo un llamado a las centrales obreras, vía redes sociales, a convocar un paro nacional. La respuesta de Diógenes Orjuela, presidente de la CUT, e integrante del Moir y del Comité de Paro, fue “cada loro en su estaca”, paradójicamente afirmando que las centrales eran “organizaciones autónomas” y no se subordinarían a ningún movimiento político.

 

¿Qué podemos esperar?

 

Más que las restricciones impuestas con ocasión de la crisis sanitaria, los problemas de los movimientos sociales provienen de factores contextuales, como la represión y criminalización agudizadas bajo el gobierno Duque, y endógenos, como la incapacidad de articular el descontento social expresado en un número importante y creciente de protestas que, sin embargo, se suceden de manera fragmentada.

Una clave explicativa de tal situación es el desencuentro entre lo social y lo político, especialmente la manera como la división de las fuerzas “alternativas” y de izquierda se refleja en el terreno de los movimientos sociales. Si este diagnóstico es correcto, en el corto plazo será muy difícil resolver el problema de la desarticulación, puesto que esas divisiones se expresarán con mayor ahínco en un año pre-electoral.

Por lo tanto, lo que cabe esperar es la expresión fragmentada, sin un norte, una identidad y unos antagonismos políticos claramente definidos, del descontento ciudadano, el cual no solo será una constante sino que incluso se incrementará por cuenta de la creciente pobreza, injusticia y desigualdad que está dejando la pandemia.

Una de las poblaciones más afectadas por la crisis sanitaria son los jóvenes, que constituyen cerca del 70 por ciento de la población del país (aquella comprendida entre 15 y 64 años), dejándolos sin empleo, haciéndolos responsables por otros miembros de sus familias o sin posibilidad de acceder a canales de autorrealización como la educación superior. Esta población es la que más hace presencia en las protestas, porque dispone del tiempo necesario para invertir en ese tipo de apuestas colectivas, experimenta con mayor intensidad las formas de opresión y explotación del mundo contemporáneo, por ejemplo mediante la precarización laboral, pero también la necesidad de establecer vínculos sociales fuertes y realizar experiencias que excedan el mundo virtual que subsume sus vidas.

Publicado enColombia
Fotografía: Hernán Ayala / Noname, 9 de septiembre /2020.

Aunque las restricciones impuestas con la pandemia limitaron la movilización social, esta se abrió camino en distintos momentos de 2020. Sin embargo, no se consiguió articular un movimiento social como el perfilado a finales del año anterior. Existe una dificultad para articular el descontento social expresado en las protestas, que se explica por factores como el incremento de la represión y por ciertas disonancias entre lo social y lo político.

El paro nacional iniciado el 21 de noviembre de 2019 produjo un fenómeno inédito de movilización social en la historia reciente del país, solo comparable con el paro cívico del 14 de septiembre de 1977. Las grandes manifestaciones tuvieron una naturaleza interclasista, articulando a actores de clase media y media alta, estudiantes, mujeres, ambientalistas, desempleados y, mayoritariamente, jóvenes.

Como consecuencia, las demandas iniciales, en contra del “paquetazo” neoliberal –las reformas tributaria, laboral y pensional del gobierno Duque– se enriquecieron con diversidad de reclamos transversales y no solo sectoriales, convergentes en la implementación del Acuerdo de paz. Así mismo, las organizaciones convocantes, principalmente las centrales obreras en el Comité de Paro, resultaron desbordadas, de manera que muchas de las acciones de protesta fueron descentralizadas y “auto convocadas”, esparciéndose por las ciudades, rompiendo con la tradición de protestar en las plazas centrales y acogiendo repertorios de acción como el cacerolazo.

Sin embargo, en 2020 el ímpetu de las movilizaciones se moderó considerablemente. Tras los frustrados diálogos entre el gobierno y el Comité de Paro hubo varios intentos de reactivar la protesta, con jornadas de paro nacional el 21 de enero y el 21 de febrero que no alcanzaron el carácter masivo ni la intensidad de las protestas del año anterior. La jornada programada para el 25 de marzo finalmente no contó con ninguna posibilidad por el comienzo de la emergencia sanitaria producto del arribo del covid-19 al país.

Así pues, la dinámica de movilización fue interrumpida por las restricciones de la pandemia y el miedo al contagio. No obstante, la protesta social se abrió camino aún en estas circunstancias, incluso en denuncia/rechazo de las medidas autoritarias de los gobiernos nacional y locales en demanda de asistencia para enfrentar las cuarentenas. Informes de observatorios como el Cinep señalan que no hubo una disminución drástica de la protesta. Esto quiere decir que el descontento se mantiene constante, expresándose en un número importante de protestas aunque sin lograr articularse en un movimiento social como el del año anterior. ¿Por qué se produce este fenómeno?

Las limitaciones del movimiento que emergió a finales de 2019, más que por las restricciones de la pandemia se explican por problemas a la hora de enfrentar el contexto político, especialmente la represión, la cooptación y la imposibilidad de enfrentar los discursos criminalizantes, y de su dinámica endógena, particularmente la incapacidad para articular el descontento social a causa de las divisiones que produce el desencuentro entre lo social y lo político.

 

El panorama

 

Ciertamente, las restricciones a la vida diaria causadas por la pandemia y las medidas autoritarias del gobierno limitaron seriamente las posibilidades de movilización y protesta. Los movimientos sociales tienen como base el tejido social de la cotidianidad y las organizaciones especializadas en promover la acción colectiva en favor de una causa determinada, de manera que la limitación de las relaciones y la movilidad de la población reducen las posibilidades de agenciar acciones colectivas. Por eso se promovieron repertorios de acción alternativos a la protesta callejera, como el cacerolazo, implementado con éxito a finales de 2019, aunque sin resultados similares.

Sin embargo, la afectación de las movilizaciones producto de la pandemia fue relativa. En enero y febrero se presentaron varios intentos de retomar su impulso siempre con la vista puesta en el memorable 21 de noviembre de 2019. Las restricciones operaron sobre todo durante los meses de confinamiento obligatorio, entre marzo y agosto. Pero incluso en este período se registraron protestas como las de abril en Bogotá, en demanda al gobierno Distrital de auxilios económicos para enfrentar la cuarentena.


El 7 de septiembre se trató nuevamente de retomar el hilo de las protestas de 2019 con una caravana contra las políticas del gobierno nacional. Esa misma semana se presentaron las protestas contra el asesinato del abogado Javier Ordóñez en un CAI de la Policía, que arrojaron un saldo de 13 ciudadanos asesinados y 305 heridos, en Bogotá. Desde el 10 de octubre se manifestó la Minga del pueblo Nasa que, ante la negativa del presidente Duque a dialogar en Cali, marcha hacia Bogotá para unirse al paro nacional previsto para los días 19 y 21 del mismo mes.

En suma, si bien la pandemia generó grandes restricciones, sobre todo mientras estuvo vigente el confinamiento, no se cerraron por completo las posibilidades de la movilización social. Sin embargo, la fortaleza o debilidad del movimiento social no solo debe ponderarse en función del número de protestas sino también en términos de su capacidad para articular y generar discursos o marcos de sentido alternativos. El que existieran grandes manifestaciones, como la Minga, indica que el problema de articulación del descontento no se explica por la pandemia.

Precisamente, la desarticulación práctica y discursiva se expresó en la incapacidad de los actores sociales para romper con la representación oficial de la crisis sanitaria, que ofrece como “soluciones” al problema el desarrollo científico y tecnológico en el campo de la medicina, en particular las vacunas, omitiendo el hecho innegable de que la magnitud de la crisis tiene fundamentalmente una explicación política, pues desnuda la precariedad del derecho a la salud bajo el modelo de desarrollo neoliberal, que lo ha subordinado por completo al negocio privado y, particularmente en nuestro caso, a la especulación financiera. Así, la falta de articulación imposibilitó disputar la transformación del modelo de desarrollo, punto en que convergen las demandas de diversas protestas, en la coyuntura en que se mostró su faceta más perversa.

 

Las constantes: represión y criminalización

 

En parte, las dificultades para articular el descontento ciudadano en una propuesta alternativa se explican por las constantes de la criminalización y la represión, agudizadas bajo el gobierno de Duque al menos por tres grandes razones.

Primero, porque Duque sigue el libreto de Uribe: tanto antes como durante la pandemia ha basado su legitimidad en la construcción de un enemigo interno que juegue el mismo papel que en los gobiernos de la “seguridad democrática” jugaron las Farc. De ahí su apuesta por una política antidrogas represiva, un marcado antagonismo con el gobierno de Venezuela y la criminalización de toda protesta, mediante el mote de “vandalismo”, que despolitiza los reclamos colectivos, o tratando de asociar las manifestaciones con la guerrilla y las “disidencias” en un reencauche de la doctrina contrainsurgente de la seguridad nacional.

En segundo lugar, porque en buena medida el descontento social sintetiza las demandas de cambio estructural insertas en el Acuerdo de paz, cuya implementación ha sido escamoteada por este gobierno, sin ahorrar esfuerzos para “hacerlo trizas” por distintas vías y cuya política ha beneficiado sistemáticamente a las clases cuyos privilegios se verían afectados de implementarse el mismo: piénsese, por ejemplo, en la reforma rural integral.

Y, finalmente, porque ante el lento pero persistente declive político del uribismo, expresado en el constante “abandono del barco” por muchos de sus adeptos en el escenario político y, sobre todo, por el vistoso descenso en la popularidad tanto del expresidente Uribe como del mismo Duque, su gobierno depende cada vez más de la “mermelada”, esto es, de la distribución de recursos entre los integrantes de su coalición de gobierno y los sectores sociales que aún lo respaldan. Aprovechando la situación excepcional de la emergencia sanitaria, Duque desplegó iniciativas para solidificar vía recursos públicos esos respaldos, de manera que la única amenaza seria a la legitimidad de su gobierno fue la protesta social. Eso explica no solo la criminalización y la represión sino así mismo las constantes iniciativas del gobierno para “regular” ese derecho ciudadano.

La reducción de la protesta social a “vandalismo” fue la estrategia privilegiada contra las protestas desde finales de 2019, incluso se llegó a afirmar que se trataba de un “complot” internacional y en días previos al 21 de noviembre se desplegaron allanamientos y detenciones de activistas. Los abusos en que incurrió la fuerza pública en esta coyuntura, uno de cuyos desenlaces fue el asesinato el sábado 23 de noviembre en Bogotá del estudiante Dilan Cruz, mientras participaba de una movilización no violenta, motivaron incluso un posterior fallo de la Corte Suprema de Justicia, el 22 de septiembre de 2020, en el que condenó las agresiones sistemáticas de la fuerza pública contra los ciudadanos y el uso desproporcionado de la fuerza, ordenándole al gobierno disculparse públicamente, proteger el derecho a la protesta y reestructurar el ejercicio de la fuerza, prohibiendo además el uso del tipo de arma con que el joven fue asesinado.

Sin embargo, la criminalización y la represión no son únicamente agenciadas por el gobierno de Duque. Se trata de un marco discursivo mucho más amplio, compartido incluso por quienes protestaron a finales de 2019. Incluso una de las consignas del concierto que cerró las protestas el 8 de diciembre de ese año fue el rechazo del “vandalismo”. Ese hecho evidenció los límites intrínsecos de una convocatoria hecha por una ciudadanía cuya cultura política está hegemonizada por el discurso político dominante, hasta el punto de adoptar parte de la estrategia de contención de la protesta desplegada por el propio Estado.

Igualmente, la alcaldía de Claudia López adoptó el mismo marco discursivo contra la protesta en las jornadas del 16 y el 21 de enero, así como del 21 de febrero, en las cuales la represión corrió por cuenta del Esmad, pese al protocolo que por entonces ensayaba la administración distrital.

 

El desencuentro entre lo social y lo político

 

El otro factor que explica la dificultad para articular el descontento es el desencuentro entre lo social y lo político, particularmente entre los sectores críticos y de izquierda que animan en parte los movimientos sociales. La persistencia de las protestas a pesar de las restricciones impuestas en el marco de la pandemia y de un contexto adverso de intensa represión, permite apreciarla pervivencia de un gran descontento social que no está debidamente representado en el escenario político.

La gran mayoría de las demandas, expresadas mediante protestas, hacen referencia a problemas estructurales cuya resolución ha sido aplazada o reprimida por la guerra, como la redistribución de la propiedad de la tierra, la disminución de la pobreza y la desigualdad social, el fin de la exclusión política vía genocidio o el abandono del modelo económico neoliberal, e irrumpieron en el ámbito político gracias al proceso de paz. Sin embargo, hoy por hoy en el escenario político institucional tales demandas están infrarrepresentadas.

De hecho, en buena medida la retórica contra la “polarización”, que caracteriza la discusión pública en el país desde las elecciones de 2018, ha estado orientada a proscribir del escenario político las mencionadas demandas, concebidas por la derecha y el autodenominado “centro” como transformaciones muy radicales y generadoras de “odio de clases”. Así, la denuncia de la “polarización” evidencia un intento de acotar la construcción de paz a la implementación del Acuerdo, garantía de que los privilegios sociales no serán tocados.

Este desencuentro entre lo social y lo político también se expresa entre los actores que agencian y que potencialmente podrían articular el descontento social. En el ámbito político no existe un proyecto alternativo, más allá de la oposición abstracta al uribismo, capaz de aglutinar ese descontento. Los frecuentemente llamados sectores “alternativos” se dividen entre las variopintas facciones de la izquierda y los actores emergentes que se auto identifican como “centro” político, muchos de ellos provenientes de los antiguos partidos tradicionales y del mismo uribismo.

Ese desencuentro también se puso en evidencia en las elecciones de alcaldes y gobernadores, pues mientras las demandas de las grandes protestas plantean un rechazo decidido al modelo neoliberal, en varias ciudades principales como Bogotá y Medellín, el electorado se decantó por opciones que no se apartan en lo fundamental de dichas políticas. Aún más, la cooptación de buena parte de sus críticos potenciales por la alcaldía de Claudia López ha significado un freno importante a la hora de generar protestas en Bogotá, desalentando las acciones colectivas para no perjudicar su gobernabilidad, sin mencionar el silencio cuando se trata de denunciar la represión y el discurso criminalizante en que la alcaldesa ha incurrido al replicar el anatema de “vandalismo” y la asociación de las protestas con la insurgencia armada y las “disidencias”.

Por esa razón, nadie exigió que la mandataria local asumiera una responsabilidad política por la masacre ocurrida el 9 y 10 de septiembre, sino que se terminó por responsabilizar únicamente a la Policía y al gobierno nacional, aunque López no explicara con suficiencia quién dio las órdenes de abrir fuego contra civiles en el puesto de mando unificado o si se desobedecieron sus órdenes expresas. Nunca se aclararon las razones de su tardía reacción, mucho después de que en las redes sociales se vertieran denuncias sobre las conductas de la Policía.

La llegada de la Minga a Bogotá el 18 octubre es otro ejemplo de la misma problemática. La participación de la Alcaldesa en los actos de bienvenida, incluso arengando la movilización desde una tarima, ubicó la manifestación en un marco de sentido de corrección política análogo al concierto realizado contra el “vandalismo” en diciembre de 2019. De esa manera se desplegó todo un dispositivo simbólico para impedir que la protesta se desbordara. La alcaldía de Bogotá adoptó así el rol de “policía bueno” y terminó siendo funcional a la indolencia de Duque, pues le restó radicalidad y potencial de afectación a la Minga. Así, aunque el objetivo de la gran movilización era hacer que el presidente accediera a negociar, al final los mingueros tuvieron que retornar al Cauca sin ser atendidos por el gobierno nacional.

El mismo desencuentro entre lo social y lo político resalta, finalmente, en la enorme división de la izquierda, cuya consecuencia es la imposibilidad de articular el descontento social. Un ejemplo anecdótico basta para comprender el problema. Tras la masacre, el 10 de septiembre, el senador Gustavo Petro hizo un llamado a las centrales obreras, vía redes sociales, a convocar un paro nacional. La respuesta de Diógenes Orjuela, presidente de la CUT, e integrante del Moir y del Comité de Paro, fue “cada loro en su estaca”, paradójicamente afirmando que las centrales eran “organizaciones autónomas” y no se subordinarían a ningún movimiento político.

 

¿Qué podemos esperar?

 

Más que las restricciones impuestas con ocasión de la crisis sanitaria, los problemas de los movimientos sociales provienen de factores contextuales, como la represión y criminalización agudizadas bajo el gobierno Duque, y endógenos, como la incapacidad de articular el descontento social expresado en un número importante y creciente de protestas que, sin embargo, se suceden de manera fragmentada.

Una clave explicativa de tal situación es el desencuentro entre lo social y lo político, especialmente la manera como la división de las fuerzas “alternativas” y de izquierda se refleja en el terreno de los movimientos sociales. Si este diagnóstico es correcto, en el corto plazo será muy difícil resolver el problema de la desarticulación, puesto que esas divisiones se expresarán con mayor ahínco en un año pre-electoral.

Por lo tanto, lo que cabe esperar es la expresión fragmentada, sin un norte, una identidad y unos antagonismos políticos claramente definidos, del descontento ciudadano, el cual no solo será una constante sino que incluso se incrementará por cuenta de la creciente pobreza, injusticia y desigualdad que está dejando la pandemia.

Una de las poblaciones más afectadas por la crisis sanitaria son los jóvenes, que constituyen cerca del 70 por ciento de la población del país (aquella comprendida entre 15 y 64 años), dejándolos sin empleo, haciéndolos responsables por otros miembros de sus familias o sin posibilidad de acceder a canales de autorrealización como la educación superior. Esta población es la que más hace presencia en las protestas, porque dispone del tiempo necesario para invertir en ese tipo de apuestas colectivas, experimenta con mayor intensidad las formas de opresión y explotación del mundo contemporáneo, por ejemplo mediante la precarización laboral, pero también la necesidad de establecer vínculos sociales fuertes y realizar experiencias que excedan el mundo virtual que subsume sus vidas.

Publicado enEdición Nº275
Sábado, 23 Enero 2021 06:26

Arranca el Foro Social Mundial

Arranca el Foro Social Mundial

Se cumplen 20 años del primer encuentro en Porto Alegre

 

El Foro Social Mundial (FSM) cumple 20 años y tendrá una semana de actividades virtuales abiertas. El FSM arranca este sábado 23 con una marcha virtual que se realizará con una transmisión de 24 horas en la que se destacarán las experiencias, visiones y los testimonios de destacados líderes y referentes sociales del mundo: Lula da Silva, Miriam Miranda, Leila Khaled, Ashish Kothari, Aminata Dramane Traoré y Yanis Varoufakis.

“Uno de los retos principales que hemos debatido entre los consejos organizadores es cómo trascender a la acción y lograr la articulación de los movimientos. Cómo hacemos que las luchas se conecten para lograr algo interseccional” explicó Rosy Zúñiga, secretaria general del Consejo de Educación Popular de América Latina y el Caribe (CEAAL), en la conferencia de prensa del Foro Social Mundial 2021.

La historia del FSM empieza en enero de 2001 cuando se realizó el primero foro en Porto Alegre, Brasil. Desde su creación el espacio ha dado lugar a la convergencia de organizaciones sociales de todo el mundo. La actual edición cuenta con cerca de cinco mil personas y 700 organizaciones que participarán de las actividades, aunque se espera que se sumen más participantes a lo largo de la semana.

El domingo empieza con el panel “Paz y Guerra”: Desarme universal para la transformación social y ecológica. Estará centrado en “explorar estrategias de los movimientos sociales y ambientales para la desmilitarización de las estructuras políticas en las secuelas de la pandemia”. La democratización de la economía se abordará el panel Justicia Económica, “vamos a abordar desde diferentes voces cómo podría ser otro mundo posible en términos económicos, cómo hacemos la gestión desde los pueblos”, explicó Zúñiga.

“El FSM es una voz muy fuerte contra el sistema económico que se construye desde Davos”, agregó Zúñiga en la conferencia de prensa de la que también participó el ambientalista de India, Ashish Kothari que habló sobre la importancia de reconocer la deuda ecológica de los países contaminantes. “Existe una demanda creciente del sur global, todos los pueblos y personas que han sido colonizados en los últimos 500 años y cuyos recursos naturales y territorios fueron saqueados para el desarrollo de Europa y de Norteamérica”, dijo Kothari a Página/12.

“Debemos ir más allá y exigir que se reconozca la deuda ecológica de estos países con los países del sur. Tiene que convertirse en un movimiento global para para cancelar la deuda económica y financiera y de hecho hacer reparaciones por todo el daño de los últimos 500 años, incluyendo los últimos 70-80 años de llamado ‘desarrollo’”, puntualizó. Kothari también se refirió al movimiento por reconocer el ecocidio como un crimen, “por ejemplo, los celulares, las compañías que producen los celulares están creando un enorme daño ecológico y conflicto social en lugares como África Central. Eso es ecocidio, una forma de asesinato en masa y debemos reconocerlo para que estas corporaciones se detengan”. Este será uno de los temas a debatir en las jornadas dedicadas a la economía y a la democracia.

Otras de las temáticas principales del FSM 2021 son Educación, Comunicación y Cultura, en este panel se debatirá la situación de la educación en el mundo, “cómo disputar un espacio que esté al alcance de todos, ahí vemos cómo ha habido una injusticia en esta pandemia”. También habrá un panel sobre Feminismos, sociedad y diversidad, pueblos originarios ancestrales: demandas, denuncias y alternativas. Además, el jueves se realizará el panel referido a la Democracia y a la construcción de poder popular desde los espacios públicos. 

Consultada sobre los desafíos actuales de la participación política en América Latina, Rosy Zúñiga respondió a Página/12: “defender tu territorio con tu cuerpo y palabra se vuelve peligroso, por eso necesitamos unir fuerzas, es una bandera que todos tenemos que levantar y buscar formas de participación política desde nuestro territorio”. 

Las charlas sobre democracia y participación apuntan a crear una mayor conciencia del papel de los movimientos, “nosotros somos la mayoría, somos el 99 por ciento, lo que necesitamos es tener conciencia de eso, eso también es uno de los papeles del Foro Social Mundial, estar juntos y saber que sí podemos hacer que cambien las cosas” enfatizó Francine Mestrum del consejo internacional del FSM.

El 29 se realizará un debate sobre Clima, ecología y medioambiente, quienes participen podrán asistir a charlas sobre recursos naturales, acceso al agua, extractivismo, la resiliencia de las comunidades frente a la covid-19, emergencia ambiental y urgencia de educación ambiental, entre otros temas. Por último se realizará un actividad llamada El Ágora, una especie de plaza pública virtual para compartir las acciones/iniciativas que se llevarán adelante este año, así como la organización del próximo foro presencial en México.

Publicado enSociedad
Viernes, 22 Enero 2021 05:44

Tupak Katari vive y vuelve…carajo

Tupak Katari vive y vuelve…carajo

(En homenaje a Felipe Quispe, Mallku, 1942-2021)

 

Luchó hasta el último aliento. A los 78 años, en agosto de 2020, estuvo a la cabeza de más de setenta bloqueos campesino-indígenas que derrotaron al gobierno golpista de Jeannine Añez, forzándolo a convocar elecciones.

Fue un rebelde intransigente. Contra el neoliberalismo y el colonialismo, contra todos los de arriba, fueran de derecha o de izquierda. Nada le impidió seguir caminando, aún en la más absoluta soledad, con toda la “correlación de fuerzas” en contra.

Felipe Quispe nació en la comunidad aymara de Chilijaya, en el municipio de Achacachi, un 22 de agosto de 1942. Desde ese lugar irradió su influencia hacia todo el Altiplano, hasta convertirse en un referente ineludible de la dignidad aymara e indígena.

En 1978 fue fundador del Movimiento Indígena Túpac Katari y años después impulsó el movimiento Ayllus Rojos que desemboca en el Ejército Guerrillero Túpac Katari (EGTK), donde confluyó con Raquel Gutiérrez y otras personas que prefiero no nombrar para no ensuciar su memoria.

Al nombrarlo Mallku (cóndor en aymara), se le reconoce su autoridad como referente ético y político, alguien que vuela muy alto, que encarna el espíritu y la fuerza de las montañas.

Estuvo preso en el penal de Chonchocoro desde 1992. Salió en 1998 como secretario general de la CSUTCB (Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia) impulsando bloqueos de caminos contra el gobierno de Hugo Bánzer, encabezó la primera guerra del gas (2003) y más tarde fue un opositor al gobierno de Evo Morales, por razones ideológicas y éticas.

Estos días sus compañeros de lucha lo recuerdan con emoción y cariño. El protagonista de la guerra del agua, en 2000, Oscar Olivera, lo define como “un tipo leal y confiable. Un vocero y un símbolo del pueblo aymara. Era muy duro con los opresores pero enormemente generoso con la gente sencilla. Nunca se colocó en el papel de víctima”.

Para Raúl Prada, “en la lucha de Felipe hay una remembranza del siglo 18 cuando la rebelión de Tupak Katari. Hay pocas personas cuyo cuerpo entero esté dispuesto para el combate”.

En el homenaje que le hizo Radio Deseo, la trabajadora del hogar y sindicalista Yolanda Mamani mostró su admiración por el Mallku. “Hablaba desde su lugar de campesino indígena, dejó el parlamento y volvió a su pueblo. Nos decía que no sólo tenemos que alimentar el cuerpo, sino nuestra mente con pensamientos, y que tenemos que ser rebeldes”.

María Galindo, de Mujeres Creando, enfatizó que la muerte de Felipe “nos deja un vacío gigante” y prefirió recordarlo como alguien que “hablaba en primera persona, no por otros ni a nombre de un tercero. No sólo quería derrocar un gobierno sino mirar más allá, más profundo. Hizo de la rabia una fuerza política”.

Muchos los recuerdan por una de sus frases durante una entrevista que le hizo la periodista Amalia Pando, cuando lo interpeló por las razones de la lucha armada: «No quiero que mi hija sea su sirvienta …» (https://bit.ly/3bZ4svJ). Felipe tenía esa extraordinaria habilidad para sintetizar la opresión colonial.

En una de las últimas entrevistas, recordó que su tarea es “obedecer las decisiones de las bases”, que lo eligieron para comandar los bloqueos de agosto y semanas atrás lo propusieron como candidato a la gobernación de La Paz (https://bit.ly/2XZVmXf).

Asegura que en agosto pasado podrían haber derribado al gobierno “racista y fascista” de Añez, pero que el MAS los traicionó retirando a sus bases de los bloqueos.

En esa entrevista reconoce que apoyó al MAS para sacar a lo golpistas, pero a renglón seguido dijo que “Evo Morales sigue metiendo su mano sucia en el gobierno de Arce, cuando debió retirarse como le dijeron muchos dirigentes”.

Estos días en el Altiplano aymara se escuchan voces que dicen: “No hubiera habido un Evo sin un Mallku”. Porque que fue la lucha de las comunidades lo que abrió un hueco en la dominación por donde se colaron el MAS y Evo Morales. Pero a la hora de la lucha, mientras los de arriba se fugaron del país, ahí permanecieron los Felipes para seguir la pelea.

Fue un dirigente limpio. Nunca se rindió, ni se vendió, ni claudicó. Por eso pasará a la mejor historia de resistencia y dignidad de los de abajo. La historia coloca a cada quien en su sitio.

Fue un educador de su pueblo. En el prólogo de su libro de 1990, “Tupac Katari vive y vuelve …carajo”, escribió: “El fuego de la verdad de los oprimidos y explotados hará llorar y aullar a esta nueva Sodoma y Gomorra que es la sociedad capitalista”.

Los recambios a la generación de Felipe ya los vemos entre los jóvenes y las mujeres que salieron a las calles cuando los bloqueos de 2020, entre las que participaron en el Parlamento de las Mujeres convocado por Mujeres Creando cuando el golpe de 2019 y entre los miles de herederos de los jóvenes que protagonizaron el levantamiento de 2003 en El Alto.

Quiero recordarlo con una frase típica de Felipe: “Podrán privatizar las montañas, pero los cóndores seguiremos volando”.

Jallalla Mallku!!!!

 

21 enero 2021 

Publicado enInternacional
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