Sábado, 14 Marzo 2020 06:43

La salud pública.

La salud pública.

La lección que deja la pandemia

 

Desde Madrid, el veterano dirigente de Izquierda Unida Julio Anguita, tuiteó: “Recuerden esto cada vez que les digan ´la sanidad privada es más barata´. El coronavirus está poniendo en evidencia lo que ya sabíamos, que la sanidad privada es parasitaria de la pública. Empresas multimillonarias cuyo modelo de negocio depende de derivar pacientes graves a la pública y de desentenderse cuando pasa algo como esto”. Un enfermero del Hospital Central de Madrid --donde el equipo de gobierno está siendo testeado después de la ministra de Igualdad, Irene Montero, diera positivo, y su pareja, Pablo Iglesias, bridara con el rey--, informaba en un canal de televisión, ayer, que la situación dentro de los hospitales es caótica. Falta de todo. Desde insumos hasta personal. Falta planificación y dirección. Contratan personal médico temporario pero no hay partidas presupuestarias para contratar más personal de limpieza en esos hospitales colapsados.

Desde Nueva York, la cantante y compositora Isabel de Sebastián posteaba esta semana: “Estoy en el país económicamente más poderoso del mundo, pero gran parte de la población no va al médico porque el seguro es carísimo e igualmente pagas una fortuna deducible antes de que el sistema comience a pagar algo. No hay salud pública salvo para gente indigente y jubilados. Trump le sacó los fondos a las organizaciones encargadas de este tipo de catástrofes hace meses, están desfinanciadas y hacen lo que pueden. A cargo de la crisis está Pence, culpable de muertes en los tiempos de la epidemia del VIH por haber votado contra la financiación del test. El gobierno dice que hay kits de análisis, pero las noticias muestran a médicos de hospital diciendo que no los tienen. Los médicos a domicilio aquí no existen, y desde hace unos días los hospitales te piden que no vayas si tenés fiebre o tos”.

Ayer el New York Times reafirmó la falta generalizada de kits de prueba de coronavirus en Estados Unidos. El día anterior el New Yorker publicó en su tapa una caricatura de Trump con el barbijo puesto pero en los ojos. Ahora Trump deberá conseguirse un kit, ya que un funcionario de Bolsonaro con el que se reunió hace poco dio positivo.

La distopía nos venía corriendo. Mordiéndonos los talones. Los medios opinan y opinan y opinan. Opinan los entrevistados y los entrevistadores. Hay que llenar el tiempo al aire y hay conteos de infectados, indicaciones contradictorias (¿Es obligatorio u opcional hacer cuarentena después de un viaje? ¿El barbijo protege o fragiliza?), alertas cada cinco minutos y noticias de todo el mundo. La más estremecedora llega de Italia, donde también la salud pública sufrió en los últimos años uno de esos recortes que tanto le gustan al FMI. Fueron una de sus pruebas de “confianza”. No alcanzan los respiradores, y los paramédicos deben elegir a quién salvar, y optan por los jóvenes. La distopía ya nos alcanzó.

El Italia no se tomaron las medidas a tiempo, no existió ni por asomo la decisión china de aislar una ciudad entera cuando hubo quinientos casos, sin perder ni un día desde que sospecharon, pese a desconocer todavía el origen del virus, que se trataba de un fenómeno de alto poder de contagio. Corea del Norte al día siguiente también cerró su frontera con China. Todavía no reporta ni un caso. La inexistencia de medidas masivas y de reflejos rápidos que mostró China se hizo esperar en Europa. Quizá se les haya ocurrido. Pero no tienen con qué. La peste nos está mostrando que los Estados fuertes y la salud pública tienen poderosas razones para existir en beneficio de toda la población, porque este virus tiene dos tipos de seres más vulnerables que otros: los ancianos con enfermedades preexistentes a veces sencillamente por la edad, y los viajeros. ¿A qué guionista se le hubiera ocurrido?

Probablemente gracias a la fuerte decisión de un Estado como el chino, allí la infección se amesetó y comenzó a bajar rápidamente, mientras su traslado a países de Estados debilitados por el neoliberalismo encontró escenarios fértiles para la propagación. Occidente tiene además sus medios, que hacen difícil discernir hasta dónde llega la pandemia y hasta dónde el pánico y la especulación. De este modo, observamos cómo el sistema cuya degradación siempre hemos denunciado por su elitismo y su crueldad, se adapta perfectamente a la muerte en todas sus formas. Las muertes por desnutrición, por falta de atención médica, por depresión y ahora por su fragilidad financiera cuando el que debe actuar es el Estado, incapaz de gestos drásticos después de décadas de recortes. Hace tres meses en este país no había ni ministerio de Salud. No hay que olvidarlo ni un minuto cuando comience la cizaña.

Este desastre vuelve a mostrar la mala entraña capitalista en su peor faceta. Deberían repartir por la calle el alcohol en gel que ya no se consigue en las farmacias de ninguna parte. Nos hay aprovisionamientos de alimentos coordinados para las poblaciones en cuarentena, no hay distribución de agua potable ni barbijos ni, como en Estados Unidos, kits de prueba al alcance de cualquiera que tenga los síntomas. ¿Es concebible una situación más lacerante que la de un país cuyos hospitales en lugar de recibir a los enfermos les piden que no vayan, sabiendo que se trata de gente que no tendrá ningún tipo de atención médica? Se llama abandono de persona, y lo están haciendo Estados que nunca reconocieron el valor universal de lo público y hace décadas que se dedican a alimentar la salud prepaga.

Una vez más, este caos que nos mantiene en estado de excepción permanente --ese estado que según Giorgio Agamben es el que buscan los Estados autoritarios de las nuevas derechas--, nos confirma que los Estados nacionales, cuando fueron creados, trajeron paz después de siglos de guerras ininterrumpidas porque por primera vez el diezmo que antes se le pagaba al conde, al duque o al rey se convirtieron en impuestos para ver nacer, poco después, la salud y la educación públicas. Hace medio siglo que el neoliberalismo intenta desmentir esa verdad que hoy se traduce en torpezas y vacío de protección. Hace medio siglo que rechazamos el desmantelamiento de lo que llegado el momento, como ahora, es lo único que nos puede dar cierta seguridad.

Esos países que fueron desfinanciando sus sistemas sanitarios, humillando a sus médicos, despreciando a los enfermeros, echando a sus científicos para que trabajen en la esfera privada, hoy son los más vulnerables del mundo. Tal vez esta pandemia, cuyas derivaciones son todavía imprevisibles, genere pérdidas económicas tan grandes que llame a algunos a la reflexión. Quizá no desde un punto de vista humanista y solidario, sino desde lo único que entienden, que es cuánto ganan.

Cuando esto amaine habrá que repensar el Estado sin los arteros mitos neoliberales que han engordado sus discursos miles de veces. Parafraseando al cura del siglo XIX Henri De la Cordiere, que dijo que “entre el fuerte y el débil, la ley es la que protege y la libertad es la que oprime”, hoy podríamos decir que entre el sano y el enfermo, el Estado es el que protege y la medicina privada es la que se desentiende. Esta tragedia global debe dejarnos al menos una lección: la resignificación de lo estatal.

Publicado enSociedad
El fin del ciudadano, de lo público y de los servicios sociales colectivos*
Publicamos una selección de los artículos más leídos durante el 2019. Fueron seleccionados de los periódicos desdeabajo ediciones 253-264 y Le Monde diplomatique, edición Colombia ediciones 185-196.

 En la propuesta de Plan de Ordenamiento Territorial para Bogotá que se discute en el Concejo de Bogotá, el equipamiento colectivo pasa a un segundo plano en la estructura urbana, dejando en claro que para el Estado la prestación de los servicios sociales es igual a una transacción comercial o de una mercancía con destino a unos consumidores que cada día tienen más difuso su papel de ciudadanos.

La dificultad en la prestación de servicios sociales en Bogotá está en su distante localización de donde se ubican sus usuarios. Es decir, existe el suelo dotacional destinado para localizar equipamientos y otra cosa es que ese suelo este localizado de manera estratégica para el cubrimiento óptimo de la población beneficiaria. Podemos entender que la estrategia pública en la localización de equipamientos se enfoca principalmente a partir de los procesos de urbanización que se dan en el territorio y no a partir de las necesidades y localización de los usuarios.

Esta estrategia de localización ha surtido notables cambios en el transcurso de la historia de la urbanización en Bogotá. El Estado mantuvo durante algunos años de manera relativa el control del desarrollo de la ciudad a partir de proyectos de vivienda bajo su iniciativa. Luego, esta iniciativa se entregó a los constructores privados a la par del desarrollo de viviendas construidas de manera informal; no es gratuito decir que este tipo de urbanización representa el 60 por ciento del desarrollo del tejido residencial capitalino. Y, finalmente, en la actualidad el desarrollo de la ciudad está en manos de los poseedores de la tierra dentro del perímetro urbano que durante décadas engordaron el suelo y que hoy, ante su localización privilegiada, construyen centros comerciales que son los que define el desarrollo urbano de la ciudad.

Esta lógica que le imponen a la ciudad, a su desarrollo, hace que la localización de equipamientos en donde se prestan servicios sociales, solo es vista a partir de la generación de renta del suelo, captura de plusvalías, y economías de escala. Al ceder el Estado su responsabilidad para la prestación de los servicios colectivos a los ciudadanos, pasándola a manos del sector privado, y sin que medie una regulación eficiente, permite que la localización de los equipamientos colectivos se defina a partir de la oferta y la demanda distante de la vivienda, trabajo y recreación del ciudadano; exacerbando la segregación socio-espacial y la inequidad social en la ciudad.

En la propuesta de Plan de Ordenamiento Territorial para Bogotá (POT), que se discute en el Concejo de Bogotá, el equipamiento colectivo pasa a un segundo plano en la estructura urbana. El cambio más transcendental en esta propuesta es su equiparación con los usos de comercios y servicios de la ciudad, incluyéndolo como parte de su estrategia de competitividad. Al revisar de manera superficial tal decisión no se identifica un mayor problema. Pero solo al observar las implicaciones más allá de lo aparente, se vislumbra las primeras manifestaciones de lo que se podría llamar la muerte de los equipamientos colectivos como prestadores de servicios sociales hacia los ciudadanos. Al desnaturalizar el papel del equipamiento colectivo en la ciudad, a cambio de un postizo trasplante de características comerciales, se evidencia que para el Estado la prestación de los servicios sociales es igual a una transacción comercial o de una mercancía con destino a unos consumidores que cada día tienen más difuso su papel de ciudadanos.

Al equiparar a los equipamientos colectivos, en donde se prestan servicios sociales, bajo las mismas condiciones de localización en la ciudad del comercio y los servicios, se estima un problema estructural en el modelo de ordenamiento urbano, en donde las variables de análisis se enfocan a identificar los beneficios económicos en la localización de servicios sociales y la renta del suelo que de esta acción se desprende.

Luego, el discurso del actual modelo de ordenamiento evidencia que la balanza se inclina en mayor medida al desarrollo económico, en detrimento de la sostenibilidad de la ciudad, teniendo en cuenta las dificultades evidentes en las cifras que sustentan la propuesta de importantes proyectos inmobiliarios. Igualmente, se generan las condiciones físicas para facilitar los patrones de consumo en los ciudadanos, en claro beneficio de quienes ostentan los modos y formas de producción, limitando al equipamiento colectivo y sus servicios a ser meras mercancías, o en el peor de los casos, como un objeto para la satisfacción de necesidades económicas de grupos minoritarios. Lo que tenemos ante nosotros es, por tanto, un modelo de ciudad nocivo que termina de una forma u otra alimentado las condiciones de desigualdad social, inequidad espacial, hundiendo a la población vulnerable y de estrato medio en la inminente pobreza económica, cultural y simbólica.

 

Simples consumidores

 

Teniendo en cuenta el diagnóstico al POT para Bogotá realizado por la SDP en el año 2016, donde se afirma que: “Pese a que existen pequeñas aglomeraciones relevantes en Bosa y Suba, la ciudad no logró consolidar centralidades de periferia”, pasamos a puntualizar esta realidad:

Al revisar el plano de localización de la actividad económica en Bogotá para el 2016, se logra confirmar que las centralidades de periferia no se desarrollaron durante el periodo de ejecución del actual POT. En este mismo sentido se puede establecer que el territorio de la actividad económica no coincide con el territorio en donde existe mayor densidad de la población, identificando la inequidad espacial que representa la distancia de los centros de producción económica en relación al lugar donde reside la población trabajadora de estratos bajos y medios.

Asimismo, al revisar los planos de propuesta de construcción de los nodos de equipamientos de escala metropolitana, urbana y zonal del Sistema de Equipamientos, se logra estimar que estos nodos se ubicarán en gran medida en los espacios en donde se localizan las centralidades de periferia definidas en el Decreto Distrital 190 de 2004.

Esta situación nos lleva a lanzar como hipótesis que las nuevas centralidades en donde se pretende aglutinar actividades económicas son detonadas a partir de la localización de actividades sociales prestadas en los nodos de equipamientos construidos con dinero público. Esta acción pública explicita en el Sistema de Equipamientos propuesto generará economías de escala en inmediaciones de estas pretendidas localizaciones, al igual que impactos urbanos y ambientales que deberán ser mitigados. Muy seguramente este tipo de estrategia será más efectiva que las centralidades delimitadas en el Decreto Distrital 190 de 2004. Igualmente, este tipo de acción cambia el rol del equipamiento en la ciudad, que pasará de ser un espacio de encuentro de ciudadanos en el proceso de consolidación de su ciudadanía, a ser un conglomerado de actividades económicas en donde la estructura urbana es deficiente teniendo como resultado el caos urbanístico.

Igualmente, en esta propuesta se garantiza la permanencia del uso dotacional, es decir los equipamientos que existen de escala zona, urbana y metropolitana deben seguir donde están, situación presente en el Decreto Distrital 190 de 2004, POT. Pero ante el déficit de suelo para el desarrollo de proyectos inmobiliarios, la segregación del uso dotacional, hoy vista como una alternativa de desarrollo de suelo dotacional para algunos proyectos, pasa a ser la regla general para la construcción de vivienda y grandes superficies comerciales. El suelo habilitado para la construcción o ampliación de los servicios sociales puede ser utilizado para actividades que generan mayores ganancias económicas para los inversionistas privados.

Como consecuencia de ello, las aglomeraciones de equipamientos de servicios sociales, como nuevas centralidades de carácter económico en Bogotá, solo son una manifestación concreta de la profundización de las desigualdades de quienes ostentan los modos y medios de producción de la ciudad.

Por tanto, al estar el equipamiento urbano despojado de su esencia como servicio social –en su representación como vínculo del ciudadano con el Estado– a partir de las actividades que allí se desarrollan, como son la atención, el servicio, la asistencia, la cobertura a cambio de la estimación fría como un inmueble, es decir como un mero objeto arquitectónico cargado solo de contenidos de valor económico –como son la plusvalía, las economías de escala, los impactos urbanos y el consumo de actividades–, significaría el principio de la desestructuración del lenguaje del equipamiento colectivo urbano y el advenimiento de la ruptura del contrato social que define la crisis del Estado en manos de un escenario caótico y anárquico que plantea la dictadura perversa de la oferta y la demanda. De así ser estaríamos ante equipamientos colectivos para la dominación y la explotación del sujeto y de la familia.

Las denominaciones de los equipamientos colectivos a partir de sus actividades se estimarían a partir de una condición genérica, que no defina especializaciones, que finalmente llevan a la atomización conceptual del mismo equipamiento. En este sentido como solución se habla de la mezcla de usos. Lo que existe, por ahora, no son múltiples usos sino múltiples exclusiones y segregaciones, la especialización de la actividad lleva a la fragmentación del espacio y por ende del servicio para consumidores1.

Todo un contrasentido. La construcción de ciudadanos y ciudadanía, entre los que se destaca la relación del Estado con la gente, dentro de la vigencia del Contrato Social, debe mantener el monopolio en la definición de las condiciones en que se deben prestar los servicios sociales, no importando si llega a delegarlos a los agentes privados, pero regulando su producción en la ciudad a partir de la norma urbana, la mitigación de impactos urbanísticos y los mismos precios con que los oferta los a la ciudadanía en general.

Hay que enfatizar en que los equipamientos son la materialización de la relación entre el Estado y sus habitantes a partir de la prestación de servicios públicos, lo que permite el ejercicio de lo público, garantizando que las personas ejerzan su condición de ciudadanos, y en ello, aunque puede estar presente la ganancia la misma no puede ser de tal tamaño que lleve a la ampliación creciente o constante en la desigualdad social.

Es así como los equipamientos se establecen como parte de la base de las actividades humanas en la urbe, enfocadas a su goce y disfrute, a diferencia de ser el espacio en donde se condena al ciudadano a ser un consumidor pasivo de bienes y servicios. El equipamiento colectivo se considera como parte del imaginario del ciudadano y referente ineludible de la presencia del Estado en la ciudad. Tanto así, que la familia conyugal hubiese desaparecido de no ser si el Estado no se apropia de los equipamientos colectivos.

El equipamiento en donde se prestan servicios sociales, debe tener un uso preferente en la ciudad a la hora de estimar su localización, y adoptar, así, condiciones diferentes a los demás usos urbanos.

En tal sentido, el porvenir del equipamiento colectivo no es nada prometedor. Es cierto que los espacios no consolidados de actividad económica durante la vigencia del POT (Decreto Distrital 190 de 2004), es decir las centralidades de periferia, tendrán un nuevo detonador de actividades económicas dadas por la localización de Nodos de Equipamientos, construidos por el sector público. Pero estas nuevas centralidades de carácter económico lograran su objetivo perverso al transformar al individuo y su familia en consumidores de bienestar, cultura, educación, seguridad, salud entre otros, ofertados como mercancías en equipamientos manejados por privados desdibujando el papel de lo público en la prestación de los servicios sociales.

 

* El presente artículo es la tercera parte de los artículos titulados: “Bogotá, la ciudad del caos y la ciudad del orden”, publicado en la página web desdeabajo el sábado 19 de mayo de 2018. “La felicidad de unos pocos a costa de la gran mayoria”, periodico impreso desdeabajo, marzo 20–abril 20 de 2019, p 10.
** Arquitecto de la Universidad Católica de Colombia (1997), Especialista en Gestión y Planificación del Desarrollo Urbano-Regional, de la Escuela Superior de Administración Pública ESAP (2002), Magíster en Sociología Urbana de la Universidad Nacional de Colombia (2011).
1 (7.200.000. es la población definida por el Dane en el censo del 2018 para Bogotá). La población total que se encuentra por debajo de la línea de pobreza alcanza (892.800 personas) que representa el 12.4 % de población total de Bogotá. Cifras Dane 2018.

Referencias:
Secretaría Distrital de Planeación. Aglomeración y condiciones de vida en Bogotá.
Fourquet, Francois y Munard, Lion. Los equipamientos del poder. Ciudades, territorios y equipamientos colectivos. Colección punto y línea. Editorial Gustavo Gilli. Barcelona, España. 1978.
Merlin, Pierre. Choay Francoise. Dictionnaire de l’urbanisme et de l’aménagement. Edition “Quadrige” 2005. Press Universitaires de France. Avril, 2005.
Revista Escala Nº 134, año 19, Bogotá Colombia. 1987.

Publicado enColombia
El fin del ciudadano, de lo público y de los servicios sociales colectivos*

En la propuesta de Plan de Ordenamiento Territorial para Bogotá que se discute en el Concejo de Bogotá, el equipamiento colectivo pasa a un segundo plano en la estructura urbana, dejando en claro que para el Estado la prestación de los servicios sociales es igual a una transacción comercial o de una mercancía con destino a unos consumidores que cada día tienen más difuso su papel de ciudadanos.

 

La dificultad en la prestación de servicios sociales en Bogotá está en su distante localización de donde se ubican sus usuarios. Es decir, existe el suelo dotacional destinado para localizar equipamientos y otra cosa es que ese suelo este localizado de manera estratégica para el cubrimiento óptimo de la población beneficiaria. Podemos entender que la estrategia pública en la localización de equipamientos se enfoca principalmente a partir de los procesos de urbanización que se dan en el territorio y no a partir de las necesidades y localización de los usuarios.

Esta estrategia de localización ha surtido notables cambios en el transcurso de la historia de la urbanización en Bogotá. El Estado mantuvo durante algunos años de manera relativa el control del desarrollo de la ciudad a partir de proyectos de vivienda bajo su iniciativa. Luego, esta iniciativa se entregó a los constructores privados a la par del desarrollo de viviendas construidas de manera informal; no es gratuito decir que este tipo de urbanización representa el 60 por ciento del desarrollo del tejido residencial capitalino. Y, finalmente, en la actualidad el desarrollo de la ciudad está en manos de los poseedores de la tierra dentro del perímetro urbano que durante décadas engordaron el suelo y que hoy, ante su localización privilegiada, construyen centros comerciales que son los que define el desarrollo urbano de la ciudad.

Esta lógica que le imponen a la ciudad, a su desarrollo, hace que la localización de equipamientos en donde se prestan servicios sociales, solo es vista a partir de la generación de renta del suelo, captura de plusvalías, y economías de escala. Al ceder el Estado su responsabilidad para la prestación de los servicios colectivos a los ciudadanos, pasándola a manos del sector privado, y sin que medie una regulación eficiente, permite que la localización de los equipamientos colectivos se defina a partir de la oferta y la demanda distante de la vivienda, trabajo y recreación del ciudadano; exacerbando la segregación socio-espacial y la inequidad social en la ciudad.

En la propuesta de Plan de Ordenamiento Territorial para Bogotá (POT), que se discute en el Concejo de Bogotá, el equipamiento colectivo pasa a un segundo plano en la estructura urbana. El cambio más transcendental en esta propuesta es su equiparación con los usos de comercios y servicios de la ciudad, incluyéndolo como parte de su estrategia de competitividad. Al revisar de manera superficial tal decisión no se identifica un mayor problema. Pero solo al observar las implicaciones más allá de lo aparente, se vislumbra las primeras manifestaciones de lo que se podría llamar la muerte de los equipamientos colectivos como prestadores de servicios sociales hacia los ciudadanos. Al desnaturalizar el papel del equipamiento colectivo en la ciudad, a cambio de un postizo trasplante de características comerciales, se evidencia que para el Estado la prestación de los servicios sociales es igual a una transacción comercial o de una mercancía con destino a unos consumidores que cada día tienen más difuso su papel de ciudadanos.

Al equiparar a los equipamientos colectivos, en donde se prestan servicios sociales, bajo las mismas condiciones de localización en la ciudad del comercio y los servicios, se estima un problema estructural en el modelo de ordenamiento urbano, en donde las variables de análisis se enfocan a identificar los beneficios económicos en la localización de servicios sociales y la renta del suelo que de esta acción se desprende.

Luego, el discurso del actual modelo de ordenamiento evidencia que la balanza se inclina en mayor medida al desarrollo económico, en detrimento de la sostenibilidad de la ciudad, teniendo en cuenta las dificultades evidentes en las cifras que sustentan la propuesta de importantes proyectos inmobiliarios. Igualmente, se generan las condiciones físicas para facilitar los patrones de consumo en los ciudadanos, en claro beneficio de quienes ostentan los modos y formas de producción, limitando al equipamiento colectivo y sus servicios a ser meras mercancías, o en el peor de los casos, como un objeto para la satisfacción de necesidades económicas de grupos minoritarios. Lo que tenemos ante nosotros es, por tanto, un modelo de ciudad nocivo que termina de una forma u otra alimentado las condiciones de desigualdad social, inequidad espacial, hundiendo a la población vulnerable y de estrato medio en la inminente pobreza económica, cultural y simbólica.

 

Simples consumidores

 

Teniendo en cuenta el diagnóstico al POT para Bogotá realizado por la SDP en el año 2016, donde se afirma que: “Pese a que existen pequeñas aglomeraciones relevantes en Bosa y Suba, la ciudad no logró consolidar centralidades de periferia”, pasamos a puntualizar esta realidad:

Al revisar el plano de localización de la actividad económica en Bogotá para el 2016, se logra confirmar que las centralidades de periferia no se desarrollaron durante el periodo de ejecución del actual POT. En este mismo sentido se puede establecer que el territorio de la actividad económica no coincide con el territorio en donde existe mayor densidad de la población, identificando la inequidad espacial que representa la distancia de los centros de producción económica en relación al lugar donde reside la población trabajadora de estratos bajos y medios.

Asimismo, al revisar los planos de propuesta de construcción de los nodos de equipamientos de escala metropolitana, urbana y zonal del Sistema de Equipamientos, se logra estimar que estos nodos se ubicarán en gran medida en los espacios en donde se localizan las centralidades de periferia definidas en el Decreto Distrital 190 de 2004.

Esta situación nos lleva a lanzar como hipótesis que las nuevas centralidades en donde se pretende aglutinar actividades económicas son detonadas a partir de la localización de actividades sociales prestadas en los nodos de equipamientos construidos con dinero público. Esta acción pública explicita en el Sistema de Equipamientos propuesto generará economías de escala en inmediaciones de estas pretendidas localizaciones, al igual que impactos urbanos y ambientales que deberán ser mitigados. Muy seguramente este tipo de estrategia será más efectiva que las centralidades delimitadas en el Decreto Distrital 190 de 2004. Igualmente, este tipo de acción cambia el rol del equipamiento en la ciudad, que pasará de ser un espacio de encuentro de ciudadanos en el proceso de consolidación de su ciudadanía, a ser un conglomerado de actividades económicas en donde la estructura urbana es deficiente teniendo como resultado el caos urbanístico.

Igualmente, en esta propuesta se garantiza la permanencia del uso dotacional, es decir los equipamientos que existen de escala zona, urbana y metropolitana deben seguir donde están, situación presente en el Decreto Distrital 190 de 2004, POT. Pero ante el déficit de suelo para el desarrollo de proyectos inmobiliarios, la segregación del uso dotacional, hoy vista como una alternativa de desarrollo de suelo dotacional para algunos proyectos, pasa a ser la regla general para la construcción de vivienda y grandes superficies comerciales. El suelo habilitado para la construcción o ampliación de los servicios sociales puede ser utilizado para actividades que generan mayores ganancias económicas para los inversionistas privados.

Como consecuencia de ello, las aglomeraciones de equipamientos de servicios sociales, como nuevas centralidades de carácter económico en Bogotá, solo son una manifestación concreta de la profundización de las desigualdades de quienes ostentan los modos y medios de producción de la ciudad.

Por tanto, al estar el equipamiento urbano despojado de su esencia como servicio social –en su representación como vínculo del ciudadano con el Estado– a partir de las actividades que allí se desarrollan, como son la atención, el servicio, la asistencia, la cobertura a cambio de la estimación fría como un inmueble, es decir como un mero objeto arquitectónico cargado solo de contenidos de valor económico –como son la plusvalía, las economías de escala, los impactos urbanos y el consumo de actividades–, significaría el principio de la desestructuración del lenguaje del equipamiento colectivo urbano y el advenimiento de la ruptura del contrato social que define la crisis del Estado en manos de un escenario caótico y anárquico que plantea la dictadura perversa de la oferta y la demanda. De así ser estaríamos ante equipamientos colectivos para la dominación y la explotación del sujeto y de la familia.

Las denominaciones de los equipamientos colectivos a partir de sus actividades se estimarían a partir de una condición genérica, que no defina especializaciones, que finalmente llevan a la atomización conceptual del mismo equipamiento. En este sentido como solución se habla de la mezcla de usos. Lo que existe, por ahora, no son múltiples usos sino múltiples exclusiones y segregaciones, la especialización de la actividad lleva a la fragmentación del espacio y por ende del servicio para consumidores1.

Todo un contrasentido. La construcción de ciudadanos y ciudadanía, entre los que se destaca la relación del Estado con la gente, dentro de la vigencia del Contrato Social, debe mantener el monopolio en la definición de las condiciones en que se deben prestar los servicios sociales, no importando si llega a delegarlos a los agentes privados, pero regulando su producción en la ciudad a partir de la norma urbana, la mitigación de impactos urbanísticos y los mismos precios con que los oferta los a la ciudadanía en general.

Hay que enfatizar en que los equipamientos son la materialización de la relación entre el Estado y sus habitantes a partir de la prestación de servicios públicos, lo que permite el ejercicio de lo público, garantizando que las personas ejerzan su condición de ciudadanos, y en ello, aunque puede estar presente la ganancia la misma no puede ser de tal tamaño que lleve a la ampliación creciente o constante en la desigualdad social.

Es así como los equipamientos se establecen como parte de la base de las actividades humanas en la urbe, enfocadas a su goce y disfrute, a diferencia de ser el espacio en donde se condena al ciudadano a ser un consumidor pasivo de bienes y servicios. El equipamiento colectivo se considera como parte del imaginario del ciudadano y referente ineludible de la presencia del Estado en la ciudad. Tanto así, que la familia conyugal hubiese desaparecido de no ser si el Estado no se apropia de los equipamientos colectivos.

El equipamiento en donde se prestan servicios sociales, debe tener un uso preferente en la ciudad a la hora de estimar su localización, y adoptar, así, condiciones diferentes a los demás usos urbanos.

En tal sentido, el porvenir del equipamiento colectivo no es nada prometedor. Es cierto que los espacios no consolidados de actividad económica durante la vigencia del POT (Decreto Distrital 190 de 2004), es decir las centralidades de periferia, tendrán un nuevo detonador de actividades económicas dadas por la localización de Nodos de Equipamientos, construidos por el sector público. Pero estas nuevas centralidades de carácter económico lograran su objetivo perverso al transformar al individuo y su familia en consumidores de bienestar, cultura, educación, seguridad, salud entre otros, ofertados como mercancías en equipamientos manejados por privados desdibujando el papel de lo público en la prestación de los servicios sociales.

 

* El presente artículo es la tercera parte de los artículos titulados: “Bogotá, la ciudad del caos y la ciudad del orden”, publicado en la página web desdeabajo el sábado 19 de mayo de 2018. “La felicidad de unos pocos a costa de la gran mayoria”, periodico impreso desdeabajo, marzo 20–abril 20 de 2019, p 10.
** Arquitecto de la Universidad Católica de Colombia (1997), Especialista en Gestión y Planificación del Desarrollo Urbano-Regional, de la Escuela Superior de Administración Pública ESAP (2002), Magíster en Sociología Urbana de la Universidad Nacional de Colombia (2011).
1 (7.200.000. es la población definida por el Dane en el censo del 2018 para Bogotá). La población total que se encuentra por debajo de la línea de pobreza alcanza (892.800 personas) que representa el 12.4 % de población total de Bogotá. Cifras Dane 2018.

Referencias:
Secretaría Distrital de Planeación. Aglomeración y condiciones de vida en Bogotá.
Fourquet, Francois y Munard, Lion. Los equipamientos del poder. Ciudades, territorios y equipamientos colectivos. Colección punto y línea. Editorial Gustavo Gilli. Barcelona, España. 1978.
Merlin, Pierre. Choay Francoise. Dictionnaire de l’urbanisme et de l’aménagement. Edition “Quadrige” 2005. Press Universitaires de France. Avril, 2005.
Revista Escala Nº 134, año 19, Bogotá Colombia. 1987.

Publicado enEdición Nº262
Ley de financiamiento: improvisación y leve progresividad

En el último momento (28 de diciembre) y a las carreras, el Congreso aprobó la ley de financiamiento (ley 1943 de 2018)**. Desde que el Ministro de Hacienda la llevó al Congreso se dijo que la norma únicamente buscaba solucionar los problemas financieros de corto plazo, y que no tocaría aspectos estructurales. Otra vez más, el país dejó pasar la oportunidad para llevar a cabo una reforma tributaria que permita organizar los numerosos problemas de fondo de las finanzas públicas.

 

Entre los asuntos que siguen sin resolverse vale la pena mencionar tres. 1) El bajo nivel de tributación que existe en Colombia. Los impuestos totales apenas representan el 15 por ciento del PIB. En América Latina el promedio es 23 por ciento, y en los países europeos la relación se acerca al 40 por ciento. 2) La falta de coordinación entre los impuestos locales y los nacionales. Sigue sin lograrse una reforma tributaria que los articule. El hogar le paga tributos al municipio (como el predial), al departamento (sobre licores, gasolina…) y a la Nación (renta, IVA…). Una reforma estructural debería examinar el impacto que tiene la suma de estos impuestos en la capacidad de compra de las familias, y a partir de allí hacer consideraciones sobre la forma como el sistema tributario, en su conjunto, podría favorecer la equidad. 3) La falta de un análisis global que permita conocer qué sucede con la familia cuando se hace el balance neto entre impuestos y subsidios. Los hogares tributan pero también reciben subsidios, como los de Familias en Acción. El resultado neto (impuestos menos subsidios) debe tenerse en cuenta, de tal forma que la política fiscal lleve a que los ricos paguen más impuestos y no reciban subsidios, y los pobres reciban más subsidios y no paguen impuestos.

 

Estos tres aspectos estructurales no se tuvieron en cuenta, y habrá que esperar a que un nuevo gobierno, por fin, asuma esta tarea que es fundamental. Tal y como quedó aprobada, la ley de financiamiento tiene dos características: es improvisada y, además, avanzó muy poco en progresividad.

 

Improvisación

 

Desde las primeras discusiones era evidente la improvisación del Gobierno. El primer asunto de la discusión fue el valor del déficit fiscal, ya que de allí se deriva el monto que se necesita recaudar. La administración Santos dejó un déficit fiscal de 25 billones de pesos. El gobierno Duque entendió que era imposible aprobar una ley de financiamiento para conseguir un volumen de recursos tan elevado. Y, entonces, redujo la cifra a 14 billones mediante operaciones de endeudamiento en el exterior, que permitieron mejorar el flujo para los años inmediatos, pero que no solucionan el problema, ya que el monto de la deuda pública se incrementó.

 

La primera versión de la ley de financiamiento buscaba conseguir estos 14 billones, y su la principal fuente era la extensión del IVA a todos los productos de la canasta familiar. De acuerdo con las estimaciones de Hacienda la ampliación del IVA permitiría obtener unos 6 billones de pesos. Esta alternativa golpeaba muy duro a las familias más pobres y, sin duda, era inequitativa. No esperaba el Gobierno que a la oposición ciudadana se le uniera el Centro Democrático. Hábilmente, Uribe le quitó esta bandera a la oposición, y en el Senado lideró la lucha contra la ampliación del IVA. El Gobierno entendió que debía retirar la propuesta.

 

Sin el IVA solamente se podrían recaudar unos 8 billones. Y empiezan las negociaciones en el Congreso para tratar de llegar a esta cifra. Pero el Gobierno se encontraba con tres grandes limitaciones. La primera tenía que ver con la promesa reiterada durante la campaña Duque de reducirle los impuestos a las empresas. La segunda, la presión de varios sectores por mayores exenciones. De un momento a otro, numerosas empresas terminaron afirmando que pertenecían a la llamada “economía naranja”, y que merecerían exenciones. Y la tercera, la presión de la sociedad civil y de algunos parlamentarios que insistían en que los ricos deben tributar más, dada la profunda desigualdad persistente en Colombia. Además, el propio Duque siempre ha dicho que busca la equidad, y así quedó consignado en las Bases del Plan de Desarrollo.

 

De la discusión sobre el IVA quedó como hecho destacable el aumento de la tarifa para las cervezas y las gaseosas, que permitiría obtener casi un billón de pesos.

 

Poca progresividad

 

En medio del desorden de los últimos días, en la ley quedó claro: reducción de la tarifa a las empresas, exenciones a numerosos sectores y un leve aumento de tarifas con cierto criterio de equidad.

 

La tarifa del impuesto sobre la renta de las empresas se redujo. En el 2019 será de 33 por ciento, en el 2020 del 32, en el 2021 del 31 y en 2022 del 30 por ciento. También se disminuyó la renta presuntiva. En el 2019 y 2020 será de 1,5 por ciento, y a partir del 2021 de 0 por ciento. Los empresarios quedaron contentos porque finalmente convencieron al Gobierno y a los congresistas que la tarifa del impuesto disminuía la competitividad. Aunque esta relación no es cierta, ni se ha demostrado, el discurso reiterado de los gremios caló, y desde la campaña Duque se comprometió con esa bandera.

 

Las empresas que hacen parte de la “economía naranja” gozan de incentivos tributarios. Es interesante observar la extensa lista de sectores que se incluyeron en la ley (art. 79): fabricación de joyas, edición de libros, edición de software, producción de películas (incluye videos, etc.), distribución de películas, exhibición de películas, grabación de sonido, televisión, desarrollo de sistemas informáticos, consultoría informática, actividades de arquitectura e ingeniera, investigación y desarrollo experimental, diseño, fotografía, literatura, música, teatro, audiovisuales, espectáculos en vivo, bibliotecas, museos, y turismo cultural. Detrás de algunas de estas actividades hay grandes empresas, con altísima rentabilidad. No hay ninguna razón para que se les otorguen exenciones. A pesar de que numerosos diagnósticos han develado los inconvenientes derivados del aumento de las exenciones, la ley de financiación es generosa.

 

Como los dos puntos anteriores reducen la tributación, el Gobierno tuvo que buscar recursos alternativos, y aquí sí hay visos de progresividad. i) A las entidades financieras les aumentó la tarifa del impuesto a la renta. En el 2019 en 4 puntos, y quedó en 37 por ciento, en el 2020 en 3 puntos y quedó en 35 por ciento, y en el 2021 en 3 puntos y quedó en 34 por ciento. ii) Subieron las tarifas de retención en la fuente para pagos en el exterior, que pasaron del 15 al 20 por ciento. iii) Se incrementó la tarifa a los dividendos recibidos por personas naturales, pasó de 10 a 15 por ciento y son contribuyentes quienes reciben más de 10 millones de pesos. iv) Se aumentó la tarifa del impuesto a la renta y se amplió la base. Deben pagar quienes ganen más de 3 millones de pesos mes. Para estas personas la tarifa es de 19 por ciento, y va aumentando de manera progresiva con el ingreso hasta llegar al 39 por ciento. v) Impuesto para los patrimonios altos del 1 por ciento.

 

El conjunto de lo aprobado favorece levemente la equidad, ya que en gran medida la progresividad del sistema está en los hombros de los grupos medios de la población. El impuesto a los dividendos y al patrimonio es muy bajo, y la tarifa del impuesto a la renta no crece de manera exponencial.

 

El balance final del conjunto de medidas todavía no es claro, ni en términos del monto de recaudo, ni en la equidad. Según el Gobierno el recaudo podría aumentar en 7-8 billones de pesos. Es decir, un logro mediocre frente a las necesidades de financiamiento.

 

** República de Colombia., 2018. Ley 1943. Por la cual se Expiden Normas de Financiamiento para el Restablecimiento del Equilibrio del Presupuesto General y se Dictan otras Disposiciones, Gobierno Nacional, Bogotá.
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11 de enero de 2019

 

Publicado enColombia
Ley de financiamiento: improvisación y leve progresividad

En el último momento (28 de diciembre) y a las carreras, el Congreso aprobó la ley de financiamiento (ley 1943 de 2018)**. Desde que el Ministro de Hacienda la llevó al Congreso se dijo que la norma únicamente buscaba solucionar los problemas financieros de corto plazo, y que no tocaría aspectos estructurales. Otra vez más, el país dejó pasar la oportunidad para llevar a cabo una reforma tributaria que permita organizar los numerosos problemas de fondo de las finanzas públicas.

 

Entre los asuntos que siguen sin resolverse vale la pena mencionar tres. 1) El bajo nivel de tributación que existe en Colombia. Los impuestos totales apenas representan el 15 por ciento del PIB. En América Latina el promedio es 23 por ciento, y en los países europeos la relación se acerca al 40 por ciento. 2) La falta de coordinación entre los impuestos locales y los nacionales. Sigue sin lograrse una reforma tributaria que los articule. El hogar le paga tributos al municipio (como el predial), al departamento (sobre licores, gasolina…) y a la Nación (renta, IVA…). Una reforma estructural debería examinar el impacto que tiene la suma de estos impuestos en la capacidad de compra de las familias, y a partir de allí hacer consideraciones sobre la forma como el sistema tributario, en su conjunto, podría favorecer la equidad. 3) La falta de un análisis global que permita conocer qué sucede con la familia cuando se hace el balance neto entre impuestos y subsidios. Los hogares tributan pero también reciben subsidios, como los de Familias en Acción. El resultado neto (impuestos menos subsidios) debe tenerse en cuenta, de tal forma que la política fiscal lleve a que los ricos paguen más impuestos y no reciban subsidios, y los pobres reciban más subsidios y no paguen impuestos.

 

Estos tres aspectos estructurales no se tuvieron en cuenta, y habrá que esperar a que un nuevo gobierno, por fin, asuma esta tarea que es fundamental. Tal y como quedó aprobada, la ley de financiamiento tiene dos características: es improvisada y, además, avanzó muy poco en progresividad.

 

Improvisación

 

Desde las primeras discusiones era evidente la improvisación del Gobierno. El primer asunto de la discusión fue el valor del déficit fiscal, ya que de allí se deriva el monto que se necesita recaudar. La administración Santos dejó un déficit fiscal de 25 billones de pesos. El gobierno Duque entendió que era imposible aprobar una ley de financiamiento para conseguir un volumen de recursos tan elevado. Y, entonces, redujo la cifra a 14 billones mediante operaciones de endeudamiento en el exterior, que permitieron mejorar el flujo para los años inmediatos, pero que no solucionan el problema, ya que el monto de la deuda pública se incrementó.

 

La primera versión de la ley de financiamiento buscaba conseguir estos 14 billones, y su la principal fuente era la extensión del IVA a todos los productos de la canasta familiar. De acuerdo con las estimaciones de Hacienda la ampliación del IVA permitiría obtener unos 6 billones de pesos. Esta alternativa golpeaba muy duro a las familias más pobres y, sin duda, era inequitativa. No esperaba el Gobierno que a la oposición ciudadana se le uniera el Centro Democrático. Hábilmente, Uribe le quitó esta bandera a la oposición, y en el Senado lideró la lucha contra la ampliación del IVA. El Gobierno entendió que debía retirar la propuesta.

 

Sin el IVA solamente se podrían recaudar unos 8 billones. Y empiezan las negociaciones en el Congreso para tratar de llegar a esta cifra. Pero el Gobierno se encontraba con tres grandes limitaciones. La primera tenía que ver con la promesa reiterada durante la campaña Duque de reducirle los impuestos a las empresas. La segunda, la presión de varios sectores por mayores exenciones. De un momento a otro, numerosas empresas terminaron afirmando que pertenecían a la llamada “economía naranja”, y que merecerían exenciones. Y la tercera, la presión de la sociedad civil y de algunos parlamentarios que insistían en que los ricos deben tributar más, dada la profunda desigualdad persistente en Colombia. Además, el propio Duque siempre ha dicho que busca la equidad, y así quedó consignado en las Bases del Plan de Desarrollo.

 

De la discusión sobre el IVA quedó como hecho destacable el aumento de la tarifa para las cervezas y las gaseosas, que permitiría obtener casi un billón de pesos.

 

Poca progresividad

 

En medio del desorden de los últimos días, en la ley quedó claro: reducción de la tarifa a las empresas, exenciones a numerosos sectores y un leve aumento de tarifas con cierto criterio de equidad.

 

La tarifa del impuesto sobre la renta de las empresas se redujo. En el 2019 será de 33 por ciento, en el 2020 del 32, en el 2021 del 31 y en 2022 del 30 por ciento. También se disminuyó la renta presuntiva. En el 2019 y 2020 será de 1,5 por ciento, y a partir del 2021 de 0 por ciento. Los empresarios quedaron contentos porque finalmente convencieron al Gobierno y a los congresistas que la tarifa del impuesto disminuía la competitividad. Aunque esta relación no es cierta, ni se ha demostrado, el discurso reiterado de los gremios caló, y desde la campaña Duque se comprometió con esa bandera.

 

Las empresas que hacen parte de la “economía naranja” gozan de incentivos tributarios. Es interesante observar la extensa lista de sectores que se incluyeron en la ley (art. 79): fabricación de joyas, edición de libros, edición de software, producción de películas (incluye videos, etc.), distribución de películas, exhibición de películas, grabación de sonido, televisión, desarrollo de sistemas informáticos, consultoría informática, actividades de arquitectura e ingeniera, investigación y desarrollo experimental, diseño, fotografía, literatura, música, teatro, audiovisuales, espectáculos en vivo, bibliotecas, museos, y turismo cultural. Detrás de algunas de estas actividades hay grandes empresas, con altísima rentabilidad. No hay ninguna razón para que se les otorguen exenciones. A pesar de que numerosos diagnósticos han develado los inconvenientes derivados del aumento de las exenciones, la ley de financiación es generosa.

 

Como los dos puntos anteriores reducen la tributación, el Gobierno tuvo que buscar recursos alternativos, y aquí sí hay visos de progresividad. i) A las entidades financieras les aumentó la tarifa del impuesto a la renta. En el 2019 en 4 puntos, y quedó en 37 por ciento, en el 2020 en 3 puntos y quedó en 35 por ciento, y en el 2021 en 3 puntos y quedó en 34 por ciento. ii) Subieron las tarifas de retención en la fuente para pagos en el exterior, que pasaron del 15 al 20 por ciento. iii) Se incrementó la tarifa a los dividendos recibidos por personas naturales, pasó de 10 a 15 por ciento y son contribuyentes quienes reciben más de 10 millones de pesos. iv) Se aumentó la tarifa del impuesto a la renta y se amplió la base. Deben pagar quienes ganen más de 3 millones de pesos mes. Para estas personas la tarifa es de 19 por ciento, y va aumentando de manera progresiva con el ingreso hasta llegar al 39 por ciento. v) Impuesto para los patrimonios altos del 1 por ciento.

 

El conjunto de lo aprobado favorece levemente la equidad, ya que en gran medida la progresividad del sistema está en los hombros de los grupos medios de la población. El impuesto a los dividendos y al patrimonio es muy bajo, y la tarifa del impuesto a la renta no crece de manera exponencial.

 

El balance final del conjunto de medidas todavía no es claro, ni en términos del monto de recaudo, ni en la equidad. Según el Gobierno el recaudo podría aumentar en 7-8 billones de pesos. Es decir, un logro mediocre frente a las necesidades de financiamiento.

 

** República de Colombia., 2018. Ley 1943. Por la cual se Expiden Normas de Financiamiento para el Restablecimiento del Equilibrio del Presupuesto General y se Dictan otras Disposiciones, Gobierno Nacional, Bogotá.
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11 de enero de 2019

 

Publicado enEdición Nº253
Miércoles, 28 Noviembre 2018 06:14

La pesadilla de Polanyi

La pesadilla de Polanyi

Para entender el daño que el neoliberalismo ha causado en nuestras sociedades, es bueno tomar algo de distancia histórica. La perspectiva desde horizontes temporales largos permite cuestionar los mitos y leyendas que impiden una crítica certera sobre la economía de mercado y el capitalismo. Un vistazo al pasado ayuda a comprender que las heridas en el tejido social no son superficiales y que se acompañan de una peligrosa mutación hasta en la misma forma de pensarnos.

Lo primero que enseña la perspectiva histórica es que la sociedad de mercado no siempre existió. Este es el hallazgo fundamental de Karl Polanyi, autor de la obra magistral La gran transformación. Si bien los mercados eran conocidos desde finales de la llamada edad de piedra, las relaciones puramente mercantiles estaban acotadas por otro tipo de relaciones sociales que no tenían nada que ver con precios y mucho menos con una finalidad de lucro. Para decirlo en palabras de Polanyi, no es lo mismo una sociedad con mercados que una sociedad de mercado.

Ninguna sociedad puede sobrevivir sin un sistema económico. Pero el sistema económico basado en la idea de un mercado autorregulado es una novedad en la historia. En la antigüedad existieron mercados de todo tipo de bienes, desde telas y sandalias hasta utensilios y alimentos. Había precios y monedas. Pero las relaciones mercantiles estaban sumergidas en una matriz de relaciones sociales cuya racionalidad no era obtener ganancia o beneficio económico. Como dice Polanyi, aquellas relaciones mercantiles estaban encasilladas en otro tipo de relaciones sociales.

Las cosas cambiaron hace unos 200 años. La sociedad del siglo XVIII fue testigo de este portentoso cambio y le saludó como si se hubiese alcanzado la cima de la civilización. La admiración creció con el mito de que culminaba con esa transformación un proceso cuyo motor era una supuesta "propensión natural de los seres humanos al trueque", para usar las palabras de Adam Smith. Esa creencia es la que anima la mitología sobre una evolución natural que condujo a la sociedad de mercado.

La realidad es que no hay nada natural en la expansión del tejido mercantil. En los poblados y las ciudades de la Europa medieval el comercio era visto con recelo y como amenaza a las instituciones sociales. Por eso se le regulaba de manera estricta, con la obligación de hacer públicos los detalles de precios y plazos para cualquier transacción mercantil y la prohibición de utilizar intermediarios. Además, se mantuvo una separación rigurosa entre el comercio local y el de largas distancias. Los comerciantes dedicados a estas últimas actividades estaban inhabilitados para ejercer el comercio al menudeo. Los mercados fueron siempre una dimensión accesoria de las relaciones sociales.

La aparición de estados unificados territorialmente impulsó la destrucción de las barreras proteccionistas de los poblados y primeras aglomeraciones urbanas, además de proyectar la política del mercantilismo a un primer plano. Así se abrió la puerta a la creación de mercados nacionales. Si las relaciones de mercado llegaron a cubrir con su manto toda la trama de relaciones sociales, eso fue resultado de la acción del poder público o de lo que Polanyi llamó "estímulos artificiales", no de una pretendida "evolución natural".

La sociedad de mercado que se impuso a finales del siglo XVIII llevaba en su lógica la necesidad de convertir todo lo que tocaba en una mercancía. Entre otras cosas necesitó de la mercantilización de bienes (como la tierra), que anteriormente no habían sido objeto de transacciones en un mercado. Sólo así podía pretender al título de mercado autorregulado. Cuando llegó la revolución industrial, la sociedad de mercado ya había transformado el entramado de relaciones sociales que había imperado en Europa. El capitalismo nacido en las relaciones agrarias en Inglaterra completó el proceso al convertir al trabajo en mercancía y en otro espacio de rentabilidad.

El neoliberalismo y la globalización de los pasados tres decenios también se impusieron por la acción del Estado. Y lo que antes había sido visto como una amenaza para las instituciones, se convirtió en una realidad tóxica para el tejido social. Todo lo que nos rodea y hasta nuestro mismo cuerpo se ha transformado en espacio de rentabilidad para las relaciones mercantiles. La peor pesadilla de Polanyi se hizo realidad.

Sobre las espaldas de una teoría económica recalentada y refuncionalizada para servir de sustento ideológico, el neoliberalismo ha dependido de la astucia del capital para crear nuevos espacios de rentabilidad. Las fuerzas del mercado general han deformado las instituciones sociales y han creado una cultura del sentido común que cada día nos aleja más de la humanidad y del universo. Han forjado una cultura popular que gira alrededor de la competencia y del individualismo posesivo con consecuencias nefastas para los grupos más vulnerables. La historia del neoliberalismo es una pesadilla de la que nos urge despertar.

Twitter: @anadaloficial

Publicado enEconomía
De camino a la movilización por la educación pública

El camino a la educación es una oportunidad y esperanza para muchos hijos e hijas del campo colombiano.

 

Las cosas de la vida. El 10 de octubre vimos las primeras luces del día en una vereda de un municipio cercano a la ciudad de Medellín. Habíamos conciliado el sueño con la idea de estar presentes en la movilización convocada por la defensa de la Universidad, por una “educación pública, gratuita y de calidad”, y pese a que el día no prometía sol persistimos en nuestra convicción.

   

Partimos pues del campo a la ciudad. El recorrido que tuvimos que transitar para llegar a la capital antioqueña es igual al emprendido por cientos de campesinos de la región en procura de mejores oportunidades formativas y que, gracias a la educación pública, algunos de ellos han podido concretar.

 

De la vereda al pueblo

 

En la vereda donde habíamos gozado unos días de placer con la posibilidad de contemplar montes sin el obstáculo de los edificios ni la violencia sonora de carros y pitos, o el aire irrespirable de los miles de exostos con que nos cruzamos a cada paso, los vecinos más próximos están a unos quince minutos a pie; vive allí una familia: mamá, papá, y dos hijas, animadas por el sueño de la educación superior. Para llegar al pueblo deben caminar, a buen paso, unas dos horas, en su mayoría por caminos de herradura. La geografía de la región es montañosa y muy quebradiza, con zonas boscosas, potreros para ganadería y cultivos de café, caña, plátano, entre otros.

   

Es un territorio bello. Por estos días las lluvias interminables transformaron el camino en un lodazal y las inofensivas quebradas en pequeños ríos turbulentos difíciles de cruzar. Lo que para nosotros, habitantes de la ciudad, fue toda una travesía, para las hijas de la familia constituyó, durante sus años de educación primaria y secundaria, el camino de rutina para ir a la escuela, el cual hacían de ida y regreso, cuando menos, cinco días a la semana, así durante doce años consecutivos.

 

 

 

Pese a la cercanía a Medellín, en la región han transitado por décadas distintos grupos armados; hoy en día reina allí la paz y la pobreza. Pobreza que remarcó el pasó de la guerra; y pobreza de la cual todos y todas quieren salir algún día, por lo cual se esfuerzan por estudiar para ver si por esa vía logran conseguir mejores ingresos. El esfuerzo que tiene que hacer en cada familia para satisfacer este propósito no es poco y así, perseverando y pese a las necesidades cotidianas, los campesinos mandan a sus hijos a la única escuela pública del pueblo, con la convicción de darles un mejor porvenir. Tal fue el caso de las hijas de la familia en mención, quienes terminaron su bachillerato gracias, además, al tesón de sus padres, y a poder acudir a la educación pública que ofrece el municipio.

 

Del pueblo a la ciudad

 

Luego de varias horas de paso rápido, llegamos al pueblo, embarrados hasta las rodillas pero purificados por la estadía en el campo, de inmediato tomamos el bus de regreso a la urbe. La lluvia no cesaba, y teníamos temor de que se menguara la protesta de los estudiantes.

   


Así como nosotros, esta otra parte del recorrido la hacen todos aquellos jóvenes del pueblo que una vez terminado el bachillerato logran el ingreso a la educación superior. Por infortuna, solo una minoría logra retornar al municipio a ejercer sus estudios. La inexistencia de proyectos productivos de diversa índole reduce las posibilidades de empleo a lo que ofrece la alcaldía, cosas administrativas y poco prometedoras, burocracia, y nada más.

 

Ante el anhelo de proseguir sus estudios, tanto para las dos hijas de esta familia, como para el resto de jóvenes que quieren y pueden seguir estudiando, hay dos alternativas: presentarse a las universidades públicas y competir entre miles de aspirantes por los limitados cupos que hay disponibles o, bien, endeudarse (si pueden acceder al crédito) para estudiar en una universidad privada. Para el caso de la familia campesina –y la de mis padres en su época–, la primera es/era la única posibilidad.

 

 

 

A ritmo de motor recorridos en poco tiempo los kilómetros que separan esta parte del departamento de Antioquia con su ciudad capital. Al llegar a la terminal de transporte tomamos el Metro y nos dirigimos a la movilización. La primera impresión fue de asombro: desde el puente peatonal del Metro se veía un río interminable de gente, crecido como los que habíamos cruzado horas antes, pareciera que la lluvia le hubiera dado fuerza a la movilización. Con sombrillas, plásticos o dejándose mojar, iban los estudiantes irrumpiendo la ciudad, con el ímpetu y alegría juvenil, exigiendo y poniendo en claro al nuevo Presidente y al país que la educación no debe ser seguir siendo un privilegio de pocos, que más que un servicio mercantil ella es un derecho fundamental de la sociedad, y la esperanza para muchos de poder acceder a un mejor futuro.

 

 

El río de gente, en su mayoría joven, también contaba con el rostro de algunos mayores, sin duda profesores. Los canticos se elevaban hasta los edificios donde no faltaban quienes miraban y aplaudían, pero no se arriesgaban a sumarse a la marcha. En medio de ella, nosotros, con rostro de sorpresa y de complacencia, recordábamos que la hija mayor de la familia, por fortuna y luego de presentarse en dos oportunidades, logró pasar a la Universidad de Antioquia a estudiar Ingeniería Ambiental, y que la menor de ellas aspira a estudiar Ingeniería Agronómica en la Universidad Nacional.

 

  

 

Era un recuerdo placentero, que además nos situaba en lo que estaba ocurriendo, dándole sentido a la exigencia de tantos miles de educandos, pues tanto el futuro de ellas como el de millones de personas más que solo tienen la posibilidad de acceder a las universidades públicas depende, en buena medida, de recordarles a nuestros dirigentes que existen ríos que hay que saberlos cruzar, no sea que se los lleve la creciente.

 

Esperamos que este río mantenga su creciente.

 

Publicado enEdición Nº251
Miércoles, 03 Octubre 2018 11:42

Vargas Lleras y la consulta previa

Vargas Lleras y la consulta previa

Sus cicatrices aún son visibles, pese a lo cual y luego de algunos meses de convalecencia vuelve a la defensa de los suyos. Es profesional de la política, delfín oligarca, y como todos ellos predestinado –por aquello de la efectiva privatización del Estado por las familias que desde el siglo XIX lo han controlado– para vivir de lo público como supuesto derecho propio. Artífice y benefactor de agenda con las multinacionales y los cacaos criollos, o en otras palabras neoliberal confeso. Por mucho tiempo lo perseguirá el interrogante ¿por qué yo? ¿por qué, a pesar de ser el candidato del establecimiento en las pasadas elecciones presidenciales una parte del mismo no me apoyó? ¿quiénes son mis amigos y quiénes me alardean por beneficio propio?

 

Es Germán Vargas Lleras, a quien, como se recordará no le valió la utilización para beneficio propio del Ministerio de vivienda, ciudad y territorio, ni el inmenso apoyo brindado para su campaña, con total complacencia por parte de Juan Manuel Santos y todos sus funcionarios. Orquestación del poder que no logró concretar los millones de votos requeridos para pasar a segunda vuelta.

 

El olor a chamuscado aún no se le quita, sin embargo, el excandidato trata de volver recargado, con una energía renovada que no tuvo que esperar la llegada del mes de diciembre, mes en el que hay tiempo para las promesas, la reflexiones, los calzones amarillos, las doce uvas y el recorrido de la maleta viajera por la cuadra para tomar nuevos aires. No. Germán no necesitó ni de diciembre ni de baños con ruda para salir de su mala suerte y anonimato. Su regreso tiene una razón, la que más lo anima, los negocios, y para estos qué mejor que salir como escudero de las transnacionales, las mismas que se sienten afectadas por la consulta previa. Volver a sonar, colocándose en el centro de la agenda mediática también es útil, por si la ocasión de la alcaldía de Bogotá aparece como posibilidad por liderar en las elecciones del año entrante; al fin y al cabo la ausencia de Francisco Santos –anhelante incansable del Palacio Liévano– puede significar un pacto sobre ese particular.

 

Como ave de mal agüero

 

La reaparición de Vargas Lleras no podía ser un síntoma de algo bueno para los sectores populares. El sábado 8 de septiembre publicó la columna “País ingobernable”1, donde habló de los problemas que representa el mecanismo de la consulta previa en la economía nacional y los intereses de las “mayorías”. Al parecer el proyecto de ley que pasó su bancada –Cambio Radical– el lunes 10 de septiembre tiene como objetivo regular “[…] integralmente la materia, comenzando por definir con exactitud quiénes son los pueblos protegidos y cómo pueden hacer uso de ella. Propicia la búsqueda de consensos y la conciliación, pero también fija los efectos vinculantes de las consultas, tiempos precisos para adelantarlas; evita las dilaciones y establece costos razonables, se garantizan las compensaciones legítimas a las comunidades y se pone fin a los autodenominados pueblos “ancestrales” y “dinámicos” que se desplazan de proyecto en proyecto a lo largo de toda la geografía nacional en busca de lucro”2.

 

Un proyecto que le apunta claramente a los intereses de la economía mundo capitalista, pues lo que Germán Vargas Lleras está defendiendo son los intereses de las transnacionales a los cuales llama “inversión estratégica”, que desde su visión no están llegando al país debido a las consultas previas que detienen la entrada de los proyectos mineros, viales, energéticos y de infraestructura.

 

La propuesta de este proyecto de ley afecta claramente a los pueblos que habitan la ruralidad del país, los cuales están asentados en los territorios estratégicos para la extracción de recursos naturales como el oro, coltán, níquel, agua, entre otros, y que mediante la regulación de la mencionada consulta podrían perder el control sobre los mismos, e incluso verse expulsados de allí por el supuesto “beneficio general” o la prevalencia de los “intereses de las mayorías”, como ahora Vargas Lleras le dice a la inversión multinacional que llegaría al país.

 

¿Qué es la consulta previa?

 

La consulta previa es un derecho fundamental de los pueblos indígenas del mundo, reconocido por la OIT y Naciones Unidas. Con ella se salvaguardan culturas, medio ambiente, cosmovisiones, prácticas religiosas y espirituales de los pueblos ancestrales que habitan los territorios milenariamente.

 

Este mecanismo jurídico es utilizado cuando se quieren iniciar procesos de extracción, de infraestructura de transporte, energía o minería y que afectan directa o indirectamente a quienes allí habitan. Para hacer efectiva una obra o explotación minera, entonces la empresa interesada debe seguirse una serie de pasos como la solicitud de certificación de presencia de comunidades étnicas, la socialización con las comunidades identificadas y el envío de oficios a las autoridades tradicionales para luego hacer la apertura formal del proceso que debe reunir a las partes –comunidad y empresa–. Estas mesas de trabajo deben ser auspiciadas por el Ministerio del Interior.

 

Sin embargo, muchas veces este proceso de consulta es trampeado por las empresas y el Estado que utilizan estrategias para evitar su realización efectiva. Ejemplo de lo cual lo encontramos en la negación de la existencia de pueblos indígenas en los territorios, la iniciación de los proyectos mineros sin previo aviso a las comunidades, la compra de líderes y lideresas de las comunidades para generar división a la hora de la negociación, la realización de consultas previas con personas que no hacen parte de la comunidad o no son reconocidos como sus voceros y voceras.

 

Si en la actualidad estas consultas son mecanismos a los que siempre tratan de hacerles el quiebre, con su regulación buscan beneficiar los intereses de las transnacionales las cuales harán todo lo posible para pasar jurídicamente por encima de las decisiones de las comunidades.

 

Siguen afectando la democracia

 

El tiempo que vivimos en el país es de retroceso. Cada día que pasa la clase política que está en el poder quiere limitar aún más la democracia realmente existente. Hoy es la regulación del mecanismo de participación democrática de la consulta previa, ayer fueron las propuestas para regular la protesta social, desmontar la tutela, desconocer la ley que permite la dosis mínima, aumentar el Iva a la canasta familiar, desmontar familias en acción, volver a la fumigación con glifosato, legalizar el fracking.

 

En fin, de lograr sus propósitos con las reformas que se avecinan, el establecimiento desdibujará aun más la menguada democracia criolla, la misma que desconoce, irrespeta o no toma en serio las decisiones y opiniones de la gente, pues para ellos lo que realmente importa son los intereses de la economía mundo capitalista.

 

Por lo tanto, una vez más están llamadas las comunidades todas, a unir sus fuerzas como si fueran un solo brazo, para levantar una barrera que le impida al capital realizar sus cometidos a despecho de las mayorías nacionales.

 

1 Ver en: https://www.eltiempo.com/opinion/columnistas/german-vargas-lleras/pais-ingobernable-german-vargas-lleras-265864
2 Ídem.

Publicado enColombia
“¿Es Silicon Valley producto del libre mercado o de la mano activa y visible del Estado?”

El Estado emprendedor y el relato neoliberal

 

Mariana Mazzucato es catedrática de Economía de innovación y valor público en la University College London. Es asesora en el Council of Economic Advisers de la primera ministra escocesa y asesora de Carlos Moedas, comisario de investigación en la UE. Fue miembro del equipo asesor de Jeremy Corbin, del que dimitió a causa del Brexit. En la actualidad participa en el equipo asesor de la OCDE, para la elaboración de un nuevo relato económico, en Gotcha y en Sitra´s Advisory Panel en Finlandia, entre otros. Es autora de varios libros, entre ellos El Estado emprendedor y El valor de todo.


Mazzucato afirma que llegó a la economía a través de la lectura de algunos economistas entre los que sin duda se encontraba Karl Marx.


Todos conocemos el relato típico: nuestras economías serían más dinámicas si el Estado se quitara de en medio. La economista Mariana Mazzucato sostiene lo contrario: la financiación pública de la investigación en las etapas iniciales ha permitido en gran parte el desarrollo de los sectores tecnológico, energético y farmacéutico. Sin embargo, el Estado se muestra muy poco eficaz a la hora de llevarse los laureles y, lo que es más grave, a la hora de rentabilizar su inversión. Sin embargo, ¿qué habría sido de Uber sin la financiación pública para el desarrollo del GPS? ¿Qué sería de Google si no se hubiera producido la financiación pública para el desarrollo de internet?


¿Qué diría ante afirmaciones como que el libre mercado es casi siempre bueno y el Estado casi siempre malo?


Lo primero que preguntaría es qué entendemos por libre mercado. Es curioso que Adam Smith, uno de los primeros economistas de finales del siglo XVIII, definiera el “libre mercado” no como algo libre de la intervención del Estado, sino libre de prácticas rentistas y de las actividades centradas en la extracción de valor. A aquellas personas que afirman que necesitamos menos intervención del Estado para generar más innovación y dinamismo les diría que se fijaran en Silicon Valley. ¿Es producto del libre mercado o de la mano activa y visible del Estado? Lo que yo defiendo es que el Estado ha intervenido en prácticamente todos los aspectos relacionados con Silicon Valley. Eso no significa, por supuesto, que no haya tenido algo que ver en todo ello el sector privado, de hecho, todos conocemos las importantes empresas asentadas allí. Pero los actores públicos intervinieron a lo largo de toda la cadena de innovación.


Se refiere a agencias como DARPA, NASA y los National Institutes of Health por ejemplo, ¿verdad?


Sí, me refiero a organismos encargados de desarrollar investigación puntera como la National Science Foundation, pero también a otros dedicados a la investigación aplicada, como DARPA y su organización hermana en los últimos tiempos, ARPA-E. Estas instituciones públicas son cocreadoras de valor. Es bastante curioso que nos hayamos acostumbrado a términos mucho más pasivos para describir al sector público. Hay que empezar a cambiar el vocabulario que empleamos. En lugar de decir que el sector público elimina el riesgo del sector privado, hay que decir que se trata de compartir los riesgos. En lugar de hablar de facilitar y permitir la actividad empresarial, hay que hablar de liderar la inversión como inversor preferente.


Uno de los argumentos centrales que defiende es que las instituciones públicas y cuasi públicas invierten, asumen riesgos y, sin embargo, apenas participan de los beneficios. ¿Hasta qué punto es esto problemático?


Es muy problemático y tiene que ver, de nuevo, con cómo hablamos de las cosas. A menudo recuerdo que ya Platón advirtió de que los contadores de historias dominan el mundo. De hecho, estos relatos sobre quién crea valor son los que han creado los relatos que justifican la extracción de valor. Déjeme que ponga un ejemplo que creo que ilustra la idea: después de la crisis, el Gobierno de Estados Unidos decidió desarrollar una serie de medidas de estímulo fiscal de casi 800.000 millones de dólares. Y parte de esas medidas iban encaminadas realmente a potenciar la economía verde. Quizá recuerde que Obama financió a algunas compañías como Solyndra a través del Departamento de Energía, mediante un préstamo garantizado de unos 500 millones. La compañía quebró.


La gente dijo “¡Dios mío, el Gobierno es un caso perdido! Una panda de burócratas que no saben lo que tienen entre manos. No deberían apostar a los caballos sino ejercer de mediadores, hacer carreteras, invertir en educación e infraestructuras y quitarse de en medio”. Para empezar, este enfoque obvia el hecho de que el Gobierno de Estados Unidos ha sido el principal financiador en materia de energía solar y eólica –junto con otros Gobiernos– pero también de la energía nuclear. El propio fracking recibió financiación pública con anterioridad. De hecho, a la par que financiaba a Solyndra estaba financiando a Tesla con una cantidad similar de dinero. De modo que el coche Tesla S obtuvo un préstamo garantizado de 465 millones de dólares. Y cuando digo garantizado, me refiero garantizado por los contribuyentes. Contribuyentes a los que no les gustaba en absoluto tener que pagar la factura de la quiebra de Solyndra. Sin embargo, ¿por qué no sabían que habían financiado también a Tesla? ¿Acaso eso no habría cambiado el relato y la percepción de las acciones de aquellos burócratas de Washington? Lo cierto es que contaban con una cartera, como cualquier otro inversionista de riesgo. Cualquier inversor de riesgo te dirá que consigue un éxito entre muchos fracasos. Sin embargo, si realmente quieres dedicarte a esto tienes que elaborar una cartera que te permita obtener alguna ventaja de tus triunfos, precisamente para poder cubrir los reveses. El Gobierno de EE.UU. no lo hizo. No solo fracasaron en materia de marketing, no habían sido capaces de comunicar a la ciudadanía el éxito de algunas de sus inversiones, como en los componentes de tu iPhone o smartphone, internet, GPS, las pantallas táctiles, Siri: todos han recibido financiación pública. Pero en este caso concreto, la gente no sabía que el propio Elon Musk había recibido financiación para Tesla. Y Elon Musk, por cierto, ha recibido un total de 5.000 millones, con sus nueve ceros.


Por lo tanto, defiende que, por un lado, no se le atribuye lo suficiente el éxito al Estado por sus anteriores inversiones en organismos como DARPA y la NASA, o en el sector farmaceútico, etc. Y, por otra parte, defiende también que no está rentabilizando sus inversiones lo suficiente, todo ello bastante verosímil. Sin embargo, tampoco ayuda nada que el sector empresarial obtenga altos rendimientos y pague pocos impuestos. Me gustaría que ilustrara esto con algunos ejemplos. Me estoy refiriendo, como sabe, a EE.UU., porque ¿dónde están los Googles europeos? ¿Qué distingue a Estados Unidos de Europa, por qué no se dan allí compañías como Facebook y Google?


En primer lugar, EE.UU. contaba con un sistema de innovación que no tienen muchos países europeos, con un sector financiero paciente, y organismos muy activos orientados a cumplir una misión y preocupados por los grandes problemas. Para ir a la luna es necesaria la innovación en distintos sectores, incluido el de la ropa, no es solo una cuestión de aeronáutica. También se requieren otro tipo de instrumentos como los premios y las políticas de compra que permiten crecer a las startups. Y lo importante es contar con un sistema, con un ecosistema emprendedor, yo no creo en los emprendedores, creo en los ecosistemas de emprendimiento, que son los que permiten escalar a las startups. Es curioso que Europa haya aprendido lo peor de la experiencia de Silicon Valley. Y eso se debe en parte al discurso imperante en Estados Unidos, un país que habla como Jefferson pero actúa como Hamilton. Jefferson hablaba de cómo librarse del Estado y Hamilton, antes de su duelo con Burr, hablaba más bien de una estrategia industrial activa. Sin embargo, China sí ha aprendido la lección correcta. China está haciendo por la economía verde lo que Estados Unidos hizo por la revolución IT. Al mismo tiempo que sucede esto, Donald Trump desmantela lo que yo llamo el Estado emprendedor.


Pero la pregunta es: ¿a dónde van a parar los beneficios dado que todo se construye sobre las espaldas de infraestructuras financiadas con dinero público?


¿A dónde le gustaría que fueran a parar? Si pudiera diseñar y poner en marcha un marco de colaboración público-privada para los próximos 50 años, ¿qué mecanismos elegiría para que el Estado obtuviera rendimientos, que a su vez revertieran sobre los contribuyentes, en lugar de ver cómo el beneficio sigue fluyendo a manos privadas y de los accionistas?


Hay distintos mecanismos, no uno sólo. Sería absurdo pensar que sirve el mismo mecanismo para todos los sectores o las distintas fases del ciclo innovador. En el caso de las farmacéuticas, lo lógico es recurrir a los precios. Los precios que se fijan para los medicinas, los fármacos que las personas tienen que comprar para poder sobrevivir cuando contraen esas terribles enfermedades, ya sean diabetes, hepatitis C o cáncer, deberían reflejar esa aportación pública y así evitar que los contribuyentes paguen dos veces, por un lado por el gasto en investigación puntera, y por otro pagando los altísimos precios que fija la industria farmacéutica. Pero volvemos al tema de los contadores de historias de Platón. Si el relato que circula es contrario a ti y te convierte en un impedimento intervencionista, regulador y no te define como un inversor preferente, carecerás de la confianza, la seguridad y el mandato para poder influir sobre los precios.


¿Y teme un retroceso?


Exactamente. Los precios son un ejemplo. Otro sería generar las condiciones adecuadas para que los beneficios se reinviertan en las áreas que han recibido gran cantidad de ayudas y fondos públicos. Si las empresas quieren un libre mercado total, estupendo, que lo tengan, pero que no reciban un solo céntimo del Estado. Pero si vas a recibir esas enormes cantidades de dinero del Estado, entonces habría que imponer algunas condiciones para la obtención de valor público, porque de lo contrario, solo se trata de valor privado.


Por muy convincente que resulte su enfoque desde un punto de vista tanto económico como político, ¿no tiene la sensación de estar perdiendo la batalla? Porque, hasta dónde yo sé, la mayor parte de los gobiernos de los grandes países y las mayores industrias están precisamente empujando en el sentido contrario, ¿no es cierto?


Yo creo más bien que estas ideas están ganando terreno. Creo que resultaba mucho más difícil hace unos años. Volvamos al ejemplo de las farmacéuticas. Ya no pueden fingir que los precios elevados se deben al gasto en I + D porque ya hemos demostrado que eso no es así y que gastan mucho más en marketing y que su I + D es mucho más downstream que la del sector público.


Bien, para terminar, una pregunta un tanto odiosa. Pide que se valore más el gasto público, y que haya una mayor inversión en gasto público y mayores beneficios, pero a la vez es asesora de muchos Gobiernos y organismos, incluyendo el Gobierno escocés y la Comisión Europea. Cuando acusa a la empresa privada de estar plagada de rentistas, convénzame de que ni usted ni sus aliados gubernamentales lo son.


En primer lugar, y no quiero que parezca que estoy a la defensiva, no obtengo un solo céntimo como asesora. Quisiera matizar mi punto de vista para que se entienda bien. Yo no digo que el Estado tenga que invertir más. Lo que digo es que el Estado tiene que entender cuál es su papel. No está solo para arreglar los problemas marginales ni para limitarse a esperar a que las cosas vayan a peor para poner un parche. Tiene que ser un cocreador y coartífice activo. Mi papel ha consistido en mediar cuando se sientan a hablar el sector privado y el sector público, y que mantengan una conversación interesante. Y mi papel en el proceso político es ser la piedra en el zapato, que por desgracia no siempre se consigue sacar, y la piedra en el zapato de las empresas, para que nos les resulte tan fácil decir cosas como: “Ah, claro, es que el cortoplacismo se debe a las presiones del mercado”. A lo que yo respondo, “¿Qué quieres decir? ¿Qué el mercado es un resultado, el resultado de tus acciones? ¿Qué es el mercado?”. Y recibo palos por todas partes. En mi función de asesora, intento evitar la complacencia en torno a una mesa, la petulancia de los colectivos tanto públicos como privados. Y creo que se avecinan tiempos difíciles a los que solo nos podremos enfrentar juntos, y eso significa que hay que cambiar las palabras que empleamos, el relato y la historia hacia la necesidad de compartir los riesgos y las recompensas, y no de eliminar el riesgo.


Resumen de la entrevista radiofónica realizada por Stephen J. Dubner a Mariana Mazzucato el 5 de septiembre en Freakonomics y producida por Zack Lapinski. El programa llevaba por título ‘¿Es el Estado más emprendedor de lo que pensamos?’.

Por Stepeh J. Dubner
CTXT


Edición y traducción: Olga Abasolo.

Publicado enSociedad
Miércoles, 26 Septiembre 2018 10:29

Vargas Lleras y la consulta previa

Vargas Lleras y la consulta previa

Sus cicatrices aún son visibles, pese a lo cual y luego de algunos meses de convalecencia vuelve a la defensa de los suyos. Es profesional de la política, delfín oligarca, y como todos ellos predestinado –por aquello de la efectiva privatización del Estado por las familias que desde el siglo XIX lo han controlado– para vivir de lo público como supuesto derecho propio. Artífice y benefactor de agenda con las multinacionales y los cacaos criollos, o en otras palabras neoliberal confeso. Por mucho tiempo lo perseguirá el interrogante ¿por qué yo? ¿por qué, a pesar de ser el candidato del establecimiento en las pasadas elecciones presidenciales una parte del mismo no me apoyó? ¿quiénes son mis amigos y quiénes me alardean por beneficio propio?

 

Es Germán Vargas Lleras, a quien, como se recordará no le valió la utilización para beneficio propio del Ministerio de vivienda, ciudad y territorio, ni el inmenso apoyo brindado para su campaña, con total complacencia por parte de Juan Manuel Santos y todos sus funcionarios. Orquestación del poder que no logró concretar los millones de votos requeridos para pasar a segunda vuelta.

 

El olor a chamuscado aún no se le quita, sin embargo, el excandidato trata de volver recargado, con una energía renovada que no tuvo que esperar la llegada del mes de diciembre, mes en el que hay tiempo para las promesas, la reflexiones, los calzones amarillos, las doce uvas y el recorrido de la maleta viajera por la cuadra para tomar nuevos aires. No. Germán no necesitó ni de diciembre ni de baños con ruda para salir de su mala suerte y anonimato. Su regreso tiene una razón, la que más lo anima, los negocios, y para estos qué mejor que salir como escudero de las transnacionales, las mismas que se sienten afectadas por la consulta previa. Volver a sonar, colocándose en el centro de la agenda mediática también es útil, por si la ocasión de la alcaldía de Bogotá aparece como posibilidad por liderar en las elecciones del año entrante; al fin y al cabo la ausencia de Francisco Santos –anhelante incansable del Palacio Liévano– puede significar un pacto sobre ese particular.

 

Como ave de mal agüero

 

La reaparición de Vargas Lleras no podía ser un síntoma de algo bueno para los sectores populares. El sábado 8 de septiembre publicó la columna “País ingobernable”1, donde habló de los problemas que representa el mecanismo de la consulta previa en la economía nacional y los intereses de las “mayorías”. Al parecer el proyecto de ley que pasó su bancada –Cambio Radical– el lunes 10 de septiembre tiene como objetivo regular “[…] integralmente la materia, comenzando por definir con exactitud quiénes son los pueblos protegidos y cómo pueden hacer uso de ella. Propicia la búsqueda de consensos y la conciliación, pero también fija los efectos vinculantes de las consultas, tiempos precisos para adelantarlas; evita las dilaciones y establece costos razonables, se garantizan las compensaciones legítimas a las comunidades y se pone fin a los autodenominados pueblos “ancestrales” y “dinámicos” que se desplazan de proyecto en proyecto a lo largo de toda la geografía nacional en busca de lucro”2.

 

Un proyecto que le apunta claramente a los intereses de la economía mundo capitalista, pues lo que Germán Vargas Lleras está defendiendo son los intereses de las transnacionales a los cuales llama “inversión estratégica”, que desde su visión no están llegando al país debido a las consultas previas que detienen la entrada de los proyectos mineros, viales, energéticos y de infraestructura.

 

La propuesta de este proyecto de ley afecta claramente a los pueblos que habitan la ruralidad del país, los cuales están asentados en los territorios estratégicos para la extracción de recursos naturales como el oro, coltán, níquel, agua, entre otros, y que mediante la regulación de la mencionada consulta podrían perder el control sobre los mismos, e incluso verse expulsados de allí por el supuesto “beneficio general” o la prevalencia de los “intereses de las mayorías”, como ahora Vargas Lleras le dice a la inversión multinacional que llegaría al país.

 

¿Qué es la consulta previa?

 

La consulta previa es un derecho fundamental de los pueblos indígenas del mundo, reconocido por la OIT y Naciones Unidas. Con ella se salvaguardan culturas, medio ambiente, cosmovisiones, prácticas religiosas y espirituales de los pueblos ancestrales que habitan los territorios milenariamente.

 

Este mecanismo jurídico es utilizado cuando se quieren iniciar procesos de extracción, de infraestructura de transporte, energía o minería y que afectan directa o indirectamente a quienes allí habitan. Para hacer efectiva una obra o explotación minera, entonces la empresa interesada debe seguirse una serie de pasos como la solicitud de certificación de presencia de comunidades étnicas, la socialización con las comunidades identificadas y el envío de oficios a las autoridades tradicionales para luego hacer la apertura formal del proceso que debe reunir a las partes –comunidad y empresa–. Estas mesas de trabajo deben ser auspiciadas por el Ministerio del Interior.

 

Sin embargo, muchas veces este proceso de consulta es trampeado por las empresas y el Estado que utilizan estrategias para evitar su realización efectiva. Ejemplo de lo cual lo encontramos en la negación de la existencia de pueblos indígenas en los territorios, la iniciación de los proyectos mineros sin previo aviso a las comunidades, la compra de líderes y lideresas de las comunidades para generar división a la hora de la negociación, la realización de consultas previas con personas que no hacen parte de la comunidad o no son reconocidos como sus voceros y voceras.

 

Si en la actualidad estas consultas son mecanismos a los que siempre tratan de hacerles el quiebre, con su regulación buscan beneficiar los intereses de las transnacionales las cuales harán todo lo posible para pasar jurídicamente por encima de las decisiones de las comunidades.

 

Siguen afectando la democracia

 

El tiempo que vivimos en el país es de retroceso. Cada día que pasa la clase política que está en el poder quiere limitar aún más la democracia realmente existente. Hoy es la regulación del mecanismo de participación democrática de la consulta previa, ayer fueron las propuestas para regular la protesta social, desmontar la tutela, desconocer la ley que permite la dosis mínima, aumentar el Iva a la canasta familiar, desmontar familias en acción, volver a la fumigación con glifosato, legalizar el fracking.

 

En fin, de lograr sus propósitos con las reformas que se avecinan, el establecimiento desdibujará aun más la menguada democracia criolla, la misma que desconoce, irrespeta o no toma en serio las decisiones y opiniones de la gente, pues para ellos lo que realmente importa son los intereses de la economía mundo capitalista.

 

Por lo tanto, una vez más están llamadas las comunidades todas, a unir sus fuerzas como si fueran un solo brazo, para levantar una barrera que le impida al capital realizar sus cometidos a despecho de las mayorías nacionales.

 

1 Ver en: https://www.eltiempo.com/opinion/columnistas/german-vargas-lleras/pais-ingobernable-german-vargas-lleras-265864
2 Ídem.

Publicado enEdición Nº250
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