Colombia, Cauca. Se atiza el fuego de guerra contra los pueblos indígenas

Un desangre sin límite a la vista y con propósitos claramente establecidos. En la tarde del pasado martes 29 de octubre, cinco indígenas nasa fueron acribillados mientras realizaban actividades de control territorial en el resguardo de Tacueyó. Un día antes, en otra región del norte del Cauca (Corinto), en circunstancias que aún no están del todo claras, fue asesinado Flower Jair Trompeta, defensor de derechos humanos e integrante de la Asociación de Trabajadores Pro-Constitución Zonas de Reserva Campesina de Caloto; de acuerdo a la denuncia de la comunidad, fue interceptado por integrantes del Ejército y horas después su cadáver apareció en la vereda La laguna. Ese mismo 28 de octubre, en el municipio de Curillo (departamento de Caquetá), otro excombatiente de las Farc, Wilson Parra Lozada, el objeto de la acción de sicarios.

El país está de luto permanente por el asesinato de los líderes y lideresas sociales. Octubre cierra como un nuevo mes de sangre pues, como espejo de los meses pasados, fueron varias las vidas de liderazgos sociales que apagaron de manera violenta las fuerzas del poder, a saber: el líder y dirigente indígena del pueblo Embera del departamento de Quindío, Constantino Ramírez Bedoya, a quien le arrebataron la vida la noche del 17 de octubre cuando se dirigía por la vía que conecta a Calarcá con el Resguardo Indígena Dachi Agore; de la misma manera el excombatiente fariano Alexander Parra, ultimado el pasado 24 de octubre al interior del Espacio Territorial de Capacitación y Reincorporación (Etcr) de Mesetas, en el departamento del Meta.

Son asesinatos que evidencian la grave situación de derechos humanos que padece el país. Atentados violentos contra objetivos claramente establecidos producto de lo cual, y si se toma para ello el momento de la firma el Acuerdo de Paz entre las Farc y el gobierno de Santos, ya suman 169 los excombatientes que han sido objeto de la acción homicida que procura romper en su totalidad el Acuerdo en cuestión. Violencia y atentados también enfocados en la humanidad de los indígenas, los que de acuerdo al consejero mayor de la Onic, Luis Fernando Arias, registran 125 integrantes de sus pueblos asesinados desde que Iván Duque asumió la presidencia.

La guerra contra los indígenas del norte del Cauca

No es nuevo, la guerra en el Cauca continua en creciente. Son múltiples las amenazas recibidas por las autoridades indígenas en los últimos meses, donde ponen precio a las cabezas de líderes, consejeros y Guardias del Consejo Regional Indígena del Cauca (Cric). Amenazas que con el paso del tiempo se van concretando, pues vale recordar que el primer día del mes de agosto fue asesinado en el resguardo de Huellas-Caloto el coordinador de la Guardia Indígena Gersain Yatacue; y de la misma manera caían el 10 de agosto los guardias del resguardo de San Francisco, Kevin Ademir Mestizo Coicue y Ogenio Tenorio*.

Según las organizaciones indígenas, los hechos ocurridos el 29 de octubre se presentaron mientras las autoridades se encontraban realizando labores de control territorial en el sector de la Luz, jurisdicción del resguardo de Tacueyó, por donde miembros de la columna Dagoberto Ramos de la disidencia de las Farc se movilizaban en dos camionetas. Según el testimonio indígena, cuando quienes ocupaban tales automotores fueron detenidos y oponiéndose a tal procedimiento, abrieron fuego, acabando con la vida de los guardias indígenas: Asdruval Cayapu, Eliodoro Finscue, José Gerardo Soto, James Wilfredo Soto, así como de la autoridad tradicional o “Ne’h Wesx” Cristina Taquinas Bautista del resguardo de Tacueyó. En el ataque también resultaron heridos de gravedad la autoridad Crescencio Peteche y los guardias José Norman Montano, Matías Montano, Dora Rut Mesa y Rogelio Taquinas.

Durante este episodio, una ambulancia de la Misión Médica que trasladaba a los heridos, también fue blanco de los disparos.

Como presión, dentro de esta disputa por el control territorial, momentos después de la masacre que enluta al pueblo nasa, otro grupo de gente armada se desplazó desde el sector conocido como el Boquerón de manera amenazante, hostigando a las personas que se encontraban en el lugar de los hechos auxiliando a los heridos; ante tales sucesos la organización sostuvo: “repudiamos el actuar cobarde de este grupo de las disidencias de las Farc, camufladas como paramilitares o como Cartel de Sinaloa al servicio del narcotráfico”**.

Afianzando el control territorial

Ante el ataque armado, las comunidades se declararon en estado de emergencia y convocaron para el día 30 de octubre una asamblea extraordinaria de carácter permanente en el polideportivo del Resguardo indígena de Tacueyó, donde participaron comunidades y autoridades de Tacueyó, Toribio, San Francisco, y Jambaló, entre otras zonas.

La asamblea sesionó en comisiones bajo la pregunta: ¿qué hacer frente a los hechos ocurridos como comunidad? A partir de ello la comunidad reflexionó sobre las estrategias y el tratamiento desplegado en este tipo de casos, destacando que detener a quienes desarmonizan el territorio, quitarles las armas y realizar la justicia propia, no está cumpliendo con sus propósitos. ¿Qué hacer, por tanto? La reflexión los llevó a las causas estructurales del problema, hasta identificar un punto nodal del mismo: los cultivos de coca y marihuana para uso comercial, así como la presencia de personas ajenas a la comunidad que llegan a arrendar y a utilizar el territorio para las economías ilícitas. Para remediar esta situación empiezan a proyectar acciones.

De la misma manera se ratificó el mandato de la organización y comunidades con respecto a no aceptar actores armados legales o ilegales dentro de los territorios, dejando clara la posición contra el gobierno de Duque y su propuesta de militarización de las zonas con el envío de 2.500 militares a la región que trabajen en conjunto con la Guardia Indígena, pues vale la pena recordar que el ejercicio de control territorial de estas guardias es autónomo y no cuenta con el apoyo ni coordinación con Fiscalía, Policía o Ejército.

Por el contrario, las propuestas de las comunidades van más allá de la militarización y tocan temas puntuales y de fondo como planes de sustitución y financiación de proyectos productivos, al mismo tiempo que ven con urgencia el tema del fortalecimiento organizativo y de acompañamiento de las comunidades al ejercicio de control territorial que llevan adelante la Guardia Indígena y las Autoridades de los resguardos.

Aunque en los próximos días se seguirá en asamblea permanente, y se tiene proyectado realizar una gran minga de control territorial, lo primero por acometer pasa por el acompañamiento a las familias de las víctimas y la siembra de los Guardias y la Gobernadora que recién había sido nombrada en su cargo el 21 de junio del presente año.

Una situación que refleja la crisis del país

La situación del norte del Cauca es crítica. El 31 de octubre se supo de una nueva masacre en zona rural del municipio de Corinto, en donde encontraron a cuatro personas asesinadas con impacto de bala; de acuerdo con versiones de la comunidad, los cuerpos tenían signos de tortura y degollamiento. Al mismo tiempo, en Caloto fue encontrado otra persona asesinada. Las víctimas aún no han sido identificadas. 

Esta realidad que padece esta región, como muchas otras del país, tiene que ver, entre otros, con el megaproyecto del narcotráfico, el mismo que genera disputas por el control de tierras, rutas y plantaciones, lo que se traduce en la consolidación de poderes que manejan economías en miles de millones y se mueven sin ningún problema bajo las narices del Estado colombiano, pues no se puede negar que la presencia militar en el sur del país es alta y sin embargo no son obstáculo para que los actores de este poder cumplan con sus cometidos.  Como es evidente, el narcotráfico es útil para la atomización social, para la ruptura de tejidos sociales, para el control violento de territorios, para limitar la acción social alternativa. El narcotráfico es un claro enemigo de otro modelo de sociedad, uno distinto al imperante.

Una guerra de exterminio contra los pueblos indígenas. Es evidente que lo que hay detrás de estos asesinatos y ataques contra los pueblos indígenas, responde a un plan de despojo de tierras para los negocios económicos de toda índole, pues no se puede negar que de lograr el desplazamiento de comunidades enteras a ciudades o pueblos intermedios eso ayudaría a la entrada y consolidación de la industria del narcotráfico, así como de otras multinacionales, unas y otras con los ojos puestos en estas tierras donde podrán explotar diferentes recursos naturales y ejercer un control territorial que les permita satisfacer sus propósitos.  Política de exterminio que es de carácter global, pues si miramos otras geografías encontraremos el mismo fenómeno de asesinato permanente y selectivo contra pueblos que habitan en la ruralidad.

Colombia es un país envuelto en un luto permanente, luto que se impondrá y seguirá ampliándose si no encontramos espacios de articulación real entre organizaciones sociales y habitantes del país nacional, espacios que evidentemente deben trazar caminos propios, de mediano y largo plazo, a través de los cuales logren configurar otros referentes de vida y otras formas para administrarlas, todo lo cual no es posible realizar si el centro y referencia es el poder gubernamental imperante desde dos siglos atrás. Un reto mayúsculo que demanda imaginación, instalación de espacios para el diálogo común, la puesta en marcha de experiencias concertadas para otra economía posible y con ello, para otra democracia necesaria y factible. Hay que romper el luto, dando espacio a la vida, y ésta depende de la calidad de nuestros sueños y de nuestra audacia para hacerla realidad.

*Ver artículos:

** Ver:

 

Publicado enColombia
UN World Drug Report 2015 highlights Peru efforts News ANDIN Andina.pe

Desde hace cerca de 4 décadas hay una guerra constante, cotidiana, contra los más débiles, que desune y atomiza a nuestra sociedad, que atemoriza y justifica la militarización del país, que llena las cárceles de infractores de normas sin sentido (adictos o consumidores ocasionales de estupefacientes) y de actores de la escala inferior de una cadena que desangra al país. Es una guerra potenciada y oculta tras el narcotráfico, megaproyecto tras el cual existen poderosos intereses geopolíticos, financieros, militares y de otros órdenes que es necesario develar. Consciente de ello, la bancada alternativa que hoy tiene cuerpo en el Congreso de la república presentó en días pasados diversas propuestas para superar este desastre. La iniciativa, con pocas posibilidades de aprobación, llama al país a emprender acciones que le pongan límite a una guerra que lo destruye, tanto en su factor humano como en su componente natural.

 

Alirio Uribe Muñoz, me recibe en el pequeño despacho que le corresponde en el Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo. Sobre su escritorio reposa el documento “Balance de la guerra contra las drogas en Colombia”, un informe estructurado por el senador Gustavo Bolívar Moreno, con la ayuda de su asesora Gloria Miranda, para el debate de control político en el que el Senador desnudó el fracaso de la guerra contra las drogas.

El ritmo de trabajo de Alirio continúa trepidante. Se equivocaron quienes creyeron que una merecida pausa, después de los cuatro años en los que como parlamentario libró una batalla insomne en favor de la protección y desarrollo legislativo de los Acuerdos de Paz, significaba que pasaba a la sombra. En meses recientes ha recorrido las regiones dónde se prolonga el conflicto en nuestro país: Catatumbo, Cauca, Tumaco y el Pacífico nariñense, Arauca, buscando que en la capital se escuche la voz de las comunidades perseguidas y violentadas; ahora lo encuentro estudiando y tomando notas para presentar sus ideas en alguno de los foros universitarios, o de los múltiples programas televisivos o radiales a los que es invitado.

Sus altas responsabilidades en diferentes acciones jurídicas, y el liderazgo que encarna por sus capacidades y su integridad sin fisuras, no afectan en un ápice su sencillez natural y su trato cordial. El saludo es breve, preciso, y voy al punto para no restarle precioso tiempo:

P. ¿Qué lugar ocupa la “lucha contra las drogas” en la política colombiana?
R. Creo que la realidad política nacional no puede ser comprendida sin tener en cuenta lo que ha sido la política antidroga en Colombia. Una política que nos implantaron, una mala política, fracasada. Sus resultados, desde los años setenta, cuando Richard Nixon impuso la “Guerra contra las drogas” han sido: centenares de miles de víctimas, decenas de millares de reducidos a prisión, endeudamiento externo para financiar tal guerra, cientos de miles de hectáreas fumigadas durante 35 años; más de mil toneladas de cocaína exportadas cada año, junto a toneladas destinadas para un creciente mercado interno; prospero lavado de activos en EE.UU, Europa, América Latina, y Asia. Y uso del narcotráfico para financiar una confrontación política y armada que desangra a los colombianos y lucra intereses nacionales e internacionales.

Y en la fase más reciente, incumplimiento de los Acuerdos de Paz y un gran paso atrás: retornar a la erradicación violenta de cultivos de coca y marihuana, y a la aspersión aérea con glifosato. Un temible curso de acción que puede ampliar un nuevo ciclo de violenta confrontación.
P. Un panorama desolador. ¿Existe alguna luz en medio de una atmósfera tan turbia?
R. Lo que resulta interesante y esperanzador en este escenario inquietante es la conformación de una bancada parlamentaria con congresistas pertenecientes a diversos partidos. Congresistas del Partido Verde, del Polo Democrático Alternativo, de Mais y algunos integrantes del Partido Liberal, Cambio Radical y la antes llamada Unidad Nacional; son parlamentarios que comparten la idea de replantear la lucha antidrogas y crean una especie de bancada transversal para introducir variaciones a una política que ha causado diversos y profundos estragos a los colombianos. Están escuchando a muchos sectores campesinos, indígenas y afros afectados por los cultivos de uso ilícito.

P. El problema, entonces, no se resuelve con más recursos destinados a una lucha antidrogas que cumple varias décadas sin afectar el narcotráfico…
R. Hay que gestar una nueva mirada sobre el narcotráfico. Urge abandonar una óptica que antes que eliminar esta problemática, o al menos menguar sus devastadoras consecuencias, ha centuplicado los daños sociales y a la naturaleza.

Hay que empezar a mirar el narcotráfico como lo que en realidad es: un descomunal megaproyecto engendrado por un entramado de intereses que permanece oculto.
Hay que recordar que dentro de tal realidad, nadie se ocupa de la cadena de valor del negocio. No existe la pregunta por quiénes son los verdaderos dueños del macroproyecto: narcotráfico. Pocos se preguntan sobre las formas cómo las mafias destruyen las comunidades; las formas como militarizan los territorios y desplazan a la gente. Si vuelven las aspersiones aéreas, eso significará ejecutar una política de desplazamiento forzado que se traducirá en más cultivos industriales de coca para cocaína, profundizando la absurda meta de deforestación de este Gobierno de 880 mil hectáreas a lo largo de su cuatrenio. Son escasas las personas que se preguntan por la deforestación, por los grupos armados ilegales que viven en torno a esos cultivos, y por los cuidadores de las rutas del narcotráfico.

 

Con base en documento del senador Gustavo Bolívar Moreno.

 

P. Es una realidad que pervive y se profundiza ante los ojos del Estado…
R. Así es. Si miramos el mapa de cultivos ilegales del país, hoy las zonas de mayor militarización son las de producción de coca: Catatumbo, Guaviare, el Pacifico, etcétera. Entonces, la conclusión podría ser que el Estado lo que hace es cuidar las rutas del narcotráfico y los centros de producción y acopio de drogas. Le echan la culpa a la gente, pero el Estado es el que controla esos territorios: los lugares donde se produce y las rutas por donde sale la coca. Y también los territorios donde se lavan los ingresos que genera la exportación o el cubrimiento de la demanda nacional.

P. Estamos, entonces, ante una realidad perversa, soportada sobre una constante manipulación.…
R. Así es. Estamos ante un enorme y poderoso megaproyecto que debe ser visibilizado. Un megaproyecto con una colosal potencia destructiva: mata indígenas y campesinos, arruina sus culturas, recluta jóvenes, destruye los principios y las reglas democráticas, corrompe y aniquila todo lo que encuentra a su paso. Y, precisamente, el paquete legislativo presentado por la bancada alternativa genera la oportunidad de abrir un debate que es imprescindible.

P. Por tanto, puedo entender que ese megaproyecto no es precisamente el microtráfico.
R. Puedo asegurar que la cadena de valor del narcotráfico nunca se ataca. Cuando a la gente le hablan del narcotráfico aluden es al microtráfico, a la violencia, a los consumidores, a los jóvenes y a los cultivadores. Pero no te hablan del turismo, de hotelería, de exportadores e importadores, o de los tratados comerciales, porque al final llego siempre a la conclusión de que estos tratados lo que han hecho es legalizar y abrir las rutas de la cocaína. Los TLCs con Estados Unidos, con la Unión Europea, con Asia-Pacífico, con Turquía o con Israel, han abierto la posibilidad de tirar por ahí los contenedores con la reina blanca. Además, este producto generado en el proceso productivo es como el nuevo café, con mucho empleo, y empleo no cualificado para más de 400 mil familias.

El narcotráfico es un megaproyecto que utiliza una propaganda silenciosa y eficaz para direccionar la mirada colectiva solamente hacía dos grupos del mapa completo del fenómeno complejo del narcotráfico. Esos dos colectivos son justo las partes que el punto 4 de los Acuerdos de Paz señala como aquellas que no hay que tocar: los cultivadores y los consumidores, que son los jóvenes y demás usuarios de las plantas y substancias prohibidas, que en las zonas pobres de las ciudades son perseguidos y criminalizados.

P. ¿Qué ha hecho el nuevo Gobierno desde el 7 de agosto de 2018?
R. Contrariando lo establecido en los Acuerdos de Paz, al arribar a la presidencia Iván Duque dirige su política de ataque hacia esos dos extremos. Los más vulnerables, los menos responsables y los menos beneficiados con las fabulosas utilidades que arroja el narcotráfico. El Gobierno pretende presentar a los consumidores como criminales. Y sucede que los consumidores son enfermos, son adictos; o son consumidores recreativos que tienen derecho a usar una planta o una substancia sicoactiva.

Por otra parte, al perseguir al pequeño cultivador de hoja de coca “ignora” que hay una economía agraria que está fundamentada en la coca y que opera casi como lo hacía la economía cafetera. Generando pequeños, pero vitales ingresos a los pequeños propietarios, así como a los pequeños cultivadores, y a los trabajadores agrarios.

P. Y en este caso, ¿el ingreso familiar de los cultivadores asciende a cuánto?
R. El 90 por ciento de los pequeños cultivadores tienen un ingreso del orden de 2 millones de pesos mensuales; no se harán ricos jamás. Pero, obviamente, sí estamos ante un mecanismo de inclusión social, incluso, un mecanismo que ayuda a que la gente no migre a las ciudades. Hay que poner atención a lo que esto suscita, a la contradictoria realidad que despierta: al tener empleo en los cultivos de coca los jóvenes que estaban migrando de los campos hacia las ciudades ahora lo hacen en menor escala.

P. Es un ingreso modesto, logrado con mucho esfuerzo. ¿En qué invierten esos dos millones?
R. Fíjese, es llamativo como las familias que tienen pequeñas chagras invierten sus ingresos: el 51 por ciento lo gastan en educación; un 13 por ciento lo destinan para vivienda y un 18 por ciento lo ahorran para compra de tierras. Muy similar a la estructura del gasto de la clase media urbana, que gasta sus ingresos en educación, en arriendo, en comprar viviendas, en adquirir motos o vehículos.

P. Los otros afectados por esta política son los consumidores, ¿cómo procede con ellos este Gobierno?
R. Todo se reduce a represión y control social, así lo evidencia el famoso decreto del Código de Policía para criminalizar a los jóvenes que consumen, con el cual no logran prevención del consumo, ni salud pública, además de corrupción, potenciada a través de una especie de salario oculto para las fuerzas que ejercen la represión y el control social. Esta medida, lo demuestran los resultados, lo único que genera son muertos, en términos de lo que el criminólogo Raul Zaffaroni denomina: el genocidio por goteo.

P. Se repite en este caso la historia, ya conocida y ya fracasada, pero no puede ser casual, de ilegalización y represión ante ciertos consumos…
R. Así es. En cualquier país donde se pongan en marcha políticas represivas en contra de los consumidores lo único que logran es detenerlos, encarcerlarlos o dispararles, y al mismo tiempo fomentar las organizaciones ilegales que siempre proliferan por los márgenes de utilidad que brinda el microtráfico. Se fomenta también el sicariato y la violencia engendrada en torno al tráfico y al consumo clandestino. Es por todo esto que es muy importante repensar el tema de producción y consumo, y se impida el retroceso en torno al libre consumo de la dosis mínima. Uno de los actos de la reforma jurídica que presentó la bancada es una reforma al artículo 49 de la Constitución Política (Ver recuadro).

Por otra parte, el decreto que sobre este particular planteó Iván Duque está demandado en este momento en el Consejo de Estado. Además, la Corte Constitucional suprimió del Código de Policía la prohibición extrema existente ante el consumo en los lugares públicos y los parques.

P. ¿Qué plantea en concreto la Corte sobre este particular?
R. Lo que dice la Corte Constitucional es que la policía, sí, tiene que vigilar los parques, así como demás zonas públicas, pero no puedo existir una norma de prohibición extrema de que nadie consuma alcohol o ciertas sustancias sicoactivas en sitios públicos. La tesis de la Corte Constitucional da razones para que el decreto promulgado por Duque se caiga en el Consejo de Estado.

Precisamente, como Colectivo de Abogados demandamos ese decreto, sin duda, una medida represiva contra los consumidores en espacios públicos. Igual hicieron la congresista Katherine Miranda, y el abogado –congresista– Navas Talero.

En igual sentido, lo pretendido por la reforma del artículo 49 de la Constitución Nacional es lo que hoy se llama la regulación, es decir, que la producción y el consumo de sustancias estupefacientes y psicoactivas estén reglamentadas por la ley con un enfoque de salud pública, con un enfoque de derechos humanos, de reducción de riesgos, y con atención integrada a los consumidores de drogas y demás. Se trata de lograr un desarrollo constitucional acompasado con la necesidad de la regulación, y no simplemente la prohibición y criminalización.

P. En el marco de los pequeños agricultores, dedicados en este caso a la siembra de coca, ¿qué otros proyectos tiene la bancada alternativa?
R. La bancada presentó un proyecto para prohibir el uso del glifosato, también sus derivados y complementarios. Hoy en Colombia la discusión no es la que existe en Europa, o en Estados Unidos, sobre si prohibir o no, de manera general el glifosato. En Europa y Estados Unidos lo están prohibiendo para jardinerías y para la agricultura en general. Lo que hace el proyecto de ley, en nuestro caso, es prohibirlo para el uso en las aspersiones aéreas que se ejecuten en el marco de la política antidrogas.

Sin embargo, el proyecto de ley también propone el desmonte gradual para que en un futuro, no tan lejano, se pueda suprimir el glifosato utilizado en la agricultura en general. Pero se propone un proceso progresivo. En Colombia el glifosato se usa con un acelerante, el panzer, y con otros químicos, lo que nos ha impulsado a denominar esta como guerra química.

Una guerra química lesiva y sin los resultados ofrecidos por la política gubernamental. Con el Plan Colombia y con el Plan Patriota ya tuvimos muchos años de fumigaciones y no se eliminó ni se redujo el problema. La política de fumigaciones es un negocio de las multinacionales gringas que proporcionan los químicos, así como de las empresas de aviación que hacen la aspersión aérea. Un negocio bien montado.

Por otro lado, los estudios reflejan que la erradicación con químicos, la fumigación o erradicación violenta de una hectárea de coca puede costar cerca 70 u 80 millones de pesos, y cuando uno estudia la sustitución voluntaria de cultivos lo que le pagan a una familia es mucho menos: si una familia tiene 5 hectáreas, y está en un programa de sustitución, le invierten 30 millones. Eso es muchísimos menos. Claro, con una aclaración, los campesinos cuyos cultivos son erradicados violentamente, en un 50 por ciento o más reinciden en la resiembra, mientras los que son sustituidos, casi ciento por ciento, no vuelven a cultivar, o máximo resiembra un 10 por ciento.

P. ¿Existen otras temáticas y realidades en este campo abocadas por la bancada?
R. La despenalización de los cultivadores de cultivos declarados ilícitos. Como resultado del proceso de paz y los acuerdos alcanzados, muchas de las personas dedicadas a este tipo de agricultura se acercaron al Estado para declarar sus pequeños cultivos e iniciar procesos de substitución voluntaria, una oportunidad perdida pues el nuevo gobierno optó por, potencialmente, criminalizarlos. Partiendo de estas realidad, lo propuesto con este proyecto de ley son beneficios penales para quienes están vinculados a esta actividad agraria, para que no sean criminalizados, incumpliendo con los Acuerdos pactados.

P. Es posible que estas iniciativa sea malinterpretada, ¿consideraron tal escenario?
R. Sí, por ello quedó explícito que a tales beneficios no pueden acceder narcotraficantes. Se exige que sean realmente personas que tienen o laboran en pequeños cultivos. Esto es lo que se llama el tratamiento penal diferenciado. Veamos. Existen unas conductas que están tipificadas en el Código Penal, artículos 375, 376, 377, 382; y con este proyecto de ley se busca que esas conductas tengan un tratamiento penal diferenciado. Cubriría a quienes tengan actividades relacionadas con el cultivo, transformación, conservación y financiación de plantaciones de coca, marihuana, amapola; y transporte, comercialización de sus derivados en pequeñas escalas. Conductas que desarrollan la mayoría de las gentes que están metidas en ese tema. Los beneficios jurídicos que gozarían consisten básicamente en renunciar a procesarlos penalmente, o extinguir la pena si está condenado. Si la persona no está condenada tiene que aceptar una condición: no incurrir en algún delito, ni sembrar de nuevo las plantas prohibidas.

Se suponía que ese proyecto tenía que tramitarse dentro del fast track, dentro de los desarrollos legislativos de los Acuerdos de Paz. O que el presidente Santos lo hubiera expedido como un decreto ley. Pero ni el Congreso ni Santos le cumplieron a la gente. La gente sí firmó los convenios, sí hizo las actas, sí confesó que tenían cultivos –1, 2, o 3 hectáreas. Los cultivadores de coca hoy, más o menos, se mueven entre 2 y 5 hectáreas, pero esa cantidad ya es un delito.

P. ¿Tienen alguna otra iniciativa en el tema de substancias prohibidas?
R. Sí, una relacionado con cannabis. La critica expresada a la ley promovida por el senador Galán, que regula cultivo y consumo, es que no consultó con las comunidades vinculadas con tal realidad: indígenas y no indígenas; con la gente que la procesa para productos medicinales y derivados: cremas, aceites, etcétera.
Es así como la regulación resultante solo tuvo en cuenta a grandes empresas que tienen la capacidad de reunir las condiciones para tener producción voluminosa y legal de derivados de cannabis.

P. ¿Qué pretende, en concreto, tal iniciativa?
R. Enfocado en el mundo real de esos pequeños productores de marihuana y las personas que la consumen y también sus derivados, la iniciativa apunta a crear un marco regulatorio de cultivo, de producción, de saneamiento y comercialización de cannabis y de los derivados para usos medicinales, y también otros usos que puede tener.

El proyecto se orienta a legalizar lo que hoy funciona de manera ilegal. Hoy mucha gente siembra la marihuana, produce derivados, pero no tienen licencias de comercialización, son ilegales; y lo son porque el marco legal aprobado meses atrás está hecho para las multinacionales y para grandes empresarios que pueden cumplir con todas las condiciones fitosanitarias y de control, las mismas que nunca va a poder cumplir un pequeño cultivador de marihuana.

En el Congreso han anunciado unos 10 proyectos de ley en esa lógica de variar la política antidrogas existente en Colombia; tenemos por tanto un escenario de oportunidad. Desde el campo alternativo hay que asumir el debate de esta política fracasada la cual no ha podido evitar que con el paso del tiempo cada vez más gente aborde esta realidad y exija transformaciones positivas, por ejemplo, descriminalizar, poner en marcha políticas de salud pública, de prevención, al tiempo que permitir que los pequeños productores y emprendedores en todos los planos se beneficien de algo que por ahora solo beneficiaría, como ha sucedido en otros muchos sectores de la economía nacional, a las multinacionales.

 


 

Reforma al Artículo 49 de la C.P.

 

Artículo 49. Artículo 1°. El artículo 49 de la Constitución Política quedará así:


“La atención de la salud y el saneamiento ambiental son servicios públicos a cargo del Estado. Se garantiza a todas las personas el acceso a los servicios de promoción, protección y recuperación de la salud.
Corresponde al Estado organizar, dirigir y reglamentar la prestación de servicios de salud a los habitantes y de saneamiento ambiental conforme a los principios de eficiencia, universalidad y solidaridad. También, establecer las políticas para la prestación de servicios de salud por entidades privadas, y ejercer su vigilancia y control. Así mismo, establecer las competencias de la Nación, las entidades territoriales y los particulares y determinar los aportes a su cargo en los términos y condiciones señalados en la ley.


Los servicios de salud se organizarán en forma descentralizada, por niveles de atención y con participación de la comunidad.
La ley señalará los términos en los cuales la atención básica para todos los habitantes será gratuita y obligatoria.
Toda persona tiene el deber de procurar el cuidado integral de su salud y de su comunidad.


La producción, porte y consumo de sustancias estupefacientes o sicotrópicas estará reglamentado por la ley, a través de los enfoques de salud pública, derechos humanos, reducción de riesgos y daños, inclusión social y desarrollo territorial, así como la promoción de capacidades, la participación y la reducción de estigma y discriminación. Las obligaciones del Estado Colombiano en derechos humanos serán prevalentes.
Con fines preventivos y rehabilitadores la ley establecerá medidas y tratamientos administrativos de orden pedagógico, profiláctico o terapéutico para la atención integral de los usuarios consumidores de dichas sustancias. El sometimiento a esas medidas y tratamientos requiere el consentimiento informado del usuario. El Estado implementará un enfoque diferencial en las políticas de droga, que distinga entre consumos problemáticos y no problemáticos, patrones de uso dependientes y no dependientes, así como los impactos sobre grupos discriminados y en situación de vulnerabilidad.


Así mismo el Estado dedicará especial atención al consumidor dependiente o problemático y a su familia para fortalecerla en valores y principios que contribuyan a prevenir comportamientos que afecten el cuidado integral de la salud de las personas y, por consiguiente, de la comunidad, y desarrollará en forma permanente campañas de prevención contra el consumo de drogas o sustancias estupefacientes, en favor de la recuperación de los usuarios con consumo problemático y la protección de niños, niñas y adolescentes.

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UN World Drug Report 2015 highlights Peru efforts News ANDIN Andina.pe

Desde hace cerca de 4 décadas hay una guerra constante, cotidiana, contra los más débiles, que desune y atomiza a nuestra sociedad, que atemoriza y justifica la militarización del país, que llena las cárceles de infractores de normas sin sentido (adictos o consumidores ocasionales de estupefacientes) y de actores de la escala inferior de una cadena que desangra al país. Es una guerra potenciada y oculta tras el narcotráfico, megaproyecto tras el cual existen poderosos intereses geopolíticos, financieros, militares y de otros órdenes que es necesario develar. Consciente de ello, la bancada alternativa que hoy tiene cuerpo en el Congreso de la república presentó en días pasados diversas propuestas para superar este desastre. La iniciativa, con pocas posibilidades de aprobación, llama al país a emprender acciones que le pongan límite a una guerra que lo destruye, tanto en su factor humano como en su componente natural.

 

Alirio Uribe Muñoz, me recibe en el pequeño despacho que le corresponde en el Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo. Sobre su escritorio reposa el documento “Balance de la guerra contra las drogas en Colombia”, un informe estructurado por el senador Gustavo Bolívar Moreno, con la ayuda de su asesora Gloria Miranda, para el debate de control político en el que el Senador desnudó el fracaso de la guerra contra las drogas.

El ritmo de trabajo de Alirio continúa trepidante. Se equivocaron quienes creyeron que una merecida pausa, después de los cuatro años en los que como parlamentario libró una batalla insomne en favor de la protección y desarrollo legislativo de los Acuerdos de Paz, significaba que pasaba a la sombra. En meses recientes ha recorrido las regiones dónde se prolonga el conflicto en nuestro país: Catatumbo, Cauca, Tumaco y el Pacífico nariñense, Arauca, buscando que en la capital se escuche la voz de las comunidades perseguidas y violentadas; ahora lo encuentro estudiando y tomando notas para presentar sus ideas en alguno de los foros universitarios, o de los múltiples programas televisivos o radiales a los que es invitado.

Sus altas responsabilidades en diferentes acciones jurídicas, y el liderazgo que encarna por sus capacidades y su integridad sin fisuras, no afectan en un ápice su sencillez natural y su trato cordial. El saludo es breve, preciso, y voy al punto para no restarle precioso tiempo:

P. ¿Qué lugar ocupa la “lucha contra las drogas” en la política colombiana?
R. Creo que la realidad política nacional no puede ser comprendida sin tener en cuenta lo que ha sido la política antidroga en Colombia. Una política que nos implantaron, una mala política, fracasada. Sus resultados, desde los años setenta, cuando Richard Nixon impuso la “Guerra contra las drogas” han sido: centenares de miles de víctimas, decenas de millares de reducidos a prisión, endeudamiento externo para financiar tal guerra, cientos de miles de hectáreas fumigadas durante 35 años; más de mil toneladas de cocaína exportadas cada año, junto a toneladas destinadas para un creciente mercado interno; prospero lavado de activos en EE.UU, Europa, América Latina, y Asia. Y uso del narcotráfico para financiar una confrontación política y armada que desangra a los colombianos y lucra intereses nacionales e internacionales.

Y en la fase más reciente, incumplimiento de los Acuerdos de Paz y un gran paso atrás: retornar a la erradicación violenta de cultivos de coca y marihuana, y a la aspersión aérea con glifosato. Un temible curso de acción que puede ampliar un nuevo ciclo de violenta confrontación.
P. Un panorama desolador. ¿Existe alguna luz en medio de una atmósfera tan turbia?
R. Lo que resulta interesante y esperanzador en este escenario inquietante es la conformación de una bancada parlamentaria con congresistas pertenecientes a diversos partidos. Congresistas del Partido Verde, del Polo Democrático Alternativo, de Mais y algunos integrantes del Partido Liberal, Cambio Radical y la antes llamada Unidad Nacional; son parlamentarios que comparten la idea de replantear la lucha antidrogas y crean una especie de bancada transversal para introducir variaciones a una política que ha causado diversos y profundos estragos a los colombianos. Están escuchando a muchos sectores campesinos, indígenas y afros afectados por los cultivos de uso ilícito.

P. El problema, entonces, no se resuelve con más recursos destinados a una lucha antidrogas que cumple varias décadas sin afectar el narcotráfico…
R. Hay que gestar una nueva mirada sobre el narcotráfico. Urge abandonar una óptica que antes que eliminar esta problemática, o al menos menguar sus devastadoras consecuencias, ha centuplicado los daños sociales y a la naturaleza.

Hay que empezar a mirar el narcotráfico como lo que en realidad es: un descomunal megaproyecto engendrado por un entramado de intereses que permanece oculto.
Hay que recordar que dentro de tal realidad, nadie se ocupa de la cadena de valor del negocio. No existe la pregunta por quiénes son los verdaderos dueños del macroproyecto: narcotráfico. Pocos se preguntan sobre las formas cómo las mafias destruyen las comunidades; las formas como militarizan los territorios y desplazan a la gente. Si vuelven las aspersiones aéreas, eso significará ejecutar una política de desplazamiento forzado que se traducirá en más cultivos industriales de coca para cocaína, profundizando la absurda meta de deforestación de este Gobierno de 880 mil hectáreas a lo largo de su cuatrenio. Son escasas las personas que se preguntan por la deforestación, por los grupos armados ilegales que viven en torno a esos cultivos, y por los cuidadores de las rutas del narcotráfico.

 

Con base en documento del senador Gustavo Bolívar Moreno.

 

P. Es una realidad que pervive y se profundiza ante los ojos del Estado…
R. Así es. Si miramos el mapa de cultivos ilegales del país, hoy las zonas de mayor militarización son las de producción de coca: Catatumbo, Guaviare, el Pacifico, etcétera. Entonces, la conclusión podría ser que el Estado lo que hace es cuidar las rutas del narcotráfico y los centros de producción y acopio de drogas. Le echan la culpa a la gente, pero el Estado es el que controla esos territorios: los lugares donde se produce y las rutas por donde sale la coca. Y también los territorios donde se lavan los ingresos que genera la exportación o el cubrimiento de la demanda nacional.

P. Estamos, entonces, ante una realidad perversa, soportada sobre una constante manipulación.…
R. Así es. Estamos ante un enorme y poderoso megaproyecto que debe ser visibilizado. Un megaproyecto con una colosal potencia destructiva: mata indígenas y campesinos, arruina sus culturas, recluta jóvenes, destruye los principios y las reglas democráticas, corrompe y aniquila todo lo que encuentra a su paso. Y, precisamente, el paquete legislativo presentado por la bancada alternativa genera la oportunidad de abrir un debate que es imprescindible.

P. Por tanto, puedo entender que ese megaproyecto no es precisamente el microtráfico.
R. Puedo asegurar que la cadena de valor del narcotráfico nunca se ataca. Cuando a la gente le hablan del narcotráfico aluden es al microtráfico, a la violencia, a los consumidores, a los jóvenes y a los cultivadores. Pero no te hablan del turismo, de hotelería, de exportadores e importadores, o de los tratados comerciales, porque al final llego siempre a la conclusión de que estos tratados lo que han hecho es legalizar y abrir las rutas de la cocaína. Los TLCs con Estados Unidos, con la Unión Europea, con Asia-Pacífico, con Turquía o con Israel, han abierto la posibilidad de tirar por ahí los contenedores con la reina blanca. Además, este producto generado en el proceso productivo es como el nuevo café, con mucho empleo, y empleo no cualificado para más de 400 mil familias.

El narcotráfico es un megaproyecto que utiliza una propaganda silenciosa y eficaz para direccionar la mirada colectiva solamente hacía dos grupos del mapa completo del fenómeno complejo del narcotráfico. Esos dos colectivos son justo las partes que el punto 4 de los Acuerdos de Paz señala como aquellas que no hay que tocar: los cultivadores y los consumidores, que son los jóvenes y demás usuarios de las plantas y substancias prohibidas, que en las zonas pobres de las ciudades son perseguidos y criminalizados.

P. ¿Qué ha hecho el nuevo Gobierno desde el 7 de agosto de 2018?
R. Contrariando lo establecido en los Acuerdos de Paz, al arribar a la presidencia Iván Duque dirige su política de ataque hacia esos dos extremos. Los más vulnerables, los menos responsables y los menos beneficiados con las fabulosas utilidades que arroja el narcotráfico. El Gobierno pretende presentar a los consumidores como criminales. Y sucede que los consumidores son enfermos, son adictos; o son consumidores recreativos que tienen derecho a usar una planta o una substancia sicoactiva.

Por otra parte, al perseguir al pequeño cultivador de hoja de coca “ignora” que hay una economía agraria que está fundamentada en la coca y que opera casi como lo hacía la economía cafetera. Generando pequeños, pero vitales ingresos a los pequeños propietarios, así como a los pequeños cultivadores, y a los trabajadores agrarios.

P. Y en este caso, ¿el ingreso familiar de los cultivadores asciende a cuánto?
R. El 90 por ciento de los pequeños cultivadores tienen un ingreso del orden de 2 millones de pesos mensuales; no se harán ricos jamás. Pero, obviamente, sí estamos ante un mecanismo de inclusión social, incluso, un mecanismo que ayuda a que la gente no migre a las ciudades. Hay que poner atención a lo que esto suscita, a la contradictoria realidad que despierta: al tener empleo en los cultivos de coca los jóvenes que estaban migrando de los campos hacia las ciudades ahora lo hacen en menor escala.

P. Es un ingreso modesto, logrado con mucho esfuerzo. ¿En qué invierten esos dos millones?
R. Fíjese, es llamativo como las familias que tienen pequeñas chagras invierten sus ingresos: el 51 por ciento lo gastan en educación; un 13 por ciento lo destinan para vivienda y un 18 por ciento lo ahorran para compra de tierras. Muy similar a la estructura del gasto de la clase media urbana, que gasta sus ingresos en educación, en arriendo, en comprar viviendas, en adquirir motos o vehículos.

P. Los otros afectados por esta política son los consumidores, ¿cómo procede con ellos este Gobierno?
R. Todo se reduce a represión y control social, así lo evidencia el famoso decreto del Código de Policía para criminalizar a los jóvenes que consumen, con el cual no logran prevención del consumo, ni salud pública, además de corrupción, potenciada a través de una especie de salario oculto para las fuerzas que ejercen la represión y el control social. Esta medida, lo demuestran los resultados, lo único que genera son muertos, en términos de lo que el criminólogo Raul Zaffaroni denomina: el genocidio por goteo.

P. Se repite en este caso la historia, ya conocida y ya fracasada, pero no puede ser casual, de ilegalización y represión ante ciertos consumos…
R. Así es. En cualquier país donde se pongan en marcha políticas represivas en contra de los consumidores lo único que logran es detenerlos, encarcerlarlos o dispararles, y al mismo tiempo fomentar las organizaciones ilegales que siempre proliferan por los márgenes de utilidad que brinda el microtráfico. Se fomenta también el sicariato y la violencia engendrada en torno al tráfico y al consumo clandestino. Es por todo esto que es muy importante repensar el tema de producción y consumo, y se impida el retroceso en torno al libre consumo de la dosis mínima. Uno de los actos de la reforma jurídica que presentó la bancada es una reforma al artículo 49 de la Constitución Política (Ver recuadro).

Por otra parte, el decreto que sobre este particular planteó Iván Duque está demandado en este momento en el Consejo de Estado. Además, la Corte Constitucional suprimió del Código de Policía la prohibición extrema existente ante el consumo en los lugares públicos y los parques.

P. ¿Qué plantea en concreto la Corte sobre este particular?
R. Lo que dice la Corte Constitucional es que la policía, sí, tiene que vigilar los parques, así como demás zonas públicas, pero no puedo existir una norma de prohibición extrema de que nadie consuma alcohol o ciertas sustancias sicoactivas en sitios públicos. La tesis de la Corte Constitucional da razones para que el decreto promulgado por Duque se caiga en el Consejo de Estado.

Precisamente, como Colectivo de Abogados demandamos ese decreto, sin duda, una medida represiva contra los consumidores en espacios públicos. Igual hicieron la congresista Katherine Miranda, y el abogado –congresista– Navas Talero.

En igual sentido, lo pretendido por la reforma del artículo 49 de la Constitución Nacional es lo que hoy se llama la regulación, es decir, que la producción y el consumo de sustancias estupefacientes y psicoactivas estén reglamentadas por la ley con un enfoque de salud pública, con un enfoque de derechos humanos, de reducción de riesgos, y con atención integrada a los consumidores de drogas y demás. Se trata de lograr un desarrollo constitucional acompasado con la necesidad de la regulación, y no simplemente la prohibición y criminalización.

P. En el marco de los pequeños agricultores, dedicados en este caso a la siembra de coca, ¿qué otros proyectos tiene la bancada alternativa?
R. La bancada presentó un proyecto para prohibir el uso del glifosato, también sus derivados y complementarios. Hoy en Colombia la discusión no es la que existe en Europa, o en Estados Unidos, sobre si prohibir o no, de manera general el glifosato. En Europa y Estados Unidos lo están prohibiendo para jardinerías y para la agricultura en general. Lo que hace el proyecto de ley, en nuestro caso, es prohibirlo para el uso en las aspersiones aéreas que se ejecuten en el marco de la política antidrogas.

Sin embargo, el proyecto de ley también propone el desmonte gradual para que en un futuro, no tan lejano, se pueda suprimir el glifosato utilizado en la agricultura en general. Pero se propone un proceso progresivo. En Colombia el glifosato se usa con un acelerante, el panzer, y con otros químicos, lo que nos ha impulsado a denominar esta como guerra química.

Una guerra química lesiva y sin los resultados ofrecidos por la política gubernamental. Con el Plan Colombia y con el Plan Patriota ya tuvimos muchos años de fumigaciones y no se eliminó ni se redujo el problema. La política de fumigaciones es un negocio de las multinacionales gringas que proporcionan los químicos, así como de las empresas de aviación que hacen la aspersión aérea. Un negocio bien montado.

Por otro lado, los estudios reflejan que la erradicación con químicos, la fumigación o erradicación violenta de una hectárea de coca puede costar cerca 70 u 80 millones de pesos, y cuando uno estudia la sustitución voluntaria de cultivos lo que le pagan a una familia es mucho menos: si una familia tiene 5 hectáreas, y está en un programa de sustitución, le invierten 30 millones. Eso es muchísimos menos. Claro, con una aclaración, los campesinos cuyos cultivos son erradicados violentamente, en un 50 por ciento o más reinciden en la resiembra, mientras los que son sustituidos, casi ciento por ciento, no vuelven a cultivar, o máximo resiembra un 10 por ciento.

P. ¿Existen otras temáticas y realidades en este campo abocadas por la bancada?
R. La despenalización de los cultivadores de cultivos declarados ilícitos. Como resultado del proceso de paz y los acuerdos alcanzados, muchas de las personas dedicadas a este tipo de agricultura se acercaron al Estado para declarar sus pequeños cultivos e iniciar procesos de substitución voluntaria, una oportunidad perdida pues el nuevo gobierno optó por, potencialmente, criminalizarlos. Partiendo de estas realidad, lo propuesto con este proyecto de ley son beneficios penales para quienes están vinculados a esta actividad agraria, para que no sean criminalizados, incumpliendo con los Acuerdos pactados.

P. Es posible que estas iniciativa sea malinterpretada, ¿consideraron tal escenario?
R. Sí, por ello quedó explícito que a tales beneficios no pueden acceder narcotraficantes. Se exige que sean realmente personas que tienen o laboran en pequeños cultivos. Esto es lo que se llama el tratamiento penal diferenciado. Veamos. Existen unas conductas que están tipificadas en el Código Penal, artículos 375, 376, 377, 382; y con este proyecto de ley se busca que esas conductas tengan un tratamiento penal diferenciado. Cubriría a quienes tengan actividades relacionadas con el cultivo, transformación, conservación y financiación de plantaciones de coca, marihuana, amapola; y transporte, comercialización de sus derivados en pequeñas escalas. Conductas que desarrollan la mayoría de las gentes que están metidas en ese tema. Los beneficios jurídicos que gozarían consisten básicamente en renunciar a procesarlos penalmente, o extinguir la pena si está condenado. Si la persona no está condenada tiene que aceptar una condición: no incurrir en algún delito, ni sembrar de nuevo las plantas prohibidas.

Se suponía que ese proyecto tenía que tramitarse dentro del fast track, dentro de los desarrollos legislativos de los Acuerdos de Paz. O que el presidente Santos lo hubiera expedido como un decreto ley. Pero ni el Congreso ni Santos le cumplieron a la gente. La gente sí firmó los convenios, sí hizo las actas, sí confesó que tenían cultivos –1, 2, o 3 hectáreas. Los cultivadores de coca hoy, más o menos, se mueven entre 2 y 5 hectáreas, pero esa cantidad ya es un delito.

P. ¿Tienen alguna otra iniciativa en el tema de substancias prohibidas?
R. Sí, una relacionado con cannabis. La critica expresada a la ley promovida por el senador Galán, que regula cultivo y consumo, es que no consultó con las comunidades vinculadas con tal realidad: indígenas y no indígenas; con la gente que la procesa para productos medicinales y derivados: cremas, aceites, etcétera.
Es así como la regulación resultante solo tuvo en cuenta a grandes empresas que tienen la capacidad de reunir las condiciones para tener producción voluminosa y legal de derivados de cannabis.

P. ¿Qué pretende, en concreto, tal iniciativa?
R. Enfocado en el mundo real de esos pequeños productores de marihuana y las personas que la consumen y también sus derivados, la iniciativa apunta a crear un marco regulatorio de cultivo, de producción, de saneamiento y comercialización de cannabis y de los derivados para usos medicinales, y también otros usos que puede tener.

El proyecto se orienta a legalizar lo que hoy funciona de manera ilegal. Hoy mucha gente siembra la marihuana, produce derivados, pero no tienen licencias de comercialización, son ilegales; y lo son porque el marco legal aprobado meses atrás está hecho para las multinacionales y para grandes empresarios que pueden cumplir con todas las condiciones fitosanitarias y de control, las mismas que nunca va a poder cumplir un pequeño cultivador de marihuana.

En el Congreso han anunciado unos 10 proyectos de ley en esa lógica de variar la política antidrogas existente en Colombia; tenemos por tanto un escenario de oportunidad. Desde el campo alternativo hay que asumir el debate de esta política fracasada la cual no ha podido evitar que con el paso del tiempo cada vez más gente aborde esta realidad y exija transformaciones positivas, por ejemplo, descriminalizar, poner en marcha políticas de salud pública, de prevención, al tiempo que permitir que los pequeños productores y emprendedores en todos los planos se beneficien de algo que por ahora solo beneficiaría, como ha sucedido en otros muchos sectores de la economía nacional, a las multinacionales.

 


 

Reforma al Artículo 49 de la C.P.

 

Artículo 49. Artículo 1°. El artículo 49 de la Constitución Política quedará así:


“La atención de la salud y el saneamiento ambiental son servicios públicos a cargo del Estado. Se garantiza a todas las personas el acceso a los servicios de promoción, protección y recuperación de la salud.
Corresponde al Estado organizar, dirigir y reglamentar la prestación de servicios de salud a los habitantes y de saneamiento ambiental conforme a los principios de eficiencia, universalidad y solidaridad. También, establecer las políticas para la prestación de servicios de salud por entidades privadas, y ejercer su vigilancia y control. Así mismo, establecer las competencias de la Nación, las entidades territoriales y los particulares y determinar los aportes a su cargo en los términos y condiciones señalados en la ley.


Los servicios de salud se organizarán en forma descentralizada, por niveles de atención y con participación de la comunidad.
La ley señalará los términos en los cuales la atención básica para todos los habitantes será gratuita y obligatoria.
Toda persona tiene el deber de procurar el cuidado integral de su salud y de su comunidad.


La producción, porte y consumo de sustancias estupefacientes o sicotrópicas estará reglamentado por la ley, a través de los enfoques de salud pública, derechos humanos, reducción de riesgos y daños, inclusión social y desarrollo territorial, así como la promoción de capacidades, la participación y la reducción de estigma y discriminación. Las obligaciones del Estado Colombiano en derechos humanos serán prevalentes.
Con fines preventivos y rehabilitadores la ley establecerá medidas y tratamientos administrativos de orden pedagógico, profiláctico o terapéutico para la atención integral de los usuarios consumidores de dichas sustancias. El sometimiento a esas medidas y tratamientos requiere el consentimiento informado del usuario. El Estado implementará un enfoque diferencial en las políticas de droga, que distinga entre consumos problemáticos y no problemáticos, patrones de uso dependientes y no dependientes, así como los impactos sobre grupos discriminados y en situación de vulnerabilidad.


Así mismo el Estado dedicará especial atención al consumidor dependiente o problemático y a su familia para fortalecerla en valores y principios que contribuyan a prevenir comportamientos que afecten el cuidado integral de la salud de las personas y, por consiguiente, de la comunidad, y desarrollará en forma permanente campañas de prevención contra el consumo de drogas o sustancias estupefacientes, en favor de la recuperación de los usuarios con consumo problemático y la protección de niños, niñas y adolescentes.

Publicado enEdición Nº262
 En foto la ciudad de Culiacán durante los enfrentamientos. FOTO: EFE / VIDEO: AFP

Fuentes militares han confirmado la posterior liberación de Ovidio Guzmán "para proteger vidas" y poder restaurar la paz en ciudad, después de que se registraran fuertes detonaciones y ráfagas de armas de fuego.

La detención de Ovidio Guzmán López, hijo del narcotraficante mexicano Joaquín El Chapo Guzmán, que ha sido confirmada por el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana de México, Alfonso Durazo, ha desatado el caos en la ciudad de Culiacán, en el noroeste del país, después de que se registraran fuertes detonaciones y ráfagas de armas de fuego.

Durazo ha explicado que una patrulla de 30 miembros de la Guardia Nacional y de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) estaban realizando labores de patrulla en Culiacán, que se encuentra en el estado de Sinaloa, cuando fueron agredidos desde una vivienda.

Los agentes tomaron el control de la vivienda y detuvieron en su interior a cuatro personas, entre ellos al hijo del narcotraficante mexicano, según ha detallado Durazo.

La detención, el detonante del caos en la ciudad

Dicha detención ha hecho que varios grupos de delincuentes organizados "rodearan la vivienda con una fuerza mayor a la de la patrulla". Asimismo, otros grupos han llevado a cabo "acciones violentas" en varios puntos de la ciudad, algo que el secretario mexicano ha afirmado que ha generado una "situación de pánico\".

"Tomamos la decisión de trasladarnos a la ciudad de Culiacán para conducir personalmente las acciones correspondientes", ha recalcado Durazo. "El Gobierno ratifica su compromiso de continuar su lucha contra la criminalidad hasta alcanzar la paz y la seguridad de todos los mexicanos", ha detallado.

Además, el secretario de Seguridad Pública de Sinaloa ha advertido de que se ha producido una fuga de reos en la prisión de Culiacán tras los tiroteos registrados en la ciudad.

Más tarde, fuentes militares han informado al diarioEl Universal de que el hijo del narcotraficante ha sido liberado después para pacificar la ciudad. Además, Durazo ha afirmado a la agencia de noticias Reuters de que ante las acciones violentas de lo seguidores de Ovidio Guzmán, el Ejército ha suspendido su operación para "proteger vidas".

Las autoridades aconsejan mantenerse "a salvo" 

Por su parte, el gobernador del estado de Sinaloa, Quirino Ordaz, ha llamado a los ciudadanos a no salir a las calles y a mantener la calma. "Estamos trabajando en recuperar la seguridad de la ciudad de Culiacán. Les pido mantenerse a salvo y estar atentos a las cuentas oficiales del Gobierno del estado. Estaremos dando información puntual. Aquí estoy pendiente y trabajando con ustedes", ha indicado Ordaz a través de su cuenta en la red social Twitter.

En varios vídeos publicados en las redes sociales se observan a varias personas armadas en coches por las calles de Culiacán, así como tiroteos en diferentes partes de la ciudad y vehículos incendiados.

Tras los tiroteos registrados en varios puntos de la ciudad, la Universidad Autónoma de Sinaloa ha anunciado que ha suspendido sus actividades en la jornada de hoy para "salvaguardar la integridad de estudiantes, docentes y trabajadores universitarios".

Además, la delegación del Instituto Mexicano del Seguro Social en Sinaloa ha informado de que las guarderías de Culiacán resguardan a niños y padres de familia "hasta que las autoridades emitan mensaje".

Ovidio Guzmán, de 28 años y conocido como El Ratón o Ratón Nuevo, ha sido identificado como miembro del cártel de Sinaloa y se enfrenta a cargos en Estados Unidos por conspiración para traficar cocaína, metanfetaminas y marihuana de México.

Estados Unidos alerta a sus ciudadanos

El Gobierno de Estados Unidos ha emitido este viernes una alerta a sus ciudadanos por la violencia en la ciudad, según ha recogido el diario mexicano El Sol de México.

El Consulado estadounidense ha recomendado a sus ciudadanos que se mantengan fuera de las zonas de peligro, que estén pendientes de los medios de comunicación, que sigan instrucciones del Gobierno y en caso de emergencia llamar al 911.

madrid

18/10/2019 10:27 Actualizado: 18/10/2019 11:06

europa press

Publicado enInternacional
Jueves, 05 Septiembre 2019 06:21

El lastre de la violencia en América latina

El lastre de la violencia en América latina

 Latinoamérica ostenta el título de ser la región con la tasa de homicidios más elevada del mundo. El nivel de violencia en las ciudades de América Latina se parece, por la intensidad, a un escenario de guerra silenciosa o guerra invisible. 7 de los 20 países con mayor tasa de asesinatos mundiales en 2017 son latinoamericanos. De las 50 ciudades con niveles de homicidios más altos, 42 están en América Latina, Los Cabos (México 365 homicidios), Caracas (Venezuela 3.387 homicidios), Acapulco (México 910 homicidios), Natal (Brasil 1.378 homicidios) y Tijuana (México 1.897 homicidios) son ciudades que superan las 100 muertes por cada 100.000 habitantes y año.

La mayoría de estas muertes no son fruto de las guerras, de conflictos armados, no son luchas por el poder político, son producto de economías ilegales como el narcotráfico, el tráfico de personas u órganos, de la violencia de bandas o maras, del control territorial y de la violencia interpersonal en la vida cotidiana. Economías que no funcionan sin la aplicación de violencia.

La violencia tiene unos efectos directos en vida de las personas y en el desarrollo económico del país. En aquellas zonas o poblaciones con elevadas tasas de criminalidad, la calidad de vida de las personas se ve altamente reducida, en tanto que esta violencia les impide tener trabajos estables, disfrutar de los espacios públicos seguros o tener restringido el derecho de moverse con libertad por su barrio; la violencia provoca bajo rendimiento escolar, altas tasas de abandono escolar en adolescentes y en definitiva el miedo que imponen en los barrios provoca que se rompa el tejido asociativo, las formas de organización vecinales, modifica las conductas de la gente y aumenta la vulnerabilidad de las mujeres.

Las bandas, las maras o el narcotráfico, con sus formas de control territorial, de control de la vida de las personas que viven en ese territorio, de la extorsión económica que ejercen, de la imposición de trabajar para ellos o del miedo que imponen, rompen las estructuras relacionales de la población.

Frente a esta violencia, que la Organización Mundial de la Salud denomina como de epidemia y que afirma que se está volviendo crónica en algunas zonas urbanas, los gobiernos de los diferentes estados de América Latina han aplicado la misma receta política, la de «mano dura”. Esta política ha consistido en incrementar el número de policías en la calle, excesos de los mismos cuerpos de seguridad, modificar el código penal en el sentido de endurecer las penas de prisión y rebajar la edad de entrada a prisión para incluir a jóvenes de maras o bandas y finalmente de militarizar la seguridad incorporando a los militares en las tareas propias de la policía. La incorporación del ejército en labores policiales o la creación de unidades especiales fuera de la policía, se ha implantado como medida para contrarrestar la alta corrupción de los cuerpos policiales; pero esta política de mano dura y la presencia del ejército en la calle ha supuesto un aumento de desaparecidos o de ejecuciones extrajudiciales.

Estas políticas han provocado un incremento notable de miembros de bandas encarcelados y un aumento de los años de condena, lo que ha supuesto un incremento considerable de la gente encarcelada, en prisiones que ya de por sí estaban colapsadas y que como efecto contrario al perseguido, han facilitado que las redes criminales se organizaran mejor y desde dentro de las mismas cárceles y reforzaran su estructura orgánica.

Por otra parte hay que considerar los altos índices de corrupción de los estamentos públicos con dinero que provienen de las diversas formas de economía ilegal como el narcotráfico o el tráfico de personas, corrupción que afecta a los cuerpos policiales, los políticos electos, a los jueces o los empresarios. Los altos índices de corrupción es uno de los principales factores de la baja confianza y credibilidades en las instituciones públicas; en concreto la policía es de los estamento más degradados y con menor apoyo de la población y, no sólo por la corrupción sino también por la multitud de casos de denuncias por excesos o de denuncias de ejecuciones extrajudiciales por parte de las fuerzas de seguridad y por los elevados índices de impunidad. Este deterioro de las instituciones públicas acaba fomentando que los países centroamericanos se hayan convertido en la principal ruta de la droga y el tráfico de personas hacia Estados Unidos.

Los desplazamientos de población centroamericana cruzando México hasta los Estados Unidos no es nueva, se remonta a hace bastantes años, pero en los movimientos actuales de población se puede apreciar como la violencia ejercida por las maras, las bandas o los grupos criminales se han convertido en un factor relevante en la emigración; al tiempo que está siendo un factor importante en los desplazamientos de población entre ciudades o dentro de la misma ciudad, la población huye de las extorsiones y amenazas. En una ciudad el control social y territorial de las bandas o las maras puede llegar a ser tan asfixiante o generar suficiente miedo entre las familias que lo mejor es marcharse. Las consecuencias del desplazamiento o la migración para estas familias es enorme, abandonan la casa, las escuelas, los trabajos y los escasos recursos económicos de la familia, todo ello afecta de forma profunda los vínculos familiares y los vínculos comunitarios.

Para la población la situación que viven es tan dura que políticamente están surgiendo populismos que defienden la «mano dura», candidatos políticos que ganan elecciones pero que gobiernan de forma autoritaria y que pueden llegar a poner en peligro los pocos logros democráticos que se han conseguido en derechos políticos, sociales o económicos. Desde hace más de 20 años que se están aplicando las mismas políticas públicas, las mismas recetas para combatir la violencia como pueden ser el populismo punitivo y represor o políticas de frontera que limitan el paso de personas, las mismas políticas que ya se ha visto que son obsoletas, pero que pueden generar votos haciendo creer a la gente que con mano dura todo irá mejor.

El segundo elemento preocupante son las iglesias evangélicas con un mensaje ultraconservador. Estas iglesias han sido determinantes en la victoria de Bolsonaro en Brasil, en Costa Rica el candidato a las elecciones a presidente y predicador evangélico, convulsionó las elecciones con un programa populista que explota el sentimiento popular antipolítico y religioso, o en Colombia donde las iglesias evangélicas lograron decantar la balanza por el «no» en el referéndum sobre los acuerdos de paz con la guerrilla de las FARC.

No tengo respuestas o propuestas y menos respuestas simples y de corto plazo para revertir esta situación. En todo caso sí que estoy convencida de que las recetas políticas que se han aplicado hasta ahora no han resultado, u que hay que aplicar respuestas de largo plazo.

América Latina no es la región más pobre del mundo, pero sí que es la región más desigual, es importante revertir o disminuir las violencias estructurales, disminuir las brechas estructurales como: reducir el número de personas que viven por debajo del umbral de la pobreza, eliminar la pobreza extrema, revertir la falta de infraestructuras (eminentemente donde viven los más pobres: alcantarillado, agua potable o transporte público), la segregación de población en función de los recursos económicos (guetos), incrementar la escolarización infantil y juvenil, mejorar la salud, respetar a las minorías. En definitiva respetar los Derechos Humanos, poner a las personas, la igualdad entre las personas y la dignidad de las personas en el centro de las políticas, cambiar el estilo de vida y el modelo de crecimiento implantando, respetando el medio ambiente.

Impulsar políticas que ayuden a las mujeres a ejercer sus derechos a los recursos económicos, poder acceder a la propiedad, poder acceder a la propiedad de la tierra, a combatir el patriarcado que provoca tantas violaciones de los derechos de las mujeres. Los jóvenes necesitan oportunidades reales de inclusión social, necesitan programas educativos, laborales, culturales, deportivos y recreativos que les permitan optar por planes de vida en sociedad. Los jóvenes necesitan trabajos legales como alternativa al crimen organizado o a las bandas delincuenciales.

También podríamos pensar en medidas más problemáticas políticamente como legalizar la droga, si la producción, distribución y consumo son legales, si se regulan y pagan impuestos una buena parte de criminalidad y violencia disminuiría.

Pero es necesario que la población de todo el mundo esté organizada, que crezca el tejido social donde las personas nos apoyamos mutuamente, pero también organizaciones que planteen respuestas y propuestas políticas que nos ayuden a convivir, respetando la diversidad y los derechos humanos de todas las personas. En definitiva es necesario que todos participemos en la construcción de un mundo mejor, es importante que este trabajo no lo deleguemos en los políticos.

5 septiembre, 2019

Tica Font, Centre Delàs d’Estudis per la Pau

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Dos muertos y seis heridos en atentado –declaración de guerra– contra la Guardia Indígena del Norte del Cauca

Un día después de celebrarse el día internacional de los pueblos indígenas, en Colombia se riega la tierra en el Norte del Cauca con la sangre de dos Guardias Indígenas asesinados y otros 6 heridos.

A mansalva. A las 7:30 de la mañana del 10 de agosto, dos vehículos en donde se transportaban participantes de la Feria del Café en Toribio y un grupo de Guardias que acompañaba, fueron atacados en el sector del Chorro, vía que conecta a los municipios de Toribio con Caloto. Según fuentes indígenas, siete actores armados dispararon con fusiles de largo alcance y con pistolas, pretendiendo una masacre, desconociendo que era personal civil, desarmado, defensores de la paz en sus territorios. El resultado da cuenta de su propósito: 8 heridos, de los cuales 2 fallecieron pasadas unas horas: los Guardias del resguardo indígena de San Francisco, Kevin Ademir Mestizo Coicue y Ogenio Tenorio.

Hasta el momento no se han identificado los actores del crimen, pero el atentado concreta las amenazas recibidas por medio de panfletos firmados, de manera individual, por distintos grupos armados que están en la región, como las Águilas Negras, el Cartel de Sinaloa y las disidencias de las Farc, en los que declaran objetivo militar a las autoridades y a todo el que tenga los distintivos de la Guardia Indígena, como la Chonta o Bastón de Mando.

 

 

Sin dejarse atemorizar, la respuesta por parte de la organización indígena y las comunidades fue la de realizar movilizaciones y desplazamientos masivos hasta la zona donde se presentaron los hechos, donde los armados continúan los hostigamientos con arma de fuego, zona que va desde el Palo hasta el Tierrero por la vía que conecta los municipios de Caloto-Toribio.

Al caer la tarde el sábado 10 las comunidades se encuentran concentradas en sitio de asamblea permanente, y desde la Consejería Mayor del Consejo Regional Indígena del Cauca (Cric) se realizó una convocatoria urgente para el día 11 de agosto, a partir de las 8 de la mañana para abordar el tema en junta directiva extraordinaria. Allí deberán llegar las 126 autoridades, las 11 asociaciones y toda la Guardia Indígena de cada Territorio, así como la comisión política y todos los programas locales, zonales y regionales.

La guerra frontal contra la guardia indígena tiene que ver con el narcotráfico y el control de corredores estratégicos que cursan esta región en su ligazón con el Pacífico colombiano. Como se mencionó en el artículo “Arrecia la guerra contra las comunidades y la Guardia Indígena en el Norte del Cauca”, fuentes cercanas a desdeabajo informan que estos ataques posiblemente tienen que ver con el narcotráfico y quienes están detrás son grupos delincuenciales. Sin embargo, este accionar deja abiertos algunos interrogantes, ¿No será esta una forma de actuar de grupos específicos, ligados al poder, que pretender debilitar por medio del miedo y el temor a la comunidad indígena? ¿No pretenderán con ello debilitar la capacidad de movilización del movimiento más fuerte en Colombia? ¿Será esta una nueva estrategia para generar divisiones y rupturas al interior de la organización indígena, campesina y popular en general?  

La situación es compleja y cada vez más crítica, pero seguramente la sabiduría de los pueblos logrará defender los territorios, garantizar la pervivencia en los mismos, evitando tensiones y divisiones a su interior y/o con campesinos y pueblos afrodescendientes. La declaración de guerra no debe prosperar.

Este es un reto, otro lo constituye, ante la realidad gubernamental y extragubernamental, la necesidad de plantear un accionar diferente para los movimientos sociales del país, uno que denuncien y haga cada vez más visible la democracia de papel imperante en Colombia, y de esta manera comenzar a organizar y crear otra democracia, una que vaya más allá de los formalismos institucionales o electorales y que ahonde el poder del gobierno propio, concitando la acción común con el resto de los actores sociales, y así, por fin, lograr encarar la construcción de una agenda común para avanzar hacia otro país con justicia y vida digna.  

Publicado enColombia
Arrecia la guerra contra las comunidades y la Guardia Indígena en el Norte del Cauca

El conflicto para las comunidades del Norte del Cauca no se detiene. No pasaron ni las primeras 24 horas del mes de agosto para que el asesinato sistemáticos de líderes sociales prosiga su senda.

A plena luz del día, a las 2:00 de la tarde, en el sector de Pajarito, resguardo de Huellas –Caloto–, fue asesinado el coordinador de la Guardia Indígena Gersain Yatacue, ultimado por sujetos que se movilizaban en moto y que hasta el momento de escribir esta nota no han sido identificados.

El asesinato de Gersain no es aislado y confirma las amenazas recibidas por las autoridades indígenas en los últimos meses, en las que ponen precio a las cabezas de diferentes líderes, consejeros y Guardias del Consejo Regional Indígena del Cauca (Cric), acciones que evidencian el incumplimiento por parte del gobierno nacional en el tema de protección de los derechos humanos en los territorios, punto central de la más reciente Minga realizada por distintas organizaciones y movimientos sociales del Cauca.

El conflicto arrecia en la región por la disputa del control territorial. Ante la crítica situación de derechos humanos las autoridades y comunidades indígenas tomaron la decisión de profundizar y fortalecer los ejercicios de gobierno propio y con ello el ejercicio de controles de la Guardia en los territorios, decisión que incomodó a los diferentes grupos armados asentados en esta parte del país, sean legales o ilegales, entre ellos estructuras paramilitares, cartel de Sinaloa, disidencia de las Farc, Eln, Epl, batallones de alta montaña, de asalto aéreo y policía.

El control territorial, base de un tema económico fundamental.

Las pujas por el control de los territorios tienen como principio la disputa por la economía de la región pues, según fuentes cercanas a este medio, no debe olvidarse que esta zona hace parte de un corredor estratégico a través del cual se realiza el cultivo, producción y transporte de coca y marihuana hacia el exterior o interior del país; cultivos que han tenido un incremento exponencial de hectáreas debido a la poca disposición por parte del gobierno nacional de cumplir con los acuerdos para su erradicación, tema álgido que por denunciarlo cobró la vida del gobernador del resguardo de Huellas Caloto, Edwin Dagua Ipia en diciembre del 2018.

Así mismo, como es conocido, es rentable controlar las rutas en cuestión por medio del cobro de impuestos, lo que lleva a constantes enfrentamientos entre diferentes actores armados. Otros factores, además de los señalados, también están en disputa por la economía de la región, como son los monocultivos de caña de azúcar de los ingenios de Ardila Lule existentes en la parte plana del valle geográfico del río Cauca, así como las grandes extensiones de pino y árboles maderables de Cartón Colombia, ubicados en la parte alta del territorio ancestral de Cerro Tijeras, municipio de Buenos Aires, factores que evidencian una disputa no solo por el negocio del narcotráfico sino por el incremento de proyectos de explotación y extracción de los recursos naturales de la región.

En este marco, el crimen de Gersain Yatacue es un mensaje de que la guerra para las comunidades, autoridades y Guardias Indígenas del Norte del Cauca está más viva que nunca, lo que implicará mayor organización por parte de las comunidades, quienes con fuerza y valentía continúan defendiendo sus territorios por justicia, pervivencia y vida digna, para lo cual, como lo dicen en alguna de sus canciones: “por cada indio muerto otros miles nacerán”.

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Bolsonaro, cada vez más enfrentado a los militares

Julio fue un mes traumático en las relaciones entre el presidente Jair Bolsonaro y las Fuerzas Armadas brasileñas.

Comenzó con un plato fuerte: el 5 de ese mes el vicepresidente Hamilton Mourão concedió una entrevista a la revista Crusoé, en la que reveló haber recibido un pedido del presidente para "actuar con mayor moderación", a la vez que rechazaba "la desconfianza del presidente en los militares que estarían interesados en tomar el poder".

Esos días Bolsonaro felicitó a su vice por haber estado una semana sin hablar con la prensa, ya que las declaraciones de Mourão, o la atención que recibe por parte de los medios, suelen molestarle.

El enfrentamiento principal saltó el 19 de junio, cuando se conmemora el aniversario del nacimiento de Santos Dumont (pionero de aviación brasileña), que la Fuerza Aérea celebra todos los años en Brasilia.

Sorprendió la ausencia del presidente, que algunos explicaron por el incidente de la detención en Sevilla, España, de un miembro de la comitiva de Bolsonaro que se dirigía a Japón para participar de la cumbre del G20, en un aparato de la fuerza aérea portando cocaína.

Sin embargo, Bolsonaro no sólo dejó plantados a la cúpula militar sino a los embajadores de Japón, Ucrania y Estados Unidos, todos ellos aliados cercanos de su Gobierno, para participar en el ceremonia del Día Nacional del Fútbol, también en Brasilia. Del acto castrense tampoco participó Mourão ni el ministro de Defensa.

El mismo día, en el ya tradicional Café de la Mañana, con los medios, Bolsonaro atacó al gobernador de Maranhão, Flavio Dino, miembro del Partido Comunista de Brasil (PCdoB).

Por el modo como lo hizo, se trató de un ataque a todos los nordestinos, la región más pobre de Brasil que vota masivamente por Lula y contra la ultraderecha que representa el presidente.

Agregó que los gobernadores del Nordeste "intentan todo el tiempo a través de la desinformación, manipular a los votantes". Fue interpretado como un ataque racista, ya que en la región predomina la población afro. El ataque a Dino fue justificado por algunos, por su actitud tibia respecto a la cesión de la base de cohetes de Alcántara (en su estado) a los EEUU.

Las reacciones no se hicieron esperar. Al día siguiente todos los gobernadores del Nordeste, firmaron una nota donde expresan "sorpresa e indignación profunda" con las declaraciones de Bolsonaro.

Ese día, en una entrevista en el conservador O Estado de São Paulo, el general de Luiz Eduardo Rocha Paiva condenó las declaraciones del presidente señalándolas como "antipatriotas" e "incoherentes", por dividir al país.

Rocha Paiva es un destacado militar, ahora en la reserva, que fue comandante de la Escuela de Comando y del Estado Mayor del Ejército, y secretario de general del arma. Además respaldó con vigor el golpe de Estado de 1964, por lo que sus pares lo tienen en gran estima.

El presidente no perdió la ocasión para contraatacar. Acusó al prestigioso general de ser un aliado del gobernador comunista y agregó una ofensa gratuita: "Inadvertidamente descubro una sandía, un defensor de la guerrilla de Araguaia".

"Sandía" es el nombre que se da entre los militares a los que, sin decirlo, simpatizan con la izquierda: verdes por fuera y rojos por dentro. La guerrilla de Araguaia fue la principal lucha armada en la selva durante la dictadura.

Dentro y fuera de los cuarteles hubo gran malestar. El redactor jefe de la página Defesanet, Nelson Düring, dijo que el ataque a Rocha Paiva era "una ofensa ignominiosa y deshonrosa", y relata una serie de ofensas anteriores recibidas por las Fuerzas Armadas, que no habían trascendido.

El editorial lo considera "el último de una serie de desaciertos entre la presidencia y los comandos militares".

El mismo día 21, el gurú de Bolsonaro, el profesor Olavo de Carvalho, que reside en EEUU, difundió un video con ataques muy fuertes a los militares que rodean al presidente. Se interpretó que el video estuvo inspirado por uno de los hijos del mandatario, Carlos Bolsonaro, que en esos momentos estaba en Virginia visitando a su referente ideológico.

Una respuesta más dura aún provino del hermano del insultado, el general Paulo Ricardo da Rocha Paiva. Una carta abierta pone el dedo en las principales diferencias de los uniformados con el presidente. Dice que lo votó pese a unas declaraciones que fueron una "señal roja", cuando dijo que "Alcántara es para ustedes", en referencia a los EEUU.

Sin medias palabras, denuncia el "acoplamiento militar automático con el Tío Sam y la OTAN", abandonando a los aliados de la región sudamericana. El tono del extenso escrito del general retirado es fuerte, frontal y por momentos agresivo, cargado de adjetivos peyorativos. Bolsonaro no tuvo más remedio que dar marcha atrás y guardar silencio, lo que evidencia que los cuarteles no lo están mirando con buenos ojos.

Las razones de semejantes deslices del presidente son más oscuras aún. La antropóloga Isabela Oliveira Kalil, en una extensa entrevista en el diario Valor, sostiene que una parte de la base social de Bolsonaro se siente defraudada y exige un gobierno más derechista aún.

Un estudio etnográfico en la zona metropolitana de Sao Paulo, focalizado en los comportamientos conservadores, muestra que entre los varones de 40 a 45 años hay mucha disconformidad porque observan que Bolsonaro no se comporta como extrema derecha, razón por la cual lo votaron.

El principal punto de insatisfacción es que esperaban una liberalización mayor en la tenencia de armas.

Antes de terminar el mes, el presidente tuvo otro desliz verbal que le puede costar caro. Aseguró que sabe cómo desapareció el padre del actual presidente de la Orden de Abogados de Brasil durante la dictadura militar.

Se trata de Fernando Santa Cruz, padre de Felipe Santa Cruz, desparecido luego de haber sido detenido por agentes del régimen en 1974. Las declaraciones de Bolsonaro pueden constituir delito, ya que dice conocer cómo se produjo un crimen que está encubriendo.

El desgaste que viene sufriendo Bolsonaro obedece a que una porción de la sociedad, que coincide con las posiciones más ultras de sus hijos y de su gurú (Olavo de Carvalho), le exigen una posición más derechista aún. En tanto, las colisiones con los militares puede ser el principal factor de deterioro de la apoyatura de un presidente que lleva poco más de medio año en el cargo.

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La figura de El Chapo todavía gravita en Sinaloa.   Imagen: AFP

"Puede comprar uno o dos dobles... El verdadero Joaquín Guzmán debe andar paseando ahorita por aquí", dice sonriente un campesino sobre el jefe narco. 

 

Un aire de sarcasmo recorre Sinaloa, cuna del capo mexicano Joaquín "El Chapo" Guzmán, ante la sentencia de cadena perpetua que recibió en Estados Unidos. En esta árida región aseguran con sonrisa de resignación que ni la violencia ni el tráfico de drogas disminuirán.

En el imaginario popular de Sinaloa, un cártel que surgió en la década de 1980 y que lleva el nombre de ese estado del noroeste mexicano, todavía gravita la figura de "El Chapo" y su exsocio Ismael "El Mayo" Zambada, aún prófugo.

Pese a los escalofriantes testimonios expuestos durante el histórico juicio y la sentencia de por vida más 30 años adicionales impuesta este miércoles por un juez en Nueva York, algunos en Sinaloa siguen creyendo que "El Chapo" hizo construir escuelas, iglesias, caminos y que en suma fue un benefactor. Incluso le restan responsabilidad en asesinatos y secuestros.

"Yo pienso que no (fue justo). También fue una buena persona, que ayudó a personas necesitadas", dijo Lupita Ramos, un ama de casa de 46 años, tras conocer la noticia. La mujer habla frente al altar del mítico Jesús Malverde, conocido coloquialmente como "El Santo de los Narcos", un lugar saturado de fotografías y notas de agradecimientos, en el centro de la capital estatal, Culiacán.

Al lado de un busto de Malverde, quien según la leyenda era un bandido que robaba a los ricos para dar a los pobres al estilo de Robin Hood, una mujer limpiaba una estatuilla de yeso de Guzmán: la cara en alto, un rifle AK47 en rieste, vestido con camisa rosa y pantalones azules.

Para el ferrocarrilero Juan Antonio Orozco, de 39 años, el tráfico de drogas no va a terminar con el perpetuo encarcelamiento de Guzmán. "Veo difícil que se termine... cae uno y sale otro, son cosas de nunca acabar", dice mientras aguarda afuera de la capilla.

"Se veía”, que esa sería la sentencia, “por todo el tráfico que ha habido, y las muertes y todo eso y era de esperarse que Estados Unidos” quería ese fallo, dice cabizbajo, pero luego levanta un poco la voz para decir que en Culiacán “lo respetan porque ayuda a la gente".

 Tumbas con aire acondicionado 

Pero a pesar de las supuestas obras públicas en Sinaloa impulsadas por el capo, quien según la justicia estadounidense debería tener por lo menos unos 12.000 millones de dólares en sus arcas, la brecha de desigualdad es impactante.

Cerca de caseríos hechos con tablas de madera, se encuentra el cementerio Jardines de Humaya donde muchos narcotraficantes están enterrados. Es famoso por sus mausoleos extravagantes que llegan a tener hasta tres pisos, aire acondicionado y hasta puertas de vidrio blindado.

Ahí una fachada de piedra beige decora el sepulcro de Ernesto Guzmán, uno de los hermanos de "El Chapo", cuyo interior está repleto de globos y flores. Dos pequeños autos de piedra adornan las esquinas de las cornisas.

Según Miguel Ángel Vega, periodista del diario semanal local Ríodoce, con la captura y extradición del narcotraficante que protagonizó dos espectaculares fugas de cárceles mexicanas, la violencia y el tráfico de drogas "no se acabó" y su muy probable sentencia de cadena perpetua no cambiará eso.

Dos cadáveres con el tiro de gracia aparecieron este miércoles al lado del Río Culiacán, muy cerca de una avenida rápida de esta ciudad de cerca de 700.000 habitantes.

 Hay "20 Chapos" 

"El cartel de Sinaloa no es 'El Chapo', el cartel de Sinaloa no es 'El Mayo', el cartel de Sinaloa es un grupo de por lo menos 20 líderes", asesta Vega, experto en narcotráfico.

"En Culiacán existen 20 Chapos, y hay uno que está allá [preso en Estados Unidos], pero es como la cereza en el pastel, como el que está allá es el que se infló o el que se dijo en los medios de comunicación que es el responsable de todo esto, que es el responsable de que los jóvenes en Estados Unidos consuman drogas", su proceso ha sido el más explotado mediáticamente, dice.

Joaquín "El Chapo" Guzmán se forjó una leyenda alimentada por "narcocorridos" que relatan sus hazañas, y riquezas reseñadas en la revista Forbes, que en 2011 lo incluyó en su lista de las mayores fortunas del mundo, con más de 11.000 millones de dólares.

Dos años después, la Comisión Anticrimen de Chicago lo nombró enemigo público número uno de la ciudad y lo comparó con Al Capone, mientras que se convirtió en el narcotraficante más buscado por la DEA.

Y el mito sigue creciendo. En la víspera de la audiencia de sentencia, al lado de la catedral, un hombre que calzaba unos huaraches (sandalias) con pies callosos y quemados por el sol, aseguró que el hombre que fue extraditado en enero de 2017 a Estados Unidos no es "El Chapo".

"Tiene mucho dinero, puede hacer lo que sea, incluso puede comprar uno o dos dobles... El que tienen allá no es, el verdadero Joaquín Guzmán debe andar paseando ahorita por aquí", dice sonriente el campesino antes de alejarse sin dar su nombre.

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«El narco cumple hoy un papel de control, de disciplinamiento»: Raúl Zibechi

 

Entrevista al escritor y pensador-activista uruguayo Raúl Zibechi, en el que habla sobre las nuevas derechas, el evangelismo neopentecostalismo, el extractivismo, el narco, y los movimientos sociales hoy. «Hay amenaza, guerra, narco aliado con la policía. Porque cuando hay narco hay policía que lo protege. Y por otro lado hay una especie de seducción. La buena vida es el paco, la merca o lo que puedas pagar. Las dos cosas funcionan porque no todo puede ser guerra. Y además te ofrecen un camino. Un camino de enriquecimiento, de fuerza, de poder dentro de tu comunidad. Para un tipo de personas donde no hay padres, no hay madres, porque la gente está muy sola. Y donde tanto el narco como el pentecostal, la iglesia, les ofrece un lugar de pertenencia que ya no es la fábrica, la escuela, el partido, el sindicato», sostuvo Zibechi.

 

J.V: ¿Como ves vos – que tenés un panorama bastante amplio – la situación de América Latina, con el avance de los fascismos, lo que fueron o son los progresismos y sus límites y en esos contextos los movimientos sociales?

R.Z: Bueno yo creo que en América Latina si miramos por arriba hay un fuerte avance de la derecha muy, muy fuerte. No es la vieja derecha, la de la cruz, la espada y la tierra es una derecha más moderna, más militante, más lúcida. No es una derecha católica, más bien evangélica neopentecostal. No es una derecha terrateniente, aunque tiene expresiones terratenientes. Es una derecha más tecnológica, de las nuevas tecnologías, hace uso y abuso de las redes sociales. Tiene estrategias comunicativas muy distintas y tiene una fuerte alianza como siempre tuvieron las derechas con un sector amplio de las clases medias. De dos versiones de las clases medias. Las clases medias altas, más acomodadas, técnicos, profesionales, con buenos ingresos y después un sector  de nuevo tipo de clase media que viene de los sectores populares y que no se la diferencia muy claramente en el nivel cultural, que busca seguridad, protección, que busca un discurso sólido, firme, aunque sea mentiroso. Es una derecha mucho más difícil de identificar para los que conocimos otras derechas. No necesariamente es una derecha golpista, aunque no le hace asco al golpismo. Y esa alianza con los pentecostales y con el narco para mí es muy preocupante.

Normalmente esta nueva derecha se monta encima de los fracasos del progresismo, que fueron fracasos terribles porque una característica del progresismo es que hizo un discurso revolucionario o casi revolucionario -si vos escuchas los discursos de Néstor por ejemplo- y una práctica, si yo dijera reformista diría demasiado, una práctica: Ley de Glaciares, Ley Antiterrorista, una práctica de confirmar el modelo de acumulación que es el extractivismo, pero con un discurso supuestamente radical y eso es tremendo porque desacomoda a propios y ajenos. A los propios porque a muchos los engatusó con el tema del sesentismo, del neosesentismo, poco o mucho, no solo con el discurso evidentemente, sino con políticas sociales, con distribución de prebendas, y además estuvo anclada en la corrupción. Entonces por un lado es indefendible pero claro no es la vieja derecha.

Es muy complejo el panorama desde este punto de vista aunque ahora parece muy claro que hay una clara derechización brutal. Creo que el epicentro de la derechización son Brasil y Colombia. La Argentina es un subproducto propio de cosas muy particulares pero Brasil es una usina donde los militares han copado el gobierno, hay más de 100 militares en altos cargos de gobierno y la situación es bien complicada.

Si lo mirás desde el punto de vista del modelo de acumulación no ha cambiado nada, sigue siendo la minería, sigue siendo la soja, sigue siendo un modelo de destrucción de la naturaleza y de apropiación de la naturaleza. Entonces desde el punto de vista del modelo de acumulación hoy no está en cuestión ese modelo, ni por progresistas ni por conservadores. Y por supuesto los conservadores en una fuerte alianza con el gobierno de Estados Unidos, en una ofensiva muy potente. O sea Estados Unidos está en una situación compleja porque  ha tenido que salir de Oriente Medio. No pudo derribar al gobierno de Siria, y en el Mar del Sur de China también tiene dificultades, entonces está retirándose de algunos lugares y concentrando fuerzas en América Latina. Sobre todo en el Caribe, y ahí está todo el quilombo con Venezuela, Cuba y demás.

Desde el punto de vista de los movimientos yo creo que estamos en un período de reconfiguración. Los viejos movimientos, no me refiero a los viejos, viejos, digo el movimiento piquetero y todos los movimientos de ese período, han dado lo que podían dar, se dispersaron, fueron cooptados una parte, desorganizados otra, otros se transformaron. Y hoy aparece el gran movimiento de mujeres, el movimiento más impugnativo, más movilizador y crítico. El movimiento de mujeres es hoy el que marca los caminos, sobre todo en el Cono Sur, Argentina, Chile, Uruguay. Hay que interpretar el gobierno de Bolsonaro como una reacción contra el feminismo también. Contra ese empoderamiento de las niñas y las adolescentes. Creo que ahí hay un cambio: la derecha entendió que el feminismo es su enemigo. Este movimiento feminista no es tampoco el viejo movimiento feminista de las mujeres académicas de los 60’-70’. Es un movimiento más plebeyo, más popular, más de abajo, obrero, popular, territorial. Una vez más en Argentina los encuentros de mujeres marcan un camino. Y otros movimientos están reconstituyendo, por ejemplo la Unión de Trabajadores de la Tierra es un subproducto del movimiento piquetero, muy territorial, muy firme en lo territorial y me parece que ahí está lo interesante. La energía social no desapareció, se ha transformado. Probablemente muchas de las mujeres, no lo sé, pero intuyo que muchas de las mujeres que están hoy activas en el movimiento feminista también activaron en el movimiento piquetero o en el período del 2001. Entonces me parece que esa energía está ahí, el movimiento de mujeres es el más importante, pero hay una reconfiguración de otros movimientos que creo que en unos años van a dar un campanazo fuerte, van a marcar una presencia importante. No solo en Argentina. En los Asentamientos Sin Tierras de Brasil hoy el tema que se está discutiendo es LGTB, mujeres, etc.

 

J.V: Yo estuve hace un año en la Escuela Florestan Fernandes, había ido hace diez años a un asentamiento al sur. Con lo que me encontré en temas de género es increíble.

R.Z: Es muy increíble lo que está pasando con el MST. Desde su nacimiento hasta hoy en día están en otro lugar. Sobre todo los jóvenes y las mujeres. Y eso marca como los movimientos, se reconfiguran, desde qué lugares. Porque se reconfiguran desde el lugar juvenil mujer, no se reconfiguran desde una teoría o desde los caudillos, de los dirigentes. Se reconfiguran desde otros lugares.

 

J.V: Desde la subjetividad, desde subjetividades rebeldes…

R.Z: Si. Y desde territorios donde está subjetividades hacen carne. Entonces creo que es un proceso muy interesante el que estamos viviendo, es un proceso impensado  porque nunca imaginé que iba, que lo de LGTB iba a enraizar en los Asentamientos Sin Tierra. Lo último que me hubiera imaginado, el tema mujer podía pensar, pero el feminismo no sé… Entonces estamos en ese momento donde hay una transformación muy rica abajo. Y esa riqueza en algún momento se va a manifestar. Estamos como en el 90’ cuando existía la C.O.P.A2 y los primeros grupos territoriales después que estalló el movimiento estudiantil y todos los movimientos más clásicos. Bueno estamos en este momento, en ese período, un período de articulación de cosas nuevas, de procesos nuevos. Y creo que eso tiene que ser muy enriquecedor para nosotros si estamos con la oreja puesta, como aquel personaje de Fontanarrosa, que ponía la oreja en la tierra. Bueno es el momento de poner la oreja en la tierra y decir ahhhh bueno no se ve gran cosa pero están pasando cosas…

 

J.V: Y la situación del Zapatismo en México, porque esto de los movimientos sociales, el MST, el Zapatismo, fueron en los 90’ como luces en la oscuridad para toda América Latina y son movimientos que se han fortalecido, se han repensado como vos lo decís ¿Cómo ves el Zapatismo hoy en el contexto del gobierno de Lopez Obrador?

R.Z: Hay dos cosas ahí, por un lado el zapatismo también se ha reconfigurado. Cuando estuvimos en la escuelita zapatista nos decían que el zapatismo, la mitad de los zapatistas tienen menos de 20 años. Estos chicos no habían nacido cuándo empezó el movimiento, nacieron después, entonces tienen otra cabeza, mi compañera también estuvo en la escuelita y le tocó una muchacha de 19 años, se bañaban desnudas en el río viste o sea otra cabeza. El movimiento también se reconfiguró, es un movimiento de jóvenes y de jóvenas que ha sido capaz de hacer un encuentro como el de Morelia del año pasado, el 8 de marzo dónde las mujeres jugaron un papel muy importante yo diría que decisivo y las mujeres jóvenes. El movimiento se feminizó, se juvenalizó, y se indianizó. La aparición de Moisés creo que es un dato mayor, Moisés es otra cosa. Y lo segundo es que ahora enfrentan al desafío de López Obrador. Eso es un desafío muy denso, muy pesado, en el cual el zapatismo va a tener que, tal cual como dijo Moisés están solos porque la sociedad mexicana está como atontada, como pasó en el 2005 en Argentina cuando gana Néstor. Yo me acuerdo una foto de Néstor que estaba tomándole la mano a Hebe y Hebe que era una guerrera, como entregada. Alguien que no se entregó claramente fue Norita.  Entonces yo creo que el movimiento zapatista va a sufrir mucho este sexenio y ya está sufriendo, creo que va a haber ofensivas muy fuertes contra el zapatismo, política de hecho ya la hay. Ellos están preparados para una ofensiva militar, no militarmente porque ellos no van a usar armas, van a poner el cuerpo. Los varones y las mujeres van a poner el cuerpo, ya lo han hecho en otras ocasiones, no va a haber una guerra de aparatos, ellos no quieren eso. Y yo creo que cada día que pasa la ofensiva se acerca más, porque van a hacer el Tren Maya, el Transístmico, en fin, todas las obras estas demenciales que se plantea López Obrador. Pero me parece que ellos lo tienen muy claro, no los agarra sorpresa para nada. Eso es muy importante porque por estas regiones el kirchnerismo nos agarró de sorpresa. Acá igual, yo me acuerdo acá, en Montevideo voy a un barrio qué iba muy seguido y llego un día después que estaba ya el gobierno de Tabaré Vázquez, 2005-2006 y veo un montón de gente en la asamblea que no conocía, bueno conocía algunos, eran gentes de ONGs, del Estado, del Ministerio de Desarrollo Social y les digo a mis compás: ¿che y esta gente? viene aquí, votan, no sé qué, hablan en la Asamblea  y me dicen: “Bueno, en realidad son funcionarios pero son como compañeros”. Entonces nos agarró de sorpresa y que no te agarre de sorpresa me parece importante. Me parece que ellos, los zapatistas, están más preparados, están haciendo ejercicios políticos y de movilización. El último, esta marcha que hubo el 1 de enero en La Realidad -está el video- están movilizados. Tienen claro lo que se les viene y tienen claro cómo lo van a enfrentar. Van a sufrir, lo van a pasar mal, van a tener derrota y como siempre lo definitivo será lo que haga la sociedad mexicana. Si la sociedad mexicana aplaude que los masacren o no. Es más fácil que la sociedad mexicana aplauda la masacre con López Obrador que con los gobiernos de derecha.

Similar, cuando la clase media en la crisis del 2000-2001 se sumó al movimiento piquetero en Argentina, confluyeron y después nunca más. El aislamiento de los que resistían el modelo fue mucho mayor con los gobiernos de Néstor Kirchner y de Cristina que con los gobiernos neoliberales. Entonces a mi modo de ver los gobiernos progresistas están hechos para doblegar lo que no pudo doblegar el neoliberalismo puro y conservador. Esa es mi opinión, creo que ellos lo tienen claro. Pero no sé…

 

J.V: ¿Cuál es la apuesta para los movimientos sociales frente a la desarticulación y a la cooptación que ha habido?

R.Z: Yo creo que los movimientos hoy en el mundo tenemos que trabajar de otra manera. No podemos ser parte de una estrategia de gobierno, no podemos ser parte de una estrategia de demandas al estado. O sea en algún momento hay que demandar algo al estado pero nuestra actividad no puede estar ordenada en torno a la demanda al estado como el movimiento sindical al patrón, al estado. Qué es lo que debería, creo que cada vez más está sucediendo, es ordenar nuestra actividad. El crear formas de vida no capitalistas en nuestros territorios, en nuestros espacios: la huerta, la radio, el cultivo, lo que sea, el mercadito, en algunos lugares sólo podes poner una radio y una escuelita de Educación Popular. Bueno ya es algo,  en su mejor momento el movimiento piquetero tenía huertas, talleres productivos. Hoy hay mucho de eso en Argentina y en toda América Latina. Los que más han avanzado en esos son los indígenas y los campesinos. Vos vas al MST, o a los de Lavalle en Mendoza y hay hectáreas cultivadas, no es poca cosa. Y hay agroindustria, pequeña pero hay agroindustria. Yo creo que ese es el futuro.

Si el Estado sopla favor y te da una máquina, un tractor o te compra la cosecha: maravilla, pero yo estoy caminando y mi vida no va a estar organizada en torno a que el estado me dé o no me dé. Entonces es muy distinto  si yo estoy haciendo mi laburo, mi tierra. Por ejemplo hay movimientos campesinos que tienen la tierra, la cultivan, distribuyen, tienen procesamiento de productos de campo, tienen ahí, es como los de Lavalle, mercados propios, tienen su radio, su centro de formación. Eso no hace que el movimiento esté organizado para demandar tractores, eso es fundamental. Puedo hacer una alianza puntual con los progresistas pero yo no nací para llegar allá. Yo no voy a dedicar a mis mejores cuadros a estar de concejales en el municipio o en cargos de gobernación o en cargos nacionales. No estoy para eso. Y eso marca una diferencia me parece. Muy importante. Creo que es un tema de prioridades. Esto de centrarse en el laburo concreto, la construcción, es estratégico. Lo otro son circunstancias. Lo importante es eso el laburo y creo que cada vez hay más movimientos en eso. Creo que cada vez hay más recuperación de tierras. Un movimiento que labura mucho así son los mapuches  y les va muy bien, según Darío Aranda han recuperado 100 mil hectáreas. He estado con un amigo que está con los QOM en el impenetrable, 4 mil hectáreas recuperaron últimamente. Hay una fuerza una conciencia de qué es lo importante. Porque hemos vivido la dictadura, el neoliberalismo menemista y el neoliberalismo progresista. Las tres cosas y ahora estamos otra vez con el neoliberalismo conservador. Entonces una vez que viviste todo eso te tenés que dar cuenta, tenés que construir con un nivel de solidez y de firmeza de que independientemente de quién tengas arriba tu laburo no sea cuestionable.

 

J.V: Si, lo del pueblo mapuche es muy fuerte lo que está pasando en el sur de Chile y está fuerte también en el sur de Argentina.

R.Z: Si, y están ganando. Están ganando porque mira yo estuve un par de semanas después de lo Catrillanca. Lo de Catrillanca, bueno movilizó el mundo Mapuche en el sur. La declaración de Temucuycuy fue bien interesante, pero cuando estuve en Santiago me alojo en una familia de la Editorial Quimantu que viven ahí por la Villa Olímpica. Te cuento esto porque es bien sintomático, es clase media profesional. Entonces me contaban en estos edificios cuando lo de Catrillanca la gente salió a la calle, no uno ni dos días muchos días.

 

J.V: Eso no se veía en Chile

R.Z: Y los viejitos que no salían a la calle en los balcones. Entonces ya no fueron mil personas, fueron decenas de miles en Santiago, en muchos barrios que se movilizaron, eso es un tema importante. Después en la casa había una chiquita que tenía nueve, diez años. Iba a un colegio público de la zona y estudia mapudungun. Digo ¿Cómo? Después me explicó la madre. En la escuela podes elegir inglés, francés, mapudungun y ella y muchos otros niños eligieronmapudungun. Pero dice hay tres escuelas en este distrito que te ofrecen mapudungun. Solamente en un distrito de allá. Quiere decir que debe haber decenas de miles de personas, de niños estudiando mapudungun, que no son mapuches

 

J.V: Y la lengua es central… bueno ya los vascos nos lo enseñaron…

R.Z: La lengua es todo

 

J.V: Cambiando de tema Raúl, de donde yo soy, de Bahía Blanca, yo te contaba que tenemos el Polo Petroquímico más importante de Sudamérica, con un puerto de aguas profundas de enorme importancia económica, empresas transnacionales vinculadas al agronegocio, bueno la lucha socio ambiental es el tema, digamos, nos pasa lo que pasa en todos lados: que cooptan organizaciones, cooptan movimientos, cuesta articularse muchísimo por miles de razones pero, ¿Cómo ves vos esto de las luchas contra el extractivismo hoy? Conversábamos hace un ratito y lo leía el otro día en el diario La Jornada que vos habías escrito este año una nota de cómo el narcotráfico aparece para limpiar territorios y dejarlos libres para el extractivismo, nos interesa como esa mirada porque tenemos por un lado el narcotráfico y tenemos el extractivismo…

R.Z: Si, por un lado tenemos esto que llamamos “Extractivismo”, que es una forma de acumulación de capital de nuevo tipo ¿Cómo se acumula? : robando. O sea que se roban los bienes comunes. Entonces yo creo que el extractivismo, bueno hay un geógrafo gringo que se llama David Harvey que acuñó el concepto de “acumulación por desposesión” o por  “despojo”. Esto es importante porque el tipo está describiendo una forma de acumulación cómo fue el capitalismo originariamente, que lo estudia Marx, le llamaba acumulación originaria de capital. Bueno eso se repite y es una acumulación por robo. El agua, la tierra, la calidad del aire, los minerales se roban. Se apropia la gran empresa. Entonces ese es un punto importante es el modelo de acumulación por robo. Ahora eso es, lo que hace Harvey está muy bien, es mirado por decirlo desde algún lado desde arriba. Si vos lo miras desde abajo los zapatistas a este modelo le llaman Cuarta Guerra Mundial ¿Por qué?. Porque si vos lo miras en un pueblo como el de Bahía Blanca o de un pueblo originario o los pueblos que están cerca del Gran Rosario por donde pasan los camiones y toda la soja o los pueblos sojeros, los pueblos fumigados: es una guerra. Es una guerra de despojo en la cual los enemigos son los pueblos, es lo que planteaba el Zapatismo, que son obstáculos para la acumulación de capital. Planteado así el tema, la cosa cambia porque vos estás enfrentando no un modelo económico, sí es un modelo económico, pero sobre todo un modelo de poder por el cual el capital se instala en una relación vertical con la tierra, con la madre tierra y con la población para destruirlos y apropiarse “de”. Este es un poco el tema, entonces hay una división del trabajo: los grupos policiales, paramilitares, narco juegan un papel fundamental en esto. En este modelo de acumulación por despojo de cuarta Guerra Mundial hay una característica que es fundamental, y es la sociedad actual. Las viejas formas de control, el panóptico, que funcionaba en la familia, la escuela, en el cuartel, en el hospital en todas partes, ya no funciona, fue desbordado ¿Y quién está cumpliendo ese papel de control con las jóvenas, con los jóvenes de los sectores populares?: el narco. El narco cumple un papel de control, de disciplinamiento por la violencia y por la tracción que genera el negocio del narcotráfico.

Por un lado hay amenaza, guerra, narco aliado con la policía, porque cuando hay narco hay policía que lo protege. Y por otro lado, y esto es importante, hay una especie de seducción, la buena vida es el paco, la merca o lo que puedas pagar. Esa es la buena calidad de vida. Entonces, me parece que las dos cosas funcionan porque no todo puede ser guerra y además te ofrecen un camino. Un camino de enriquecimiento, de fuerza, de poder dentro de tu comunidad. El modelo este extractivo es un modelo que no alcanza para ofrecerle un lugar digno en la sociedad ciento por ciento, como era en la sociedad la fábrica. El modelo industrial era una ascensión de los pueblos y de los sectores rurales a distintos, vivían en un pueblito, van a la ciudad, en una generación se hacen profesionales, mecánicos, lo que sea y laburan en la fábrica y sus hijos van a la universidad o lo que sea. Eso se cortó con la dictadura y con el neoliberalismo, entonces la mitad de la población sobra y para esa gente que sobra, está el narco. Narco-feminicidios, narco-policía-feminicidios son la clave de todo el tema de los feminicidios, prostitución, tráfico de personas, etc. Para una mujer adolescente, niña que su futuro es trabajar en un supermercado 12 horas al día y ganar chirolas puede ser la prostitución. Para mí es una mierda, pero le ofrece un camino, o el narco al pibe le ofrece una salida.

 

J.V: Y en este entramado ¿ves que tienen un papel las iglesias evangélicas pentecostales?

R.Z: Por supuesto, y además para un tipo de personas donde no hay padres, no hay madres, porque la gente está muy sola. Y donde tanto el narco como el Pentecostal, la Iglesia les ofrece un lugar de pertenencia que ya no es la fábrica, la escuela, el partido, el sindicato. Porque el sindicato te ofrecía un laburo para toda la vida. Te garantizaba el laburo y las vacaciones, las fiestas, fiestas de navidad, la vivienda. Era una casa, era un hogar el sindicato. Hoy en día este hogar no existe, lo dinamitó el sistema. Y al dinamitarlo el sistema surgen sucedáneos. Surgen otras cosas y esos sucedáneos que surgen de mala calidad son horribles pero funcionan. Para vos y para mí no, pero hay que ponerse en una familia de un barrio popular en donde los pibes con 12-13 años están solos o no tienen padres que es lo más común porque la irresponsabilidad paterna es muy grande, la madre labura todo el día, las abuelas no están

 

J.V: Claro, funcionan como lugares de contención también para las mujeres solas

R.Z: Asi es, las Iglesias Pentecostales tienen todas una guardería, todas un espacio …

 

J.V: Escuelitas dominicales para los chicos y chicas

R.Z: Campos de futbol, deporte. Las misas no estás sentado escuchando al cura, en las misas bailas. Está muy bien estudiado todo y la gente no es idiota

 

J.V: Que bueno escuchar esa mirada que planteás, porque pasa que cuando se habla de estas iglesias, la descripción de la gente que se hace es como que está idiotizada por las iglesias. Tenemos que mirar mejor lo que pasa ahí, ¿por qué van?

R.Z: No, esa es mentira. Yo siempre pensé así, que la gente elige. Mirá, hay dos personas que me abrieron los ojos. Uno con eso de los pentecostales Mike Davis que es un urbanista gringo de Los Ángeles, trosko que dice “no muchachos el que dice eso es que nunca ha ido a una Iglesia Pentecostal. Y yo cuando se murió mi hijo” – porque tenía un hijo chico que se le murió- dije voy a ir a ver qué pasa”. Y fue y descubrió que ahí, él no es pentecostal ni nada, es trosko, pero descubrió por qué la gente va. Y después tengo un amigo de los Sin Tierra que vive en Sao Paulo en una comuna urbana e hizo su tesis doctoral sobre los pentecostales. Sociólogo. Y me dice “no, no, la gente va a los pentecostales porque les ofrecen cosas interesantes”. Nadie se deja engañar. Porque esa mirada elitista no sirve.

 

J.V: No sirve, a mí me paso, cuando hice mi tesis. Un capítulo lo dediqué a las escuelas dominicales en las iglesias pobres en los barrios de Bahía Blanca año 2001 y la pregunta era ¿Por qué iban? pero focalizado en las niñas y niños. Me costaba conseguir bibliografía para entenderlo y dí con escritos de un suizo Lalive D´Espinay en la década del ´70 en Chile.

R.Z: Yo encontré en Brasil y vos sabes que estos pibes, yo hice algún artículo sobre eso sobre pentecostales y movimientos. Porque la conclusión del MST era, ellos están haciendo lo que nosotros dejamos de hacer.

 

J.V: Bueno, eso es lo que nos tiene que interpelar de las iglesias evangélicas, en los barrios hacen lo que nosotros no hacemos.

R.Z: Ese encuentro que tuve ahora que me encontré en Río, nos invitó la cúpula de la Universidad Católica en la semana de las elecciones para unos debates ahí. La universidad nos pagaba un hotel de puta madre en Flamengo pero yo en realidad me iba a dormir a casa de un amigo, que es alemán que tiene una casa, un apartamentito pero lindo en una favela, la “Maré”, que es “La Favela”. Y me iba a dormir ahí. En esa semana en la favela, salíamos todas las noches a tomar cerveza. Claro este amigo tiene una tiendita de cerveza artesanal que la hacen colectivamente, tienen un colectivo de cerveza artesanal. Y al lado que había una peluquería de mujeres que todas se iban –afrodescendientes- a planchar el pelo, porque esa es otra si vos sos negro y te planchas el pelo terminas con Bolsonaro. Al lado vendían maconia, vendían droga. Y los que vendían droga eran todos de Bolsonaro vestidos de milicos, no eran milicos. Vos ves a las mujeres, las chicas de 14 años son bombas atómicas por la calle, con tremenda autoestima y los pibes a los 14 años son unos giles, entonces Bolsonaro hizo la reacción contra esas chicas. Qué a ellos los bardean y que si se acuestan con alguno, es con alguno mucho mayor que tenga guita, que sea de otra favela y a ellos no les dan bola. Entonces la venganza es Bolsonaro.

O sea es interesante conocer lo que piensa la gente, lo que la gente hace. En la Favela está en “La Maré” por ejemplo, había unos templos, hay, gigantes de la Iglesia Universal y de la iglesia Asamblea de Dios. Estábamos tomando cerveza así como en la calle sin mesa, sentados y sube una fila de gente muy bien vestida. Los hombres con saco, las mujeres polleras largas, y sabes que iban repartiendo unos volantecitos bien impresos en colores invitándote el domingo, no a una misa, a una celebración juvenil. Iba a ver una orquesta de 200 músicos y todo con los colores, precioso. Como a la media hora pasan los del PT repartiendo un volante en blanco y negro diciendo “hay que echar a los enemigos de la favela” la lucha de clases… Yo veía los dos volantes, y me iba con los pentecostales sin duda!!!. Porque estaba interesante, atractivo, convocaba…. una mierda ¿no? Pero por qué la gente va a seguir a tal, el volante del PT te ordenaba lo que tenías que pensar y la gente ya está de vuelta de eso. Los otros no hablaban de política, decían vamos a celebrar a Dios cantando. Por supuesto que la gente va a ir. Entonces es muy difícil desde una posición de la izquierda tradicional no entender que ahí estás persiguiendo algo que no lo vas a conseguir.

 

J.V: Si tal cual, hay que tener una mirada muy crítica de todo lo que no hicimos para que las iglesias tengan el poder que tienen 

R.Z: Porque la militancia incluso los que hoy más militan el territorio no llegan a tener esa fuerza. Trabajo territorial serio para mí es estar en el barrio las 24 horas. Los que hacen un buen trabajo territorial que no son ellos sino que lo hacen con la gente son los de la Trashumante ahí en Córdoba, mira vos me contaste lo del MST, esa transformación a 10 años. Yo estuve hace 10 años en un Encuentro Nacional de la Trashumante en la Universidad en Córdoba. El 90% eran estudiantes universitarios, estaba la Mariana, el negro, bueno todos y era una ronda enorme de 200 personas todo el mundo hablaba se presentaba. Al final de la noche había un espectáculo…Volví el año pasado 10 años después a un encuentro y eran 60% mujeres y jóvenes de los barrios de Córdoba. El encuentro fue distinto claro era un grupo de jóvenes los niños en otra dinámica y los adultos, donde estaba yo, en otra. Eran rondas más chicas de 50-60 personas, el total era más gente, eran tres días de campamento, de cocina colectiva, de convivencia. Entonces lo que han hecho es proletarizarse, es trabajar con la gente de abajo. Otra cosa. Mientras otros cada vez están más arriba, y si Toni Negri, o más Guattari, todo lindo pero estas mirando para arriba, los otros están mirando a la gente. Si vos como movimiento pasaste del 90% de clase media, a 60% de barrios yo digo vas bien…. (aplausos).

No me importa tanto el discurso, el programa, todo eso viene después, con quién estas laburando y para qué estás laburando. Y ahora, eso lo acordamos en ese encuentro, no hay más encuentro central, ahora son encuentros más chicos en los barrios. Organizados por la gente de los barrios.

 

J.V.: Yo estuve en el 2006 en ese Encuentros Trashumante y en el sur del país se formaron grupos trashumantes también, no era solo en la capital o grandes ciudades, la impronta era esa, el andar “El otro país”…

R.Z: Entonces eso es un movimiento que a mí me interesa, no me interesan los pelotudos porteños que se pelean por si la botella la puse aquí o la puse acá. Mierda!. O si el programa es de tal o cual, eso está bien para cuando tenés 20 años. Una cosa intelectual pelotuda, pajera, que no va a ningún lado, que además es ego, es autocomplacencia.  Yo conozco a muchos de esa onda, alguien que es interesante es Claudia Korol de Pañuelos en Rebeldía, también trabajan por y con la gente. Trabajan con la gente, y eso es importante. Porque es lo que está faltando, lo que está faltando no es discurso de Deleuze , o Guattari …. eso ya está. Muy bien, bárbaro, yo lo leo, sí, pero eso no sirve para construir.

 

J.V: Hay que arremangarse

R.Z: Claro, estar donde está la gente

 

J.V: Para terminar, sobre Venezuela ¿Cómo ves la situación en estos días?

R.Z: Venezuela, a ver mi posición con Venezuela es firmes, parados contra la intervención extranjera, yanqui, colombiana, brasileña, o sea la soberanía de un país no puede ser vulnerada nunca. Ese es un principio básico. O sea defensa de Venezuela, la defensa de Venezuela es hoy una tarea de todo el continente, de todos los sectores populares, la izquierda del continente, no tocar Venezuela. Segundo punto, yo no apoyo al régimen de Maduro, me parece que es un régimen autoritario, me parece que es un régimen que ha caído en la típica cosa centralista burocrática autoritaria de lo que fue el socialismo en su momento. Y creo que no va por buen camino además es un régimen que su apoyo principal no es el pueblo sino los militares. Entonces ahí están las dos cosas, contra la intervención yo apoyo al pueblo venezolano no al gobierno de Maduro.

 

1 Marzo de 2019, Raúl se llega a la terminal de colectivos de Montevideo a esperarme. Caminamos y en una de las callecitas de Montevideo, en una mesita de un bar tuvimos una charla larga que se transformó en entrevista. La compartimos con ustedes, invitandolxs a esa sumarse a esa charla. Agradezco a Paola Vargas la cuidadosa transcripción.

2 COPA fue la Coordinadora de Organizaciones Populares Autónomas que existió en Argentina, con fuerza en el conurbano en la década de 1990.

 

Por Jessica Visotsky

9 julio 2019 0

Publicado enSociedad
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