Sábado, 03 Marzo 2018 17:37

Transitando por la selva de cemento

Transitando por la selva de cemento

En esta selva de cemento no son los fuertes los que ganan... sino los que le encuentran la grieta al sistema, y desde su cotidianidad transforman las formas de relacionarse con su entorno.
Abro los ojos y los primeros rayos del sol me avisan que mi día ya comenzó. Un poco más tarde de lo previsto, sin embargo eso no impide que la roña y la pereza para levantarme invadan mi cuerpo por unos segundos. Me levanto, un baño rápido, la cama, la comida del gato, un tinto bien cargado y a rodar se dijo. Lo primero que pienso es en la lluvia que se vislumbra en el ambiente, y en mi cabello que acabé de peinar… Creo que al final eso no importa.

 

Me subo a la bicicleta, consciente de lo lejos que estoy de mi punto de destino y de lo tarde que voy a llegar... desde Suacha es lejos cualquier parte de la capital.

 

Al llegar a la autopista me encuentro con un panorama que a pesar de ser cotidiano no pierde lo violento y desmedido. “La carrera de la calle” en la que los actores son: peatones, transmilenios, Sitp, colectivos, flotas, cebolleros, mulas, camiones, taxis, motos, bicitaxis y otros ciclistas como yo.

 

Me siento como en una selva de cemento, luchando por un poco de espacio, en el que la llamada selección natural urbana beneficia el motor y el acero. El ganador es el más veloz, y el que pueda imponerse ante los demás con su prominente tamaño. No ve a los demás… tal vez ni le importa hacerlo, y de atravesarse en su camino no dudaría en responder de forma agresiva imponiendo la superioridad que el hierro y el motor le otorga. Sin embargo, la facilidad de esquivar, pasarlos y evitar la congestión me da un poco de ventaja. Ellos, estresados porque la ciudad les ‘vende’ la idea de la velocidad… pero en los hechos no andan más rápido que yo. Un pequeño fresquito me invade jejeje.

 

Pasando a mis compañeros de ruta, los accidentes no demoran en aparecer, ya sea por imprudencia propia o de aquellos que me acompañan, lo que propicia que aumente la tensión y, por ende, los trancones. Dos motos estrelladas, vidrios por el suelo, y groserías en el ambiente; más adelante me golpeo con un peatón al bajarse de un colectivo. Ni él ni yo nos fijamos… por fortuna, no pasa a mayores… prosigo en mi ruta… Aún estoy lejos.

 

A pesar del monumental trancón trato de evitar la cicloruta, mientras veo a otros ciclistas subiendo y bajando los andenes inconclusos, algunos se pinchan, mientras otros aprendieron la maña para sortear el andén o sus bicicletas resisten aquel trajín. La mía no resiste, por lo que sigo optando por la calle, evitando cualquier policía que me pueda retener por el simple hecho de usar el espacio público. Ellos no entienden mis razones, solo quieren lucrarse.

 

A unos pocos minutos de llegar a mi destino, me percato de todo el tiempo transcurrido desde que salí de casa… y que efectivamente llegaré tarde al lugar que me dirijo, ya es inevitable. Bueno… pero también pienso que hubiera sido peor si mi selección de transporte hubiera sido otra…. Estaría aprisionada en aquel trancón. Para completar, un auto alcanza a chocarme por la parte de atrás al subirme en un puente vehicular, lo que hace que mi indisposición aumente, no le digo nada –el afán me impide detenerme– pero esto me recuerda lo invisibles que podemos ser en un escenario en el que cada uno lucha por un poco de espacio, sin importar las necesidades y la vida de los otros.

 

Al estar muy cerca de mi destino, y ya con la tranquilidad de haber logrado mi cometido, siento que la bicicleta me ha liberado un poco: un poco de la monotonía, de escoger entre almorzar o pagar los pasajes del transmilenio, de la pasividad física, del encierro, de la pérdida de tiempo y vida en trancones, de ver mi ciudad como un espacio simplemente para transitarlo, y no como lo siento: un espacio para vivirlo, apropiarlo y reconocerlo como propio.

Todo un deseo de vida que me alienta a pensar que en esta selva de cemento no son los fuertes los que ganan... sino los que le encuentran la grieta al sistema, y desde su cotidianidad transforman las formas de relacionarse con su entorno, logrando que no sean tan automáticas y robóticas, y sí más humanas y autónomas, como el hecho de usar una bicicleta.

Publicado enEdición Nº243
Modelos de propiedad pública para un futuro cercano

Acabo de asistir a una conferencia especial convocada por el Partido Laborista británico para analizar modelos de propiedad pública. El objetivo de la conferencia era desarrollar ideas sobre cómo podría un gobierno laborista desarrollolar el sector público si gana las próximas elecciones generales.

El eje de la conferencia fue un informe encargado por la dirección laborista y publicado el pasado otoño, titulado Modelos alternativos de propiedad (con la palabra 'público' extrañamente omitida).


El portavoz laborista de Finanzas, John McDonnell ('auto-confesado' marxista) presentó las ideas clave del informe, compilado por un grupo de expertos académicos, incluyendo Andrew Cumbers de la Universidad de Glasgow, que ha escrito mucho sobre el tema de la propiedad pública. Y Cat Hobbs, de la Fundación We own it, hizo un repaso convincente de los fracasos y despilfarros de las privatizaciones ocurridas.


En muchos sentidos, el discurso de McDonnell fue inspirador en el sentido de que el próximo gobierno laborista de Jeremy Corbyn y McDonnell quiere de verdad restaurar unos servicios públicos adecuadamente financiados y dotados de recursos y revertir las privatizaciones anteriores de sectores económicos clave, llevadas a cabo por anteriores gobiernos conservadores y laboristas en el periodo neoliberal, durante 30 años antes de la Gran Recesión.


McDonnell y el informe hicieron hincapié en una serie de modelos para futuros activos y servicios de titularidad pública: a partir de las cooperativas, los servicios municipales y la nacionalización de sectores clave como la sanidad, la educación y los servicios públicos como el agua, la energía y el transporte - los llamados 'monopolios naturales'.
Como el informe deja claro, las privatizaciones de los últimos 30 años han fracasado estrepitosamente incluso en relación con sus propios objetivos profesos: más eficiencia y mayor productividad, mayor competencia y una mayor igualdad. Ha sido todo lo contrario. El crecimiento de la productividad del Reino Unido se ha desplomado y, como han demostrado muchos estudios (ver mi nota reciente), las industrias privatizadas no han sido más eficiente en absoluto.


Simplemente han sido entidades diseñadas para que los accionistas obtuvieran unos rápidos beneficios a expensas de la inversión, los servicios a los consumidores y las condiciones de los trabajadores (pensiones, salarios y carga de trabajo). De hecho, el tema de la privatización del agua, la energía, el ferrocarril y correos en el Reino Unido ha sido 'cortoplacista', es decir, impulsó el precio de las acciones, pagó a los ejecutivos grandes bonos y distribuyó grandes dividendos en lugar de invertir a largo plazo en un plan social para todos.


La industria estatal es en realidad un modelo económico de éxito, incluso en las economías predominantemente capitalistas. El informe laborista cita el hecho de que la proporción de empresas públicas entre las 500 mejores empresas internacionales ha aumentado del 9% en 2005 al 23% en 2015 (aunque esto es principalmente resultado del ascenso de las empresas estatales chinas). La historia del éxito de las economías de Asia Oriental fue en parte el resultado de la planificación estatal y la propiedad pública que modernizaron, invirtieron y protegieron sus economías frente a las multinacionales estadounidenses (aunque también fue gracias a la disponibilidad de mano de obra barata, la falta de derechos laborales y la adopción de tecnología extranjera).


Como muchos autores, como Mariana Mazzacuto ha demostrado, la financiación estatal y la investigación pública ha sido vitales para el desarrollo de las grandes empresas capitalistas. Las industrias de propiedad estatal y el crecimiento económico a menudo van de la mano - y el informe laborista menciona “la historia de éxito europea, raramente discutida, que es Austria, que alcanzó el segundo nivel más alto de crecimiento económico (después de Japón) entre 1945 y 1987 con la mayor proporción de propiedad estatal de una economía de la OCDE.” (Hu Chang).


El informe también deja claro que no debería haber ninguna vuelta a los viejos modelos de nacionalización que se adoptaron después de la Segunda Guerra Mundial. Eran industrias estatales diseñadas principalmente para modernizar la economía y proporcionar productos industriales básicos para subvencionar al sector capitalista. No había democracia y ninguna participación de los trabajadores o incluso del gobierno en las empresas estatales y tampoco se integraban en un plan más amplio de inversión o satisfacción de necesidades sociales. Fue el llamado 'modelo Morrisoniano’, en honor del dirigente laborista de derechas Herbert Morrison, quien supervisó las nacionalizaciones en la posguerra en el Reino Unido.


El informe cita ejemplos alternativos de sistemas de empresas públicas democráticamente responsables. Como el modelo noruego de Statoil, en el que un tercio de la junta es elegida por los empleados; o incluso aun más, el sector de la electricidad y el gas en la posguerra francesa, cuando los consejos de administración de las empresas estatales estaban “compuestas por cuatro personas designadas por el estado, cuatro por cada grupo técnicos y los expertos (incluyendo dos para representar los intereses de los consumidores y cuatro representantes de los sindicatos”(B Bliss).


Todo esto eran noticias muy positivas y era evidente que la audiencia de activistas laboristas estaban entusiasmados y dispuestos a implementar un “giro sustancial hacia los servicios públicos autogestionados” (McDonnell). El objetivo de los dirigentes laboristas es revertir las privatizaciones anteriores, poner fin a la inicua financiación concertada público-privada; revertir la externalización de los servicios públicos a contratistas privados y acabar con la mercantilización del Sistema de Salud Pública. Eso es excelente, así como su disposición a considerar, no sólo la idea de una Renta Básica Universal como una alternativa social a la destrucción de empleo provocada por una futura automatización, sino también la idea mucho más progresiva de la universalización de los servicios básicos, que permitiría que servicios públicos como la sanidad, la asistencia social, la educación, el transporte y las comunicaciones fueran proporcionados gratuitamente en el punto de uso - lo que los economistas llaman 'bienes comunes'.


Sin embargo, creo que los problemas pendientes siguen siendo los que plantee cuando analice por primera vez la "Corbyeconomía", cuando Jeremy Corbyn ganó por primera vez las primarias del Partido Laborista en 2015. Si la propiedad pública se limita sólo a los llamados monopolios naturales o los servicios públicos y no se extiende a los bancos y el sector financiero, así como las industrias estratégicas clave (los 'altos mandos' de la economía), el capitalismo seguirá determinando la inversión y el empleo, y la ley del valor y los mercados seguirán en funcionamiento. El plan laborista de un banco público de inversiones y de un gasto público inducido o gestionado por el estado supondría aproximadamente del 1% al 2% del PIB más de inversión total en el Reino Unido. Sin embargo, el sector capitalista invierte más del 12-15% y seguiría siendo dominante a través de sus bancos, farmacéuticas, empresas aeroespaciales, tecnología y servicios empresariales.


No se habló de hacerse cargo de estos sectores en la conferencia. Ni siquiera se habló de nacionalizar los cinco grandes bancos - algo que he planteado antes y ayudado a escribir un estudio, por encargo del sindicato de bomberos (y que es formalmente la posición de la confederación sindical británica ,TUC). Sin el control de las finanzas y de los sectores estratégicos de la economía británica, un gobierno laborista o bien vería frustrado sus intentos por mejorar la suerte de “la mayoría, no de unos pocos” (una consigna laborista), o peor aún, se enfrentaría al impacto de otra recesión mundial sin ningún tipo de protección frente a las vicisitudes del mercado y la ley del valor.


Por Michael Roberts
es un reconocido economista marxista británico, que ha trabajador 30 años en la City londinense como analista económico y publica el blog The Next Recession.


Fuente:
https://thenextrecession.wordpress.com/2018/02/10/models-of-public-ownership/
Traducción:
G. Buster

Publicado enPolítica
Hacia un gasto público eficiente y equitativo

A finales del 2017 el Ministro de Hacienda recibió las conclusiones del estudio realizado por la Comisión del Gasto. El propósito de la Comisión era analizar la dinámica del gasto público y proponer alternativas que mejoren su eficiencia y equidad. El gasto público debe cumplir ambos propósitos de la mejor manera posible. Se trata de administrar bien los recursos del Estado (eficiencia) y de buscar que las personas menos favorecidas sean las más beneficiadas (equidad).

 

En Colombia el gasto público es relativamente bajo

 

En Colombia el gasto público es relativamente bajo. La gráfica compara algunos países de América Latina. En el 2016, Colombia y Perú tenían la menor participación del gasto público en el PIB. Los valores respectivos fueron 18,9 por ciento y 17,2. El promedio para América Latina fue de 22,5 por ciento, y en Brasil fue de 30,3. En los países desarrollados los porcentajes son más altos. En Europa el gasto público oscila alrededor del 40 por ciento del PIB. En Estados Unidos el porcentaje es similar. Frecuentemente se olvida que la modernización de los países ha ido a la par con un mayor gasto público. No es cierto, entonces, que en las economías avanzadas se haya reducido el tamaño del Estado. Todo lo contrario. Son economías donde el Estado interviene de manera significativa.

 

Desde finales del siglo XIX, el economista Wagner afirmó que el gasto público, como porcentaje del PIB, crecería de manera permanente. Para el autor es inevitable que el gasto aumente, entre otras razones, porque la sociedad requiere que los bienes y los servicios públicos tengan una mayor cobertura y sean de mejor calidad. En las economías contemporáneas es claro que bienes tan importantes como la educación, la ciencia y la tecnología, y la salud, tienen costos marginales crecientes.

 

El ejemplo de la salud es relativamente claro. A principios del siglo XX, la ampliación de la esperanza de vida se logró mediante la ampliación de la cobertura de agua potable, la construcción de alcantarillados, el mejoramiento en las políticas de salud pública. Cuando la esperanza de vida alcanza los niveles actuales, la prolongación de cada año adicional tiene costos marginalmente crecientes, que son considerablemente mayores que los observados hace un siglo.

 

El gasto en educación también tiene costos marginales crecientes. El país puede ir mejorando su participación en pruebas internacionales como Pisa, pero para que la calidad mejore de manera significativa es indispensable superar un cierto nivel de gasto. En los colegios oficiales, en primaria, Colombia gasta al año 2 millones de pesos por niño. Este valor es de 8 millones en Chile, de 20 millones en Francia, de 45 millones en Luxemburgo. Frente a estos resultados, es evidente que el gasto en educación tiene que aumentar.

 

Consideraciones similares se podrían hacer sobre otros gastos como ciencia y tecnología, medio ambiente, infraestructura, asesoría técnica, etcétera. En todas estas áreas el gasto público tendría que aumentar de manera considerable.

 

Con el paso del tiempo la intuición de Wagner se ha cumplido en todos los países, y parece que la tendencia al aumento del gasto público como porcentaje del PIB es inexorable. Por esta razón algunos teóricos hablan de la “ley de Wagner”.

 

Frente a esta realidad tan contundente, la Comisión no podía proponer una disminución del gasto. La Comisión llama la atención sobre la posible agudización del desequilibrio fiscal. Este desbalance de las finanzas públicas se presenta por dos razones. Por un lado, es evidente que la última reforma tributaria se quedó corta, y que los ingresos esperados no se van a conseguir. Entre otras razones, porque al disminuir la tarifa de los impuestos a la renta y al patrimonio, la reforma terminó favoreciendo a los ricos. Y, por otro lado, porque el gasto público no va a bajar sino que continuará subiendo. El aumento del gasto junto con una reducción de los impuestos lleva a una agudización del desequilibrio fiscal.

 

Una forma de financiar los mayores gastos es una reforma tributaria que vuelva a subir, con criterios de progresividad, los impuestos a la renta y al patrimonio. Otra manera de financiarlo es potenciando las posibilidades fiscales de los gobiernos locales, especialmente de las ciudades grandes e intermedias, que tienen un margen de maniobra muy importante, y pueden mejorar de manera sustantiva la cobertura y la calidad de los servicios y bienes públicos locales. El nivel de tributación en las ciudades es relativamente bajo y podría subir. Sobre todo, es importante aumentar los prediales, pero de tal forma que los avalúos catastrales bajos tengan una tarifa reducida, y los inmuebles caros, una tarifa elevada.

 

Desde el punto de vista de los ingresos de los gobiernos locales, la ley 388 de 1997 dio un paso fundamental hacia la descentralización porque le brindó a los municipios (sobre todo grandes y medianos) la posibilidad de obtener recursos provenientes de las dinámicas del suelo y del urbanismo. Los municipios apenas están comenzando a ser conscientes de las potencialidades que tienen estas fuentes de ingresos.

 

Tal y como lo mostró la Comisión de Expertos de la Reforma Tributaria, los prediales son una fuente de recursos subutilizada en el país. Se debe avanzar en dos direcciones. Por un lado, en la modernización y actualización de los catastros. Y, por el otro, en el desarrollo de mejores sistemas de cobro. En los municipios pequeños la instancia de cobro podría ser del orden nacional.

 

La eficiencia y la equidad

 

La Comisión recomienda que para mejorar la eficiencia del gasto, el país debe ir dando los pasos necesarios para que el presupuesto se ordene por programas. De esta manera la distribución de los recursos es más ordenada y, además, facilita el control al proceso de ejecución y a los resultados. La experiencia del presupuesto por programa ha sido bastante exitosa en Perú.

 

El presupuesto por programa tiene tres ventajas: i) Contribuye a ordenar la contabilidad. ii) Elimina la diferencia artificial hoy existente entre gastos de funcionamiento e inversión. iii) Permite articular bajo la sombrilla de cada programa a los gobiernos nacional y local (departamental y municipal). iv) No tiene las limitaciones que se derivan de las vigencias fiscales de un año.

 

Y en cuanto a la equidad, para la Comisión es claro que actualmente el gasto público está mal distribuido, y los pobres no están siendo los principales beneficiarios. Es inaceptable, como sucedió con Agro Ingreso Seguro, que los principales beneficiaros de los recursos públicos sean las personas de mayores ingresos.

 

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Publicado enColombia
Hacia un gasto público eficiente y equitativo

A finales del 2017 el Ministro de Hacienda recibió las conclusiones del estudio realizado por la Comisión del Gasto. El propósito de la Comisión era analizar la dinámica del gasto público y proponer alternativas que mejoren su eficiencia y equidad. El gasto público debe cumplir ambos propósitos de la mejor manera posible. Se trata de administrar bien los recursos del Estado (eficiencia) y de buscar que las personas menos favorecidas sean las más beneficiadas (equidad).

 

En Colombia el gasto público es relativamente bajo

 

En Colombia el gasto público es relativamente bajo. La gráfica compara algunos países de América Latina. En el 2016, Colombia y Perú tenían la menor participación del gasto público en el PIB. Los valores respectivos fueron 18,9 por ciento y 17,2. El promedio para América Latina fue de 22,5 por ciento, y en Brasil fue de 30,3. En los países desarrollados los porcentajes son más altos. En Europa el gasto público oscila alrededor del 40 por ciento del PIB. En Estados Unidos el porcentaje es similar. Frecuentemente se olvida que la modernización de los países ha ido a la par con un mayor gasto público. No es cierto, entonces, que en las economías avanzadas se haya reducido el tamaño del Estado. Todo lo contrario. Son economías donde el Estado interviene de manera significativa.

 

Desde finales del siglo XIX, el economista Wagner afirmó que el gasto público, como porcentaje del PIB, crecería de manera permanente. Para el autor es inevitable que el gasto aumente, entre otras razones, porque la sociedad requiere que los bienes y los servicios públicos tengan una mayor cobertura y sean de mejor calidad. En las economías contemporáneas es claro que bienes tan importantes como la educación, la ciencia y la tecnología, y la salud, tienen costos marginales crecientes.

 

El ejemplo de la salud es relativamente claro. A principios del siglo XX, la ampliación de la esperanza de vida se logró mediante la ampliación de la cobertura de agua potable, la construcción de alcantarillados, el mejoramiento en las políticas de salud pública. Cuando la esperanza de vida alcanza los niveles actuales, la prolongación de cada año adicional tiene costos marginalmente crecientes, que son considerablemente mayores que los observados hace un siglo.

 

El gasto en educación también tiene costos marginales crecientes. El país puede ir mejorando su participación en pruebas internacionales como Pisa, pero para que la calidad mejore de manera significativa es indispensable superar un cierto nivel de gasto. En los colegios oficiales, en primaria, Colombia gasta al año 2 millones de pesos por niño. Este valor es de 8 millones en Chile, de 20 millones en Francia, de 45 millones en Luxemburgo. Frente a estos resultados, es evidente que el gasto en educación tiene que aumentar.

 

Consideraciones similares se podrían hacer sobre otros gastos como ciencia y tecnología, medio ambiente, infraestructura, asesoría técnica, etcétera. En todas estas áreas el gasto público tendría que aumentar de manera considerable.

 

Con el paso del tiempo la intuición de Wagner se ha cumplido en todos los países, y parece que la tendencia al aumento del gasto público como porcentaje del PIB es inexorable. Por esta razón algunos teóricos hablan de la “ley de Wagner”.

 

Frente a esta realidad tan contundente, la Comisión no podía proponer una disminución del gasto. La Comisión llama la atención sobre la posible agudización del desequilibrio fiscal. Este desbalance de las finanzas públicas se presenta por dos razones. Por un lado, es evidente que la última reforma tributaria se quedó corta, y que los ingresos esperados no se van a conseguir. Entre otras razones, porque al disminuir la tarifa de los impuestos a la renta y al patrimonio, la reforma terminó favoreciendo a los ricos. Y, por otro lado, porque el gasto público no va a bajar sino que continuará subiendo. El aumento del gasto junto con una reducción de los impuestos lleva a una agudización del desequilibrio fiscal.

 

Una forma de financiar los mayores gastos es una reforma tributaria que vuelva a subir, con criterios de progresividad, los impuestos a la renta y al patrimonio. Otra manera de financiarlo es potenciando las posibilidades fiscales de los gobiernos locales, especialmente de las ciudades grandes e intermedias, que tienen un margen de maniobra muy importante, y pueden mejorar de manera sustantiva la cobertura y la calidad de los servicios y bienes públicos locales. El nivel de tributación en las ciudades es relativamente bajo y podría subir. Sobre todo, es importante aumentar los prediales, pero de tal forma que los avalúos catastrales bajos tengan una tarifa reducida, y los inmuebles caros, una tarifa elevada.

 

Desde el punto de vista de los ingresos de los gobiernos locales, la ley 388 de 1997 dio un paso fundamental hacia la descentralización porque le brindó a los municipios (sobre todo grandes y medianos) la posibilidad de obtener recursos provenientes de las dinámicas del suelo y del urbanismo. Los municipios apenas están comenzando a ser conscientes de las potencialidades que tienen estas fuentes de ingresos.

 

Tal y como lo mostró la Comisión de Expertos de la Reforma Tributaria, los prediales son una fuente de recursos subutilizada en el país. Se debe avanzar en dos direcciones. Por un lado, en la modernización y actualización de los catastros. Y, por el otro, en el desarrollo de mejores sistemas de cobro. En los municipios pequeños la instancia de cobro podría ser del orden nacional.

 

La eficiencia y la equidad

 

La Comisión recomienda que para mejorar la eficiencia del gasto, el país debe ir dando los pasos necesarios para que el presupuesto se ordene por programas. De esta manera la distribución de los recursos es más ordenada y, además, facilita el control al proceso de ejecución y a los resultados. La experiencia del presupuesto por programa ha sido bastante exitosa en Perú.

 

El presupuesto por programa tiene tres ventajas: i) Contribuye a ordenar la contabilidad. ii) Elimina la diferencia artificial hoy existente entre gastos de funcionamiento e inversión. iii) Permite articular bajo la sombrilla de cada programa a los gobiernos nacional y local (departamental y municipal). iv) No tiene las limitaciones que se derivan de las vigencias fiscales de un año.

 

Y en cuanto a la equidad, para la Comisión es claro que actualmente el gasto público está mal distribuido, y los pobres no están siendo los principales beneficiarios. Es inaceptable, como sucedió con Agro Ingreso Seguro, que los principales beneficiaros de los recursos públicos sean las personas de mayores ingresos.

 

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Publicado enEdición Nº242
Sábado, 13 Enero 2018 07:09

Herejes o ignorantes: la econocracia

Herejes o ignorantes: la econocracia


Las propuestas para reformar la economía anunciadas por un notable grupo de académicos críticos provocan una ácida respuesta de los neoclásicos, que opinan que son sólo lloriqueos de keynesianos agraviados


Hecho: los estudiantes de las facultades de Ciencias Económicas de muchas partes del mundo protestan por el enfoque de la enseñanza, alejado de la realidad. Hecho: entre los responsables de la larga crisis económica figuran, junto a los golfos apandadores que estafaron y los reguladores que no regularon, las ideas falsas económicas que hicieron creer a los ciudadanos que estaban seguros y que no se volverían a cometer los abusos del pasado. Hecho: la aplicación de las teorías de la “austeridad expansiva” que inventaron algunos economistas convirtieron una crisis cíclica más en la Gran Recesión.


¿Están los tres hechos concatenados? Hay economistas críticos que sostienen que sí. A principios del siglo XVI Lutero cambió el mundo cuando clavó sus 95 tesis a favor de una reforma de la iglesia católica a las puertas de una capilla. Imitándole, hace aproximadamente un mes un grupo de economistas muy notables (entre ellos, por ejemplo, Steve Keen, autor de La economía desenmascarada, o Mariana Mazzucato, autora de El Estado emprendedor) presentaron en un acto en el University College de Londres el documento “33 tesis para una reforma de la disciplina de la economía”, y luego se trasladaron a la sede de la London School of Economics, donde lo pegaron a la puerta, blandiendo un martillo hinchable.


Entre los presentes estaba Larry Elliott, responsable de la sección de Economía del periódico The Guardian, que ha escrito un artículo en él (“¡Herejes bienvenidos! La economía necesita una nueva reforma”), en el que se describen las principales ideas defendidas por los economistas críticos. A saber:


- La economía necesita su propia Reforma, igual que la iglesia católica hace 500 años.

- La economía ortodoxa cree tener todas las respuestas. Las matemáticas se utilizan para mistificar la economía. La economía neoclásica se ha convertido en un sistema de creencias incuestionado. Hereje todo aquel que pone en tela de juicio su credo de los mercados autocorrectores y consumidores racionales.
- Es irónico el monopolio intelectual de la economía neoclásica, que hace de la competencia el centro de su pensamiento. Domina la enseñanza, la investigación, la asesoría política y el debate público.

- Las revistas científicas siguen en manos del viejo establishment de los economistas.

- La economía ha de hacer más por alentar el pensamiento crítico y no premiar simplemente la memorización de teorías.

- La economía no es una ciencia formal. Una ciencia formal implica probar una hipótesis con la evidencia disponible. Si la evidencia no apoya la teoría, un físico o un biólogo desecharía esa teoría y trataría de agenciarse otra que funcionase empíricamente. La economía no funciona así.

- La economía tiene que aprender de otras disciplinas [hay quien dice que es la ciencia social matemáticamente más avanzada pero la más atrasada humanamente].
Victoria Chick, profesora emérita de Economía en el University College de Londres, resumió todo en tres frases: “La corriente dominante en economía tiene el sello distintivo de ciertas religiones. Creen que poseen la verdad. Pero lee por ti mismo y piensa por tu cuenta. Ha habido cambios y puede volver a haberlos”.


Pocas semanas después de este artículo llegaba la respuesta en España a través de otro publicado por un profesor del departamento de Economía en el University College de Londres y doctor en Economía por la Universidad de California, San Diego. Eran expresivos tanto su título como el lugar en que lo publicó su autor, Antonio Cabrales: “¿Econo-ignorantes o algo peor?”, en el blog Nada es Gratis, que hoy goza de autonomía pero que fue creado en 2009 por la Fundación de Estudios de Economía Aplicada (Fedea), entre cuyos patronos están el Banco de España, Caixabank, BBVA, Bancos Sabadell y Popular, Fundación ACS y Ramón Areces, Iberdrola, Grupo March, Telefónica, ... Se puede decir que en Nada es gratis publica habitualmente una buena parte del mejor establishment de los economistas españoles.


¿Qué dice Cabrales, un economista que participa en el proyecto Core, para rediseñar el currículo básico de economía?:


- Critica amargamente el artículo de Larry Elliott (“infame articulillo”) por estar lleno de fake news, y por repetir de “manera goebbelsiana una cantinela que recorre las redes”: los economistas son una banda de neoliberales que se dedican a hacer teorías abstractas sin ningún respeto por la realidad.
- Quien reitera esta idea es, en el mejor de los casos, un ignorante (un econo-ignorante) y quizá algo peor. Alguien mal informado puede hacer caso a los econo-ignorantes.
- Desde los años 90 la economía es una ciencia empírica. “O sea que los econo-ignorantes no han leído una revista científica de economía en el último cuarto de siglo al menos”.
- Dense un paseo por cualquiera de las revistas de economía y muestren a los “críticos” una selección aleatoria de lo que verdaderamente hacemos. Podrán concluir que la ciencia económica es actualmente más empírica, tiene mayor credibilidad, está menos aislada del resto de las ciencias sociales y, por tanto, es más útil que nunca.
- No somos una banda de teóricos abstractos dispuestos a defender el libre mercado por encima de lo que sugiere la evidencia.


Hace unos años, cuando Antonio Cabrales presentó en Nada es gratis el Proyecto Core, dio la palabra a una de sus mayores impulsoras, Wendy Carlin, catedrática del University College de Londres, que había escrito un sugerente artículo en el Financial Times: la actual podría ser una edad de oro para la economía; los avances recientes en la teoría, la historia económica y los métodos cuantitativos han proporcionado herramientas para abordar los acuciantes problemas de la desigualdad de oportunidades, la inestabilidad financiera o el cambio climático. Sin embargo, ¿por qué a pesar de ello los economistas tienen tan mala prensa?: porque perdieron el tren de 2008 (el inicio de la Gran Recesión) y porque algunos economistas abogaron por políticas que contribuyeron a la aparición de la crisis y exacerbaron el desempleo resultante y la inseguridad económica. Estos fracasos pueden atribuirse a la complacencia entre los economistas ante la doctrina de que la economía de mercado poco regulada se haría cargo de sí misma.


El jefe de Economía de The Guardian recuerda que cuando sorpresivamente llegó el Brexit los ciudadanos no se creyeron los males que pronosticaban los economistas del Tesoro británico, el Fondo Monetario Internacional, el Banco de Inglaterra o la Organización de Cooperación y Desarrollo Económico, todos ellos pura ortodoxia. Hay neoclásicos que opinan que protestas (“activismo”, lo denominan) como las protagonizadas por Keen, Mazuccato, Ha-Joon Chang, Kate Raworth, Elliott y otros son sólo lloriqueos de keynesianos agraviados. Es más profundo. Lo que es seguro es que el avance científico sólo progresa a través de debates como éste.
Autor


Por Joaquín Estefanía
Fue director de El País entre 1988 y 1993. Su último libro es Estos años bárbaros (Galaxia Gutenberg)

 

10 de Enero de 2018

Publicado enEconomía
“Ser pilo no paga si lo público se acaba”

Desde su puesta en práctica, la política oficial “Ser pilo paga” despertó críticas y controversia, las que se profundizaron con el paso del tiempo. Las recientes protestas de los estamentos universitarios, animadas por el trámite del Presupuesto General de la Nación para el 2018, que desfinancia aún más a las universidades públicas, así lo confirman.

 

Las voces de estudiantes, profesores y trabajadores de las universidades estatales volvieron a llenar las calles de diferentes ciudades del país. Sucedió el 4 de octubre, y su contundencia fue tal que no la pudieron desconocer los medios de comunicación oficiosos. En sus estribillos, donde se escuchaba con mucha fuerza “Ser pilo no paga si lo público se acaba”, los manifestantes denunciaban la desfinanciación a que están sometidos sus centros de estudio y/o trabajo, a la par que cuestionaban el programa gubernamental “Ser pilo paga”. En esta acción, quienes están vinculados a la Universidad Pedagógica Nacional, destacaron por su liderazgo en los debates y las acciones colectivas.

Es por ello que desdeabajo buscó al profesor e historiador Adolfo Atehortúa, rector de dicha universidad y presidente de la Asociación Colombiana de Universidades, Ascun, para conversar sobre la actual situación financiera de las universidades estatales, de las recientes movilizaciones contra su desfinanciamiento y los escenarios futuros para la educación superior en Colombia.

desdeabajo (da). ¿Cuál es la situación financiera de las universidades públicas del país?
Adolfo Atehortúa (AA). La situación es crítica, lo que tiene una historia. A partir de 1992, con la Ley 30, las partidas presupuestales que la nación entrega a las universidades estatales vienen indexadas con el IPC (Índice de precios al consumidor), salvo excepcionales pero pequeños rubros obtenidos en 2011 o, más recientemente, los aportes adjudicados sobre un porcentaje mínimo del Cree (Contribución Especial de Renta para la Equidad), que no afectaron la base presupuestal.

Sin embargo, el IPC es inferior al incremento del salario mínimo, de los salarios acordados por convención o pactos con los trabajadores, al aumento de salario que el mismo gobierno decreta para funcionarios y profesores universitarios, a los reconocimientos que el Decreto 1279 hace por la formación, la producción académica y la labor docente a los profesores. Dicha diferencia, de acuerdo con cálculos realizados por el Sistema Universitario Estatal (SUE), alcanza hoy 4 puntos porcentuales que, sumados a lo largo de 25 años, equivaldrían a un decrecimiento superior al 100 por ciento en el presupuesto de las universidades estatales.

da. ¿Esta realidad financiera también está agravada por otros conceptos?
AA. Sí. Desde 1992 también aparecieron nuevas obligaciones de nómina para las universidades del Estado: las leyes 797 de 2003 y 1122 de 2007, así como el Decreto 2090 de 2003, que aumentaron los aportes del empleador en seguridad social, salud y pensión; sentencias de la Corte (C-006/96 y C-401/98) que exigen con justicia el pago de prestaciones sociales a docentes y funcionarios administrativos ocasionales; o decretos como el 404 de 2006, que precisan el reconocimiento proporcional en vacaciones, prima de vacaciones y bonificación por recreación, a quienes se retiren sin haber cumplido un año de labor. Por estos tres ítems, en los datos reunidos, las 32 universidades estatales pasaron de pagar en 2009: $427.922 millones, a cancelar $1.077.313 millones en 2012, es decir, $649.391 millones más, todo ello en sólo tres años.

da. En la sociedad en general, y la educación en particular, existen desarrollos en ciencia y tecnología, ¿estos costos están considerados dentro del presupuesto para las universidades?
AA. Es evidente. A todos los gastos mencionados debe sumarse el costo ocasionado por la incorporación ineludible de los desarrollos en tecnología y comunicación: conexión, bases de datos internacionales, compra de aplicativos, equipos y centros de cómputo, así como el desarrollo de todo tipo de programas, la instalación de wifi y el pago de licencias de software en dólares constantes que, entre muchos otros, no se vislumbraban siquiera en 1992.

da. ¿Existen otras obligaciones que agraven la realidad financiera de estos centros de estudio?
AA. Sí, la lista ampliada de gastos se extiende, de igual forma, a los recursos de apoyo académico que presupone la actualización de laboratorios, la adquisición de modernos recursos educativos, la renovación de instrumentos requeridos por diversas disciplinas y, en general, la dotación misional para la formación profesional.

A todo lo anterior hay que agregar las inversiones para la formación doctoral de los docentes, la internacionalización y el intercambio académico; las transformaciones en las modalidades convencionales de enseñanza y la pertinencia de la investigación científica; las inversiones en bienestar estudiantil y las urgencias de la infraestructura física, así como los gastos administrativos y docentes incrementados con la ampliación de cobertura que se triplicó durante los años 2003 y 2006. Así mismo, la admisión con enfoque diferencial, la acreditación institucional y de programas, los nuevos sistemas de gestión y de control, los costos en seguridad, vigilancia, aseo, mantenimiento general y arrendamientos, como ejemplo de una lista realmente extensa.
Por consiguiente, no es necesaria una enorme reflexión para concluir y demostrar la existencia de un déficit histórico, real y contable, que ha crecido año tras año a partir de 1992 y que, de acuerdo con los cálculos del Sistema Universitario Estatal, supera hoy los 15 billones de pesos. Todo lo cual terminó ahogando literalmente a las universidades estatales, sacrificando las necesidades académicas y su desarrollo, para garantizar mínimamente el pago de la nómina, o que transformó su carácter de universidad en agencias de ofertas de asesorías y extensión, con los riesgos y abandonos misionales que tal decisión implica.

da. Con estos ajustes y cambios de prioridades, ¿cuáles aspectos de la vida universitaria son los que terminaron más afectados?
AA. Son varios. Existe un grave problema ocasionado por el paso del tiempo y el desgaste de las infraestructuras que prácticamente se están derrumbando, así como la precarización en la contratación de profesores y funcionarios; tambén la eliminación de inversiones en investigación, tecnología y recursos educativos, o el abandono de las condiciones requeridas para el bienestar universitario que impidan la deserción y promuevan la permanencia y graduación de los estudiantes.

Esta realidad, aunque acumulada por varias décadas, se ve agravada en los últimos años. Un ligero ejercicio sobre los últimos cinco años arroja que, mientras las transferencias de la Nación para el funcionamiento de las universidades se mantuvieron estables entre un 7 y 7.3 por ciento, los gastos de funcionamiento aumentaron cada año el 8,67 por ciento en promedio, con un crecimiento adicional en los gastos de personal de 9,28 por ciento, sin variaciones en una planta por lustros congelada. Dicho de otra forma, mientras el incremento promedio de los gastos de funcionamiento e Inversión del Sistema Universitario Estatal en las últimas cinco vigencias supera el 10 por ciento, el incremento promedio de los recursos de la nación sólo llega a la mitad de dicho crecimiento, a pesar de los recursos Cree.

da. ¿Cómo han hecho entonces para que las universidades medio funcionen?
AA. Vivimos una situación desesperante, que nos llevó a la búsqueda de recursos propios, asesorías y extensión, pero dichas acciones son insuficientes y apuntan a la privatización por vía del autofinanciamiento. Hoy por hoy, el Estado cubre aproximadamente el 50 por ciento de los costos en educación superior pública y descarga en las IES lo restante. En la Universidad Nacional, por ejemplo, el presupuesto alcanza $1,6 billones, de los cuales la Nación gira $0,9 billones. En la Universidad Pedagógica Nacional el presupuesto es de $123 mil millones y la nación gira $63 mil millones. Su aporte, en ambos casos, no alcanza siquiera para pagar las nóminas. El deber ser de la educación superior pública se aleja cada vez más de su realidad actual y la calidad se pone en peligro. La ruina en muchas edificaciones se convierte, además, en amenaza para la vida.

da. Lo que tienen estos centros de estudio es el producto de un largo trecho de desidia estatal, ¿qué les ha ofrecido el establecimiento a lo largo de estos años?
AA. Tal vez buenas ofertas, pero ninguna ha funcionado, a tal punto que la esperanza se desvanece. En cabeza de Cecilia María Vélez, el Ministerio de Educación anunció una reforma a los artículos 86 y 87 de la Ley 30 para obtener una financiación de la Educación Superior Pública más acorde con sus necesidades. No pasó nada. La propuesta se trasladó al ministerio de María Fernanda Campo, pero ‘cayó’ incluida en la reforma general que la comunidad universitaria rechazó. Con Gina Parody se ofreció el llamado Cree, que poco después cambió de rumbo. Por último, vino un articulado concreto en la Reforma Tributaria que ahora se descubre infructuoso con una destinación que mira hacia otros lados. Lo más reciente es el anuncio de un Conpes. Para decirlo coloquialmente, la crisis se ha atendido con una colombina que cambia de lado, pero no suple las necesidades.

da. ¿Cómo está la colombina hoy?
AA. Se esperaba que en virtud del artículo 184 de la Ley 1819 de 2016, Reforma Tributaria, recibiéramos el 40 por ciento de lo recaudado por medio punto del impuesto a las ventas (IVA). Y, así mismo, que por recursos procedentes del impuesto sobre la renta y complementarios (artículo 102), recibiéramos el 75 por ciento de 0,4 puntos de dicho tributo, anteriormente denominado Cree.

Pero todo resultó fallido. Ahora nos dicen que el medio punto de IVA social para la educación no significa un incremento real y no se asignará de manera directa a las Instituciones de Educación Superior del Estado. Tan sólo se establece una adición presupuestal –la cual con las cuentas claras– las universidades recibirán $162.505 millones, pero esa cifra incluye $32.710 que se debían y que estaban pendientes de girar por IPC e inversión para 2017. Por consiguiente, los nuevos recursos suman solamente $129.795 millones, que equivalen a un incremento cercano al 5 por ciento de los presupuestos de las universidades estatales.

Pero, por otro lado, las universidades estatales esperaban por lo menos $ 240 mil millones del antiguo Cree, en razón a que este mantuvo en su recaudo una cifra cercana a la obtenida en el año 2016. No obstante, tendrán $ 78 mil millones menos que el año pasado. ¿La razón? Muy sencilla: el 100 por ciento de la porción correspondiente al Cree fue entregado hasta el año 2015 a las universidades estatales. Sin embargo, en 2016, el 53,6 por ciento de ese total fue directo a los Créditos beca Icetex y Programa ser pilo paga que en 2017 recibirá el 66,9 por ciento de lo recaudado. Para el 2018, según se observa en el proyecto de presupuesto que se debate en el Congreso, las universidades estatales no recibiremos suma alguna por este concepto: todo irá al Icetex.

da. Podría decirse que el Programa ser pilo paga es una forma disimulada de financiar la educación privada con recursos públicos?
AA. Esa es un interpretación posible. Las cifras, en términos reales, señalan que tal Programa recibió en 2016, por cuenta del antiguo Cree, $373 mil millones; en 2017, $434 mil millones más, y para el año 2018 recibiría $ 580 mil millones. En total, $1.387 mil millones que, con las normas vigentes hasta el año 2015, correspondían a las universidades públicas. El guarismo se aproxima a la tercera parte del presupuesto anual de las universidades estatales, pero, si hacemos el cálculo por cohorte, los 40 mil estudiantes del programa ser pilo terminarían costando un poco más del equivalente a 600 mil estudiantes de las estatales en un año.

Pero no solo eso. Por razón del artículo 87 de la Ley 30, cuyo alcance se calcula con base al crecimiento económico (PIB) del país, las universidades estatales recibirán un 16,55 por ciento menos que el año pasado; es decir, tendrán en sus presupuestos $ 4.852 millones menos. Además, dejarán de recibir aproximadamente $ 10.000 millones en razón del descuento electoral decretado por la ley, más otros detrimentos que sería largo enumerar, como sucede ahora, por disposición de la Dian y Minhacienda, con el 4 por mil que universidades como la Pedagógica Nacional empezaron a pagar al momento de cancelar su nómina.

da. Profesor, para cerrar esta entrevista, ¿cuál es el futuro inmediato de la agenda de acción de las universidades públicas?
AA. La comunidad universitaria en todo el país, tiene la palabra para exigir al Congreso la aplicación de la Constitución y la ley, de acuerdo con su espíritu, y el Congreso mismo la obligación de reflexionar sobre toda la situación descrita y que conoce ampliamente.

 

Las banderas de la movilización

Conservar el espíritu del legislativo y con ello la destinación original de los antiguos recursos Cree (hoy impuesto a la renta y complementarios), garantizando su asignación total y directa a las IES públicas.

Implementar lo mandado por la Ley 1819 de 2016, Reforma Tributaria, destinando a las instituciones de educación superior públicas el 40 por ciento de medio punto de IVA social y los excedentes cooperativos.

Negar todo aval al Programa Ser pilo paga como política de Estado. “Ser pilo no paga si lo público se acaba”, fue una de las consignas más coreadas.

Exigir en el Presupuesto General de la Nación 2018 los recursos necesarios para la educación, ciencia y tecnología, cultura y deporte, oponiéndose a todo recorte.

No conceder aval a proyectos de ley que, como la Financiación Contingente al Ingreso, amplían la política privatizadora que prefiere la financiación de la demanda, y elimina paulatinamente la oferta educativa que corresponde al Estado.

Publicado enEdición Nº240
Sábado, 02 Septiembre 2017 10:21

La deuda pública es explosiva

La deuda pública es explosiva

En la contabilidad de los países se diferencia entre tres tipos de agentes: los hogares, las empresas (sociedades no financieras) y el sector público. La gráfica muestra que entre el 2007 y el 2016 su endeudamiento ha aumentado. Y, sobre todo, se destaca el de las empresas y el del sector público.

 

Los cambios han sido significativos. Entre 2007 y 2016, en las economías avanzadas (EA), la deuda total pasó de 230 por ciento del PIB a 260. En las economías emergentes la relación entre el saldo de la deuda y el PIB, aumentó de 120 a 160 por ciento. Y en dólares, el valor de la deuda total pasó de 110 a 150 billones. Estas tendencias son la expresión de una debilidad estructural de la economía mundial, y de una creciente volatilidad financiera.

 

 

grafico  La deuda

 

Preocupa el aumento de la deuda del sector público

 

La deuda del sector público crece más rápidamente que la de los hogares y de las empresas. En Estados Unidos, entre el 2007 y el 2016, el saldo de la deuda pública pasó de 58 a 99 por ciento del PIB. En Francia del 64 al 97. En Grecia del 104 al 179. En Italia del 102 al 133. En Japón del 147 al 201. En Bélgica del 91 al 106 por ciento. En las economías emergentes (Brasil, China, India, Colombia...) también se observa un crecimiento importante de la deuda pública, pero a un ritmo inferior. En Colombia, la deuda pública pasó de 43,8 por ciento del PIB en el 2007 a 52 por ciento en el 2016, así que el país también está inmerso en este proceso de creciente endeudamiento.

 

El aumento de la deuda pública tiene tres explicaciones. La primera se podría resumir en la llamada ley de Wagner. La segunda tiene que ver con la caída de la tributación. Y la tercera con la creciente volatilidad de los sistemas financieros.

 

La Ley de Wagner

 

Desde finales del siglo XIX, el economista Adolph Wagner afirmaba que, en todos los países, el gasto público, como porcentaje del PIB, debía crecer. Y que esta tendencia ascendente era inevitable. Las apreciaciones de Wagner se han cumplido, y algunos dicen que sus predicciones se pueden considerar como una “ley”. En opinión del autor, a medida que el país se desarrolla y las tareas colectivas son más complejas, es inevitable que el Estado tenga que ofrecer mayor cantidad de bienes y servicios, y que las actividad de supervisión y control sean más complejas.

 

Numerosas acciones que realiza el gobierno (educación, ciencia y tecnología, protección ambiental, seguridad, salud, etc.) tienen costos crecientes. Por ejemplo, las investigaciones en ciencia y tecnología cada vez son más exigentes y requieren un volumen mayor de recursos públicos. En todos los países del mundo el gasto público tiende a subir.

 

En Colombia el gasto público tiene que subir para que el país pueda tener un desarrollo comparable a los miembros de la Organización para la Cooperación Económica y el Desarrollo (Ocde). Y ahora en la etapa del posacuerdo de La Habana, la modernización del campo exige que haya un aumento significativo de los recursos públicos. En sus cuentas optimistas, el Ministerio de Hacienda hace proyecciones en las que el gasto público se reduciría. Tales estimaciones no son realistas.

 

La menor tributación a los ricos

 

A pesar de que el gasto público es creciente, los países son cada vez más reacios a aumentar los impuestos, especialmente cuando los afectados son los ricos. Los informes recientes de Oxfam muestran que en el mundo entero se está presentando una especie de “carrera de mínimos”, y los países parecen estar compitiendo entre sí para reducir los impuestos. En este carrera hacia abajo, el límite inferior lo ponen los paraísos fiscales. Es evidente, entonces, que si el gasto sube, y los ingresos no crecen, el déficit se incrementa y no queda otro camino que recurrir al endeudamiento.

 

En Colombia, la última reforma tributaria fue un fracaso en términos de equidad. Para que los mayores gastos puedan financiarse, es necesario que crezcan los ingresos, especialmente los tributarios. En lugar de aumentarle los impuestos a los ricos, la reforma se los disminuyó. Se redujo la tarifa de los impuestos a la renta y al patrimonio, y se dio un paso muy débil en los impuestos a los dividendos. Puesto que el gobierno de Santos ha mostrado que no está dispuestos a mejorar el recaudo de una manera progresiva, afectando más a los ricos, el déficit del sector público se incrementa y la deuda sube.

 

La volatilidad financiera

 

Entre la deuda pública y la volatilidad financiera se presenta una especie de causalidad circular: el mayor endeudamiento estimula la volatilidad y, a su vez, ésta facilita el crecimiento de la deuda del sector público.

 

Para conseguir los recursos que necesitan, los gobiernos emiten título (TES en el caso de Colombia), que se negocian en los mercados financieros. Los especuladores que mueven su dinero de un país a otro compran aquellos bonos gubernamentales que ofrecen mayor rentabilidad, y presionan a los gobiernos para que los emitan de una forma atractiva. Al ofrecer un mayor rentabilidad, la deuda pública se encarece, y los especuladores se benefician a costa de la estabilidad financiera de los países. En este proceso, los capitales, que vuelan como golondrinas, de un país a otro, estimulan la volatilidad financiera. Los gobiernos se endeudan para pagar viejas deudas, y en esta dinámica se crean burbujas que alimentan la especulación y la volatilidad.

 

El servicio de la deuda (amortización a capital e intereses) es el gasto más alto del gobierno colombiano. A medida que el tamaño de la deuda va aumentando, es necesario destinar una porción mayor del presupuesto al pago de los intereses. Esta secuencia es perversa porque se reduce el margen disponible para responder a necesidades urgentes de la sociedad.

 

Estabilidad financiera por la vía de impuestos progresivos

 

Los impuestos progresivos, con tarifas que suben a medida que aumenta el ingreso, son el mejor mecanismo para estabilizar las finanzas públicas y reducir el monto de la deuda. No obstante, esta solución tiene costos políticos que los gobiernos no parecen dispuestos a asumir. Vale la pena traer a colación la pregunta de Oxfam: ¿por qué los más ricos, el 1 por ciento de la población, logran capturar el Estado, frente a la mirada complaciente y pasiva del 99 por ciento?

 

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Publicado enEdición Nº238
Los sinsabores del cabildo abierto en defensa de la ETB

La posible privatización de la Empresa de Teléfonos de Bogotá atiza amores y desamores en Bogotá. El reciente cabildo abierto organizado por Sintrateléfonos y Atelca, con una asistencia de 800 personas y apoyados por diversidad de procesos sociales así lo reveló. Aunque según el Alcalde y el gerente de la empresa la decisión está tomada, el camino para así concretarlo tendrá que sobreponerse a la consulta popular sobre la venta y la revocatoria de Peñalosa.

 

Vamos a asistir al cabildo pero “la decisión está tomada”1. Con estas palabras reconfirmó Jorge Castellanos, gerente de la Empresa de Teléfonos de Bogotá (ETB) la determinación de la actual alcaldía bogotana de proseguir con el programa para privatizar esta empresa. Palabras que determinaban de entrada lo limitado e infuncional de este espacio.

 

El cabildo abierto fue propuesto, liderado y convocado por los sindicatos de la empresa, como un mecanismo y espacio para desnudar los verdaderos intereses que están detrás de la decisión privatizadora, y como expresión de la democracia participativa que debería obligar a la reversión de tal determinación.

 

Para hacerlo realidad, sus impulsores emprendieron la recolección de firmas, las cuales finalmente sumaron 44.960, con lo cual el Consejo Nacional Electoral no pudo negar la deliberación ciudadana. Los pasados 28 de febrero y 7 de marzo fueron establecidas para tal fin, y la sede del Instituto Distrital de Recreación y Deporte (Idrd) fue el espacio escogido para las sesiones cabildantes.

 

Primera sesión

 

El auditorio Presidente del Idrd estaba punto de llenarse a las 9:00 am del pasado 28 de febrero, algunos funcionarios de la ETB, otros del Distrito y los concejales estaban presentes. Decenas de trabajadores y otros pobladores de la ciudad colmaban el auditorio. En el exterior del auditorio más gente. El ambiente que reinaba entre unos y otros era de confianza en sus argumentos, confiando los trabajadores que una vez –como sucedió en otras 15 o más oportunidades a a través de alegatos judiciales– quebrarían la decisión privatizadora.

 

De manera puntual todo estaba listo para arrancar la sesión. En el listado de oradores 41 inscritos, cada uno de los cuales podría exponer sus razonamiento durante 7 minutos. El vocero de Sintrateléfonos contaría con 40 minutos para abrir el cabildo.

 

Cerca de las 9:15 am, el alcalde Enrique Peñalosa ofreció una rueda de prensa amarrada: solo dos periodistas estaban elegidos para realizar preguntas, y sólo ingresaban los medios oficiosos. ¿Información o propaganda?

 

Allí el burgomaestre aseguró que su responsabilidad como Alcalde no estaba en “hacer inversión en empresas, sino hacer inversión en la gente, hacer inversión en hospitales, jardines sociales, en colegios [...]”. El mandatario fue enfático en la necesidad de construir esta infraestructura en la ciudad, sin poder precisar cifras que le dieran la razón. Según su visión de la ciudad y de sus bienes públicos, la ETB no es una empresa del Distrito, sino un recurso del cual valerse para promover el “desarrollo social”.

 

El Alcalde insistió en el riesgo que tiene la ETB, comparándola con empresas de países como Alemania, de perder su actual valor. Seguidamente, afirmó que la decisión sobre la venta ya estaba tomada, reconfirmando así lo ya dicho por el gerente de la ETB y dejando claro que el cabildo que estaba por iniciar sesión era un mero hecho simbólico.

 

Una vez culminada la rueda de prensa arrancó el cabildo. Uno a uno fueron tomando sus minutos la totalidad de las personas inscritas, unos en contra de la venta del importante recurso público y otros en favor.

 

Las horas pasaban, ya en la tarde el ambiente del cabildo se tornó tenso a causa de la intervención de Enrique Peñalosa, una simple réplica de su discurso maltrecho de la rueda de prensa matutina. Además de las palabras de Jorge Castellanos, quien aludió a las cifras de la empresa en los últimos 10 años, enfatizando en el supuesto estancamiento de sus ingresos por pérdida de clientes: donde la empresa “bajó” de un 1.6 por ciento en 2007 a un 1.5 en 2016; más la pérdida de participación en el mercado desde el 2010, año para el cual la empresa contaba con una participación de un 50 por ciento, caído a un 34 por ciento para el 2016.

 

Pese a sus datos, por parte alguna daba respuesta al cuestionario radicado 5 días antes por Sintrateléfonos y Atelca y dirigido a este funcionario y al Alcalde. La dilación era la norma. Al final el presidente del Concejo de la ciudad confirmó que el cuestionario sería resuelto el 7 de marzo cuando sería llevada a cabo la segunda sesión de este espacio deliberativo. Esta primera parte del cabildo dejó la sensación de que todo seguía igual, y tal vez en la segunda los sectores populares lograban sus cometidos.

 

Segunda sesión

 

Sin duda los funcionarios del Distrito habían evaluado lo sucedido el 28 de febrero. A las 9 am del 7 de marzo el recinto del Idrd ya estaba repleto de funcionarios públicos y de gente afín a ellos. Por fuera del recinto, los trabajadores de la empresa de teléfonos, y pobladores provenientes de distintas localidades capitalinas. Unos y otros exigían que los dejaran ingresar, pero con resultado negativo.

 

El ambiente en el auditorio también era más tenso. Las arengas, gritos, chiflidos y pancartas en contra del Alcalde y en su defensa dejaban entreverlo que sería el orden del día.

 

Enrique Peñalosa fue el primero en intervenir, sin rodeo alguno aclaró que en las condiciones que se encontraba la ETB, sólo “un comprador especializado podría sacar el potencial de la empresa y le va a inyectar el capital nuevo que necesita”, reconociendo, implícitamente, la incapacidad y desinterés de su alcaldía para mejorar las condiciones del patrimonio. Reconoció también que la decisión de la venta de las acciones le correspondía sólo a la Alcaldía y al Concejo.

 

Insistió en que la venta era “[...] la decisión más responsable [...]”, a lo que sus seguidores acompañaron con aplausos; ante el descaro que cargaban estas afirmaciones la indignación de parte de los contradictores no demoró en hacerse sentir, así como los chiflidos e insultos. La ficción de construir nuevos colegios y hospitales en las zonas más populosas de Bogotá permaneció como su argumento más fuerte y repetitivo. Por parte alguna pudo precisar dónde está el dinero de la venta del 11 por ciento de la empresa hace 20 años. Dio por terminada su intervención diciendo que “[...] no han tomado el camino fácil [...] y que [...] los gritos e insultos no le intimidaban y tampoco lograrían reversar su decisión”.

 

Lo precedió en el orden de intervención el concejal del Polo Democrático, Manuel Sarmiento, uno de los pocos oradores que con cifras logró demostrar que la venta de la ETB es la peor decisión que puede tomarse pues va en contra del beneficio de los bogotanos. Argumentó, para desmontar las razones privatizadoras de Peñalosa, que el 57 por ciento de la venta de la empresa será destinado a Transmilenio y no precisamente a la construcción de colegios, dado que sólo el 2 por ciento será destinado a la Secretaría de Educación. El concejal, firme en sus argumentos, invitó al presidente de la compañía a que dijera cuánto es su salario, el cual, según Sarmiento, “[...] supera los 35.000.000 de pesos, sólo por bajar los indicadores de una buena empresa como lo es ETB [...]”; también lo llamó a no juzgar ni arremeter contra los trabajadores de la empresa, cuando está vinculado al escándalo de Panamá Papers.

 

El concejal finalizó su intervención afirmando que “ante la frustración de Enrique Peñalosa por no tener un doctorado, el cabildo se lo otorgaba como honoris causa en privatizaciones en mala gerencia”, provocando gritos entusiastas de apoyo por parte de los trabajadores y defensores de la compañía.

 

¿Y entonces?

 

La tensión en esta segunda sesión aumentó con las intervenciones de la concejal Lucía Bastidas y el concejal Hosman Martínez quienes, intimidados por los gritos e insultos de la barra en pro de la defensa de la ETB optaron por tratar de callar a los asistentes con frases como “Bogotá mejor para todos, pese a ustedes” y “seré presidente de este país, les guste o no”, premisa de una campaña presidencial prematura que permite comprender por qué el Alcalde, pensando en otros tiempos y menesteres, no da pie con bola en Bogotá y las reales necesidades de sus habitantes.

 

Finalmente, y aunque las intervenciones de todas las personas registradas no estaban cumplidas, los defensores de la ETB optaron por retirarse del recinto asegurando que el cabildo no fue abierto sino cerrado, sin debate limpio y, además, una deslegitimación para el mecanismo de participación ciudadana en la medida que en él nada se decide. ¿Miles de firmas simplemente para ilustrar?

 

Pese al sinsabor que embarga a las organizaciones convocantes, persiste su ánimo para seguir luchando en contra de la privatización del patrimonio de la ciudad, como persiste su esperanza en que la ciudadanía los acompaña en esta lucha. Es por ello que ahora recorrerán el camino de liderar una consulta popular que decida sobre el particular, al tiempo que concentran fuerzas en el proceso de revocatoria del alcalde Peñalosa.

 

* El 31 de mayo de 2016, el Concejo de Bogotá aprobó la venta de ETB con 31 votos a favor y 12 en contra.

 


 

Recuadro


El cabildo, de forma y sin poder decisorio

 

De acuerdo a la Registraduría Nacional del Estado Civil, el cabildo abierto es “la reunión pública de los concejos distritales, municipales o de las juntas administradoras locales, en la cual los habitantes pueden participar directamente con el fin de discutir asuntos de interés para la comunidad.” Y determina que éste se hace con el objetivo de “discutir, refrendar o dar a conocer puntos de vista divergentes sobre asuntos relacionados con asuntos públicos como pueden ser las políticas públicas, acciones de gobierno o la eventual toma de decisiones por parte de la administración pública”.

Publicado enEdición Nº233
Jueves, 05 Enero 2017 07:17

El canciller del petróleo

El canciller del petróleo

El elegido Donald Trump para secretario de Estado de Estados Unidos, Rex Tillerson, obtendrá un pago en efectivo de 180 millones de dólares de la gigante petrolera ExxonMobil, si consigue el trabajo. Tillerson (foto), quien dejó el cargo de ejecutivo de Exxon a principios de este año, estaba esperando recaudar 2 millones de acciones, por un valor de alrededor de 182 millones de dólares, como pago diferido por su trabajo en la petrolera. Tillerson ha acordado no trabajar en petróleo y gas durante 10 años, entregando 4.1 millones de dólares en bonos y beneficios en efectivo, tales como cobertura médica y dental. Si rompe las reglas de la confianza, “el dinero sería distribuido a una o más organizaciones benéficas involucradas en la lucha contra la pobreza o la enfermedad en el mundo en desarrollo”, dijo Exxon en un comunicado. También se ha comprometido a vender el valor de aproximadamente 55 millones de dólares de acciones de Exxon que ya posee por un valor de alrededor de182 millones de dólares, durante la próxima década como parte de su paquete de pago, pero eso despertó temores de un colosal conflicto de interesar. En su potencial nuevo rol como el diplomático de mayor rango de Estados Unidos, las decisiones de Tillerson podrían afectar el valor de esas acciones en decenas de millones de dólares. Para calmar las preocupaciones de que el nuevo secretario de Estado podría estar más interesado en Exxon que en el pueblo estadounidense, la compañía acordó el martes pagar 179 millones de dólares en efectivo, en lugar de acciones. Los organismos federales de ética solicitaron la reducción de 3 millones de dólares del valor actual de mercado de Exxon. El pago se colocará en un fideicomiso independiente que hará pagos periódicos a Tillerson y que no puede invertir en Exxon.

Tillerson acordó no trabajar en petróleo y gas durante 10 años, entregando 4.1 millones de dólares en bonos y beneficios en efectivo, tales como cobertura médica y dental. Si rompe las reglas del fideicomiso “el dinero sería distribuido a una o más organizaciones benéficas involucradas en la lucha contra la pobreza o la enfermedad en el mundo en desarrollo”, dijo Exxon en un comunicado. También se comprometió a vender el valor aproximado de 55 millones de dólares de acciones de Exxon que ya posee.


La idoneidad de Tillerson para una posición alta en el gobierno ha sido cuestionada en medio de conflictos de intereses y extensos lazos comerciales con Rusia y Vladimir Putin. Los dos hombres trabajaron juntos para asegurar los acuerdos de energía y perforación

Por Por Ben ChapmanDe The Independent de Gran Bretaña. Especial para Páginal12.

Traducción: Celita Doyhambéhère.

Publicado enInternacional
El caso Lagarde muestra la enorme corrupción de la política profesional

La directora del FMI, Christine Lagarde, ha sido hallada culpable de “negligencia” cuando era ministra de economía del gobierno francés con Sarkozy como Presidente. El dictamen es del Tribunal de Justicia de la República de Francia, corte especial para juzgar delitos de políticos y ex-políticos. Sorprendentemente ese tribunal ha dispensado a Lagarde de cumplir pena alguna. A pesar de que el delito reconocido supone cumplir hasta un año de prisión y 15.000 euros de multa. El delito reconocido de negligencia (en realidad es prevaricación) se perpetró en la demanda del empresario Bernard Tapie (amigo de Sarkozy) al Estado francés por la confiscación gubernamental y venta de la marca Adidas. Lagarde aceptó la multimillonaria indemnización de 400 millones de euros a Tapie que dictaminó una comisión de arbitraje y no apeló. Aunque, como consta en el veredicto, los asesores de Lagarde le aconsejaron recurrir. Si lo hubiera hecho, la indemnización probablemente hubiera sido menor.


¿Qué razones adujo ese Tribunal especial para no imponer condena alguna a Lagarde? La “personalidad” y la “reputación internacional” de la juzgada. ¡Increíble! Para completar el despropósito, el FMI comunicó públicamente que renueva totalmente su confianza en Lagarde, a pesar de su condena (sin castigo) en Francia. Algo huele a podrido.


¿Qué sucedería si algunos famosísimos futbolistas (que han defraudado a Hacienda) recurren las sentencias o multas argumentando que también tienen “reputación internacional”? En serio, esa sentencia deja con el culo al aire no ya un doble rasero de la justicia sino la profunda corrupción de la democracia representativa. ¿Alguien duda de que la ley no sea igual para todos? No descubro América, pero es higiénico ser conscientes de esa innegable verdad, así como del lodazal en el que las minorías de poder, las élites, la clase dominante que diría Marx, han convertido el sistema democrático representativo que, desde hace décadas, ya es una plutocracia. El gobierno de los ricos. Trump ha sido elegido tras gastar una fortuna en la campaña electoral. Como tantos presidentes antes que él. Lagarde, Trump, los presidentes de Estados Unidos y muchos jerarcas de otros países tienen en común que todos tienen muchísimo dinero.


Continuando con el caso Lagarde y la postura del FMI, como en economía y política no hay casualidades, conviene recordar que la ONU, en una de sus conferencias para la prevención del crimen, celebrada en El Cairo, denunció que “la penetración de las mafias en la economía ha sido facilitada por los programas de ajuste estructural (léase recortes sociales y rebajas salariales) que los países endeudados se han visto obligados a aceptar para poder recibir préstamos del Fondo Monetario Internacional”. A la postre, la economía mafiosa criminal está íntimamente ligada a la legal a través de la enorme industria del blanqueo de dinero sucio y negro. Según la ONU, la abundante actividad financiera especulativa del crimen organizado ha contribuido innegablemente a la aparición de crisis financieras y económicas en las últimas décadas.


El mecanismo es conocido. FMI, y Banco Mundial, entre otras entidades internacionales, imponen una austeridad implacable a los países en crisis. Las medidas provocan el cierre de empresas, recortes masivos de plantillas y desempleo en aumento. Y crece la economía sumergida, campo abonado para la economía criminal, cuyos beneficios vuelve a blanquear especulando en bolsas, mercados de capitales y banca en la sombra. Hasta la próxima crisis.


El emperramiento capitalista neoliberal se explica por talantes como los retratados por John Huston en el filme Cayo Largo. En un hotel de Florida coinciden un oficial, que regresa de Europa tras la guerra mundial, y Johnny Rocco, gánster deportado que ha vuelto a Estados Unidos clandestinamente. El soldado pregunta de modo retórico, “¿qué quiere Rocco?” Y él mismo se responde: “Quiere más”. Rocco lo confirma: “Eso es, quiero más”. El oficial pregunta de nuevo: “¿Tendrá Rocco bastante alguna vez?” Y es Rocco quien contesta: “Nunca tengo bastante. Nunca”.
Así es el capitalismo. Nunca tiene bastante. Y se pasan por el forro lo que haga falta en aras de sus ganancias, incluida la justicia. Hay que revertir la situación. Y que los y las Lagarde de este tiempo rindan cuentas y reparen.

¡Por razones!

Por Xavier Caño Tamayo – ATTAC Madrid
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