¿Por qué vuelven las negociaciones en Venezuela?

Detrás de la aparente inmovilidad, varias cosas se mueven en Venezuela. En medio de la crisis, la desafección política alcanza al gobierno y a la oposición. Por eso ambos bloques, debilitados en diferente medida, tienen incentivos para iniciar nuevas negociaciones después de varios fracasos.

En Venezuela, se está preparando un nuevo e incierto proceso de negociación política entre el gobierno y la oposición. Para calibrar sus posibilidades de éxito, conviene preguntarse en primer lugar en qué se diferencia y en qué repite las experiencias anteriores. Es importante subrayar que la iniciativa ocurre en continuidad -al menos metodológica- con el esfuerzo emprendido en 2019 en Barbados bajo la facilitación de Noruega, cuyos expertos están involucrados desde hace varios meses en consultas a dos bandas. Ello indica que se retoma el proceso recuperando algunas bases en el campo de la creación de confianza, si no entre los actores, al menos en los mecanismos de construcción de la agenda y de reglas de funcionamiento.

Sin embargo, las condiciones políticas de 2019 y de 2021 son enteramente diferentes, y ello, en mi opinión, podría favorecer avances en una negociación de esta naturaleza siempre que los actores políticos identifiquen esas diferencias y ajusten sus demandas y estrategias.

Se parece, pero no es igual

Vista de un modo muy superficial, la situación venezolana pareciera resumirse en un estancamiento inercial en el que el gobierno de Nicolás Maduro resiste, impertérrito, en medio de la devastación de la vida cotidiana de millones de personas, mientras la oposición procura lidiar con sus propias contradicciones estratégicas. Pero tras esta apariencia de inmovilidad es posible identificar una serie de circunstancias que permiten entender por qué los actores políticos están hoy dispuestos a reiniciar un proceso de negociación que en el pasado fracasó una y otra vez.

Una de ellas afecta por igual a la oposición y al gobierno: llamémosla desafección generalizada hacia lo político. Es un lugar común señalar la despolitización que conllevan y provocan los regímenes autoritarios, reduciendo al ciudadano a la vida privada o a la mera supervivencia. Pero en el chavismo este efecto coexiste con su propia contradicción populista: en su sistema operativo hay una variable inevitable que es el metabolismo electoral, no solo en términos de la legitimación política, sino también como método de distribución de cuotas de poder entre las partes que componen ese archipiélago.

El mal resultado de las elecciones parlamentarias de 2020, con el oficialismo corriendo solo o mal acompañado por pequeños sectores desprendidos de la coalición opositora, es una señal de debilidad muy preocupante para la honra del «proyecto histórico» y, más pragmáticamente, para las bases de sustentación del propio poder. Esto lo vuelve más dependiente de alianzas con el sector militar y con socios no necesariamente muy confiables. Ciertamente, el gobierno se hizo del control total de la Asamblea Nacional, pero dejó al descubierto sus grietas internas.

Esto por supuesto no es ninguna novedad, atendiendo a los misérrimos niveles de popularidad que acompañan al gobierno desde hace años. Pero adquiere una significación estratégica distinta, y paradójica: la debilitada oposición ya no funciona como una amenaza capaz de unificar y cohesionar al bloque chavista. Maduro debe ahora atender a una infinidad de demandas contenidas, recomponer «el proyecto», ofrecer resultados y alcanzar una gobernabilidad que le exige concesiones para reconstruir la ruinosa condición del aparato del Estado. La función política de cohesiones y repartir cuotas de poder que cumple la corrupción sistémica cuesta ahora más que lo que beneficia al poder porque ha destruido las capacidades de gestión. Del mismo modo, la tolerancia hacia socios irregulares pero hasta hace poco útiles ha significado la pérdida de control territorial en zonas críticas del país y puso en evidencia limitaciones operacionales y de la cadena de mando de las fuerzas armadas.

Pero para la oposición las noticias son igual de malas: su capacidad de capitalizar el enorme descontento popular está reducida a mínimos históricos y ha perdido la iniciativa política en medio de una inercia estratégica. No es cuestión de recapitular aquí las condiciones y circunstancias que condujeron a este estado de cosas, pero se puede señalar que fue determinante la desaparición, a partir de 2016 y más agudamente a partir de la conformación del «gobierno interino» en 2019, de la instancia de conducción política unitaria que fue la Mesa de la Unidad Nacional, lo que impidió que las importantes divergencias en torno a las estrategias para impulsar el cambio político pudieran ser metabolizadas.

El fracaso de la visión dominante, que se fundamentaba en la tesis de la «máxima presión», apalancada por las sanciones estadounidenses, tanto a Venezuela como a funcionarios del gobierno, y por la diplomacia regional. Se suponía que todo esto provocaría rupturas horizontales (entre grupos del poder, especialmente en el sector militar) y/o rupturas verticales (movilizaciones populares). Pero no ocurrió nada de eso y se generaron fracturas en el campo opositor que fueron hábilmente aprovechadas por el régimen para tratar de legitimar las elecciones legislativas de diciembre de 2020 con una diminuta «nueva oposición», calificada de «moderada» en contraste con el «extremismo» de la oposición mayoritaria. Hasta ahora, los aproximadamente 20 diputados (contra los 253 del oficialista Partido Socialista Unido de Venezuela) de esta coalición, que recientemente se ha rebautizado como Alianza Democrática, no han alterado el status quo en la nueva Asamblea Nacional.

Sin embargo la dinámica centrífuga no se limita a este grupo. En ocasión de la decisión de la mayoría de la oposición de no participar en las elecciones parlamentarias de 2020 comenzaron a producirse discretos movimientos dentro de cada uno de los partidos agrupados en torno al «gobierno interino» de Juan Guaidó (Voluntad Popular, Primero Justicia, Acción Democrática, Un Nuevo Tiempo, La Causa R, etc.) que presionaban por redefinir el rumbo estratégico hacia la reconstrucción de las condiciones para la participación electoral, considerando el horizonte inmediato de las elecciones regionales y municipales que deben realizarse en noviembre de 2021. Desde entonces, otros factores, como el liderazgo social y nuevas formaciones de activistas, irrumpen a su vez en la escena pública y acompañan lo que en realidad es una demanda de reconfiguración de la estrategia del cambio político que la dirigencia de estos partidos, junto con el «gobierno interino», lee y responde en una nueva propuesta bautizada «Acuerdo de Salvación Nacional».

La nueva teoría del cambio se fundamenta en una agenda de negociación con el chavismo en cuatro áreas: elecciones generales competitivas, ayuda humanitaria,  vacunación, garantías políticas para todos. Y junto a esto, el levantamiento progresivo de las sanciones según avances en los acuerdos.

Eppur si muove

Para calibrar las posibilidades de esta nueva negociación hay que completar el retrato anterior con dos elementos que en mi opinión podrían marcar el éxito o el fracaso del proceso: la activación de actores de la sociedad civil organizada en la escena política y las señales que el gobierno ha enviado en cuanto a su disposición a ceder parte de su control hegemónico sobre las instituciones.

En los últimos años, muchas organizaciones de la sociedad civil se han enfrentado al abordaje de la emergencia humanitaria compleja que sufre el país. La acción humanitaria, que debe ocurrir bajo unas reglas internacionalmente aceptadas de neutralidad y universalidad, tiene en Venezuela unas características particulares por la naturaleza misma de la emergencia: su origen es eminentemente político, a diferencia de otros casos que han resultado de catástrofes naturales o conflictos armados.

Las políticas públicas y económicas oficiales han conllevado un agudo deterioro de los indicadores de calidad de vida desde al menos 2015. El trabajo local de las ONG humanitarias y de defensa de derechos humanos ha necesitado del desarrollo de habilidades de intermediación y micronegociación con el gobierno, y con los actores políticos en general. Y hoy, una serie de organizaciones busca potenciar sus capacidades de incidencia política en la búsqueda de una solución democrática y negociada que haga énfasis en la recuperación de las instituciones y de las reglas del juego político, a partir de consensos básicos sobre los valores democráticos y el respeto a los derechos humanos.

Fundamentalmente agrupados bajo la iniciativa del Foro Cívico -aunque no es la única, sí es la más visible-, ONG, sindicatos, organizaciones empresariales y gremiales, organizaciones juveniles y académicas, han construido algunos espacios de incidencia y de catalización que han movilizado a los sectores políticos y hecho avanzar propuestas concretas de acuerdos político-institucionales que abonan el terreno para alcanzar acuerdos políticos de alto nivel.

 La historia de las relaciones entre la sociedad civil y el ámbito político en Venezuela es sumamente complicada y no exenta, como en el resto de América Latina, de motivaciones corporativas. A la vez, la historia de estas relaciones bajo el chavismo ha sido particularmente difícil, pero no aún así se ha podido desarrollar una conciencia de autonomía de la acción, que no es neutral, puesto que los objetivos de democratización y reinstitucionalización son en sí mismos políticos, pero sí tienen claridad acerca del rol esencial que deben jugar los actores políticos para adelantar las soluciones negociadas.

 Por su parte, el gobierno de Maduro, empeñado en recuperar su capacidad de gobernar, comienza desde enero de 2020 a tomar riesgos, abriendo por ejemplo algunos espacios de interlocución y negociación con organizaciones civiles y algunos actores políticos. Estas interlocuciones no son las únicas señales emitidas desde el poder: se han venido implementando, en la práctica y sin mucho ruido, un conjunto de reformas en el plano económico y fiscal para mejorar los ingresos internos, se fue formalizando la dolarización de facto de la economía, se avanzó en proyecto de creación de zonas económicas especiales que tiene un fuerte aire de familia con la concepción china de «un país, dos sistemas», y otras concesiones inéditas como la autorización de la entrada del Programa Mundial de Alimentos al país, lo que implica reconocer la tragedia humanitaria que padece la población. Pero todo ello acontece, sin embargo, en un contexto en el que no cesan los gestos hostiles y represivos contra organizaciones y personas, y se exacerban la corrupción y la miseria general en medio de la pésima gestión de la pandemia.

 Hay varios espacios de «negociaciones sectoriales» que están activos, como las que el principal gremio empresarial, Fedecámaras, lleva adelante con una agenda de incidencia en las políticas económicas, o la posible creación de una instancia de coordinación humanitaria con organizaciones que aseguraría condiciones de respeto y apoyo del gobierno a las reglas de la acción humanitaria. Hay también avances en la recuperación del llamado diálogo tripartito (empresarios, sindicatos y gobierno) al que obligan los convenios con la Organización Internacional del Trabajo (OIT), la cual ha amenazado con procesos contra el gobierno de Maduro por sus graves violaciones al derecho al trabajo y al salario digno. Un caso menos prometedor es el de la Mesa Técnica para la vacunación, en la que participan expertos sanitarios, miembros del gobierno y representantes del «gobierno interino». En una lógica bastante previsible, el gobierno no ha renunciado hasta ahora a politizar el tema de la vacunación y lejos de acordar facilitaciones internacionales para el financiamiento y suministro de vacunas a través de la Mesa Técnica, ha preferido apelar a sus alegatos de que las sanciones financieras le impiden cumplir con su plan de vacunación, que por cierto no ha hecho público.

Sin embargo, el impacto más importante es el que puede tener la conformación de un nuevo Consejo Nacional Electoral (CNE) cuya composición, en la que participan expertos electorales y políticos postulados por las organizaciones civiles especializadas en el tema electoral, resultó menos desequilibrada que las versiones anteriores, y sobre todo, ocurrió siguiendo los procedimientos legales. Ello fue posible en virtud de negociaciones entre varios actores políticos, especialmente el ex-candidato presidencial Henrique Capriles Radonsky, las organizaciones civiles y los operadores políticos del gobierno de Maduro, en lo que aun sigue siendo un espacio activo de negociación que serviría para que el nuevo CNE, aunque bajo control del chavismo, cumpla un programa de reformas que mejorarían sustancialmente las condiciones institucionales para las próximas elecciones, lo que serviría de incentivo para la participación electoral de los grandes partidos de la oposición.

Esto toca un asunto medular de la estrategia de la oposición agrupada en torno al «gobierno interino» que por ahora no ha dado respuesta ante su eventual participación en esas elecciones, ni queda claro entonces si propondrá las reformas electorales como parte de la agenda de la negociación facilitada por Noruega.

No cabe duda de que las concesiones del gobierno no provienen de una súbita conciencia democrática, sino de una apuesta a que oxigenar el camino electoral agudice las actuales contradicciones dentro del campo opositor con respecto a la participación o no en los comicios. No cabe dudar, tampoco, de que parte del impulso del gobierno hacia la promoción de negociaciones sectoriales simultáneas proviene de un cálculo que básicamente persigue quitarle oxígeno al liderazgo político opositor que no participe en ellas. Pero el hecho político es que se trata de oportunidades, de rendijas por las cuales se puede avanzar hacia acuerdos que prefiguren el juego político democrático que se aspira lograr, y en esa medida también suponen un riesgo, para el régimen, de reformas en cascada que precipiten la transformación del sistema.

El realineamiento internacional

Como un tercer conjunto de factores hay que considerar que las dinámicas geopolíticas han cambiado, obviamente, en especial a partir de la instalación del gobierno de Joe Biden con el vuelco geoestratégico que ello implica y su voluntad de favorecer una solución política sustentable para Venezuela. Pero para resumir el contexto internacional, se diría que el caso venezolano se ha vuelto tóxico, en especial en el hemisferio, como suelen decir los estadounidenses. No solamente con la situación migratoria, de por sí terrible para quienes emprenden el éxodo y para los países receptores, sino porque Venezuela termina siendo una variable de la ecuación política interna en muchos países que amplifica el conflicto político con la gramática de la polarización. Así como en algún momento hubo un alineamiento internacional con la tesis de que la crisis venezolana podía derivar en el cambio político en el corto plazo, la prioridad hoy parece ser tratar de evitar la cronificación del conflicto y acompañar una ruta creíble, realista, acordada y posiblemente larga para el rediseño democrático.

La clave: la construcción de la agenda

Todas estas circunstancias mueven a los actores a negociar, sin duda, y advierten que una nueva ronda de negociaciones puede conducir a nuevos resultados si se cumple una condición esencial: que el espacio de negociación no vuelva a ser, como en ocasiones anteriores, un dispositivo para la escenificación del conflicto, en el que los actores persiguen fortalecerse uno frente al otro, en lugar de construir un marco básico de reglas del juego político para dirimir el conflicto.

En efecto, lo ocurrido tanto en los encuentros de 2017-2018 como en los del ciclo de 2019 con la facilitación de Noruega fue algo así como la continuación de la guerra por otros medios: para cada parte, se trataba de «ganar» la negociación o al menos de no quedar debilitada en el proceso. La negociación pareció funcionar como una táctica más para posicionarse en el conflicto y no como un método para acordar la recomposición de las instituciones que a la postre, permitirían regularlo para inducir el proceso de democratización.

Así, el gobierno de Maduro se sentó en la mesa de negociación en 2019 con el objetivo de mejorar las condiciones para conservar el poder, mientras que la oposición perseguía el objetivo de procurar las condiciones para asegurar el cambio político. Entre la aspiración del gobierno de ganar estabilidad y la aspiración de la oposición de sustituir a Maduro mediante unas elecciones libres se podía vislumbrar una teórica zona de posible acuerdo: pactar las condiciones de unas elecciones presidenciales en las que ambas partes pudieran ser competitivas. Pero el problema es que para el gobierno de Maduro, ser competitivo significaba (y eso sigue siendo así) poder gobernar con capacidad financiera, es decir, asegurar el levantamiento de las sanciones y el acceso a la administración de activos de la República controlados, hasta hoy, por el «gobierno interino», así como para la oposición, ser competitiva significa el cumplimiento de una serie de condiciones institucionales y legales que aseguren no solo la pulcritud del proceso sino el reconocimiento y respeto de los resultados.

La verdad es que, en 2019, ninguna de las dos partes estaba en capacidad o tenía la voluntad política de garantizar las concesiones que implicaba este esquema. En particular, la cuestión de la intervención indirecta de la administración Trump al imponer nuevas sanciones al gobierno de Maduro mientras aún estaban en curso las conversaciones, a principios de agosto de 2019, fragilizó la capacidad negociadora de la oposición, dividiéndola, y radicalizó a su vez al gobierno en una posición de resistencia, lo que suspendió las tensiones en el campo chavista entre quienes favorecían y quienes rechazaban la negociación.

Hoy, algunas señales discursivas no lucen muy prometedoras: tanto en el campo chavista como en el opositor ha habido menciones públicas muy negativas acerca de lo que cada parte espera del nuevo proceso de negociación. Desde «salvar a Venezuela de la dictadura» hasta obligar a la oposición a reconocer la supremacía del chavismo y el levantamiento de las «sanciones criminales». Las narrativas que establecen a la mesa de negociación como campo de batalla siguen creando una atmósfera beligerante que no le ofrece al ciudadano común confianza en que la negociación puede ser la vía para reconstruir la democracia.

La experiencia acumulada en muchas negociaciones políticas ha permitido decantar unos principios o guías para conducir el proceso a buen término, pero solo voy a mencionar un par de aspectos que en este caso parecen muy necesarios.

En primer lugar, hay un elemento subjetivo que falta: el mutuo reconocimiento, aquello que precisamente está en el fondo del conflicto político histórico entre oposición y gobierno. En la mentalidad hegemónica del chavismo, la oposición no existe más que, en el mejor de los casos, en una posición ancilar, mientras que por su parte la oposición en sus diferentes configuraciones ha puesto en duda la legitimidad de victorias electorales del chavismo. En principio, la negociación misma debería ser una forma de mutuo reconocimiento de cada parte como un legítimo actor político, independientemente de sus cualidades morales o de la naturaleza de su objetivo estratégico.

En segundo lugar, las cuestiones de representatividad tanto de las partes negociadoras como de los contenidos de la agenda. Como he querido mostrar, las primeras ya no son las mismas que en 2019. Con la irrupción de otros actores que no están alineados con los miembros del gobierno o con el liderazgo formal de la oposición, que tienen una visión más orgánica de las demandas de la sociedad y que tienen capacidad de intermediación, con un compromiso con la democratización pero no con las agendas particulares de los actores políticos, se hace necesario incluir esta perspectiva en la mesa.

Pero esa presencia no tiene necesariamente que materializarse en el grupo de negociadores, aunque es frecuente la fórmula de los dos tracks (actores políticos y sociedad civil); es más bien en la confección de la agenda donde debe concentrarse la experiencia de esos agentes sociales que están o han estado catalizando procesos de negociación entre actores políticos. En el proceso facilitado por Noruega, el periodo de construcción de la agenda ha transcurrido bajo una regla de discreción y prudencia que no permite conocer su contenido, pero no sería productivo, en mi opinión, que negociaciones ya adelantadas o al menos prometedoras como las que tienen que ver con las condiciones electorales que dependen del CNE, volvieran a ponerse en la mesa de la negociación integral y terminaran atadas al cumplimiento de otros acuerdos más disputados. Más bien podría pensarse en un esquema de múltiples procesos simultáneos bajo una misma concepción estratégica, que sería la materia fundamental del acuerdo integral: la reconstrucción del sistema institucional de tal manera que, en el futuro inmediato, quien sea electo limpiamente para gobernar, lo haga dentro de los límites constitucionales, y quien quede en el lugar de la oposición, pueda ejercerla con todas las garantías y libertades.

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El general retirado Hugo Torres, Comandante 1, y Dora María Téllez, Comandante 2, históricos ex guerrilleros sandinistas detenidos por el régimen de Daniel Ortega. La segunda concedió una entrevista a Jaime Hernández poco antes de su arresto. Fotos tomadas de videos

"Estos son los zarpazos de un régimen que se siente moribundo", acusa el general retirado Hugo Torres

 

Otros cinco dirigentes opositores al gobierno del presidente nicaragüense, Daniel Ortega, entre ellos los históricos ex guerrilleros sandinistas Dora María Téllez, la Comandante 2, y el general retirado Hugo Torres, Comandante 1, fueron detenidos este fin de semana por la policía, con lo que suman 12 los políticos arrestados en las últimas dos semanas.

La noche del sábado, la policía aprehendió a Tamara Dávila y ayer apresó a Téllez, Ana Vigil, Suyen Barahona y Torres, todos del partido Unión Democrática Renovadora - Unamos, formado por disidentes del oficialismo.

También estuvo bajo arresto, aunque brevemente, el ex vicecanciller Víctor Hugo Tinoco.

Las detenciones se inscriben en la reciente escalada contra la oposición, que incluye la exclusión de cuatro precandidatos para las presidenciales de noviembre y citación ante la justicia de periodistas críticos.

Ortega, quien cursa su tercer mandato consecutivo, ha dicho que sólo cumple la ley, que le permite apresar a quienes reciben financiamiento extranjero, publiquen información "falsa" o, entre otras cosas, hayan celebrado las sanciones internacionales aplicadas contra los nicaragüenses.

La policía de Nicaragua señaló que los detenidos cometieron "actos que menoscaban la independencia, la soberanía e incitaron a la injerencia extranjera en asuntos internos al pedir intervenciones militares, además de que se organizaron con financiamiento extranjero".

Antes de que fuera aprehendido, Torres, ex aliado de Ortega, grabó un video en el cual aseguró que el mandatario traicionó sus principios. "Estos son zarpazos desesperados de un régimen que se siente moribundo, que no tiene asidero legal para permanecer en el poder más allá de noviembre de este año, en que tendrían que realizarse elecciones libres y supervisadas", sostuvo.

A principios de junio, la policía puso a la líder de la oposición Cristiana Chamorro bajo arresto domiciliario poco después de que anunció sus planes de postularse a la presidencia con la intención de poner fin a 14 años consecutivos de mandato de Ortega.

Al arresto de Chamorro le siguieron los de otros opositores, situación que ha llevado al gobierno de Estados Unidos y a organismos defensores de derechos humanos a pedir su pronta liberación y calificar a Ortega de "dictador".

Torres participó en las dos operaciones más grandes del Frente Sandinista contra la dictadura de Anastasio Somoza: la toma de la casa del alto funcionario somocista José Maria Chema Castillo, quien el 27 de diciembre realizaba una fiesta de despedida al embajador de Estados Unidos, Turner B. Shelton, operativo con el cual se exigió la liberación de varios presos políticos, entre ellos Daniel Ortega.

La otra gran batalla en la que combatió Torres fue el asalto al Palacio Nacional, junto con Edén Pastora, Comandante Cero, y Dora María Téllez, conocida como la Operación Chanchera el 22 de agosto de 1978, que aceleró la caída de Somoza.

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Guillermo Lasso y el laberinto de las izquierdas ecuatorianas

Con Guillermo Lasso, un banquero cercano al Opus Dei, la derecha ecuatoriana llega al gobierno tras su victoria electoral del 11 de abril. La izquierda y la centroizquierda tienen una clara mayoría en la Asamblea Nacional, pero sus fuerzas se encuentran enfrentadas y lejos de poder construir un bloque común.

 

Las elecciones presidenciales de 2021 en Ecuador dieron el primer triunfo electoral a la derecha en más de dos décadas. Pese a que el de Lenín Moreno fue un gobierno escorado a la derecha, el hecho de que las fuerzas verdaderamente representativas de ese espectro ideológico –como el Movimiento Creando Oportunidades (CREO) y el Partido Social Cristiano (PSC)– hayan obtenido el triunfo electoral marca un hito en la política ecuatoriana y expresa un nuevo contexto histórico al que los espacios de izquierda y progresistas deben prestar atención.

En su tercer intento electoral, el banquero Guillermo Lasso logró imponerse por casi cinco puntos sobre el correísta Andrés Arauz. A pesar del escrutinio final, tanto los resultados presidenciales de primera vuelta como la composición de la Asamblea Nacional revelan que la configuración del tablero político es bastante más compleja que lo que indica la mera elección del binomio Lasso-Borrero. Esto da un peso significativo a las izquierdas en la oposición al futuro gobierno, de perfil neoliberal, tanto dentro como fuera de los juegos políticos partidarios.

Ecuador vive un contexto difícil: el aumento de la pobreza, el desempleo agudizado en medio de la crisis sanitaria y la muy deficiente gestión del gobierno saliente son las señas de este tiempo. Diversos informes de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal) ubican a Ecuador como uno de los países en América donde más aumentó la pobreza extrema en medio de la pandemia. 

Los principales actores partidarios de la izquierda son hoy el Movimiento Revolución Ciudadana, liderado por el ex-presidente Rafael Correa, y el Movimiento de Unidad Plurinacional Pachakutik, el brazo político de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie). Aunque ambos espacios sostienen coincidencias en su oposición al neoliberalismo, han sufrido históricos desencuentros que es necesario relevar para comprender la situación de la izquierda institucional ecuatoriana. Por fuera de ellos, sin embargo, también hay una importante vitalidad: la que otorgan los movimientos sociales. Estos serán, en el actual contexto, decisivos para el devenir de la izquierda. Su cercanía o no a estas dos organizaciones político-partidarias dependerá en buena medida de cómo se sigan decantando sus distancias o cercanías con el gobierno que hoy comienza sus funciones.

El triunfo de Moreno –como candidato del correísmo– en las elecciones presidenciales de 2017 por menos de tres puntos sobre Lasso supuso para la fuerza gobernante fundada por Rafael Correa la superación de una fase de declive. En aquel contexto, el triunfo dejaba en suspenso la necesaria autocrítica sobre el déficit de política en la gestión, en la medida en que su base de sustento se distanciaba cada vez más de organizaciones y movimientos sociales. Sin embargo, el triunfo fue de cortísimo aliento. Moreno optó por gobernar con un plan agresivamente neoliberal, acompañarse de actores empresariales, de la banca y las corporaciones mediáticas, y contar con el soporte de CREO y PSC en el Poder Legislativo, a la vez que generaba la implosión del movimiento político Alianza PAIS con el que había accedido a la Presidencia.

La primera expresión de oposición al gobierno de Moreno nacía de la fractura de su propia fuerza política. El bloque de legisladores de la Revolución Ciudadana (30 de 74 asambleístas electos) se mantuvo en la línea del plan de gobierno votado en 2017 y constituyó una pieza fundamental de configuración de discurso y acción política contra el ajuste: votó orgánica y sostenidamente contra las iniciativas legislativas de apoyo al acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI), e incluso por fuera de los medios tradicionales, no dejó de batallar y argumentar para fortalecer a la oposición al gobierno de Moreno. No es posible hablar de la vigencia y resistencia del correísmo sin su acción. Esta fuerza (sin personería jurídica) se desempeñó en condiciones de constante persecución y proscripción, toda vez que sus varios intentos de formación de movimientos políticos fueron bloqueados con argumentos poco sólidos desde el Consejo Nacional Electoral (CNE). En este marco, el bloque de legisladores de la Revolución Ciudadana ejerció oposición prácticamente en solitario hasta el último semestre de 2019.

El movimiento Pachakuitk ocupó, en cambio, un lugar diferente en la oposición a Moreno. Gracias a la dinámica de diálogo convocado por el gobierno y la coincidencia en el anticorreísmo, tanto la Conaie como Pachakutik se mantuvieron inicialmente cerca del gobierno. De hecho, una de las escenas inaugurales y altamente simbólicas de la ruptura entre Correa y Moreno sucedió cuando el presidente anunció en acto público que restituía el comodato del terreno de la sede de la Conaie, que Correa había suspendido en 2015, esta vez por 100 años. Correa calificó el anuncio como un desaire y un acto de deslealtad de Moreno, quien arrancaba un capítulo de diálogo con el movimiento indígena ecuatoriano. Integrantes de este movimiento ocuparían un cargo ministerial como la Secretaría del Agua y una consejería en una institución con altísima incidencia como el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS), órgano que nombra a las principales autoridades de control.

La gestación de la ruptura entre Pachakutik y el gobierno de Moreno llegaría a mediados de 2019 con la movilización nacional que tuvo su combustible definitivo en el decreto 883, que eliminaba el subsidio a los combustibles. Esta movilización, que fue masiva y diversa, fue reprimida ferozmente por el gobierno, con un saldo de 11 muertos, 1.340 heridos y 1.230 detenidos (75% de ellos liberados por no cumplir los requisitos legales para ser apresados). A los diversos informes que exhibieron la violencia y las arbitrariedades, se sumaron los del movimiento indígena, el bloque de la Revolución Ciudadana y la Comisión Especial para la Verdad y la Justicia, que reportaron judicializaciones, encarcelamientos ilegales, violaciones sexuales y exiliados.

En los diálogos televisados entre el gobierno nacional y los dirigentes indigenas quedó en evidencia su inconformidad por el incumplimiento de acuerdos en el marco del diálogo nacional, pero sobre todo quedó sentada la voluntad de defender no solamente sus intereses sino los de las grandes mayorías. Esto se pondría de manifiesto cuando el Parlamento Plurinacional de los Pueblos, así como diversas organizaciones y colectivos sociales, elaboraron un plan de gobierno alternativo para Ecuador con el nombre «Minga por la vida». Los gestos y acciones hacían pensar en la posibilidad de amplias confluencias entre el movimiento indígena y el correísmo. Sin embargo, precisamente el momento posterior a octubre se constituyó en el primer aviso de que, incluso en el marco de la profundización del ajuste y de la vocación autoritaria gubernamental, las tensiones, desconfianzas y falta de reconocimiento mutuo entre el movimiento indígena, el correísmo y otras expresiones de izquierda seguirían siendo más fuertes que las coincidencias. La configuración de un bloque unido parecía imposible.

Por su parte, la derecha mostró una unidad más sólida, no solo blindando al gobierno en su guion para tratar a movilizados como el «enemigo interno», sino incluso exacerbando el tratamiento racista e invocando a ejércitos patrióticos de defensa de la propiedad y «la ciudad». Tanto el PSC como CREO mostraron su rostro de derecha radical durante y después de las jornadas de movilización. La pandemia les permitió incluso recuperar y profundizar aún más las medidas contra las que el pueblo había salido a las calles y sufrido semejante represión, como la liberalización del precio de los combustibles, la legislación en favor de la clase empresarial y el pago anticipado de deuda (en contraste con el recorte a lo largo de su gestión en el sector de la salud). El desprecio por la vida quedaría además demostrado en la gestión de la crisis sanitaria, provocando un exceso de mortalidad tal que ubica a Ecuador como el segundo a escala mundial en este indicador.

En consonancia con las dinámicas del ciclo político, las elecciones presidenciales vieron llegar una histórica alianza de derechas que llevaba a Lasso como candidato a presidente. Pachakutik y la coalición correísta Unión por la Esperanza (UNES) se mostraban, por el contrario, distantes.

La selección del candidato de Pachakutik no estuvo exenta de tensiones. La decisión de que el candidato fuera finalmente Yaku Pérez no parecía consecuente con las dinámicas y liderazgos gestados en las movilizaciones de octubre. Entre ellos se destacaban dos actores: Leónidas Iza y Jaime Vargas. Ambos parecían capaces de representar los intereses populares y dar un giro al modelo de gobierno. De hecho, en las mediciones de intención de voto para la Presidencia de los primeros meses de 2020 los dos dirigentes se ubicaban casi a la par de Correa y Jaime Nebot (líder social cristiano). Los dirigentes del Movimiento Indígena y Campesino de Cotopaxi (MICC) y la Conaie denunciaron procesos poco democráticos en la designación de Pérez como candidato a la Presidencia. La dinámica del partido se imponía a la del movimiento. Según el criterio de un analista cercano a Pachakutik, se habría privilegiado el desempeño electoral en el territorio.

Las tensiones entre el movimiento y su brazo político fueron puestas entre paréntesis y el trabajo orgánico en el territorio quedó en evidencia con la histórica votación obtenida por Pérez en la primera vuelta (19,39%, el mejor resultado del partido en una elección presidencial), con apenas 32.000 votos menos que Lasso, y la obtención del segundo bloque en la Asamblea Nacional (26 legisladores). Su candidatura quedaba reforzada, además, por el apoyo de 80% de los votantes contra las actividades mineras en el páramo en el referéndum organizado en la ciudad de Cuenca.

El CNE tuvo un manejo poco prolijo tanto en la transmisión de resultados de conteo rápido el día de las elecciones como en el tratamiento de impugnaciones del resultado. Procuró un diálogo televisado entre Lasso y Pérez con el acompañamiento de la misión de observación de la Organización de Estados Americanos (OEA). En el debate, los dos candidatos coincidieron en su retórica anticorreísta y dejaron sentado que, por el bien de la democracia, llegaban a un acuerdo sobre las condiciones de revisión de actas. El acuerdo se rompió pocos días después, y la proclamación de resultados se hizo en medio de denuncias de fraude por parte del movimiento indígena y Pachakutik. 

El correísmo, articulado en UNES, vivió hasta último momento intentos de descalificación de su binomio. Con gran vocación de resistencia pero casi ninguna de ampliación hacia otros sectores, llegó con un candidato que, si bien era desconocido y no tenía mayor trayectoria política, procedía de la matriz de la Revolución Ciudadana. Andrés Arauz, un joven tecnócrata, llevó adelante una campaña afincada en la retórica de los años de gobierno anteriores y en la fuerza del líder. Los resultados de la primera vuelta dejaron ver a una fuerza electoral vigente, no solo por la ventaja de 13 puntos respecto al segundo, sino también por haber obtenido el primer bloque de legisladores (49 escaños). Pero para competir en la segunda vuelta, Arauz debía ampliar su base de apoyo y renovar su discurso.

En el balotaje, sin embargo, se recreó el distanciamiento con otras fuerzas políticas y el anticorreísmo se convirtió en la razón para que actores progresistas no se sumaran ni pidieran el voto por el binomio Arauz-Rabascall. UNES logró el apoyo de algunas organizaciones sociales, de dirigencias de nacionalidades amazónicas e incluso de Jaime Vargas, presidente de la Conaie. Sin embargo, este apoyo llegó en un momento de fuertes fricciones internas y no supuso, en estricto rigor, el apoyo de la organización.

Para la segunda vuelta, Pachakutik y la Conaie llamaron al «voto nulo ideológico» con la consigna «Ni Lasso, ni Nebot, ni Correa», tal como reza el cierre del plan de gobierno alternativo «Minga por la vida». El 11 de abril, 16% de la población votó por esta consigna. Se trata del porcentaje más abultado de voto nulo registrado en elecciones presidenciales de segunda vuelta. Un resultado que, según algunos análisis, habría favorecido el triunfo de Lasso.

Luego de los resultados finales, Arauz manifestó –como ya lo había hecho en varios momentos de la campaña previa a la segunda vuelta– la necesidad de construir una «nueva mayoría», un «bloque histórico» con el «progresismo, la plurinacionalidad, la socialdemocracia». Aludía no solamente a Pachakutik, sino también a Izquierda Democrática (ID), un partido de larga data que ocupó la Presidencia a finales de la década de 1980 y que reapareció en escena con un candidato outsider –el empresario Xavier Hervas–, un discurso con énfasis en la economía del emprendimiento y guiños a las demandas de derechos de las organizaciones de mujeres y de la comunidad LGBTI. Con 18 asambleístas, tras lograr el cuarto lugar en las presidenciales (16% de votación), ID se convirtió en un actor a tomar en cuenta, aunque sus propuestas y su discurso no dejan señales muy nítidas de que se trate de una fuerza con la cual la izquierda pueda sumar.

El discurso de cierre de Arauz contrastó fuertemente con el de Correa, quien expresó la necesidad de «dar gobernabilidad» al presidente entrante y, sobre todo, promovió un acuerdo (del que se empiezan a conocer detalles en estos días) con el bloque de derecha –CREO y PSC– para la elección de principales autoridades de la Asamblea Nacional. Además de la necesidad de darle salida a la crisis del país, se habría dejado sobre la mesa el pedido de conformación de una «comisión de la verdad» para revisar los procesos judiciales que han afectado a varios cuadros políticos de la Revolución Ciudadana. La decisión y conducción de tales acuerdos bajo el liderazgo del ex-presidente Correa dejaría entrever claramente un lugar de segundo orden del candidato y hasta ahora presidente del movimiento Arauz, así como de sus líneas de discurso respecto al comienzo de la reconstrucción del poder popular, la autocrítica o la renovación de la política.

De parte de Pachakutik, se envió una oferta similar, «de gobernabilidad democrática» al nuevo gobierno. Con ello, las dos fuerzas más importantes de la izquierda, lejos de constituir un bloque común, optaron por posicionar discursos y acciones políticas ofreciendo, en competencia, gobernabilidad a Lasso. De esta forma, los actores que cogobernaron con Moreno para la implementación de políticas combatidas en octubre de 2019, aquellos que lo legitimaran y acompañaron su discurso de signar a las dirigencias del movimiento indígena y la Revolución Ciudadana como incendiarios y golpistas, se volvieron ahora apetecidos socios.

El primer intento de lograr la Presidencia de la Asamblea veía confluir a PSC, CREO y el correísmo, pero el partido gobernante a última hora falló a su palabra. La elección la ganaría, así, Guadalupe Llori, de Pachakutik, con los votos de CREO e ID. Se trata de una mujer amazónica que sufrió la prisión durante el gobierno   , bajo acusaciones de terrorismo y sabotaje.

Fruto de este resultado y acuerdo del que quedarían fuera, tanto Nebot como Correa han afirmado que el de Lasso es un mal inicio y, sobre todo, lo han acusado de no tener palabra. Antes del inicio del gobierno ya se ha roto también la alianza entre PSC y CREO. Está claro que el presidente tendrá que lidiar con la dura retórica de ambos líderes nacionales. Pero el juego político fundamental ahora no está en ello. Pachakutik, además de la Presidencia de la Asamblea, tiene tal capacidad de incidencia que cuenta –junto con ID– con mayoría en el Consejo de Administración Legislativa (CAL), órgano fundamental, pues tiene como funciones y atribuciones la planificación de las actividades de la Asamblea, la tramitación de reformas constitucionales, la calificación de los proyectos de ley y las solicitudes de indulto y amnistía. Además, el partido indígena preside la Comisión de Régimen Económico que tiene la atribución de tramitar reformas tributarias que resultarán necesarias para la gestión de las finanzas del gobierno en el marco del acuerdo con el FMI. Pachakutik es un actor con suficiente poder para resistir el ajuste, si esa es su voluntad política.

La configuración de este escenario y el del protagonismo de los movimientos sociales en la potencial oposición al gobierno a escala nacional tendrá un elemento fundamental en las próximas elecciones en la Conaie, donde entrará nuevamente en cuestión el protagonismo de Leónidas Iza. Yaku Pérez, quien según se anticipaba desde antes de las elecciones de abril podría disputar también la presidencia de la organización, se ha separado de Pachakutik por los acuerdos de este con el partido de Lasso, advirtiendo que hubo fraude en la primera vuelta, reivindicando ser una «tercera vía» y aclarando que no se retira de las organizaciones del movimiento (Conaie y la Confederación de Pueblos de la Nacionalidad Kichwa del Ecuador), pero sí de la política electoral. Su discurso en esta renuncia, ya fuera de la contienda, tuvo líneas más claras de oposición a la «derecha neoliberal» que las esbozadas en su campaña.

Si frente al gobierno de Moreno fueron fundamentales el correísmo en el Legislativo y el movimiento indígena en las movilizaciones, se abre entonces el interrogante sobre cuál será la capacidad de incidencia de la Revolución Ciudadana en el juego legislativo, con escasa presencia en la directiva y en las presidencias de comisiones claves, y cuál será el lugar de la Conaie para irradiar línea discursiva, ahora que su brazo político ha acordado con CREO para hacerse del poder en la Asamblea y tener los espacios más relevantes en ella.

Si todo lo transitado y actuado hasta ahora por los actores partidarios de izquierda ha sido para procurar gobernabilidad en nombre de las profundas crisis que vive el país, ¿cuáles serán los repertorios y qué peso tendrá el clivaje correísmo/anticorreísmo a la hora de confluir para defender y profundizar la democracia, que ha sido gravemente lesionada durante el gobierno que termina?

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Extraoficialmente el Gobierno de EEUU ya le fijó fecha de caducidad al autoproclamado Guaidó

19.05.21 - La administración del presidente estadounidense Joe Biden, habría dado un finiquito al autoproclamado Juan Guaidó, como supuesto líder de la oposición venezolana, para “sacar” a Nicolás Maduro del poder antes del 1 de diciembre.


La decisión la notificó el embajador para Venezuela, James Story, al G-4 (coalición de los principales cuatro partidos de oposición) en una reunión que se llevó a cabo este martes en Bogotá, Colombia. Así lo informó Oswaldo Muñoz, presidente del Grupo Editorial El Venezolano, en entrevista concedida a PanAm Post.


“Tenemos información fidedigna y cierta de que hasta el 1 de diciembre le da plazo Estados Unidos al interinato. Es una decisión del Departamento de Estado y Story la hizo oficial en una reunión con el G-4 en Bogotá”, refirió.

El cambio de línea en la política de la Casa Blanca hacia Venezuela es evidente. Muñoz asegura que el Gobierno de Estados Unidos exigió a Guaidó “resolver” antes del 1 de diciembre. Agrega que esto no solo se traduce en un retiro del reconocimiento al líder opositor como presidente interino, sino también al acceso a los fondos de la nación bajo la protección de Washington.

Y es que bajo el auspicio de la Casa Blanca, el Tesoro y la Reserva Federal de EE.UU. se apropiaron de $342 millones en activos que pertenecen a Venezuela, de los cuales $245 millones han sido desembolsados al grupo de Guaidó.

El objetivo, promover la desestabilización institucional y social a lo interno de Venezuela, así como una supuesta ayuda humanitaria al país. De esta última en particular, no hay indicios reales, según denuncias del gobierno nacional.

Para el presidente del Grupo Editorial El Venezolano, que incluye medios impresos en varios países y El Venezolano TV en Miami, la Administración Biden podría reestablecer las relaciones diplomáticas con el régimen de Nicolás Maduro una vez que deje de reconocer oficialmente a Guaidó. Considera que la política de Donald Trump hacia Venezuela fue una “estafa” porque vendió la esperanza de una salida por la fuerza que nunca ocurrió.

Recientemente, el presidente de la República, Nicolás Maduro, anunció que Guaidó solicitó dialogar con él y las fuerzas revolucionarias, luego que fuera conformado el nuevo Consejo Nacional Electoral (CNE).

El jefe de Estado venezolano señaló que evalúan varios puntos para la posible mesa de dialogo; el principal tema planteado es que Guaidó y su fracción renuncie a la violencia y reconozca las autoridades legítimas del país.

Otro punto que destacó es que debe retornar todos los recursos y activos venezolanos que con su promoción, la de Guaidó, han sido confiscados en el exterior, por ejemplo, Citgo en EE.UU. y Monómeros en Colombia.

Por: Aporrea | Jueves, 20/05/2021

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Otro Brasil, con las causas contra Lula anuladas

El ex presidente recupera sus derechos políticos y podría ser candidato en 2022

El juez Fachin, un partidario de la causa del Lava Jato, sorprendió a todos anulando el fallo armado por el ex juez y ex ministro Sergio Moro. La furia de Bolsonaro, el vuelco en las encuestas y la opinión de la derecha expresada con una caída de la Bolsa.

 

Lula de regreso. El Supremo Tribunal Federal brasileño anuló todas las causas contra Luiz Inácio Lula da Silva, que de ese modo recuperó los derechos políticos que perdió debido a las condenas mañosas del Lava Jato y podría enfrentar a Jair Bolsonaro en los comicios del año próximo. El magistrado Luiz Edson Fachin, del Supremo, dejó sin efecto las sentencias contra el expresidente debido a que no corresponde sustanciar el Lava Jato en la sala 13 del juzgado federal de primera instancia de Curitiba, que fuera el feudo del exjuez Sergio Moro. Las causas serán tramitadas de aquí en más en la justicia federal de Brasilia. Quedaron sin efecto las condenas viciadas de intenciones políticas y carentes de pruebas consistentes, por las que el líder del Partido de los Trabajadores (PT) debió purgar 580 días en una celda solitaria del cuarto piso de la Superintendencia de la Policía Federal de Curitiba, entre abril de 2018 y marzo de 2019.

"Recibimos con serenidad la decisión del ministro Fachin que acogió el habeas corpus que presentamos en noviembre de 2020", dijo el abogado defensor, Cristiano Zanin Martins a través de una nota.

No se descarta que la decisión de Fachin sea apelada por la Procuraduría General de la República, sumisa a la voluntad de Jair Bolsonaro, y elevada al Plenario del Supremo compuesto por once miembros, divididos en dos alas: lavajatistas y antilavajatistas. O, si se prefiere, simpatizantes y adversarios de la lawfare y Sergio Moro.

Fachin, considerado un juez lavajatista, sorprendió a políticos y magistrados con esta decisión que, como casi todas las del STF, están inspiradas en motivos más políticos que judiciales.

Lo real es que con la recuperación de sus derechos el jefe petista logró la más importante victoria después de cinco años de encarnizada batalla contra el Lawfare en los que siempre aseguró ser inocente. Y renunció, incluso, a convites para dejar el país o asilarse en alguna embajada.

A pesar de sus años de encarcelamiento y haber sido condenado al silencio por parte de las empresas periodísticas dominantes, conserva una resilente popularidad, como lo demostró un sondeo publicado el domingo en el diario conservador O Estado donde su potencial de votos se ubica en torno al cincuenta por ciento, contra el 38 por ciento de Bolsonaro con vistas a las presidenciales de 2022.

Con Lula en el campo no hay otro candidato más fuerte para derrotar al régimen bolsonarista entre las fuerzas democráticas y populares. Es prematuro asegurar que será candidato por sexta vez (lo fue en 1989, 1994, 1998, 2002 y 2006). Pero nadie pone en duda que esta decisión del STF lo robustece sea como aspirante presidencial, sea como avalista de algún candidato petista o de un eventual frente electoral.

La titular del PT, Gleisi Hoffmann, sostuvo que "la anulación de las condenas responde a un pedido de justicia de la sociedad brasileña y la comunidad internacional, de la lucha de nuestra militancia y los que creyeron en la inocencia de Lula (..) a pesar de las barbaridades cometidas por Moro".

BOLSONARO Y MERCADO, CONTRARIADOS

A poco de conocida la noticia sobre el restablecimiento de los derechos políticos de Lula, el presidente Bolsonaro acusó al juez Fachin de mantener "fuertes vínculos con el PT" y retomó parte de su discurso proselitista de 2018, al asegurar que el "pueblo" no querrá volver a tener un gobierno de izquierda.

Se trata de un discurso remanido, que fue exitoso cuando el antipetismo estaba en su apogeo, pero de dudosa eficacia en los tiempos que corren cuando el público vive en carne propia las peripecias de este gobierno militar-cívico.

Tener de vuelta en el ruedo a Lula significa un revés para el Ejército cuya presión, a través de su excomandante el general Eduardo Villas Boas, influyó para que el jefe petista fuera proscripto tres años atrás.

Un ministro militar le dijo el lunes por la noche a la CNN Brasil, ocultando su identidad, que el retorno del petista al poder "no sería bueno para el país".

Tampoco el mercado se alegró con el regreso del extornero mécanico, decepción expresada en la pronunciada baja del 3,9 por ciento de la Bolsa de Valores de San Pablo y una suba del 1, 6 por ciento del dólar. Vale precisar que la Bolsa ya operaba en baja desde primera horas de la tarde y será necesario aguardar los próximos días para calibrar mejor su comportamiento ante el nuevo escenario político.

DOS GOLPES

Surgida en 2014, la causa del Lava Jato vertebró una coalición de fuerzas del campo conservador unidas en pos de acabar con el ciclo de gobiernos del PT.

Las maniobras de Moro, amplificadas por el multimedios Globo, contribuyeron a intoxicar el ambiente político y el ánimo popular hasta desembocar en el golpe que derrocó a Dilma Rousseff en mayo de 2016.

Ese conato era sólo el primer paso de un plan mayor: cuyo objetivo último era impedir la candidatura en 2018 y el posible tercer mandato de Lula, procesado con base en pruebas inconsistentes, testimonios de arrepentidos que fueron coaccionados y maniobras articuladas con los procuradores de Curitiba.

Esta asociación ilítica, conocida como "Grupo de Tareas de Curitiba", quedó al desnudo a partir de julio de 2019 cuando el sitio The Intercept comenzó a publicar las transcripciones y los audios de las conversaciones de Moro con el jefe de los fiscales, Deltan Dallagnol. No quedan dudas de que cada movimiento apuntó a que el político permaneciara en prisión y quedara fuera de la carrera hacia el Planalto. Finalmente Bolsonaro fue electo gracias a unos comicios anómalos, a una operación que fue la continudad del golpe de 2016 o un golpe en sí mismo. Moro cobró a buen precio su papel en la conjura siendo nombrado por Bolsonaro como ministro de Justicia y Seguridad.


¿Qué hay detrás de la anulación de las condenas a Lula en Brasil?

La decisión del juez Fachin es sobre una cuestión de procedimiento y no absuelve a Lula pero se puede entender como un intento de salvar un régimen político altamente cuestionado.

Nicolás Daneri

La Izquierda diario

Lunes 8 de marzo | 21:27

Este lunes el Juez Edson Fachin, miembro del Supremo Tribunal Federal (STF) de Brasil, anuló la condena que pesaba sobre el ex presidente Luiz Inacio Lula da Silva aduciendo que la justicia del estado de Paraná es incopetente para juzgar el caso. Esta acción restituye los derechos políticos al líder del Partido dos Trabalhadores (PT), que podrá volver a presentarse como candidato, en un momento en que todo el régimen nacido del golpe institucional a Dilma Rousseff y la operación Lava Jato están cuestionadas, aún a pesar de que el ultraderechista Jair Bolsonaro goza de alta popularidad.

Según Fachin, responsable en la Corte Suprema de la operación anticorrupción Lava Jato, esos casos deberán pasar ahora a la órbita de la Justicia federal en Brasilia, la cual decidirá sobre el curso de cada uno de ellos.

En dos de esos procesos, Lula fue condenado a casi 25 años de cárcel, de los cuales cumplió 580 días hasta ser liberado por una decisión del propio Supremo, que alteró su propia jurisprudencia y decidió que una persona sólo puede ingresar a la cárcel cuando ya no tenga apelaciones disponibles, que no era el caso del exmandatario.

De todas maneras es importante señalar que la decisión de Fachin sólo se refiere a cuestiones de procedimiento, y no absuelve a Lula. El sistema legal del país permite que los jueces del STF tomen decisiones unilaterales que luego pueden o no ser apeladas. La Procuraduría General de la República ya ha indicado que apelará, lo que hace que la decisión sea incierta, aunque es poco probable que se revierta. Pero detrás de la decisión, el ministro desplegó una maniobra que termina por salvar a Sergio Moro, de las investigaciones que se estaban llevando a cabo en la segunda instancia.

Moro es el ex juez que dirigió toda la operación Lava Jato que fue la que permitió que Lula fuera encarcelado y, por tanto, impedido de participar en las elecciones de 2018 en las que se perfilaba como el candidato más popular. Moro fue nombrado Ministro de Justicia por Jair Bolsonaro luego de asumir la presidencia, como premio por los “servicios prestados” pero renunció en abril del año pasado.

El juez Edson Fachin es el mismo que corroboró activamente las decisiones del STF para impedir que Lula fuera candidato en 2018. Las maniobras del poder judicial fueron decisivas para la victoria del Bolsonaro y fueron parte clave de todas las desgracias que aquejan al pueblo brasileño desde entonces, principalmente la pandemia de la que Bolsonaro es un negacionista extremo. El STF que movió los hilos para que el golpe institucional se produjera sin mayores problemas, ha venido avalando las privatizaciones y reformas llevadas a cabo por los gobiernos de Temer y Bolsonaro y, ahora, en una decisión unilateral, posa de democrático para salvar el pellejo del golpista Sergio Moro.

La defensa de Lula presentó numerosas medidas de habeas corpus durante los procesos cuestionando la conducta de la justicia. La decisión de Fachin implica que pierden su razón de ser y deben ser archivados. Una de esas medidas se basaba en los mensajes revelados por The Intercept Brasil que muestran las maniobras entre los jueces de la Lava Jato y la parcialidad con la que se juzgo a Lula. Estas revelaciones ponen en cuestión la actuación del ex ministro Moro. La maniobra de Fachin puede ser entendida como un control de daños.

Es imprescindible reconocer estas maniobras para no poner un ápice de confianza en el STF ni en el poder judicial que viene actuando para recomponer un régimen podrido, un régimen golpista que es responsable de todos los ataques a los trabajadores, a los jóvenes y al pueblo pobre en general.

Mientras tanto, Bolsonaro denunció al juez Fachin por tener “un gran vínculo con el PT” y dijo estar convencido de que "el pueblo brasileño ni siquiera querría tener un candidato como ese en 2022 y mucho menos pensar en votarlo", porque "al final de cuentas, todos los escándalos que hubo en su Gobierno están claros frente a toda la sociedad".

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Nicaragua: pandemia, violencia política y salida electoral

La crisis social y política nicaragüense se agudizó con la pandemia de covid-19 y sus efectos económicos. En la sociedad crecen las expectativas de resolverla de cara a las elecciones que se realizarán a fines de este año. Daniel Ortega y Rosario Murillo siguen asediando a una oposición que, sin embargo, no consigue unificarse

 

En 2018 Nicaragua llamó nuevamente la atención mundial cuando una ola de protestas sociales se extendió por todo el país y se prolongó durante varios meses. Las movilizaciones eran la expresión generalizada de un profundo descontento y llevaron la contienda política hasta el más alto nivel cuando las acciones de represión gubernamental provocaron una gran cantidad de muertes, personas heridas, encarcelamientos, torturas, malos tratos y juicios arbitrarios. En aquel contexto, decenas de miles de personas huyeron hacia el exterior. El gobierno, encabezado por Daniel Ortega y su esposa Rosario Murillo, intentó aplacar las movilizaciones con acciones de violencia letal y dos rondas fallidas de negociación que se efectuaron en mayo de 2018 y febrero de 2021.

Desde entonces y hasta la actualidad, se ha instalado una política de represión gubernamental caracterizada por amplios despliegues policiales y grupos de civiles progubernamentales armados que actúan en conjunto con la policía. Además, se ejecuta una política de hostigamiento, vigilancia y agresiones a líderes y activistas políticos, defensores de derechos humanos, periodistas y medios independientes, prisioneros políticos excarcelados y familiares de víctimas de la represión. Estas acciones de hostigamiento policial han llegado al punto de impedir que líderes políticos puedan salir de sus casas sin que exista de por medio una orden judicial. Sobre el resto de la ciudadanía se ha impuesto un estado de excepción de facto que ha cercenado derechos ciudadanos fundamentales como la libertad de expresión y de prensa, el derecho de movilización y organización, entre otros.

Como el gobierno controla a los demás poderes estatales, entre finales de 2020 e inicios de 2021 promovió la aprobación de un conjunto de leyes que tienen como propósito criminalizar a la oposición y limitar aún más derechos ciudadanos fundamentales. Estas son la Ley de «Agentes Extranjeros», que obliga a las organizaciones sociales y personas individuales que reciben fondos del exterior a inscribirse en una oficina, además de someterse a una serie de restricciones y controles; la Ley de Ciberdelitos, que incrementa la vigilancia obligando a las compañías telefónicas a suministrar los datos de personas que el gobierno considere de interés político; la Ley de Cadena Perpetua, que implicó una reforma a la Constitución e incrementó las penas para delitos que el gobierno considera «de odio», además de llevar el periodo de detención preventiva de 48 horas a 90 días; y, finalmente, una ley que sanciona a quienes participen o lideren acciones de oposición.

Desde el inicio de las acciones represivas gubernamentales, organismos internacionales como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas han elaborado informes y declaraciones para alertar sobre las graves violaciones que se están cometiendo. Otras instancias internacionales, como la Secretaría General de la Organización de Estados Americanos (OEA) y el Parlamento Europeo, han emitido resoluciones en rechazo de estas violaciones y llamando al gobierno de Ortega a restablecer las libertades y derechos ciudadanos, así como a encontrar una salida negociada y pacífica a la crisis sociopolítica. Estados Unidos, Canadá, la Unión Europea, Suiza y Reino Unido han impuestos sanciones a una veintena de funcionarios e instituciones relacionadas con el gobierno.

Las elecciones como punto de inflexión

En la medida en que la crisis se ha prolongado en el tiempo y se ha vuelto más compleja por la pandemia de covid-19 y sus efectos económicos, en la sociedad nicaragüense han crecido las expectativas de resolverla con las elecciones presidenciales previstas para finales de 2021. Pero hay otros elementos que también han alimentado esas expectativas. Uno de los más significativos es la memoria histórica y colectiva sobre las posibilidades del voto ciudadano como un instrumento de cambio político hacia rutas democráticas a partir de las lecciones de 1990.

Los altos porcentajes de participación en los procesos electorales muestran que entre la sociedad nicaragüense se instaló esa idea hasta que, en 2000, un pacto entre los caudillos políticos de las dos fuerzas políticas más importantes —Ortega, por el Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN), y Arnoldo Alemán, por el Partido Liberal Constitucionalista (PLC)— dio paso a la captura del sistema electoral y trastocó la competencia electoral por las graves irregularidades y fraudes que se cometieron, especialmente desde 2011 hasta la fecha. A pesar de la falta de transparencia, credibilidad y confianza en el sistema electoral, un porcentaje importante de la ciudadanía espera que las elecciones previstas para noviembre de 2021 se conviertan en un momento de cambio y apertura democrática.

Sin embargo, los momentos y las posibilidades entre 1990 y 2021 son diferentes. Una de las características del contexto actual es que el gobierno ha instalado una política de represión y un estado de excepción para impedir que la ciudadanía ejerza derechos fundamentales como la libertad de expresión y la libertad de movilización y de organización, entre otros. Hoy, en Nicaragua, se suma una pandemia de alcance global, que ha sido tratada por el gobierno con una política sanitaria que no previene ni atiende la situación, sino que más bien promueve actividades públicas masivas y oculta los datos reales de contagios y fallecimientos; además, una grave crisis económica golpea a amplios sectores de población, pero especialmente a los más vulnerables.

En el ámbito político, la coalición electoral opositora de 1990 estuvo conformada por 14 partidos políticos de distintos signos ideológicos. Esta vez, existen dos plataformas opositoras —la Coalición Nacional y la Alianza Ciudadana—, que incluyen entre sus integrantes tanto a partidos políticos como a rganizaciones y movimientos sociales. Además, en todo el país existen numerosos grupos y organizaciones ciudadanas nacidas a partir de 2018 que no están vinculadas con estas plataformas. La mayoría de estos actores son emergentes y están en conflicto con los partidos políticos por la poca legitimidad y confianza que tienen entre la ciudadanía, así como por su participación en negociaciones y acuerdos excluyentes promovidos por las elites como mecanismo de gobernabilidad y viabilidad política durante las últimas tres décadas.

Actores internacionales como la OEA, la Unión Europea y diferentes gobiernos han expresado su deseo de que las elecciones se conviertan en un medio para resolver la crisis sociopolítica y que el gobierno de Ortega procure las condiciones para ello: las necesarias reformas electorales que permitan un proceso competitivo, justo y transparente, la liberación de los prisioneros políticos y el restablecimiento de las libertades ciudadanas. Pero para que las elecciones se conviertan efectivamente en el punto de inflexión hacia una transición democrática en Nicaragua, es necesario resolver aspectos críticos que involucran la voluntad política tanto del gobierno como de las distintas fuerzas de oposición para concurrir con una fórmula presidencial de consenso.

Condiciones y puntos críticos

Una de las condiciones fundamentales para las elecciones previstas en noviembre de 2021 es que los ciudadanos y las ciudadanas puedan ejercer su derecho al voto en libertad, con una competencia justa entre diferentes fuerzas políticas, en un proceso transparente en el que se respeten los resultados de las votaciones. Para eso se requieren reformas electorales de fondo que el gobierno de Ortega parece no estar dispuesto a conceder. En la actualidad, el sistema electoral está controlado por el propio mandatario, quien rompió el balance entre los poderes del Estado desde su llegada a la Presidencia en 2007. El pacto que efectuó en 2000 con Alemán le permitió conseguir ese control, modificar las reglas del juego electoral y, más adelante, cometer irregularidades y fraudes para asegurar su continuidad en la Presidencia.

Diversas organizaciones y fuerzas políticas han demandado reformas electorales para revertir ese control y, más recientemente, la Asamblea General de la OEA emitió una resolución que urge a Ortega a llevarlas a cabo antes de mayo, un plazo crítico porque marca el límite de tiempo necesario para implementarlas antes de que se inicie la campaña electoral. Ortega ha alargado el tiempo para que esas reformas, en el caso que decida efectuarlas, no modifiquen en el fondo su control sobre el sistema electoral.

El gobierno también tiene la llave para resolver otras demandas planteadas por la oposición, como la liberación de más de cien prisioneros políticos, el restablecimiento de los derechos ciudadanos y la suspensión de la política de represión impuesta hasta ahora. Sin esas condiciones, que forman parte de los acuerdos suscritos en febrero-marzo de 2019, difícilmente la ciudadanía y las mismas fuerzas políticas podrán desarrollar sus actividades proselitistas durante la campaña electoral.

Del lado de las fuerzas de oposición, uno de los puntos críticos se refiere a la conformación de una alternativa electoral amplia que aglutine a la mayoría de las organizaciones, movimientos y partidos, así como los votos de la ciudadanía. La «unidad», como la llama la población, marcha a paso lento, pero, igual que las reformas electorales, tiene plazos fatales. El camino para esa coalición amplia está cruzado por fuertes conflictos que no parecen fáciles de resolver por un falso dilema en la opinión pública entre «izquierda» y «derecha»; la selección de una fórmula presidencial de consenso entre una lista de precandidatos y los desencuentros entre los opositores alimentados por el propio gobierno.

¿Y si no hay condiciones? Los escenarios posibles

Sobre el proceso electoral y las posibilidades de abrir el camino para la transición democrática, hasta ahora se cierne un espeso nubarrón de incertidumbre. Un escenario posible es que Ortega decida abrir un espacio limitado para simular unas votaciones legítimas y obtener el reconocimiento internacional. Dependiendo de qué tanto se abra ese espacio y la fortaleza de las fuerzas de oposición democráticas para disputar los votos, es posible pensar en un cambio de gobierno y la transición hacia la democracia. En ese caso, el gobierno electo se enfrentaría a un escenario lleno de retos complejos para resolver tanto en el ámbito político como en el económico y social.

Otro escenario es que Ortega no permita las condiciones necesarias para un proceso electoral competitivo, transparente y en libertad, que se produzca un fraude y se impongan resultados contrarios a la voluntad ciudadana para asegurar su continuidad en el poder. En ese caso, las fuerzas democráticas de oposición se enfrentarán al dilema de participar o no participar en el proceso electoral, así como a una interrogante más estratégica: qué rumbo político seguir para abrir las posibilidades de la transición a pesar de la prolongación de la crisis y la permanencia de Ortega.

En ambos casos, los escenarios son complejos y nada favorables para la oposición democrática. Ortega se encuentra en su momento de legitimidad más bajo, según los últimos sondeos de opinión, y su fuerza descansa fundamentalmente en los empleados estatales, las fuerzas policiales y militares y los grupos de civiles armados favorables al gobierno. A pesar de ello, la sociedad nicaragüense ha venido experimentando cambios importantes con el entretejido de grupos y organizaciones, así como la emergencia de una red de líderes políticos en todo el país. Ese proceso lento y a veces silencioso —cruzado por tensiones que muchas veces se dirimen en espacios públicos como las redes sociales, lo que provoca una percepción de polarización— está cambiando la cultura y las prácticas políticas. Los intentos del gobierno para frenar ese proceso vigilando, persiguiendo e incluso encarcelando a ciudadanos y líderes políticos han sido inútiles. El potencial político de estos esfuerzos es enorme no solo para las elecciones que se avecinan, sino también para recuperar la democracia. A la larga, constituye un valioso capital político que quedará instalado para el futuro.

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El Salvador: odio, asesinatos y... elecciones

En medio de un escenario de tensión política e intolerancia social, el país centroamericano está a pocos días de las elecciones legislativas y municipales. Dos simpatizantes del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional han sido asesinados tras participar en un acto de la formación de izquierda. Mientras las investigaciones siguen su curso, se apunta a un crimen político, nutrido por mensajes de odio que promueven altos funcionarios del país, incluido el presidente Bukele que llegó a afirmar que se había tratado de un autoatentado. ¿Qué está pasando en El Salvador?

El pasado 31 de enero, simpatizantes del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN) fueron atacados por tres hombres que dispararon directo al camión en el que se encontraban. Todo ocurrió en el centro de la capital salvadoreña en el marco de la campaña para las elecciones legislativas y municipales del 28 de febrero, en las que el oficialismo aparece liderando las encuestas y podría alcanzar la mayoría absoluta en el Parlamento. Dos personas fallecieron y otras tres fueron lesionadas en el tiroteo. Los veinte militantes del FMLN que se encontraban en el camión regresaban de un evento proselitista del candidato a la alcaldía de San Salvador, cuando el auto con los tres hombres a bordo los interceptó. Uno de ellos abrió fuego. Eran las 6:25 de la tarde de ese domingo.

El ataque contra simpatizantes de izquierda se ha convertido es parte de una escalada de radicalización política que se vive en el país. En las redes sociales se destila tensión, en especial en Twitter, atizada por los mensajes de odio e intolerancia que son generados, principalmente, desde el gobierno. Desde la firma de los Acuerdos de Paz en 1992, El Salvador se vio marcado por la polarización entre el FMLN, partido de izquierda que gobernó el país entre 2009 y 2019, y la derecha dura representada por la Alianza Republicana Nacionalista (Arena). Y es sobre ese escenario dividido y sobre el desencanto generado por ambos partidos tradicionales que cobró relevancia la figura del actual presidente Nayib Bukele. El mandatario de 39 años, que se autodefine como un outsider de la política, consiguió 54 % de los votos en las últimas elecciones, lo que le permitió romper con 30 años de bipartidismo, aunque no con la polarización.

Lo que ocurrió el 31 de enero pasado en El Salvador es la expresión mayúscula de una situación de violencia política que ya había sido advertida por la sociedad civil. Los mensajes de odio calan fuertemente ante una población enajenada por la violencia y se encienden con una mínima chispa. Bukele, sin embargo, tuvo declaraciones altamente desafortunadas solo media hora después del asesinato de los miembros del FMLN. En lugar de condenarlos, insinuó que se había tratado de un autoatentado. «Parece que los partidos moribundos han puesto en marcha su último plan. Qué desesperación por no perder sus privilegios y su corrupción. Pensé que no podían caer más bajo, pero cayeron», decía el presidente desde su cuenta de Twitter. El FMLN no tardó en rechazar la afirmación de Bukele.

La muerte de Gloria Rogel de López y Juan de Dios Tejada, los dos militantes del FMLN, recibió la condena de actores políticos y sociales y de la comunidad internacional. Y el lenguaje de Bukele quedó en el centro de la escena. «Condeno profundamente el ataque de ayer dirigido al meeting de campaña del @FMLNoficial en El Salvador y hago un llamado a una investigación total del crimen. El Estado necesita garantizar a todos los partidos políticos democráticos a que puedan hacer una campaña y baje la intensidad no que añada gasolina al fuego @nayibbukele», escribió Tilly Metz, que forma parte de la bancada de Los Verdes en el Parlamento Europeo. El 10 de febrero, Metz envió una carta a Bukele pidiendo que reduzca la escalada de violencia política que se vive en el país centroamericano. «Sinceramente espero que las próximas elecciones sean justas, pacíficas y transparentes».

La campaña de odio del presidente se ha transformado se ha transformado ya en una política gubernamental. Armando Álvarez, catedrático del departamento de Economía de la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas (UCA), le recordó a Bukele que «procurar la armonía social, y conservar la paz y tranquilidad interiores» del país es parte de sus atribuciones constitucionales como presidente. Pero eso no ocurrió esa noche. La presidencia de El Salvador no condenó el hecho, sino que continuó fomentando la división entre los salvadoreños.

Radicalización presidencial

El presidente Bukele ha encontrado en Twitter un nicho que seguirá explotando hasta donde la red social se lo permita. Aunque las políticas de esa red social son claras en cuanto a no fomentar el odio, tal parece que eso no aplica para el presidente de El Salvador. Twitter es enfático en cuanto a qué considera como «conductas de incitación al odio». Por ejemplo, «no se permite fomentar la violencia contra otras personas ni atacarlas o amenazarlas directamente por motivo de su raza, origen étnico, origen nacional, pertenencia a una casta, orientación sexual, género, identidad de género, afiliación religiosa, edad, discapacidad o enfermedad grave. Tampoco permitimos la existencia de cuentas cuyo objetivo principal sea incitar la violencia contra otras personas en función de las categorías antes mencionadas», se afirma en las políticas de la red social. Sin embargo, el 1 de febrero de 2020, justo un año antes de este ataque, Bukele tuiteó: «Arena y FMLN no son basura, son peor que eso. Negociaron con la sangre de nuestro pueblo. Mil veces malditos». El mensaje lo compartió cuando se conoció que la Fiscalía General de la República (FGR) había presentado un requerimiento para procesar a algunos funcionarios por negociar con pandillas. Lo que omitió el presidente en ese momento es que algunos funcionarios de su administración cuando fue alcalde de San Salvador (2015-2018) también han sido investigados por reunirse con líderes de la Mara Salvatrucha (MS-13).

Bukele ha tenido buenas relaciones con políticos de otras naciones que también han apelado a los discursos de odio. Entre ellos, por supuesto, se destaca el ex presidente estadounidense Donald Trump. En la historia reciente de El Salvador nadie ha sido tan «florido» para atacar a sus adversarios políticos como Bukele. Omar Serrano, vicerrector de la UCA, afirma que Bukele y Trump se asemejan porque «han hecho del odio su emblema». Y asegura que «tampoco hubo otro mandatario que haya pretendido explícitamente dividir al país como lo ha hecho él».

La disputa por la versión de los hechos

Cada vez que Bukele habla, sus funcionarios —y un ejército de trolls— se convierten en la caja de resonancia de su mensaje. Hasta cuando ocurre un temblor, el presidente se expide. A pesar de que existe un Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Bukele considera que es él quien debe informar la escala del sismo. Así sucede con una diversidad de temas. Y sus acólitos no dejan de replicar sus mensajes. Cuando Bukele habló de «autoatentado» algunos funcionarios de su círculo cercano, como el presidente de la Comisión Ejecutiva Portuaria Autónoma (Cepa), Federico Anliker, continuaron alimentando esa versión. La misma noche del atentado escribió en su cuenta de Twitter: «Los mismos de siempre, hoy resulta que después de acabarse al país y llevarnos a la violencia social que ellos mismos la propiciaron y otros incluso son parte de esas mafias, hoy se quieren pintar como blancas palomas. ¡NO JODAN!».

De lo ocurrido el 31 de enero, se sabe que en el camión viajaban mujeres, unos cuantos hombres y ex-combatientes de la guerrilla ya ancianos. Además, se sabe que el automovil les interceptó porque hubo hostigamientos previos, que llevaron a que unas mujeres, simpatizantes del partido de izquierda, respondieran tirando bolsas con agua a los atacantes. También se sabe la identidad de los tres hombres que bajaron del auto azul que interceptó al camión. Se trata de tres empleados del Ministerio de Salud, dos de los cuales se desempeñan en el área de seguridad. El otro trabaja como conductor. Es decir, los tres son empleados del gobierno de Bukele. Testigos manifestaron al periódico El Faro que uno de ellos fue quien disparó.

Cuando se conoció que los atacantes eran empleados públicos, Bukele cambió su discurso: pasó de sostener que se trataba de un autoatentado a afirmar que se había producido un enfrentamiento. Esta tesis fue sostenida también por la Fiscalía General de la República, al conocer que uno de los atacantes también estaba lesionado por una bala. Las víctimas del ataque que resultaron lesionadas afirman, sin embargo, que no portaban armas.

El ataque contra militantes del FMLN ha acentuado una disputa entre la Presidencia y la Policía Nacional Civil (PNC) con el Ministerio Público por quién presenta pruebas irrefutables de lo sucedido. Aun cuando la PNC es un brazo de investigación de la Fiscalía, su posición ha sido la de demostrar que los atacantes reaccionaron a un enfrentamiento con los militantes. Lo que ocurre entre las dos instituciones es grave. Marcela Galeas, abogada penalista, ha sostenido que «lo peligroso en este caso es que la forma en que desde el gobierno, específicamente el presidente y la PNC, se quiso deslegitimar las calidades de las víctimas y justificar las acciones de los hechores por tratarse de empleados del Ministerio de Salud». «Que la Policía cuestione de manera pública la dirección funcional de la Fiscalía, priorizando la protección de los acusados y no de las víctimas, es inaudito». No hay justificación alguna, ni jurídica ni lógica, que lleve a pensar, al evaluar los videos que se han presentado como prueba, que hubo enfrentamiento. Bukele, sin embargo, acusó al Ministerio Público de ocultar videos y él mostró los propios, los que la PNC había obtenido «por su cuenta».

El ambiente se ha convertido en un campo de batalla en el que todos acusan y todos se responden. Ante lo enunciado por Bukele, el fiscal general de la República, Raúl Melara, no tardó en responder. «Al querer desvirtuar las conclusiones de la investigación, lo que hace la Policía Nacional Civil es desacreditarse más y menospreciar el trabajo que sus investigadores han hecho con los fiscales. No entiendo a quién defienden. No tienen el más mínimo respeto por los fallecidos ni por sus familias», escribió Melara en su cuenta de Twitter.

Mientras las investigaciones continúan, el fiscal intentó juntar a todos los representantes de los partidos políticos inscritos en la contienda. Quería un pacto de no violencia, pero no lo logró: el partido del presidente Bukele, Nuevas Ideas, no se presentó. Tampoco lo hizo Cambio Democrático, un partido aliado del presidente. Pero cuando la Embajada de Estados Unidos llamó a una reunión citando a todos los partidos políticos para garantizar la no violencia política, los partidos oficialistas asistieron. El llamado del gobierno estadounidense parece ser, para Bukele, más importante que el llamado de un fiscal de su país.

Las señales de autoritarismo

El oficialismo de Bukele ha intentado sostener una única línea de lo sucedido y todos se han cerrado sobre ella. Para hacerlo ha intentado que los medios difundan su posición. Para un gobierno deseoso de concentrar el poder, la estrategia mediática ha sido clara. Los constantes bloqueos gubernamentales a la información pública, el debilitamiento de la prensa independiente a través de ataques y de campañas de desacreditación, a la vez que el fortalecimiento de los medios estatales que sostienen la posición del gobierno, operan como herramientas claves para Bukele. Defensores de los derechos humanos han sostenido que estas constituyen evidentes señales de autoritarismo por parte del gobierno.

El 9 de febrero de 2020 una imagen recorrió el mundo: la de Bukele rodeado de militares en la Asamblea Legislativa, practicando un intento de autogolpe con amenazas a la oposición. El peso del Ejército y las actitudes autoritarias del presidente son evidentes. Alcanza con revisar el presupuesto general de la nación e identificar dónde está destinada la mayor cantidad de dinero. La respuesta no es difícil: en los militares. Tal como sostiene la defensora de los derechos humanos Celia Medrano en una entrevista concedida al periódico El Faro, Bukele apuesta por la militarización de la política y muestra rasgos «autocráticos y claramente autoritarios».

La oposición es débil y muy poco inteligente. En medio de un clima tenso, Bukele encuentra las palabras para controlar el voto popular. Mientras sus ojos están puestos en las próximas elecciones legislativas y municipales del 28 de febrero, pareciera que no habrá un cambio en el discurso que ha traído desde que inició su mandato en junio de 2019. El vicerrector de la UCA, Omar Serrano, sostiene que la violencia se ha vuelto una constante a partir de la siembra de odio gubernamental. Los resultados están a la vista: ya no se trata solo de polarización política, sino de asesinatos, como se verificó con lo sucedido en la caravana del FMLN. «Lo peor es que los más afectados siempre es la clase pobre, la gente del pueblo, que están en las comunidades, mientras en las cúpulas seguramente van a llegar a arreglos políticos», insiste Serrano. Con la presidencia de Bukele, lo único que quedó atrás fue la hegemonía de los dos partidos tradicionales. Ahora, sin embargo, ha emergido otra cosa: el odio en el discurso político, la responsabilización a terceros por los errores propios. Los hechos lamentables están lejos de haber terminado.

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La ONU denuncia a Daniel Ortega por arrestos, violaciones y torturas a disidentes políticos en Nicaragua

La oficina de la Alta Comisionada de Derechos Humanos considera que el presidente no ha cumplido con las recomendaciones que le hizo el organismo tras la crisis política de 2018

El Gobierno de Daniel Ortega no ha cumplido con 14 recomendaciones emitidas por la Oficina de la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos tras la crisis política de 2018, cuando el exguerrillero sandinista desató una brutal represión contra las manifestaciones que exigían el fin de su mandato. En un informe publicado este lunes, la OACNUDH cataloga de “deficiente” la respuesta gubernamental ante sus recomendaciones y advierte de que en el país centroamericano se siguen cometiendo violaciones a las libertades civiles, incluyendo arrestos y detenciones arbitrarios de personas percibidas como opositoras al Gobierno y limitaciones en el ejercicio de las libertades de reunión pacífica, expresión y asociación.

La Oficina de la ONU emitió en 2018 un demoledor informe contra el régimen, acusándolo de cometer violaciones generalizadas de los derechos humanos, incluyendo arrestos arbitrarios de manifestantes por parte de las huestes armadas bajo órdenes de Ortega. Algunas de estas personas detenidas de forma arbitraría fueron luego violadas y torturadas bajo custodia. El documento alertaba, además, del uso desproporcionado de la fuerza y de ejecuciones extrajudiciales por parte de la policía, desapariciones, detenciones arbitrarias generalizadas e instancias de tortura y violencia sexual en centros de detención. El grado de represión “tan alto”, continuaba, ha forzado al exilio a ciudadanos por el simple hecho de expresar opiniones contrarias al líder sandinista.

Tras la publicación del documento, la OACNUDH emitió 14 recomendaciones al Estado nicaragüense para mejorar las condiciones de los derechos humanos en el país, pero “la Oficina ha observado que el Gobierno ha implementado pocas medidas sin mostrar, lamentablemente, avances notables hasta el momento”, advierte el organismo. Según el informe presentado este lunes, el Gobierno solo ha “cumplido parcialmente” con poner fin a las detenciones y liberar a todas las personas “privadas arbitrariamente de libertad” en el contexto de las protestas o por manifestar opiniones críticas con el régimen. La OACHUDH reconoce que desde el 30 de diciembre de 2019, “el Gobierno ha otorgado medidas alternativas a la detención a 86 hombres y 9 mujeres”, pero afirma que, según cifras de la sociedad civil nicaragüense, “a diciembre de 2020 al menos 106 personas (103 hombres y 3 mujeres) que participaron en las protestas o que fueron percibidas como opositoras continuaban privadas arbitrariamente de su libertad”.

El informe también advierte que “los arrestos y detenciones arbitrarios de personas percibidas como opositoras al gobierno continuaron. Actualmente, el patrón principal consiste en breves detenciones policiales, tras las cuales las personas detenidas son puestas en libertad dentro de las 24 horas siguientes sin ser presentados a las autoridades judiciales”.

El organismo, además, alerta de las continuas violaciones a las libertades civiles, incluyendo la libertad de expresión. “La Policía Nacional ha impedido sistemáticamente las manifestaciones públicas de personas o grupos críticos con el Gobierno. En al menos seis casos, la ONU registró que los agentes de policía recurrieron al uso innecesario o desproporcionado de la fuerza, causando lesiones menores a manifestantes y periodistas. Desde el 1 de agosto de 2019, la OACNUDH documentó 83 casos de ataques, amenazas, acoso y actos de intimidación por parte de agentes de policía y elementos progubernamentales contra defensores y defensoras de derechos humanos. Además, registró 30 casos en los que las víctimas fueron periodistas o trabajadores y trabajadoras de los medios. Cuatro medios de comunicación sufrieron allanamientos, destrucción de equipos o sanciones administrativas”, resalta el documento.

El Gobierno de Ortega tampoco ha investigado y enjuiciado a los responsables de las violaciones a los derechos humanos en el contexto de la represión contra las protestas de 2018, ni ha garantizado el acceso a la justicia y reparación a todas las víctimas de violaciones a los derechos humanos. Por el contrario, la OACNUDH lamenta la aprobación de una amnistía que, afirma, “allanó el camino a la impunidad de los responsables de graves violaciones a los derechos humanos”.

En ese contexto, a la ONU le preocupa que el Gobierno siga negando la existencia de grupos armados paraestatales y “turbas violentas” que participaron la represión de las manifestaciones. “Desde el 1 de agosto de 2019, la OACNUDH ha documentado por lo menos 11 casos (incluido un asesinato) en los que partidarios del Gobierno atacaron físicamente y/o amenazaron a personas percibidas como opositoras. En la mayoría de esos casos, los autores vestían los colores o portaban banderas del partido gobernante y las violaciones se produjeron con la tolerancia de los agentes de policía que no impidieron ni detuvieron los ataques”, alerta el informe.

Otra de las recomendaciones incumplidas es la reactivación de un diálogo inclusivo con la oposición, así como implementar reformas electorales para garantizar unas elecciones justas y transparentes. Nicaragua celebrará comicios generales en 2022, con Ortega controlando todo el sistema electoral.

En las conclusiones del informe, la OACNUDH solicita al Gobierno que autorice la entrada al país de una misión del organismo, una solicitud hecha desde septiembre de 2020, antes de la presentación de un nuevo informe al Consejo de Derechos Humanos de la ONU. “Ello permitiría realizar una evaluación más profunda de los progresos y los desafíos relativos a la situación de los derechos humanos en Nicaragua”, concluye la OACNUDH

Por Carlos Salinas Maldonado

México - 08 feb 2021 - 10:24

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Sábado, 06 Febrero 2021 05:09

Inútil sacrificio

Inútil sacrificio

Al desoír las advertencias, el líder opositor Aleksei Navalny, adversario irreconciliable del presidente Vladimir Putin, con su regreso a Rusia hizo un sacrificio inútil a partir de dos errores: suponer que no podían encarcelarlo, ya que la fiscalía durante seis años no solicitó prisión efectiva hasta dos días antes de que concluyera la condena a libertad condicional, y creer que, de ocurrir ese escenario, su preparado contragolpe –el video sobre el presunto palacio de Putin en el mar Negro– sacaría a la calle a millones de indignados y que las bien remuneradas fuerzas del orden le darían la espalda al Kremlin.

La represión sofocó la protesta, sin precedentes ambas, pero sin inclinar la balanza hacia los que se atrevieron a expresar su opinión pese a los riesgos: 10 mil detenidos en tan sólo dos manifestaciones. El Kremlin quedó con imagen abollada y Navalny con la sensación de que su valiente gesto de volver a su país no provocó la caída del régimen y de que no podrá recobrar pronto la libertad.

Una vez condenado a dos años y ocho meses de prisión, es de suponer que la siguiente instancia no va a satisfacer el recurso de apelación y, en consecuencia, Navalny será trasladado a una lejana colonia penitenciaria, como se denomina aquí una suerte de territorio cerrado para prisioneros donde los condenados son obligados a trabajar y duermen no en celdas, sino en barracones para decenas de personas. Ahí, sin acceso a Internet, estará aislado y no podrá influir en ninguna acción política.

Mientras tanto, la maquinaria del Estado seguirá fabricando causas contra Navalny. Ayer mismo comenzó el juicio por calumniar a un veterano de la Segunda Guerra Mundial, que exhortó, en un anuncio de tv, a votar por la nueva Constitución, junto con una veintena de famosos y desconocidos.

Navalny, en Twitter y Telegram, los llamó "lacayos vendidos" y "traidores". Nadie se quejó, pero no faltó quien lo demandara por ofender al anciano que no sabe qué es Internet. Dentro de una semana continuará el juicio, que puede terminar con una elevada multa o incluso hasta dos años más de cárcel. Habrá otros procesos y Navalny no sería el primero en convertirse en moneda de cambio para, tras unos años de castigo ejemplar, expulsarlo del país y obtener alguna concesión en beneficio de la élite gobernante.

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La Rusia que se rebela Entrevista a Andrey Schelchkov

La detención de Alekséi Navalny abrió un nuevo frente para Vladímir Putin. Con la mirada puesta en las protestas de la vecina Bielorrusia y en la estrategia para enfrentarlas, el gobierno apuesta a responder con violencia a las manifestaciones y esperar su desgaste. El costo es mostrarse como un régimen abiertamente represivo. Navalny, entretanto, se reafirma como la principal figura de la oposición.

 

El envenenamiento, la salida del país y el regreso y detención de Alekséi Navalny han reactivado las protestas en las calles a lo largo y ancho de Rusia. Con una popularidad que comenzó hace años con sus denuncias anticorrupción, Navalny, de 44 años, se transformó en la principal figura de la oposición, con un apoyo particularmente significativo entre los jóvenes. El gobierno respondió a las protestas con una inusitada escenificación de poder y no menos represión. En esta entrevista, el historiador de la Academia de Ciencias de Rusia Andrey Schelchkov analiza la coyuntura, el liderazgo de Navalny y sus posturas ideológicas -algunas de ellas, paradójicamente, no tan lejanas a las de Putin- y el escenario que abre esta nueva ola de protestas.

¿Cuál es la estrategia del gobierno ruso frente al caso Navalny? ¿Cuánto incide lo que ocurre en la vecina Bielorrusia, con las persistentes protestas en las calles, en la escenificación de la fuerza y la fuerte represión de las protestas?

Parece que el gobierno dejó al lado todas las apariencias. La arbitrariedad es absoluta, la represión es brutal y ejemplarizadora, lo que a los ojos de la gente menos involucrada políticamente contrasta con la imagen paternalista que siempre buscó proyectar Vladímir Putin. Ahora el gobierno optó por la variante de la violencia abierta, al estilo de Aleksandr Lukashenko en Bielorrusia. Está cortando sus vías de comunicación con amplias capas de la sociedad, inclusive con los partidarios de Putin. La represión acelera la radicalización de la protesta, lo que podría acortar las posibilidades de supervivencia del régimen. Nunca la policía tuvo una imagen positiva, pero ahora está por debajo del suelo. La cantidad de arrestados sobrepasa lo imaginable: entre el 23 y el 31 de enero han sido casi 10.000 personas en todo el país. Ni en la época soviética hubo algo parecido. En la URSS, la policía era disciplinada y no arbitraria o abusiva. Claro, hablamos de la época de Leonid Brézhnev, con Stalin no existía la ley. Cuento esto porque aún ahora hay una cierta confianza e ilusión en la justicia, que de todos modos se fue evaporando en estos años. Hoy solamente los más ancianos tienen estos espejismos. Por ejemplo, una vecina mía de más de 80 años y muy favorable a Putin me dijo «¿Por qué Navalny protesta en vez de ir a denunciar la corrupción en la fiscalía?». Santa simplicitas.

De todos modos, durante estas protestas, no en todas las ciudades hubo confrontación con la policía. Por ejemplo, en mi ciudad natal, Krasnodar, que cuenta con un millón de habitantes y es tradicionalmente muy conservadora, salió muchísima gente. El 23 de enero hubo alrededor de 7.000 personas, un número nunca visto allí desde que se recuerde, y nadie les puso trabas a las marchas. Hay que recordar que todas las manifestaciones fueron prohibidas, lo que hace más importante el número de manifestantes. Tal vez las fuerzas especiales se fueron a Moscú y no tenían con qué reprimir en ciudades más pequeñas. Las autoridades apuestan a la estrategia de Bielorrusia: la gente se cansará y la represión va a cumplir su función. Creen que si mantienen preso a Navalny el gobierno podría aguantar algunas semanas de protestas. El problema es si esto se convierte en una especie de intifada rusa. Por primera vez la policía se enfrentó a la resistencia violenta de quienes protestan. Y además vienen elecciones al Parlamento que puede causar otras conmociones.

El gobierno no puede dejar en libertad a Navalny sin que ello sea considerado una muestra de debilidad, algo que Putin teme más que nada porque sería una señal a los servicios de seguridad de que el jefe está débil, y esto podría causar una crisis en la elite gubernamental. El gobierno prefiere una crisis corta ahora que una crisis sin fin con Navalny en libertad. La incógnita es qué sucede si esta situación dura demasiado tiempo. Ya nadie escucha la propaganda por la TV, excepto gente mayor que no sale ni para protestar ni para apoyar a Putin. Los medios oficialistas dicen que las protestas fueron insignificantes. Pero todo el mundo ve la histeria de las autoridades, que cerraron el centro de Moscú para peatones (algo inédito), frente a lo cual los manifestantes se dispersaron por barrios más periféricos mostrando que están «por todos los lados». El centro, donde hasta las estaciones de metro fueron cerradas, parecía parte de una ciudad bajo estado de sitio. Pero el drama no es Moscú, siempre rica y acomodada, y siempre de oposición, sino las provincias, pobres o ricas pero siempre leales, donde sorprendió la dimensión de la protesta.

¿Cómo está hoy la popularidad de Putin? Hasta ahora había un clivaje claro entre «las capitales» (Moscú-San Petersburgo) y el resto de Rusia, pero desde hace tiempo se ven protestas en otros sitios, incluyendo el extremo oriente.

No tiene sentido seguir las encuestas oficiales, pero incluso ellas registran una caída de la popularidad de Putin hasta 53%. Más o menos independiente, el Levada Center llevan la caída hasta 39%, pero lo más interesante es su nivel de apoyo entre los jóvenes (hasta 35 años): en un año, cayó de 36% a 20% de apoyo. En realidad, el problema está además en que Putin aparece como mentiroso e incluso ridículo. Surgieron miles de chistes, una forma de reacción popular tradicional en política en Rusia. Putin pasa a ser objeto de burlas, incluso cae en el ridículo, y esto es lo peor que le puede pasar desde punto de vista de su imagen. Incluso muchos de los que lo saludaron como gran líder nacional durante la epopeya de la anexión de Crimea ya no lo apoyan.

Lo que se denomina «la provincia» es un mundo heterogéneo, y las grandes ciudades del interior (Novosibirsk, Ekaterimburgo y muchas otras) son un gran problema para el gobierno, incluso electoral. En el oriente, en el Pacífico, la población fue siempre rebelde, muchos son descendientes de los deportados, ahí la violencia es muy posible y no hay temor. Ya provocaron grandes sorpresas electorales, allí las autoridades se sienten débiles, pero las preocupan más Moscú y San Petersburgo, donde se decide la suerte del poder; por eso tanto dinero va a estas dos ciudades. En Siberia oriental (Jakasia, Jabárovsk, Vladivostok), en las pasadas elecciones, ganaron los candidatos spoilers (postulados no para ganar, sino para obstaculizar el triunfo opositor), y la política de Navalny denominada «opción inteligente» llamó a la gente a votar por cualquier candidato con posibilidades de ganarle al oficialismo. En varias regiones ganaron los opositores. En Vladivostok simplemente anularon las elecciones, en Jabárovsk en un año detuvieron al gobernador, provocando masivas protestas diarias y semanales que las autoridades no se atrevieron a reprimir. Estas protestas duraron seis meses. Y las consignas pasaron lentamente de un espirito anti-Moscú, que es inherente a todas las provincias rusas, a las consignas anti-Putin. Pero sin tener liderazgo político ni idea de cómo seguir, las protestas se desvanecieron. Y lo más preocupante es que Navalny, desde su regreso, se convirtió en un instante en un héroe sin temor y en figura unificada de la oposición, que consolida todo el descontento en el interior ruso, que realmente está social y económicamente mal.

Navalny es un nacionalista, aunque parece más abierto a temas como los derechos LGBTI, de las mujeres, etc. ¿Qué lo diferencia ideológicamente de Putin?

Navalny es un nacionalista light. Es un político nato, se apoya en los sentimientos que existen en la sociedad: nacionalismo antiinmigrante, sobre todo contra los provenientes de Asia central, de religión islámica y social-liberal. Sabe que Rusia es un país de izquierda, pero donde los social-liberales ya son derecha, por eso tiene discurso de justicia social y de igualdad, en esencia es un «socialista» en lo social y es liberal en lo económico y en la política, una combinación complicada. El problema no es tanto qué lo diferencia de Putin sino lo contrario, qué tiene de parecido con el presidente. Y esto es el caudillismo, un liderazgo personalista. Por eso algunos lo llaman «joven Putin». Navalny consiguió formar un numeroso grupo de seguidores jóvenes, muy abnegados y sacrificados. En cuanto a la agenda social de feminismo, derechos LGBTI, etc., tiene el discurso muy liberal. Pero su nacionalismo preocupa a muchos porque es antiinmigrante (la inmigración es un gran problema cultural y religioso en Rusia), aunque entronca con la sensibilidad de muchos simpatizantes de Putin. Por ejemplo, Navalny acusa a los oligarcas putinistas de fomentar la inmigración de Asia central para mantener salarios bajos. Tampoco les gusta a los liberales su posición sobre el problema de Crimea, que coincide con la de Putin. Hay que recordar que Navalny fue expulsado a principio de 2000 del partido social-liberal Yabloko por sus posiciones nacionalistas. Sin embargo, la mayoría de los opositores, en la derecha y en la izquierda no oficialista (Frente de Izquierda), apoyan a Navalny por ser capaz hoy de enfrentar a Putin.

¿Qué elementos explican la dimensión de la protesta? No parece ser solo la libertad de Navalny... 

Navalny, en su confrontación con Putin, se convirtió en la figura unificadora contra el régimen, y eso ayuda a aumentar la cantidad de personas dispuestas a salir a las calles por su libertad. Lo que sorprende es que un tercio de ellas salió por primera vez. Se junta el cansancio por la pandemia, la crisis, la erosión de los niveles de vida, lo que contrasta con la opulencia gubernamental. Por eso, el video que publicó el equipo de Navalny sobre un un lujoso palacio en las costas del mar Negro, supuestamente perteneciente a Putin, fue una especie de chispa. De ahí la indignación de Putin. Muchos creen que la detención de Navalny sin ninguna justificación legal es una venganza por esa denuncia. De ser cierto, esto colocaría a Putin ya no en el papel de un líder autoritario, lo que parece no molestarlo mucho, sino en el de un vulgar político corrupto. Después de 20 años de poder personal de Putin, muchos sienten ya mucho hastío.

En un comienzo, Putin tenía una base de apoyo también entre los jóvenes, ¿eso está cambiando?

Es cierto, era más popular entre los jóvenes, pero era la época en que el petróleo estaba a 100 dólares por barril; ahora no hay nada de eso. Los jóvenes se enfrentan a varios problemas: (a) tienen mayor información por internet, viven en internet y no ven televisión, que es pura propaganda; (b) en Rusia casi 90% de los jóvenes (de hasta 35 años) son graduados de la universidad y 80% trabajan en puestos que no corresponden a su especialidad profesional, es decir que la frustración laboral entre jóvenes es muy grande; además, el sistema de Putin, que conforma una elite cerrada, acortó todos los canales de ascenso social; (c) hay también un conflicto de tipo estético: los valores putinistas de la guerra, la masculinidad y el imperio no pegan en la mayoría de los jóvenes, que se muestran bastante sordos a todo eso. Las tentativas de crear un movimiento pro-Putin entre los jóvenes en 2005-2010 fracasó. Sus líderes terminaron apropiándose de los recursos y no cuajó. En el ciclo de protestas anti-Putin de 2011-2012, ellos ni aparecieron… Un gran problema con los jóvenes es que no conocieron la URSS, por eso no tienen el temor a una repetición de las épocas estalinistas que tuvimos todos los que vivimos la época soviética. Ellos no tienen miedo a las policías y salen a enfrentarse de manera abierta.

Muchos cantan «Abajo el Zar» en las protestas... ¿quiénes salen a las calles? ¿Puede formarse allí un nuevo bloque opositor con más suerte que los anteriores en los 20 años de putinismo?

Es un gran enigma… Lo más lógico sería que el partido Yabloko, que tiene personería jurídica para presentar las listas para elecciones, aproveche las protestas y acepte la colaboración con los navalnistas. Ahí cambiaría el panorama político, pero es posible que prefieran mantener su mísera existencia sin conflicto con el Kremlin que pujar por ganar las elecciones (en 2021 hay elecciones legislativas). Es la única opción, porque los demás partidos no oficialistas deben juntar firmas para obtener su personería y las autoridades frenan siempre su registro. Si Yabloko no acepta el apoyo de los navalnistas, el voto de protesta va a ser aprovechado por el Partido Comunista, que hace algunas cosas críticas al gobierno pero es antinavalnista. Sin embargo, las bases del PC y de Yabloko (sus diputados municipales, por ejemplo) ya están con los navalnistas y en pleno conflicto con la cúpula de sus partidos. En perspectiva, no veo lo que muchos siempre quisimos: el pluralismo en el espacio opositor. Navalny sin duda va a monopolizar la posición del líder único, incluso desde la prisión.

En una de las fotos desde la comisaría, justo atrás de Navalny se ve en la pared una foto de Genrikh Yagoda, quien estuvo a la cabeza del KGB entre 1934 y 1936, en pleno estalinismo. ¿Se le dio alguna significación particular a esa imagen en Rusia? Hoy en el país parece haber libertad de expresión por fuera de los canales oficiales. ¿Cómo es la situación?

Pues sí, y es una especie de ironía, ya que Yagoda también fue fusilado por Stalin. Aquí lo comentaron mucho, fue más bien un pretexto para comparaciones con el pasado a mi juicio inadecuadas. De momento se conservan pocos medios absolutamente opositores, como el canal de TV Dozhd (Lluvia) que transmite solamente por internet y es de pago, pero tiene mucha audiencia y casi las 24 horas habla del caso Navalny. Las radios y los periódicos conservan cierta libertad y los hay de línea opositora. Ahora bien, las autoridades ya se enteraron de que los millones invertidos en la propaganda por televisión sirven solamente para convencer a las personas de mucha edad y no sirven ya nada para atraer a los jóvenes, que no ven televisión y menos aún los canales oficialistas, con un discurso y una estética tan anticuados. Por eso el gobierno está buscando formas de controlar las redes sociales y YouTube, Telegram, etc. Y es muy posible que cierren más medios. Mucho depende de que les importe la reacción internacional que siempre puede amenazar su pecunia, que es lo más sagrado. Por eso dan un paso y esperan la reacción interna y externa. Pero Occidente prefiere, como siempre, obtener grandes ganancias con Rusia antes que defender los derechos humanos o civiles, por eso ahora es más importante en Europa la presión de la opinión publica frente a sus gobiernos, sobre todo el alemán y el francés, y ni hablar del italiano, que siempre elige una posición prorrusa, para que corrijan su política hacia Moscú.

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