“La izquierda social y política debe formar un solo contingente...”


Larga y polémica es su trayectoria. Hace parte del Comité Ejecutivo de la Central Unitaria de Trabajadores, CUT, desde su fundación el 17 de noviembre de 1986, cuando fue elegido secretario general. Según Pedraza, “la paz, debe estar en las calles, en las plazas públicas y en los foros donde quiera que haya debate [...] no dejar solo en la opinión, el interés de los partidos que controlan esta nación”.

 

El logro de una paz mayúscula, la crisis política, económica y social ofrece ocasión no sólo para discursos y cálculos particulares. Es momento para promover una conciencia del trabajador y del obrero, con alcance en su condición de ciudadano, de habitante. Un reto y panorama frente al cual responde:

 

desdeabajo (da). El voto mayoritario del No en el plebiscito, desató una crisis del régimen político. ¿Cómo ve la CUT, esta situación?
Luis Aeljandro Pedraza (LAP). Consideramos dos cosas: de una parte, la desinformación que el Centro Democrático trabajó en su campaña tuvo éxito. En el activismo social no hicimos las denuncias oportunas. De otra, si bien la decisión es democrática, el porvenir del país queda de nuevo en manos del establecimiento y de la derecha. Por eso, llamamos a las organizaciones sociales en Colombia –a través del Comando Nacional de Organizaciones Sociales– a fortalecer la movilización, la protesta y la exigencia a la participación en los asuntos de futuro inmediato. Futuro que no quede solo en manos de los partidos, especialmente los tradicionales; que están buscando un acuerdo para mantener el control del poder y el futuro de la nación.

 

da. El presidente Santos llamó a reunió con el Centro Democrático, ¿por qué no, a los comités de impulso del Sí?
LAP: El establecimiento mira a los movimientos sociales, los tiene como patio trasero para recurrir a ellos cuando el poder está en riesgo del control del Estado. Sinembargo, cuando se trata de tomar decisiones de gran trascendencia, siempre hacen mesa solos, con sus instrumentos de control de la nación: los partidos políticos que representan, obvio, a los gremios económicos o industriales, contexto general del modelo. Por esa razón, nosotros consideramos que nuestra presencia activa por la paz es imprescindible –no propiamente en la Mesa de La Habana– sino desde el punto de vista de la opinión y del contraste a la reacción.

 

da. Este es el foco y aspecto fundamental por el cual atraviesa el país, pero, el final de año está cerca, ¿cómo procederá la CUT respecto al salario mínimo próximo?
LAP: Desde el comienzo de la campaña del plebiscito, sin detrimento de la paz, tomamos la decisión de no olvidar que hay graves problemas en el mundo del trabajo, y para la subsistencia del movimiento sindical. Incluso, acerca de la presencia de organizaciones sociales haciendo valer no solo su representación, sino el cumplimiento de las agendas que duermen en el escritorio del Estado. Por esa razón, reactivaremos acciones de movilización en el sector minero energético, con el planteo de una huelga de la CUT por intermedio de la USO...

 

da. ...la ADE y el sector de la educación plantean una movilización...
LAP. ...claro, por el incumplimiento del gobierno a los trabajadores estatales y se avecina otra negociación de salario, ya se cumplió el periodo anterior; pero además, el tema de la salud es un asunto apremiante. También tuvimos la reunión nacional de organizaciones sociales que determinó un paro nacional para finales de octubre.

 

da. ¿Es posible articular estas movilizaciones en una sola, que recoja todas las reivindicaciones de los sectores, o eso es imposible?
LAP. Efectivamente, con los quince puntos que el presidente Santos no ha atendido. Reúne los asuntos de los estudiantes que exigen una reforma educativa y el fortalecimiento de la inversión del Estado en la educación pública. La agenda de maestros y maestras por sus derechos vulnerados con tendencia a desaparecer, como son el tema de la salud y el de la calificación. Éste último, acordado para mejorar las políticas pedagógicas, y no, en relación con la pretensión del gobierno, que era una calificación para botar a los trabajadores de la educación dependientes del Estado y reemplazarlos por los contratos de servicios.

 

da. ¿Sólo una agenda de reivindicaciones de estudiantes, maestros?
LAP. También, el tema del transporte pesado. Los camioneros incluyeron sus puntos, y en este momento, vuelve a tomar fuerza –por el incumplimiento que el gobierno les hizo– un plan de organización para irse a un nuevo paro nacional. Está asimismo, el tema de la Cumbre Agraria que hizo un paro, con unos acuerdos que nos dicen también fueron incumplidos. Es decir, hay convergencia plena en la posibilidad de una acción unificada, y no compartimentada, como pasó una vez se constituyó el Comando Nacional de Organizaciones Sociales. Aunque se preveía el paro de los camioneros y se respetó su dinámica autónoma, la Cumbre Agraria ya traía un proceso de organización...

 

da. Por aparte, cada sector puso la hora cero.
LAP. La diferencia que hubo con dos eventos, nos indica que tenemos que unificarlos en una sola movilización, un sólo paro nacional por los quince puntos que nos integran a todos. Ya el proceso es técnico y metodológico, de cómo cada sector trabaja sus temas con el gobierno. Cada sector tiene un criterio profesional de su oficio. Es decir, los camioneros saben cuáles son sus problemas y cómo y hasta dónde tratarlos y negociar; los educadores igual; los campesinos y los indígenas igual.

 

da. Si el gobierno trabaja por sectores, ¿provocaría la individualización de las marchas o de los procesos?
LAP. No. Dentro del movimiento de organizaciones sociales debemos habilitar un mecanismo que impida la separación y fisuras por medio de las cuales el gobierno pueda intervenir para desarticular la gran convergencia social, “unidad de acción” en torno al pliego.

 

da. Un documento de la Organización por la Cooperación de la Economía Solidaria, Ocde, dice que el salario mínimo en Colombia es el más alto de la región, ¿qué piensa la CUT?
LAP. ¿Qué es el más alto?, ¡falso! Colombia es el segundo país de mayor inequidad en América Latina. Circunstancia vergonzosa que es causante, precisamente, de la precariedad del salario mínimo y de los salarios convencionales. Por esa misma razón la CUT planteó en 2015 un incremento del 14 por ciento.

 

da. ¿Un porcentaje, con base en cuáles factores?
LAP. La caída del peso y valorización del dólar, junto con la caída de los valores del petróleo, hacen que la inflación reciba un coletazo alrededor del 9 por ciento. Nosotros planteábamos el 9 por ciento más cinco puntos de indexación. Esos cinco puntos, en razón a los estudios que hicimos con la Universidad Nacional y el equipo del doctor Giraldo que indicaban, que en el último quinquenio el salario mínimo perdió cinco puntos. El tema no se puede considerar comparando el número de dólares que conciernen al salario de cada nación. Mejor, debe reflejar la real capacidad y poder adquisitivo de ese salario. Para el caso, en Uruguay puede ser un salario mínimo en dólares similar al que tenemos en Colombia, pero allá la capacidad adquisitiva del salario mínimo es absolutamente superior a la nuestra.

 

da. ¿Por cuál motivo?
LAP. Por el tipo de modelo económico y de plan de desarrollo social que tienen, que es radicalmente opuesto al nuestro. Allá, especialmente en el gobierno de Mujica, se democratizó la economía de tal forma que hay una redistribución con ejemplo para América Latina y para el mundo, así sea un país pequeño. En el caso nuestro, la tendencia es a concentrar más la riqueza en unos pocos capitalistas, a costa, de incrementar más la miseria social.

 

da. Bajo el proyecto del gobierno: bajan las importaciones, el salario pierde capacidad adquisitiva, ¿cuál propuesta hará la CUT frente a esta crisis del modelo?
LAP. Está vigente el trabajo de movilización social que desarrollamos en conjunto con las demás organizaciones sociales, con más fuerza ahora, después el plebiscito. Siempre hemos planteado que el gobierno tiene que renegociar los tratados de libre comercio, y no seguir en la línea de priorizar los intereses de las multinacionales. De priorizar, los intereses de los grandes grupos económicos de la nación y considerarnos consumidores, frente a una realidad en la que Colombia dejó de ser país productor de alimentos. Pasó a ser un país importador. Eso tiene 8 millones de campesinos desplazados a centros urbanos. Independiente de reconocer que los factores de violencia y abandono del estado, contribuyeron a ese desplazamiento.

 

da. El Gobierno está arrodillado ante la Ocde.
LAP. Por supuesto, acata las directrices a favor de ese círculo de privilegiados, sin importarle profundizar las brechas de inequidad social, la antidemocracia en el desarrollo de la tenencia de la tierra, sin otra política que la prevista en los Acuerdos de La Habana. Así las cosas, la pequeña y mediana industria desaparece...

 

da. Es muy grave...
LAP. ...para la tesis neoliberal del gobierno, los pequeños y medianos empresarios deben alcanzar capacidad no solo económica sino administrativa para hacerse competitivos. Deben hacerlo sin ningún compromiso oficial para financiar ese tipo de política, y los pequeños y medianos empresarios no tienen recursos. Por tanto, su tendencia es a desaparecer. Mientras tanto, las grandes asociaciones industriales, como la Andi, aprovechan. Los grandes industriales han absorbido los renglones productivos que tenía la pequeña y la mediana industria. Eso genera una mayor informalidad en el mundo del trabajo, porque los pequeños comerciantes, pequeños productores de insumos para la industria nacional, desaparecieron convertidos en una informalidad a manera de política de subsistencia.

 

da. El escenario político pasa entre dos acciones: de una izquierda en autocrítica, que se recomponga y salga a liderar este proceso o, que siga igual, sin abrir perspectiva...
LAP. Anhelamos un camino común, de unidad de la izquierda. Independiente de las diferentes concepciones respecto al porvenir del país. Nosotros no podemos seguir contribuyendo al desorden del país con la dispersión de la izquierda. Tenemos que construir una corriente fuerte con capacidad de neutralizar e incidir en los asuntos que el establecimiento nos está imponiendo. Es decir, ser verdadera alternativa con concepción de poder.

 

da. ¿Cómo, cuándo domina la inercia de plegarse al establecimiento, con la idea de obtener cargo en un “gobierno de coalición”?

LAP. No podemos seguir cayendo en la falacia de que la izquierda es un elemento negativo para la construcción de la democracia y para la construcción de equidad social. En Colombia tenemos que formar un solo contingente, con presencia capaz de movilización oportuna, en el Congreso y en los centros donde toman las grandes decisiones. Contribuir de este modo, a la construcción de una democracia real. No en la restringida, sometida al criterio y capricho de dos antagonistas por el poder. En este caso, Santos representante de la alta aristocracia y lo más emblemático de la burguesía colombiana, y Uribe que siempre mantiene una concepción caudillista, con tendencia igual o peor que Santos en materia de conducción del estado.

Publicado enEdición Nº229
Convocatoria al encuentro continental contra el neoliberalismo y por la educación pública

Cientos de maestros y maestras de distintos lugares de México junto a luchadores por la educación pública mundial nos encontramos a finales de julio en La Ensenada Baja California cobijados por el Instituto Internacional de Pedagogía Crítica Peter McLaren. Allí analizamos las reformas educativas que se vienen desarrollando en el continente y su impacto en el destino de la educación pública; lo más importante nos atrevimos a pensar otra educación posible para nuestros pueblos. Un arcoíris de posibilidades se abrieron dibujando una ruta de trabajo para garantizar que los millones de niños, niñas y jóvenes de la región puedan contar con una escuela pública que les cobije garantizándoles ser actores fundamentales en el mundo por venir.

El presente resulta ser un tiempo especial en la agonía capitalista. Desde los pueblos se conforma un nuevo tejido de solidaridad y cooperación para enfrentar al neoliberalismo en todos los planos. En ese contexto la educación juega un papel estelar en las resistencias y propuestas alternativas; el elemento unificador en este caso es la defensa de la educación pública, gratuita, integral, de calidad e inclusiva.

En la década de los ochenta y noventa del siglo XX el neoliberalismo educativo desembarcó en la región Latinoamericanacon su agenda de privatizaciones y subordinación de los sistemas escolares a los llamados designios del mercado. Durante dos décadas, el magisterio, los estudiantes y las comunidades resistieron la embestida del gran capital y han acompañado las experiencias alternativas de los gobiernos progresistas y revolucionarios en la región.

En la más reciente década, el neoliberalismo ha lanzado una nueva ofensiva contra el derecho a la educación expresado en

1. La puesta en escena de modelos de evaluación estandarizados para estudiantes y maestros. En el primero de los casos conducen a centrar la tarea de los sistemas educativos en la medición de cuatro áreas de aprendizajes: matemáticas, lectoescritura, tecnologías y novedades científicas, borrando de un solo plumazo la función central que los Estados nacionales y los pueblos le habían asignado a la escuela: la construcción de ciudadanía, el desarrollo integral de la personalidad y el impulso del pensamiento crítico. En el segundo de los casos, las llamadas evaluaciones del desempeño procuran destruir definitivamente el prestigio social de los docentes, culpándoles de todas las deficiencias del aparato escolar a la par de romper con la capacidad del magisterio para proponer, impulsar y crear modelos alternativos de educación a los que se implantan por órdenes de los organismos económicos internacionales como el FMI, la OCDE, el Banco Mundial o el BID.

2. La progresiva eliminación de la carrera docente, mediante la desaparición de las normales, el cuestionamiento a las Universidades Pedagógicas y las instituciones de educación universitarias que forman docentes. Se pretende convertir en política pública que cualquier profesional, sin formación especializada, pueda trabajar con niños y adolescentes rompiendo con los principios del Estado Docente y la carrera docente que tantas luchas y vidas han costado en el continente.

3. Disminuir sensiblemente la inversión pública en infraestructura escolar, mediante el impulso del principio de las llamadas “escuelas de bajo costo” para los más pobres. Un ejemplo notable de ello, es el caso mexicano donde cerca del 10% de sus escuelas -a la cual acuden los más pobres- no tienen las mínimas condiciones higiénicas, de salubridad y agua potable como lo confesó el propio secretario de educación pública de México el Sr. Nuño.

4. El destinar el grueso del 6% de PIB acordado por todos los países del mundo, en IncheonKorea 2015, como base mínima de inversión en educación, a la compra de chatarra tecnológica de rápida obsolescencia que sólo sirve para enriquecer a las grandes trasnacionales de la tecnología, sin que ello venga mediado por el desarrollo de software educativo, salarios y condiciones dignas de trabajo para los docentes, agenda social integral para los estudiantes, entre otros elementos. Por el contario el salario docente y sus condiciones de vida sufren presiones crecientes para la desinversión pública.

Para destruir la educación pública el neoliberalismo necesita pulverizar la tarea escolar de construcción de ciudadanía crítica, eliminar la carrera docente y sujetar los sistemas educativos al carro del mercado mediante pruebas estandarizadas que midan y conduzcan la dinámica de los planteles educativos a la formación escolar para los requerimientos del modo de producción del capitalismo del siglo XXI. Para ello, vienen utilizando a México como el gran laboratorio de la contrarreforma educativa regional, para que cumpla la tarea que en su momento se le asignó al modelo educativo chileno en los 80 y 90 de paradigma a generalizar.

En franca contraposición a tales intenciones del gobierno mexicano respaldado por grupos oligárquicos nacionales y trasnacionales, el magisterio del país encabezado por la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), viene desarrollando desde el pasado 15 de mayo una intensa jornada de luchas cuyo objetivo principal es lograr la derogación de las reformas neoliberales a los artículos 3 y 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como las modificaciones a la Ley General de Educación (LGE), además de la anulación de la Ley del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación y la Ley General del Servicio Profesional Docente, esta última considerada por los propios ideólogos de la contrarreforma como el corazón de la misma.


Como era de esperarse, el Estado Mexicano ha respondido a los maestros en resistencia con todo tipo de represiones: suspensión de salarios, ceses laborales, encarcelamiento, desalojos por la fuerza pública y hasta el asesinato de militantes y simpatizantes de la CNTE, tal y como ocurrió el pasado 19 de junio en Nochixtlán, Oaxaca, todo ello reforzado por intensas campañas de descalificación y denostación hacia los trabajadores de la educación a través de los medios de información.
Sin embargo, la solidaridad y respaldo de múltiples organizaciones sociales del país y del mundo, sobre todo ante los hechos represivos registrados en Oaxaca, han obligado a las autoridades del gobierno federal a abrir mesas de diálogo y negociación con la representación de la CNTE, desde donde se busca avanzar en la suspensión inmediata de la aplicación de la contrarreforma educativa y su posterior abrogación definitiva y, como consecuencia, la construcción de una verdadera reforma, consensuada con el conjunto de actores sociales involucrados en la educación.


Conscientes de que dicho proceso de diálogo y negociación tiene sus riesgos y puede ser usado por las autoridades como táctica para la administración y el alargamiento del conflicto, los participantes en el Simposio Internacional sobre educación comparada en el Siglo XXI, organizado por el Instituto McLaren de Pedagogía Crítica y celebrado los días 30 y 31 de julio en Ensenada, BC, declaramos lo siguiente:


I. Estamos a favor de las luchas de resistencia del magisterio mexicano y compartimos plenamente sus objetivos: lograr la anulación de la contrarreforma educativa y avanzar hacia la construcción de una verdadera transformación de la educación en México que se proponga sostener y fortalecer la escuela pública, de acuerdo a los intereses y necesidades del pueblo en el presente siglo; en lo inmediato, recuperar la estabilidad laboral de todos los docentes en situación de cese, suspensión y descuentos de salarios de manera injustificada y otras formas de hostigamiento por parte de las autoridades educativas, así como la liberación pronta e incondicional de todos los presos políticos por su participación de las actividades del movimiento magisterial, además del resarcimiento al daño moral y físico hacia las personas que han sido víctimas de la represión gubernamental.


II. Esta lucha por la defensa y fortalecimiento de la educación desde los intereses populares corresponde no sólo a los trabajadores del magisterio, como se ha manifestado en la actual coyuntura, donde padres de familia organizados, comunidades y pueblos, movimientos sociales, además de sectores de la intelectualidad de todo el paísparticipan de manera activa en esta disputa por lo social y lo público en nuestra nación, frente a la vorágine privatizadora del régimen neoliberal que amenaza con cancelar el conjunto de derechos y conquistas heredados de las luchas de Independencia y la Revolución Mexicana. Por lo tanto, estamos a favor de la construcción de un gran frente social y popular por la edificación colectiva de un Nuevo Proyecto de Nación a partir de criterios axiológicos como la justicia social, la soberanía nacional, la democracia popular y la solidaridad internacional.


III. Dado que la lucha por la defensa de la educación pública va más allá de nuestras fronteras, debido a que nos enfrentamos a políticas privatizadoras de los organismos internacionales de la globalización capitalista, proponemos al Instituto McLaren de Pedagogía Crítica y a la Comisión Nacional Única de Negociación (CNUN) de la CNTE, conjunten esfuerzos para la realización de un Encuentro Continental contra el neoliberalismo y por la Educación Pública en los próximos meses, al que se convoquen a todas las resistencias activas de los países del Norte, Centro y Sur de nuestra América, con la finalidad de articular todos los esfuerzos y organizar un potente movimiento a favor del derecho social a una educación pública, integral, laica, científica y popular, base para la formación de la ciudadanía que requiere la superación de la actual crisis civilizatoria a nivel continental y mundial. Juntemos nuestras mentes, conciencias, corazones y manos en la defensa del futuro de los niños y los jóvenes del mundo, es decir en la defensa de la educación pública; la cita es en México y quienes nos convocan es quienes lideran en el presente esta lucha a nivel planetario: los y las maestras mexicanas y las comunidades populares de la tierra de Zapata. Asistamos desde todos los lugares y con todas las experiencias.

Finalmente, ratificamos nuestro compromiso con la necesaria transformación social, económica y política del país y del mundo, desde de la trinchera de la pedagogía crítica y la educación popular, reafirmando el sueño de nuestros libertadores y grandes pedagogos: Simón Bolívar, Miguel Hidalgo, José María Morelos, José Martí, Simón Rodríguez, Paulo Freire, Rafael Ramírez, Lizardo Pérez, Orlando Fals Borda, Fernando Cardenal, Luis Bigott, entre otros.

Para contactar escribir a: Magisterio Educación Pública <Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.>


Atentamente


Participantes en el Simposio Internacional sobre Educación Comparada en el Siglo XXI


Peter McLaren (Estados Unidos)
Marco Raúl Mejía (Colombia)
Luis Bonilla-Molina (Venezuela)
Lisardo García (Cuba)
HuangZicheng (China)
JuhaSuoranta (Finlandia)
Anna Renfors (Finlandia)
Alberto Arnaut (México)
Sergio Quiroz Miranda (México)
Lev Velázquez (México)
Ysabel Camacho (México)
Sergio Quiroz Valdez (México)
Heber Peñaloza (México)
Isaías Dieguez (México)
Jorge Cázares (México)

Y 200 firmas más

 

8 de Agosto de 2016

Publicado enCultura
El sistema de salud de Cuba, ejemplo a seguir, afirma la directora de la OMS

La directora general de la Organización Mundial de la Salud (OMS), Margaret Chan, calificó el sistema de salud cubano de ejemplo a seguir por su sostenibilidad y capacidad para actuar en situaciones de emergencia.


Durante su comparecencia este martes ante el plenario de la 133 asamblea de la Unión Interparlamentaria (UIP) que prosigue en esta ciudad suiza, Chan destacó el espíritu solidario de la nación caribeña, especialmente en cuanto a la formación de personal de la salud de países del tercer mundo.


También expresó su agradecimiento a la mayor de las Antillas por el importante papel desempeñado en el combate contra la epidemia de ébola en países de África occidental.


La mención a Cuba se da durante el intercambio interactivo entre las delegaciones parlamentarias con la alta funcionaria internacional como parte del debate general del encuentro, dedicado al tema de las migraciones.


La diputada Yolanda Ferrer, jefa de la delegación cubana a la cita de la UIP, destacó que el sistema de salud cubano ha demostrado su sostenibilidad y operatividad al enfrentar desastres y epidemias en el mundo y, a su vez, ha logrado mantener y consolidar los principales indicadores de salud a escala nacional, a pesar del bloqueo impuesto por Estados Unidos.


En La Habana, se informó que Danilo Maldonado, un artista callejero conocido como El Sexto, de 33 años, fue puesto en libertad después de 10 meses de prisión por intentar soltar en un parque capitalino dos cerdos con los nombres pintados de Raúl y Fidel, en alusión a los nombres del presidente Raúl Castro y al del líder histórico de la revolución, Fidel Castro.


Maldonado, quien no era muy conocido internacionalmente antes de ser preso en diciembre de 2014, recibió en abril el Premio Internacional Vaclav Havel para la Creación Disidente de la Fundación de los Derechos Humanos, con sede en Nueva York.

Publicado enSociedad
Sábado, 26 Septiembre 2015 13:14

"Vaca ladrona no olvida el portón"

La privatización de los bienes públicos de quienes habitamos Colombia fue iniciada con todo vigor durante los años noventa del siglo XX, en el gobierno de César Gaviria, el mismo que saludó al país con aquel eufemístico "Bienvenidos al futuro". La "modernización" de la economía fue el eslogan inmediato de los políticos, periodistas y académicos convencionales que se sumaron, casi en su mayoría y de forma automática, a los principios impuestos por los organismos multilaterales que hicieron del "mercado" el deus ex machina llamado a conducirnos a un mundo de ensueño. Sostenían, sin el menor asomo de sonrojo, que el "dejar hacer" de los padres del liberalismo diesochesco, envuelto en jerga seudotécnica, en muy poco tiempo nos haría parte del llamado primer mundo. Un cuarto de siglo después, las distancias con el centro capitalista se amplían y la reprimarización de la economía nos pone en una innegable situación de volatilidad nunca antes conocida.

 

Desde aquel cuatrenio, hasta el presente en que gobierna Juan Manuel Santos, han transcurrido veinticinco años y cinco presidentes, todos los cuales han desarrollado los mandatos del modelo económico, social y cultural bautizado como neoliberalismo. Con su plumas han firmado los decretos y leyes que permitieron la venta de empresas situadas en renglones estratégicos vitales para el bienestar de todos los connacionales, tales como: energía, telecomunicaciones, puertos, salud, educación; antes de ellos y para permitir el negocio privado, también fueron desmontados los ferrocarriles nacionales y la flota naviera del país.

 

Desde allí, gobierno a gobierno, vienen aprobando y operativizando las reformas que dieron paso a la legalización de la informalidad laboral –subcontratación o trabajo temporal– como política social, a la extensión del horario nocturno de trabajo sin valorarlo como horas extras, a la quiebra del campo al legalizar la importación desmedida de todo tipo de alimentos, al desmonte de subsidios que blindaban algunos renglones de la economía nacional ante el poder de las empresas multinacionales, potenciadas y protegidas por diversos Estados –llegando por esa vía a la perdida de la soberanía alimentaria–; a la renuncia del proyecto de Estado-nación, vinculado regionalmente, consolidado en renglones básicos de la industria; a la autorización de la subcontratación de todo tipo de servicios –hasta para la guerra– con los cuales los privados se enriquecen a costa de la construcción de obras o de asesorías de diversa índole, para lo cuales el Estado entrega miles de millones con los cuales podría, perfecta y directamente, hacer lo mismo o mejor a menor costo, potenciando trabajo estable, bien pago y útil para el fortalecimiento de miles de familias criollas a la par de la cohesión del conjunto social nacional.

 

La firma de desiguales Tratados de Libre Comercio, que someten a la Nación a injustas relaciones comerciales, jurídicas, financieras y de otros órdenes ante diversidad de Estados y sus grandes empresas, también son parte de este modelo que, argumentado desde la superación de la ineficiencia y corrupción estatal dio paso a la ineficaz gestión y administración privada, con la cual se enriquecen unos pocos, sin importar las consecuencias de tan grotesca visión de la vida ni el ahondamiento y prolongación hasta lo inimaginable de la brecha social que caracteriza a Colombia.

 

De la mano de su gestión la contracara de la corrupción estatal se dejó ver tal y como es. La corrupción desmedida de particulares (como empresa o individuo), que ha sometido a los pobladores de diversas ciudades y regiones del país a padecimientos cotidianos, mala calidad de vida y en ocasiones hasta la muerte, producto del mal funcionamiento –y hasta cierre– de centros de salud, acueductos, empresas de energía, sistemas de transporte, además del constante incremento de tarifas para acceder a diferentes servicios, los que deben ser cancelados por los ahora considerados clientes para poder gozar de lo que antes podía entenderse como un derecho humano fundamental o un factor básico para acceder a vida digna.

 

Con los hechos como prueba, la falsa premisa que las organizaciones estatales son, por principio, ineficientes y corruptas y las organizaciones privadas eficientes y transparentes, quedó desmentida por los hechos. Desde el mismo proceso de enajenación de las empresas del Estado la corrupción de los privados fue evidente. Pese a ello, hoy pocos recuerdan, por ejemplo, que cuando fue privatizada la Empresa de energía eléctrica de Bogotá, quienes la apropiaron, de forma inmediata, la descapitalizaron en 4 billones (millones de millones) de pesos de la época, en uno de los fraudes más grandes hecho a los intereses de la capital del país. La apropiación sistemática de los recursos de la salud, en un desangre continuo del patrimonio social, es otra de las herencias de ese mundo de "fantasía" y "transparencia" que nos prometía el paradigma de la "modernización de la economía" y que hoy se soporta como si de un orden natural se tratara.

 

Las consecuencias de este modelo de muerte están a la vista: una sociedad desgarrada, cada vez más polarizada, con la delincuencia de lo que podríamos llamar "cuentas menores" multiplicada por calles y veredas, haciendo así realidad aquel adagio de "sálvese quien pueda". Y no es para menos, ante el abandono estatal de algunas de sus principales funciones los "zorros saltan las cercas". Los efectos culturales de este modelo son desastrosos y nadie los puede ocultar, lo único a que atina el sistema es a ahondar el control social y la violencia oficial (ver suplemento).

 

Pese a lo evidente parece que la clase dominante ni sus gobernantes de turno aprenden la lección. A pesar de sus discursos sobre justicia y cohesión social, persisten en entregar a los privados los bienes que son del conjunto social; sin duda y como dicen en el campo, "vaca ladrona no olvida el portón".

 

De esto da cuenta la medida tomada el pasado 10 de septiembre por el Consejo de Estado, al dar a conocer su concepto con el cual autoriza la venta de Isagen, uno de los pocos bienes públicos eficientes y rentables que aún permanecen bajo control estatal. Según el ponente, magistrado Hugo Bastidas de la Sección Cuarta de la Corporación, la venta es legal y no afecta a la Nación, autorizando al mismo tiempo el gasto del dinero que recaude fruto de su venta por parte del Gobierno Nacional.

 

Así, con esta decisión, la suspensión provisional de la venta de la energética, promulgada el pasado 14 de mayo, producto de los alegatos interpuestos por diversas personas en contra de los decretos 1609 y 2316 de 2013 –que permiten la enajenación del 57,61 por ciento de acciones que posee la Nación de la empresa–, queda levantado. Ahora su venta es cuestión de meses.

 

Queda el gobierno Santos, de esta manera, con manos libres para recoger e invertir en las llamadas vías 4G, cinco billones y algo más de pesos, una inmensa masa de dinero que le permitirá a su Vicepresidente liderar su prevista campaña electoral en el 2018. Con tal inversión espera el Gobierno, además de garantizar que su modelo de país gane continuidad, cumplir con las exigencias de las multinacionales en su afán por interconectar por vía terrestre y acuática el norte con el sur del Continente. Vaya paradoja, ¿acaso cuando se entregó la red vial principal del país en concesión al sector privado no prometieron que el Estado iba a liberar recursos para otras necesidades sociales, a través de esa estrategia? ¿Que el país sería atravesado en todos los sentidos por autopistas de primer orden no fue otra de las promesas del modelo neoliberal? ¿Quién responde por el hecho que un cuarto de siglo después tengamos una de las infraestructuras viales más atrasadas del Continente? Falsas promesas, neoliberalismo y manipulación.

 

Dándole continuidad a tal modelo económico, político y social, ahora pasan a privatizar una empresa como Isagen, que genera recursos permanentes, para invertir en un sector al que, se nos decía, afluirán capitales externos luego que se garantice su manejo y explotación al sector privado, ¿no deja de ser esta una de esa ironías con las que suelen cerrarse los capítulos de las equivocaciones intencionadas de unas élites siempre dispuestas a la entrega, y de una sociedad muy poco amiga de la crítica?

 

La medida esta legalizada pero aún hay mucho por hacer y liderar por parte de diversidad de sectores sociales ante tal anuncio, pero por el momento la enseñanza para todos, una vez más, es que lo jurídico es un recurso pero lo fundamental a la hora de pretender impedir una medida antipopular por parte del Estado es la resistencia colectiva y callejera. Aunque el recurso es viable, no basta con los alegatos jurídicos, pues lo que está en debate no es el respeto o violación de una u otra norma legal, como lo sustenta el Magistrado ponente, sino la pertinencia o no de la venta de una recurso público fundamental como el que concentra y administra Isagen, tras el cual descansa el debate sobre soberanía nacional y otros anexos al tema de Estado y Nación.

 

La democracia, y su viabilidad también está presente pues una decisión de este tamaño no le corresponde tomarla ni a un equipo de Gobierno ni a un Tribunal, sino al conjunto nacional. Lo que evidencia este tipo de medidas y decisiones, lo que desnuda, es que la democracia formal que reina en Colombia está totalmente viciada y llamada a ser superada. Cómo no. Este tipo de medidas exige la implementación de una democracia refrendataria, es decir, una que permita que el conjunto de habitantes de un país dado tenga la potestad de decidir cómo proceder finalmente ante el intento de un Gobierno por enajenar, transferir, transformar, etcétera, recursos fundamentales de los cuales depende el bienestar del conjunto social. Mucho más aún cuando el Presidente de turno no difundió, defendió y sustento tal medida en el curso de la campaña electoral que lo llevó a la Casa de Nariño.

 

Mientras el debate asume su curso, sin dar el brazo a torcer, hay que valorar esta decisión de los jueces, avalando las pretensiones y planes oficiales, además como la oportunidad para que los movimientos sociales refresquen ante el país el debate sobre neoliberalismo, democracia y modelo social que requieren los más de 48 millones de habitantes de Colombia para mejor vivir, cohesionados, en deliberación permanente, y abiertos e integrados solidariamente a su región.

 

Reto inmenso. Hay que defender a Isagen como patrimonio colectivo e impedir su venta. Hay que derrotar el modelo neoliberal para que este tipo de medidas no vuelvan a tomarse.

Publicado enEdición Nº 217
Sábado, 26 Septiembre 2015 12:09

Inclusión y rentas urbanas

Inclusión y rentas urbanas

Las rentas urbanas

 

Las ciudades, sobre todo las grandes, tienen un doble reto: mejorar la inclusión y aumentar las rentas urbanas. Los dos propósitos están íntimamente relacionados. En el espacio urbano la falta de inclusión se expresa como segregación. Puesto que la raíz de la segregación es la mala distribución del ingreso, si las rentas urbanas se distribuyen de manera equitativa, la desigualdad disminuye, la exclusión se reduce, y la segregación se mitiga.

 

Por las razones anteriores, la gestión de las rentas urbanas se convierte en un elemento central de la política pública de los gobiernos locales. Los candidatos a las alcaldías y a los concejos han dejado de lado el debate sobre la gestión de las rentas urbanas, como si el tema no fuera relevante.

 

Estas rentas son los excedentes que se crean como resultado de la gestión del suelo y del ordenamiento del espacio de la ciudad. Las dinámicas urbanas generan excedentes de manera permanente. Estos recursos no se deberían quedar en manos de los privados, sino que tendrían que distribuirse de manera equitativa.

 

Las secretarías de hacienda de las ciudades grandes e intermedias del país no han aprovechado las potencialidades financieras de las rentas urbanas. Esta falta de iniciativa se explica por dos razones. Primero, porque las secretarías de hacienda no han entendido la relevancia del suelo y del urbanismo. Actúan con la misma lógica del Ministerio de Hacienda, ignorando las dimensiones espaciales. Y, segundo, porque no han diseñado proyectos de inversión conjuntamente con los privados. Las rentas que allí se generan se deben distribuir por partes iguales entre la administración y el sector privado. Se trataría de consolidar alianzas público/privadas con participación de 50/50. La ciudad tiene que obligar a los privados a que compartan las rentas que se derivan de la dinámica urbana. Por tanto, el gobierno local no puede permitir que el sector privado sea el único beneficiario de los excedentes que genera la ciudad. Puesto que la aglomeración urbana es una fuente permanente de rentas, las posibilidades de mejorar los recursos son numerosas.

 

Las secretarías de hacienda y su relación con el suelo y el urbanismo

 

Las secretarías de hacienda de las ciudades cumplen una función muy distinta al Ministerio de Hacienda. El papel específico de las finanzas locales no se ha entendido, y al diseñar las fuentes de recursos no se le ha dado importancia a la gestión del suelo y del urbanismo. Fuera del impuesto predial, que está relacionado directamente con el valor del suelo y de los inmuebles, las secretarías del ramo no le prestan atención a otras fuentes de recursos. Mencionamos algunas: participaciones en plusvalías, cargas, derechos de edificabilidad, valorizaciones, cobros por congestión. Algunas de estas modalidades de financiación no son nuevas, y aunque ya se están implementando, no reciben la atención e importancia que merecen.

 

Las participaciones en plusvalía han ido perdiendo relevancia, y el recaudo es muy bajo. Los cobros por valorización han sido más dinámicos, pero hace falta que sean más progresivos, de tal manera que se le cobre más a quienes tienen mayor capacidad de pago. La distribución de cargas y beneficios que se lleva a cabo en los proyectos urbanísticos, es un mecanismo adecuado para reducir los gastos de la administración en infraestructura (redes, vías), pero su monto en el conjunto de las finanzas distritales es relativamente pequeño.

 

En las ciudades de Colombia no se han implementado los derechos de edificabilidad, ni los cobros por congestión. Estas dos fuentes de recursos pueden ser muy dinámicas, como sucede en otros países. El gobierno local le vende a los constructores el derecho a mayor altura. En São Paulo los títulos de edificabilidad se llaman Cepacs. Las últimas emisiones han sido exitosas, y la ciudad ha obtenido recursos considerables. Más de US1.000 millones de dólares en la última emisión. Los cobros por congestión ya empiezan a ser discutidos en las ciudades del país, pero todavía no se cobran en ninguna. Aunque su implementación es compleja desde el punto de vista tecnológico, tiene dos virtudes. En primer lugar, es una fuente de recursos muy importante. Y, segundo, favorece la movilidad, porque desincentiva el uso del automóvil.

 

Las secretarías de hacienda deberían estar analizando las características de cada una de estas fuentes de recursos, pero estas preocupaciones no hacen parte de las agendas de los candidatos a dirigir cada una de nuestras grandes urbes.

 

Las rentas urbanas y las alianzas público/privadas

 

Las secretarías de hacienda y de desarrollo económico tendrían que actuar como diseñadores iniciales de proyectos de inversión en la ciudad. Deben analizar las posibilidades de negocio y discutirlas con los privados. Una vez se hace el pre-diseño se llama a la banca de inversión especializada. Las rentas que generan estas inversiones se distribuyen entre la ciudad y los privados. El punto de partida puede ser 50/50.

 

La administración local olvida en la actualidad que la ciudad es una fuente permanente de recursos, y que las oportunidades de negocios abundan. Al minimizar la relevancia de estas fuentes, las secretarías de hacienda no han tomado medidas para pensar la ciudad como generadora de rentas.

 

Las rentas urbanas son indispensables

 

Estas rentas son indispensables porque las finanzas locales únicamente serán viables si la administración participa en las rentas que genera. Estos excedentes pertenecen a todos los habitantes de la ciudad, y no solamente a un reducido número de inversionistas privados.

 

Si la participación público/privada es 50/50, las ciudad puede contar con recursos que le permitan favorecer las políticas de inclusión. En estas reflexiones, se debe tener presente que con los montos actuales no es posible llevar a cabo los grandes proyectos que están en curso en una ciudad como Bogotá: jornada educativa completa, metro, cables, descontaminación del río Bogotá, mejoramiento de vías, cobertura y calidad en salud, mejoramiento de vivienda, recuperación de las cuencas del Fucha, Tunjuelo, entre algunas de las grandes iniciativas que están en curso y que los pobladores de la urbe requieren tengan resolución efectiva.

Publicado enEdición Nº 217
Sábado, 26 Septiembre 2015 10:55

El negocio con los derechos fundamentales

El negocio con los derechos fundamentales

"Es el primero de su tipo en Latinoamérica", dicen los medios de comunicación cuando hablan del nuevo proyecto piloto de las Empresas Públicas de Medellín –EPM–: agua potable prepago.

 

El negocio ante todo. Este proyecto es la nueva innovación en la ciudad de Medellín, que deberá permitir a las más de 24.327 familias deudoras morosas con EPM acceder al servicio de agua solo con recargar 5.000 o 10.000 pesos.

 

Agua potable prepago es un programa implementado por las que se suponen son las empresas públicas más importantes del país, y fue diseñado e implementado luego del éxito obtenido con la venta de energía prepago, con el cual ahora venden este recurso fundamental, a 42 mil viviendas, las que superan con creces, en solo tres años, las 35 mil que fueron proyectadas para reconexión al servicio en 5 años. El negocio es tan bueno que EPM proyecta ampliar esta estrategia comercial a todo el mercado que atiende.

 

Valga recordar que en Medellín hasta hace tres años existían más de 50 mil hogares desconectados de estos derechos básicos.

 

En particular, la energía prepago es un modelo mercantil para familias que perdieron el acceso a tal servicio por atraso en el pago de la factura, fraude o contrabando en las conexiones; el consumo mínimo es de $3.000

 

Más de lo mismo. Según Juan Esteban Calle Restrepo, gerente general de EPM y líder del Grupo del mismo nombre, el objetivo con este tipo de proyectos es estar más cerca del cliente y acoplarse más a lo que éste necesita. Resaltó, también, que en la medida que las personas recarguen el servicio un 10 por ciento del dinero pagado, amortiza la deuda y la tarifa de aseo, además del alcantarillado y acueducto. Sin duda, todo un diseño financiero para recoger cartera morosa; un diseño que no repara en la realidad social y económica que agobia a miles de familias en esta ciudad, sometida a uno de los más altos indicadores de desigualdad social que reina en el país.

 

No son simples cambios de palabras

 

"Cliente", "mercado", "servicio", estas y otras palabras son las que dominan y determinan en la labor de las EPM. Borradas quedan: derecho, población, ciudadanía, crisis, y otras similares, que deberían resaltar como referente a la hora de determinar por qué una familia no alcanza a cancelar una deuda contraída por el consumo de un bien fundamental como lo son agua y energía.

 

Más aún cuando las familias en deuda morosa no son pocas, mucho más cuando el problema gana ribetes cómo los ya relacionados, donde 50 mil o más familias quedan por fuera de un derecho fundamental, pese a negociaciones, programas de pago, los cuales son una y otra vez reprogramados.

 

El problema aquí es mayúsculo, y si bien algunos pueden aludir a la llamada cultura del "no pago", la verdad es que la problemática es mucho más profunda, es el reflejo de una crisis social que debe ser atendida, entre otros, con los dividendos que le procura una empresa, como las EPM, al gobierno municipal del cual depende y al cual se debe. Adjunto a esto debe estar la investigación sobre el inmenso problema social que afecta a miles de medellinenses, procurando identificar por qué el desempleo no decae, por qué los sueldos son insuficientes, por qué, si es el caso, la gente no quiere pagar, etcétera. Es decir, el problema no es de simple recaudo de cartera vencida e impedir que esta siga creciendo.

 

Y así debe ser, pues lo público es eso: de todos/as, y si bien esto no significa dilapidar sí representa algo muy distinto a funcionar como una empresa privada o cuyo propósito fundamental es multiplicar ganancias. Y con este funcionamiento está el reto de potenciar la discusión pública de lo qué significa e implica aquello de ser público, cómo administrarlo, cómo apropiarlo por parte de toda la ciudadanía, en qué sectores invertir, por qué y cómo, etcétera.

 

Las EPM, valga recordar, obtuvieron ganancias netas, durante el 2014, por 1,8 billones de pesos, y el Grupo EPM registró una utilidad neta de $1,78 billones, con ingresos operacionales por $11,5 billones y activos totales por $38,7 billones, y un patrimonio de 21,1 billones.

 

Lo que debe llamar la atención de los pobladores de Medellín, es que mientras sus empresas registran estos números positivos, su afán principal es cómo continuar incrementando ganancias para lo cual proyecta operaciones en otros países de la región, sin pararse a detallar lo que sucede en su entorno inmediato, que es su razón de ser.

 

Valga recordar, además, que en el caso del agua, en la ciudad existe el derecho al mínimo vital, pero el mismo está birlado a todo hogar que deje de cancelar dos facturas. Según la Organización Mundial de la Salud se deben brindar 2.500 litros de agua por persona al mes (500 litros para el aseo personal; 500 litros para preparación de alimentos; 833 litros para el aseo del hogar; 667 litros para el lavado de ropa). En Medellín, solo quienes están registrados en el programa "Medellín solidaria", que sean de estratos 1 y 2, y paguen oportunamente sus facturas, pueden gozar de este derecho.

 

Llama poderosamente la atención que las EPM no se preocupen por la ampliación del programa sino por incluir en sus ventas prepago a las miles de familias que no gozan ni de un mínimo en su calidad de vida.

 

En estas condiciones, ¿tiene sentido seguir considerando como público lo que no funciona como tal? ¿No le habrá sucedido a las EPM que, aunque conserva el nombre, funciona como empresa privada? ¿No será hora de debatir de cara a toda la ciudad el cómo reapropiar lo que es de todos, pasando de lo público a lo común?

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China reestructurará el gigantesco sector de la empresa pública

El Gobierno chino presenta un plan para privatizar parcialmente unas compañías que emplean a 30 millones de personas y combinan activos de 14 billones de euros

China ha desvelado su esperado plan para la privatización -parcial- de sus empresas públicas. La reforma de este sector, que emplea a cerca de 30 millones de personas y acumula activos por valor de unos 100 billones de yuanes (unos 14 billones de euros), estaba prometida desde hace al menos dos años y es, según los analistas, una de las más necesarias para permitir la transición de la economía china a un modelo sostenible.


El plan de reforma llega en momentos en los que la economía china, la segunda del mundo, da señales de debilidad y el Gobierno de Xi Jinping se esfuerza por reactivar unos indicadores que, desde la actividad industrial a las exportaciones, muestran tendencia a la baja. El objetivo de crecimiento para este año se sitúa en torno al 7%, después de que el año pasado alcanzara el 7,4%, el más bajo en dos décadas. Las dudas sobre la fortaleza económica del país precipitaron este agosto fuertes sacudidas en las Bolsas de todo el mundo, donde aun ahora persiste la incertidumbre.


El documento de 20 páginas ofrece más una guía, o una declaración de intenciones, que un listado de medidas concretas. Sus objetivos, según ha apuntado Zhang Xiwu, vicepresidente de la Comisión para la Supervisión de Activos Estatales (SASAC, la SEPI china), son permitir la propiedad mixta de estas compañías para facilitar que se conviertan en "entidades competitivas". Pero la agencia estatal de noticias Xinhua precisa que continuará en todo caso el control del gobierno. El fin de la reforma, asegura, es "cultivar un gran número de empresas con un pilar estatal que cuenten con capacidad de innovación y puedan competir internacionalmente".

Es una tarea complicada. En todo el país existen unas 155.000 empresas de propiedad pública, aunque la mayoría dependen de los gobiernos locales. SASAC controla 110, las mayores e implantadas en régimen de monopolio o cuasi monopolio en sectores que el Gobierno considera estratégicos, desde la banca al petrolero, pasando por las telecomunicaciones y la producción de acero. Entre ellas se encuentran gigantes como China Mobile, la mayor empresa telefónica por número de suscriptores del mundo, el Banco de China o Air China, la compañía aérea de bandera.


Desde su posición de dominio en el mercado, han disfrutado de un trato privilegiado, que ha incluido tanto políticas oficiales favorables como subsidios y muchas mayores facilidades a la hora de recibir préstamos —los grandes bancos chinos son también compañías estatales— con respecto a las empresas privadas. Esto les ha convertido en muchos casos en gigantes burocráticos e ineficaces.


Su reforma era algo que estaba anunciado desde 2013, cuando el régimen chino acordó una serie de medidas para facilitar la transición a un modelo económico más orientado hacia el mercado, aunque siempre bajo el control del régimen.
Entre los principios que ofrece el plan se encuentra la promesa de que se facilitará la entrada parcial de una gama de inversores privados, mediante la compra o intercambio de acciones o la venta de activos en los mercados de capital. También se permitirá a las compañías públicas "experimentar con la venta de acciones a sus empleados".


Se intentará profesionalizar la gestión de estas firmas, con la contratación de directivos especializados y la introducción de un sistema de retribuciones salariales flexible según los resultados que obtenga la empresa. Sus consejos de administración tendrán más capacidad para tomar decisiones y se aumentará el escrutinio para evitar la apropiación de fondos públicos.
Continuará asimismo un proceso que ya ha comenzado a alentarse desde el Gobierno, la fusión de estas compañías. Este año ya se habían unido los dos principales fabricantes de trenes de alta velocidad y, según Xinhua, "se espera que los gigantes estatales administrados por SASAC acometan procesos masivos de fusiones y compras", aunque el plan no aporta detalles al respecto.


Según el documento, durante el proceso las compañías públicas se dividirán en dos clases, entidades con fines comerciales y firmas dedicadas a fines sociales. El petróleo, gas, electricidad, ferrocarriles y telecomunicaciones han quedado designados como sectores adecuados para la inversión privada de manera parcial.


El plan del Consejo de Estado (el Ejecutivo chino) y el Comité Central del Partido Comunista no establece un calendario, más allá de asegurar que para 2020 se habrán logrado reformas clave. Pese a que sus objetivos no son especialmente drásticos, tendrá que avanzar con enorme cuidado. Dado el peso de estas compañías en la economía y el empleo del país, un fracaso en la reforma podría tener enormes consecuencias políticas y en la calle. Y ese mismo peso las convierte en gigantescos lobbys dispuestas a emplear sus excelentes conexiones en los círculos de poder en contra de cualquier cambio que pueda restarles influencia.


El profesor Hu Xingdou, del Instituto de Tecnología de Pekín, advertía que en el ámbito de las reformas "hemos visto mucho ruido y pocas nueces hasta ahora, no hemos visto efectos reales. Al contrario, las empresas estatales se están fortaleciendo cada vez más mediante las fusiones. Si esta situación sigue, la economía china irá empeorando y las reformas apenas conseguirán efectos".

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Sábado, 29 Agosto 2015 12:04

Crisis hospitalaria, ¿planificada?

Crisis hospitalaria, ¿planificada?

Una vez más estamos ante la agudización de una de las expresiones de la crisis del sector salud que desde hace largo tiempo vive Colombia. La arista que en esta ocasión asoma su rostro, es la crisis que ahoga a las Instituciones prestadoras de servicios de salud (llamadas IPS en el argot de la Ley 100), tanto de carácter público como privado.

 

La alarma que vive el sector por esta circunstancia no es pasajera ni casual. Según la Contraloría General de la República, el 57,7 por ciento de los hospitales públicos del país, que suman más de 1.000, se encuentran en riesgo financiero1, lo que implica que están en problemas para desempeñar sus funciones para el cuidado de la población: no tienen suficiente capacidad financiera para asumir sus compromisos económicos y su capacidad técnica y de calidad para la prestación de los servicios está debilitada.

 

Plantea el Contralor General que "los hospitales públicos no están prestando de manera oportuna los servicios de salud y tienen problemas de flujo de recursos, toda vez que la administración de las deudas de las Empresas Prestadoras de Salud –EPS– con la red hospitalaria es todavía ineficiente y les ha generado problemas de liquidez"2.

 

Esta crisis es la síntesis de las deudas acumuladas por las EPS y los entes territoriales con los hospitales públicos (ESE- Empresa Social del Estado en el argot de la Ley 100) e instituciones privadas de salud.

 

No es clara la cifra de la deuda que cargan las EPS con el sistema de salud. Algunos, como la Federación Médica Colombiana, refieren que es de 12 billones, 5.2 de estos con la red pública hospitalaria. Para la Asociación Nacional de Hospitales y Clínicas, la deuda suma 5.3 billones de pesos a clínicas y hospitales públicos y privados, la que recae en mayor porcentaje sobre las EPS del régimen contributivo con 52.2 por ciento, mientras que del régimen subsidiado es del 30.5 por ciento y de los entes territoriales del 5.53.

 

Como un ejemplo, la deuda que tienen con los hospitales de la red pública hospitalaria de Bogotá asciende a $876 mil millones, de los cuales el 52 por ciento corresponde a cartera mayor a 360 días –que por su naturaleza es de difícil recaudo–, y otro 20 por ciento corresponde a deudas de EPS liquidadas4.

 

Tenemos entonces, que las deudas oscilan entre el 17 al 40 por ciento de los recursos públicos que tiene el sistema de salud, si los contrastamos con los 30 billones que hay en el Fosyga5, que es la bolsa donde están los dineros de la seguridad social en salud.

 

Ante esta grave situación, no es casual que hospitales emblemáticos como el Universitario del Valle, el San Vicente de Paul de Medellín, y el Universitario de Cartagena, estén ad portas de correr la misma suerte sufrida por el Hospital San Juan de Dios de Bogotá.

 

Estrategias de acumulación de las EPS

 

Son diversos los mecanismos utilizados por las EPS para no pagar a tiempo o simplemente no pagar a las IPS. Las maniobras reflejan con toda claridad que el derecho a la salud queda transformado en un negocio, donde prima la lógica de costo-beneficio de las EPS, que a pesar de recibir anualmente del Fosyga un pago por cada afiliado –atiéndase o no a éste–, denominado UPC (Unidad de Pago por Capitación), el cual cubre los costos del pago de la atención al afiliado. Una vez con el dinero en sus arcas las EPS, buscando rendimientos financieros, demoran o niegan la atención de los pacientes, además de dilatar los pagos de las cuentas que les presentan las IPS por los servicios prestados.

 

En este sentido, las EPS han desarrollado diversas estrategias como lo señala el profesor Mario Hernández, tales como desestimular el uso de los servicios mediante la dispersión de los sitios de atención; autorizar lo menos posible los servicios que demanda el usuario, incluso los del Plan Obligatorio de Salud (POS), como lo demostró la Defensoría del Pueblo con el análisis de las tutelas; tramitar muchos bienes y servicios como "No POS" para cobrarle al Estado unos valores más altos; contratar lo más barato posible los servicios con las IPS; atender con sus propias IPS (integración vertical); glosar los servicios, con lo cual no los pagan a las IPS, y aplazar al máximo el pago de las facturas aceptadas6/7.

 

Es claro, entonces, que la actuación de las EPS no es fortuita; obedece a un sentido profundo de ganancia que implica la no atención o atención a destiempo a los problemas de salud por los cuales las personas acuden a los servicios de atención.

 

¿Crisis planificada?

 

Esta situación, entonces, no sintetiza solamente una crisis financiera de la red de atención en salud, no, es una crisis del modelo, que hoy agudiza la arista financiera, pero lo cierto es que la misma es más amplia y hace aguas, con nítidas expresiones en aspectos como la violación cotidiana del derecho a la salud, la precarización de las condiciones laborales de los profesionales del sector, la falta de atención oportuna y de calidad, la falta de políticas e intervenciones adecuadas en el campo de la salud pública, entre otras.

 

Y dada esta situación con los hospitales, vale la pena preguntarse si la presente no es una crisis planificada, tal como procedieron con el deterioro y lánguido final del Instituto de Seguros Sociales, para finalmente liquidarlo8.

 

Con la perspectiva de mercado impulsada con la Ley 100, lo pretendido es que todos los componentes de la seguridad social queden insertos en las dinámicas de mercado. Esto lo han logrado, con éxito, en los temas de pensiones y de riesgos laborales, y aseguramiento en salud, pero en el tema de la prestación de servicios de salud aún perviven los hospitales públicos como piedra en el zapato.

 

Las medidas tomadas durante estos años con los hospitales públicos muestran a todas luces que existe pretensión y planificación para liquidarlos y luego cooptarlos –privatizarlos–, reestructuración de los hospitales, liquidación y reapertura, paso de las nóminas de planta a formas flexibilizadas, tercerización de servicios, alianzas público-privadas.

 

Podría pensarse que el no pago y desconocimiento de la prestación de los servicios por parte de las EPS se suma a las estrategias para acabar con ellos, lo que explicaría por qué tanta debilidad en los mecanismos de control y sanción por parte del Estado hacia las EPS.

 

La salida que propone el Ministro

 

Bajo el argumento que el problema es de flujo de los recursos, el Ministro de Salud planteó un conjunto de intervenciones para resolver esta crisis hospitalaria, que pasa por hacer una compra de cartera a las EPS, préstamos blandos a los hospitales, aumento de las cotizaciones de las personas de mayores ingresos y alza de los impuestos a las bebidas azucaradas.

 

Es decir, que tal como ha ocurrido con las medidas aprobadas para resolver las crisis financieras en todo el mundo, se plantea salvar con dineros públicos a quienes originaron la crisis, en este caso salvar a las EPS causantes de esta situación y, de otro lado, cargar a quienes las padecen con sobrecostos, en este caso que las IPS se endeuden y que los usuarios paguen más cotización y más impuestos. Persistencia en mecanismos y propósitos que nos permite interrogar, ¿por qué será que de manera reiterada las salidas propuestas desde el gobierno nacional siempre favorecen los intereses de las EPS?

 

Soluciones reales

 

Las salidas reales implican medidas de fondo, y no seguir prolongando y profundizando la crisis con medidas que apuntan a las consecuencias y no a las causas.

 

Es conocido que la causa estructural de esta situación está ligada con el modelo de intermediación financiera a través de las EPS, que nada le aportan a la dinámica del sistema de salud colombiano, lo que permite preguntar, ¿para qué la intermediación de las EPS, cuando pueden hacerse giros directos a las IPS desde el Fosyga? ¿Para qué pagar unos servicios de administración a unas instituciones que no colocan plus?

 

Claro, esto desde luego pasa por concebir que la salud es un derecho humano y un bien público y no un objeto de lucro para el beneficio de unos particulares.

 

Contradicción de visiones y objetivos entre los negociantes y el país nacional que demanda, si de verdad se desea contar con un sistema de salud con vocación social y pública, recomponer el mismo para que centre su énfasis en la afectación de las determinaciones sociales de la salud, profundice los procesos de promoción de ésta y prevenga la enfermedad, impulse amplias políticas y programas de salud pública, deshospitalice la atención cambiando el foco de la educación en la enfermedad y desarrollando a profundidad la estrategia de atención primaria, configure fondos regionales de salud para que contraten directamente las instituciones prestadoras del ramo en una perspectiva de redes y, por lo tanto, lleguen a su fin las EPS y la intermediación financiera, despliegue reales mecanismos de inspección, vigilancia y control por parte del Estado y reales mecanismos de participación y control ciudadano.

 

Actuar de manera estructural, este es el reto. Si no tocamos la causa de la fiebre, seguiremos tratando las sabanas.

 


1 Contraloría General de la República. Boletín de Prensa No. 097. 16 de junio de 2015. http://www.contraloriagen.gov.co/web/guest/boletinprensa/-/asset_publisher/mQ19/content/el-57-de-los-hospitales-publicos-del-pais-se-encuentra-en-niveles-de-riesgo-alerta-el-contralor-edgardo-maya-villazon.
2 Ídem.
3 http://www.consultorsalud.com/sites/consultorsalud/files/boletin_cartera_hospitalaria_achc_-_julio_2015.pdf
4 http://bogota.gov.co/article/bogot%C3%A1-alerta-ante-la-grave-crisis-del-sistema-de-salud
5 Cifras a 2011. Ministerio de Salud y Protección Social. Cifras financieras del sector salud. Gasto en salud en Colombia 2004 – 2011. Boletín bimestral No. 2. Enero – Febrero de 2014.
6 Mario Hernández. Las cifras rojas del sistema de salud. Razón Pública. Agosto 3 de 2015. http://www.razonpublica.com/index.php/econom%C3%ADa-y-sociedad/8707-las-cifras-rojas-del-sistema-de-salud.html
7 También es necesario analizar cuál es el peso en la crisis hospitalaria, de las debilidades de la gestión de las IPS tanto pública como privadas y de la corrupción que ocurre en ellas.
8 Mauricio Torres-Tovar. "Crónica de una muerte anunciada": Instituto de Seguros Sociales. Desde Abajo. Edición septiembre de 2006. http://www.desdeabajo.info/ediciones/item/542-%E2%80%98cr%C3%B3nica-de-una-muerte-anunciada%E2%80%99-instituto-de-seguros-sociales.html

Publicado enEdición Nº 216
Sábado, 30 Mayo 2015 06:26

Bachelet da un primer paso

Bachelet da un primer paso

La presidenta de Chile, Michelle Bachelet, promulgó ayer la Ley de Inclusión Escolar, la primera de la reforma educativa, que reduce progresivamente los copagos a cargo de las familias en escuelas privadas subsidiadas, un avance hacia en la gratuidad. También facilita la elección de escuelas. Ambas, gratuidad y libre elección, son promesas de campaña, pero los estudiantes consideran que la ley es insuficiente, por lo que mantienen sus movilizaciones callejeras.


En una ceremonia realizada en el Palacio de La Moneda, la mandataria promulgó la primera ley de la reforma educativa, luego de una extensa tramitación de nueve meses en el Congreso chileno. Bachelet consideró esta ley como "un triunfo de todo Chile", y destacó que pronto podrá decirse "con orgullo que tendremos una educación sin lucro, donde se terminarán las discriminaciones a los niños y el copago dejará de ser una carga para las familias". Sobre los detalles del proyecto, la mandataria sostuvo que "en materia de gratuidad la ley define un proceso de transición para el reemplazo pleno por parte del Estado del copago que realizan las familias en muchos colegios particulares subvencionados".


Desde el próximo año las familias verán disminuida la carga financiera y en el 2018 nueve de cada 10 estudiantes de colegios que reciben aportes públicos estudiarán gratuitamente y será el Estado el que asumirá los subsidios a los establecimientos educativos.


"A partir del 2017 transitaremos hacia un nuevo sistema de admisión en los colegios que reciben aportes del Estado: si hay igual número de postulantes y vacantes todos podrán ingresar; si no, los establecimientos usarán un sistema aleatorio que asegure que no habrá selección arbitraria", agregó.


Asimismo, enfatizó que "en el caso de la educación provista directamente por el Estado, será fortalecida con un fondo de 250 mil millones de pesos anuales, de uso exclusivo para la educación pública que comenzará el próximo año y se extenderá por los años 2017, 2018 y 2019".


Además, la mandataria condenó los hechos de violencia ocurridos el jueves a la noche, tras la masiva marcha convocada por la Confederación de Estudiantes de Chile que convocó a más de 100 mil personas, pero dejó un total de 172 detenidos, cuatro carabineros lesionados y numerosos daños al mobiliario público y privado.


"Permítanme que aquí, en medio de esta ceremonia, que nos llena de orgullo porque representa una conquista para Chile, permítanme rechazar categóricamente las acciones vandálicas que vimos anoche, cuando terminó la marcha de los estudiantes. ¿Qué tiene que ver la demanda legítima de los estudiantes y sus familias por una mejor educación, con la violencia, saqueos y actos de destrucción de la ciudad?", cuestionó enérgicamente la mandataria.


La multitudinaria marcha estudiantil fue convocada para protestar por la situación de Rodrigo Avilés, un alumno en riesgo de muerte por un golpe en la cabeza que sufrió luego de ser azotado por un chorro de agua en otra concentración, acción por la cual hay un policía separado de la fuerza.


Los manifestantes se enfrentaron con Fuerzas Especiales de Carabineros e incendiaron la sucursal de un banco al término de la marcha, de la que participaron en la zona céntrica de Santiago unas 100 mil personas, según cifras de la Confederación de Estudiantes de Chile (Confech), organizadora de la demostración.


El intendente de Santiago, Claudio Orrego, condenó los incidentes y llamó a los organizadores a repudiar estas acciones. "Creemos que todos los sectores, incluyendo a quienes han convocado a estas manifestaciones, deben condenar en forma enérgica estos actos delincuenciales que no tienen ninguna justificación en democracia".


La institución informó ayer la baja del uniformado involucrado en los hechos, tras conocer nuevas imágenes, registradas por Televisión Nacional, con el momento exacto del impacto y el procedimiento de Fuerzas Especiales en la manifestación realizada en Valparaíso. "En el día de hoy (jueves), en horas de la tarde, se nos entregaron imágenes donde efectivamente se muestra que el chorro del carro lanzaaguas golpea a este joven y se cae al suelo", anunció el general Ricardo Cartagena, jefe de Zona Control Orden Público.


Desde el Palacio de La Moneda, el ministro del Interior, Jorge Burgos, valoró la revelación de las imágenes. "Es un antecedente muy importante que será evaluado de manera clara por el fiscal. La investigación no quedará hasta ahí." Al conocer la noticia, Soledad Bravo, madre de Avilés, señaló en plena marcha en homenaje a su hijo que le parecía triste la baja del carabinero. "Me parece muy triste que la cadena de mando no opere en este caso. Siempre pagan los más pobres, los más débiles y los que tienen menos poder, y eso es intolerable, no puede estar sucediendo, ese señor que disparó el cañón de agua no se mandaba solo", sentenció.

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La recuperación del agua pública se acelera en los países ricos

En los últimos 15 años hubo 235 casos de remunicipalización, la inmensa mayoría en EEUU y Francia, a consecuencia de los fallidos procesos de privatización del servcio.


MADRID. -El agua está volviendo a manos públicas. A lo largo de los últimos 15 años se han producido 235 casos de remunicipalización de los servicios del agua en 37 países de todo el mundo, un proceso que afecta a más de 100 millones de personas, según un estudio hecho publico en el libro 'Our public water future: The global experience with remunicipalisation' (El futuro de nuestro agua pública: La experiencia mundial de la remunicipalización).

El libro, publicado por el Transnational Institute, aporta una investigación relacionada con el número creciente de ciudades en todo el mundo que están recuperando el control público de los servicios de agua y saneamiento previamente privatizados, en un proceso conocido como remunicipalización.

Según revela la investigación, el ritmo de la remunicipalización se está acelerando "drásticamente" ya que se ha "duplicado en el periodo 2010-2015 con respecto al 2000-2010".

El documento sale a la luz después de que en marzo la ciudad de Yakarta (Indonesia) decidiera anular sus contratos de abastecimiento privatizado del agua, argumentando "la violación del derecho humano al agua de 9,9 millones de residentes". "Se trata de la mayor remunicipalización en el mundo", ha dicho la federación sindical mundial Internacional de Servicios Públicos (ISP).

El informe detalla asimismo, según ha apuntado ISP, que los casos de remunicipalización se están concentrando en países "con elevados ingresos, donde se produjeron 184 remunicipalizaciones frente a las 51 en países de ingresos bajos y medios". "La gran mayoría de las remunicipalizaciones tuvieron lugar en dos países: Francia (94), sede de dos de las mayores compañías privadas de agua del mundo, Suez y Veolia, y Estados Unidos (58)", ha destacado.


Fallida privatización

En este contexto, el secretario general adjunto de la ISP, David Boys, ha afirmado que "este nuevo informe confirma la aceleración de la remunicipalización en los últimos cinco años". "Pedimos al Banco Mundial y a otros agentes del desarrollo que incorporen estos resultados a sus políticas y programas y, de inmediato, dejen de imponer en el mundo la fallida privatización", ha subrayado.

Además, la principal redactora y experta en el sector del agua del Transnational Institute, Satoko Kishimoto, ha explicado que "este informe revela que la privatización del agua, promovida con tanto ahínco en los últimos años, está siendo rechazada por cada vez más ciudades de todo el mundo, después de años de promesas fallidas, pésimos servicios y precios elevados".

"El péndulo está retornando a favor del agua pública, ante las pruebas evidentes de que la remunicipalización propicia un ahorro inmediato de costos, la eficacia operativa, más inversiones y mayores niveles de transparencia y rendición de cuentas", ha apostillado Kishimoto.

Por su parte, la ex teniente de alcalde de París Anne Le Strat, que abanderó en 2010 la remunicipalización de los servicios del agua en la capital francesa, ha defendido que la remunicipalización "ofrece la oportunidad de desarrollar unos servicios de agua socialmente deseables, sustentables para el medio ambiente y de calidad, en beneficio de las generaciones de hoy y del futuro".

"Cuestiones a las que han prestado escasa atención las operadoras privadas del agua, solo preocupadas por los beneficios y sus accionistas", ha añadido.

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