La importancia de llamar las cosas por su nombre

Es claro que la carta de Iván Márquez y Oscar Montero, dirigida a la Comisión de Paz del Senado y fechada el 22 de septiembre, no recibió la atención que merecía. Y no por sus graves denuncias o sus afirmaciones desconsoladoras en relación con la burla a que ha sido sometido el Acuerdo de Paz, cosas que casi todo el mundo sabía, sino porque marca una gruesa línea divisoria en la trágica historia de esta ilusión de “posconflicto” y paz.

 

La carta nos presenta una imagen descarnada de lo que fue la última etapa de la negociación y de lo que se ha conocido como implementación de los acuerdos, incluyendo el gobierno de Santos, aspecto éste de la mayor importancia pues referirse a la política del actual gobierno, enteramente previsible, tiene poco sentido; al contrario, lo que la carta nos invita a preguntarnos es cómo fue posible que el país votara en su mayoría por semejante mandato. Es cierto que termina haciendo un llamado, no exento de desesperación, a salvar el Acuerdo de Paz, y que da a entender que de ninguna manera volverían a empuñar las armas, pero deja en claro que estamos frente a un verdadero fracaso, así, con todas sus letras, lo cual debe preocupar no tanto a ellos mismos como excombatientes, sino al resto del país. Se trata de la reacción unánime del establecimiento en contra de lo que se nos hizo pensar era el cierre histórico de una larga etapa de nuestra existencia como sociedad.

 

En efecto, la reacción ha provenido no solamente del actual Ejecutivo y el partido gobernante, el Centro Democrático, abanderado desde el principio de una cerrada oposición, sino del legislativo, mayoritariamente comprometido con el desmantelamiento del Acuerdo, así como del poder judicial, manipulado por el retorcido Fiscal, incluyendo las altas Cortes. La verdad es que todos los círculos del poder económico y social, oscilaron, desde el principio, entre el ataque desembozado y la aceptación tibia; prevalidos de su control sobre los medios masivos de comunicación, lograron imponer su propia versión que no era otra que la fórmula de rendición en la forma sibilina de “sometimiento a la justicia” encubierta bajo una hipócrita reivindicación de los “derechos de las víctimas”. No se trata solamente de las alternativas políticas y de vida que se ofrecieron para las antiguas Farc. La carta señala, de manera franca y sencilla, que ni la Justicia especial y transicional se orientó a lograr una generalizada rendición de cuentas, ni puede esperarse del mecanismo de conjunto adoptado un asomo de verdad. Nada, pues, que pudiera parecerse a un balance histórico, punto de partida de una promisoria nueva etapa.
Márquez y Montero, ubican la “falla estructural” en la decisión prematura de dejar las armas, única garantía de cumplimiento. Una explicación válida, sin duda, desde el punto de vista operativo, pero insuficiente en términos políticos. El interrogante angustioso que ahora nos asalta es saber si, en verdad, existían condiciones históricas para un acuerdo de terminación del conflicto armado. Ayer con las Farc y hoy con el Eln. Nos hemos acostumbrado, en los últimos tiempos, a pensar con el deseo. Es cierto que en Colombia no existe ya una situación de guerra revolucionaria, pero de ahí a pensar que tal constatación basta para dar por terminado un conflicto enraizado en la dinámica social y política hay un larguísimo trecho. Las relaciones de poder que lo propiciaron continúan vigentes. Es ahí donde parece encontrarse una profunda equivocación. Siempre se pensó que el calado de las transformaciones sociales, económicas y políticas indispensables dependía de la propia negociación y de la correlación de fuerzas allí expresada. No pocos han insistido en que no es mucho lo que se podía esperar y que era de un insensato maximalismo andar exigiendo imposibles. Ello se repite ahora en relación con el Eln. Pero el orden de los factores es tal vez al contrario. Tampoco podía ni puede confiarse el resultado de las negociaciones a un acto de fe en el establecimiento, en el que lo que hace falta son pruebas de voluntad de paz de parte y parte. Lo que han demostrado los acontecimientos es que mientras se mantengan intactas las relaciones de poder, basadas en relaciones socioeconómicas bastante conocidas y confirmadas una y otra vez en el sistemático plan de exterminio de líderes y liderezas sociales, es una ilusión acariciar la idea de un borrón y cuenta nueva.

 

Para algunos se trata solamente de una fracción dominante, especialmente violenta y derechista encarnada en el uribismo, confiando en la existencia de una burguesía democrática y nacionalista, o por lo menos sensata, que la pudiera poner en su sitio. La verdad es que la cúpula financiera que detenta la hegemonía, una vez más demuestra que no tiene ningún escrúpulo en sostenerla, en aras de conservar el status quo. Es lo que se expresa en el gobierno de Duque. No sólo abandonan la pretensión de surtir algunas modificaciones en el orden rural; no sólo incumplen las ofertas para los excombatientes, sino que buscan una brutal y sórdida venganza.

 

A propósito de lo cual, es encomiable la posición de numerosas personas que insisten en las bondades de la paz, como si ello bastara para crear un clima de opinión favorable a los acuerdos logrados y por concertar. No pocos insisten, incluso, y en una sobreestimación de los aspectos culturales, en que, siendo el conflicto un resultado de la intolerancia, se trata de exigir el respeto por las diferencias y en llamar, como si estuviésemos en una nueva época, al perdón y la reconciliación. Es encomiable pero equivocado. Esta carta nos llama la atención sobre un hecho doloroso pero incontrovertible: la negociación y el verdadero acuerdo no constituyen un punto de partida sino un punto de llegada.

 

En este orden de ideas no queda otra cosa que persistir en el esfuerzo de modificar las relaciones de poder existentes. Desde el movimiento social y político. No puede ser – queda claramente establecido– un resultado de negociaciones en el conflicto armado. Y cabe una advertencia: lo peor de la política del actual gobierno no es su empeño en volver trizas el Acuerdo, expresión que se volvió popular y nos ha llevado equivocadamente al terreno de rescatar lo bueno que se encuentre entre las trizas. Lo peor es que así, coloca al movimiento popular en la tarea única y obsesiva de tratar de defender el Acuerdo de Paz; mientras tanto, continúa con su programa de fondo. Opera como un distractor. La verdad es que Duque no se dedica simplemente a destrozar lo hecho por Santos; su intención no es simplemente reactiva sino claramente propositiva; lo que busca es crear las condiciones para facilitar el despliegue del viejo modelo económico y político. Incluso en lo que parece simple corrección de las reformas acordadas, por ejemplo en materia institucional, política y judicial. Va más hacia adelante. En este sentido, aquello que reclamamos como la tarea indispensable en relación con las aspiraciones de solución política del conflicto armado, la modificación de las relaciones de poder, se identifica nítidamente con las exigencias de la coyuntura.

 

Un desafío es fundamental. Como es bien sabido, el movimiento social colombiano se ha levantado en los últimos años en un ámbito territorial, en resistencia frente a las amenazas y desastres de lo que conocemos como modelo extractivista. Es en ese ámbito en el que el establecimiento busca remover las trabas institucionales que se le han venido presentando. Trabas que se han convertido, a su vez, en instrumento y objetivo de la resistencia popular. Un ejemplo es el reciente y funesto fallo de la Corte Constitucional con respecto a las Consultas Populares. A todo ello se agregan las amenazas que se ciernen sobre las condiciones de vida en general, por ejemplo en materia tributaria o sobre el sistema pensional.

 

En estas circunstancias, no cabe duda, entonces, que el movimiento popular está obligado a replantear la dinámica institucionalista que ha adoptado en los últimos tiempos. No es fácil pero hay que intentarlo. Quizás haya que empezar por entender que las instituciones no son un medio sino un blanco. Hay que cambiarlas a golpes de realidad. No nos va a llegar de la paz o de una aparente democracia participativa. Pero hay que entenderlo y asumirlo; hay que remover los hábitos consagrados. Tal vez convenga recordar el eslogan de una antigua revista: “atreverse a pensar es empezar a luchar”.

 

Edición completa desdeabajo Nº 251, octubre 20 - noviembre 20 de 2018

https://www.desdeabajo.info/ediciones/itemlist/category/345-edicion-n-251.html

 

 

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La importancia de llamar las cosas por su nombre

Es claro que la carta de Iván Márquez y Oscar Montero, dirigida a la Comisión de Paz del Senado y fechada el 22 de septiembre, no recibió la atención que merecía. Y no por sus graves denuncias o sus afirmaciones desconsoladoras en relación con la burla a que ha sido sometido el Acuerdo de Paz, cosas que casi todo el mundo sabía, sino porque marca una gruesa línea divisoria en la trágica historia de esta ilusión de “posconflicto” y paz.

 

La carta nos presenta una imagen descarnada de lo que fue la última etapa de la negociación y de lo que se ha conocido como implementación de los acuerdos, incluyendo el gobierno de Santos, aspecto éste de la mayor importancia pues referirse a la política del actual gobierno, enteramente previsible, tiene poco sentido; al contrario, lo que la carta nos invita a preguntarnos es cómo fue posible que el país votara en su mayoría por semejante mandato. Es cierto que termina haciendo un llamado, no exento de desesperación, a salvar el Acuerdo de Paz, y que da a entender que de ninguna manera volverían a empuñar las armas, pero deja en claro que estamos frente a un verdadero fracaso, así, con todas sus letras, lo cual debe preocupar no tanto a ellos mismos como excombatientes, sino al resto del país. Se trata de la reacción unánime del establecimiento en contra de lo que se nos hizo pensar era el cierre histórico de una larga etapa de nuestra existencia como sociedad.

 

En efecto, la reacción ha provenido no solamente del actual Ejecutivo y el partido gobernante, el Centro Democrático, abanderado desde el principio de una cerrada oposición, sino del legislativo, mayoritariamente comprometido con el desmantelamiento del Acuerdo, así como del poder judicial, manipulado por el retorcido Fiscal, incluyendo las altas Cortes. La verdad es que todos los círculos del poder económico y social, oscilaron, desde el principio, entre el ataque desembozado y la aceptación tibia; prevalidos de su control sobre los medios masivos de comunicación, lograron imponer su propia versión que no era otra que la fórmula de rendición en la forma sibilina de “sometimiento a la justicia” encubierta bajo una hipócrita reivindicación de los “derechos de las víctimas”. No se trata solamente de las alternativas políticas y de vida que se ofrecieron para las antiguas Farc. La carta señala, de manera franca y sencilla, que ni la Justicia especial y transicional se orientó a lograr una generalizada rendición de cuentas, ni puede esperarse del mecanismo de conjunto adoptado un asomo de verdad. Nada, pues, que pudiera parecerse a un balance histórico, punto de partida de una promisoria nueva etapa.
Márquez y Montero, ubican la “falla estructural” en la decisión prematura de dejar las armas, única garantía de cumplimiento. Una explicación válida, sin duda, desde el punto de vista operativo, pero insuficiente en términos políticos. El interrogante angustioso que ahora nos asalta es saber si, en verdad, existían condiciones históricas para un acuerdo de terminación del conflicto armado. Ayer con las Farc y hoy con el Eln. Nos hemos acostumbrado, en los últimos tiempos, a pensar con el deseo. Es cierto que en Colombia no existe ya una situación de guerra revolucionaria, pero de ahí a pensar que tal constatación basta para dar por terminado un conflicto enraizado en la dinámica social y política hay un larguísimo trecho. Las relaciones de poder que lo propiciaron continúan vigentes. Es ahí donde parece encontrarse una profunda equivocación. Siempre se pensó que el calado de las transformaciones sociales, económicas y políticas indispensables dependía de la propia negociación y de la correlación de fuerzas allí expresada. No pocos han insistido en que no es mucho lo que se podía esperar y que era de un insensato maximalismo andar exigiendo imposibles. Ello se repite ahora en relación con el Eln. Pero el orden de los factores es tal vez al contrario. Tampoco podía ni puede confiarse el resultado de las negociaciones a un acto de fe en el establecimiento, en el que lo que hace falta son pruebas de voluntad de paz de parte y parte. Lo que han demostrado los acontecimientos es que mientras se mantengan intactas las relaciones de poder, basadas en relaciones socioeconómicas bastante conocidas y confirmadas una y otra vez en el sistemático plan de exterminio de líderes y liderezas sociales, es una ilusión acariciar la idea de un borrón y cuenta nueva.

 

Para algunos se trata solamente de una fracción dominante, especialmente violenta y derechista encarnada en el uribismo, confiando en la existencia de una burguesía democrática y nacionalista, o por lo menos sensata, que la pudiera poner en su sitio. La verdad es que la cúpula financiera que detenta la hegemonía, una vez más demuestra que no tiene ningún escrúpulo en sostenerla, en aras de conservar el status quo. Es lo que se expresa en el gobierno de Duque. No sólo abandonan la pretensión de surtir algunas modificaciones en el orden rural; no sólo incumplen las ofertas para los excombatientes, sino que buscan una brutal y sórdida venganza.

 

A propósito de lo cual, es encomiable la posición de numerosas personas que insisten en las bondades de la paz, como si ello bastara para crear un clima de opinión favorable a los acuerdos logrados y por concertar. No pocos insisten, incluso, y en una sobreestimación de los aspectos culturales, en que, siendo el conflicto un resultado de la intolerancia, se trata de exigir el respeto por las diferencias y en llamar, como si estuviésemos en una nueva época, al perdón y la reconciliación. Es encomiable pero equivocado. Esta carta nos llama la atención sobre un hecho doloroso pero incontrovertible: la negociación y el verdadero acuerdo no constituyen un punto de partida sino un punto de llegada.

 

En este orden de ideas no queda otra cosa que persistir en el esfuerzo de modificar las relaciones de poder existentes. Desde el movimiento social y político. No puede ser – queda claramente establecido– un resultado de negociaciones en el conflicto armado. Y cabe una advertencia: lo peor de la política del actual gobierno no es su empeño en volver trizas el Acuerdo, expresión que se volvió popular y nos ha llevado equivocadamente al terreno de rescatar lo bueno que se encuentre entre las trizas. Lo peor es que así, coloca al movimiento popular en la tarea única y obsesiva de tratar de defender el Acuerdo de Paz; mientras tanto, continúa con su programa de fondo. Opera como un distractor. La verdad es que Duque no se dedica simplemente a destrozar lo hecho por Santos; su intención no es simplemente reactiva sino claramente propositiva; lo que busca es crear las condiciones para facilitar el despliegue del viejo modelo económico y político. Incluso en lo que parece simple corrección de las reformas acordadas, por ejemplo en materia institucional, política y judicial. Va más hacia adelante. En este sentido, aquello que reclamamos como la tarea indispensable en relación con las aspiraciones de solución política del conflicto armado, la modificación de las relaciones de poder, se identifica nítidamente con las exigencias de la coyuntura.

 

Un desafío es fundamental. Como es bien sabido, el movimiento social colombiano se ha levantado en los últimos años en un ámbito territorial, en resistencia frente a las amenazas y desastres de lo que conocemos como modelo extractivista. Es en ese ámbito en el que el establecimiento busca remover las trabas institucionales que se le han venido presentando. Trabas que se han convertido, a su vez, en instrumento y objetivo de la resistencia popular. Un ejemplo es el reciente y funesto fallo de la Corte Constitucional con respecto a las Consultas Populares. A todo ello se agregan las amenazas que se ciernen sobre las condiciones de vida en general, por ejemplo en materia tributaria o sobre el sistema pensional.

 

En estas circunstancias, no cabe duda, entonces, que el movimiento popular está obligado a replantear la dinámica institucionalista que ha adoptado en los últimos tiempos. No es fácil pero hay que intentarlo. Quizás haya que empezar por entender que las instituciones no son un medio sino un blanco. Hay que cambiarlas a golpes de realidad. No nos va a llegar de la paz o de una aparente democracia participativa. Pero hay que entenderlo y asumirlo; hay que remover los hábitos consagrados. Tal vez convenga recordar el eslogan de una antigua revista: “atreverse a pensar es empezar a luchar”.

Publicado enEdición Nº251
Duque ve insuficiente la liberación de seis secuestrados para reanudar el diálogo con el ELN

El presidente colombiano exige a la guerrilla "la suspensión de todas las actividades criminales"

 

El Ejército de Liberación Nacional (ELN), la guerrilla activa más grande Colombia después de la desmovilización de las FARC, liberó este miércoles a seis personas secuestradas la primera semana de agosto. Se trata de un grupo formado por tres militares, dos contratistas y un policía. Así lo confirmó el Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR), que participó en el operativo. "Hoy en Chocó acompañamos la comisión humanitaria que facilitó la liberación de seis personas que estaban en poder del ELN desde agosto. Nos alegra saber que pronto podrán reencontrarse con sus familias", informó. La entrega se realizó en uno de los departamentos de la costa del Pacífico donde la organización insurgente sigue cometiendo secuestros y atentados.


Esta liberación era precisamente una de las condiciones condiciones centrales que el presidente colombiano, Iván Duque, fijó para reanudar el diálogo, que el pasado mes de mayo se trasladó a La Habana (Cuba), tras más de un año de conversaciones celebradas en Quito (Ecuador) sin apenas avances. El mandatario celebra el gesto del grupo armado, sin embargo, no lo considera suficiente para volver a negociar. "Si hay genuina voluntad de paz, ahí estará el Gobierno, pero el principio de una genuina voluntad de paz empieza con la liberación de todos los secuestrados", enfatizó en un acto con jueces. Exigió al ELN que "informe con precisión del estado de esas personas, indique cuándo regresarán a sus casas" y agregó: "Si queremos construir una paz con ese grupo armado organizado, ellos mismos deben empezar por la más clara de las voluntades, que es la suspensión de todas las actividades criminales".


La brújula de Duque en este proceso difiere de los principios empleados por el Gobierno de Juan Manuel Santos. Este aceptó negociar "en medio del conflicto", lo que él mismo bautizó como doctrina Rabin, en referencia al ex primer ministro israelí. El actual Ejecutivo, que asumió las riendas hace poco más de un mes, lo rechaza. "Si no empezamos por ahí", continuó Duque incidiendo en sus peticiones, "lo que terminamos es validando la violencia como un medio de acceso a la negociación con el Estado. Ese ha sido un error histórico que se ha cometido en Colombia, pero no estoy aquí para reprocharlo". Con esta aproximación, si el ELN no cede y accede a dar los primeros pasos hacia una desmovilización, es posible que las conversaciones, que por el momento se encuentran aplazadas sin fecha, queden definitivamente atrás.


La organización guerrillera liberó la semana pasada a tres soldados secuestrados en agosto en el departamento de Arauca, en la frontera con Venezuela. Sin embargo, todavía hay algunas personas en su poder y, sobre todo, esta guerrilla, que cuenta con alrededor de 1.500 hombres armados, continúa perpetrando ataque contra las autoridades. Según un informe realizado por el alto comisionado para la paz, Miguel Ceballos, en los últimos 17 mese, durante esa negociación que durante el mandato de Juan Manuel Santos se desarrolló "en medio del conflicto", se registraron 462 acciones del ELN y 148 atentados contra las infraestructuras petroleras que causaron alrededor de 100 muertos.
A los episodios de violencia se añaden los problemas habituales de control jerárquico de este grupo, menos cohesionado que las FARC y todavía dependiente de una lógica bélica. Nació en 1964 -al mismo tiempo que la antigua guerrilla- con una ideología que en sus inicios trató de fusionar postulados del cristianismo y del marxismo, aunque con el paso del tiempo el pretexto ideológico quedó difuminado. Actualmente, opera en un contexto en el que se disputa el control de algunos territorios rurales y de la producción de hoja de coca con otras bandas armadas y mafias de narcotraficantes.

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Sábado, 31 Marzo 2018 09:49

Aires de renovación sindical

Aires de renovación sindical

Desde el 28 de febrero, las diferentes organizaciones sindicales del sector público, a lo largo y ancho del país, presentaron sus pliegos de exigencias regionales y municipales ante la respectiva administración de sus entidades, en cumplimiento de los Decretos 1092 de 2012 y 160 de 2014, que regulan los procedimientos de la negociación colectiva al interior de las entidades del Estado. Estas negociaciones no solo tienen el fin de mejorar sus condiciones laborales, sino que también buscan posicionar temas de la agenda social, ante el reiterativo incumplimiento del Gobierno sobre los acuerdos pactados años anteriores.

 

En este marco la Federación nacional de trabajadores del estado, los servicios públicos y la comunidad (Únete) en alianza con el periódico desdeabajo y la campaña “otra democracia es posible”, están consolidando espacios de reflexión al interior del sindicato y sus afiliados, quienes discuten en colectivo sobre las herramientas conceptuales que podrían ayudar a caracterizar mejor las estrategias, análisis y oportunidades que debe tomar la organización a la hora de plantear el trámite de sus demandas y, por tanto, la administración de sus conquistas. Aquí algunos de los ejes hasta ahora abordados:

 

Estructura de oportunidad política

 

Esta categoría hace parte, junto con la dimensión subjetiva, y la estructura organizativa, de las tres dimensiones que propone la “agenda clásica” de estudio sobre los movimientos sociales (McAdam, Tarrow, Tilly, 2005). La EOP se refiere a las características catalizadoras del contexto en que tiene lugar la acción colectiva y designa las dimensiones que la promueven o la inhiben. Comprende tanto la estructura política institucional como las relaciones informales de poder en un sistema político y puede usarse como una serie de variables independientes para explicar el origen, la forma o el impacto de actores sociales en disputa.

 

Para autores como McAdam* sería parte de la EOP: “1. El grado de apertura política del sistema político institucionalizado. 2. La estabilidad o inestabilidad de la alineación entre las élites 3. La presencia o ausencia de aliados entre las élites, 4. La capacidad de cooptación del estado y su propensión a la represión.” dichos elementos son importantes a tener en cuenta a la hora de caracterizar los actores en una negociación, pues conocer sus intenciones, su fuerza y la orientación de sus propuestas se hace crucial para poder navegar por el tablero de las relaciones de poder entre las condiciones laborales de los trabajadores y los intereses de los empleadores. Por ejemplo para el caso de los trabajadores estatales que deben negociar con gerentes y administradores puestos a titulo de cumplir con la agenda de ciertos partidos políticos.

 

El análisis de coyuntura y la identificación de alternativas

 

Partimos de la premisa de que la realidad social es todo un conjunto de fenómenos que versan entre la colaboración y el conflicto –de los cuales nuestra propia acción forma parte–. Conocer estos fenómenos es posible, y de ellos se deriva una fuerza material en la sociedad que permite actuar con mayor eficacia en momentos determinados. A estos momentos marcados por acontecimientos significativos es a lo que llamamos coyuntura.

 

El objetivo del análisis de coyuntura es el de ser un instrumento de trabajo que permita conocer de mejor manera cuál es la correlación de las fuerzas sociales y cómo se expresan. De esta manera se pueden orientar mejor visiones y planes de acción que contribuyan con el desarrollo de los intereses del movimiento popular, suponiendo al menos un manejo pormenorizado de la historia específica de nuestro país (económico-social, política y cultural) la cual ha moldeado lo que llamamos estructura, y de las instancias en que se juegan dicha historia en el presente, lo que llamamos coyuntura.

 

Las acciones a desarrollar en el análisis de coyuntura radican en hacer un estudio de la situación actual, donde se determinen los actores en escena, los protagonistas, su proyecto, sus aliados, sus opositores y los dispositivos o prácticas que ponen en juego; así se pueden mostrar las distintas alternativas que pueden ofrecer las tendencias de su desarrollo, con el animo de que se puedan definir tareas políticas específicas al interior de estas coyunturas.

 

Vale la pena aclarar lo que implica la identificación de alternativas, ya que lo alternativo es un concepto que sirve de herramienta para organizar el trabajo de proyección y delimitar un campo problemático. Las alternativas son la lupa y la brújula que hace posible el reconocimiento de hechos, problemáticas, actores que no serían visibles sin esta categoría y se definen en torno a aquellos elementos potenciales de ser activados en el marco de las luchas contra prácticas y discursos hegemónicos.

 


Por ejemplo: como expresó una compañera del taller, en el pliego de exigencias de la secretaria de planeación distrital, puede incluirse un punto que favorezca la lucha por un plan de ordenamiento territorial (POT) alternativo, formulado y organizado entre el sindicato de la entidad y organizaciones sociales o instituciones de la sociedad civil que trabajen el tema, de tal forma que se pueda trascender del pliego laboral al pliego político y aprovechar las instancias de negociación colectiva para posicionar al sindicato frente a la sociedad, así como articularse con otros actores sociales, en una visión de renovación sindical. Por esto el análisis de coyuntura y la identificación de alternativas a potenciar son herramientas complementarias a la negociación colectiva y en muchos sentidos colaboran con aumentar su eficacia.

 

Negociación colectiva y autonomía

 

La negociación colectiva, junto con la huelga y la organización sindical, son instrumentos de los trabajadores en la consecución y gestión de sus intereses. Puede ser que en determinados momentos colabore en la conquista de derechos por mejores condiciones de trabajo y de vida de los trabajadores, pero también puede significar pérdidas, gracias a que depende de la correlación de fuerzas en que se de la negociación. La negociación colectiva puede ser una herramienta artífice de justicia social, siempre y cuando sea asumida en el marco de una lucha más general, proyectada y en solidaridad con otros actores, hecho que implica una reflexión sobre los contenidos de la negociación, sus limites, sus potencialidades y el ámbito social al cual puede ampliar su cobertura.

 

Para esto, autores como Gianibelli, (2013) caracterizan dos sistemas generales de negociación colectiva, según el grado o las maneras de formalización que alcanzan tanto los procedimientos de la negociación, como los acuerdos producidos. Por un lado los sistemas dinámicos donde el proceso de negociación se hace de manera cotidiana y permanente, con muy poca intervención estatal, dejando el efecto y los diseños del acuerdo a las partes en conflicto, donde el rol del sujeto sindical parte en gran medida sobre la base de la propia administración de las demandas y las condiciones laborales. Algunos ejemplos de este sistema son el modelo británico de abstención legislativa o el italiano de ordenamiento intersindical.

 

Los sistemas estáticos –más comunes en América Latina– en donde la negociación colectiva está fuertemente permeada en su alcance normativo por el régimen estatal y en el que existe una fuerte separación entre el tiempo de la negociación y el de la administración de los acuerdos, por lo regular delegando la gestión al aparato legislativo y dando primacía a la fuerte normativa extensa al convenio colectivo. Este modelo intervencionista trae profundos efectos en la autonomía colectiva de la organización sindical que entrega la efectividad de lo acordado a la norma.

 

A partir de estos sistemas es preciso distinguir cuatro elementos a tener en cuenta a la hora de actuar en la negociación colectiva. 1. La estructura 2. Los sujetos 3. La vigencia y 4. Los efectos. La primera hace referencia a las reglas que ordenan la negociación y los niveles en que se distribuyen las competencias de negociación, el grado de centralización sectorial o de rama, las relaciones de poder que conllevan, así como la conexión entre ellos que determinan las condiciones favorables o desfavorables del armazón sobre el que se sostiene la negociación. La segunda que hace referencia a los sujetos que están facultados para la negociación, los cuales deben de pasar por un test de representatividad, la mayoría de las veces condicionados por la legislación estatal, o por los estatutos de la organización sindical.

 

Con respecto a la vigencia es de resaltar que una intervención heterónoma en el caso latinoamericano también es de aprovechar, pues la norma también puede garantizar ciertos derechos, habilitando ciclos de expansión para sumar conquistas y/o resguardando en momentos de retracción en una correlación de fuerzas desfavorable. Por ultimo, los efectos que pueden ser medidos a través de la eficacia que tanga la organización de tramitar y administrar las conquistas alcanzadas, de manera que se logren extender los alcances del convenio.

 

Vale decir que en Colombia existen tres tipos de acuerdos en la negociación colectiva: la convención colectiva de trabajo (art. 467 de la Constitución), el pacto colectivo (art. 481) y el contrato sindical (art. 482). A los trabajadores del estado les corresponde la primera, y en este sentido son un sujeto privilegiado dentro de las disputas económico-laborales en el país; ser conscientes de estos privilegios hace imperiosa la necesidad de la lucha y la solidaridad con otros sectores. Una lucha que puede sacar el máximo provecho de sus herramientas de disputa, la negociación colectiva y el análisis de coyuntura.

 

* 1999, citado por Edwin Cruz 2016, 1999, p. 14.

 

Publicado enEdición Nº244
Otra vez, ¿a dialogar en medio del fuego?

La negociación en curso del posible final de la guerra entre el Gobierno y el Eln vive una coyuntura especial, una muestra fehaciente de la complejidad de una negociación donde ninguna de las partes se siente ni se asume como derrotada. Particularidades de esta puja potenciadas por la finalización de un cese al fuego que tenía tiempo exacto: 101 días.

 

El cese al fuego temporal pactado entre el gobierno nacional y el Eln terminó el día 9 de enero del año que comienza a las doce de la noche. Casi de inmediato, pocas horas después, en la madrugada del miércoles, ya se habían reanudado las hostilidades. El Eln lleva a cabo dos voladuras del oleoducto, una en Casanare y otra en Arauca, y un ataque contra la fuerza pública en Arauquita que tuvo como resultado un soldado muerto y dos infantes de marina heridos. Un día después, el Comandante de las Fuerzas Militares informaba de un hostigamiento contra la policía en Saravena (Arauca) y otro en la base militar de Orú en El Tarra (Norte de Santander). El país se dio cuenta entonces que la expresión “Cese al fuego” sí tenía un contenido real.

 

La crisis no se hizo esperar. A punto de iniciarse el quinto ciclo de los diálogos en la Mesa de Quito, el gobierno llamó a Bogotá al nuevo jefe de negociación, el exvicepresidente Gustavo Bell. Condenó los hechos y deploró la decisión del Eln. Anunció una respuesta contundente e implacable de parte de la fuerza pública.

 

El discurso oficial, como suele suceder en estos casos, tuvo un tono guerrerista, al gusto de los grupos de la ultraderecha que aprovecharon la coyuntura para señalar la supuesta debilidad gubernamental. En el ejercicio de esta retórica se destacó el Ministro de Defensa. Uno tras otro se expresaron los políticos, el Fiscal, el Defensor del pueblo y el Procurador, más o menos en el mismo tono. El mensaje, un tanto elemental, era: “están perdiendo la oportunidad que se les dio y ahora tendrán que atenerse a las consecuencias”. Al pasar los días la marea fue bajando –por boca del jefe negociador el gobierno reconoció que los diálogos continuarían– pero las inquietudes sobre el porvenir de esta negociación se mantienen.

 

El significado del “Cese al fuego”

 

Se trata de una suspensión, transitoria o definitiva, de los combates o las hostilidades de parte de uno de los ejércitos o entre los dos o más que se encuentran enfrentados. En este caso fue el resultado de un pacto bilateral, lo cual fue considerado tanto por las partes como por las distintas expresiones de la sociedad civil y la comunidad internacional, como un avance cualitativo en un proceso que desde el primer acercamiento ya supera el año, ya que en Colombia parecía haberse consagrado como una axioma que es necesario “negociar en medio del conflicto”.

 

Cese al fuego bilateral nacional y temporal se le denominó y duró, como estaba previsto, 101 días. Desde luego, es necesario asegurar el cumplimiento del pacto, para lo cual suelen establecer un mecanismo de verificación y de resolución de conflictos, ojalá con una participación activa de terceros. Se estableció entonces un Mecanismo de verificación y veeduría (ONU, iglesia, gobierno, Eln).

 

Sin duda, un cese del fuego tiene muchos efectos positivos. Para empezar, facilita el desarrollo de las negociaciones. Y, sobre todo, conlleva un alivio de la difícil y dramática situación que enfrenta la población civil, particularmente en las zonas más afectadas por el conflicto, como pudo comprobarse en estos meses. Sin embargo, no debe interpretarse, en absoluto, como un “adelanto” de la paz. Por supuesto, hay siempre intereses políticos en darle esta presentación para poder utilizar su finalización o su ruptura como un juicio de responsabilidad en contra de alguna de las partes. El gobierno, en particular, le ha dado al cese el significado de una prueba de la “voluntad de paz” del Eln, dando por supuesto que el Estado no tiene por qué dar las mismas pruebas ya que no está obligado a hacer la paz con los alzados en armas sino que la ofrece como magnanimidad.

 

Por otra parte, es claro que en un conflicto interno, guerra civil o guerra de guerrillas, mucho más que en una internacional, es mucho más difícil diferenciar y preservar a la población civil que por definición se encuentra involucrada. Es posible determinar la suspensión de las acciones ofensivas entre las estructuras armadas, como suele establecerse, pero extremadamente complicado definir lo que puede considerarse hostilidades y la responsabilidad por las mismas. En Colombia, particularmente, donde se ha utilizado desde hace décadas una estrategia paramilitar, responsable de masacres y asesinatos de líderes sociales y políticos, y los gobiernos han negado cualquier responsabilidad, atribuyendo los hechos a “terceros”, es evidente que la violencia va más allá del enfrentamiento militar en sentido estricto. De hecho, si algo caracterizó al pasado año, a pesar del acuerdo firmado con las Farc e incluidos los meses del cese, fue el incremento en los asesinatos de activistas sociales.

 

¿Por qué no hubo prórroga?

 

No sobra aclarar que en ningún momento se habló ni mucho menos se pactó una prórroga automática. Terminado el cuarto ciclo de conversaciones, a principios de diciembre, y ya anunciado que en el quinto se desarrollaría en detalle el primer punto de la Agenda referente a la participación de la sociedad civil, dándole continuidad a la exitosa experiencia de las audiencias preparatorias, el problema de la eventual prolongación del cese se planteó en toda su magnitud y complejidad. Al parecer era indispensable un replanteamiento de los términos del pacto y sobre todo de sus protocolos de verificación. El Mecanismo de veeduría y verificación, fundamental para la materialización del Cese al fuego, había entrado en crisis.

 

El Eln sostiene que el colapso del Mecanismo, del cual se retiraron dejando una constancia, es atribuible al Gobierno: “[...] solo 5 de los 40 casos entregados a la instancia nacional fueron evaluados y calificados, y el MVV no pudo emitir recomendaciones a las partes, para prevenir y atender posibles incidentes o violaciones del acuerdo, como estaba estipulado en su mandato. [...] El gobierno unilateralmente, ha desplegado operaciones ofensivas contra el ELN. El 27 y 30 de octubre de 2017, realizó ataques a dos campamentos en los departamentos de Chocó y Norte de Santander y ha aumentado sus operaciones de copamiento militar y operaciones de registro y control, en lugares donde se encuentra nuestra fuerza de manera permanente”.

 

El gobierno no reconoció estas actuaciones como acciones ofensivas, por el contrario, reiteró en la Mesa Transitoria que continuará realizando estos ataques cada vez que considere que alguna estructura del Eln se encuentre actuando por fuera del acuerdo del Cfbtn, sus protocolos o cometiendo otros hechos que ellos consideran ilícitos, bajo la justificación del cumplimiento de la Constitución y la ley. “El gobierno ha desconocido el MVV como la instancia que debe cumplir el objetivo de prevenir incidentes, responder oportuna y ágilmente ante las eventualidades o contingencias e informar y calificar incidentes. Ha invalidado el MVV al adjudicarse unilateralmente la potestad de determinar cuáles hechos o actuaciones del ELN están en contravía del acuerdo del Cfbtn, sin acudir al MVV”1, declararon los insurgentes por su parte.

 

A su vez, el Gobierno atribuye al Eln varias violaciones del acuerdo, entre ellas el asesinato del gobernador indígena en el Chocó. En repetidas oportunidades el Ministro de Defensa, quien parece estar encargado de reiterar que el diálogo es una concesión y que al menor descuido se reanudaría la guerra a muerte, aclaró que en caso de prorrogarse el cese, éste debería hacerse después de algunas rectificaciones y sobre nuevas bases y protocolos. En el fondo, el Gobierno asume que se trata verdaderamente de un cese unilateral por parte de la insurgencia, como se había hecho con las Farc. Probablemente, hasta llegar a lo que ha sido siempre el programa ideal desde Uribe: desmovilización y concentración en una zona como paso previo al desarme.

 

Como puede deducirse, lo existente acá es una diferencia de interpretación sobre los términos de lo acordado. En realidad una disputa política sobre el significado y la utilidad del Cese al Fuego, teniendo en cuenta sobre todo que el mandato de Santos está por finalizar y hemos entrado en campaña electoral; la continuidad del proceso de negociación es incierta, o peor aún, pues da la impresión de que la elección de Presidente se ventilará entre quienes más duros se muestren en contra de la guerrilla. Y todo esto pese a la sensación que existía en el país de que el cese era más que conveniente y daba un respiro de tranquilidad.

 

Realidad y tensiones que llevaron a establecer, entre los dos ciclos, una Mesa Transitoria para discutir una posible prolongación del cese. Pero fue un fracaso, dando por terminada la Mesa antes de finalizar el año. Ni siquiera fue posible acordar un periodo de “puente” (30 días) mientras se procedía al replanteamiento exigido por las partes, eventualmente en el quinto ciclo.

 

Entre los deseos de la buena fe y la realidad de la confrontación

 

Muchas fueron las voces surgidas desde la sociedad civil para pedir la prórroga, entre ellas la Conferencia Episcopal y la representación de Naciones Unidas. En una carta (2 de enero de 2018) firmada por más de un centenar de personas de buena voluntad puede leerse: “Creemos que, a pesar de los incidentes, que deberán ser investigados de manera eficaz, el cese al fuego brinda un mejor contexto para la participación de la sociedad en la construcción de paz y aumenta la legitimidad social del proceso de diálogo”. Y más adelante: “Una ruptura del cese al fuego distanciaría a las partes de la negociación, significaría muerte, dolor y desplazamiento para la población civil que suele ser la más afectada del conflicto, desmotivaría la participación de la sociedad, y daría más excusas a los enemigos de la paz que hacen de la guerra una bandera electoral”2.

 

No cabe duda que una negociación política del conflicto armado en un contexto de cese del fuego es mucho más expedita y que contaría con un mayor apoyo social dado el alivio que proporcionaría a la población civil, hoy en día especialmente en regiones como la Costa Pacífica, el Magdalena Medio y el Catatumbo. Alivio que por supuesto cuenta como un objetivo en sí mismo. Favorecería además un proceso de participación de la sociedad como el planteado en el primer punto de la Agenda. No obstante, es claro que el Cese al fuego nunca ha sido planteado como una condición de la negociación y sería un riesgo político asumirlo así.

 

En lo que sí se equivoca la carta, y otras manifestaciones análogas, es en considerar que está en juego la llamada legitimidad del proceso y que el cese resta excusas a los enemigos de la paz. Por lo menos, es una manifestación de ingenuidad. El apoyo o el rechazo que pueda tener el proceso es un asunto de la disputa política y de una correlación de fuerzas en la cual juegan un papel fundamental los medios masivos de comunicación. Medios que, entre otras cosas, acuñan los propios términos en los cuales debe juzgarse la legitimidad.

 

En la práctica, y al no tener esto en cuenta, los autores de la Carta terminan ubicados en la retórica de las “pruebas de la autenticidad de la voluntad de paz del Eln”. Retórica que los medios han impuesto como criterio de análisis. Es más, han logrado introducir como cosa fundamental al respecto, entre muchos de los politólogos, el tema de si el Eln tiene unidad de mando o es una organización federada en donde algunos frentes estarían en contra de la negociación.

 

Es cierto que los enemigos de la paz han encontrado un excelente pretexto en la finalización del Acuerdo bilateral y la reanudación de las acciones militares por parte del Eln, pero si no fuera así ya estarían buscando otras excusas porque en realidad es una posición de principio. Basta examinar los discursos de Iván Duque o Germán Vargas, entre otros. Pero una prueba fehaciente es la declaración de M. F. Cabal que no por desfachatada constituye una excepción: “Yo me hubiera parado de una vez de la mesa. Ya es hora de que la Fiscalía hubiera judicializado a estos elenos, que muchos están afincados en la academia y en la misma iglesia católica, a través de la teología de la liberación, jugando a esa doble moral de ser defensores de derechos humanos mientras admiten la combinación de las formas de lucha y no les importa asesinar al que sea, porque ellos creen que son sociedad civil armada y así se lo han vendido al público nacional e internacional”3.

 

¿Qué se puede esperar?

 

Finalizada la primera fase del escándalo y las censuras al Eln, las aguas parecen haber retornado a un cauce más o menos normal. Al fin y al cabo, como han dicho, la continuidad de la negociación no estaba sujeta a la prórroga del cese. Las posiciones estaban definidas y las reacciones previstas. El Eln lo sabía y había tomado sus providencias. Pero también del lado del gobierno. El Ministro de Defensa lo había declarado: “Si hay prórroga de ese cese el fuego con las mejoras que se han sugerido estaremos listos a respetarlo, pero si no [...] estará lista la fuerza pública para enfrentarlos con toda contundencia”4.

 

Como queda claro, ambos estaban listos, lo que sucede es que el Eln tomó la iniciativa. Es eso lo que parece explicar las acciones y no, como se piensa habitualmente, por la necesidad de mostrar fuerza para entrar en mejor condición a las negociaciones. El peligro, sobre todo para las organizaciones populares y los defensores de los derechos humanos (muy a tono con las declaraciones de la Representante Cabal), es que el gobierno estará muy interesado en mostrar golpes “contundentes”, que seguramente ya estaban preparados pero especialmente con vistas a la campaña electoral. Un recrudecimiento de la violencia que ojalá no se presente.
Ambas partes ya declararon que retomarán el hilo de las conversaciones. Se habla entonces que el quinto ciclo se dedicará a examinar las condiciones de un nuevo Cese al fuego. Es evidente que, dada la reacción de los diversos sectores ya mencionada (el Gobierno admitió haber tomado en cuenta las diferentes solicitudes), que tala cese adquirió un nuevo significado político.

 

Nuevo significado desprendido de la coyuntura política nacional. Para la mayoría de las corrientes y agrupaciones políticas, además, sería un excelente marco para la campaña. Tiende pues a convertirse en un objetivo en sí mismo que desplaza la atención del núcleo de las negociaciones cuyo futuro es incierto. Para algunos, sería una primera cuota de avance que obligaría al próximo gobierno a continuar el proceso. Otros más ingenuos creen que basta con que el Eln “haga méritos” para que prosigan las negociaciones incluso con un mandato de ultraderecha.

 

El punto clave sin embargo, se encuentra en el clima de negociación. No es factible que el Eln acepte un escenario de sometimiento a la justicia en el cual se trata de “completar” el proceso. Más aún si se tiene en cuenta que el resultado del acuerdo con las Farc es deplorable. No sólo desde el punto de vista del incumplimiento de las reformas económico-sociales –que era previsible–, sino del incumplimiento incluso de las garantías para la reincorporación de los excombatientes y de la organización como partido político legal. No es fácil aceptar el tránsito de héroes a villanos.

 

En ese sentido todo depende de la sociedad civil y sobre todo de las organizaciones populares. Es necesario cambiar el clima o la atmósfera política de la negociación. No es fácil. Hace poco una de las presentadoras de RCN-radio decía que la Mesa de Quito no había avanzado nada en lo que verdaderamente estaba exigiendo la opinión pública, o sea la desmovilización y entrega de armas. Habrá que creerle que ¡ella es la opinión pública!

 

1 Boletín del ELN, Insurrección. No. 613 Dic de 2017
2 Ver wwww.indepaz.co
3 http://www.elpais.com.co 11 enero 2018
4 www.elespectador.com 3 de enero 2018

Publicado enColombia
Otra vez, ¿a dialogar en medio del fuego?

La negociación en curso del posible final de la guerra entre el Gobierno y el Eln vive una coyuntura especial, una muestra fehaciente de la complejidad de una negociación donde ninguna de las partes se siente ni se asume como derrotada. Particularidades de esta puja potenciadas por la finalización de un cese al fuego que tenía tiempo exacto: 101 días.

 

El cese al fuego temporal pactado entre el gobierno nacional y el Eln terminó el día 9 de enero del año que comienza a las doce de la noche. Casi de inmediato, pocas horas después, en la madrugada del miércoles, ya se habían reanudado las hostilidades. El Eln lleva a cabo dos voladuras del oleoducto, una en Casanare y otra en Arauca, y un ataque contra la fuerza pública en Arauquita que tuvo como resultado un soldado muerto y dos infantes de marina heridos. Un día después, el Comandante de las Fuerzas Militares informaba de un hostigamiento contra la policía en Saravena (Arauca) y otro en la base militar de Orú en El Tarra (Norte de Santander). El país se dio cuenta entonces que la expresión “Cese al fuego” sí tenía un contenido real.

 

La crisis no se hizo esperar. A punto de iniciarse el quinto ciclo de los diálogos en la Mesa de Quito, el gobierno llamó a Bogotá al nuevo jefe de negociación, el exvicepresidente Gustavo Bell. Condenó los hechos y deploró la decisión del Eln. Anunció una respuesta contundente e implacable de parte de la fuerza pública.

 

El discurso oficial, como suele suceder en estos casos, tuvo un tono guerrerista, al gusto de los grupos de la ultraderecha que aprovecharon la coyuntura para señalar la supuesta debilidad gubernamental. En el ejercicio de esta retórica se destacó el Ministro de Defensa. Uno tras otro se expresaron los políticos, el Fiscal, el Defensor del pueblo y el Procurador, más o menos en el mismo tono. El mensaje, un tanto elemental, era: “están perdiendo la oportunidad que se les dio y ahora tendrán que atenerse a las consecuencias”. Al pasar los días la marea fue bajando –por boca del jefe negociador el gobierno reconoció que los diálogos continuarían– pero las inquietudes sobre el porvenir de esta negociación se mantienen.

 

El significado del “Cese al fuego”

 

Se trata de una suspensión, transitoria o definitiva, de los combates o las hostilidades de parte de uno de los ejércitos o entre los dos o más que se encuentran enfrentados. En este caso fue el resultado de un pacto bilateral, lo cual fue considerado tanto por las partes como por las distintas expresiones de la sociedad civil y la comunidad internacional, como un avance cualitativo en un proceso que desde el primer acercamiento ya supera el año, ya que en Colombia parecía haberse consagrado como una axioma que es necesario “negociar en medio del conflicto”.

 

Cese al fuego bilateral nacional y temporal se le denominó y duró, como estaba previsto, 101 días. Desde luego, es necesario asegurar el cumplimiento del pacto, para lo cual suelen establecer un mecanismo de verificación y de resolución de conflictos, ojalá con una participación activa de terceros. Se estableció entonces un Mecanismo de verificación y veeduría (ONU, iglesia, gobierno, Eln).

 

Sin duda, un cese del fuego tiene muchos efectos positivos. Para empezar, facilita el desarrollo de las negociaciones. Y, sobre todo, conlleva un alivio de la difícil y dramática situación que enfrenta la población civil, particularmente en las zonas más afectadas por el conflicto, como pudo comprobarse en estos meses. Sin embargo, no debe interpretarse, en absoluto, como un “adelanto” de la paz. Por supuesto, hay siempre intereses políticos en darle esta presentación para poder utilizar su finalización o su ruptura como un juicio de responsabilidad en contra de alguna de las partes. El gobierno, en particular, le ha dado al cese el significado de una prueba de la “voluntad de paz” del Eln, dando por supuesto que el Estado no tiene por qué dar las mismas pruebas ya que no está obligado a hacer la paz con los alzados en armas sino que la ofrece como magnanimidad.

 

Por otra parte, es claro que en un conflicto interno, guerra civil o guerra de guerrillas, mucho más que en una internacional, es mucho más difícil diferenciar y preservar a la población civil que por definición se encuentra involucrada. Es posible determinar la suspensión de las acciones ofensivas entre las estructuras armadas, como suele establecerse, pero extremadamente complicado definir lo que puede considerarse hostilidades y la responsabilidad por las mismas. En Colombia, particularmente, donde se ha utilizado desde hace décadas una estrategia paramilitar, responsable de masacres y asesinatos de líderes sociales y políticos, y los gobiernos han negado cualquier responsabilidad, atribuyendo los hechos a “terceros”, es evidente que la violencia va más allá del enfrentamiento militar en sentido estricto. De hecho, si algo caracterizó al pasado año, a pesar del acuerdo firmado con las Farc e incluidos los meses del cese, fue el incremento en los asesinatos de activistas sociales.

 

¿Por qué no hubo prórroga?

 

No sobra aclarar que en ningún momento se habló ni mucho menos se pactó una prórroga automática. Terminado el cuarto ciclo de conversaciones, a principios de diciembre, y ya anunciado que en el quinto se desarrollaría en detalle el primer punto de la Agenda referente a la participación de la sociedad civil, dándole continuidad a la exitosa experiencia de las audiencias preparatorias, el problema de la eventual prolongación del cese se planteó en toda su magnitud y complejidad. Al parecer era indispensable un replanteamiento de los términos del pacto y sobre todo de sus protocolos de verificación. El Mecanismo de veeduría y verificación, fundamental para la materialización del Cese al fuego, había entrado en crisis.

 

El Eln sostiene que el colapso del Mecanismo, del cual se retiraron dejando una constancia, es atribuible al Gobierno: “[...] solo 5 de los 40 casos entregados a la instancia nacional fueron evaluados y calificados, y el MVV no pudo emitir recomendaciones a las partes, para prevenir y atender posibles incidentes o violaciones del acuerdo, como estaba estipulado en su mandato. [...] El gobierno unilateralmente, ha desplegado operaciones ofensivas contra el ELN. El 27 y 30 de octubre de 2017, realizó ataques a dos campamentos en los departamentos de Chocó y Norte de Santander y ha aumentado sus operaciones de copamiento militar y operaciones de registro y control, en lugares donde se encuentra nuestra fuerza de manera permanente”.

 

El gobierno no reconoció estas actuaciones como acciones ofensivas, por el contrario, reiteró en la Mesa Transitoria que continuará realizando estos ataques cada vez que considere que alguna estructura del Eln se encuentre actuando por fuera del acuerdo del Cfbtn, sus protocolos o cometiendo otros hechos que ellos consideran ilícitos, bajo la justificación del cumplimiento de la Constitución y la ley. “El gobierno ha desconocido el MVV como la instancia que debe cumplir el objetivo de prevenir incidentes, responder oportuna y ágilmente ante las eventualidades o contingencias e informar y calificar incidentes. Ha invalidado el MVV al adjudicarse unilateralmente la potestad de determinar cuáles hechos o actuaciones del ELN están en contravía del acuerdo del Cfbtn, sin acudir al MVV”1, declararon los insurgentes por su parte.

 

A su vez, el Gobierno atribuye al Eln varias violaciones del acuerdo, entre ellas el asesinato del gobernador indígena en el Chocó. En repetidas oportunidades el Ministro de Defensa, quien parece estar encargado de reiterar que el diálogo es una concesión y que al menor descuido se reanudaría la guerra a muerte, aclaró que en caso de prorrogarse el cese, éste debería hacerse después de algunas rectificaciones y sobre nuevas bases y protocolos. En el fondo, el Gobierno asume que se trata verdaderamente de un cese unilateral por parte de la insurgencia, como se había hecho con las Farc. Probablemente, hasta llegar a lo que ha sido siempre el programa ideal desde Uribe: desmovilización y concentración en una zona como paso previo al desarme.

 

Como puede deducirse, lo existente acá es una diferencia de interpretación sobre los términos de lo acordado. En realidad una disputa política sobre el significado y la utilidad del Cese al Fuego, teniendo en cuenta sobre todo que el mandato de Santos está por finalizar y hemos entrado en campaña electoral; la continuidad del proceso de negociación es incierta, o peor aún, pues da la impresión de que la elección de Presidente se ventilará entre quienes más duros se muestren en contra de la guerrilla. Y todo esto pese a la sensación que existía en el país de que el cese era más que conveniente y daba un respiro de tranquilidad.

 

Realidad y tensiones que llevaron a establecer, entre los dos ciclos, una Mesa Transitoria para discutir una posible prolongación del cese. Pero fue un fracaso, dando por terminada la Mesa antes de finalizar el año. Ni siquiera fue posible acordar un periodo de “puente” (30 días) mientras se procedía al replanteamiento exigido por las partes, eventualmente en el quinto ciclo.

 

Entre los deseos de la buena fe y la realidad de la confrontación

 

Muchas fueron las voces surgidas desde la sociedad civil para pedir la prórroga, entre ellas la Conferencia Episcopal y la representación de Naciones Unidas. En una carta (2 de enero de 2018) firmada por más de un centenar de personas de buena voluntad puede leerse: “Creemos que, a pesar de los incidentes, que deberán ser investigados de manera eficaz, el cese al fuego brinda un mejor contexto para la participación de la sociedad en la construcción de paz y aumenta la legitimidad social del proceso de diálogo”. Y más adelante: “Una ruptura del cese al fuego distanciaría a las partes de la negociación, significaría muerte, dolor y desplazamiento para la población civil que suele ser la más afectada del conflicto, desmotivaría la participación de la sociedad, y daría más excusas a los enemigos de la paz que hacen de la guerra una bandera electoral”2.

 

No cabe duda que una negociación política del conflicto armado en un contexto de cese del fuego es mucho más expedita y que contaría con un mayor apoyo social dado el alivio que proporcionaría a la población civil, hoy en día especialmente en regiones como la Costa Pacífica, el Magdalena Medio y el Catatumbo. Alivio que por supuesto cuenta como un objetivo en sí mismo. Favorecería además un proceso de participación de la sociedad como el planteado en el primer punto de la Agenda. No obstante, es claro que el Cese al fuego nunca ha sido planteado como una condición de la negociación y sería un riesgo político asumirlo así.

 

En lo que sí se equivoca la carta, y otras manifestaciones análogas, es en considerar que está en juego la llamada legitimidad del proceso y que el cese resta excusas a los enemigos de la paz. Por lo menos, es una manifestación de ingenuidad. El apoyo o el rechazo que pueda tener el proceso es un asunto de la disputa política y de una correlación de fuerzas en la cual juegan un papel fundamental los medios masivos de comunicación. Medios que, entre otras cosas, acuñan los propios términos en los cuales debe juzgarse la legitimidad.

 

En la práctica, y al no tener esto en cuenta, los autores de la Carta terminan ubicados en la retórica de las “pruebas de la autenticidad de la voluntad de paz del Eln”. Retórica que los medios han impuesto como criterio de análisis. Es más, han logrado introducir como cosa fundamental al respecto, entre muchos de los politólogos, el tema de si el Eln tiene unidad de mando o es una organización federada en donde algunos frentes estarían en contra de la negociación.

 

Es cierto que los enemigos de la paz han encontrado un excelente pretexto en la finalización del Acuerdo bilateral y la reanudación de las acciones militares por parte del Eln, pero si no fuera así ya estarían buscando otras excusas porque en realidad es una posición de principio. Basta examinar los discursos de Iván Duque o Germán Vargas, entre otros. Pero una prueba fehaciente es la declaración de M. F. Cabal que no por desfachatada constituye una excepción: “Yo me hubiera parado de una vez de la mesa. Ya es hora de que la Fiscalía hubiera judicializado a estos elenos, que muchos están afincados en la academia y en la misma iglesia católica, a través de la teología de la liberación, jugando a esa doble moral de ser defensores de derechos humanos mientras admiten la combinación de las formas de lucha y no les importa asesinar al que sea, porque ellos creen que son sociedad civil armada y así se lo han vendido al público nacional e internacional”3.

 

¿Qué se puede esperar?

 

Finalizada la primera fase del escándalo y las censuras al Eln, las aguas parecen haber retornado a un cauce más o menos normal. Al fin y al cabo, como han dicho, la continuidad de la negociación no estaba sujeta a la prórroga del cese. Las posiciones estaban definidas y las reacciones previstas. El Eln lo sabía y había tomado sus providencias. Pero también del lado del gobierno. El Ministro de Defensa lo había declarado: “Si hay prórroga de ese cese el fuego con las mejoras que se han sugerido estaremos listos a respetarlo, pero si no [...] estará lista la fuerza pública para enfrentarlos con toda contundencia”4.

 

Como queda claro, ambos estaban listos, lo que sucede es que el Eln tomó la iniciativa. Es eso lo que parece explicar las acciones y no, como se piensa habitualmente, por la necesidad de mostrar fuerza para entrar en mejor condición a las negociaciones. El peligro, sobre todo para las organizaciones populares y los defensores de los derechos humanos (muy a tono con las declaraciones de la Representante Cabal), es que el gobierno estará muy interesado en mostrar golpes “contundentes”, que seguramente ya estaban preparados pero especialmente con vistas a la campaña electoral. Un recrudecimiento de la violencia que ojalá no se presente.
Ambas partes ya declararon que retomarán el hilo de las conversaciones. Se habla entonces que el quinto ciclo se dedicará a examinar las condiciones de un nuevo Cese al fuego. Es evidente que, dada la reacción de los diversos sectores ya mencionada (el Gobierno admitió haber tomado en cuenta las diferentes solicitudes), que tala cese adquirió un nuevo significado político.

 

Nuevo significado desprendido de la coyuntura política nacional. Para la mayoría de las corrientes y agrupaciones políticas, además, sería un excelente marco para la campaña. Tiende pues a convertirse en un objetivo en sí mismo que desplaza la atención del núcleo de las negociaciones cuyo futuro es incierto. Para algunos, sería una primera cuota de avance que obligaría al próximo gobierno a continuar el proceso. Otros más ingenuos creen que basta con que el Eln “haga méritos” para que prosigan las negociaciones incluso con un mandato de ultraderecha.

 

El punto clave sin embargo, se encuentra en el clima de negociación. No es factible que el Eln acepte un escenario de sometimiento a la justicia en el cual se trata de “completar” el proceso. Más aún si se tiene en cuenta que el resultado del acuerdo con las Farc es deplorable. No sólo desde el punto de vista del incumplimiento de las reformas económico-sociales –que era previsible–, sino del incumplimiento incluso de las garantías para la reincorporación de los excombatientes y de la organización como partido político legal. No es fácil aceptar el tránsito de héroes a villanos.

 

En ese sentido todo depende de la sociedad civil y sobre todo de las organizaciones populares. Es necesario cambiar el clima o la atmósfera política de la negociación. No es fácil. Hace poco una de las presentadoras de RCN-radio decía que la Mesa de Quito no había avanzado nada en lo que verdaderamente estaba exigiendo la opinión pública, o sea la desmovilización y entrega de armas. Habrá que creerle que ¡ella es la opinión pública!

 

1 Boletín del ELN, Insurrección. No. 613 Dic de 2017
2 Ver wwww.indepaz.co
3 http://www.elpais.com.co 11 enero 2018
4 www.elespectador.com 3 de enero 2018

Publicado enEdición Nº242
Domingo, 24 Diciembre 2017 08:00

Perfidia e ilegitimidad del Estado

Perfidia e ilegitimidad del Estado

La Justicia Especial para la Paz (Jep), uno de los temas más espinosos del acuerdo de paz firmado entre el Gobierno y las Farc, desnuda de nuevo el carácter del Estado colombiano.

 

Te he buscado donde quiera que yo voy
Y no te he podido hallar [...]
Y tú
Quien sabe por dónde andarás
Quien sabe qué aventura tendrás
Que lejos estás
¡De mi...!
¡De mi...!
¡De mi...!

 

Este es el bolero que al cumplirse el primer aniversario de la firma de los acuerdos de paz entre el Estado y las Farc-Ep, le está cantando Timochenco a Santos. Es el símil romántico, que a pesar del profundo dolor del amante excluido del corazón del amado, es menos grave que la realidad colombiana: un Estado de perfidia, de mafias, de corrupción y de ilegitimidad.

Durante el mes de octubre y las dos primeras semanas de noviembre del año que está por terminar una parte de la opinión pública quedó estupefacta al ver las maniobras realizadas por el Congreso de la República para volver cenizas los acuerdos de paz: la engavetada del proyecto de ley estatutaria que reglamenta la Justicia Especial para la Paz –Jep– por parte del presidente de la Cámara, las 7 sesiones del Senado donde no hubo quórum para aprobar el articulado por la desbandada de sus miembros, las cuatrocientas proposiciones para quemar tiempo, las pancartas y avisos del Centro Democrático, los gritos del dueño de este partido contra los integrantes de las barras. Pero más estupefacta quedó esa opinión después del alegrón que tuvo por el fallo unánime de la Corte Constitucional, que supuestamente le daba vía libre a la Jep. Entonces, los más conscientes de ese segmento de la opinión pública sintieron que les hervía la sangre, se irritaron, renegaron, maldijeron, se golpearon la cabeza contra las paredes y le lanzaron zapatazos al televisor donde veían las noticias con las que quedaba en evidencia que las cúpulas de los poderes se habían amangualado para burlarse de la manera más grosera e infame, no solo de quienes habían firmado los acuerdos de paz sino de los ciudadanos comunes y mortales.

¿Cómo comprender la trama?

Para entender el engaño es preciso ir al principio. Colombia ha estado gobernada desde el primer día de su independencia, por un hilo conductor aferrado a tres verbos: excluir-reprimir-exterminar. El verbo más arraigado en el alma de las élites que han gobernando es excluir: de la tenencia de la tierra, de la educación, del trabajo, de la cultura, de la vivienda, de la participación política, del ingreso nacional y de todos los derechos fundamentales. Si las clases populares y medias reclaman sus derechos legítimos, viene el segundo verbo: reprimir. Se les judicializa, encarcela y tortura. Pero si aun levantan su voz, se les extermina para siempre. Así, se han borrado de la faz de la tierra todas las disidencias, no solo las individuales, sino las colectivas: comunidades y pueblos enteros, sus sueños políticos y culturales han sido exterminados.

Con motivo del proceso de paz con las Farc las élites dominantes se dividieron. El sector más conservadurista y ultramontano se declaró enemigo del proceso de paz desde el principio, y, se fue endureciendo a medida que las negociaciones iban dando resultados positivos, mientras el gobierno mantenía hasta el final un doble discurso. De una parte, el del presidente Santos, que unos días hablaba de paz y otros atizaba el fuego con ardentía, ordenando que se diera de baja a Timochenco y a sus mejores hombres. Y, de otra parte, la de su Ministro de Defensa Juan Carlos Pinzón, que más parecía un mariscal de campo, puesto allí para exterminar hasta el último de los guerrilleros, a quienes calificaba de culebras y ratas.

Esta facción de las élites, excluyente por antonomasia, tan pronto se firmaron los acuerdos se sintió herida de muerte y acentuó su odio contra los disidentes, a quienes ayer los persiguieron y les cerraron todas las vías legales, obligándolos a empuñar las armas para defender sus vidas, familias y bienes, y hoy han tenido el valor de dejarlas, para luchar solo con la fuerza de las palabras. Ese desafecto con el proceso y con los acuerdos de paz de una parte de las élites, ha sido calificado por los medios de comunicación, los partidos políticos y gremios económicos como una "polarización" de la sociedad. Esa apreciación es falsa. No es cierto que en Colombia exista hoy una polarización. Aquí no hay dos bandos que se quieran matar. Lo que sucede es que la facción de las élites desafecta a la paz, a base de mentiras, consejas y falacias –que algunos llaman posverdad o verdad líquida–, radicaliza sus posiciones para dividir la sociedad y obtener réditos políticos.

Esa facción de las élites está poseída de tanta mezquindad, exclusión, odio y ánimo vengativo, como aquella élite que desangró a Colombia entre la segunda y sexta décadas del siglo XX. Esa élite representada ahora en las tres ramas del poder público, en los órganos de control, el régimen electoral, los gremios económicos y los medios de comunicación, ha entorpecido y saboteado el cumplimiento y desarrollo de los acuerdos suscritos entre el Estado y Farc-Ep, hasta el punto de pretender que los antiguos guerrilleros no vivan, hablen o transiten en los espacios públicos, calles y plazas a los que tenemos derecho todos los hijos de este país. El lenguaje y las actitudes de los voceros de esa élite señalan sin ningún equívoco, que son una amenaza real para la existencia de una sociedad civilizada.

Sin embargo, ante los hechos registrados en las últimas semanas, queda la duda si en verdad las élites se fracturaron debido a las diferentes concepciones sobre el conflicto interno, o, simplemente hubo entre ellas la más perfecta división del trabajo para engañar no solo a la insurgencia sino a toda la población y a la comunidad internacional. En efecto, la Justicia Especial para la Paz, que es el único punto de los acuerdos, nuevo en el ordenamiento jurídico colombiano, ha sido incumplido gracias a la decidida acción de la cúpula de todos los poderes. Esas acciones conjuntas para entorpecer la implementación de los acuerdos permiten concluir que las dos élites querían someter a las Farc-Ep. Las herederas de Laureano Gómez lideradas por Uribe, a plomo físico. Las demás, encabezadas por Santos, unas veces a plomo y otras a punta de muñequeo dialéctico. Así lo reconoció Santos, con gran satisfacción, en su alocución del 16 de mayo de 2016: "Las Farc se han sometido a nuestra Constitución y a nuestras leyes".

La Jep es la esencia de los acuerdos

Pese a que en los dos extremos del espectro político hay posiciones encontradas frente al contenido de los acuerdos de paz, ninguno de los dos tiene la razón. Por una parte, no es verdad que se les haya entregado el país a las Farc, como dice la extrema derecha, ni lo acordado y suscrito por las partes representa un avance sustancial, que desborde el contenido de la Carta Política del 91, ni las intenciones progresistas que la precedieron, como lo pretenden hacer creer los más optimistas, ubicados en la punta contraria. En esencia, todo lo convenido y firmado en Cartagena y en el Teatro Colón ya está escrito y hace parte de la Constitución: la reforma agraria integral, la participación política, la obligación del Estado de reparar las víctimas, las drogas como un problema de salud pública. Todo está ahí. Es decir, no ha sido falta de normas, sino del poder en manos del pueblo para hacerlas cumplir. Es exactamente lo mismo que ha pasado con las 310 páginas firmadas por las dos partes: Estado y Farc-Ep. Es el más perfecto estatuto, el más completo tratado de paz. Pero mientras el Estado tiene todos los poderes, incluyendo el de las armas, las Farc-Ep fueron sometidas, desmovilizadas, concentradas en unos potreros sin servicios –hasta en lo más simple el Estado ha incumplido– y desarmadas por su propia voluntad.

Por desgracia para el proceso, el reciente fallo de la Corte Constitucional fue un engaño en el engaño, o una revictimización en la buena fe de los colombianos. Cuatro fueron los puntos que se convirtieron en petardos para acabar con la Justicia Especial para la Paz. En primer lugar, los particulares que promovieron el paramilitarismo, que apoyaron económicamente las masacres, no están obligados a concurrir a la Jep. Solo pueden llegar a esa justicia de manera voluntaria.

En segundo lugar, la Jep ya no será órgano de cierre definitivo, relacionado con crímenes cometidos en la guerra, como fue el objetivo primordial de los negociadores, con dos propósitos. Por una parte, darle legitimidad al nuevo tribunal, y por la otra, proveerlo del control total de sus determinaciones. La Corte Constitucional no se dejó arrebatar ese trozo de poder y conservó para sí la última palabra, en materia de tutelas, cuando este recurso se presente contra sentencias proferidas por el tribunal de la Justicia Especial de Paz.

En tercer lugar, los conflictos de competencia no serán resueltos por el propio sistema especial, sino por el cuestionado Consejo Superior de la Judicatura. En su origen la Jep había creado dos salas para resolver los incidentes de competencia, conformadas con magistrados de la Corte Constitucional, de la jurisdicción especial o de autoridades indígenas, para resolver los conflictos en los que no estuviera claro cual era la instancia judicial competente para conocer de algún asunto. La idea inicial era mantener la autonomía e independencia de la justicia ordinaria. La Corte bombardeó este principio de la Jep, y le entregó este instrumento de poder al organismo más señalado de arbitrariedades en la rama judicial.

Finalmente, la Corte Constitucional acabó con la responsabilidad de mando que la Jep había creado. En este tema, la Corte no solo se burló de quienes firmaron los acuerdos y de todos los colombianos, sino de la fiscal de la Corte Penal Internacional, Fatou Bensouda. En efecto, el presidente de la Corte Constitucional le pidió concepto sobre este delicado asunto a Bensouda, quien fijó sus puntos de vista. Luego de conocer la tesis de la fiscal internacional, la Corte de manera unánime se apartó del concepto que había pedido. Por supuesto, esta actitud de burla extrema abre las puertas para que un día la justicia internacional venga por antiguos guerrilleros, militares o altos funcionarios del Estado a quienes en Colombia los hayan excluido de responsabilidad.

La conducta de la Corte Constitucional le sirvió de inspiración al Congreso de la República, para darle el golpe mortal a la Jep. Efectivamente, el órgano legislativo, después de más de un mes de trabas a la ley estatutaria que debía reglamentar el funcionamiento del tribual especial, creó nuevos requisitos e inhabilidades a los magistrados ya nombrados, así como restricciones adicionales a los exguerrilleros para participar en política. ¡Cómo sería el desmantelamiento de la Jep que hasta Uribe y el Centro Democrático, opuestos sistemáticamente al nuevo tribunal, esta vez votaron con entusiasmo!

Delito de perfidia e ilegitimidad del Estado

Tal como han ocurrido los hechos, desde cuando el Estado colombiano comenzó la negociación con las Farc-Ep, hasta las decisiones tomadas por la Corte Constitucional, el Congreso y los órganos de control, Colombia ha incurrido en el delito de perfidia, consagrado expresamente en el Primer Protocolo Adicional a los Convenios de Ginebra, que establece: "Está prohibido matar, herir o capturar a un adversario recurriendo a la perfidia. Los actos que invitan a la fe de un adversario que le llevan a creer que tiene derecho, o está obligado a conceder la protección en virtud de las normas de derecho internacional aplicables en los conflictos armados, con la intención de traicionar esa confianza, constituyen perfidia" (1). Al respecto de la prohibición de matar, en este año, hasta el 31 de octubre, habían sido asesinados 32 exguerrilleros de las Farc-Ep, sin que el Estado haya hecho nada para contener los agentes oficiales o paramilitares ejecutores de estos crímenes. Se ignora cuál será el tope de antiguos guerrilleros que los asesinos tienen en mente para volver trizas lo único real que queda del proceso: los desmovilizados.

Con todos estos hechos y actitudes el Estado colombiano ha traicionado la confianza, no solo del ejército insurgente Farc-Ep, sino de la comunidad internacional que sirvió de garante del proceso, que entendió que era limpio y de buena fe. El Estado que desde hace más de veinte años se había convertido en un ente ilegítimo, por el alto grado de corrupción, la miseria de un segmento importante de la población y la carencia de soberanía, hoy ha perdido el respeto del mundo (2). No solo ha incumplido la palaba empeñada con la insurgencia, con la sociedad y la comunidad internacional, sino que ha pisoteado el documento que firmó el jefe de Estado, quien para hacerlo más creíble ante el mundo utilizó una pluma incrustada en una bala de los millones que tenía destinadas a asesinar al enemigo interno. ¡Qué respeto, consideración y dignidad merece un Estado que no solo incumple su palabra para engañar a su enemigo, sino que niega y borra el documento firmado!

¡Excelente mensaje para Eln! Esa guerrilla debe estar pensando en exigirle al Estado que de inmediato hagan parte de la mesa de negociación el Fiscal, el Procurador, el Contralor, todas las Cortes, el sistema electoral, el Congreso en pleno, los gremios económicos y los medios de comunicación. En suma, el establecimiento total, porque el Presidente no es el jefe de Estado, ni el que decide en temas de guerra y paz (3).

1. Artículo 37 del Protocolo Adicional a los Convenios de Ginebra, de 12 de agosto de 1949.
2. Ballén, Rafael, Ilegitimidad del Estado. Reforma radical o revolución de la diversidad. Bogotá, Temis, 2ª ed., 2007.
3. Ballén, Rafael, Los males de la guerra. Colombia 1988-2008, Bogotá, Temis-Universidad Libre, 2010.

*Profesor investigador y escritor. Ph.D en derecho público por la Universidad de Zaragoza. Autor de más de dos docenas de libros (ficción y no ficción) y más de ciento cincuenta artículos entre científicos y de divulgación. Exmagistrado y exprocurador delegado ante la Corte y ante el Consejo de Estado.

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Viernes, 21 Abril 2017 08:04

Colombia. Sonidos e intereses de la paz

Colombia. Sonidos e intereses de la paz

Lo dicen Naciones Unidas, Amnistía Internacional, el Comité Internacional de la Cruz Roja (1). Todos los informes de organismos internacionales de Derechos Humanos atentos a la evolución del Acuerdo de paz firmado entre Gobierno y las Farc coinciden en lo mismo: la violencia selectiva en Colombia gana en intensidad y su objetivo son los líderes sociales.

 

La única diferencia en esta apreciación son las cifras, decenas para unos, para otros cientos. Coinciden también en la preocupación sobre esta selectiva violación a los Derechos Humanos, con fines precisos, las organizaciones no gubernamentales de Colombia dedicadas a la protección del bien sagrado de la vida, con informes también diversos sobre la cantidad de asesinados, lesionados, amenazados, desplazados (2).

 

Accionar armado sistemático. Con las armas de fuego activadas, no pretendían intimidar. No. Asesinar era su propósito: 26 casquillos de pistola 9 mm quedaron en el piso guajiro donde terminó la humanidad de Vicente Borrego el pasado 1 de diciembre; en otros casos, las balas sumaron 7, 4, 6 ojivas que impactaron en el pecho y el cráneo de sus víctimas. Pero el odio y la determinación de quien dio la orden y la pericia de quien la cumplió resaltan en el caso de Ruth Alicia López, que, cuando visitaba a un hermano el pasado 2 de marzo en un barrio popular de Medellín, fue impactada por 8 disparos accionados con un arma protegida con silenciador.

 

Esa violencia claramente predeterminada retumba en diversas regiones del país: desde La Guajira, pasando por los departamentos de Atlántico, Córdoba, Cesar, Antioquia, Valle, Cauca, Chocó, Nariño, Norte de Santander, Caquetá, Huila, Tolima, Bolívar, Magdalena, Nariño... Y entre aquellos que fueron asesinados los hay por ser reclamantes de tierras, líderes comunitarios y/o sociales, integrantes de organizaciones sociales como Marcha Patriótica y el Congreso de los Pueblos, y sindicalistas, defensores de Derechos Humanos... (3).

 

Es una espiral con claros propósitos de generar terror, sembrar miedo, dispersar a los activistas sociales por justicia y paz, desanimar a los defensores de Derechos Humanos, provocar la ruptura de lo acordado en La Habana, ganar control y poder económico y político territorial, así como desalentar a los combatientes en desmovilización en cuanto a la validez de la decisión tomada.

 

La mayoría de las sindicaciones por estos hechos recaen sobre paramilitares –Urabeños, Gaitanistas, Águilas Negras– y otros de igual filiación pero sin reivindicar sigla alguna; las denuncias también inculpan al Esmad y al ejército nacional. Las Naciones Unidas involucran en estos hechos, asimismo, al Eln y el Epl, así como a disidentes de las Farc.

 

A dos manos

 

El recrudecimiento de las acciones sicariales empezó a ser más evidente en el último año, a medida que se acercaba la firma del Acuerdo de paz. Durante 2016, sus víctimas sumaron, según la fuente, entre 92 y 120 líderes sociales.

 

Para la Defensoría del Pueblo, pero tomando entre el 1º de enero de 2016 y el 20 de febrero de 2017, los líderes asesinados suman 120. Cifra que, al desgranarla, arroja ocho líderes por mes, dos por semana. Además de los homicidios, la Defensoría del Pueblo reportó 33 atentados y 27 agresiones (4). Las detenciones y el encarcelamiento de líderes sociales es otra cara de esta ofensiva.

 

Los informes concentrados en la situación padecida por quienes defienden los Derechos Humanos también varían en el números de víctimas: 59 homicidios para Naciones Unidas (5); para Amnistía Internacional, apoyada en datos de la Ong “Somos Defensores”, los homicidios –hasta el 8 de diciembre– escalan a 75. En 2015, la cifra ascendió a 63. Naciones Unidas es concluyente en su informe: “Es notable el aumento de asesinatos en las áreas rurales frente a 2015, cuando la Oficina registró 25 víctimas –en 2016 hubo 389 ataques, con 59 muertos”.

 

Este sonido de la ‘paz’, que ensordece al país, amplía su eco en medio de la parte final de la negociación Gobierno-Farc, cuando éstos debatían las medidas por tomar en cuanto a la tierra y otras reformas necesarias para aclimatar la paz; pero también en medio de la campaña para que la sociedad votara Sí o No en el plebiscito refrendatorio del Acuerdo, y con posterioridad al mismo, cuando múltiples aspectos de lo firmado en La Habana fueron mutilados, dándole otro matiz a lo que vendrá en términos de reformas políticas, sociales y económicas.

 

En La Habana, para sorpresa de todos, la resolución del tema de la tierra quedaba de nuevo postergada en su redistribución efectiva y necesaria, a pesar de que el capítulo particular retome el título de Reforma Rural Integral. En un regreso a viejas medidas tomadas sobre el particular, por ejemplo en los años 30 del siglo XX, la legalización de títulos, la ampliación de la frontera agrícola y la entrega de tierras baldías es lo que resume esa rimbombante Reforma Rural Integral. ‘Reforma agraria’ para beneficio inmediato de poblaciones situadas en territorios dominados durante décadas por las Farc, lo menos a lo que podían aspirar pero que, ciertamente, no corresponde a las expectativas que siempre se plantearon ni a los requerimientos del país.

 

Pero, para seguir con las sorpresas, ni siquiera eso acepta el establecimiento. Una vez certificado el triunfo del No en el plebiscito, sus voceros no solamente insisten en blindar lo acordado, diciendo que la propiedad privada es intocable, sino que asimismo someten a los campesinos, propietarios de pequeños o medianos fundos, a una alianza con el capital internacional. Según lo establecido el 24 de noviembre de 2016 “[...], el Gobierno fomentará y promoverá la asociatividad, encadenamientos y alianzas productivas entre pequeños, medianos y grandes productores, así como con procesadores, comercializadores y exportadores, con el fin de garantizar una producción a escala y competitiva e insertada en cadenas de valor agregado que contribuyan a mejorar las condiciones de vida de los habitantes del campo en general y en particular de los pequeños productores” (6).

 

Al tiempo de la imposición de este perfil agrario, que nos obliga a continuar viviendo en los siglos XIX y XX, como una evidencia más de que el establecimiento sí combina todas las formas de lucha, el Gobierno aprueba las Zidres para entregarles siete millones de hectáreas de tierra baldía a los empresarios del campo –multinacionales y sus socios locales–, mientras otros 21 millones quedan aún en reserva para igual propósito. Concreción del más claro extractivismo agrario, en este caso sobre el proyecto de hacer del país una despensa alimentaria para el mundo, según el decir de Santos. Los campesinos, pequeños y medianos, quedan de nuevo colgados de los grandes inversionistas como ‘socios’ menores, y en pocos años seguramente como simples peones. ¡Vaya ‘reforma agraria’!, concentradora de la propiedad.

 

Beneficios múltiples

 

El problema de la tierra, aquí de nuevo postergada, es el núcleo que una y otra vez alimentó las recurrentes guerras civiles que desangraron al país hacia los siglos XIX-XX. Y en ellas, una y otra vez, el interés particular se impuso sobre el colectivo, a tal punto que el nuestro casi resulta ser el único país de la región que no le dio vía a una reforma agraria y, con ella, a la solución de tan importante factor para cohesionar la nación y afrontar diversidad de asuntos, entre ellos el de una política soberana de alimentos. Ahora tenemos por lo menos tres temas más que no aparecían ni en el siglo XIX ni hasta hace unas décadas: medio ambiente, pueblos indígenas y minorías, los mismos que no encuentran un feliz tratamiento con la postergación de la problemática de la tierra.

 

Y con estos tres, un contenido que se torna expresión y reflejo del factor terrateniente y del dominio oligárquico, que con su prolongación a lo largo del siglo XX, entre otras vías por la violenta, alimentó igual respuesta de los negados y excluidos, estimulando asimismo la ilegalidad, una de cuyas expresiones es el sembrado de los llamados cultivos ilícitos. Realidad que, a pesar de ser abordada en el Acuerdo acá comentado, buscándole vías para su resolución, difícilmente será resuelta mientras los factores que le dieron origen no sean superados.

 

Prevalencia e imposición del factor terrateniente, de los intereses particulares de quienes concentran la riqueza y el poder político en el país, que también quedó resguardado en el Acuerdo sobre las víctimas del conflicto, en particular en el acápite concerniente al Sistema integral de verdad, justicia, reparación y no repetición, y su componente específico de la Justicia Especial para la Paz (JEP).

 

Si bien en el conflicto armado, que ahora llega a su final con las Farc, ninguna de las partes impuso sus armas sobre la contraparte, a pesar de que una de ellas mantenía ventajas tácticas y estratégicas, forzando en la otra un repliegue sobre su retaguardia –es decir, con el resultado militar hasta ahora logrado–, ninguno de los enfrentados queda con las manos libres para imponer sus objetivos al otro. Ello no puede ser óbice para que los crímenes cometidos por el establecimiento durante varias décadas, con miles de víctimas fuera de combate, desapariciones, desplazamiento, despojo, queden impunes.

 

Ese, con seguridad, era(es) el deseo de todos aquellos concentrados en una labor de hormiga en pro de la defensa de los Derechos Humanos de la sociedad colombiana. Pero ahora resultó que, tanto en la ley de amnistía e indulto como en el conjunto de la JEP, los miembros de las Fuerzas Armadas, obligados a respetar los Derechos Humanos, así su enemigo no lo haga, terminan beneficiados de diferente manera por lo firmado en el Acuerdo del 24 de noviembre de 2016. Ello se ve en lo tramitado por el Congreso de la república: excarcelaciones y perdones con sabor a amnistía e indultos, ruptura de la línea de mando que esculpa a la oficialidad de más alto rango de cualquier responsabilidad en hechos bárbaros a lo largo de la guerra ahora negociada, así como impunidad para aquellos civiles (en su mayoría grandes empresarios) que financiaron a los grupos paramilitares (7). Estos y otros beneficios logran que el terrorismo de Estado desaparezca o por lo menos quede disminuido, y los responsables de crímenes atroces terminen siendo unidades que operaron por “cuenta propia”.

 

En los últimos años sobresalió en el país la disputa entre dos modelos para conseguir la paz, liderados por un expresidente y un mandatario en ejercicio, disputa que aún mantiene notables matices pero que en lo fundamental, con lo acordado entre Gobierno y Farc, quedó saldado: ningún tema estructural resultó afectado, la jefatura de las Fuerzas Armadas salió beneficiada, los terratenientes y gamonales locales y regionales también, las multinacionales y grandes empresarios criollos ganaron extensos territorios para sus negocios, y, lo que es más importante: la institucionalidad sale reforzada vía concreción de proyectos ya incluidos en la Constitución de 1991, así como por la vía del reforzamiento de su apariencia democrática mediante la ampliación de espacios para la participación de sectores sociales hasta ahora al margen de la legalidad oficial. Sin cambios estructurales que rompan la dinámica histórica impuesta por el poder en el país, como en otros momentos ya vividos, cambiar para que nada cambie. Las diferencias persistentes entre estos dos sectores del establecimiento ya no son sustanciales; simplemente están alimentadas por apetitos de poder, formas de proceder y necesidades de cubrirse con el aparato del Estado por parte de uno de estos.

 

Las reformas políticas en trámite o por concretar en los próximos meses, que profundizarán la formalidad incluyente del Estado, pero también las inversiones sociales que éste tendrá que realizar en territorios mantenidos al margen con la excusa de que allí no se podía ingresar, le permitirán reforzar su razón de ser y así legitimar su dominio. Neoliberalismo reforzado y legitimado.
Los intereses impuestos en esta coyuntura son mezquinos. Los sonidos que ahora escucha el país se prolongarán. Es toda una paradoja: para poder ingresar de la mejor manera posible a la disputa por el gobierno, las Farc terminan fortaleciendo a su enemigo. No tienen otra opción, al menos desde una visión tradicional del poder, cruzada, como eje central, por el factor electoral.

 

1. http://www.hchr.org.co/documentoseinformes/informes/altocomisionado/informe-anual-2016.pdf

https://www.icrc.org/es/colombia-conflicto-armado-y-retos-humanitarios-de-2016

https://www.amnesty.org/es/countries/americas/colombia/

2. https://www.colectivodeabogados.org/?Existe-un-ataque-generalizado-contra-defensoras-y-defensores-y-hay-que 
http://www.indepaz.org.co/7344/30-lideres-o-defensores-de-ddhh-en-el-2017-han-sido-asesinados-quelapaznonoscuestelavida-colombiaenlacidh/ 
3. http://www.indepaz.org.co/6918/listado-actualizado-lideres-organizaciones-sociales-defensores-ddhh-asesinados-2016/ 
4. http://www.defensoria.gov.co/es/nube/noticias/6128/Al-menos-120-l%C3%ADderes-y-defensores-de-DDHH-han-sido-asesinados-en-los-%C3%BAltimos-14-meses-report%C3%B3-la-Defensor%C3%ADa-del-Pueblo-Ruth-Alicia-L%C3%B3pez-Guisao-Fabi%C3%A1n-Antonio-Rivera-Arroyave-Defensor-del-Pueblo-l%C3%ADderes-sociales-l%C3%ADderes-sociales.htm 
5. “En 2016, la situación de los defensores de Derechos Humanos siguió siendo motivo de preocupación. Hasta el 31 de diciembre, la Oficina observó 389 ataques de los siguientes tipos: 59 homicidios; 44 ataques; 210 amenazas (69 colectivas); 72 violaciones a los derechos a la privacidad y la propiedad (incluyendo fotografías, vigilancia y robo de computadores); tres desapariciones forzadas; y un caso de violencia sexual”. Ver “Informe anual del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos sobre la situación de los derechos humanos en Colombia”, http://www.hchr.org.co/documentoseinformes/informes/altocomisionado/informes.php3?cat=11
6. Acuerdo final para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera, Gobierno de Colombia-Farc-EP, Ediciones Desde Abajo, pp. 59-60.
7. Andreu, Federico, “La Jurisdicción Especial para la Paz: ¿impunidad para la Fuerza Pública?”,  http://www.razonpublica.com/index.php/economia-y-sociedad/10094-la-jurisdicci%C3%B3n-especial-para-la-paz-impunidad-para-la-fuerza-p%C3%BAblica.html 

 

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Pulso Gobierno vs. Cumbre Agraria: ¿Un solo vencedor?

En Colombia ninguna conquista social se logra sin lucha. Es más, toda conquista social demanda más de un jornada de protesta, pues el Gobierno –mejor, el poder– es experto en dilatar, hacer propaganda, distraer, confundir, dividir y...

 

Para el movimiento social de la ruralidad colombiana, empezado a gestar en medio de estas luchas, y transformado en parte en la Cumbe Agraria, Campesina, étnica y popular (Cacep), no es diferente. A pesar de sus potentes movilizaciones de los últimos tres años, en especial la prolongada entre el 19 de agosto al 12 de septiembre de 2013, y de lo suscrito al momento de levantar todas y cada una de las protestas, ahora le toca salir de nuevo al ruedo.

 

La Cacep, conformada por 13 procesos de la ruralidad, fue reconocida como interlocutora de la política púbica mediante el decreto 870 de 2014, firmado por el entonces ministro del interior Aurelio Iragorri Valencia, quien creó un escenario de negociación denominado Mesa Única Nacional (MUN), conformada por: Ministro del Interior o delegado, Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, Ministerio de Minas y Energía, Ministerio de Hacienda y Crédito Público, Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, y 35 voceros de la Cacep.

 

Esta mesa centró su discusión alrededor de los 8 puntos del pliego de exigencias de la Cacep, Mandatos para el buen vivir: Tierras, territorios colectivos y ordenamiento territorial, Economía propia contra modelo de despojo, Minería, energía y ruralidad, Cultivos de coca, marihuana y amapola, Derechos políticos, Garantías, víctimas y justicia, Derechos sociales, Relación campo-ciudad y, Paz, justicia social y solución política.

 

La mesa fue instalada hace dos años y 10 meses, y pese al paso del tiempo sus avances son pocos. Por ello, luego de los constantes incumplimientos y dilaciones por parte del gobierno nacional, la Cacep rompió la mesa de negociación y convocó en el 2016 a la Minga Nacional Agraria, para levantarla fueron suscritos el 13 de junio los “Acuerdos de Santander de Quilichao”, comprometiendo una vez más al gobierno nacional a cumplir con los compromisos suscritos y ofrecer garantías a la Cacep para seguir conversando y negociando el Pliego de exigencias.

 

Dicen que “al perro no lo capan sino una vez”, pero no es cierto. Por ser así, el 8 de marzo de 2017, por falta de garantías e incumplimientos, vuelve a presentarse un pulso entre la Cacep y el gobierno nacional; esta vez la acción de protesta tomó como centro de su acción el Ministerio del Interior, en pleno centro de Bogotá.

 

¿Acción desesperada? o ¿Rabia condensada?

 

Ante el constante asesinato –suman 150 entre 2016-2017, 30 de ellos en lo corrido del 2017–, persecución y amenaza de líderes y lideresas del movimiento social, el aumento de la presencia paramilitar en varias regiones y el incumplimiento, dilación y falta de seriedad con la Mesa Única Nacional –el gobierno no envía a las sesiones de negociación funcionarios con poder de decisión–, la comisión política de la Cacep decidió declararse en sesión permanente dentro de la sede del Ministerio del Interior, hasta tanto no se hicieran presentes: el Presidente Juan Manuel Santos, Ministro del Interior en su calidad de coordinador de la mesa, Ministro Aurelio Iragorri como cabeza del gabinete de agricultura y desarrollo rural; El Ministro de Hacienda Mauricio Cárdenas; Ministro de Minas y Energía, el Procurador General de la Nación, el Defensor Nacional del Pueblo, Fernando Carrillo Flórez, y el Fiscal General de la Nación Néstor Humberto Martínez. Esta exigencia fue enviada a través de una carta formal que contiene 13 consideraciones, así como 8 exigencias y propuestas.

 

Las consideraciones expuestas tienen que ver con que luego de pasados 2 años y 10 meses desde la creación de la MUN (Decreto 870/2014) no se ha avanzado en los temas gruesos, pues la negociación se centró en temas mínimos de aclimatación en torno a garantías y derechos humanos –incumplidos, como es evidente–, al tiempo que el gobierno impone leyes que van en contravía de los acuerdos alcanzados en la MUN, como las Zidres o el nuevo Código de Policía, entre otras.

 

La Cacep considera que las comunidades rurales no solo han sido víctimas de la guerra, sino que existen experiencias y propuestas desde los territorios que contribuyen a la paz, las mismas que el gobierno nacional niega, desconociendo la posibilidad de su participación en los espacios de diálogo, negociación e implementación que se adelantan con las insurgencias armadas. En lo que respecta a la implementación normativa del Acuerdo Final, la Cacep considera que a través de la vía rápida (Fast track) están imponiendo una serie de modificaciones legales que desconocen las propuestas y exigencias presentadas por las organizaciones rurales, dejando en el vacío el objetivo mismo de la Mesa Única Nacional, medidas que apuntalan una política pública favorable a la agroindustria y el extractivismo.

 

Las exigencias y propuestas presentadas por la Cacep, versan sobre: 1) mecanismos rápidos, ágiles y efectivos para las garantías individuales y colectivas para la vida e integridad de las comunidades, sus líderes y lideresas; 2) Evaluación exhaustiva, con el Presidente y su gabinete, para establecer una agenda de negociación y una ruta eficaz de cumplimiento de los acuerdos; 3) traslado de la MUN de Bogotá a otras regiones del país; 4) debate público de control político sobre el estado de cumplimiento de los acuerdos suscritos; 5) reconocimiento constitucional y legal del campesinado como sujeto de derecho; 6) conocer y participar del proceso de implementación normativa por la vía rápida (Fast track) de los acuerdos entre Farc-Ep y Gobierno y, 7) garantías para participar de forma autónoma, amplia y vinculante, a propósito del proceso de negociación que se adelanta entre el Gobierno y el Ejército de Liberación Nacional.

 

La respuesta inmediata del Ministro del Interior Juan Fernando Cristo, el día 8 de marzo, fue enviar a Luis Ernesto Gómez, su joven viceministro para la participación e Igualdad de derechos, quien pese a su actitud jovial y aparente sencillez (porta corbata y usa tenis), se mostró intransigente y despreciativo ante las propuestas que recibió. En su papel de negociador este funcionario solo reaccionó con amenazas de represión, insistiendo en desalojar el edificio –envió un grupo de la fuerza disponible de la Policía Nacional a la entrada del Ministerio a la espera de la orden de entrar a desalojar–; negó el ingreso de alimentos para las 47 personas que se encontraban dentro del Ministerio, cortó el agua de los baños y afectó la señal de internet, queriendo así imposibilitar la comunicación pública sobre lo que acontecía dentro del recinto. Cabe resaltar que la Defensoría del Pueblo y Naciones Unidas no estuvieron presentes durante toda la jornada, solo acompañaron un par de horas, se retiraron a las 7 de la noche, comprometiendo su palabra que regresarían, lo que no hicieron sino hasta el día siguiente pero por presión de la Cacep y parlamentarios amigos.

 

Negociación de papel

 

A las 5 de la mañana del día 9 de marzo, el ambiente se tensó, fuera del edificio estacionaron 13 motos, un camión y dos camionetas de la Policía Nacional; la orden era desalojar el edificio a las 9 de la mañana. La única persona autorizada para entrar al edificio fue el senador Iván Cepeda –finalmente logran ingresar el senador Alberto Castilla y el representante Alirio Uribe– como garante y enlace directo con el ministro Cristo. Luego de un largo tire y afloje entre las partes se acuerda –en borrador– la cita con el ministro Cristo en su despacho, a la que asistirían 13 representantes de la comisión política de la Cacep. Una vez iniciada la reunión en cuestión los demás miembros de la Comisión allí presentes se retirarían del piso 11 del Ministerio.

 

Arrogancia y cinismo. Antes de confirmar la reunión planteada, Cristo y Santos se reúnen, luego de lo cual el viceministro Luis Ernesto Gómez regresa al piso 11 y le plantea a la Cumbre que para llegar a la reunión con el Ministro del interior debía construirse una agenda para la negociación; la Cumbre insistió en que eso ya estaba en la carta enviada el día anterior, pese a esto la Cacep, en un gesto de buena voluntad accede a construir con el Viceministro una acta y declaración conjunta que contiene 3 puntos:


1. Garantías y protección individuales y colectivas: Se acuerda que el Viceministerio de participación e igualdad de derechos, y la dirección de derechos humanos del Ministerio del Interior, realizarán una evaluación del funcionamiento de la subcomisión de derechos humanos y de las misiones de verificación, entregando un informe sobre la aplicación del protocolo y la adopción de medidas de investigación, prevención y protección de acuerdo al reglamento y actas suscritas en Santander de Quilichao relacionadas con el tema; además que el Ministerio del Interior oficializará el 21 de marzo de 2017 la respuesta al derecho de petición entregado por la comisión de derechos humanos de Cumbre Agraria y que el Gobierno convocará a la Fiscalía General de la Nación para que presente un informe sobre el estado de las investigaciones por violaciones sistemáticas a los derechos humanos, con especial atención de los asesinatos de líderes, lideresas y defensores de derechos humanos. Finalmente, realizar una priorización que brinde garantía y protección individual y colectiva de las comunidades y sus territorios, creando instrumento de reacción inmediata. 

 

2. Mesa Única Nacional, evaluación, seguimiento y cumplimiento: Se acuerda la realización anticipada (la Cumbre propone 10 días) de la reunión de balance del proceso de negociación llevado entre las partes, con el Presidente de la República, prevista inicialmente para el mes de junio de 2017. Asimismo, el Ministro se compromete a gestionar y coordinar reuniones sectoriales con los ministros competentes para el cumplimiento de los acuerdos con la Cumbre Agraria, todo ello dentro de un término no mayor a un mes. Además, el Ministro del Interior se compromete a participar en un Debate de Control Político sobre el estado de cumplimiento de los acuerdos suscritos entre el gobierno nacional y la Cumbre.

 

 3. Participación en la construcción de paz: Se manifiesta que las propuestas presentadas por la Cumbre Agraria son una contribución de la sociedad a la construcción de una paz con justicia social; en tal sentido el gobierno nacional se compromete a incorporar los acuerdos suscritos en la Mesa Única Nacional en el marco de implementación normativa de los acuerdos de paz –Acuerdo Final– con base en el principio de Profundización de la democracia y “construir sobre lo construido”. De igual manera, el Ministerio del Interior promoverá la participación de la Cumbre Agraria en la Comisión de Seguimiento, Impulso y Verificación a la Implementación del Acuerdo Final; y, finalmente, el gobierno nacional brindará garantías a la participación autónoma, amplia y vinculante, a propósito del proceso de negociación que se adelanta entre el Gobierno y el Ejército de Liberación Nacional, así como el gobierno nacional garantizará la implementación del Capítulo Étnico de los Acuerdos de Paz.

 

Todos estos puntos son trabajados en la tarde y parte de la noche del día 9 de marzo junto al viceministro del Interior, el que los trasmite al ministro Cristo, el cual dice, a través de un nuevo funcionario pues el Viceministro no regresa, que el documento trabajado “no esta a su medida”. ¿A la medida de sus intereses? Ante esta respuesta, los voceros de la Cacep deciden, a altas horas de la noche, abandonar la sede del Ministerio.

 

Así culminó la sesión permanente la Cacep, cuyos propósitos no fueron logrados. Conscientes de ello ahora inicia la preparación de una nueva gesta, para poder encarar en mejores condiciones un nuevo pulso con el gobierno: vendrá la movilización y minga por los derechos, la vida y la paz, como lo confirmaron sus voceros en rueda de prensa. Amanecerá y veremos.

 

¿Seguir por la misma vía? O ¿Inventar otras formas?

 

Lo sucedido en el Ministerio del Interior demuestra una cosa: El gobierno nacional solo escucha a la Cacep en la movilización, y simplemente firma actas de acuerdo para quitarse los problemas de encima.

 

Despertar del adormecimiento. Es momento para que la Cacep retorne a sus orígenes: las regiones, las comunidades y las organizaciones con base territorial. Solo allí podrá tener claro qué se quiere con cada acción y así replantear los alcances de las “vías democráticas”. Es allá, en el territorio, donde está su fuerza, y este nuevo pulso que se viene únicamente podrá salir airoso si la Cacep se mueve desde abajo hacia arriba. Es un momento para que la Cacep se reconsidere completamente, para dejar los diálogos ineficaces; es momento de encontrar y construir caminos de unidad para lograr un movimiento fuerte que consiga levantar de nuevo la voz y la razón de las comunidades agrarias.


Así hay que obrar, mucho más si recordamos la cercanía de la campaña electoral, y con ello que dentro de pocos meses el gabinete ministerial empezará a entregar las llaves de sus despachos a sus nuevos inquilinos.

 

Ante todo esto es procedente preguntar: ¿Cómo garantizar que en esta nueva ocasión el gobierno sí cumpla, a pesar de ir ya de salida? O, por el contrario, ¿No negociar más con el establecimiento? ¿Empezar a consolidar experiencias concretas de autonomía en todos los ámbitos (económico, educativo, social, cultural, etc.)? ¿Crear un movimiento cuya esencia sea el anticapitalismo? ¿Por dónde encausar los mayores esfuerzos?

 

Los interrogantes son mayúsculos, y es hora de encararlos.

Publicado enEdición Nº233
Martes, 29 Noviembre 2016 10:10

Destellos y penumbras, con retos 2017

Destellos y penumbras, con retos 2017

Santos todavía no ha pedido perdón... Avanzan las últimas semanas de 2016, en otro adiós de año que nos llama a mirar una a una las convicciones, los conflictos y disputas; las luchas, las proyecciones políticas y sus apuestas; los triunfos, las inercias, zancadillas y repeticiones; las ausencias y derrotas que marcaron o afectaron a las mayorías populares en Colombia y que son puntos de variación en la situación política y en el conflicto armado. Un recuento necesario, de reflexión y balance para hacer autocrítica y extraer lecciones de diverso orden.

 

Negociación política del conflicto armado

 

El sabor es agridulce. Aún sin final de implementación a fondo, con las Farc la negociación lleva varios pasos. Uno fue hasta la firma del acuerdo, logrado el 24 de agosto. Tras varios años de negociación, de tires y aflojes, que parecían cerrar con firma sin vencedores ni vencidos. De solución política con una organización guerrillera que sin estar derrotada militarmente, conserva un margen de puja por obtener el mejor partido posible, como parte de la Mesa de La Habana.

 

Sin embargo, las últimas semanas de los diálogos sorprendieron: de asegurar una “dejación” que no entregaría el control de las armas “sino hasta en diez años”–resguardadas bajo supervisión internacional, como garantía del cumplimento de lo acordado–, se pasó a aceptar una entrega de las mismas, en pocos meses. De un rechazo inicial al plebiscito, con exigencia a cambio de una Constituyente, terminaron por aceptar el primero. Así, la ventaja del No el 2 de octubre impuso el condicionante de rebaja política, con un revertir el texto negociado –57 ejes de modificación– y ahora, la guerrilla que asumió una Mesa de igual a igual, en la implementación de los acuerdos parece estar acorralada: entre el No plebiscitario y un gobierno que funge de neutral. Hace alarde ahora, como “portador” de las exigencias de quienes obtuvieron el apoyo social en votos. Dada la imprevisión, es otro contexto con factores de desventaja para la actividad popular.

 

En la variación que sobrevino, sale a relucir una enseñanza: dentro de la búsqueda de una “paz” que no deje al poder exento, desde una guerrilla con reservas (marginales y móviles) de territorio-retaguardia de repliegue y de recuperación parcial de mandos; ni las circunstancias del tiempo electoral ni la presión y el afán internacional y geopolítico de disputas, un tanto disminuidas en el continente –que obran sobre la Mesa de La Habana–, pueden determinar un proceder sin la coherencia de mantener distancia o precaución, ante el enemigo o el contrario.

 

No sólo en el resultado del Plebiscito y de la revisión del Acuerdo, las consecuencias de todos los errores acumulados, y de los cometidos en el “carrerón” de las últimas semanas de la Mesa, están por verse en toda su dimensión. Valga señalar, la separación que tuvo esta negociación de la agenda cotidiana de las mayorías, de sus necesidades y exigencias. Una distancia que puso interrogantes y disminuyó en su postura activa, a un buen sector del activismo social. Dentro de las consecuencias de este proceder no puede pasar inadvertido, un efecto en la atomización social y en la pérdida de capacidad de reacción ante medidas graves –p.e. venta, privatización o “democratización” accionaria de las empresas públicas estratégicas de Bogotá–, que es más indispensable ahora, para que la “renegociación” y “nuevo acuerdo” de La Habana no aprieten tanto. El antecedente de este error: negociar entre dos aparatos, llevando al desinterés social con rebaja de las luchas, ya había marcado su sello. No sobra recordar la coyuntura con el M-19, el Epl, etcétera.

 

Con intención de sacar lecciones, sobresale también: a) el silencio ante la reforma tributaria, próxima a debate en el Congreso –reforma posibilitada por la firma misma del 24 de agosto pasado– amplía la debilidad resaltada y separa, a este renovado contingente de la izquierda, del conjunto social –no todo es la agenda de paz. En efecto, los Acuerdos de paz pueden ser un elemento relacionante de todas las plataformas sectoriales y locales, pero no atraen ni son la cobija de todas (si fuera distinto, el resultado del 2 de octubre pudiera haber tenido otras cifras). b) desmotivar la lucha social por una agenda estructural, ‘ajustando’ que las luchas sean por etapas, va sumiendo a esta agrupación en un “etapismo” que la amarra a las agendas oficiales; c) el afán por la firma de los acuerdos a como de lugar, con el reclamo de una paz ¡ya!, sumerge al movimiento social en una agenda por una paz de contingencia, sin carácter, que permite; por un lado, la pérdida del derecho a la rebelión, del derecho de todos los pueblos a resistir ante el abuso de poder o las injusticias, y por otro, a entregarle a Santos y su fracción económica, el liderazgo ante una paz que lo reviste de un papel social que no tiene ni alcanza. d) Permitir que la “justicia transicional” altere la responsabilidad y culpabilidad por el carácter terrorista del Estado –que devino de su política contrainsurgente–, desdice y hasta contradice la lucha de varias décadas de los movimientos sociales, y de la afectación que sufrieron en carne propia miles de miles de estos actores –no vinculados a la guerra–, propiciando un mar de impunidad oficial. Atmósfera ésta, que pesará en el nuevo episodio de la Mesa y, en contra de las luchas futuras y en la misma legitimidad del Estado que se dice confrontar.

 

En otro capítulo por la Paz mayúscula, la Mesa con el Eln arranca con un grado de desinterés y manipulación por parte del Gobierno. Actitud que augura una negociación llena de conflictos y un final con dificultades y retrasos. Con una serie de emboscadas y celadas. Tal como la que tendió Santos en marzo –alrededor del fin de los secuestros–, en el minuto después del anuncio por Frank Pearl de la firma de una agenda (30 de marzo), que retrasó 6 meses la instalación de la Mesa. Tras el segundo anuncio de comienzo en Caracas, el Presidente siguió su trama: Dar la imagen que él doblega al Eln. Ya en la víspera de arrancar en Quito, sin respetar la agenda y los compromisos suscritos, camuflado en el mismo tema, paralizó por segunda vez la instalación de la Mesa. Unas maniobras que visualizan con nitidez, que el Gobierno no quiere que la sociedad vea a la Mesa como un acuerdo entre dos partes en igualdad, sino como una concesión de Santos. Como un favor al Eln y una oportunidad para su rendición.

 

La enseñanza, aquí, también es nítida. Dejarse presionar por el tiempo, por los opinadores de turno, por unos medios de comunicación que conocen los puntos acordados pero los callan, por poderes extraterritoriales, por los vaivenes de la geopolítica global, etcétera, conlleva a terminar sometidos a las presiones e intereses de su contraparte o enemigo.

 

Luchas sociales

 

Lucha agraria. Sin las características de un II Paro Agrario, una Minga campesina, indígena y étnica puso el punto alto en el panorama de la oposición social. Con raíces en el compromiso parcial y la participación de todas las organizaciones indígenas y campesinas, el poder volvió a sentir neuralgia. Calambre, por una tensión que provino desde el campo popular. La Minga que comenzó el sexto mes del año y duró a lo largo de dos semanas, fue el recurso obligado para denunciar los incumplimientos del Gobierno. Los incumplimientos de promesas firmadas en otros paros y movilizaciones.

 

Llama la atención: a) el sujeto social en la coyuntura que atraviesa Colombia, tiene como asiento el campo; b) estamos ante un Gobierno que solo atiende reclamaciones cuando están soportadas con la fuerza, Gobierno que por demás, no respeta su palabra ni su firma, y que maniobrará a cualquier precio, para disipar la inconformidad y potencialidad rebelde y social; c) los actores alternativos y la conformación con superación de un nuevo liderazgo, están ante el reto de construir puentes que unan la resistencia rural y urbana, para lo cual, es indispensable fortalecer y proyectar las luchas citadinas, de tal manera que, desde el campo sientan que tienen aliados y amigos para multiplicar los efectos de la lucha y para actuar como un solo cuerpo.

 

Mientras tanto, y esto no suceda, el establecimiento seguirá fracturando las luchas y resistencias. Maniobrando y dilatando sus resultados, aunque sectores aguerridos del campo aduzcan o sientan que son fuertes y tienen un conque para jaquear al Gobierno. Sin embargo, el resultado desdice estas pretensiones. Al final, quedan más amarrados y sometidos a las lógicas y dinámicas oficiales, pues si bien logran administrar mucho dinero, pierden con sus bases el foco de la reforma agraria integral y de la misma necesidad de un cambio social.

 

Defensa del territorio

 

En municipios como Pijao, Doncello, Ibagué, San Martín –Cesar–, y regiones como las cubiertas por el páramo de Santurbán (Santander y Norte de Santander), o el Valle del Cocora (Quindío), entre otros, sus pobladores levantaron voz y marcharon para exigir respeto a sus territorios y medio ambiente. Demandaron con fuerza que unas proyectadas explotaciones mineras no se concreten. Exigieron consulta popular contra la explotación minera tradicional o vía fracking y, la salida de sus regiones de las multinacionales a las que el Estado les concesionó, sin consulta previa, los terrenos que las poblaciones reclaman bajo su soberanía.

 

Estas luchas con refriegas, nos recuerdan que un tema crucial en las luchas presentes y futuras del país es y seguirá siendo la defensa del medio ambiente. Bien en denuncia de la explotación minera tras oro, bien para extraer petróleo u otro mineral, y no será raro en el futuro cercano, la lucha contra los monocultivos, por cuyo conducto miles de campesinos verán perder el derecho a un pedazo de tierra para sembrar y garantizar vida en dignidad. De ser así, quedarán reducidos a una nueva condición de peón, en esta ocasión, como proletariado agrícola.

 

Aunque parece que la decisión final sobre estos reclamos descansa en manos de los jueces, la verdad es que reposa en el poder de las comunidades. En el enlace de sus luchas que las potencian, y que una vez anudadas en una sola acusación, obligarán al establecimiento a ceder en su pretensión extractivista, que desplaza miles de familias y transforma sus entornos sagrados y naturales. Territorio que en su estado actual permite vivir a las comunidades afectadas, aunque en pobreza, con mayor tranquilidad. Mayor que la enturbiada por la acción de las multinacionales.

 

Aumenta el marchitamiento del PDA

 

Como la tarde que parece caer más pronto en invierno, así pasa con el Polo Democrático Alternativo: perdió su luz mucho antes de cualquier previsión pesimista. El opaco que lo fue cubriendo, no sólo extendió sus sombras en el 2016, sino que lo oscurece más: guardó silencio e hizo flagrante su falta de presencia ante la diversidad de luchas sociales en curso. Flaquea en su comportamiento ante la misma agenda de paz. Crecen sus disputas internas, con un manejo a espaldas de su militancia, y mucho más del país. Se divide ante aspectos cruciales como la aprobación del Plan de Desarrollo presentado por Peñalosa para Bogotá. Asimismo, el PDA no encuentra un punto común en el qué hacer frente al gobierno Santos, ante el que abunda en contradicción, la conducta de su presidenta, quien porta y lleva un mal mensaje al país sobre este gobierno –divorcia el tema de la paz del económico y de otros factores de conflicto–, y pone al Polo a la cola del liberalismo, con una agenda eminentemente electoral.

 

Todo esto y mucho más, terminó por desdibujar esta agrupación política –que en algún momento abrió alguna luz de esperanza en el país. Ante el hecho, la definición múltiple de un nuevo referente de izquierda debe señalar el por qué de tal magnitud en el entronizamiento de errores, y encontrar nuevas sendas con las regiones, referentes de sujeto, propuestas, comportamientos y formulación de banderas y acciones alternativas ante el actual modelo socio-económico-político vigente y, seguramente, otros muchos aspectos necesarios de abordar y resolver para estar a la altura de lo demandado por las mayorías nacionales.

 

Retos 2017


Los días, semanas y meses que vendrán, están preñados de variaciones en la situación desde diversos ángulos. Vendrán acompañados de diversidad de luchas, agendas, debates y procesos sociales, en medio de un vacío: el de un proyecto alternativo-popular. Una ausencia que confiere ventaja a la iniciativa oligárquica en un «reacomodo del régimen». Una realidad que demanda conjugar en forma cotidiana, y en la amplia extensión territorial, una disputa por la información, y en el empeño de lograr acercamientos hacia el inicio y proyección de unos referentes legítimos de convocatoria y liderazgo por la inclusión. Son ingredientes en el forcejeo:

 

- Avanzar en la pauta y configuración de un Bloque Popular/con metodología distinta, para aprobar con participación diversa una plataforma de lucha (consulta popular) que despierte en cantidad y horizonte la voz nueva de liderazgos sociales.
- En el pleito de la solución política y los logros de las Mesas, separar la iniciativa popular de la agenda burguesa.
- Dar calidad y sustento al debate acerca de un modelo de desarrollo humano.
- Reponer en primer orden y en Campaña, la conquista territorial ascendente y de opinión por ¡Otra Democracia, Sí!
- Incluir la comprensión, tareas y definición de instrumentos en las exigencias de «disputa cultural» frente a la hegemonía y tope del modelo neoliberal
- Formular una disposición en el campo popular y de la solidaridad con las luchas que lideran diferente sectores sociales, para asumir la comunicación con vocación de disputar la opinión pública, y construir un referente común de otro modelo social bajo el cual, hagamos y rehagamos nuestras vidas como pueblo.
- Aclarar el verdadero escenario de la campaña electoral 2018, y determinar las tareas que esta implica, sin repeticiones de lo acometido sin vocación de país, con acomodamiento a la costumbre; superando las pretensiones y ambiciones personales, así como las fronteras que centran la actividad electoral como palanca y eje de la acción popular.

 

Estos aspectos, cada uno de los cuales es motor de acciones y proyecciones para la calenda que empezará en enero próximo, será motivo de nuestra primera editorial de 2017, y tal vez de otros más.

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