Hacia un gasto público eficiente y equitativo

A finales del 2017 el Ministro de Hacienda recibió las conclusiones del estudio realizado por la Comisión del Gasto. El propósito de la Comisión era analizar la dinámica del gasto público y proponer alternativas que mejoren su eficiencia y equidad. El gasto público debe cumplir ambos propósitos de la mejor manera posible. Se trata de administrar bien los recursos del Estado (eficiencia) y de buscar que las personas menos favorecidas sean las más beneficiadas (equidad).

 

En Colombia el gasto público es relativamente bajo

 

En Colombia el gasto público es relativamente bajo. La gráfica compara algunos países de América Latina. En el 2016, Colombia y Perú tenían la menor participación del gasto público en el PIB. Los valores respectivos fueron 18,9 por ciento y 17,2. El promedio para América Latina fue de 22,5 por ciento, y en Brasil fue de 30,3. En los países desarrollados los porcentajes son más altos. En Europa el gasto público oscila alrededor del 40 por ciento del PIB. En Estados Unidos el porcentaje es similar. Frecuentemente se olvida que la modernización de los países ha ido a la par con un mayor gasto público. No es cierto, entonces, que en las economías avanzadas se haya reducido el tamaño del Estado. Todo lo contrario. Son economías donde el Estado interviene de manera significativa.

 

Desde finales del siglo XIX, el economista Wagner afirmó que el gasto público, como porcentaje del PIB, crecería de manera permanente. Para el autor es inevitable que el gasto aumente, entre otras razones, porque la sociedad requiere que los bienes y los servicios públicos tengan una mayor cobertura y sean de mejor calidad. En las economías contemporáneas es claro que bienes tan importantes como la educación, la ciencia y la tecnología, y la salud, tienen costos marginales crecientes.

 

El ejemplo de la salud es relativamente claro. A principios del siglo XX, la ampliación de la esperanza de vida se logró mediante la ampliación de la cobertura de agua potable, la construcción de alcantarillados, el mejoramiento en las políticas de salud pública. Cuando la esperanza de vida alcanza los niveles actuales, la prolongación de cada año adicional tiene costos marginalmente crecientes, que son considerablemente mayores que los observados hace un siglo.

 

El gasto en educación también tiene costos marginales crecientes. El país puede ir mejorando su participación en pruebas internacionales como Pisa, pero para que la calidad mejore de manera significativa es indispensable superar un cierto nivel de gasto. En los colegios oficiales, en primaria, Colombia gasta al año 2 millones de pesos por niño. Este valor es de 8 millones en Chile, de 20 millones en Francia, de 45 millones en Luxemburgo. Frente a estos resultados, es evidente que el gasto en educación tiene que aumentar.

 

Consideraciones similares se podrían hacer sobre otros gastos como ciencia y tecnología, medio ambiente, infraestructura, asesoría técnica, etcétera. En todas estas áreas el gasto público tendría que aumentar de manera considerable.

 

Con el paso del tiempo la intuición de Wagner se ha cumplido en todos los países, y parece que la tendencia al aumento del gasto público como porcentaje del PIB es inexorable. Por esta razón algunos teóricos hablan de la “ley de Wagner”.

 

Frente a esta realidad tan contundente, la Comisión no podía proponer una disminución del gasto. La Comisión llama la atención sobre la posible agudización del desequilibrio fiscal. Este desbalance de las finanzas públicas se presenta por dos razones. Por un lado, es evidente que la última reforma tributaria se quedó corta, y que los ingresos esperados no se van a conseguir. Entre otras razones, porque al disminuir la tarifa de los impuestos a la renta y al patrimonio, la reforma terminó favoreciendo a los ricos. Y, por otro lado, porque el gasto público no va a bajar sino que continuará subiendo. El aumento del gasto junto con una reducción de los impuestos lleva a una agudización del desequilibrio fiscal.

 

Una forma de financiar los mayores gastos es una reforma tributaria que vuelva a subir, con criterios de progresividad, los impuestos a la renta y al patrimonio. Otra manera de financiarlo es potenciando las posibilidades fiscales de los gobiernos locales, especialmente de las ciudades grandes e intermedias, que tienen un margen de maniobra muy importante, y pueden mejorar de manera sustantiva la cobertura y la calidad de los servicios y bienes públicos locales. El nivel de tributación en las ciudades es relativamente bajo y podría subir. Sobre todo, es importante aumentar los prediales, pero de tal forma que los avalúos catastrales bajos tengan una tarifa reducida, y los inmuebles caros, una tarifa elevada.

 

Desde el punto de vista de los ingresos de los gobiernos locales, la ley 388 de 1997 dio un paso fundamental hacia la descentralización porque le brindó a los municipios (sobre todo grandes y medianos) la posibilidad de obtener recursos provenientes de las dinámicas del suelo y del urbanismo. Los municipios apenas están comenzando a ser conscientes de las potencialidades que tienen estas fuentes de ingresos.

 

Tal y como lo mostró la Comisión de Expertos de la Reforma Tributaria, los prediales son una fuente de recursos subutilizada en el país. Se debe avanzar en dos direcciones. Por un lado, en la modernización y actualización de los catastros. Y, por el otro, en el desarrollo de mejores sistemas de cobro. En los municipios pequeños la instancia de cobro podría ser del orden nacional.

 

La eficiencia y la equidad

 

La Comisión recomienda que para mejorar la eficiencia del gasto, el país debe ir dando los pasos necesarios para que el presupuesto se ordene por programas. De esta manera la distribución de los recursos es más ordenada y, además, facilita el control al proceso de ejecución y a los resultados. La experiencia del presupuesto por programa ha sido bastante exitosa en Perú.

 

El presupuesto por programa tiene tres ventajas: i) Contribuye a ordenar la contabilidad. ii) Elimina la diferencia artificial hoy existente entre gastos de funcionamiento e inversión. iii) Permite articular bajo la sombrilla de cada programa a los gobiernos nacional y local (departamental y municipal). iv) No tiene las limitaciones que se derivan de las vigencias fiscales de un año.

 

Y en cuanto a la equidad, para la Comisión es claro que actualmente el gasto público está mal distribuido, y los pobres no están siendo los principales beneficiarios. Es inaceptable, como sucedió con Agro Ingreso Seguro, que los principales beneficiaros de los recursos públicos sean las personas de mayores ingresos.

 

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Publicado enEdición Nº242
Sábado, 13 Enero 2018 07:09

Herejes o ignorantes: la econocracia

Herejes o ignorantes: la econocracia


Las propuestas para reformar la economía anunciadas por un notable grupo de académicos críticos provocan una ácida respuesta de los neoclásicos, que opinan que son sólo lloriqueos de keynesianos agraviados


Hecho: los estudiantes de las facultades de Ciencias Económicas de muchas partes del mundo protestan por el enfoque de la enseñanza, alejado de la realidad. Hecho: entre los responsables de la larga crisis económica figuran, junto a los golfos apandadores que estafaron y los reguladores que no regularon, las ideas falsas económicas que hicieron creer a los ciudadanos que estaban seguros y que no se volverían a cometer los abusos del pasado. Hecho: la aplicación de las teorías de la “austeridad expansiva” que inventaron algunos economistas convirtieron una crisis cíclica más en la Gran Recesión.


¿Están los tres hechos concatenados? Hay economistas críticos que sostienen que sí. A principios del siglo XVI Lutero cambió el mundo cuando clavó sus 95 tesis a favor de una reforma de la iglesia católica a las puertas de una capilla. Imitándole, hace aproximadamente un mes un grupo de economistas muy notables (entre ellos, por ejemplo, Steve Keen, autor de La economía desenmascarada, o Mariana Mazzucato, autora de El Estado emprendedor) presentaron en un acto en el University College de Londres el documento “33 tesis para una reforma de la disciplina de la economía”, y luego se trasladaron a la sede de la London School of Economics, donde lo pegaron a la puerta, blandiendo un martillo hinchable.


Entre los presentes estaba Larry Elliott, responsable de la sección de Economía del periódico The Guardian, que ha escrito un artículo en él (“¡Herejes bienvenidos! La economía necesita una nueva reforma”), en el que se describen las principales ideas defendidas por los economistas críticos. A saber:


- La economía necesita su propia Reforma, igual que la iglesia católica hace 500 años.

- La economía ortodoxa cree tener todas las respuestas. Las matemáticas se utilizan para mistificar la economía. La economía neoclásica se ha convertido en un sistema de creencias incuestionado. Hereje todo aquel que pone en tela de juicio su credo de los mercados autocorrectores y consumidores racionales.
- Es irónico el monopolio intelectual de la economía neoclásica, que hace de la competencia el centro de su pensamiento. Domina la enseñanza, la investigación, la asesoría política y el debate público.

- Las revistas científicas siguen en manos del viejo establishment de los economistas.

- La economía ha de hacer más por alentar el pensamiento crítico y no premiar simplemente la memorización de teorías.

- La economía no es una ciencia formal. Una ciencia formal implica probar una hipótesis con la evidencia disponible. Si la evidencia no apoya la teoría, un físico o un biólogo desecharía esa teoría y trataría de agenciarse otra que funcionase empíricamente. La economía no funciona así.

- La economía tiene que aprender de otras disciplinas [hay quien dice que es la ciencia social matemáticamente más avanzada pero la más atrasada humanamente].
Victoria Chick, profesora emérita de Economía en el University College de Londres, resumió todo en tres frases: “La corriente dominante en economía tiene el sello distintivo de ciertas religiones. Creen que poseen la verdad. Pero lee por ti mismo y piensa por tu cuenta. Ha habido cambios y puede volver a haberlos”.


Pocas semanas después de este artículo llegaba la respuesta en España a través de otro publicado por un profesor del departamento de Economía en el University College de Londres y doctor en Economía por la Universidad de California, San Diego. Eran expresivos tanto su título como el lugar en que lo publicó su autor, Antonio Cabrales: “¿Econo-ignorantes o algo peor?”, en el blog Nada es Gratis, que hoy goza de autonomía pero que fue creado en 2009 por la Fundación de Estudios de Economía Aplicada (Fedea), entre cuyos patronos están el Banco de España, Caixabank, BBVA, Bancos Sabadell y Popular, Fundación ACS y Ramón Areces, Iberdrola, Grupo March, Telefónica, ... Se puede decir que en Nada es gratis publica habitualmente una buena parte del mejor establishment de los economistas españoles.


¿Qué dice Cabrales, un economista que participa en el proyecto Core, para rediseñar el currículo básico de economía?:


- Critica amargamente el artículo de Larry Elliott (“infame articulillo”) por estar lleno de fake news, y por repetir de “manera goebbelsiana una cantinela que recorre las redes”: los economistas son una banda de neoliberales que se dedican a hacer teorías abstractas sin ningún respeto por la realidad.
- Quien reitera esta idea es, en el mejor de los casos, un ignorante (un econo-ignorante) y quizá algo peor. Alguien mal informado puede hacer caso a los econo-ignorantes.
- Desde los años 90 la economía es una ciencia empírica. “O sea que los econo-ignorantes no han leído una revista científica de economía en el último cuarto de siglo al menos”.
- Dense un paseo por cualquiera de las revistas de economía y muestren a los “críticos” una selección aleatoria de lo que verdaderamente hacemos. Podrán concluir que la ciencia económica es actualmente más empírica, tiene mayor credibilidad, está menos aislada del resto de las ciencias sociales y, por tanto, es más útil que nunca.
- No somos una banda de teóricos abstractos dispuestos a defender el libre mercado por encima de lo que sugiere la evidencia.


Hace unos años, cuando Antonio Cabrales presentó en Nada es gratis el Proyecto Core, dio la palabra a una de sus mayores impulsoras, Wendy Carlin, catedrática del University College de Londres, que había escrito un sugerente artículo en el Financial Times: la actual podría ser una edad de oro para la economía; los avances recientes en la teoría, la historia económica y los métodos cuantitativos han proporcionado herramientas para abordar los acuciantes problemas de la desigualdad de oportunidades, la inestabilidad financiera o el cambio climático. Sin embargo, ¿por qué a pesar de ello los economistas tienen tan mala prensa?: porque perdieron el tren de 2008 (el inicio de la Gran Recesión) y porque algunos economistas abogaron por políticas que contribuyeron a la aparición de la crisis y exacerbaron el desempleo resultante y la inseguridad económica. Estos fracasos pueden atribuirse a la complacencia entre los economistas ante la doctrina de que la economía de mercado poco regulada se haría cargo de sí misma.


El jefe de Economía de The Guardian recuerda que cuando sorpresivamente llegó el Brexit los ciudadanos no se creyeron los males que pronosticaban los economistas del Tesoro británico, el Fondo Monetario Internacional, el Banco de Inglaterra o la Organización de Cooperación y Desarrollo Económico, todos ellos pura ortodoxia. Hay neoclásicos que opinan que protestas (“activismo”, lo denominan) como las protagonizadas por Keen, Mazuccato, Ha-Joon Chang, Kate Raworth, Elliott y otros son sólo lloriqueos de keynesianos agraviados. Es más profundo. Lo que es seguro es que el avance científico sólo progresa a través de debates como éste.
Autor


Por Joaquín Estefanía
Fue director de El País entre 1988 y 1993. Su último libro es Estos años bárbaros (Galaxia Gutenberg)

 

10 de Enero de 2018

Publicado enEconomía
“Ser pilo no paga si lo público se acaba”

Desde su puesta en práctica, la política oficial “Ser pilo paga” despertó críticas y controversia, las que se profundizaron con el paso del tiempo. Las recientes protestas de los estamentos universitarios, animadas por el trámite del Presupuesto General de la Nación para el 2018, que desfinancia aún más a las universidades públicas, así lo confirman.

 

Las voces de estudiantes, profesores y trabajadores de las universidades estatales volvieron a llenar las calles de diferentes ciudades del país. Sucedió el 4 de octubre, y su contundencia fue tal que no la pudieron desconocer los medios de comunicación oficiosos. En sus estribillos, donde se escuchaba con mucha fuerza “Ser pilo no paga si lo público se acaba”, los manifestantes denunciaban la desfinanciación a que están sometidos sus centros de estudio y/o trabajo, a la par que cuestionaban el programa gubernamental “Ser pilo paga”. En esta acción, quienes están vinculados a la Universidad Pedagógica Nacional, destacaron por su liderazgo en los debates y las acciones colectivas.

Es por ello que desdeabajo buscó al profesor e historiador Adolfo Atehortúa, rector de dicha universidad y presidente de la Asociación Colombiana de Universidades, Ascun, para conversar sobre la actual situación financiera de las universidades estatales, de las recientes movilizaciones contra su desfinanciamiento y los escenarios futuros para la educación superior en Colombia.

desdeabajo (da). ¿Cuál es la situación financiera de las universidades públicas del país?
Adolfo Atehortúa (AA). La situación es crítica, lo que tiene una historia. A partir de 1992, con la Ley 30, las partidas presupuestales que la nación entrega a las universidades estatales vienen indexadas con el IPC (Índice de precios al consumidor), salvo excepcionales pero pequeños rubros obtenidos en 2011 o, más recientemente, los aportes adjudicados sobre un porcentaje mínimo del Cree (Contribución Especial de Renta para la Equidad), que no afectaron la base presupuestal.

Sin embargo, el IPC es inferior al incremento del salario mínimo, de los salarios acordados por convención o pactos con los trabajadores, al aumento de salario que el mismo gobierno decreta para funcionarios y profesores universitarios, a los reconocimientos que el Decreto 1279 hace por la formación, la producción académica y la labor docente a los profesores. Dicha diferencia, de acuerdo con cálculos realizados por el Sistema Universitario Estatal (SUE), alcanza hoy 4 puntos porcentuales que, sumados a lo largo de 25 años, equivaldrían a un decrecimiento superior al 100 por ciento en el presupuesto de las universidades estatales.

da. ¿Esta realidad financiera también está agravada por otros conceptos?
AA. Sí. Desde 1992 también aparecieron nuevas obligaciones de nómina para las universidades del Estado: las leyes 797 de 2003 y 1122 de 2007, así como el Decreto 2090 de 2003, que aumentaron los aportes del empleador en seguridad social, salud y pensión; sentencias de la Corte (C-006/96 y C-401/98) que exigen con justicia el pago de prestaciones sociales a docentes y funcionarios administrativos ocasionales; o decretos como el 404 de 2006, que precisan el reconocimiento proporcional en vacaciones, prima de vacaciones y bonificación por recreación, a quienes se retiren sin haber cumplido un año de labor. Por estos tres ítems, en los datos reunidos, las 32 universidades estatales pasaron de pagar en 2009: $427.922 millones, a cancelar $1.077.313 millones en 2012, es decir, $649.391 millones más, todo ello en sólo tres años.

da. En la sociedad en general, y la educación en particular, existen desarrollos en ciencia y tecnología, ¿estos costos están considerados dentro del presupuesto para las universidades?
AA. Es evidente. A todos los gastos mencionados debe sumarse el costo ocasionado por la incorporación ineludible de los desarrollos en tecnología y comunicación: conexión, bases de datos internacionales, compra de aplicativos, equipos y centros de cómputo, así como el desarrollo de todo tipo de programas, la instalación de wifi y el pago de licencias de software en dólares constantes que, entre muchos otros, no se vislumbraban siquiera en 1992.

da. ¿Existen otras obligaciones que agraven la realidad financiera de estos centros de estudio?
AA. Sí, la lista ampliada de gastos se extiende, de igual forma, a los recursos de apoyo académico que presupone la actualización de laboratorios, la adquisición de modernos recursos educativos, la renovación de instrumentos requeridos por diversas disciplinas y, en general, la dotación misional para la formación profesional.

A todo lo anterior hay que agregar las inversiones para la formación doctoral de los docentes, la internacionalización y el intercambio académico; las transformaciones en las modalidades convencionales de enseñanza y la pertinencia de la investigación científica; las inversiones en bienestar estudiantil y las urgencias de la infraestructura física, así como los gastos administrativos y docentes incrementados con la ampliación de cobertura que se triplicó durante los años 2003 y 2006. Así mismo, la admisión con enfoque diferencial, la acreditación institucional y de programas, los nuevos sistemas de gestión y de control, los costos en seguridad, vigilancia, aseo, mantenimiento general y arrendamientos, como ejemplo de una lista realmente extensa.
Por consiguiente, no es necesaria una enorme reflexión para concluir y demostrar la existencia de un déficit histórico, real y contable, que ha crecido año tras año a partir de 1992 y que, de acuerdo con los cálculos del Sistema Universitario Estatal, supera hoy los 15 billones de pesos. Todo lo cual terminó ahogando literalmente a las universidades estatales, sacrificando las necesidades académicas y su desarrollo, para garantizar mínimamente el pago de la nómina, o que transformó su carácter de universidad en agencias de ofertas de asesorías y extensión, con los riesgos y abandonos misionales que tal decisión implica.

da. Con estos ajustes y cambios de prioridades, ¿cuáles aspectos de la vida universitaria son los que terminaron más afectados?
AA. Son varios. Existe un grave problema ocasionado por el paso del tiempo y el desgaste de las infraestructuras que prácticamente se están derrumbando, así como la precarización en la contratación de profesores y funcionarios; tambén la eliminación de inversiones en investigación, tecnología y recursos educativos, o el abandono de las condiciones requeridas para el bienestar universitario que impidan la deserción y promuevan la permanencia y graduación de los estudiantes.

Esta realidad, aunque acumulada por varias décadas, se ve agravada en los últimos años. Un ligero ejercicio sobre los últimos cinco años arroja que, mientras las transferencias de la Nación para el funcionamiento de las universidades se mantuvieron estables entre un 7 y 7.3 por ciento, los gastos de funcionamiento aumentaron cada año el 8,67 por ciento en promedio, con un crecimiento adicional en los gastos de personal de 9,28 por ciento, sin variaciones en una planta por lustros congelada. Dicho de otra forma, mientras el incremento promedio de los gastos de funcionamiento e Inversión del Sistema Universitario Estatal en las últimas cinco vigencias supera el 10 por ciento, el incremento promedio de los recursos de la nación sólo llega a la mitad de dicho crecimiento, a pesar de los recursos Cree.

da. ¿Cómo han hecho entonces para que las universidades medio funcionen?
AA. Vivimos una situación desesperante, que nos llevó a la búsqueda de recursos propios, asesorías y extensión, pero dichas acciones son insuficientes y apuntan a la privatización por vía del autofinanciamiento. Hoy por hoy, el Estado cubre aproximadamente el 50 por ciento de los costos en educación superior pública y descarga en las IES lo restante. En la Universidad Nacional, por ejemplo, el presupuesto alcanza $1,6 billones, de los cuales la Nación gira $0,9 billones. En la Universidad Pedagógica Nacional el presupuesto es de $123 mil millones y la nación gira $63 mil millones. Su aporte, en ambos casos, no alcanza siquiera para pagar las nóminas. El deber ser de la educación superior pública se aleja cada vez más de su realidad actual y la calidad se pone en peligro. La ruina en muchas edificaciones se convierte, además, en amenaza para la vida.

da. Lo que tienen estos centros de estudio es el producto de un largo trecho de desidia estatal, ¿qué les ha ofrecido el establecimiento a lo largo de estos años?
AA. Tal vez buenas ofertas, pero ninguna ha funcionado, a tal punto que la esperanza se desvanece. En cabeza de Cecilia María Vélez, el Ministerio de Educación anunció una reforma a los artículos 86 y 87 de la Ley 30 para obtener una financiación de la Educación Superior Pública más acorde con sus necesidades. No pasó nada. La propuesta se trasladó al ministerio de María Fernanda Campo, pero ‘cayó’ incluida en la reforma general que la comunidad universitaria rechazó. Con Gina Parody se ofreció el llamado Cree, que poco después cambió de rumbo. Por último, vino un articulado concreto en la Reforma Tributaria que ahora se descubre infructuoso con una destinación que mira hacia otros lados. Lo más reciente es el anuncio de un Conpes. Para decirlo coloquialmente, la crisis se ha atendido con una colombina que cambia de lado, pero no suple las necesidades.

da. ¿Cómo está la colombina hoy?
AA. Se esperaba que en virtud del artículo 184 de la Ley 1819 de 2016, Reforma Tributaria, recibiéramos el 40 por ciento de lo recaudado por medio punto del impuesto a las ventas (IVA). Y, así mismo, que por recursos procedentes del impuesto sobre la renta y complementarios (artículo 102), recibiéramos el 75 por ciento de 0,4 puntos de dicho tributo, anteriormente denominado Cree.

Pero todo resultó fallido. Ahora nos dicen que el medio punto de IVA social para la educación no significa un incremento real y no se asignará de manera directa a las Instituciones de Educación Superior del Estado. Tan sólo se establece una adición presupuestal –la cual con las cuentas claras– las universidades recibirán $162.505 millones, pero esa cifra incluye $32.710 que se debían y que estaban pendientes de girar por IPC e inversión para 2017. Por consiguiente, los nuevos recursos suman solamente $129.795 millones, que equivalen a un incremento cercano al 5 por ciento de los presupuestos de las universidades estatales.

Pero, por otro lado, las universidades estatales esperaban por lo menos $ 240 mil millones del antiguo Cree, en razón a que este mantuvo en su recaudo una cifra cercana a la obtenida en el año 2016. No obstante, tendrán $ 78 mil millones menos que el año pasado. ¿La razón? Muy sencilla: el 100 por ciento de la porción correspondiente al Cree fue entregado hasta el año 2015 a las universidades estatales. Sin embargo, en 2016, el 53,6 por ciento de ese total fue directo a los Créditos beca Icetex y Programa ser pilo paga que en 2017 recibirá el 66,9 por ciento de lo recaudado. Para el 2018, según se observa en el proyecto de presupuesto que se debate en el Congreso, las universidades estatales no recibiremos suma alguna por este concepto: todo irá al Icetex.

da. Podría decirse que el Programa ser pilo paga es una forma disimulada de financiar la educación privada con recursos públicos?
AA. Esa es un interpretación posible. Las cifras, en términos reales, señalan que tal Programa recibió en 2016, por cuenta del antiguo Cree, $373 mil millones; en 2017, $434 mil millones más, y para el año 2018 recibiría $ 580 mil millones. En total, $1.387 mil millones que, con las normas vigentes hasta el año 2015, correspondían a las universidades públicas. El guarismo se aproxima a la tercera parte del presupuesto anual de las universidades estatales, pero, si hacemos el cálculo por cohorte, los 40 mil estudiantes del programa ser pilo terminarían costando un poco más del equivalente a 600 mil estudiantes de las estatales en un año.

Pero no solo eso. Por razón del artículo 87 de la Ley 30, cuyo alcance se calcula con base al crecimiento económico (PIB) del país, las universidades estatales recibirán un 16,55 por ciento menos que el año pasado; es decir, tendrán en sus presupuestos $ 4.852 millones menos. Además, dejarán de recibir aproximadamente $ 10.000 millones en razón del descuento electoral decretado por la ley, más otros detrimentos que sería largo enumerar, como sucede ahora, por disposición de la Dian y Minhacienda, con el 4 por mil que universidades como la Pedagógica Nacional empezaron a pagar al momento de cancelar su nómina.

da. Profesor, para cerrar esta entrevista, ¿cuál es el futuro inmediato de la agenda de acción de las universidades públicas?
AA. La comunidad universitaria en todo el país, tiene la palabra para exigir al Congreso la aplicación de la Constitución y la ley, de acuerdo con su espíritu, y el Congreso mismo la obligación de reflexionar sobre toda la situación descrita y que conoce ampliamente.

 

Las banderas de la movilización

Conservar el espíritu del legislativo y con ello la destinación original de los antiguos recursos Cree (hoy impuesto a la renta y complementarios), garantizando su asignación total y directa a las IES públicas.

Implementar lo mandado por la Ley 1819 de 2016, Reforma Tributaria, destinando a las instituciones de educación superior públicas el 40 por ciento de medio punto de IVA social y los excedentes cooperativos.

Negar todo aval al Programa Ser pilo paga como política de Estado. “Ser pilo no paga si lo público se acaba”, fue una de las consignas más coreadas.

Exigir en el Presupuesto General de la Nación 2018 los recursos necesarios para la educación, ciencia y tecnología, cultura y deporte, oponiéndose a todo recorte.

No conceder aval a proyectos de ley que, como la Financiación Contingente al Ingreso, amplían la política privatizadora que prefiere la financiación de la demanda, y elimina paulatinamente la oferta educativa que corresponde al Estado.

Publicado enEdición Nº240
Sábado, 02 Septiembre 2017 10:21

La deuda pública es explosiva

La deuda pública es explosiva

En la contabilidad de los países se diferencia entre tres tipos de agentes: los hogares, las empresas (sociedades no financieras) y el sector público. La gráfica muestra que entre el 2007 y el 2016 su endeudamiento ha aumentado. Y, sobre todo, se destaca el de las empresas y el del sector público.

 

Los cambios han sido significativos. Entre 2007 y 2016, en las economías avanzadas (EA), la deuda total pasó de 230 por ciento del PIB a 260. En las economías emergentes la relación entre el saldo de la deuda y el PIB, aumentó de 120 a 160 por ciento. Y en dólares, el valor de la deuda total pasó de 110 a 150 billones. Estas tendencias son la expresión de una debilidad estructural de la economía mundial, y de una creciente volatilidad financiera.

 

 

grafico  La deuda

 

Preocupa el aumento de la deuda del sector público

 

La deuda del sector público crece más rápidamente que la de los hogares y de las empresas. En Estados Unidos, entre el 2007 y el 2016, el saldo de la deuda pública pasó de 58 a 99 por ciento del PIB. En Francia del 64 al 97. En Grecia del 104 al 179. En Italia del 102 al 133. En Japón del 147 al 201. En Bélgica del 91 al 106 por ciento. En las economías emergentes (Brasil, China, India, Colombia...) también se observa un crecimiento importante de la deuda pública, pero a un ritmo inferior. En Colombia, la deuda pública pasó de 43,8 por ciento del PIB en el 2007 a 52 por ciento en el 2016, así que el país también está inmerso en este proceso de creciente endeudamiento.

 

El aumento de la deuda pública tiene tres explicaciones. La primera se podría resumir en la llamada ley de Wagner. La segunda tiene que ver con la caída de la tributación. Y la tercera con la creciente volatilidad de los sistemas financieros.

 

La Ley de Wagner

 

Desde finales del siglo XIX, el economista Adolph Wagner afirmaba que, en todos los países, el gasto público, como porcentaje del PIB, debía crecer. Y que esta tendencia ascendente era inevitable. Las apreciaciones de Wagner se han cumplido, y algunos dicen que sus predicciones se pueden considerar como una “ley”. En opinión del autor, a medida que el país se desarrolla y las tareas colectivas son más complejas, es inevitable que el Estado tenga que ofrecer mayor cantidad de bienes y servicios, y que las actividad de supervisión y control sean más complejas.

 

Numerosas acciones que realiza el gobierno (educación, ciencia y tecnología, protección ambiental, seguridad, salud, etc.) tienen costos crecientes. Por ejemplo, las investigaciones en ciencia y tecnología cada vez son más exigentes y requieren un volumen mayor de recursos públicos. En todos los países del mundo el gasto público tiende a subir.

 

En Colombia el gasto público tiene que subir para que el país pueda tener un desarrollo comparable a los miembros de la Organización para la Cooperación Económica y el Desarrollo (Ocde). Y ahora en la etapa del posacuerdo de La Habana, la modernización del campo exige que haya un aumento significativo de los recursos públicos. En sus cuentas optimistas, el Ministerio de Hacienda hace proyecciones en las que el gasto público se reduciría. Tales estimaciones no son realistas.

 

La menor tributación a los ricos

 

A pesar de que el gasto público es creciente, los países son cada vez más reacios a aumentar los impuestos, especialmente cuando los afectados son los ricos. Los informes recientes de Oxfam muestran que en el mundo entero se está presentando una especie de “carrera de mínimos”, y los países parecen estar compitiendo entre sí para reducir los impuestos. En este carrera hacia abajo, el límite inferior lo ponen los paraísos fiscales. Es evidente, entonces, que si el gasto sube, y los ingresos no crecen, el déficit se incrementa y no queda otro camino que recurrir al endeudamiento.

 

En Colombia, la última reforma tributaria fue un fracaso en términos de equidad. Para que los mayores gastos puedan financiarse, es necesario que crezcan los ingresos, especialmente los tributarios. En lugar de aumentarle los impuestos a los ricos, la reforma se los disminuyó. Se redujo la tarifa de los impuestos a la renta y al patrimonio, y se dio un paso muy débil en los impuestos a los dividendos. Puesto que el gobierno de Santos ha mostrado que no está dispuestos a mejorar el recaudo de una manera progresiva, afectando más a los ricos, el déficit del sector público se incrementa y la deuda sube.

 

La volatilidad financiera

 

Entre la deuda pública y la volatilidad financiera se presenta una especie de causalidad circular: el mayor endeudamiento estimula la volatilidad y, a su vez, ésta facilita el crecimiento de la deuda del sector público.

 

Para conseguir los recursos que necesitan, los gobiernos emiten título (TES en el caso de Colombia), que se negocian en los mercados financieros. Los especuladores que mueven su dinero de un país a otro compran aquellos bonos gubernamentales que ofrecen mayor rentabilidad, y presionan a los gobiernos para que los emitan de una forma atractiva. Al ofrecer un mayor rentabilidad, la deuda pública se encarece, y los especuladores se benefician a costa de la estabilidad financiera de los países. En este proceso, los capitales, que vuelan como golondrinas, de un país a otro, estimulan la volatilidad financiera. Los gobiernos se endeudan para pagar viejas deudas, y en esta dinámica se crean burbujas que alimentan la especulación y la volatilidad.

 

El servicio de la deuda (amortización a capital e intereses) es el gasto más alto del gobierno colombiano. A medida que el tamaño de la deuda va aumentando, es necesario destinar una porción mayor del presupuesto al pago de los intereses. Esta secuencia es perversa porque se reduce el margen disponible para responder a necesidades urgentes de la sociedad.

 

Estabilidad financiera por la vía de impuestos progresivos

 

Los impuestos progresivos, con tarifas que suben a medida que aumenta el ingreso, son el mejor mecanismo para estabilizar las finanzas públicas y reducir el monto de la deuda. No obstante, esta solución tiene costos políticos que los gobiernos no parecen dispuestos a asumir. Vale la pena traer a colación la pregunta de Oxfam: ¿por qué los más ricos, el 1 por ciento de la población, logran capturar el Estado, frente a la mirada complaciente y pasiva del 99 por ciento?

 

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Publicado enEdición Nº238
Los sinsabores del cabildo abierto en defensa de la ETB

La posible privatización de la Empresa de Teléfonos de Bogotá atiza amores y desamores en Bogotá. El reciente cabildo abierto organizado por Sintrateléfonos y Atelca, con una asistencia de 800 personas y apoyados por diversidad de procesos sociales así lo reveló. Aunque según el Alcalde y el gerente de la empresa la decisión está tomada, el camino para así concretarlo tendrá que sobreponerse a la consulta popular sobre la venta y la revocatoria de Peñalosa.

 

Vamos a asistir al cabildo pero “la decisión está tomada”1. Con estas palabras reconfirmó Jorge Castellanos, gerente de la Empresa de Teléfonos de Bogotá (ETB) la determinación de la actual alcaldía bogotana de proseguir con el programa para privatizar esta empresa. Palabras que determinaban de entrada lo limitado e infuncional de este espacio.

 

El cabildo abierto fue propuesto, liderado y convocado por los sindicatos de la empresa, como un mecanismo y espacio para desnudar los verdaderos intereses que están detrás de la decisión privatizadora, y como expresión de la democracia participativa que debería obligar a la reversión de tal determinación.

 

Para hacerlo realidad, sus impulsores emprendieron la recolección de firmas, las cuales finalmente sumaron 44.960, con lo cual el Consejo Nacional Electoral no pudo negar la deliberación ciudadana. Los pasados 28 de febrero y 7 de marzo fueron establecidas para tal fin, y la sede del Instituto Distrital de Recreación y Deporte (Idrd) fue el espacio escogido para las sesiones cabildantes.

 

Primera sesión

 

El auditorio Presidente del Idrd estaba punto de llenarse a las 9:00 am del pasado 28 de febrero, algunos funcionarios de la ETB, otros del Distrito y los concejales estaban presentes. Decenas de trabajadores y otros pobladores de la ciudad colmaban el auditorio. En el exterior del auditorio más gente. El ambiente que reinaba entre unos y otros era de confianza en sus argumentos, confiando los trabajadores que una vez –como sucedió en otras 15 o más oportunidades a a través de alegatos judiciales– quebrarían la decisión privatizadora.

 

De manera puntual todo estaba listo para arrancar la sesión. En el listado de oradores 41 inscritos, cada uno de los cuales podría exponer sus razonamiento durante 7 minutos. El vocero de Sintrateléfonos contaría con 40 minutos para abrir el cabildo.

 

Cerca de las 9:15 am, el alcalde Enrique Peñalosa ofreció una rueda de prensa amarrada: solo dos periodistas estaban elegidos para realizar preguntas, y sólo ingresaban los medios oficiosos. ¿Información o propaganda?

 

Allí el burgomaestre aseguró que su responsabilidad como Alcalde no estaba en “hacer inversión en empresas, sino hacer inversión en la gente, hacer inversión en hospitales, jardines sociales, en colegios [...]”. El mandatario fue enfático en la necesidad de construir esta infraestructura en la ciudad, sin poder precisar cifras que le dieran la razón. Según su visión de la ciudad y de sus bienes públicos, la ETB no es una empresa del Distrito, sino un recurso del cual valerse para promover el “desarrollo social”.

 

El Alcalde insistió en el riesgo que tiene la ETB, comparándola con empresas de países como Alemania, de perder su actual valor. Seguidamente, afirmó que la decisión sobre la venta ya estaba tomada, reconfirmando así lo ya dicho por el gerente de la ETB y dejando claro que el cabildo que estaba por iniciar sesión era un mero hecho simbólico.

 

Una vez culminada la rueda de prensa arrancó el cabildo. Uno a uno fueron tomando sus minutos la totalidad de las personas inscritas, unos en contra de la venta del importante recurso público y otros en favor.

 

Las horas pasaban, ya en la tarde el ambiente del cabildo se tornó tenso a causa de la intervención de Enrique Peñalosa, una simple réplica de su discurso maltrecho de la rueda de prensa matutina. Además de las palabras de Jorge Castellanos, quien aludió a las cifras de la empresa en los últimos 10 años, enfatizando en el supuesto estancamiento de sus ingresos por pérdida de clientes: donde la empresa “bajó” de un 1.6 por ciento en 2007 a un 1.5 en 2016; más la pérdida de participación en el mercado desde el 2010, año para el cual la empresa contaba con una participación de un 50 por ciento, caído a un 34 por ciento para el 2016.

 

Pese a sus datos, por parte alguna daba respuesta al cuestionario radicado 5 días antes por Sintrateléfonos y Atelca y dirigido a este funcionario y al Alcalde. La dilación era la norma. Al final el presidente del Concejo de la ciudad confirmó que el cuestionario sería resuelto el 7 de marzo cuando sería llevada a cabo la segunda sesión de este espacio deliberativo. Esta primera parte del cabildo dejó la sensación de que todo seguía igual, y tal vez en la segunda los sectores populares lograban sus cometidos.

 

Segunda sesión

 

Sin duda los funcionarios del Distrito habían evaluado lo sucedido el 28 de febrero. A las 9 am del 7 de marzo el recinto del Idrd ya estaba repleto de funcionarios públicos y de gente afín a ellos. Por fuera del recinto, los trabajadores de la empresa de teléfonos, y pobladores provenientes de distintas localidades capitalinas. Unos y otros exigían que los dejaran ingresar, pero con resultado negativo.

 

El ambiente en el auditorio también era más tenso. Las arengas, gritos, chiflidos y pancartas en contra del Alcalde y en su defensa dejaban entreverlo que sería el orden del día.

 

Enrique Peñalosa fue el primero en intervenir, sin rodeo alguno aclaró que en las condiciones que se encontraba la ETB, sólo “un comprador especializado podría sacar el potencial de la empresa y le va a inyectar el capital nuevo que necesita”, reconociendo, implícitamente, la incapacidad y desinterés de su alcaldía para mejorar las condiciones del patrimonio. Reconoció también que la decisión de la venta de las acciones le correspondía sólo a la Alcaldía y al Concejo.

 

Insistió en que la venta era “[...] la decisión más responsable [...]”, a lo que sus seguidores acompañaron con aplausos; ante el descaro que cargaban estas afirmaciones la indignación de parte de los contradictores no demoró en hacerse sentir, así como los chiflidos e insultos. La ficción de construir nuevos colegios y hospitales en las zonas más populosas de Bogotá permaneció como su argumento más fuerte y repetitivo. Por parte alguna pudo precisar dónde está el dinero de la venta del 11 por ciento de la empresa hace 20 años. Dio por terminada su intervención diciendo que “[...] no han tomado el camino fácil [...] y que [...] los gritos e insultos no le intimidaban y tampoco lograrían reversar su decisión”.

 

Lo precedió en el orden de intervención el concejal del Polo Democrático, Manuel Sarmiento, uno de los pocos oradores que con cifras logró demostrar que la venta de la ETB es la peor decisión que puede tomarse pues va en contra del beneficio de los bogotanos. Argumentó, para desmontar las razones privatizadoras de Peñalosa, que el 57 por ciento de la venta de la empresa será destinado a Transmilenio y no precisamente a la construcción de colegios, dado que sólo el 2 por ciento será destinado a la Secretaría de Educación. El concejal, firme en sus argumentos, invitó al presidente de la compañía a que dijera cuánto es su salario, el cual, según Sarmiento, “[...] supera los 35.000.000 de pesos, sólo por bajar los indicadores de una buena empresa como lo es ETB [...]”; también lo llamó a no juzgar ni arremeter contra los trabajadores de la empresa, cuando está vinculado al escándalo de Panamá Papers.

 

El concejal finalizó su intervención afirmando que “ante la frustración de Enrique Peñalosa por no tener un doctorado, el cabildo se lo otorgaba como honoris causa en privatizaciones en mala gerencia”, provocando gritos entusiastas de apoyo por parte de los trabajadores y defensores de la compañía.

 

¿Y entonces?

 

La tensión en esta segunda sesión aumentó con las intervenciones de la concejal Lucía Bastidas y el concejal Hosman Martínez quienes, intimidados por los gritos e insultos de la barra en pro de la defensa de la ETB optaron por tratar de callar a los asistentes con frases como “Bogotá mejor para todos, pese a ustedes” y “seré presidente de este país, les guste o no”, premisa de una campaña presidencial prematura que permite comprender por qué el Alcalde, pensando en otros tiempos y menesteres, no da pie con bola en Bogotá y las reales necesidades de sus habitantes.

 

Finalmente, y aunque las intervenciones de todas las personas registradas no estaban cumplidas, los defensores de la ETB optaron por retirarse del recinto asegurando que el cabildo no fue abierto sino cerrado, sin debate limpio y, además, una deslegitimación para el mecanismo de participación ciudadana en la medida que en él nada se decide. ¿Miles de firmas simplemente para ilustrar?

 

Pese al sinsabor que embarga a las organizaciones convocantes, persiste su ánimo para seguir luchando en contra de la privatización del patrimonio de la ciudad, como persiste su esperanza en que la ciudadanía los acompaña en esta lucha. Es por ello que ahora recorrerán el camino de liderar una consulta popular que decida sobre el particular, al tiempo que concentran fuerzas en el proceso de revocatoria del alcalde Peñalosa.

 

* El 31 de mayo de 2016, el Concejo de Bogotá aprobó la venta de ETB con 31 votos a favor y 12 en contra.

 


 

Recuadro


El cabildo, de forma y sin poder decisorio

 

De acuerdo a la Registraduría Nacional del Estado Civil, el cabildo abierto es “la reunión pública de los concejos distritales, municipales o de las juntas administradoras locales, en la cual los habitantes pueden participar directamente con el fin de discutir asuntos de interés para la comunidad.” Y determina que éste se hace con el objetivo de “discutir, refrendar o dar a conocer puntos de vista divergentes sobre asuntos relacionados con asuntos públicos como pueden ser las políticas públicas, acciones de gobierno o la eventual toma de decisiones por parte de la administración pública”.

Publicado enEdición Nº233
Jueves, 05 Enero 2017 07:17

El canciller del petróleo

El canciller del petróleo

El elegido Donald Trump para secretario de Estado de Estados Unidos, Rex Tillerson, obtendrá un pago en efectivo de 180 millones de dólares de la gigante petrolera ExxonMobil, si consigue el trabajo. Tillerson (foto), quien dejó el cargo de ejecutivo de Exxon a principios de este año, estaba esperando recaudar 2 millones de acciones, por un valor de alrededor de 182 millones de dólares, como pago diferido por su trabajo en la petrolera. Tillerson ha acordado no trabajar en petróleo y gas durante 10 años, entregando 4.1 millones de dólares en bonos y beneficios en efectivo, tales como cobertura médica y dental. Si rompe las reglas de la confianza, “el dinero sería distribuido a una o más organizaciones benéficas involucradas en la lucha contra la pobreza o la enfermedad en el mundo en desarrollo”, dijo Exxon en un comunicado. También se ha comprometido a vender el valor de aproximadamente 55 millones de dólares de acciones de Exxon que ya posee por un valor de alrededor de182 millones de dólares, durante la próxima década como parte de su paquete de pago, pero eso despertó temores de un colosal conflicto de interesar. En su potencial nuevo rol como el diplomático de mayor rango de Estados Unidos, las decisiones de Tillerson podrían afectar el valor de esas acciones en decenas de millones de dólares. Para calmar las preocupaciones de que el nuevo secretario de Estado podría estar más interesado en Exxon que en el pueblo estadounidense, la compañía acordó el martes pagar 179 millones de dólares en efectivo, en lugar de acciones. Los organismos federales de ética solicitaron la reducción de 3 millones de dólares del valor actual de mercado de Exxon. El pago se colocará en un fideicomiso independiente que hará pagos periódicos a Tillerson y que no puede invertir en Exxon.

Tillerson acordó no trabajar en petróleo y gas durante 10 años, entregando 4.1 millones de dólares en bonos y beneficios en efectivo, tales como cobertura médica y dental. Si rompe las reglas del fideicomiso “el dinero sería distribuido a una o más organizaciones benéficas involucradas en la lucha contra la pobreza o la enfermedad en el mundo en desarrollo”, dijo Exxon en un comunicado. También se comprometió a vender el valor aproximado de 55 millones de dólares de acciones de Exxon que ya posee.


La idoneidad de Tillerson para una posición alta en el gobierno ha sido cuestionada en medio de conflictos de intereses y extensos lazos comerciales con Rusia y Vladimir Putin. Los dos hombres trabajaron juntos para asegurar los acuerdos de energía y perforación

Por Por Ben ChapmanDe The Independent de Gran Bretaña. Especial para Páginal12.

Traducción: Celita Doyhambéhère.

Publicado enInternacional
El caso Lagarde muestra la enorme corrupción de la política profesional

La directora del FMI, Christine Lagarde, ha sido hallada culpable de “negligencia” cuando era ministra de economía del gobierno francés con Sarkozy como Presidente. El dictamen es del Tribunal de Justicia de la República de Francia, corte especial para juzgar delitos de políticos y ex-políticos. Sorprendentemente ese tribunal ha dispensado a Lagarde de cumplir pena alguna. A pesar de que el delito reconocido supone cumplir hasta un año de prisión y 15.000 euros de multa. El delito reconocido de negligencia (en realidad es prevaricación) se perpetró en la demanda del empresario Bernard Tapie (amigo de Sarkozy) al Estado francés por la confiscación gubernamental y venta de la marca Adidas. Lagarde aceptó la multimillonaria indemnización de 400 millones de euros a Tapie que dictaminó una comisión de arbitraje y no apeló. Aunque, como consta en el veredicto, los asesores de Lagarde le aconsejaron recurrir. Si lo hubiera hecho, la indemnización probablemente hubiera sido menor.


¿Qué razones adujo ese Tribunal especial para no imponer condena alguna a Lagarde? La “personalidad” y la “reputación internacional” de la juzgada. ¡Increíble! Para completar el despropósito, el FMI comunicó públicamente que renueva totalmente su confianza en Lagarde, a pesar de su condena (sin castigo) en Francia. Algo huele a podrido.


¿Qué sucedería si algunos famosísimos futbolistas (que han defraudado a Hacienda) recurren las sentencias o multas argumentando que también tienen “reputación internacional”? En serio, esa sentencia deja con el culo al aire no ya un doble rasero de la justicia sino la profunda corrupción de la democracia representativa. ¿Alguien duda de que la ley no sea igual para todos? No descubro América, pero es higiénico ser conscientes de esa innegable verdad, así como del lodazal en el que las minorías de poder, las élites, la clase dominante que diría Marx, han convertido el sistema democrático representativo que, desde hace décadas, ya es una plutocracia. El gobierno de los ricos. Trump ha sido elegido tras gastar una fortuna en la campaña electoral. Como tantos presidentes antes que él. Lagarde, Trump, los presidentes de Estados Unidos y muchos jerarcas de otros países tienen en común que todos tienen muchísimo dinero.


Continuando con el caso Lagarde y la postura del FMI, como en economía y política no hay casualidades, conviene recordar que la ONU, en una de sus conferencias para la prevención del crimen, celebrada en El Cairo, denunció que “la penetración de las mafias en la economía ha sido facilitada por los programas de ajuste estructural (léase recortes sociales y rebajas salariales) que los países endeudados se han visto obligados a aceptar para poder recibir préstamos del Fondo Monetario Internacional”. A la postre, la economía mafiosa criminal está íntimamente ligada a la legal a través de la enorme industria del blanqueo de dinero sucio y negro. Según la ONU, la abundante actividad financiera especulativa del crimen organizado ha contribuido innegablemente a la aparición de crisis financieras y económicas en las últimas décadas.


El mecanismo es conocido. FMI, y Banco Mundial, entre otras entidades internacionales, imponen una austeridad implacable a los países en crisis. Las medidas provocan el cierre de empresas, recortes masivos de plantillas y desempleo en aumento. Y crece la economía sumergida, campo abonado para la economía criminal, cuyos beneficios vuelve a blanquear especulando en bolsas, mercados de capitales y banca en la sombra. Hasta la próxima crisis.


El emperramiento capitalista neoliberal se explica por talantes como los retratados por John Huston en el filme Cayo Largo. En un hotel de Florida coinciden un oficial, que regresa de Europa tras la guerra mundial, y Johnny Rocco, gánster deportado que ha vuelto a Estados Unidos clandestinamente. El soldado pregunta de modo retórico, “¿qué quiere Rocco?” Y él mismo se responde: “Quiere más”. Rocco lo confirma: “Eso es, quiero más”. El oficial pregunta de nuevo: “¿Tendrá Rocco bastante alguna vez?” Y es Rocco quien contesta: “Nunca tengo bastante. Nunca”.
Así es el capitalismo. Nunca tiene bastante. Y se pasan por el forro lo que haga falta en aras de sus ganancias, incluida la justicia. Hay que revertir la situación. Y que los y las Lagarde de este tiempo rindan cuentas y reparen.

¡Por razones!

Por Xavier Caño Tamayo – ATTAC Madrid
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Martes, 29 Noviembre 2016 06:30

La bolsa o la vida

La bolsa o la vida

Existe una lógica, constante, en las formas de gobernar y en la administración de la cosa pública. Benjamín Franklin (1706-1790), político y científico, participe en la fundación de los Estados Unidos, escribió una carta, en 1789, al físico francés Jean-Baptiste Leroy (1720-1800) en la que decía: “In this world nothing can be said to be certain, except death and taxes” (En este mundo no se puede estar seguro de nada, salvo de la muerte y de los impuestos). La otra cara de la muerte, la vida, está signada por los tributos que todo ser humano paga al Estado, desde la cuna hasta la tumba.

 

Han transcurrido dos siglos y unos años más desde aquella misiva, y las cosas siguen tal cual. La reforma tributaria estructural 2016 (RTE 2016), la tercera de la administración Santos (2010-2018), insiste en buscar más recursos financieros para el Estado afectando principalmente a la clase trabajadora, en particular a los hogares de estrato socio-económicos medio-bajo.

 

Interés y decisión de clase. Las reformas tributarias pueden estar orientadas a reorganizar aspectos particulares de los tributos, o toda su estructura, que es el caso que nos ocupa, donde su carácter estructural lo explican dos cambios: i) la disminución de los impuestos de renta a las entidades jurídicas (empresas) y la ampliación de la base tributaria de las personas naturales, al disminuir el umbral de las personas que deben presentar declaración de renta (de $3.471.183/mes a $2.479.417/mes) y al incluir en la retención de la fuente a quienes devenguen más de dos salarios mínimos legales vigentes (es previsible un incremento de 7% en el Salario Mínimo Legal Vigente –Smlv– para 2017, en consecuencia éste quedaría en $737.716; por tanto, a partir de $1.475.432 se deberá tributar el 10% del salario); ii) la mayor importancia relativa que toman los impuestos indirectos, es decir, los pagados independiente de los ingresos del contribuyente, a pesar de la enorme desigualdad que esto causa: el impuesto al valor agregado –IVA– pretenden incrementarlo de 16 a 19 por ciento (este tributo es una carga fiscal sobre el consumo, es decir, financiado por todos los consumidores).

 

Inmenso impacto sobre un sector significativo de nuestra sociedad, pese a lo cual hay una buena noticia. La RTE 2016 no modifica el artículo 15 de la Ley 174 de 1994: “los servicios funerarios, los de cremación, inhumación y exhumación de cadáveres, el alquiler y mantenimiento de tumbas, incluyendo los mausoleos, están excluidos del IVA”. Sólo la muerte libera de la servidumbre impuesta por las cadenas tributarias.

 

Expoliación. En las sociedades capitalistas hay tres vías para bajar el salario real y, por tanto, extraer mayor excedente de la fuerza laboral (explotación del trabajo): i) pagar menores salarios respecto al aumento de la productividad laboral, ii) aumentar los tributos que paga la clase trabajadora por encima de los subsidios que recibe; iii) elevar el índice de precios de los bienes y servicios que consumen los trabajadores (inflación) en mayor proporción que los costos de producción (impuesto a los pobres, le dicen los economistas). Para acercarnos a cuál/es de estos mecanismos hecha mano el poder o clase dirigente en Colombia, desplegamos a continuación un ejercicio de estimación de la afectación que tendrá –en el 2017– la RTE 2016 sobre la clase trabajadora, en especial los hogares de nivel medio-bajo.

 

 

 

 

 


La pobreza de los hogares colombianos, ingresos y estructura de gasto

 

Desde 1997, el Dane implementó la Encuesta Nacional de Calidad de Vida (ECV)**. De acuerdo con los resultados de la realizada en el 2015, sólo 15,1 por ciento de los hogares colombianos tiene un ingreso que excede a los requerimientos de gastos básicos familiares; en el otro 84,9 por ciento de los hogares el ingreso que obtienen sólo les alcanza para cubrir los gastos mínimos (61,7% del total de hogares del país) o no alcanzan para adquirir la Canasta Básica Familiar –CBF– (23,2%) colocándolos en situación de infra consumo (Gráfico 1). Por tanto, elevar los impuestos al 85 por ciento de los hogares colombianos, vía renta y/o IVA, significa condenarlos a vivir bajo condiciones de pobreza o aumentar el índice de quienes padecen el flagelo de la indigencia.

 

De acuerdo con el Dane, la línea de pobreza es el costo por persona mensual mínimo necesario para adquirir una canasta de bienes (alimentarios y no alimentarios) que permiten un nivel de vida adecuado. Para 2017, el costo per cápita mínimo necesario a nivel nacional está estimado por el Gobierno en $255.561 mensuales. De acuerdo con lo anterior, si un hogar está compuesto por 4 personas (promedio nacional) será clasificado como pobre si el ingreso total del hogar está por debajo de $1.022.245 mensuales. Actualmente, el porcentaje de personas viviendo en situación de pobreza en Colombia es de 27,8 por ciento.

 

Por su parte, la línea de pobreza extrema es el costo per cápita mensual mínimo necesario para adquirir únicamente la canasta de bienes alimentarios que permiten un nivel de sobrevivencia en Colombia. A nivel nacional la línea de pobreza extrema está establecida por el Gobierno en $116.685 mensuales por persona en 2017. Es decir, un hogar compuesto por 4 personas clasifica como indigente si su ingreso total mensual está por debajo de $466.738. En Colombia, el porcentaje de personas en situación de indigencia es de 7,9 por ciento (Gráfico 2).

 

A partir de las encuestas de ingresos y gastos adelantadas por el Dane desde el año 1953, es posible obtener información sobre el monto y la distribución de los gastos de los hogares colombianos, así como el monto y las fuentes de sus ingresos (Gráficos 3 y 4). Así, el 60,3 por ciento de los hogares cuentan con un ingreso total inferior a dos Smlv (cuando la referencia es a los ingresos laborales individuales la proporción aumenta a 80% de quienes perciben menos de 2 Smlv). Con ingresos familiares equivalentes a 2 y menos de 3 Smlv se encuentra el 14,2 por ciento. Tan sólo una cuarta parte de los hogares colombianos percibe ingresos totales iguales a 3 o más Smlv.


La estructura de gasto del conjunto de estos hogares está concentrada en los rubros de alimentos (28,2%), vivienda (30,1%) y transporte (15,2%); en conjunto, estos bienes y servicios representan cerca de tres cuartas partes del egreso familiar. El otro 26,5 por ciento de los gastos del hogar están distribuidos entre los rubros básicos de salud, educación, comunicaciones, vestuario, diversión y otros gastos.

 


Con la anterior estructura de ingresos y gastos es posible estimar la afectación para el año 2017 de la RTE 2016 en un hogar de clase media-baja, perteneciente al estrato tres, de acuerdo con la odiosa y discriminante clasificación socioeconómica gubernamental de los hogares a que nos tiene acostumbrados la cultura nacional.

 

* Economista político, filósofo humanista y analista existencial. Docente de la especialización en Derechos humanos de la UPTC. Integrante de los comités editoriales de los periódicos desde abajo y Le Monde diplomatique edición Colombia. Miembro del Consejo Asesor del Centro interdisciplinario de Derechos sociales y desarrollo, Cartagena de Indias.

** Esta surge como respuesta a la necesidad de caracterizar la población en los diferentes aspectos involucrados en el bienestar de los hogares.

 


Recuadro 1


Afectación familiar de la Reforma tributaria integral, 2016

 

Sobreviviendo. Simplemente sobreviviendo. Los González Muñoz, como otras muchas de las familias de clase media-baja que habitan Colombia, está compuesta por 4 personas (dos adultos y dos hijos en edad escolar que asisten a instituciones privadas), perteneciente al estrato socio-económico tres. Un solo preceptor de ingresos, que garantiza $1.844.289 mensuales, es la fuente para que subsistan (representa el punto medio entre 2 y menos de 3 Smlv para el año 2017, bajo el supuesto de un incremento de 7% en el Smlv); ingreso insuficiente para cubrir la variedad de gastos que les demanda la vida diaria, pese a lo cual en el 2017, producto de la RTI 2016 (artículo 16: “la retención en la fuente aplicable a los pagos gravables”), tendrán que comenzar a pagar una retención en la fuente de 10 por ciento.

 

Más IVA, más retefuente, ¿menos mercado? La adquisición de la canasta básica familiar –CBF– recibirá el impacto del aumento en el IVA de 16 a 19 por ciento; obviamente, será un promedio ponderado teniendo en cuenta las tres clases de bienes y servicios contemplados en las tarifas tributarias: i) sin IVA: carnes, huevos, lácteos, vegetales, frutas, cereales, agua, gas, los medicamentos del POS, cuadernos, celulares de menos de $650.000 y computadores de menos de un millón de pesos; ii) IVA del 5 por ciento: café, embutidos, azúcar, chocolate, pastas, panadería, impresos, vivienda, internet; iii) IVA del 19 por ciento: aceites, mobiliarios, electrodomésticos, enseres, aseo del hogar, aseo personal, ropa, libros, turismo, Tv operadores y mantenimiento del vehículo. Las publicaciones periódicas (revistas y periódicos) también tendrán una tarifa de 5 por ciento. La reforma también incluye un impoconsumo de 4 por ciento para datos de telefonía móvil, impuesto a bebidas azucaradas de $300 por litro y un impuesto a cigarrillos de $2.100 por cajetilla. El Gravamen a los Movimientos Financieros, conocido como 4x1.00, se mantendrá. Se implementarán “impuestos verdes” a combustibles líquidos, para gasolina el impuesto es de $200 por galón. Con todo esto, la reforma tributaria generará un alza adicional en el índice de precios al consumidor (inflación) del 1 por ciento anual.

 

 

Viviendo al día

 

La familia González Muñoz ha logrado acumular un patrimonio avaluado en 112 millones de pesos, representado en un apartamento de 90 millones y un automóvil de 22 millones. Por el apartamento cancela un impuesto predial de $540.000 anuales al aplicar la tarifa del 6 por mil sobre el avalúo oficial; por el automóvil paga un impuesto de vehículos automotores de $330.000 anual, producto de una tarifa impositiva de 1,5 por ciento.

 

Ingreso disponible para adquirir la canasta básica familiar. El ingreso anual de la familia González Muñoz es de $22.131.473 (producto de multiplicar el ingreso mensual $1.844.289 por 12 meses). Anualmente les harán una retención en la fuente del 10 por ciento del ingreso (artículo 16 de la RTE 2016), cancelando por tanto un impuesto de renta de $2.213.147; la familia también paga el impuesto predial anual de $540.000 y el impuesto sobre vehículos automotores de $ 330.000; en conjunto, estos tres tributos suman $3.083.147. El ingreso disponible anual, después de esta carga fiscal, es de $19.048.326; esto es, $1.587.605 mensuales con los cuales pueden adquirir los bienes y servicios de la CBF. Obviamente, sobre este consumo deberán aun restar el pago del IVA para conocer cuál es el ingreso neto disponible para el consumo real.

 

De acuerdo con la estructura de gasto se pueden modelar dos situaciones tributarias: i) Sin RTE 2016: gastos anuales del hogar en la adquisición de la CBF por $19.048.326, distribuidos en pago en impuestos del IVA por $1.902.356 y un consumo neto o real de $17.145.970, con una tarifa promedio de 10 por ciento en pago del IVA; ii) Con afectación de la RTE 2016: gastos anuales del hogar de $19.048.326 en la compra de la CBF, pago en impuestos por IVA equivalentes a $2.266.217 y valor del consumo real o neto de $16.782.109; esto es, una tarifa promedio del IVA equivalente a 11,9 por ciento: dos puntos porcentuales adicionales por efecto de la RTE 2016. En valores absolutos, la afectación total a la familia González Muñoz producto de la RTE 2016 en la adquisición de la CBF es de $363.861 adicionales, en términos relativos el costo adicional es de 19,1 por ciento (el cambio en las tarifas de impuestos y sus impactos en el gasto por rubros de la CBF pueden observarse en el cuadro 1).

 

De esta manera, con la ampliación y elevación de la tarifas impositivas en los impuestos directos (renta) e indirectos (IVA) los hogares de clase media empobrecida verán disminuidos sus ingresos en cerca de una cuarta parte. La distribución de esta transferencia se desglosa en 10 por ciento efecto de la retefuente, 2,4 por ciento debido al pago de predial, 1,5 por ciento por el impuesto a los vehículos automotores y 10,2 por ciento en el pago del IVA al adquirir los bienes y servicios básicos para la supervivencia familiar (Cuadro 2 y gráfico).

 

Con el agua al cuello. Así las cosas, el ingreso disponible familiar mensual, después de impuestos (Renta, IVA, predial y vehículos), es de $1.399.000, cifra cercana a la línea de pobreza. De esta manera, con la RTE de 2016, esta familia entra a clasificar como un hogar de clase media en condiciones de vulnerabilidad y alta riesgo de caer en la pobreza. Así, a punto de hundirse, con el agua al cuello, se encuentran miles de miles de familias colombianas de clase media empobrecida, las que de ser aprobada la RTE 2016 se encaminan hacia la pobreza. La otra cara de esta cruel realidad, la constituye la riqueza generada por la clase trabajadora, de la que vive, mediante tributos, corruptelas y ganancias, la clase dominante, ávida de privilegios, rentista y parasitaria.

 

             

 


 

Recuadro 2


Los impuestos en Colombia, breve historia



Desde la Colonia y hasta comienzos del siglo XX, los ingresos del gobierno nacional central se originan en su totalidad en los recaudos de impuestos al comercio exterior. Después de La Gran Depresión o crisis mundial de 1929 –prolongada por una década–, la hacienda pública colombiana empieza a hacer esfuerzos por crear una base tributaria más estable sustentada en los impuestos de renta y a las ventas.

 

Los impuestos a la renta tienen antecedentes desde 1918, pero sólo hasta 1935 se estructura sobre tres cuentas de liquidación: i) el impuesto a la renta de las personas naturales; ii) el impuesto a la renta de las personas jurídicas; iii) el impuesto al patrimonio y a las ganancias ocasionales. Desde 1942 este gravamen desplazó a los recaudos de aduanas como la principal fuente de ingresos tributarios del gobierno; y a finales de la década de 1950 equivalía a 4,5 por ciento del PIB. La reforma de 1986 redujo la tarifa del impuesto a las personas naturales de más altos ingresos de 48 a 30 por ciento, y en el caso de las sociedades anónimas o asimiladas de 40 a 30 por ciento.

 

El impuesto a las ventas tiene su origen en 1963 y desde entonces es uno de los tributos más dinámicos. Inicialmente sólo recayó sobre las ventas a nivel industrial y las importaciones: la tarifa básica fue fijada en 3 por ciento. La reforma de 1974 la incrementó hasta el 6 por ciento. En 1983 extendió su campo de aplicación a todas las ventas, incluyendo las ventas del comercio al detal y los servicios, tomando la forma actual de impuesto al valor agregado (IVA). Durante el periodo 2013-2016, los impuestos indirectos aumentan aceleradamente su importancia para las finanzas del Estado: han crecido un promedio anual de 10 por ciento, casi el doble de lo que crecen los impuestos directos (5,3%), además de estar por encima del crecimiento promedio del recaudo nacional, el cual se encuentra en 7,4 por ciento durante estos tres últimos años.

 

Durante el período 1994-2016, los ingresos totales del Gobierno Nacional Central (Gnc) aumentaron su participación relativa en el PIB de 9,7 a 15 por ciento (en 2013 alcanzaron el 16,9%). La principal fuente la constituye los ingresos tributarios: de 8,5 por ciento en 1994 crecieron a 14,2 por ciento en 2016 (en 2015 fueron 14,5%). Los ingresos por impuestos a la renta pasaron de 3,6 por ciento en 1994 a 4,6 por ciento en 2016, pero en 2012 habían alcanzado el 6,6 por ciento del PIB. El IVA interno y externo suma el 3,5 por ciento del PIB en 1994 y el 5,3 por ciento en 2016 (Cuadro). Con las reformas realizadas entre los años 2010 y 2015 el recaudo bruto creció en más del 80 por ciento, al pasar de $70 billones en el 2010 a $130 billones en 2016.

 

Después de las reformas tributarias de 2012 y 2014, la estructura del recaudo ha cambiado: en 2013 los impuestos directos representaban el 53,3 por ciento del recaudo nacional, versus el 33,4 por ciento que representaban los impuestos indirectos; ahora en 2016 los impuestos directos representan el 50,4 por ciento (2,9 puntos porcentuales menos que en 2013), contra un 35,7 por ciento de los impuestos indirectos (2,3 puntos porcentuales más que en 2013). Las dos primeras reformas tributarias impulsadas por la administración Santos (2010-2018) provocaron una mayor complejidad al sistema tributario, desaceleraron el crecimiento del recaudo debido al empobrecimiento de la clase trabajadora, la menor actividad económica y la caída en la inversión nacional y extranjera, además de no corregir la alta desigualdad en la distribución del ingreso en Colombia, una de las más inequitativas del mundo.

 

Por el lado del gasto total del Gnc, en términos porcentuales del PIB, incrementó su participación de 10,7 por ciento en 1994 a 19 por ciento en 2016 (Cuadro). Este crecimiento ha ido a parar, en mayor medida, al pago de intereses por la deuda pública (de 1 a 3,2% entre 1994-2016) y los gastos de funcionamiento del Estado (de 8,1 a 13,9%). La inversión pública termina siendo una variable residual y de ajuste respecto al balance fiscal del Gnc: de 1,7 por ciento en 1994 cayó a 1 por ciento del PIB en 2004; aumentó a 3,2 por ciento en 2013, para luego volver a caer a 1,9 por ciento del PIB en 2016. En consecuencia, las finanzas públicas arrojan un déficit de carácter estructural (los gastos superan siempre a los ingresos): de un déficit del 1 por ciento del PIB en 1994, este crece sostenidamente hasta alcanzar el 6,5 por ciento en 1999; en 2013 el déficit fiscal se redujo a 2,3 por ciento y en 2016 volvió a elevarse a 4 por ciento del PIB. El déficit se enfrenta con mayor endeudamiento público. Este problema crónico de las finanzas públicas explica que en los últimos 26 años el país haya padecido 14 reformas tributarias, en promedio una en menos de dos años, sin solucionar las causas estructurales.

 

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Lunes, 28 Noviembre 2016 17:16

La bolsa o la vida

La bolsa o la vida

Existe una lógica, constante, en las formas de gobernar y en la administración de la cosa pública. Benjamín Franklin (1706-1790), político y científico, participe en la fundación de los Estados Unidos, escribió una carta, en 1789, al físico francés Jean-Baptiste Leroy (1720-1800) en la que decía: “In this world nothing can be said to be certain, except death and taxes” (En este mundo no se puede estar seguro de nada, salvo de la muerte y de los impuestos). La otra cara de la muerte, la vida, está signada por los tributos que todo ser humano paga al Estado, desde la cuna hasta la tumba.

 

Han transcurrido dos siglos y unos años más desde aquella misiva, y las cosas siguen tal cual. La reforma tributaria estructural 2016 (RTE 2016), la tercera de la administración Santos (2010-2018), insiste en buscar más recursos financieros para el Estado afectando principalmente a la clase trabajadora, en particular a los hogares de estrato socio-económicos medio-bajo.

 

Interés y decisión de clase. Las reformas tributarias pueden estar orientadas a reorganizar aspectos particulares de los tributos, o toda su estructura, que es el caso que nos ocupa, donde su carácter estructural lo explican dos cambios: i) la disminución de los impuestos de renta a las entidades jurídicas (empresas) y la ampliación de la base tributaria de las personas naturales, al disminuir el umbral de las personas que deben presentar declaración de renta (de $3.471.183/mes a $2.479.417/mes) y al incluir en la retención de la fuente a quienes devenguen más de dos salarios mínimos legales vigentes (es previsible un incremento de 7% en el Salario Mínimo Legal Vigente –Smlv– para 2017, en consecuencia éste quedaría en $737.716; por tanto, a partir de $1.475.432 se deberá tributar el 10% del salario); ii) la mayor importancia relativa que toman los impuestos indirectos, es decir, los pagados independiente de los ingresos del contribuyente, a pesar de la enorme desigualdad que esto causa: el impuesto al valor agregado –IVA– pretenden incrementarlo de 16 a 19 por ciento (este tributo es una carga fiscal sobre el consumo, es decir, financiado por todos los consumidores).

 

Inmenso impacto sobre un sector significativo de nuestra sociedad, pese a lo cual hay una buena noticia. La RTE 2016 no modifica el artículo 15 de la Ley 174 de 1994: “los servicios funerarios, los de cremación, inhumación y exhumación de cadáveres, el alquiler y mantenimiento de tumbas, incluyendo los mausoleos, están excluidos del IVA”. Sólo la muerte libera de la servidumbre impuesta por las cadenas tributarias.

 

Expoliación. En las sociedades capitalistas hay tres vías para bajar el salario real y, por tanto, extraer mayor excedente de la fuerza laboral (explotación del trabajo): i) pagar menores salarios respecto al aumento de la productividad laboral, ii) aumentar los tributos que paga la clase trabajadora por encima de los subsidios que recibe; iii) elevar el índice de precios de los bienes y servicios que consumen los trabajadores (inflación) en mayor proporción que los costos de producción (impuesto a los pobres, le dicen los economistas). Para acercarnos a cuál/es de estos mecanismos hecha mano el poder o clase dirigente en Colombia, desplegamos a continuación un ejercicio de estimación de la afectación que tendrá –en el 2017– la RTE 2016 sobre la clase trabajadora, en especial los hogares de nivel medio-bajo.

 

 

 

 

 


La pobreza de los hogares colombianos, ingresos y estructura de gasto

 

Desde 1997, el Dane implementó la Encuesta Nacional de Calidad de Vida (ECV)**. De acuerdo con los resultados de la realizada en el 2015, sólo 15,1 por ciento de los hogares colombianos tiene un ingreso que excede a los requerimientos de gastos básicos familiares; en el otro 84,9 por ciento de los hogares el ingreso que obtienen sólo les alcanza para cubrir los gastos mínimos (61,7% del total de hogares del país) o no alcanzan para adquirir la Canasta Básica Familiar –CBF– (23,2%) colocándolos en situación de infra consumo (Gráfico 1). Por tanto, elevar los impuestos al 85 por ciento de los hogares colombianos, vía renta y/o IVA, significa condenarlos a vivir bajo condiciones de pobreza o aumentar el índice de quienes padecen el flagelo de la indigencia.

 

De acuerdo con el Dane, la línea de pobreza es el costo por persona mensual mínimo necesario para adquirir una canasta de bienes (alimentarios y no alimentarios) que permiten un nivel de vida adecuado. Para 2017, el costo per cápita mínimo necesario a nivel nacional está estimado por el Gobierno en $255.561 mensuales. De acuerdo con lo anterior, si un hogar está compuesto por 4 personas (promedio nacional) será clasificado como pobre si el ingreso total del hogar está por debajo de $1.022.245 mensuales. Actualmente, el porcentaje de personas viviendo en situación de pobreza en Colombia es de 27,8 por ciento.

 

Por su parte, la línea de pobreza extrema es el costo per cápita mensual mínimo necesario para adquirir únicamente la canasta de bienes alimentarios que permiten un nivel de sobrevivencia en Colombia. A nivel nacional la línea de pobreza extrema está establecida por el Gobierno en $116.685 mensuales por persona en 2017. Es decir, un hogar compuesto por 4 personas clasifica como indigente si su ingreso total mensual está por debajo de $466.738. En Colombia, el porcentaje de personas en situación de indigencia es de 7,9 por ciento (Gráfico 2).

 

A partir de las encuestas de ingresos y gastos adelantadas por el Dane desde el año 1953, es posible obtener información sobre el monto y la distribución de los gastos de los hogares colombianos, así como el monto y las fuentes de sus ingresos (Gráficos 3 y 4). Así, el 60,3 por ciento de los hogares cuentan con un ingreso total inferior a dos Smlv (cuando la referencia es a los ingresos laborales individuales la proporción aumenta a 80% de quienes perciben menos de 2 Smlv). Con ingresos familiares equivalentes a 2 y menos de 3 Smlv se encuentra el 14,2 por ciento. Tan sólo una cuarta parte de los hogares colombianos percibe ingresos totales iguales a 3 o más Smlv.


La estructura de gasto del conjunto de estos hogares está concentrada en los rubros de alimentos (28,2%), vivienda (30,1%) y transporte (15,2%); en conjunto, estos bienes y servicios representan cerca de tres cuartas partes del egreso familiar. El otro 26,5 por ciento de los gastos del hogar están distribuidos entre los rubros básicos de salud, educación, comunicaciones, vestuario, diversión y otros gastos.

 


Con la anterior estructura de ingresos y gastos es posible estimar la afectación para el año 2017 de la RTE 2016 en un hogar de clase media-baja, perteneciente al estrato tres, de acuerdo con la odiosa y discriminante clasificación socioeconómica gubernamental de los hogares a que nos tiene acostumbrados la cultura nacional.

 

* Economista político, filósofo humanista y analista existencial. Docente de la especialización en Derechos humanos de la UPTC. Integrante de los comités editoriales de los periódicos desde abajo y Le Monde diplomatique edición Colombia. Miembro del Consejo Asesor del Centro interdisciplinario de Derechos sociales y desarrollo, Cartagena de Indias.

** Esta surge como respuesta a la necesidad de caracterizar la población en los diferentes aspectos involucrados en el bienestar de los hogares.

 


Recuadro 1


Afectación familiar de la Reforma tributaria integral, 2016

 

Sobreviviendo. Simplemente sobreviviendo. Los González Muñoz, como otras muchas de las familias de clase media-baja que habitan Colombia, está compuesta por 4 personas (dos adultos y dos hijos en edad escolar que asisten a instituciones privadas), perteneciente al estrato socio-económico tres. Un solo preceptor de ingresos, que garantiza $1.844.289 mensuales, es la fuente para que subsistan (representa el punto medio entre 2 y menos de 3 Smlv para el año 2017, bajo el supuesto de un incremento de 7% en el Smlv); ingreso insuficiente para cubrir la variedad de gastos que les demanda la vida diaria, pese a lo cual en el 2017, producto de la RTI 2016 (artículo 16: “la retención en la fuente aplicable a los pagos gravables”), tendrán que comenzar a pagar una retención en la fuente de 10 por ciento.

 

Más IVA, más retefuente, ¿menos mercado? La adquisición de la canasta básica familiar –CBF– recibirá el impacto del aumento en el IVA de 16 a 19 por ciento; obviamente, será un promedio ponderado teniendo en cuenta las tres clases de bienes y servicios contemplados en las tarifas tributarias: i) sin IVA: carnes, huevos, lácteos, vegetales, frutas, cereales, agua, gas, los medicamentos del POS, cuadernos, celulares de menos de $650.000 y computadores de menos de un millón de pesos; ii) IVA del 5 por ciento: café, embutidos, azúcar, chocolate, pastas, panadería, impresos, vivienda, internet; iii) IVA del 19 por ciento: aceites, mobiliarios, electrodomésticos, enseres, aseo del hogar, aseo personal, ropa, libros, turismo, Tv operadores y mantenimiento del vehículo. Las publicaciones periódicas (revistas y periódicos) también tendrán una tarifa de 5 por ciento. La reforma también incluye un impoconsumo de 4 por ciento para datos de telefonía móvil, impuesto a bebidas azucaradas de $300 por litro y un impuesto a cigarrillos de $2.100 por cajetilla. El Gravamen a los Movimientos Financieros, conocido como 4x1.00, se mantendrá. Se implementarán “impuestos verdes” a combustibles líquidos, para gasolina el impuesto es de $200 por galón. Con todo esto, la reforma tributaria generará un alza adicional en el índice de precios al consumidor (inflación) del 1 por ciento anual.

 

 

Viviendo al día

 

La familia González Muñoz ha logrado acumular un patrimonio avaluado en 112 millones de pesos, representado en un apartamento de 90 millones y un automóvil de 22 millones. Por el apartamento cancela un impuesto predial de $540.000 anuales al aplicar la tarifa del 6 por mil sobre el avalúo oficial; por el automóvil paga un impuesto de vehículos automotores de $330.000 anual, producto de una tarifa impositiva de 1,5 por ciento.

 

Ingreso disponible para adquirir la canasta básica familiar. El ingreso anual de la familia González Muñoz es de $22.131.473 (producto de multiplicar el ingreso mensual $1.844.289 por 12 meses). Anualmente les harán una retención en la fuente del 10 por ciento del ingreso (artículo 16 de la RTE 2016), cancelando por tanto un impuesto de renta de $2.213.147; la familia también paga el impuesto predial anual de $540.000 y el impuesto sobre vehículos automotores de $ 330.000; en conjunto, estos tres tributos suman $3.083.147. El ingreso disponible anual, después de esta carga fiscal, es de $19.048.326; esto es, $1.587.605 mensuales con los cuales pueden adquirir los bienes y servicios de la CBF. Obviamente, sobre este consumo deberán aun restar el pago del IVA para conocer cuál es el ingreso neto disponible para el consumo real.

 

De acuerdo con la estructura de gasto se pueden modelar dos situaciones tributarias: i) Sin RTE 2016: gastos anuales del hogar en la adquisición de la CBF por $19.048.326, distribuidos en pago en impuestos del IVA por $1.902.356 y un consumo neto o real de $17.145.970, con una tarifa promedio de 10 por ciento en pago del IVA; ii) Con afectación de la RTE 2016: gastos anuales del hogar de $19.048.326 en la compra de la CBF, pago en impuestos por IVA equivalentes a $2.266.217 y valor del consumo real o neto de $16.782.109; esto es, una tarifa promedio del IVA equivalente a 11,9 por ciento: dos puntos porcentuales adicionales por efecto de la RTE 2016. En valores absolutos, la afectación total a la familia González Muñoz producto de la RTE 2016 en la adquisición de la CBF es de $363.861 adicionales, en términos relativos el costo adicional es de 19,1 por ciento (el cambio en las tarifas de impuestos y sus impactos en el gasto por rubros de la CBF pueden observarse en el cuadro 1).

 

De esta manera, con la ampliación y elevación de la tarifas impositivas en los impuestos directos (renta) e indirectos (IVA) los hogares de clase media empobrecida verán disminuidos sus ingresos en cerca de una cuarta parte. La distribución de esta transferencia se desglosa en 10 por ciento efecto de la retefuente, 2,4 por ciento debido al pago de predial, 1,5 por ciento por el impuesto a los vehículos automotores y 10,2 por ciento en el pago del IVA al adquirir los bienes y servicios básicos para la supervivencia familiar (Cuadro 2 y gráfico).

 

Con el agua al cuello. Así las cosas, el ingreso disponible familiar mensual, después de impuestos (Renta, IVA, predial y vehículos), es de $1.399.000, cifra cercana a la línea de pobreza. De esta manera, con la RTE de 2016, esta familia entra a clasificar como un hogar de clase media en condiciones de vulnerabilidad y alta riesgo de caer en la pobreza. Así, a punto de hundirse, con el agua al cuello, se encuentran miles de miles de familias colombianas de clase media empobrecida, las que de ser aprobada la RTE 2016 se encaminan hacia la pobreza. La otra cara de esta cruel realidad, la constituye la riqueza generada por la clase trabajadora, de la que vive, mediante tributos, corruptelas y ganancias, la clase dominante, ávida de privilegios, rentista y parasitaria.

 

             

 


 

Recuadro 2


Los impuestos en Colombia, breve historia



Desde la Colonia y hasta comienzos del siglo XX, los ingresos del gobierno nacional central se originan en su totalidad en los recaudos de impuestos al comercio exterior. Después de La Gran Depresión o crisis mundial de 1929 –prolongada por una década–, la hacienda pública colombiana empieza a hacer esfuerzos por crear una base tributaria más estable sustentada en los impuestos de renta y a las ventas.

 

Los impuestos a la renta tienen antecedentes desde 1918, pero sólo hasta 1935 se estructura sobre tres cuentas de liquidación: i) el impuesto a la renta de las personas naturales; ii) el impuesto a la renta de las personas jurídicas; iii) el impuesto al patrimonio y a las ganancias ocasionales. Desde 1942 este gravamen desplazó a los recaudos de aduanas como la principal fuente de ingresos tributarios del gobierno; y a finales de la década de 1950 equivalía a 4,5 por ciento del PIB. La reforma de 1986 redujo la tarifa del impuesto a las personas naturales de más altos ingresos de 48 a 30 por ciento, y en el caso de las sociedades anónimas o asimiladas de 40 a 30 por ciento.

 

El impuesto a las ventas tiene su origen en 1963 y desde entonces es uno de los tributos más dinámicos. Inicialmente sólo recayó sobre las ventas a nivel industrial y las importaciones: la tarifa básica fue fijada en 3 por ciento. La reforma de 1974 la incrementó hasta el 6 por ciento. En 1983 extendió su campo de aplicación a todas las ventas, incluyendo las ventas del comercio al detal y los servicios, tomando la forma actual de impuesto al valor agregado (IVA). Durante el periodo 2013-2016, los impuestos indirectos aumentan aceleradamente su importancia para las finanzas del Estado: han crecido un promedio anual de 10 por ciento, casi el doble de lo que crecen los impuestos directos (5,3%), además de estar por encima del crecimiento promedio del recaudo nacional, el cual se encuentra en 7,4 por ciento durante estos tres últimos años.

 

Durante el período 1994-2016, los ingresos totales del Gobierno Nacional Central (Gnc) aumentaron su participación relativa en el PIB de 9,7 a 15 por ciento (en 2013 alcanzaron el 16,9%). La principal fuente la constituye los ingresos tributarios: de 8,5 por ciento en 1994 crecieron a 14,2 por ciento en 2016 (en 2015 fueron 14,5%). Los ingresos por impuestos a la renta pasaron de 3,6 por ciento en 1994 a 4,6 por ciento en 2016, pero en 2012 habían alcanzado el 6,6 por ciento del PIB. El IVA interno y externo suma el 3,5 por ciento del PIB en 1994 y el 5,3 por ciento en 2016 (Cuadro). Con las reformas realizadas entre los años 2010 y 2015 el recaudo bruto creció en más del 80 por ciento, al pasar de $70 billones en el 2010 a $130 billones en 2016.

 

Después de las reformas tributarias de 2012 y 2014, la estructura del recaudo ha cambiado: en 2013 los impuestos directos representaban el 53,3 por ciento del recaudo nacional, versus el 33,4 por ciento que representaban los impuestos indirectos; ahora en 2016 los impuestos directos representan el 50,4 por ciento (2,9 puntos porcentuales menos que en 2013), contra un 35,7 por ciento de los impuestos indirectos (2,3 puntos porcentuales más que en 2013). Las dos primeras reformas tributarias impulsadas por la administración Santos (2010-2018) provocaron una mayor complejidad al sistema tributario, desaceleraron el crecimiento del recaudo debido al empobrecimiento de la clase trabajadora, la menor actividad económica y la caída en la inversión nacional y extranjera, además de no corregir la alta desigualdad en la distribución del ingreso en Colombia, una de las más inequitativas del mundo.

 

Por el lado del gasto total del Gnc, en términos porcentuales del PIB, incrementó su participación de 10,7 por ciento en 1994 a 19 por ciento en 2016 (Cuadro). Este crecimiento ha ido a parar, en mayor medida, al pago de intereses por la deuda pública (de 1 a 3,2% entre 1994-2016) y los gastos de funcionamiento del Estado (de 8,1 a 13,9%). La inversión pública termina siendo una variable residual y de ajuste respecto al balance fiscal del Gnc: de 1,7 por ciento en 1994 cayó a 1 por ciento del PIB en 2004; aumentó a 3,2 por ciento en 2013, para luego volver a caer a 1,9 por ciento del PIB en 2016. En consecuencia, las finanzas públicas arrojan un déficit de carácter estructural (los gastos superan siempre a los ingresos): de un déficit del 1 por ciento del PIB en 1994, este crece sostenidamente hasta alcanzar el 6,5 por ciento en 1999; en 2013 el déficit fiscal se redujo a 2,3 por ciento y en 2016 volvió a elevarse a 4 por ciento del PIB. El déficit se enfrenta con mayor endeudamiento público. Este problema crónico de las finanzas públicas explica que en los últimos 26 años el país haya padecido 14 reformas tributarias, en promedio una en menos de dos años, sin solucionar las causas estructurales.

 

Publicado enEdición Nº230
Lunes, 28 Noviembre 2016 15:40

Una historia en 25 años y otros por venir

Una historia en 25 años y otros por venir

¿Cómo contribuir a la superación de la atomización y dispersión social que padecen los actores sociales y políticos en nuestro país? ¿Cómo propiciar debates abiertos y plurales, que renueven el imaginario político de los activistas? Estos fueron los primeros interrogantes que vinieron a nuestras mentes hace 25 años, en otro momento de negociación política del conflicto armado vivido en nuestro país, cuando nos planteamos ¿qué hacer? ante una coyuntura de confusión política, perdida de referentes ideológicos, cooptación y exilio de una parte del liderazgo social.

 

Nuestra respuesta elemental encontró en la publicación de un periódico la vía expedita para ello: estimular y propiciar debates en el activismo social, a la par de buscar contacto constante con la población, ubicándonos en sus barriadas.

 

Ocho páginas, y una sola tinta, dedicamos a ello. Esfuerzo elemental pero constante. Luego lo integrarían 12, 16, 20, 24 páginas, además de suplementos temáticos. También las 4 tintas. Así, sin darle tregua al paso de los días, hoy sumamos más de 230 ediciones centrales, y no menos de 150 suplementos temáticos. Tuvieron que pasar varios años para que otros interrogantes y otras publicaciones nacieran como hijas del mismo esfuerzo. ¿Cómo contribuir para que la soberanía nacional no quede barrida? ¿Cómo brindar nuevas luces a la intelectualidad nacional para que despierte de su letargo y juegue el papel que le corresponde? ¿Cómo estimular el actuar común de la izquierda y el nacimiento de un referente orgánico común?

 

Corría el año 1999 cuando así nos interrogamos, y el motivo para ello fue el conocimiento que tuvimos del Plan Colombia, el cual al traducirlo se convirtió en nuestro primer éxito editorial, con más de 20 mil ejemplares vendidos. De alguna manera, nuestros artículos y acciones por la concreción de un referente orgánico común, también contribuyeron a la experiencia de Frente que conocimos por entonces, así como a un amplio debate sobre el Vacío teórico, aguas profundas en que nadábamos por tales años.

 

Como otra respuesta a esta variedad de preguntas asumiríamos la publicación en nuestro país del mensuario Le Monde diplomatique, sin duda, el periódico que de manera más fina y profunda aborda la geopolítica global, sin comprender la cual no es posible adentrarse de manera activa y propositiva, con sentido de Estado, en la arena política local. En el curso de los 14 años que ya redondea su publicación local más de 125 ediciones han visto la luz, además de salones de arte, conciertos, tertulias, conversatorios y otro cúmulo de actividades.

 

Caminando sobre los dos pies, con pasos aplomados, también tomaría cuerpo lo que después llegaría a ser el fondo Editorial Desde Abajo, hoy con más de 200 títulos publicados, cien de ellos en circulación, donde diversidad de autores nacionales han confiado en nuestro sello para que llevemos sus investigaciones, reflexiones y propuestas a la sociedad colombiana, y más allá de la misma.

 

Como Libardo Sarmiento, César Giraldo, Orlando Fals Borda, Gonzalo Arcila, Marco Raúl Mejía, Philip Potdevin, Gloría Inés Peláez, Rafael Ballén, Daniel Ángel, Octavio Escobar Giraldo, Carlos Eduardo Maldonado, Luis Emiro Valencia, Hernán Darío Correa, Carlos Salgado Araméndez, Alfonso Torres Carrillo, Juliana Millán, Carolina Jiménez, María Elena Manjarrés, Damián Pachón Soto, Juan Guillermo Gómez, Víctor de Currea Lugo, Edwin Cruz Rodríguez, Arturo Escobar, Carlos Fajardo, Iván Darío Ávila, Lola Cendales, Jairo Muñoz, Alfredo Gómez Muller, Enrique Santos Molano, entre otros, han confiado en nuestro sello para que llevemos sus investigaciones, reflexiones y propuestas a la sociedad colombiana, y más allá.

 

Otros muchos más allá de nuestra frontera, también han encontrado en nuestra labor el vehículo para llevar a nuestro país y a la región debates de punto. Allí están, entre algunas de estas plumas: Raúl Zibechi, Francesca Gargallo, Ignacio Ramonet, Carlos Antonio Aguirre, Susana Sacavino, Horacio Cerutti, Silvia Federici, Juana Gamero de Coca, Isabel Rauber, Helio Gallardo, Martha Harnecker.

 

Reflexión para la renovación y la creación. No sin sentido hemos publicado aparte de la obra de líderes como Simón Bolívar, además de autores ya clásicos en nuestras fronteras como Jorge Eliécer Gaitán, Manuel Zapata Olivella, Antonio García, Jorge Zalamea. Y de más allá de estas como: Walter Benjamin, Bolívar Echevarría, Carlo Ginzburg, Edward Palmer Thompson, Etienne Bloch y otros más.

 

Labor visionaria y para la renovación del pensamiento del activismo social. No han estado ajenas a esta labor los debates de punta que toman cuerpo en distintas latitudes, como en su momento logró sintetizarlo Martha Harnecker en su obra La izquierda en el umbral del siglo XXI, o como logran hacerlo las feministas en variedad de obras que integran nuestro catálogo. Pero también como lo abordan quienes reflexionan la complejidad de las transformaciones en ciencia y tecnología en que está inmerso el mundo producto de la revolución técnico-científica en marcha, o los mismos animalistas en los debates que nos plantean sobre sociedad, naturaleza y cultura. Pero también las polémicas sobre el sentido que hoy tiene el periodismo, la comunicación y la política. No pueden quedar por fuera los debates sobre el sentido de la Historia, la memoria, el papel de la filosofía, el reflexionar nuestroamericano, la preocupación por el accionar de los movimientos sociales, entre otros.

 

Debates con asidero público en centenares de foros, seminarios, conversatorios, realizados a lo largo de estos años de pensamiento y acción, todos ellos con el propósito de estimular el acercamiento de los actores sociales a la reflexión fresca y abierta, no sectaria, motivando el entre-relacionamiento de esfuerzos para superar la debilidad en que nos mantiene postrados la desunión de hermandad que nos consume.

 

Así andando, recorriendo los años que cerraron el milenio y abrieron la puerta a uno nuevo, ya éramos conscientes del potencial de la Red y ya teníamos nuestro dominio en la misma, con el cual hemos avanzado hasta tener hoy un diario virtual en construcción, en un esfuerzo por hacer realidad que la prensa se hace a diario y entre todos/as.

 

Toda una apertura y una reflexión que va transformando este esfuerzo comunicativo en lo que debe ser: un baluarte para la reflexión, el debate, la investigación, y la renovación de las propuestas políticas para poder aspirar a que una sociedad dada viva un giro en su presente, dirigiéndose hacia el futuro sobre nuevas miradas y un pisar al ritmo de los pueblos que somos y los tiempos que nos habitan. Un accionar con profundo calado cultural, sin el cual ningún esfuerzo social en pro de cambio de la minoría por las mayorías puede surtir resultados sostenibles en el largo plazo.

 

Preguntas que nacen y que les vamos dando respuesta a la medida de nuestras capacidades, autogestionarias, congregadoras de muchas manos desinteresadas conscientes de que la disputa contra el status quo requiere autonomía y libertad total, las cuales sólo pueden venir de lo construido desde abajo y por fuera de las esferas del Estado y del poder aún hoy imperante.

 

Preguntas que requieren nuevos mecanismo para que las respuestas lleguen cada día a sectores cada vez más amplios del país. Es por ello que hace ya unos diez años afrontamos la realización de videos, al tiempo que algunos intentos en radio, porque ya comprendíamos que sin un esfuerzo comunicativo integral no es posible que el actor social logre una sintonía con todas aquellas personas a las que envía sus mensajes, con la aspiración a que la comunicación sea, en verdad, de doble vía. Hoy, una programación semanal en la elaboración de videos ya es parte de nuestra cotidianidad; aspirando a que en poco tiempo sea diaria. Acercamientos al mundo del arte, a la vida de artistas plásticos y de teatro, al humor político, a la reflexión sobre la ciencia, a la actualidad política, y otras maneras de leer nuestra realidad son parte sustancial de nuestro registro visual.

 

Con todo ello, hoy tenemos ante nosotros, para el servicio de todos los actores sociales, y con vocación de país, el embrión de un Sistema Nacional de Comunicación Alternativa, y la conciencia de que estamos ante el reto –no nosotros sino el conjunto de los actores sociales– de disputar la opinión pública como camino inevitable para lograr la disposición social para aprestarse a nuevas gestas por justicia, fraternidad, igualdad, democracia radical, soberanía, redistribución de la renta nacional.

 

He aquí el fruto de 25 años de labor ininterrumpida. Este logro, que es de toda nuestra sociedad, aún está por consolidarse. Una propuesta comunicativa integral habrá de surgir para que aportemos a la superación de aquello que ya detectábamos en 1991, hace 25 años: la dispersión social, pero también para construir y ganar seguridad en todo lo que proponemos a nuestra sociedad en particular y a la latinoamericana en general.

 

Nuevos y mayores retos tenemos ante nosotros, los que alcanzaremos, con seguridad, con el apoyo desinteresado de decenas de activistas y organizaciones que, aunque identificadas con diversidad de referentes ideológicos y políticos, encontrarán en desdeabajo la otra posición para leer, ver, comunicar, escuchar... y luchar.

Publicado enEdición Nº230