El temperamento de una soldado objetora de conciencia

"En definitiva, el triunfo de un país depende del temperamento de sus ciudadanos", sostuvo George W. Bush la semana pasada durante su discurso de inauguración de la biblioteca presidencial erigida en su honor en Texas. La biblioteca abrió sus puertas oficialmente el 1° de mayo, el día en que se cumplieron 10 años del pronunciamiento de su famoso discurso "Misión cumplida" a bordo del buque USS Abraham Lincoln, cerca de la costa de San Diego. En su discurso en la biblioteca, Bush, al igual que el Presidente Barack Obama, la ex Secretaria de Estado Condoleeza Rice y otras personas omitió mencionar la palabra "Irak".

 

La violencia en Irak aumentó en abril: 460 personas murieron y 1.219 resultaron heridas, en su mayoría civiles, en olas de ataques y contraataques que recuerdan el peor momento de violencia sectaria en el país, ocurrido entre 2006 y 2008. Al menos 13 personas murieron el 1° de mayo, lo que presagia un mes con iguales niveles de violencia. En medio de la violencia actual, una joven soldado embarazada fue enviada a prisión esta semana por desertar, tras haberse negado a regresar a la guerra de Irak en 2007. La soldado raso Kimberly Rivera fue enviada a Irak por primera vez en 2006. Estaba a cargo de la vigilancia de la entrada de la Base de Operaciones de Avanzada Loyalty en el este de Bagdad, en un momento en que la base era atacada constantemente. Comentó acerca de la experiencia: "Vi cómo es realmente la guerra y eso me hizo abrir los ojos: personas que mueren por la codicia de un país y los efectos en los soldados que regresan con problemas como pesadillas, ataques de ansiedad, depresión, ira, abuso de alcohol, miembros amputados y cicatrices por quemaduras. Y algunos ni siquiera regresan".

 

Su abogado, James Branum, que defiende a varios soldados que se niegan a combatir, me dijo: "Kimberly sintió que, moralmente, no podía hacer lo que le pedían. Al mismo tiempo, se dio cuenta de que pondría a otros soldados en peligro si no tiraba del gatillo llegado el momento. Habló con un capellán al respecto, que no le prestó la debida atención y no le dio el consejo que realmente necesitaba". El capellán debería haberle avisado a Kimberly Rivera que podía solicitar ser declarada objetora de consciencia.

 

Al no saber cuáles eran sus opciones, mientras estaba de licencia en Texas en enero de 2007, Kimberly decidió que no regresaría a la guerra. Junto con su esposo, Mario, y sus dos hijos pequeños, viajó a Canadá y se instaló en Toronto mientras solicitaba ser declarada refugiada. Kimberly y Mario tuvieron dos hijos más allí.

 

Canadá tiene una larga tradición como refugio para quienes se resisten a combatir en una guerra. Durante la Guerra de Vietnam, decenas de miles de jóvenes (se desconoce el número exacto) se negaron a combatir y huyeron de Estados Unidos para evitar el servicio militar. Una vez terminada la guerra, a la mayoría le concedieron amnistía y pudieron regresar al país. En 2004, Jeremy Hinzman se convirtió en el primer soldado estadounidense del que se tiene conocimiento que huyó a Canadá por oponerse a la Guerra de Irak. Poco después se creó en Toronto la campaña "War Resisters Support Campaign" (Campaña de apoyo a quienes se oponen a ir a la guerra). Al menos once soldados obtuvieron la residencia permanente en Canadá y se les reconoció la condición de refugiados. Kimberly Rivera cuenta con el apoyo de ese grupo, además del de miembros del Parlamento canadiense, Amnistía Internacional y el arzobispo sudafricano y Premio Nobel de la Paz Desmond Tutu. A pesar del precedente y del constante apoyo que recibió, el gobierno canadiense rechazó su solicitud de refugiada. Por lo que Rivera se entregó a las autoridades estadounidenses en la frontera entre ambos países el 20 de septiembre de 2012.

 

En su consejo de guerra, realizado esta semana en Fort Carson, Colorado, el juez condenó a Rivera a 14 meses de prisión, aunque más tarde redujo la condena a 10 meses, en virtud de un acuerdo mediante el cual la acusada se declaró culpable. James Branum habló de la condena: "El fiscal sostuvo en el juicio que le solicitó al juez que dictara una condena severa para aleccionar a quienes huyen a Canadá por negarse a ir a la guerra. El gobierno canadiense, al deportar a Kim, alegó que ella no afrontaría ningún castigo grave como objetora de consciencia por haberse negado a combatir en la guerra. Y, en realidad, eso fue precisamente lo que sucedió. Ese fue el argumento utilizado por la fiscalía, que debería ser castigada por hablar en contra de la guerra. Conocemos otros casos de resistencia a la guerra que han sido castigados con penas más graves, de hasta 24 meses de prisión. Muchas personas que evitan combatir reciben una condena sin prisión o una pena corta de prisión. Y los desertores, en general, más del 90%, no van a prisión. De modo que consideramos que están utilizando a Kim como forma de ejemplarizar".

 

Kimberly Rivera se negó a disparar a niños en Irak. Tuvo el valor de desobedecer, de resistir. Ahora permanece en prisión, embarazada, lejos de su esposo, Mario, y de sus cuatro hijos: Christian, de 11 años; Rebecca, de 8; Katie, de 5; y Gabriel, de 2. George W. Bush tenía razón cuando dijo que el triunfo de un país depende del temperamento de sus ciudadanos, es decir, de ciudadanos como Kimberly Rivera.

 

Denis Moynihan colaboró en la producción periodística de esta columna.

 

 

© 2013 Amy Goodman

Texto en inglés traducido por Mercedes Camps. Edición: María Eva Blotta y Democracy Now! en español, Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.

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Jueves, 21 Junio 2012 18:29

Rehusarse no es un delito militar

La Corte Constitucional, con la Sentencia C-728/09, reconoce la existencia del derecho subjetivo a oponerse al servicio militar obligatorio por consideraciones de conciencia; pide al congreso que desarrolle una norma constitucional para regular, entre otros aspectos, las condiciones y el procedimiento para obtener su reconocimiento. Mientras eso sucede, las fuerzas militares y de policía prosiguen reclutando de manera arbitraria, desconociendo todo tipo de derechos. Según la Acción Colectiva de Objetores y Objetoras de Colombia (ACOOC), en Colombia hay cerca de 229.000 jóvenes acusados de remisos que en su mayoría provienen de estratos populares.


Un año después de la Sentencia C-728/09 de la Corte Constitucional, Wilmar Darío Gallo Alcaraz fue reclutado en Santafé de Antioquia hacia 2010 por la Cuarta Brigada del Ejército. No le sucede solamente a él, otros miles de jóvenes padecen igual violencia, llevados a cuarteles militares en contra de su voluntad, acción que la inmensa mayoría de ellos asume, con disgusto, pero con un resignado “es que toca”. Como si se tratara de la excepción de la norma, desde el primer día de reclutado, Wilmar exigió ser reconocido como objetor de conciencia. Su profunda creencia religiosa lo llevó a decirles no a los mandos, y con el apoyo de la Iglesia Pentecostal Unida de Colombia, a la que Gallo pertenece, iniciaron un proceso de demanda para hacer valer la Sentencia de la Corte.

En el batallón Nutibara, con sede en el municipio de Fredonia-Antioquia, al joven lo seguían obligando a obedecer al mando, a pesar de haber instaurado una acción de tutela. En el proceso judicial, el mayor Johnny Hernando Bautista, entonces comandante de la zona de reclutamiento y control de reservas, con la inteligencia militar del caso pidió que se rechazara la demanda, alegando que la objeción no está reglamentada en el país. Lo inamisible para la Corte es que el ejército nacional desconozca el fallo emitido el 14 de octubre en 2009. La Corte no sólo obligó a entregarle de inmediato la libreta militar al joven y desvincularlo de la institución, ya pasado un año desde su incorporación, sino que además le ordenó al Ministerio de Defensa a realizar –en un plazo de cuatro meses– una campaña para la promoción de este derecho. Esperemos que el señor Ministro no diga ahora que cree en la objeción pero se rehúse a cumplir con la justicia que él mismo dice defender.

La lucha de la objeción en su reconocimiento legal


La objeción es una forma de ejercer la libertad de conciencia. Incluso en la jurisprudencia nacional, es entendida como “la resistencia a obedecer un imperativo jurídico invocando la existencia de un dictamen de conciencia que impide sujetarse al comportamiento prescrito”. Por ello, siempre se expresa una discrepancia entre alguna norma moral de la persona con una norma jurídica impuesta. Dentro de este marco legal, en el país podemos rehusarnos ante normas instauradas que atentan contra la conciencia del individuo. La antimilitar es una de las formas más desarrolladas, con reconocimiento entre diversos grupos juveniles, que la impulsan y difunden.

Este logro tardío se debió a los oídos sordos del reconocimiento que ya existía en el artículo 18 de la Declaración Universal de Derechos Humanos sobre libertad de pensamiento, conciencia y religión, y en el mismo número de artículo del Pacto Internacional de Derechos Civiles, ambos adscritos por Colombia. En el país, durante mucho tiempo, se guardó silencio cómplice con la guerra. Los altos magistrados, en sus pronunciamientos al respecto, entre los años 1994 a 2008, no analizaron la totalidad del articulado de la prestación del servicio. Sobre todo en lo relativo al artículo 27 sobre exenciones. Apenas en 1994 se pronunció a favor de las comunidades indígenas, lo cual se puede interpretar como que durante mucho tiempo se incurrió en una omisión legislativa, por un elemento constitucional no incluido en el sistema normativo. Así, muchos objetores se vieron sometidos a arbitrariedades desde el rechazo a prestar servicio militar y expresar públicamente razones por conciencia para rehusarse, desde el primero que se tenga noticia de Luis Gabriel Caldas León purgó siete meses en la cárcel en 1994.

Para el Ministerio de Defensa, el argumento presentado en la audiencia no difiere mucho del militar que retenía a Wilmar. Los uniformados insisten en la inexistencia del derecho a la objeción en la Constitución. Incluso, la abogada representante ante la Corte alegó que la alta magistratura no podía pronunciarse sobre aquello que constitucionalmente no existe. Así, el servicio militar es ineludible, como la Ley 48 de 1993, que, según reglamentación de su décimo artículo, obliga a todo varón colombiano a definir su situación militar cuando cumpla la mayoría de edad y obtenga su diploma de bachiller. Quizá las fuerzas militares entendieron que los más varones vienen de los sectores populares, porque, para otros, papi paga la cuota de compensación militar, un dinero del cual no se conoce su manejo. Para los uniformados, el recluta que se declaraba objetor cometía el delito de desobediencia que estipula el Código Penal Militar. Pero, entre las respuestas arbitrarias, está incluso una de la propia Defensoría del Pueblo (!), que le dice a un objetor que el servicio militar es una apertura ciudadana, antes que una limitación de la libertad.

La existencia de la objeción en la Constitución del 91 siempre fue ambigua. En la asamblea constitucional nunca se negó la objeción. La ponencia fue presentada por Fernando Carrillo, del movimiento estudiantil que propuso la séptima papeleta, uno de los orígenes de la actual Constitución. Se tiene registro de que se discutió sobre objeción en las comisiones primera y tercera, donde abiertamente se habló de un servicio alternativo social, civil o ecológico que tuvo amplia aceptación por votación. Sin embargo, el tema se dejó para ser tratado en el capítulo referente a fuerzas militares, pero nunca fue abordado por la asamblea constituyente al aprobar integralmente el articulado sobre fuerzas militares y de policía.

A pesar del reconocimiento, el fallo de la Corte no está sintonizado con la legislación universal, pues incluso en muchos países ya no existe el reclutamiento. La constitucionalidad de la Ley 48 de 1993 sobre reclutamiento, declarada como exequible por la Corte, dará la posibilidad para que en las jornadas de reclutamiento existan “pequeñas arbitrariedades”. Y, mientras se contemple en la agenda legislativa, seguirán las denuncias sobre la vulneración de este derecho, porque en Colombia se reconoció la posibilidad de objetar pero el servicio militar obligatorio se mantiene.

¿Qué sería un servicio militar alternativo?


Para aportar a la discusión sobre lo que debe ser este servicio, incluso para quienes se declaren insumisos a prestarlo en constante desobediencia civil al Estado, hay elementos para proponer. Éste debe ser de carácter civil y no de combate, dirigido a un interés público y destinado a prestar servicios sociales de naturaleza no punitiva, en actividades de protección ambiental, salud y trabajo social; administrados por los ministerios civiles a través de organismos de la sociedad civil en los cuales sea reconocido un recurso mínimo; por ejemplo, la Cruz Roja lo hacía en España. No se debe esperar a que el Congreso plantee un modelo. Es hora de que las organizaciones de objetores velen por que su instauración no se destine a actividades militares, mucho menos a cargo del ejército o la policía.

La institucionalización de esta lucha debe ser sopesada sobre el hecho de que muchos jóvenes que no creen en los valores que profesan los autodenominados héroes de la patria desconocen el derecho que tienen a negarse. Promover la objeción al servicio militar es quitarle gente a la guerra, en un país donde se impone adscribirse en uno de los bandos del conflicto interno. Es éste un paso más para movilizar la objeción a campos que van más allá de lo antimilitar y legal, como rechazar medidas económicas o justificaciones mediáticas que el gran poder quiere imponernos. Ante todo la objeción no termina en una norma.


Recuadro

Historia de la objeción en el mundo moderno


La objeción de conciencia al servicio militar en los Estados-nación tiene raíces fundamentalmente religiosas. Fueron integrantes de iglesias pacifistas quienes se opusieron a prestar servicio militar y hacer parte de la guerra. Australia es pionera: en 1903 reconoció el derecho de objeción. Finalizada la primera guerra mundial, ante los desastres de los conflictos bélicos, el Reino Unido, Estados Unidos, Nueva Zelanda y Canadá le dan sustento legal a este derecho.

En Alemania, tras los estragos de las guerras mundiales (1914-1918 y 1939-1945), en 1949 se incorpora la objeción de conciencia en la Constitución nacional misma, ejemplo que también adoptó Dinamarca, que, a pesar de tener servicio militar obligatorio, contempló la posibilidad de la objeción. Otro grupo de países que se sumaron a esta tendencia, entre los 70 y los 90, fueron Portugal, España, Brasil, Paraguay y Ecuador. Con el fin de la Unión Soviética, en 1989, países como Rusia y Ucrania también se expresaron a favor, seguidos por Polonia, Serbia y Suiza. Desde 1963, hay una implementación legislativa para objetores en Francia y Luxemburgo; en Bélgica en 1964, y en Italia en 1972. En España, aprobada en 1978, desde 1998 no existe servicio militar obligatorio, lo mismo que en Canadá y los Países Bajos. Hoy, más de 50 países reconocen la objeción en todo tiempo. En Argentina se implementa ya un servicio militar alternativo desde 1995, pero a la vez hay suspensión del reclutamiento.
Publicado enEdición 181
La “Espada de honor” y la guerra de los pobres
Tres minutos, 10 aviones y algunos helicópteros se necesitaron para bombardear la zona donde se encontraba un campamento guerrillero de las farc y matar a 33 de ellos, según afirmó el comandante de la Fuerza Aérea, Tito Saúl Pinilla. En dicho campamento, ubicado en la zona rural de Arauquita, departamento de Arauca– se encontraban –según el reporte gubernamental– algunos de los autores del ataque contra 11 soldados regulares del Ejército colombiano, ocurrido el pasado sábado 17 de marzo.

De acuerdo a estos reportes, a las 8 de la mañana del día miércoles 21 de marzo la cifra era de 24 muertos y 10 heridos. Horas más tarde, ya se hablaba de 33 guerrilleros muertos. Los cuerpos trasladados inicialmente a las instalaciones de la Décima Octava Brigada, se encuentran en medicina legal del municipio de Arauca, donde avanza el proceso de identificación. Por su naturaleza, los bombardeos no garantizan que queden ilesos habitantes y construcciones civiles.

Con el ataque efectuado, clara retaliación dentro de una guerra que no parece dar espacio a las alternativas para ponerle fin, la llave de la paz se le salió de un bolsillo roto al presidente Santos, quien no ocultó en twitter la alegría por lo sucedido: "Gran golpe a las farc en Arauca donde nos mataron nuestros soldados. Van 24 muertos y 10 capturados. Felicitaciones a nuestras fuerzas."

Horas más tarde, el Ministro de Defensa Juan Carlos Pinzón, desmintió esta versión, asegurando que se trataba de un operativo de inteligencia iniciado en el mes de diciembre, dentro de la operación “Espada de Honor”.

La guerra asciende a sus extremos. Sin pudor, las fuentes oficiales “celebraron” su acción de armas ante el país, y los medios de comunicación toman partido, dividiendo los muertos entre “Bajas” y “Asesinatos” y los hechos entre “operación” y “masacre” haciendo olvidar a la opinión pública que tanto los soldados como las y los guerrilleros muertos son personas, colombianas y colombianos humildes, devorados por la maquinaria de la guerra y, muchas veces, conducidos a ella por la fuerza.

Moviendo las pasiones desatadas por la propaganda que condena sólo a un actor de la guerra, el ataque militar quiso ocultar las voces que se alzan a favor de la objeción de conciencia y de la paz por la vía del diálogo.

Se niegan a colocarle límite al reclutameinto forzado

En una clara acción de propaganda de guerra, la operación “Espada de honor” buscó justamente opacar las críticas al reclutamiento forzado por parte del Estado, a través del servicio militar obligatorio, que se hicieron oir a raíz de los hechos de Arauquita, cuando el mismo interrogante que sostienen desde hace décadas objetores y objetoras de conciencia volvió a las mentes y los corazones de las mayorías: ¿Cómo es posible que un Estado sea capaz de obligar a sus jóvenes de estratos bajos a ir a la guerra? Según el profesor y analista Carlos Medina Gallego, anualmente mueren 1.600 integrantes de las guerrillas y 2.000 soldados en la guerra. ¿Hasta cuándo?

24 de marzo de 2012



Publicado enColombia
Con la muerte en combate de 11 militares se reabren interrogantes sobre el servicio militar obligatorio
La muerte en combate de 10 soldados regulares y un cabo primero del Ejército Nacional, vuelve a poner en tela de juicio el servicio militar obligatorio.

Mientras el Estado colombiano condena el reclutamiento forzoso (en particular de menores de edad) por parte de los grupos armados ilegales, recurre a esta misma práctica con jóvenes de extracción popular y campesina, a través del servicio militar obligatorio.

Los recientes hechos de ocurridos en inmediaciones entre Panamá de Arauca y Arauquita, donde murieron 11 soldados regulares, son apenas el episodio más reciente de la tragedia que significa el conflicto armado, también para los jóvenes que son llevados a prestar el servicio militar obligatorio y luego son conducidos a zonas de orden público.

En este caso, se trataba de un pelotón de 13 soldados,  la mayoría no sobrepasaba los 21 años de edad, que habían iniciado su servicio en junio del 2011 y en septiembre fueron trasladados a Arauca, donde 11 de ellos murieron en medio de un combate con la guerrilla de las Farc. Según un comunicado de la Decima Octava Brigada, los hechos tuvieron lugar hacia las 4:30 p.m. del sábado en jurisdicción del municipio de Arauquita "a 600 metros hacia el sur de la carretera que de Panamá de Arauca conduce a la vereda Puente Lipa".

Los medios de comunicación han difundido ampliamente las declaraciones de familiares de los soldados quienes han denunciado que sus hijos no estaban preparados para estar en una zona de conflicto. Juan José Rodríguez, padre de Mauricio Alejandro Rodríguez, dice que él no estaba en condiciones de prestar el servicio militar. "El era mecánico de motos, de guerra no sabía absolutamente nada, pero así se lo llevaron para Arauca la zona más difícil del país".

Además de ser obligatorio, el servicio militar se ha convertido en la única fuente de trabajo y oportunidades para muchos jóvenes colombianos de escasos recursos, particularmente en el campo.  Los familiares del soldado Cristian Camilo Lugo confirmaron “que el joven se fue al Ejército con la ilusión de seguir la carrera militar y conseguir una vivienda digna para su madre y su hermano”.
Marta Ayala, tía del soldado Juan Ovidio Ortiz, dijo que su sobrino "con solo 18 años dejó de cultivar y trabajar en su finca en zona rural de Ibagué, para buscar un mejor futuro para su mamá y hermano".

A demás de ser reclutados obligatoriamente, estos jóvenes son destinados a vigilar la infraestructura de mega proyectos pertenecientes a grandes capitales nacionales y extranjeros, y no a “defender y mantener la soberanía, la independencia y la integridad territorial” que son las funciones del Ejército.

En el caso de Arauquita, los soldados en esta zona se dedican a cuidar el oleoducto Caño Limón – Coveñas, propiedad de la multinacional de origen inglés OXY. El Coronel César Oswaldo Morales Ramírez, Comandante de la Décima Octava Brigada del Ejército Nacional, afirmó recientemente que esta unidad militar había frustrado cerca de 17 eventos con explosivos contra la infraestructura del oleoducto Caño Limón Coveñas en el departamento de Arauca.

Por su parte Ariel Ávila, investigador de la Corporación Nuevo Arcoiris, indicó que el 82 por ciento de las tropas del Ejército en esta zona, se dedica a cuidar infraestructura petrolera. Se estima que en Colombia hay unos 110 mil soldados regulares dedicados a  este tipo de operaciones de control militar del terreno.

La exministra de defensa Martha Lucía Ramírez, señala en su cuenta de twitter: que "el ministro ordene que en las zonas más difíciles en orden público sólo combatan soldados profesionales. ¡No más cuasi niños muertos!"

Mientras tanto, el gobierno nacional insiste en centrar la discusión sobre el “error táctico” que significó que los jóvenes permanecieran cinco y no dos noches en el sitio donde ocurrió la emboscada guerrillera, y promete apagar el incendio con más fuego: anunciando el envío de más hombres y equipos a la zona.

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El 5 de abril de 2010, una encuesta de la mundialmente influyente revista Time reveló que para sus lectores Stefani Joanne Angelina Germanotta, conocida como Lady Gaga, era la persona más influyente del mundo. Según el periodista Robert Paul Reyes, sin duda la cantante captura perfectamente el espíritu de los tiempos (“she perfectly captures the spirit of the times”).

El 21 de abril de 2010 el banco de inversiones Goldman Sachs reportó con tono triunfal una ganancia neta de más de 3.000 millones de dólares en el último trimestre.

El 22 de abril, en un discurso en Cooper Union, cerca de Wall Street y con el propósito de convencer al público sobre sus propuestas regulatorias del sistema financiero, el presidente Barack Obama quiso defenderse de los emergentes grupos de la extrema derecha que lo acusan de marxista, asegurando que él todavía cree en el poder positivo del mercado. No obstante, “un mercado libre no significa que cada uno pueda tomar todo lo que quiera de la forma que sea”. Apelando a su discurso populista, según los seguidores de Sara Palin, Obama acusó que “algunos en Wall Street olvidaron que detrás de cada dólar invertido en la bolsa hay una familia que intenta comprar una casa, pagar sus estudios, abrir un comercio o ahorrar para un retiro”.

El viernes 23 de abril, un informe de la Comisión de Valores del senado de Estados Unidos emitido por el ABC TV denunció que durante la gran crisis financiera de Estados Unidos que dejó sin trabajo a más de ocho millones de personas en 2008, varios inspectores que debían controlar Wall Street invertían sus horas laborales en descargar y mirar pornografía. Uno de ellos llegó al record de invertir ocho horas en esta actividad. Si bien sólo una minoría de los empleados se dedicaba la pornografía en sus horas de trabajo, más de una docena de ellos eran altos funcionarios con cargos de responsabilidad.

Mientras tanto, en ciudad Gótica, según reveló una comisión del Senado norteamericano, los gerentes del mega banco de inversión Goldman Sachs apostaban al derrumbe del sector inmobiliario que dejó a miles de familias sin su propiedad.

Según la agencia Reuters, el New York Times y cada uno de los diarios de mayor circulación en Estados Unidos, algunos responsables de Goldman Sachs Group vieron la posibilidad de hacer un buen dinero en medio de la crisis crediticia y poco antes del derrumbe de las hipotecas.

“Parece que vamos a ganar bastante dinero”, escribió en un correo electrónico Donald Mullen, uno de los ejecutivos de Goldman. Otro, Lloyd Blankfein, ante las acusaciones de fraude emitidas por el propio gobierno y en un hostil contexto reformista del presidente Obama, aseguró que la compañía había perdido dinero durante la crisis. En setiembre de 2008 la empresa recibió 25.000 millones de dólares de los contribuyentes en forma de bailout o rescate financiero.

Según el senador demócrata Carl Levin, los correos descubiertos demuestran que, en realidad, Goldman ganó mucho dinero apostando contra el mercado hipotecario” (“These e-mails show that, in fact, Goldman made a lot of money by betting against the mortgage market". Fox News). En noviembre de 2007, según el jefe financiero de Goldman Suchs David A. Viniar, habían ganado más de 50 millones de dólares en un solo día apostando a que las acciones vinculadas a hipotecas se hundirían. Según el Washington Post, el juego de Goldman consistió en convencer a la gente para invertir en el mercado inmobiliario al mismo tiempo que ellos mismos apostaban en dirección contraria.

En cualquier caso la herramienta principal consiste en la promoción del deseo y el castigo del placer. Para esto el orden y la cultura hegemónica se sirven de sus banqueros y sus religiones, de sus artistas y de prostitutos, de sus discursos de heroicas y ejemplificartes liberaciones de closets y de tocadores.
De aquí la importancia de la cultura populista y de la inocencia del mercado del sexo, de la pornografía que convenientemente se llama arte, y de las “expresiones personales de autenticidad” que proclaman no tener nada que ver con la política.

Salvo en la mente de perversos críticos radicales.

Quizás los lectores de Time tengan razón. En una sociedad gaga, en un orden planetario dominado por la superficialidad y el narcisismo intrascendente, tal vez un personaje irrelevante como Lady Gaga sea, de verdad, una de las personas más influyente del mundo.

Jorge Majfud
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Ahora que la Corte Constitucional reconoce la Objeción de Conciencia del Servicio Militar Obligatorio como un derecho que se puede vincular con la Libertad de Conciencia (art. 18 de la C.N.), es conveniente hacer un recorrido por esta historia de resistencia al militarismo en Colombia. La primera manifestación de rechazo al servicio militar ocurrió cuando Carlota Rúa, dirigente del Sindicato Obrero de La Dorada (Caldas), manifestó su rechazo al alistamiento de obreros y campesinos en el Primer Congreso Obrero de 1924. Durante la guerra con Perú, un grupo de mujeres rechazó el que sus esposos y sus hijos fueran reclutados. Pero sólo en los años 80 se organiza un grupo que desde la filosofía de la no violencia promueve la Objeción de Conciencia, apoyado en la resolución E/CN/4/1987/173 de las Naciones Unidas.

La Asamblea Constituyente de 1991 fue un escenario inmejorable para dar el debate sobre la Objeción al Servicio Militar. Allí se realizaron ruedas de prensa y movilización de colegios, y se recolectaron firmas que se entregaron a la Secretaria de la Asamblea Nacional para que el tema fuese incluido en la Constitución. Durante el proceso se formó una gran coalición en la que participaron los cuáqueros y la iglesia menonita, Justapaz, la Juventud Comunista y varias organizaciones estudiantiles. Finalmente, el asunto no hizo parte de los derechos que reconoció la Carta de 1991. Sin embargo, en este año los Testigos de Jehová Mauricio Murillo, Germán Montenegro y Rolando Chara se negaron a empuñar un arma y a vestir uniforme, por lo cual fueron acusados de desobediencia civil1.
 
Luis Gabriel Caldas León, estudiante del INEM del Tunal, en Bogotá, es el personaje que mejor simboliza la lucha contra el Servicio Militar Obligatorio. En 1994, Luis Gabriel fue encarcelado al expresar su negativa a prestar el servicio militar por razones pacifistas y no violentas. Acusado de deserción, se penaliza con siete meses de cárcel. Amnistía Internacional y distintas organizaciones de derechos humanos lo apoyaron y lo reconocieron como preso político.

En Medellín, un significativo grupo de jóvenes del Liceo Marco Fidel Suárez alza su voz de protesta en rechazo al reclutamiento; en los acontecimientos, el estudiante Hamilton Chica Bohórquez, de 15 años, es asesinado cuando grita, junto con sus compañeros, “no al servicio militar obligatorio... no queremos ser asesinos del Pueblo”2. Durante cinco años, los jóvenes de este plantel no fueron reclutados por el ejército nacional.

Desde 1996, tanto en Bogotá como en Medellín, los desfiles del 20 de julio se convierten en contramarchas contra el militarismo y la guerra. Durante las marchas de los cocaleros de 1996, en Florencia (Caquetá), un joven soldado rehúsa atacar a los campesinos y es encarcelado, mientras en los sucesos de desalojo de los vendedores ambulantes en San Victorino un policía de la Fuerza Disponible se niega a participar. El movimiento se extiende a Cali, Barrancabermeja, Cartagena, Cauca, Sucre, Boyacá, Arauca y otras regiones del país, donde más de 100 jóvenes en los últimos 10 años se han declarado objetores del servicio militar y reciben apoyo de las organizaciones (Acooc, Red Juvenil de Medellín y otras).
 
En el año 2000 se creó el trabajo en red llamado Acción Colectiva por la Objeción de Conciencia en Colombia, compuesta por varias organizaciones: Colectivo por la Objeción de Conciencia de Bogotá, Justapaz, Juventud Trabajadora Colombiana y Fundación Creciendo Unidos. En 2005 se crea la Asamblea Nacional de Objetoras y Objetores de Conciencia, propuesta sin estatutos ni mandatos, cimentada en la práctica, la corresponsabilidad, la solidaridad y la autogestión.

1    El Tiempo, febrero 2 de 1991.
2    Cambio 16, noviembre de 1994.

Cómo queda la Objeción de Conciencia con el fallo de la Corte

Acción Colectiva de Objetores y Objetoras de Conciencia


Después de 20 años, la Corte Constitucional, que en innumerables ocasiones se había negado a reconocer el derecho a objetar la prestación del servicio militar por razones de conciencia, argumentando la “defensa nacional” o el “orden público”, hoy cambia su posición como consecuencia de una demanda interpuesta por el Grupo de Interés Público de los Andes, la Acción Colectiva de Objetores y Objetoras de Conciencia, y la organización internacional Civis. La Corte Constitucional ha fallado a favor del ejercicio de la objeción al servicio militar a partir del reconocimiento que hace la Constitución del 91 de la libertad de conciencia.

El derecho a la objeción de conciencia se ha ejercido por cientos de jóvenes en el país desde hace casi 20 años. El fallo de la Corte sólo ratifica tal ejercicio. La cuestión es que ahora este derecho queda a las puertas de una reglamentación que debe ser estructurada por el Congreso de la República, organismo reiteradamente proclive a legislar a favor del militarismo, situación que genera un clima de incertidumbre sobre las posibilidades reales para rehusarse a la prestación del servicio militar.

En términos concretos, el ejercicio de objeción se hace frente a las “autoridades” de reclutamiento. Ante cualquier negativa de éstas, se puede hacer uso de la acción de tutela para exigir respeto por este derecho. Ahora, miles de jóvenes pueden argumentar su ejercicio de objeción desde diversas perspectivas y razones, sin descartar que algunas razones se acepten como válidas y otras no, cuestión que ha sido abiertamente discutida debido a que no hay una medida que permita establecer “niveles de conciencia”, descartando o aprobando argumentos de manera arbitraria.
Publicado enEdición 152
Citado el pasado 10 de marzo para hacer una diligencia judicial en los estrados de la Fiscal Seccional 216, en cabeza de la funcionaria judicial Piedad Angélica Acero, el sacerdote jesuita Javier Giraldo Moreno hizo ejercicio de Objeción de Conciencia por razones éticas relativas, como él mismo arguye, por profundos “remordimientos, cautelas y repugnancias morales, que poco a poco me llevaron a descubrir la honda perversión del sistema judicial y a experimentar una radical repulsa de conciencia frente a cualquier otro eventual involucramiento procesal”.

Razones fundadas, según el sacerdote, en los más de 29 años de trabajo con comunidades y organizaciones de derechos humanos, en los que ha evidenciado las injusticias más inverosímiles, entre las que pueden constatarse manipulaciones de testimonios, asesinato de testigos, carencia de pruebas técnicas y observaciones in situ, etcétera, procedimientos que a todas luces han reforzado la impunidad histórica en el caso de diversas masacres y asesinatos selectivos en diversas regiones del país.

Como queda evidenciado en la carta del jesuita, el para-Estado o Estado mafioso opera sofisticadas e infranqueables modalidades de control en su sistema penal. En palabras suyas, “las lecciones que las profundas miradas retrospectivas nos imponen dolorosamente con el tiempo, son muy claras: justicia del “sólo testimonio” combinada con el uso perverso del testigo; uso de los recursos de la Prescripción y de la Cosa Juzgada para encerrar en cajas de acero de las ignominias de la injusticia”.

Casos como los de Carmen de Chucurí, Trujillo, Mapiripán, Comunidad de Paz de San José de Apartadó, entre otros, comprueban con dolor las injusticias más deleznables y degradantes del sistema de justicia penal colombiano. El padre Giraldo deja en su misiva un campo abierto para rehusar la injusticia, incluso si proviene del aparato de justicia mismo, toda vez que ha involucrado e involucra a instancias jurídicas como la Dirección de Instrucción Criminal, la Procuraduría, la Fiscalía, la Defensoría, la Vicepresidencia, militares y reconocidos comandantes paramilitares.

Todo pese a que el artículo 18 de la Declaración Universal de Derechos Humanos y el artículo 18 de la Constitución Política reconocen el derecho fundamental a la libertad de conciencia, refiriéndose ambos a la conciencia moral, la cual impide acatar u obedecer aquellos actos que se encuentran por fuera de los dictámenes de conciencia, al considerarse que éstos son inmorales. En este sentido, desde abajo recoge apartes de la carta, tanto más cuanto se trata del sistema jurídico que debe garantizar ecuanimidad y equilibrio en la verdad procesal para efectos de la justicia. Objetar por conciencia, por tanto, es un imperativo moral cuando se da precisamente lo contrario.

Asimismo, la Sala Tercera de Revisión, Sentencia T-409 de 8 de junio de 1992 asevera: “La formación de la persona recibe y asimila, va integrando su sistema de valores para llevarla a considerar, frente a las distintas opciones que la vida en comunidad le ofrece, lo que desde su particular perspectiva es bueno, justo, equitativo, oportuno…, arrojando unos resultados exteriores que son el producto de un análisis interno cuyo ámbito es el dominio inalienable de la persona. Ese sistema de valores constituye, en lo más íntimo de cada ser humano, su propia conciencia, en cuyas profundidades no puede penetrar la acción del Estado ni forma alguna de coacción”.

Apartes de la carta


“Respondo a su oficio fechado el 10 de marzo de 2009, el cual encontré en mi oficina esta semana, en el que me solicita asistir a una diligencia judicial al día siguiente, 11 de marzo, diligencia que no puedo atender por impedimento moral. Le ruego apreciar las razones que a continuación expongo, las cuales fundamentan dicho impedimento.

“A partir del caso de Carmen de Chucurí, se fueron profundizando en mí serias dudas sobre el mecanismo del testimonio. La gente declaraba y declaraba y pasaban los años sin que percibiera resultado alguno. Pronto comprendimos más bien que los denunciantes pagaban altos precios y los denunciados permanecían incólumes.

“Con todo, un proceso penal avanzaba dentro de la ‘Justicia Regional', en Cúcuta, que parecía prometer algunos resultados, pero al posesionarse el primer Fiscal General, dentro de la nueva Constitución Política del 91, avocó a su mismo despacho el proceso; puso en libertad a los dos o tres paramilitares capturados hasta entonces; llamó a rendir versiones libres a todos los militares imputados, con interrogatorios acondicionados para una preclusión que fue inmediata, y luego llamó a un largo interrogatorio al suscrito, quien había puesto el mayor número de denuncias. Desde la primera pregunta comprendí que todo estaba dirigido a invalidar mis denuncias por no haber sido testigo presencial en ninguno de los crímenes, y pude comprobar que al Fiscal no le importaba en absoluto descubrir la autoría de los crímenes ni la identidad de las víctimas sino sólo identificar a quienes habían puesto las denuncias. Yo me negué a dar los nombres de los denunciantes porque tenía vivo en mi mente el recuerdo de quienes ya habían pagado sus denuncias con la muerte y por ello tuve que recibir un trato altanero y ultrajante por parte del Fiscal General.

“Militares, procuradores y periodistas se confabularon entonces para estigmatizar ante la opinión pública a quienes estábamos denunciando y contaron para ello con los grandes medios de prestigio, tales como El Tiempo, La Prensa, la cadena radial RCN y otros, los cuales destruyeron gratuitamente nuestra reputación sin reconocernos siquiera el derecho de réplica. Cuando la Fiscalía, la Procuraduría, los medios y otras instituciones fueron cerrando filas en solidaridad con militares y paramilitares, el Comandante del Ejército me judicializó por ‘calumnia e injuria contra las fuerzas armadas'. Me convertí, entonces, en ‘reo de la justicia' por atreverme a buscar justicia. Al país entero se le vendió la ‘verdad' de que yo inventaba fantasías sobre proyectos paramilitares avalados por el Ejército y confeccionaba listados imaginarios de muertos, desaparecidos y desplazados. Hubo que esperar 13 años para que, al inaugurarse la zona de distensión de Santa Fe de Ralito, en julio de 2004, los más altos comandantes del paramilitarismo reconocieran públicamente, en sus discursos, que el proyecto paramilitar de Carmen de Chucurí había sido avalado por el Estado y que éste tenía que reconocer la paternidad responsable del mismo.

 “Allí encontré la clave que he venido comprobando en lo sucesivo: el testimonio es algo manipulable y por ello la gran mayoría de los procesos buscan hoy día apoyarse en sólo testimonios. En el momento de la evaluación, que en nuestro régimen otorga el más impresionante margen de arbitrariedad al fallador, permite plegarse a las preferencias o intereses del fiscal, del juez o del magistrado.

“Pero la perversidad con que se maneja la prueba testimonial en las instituciones judiciales en Colombia no mira solamente a ocultar la responsabilidad en los crímenes de los agentes del Estado o del Para-Estado y garantizarles plena inmunidad frente a la injusticia, sino también a inventar falsos culpables; a arruinar la libertad de innumerables inocentes; a desactivar, a neutralizar o aterrorizar a denunciantes o testigos, convirtiéndolos de acusadores en acusados.

“El montaje judicial, desafortunadamente, no constituye una conducta excepcional, inusitada o extraordinaria en Colombia. Es mucho más normal de lo que uno pueda imaginar y así se demuestra en el libro Libertad: rehén de la ‘seguridad democrática’, trabajado sobre expedientes concretos y donde se calcula que sólo en los dos primeros años del gobierno del residente Uribe Vélez, se produjeron 6.332 detenciones arbitrarias.

“Hoy día, cuanto tantos abogados y personas honestas de la Costa Caribe aseguran que los fiscales y jueces de la mayoría de departamentos de la Costa han banqueteado periódicamente, en los ‘últimos años, con el líder paramilitar Jorge 40 (o con sus posteriores comisionados), quien les pide cuentas y traza las directrices fundamentales de la administración de justicia en la Costa, ya no hay quien crea en la Fiscalía para solicitar investigaciones serias sobre semejantes aberraciones, y aunque se decretara formalmente una investigación, ya nadie creería en ella.

“Cuál no sería mi asombro, que me confirmaría una vez más el colapso ético de la Fiscalía, cuando el Fiscal General Iguarán designó como vicefiscal general de la Nación al doctor Mendoza Diago, quien había conducido el Proceso 5767 a favor del general Del Río, proceso que bien pudiera señalarse como uno de los monumentos más escandalosos a la impunidad y a la corrupción que el país ha conocido en su historia. Igual escándalo sufrí cuando fue designado como director de Fiscalías de Justicia y Paz el doctor Luis González León, quien –sobre 300 crímenes de lesa humanidad contra la Comunidad de San José de Apartadó, acumulando prevaricato tras prevaricato, delitos que también la ‘justicia'– se negó a investigar.

“La observación de muchos casos permite detectar mecanismos que explican la impunidad sistémica: los funcionarios judiciales deben demostrar que realizan alguna actividad procesal, de la cual depende su desempeño laboral remunerado, pero esa actividad busca evadir al máximo los riesgos, los cuales se descargan en todo su peso sobre las mismas víctimas, al exigir siempre a éstas o a sus familias rendir testimonios sin importar el riesgo que corran y aportar informaciones a las que sólo un funcionario judicial podría acceder. Pero si bien los testimonios abultan los expedientes, en la hora de su evaluación son desechados, en ocasiones con niveles absurdos de arbitrariedad. La carencia de pruebas técnicas, de inspecciones in situ, de investigación sobre contextos y conexidades, de búsqueda de testimonios en el campo de los victimarios al abrigo de obediencias e intereses en ascensos, etcétera.

“El 12 noviembre de 2003 le presenté al Fiscal General de la Nación una denuncia formal sobre más de 300 crímenes de lesa humanidad de que ha sido víctima la Comunidad de San José, solicitándole una investigación pronta e imparcial y ajustada a los parámetros del Derecho internacional. El fiscal Luis Camilo Osorio no sólo prevaricó repetidas veces dejando vencer todos los términos procesales, una y otra vez, sin abrir siquiera una investigación preliminar, sino que, en abierta violación a la Constitución, se negó a responder todos los derechos de petición que se le formularon para pedirle explicaciones por tal comportamiento ilegal.

“Muchas veces me he preguntado si un aparato institucional que define su campo específico de acción con los términos de ‘verdad' y ‘justicia', conceptos de evidente contenido ético, puede desempeñarse mediante métodos que se aparten de los principios éticos universales que la humanidad ha reconocido como verdad y como justicia. Me he preguntado si el Derecho puede confeccionar conceptos o técnicas que legítimamente asuman el nombre de ‘verdad' o de ‘justicia' cuando en sus mismos operativos contradicen los contenidos éticos fundamentales con que la humanidad ha identificado esos valores/conceptos durante siglos.

“Allí es donde se plantea el conflicto de conciencia: cuando se es consciente de que los mecanismos institucionales que asumen las etiquetas de ‘verdad' o de ‘justicia', a través de numerosas experiencias dolorosas que de ninguna manera podrían tener carácter de excepcionales, se definirían más honestamente por los conceptos de ‘falsedad' y de ‘injusticia', entonces la colaboración con el aparato institucional que la sustente entra en colisión con la conciencia ética.

“Por todas estas consideraciones, ruego respetuosamente se me exima de toda declaración, versión, indagatoria o entrevista, dada mi imposibilidad moral de hacerlo. La Constitución Nacional establece que ‘nadie será obligado a actuar en contra de su conciencia' (art. 18)”.

Atentamente,

Javier Giraldo Moreno, S.J.


Carmen de Chucurí


Comandantes de la base militar incursionaban en el pueblo santandereano en compañía de líderes paramilitares, cobrando juntos los impuestos para financiar el paramilitarismo. De los buses bajaban a los insumisos para desaparecerlos y asesinarlos, y en los mismos carros de la Alcaldía se llevaban a quienes iban a matar para arrojarlos en el remolino de una quebrada que se tragaba los muertos. Todo fue denunciado con lujo de detalles. Se pidió la colaboración en la búsqueda de testigos que se atrevieran a declarar, lo que conllevó al asesinato de don Juan de Dios Gómez, don Octavio Sierra, y al atentado del padre Bernardo Marín, quien escapó milagrosamente el 4 de octubre de 1990. 10 campesinos de la zona vinieron a Bogotá, en compañía del inspector de Policía mismo, a denunciar la detención, torturas, asesinato cruel de un poblador por el consorcio militar. El Fiscal General invalidó los testimonios.


Trujillo, Valle del Cauca


Masacre que cobró centenares de víctimas. Las instituciones judiciales y disciplinarias se limitaron a realizar expedientes que sólo contenían la necropsia y el testimonio inútil de algún familiar. Así justificaban su salario; se protegían contra eventuales represalias de los victimarios y tenían una excusa perfecta para archivar los procesos y no meterse en problemas con nadie: “no fue posible identificar a ningún culpable”. A pesar de que todo el pueblo y la región conocían sus nombres y huían despavoridos cuando aparecían por los caminos veredales, las camionetas del F-2 de Tulúa o del Batallón Puracé de Buga, porque una nueva desaparición era inminente. Luego de la confesión de un paramilitar arrepentido, Daniel Arcila Cardona, la Jueza 10 de Orden Público, quien acumuló la mayoría de ridículos expedientes abiertos, recibió una noche “dos bultos de cabezas sacadas del Río Cauca”, pero no se hizo investigación alguna, ni se supo el paradero de esas cabezas.


Zona de Urabá y norte chocoano


Horrores como pocos en la historia humana, se dieron con la denominada “Operación Génesis”, liderada por el general Rito Alejo del Río; unidad de acción entre la Brigada XVII y amplios bloques paramilitares de la región, cuyo efecto se fue midiendo con centenares de víctimas de lesa humanidad. Pese que el padre Giraldo presentó en junio de 2001 un listado de 201 crímenes perpetrados en la zona, hubo evasivas constantes y se archivaron los casos. Uno de los capítulos que merecen relevancia fue el del ex soldado profesional de las Brigadas 11, 17, 13 y 4, Oswaldo Giraldo Yepes, quien se retiró del Ejército al descubrir la unidad de acción de dichas brigadas con grupos paramilitares. El abogado del general Del Río lo presionó para que se retractara, lo que hizo formalmente tras amenazas de muerte en contra de él y su familia. Un año después lo dejaron en libertad y fue cercado por paramilitares que vivían en la Hacienda La Carolina, propiedad del presidente Álvaro Uribe Vélez, en el corregimiento de los Llanos de Cuivá, del municipio de Santa Rosa de Osos, y asesinado el 2 de abril de 2005.


¿Qué es la objeción de conciencia?


La objeción de conciencia es el derecho que tienen todos los seres humanos para rechazar leyes o normatividades que atentan en contra de los principios de conciencia, y se sustenta en razones políticas, filosóficas o religiosas. Es, en el sentido más general, la negativa de una conciencia, por fidelidad a sus propias convicciones, a obedecer determinadas órdenes impartidas. Normalmente se le asocia con el derecho fundamental a la libertad de conciencia, estipulado en el artículo 18 de la Constitución Política, así como el artículo 18 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, entre otras normatividades internacionales.

A lo largo de la historia humana, la Objeción de Conciencia se ha practicado para la no participación del servicio militar obligatorio, pese a lo cual existe otro tipo de objeciones: quien se opone a ser partícipe de toma de decisiones jurídicas que considera inmorales, quienes rehúsan a izar bandera, como el caso de los testigos de Jehová, porque atenta contra su religión. Palabras más, palabras menos, el objetor de conciencia se rehúsa a participar de un deber jurídico que contradice su conciencia moral.
Publicado enEdición 147

La decencia del alma

 

Vamos camino a la construcción de un nuevo rostro, hacia la consolidación de una nueva versión de ese abismo inmoral que es el fascismo. Esto es un hecho incuestionable.

 

Se trata de una variable, de una modalidad muy parroquial, todavía algo solapada, pero, eso sí, bastante evidente, del fascismo del siglo XXI en su versión latinoamericana. Y hay que decir, para vergüenza nuestra, que esta especie de hidra que estamos viendo formarse; que esta modalidad de conciencia colectiva que se está avivando, es, toda ella, de nuestra cosecha. Y, dada la calidad de sus simientes y almácigos, por la forma como se está preparando su cultivo, es fácil deducir que el crisol de su fruto está siendo diseñado para que a muy corto plazo se convierta en producto de exportación. El “fascio”made in Colombia es un producto que se está madurando, a punto de hacer eclosión: ya ostenta su condición en los escenarios públicos; ya presenta sus credenciales, su licencia y pasaporte en los aeropuertos internacionales; ya exhibe su eslogan entre pecho y espalda. Sus componentes morales, sus pilares éticos, su perfil ideológico, ya esgrimen su actitud retadora y amenazante. Y ¡ojo!... el fenómeno se está gestando con miras a futuras aventuras expansionistas. Los hechos así lo indican: la escalada de agresiones de que están siendo objeto Yolanda Pulecio, madre de Íngrid Betancourt, y la senadora Piedad Córdoba; las tétricas amenazas dirigidas al profesor Gustavo Moncayo y al ex magistrado Carlos Gaviria; el absurdo y rufianesco señalamiento de que fue objeto esta Tribuna de Opinión por obra de un congresista y la lectora de noticias de uno de los canales privados de televisión. Son éstos, apenas, una mínima expresión de esta campaña patriotera y fanática que ya insinúa criminalizar el derecho a disentir y tener una opinión libre.

 

Y, para acabar de ajustar, ¡esta marcha!… Esta marcha que ahora veo desde esta ventana, rédito de la más vergonzosa maniobra mediática de las que hasta ahora ha podido ofrecer el establecimiento; fiel ejemplo de esta destreza diseñada para atrapar las confundidas almas de los colombianos. ¡Ahí van!... Aquí los veo, formando por primera vez manada. Sintiendo el vértigo en los corazones cuando pretenden dirigirse a un objetivo común; creyendo que por fin se ha identificado al enemigo…

 

Ya en la época que preparaba el arribo del Duce, en esa Italia tristemente recordada de la primera mitad del siglo pasado, la alianza conservadora de empresarios y terratenientes consideró que los antiguos ideales de libertad, igualdad y fraternidad eran poca cosa para garantizar la defensa enconada de sus intereses. Frente a la amenaza bolchevique, excitaron un repudio generalizado tal que los llevó a las calles a gritar la consigna “¡Creer! ¡Obedecer! ¡Combatir!”… Y ahí estaba el hombre que muy pronto iría a incubar todo ese sentimiento. Hoy y aquí, en esta modalidad que estamos inventando, esta consigna se esgrime contra la oleada de clamores que se consideran de suma peligrosidad: diálogo, concertación política, acuerdo humanitario.

 

Para eso sirvieron las pruebas de supervivencia y los mensajes de los secuestrados que recientemente se han divulgado. No para comprender la nefasta degradación de nuestro conflicto. No para plantear la necesidad de convocar a una reflexión profunda, convergente y pluralista, respecto a una salida negociada e inteligente de la crisis. Ni siquiera para dejarnos penetrar por el drama de las víctimas y sus familias. No. Todo lo contrario. Sirvió para permitir – y dejar que así se hiciera– que los canales privados de televisión, ligados de inmediato por las cadenas radiales y la prensa nacional y regional (¡a que no adivinamos en manos de qué grupos económicos se encuentran!) hicieran eco de mal disimuladas intenciones… Y para que todos a una se dieran el regusto de meternos ese embuchado de odio y resentimiento que tan buenos lucros les genera.

 

Toda vez que somos el país de América Latina donde menos se lee (en promedio, algo así como un libro por persona al año, sin importar el contenido), debemos conformarnos con definirnos como una sociedad desinformada. Somos adictos a la novelería; el producto cultural de consumo por excelencia son las telenovelas. ¡He ahí el asunto! Somos materia amorfa a la que cualquier pelele, con algo de astucia, se cree en condiciones de darle forma y contenido espiritual.

 

Un breve recorderis… Para aquella fe ilusoria

 

¿Dónde estaban antes esas falsas expresiones de solidaridad y compromiso que hoy se pretende esgrimir ante los secuestrados y sus familias? ¿En qué momento este gobierno tuvo el asunto dentro de las prioridades de su agenda? La respuesta es una sola: en ninguna parte, en ningún momento. Aquellos eran invisibles; pertenecían a una zona muerta de nuestra realidad, allí donde habitan los desplazados, los desaparecidos, las víctimas de las ejecuciones extrajudiciales: eran algo menos que fantasmas. Por años, sus familiares pidieron audiencia en el Palacio de Nariño. Nunca se les abrió un espacio para ser escuchados. El Señor del Palacio vino a conocer a las familias de los diputados del Valle del Cauca apenas en el momento de darles el pésame. Todos eran, antes, y siguen siendo ahora, un fastidio, un estorbo; el lunar que opaca la política de exterminio que es su santo y seña.

 

Tuvo que salir el profesor Moncayo, llevado por un arrebato de amor hacia su hijo, a recorrer el país y pregonar su propio drama: había visto un Presidente –el mismo que padece de éxtasis alucinatorios cada que se encuentra ante su tropa– que ordenaba bombardear día y noche, sin asueto, los campos y las selvas. Tal orden indicaba un resultado buscado y predecible: el profe vio prefigurada la muerte de su hijo. Entonces salió a la calle, fue a una iglesia cercana y allí se dejó penetrar por una visión casi espiritual. Se atravesó unas cadenas como símbolo de la política de guerra que había que romper. Por eso las bautizó con el nombre del mandatario: juró jamás desprenderse de ellas hasta tanto, por la vía del acuerdo humanitario, viera regresar a su hijo… ¡Vivo, no en un ataúd! Ese fue el momento clave. Sólo en ese instante la tragedia de los secuestrados adquirió un rostro y se adosó una insignia. Ya todos sabemos el impacto nacional e internacional que generó su actitud. Cuando su gesta franciscana arribó a Bogotá, todos esperábamos el anhelado encuentro: por fin, uno de los familiares iba a tener audiencia con el Mayoral del Palacio. Y, ¿qué hizo éste? Muy sencillo. Montó un aparato logístico pletórico de símbolos de su poder. Luego, con su palabra arrogante, lo apabulló, lo ultrajó, puso en entredicho la nobleza de sus intenciones; poco le bastó para considerarlo emisario del enemigo. Por último, en discurso populachero, a su mejor estilo, le demostró quién era el que imponía los valores en la conciencia de los ciudadanos.

 

Con todo y su golpe de poder, aquel suceso sacudió por primera vez la imagen inmaculada del mandatario. El tema removía la opinión, mojaba tinta hasta en los más incondicionales de sus falanges: por primera vez bajaban las encuestas de popularidad; que así lo dijeran quienes las dirigen y manosean era mucho decir. Entonces aquél inventó una salida a este escollo. Puso a Chávez y la negra Piedad a que lo desembarazaran del asunto. Convencido, eso sí, de que eso jamás tendría resultado. Y, ¡oh, sorpresa!... por esa vía empezaron a vislumbrarse metas insospechadas: habría pruebas de supervivencia, se prometía la liberación de un buen número de secuestrados. ¿Error de logística u oportunidad para avanzar en un plan todavía más elaborado?... El tiempo lo dirá. En todo caso, inventó la ocasión para frustrar la empresa de diálogo y provocar la ira del mandatario vecino, quien con su lengua desenfrenada no pierde ocasión de cobrarle el gesto maniqueo de que fue objeto. El juego se puso interesante: para desagraviarlo, las farc le entregan dos rehenes, intermediando, eso sí, el novelón sobre Emmanuel. La gente no vio, no quiso ver, en lo del niño, que Chávez ni siquiera accede a la confidencialidad de las farc; que él ni sospechaba la historia que estaba detrás del párvulo; el secreto lo tenía escondido la inteligencia del Gobierno. Pero la mesa estaba servida para realizar un nuevo amaño. Allí había un botín políticamente ventajoso. Se podía deducir una alianza secreta, dañina a los intereses del Estado. Ya no sólo se podía mostrar que el sistema tenía fieros enemigos internos. Se veía perfilar un adversario potencial: el vecino de desaforada lengua, ese bocón que parece tan fiel a su palabra de compromiso con las familias a las que todos acá seguimos dándoles la espalda. Surgen los ataques: ¡Vendepatrias, sinvergüenzas, empañando doblemente la dignidad nacional...!¡Debieran desalojar nuestro suelo! ¡Lo necesitamos limpio de gusanos!... Ahí vamos con esta historia…

 

Con todo, cada nuevo episodio hacía revivir el debate del acuerdo humanitario. Ya venían las secuestradas, envueltas de inmediato en una áurea suficientemente sospechosa: parecían llegar de una finca veraniega en Venezuela, casi rozagantes, y hasta se despidieron de beso de los facinerosos. Y una de ellas, Consuelo González de Perdomo, anunciaba el comienzo de una nueva campaña por la negociación política. Había que atajar eso. Un espontáneo de Medellín, dando la cara, dirección, teléfono y cédula de ciudadanía, comenzó a reunir firmas para convocar un referendo que obligara al Presidente a realizar un acuerdo. Iniciativa popular que se convirtiera en mandato… ¿Cómo así? ¡Esto puede resultar peligroso…! ¡Había que sepultar este asunto de una vez por todas! ¡Si las liberadas no nos sirven, si sus familias tampoco se prestan!… ¡Ah, ya! ¡cojamos las cartas de supervivencia!… Para qué está la internet… Digamos que los niños que van a MacDonald’s, los niños que hacen juernes en las zonas rosas de las ciudades capitales son hoy la muestra de la nueva sociedad civil; que ellos, los que chatean y bajan material pornográfico para intercambiar con sus amigos en sus eternas horas de ocio, amanecieron, justamente ahora, exudando Patria por todos los poros. Digamos que ellos dicen que nuestra dignidad ya no resiste más y es necesario convocar a una marcha contra el secuestro y contra las farc (por ahora). Que eso se lance. Que eso se esparza. Que aparezca en primer plano. Nosotros nos encargamos del resto…

 

Y aquí van. Aquí los veo desde esta ventana. Es una marcha majestuosa, extraordinaria, descomunal. El ideal de masa con la que sueña cualquier líder absolutista. Alcanzo a escuchar algunas consignas… Voy a la biblioteca. No se por qué, en vez de releer Masa y poder, de Elías Canetti, se me atraviesa el lomo amarilloso de la biografía del Führer; el libro que Jaime, mi amigo librero, me regaló porque nadie se lo compraba. Lo abro al azar y encuentro este discurso. …¡Oh, Dios!... No debería estremecerme… Ahora me quejo de que los años no sean suficientes para endurecer mi alma. Esta fragilidad me hace intentar un ocioso ejercicio: medir los sentimientos de las familias de los secuestrados… Pensar incluso en qué estarán sintiendo ellos mismos... ¿Qué dirá Íngrid Betancourt, ahora que sabe que nuestro gobierno considera a su madre como una enemiga pública? Que ha sido vilipendiada… que en torno a ella se cierne un círculo de hostilidad y repugnancia cada vez más hostigante y pendenciero… ¿Qué será de las otras madres, de las esposas, hijos y hermanos de esos seres que no tienen alcurnia, los dolientes de los soldados y los policías en cautiverio? Supuestamente, esta marcha es por ellos y “para” ellos. Pero no aparecen; no los veo. Nuevamente están siendo eclipsados. Otra vez están condenados a permanecer en la sombra. Se han convertido en un retorcido pretexto; son una quimera. ¡Con razón, han tenido que refugiarse en las iglesias! Allí, como siempre lo han hecho, oran en cadena; le preguntan al dios de los colombianos por qué no escucha sus plegarias.

 

Yo, desde aquí, y quizás a otro dios, oro con ellos. Ruego que esta nube densa se disipe y no se convierta en el obsceno presagio que veo ante mis ojos. Razón suficiente para objetar la marcha.

Publicado enEdición 131

Desde hace siglos los filósofos, han precisado que la objeción de conciencia es el señalamiento que la razón hace para indicar el desacuerdo de un acto humano con el conjunto de los juicios deónticos por los cuales se regula el comportamiento del ser humano. Así, la conciencia no sería algo distinto que una especie de voz interna que juzga cuál es la regla de actuar frente a situaciones concretas.

 

Esta voz interior, obedece a consideraciones, valores o principios intrínsecos de cada persona; los cuáles pueden oponerse a lo que manda la Ley que deba hacerse o no realizarse.

 

Ello no es otra cosa distinta que el reconocimiento expreso del Derecho Fundamental que las personas tienen en todo momento y circunstancia, de atender las voces de su conciencia sobre el juicio que haga acerca de lo correcto o incorrecto de una acción concreta.

 

Resulta importante, resaltar que la objeción de conciencia no es un pretexto para desatender deberes de alcance absoluto e incondicional1. No. El derecho a rechazar por motivos morales lo dispuesto en leyes y en órdenes, sólo es ejercitable con respecto de los llamados deberes relativos2.

 

La objeción de conciencia en Colombia

 

En nuestro país, la objeción de conciencia o desobediencia civil3 encuentra respaldo supralegal desde 1936. El artículo 18 de la Constitución Política4, a cuyo tenor: “Se garantiza la libertad de conciencia. Nadie será molestado por razón de sus convicciones o creencias ni compelido a revelarlas ni obligado a actuar contra su con ciencia”, incorpora dos derechos, a saber:

 

1) Derecho a seguir el veredicto de la voz de nuestra conciencia, sin que ello nos sea impedido; y,

 

2) Derecho a que no se nos constriña a actuar en contra de nuestra conciencia.

 

Lo dicho trae de contera, el Derecho a reprobar y, en consecuencia, no seguir lo dispuesto en deberes jurídicos, cuyo cumplimiento nos resulte repulsivo. Significa lo anterior, que a todos los colombianos nos asiste el Derecho a la desobediencia en razón de nuestros propios y fundamentales principios.

 

Formas de objeción de conciencia

 

La objeción de conciencia pasa por múltiples formas, a guisa de ejemplo:

 

1)         La objeción profesional: Es la de quien rehúsa tomar parte en la fabricación y el comercio de armas de guerra, o en cualquier investigación científica sobre instrumentos, máquinas o sustancias a los cuales pueda llegar a dársele un uso bélico.

2)         La objeción médica o sanitaria: Es la de quien rehúsa intervenir en operaciones relacionadas con la interrupción voluntaria del embarazo, o en actos dirigidos a suprimir deliberadamente la vida de un enfermo. Se trata de la objeción contra el aborto y la eutanasia, que puede manifestarse en los países donde tales prácticas no son penalmente reprimidas5.

3)         La objeción a donar sangre: Es la de quien rehúsa someterse a la extracción sanguínea forzosa que se ha decretado en una ley. No debe confundirse esta objeción con el rehusamiento de quienes rechazan para sí o para otros la transfusión de sangre, pues con tal conducta no se incumple un deber impuesto por el ordenamiento jurídico.

4)         La objeción fiscal: Es la de quien rehúsa el pago total o parcial de un impuesto, por considerar moralmente inaceptable su destinación. Hay lugar a esta objeción cuando los tributos son aplicados al financiamiento de gastos militares o de campañas abortistas.

5)         La objeción al juramento: Es la de quien rehúsa poner a Dios por testigo o por garante en el marco de actuaciones administrativas (v. gr. al posesionarse de un cargo público) o de procesos judiciales (v. gr. al presentar denuncia, rendir testimonio, etc.)6.

6)         La objeción al culto cívico: Es la de quien rehúsa participar en ceremonias públicas cuya finalidad sea honrar el Estado y rendir homenaje a sus emblemas.

7)         La objeción al sufragio: Es la de quien rehúsa emitir su voto en elecciones y en cualquier forma de consulta popular (referéndum, plebiscito, etc.). Sólo puede manifestarse en países donde las leyes impongan a los ciudadanos la obligación de sufragar.

8)         La objeción al mandato superior: Es la de quien rehúsa cumplir una orden impartida por el funcionario al cual está jerárquicamente subordinado.

9)         La objeción al servicio militar: Es la de quien rehúsa, según el caso: a) Cumplir la conscripción o servicio que se presta siendo soldado durante el término previsto en la Ley; b) Intervenir en cualquier guerra; c) Luchar en determinado conflicto bélico y d) Emplear ciertas armas.

 

1          Así parece que lo han entendido las clínicas que han adoptado la extrema postura de no asistir médicamente a las mujeres que por encontrarse en los eventos indicados en la Sentencia C-355 de 2006 de la Corte Constitucional, opten por practicarse abortos. Curiosa objeción de conciencia, pues esta per se, corresponde a personas naturales; y por cuanto tales escrúpulos no afloran en los hospitales cuando dejan morir pacientes en sus puertas, por no contar estos con recursos económicos para sufragar la atención médica que les urge ¿doble moral?

2          Aquellos que por no estar en correlación con los derechos inherentes a la persona humana pueden omitirse sin causar grave injuria a la Justicia. V.gr. Prestar el servicio militar en nuestro país.

3          Frase acuñada por H. D. Thoreau (1817-1862), quien es considerado uno de los más importantes objetores de conciencia; al haber dado muestras de insumisión como correctivo de la injusticia institucionalizada.

4          Este es un Derecho Fundamental, y por tanto susceptible de protegerse a través de acciones de tutela (Arts. 86 y 18 de la Normatividad Superior).

5          Es importante, precisar que es falso el argumento de los medios de comunicación y de algunos moralistas, acerca de que la Corte despenalizó el aborto. No. El efecto jurídico de la sentencia C-355 de 2006, es que no habrá lugar a pena (castigo) para la mujer que aborte en los casos en que el embarazo ponga en peligro su vida o salud; grave malformación del feto que haga inviable su vida; y cuando el embarazo sea resultado de un acceso carnal o acto sexual sin consentimiento o abusivo, inseminación artificial o transferencia de óvulo fecundado no consentidas o incesto.

6          Esta forma de objeción fue expresamente reconocida en Colombia, mediante la sentencia T-547 de 1993, Corte Constitucional: En resumen se trató del caso de un ciudadano a quien no se le recibió una denuncia penal por haberse negado a presentarla bajo juramento.

Publicado enEdición 117

El testimonio de Andrés Mejía, joven soldado obligado a prestar el servicio militar, lo dice todo. Es bejado, humillado, torturado, al igual que otros 20 de sus compañeros para «formar su carácter». El soldado, obligado por la necesidad, tiene que aguantar si quiere que se le entregue la `tarjeta` ese raro documento que le permitiría que lo contraten en algún empresa legalizada, o inscribirse en la educación superior si tiene el dinero con que pagar la matrícula.

 

La denuncia desprendida de las torturas en el Batallón Patriotas, se une a los más de 500 expedientes de maltrato de superiores que se tramitan actualmente ante la justicia penal militar2.

 

El testimonio de este joven soldado, no deja dudas: el ejército colombiano combina prácticas y estimula comportamientos que no se alejan de aquellos que comportan la mayoría de los ejércitos en el mundo: el valor, la fuerza, la obediencia, la disciplina y por sobre todas las cosas, la ausencia de escrúpulos, es decir, de esos impedimentos que genera la conciencia al verse sometida a una contradicción de carácter fundamental. Como se sabe, todo ejército necesita de un entrena miento para escindir del joven la capacidad para analizar o entender concientemente las implicaciones de sus actos: el asesinato, la humillación, el autoritarismo, la ofensa, todos ellos en contradicción con las enseñanzas del hogar y en general del conjunto social.

 

Pero esto sucede en toda estructura de poder como el ejército:  “Yo era la más asustada de todos, porque era la más nueva y la más joven. Los cuerpos estaban en el piso y ellos los cortaban en pedazos. El comandante me dio la sangre para que me la tomara”3.

 

“La organización tiene una disciplina muy bárbara. Hay comandantes madres, chéveres, pero hay otros que les gusta matar, que son unos asesinos. Si ese man le pasa centinela a uno y le encuentra dormido, coge unos cuchillos y le mocha, le deja en el sueño”4.

 

Se rompe el silencio

 

Lo único sorprendente de lo sucedido en el Batallón Patriotas, es que los 21 soldados, sometidos a las torturas, hayan decidido romper el tradicional silencio construido a partir de la lógica militar de no cuestionar las acciones del superior5.

 

La controversia generada por las denuncias de los soldados deja en el aire una profunda preocupación: ¿Quién de los que hemos prestado servicio militar obligatorio no tiene en sus recuerdos un abuso de autoridad, un golpe, una humillación? ¿Quién no recuerda con rabia el abuso de autoridad del `superior`, o el trato  desigual que reciben las personas de escasos recursos por parte de la institución?

 

De ahí que uno de los primeros principios que le eliminan a un soldado o militante dentro de las filas, es aquél que le permite hacer uso de su ya recortada autonomía. Friedrich Hayek hacia la pertinente pregunta, ¿qué sería de un ejército en donde cada uno de sus integrantes se cuestionara el porqué de su participación en el mismo?6 .

 

Vigencia de la objeción

 

Las prácticas dentro de los ejércitos evidencian que la participación en ellos debe quedar al libre arbitrio de los jóvenes. La objeción de conciencia debe ser un derecho. No puede ser de otra manera, de lo contrario se continuará violentando a quienes no deseen hacer parte de esa institución, violentando desde el mismo Estado la libertad de conciencia (Art.18 ) que instituye y legaliza la Constitución Nacional.

 

Debemos reforzar esta opción entre toda la juventud. Pero también implementar acciones que nos permitan resistir y denunciar la institución militar, levantando alternativas de vida entre quienes tienen que padecerla. Llegó la hora, en tanto el servicio militar nunca ha sido para los ricos, de impedir que lo continúen sufriendo los hijos de los pobres.

 

*          Acción Colectiva por la Objeción de Conciencia en Colombia

1          Testimonio del soldado Andrés Mejía, tomado del artículo “Torturas en el ejército” Revista Semana, No 1242, Febrero 20 a 27 de 2006.

2          El drama del servicio militar, MIRA, publicación 50, año 005, Btá Colombia, Marzo 1 al 31 del 2006.

3          Testimonio de “Xaviera” niña de 16 años que formaba parte de las Farc, tomado del libro: “Aprenderás a no llorar” Niños combatientes en Colombia, Human Rights Watch, Btá, Abril del 2004.

4          Testimonio de “Adolfo” niño de 17 años integrante de las Auc, Ibid, página 116.

5          Es importante aclarar que superior no es sólo el que por rango o jerarquía se reconoce como tal, sino también aquél que estando en el mismo rango, pero con un poco más de tiempo, se considera superior, imponiendo en últimas la permanente lucha por la subordinación dentro de las filas.

5          Testimonio de “Adolfo” niño de 17 años integrante de las Auc, Ibid, página 116.

6          Hayek Friedridch A, Caminos de servidumbre, Los fundamentos de la libertad, 1975.

Publicado enEdición 110