Jeanine Áñez sujeta los Evangelios tras proclamarse presidenta interina, el pasado noviembre

Las fuerzas de seguridad arrestan a la alcaldesa vejada por una turba de violentos en noviembre y otros ediles del MAS

Mientras se cumple la cuarentena por el coronavirus en Bolivia, se han producido varios incidentes en los que han estado involucrados la Policía y el principal partido de oposición, el Movimiento al Socialismo (MAS), del expresidente Evo Morales. El último de ellos fue la detención de Patricia Arce, alcaldesa de la pequeña ciudad de Vinto, candidata a senadora y una de las figuras más simbólica de este partido izquierdista. Arce se volvió conocida en noviembre del año pasado, cuando fue golpeada y humillada por un grupo de manifestantes violentos opositores a Morales. Su caso constituye una pieza importante en la investigación internacional sobre las violaciones de los derechos humanos que ocurrieron antes, durante y después de la caída del poder del exmandatario boliviano.

Ahora Arce ha sido acusada por la Policía de reunir a un grupo de personas en su casa y de beber alcohol en ella, lo que rompe las reglas de la cuarentena. Según la alcaldesa, los agentes allanaron sin orden judicial ni medidas de bioseguridad su domicilio, en el que solo estaban ella, sus hijos y su chófer celebrando el cumpleaños de uno de los miembros de la familia, sin romper el aislamiento que impone la cuarentena. Arce también aseguró que el control de alcoholemia que le hicieron arrojó un resultado normal, aunque esto último no ha sido confirmado oficialmente. “Es el peor abuso que he sufrido en mi vida; mi hijo menor ha sido llevado a un reformatorio y mis otros hijos están presos conmigo como delincuentes, cuando ellos no son responsables de nada”, declaró en un vídeo. La Policía comunicó que la alcaldesa será procesada por “daños a la salud”, delito sancionado con entre tres y diez años de prisión. Esta grave acusación ya se ha realizado y probado en otros casos, durante el mes de cuarentena. Si Arce fuera declarada culpable, quedaría inhabilitada como candidata al Senado en las próximas elecciones.

Evo Morales publicó en un tuit que el delito de su compañera de partido fue “ser solidaria con familias pobres” y afirmó que denunciaría lo sucedido a los organismos internacionales de derechos humanos. Relacionó así la detención de la alcaldesa, que en las últimas semanas se había dedicado a repartir comida a los hogares pobres de su municipio, con otro apresamiento, realizado cuatro días antes, de funcionarios de la alcaldía de Villa Tunari, también dirigida por el MAS, que habían viajado por carretera en un camión, según dijeron, a llevar alimentos a otros municipios.

Villa Tunari se encuentra en el Chapare, una zona controlada por los sindicatos de campesinos cocaleros que constituyeron el núcleo fundador del MAS. Según el dirigente de estos sindicatos e importante líder del partido, Andrónico Rodríguez, su propósito de trasladar productos agropecuarios del Chapare a la ciudad de Cochabamba y otros sitios ha sido obstaculizado por el Gobierno por razones políticas. “La solidaridad se criminalizó, llegamos al extremo de que la cuarentena se judicializó, tal parece que la justicia tiene un fin político", declaró Rodríguez a la prensa.

En el Chapare no se habían estado repartiendo las ayudas en efectivo que aprobó el Gobierno interino de Jeanine Áñez para posibilitar que las familias más vulnerables sigan en cuarentena. Esto se debía a que los bancos no funcionaban en esta región. Así lo había decidido el gabinete después de que los policías asignados a proteger uno de estos centros financieros en el pueblo de Shinaota fueran expulsados por un grupo de ciudadanos. Aunque finalmente se llegó a un acuerdo y la Policía volverá a Shinahota, esta institución no puede operar con tranquilidad en el Chapare desde el derrocamiento de Morales, en el que participó activamente. Esto provocó la animadversión contra ella de una importante parte de la población de esta zona del país. El MAS ha negado haber organizado la protesta y Morales ha denunciado que la suspensión de la ayuda financiera a los habitantes del Chapare fueron una sanción política contra sus adherentes.

En las últimas horas fue detenido, además, un activista digital del MAS, acusado de sedición por llamar, en las redes, al “levantamiento popular“ contra la “dictadura de Áñez”. Para este partido, se trata de una acción directamente orientada contra la libertad de expresión.

La Paz - 23 abr 2020 - 20:26 COT

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Elecciones en Venezuela: legislativas vs. presidenciales

El gobierno y sectores de la oposición llaman a legislativas, mientras Guaidó asegura que sólo participará de presidenciales. 

Nicolás Maduro ha mantenido una constante desde el año pasado: afirmar que habrá elecciones legislativas en el 2020, como indica el calendario electoral. Si entonces se trataba de una fecha lejana tomando en cuenta la dinámica vertiginosa de la política venezolana, ya es un escenario cercano alrededor del cual se centran los debates.

Se trata de una cuestión compleja por tres razones centrales. En primer lugar, es una elección a la Asamblea Nacional (AN), espacio sobre el cual la oposición construyó su trinchera institucional desde el 2016 y que, desde el año pasado, fue nombrado por Estados Unidos como única institución legítima, ardid a partir del cual designaron a Juan Guaidó como presidente encargado.

En segundo lugar, porque desde el mes de enero existe un nuevo presidente de la AN, Luis Parra, miembro del partido opositor Primero Justicia, que sesiona en las instalaciones del poder legislativo. Pero Guaidó y los diputados articulados alrededor de su bloque no han reconocido esa victoria y realizan sesiones en plazas públicas atribuyéndose la verdadera presidencia legislativa.

En tercer lugar, esa misma división en filas opositoras responde no solamente a disputas por negocios y corrupción como se han acusado mutuamente, sino justamente a la estrategia ante las próximas elecciones. La AN presidida por Parra, así como la oposición nucleada en la denominada Mesa Nacional de Diálogo, trabaja hacia el escenario de las legislativas, mientras que el sector de Guaidó sostiene que las próximas elecciones deben ser las presidenciales.

La oposición que participará de las legislativas era minoritaria hasta el año pasado. Pero, desde septiembre hasta la fecha ha tomado fuerza, sumado dirigentes, partidos, y el efecto se ha invertido: Guaidó, que responde al plan trazado desde Washington, luce ahora en minoría.

Existe un punto central transversal a este debate: la renovación del Consejo Nacional Electoral (CNE). Esta semana fue reactivada una comisión integrada por diputados del chavismo, de la AN presidida por Parra y diputados nucleados alrededor de Guaidó, para trabajar sobre la conformación del nuevo poder electoral.

Pero, mientras los diputados del chavismo y de la oposición alejada de Guaidó afirman que el nuevo CNE será para elecciones legislativas, Guaidó mantiene que, aunque sea parte de la comisión para el nuevo poder electoral, sólo participará de presidenciales.

Esa misma posición tiene su correlato internacional. El Grupo de Lima, por ejemplo, se reunió el día jueves en Canadá y expuso en la declaración final que “las parlamentarias solas son un problema y que lo necesario en este momento son unas elecciones presidenciales libres”.

Esa posición sigue la política norteamericana que sostiene que además de una elección presidencial, es necesario que sea sin Maduro en la presidencia. Es lo que, traducido en Venezuela, Guaidó afirma semanalmente desde hace más de un año: el cese de la usurpación, seguido de un gobierno de transición y elecciones libres, es decir la fórmula que sí resultó en Bolivia con el golpe de Estado.

Mientras el debate electoral avanza hacia un posible CNE y fecha de contienda, la estrategia norteamericana es agudizar el bloqueo contra la economía venezolana. El Departamento del Tesoro sancionó esta semana a la empresa petrolera rusa Rosneft Trading S.A, filial de Rosneft Oil, una acción que se suma al ataque a la empresa estatal de aviación Conviasa, anunciada pocas semanas atrás.

El objetivo de Estados Unidos es cercar la economía, impedir el funcionamiento de sus áreas vitales como la industria petrolera, la venta de oro, o el acceso a los sistemas financieros. Esa presión, junto con operaciones encubiertas y promesas de salvación a quienes traicionen, busca forzar al gobierno a ceder o lograr un quiebre interno.

El plan norteamericano no ha dado ese resultado y, en vez de contar con un respaldo mayoritario en Venezuela, ha ampliado rechazos tanto en la sociedad como en sectores de la dirigencia opositora política y económica. Quienes se oponen la política de asfixia son quienes a su vez se presentarán a las elecciones legislativas.

Quedan días, semanas y meses de negociación. El plan del chavismo y del sector con quien se dialoga es lograr traccionar a la mayor cantidad de fuerzas opositoras para darle mayor legitimidad a la contienda.

El desafío de Guaidó es el de frenar esa emigración política, para lo cual necesita poder ofrecer un plan que no sea únicamente asfixiar la economía, que brinde resultados concretos. Una vez más, quien podría tener la capacidad para hacerlo, no será él, sino el poder norteamericano, lo que dependerá de una superposición de cálculos electorales y geopolíticos. 

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Domingo, 08 Diciembre 2019 05:51

La resaca de Guaidó

La resaca de Guaidó

Ya nadie parece acordarse de la crisis humanitaria en Venezuela. En nombre de ella, a comienzos de 2019, el “mundo democrático”, encabezado por los halcones de Estados Unidos y apoyado por Trump, puso “todas las cartas sobre la mesa”, incluida una que vendían como muy probable: la invasión militar y multinacional al país caribeño.

Pero también hay policías buenos. Una de esas cartas tenía una imagen humanitaria y salvadora que llevó al productor inglés Richard Branson a organizar el Venezuela Aid Live, un concierto multitudinario en la frontera colombiana con Venezuela y que convocó al mainstream musical mundial, el 23 de febrero de este año. Entre los presentes también estuvieron un Sebastián Piñera que aún lucía joven y dinámico, el colombiano Iván Duque, recién electo, y el autojuramentado Juan Guaidó, quien salió de manera “heroica” de Venezuela, burlando a las fuerzas represivas “de la dictadura”. No podía faltar tampoco Luis Almagro, secretario general de la Organización de los Estados Americanos.

Lo que nadie había imaginado es que ese acto –transmitido en vivo y directo por varias televisoras del mundo y en el que diversas personalidades aportarían ingentes cantidades de dinero para apoyar “la lucha contra el tirano”– terminaría siendo la principal causa del deslave de las fuerzas de Guaidó y de la oposición en general, quienes ahora se ven involucradas en varias denuncias por el manejo de esa ayuda humanitaria.

¿QUÉ PASÓ AYER?

Como se recordará, durante el evento musical se pretendió generar un conflicto fronterizo que subiera la escalada de la crisis venezolana. La ayuda humanitaria recibida, transportada en tres camiones, debía ser ingresada por la fuerza, debido a que el gobierno de Nicolás Maduro no la quería dejar pasar. Pero, en palabras de Guaidó, la comida y enseres donados por la agencia estadounidense Usaid entrarían “sí o sí” a Venezuela.

Finalmente, en la subsecuente refriega entre opositores y tropas venezolanas en el puente fronterizo, los camiones con la ayuda fueron incendiados antes de llegar a Venezuela, lo que para la oposición era una prueba irrefutable del “talante genocida” de Maduro. Al mes, sin embargo, el New York Times publicó una investigación minuciosa en la que demostraba que habían sido quemados con bombas molotov por los propios seguidores de Guaidó (10-III-19). Y a los seis meses, salieron a la luz fotografías de Guaidó junto a famosos paramilitares y narcotraficantes colombianos, algunos armados, quienes le habrían ayudado a cruzar la frontera para asistir al Venezuela Aid Live (véase Brecha, 20-IX-19).

Hasta allí un verdadero desastre. Pero lo peor llegaría a comienzos de este mes, cuando Humberto Calderón Berti, excelso opositor de vieja data nombrado por Guaidó como embajador en Colombia, prendió un poderoso ventilador de denuncias de corrupción. Cesado de sus funciones por Guaidó el 26 de noviembre, debido, según el autoproclamado, a “modificaciones con relación a nuestra política exterior”, Calderón se despachó en una rueda de prensa en Bogotá acusándolo de haber engavetado las pruebas que él le envió durante los últimos meses sobre mal uso y robo de la ayuda humanitaria. El diplomático dijo a los periodistas que nunca supo qué se hizo con la totalidad de lo donado durante el concierto de febrero, pero presentó ante la fiscalía colombiana pruebas del uso indebido de una parte de ese dinero: en prostitución, licores y fiestas, pagadas por un grupo de enviados de Guaidó en Colombia, entre los que figuran su prima Rossana Barrera y otras figuras de su entorno. Otra arista de las denuncias del ahora “ex embajador” es su acusación contra Leopoldo López, el jefe de Voluntad Popular, quien según Calderón no habría actuado en contra de las personas involucradas en los hechos de corrupción, a pesar de que también tenía en sus manos las pruebas que él le había enviado.

Esta cadena de acontecimientos infaustos ha dividido a la oposición en varios toletes. Este lunes 9, unos 70 diputados opositores presentaron una querella para investigar a Guaidó. Algunos legisladores de Voluntad Popular han salido del partido y otros han sido expulsados. López, líder apadrinado por Estados Unidos, ha caído en una espiral de descrédito, especialmente en las filas de la oposición radical, su nicho principal, donde ahora se lo considera “cohabitando” con Maduro a raíz de las negociaciones entre el gobierno y la oposición que coordinara Noruega en meses pasados. Además, la generación de dirigentes opositores a la que pertenece Guaidó, que se había mantenido fuera de cargos importantes en los últimos años y, por lo tanto, era vista como un bastión de reserva moral, hoy es señalada y acusada como corrupta en un caso especialmente sensible: el saqueo de donaciones humanitarias hechas por varios artistas y empresarios.

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Domingo, 10 Noviembre 2019 06:13

Un golpe de estado en marcha en Bolivia

Un golpe de estado en marcha en Bolivia

Evo Morales llamó a resistir la intentona y convocó a un diálogo con la oposición

Con la policía amotinada, las Fuerzas Armadas comunicaron que no intervendrán en las calles y llamaron a una "solución política". La oposición pide la renuncia de Evo Morales y rechaza cualquier salida electoral. Los sindicatos agrarios salieron a las calles del Alto a apoyar al presidente.

 

.La situación en Bolivia evolucionó rápidamente de un acuartelamiento policial en Cochabamba, el viernes, a una suerte de marcha sobre la capital el sábado, con la oposición llamando a la renuncia del presidente Evo Morales. El ejército se pronunció prescindente y pidió una solución política, mientras que finalmente los pobladores del Alto, en La Paz, tomaron las calles, se pronunciaron por Evo y avisaron que van a bloquear la llegada de policías rebeldes y de opositores. 

La mecha se encendió en Cochabamba, donde a las 18 del viernes se amotinó un cuartel de la Unidad Táctica de Operaciones Policiales (UTOP) y en las horas sucesivas se levantaron delegaciones policiales de los departamentos de Chuquisaca, Beni, Tarija, Santa Cruz, Potosí y Oruro. En la tarde del sábado, se sumó la conmoción que causaron los policías encargados de la custodia del Palacio gubernamental, que por un rato abandonaron sus lugares para hacer una asamblea, aunque después volvieron a sus puestos.

El ministro de Defensa Javier Zavaleta aseveró que el levantamiento en Cochabamba era en realidad un acuartelamiento y que estaba prevista la remoción del jefe policial. Los amotinados plantearon motivos sectoriales como la nivelación de sus salarios y jubilaciones a las de las Fuerzas Armadas. También pidieron que se garantice su independencia política y confesaron la insidia generada por el cívico Luis Fernando Camacho respecto a la promesa de “una nivelación al cien por ciento del salario”. En este contexto, en Cochabamba, fueron incendiadas las sedes de las Seis Federaciones Cocaleras del Trópico y del MAS.

Las imágenes de sublevaciones en distintas partes del país, donde se ve claramente cómo los policías agitan consignas respecto al fraude y la renuncia de Morales, entremezclándose y siendo vivados por civiles que incluso van hasta los cuarteles militares a exigirles su “apoyo al pueblo”, dan cuenta del grado político del acuartelamiento policial. Uno de los ejemplos más notorios fue en Tarija, donde el jefe policial vivó ante las cámaras el cántico hit de las protestas: “¡Nadie se rinde!”.

Respecto a las Fuerzas Armadas, Zavaleta aseguró que “el presidente Evo Morales y nuestro Gobierno han dado una orden estricta a que bajo ninguna circunstancia va haber un acuartelamiento, ni ninguna operación en calles de ninguna ciudad. Por tanto, la situación de las Fuerzas Armadas en los nueve departamentos y todo el país es de normalidad”. Y sobre los policías amotinados apuntó a que confía que el comandante nacional, Yuri Calderón, haga “reflexionar a los policías que por alguna razón se han amotinado y estamos seguros que la Policía va a continuar cumpliendo su labor constitucional que es dar resguardo a la ciudadanía”.

Este sábado por la tarde, las Fuerzas Armadas se pronunciaron por primera vez desde que hace 20 días estalló el conflicto, después de las cuestionadas elecciones de septiembre. Lo hicieron para anunciar que "nunca se enfrentarán al pueblo boliviano" y pedir que en el ámbito político se encuentre una solución velando los intereses del país.

“Las Fuerzas Armadas, enmarcadas en la democracia y las leyes, garantizaremos la unión entre compatriotas, por lo que ratificamos que nunca nos enfrentaremos con el pueblo, a quien nos debemos y siempre velaremos por la paz, convivencia entre hermanos y el desarrollo de nuestra patria”, anunció el comandante de esa institución, Willams Kaliman. El anuncio se hizo en conferencia de prensa junto todo el Alto Mando, compuesto por el jefe de Estado Mayor del Comando en Jefe, el Inspector de las FFAA y los comandantes de las tres fuerzas.

El gobierno denuncia, los cívicos avanzan

El viernes por la noche la Cancillería boliviana hizo público un comunicado a la comunidad internacional dando cuenta del golpe de Estado. Este sábado, el presidente Morales, volvió a ser enfático al denunciar el golpe en marcha contra su gobierno, “contra los movimientos sociales y contra los más humildes”. Por eso llamó a una gran movilización pacífica en pos de la democracia y del voto popular y convocó a una mesa de diálogo con las cuatro fuerzas políticas que obtuvieron asambleístas en las elecciones.

En cuanto a la oposición, quienes concentran por estas horas la atención mediática son los dirigentes de los comités cívicos encabezados por Camacho --de Santa Cruz-- y Marco Pumari --de Potosí--, que continúan incentivando al cerco de La Paz a través de la llegada de grupos de choque desde distintos puntos del país para presionar aún más sobre plaza Murillo y la Casa Grande del Pueblo. Camacho volvió a acercar las posiciones con Carlos Mesa y pronunció el mensaje más explícito de golpismo al celebrar los amotinamientos y felicitar a los policías “por estar con su pueblo, ¡Dios los bendiga!” y pedir a los militares que se unan “para cumplir el compromiso con el pueblo”.

La crisis se prolonga y se profundiza, la fecha máxima --entre el martes y miércoles próximo-- para que la OEA dé las conclusiones de la auditoría de las elecciones parece una eternidad. El propio lunes se avizora como otro atolladero institucional y una vuelta de tuerca sobre la convulsión ante la decisión tomada por opositores al mando de Camacho de entregar formalmente y en conjunto la carta de renuncia a Morales, lo cual elevará aún más las tensiones. La ofensiva de Camacho parece destinada a lograr la salida de Morales antes de que se conozca el resultado de la auditoría de la OEA. Camacho ya rechazó cualquier salida electoral y ni siquiera reconocería el llamado a una segunda vuelta, como propuso la OEA al comienzo de la crisis.

Apenas tres semanas han transcurrido desde la victoria electoral del MAS, pero el gobierno tambalea, la democracia cruje y sólo sobra la incertidumbre. Pero algo está claro respecto a los motines policiales: otro eslabón se ha roto en el camino del golpe de Estado.

Producto de los acuartelamientos, el sábado hubo actos vandálicos y agresiones a funcionarios, periodistas y militantes del MAS en distintos puntos del país. Entre varios hechos, el gobernador de Oruro sufrió el incendio de su vivienda, trabajadores estatales del canal Bolivia TV y de Radio Patria Nueva denunciaron que fueron secuestrados y privados de su derecho al trabajo por grupos de choque de la oposición que cercaron el edificio, y la sede paceña de la Confederación Campesina (CSUTCB) fue invadida y atacada, delito que fue repudiado por el propio presidente Morales antes de reunirse con los dirigentes de las seis Federaciones del Trópico de Cochabamba.

Justamente la CSUTCB convocó a cercar La Paz para que el cívico Camacho abandone en 48 horas la ciudad, medida a la que se plegaron las federaciones vecinales y diversas organizaciones de El Alto. Con el respaldo de los alteños se plantea un escenario de mayor conflictividad, pero que puede ser un factor de alivio para el gobierno boliviano.

 


Informe preliminar de la OEA insta a repetir las elecciones en Bolivia

 

Rusia today

 

 

La Organización de los Estados Americanos (OEA) a través de un comunicado, publicado este 10 de noviembre en su sitio web, ha instado a anular los resultados de las elecciones presidenciales del pasado 20 de octubre en Bolivia y convocar nuevos comicios ante la tensa situación que se vive en este país latinoamericano, después de la victoria del actual jefe del estado, Evo Morales, entre denuncias de fraude por parte de la oposición.

"Desde la Secretaría General de la OEA reiteramos la disposición para cooperar en la búsqueda de las soluciones democráticas para el país, es por ello, que en virtud de la gravedad de las denuncias y análisis respecto al proceso electoral, que me ha trasladado el equipo de auditores, nos cabe manifestar que la primera ronda de las elecciones celebrada el 20 de octubre pasado debe ser anulada y el proceso electoral debe comenzar nuevamente, efectuándose la primera ronda tan pronto existan nuevas condiciones que den nuevas garantías para su celebración, entre ellas una nueva composición del órgano electoral", reza el comunicado del secretario general de la Organización de los Estados Americanos, Luis Almagro.

 

Publicado: 10 nov 2019 10:01 GMT

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Notas (sueltas) sobre la crisis post-electoral boliviana

Todo parece desmadrarse en Bolivia después del 20 de octubre. Las acusaciones cruzadas entre oficialistas y opositores son las mismas: golpe /golpe, racismo/racismo, dictadura/dictadura y ya hay enfrentamientos violentos entre grupos de bolivianos en las calles. Claramente, el gobierno no midió los efectos de haber forzado la postulación contra el resultado de un referéndum y haberse obsesionado durante cuatro años solo con la re-reelección. Y no mide el descontento más allá de las (aún) buenas cifras macroeconómicas. En este tiempo, la potencia social fue reemplazada por la “potencia estatal”, lo que fue implicando una burocratización del apoyo al gobierno, un fuerte debilitamiento de la capacidad de irradiación hacia fuera de los núcleos duros y los "creyentes" y un empobrecimiento del discurso oficial (se ve en las redes, en los post de quienes aún tratan de defender al gobierno y en el propio discurso en la cúpula oficialista) y de su capacidad de movilización (la energía se desplazó al bloque opositor). Las nuevas figuras del gobierno, como Canelas, que lo rejuvenecieron, fueron absorbidas por esta dinámica regresiva. Y así el MAS se desconectó también de las nuevas generaciones que vivieron toda su vida consciente bajo Evo escuchando los mismos discursos.

Frente a los resultados del 20-O, de la desconfianza en el conteo emergió lo que parecía ser un movimiento democrático con epicentro en sectores medios urbanos. Básicamente los que representó Carlos Mesa, aunque muchos de sus votos fueron “votos útiles” contra el MAS más que apoyo explícito al ex presidente. Pero la decisión del gobierno de ir a una auditoría de la OEA –sin acuerdo previo con Mesa– dejó al espacio moderado sin nada que mostrar y, en un contexto de protestas callejeras, sin estrategia frente a un nuevo polo opositor. Este se articula en torno al Comité Cívico cruceño – “renovado” y recuperado luego de la derrota de 2008– que ha logrado una irradiación, a diferencia de 2008, fuera de la Media Luna, e incluso en La Paz. Camacho parece tener una doble fuente de legitimidad –religiosa: dijo que Dios debía entrar nuevamente al Palacio, de donde Morales lo habría expulsado, y “viril”: el “macho Camacho” parece tener “las pelotas” para plantearse frente a la “dictadura de Morales”, "anotar a los traidores en una libretita como la de Pablo Escobar", etc. Veremos si este empresario cruceño pasa a integrar la lista mundial de “subestimados” (incluso por mí mismo) que luego sorprendieron a todos o es solo un instrumento pasajero e histriónico de una creciente y radicalizada oposición al MAS.

La retención del líder cívico –que convoca cabildos masivos en Santa Cruz– en el aeropuerto de El Alto por militantes del MAS, en medio de insultos y amenazas, para que no llegara al Palacio Quemado a llevarle la “carta de renuncia” que “debía firmar” Evo lo victimizó como “secuestrado por hordas de masistas” alentadas supuestamente por el propio Estado; y eso en Bolivia siempre es un buen capital político (Evo también lo usó en su momento e incluso ahora sigue apelando a la victimización). Lo cierto es que en otras partes de Bolivia parece haber crecido la popularidad de Camacho -que dice que llevará la renuncia para que firme Evo en una mano y una biblia en la otra.

Pero al mismo tiempo, este giro –y la desaparición de Mesa, segundo en las elecciones, como actor principal– llevó también a una mutación en las protestas: el movimiento democrático incipiente, que reclamaba por el “fraude electoral” mutó a un movimiento lisa y llanamente opositor. La idea ahora es que Evo se vaya como sea. De esta forma, estas protestas se conectan con varias en la historia boliviana, y con una dinámica insurreccional donde cada sector corporativo inscribe sus indignaciones en una economía moral explosiva (ahora está Potosí que quiere más beneficios del litio, cocaleros enfrentados a Morales, estudiantes, médicos que vienen protestando desde hace meses… y muchos bolivianos a quienes no les alcanzan las buenas cifras macro); se dibujan además complejas fronteras de clase, ofensas a las identidades regionalistas y/o gremiales, alianzas que pueden parecer sorprendentes y una escasez de vías institucionales para moderar los enfrentamientos. Los propios medios de comunicación, en líneas generales, están contribuyendo bastante a la polarización política y social.

Por estas horas, más que fuerzas de seguridad vs opositores, lo que se ven son enfrentamientos entre los dos bandos a menudo con pasividad o intervenciones modestas de la policía. Pero es difícil ver cómo el discurso radicalizado del liderazgo por Santa Cruz puede vehiculizar una mejor cultura democrática en el país. Fernando Molina mostró bien en su breve artículos “¡Crisis de octubre’: analogías históricas” como funcionaron históricamente las dinámicas de enfrentamiento clasistas/territoriales/ étnicas post-Revolución del 52 y los imaginarios que las acompañaron. Mujeres creando lo resumió bien en un grafiti: “Indignación y racismo no son lo mismo”. Y no es difícil ver la analogía entre la expresión “hordas de de masistas” –que pueblan las redes- y hordas de indios/campesinos; lo mismo que en las denuncias de que “trajeron gente” de otros sitios…Este tipo de racismo no puede justificarse por el uso de estereotipos sobre los "cambas racistas" o los qharas al que apela el gobierno. Es claro que en este contexto se debilitan las palomas de ambos lados y gana espacio los halcones: quienes creen estar haciendo “la revolución” (Quintana habló de un nuevo Vietnam) y los que se entusiasman con líderes con “pelotas”, como Jair Messias al otro lado de la frontera (aunque este esté sorprendentemente calmo sobre el tema Bolivia).

Quizás Evo gane y siga un tiempo más; quizás sean los opositores quienes ganen la pulseada y se abra algún tipo de transición más o menos inmediata; hoy es difícil saberlo y aún pueden pasar demasiadas cosas. Por ahora, el gobierno se muestra aún con poder pero a la defensiva, y la oposición más activa juega a la insurreción (alguno hasta parece fantasear con algún farol), y en el medio hay también algunos demócratas ahora muy entusiastas con que Evo caiga como si eso per se mejorara en algo la calidad democrática en ausencia de algún acuerdo político y horizonte democrático compartido. Hay un bloque “nacional-popular” hegemonizado por el MAS que ha perdido legitimidad e iniciativa y otro bloque multiforme pero hegemonizado por un núcleo conservador. Entremedio las voces son inaudibles y Mesa es presionado para alinearse, por motivos de supervivencia, con este último.

Rafo Puente lo sintetizó bien: “Hemos vuelto a los peores tiempos y está quedando claro que en nuestro país sólo se puede respirar un ambiente de paz y tranquilidad cuando los desacuerdos ideológicos y políticos son entre bandos desigualmente fuertes (de modo que el más débil no puede hacer otra cosa que someterse; sin pensar en diálogo ni en acuerdos socio-políticos)”.

 

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Jueves, 31 Octubre 2019 06:02

La OEA auditará las elecciones sin Mesa

Trabajadores mineros marcharon en apoyo al gobierno de Evo Morales.   ________________________________________ Imagen: AFP

El canciller Diego Pary anunció que la Organización de Estados Americanos comenzará desde mañana la auditoría vinculante de los comicios del 20 de octubre. Hay movilizaciones a favor y en contra del gobierno.

El convenio para la realización de la auditoría será firmado en las próximas horas con el titular del organismo regional, Luis Almagro, y contempla la participación de observadores de México, Paraguay y España, según detalló a la prensa el canciller Pary, quien puntualizó que 30 expertos auditores de la OEA dilucidarán si hubo irregularidades en el proceso electoral ante las denuncias de fraude de la oposición.

Pary había celebrado que "Comunidad Ciudadana y el señor Carlos Mesa hayan aceptado que se realice esta auditoría, y también los resultados que se vayan a obtener". Sin embargo, el expresidente y quien quedó en segundo lugar en las elecciones, a décimas de obtener la posibilidad del ballottage, volvió a retroceder sobre sus zigzagueantes pasos y en un comunicado partidario descartó al mediodía el aval a la auditoría por considerar que fue "acordada unilateralmente entre el MAS y la OEA"

Los vaivenes de Mesa dilataron varios días las negociaciones en torno a la auditoría, a la que expresamente el vicepresidente Álvaro García Linera y el ministro de Comunicación Manuel Canelas le habían pedido que accediera. Las sugerencias de su entorno fueron ganando terreno ayer y en horas de la noche adelantó: "Creemos que la auditoría de la OEA demostrará de manera inequívoca el fraude en las elecciones". Sin embargo, Mesa hoy se manifestó en sentido contrario y reiteró que "exigimos respeto a la voluntad expresada en las urnas, que fue vulnerada en un cómputo fraudulento".

En este contexto se prevén choques en las ciudades más convulsionadas, como La Paz, Santa Cruz y Cochabamba, entre trabajadores convocados por sindicatos y organizaciones sociales, y los cabildantes convocados por los comités cívicos -opositores más radicalizados- a rechazar la auditoría y pedir la anulación de los comicios y la destitución del presidente Morales.

En tanto, Bolivia sigue semiparalizada, sacudida por protestas, bloqueos e incidentes desde hace diez días, cuando se proyectó la reelección de Evo Morales en primera vuelta. Con menor ímpetu se cumple la tercera jornada del paro cívico convocado por la CONADE -Coordinadora Nacional de la Democracia-, medida de fuerza que se ha reducido a ciudades neurálgicas pero que se agrava por piquetes en rutas interdepartamentales.

Los avances para concretar la auditoría a partir de mañana, han abierto en parte este compás de espera para el gobierno en medio de un constante clima de sabotaje. La momentánea desmovilización de los bloqueadores también se explica por el desgaste propio de los sectores de clase media y media alta, no acostumbrados a este tipo de estrategias sostenidas en el tiempo. También influye la constatación de que hay más actores no tan deseables detrás de las acciones de desestabilización -como el titular del Comité Cívico Pro Santa Cruz, Fernando Camacho, quien no pudo bajar del avión en El Alto porque lo esperaba una concentración de mineros-, que han incitado a enfrentamientos violentos y acciones directas contra militantes, gremialistas y campesinos.

Los cortes de calles comienzan más tarde, terminan más temprano y se concentran en accesos y puentes que, en algunos casos, son desbloqueados por vecinos perjudicados o por los transportistas de minibuses que se las ingenian para asegurar la circulación. También van relajándose otras formas de reclamo como los cacerolazos nocturnos. La población comienza a hartarse de una situación que la tiene de rehén. El comercio informal y los mercados, que son un motor económico fundamental, ya sufren las consecuencias y el gobierno habla de pérdidas varias veces millonarios.

La mentada pacificación es paulatina y puede resultar engañosa, pero se evidencia una normalización incluso en zonas residenciales como el sur de La Paz, donde se concentran una incipiente burguesía y hasta nuevos ricos, donde el odio hacia Evo Morales es recalcitrante y donde surgieron estos días cientos de barricadas, ahora bajo la consigna de "anulación por fraude". En esos barrios puede verse que, entre bloqueadores y bajo el tendido del teleférico, han vuelto los jardineros que emprolijan los ligustros de negocios, edificios y casonas.

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Miércoles, 30 Octubre 2019 06:17

¿Qué pasa en Bolivia?

¿Qué pasa en Bolivia?

Bolivia vive una crisis política en la que el Gobierno denuncia golpe y la oposición fraude. El triunfo de Evo Morales en primera vuelta por un escaso margen dio lugar a masivas protestas opositoras y contramarchas del oficialismo, con enfrentamientos en las calles de distintas ciudades del país

 

Las elecciones presidenciales del 20 de octubre sumieron a Bolivia en una crisis política. Ese día, el presidente Evo Morales buscó un cuarto mandato en la contienda más abierta desde su llegada al Palacio Quemado en enero de 2006, con 54% de los votos. Desde entonces, el «primer presidente indígena» triunfó, elección tras elección, con más de 60% de los votos y enormes distancias respecto de sus contrincantes, y conectó como ninguno de sus antecesores con la Bolivia indígena y popular. Pero en esta ocasión la coyuntura era diferente: por primera vez, existía la posibilidad cierta de una segunda vuelta. Para evitarla, Morales debía obtener más de 50% de los votos o 40% con diez puntos de diferencia sobre el segundo.

La noche del 20 de octubre concluyó con el balotaje como un resultado probable: la Transmisión de Resultados Electorales Preliminares (TREP) fue cortada cuando el conteo alcanzaba el 83% de las actas y la diferencia era de siete puntos. La encuesta en boca de urna de la empresa Viaciencia –la única autorizada– dio resultados similares. Al día siguiente, cuando se completó la TREP, ya se anunciaba un ajustado triunfo en primera vuelta para Morales. Estos guarismos fueron confirmados días después por el conteo oficial, que culminó con Morales obteniendo 47,08% y Carlos Mesa, 36,51%; es decir, una diferencia de 10,54 puntos porcentuales, 0,57 por encima de la necesaria para ganar en primera vuelta.

¿Qué pasó entonces? Por un lado, la oposición venía preparada para denunciar fraude en cualquier escenario que no fuera de balotaje. Pero la suspensión de la TREP y el significativo aumento del porcentaje de Morales, junto con el margen exiguo para lograr la fórmula del «40 más 10», contribuyeron a que, en un clima de fuerte polarización, la mitad de Bolivia quedara convencida de que hubo una alteración de los resultados, más allá de la posibilidad de confirmarlo revisando acta por acta (están en internet), y de que el presidente buscaba quedarse en el poder a como diera lugar.

Que un conteo rápido como la TREP no llegue al 100% no es necesariamente motivo de alarma. Pero, como mostró el periodista Fernando Molina, en este caso el Tribunal Supremo Electoral (TSE) y el Gobierno dieron al menos cuatro explicaciones diferentes para justificar la suspensión del conteo: que no querían que se superpusiera el conteo rápido con el oficial –que ya comenzaba a esa hora–; que hubo una alerta de ataque cibernético y se paró por seguridad; que siempre se para en alrededor de 80%; que no se incluyó el 17% de las actas porque esas regiones alejadas que supuestamente faltaban no tienen internet para poder enviar las fotos correspondientes.

Para peor, el vicepresidente del TSE, Antonio Costas, renunció indicando que no fue consultado ni informado sobre la orden de cortar la TREP y señaló que « no fue una buena decisión» . Su renuncia fue enigmática: dijo que lo hacía por una cuestión de principios pero que no había habido una alteración de los resultados. Al mismo tiempo, el Gobierno acusaba a la oposición «racista» de querer invisibilizar el voto rural que, supuestamente, explicaba el salto del candidato del Movimiento al Socialismo (MAS) en el último tramo del conteo.

Más allá de la discusión «fina» sobre el escrutinio –el Gobierno propuso una auditoría de la Organización de Estados Americanos (OEA)–, hay tres problemas de fondo detrás de una crisis que está provocando una profunda grieta entre la Bolivia rural y la urbana, incluso con enfrentamientos físicos.

- Evo Morales llegó a esta elección con su legitimidad erosionada por la derrota en el referéndum del 21 de febrero de 2016 (21F), cuando su propuesta de cambio constitucional para habilitar la reelección indefinida fue derrotada por escaso margen . Tras ese traspié, el oficialismo se dedicó durante meses a evaluar «otras vías» para la reelección y lo consiguió a través de un fallo del Tribunal Constitucional Plurinacional . Por eso ahora la denuncia de fraude –que debe ser probada– se confunde con la denuncia sobre la «ilegitimidad» de Morales para postularse, lo que construye un enredo de difícil salida. Para «borrar» lo más posible los resultados del referéndum, el presidente boliviano necesitaba un triunfo contundente. Pero si bien obtuvo ventaja sobre Mesa, apenas pasó la barrera mágica de los diez puntos de diferencia para evitar un balotaje en el que podría perder. Es decir, este resultado no solo no logró hacer olvidar el del 21F, sino que lo trajo explosivamente al presente.

- El MAS no logra incorporar en su imaginario la posibilidad de salida del poder como un acontecimiento no catastrófico. Evo Morales nunca abandonó fácilmente los cargos que ocupó: fue el único diputado del MAS que internamente tenía la posibilidad de reelección indefinida y tras ganar la Presidencia se mantuvo como máximo ejecutivo de la Federación Especial de Trabajadores Campesinos del Trópico de Cochabamba (organización matriz de los cultivadores de coca). En ese sentido, pese al discurso oficialista, Morales nunca fue «un campesino más». Y más recientemente, su imagen fue construida incluso como la de un líder excepcional («Hay un solo Fidel, un solo Gandhi, un solo Mandela y un solo Evo», dijo en una oportunidad el ahora ex-canciller David Choquehuanca). Esto, sumado a una idea clásica de revolución, aunque construida en un marco democrático, dificulta la idea básica de alternancia democrática, con el MAS como eje potencial de una oposición, que en caso de derrota luche contra cualquier intento de debilitar las conquistas sociales, materiales y simbólicas indudables de estos 14 años de «Revolución Democrática y Cultural». La democracia seguiría así la metáfora del tranvía, en el que alguien se sube, llega a su destino (el Estado) y luego se baja.

- Dentro de una oposición que en líneas generales es democrática (el propio Mesa es un centrista moderado) y hoy más numerosa que en el pasado, aparecen grupos radicales con discursos revanchistas, racistas y violentos. La aparición de cuestionadas figuras del pasado, como el ex-ministro Carlos Sánchez Berzaín , prófugo en Estados Unidos por su responsabilidad en la masacre de civiles durante la Guerra del Gas, no ayuda a la oposición y refuerza el discurso oficialista contra la «vuelta al pasado». La decisión del flamante Comité de Defensa de la Democracia (Conade), que agrupa a las principales fuerzas opositoras, de rechazar la auditoría internacional y luchar por la anulación de las elecciones puede contribuir, también, a radicalizar la situación, posiblemente con escasas posibilidades de victoria opositora. (Extrañamente, Bolivia es el único país de la región en el cual el secretario general de la OEA, Luis Almagro, es visto por muchos como un «populista», casi chavista, por haber avalado la postulación de Morales).

En este marco, Bolivia puede avanzar hacia una versión soft de lo ocurrido en Venezuela: una situación en la que el Gobierno se impone, pero con fuertes déficits de legitimidad, en el marco de un desconocimiento mutuo entre oficialismo y oposición y con una radicalización de esta última. No obstante, como escribió Fernando Molina, es cierto que el nivel de violencia en Bolivia es mucho menor, no hay crisis económica (por el contrario, la macroeconomía es uno de los puntos fuertes de Morales) y la clase política es más pragmática y menos ideológica que la venezolana.

No obstante, existe el riesgo de una mayor polarización y enfrentamientos callejeros entre oficialistas y opositores, así como un excesivo uso estatal de los movimientos sociales como fuerza de choque contra quienes protestan; de hecho ya hubo varios heridos. Morales respondió usando la misma expresión que Lenín Moreno o Sebastián Piñera –golpe, desestabilización–, llamó «delincuente» a Mesa, acusó a los jóvenes de protestar por plata o por «notas» (un supuesto y no comprobado beneficio de los estudiantes universitarios por ir a las marchas) y llevó su discurso al terreno de la dicotomía « Patria o muerte» . Todo esto ocurre tras una campaña electoral estadocéntrica, en la que los movimientos sociales, sin la épica de antaño, se limitaron a seguir las iniciativas trazadas desde el aparato estatal, con sus inercias y formas tradicionales de conservación del poder. La oposición, por su parte, rechaza la auditoría y llama a «radicalizar» los bloqueos y paros en las ciudades para «asfixiar al Estado» (de hecho, ya fueron quemadas algunas sedes locales del tribunal electoral).

Es significativo que referentes como el argentino Juan Grabois argumenten que hay que desechar cualquier observación sobre la elección en nombre de la « estabilidad de Sudamérica» (curiosa figura en la pluma de un líder social). Esta es la otra cara de la moneda de quienes comenzaron a denunciar fraude antes de que se comenzaran a contar los votos. Lo cierto es que Morales tuvo durante sus 14 años de gobierno elevadísimos niveles de legitimidad (hasta el punto de ganar en 2014 en la región de Santa Cruz) y que su erosión se debe, en gran medida, a la decisión de no respetar los resultados de un referéndum.

Esta es, sin duda, una mala noticia, en un contexto en el que la crisis del «oasis» chileno (con su combinación desigualitaria de colonización mercantil de todos las dimensiones de la vida social y jerarquías de vieja data) y el triunfo del Frente de Todos en Argentina parecen estar dándoles una nueva oportunidad a los progresismos latinoamericanos.

Por Pablo Stefanoni

Nueva sociedad

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Martes, 29 Octubre 2019 06:32

Bolivia sitiada por los paros 

Corte de calle en un puente del centro de La Paz Imagen: EFE

Gran parte de la población que no participa de las medidas es rehén de los paros, imposibilitada de asistir al trabajo y a la escuela. 

Las principales ciudades amanecieron paralizadas por bloqueos y una huelga nacional en contra del resultado de las elecciones que determinaron un nuevo mandato presidencial de Evo Morales. El vicepresidente Alvaro García Linera anunció que ya se trabaja en cómo se implementará la auditoría de los votos que es respaldada por la ONU.

La convocatoria al paro fue realizada por sectores que por estos días se congregan en la "Coordinadora Nacional de la Democracia" -CONADE-, recientemente formada por políticos varios y los llamados "comités pro cívicos", que desde hace años congregan a los más acérrimos opositores al gobierno del Movimiento Al Socialismo. En conferencia de prensa brindada esta mañana,  García Linera tildó a la CONADE como "la mayor conspiración contra el voto de los bolivianos".

Desde las cinco de la mañana el "paro cívico" se manifiestó a través de bloqueos en las principales rutas del país y en cientos de esquinas estratégicas de ciudades como La Paz y Santa Cruz. Como si fuera una parábola de la lucha de clases, los actuales bloqueos abrevan en las medidas de fuerza que realizaban en los '70, '80 y '90 mineros, indígenas y cocaleros en una Bolivia hundida en la miseria y el saqueo. Resurgieron en años recientes como forma de protesta de sectores medios y altos en contra de Evo Morales en torno a la consigna "Bolivia dijo no" y consisten en piquetes de media docena de personas con cintas plásticas, palos y escombros en las esquinas.

Por las características geográficas del territorio boliviano, en las ciudades el transporte público utilizado masivamente son los minibuses, y cuando hay bloqueos no hay "minis", con lo cual puede decirse que gran parte de la población que no participa de las medidas es rehén de la situación, con cientos de miles de personas imposibilitadas de asistir a sus lugares de trabajo y niñas y niños sin poder ir a la escuela. También se perjudican el comercio y la actividad bancaria, que si bien están en funcionamiento, han disminuido su flujo.

Las protestas incorporaron desde el viernes pasado la realización de cacerolazos a partir de las 9 de la noche, aunque fueron menguando durante el fin de semana. Y se da por hecho que esta tarde retomen las manifestaciones en forma de revueltas que realizan principalmente grupos de jóvenes. Por otro lado, y en defensa del gobierno, se presume que será multitudinaria la movilización convocada para esta tarde en El Alto por los movimientos sociales, "una celebración festiva" según la calificó García Linera.

Luego de un fin de semana en que el clima político estuvo atravesado por denuncias cruzadas entre oficialismo y oposición, sin avances para destrabar la situación electoral que ha desencadenado la crisis política en el país, García Linera ofició como portavoz del gobierno en conferencia de prensa, denunció los intentos de golpe de Estado, condenó las medidas de fuerza y llamó a la sensatez de los opositores, quienes ya ni siquiera piden la realización de una segunda vuelta sino que van por la impugnación de la primera.

En primer lugar anunció la creación en las próximas 72 horas de una comisión de autoridades electorales para fijar cómo se auditará "el voto a voto" junto a funcionarios de la Organización de Estados Americanos y otros organismos, en base a "la voluntad del gobierno para que se transparente todo el proceso electoral". Luego se abocó a fustigar a la oposición, principalmente al expresidente y candidato que quedó en segundo lugar, Carlos Mesa, por ser el principal instigador local de la actual desestabilización y "el títere político" de "una confabulación perfecta", que la completarían Carlos Sánchez Berzaín -exfuncionario, responsable político de las masacres cometidas durante el gobierno de Sánchez de Lozada y prófugo de la justicia boliviana- y Branko Marinkovic -millonario empresario cruceño y agitador del separatismo y la violencia entre 2006 y 2008-, "el que pone la platita".

"Quien se opone a la auditoria es el señor Carlos Mesa, a qué le tiene miedo, por qué quien perdió las elecciones y denuncia fraude se opone a que se haga el recuento y que organismos internacionales vengan a auditar acta por acta?", cuestionó García Linera. También señaló que el objetivo de Mesa "es volver al voto censitario" y denunció que "pedir la renuncia del presidente Morales, desconocer el voto de las mayorías, incitar a disturbios, intimidar a periodistas, salir en camionetas en pesquisa de collas, quemar instituciones, mandar a apalear campesinos" son actos antidemocráticos. "Carlos Mesa es un mal perdedor que ha instruido desconocer la voluntad popular y está generando mucho sufrimiento a los trabajadores, los campesinos, las amas de casa, es el pueblo el que sufre la violencia", puntualizó.

Además repudió las incitaciones al golpe de Estado promovidas durante días pasados desde Miami por Sánchez Berzaín, a quien definió como "el asesino de El Alto y Warisata"; y de Branko Marinkovic, "el separatista del dinero", de quien evocó sus antecedentes en graves hechos ocurridos en Santa Cruz en 2008 y que planteó que "los obreros migrantes tenían que tramitar un pasaporte especial para trabajar en el Oriente". Ellos, junto "al asesino neoliberal" de Mesa, son quienes "pretenden prender fuego a Bolivia", apuntó el vicepresidente.

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El diputado Edgar Zambrano, de Acción Democrática, fue liberado. Imagen: EFE

El chavismo y un sector de la oposición firmaron un pacto de cinco puntos y establecieron la Mesa de Diálogo Nacional. 

 

El gobierno y un sector de la oposición firmaron un acuerdo de cinco puntos y establecieron la Mesa de Diálogo Nacional. El hecho vino a modificar los ritmos y posibles desembocaduras del conflicto, en un escenario donde el principal espacio de diálogo, mediado por Noruega, había quedado congelado. La reacción generalizada ante las cámaras enfocadas en la firma fue de sorpresa: no formaba parte de las piezas previstas en el escenario de juego.

 En las úlitimas horas ocurrió el primer avance en el marco del pacto: fue liberado el diputado y vicepresidente de la AN, Edgar Zambrano, perteneciente al partido Acción Democrática, quien había sido detenido por haber participado en la acción militar del 30 de abril. El parlamentario opositor deberá presentarse cada 30 días ante los tribunales.

La actuación del gobierno fue en unidad. El chavismo, como acostumbra en estos escenarios, no dejó evidenciar ninguna diferencia ante lo que presentó como un logro central en medio de una escalada de varios frentes, en principal el de la frontera colombiana y el diplomático.

El acuerdo fue ratificado y defendido ante cámaras por cuatro formaciones políticas: los partidos MAS, Cambiemos, Soluciones para Venezuela, y Avanzada Progresista. Las fuerzas de la oposición consideradas mayoritarias, como Voluntad Popular, Se sumó también  Javier Bertucchi, ex candidato a la presidencia. Primero Justicia, Acción Democrática y Un Nuevo Tiempo, rechazaron el acuerdo firmado. 

Guaidó, presidente de la Asamblea Nacional (AN) brindó declaraciones en simultáneo con la firma televisada. Allí dio por terminado el espacio iniciado bajo mediación de Noruega -reunido primero en Oslo, luego en Barbados- culpó al gobierno de la imposibilidad de llegar a un acuerdo y minimizó a los sectores opositores firmantes, descartando que eso pudiera ser una posible solución.

Los cinco puntos del acuerdo, a desarrollarse, fueron: la reincorporación de los diputados del chavismo a la AN, la conformación de un nuevo Consejo Nacional Electoral (CNE), trabajar con el sistema de justicia para abordar la situación de los políticos detenidos para aplicar medidas de libertad en los casos que lo permitan, el rechazo a las sanciones económicas norteamericanas, la defensa de la Guyana Esequiba -territorio en disputa internacional- y la aplicación de un programa de intercambio de petróleo por alimentos.

La instalación de la Mesa de Diálogo Nacional deja así entrever la posibilidad de una salida electoral, marcada centralmente por la renovación del CNE, una petición siempre sobre la mesa por parte de la oposición. Sostiene a su vez el intento por salir del choque de poderes estatales marcado por la situación del legislativo, así como el consenso acerca del rechazo al bloqueo internacional que impide una recuperación y normalización económica.

Los puntos negociados evidencian una diferencia con el planteamiento de sectores opositores ausentes, que han defendido la necesidad de las sanciones norteamericanas para forzar al gobierno a una negociación en posición desfavorable, y se han opuesto a una resolución que no tenga como punto inicial la salida de Nicolás Maduro antes mismo de realizar elecciones presidenciales de las cuales, sostienen, no podría participar.

Esas posiciones no son a su vez homogéneas: fuerzas políticas como Acción Democrática se han mostrado favorables a un posible escenario electoral, pero no forman parte del acuerdo firmado, otros han sostenido toda salida por las urnas es inviable y debe ser por la fuerza -como Antonio Ledezma o María Corina Machado- y partidos como Primero Justicia, han mantenido posiciones oscilantes.

La apuesta del acuerdo firmado parece ser el de, además de lograr los puntos de avance anunciados, traccionar a aquellos sectores que están contra una salida violenta con intervención extranjera, y podrían acordar con una posición intermedia.

La cuestión de la resolución nacional y pacífica del conflicto quedó subrayada durante el acuerdo y en declaraciones posteriores. Se trata de una toma de posición en un escenario marcado por tres hechos recientes que indican el avance de las líneas que buscan la maniobra violenta para quebrar la correlación de fuerzas a su favor.

El primero ha sido la denuncia por parte del gobierno de la amenaza de una acción de falsa bandera preparada desde Colombia para provocar una escalada con aceleramiento de tiempos y choques. El segundo, fue la activación del Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca (TIAR) que será debatido entre los cancilleres de países firmantes en los días de la Asamblea General de Naciones Unidas. En cuanto al tercero se trató de la nueva confirmación, a través de fotografías y testimonios, de la vinculación de Guaidó con sectores del paramilitarismo colombiano.

Todavía resulta temprano saber cómo se darán los próximos pasos, cómo será la posible reincorporación de los diputados del chavismo a la AN, qué se intentará desde esa instancia declarada en desacato por el Tribunal Supremo de Justicia, o cómo será la renovación del CNE.

En ese marco la respuesta de Estados Unidos fue doble. En primer lugar, el Departamento del Tesoro anunció nuevas sanciones a dieciséis empresas vinculadas a Venezuela. En segundo lugar, el Departamento de Estado emitió un comunicado donde acusó al gobierno de ser responsable del fracaso de los diálogos, ratificó que no quitará el bloqueo hasta tanto Maduro no deje la presidencia, y subrayó la invocación del TIAR para “facilitar más acciones colectivas”.

Con este nuevo escenario el gobierno ha tomado un paso de iniciativa en acuerdo con sectores opositores que fueron inmediatamente calificados de traidores por las otras fuerzas de la derecha. Queda por ver, entre otras cosas, si logrará traccionar a más partidos, y si la propuesta reunirá un consenso suficiente, nacional e internacional, para abrir las puertas de posibles elecciones que serían, según indican repetidas declaraciones de Maduro, legislativas. 

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Guaidó busca un nuevo impulso a su proyecto de Gobierno con Leopoldo López al frente

El líder de la oposición comienza a formar Gabinete, lo que supone una agudización del conflicto institucional que se vive en la Venezuela de dos presidentes

El forcejeo institucional que vive Venezuela inicia un nuevo round. Juan Guaidó, jefe del Parlamento reconocido como presidente encargado por más de 50 países, ha designado nuevos funcionarios que dan forma una especie de Gabinete. “Esto viene orientado en dos elementos centrales, atender la emergencia humanitaria compleja que vive en Venezuela y las consecuencias de esto como es el flujo migratorio y aumentar la presión para lograr el cese de la usurpación y por supuesto para prepararnos para la transición y una elección libre. Con esto buscamos ejercer con mayor efectividad las competencias y capacidades que ya hemos conquistado y aumentar la presión de cara a la nueva etapa que estamos por iniciar”, ha dicho este miércoles en una rueda de prensa.

Los nombramientos corresponden a la denominación de comisionados presidenciales, pero ejercerán roles similares a los de ministros de distintas carteras. Al frente del equipo está Leopoldo López como Comisionado Presidencial para el Centro de Gobierno. De acuerdo a lo dicho por Guaidó, su función “será articular la gestión administrativa y de Gobierno de los comisionados presidenciales en las áreas de relaciones exteriores, economía, gestión de activos, ayuda humanitaria, derechos humanos y Plan País”. López, quien ha sido el preso político más notorio de Nicolás Maduro, está en resguardo en la Embajada de España en Caracas luego de que el 30 de abril fue sacado de su arresto domiciliario durante una operación militar fallida para defenestrar al régimen chavista. Se desconoce si esta designación cambia su estatus como huésped en la legación.

Como Comisionado para Relaciones Exteriores fue nombrado Julio Borges, diputado en el exilio, que ejercerá funciones similares a la de un canciller. “Julio Borges tiene la misión de aumentar la presión diplomática y financiera a la dictadura, hacer crecer una coalición sin precedentes a favor de la causa de Venezuela, coordinar embajadores y servicio diplomático y atender el flujo migratorio”. También se nombraron funcionarios en las áreas de Desarrollo Económico (Alejandro Plaz), Gestión de Activos (Javier Troconis) y Defensa de los Derechos Humanos (Humberto Prado). Fueron ratificados anteriores designaciones en el área de Ayuda Humanitaria y Estrategia, esta última a cargo de Sergio Vergara, uno de sus colaboradores más cercanos, y el polémico asesor político JJ Rendón. Ha dicho que todos los cargos tienen adjunto y que próximamente avanzará con la designación de agregados militares en las embajadas en países vecinos.

Guaidó ya había hecho designaciones de embajadores, ratificados por Estados Unidos y otros países como los del Grupo de Lima que lo respaldan, procurador especial y juntas directivas de empresas claves como Pdvsa y Citgo. Todos ellos se corresponden con opositores que están fuera de Venezuela y ejercer una especie de gobierno remoto, como manera de evitar la persecución del régimen de Maduro que ya ha encarcelado al primer vicepresidente de la Asamblea Nacional, Edgar Zambrano, a la mano derecha de Guaidó, Roberto Marrero. Estas serían los primeros nombramientos de funcionarios que, en teoría, ejercerían funciones desde el país.

Los nombramientos suponen un paso adelante en la lucha que inició hace siete meses por sacar a Maduro del poder, luego de este se juramentara para un nuevo período en base a unos comicios fraudulentos. Junto con las recientes sanciones de Estados Unidos contra el Gobierno chavista se convierten en los golpes más fuertes que ha dado la oposición y son un paso adelante en un proceso que lucía estancado luego de la suspensión de las negociaciones impulsadas por Noruega en Barbados y de la falta de resultados de otras mediciones internacionales como la que integra la Unión Europea.

Un sector más radical de los detractores de Maduro ha reclamado la falta de arrojo de Guaidó en la lucha y le exigía conformar Gobierno y mover más fichas en el tablero de ajedrez que se juega en Venezuela desde enero. El impulso que recuperó con las manifestaciones de calle se ha ido debilitando luego de meses de resultados poco evidentes, en los que Maduro parece aferrarse más a Miraflores, el choque institucional aumenta y la situación económica y social se hace cada día más insostenible. Para este fin de semana ha convocado a nuevas actividades de calle.

Este miércoles el secretario del Departamento de Estado de Estados Unidos, Mike Pompeo, anunció la creación de la Unidad de Asuntos de Venezuela para “apoyar el retorno de la democracia en Venezuela y a los venezolanos vulnerables que están en toda la región”. Según Guaidó, los nombramientos están engranados con esta medida de su principal aliado.

Aliado con Corea del Norte

Nicolás Maduro también ha movido sus apoyos en el escenario internacional. Recientemente abrió embajada en Pyongyang como una manera de estrechar sus vínculos con los pocos aliados que tiene: Rusía, Cuba, China, Turquía y la República Popular y Democrática de Corea del Norte con su incendiaria política belicista. En 2015, el Gobierno de Kim Jong Un había abierto embajada en Caracas y nombrado representante. Venezuela se convertía en el quinto país de la región donde tenía representación el hermético y hostil país asiático.

Kim Yong Nam, presidente de la Asamblea Popular y líder ceremonial de Corea del Norte, viajó en noviembre a Venezuela, en la primera visita de un dirigente norcoreano de ese nivel. En la oportunidad el emisario de Kim Jong Un se reunió con Maduro para “fortalecer las relaciones diplomáticas y políticas entre ambos Estados”. Semanas atrás, el hijo del líder chavista, Nicolás Maduro Guerra, sancionado por Washington, estuvo en un festival de las juventudes comunistas en apoyo al dictador norcoreano

Por Florantonia Singer

Caracas 29 AGO 2019 - 02:07 COT

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