Viernes, 22 Marzo 2013 05:42

¿Puede el Estado ser lo común?

¿Puede el Estado ser lo común?

Las reflexiones y análisis rigurosos y comprometidos son imprescindible en este periodo turbulento y caótico, en el cual las fuerzas antisistémicas tienen dificultades para orientarse y definir un rumbo. Algunos de esos análisis han jugado un papel destacado en los debates que realizan los movimientos, porque iluminan los temas más importantes para orientarse en el largo plazo.

 

Los trabajos del geógrafo David Harvey, en particular aquellos que permiten comprender mejor los modos de acumulación del capital, han sido incorporados por numerosos movimientos para analizar la realidad que desean transformar. El concepto de “acumulación por desposesión”, que puede traducirse también como acumulación por despojo, formulado en su libro El nuevo imperialismo (Akal, 2004), es una de las ideas-fuerza aceptadas por quienes integran organizaciones antisistémicas.

 

En otros trabajos Harvey se empeña en comprender más a fondo los movimientos del capital y su impronta en los espacios geográficos y en los territorios, destacando cómo han reconfigurado la trama urbana en las últimas décadas. En El enigma del capital y las crisis del capitalismo (Akal, 2012), constata la estrecha relación entre urbanización, acumulación de capital y eclosión de las crisis. Desde la posguerra (1945), apunta, la suburbanización jugó un papel importante en la absorción de los excedentes de capital y de trabajo.

 

El consumo explica el 70 por ciento de la economía estadunidense (frente al 20 por ciento que representaba en el siglo XIX), lo que lo lleva a concluir que “la organización del consumo mediante la urbanización se ha convertido en algo absolutamente decisivo para la dinámica del capitalismo” (p. 147). Consecuente con sus trabajos anteriores, coloca en un lugar central la creación de nuevos espacios y territorios, y los considera el aspecto fundamental de la reproducción del capitalismo, destacando las categorías de “renta de la tierra” y “precio del suelo” como las bisagras entre capital y geografía.

 

El análisis de la “lógica territorial” del capitalismo, complementaria y convergente con los flujos del capital que atraviesan los espacios con “una lógica más sistemática y molecular que territorial” (p. 171), conduce a Harvey a abordar el poder, los estados y las resistencias, recordando que en este periodo “el Estado y el capital están más estrechamente entrelazados que nunca” (p. 182). Ingresa aquí en un terreno mucho más delicado. Aunque parezca contradictorio con esa afirmación, defiende “la utilización del Estado como instrumento principal de contrapoder frente a capital” (p. 173).

 

En todo caso, Harvey hace un reconocimiento a las juntas de buen gobierno zapatistas como organizaciones territoriales capaces de crear un nuevo orden social. En este punto no establece ninguna diferencia entre organización territorial y Estado, ni entre poder instituido y contrapoderes. Aunque no trabaja en esa dirección, el debate acerca de si todo poder territorial es sinónimo de Estado sigue abierto y aún no hemos avanzado mucho al respecto.

 


No creo que sea lo más adecuado continuar un debate de carácter ideológico sobre el Estado –aunque sabemos la posición de Marx al respecto, siempre sostuvo la necesidad de destruir el aparato estatal–, sin abordar previamente los caminos para salir del capitalismo y transitar hacia un mundo diferente. En su más reciente trabajo, Rebel cities ( Ciudades rebeldes, aún no traducido), Harvey dedica un capítulo a “La creación de los comunes urbanos”, donde critica frontalmente tanto la organización centralizada de inspiración leninista como el “horizontalismo”, al que acusa de centrarse en prácticas de pequeños grupos que resultan imposibles en escalas mayores y a escala global.

 

Harvey cuestiona también las “autonomías locales” como los espacios adecuados para proteger los bienes comunes, porque en los hechos “demandan algún tipo de cercamiento” ( enclosure, p. 71). El razonamiento de Harvey está anclado en las “escalas”: tener un huerto comunitario en tu barrio es algo bueno, dice, pero para resolver el calentamiento global, la calidad del agua y del aire o problemas a escala global, no podemos apelar a asambleas ni a las formas de organización que tienen hoy los movimientos. Para eso no hay otro camino que apelar al Estado, en escala nacional, regional o municipal.

 

Tres consideraciones al respecto. Lo que propone Harvey se inscribe en una profunda tendencia histórica que ha recobrado vigor en los últimos años. Aunque quien suscribe no la comparta, el grueso de los movimientos latinoamericanos migraron de las posiciones autónomas a las prácticas estatistas y electorales. No reconocer esta tendencia no contribuye a profundizar los debates.

 

La segunda tiene que ver con el carácter del Estado: ¿puede el Estado, que no es lo común sino la expresión de una clase social, tener alguna utilidad para proteger lo común? La comunidad, verdadera expresión de lo común, es la organización humana más adecuada para proteger los bienes comunes. No es casual que allí donde esos bienes han sido preservados es donde predominan los modos comunitarios en sus más diversas formas.

 

En tercer lugar, es necesario deshacer un malentendido que ha ganado enorme predicamento en los últimos años: asumir la administración del Estado, el gobierno, se convirtió para muchos activistas en el camino para transitar hacia un mundo nuevo. Más allá de cómo se evalúan las gestiones de los gobiernos progresistas, no existe en el mundo ninguna experiencia de construcción de nuevas relaciones sociales desde el Estado heredado por el capitalismo.

 

“La clase obrera no puede limitarse simplemente a tomar posesión de la máquina del Estado tal y como está y servirse de ella para sus propios fines”, escribió Marx en 1872, al hacer balance de la Comuna de París. Que aún no tengamos fuerza material para hacer lo que recomendaba Marx no quiere decir que nuestro horizonte deba ceñirse a luchar por administrar lo existente, porque de ese modo nunca superaremos el capitalismo.

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Diálogo social y defensa de lo público con Trabajo Decente

Recientemente la Alcaldía de Medellín le presentó al Concejo los proyectos de acuerdo 106 y 107. El primero busca la integración de UNE–EPM con la empresa MILLICON (Tigo), y el segundo autoriza la transformación de Empresas Varias de Medellín (EEVV) en una Empresa Oficial de Servicios Públicos Domiciliarios organizada como una sociedad por acciones, con el propósito de integrarla al Grupo EPM y así obtener sinergias y economías de escala.

 

Se espera que con las EEVV como filial de EPM se potencien, se expandan y se integren los servicios públicos, y la recolección de las basuras tenga un horizonte más prometedor, con la ejecución de nuevos proyectos y la implementación de modernas tecnologías.

 

Llama la atención que mientras en el proyecto de acuerdo 106 se establece que en la fusión UNE–MILLICON “se conservarán los derechos laborales de los actuales servidores de UNE EPM Telecomunicaciones S.A.”, el proyecto de acuerdo 107 sobre EEVV nada dice sobre el tema. Solo en la parte motiva dice que la transformación “no implica interrupción en su régimen jurídico laboral y prestacional”.

 

Creemos que plantear este compromiso en la exposición de motivos no tiene ningún efecto vinculante, por lo que cobran fuerza los mensajes que la gerencia de EEVV le ha planteado al sindicato sobre el condicionamiento de EPM para dar paso a esta integración, la cual estaría sujeta a la modificación de algunas cláusulas convencionales, en particular la relacionada con la planta mínima de 510 trabajadores de la parte técnica y operativa.  

 

Se puede argumentar que cualquier cambio de la convención colectiva requiere la voluntad de la empresa y el sindicato, lo cual es totalmente cierto. Pero también es posible que se quiera resolver la exigencia de EPM sin considerar las necesidades de los trabajadores, y probablemente continuar con la subcontratación ilegal de personal tercerizado, que hoy es 7 veces más grande que la nómina de planta.

 

Desde el año pasado el sindicato de trabajadores de las EE.VV le propuso a la gerencia crear una mesa de discusión para buscar por las vías del diálogo una solución a los intereses de las partes, o sea garantizar la viabilidad financiera de la empresa en un marco de defensa de derechos laborales. Pero la petición no fue atendida favorablemente. La propuesta sigue vigente.

 

El sindicato debe dar la batalla para conservar a EEVV como patrimonio público. En la encuesta de percepción ciudadana Medellín como vamos 2012, esta empresa fue calificada con 4,4, sobre un máximo de 5. Fue la tercera entidad pública mejor evaluada en la ciudad. De ahí que sin duda puede garantizar una gestión más eficaz y un potencial de expansión estratégica del servicio en el país, en momentos que el Alcalde de Bogotá viene dando una batalla por recuperar lo público en el servicio de aseo, mejorando el servicio  y combatiendo la corrupción.

 

La recolección de desechos sólidos es un servicio fundamental que en el resto del país está en manos de particulares y mafias. La recuperación de lo público en Bogotá y el fortalecimiento de éste en Medellín son claves para restablecer el protagonismo del Estado en el manejo de los servicios.

Otro reto del sindicato es lograr una agenda de trabajo decente que vincule de manera directa a los 1.800 trabajadores que laboran por medio de empresas contratistas, de acuerdo con las normas legales vigentes y la sentencias C–614 del 2009 de la Corte Constitucional. Incluso el sindicato ha planteado establecer un “capítulo especial” que concilie la viabilidad financiera de la empresa con los derechos de los trabajadores nuevos que se formalicen. Por eso no se entiende que EPM considere un obstáculo la cláusula convencional de la planta mínima de 510 trabajadores, cuando hoy de ésta sólo hacen parte 250 personas. Es decir, los trabajadores subcontratados que desempeñan labores misionales superan en casi 7 veces la planta de personal directamente vinculado.

 

Como la manipulación de basuras es un oficio riesgoso, otro reto para el sindicato es mejorar las condiciones de trabajo en relación con la salud física, emocional y mental de las y los trabajadores de EEVV, a partir de espacios ya existentes como los comités paritarios de salud ocupacional, el comité de convivencia y de otros comités de salud y riesgos. Debe actualizar el diagnóstico de salud y trabajo y los mapas de riesgos con metodología participativa; y hacer un plan de mejoramiento, previo diagnóstico sobre la peligrosidad de las condiciones de trabajo y salubridad.


 
Por otro lado, EEVV es financieramente viable. El problema del pasivo pensional ya lo resolvió con la creación de un patrimonio autónomo que asumirá esta responsabilidad. Debe ahora enfocarse en mejorar su productividad y resolver temas pendientes como la estación de transferencia, la reposición de vehículos, la disposición final y la promoción de una cultura del reciclaje, que incluya y fortalezca organizativamente a los recicladores.


Entrevista con Iván Vanega C., presidente del sindicato de EEVV

“Tememos que la integración con EPM abra posible camino a la privatización de Empresas Varias”

 


¿El sindicato ve como un hecho promisorio la integración EEVV-EPM?

 

Sí. Creemos que el proyecto de acuerdo ya ha sido ampliamente tratado en las juntas directivas de ambas empresas y se le ha dado el aval. Ya llegó al Concejo, donde tiene respaldo político. También la ciudadanía ve bien esa integración.

 

El tema del pasivo pensional de EEVV ya está resuelto. ¿Eso facilita la integración con EPM?

 

EEVV tiene 1.800 pensionados y los recursos para cubrirles su pensión ya están garantizados. Por eso para EPM, que es la que la quiere comprar, resulta más atractiva su adquisición. La pregunta es: ¿por qué no era tan atractiva antes?

 

¿Al sindicato qué le preocupa de la integración con EPM?

 

Que EEVV deje de ser pública. Nos preocupa que al ser integrada como sociedad por acciones, dentro de algunos años se venda parte de esas acciones a particulares. Porque la basura es un recurso y el aseo es un gran negocio, por eso los particulares siempre querrán quedarse con él. Hay mucha plata de por medio. Aunque hoy hay un aire diferente a nivel nacional contrario a la privatización, provocado desde la Alcaldía de Bogotá, habría que blindar a EEVV frente a posibles privatizaciones a futuro. ¿Qué esperamos nosotros? Qué con responsabilidad y sin ningún interés oculto se haga un buen acuerdo con EPM y éste se proyecte a nivel nacional; que se retome el proceso de devolverle al Estado el manejo de los servicios públicos esenciales. Creemos que el Estado no se los debió haber entregado a particulares.  

 

Sobre las consecuencias que la integración pueda tener para los intereses de los trabajadores y el sindicato, ¿qué temores hay?

 

Venimos trabajando con la gerencia de EEVV para que en el proceso de integración con EPM a los trabajadores se les respete sus derechos laborales y convencionales, cualquiera sea la figura que adopte la integración. Y con respecto a los trabajadores vinculados con empresas contratistas, que son unos 1.800, la administración dice que sale muy costoso vincularlos con el factor prestacional que hoy tenemos los vinculados. Pero nosotros como sindicato estamos dispuestos a ser flexibles, y de ser necesario a revisar la cláusula de la convención colectiva para nuevas vinculaciones. Máxime cuando hay una sentencia de la Corte Constitucional que dice que los trabajadores de entidades públicas que hagan labores misionales deben vincularse directamente.

 

¿Y los contratistas de EEVV tienen labores misionales?

 

Claro. Hacen recolección, conducen los carros y barren la ciudad, que es el objeto misional de EEVV. Realizan exactamente las mismas labores que los trabajadores vinculados. Pero nosotros tenemos mejores condiciones salariales, ellos ganan sólo el salario mínimo con las prestaciones de ley, y nada más.

 

Hablemos del reciclaje. ¿La normatividad colombiana favorece el reciclaje como política pública?

 

No. La Comisión Nacional de Agua Potable y Saneamiento Básico, CRAG, que es la entidad que regula las tarifas a nivel nacional en el aseo, en su estructura tarifaria no reconoce ni da incentivos a las empresas y personas que hacen reciclaje. ¿Por qué? Porque en el caso de Medellín la tarifa la calcula con base en el volumen de basuras depositadas en el relleno sanitario de Pradera. O sea que entre más basura EEVV lleve a La Pradera, mejor le va con la tarifa, y eso desestimula el reciclaje. Y lo contrario: si hace un trabajo intensivo en reciclaje disminuye sus ingresos. Eso es paradójico. El Congreso debería legislar sobre esa materia.

 

¿Cómo está en Medellín el tema del reciclaje?

 

Para cualquier ciudad el reciclaje es una apuesta ganadora, porque no podemos seguir enterrando la riqueza. Bien organizado y coordinado es un negocio importante y genera mucho empleo, aparte del beneficio para el medio ambiente. En Medellín hay un reciclaje formal que realizan algunas personas, asociaciones y cooperativas. Creemos que hay que integrar a todas esas personas y organizaciones, y que la misma empresa prestadora del servicio de aseo sea la que direccione y coordine ese tema. Hoy EEVV no tiene el control ni el manejo directo del reciclaje, no está técnicamente organizada para hacerlo más eficiente. Tiene que empezar a poner en cintura ese tema, dándole más altura y formalismo, y obviamente cuidando los empleos. Hay una sentencia de la Corte en ese sentido, que es la que está tratando de implementar el alcalde Petro en Bogotá. Aquí no se ha hecho.

 

¿En Medellín hay cultura del reciclaje?

 

Se ha venido manejando, en unas alcaldías más que en otras. En el pasado se crearon rutas especiales, hubo un plan de repartición de bolsas, pero ese proyecto fue abandonado. Es necesario empezarlo nuevamente.


 
Ustedes trabajan con basuras, o sea que el tema de higiene y salubridad en el trabajo es importante. ¿Cómo está ese aspecto?

 

Estamos muy quedados en la parte de higiene. Hay dificultades en los centros donde el personal se cambia de ropa, hay hacinamiento, son muy pequeños los espacios para tanto trabajador contratista que hoy tiene la empresa, que usan los mismos espacios que nosotros los vinculados.
              

Publicado enColombia
Lunes, 25 Febrero 2013 08:10

Entre osadías, ataques y amenazas

Entre osadías, ataques y amenazas

Tras el primer año del gobierno dirigido por Gustavo Petro en Bogotá, destaca como hecho preponderante un conjunto osado de iniciativas que han levantado ampolla entre los sectores tradicionales que manejaron los destinos de la ciudad, siempre, a favor de sus intereses particulares. Aquí una mirada al tema de salud.

 

Hay un giro en la ciudad y se siente en el tema de salud. Durante los primeros 12 meses de su gestión, el alcalde Gustavo Petro ha tratado de fortalecer lo público, desarrollando de esta manera su propuesta de Plan de Gobierno (superación de la segregación social, adaptación de la ciudad al fenómeno del cambio climático y defensa de lo público), traducida en el Plan de Desarrollo Distrital (PDD) 2012-2016 Bogotá Humana1.

 

La pretensión global del Alcalde es osada: recuperar y potenciar la institucionalidad pública, a través de ofrecer y garantizar de manera directa servicios públicos (agua, recolección de basuras, telefonía), y derechos humanos esenciales (entre otros, educación, salud, vivienda). Para avanzar en esta ruta, se intenta desmontar procesos de contratación, tercerización e intermediación, impuestos por décadas como parte del favorecimiento de las inversiones privadas en la ciudad y del desmonte de lo público.

 

Se siente la iniciativa. En el tema de salud, tomada en un contexto de crisis sanitaria nacional2, se plantean varios aspectos relacionados con el desarrollo de un modelo de atención en cuyo centro destaca el ser humano y su dignidad. Para ello: ampliación de las coberturas de acceso a los servicios de salud; atención especializada para las mujeres, jóvenes, personas con dependencias a sustancias adictivas; apertura del Hospital San Juan de Dios (HSJD) y dignificación de las condiciones de trabajo de los y las trabajadoras del sector salud.

 

De esta manera, con este conjunto de propuestas de la administración Distrital, se confronta la política nacional de salud en boga, centrada en el desarrollo de un mercado privado del aseguramiento, que abandonó los desarrollos de promoción de la salud y la prevención de la enfermedad, e impuso la lógica de demostrar capacidad de pago para acceder a los servicios de salud, anulando por esta vía la esencia del derecho a la misma.

 

En Salud: confrontación propositiva

 

En los primeros doce meses de gestión de esta administración, se ha liderado una confrontación propositiva contra la política de Estado en salud, que los dos gobiernos anteriores del Polo no asumieron de manera decidida.

 

La fuerte confrontación pública liderada por Petro y Jaramillo (el Secretario Distrital de Salud) en contra de la Ley 100, remarcan y develan su carácter mercantil, el papel nefasto de la intermediación de las EPS y la necesidad de configurar un nuevo sistema de salud y un nuevo modelo de atención. Sin duda, todos estos son hechos novedosos en el ejercicio de gobierno, en tanto configuran una oposición –desde un gobierno local– a una política del gobierno nacional.

 

Es necesario recordar que en su programa de gobierno, el actual alcalde propuso en el tema de salud, como iniciativas centrales: la creación de un modelo alternativo para los entornos urbanos; impulsar el ejercicio de rectoría por parte del gobierno Distrital, romper con las barreras para acceder a este derecho; organizar redes integradas para su prestación; impulsar la gestión en conocimiento e innovación; reabrir el HSJD; y dignificar el trabajo del talento humano3, propuestas que finalmente quedaron consignadas en el PDD Bogotá Humana y en el Plan Territorial de Salud Bogotá Distrito Capital 2012–2016.

 

Además, el componente de salud del PDD denominado Programa de Territorios Saludables dejó planteado como propósitos: 1) asegurar el goce efectivo del derecho fundamental a la salud de la población, para modificar positivamente las condiciones que determinan su calidad de vida por medio del desarrollo de un modelo de salud humanizado y participativo, basado en la atención primaria y las redes integradas de servicios, con calidad, transparencia, innovación y sostenibilidad; 2) fortalecer la promoción de la salud, la detección y la prevención de la enfermedad, incorporando los enfoques diferenciales y, 3) garantiza la atención universal de salud al hacer énfasis en la equidad sanitaria y la salud pública, así como la promoción de entornos saludables y la prevención de enfermedades, velando porque el financiamiento del sistema sanitario sea equitativo4.

 

Por su parte, el Plan Territorial de Salud Bogotá Distrito Capital 2012–2016, que es la política pública distrital en salud del gobierno Petro, fijó como prioridades la eliminación de la segregación y las disparidades en salud, el mejoramiento del medio ambiente y de la calidad del agua, el fortalecimiento de lo público y gestión trasparente, para lo cual estableció un conjunto de ejes estratégicos relacionados con la gobernanza y rectoría del sector público de salud sobre el conjunto de actores del Sistema General de Seguridad Social en Salud; el aseguramiento para toda la población; la salud pública dirigida a los principales problemas colectivos de salud en la ciudad; la prestación y desarrollo de servicios de salud con oportunidad y calidad; la prevención, vigilancia y control de riesgos profesionales y atención de urgencias, emergencias y desastres5.

 

Tanto el Plan de Desarrollo Distrital, como el Plan Territorial de Salud, resaltan la importancia del ámbito territorial como escenario central para el desarrollo de la política; también destacan la necesidad de avanzar en un proceso de formalización laboral que genere trabajos decentes y dignos para el conjunto de los y las trabajadoras del sector.

 

La puesta en escena de las iniciativas más osadas en salud

 

Entre el conjunto de iniciativas en salud que impulsa esta Alcaldía, hay un grupo que puede catalogarse como las más osadas, las cuales han encontrado respaldo en diversos sectores sociales, como también rechazo en otros. Entre estas se destacan6:

 

Creación de los CAMAD: o centros de atención móvil para el abordaje integral de personas en condiciones de vulnerabilidad y marginalidad asociadas con consumo problemático de sustancias psicoactivas. Esta propuesta fue rechazada por sectores conservadores, dado que el manejo de adicción se planteó hacerlo con suministro directo de las drogas adictivas, como corresponde y como es realidad, hace más de tres décadas, en diversos países de Europa. A pesar de las resistencias, esta iniciativa inició su operación en el 2012 con la creación de 2 CAMAD, en el que se atendieron 1.563 personas por abuso/dependencia, 306 de ellas menores de edad.

 

Creación de los centros de servicios amigables para las mujeres: la situación de salud de las mujeres merece una atención especial. En el caso de Bogotá se requiere un conjunto de intervenciones que eviten la mortalidad materna (durante el 2012 se registraron 39 casos de mortalidad materna en Bogotá, de los cuales 4 fueron producto de abortos ilegales y 16 por causas evitables de haber gozado de adecuada asesoría prenatal); el cáncer de cuello uterino (en el período 2002–2011 se registraron 2.269 muertes por este cáncer, es decir, 252 muertes al año); y el cáncer de seno, el cual generó 422 muertes durante el 2011.

 

Con la puesta en escena de estos centros para la mujer el gobierno distrital busca garantizar el acceso a servicios de promoción, prevención y atención para las mujeres. A su vez, busca garantizar el cumplimiento de las condiciones estipuladas por la Corte Constitucional para la interrupción voluntaria del embarazo sin barreras administrativas, institucionales o personales por parte de las EPS y las IPS.

 

Hasta el momento se han habilitado dos centros con 20 prestaciones y/o referencias para interrupción voluntaria del embarazo por mes y 40 servicios de salud colectiva para las mujeres, con una cobertura de 2.000 mujeres.

 

Manejo directo del régimen subsidiado: la iniciativa busca que el gobierno de Bogotá, en cabeza de la Secretaría Distrital de Salud, maneje de manera directa el régimen subsidiado sin la intermediación de las EPS. El desarrollo de esta iniciativa puede contribuir, de un lado, a mejorar la situación financiera de la red pública hospitalaria de la ciudad –al contratársele directamente, pagársele a tiempo y en los montos pertinentes–, y de otro, a establecer un mecanismo de atención con base en la atención primaria de la salud (APS) centrado en la promoción y la prevención, con adecuada capacidad resolutiva7. Por ahora, se está en un proceso de concertación con el Ministerio de Salud, del cual depende la decisión para que el Distrito asuma, si o no, este régimen de seguridad social.

 

Profundización de un modelo de atención basado en APS: la iniciativa consiste en ampliar y consolidar la propuesta del modelo de atención en salud centrado en la APS con el que se trabaja desde el año 2004, con base en la configuración de equipos de salud que ahora empiezan a ser liderados por un médico/a, los cuales atienden directamente a la gente en sus casas. Producto de este esquema, en el 2012 se adelantaron actividades de seguimiento efectivo en 66 territorios y 764 microterritorios de las 20 localidades que integran Bogotá, cubriendo a 581.486 familias activas, de las cuales 241.050 fueron visitadas durante el segundo semestre de 2012.

 

Apertura del Hospital San Juan de Dios: la propuesta consiste en reabrir y dar inicio a la operación del HSJD, para crear las condiciones que permitan llevarlo a un cuarto nivel de complejidad y excelencia, volviendo a dotar a la ciudad de un centro de referencia académica e investigativa de alto nivel, para atender problemas de salud, priorizando a las personas menos pudientes. Esta iniciativa requiere de voluntad y compromiso, tanto del gobierno nacional como el departamental, asunto aún incierto. En el 2012 la Secretaría de Salud dio un paso al abrir el Centro de Salud presente en la instalaciones del HSJD, buscando devolverle la dinámica de atención en salud en ese escenario, al tiempo que propuso una medida jurídica de desapropiación de los terrenos para evitar más su deterioro y de esta manera cumplir con la Ley 735 de 2002 que lo declaró monumento nacional.

 

Los retos en medio de los ataques y amenazas

 

Desde luego que una cosa es el diseño de un plan de desarrollo o de una política pública, y otra que lo escrito realmente se implemente, con alcances medibles. Es decir, siempre existe una distancia entre lo planeado y lo ejecutado.

 

Esto puede resultar aún más difícil cuando el conjunto de iniciativas son atacadas y entorpecidas por sectores que no las comparten, como es el caso de Bogotá, cuestionadas por los grandes medios de comunicación y por sectores tradicionales de los partidos políticos y de los gremios. A lo que se le puede sumar las amenazas externas, encarnadas en las sanciones de los entes de control, o las amenazas internas por problemas de gobernabilidad y débil capacidad de gestión del equipo de gobierno.

 

Por ello, frente a los ataques y las amenazas es necesario que las iniciativas se desarrollen de manera adecuada, mostrando resultados contundentes. Lograrlo pasa por diversos aspectos, como la estabilización laboral de los trabajadores del sector salud y la dignificación de su trabajo.

 

Esta reivindicación no es casual. Para adelantar iniciativas audaces de gobierno, se requiere contar con el talento humano implicado en los procesos de operación de las políticas y programas, requiriéndose en ese sentido reconocer a todas las personas implicadas. En este aspecto hay baches importantes en la gestión distrital, tanto en el trato al personal como en su relación laboral, convirtiéndose en uno de los grandes retos por encarar de parte de la actual administración de la ciudad.

 

Colocar en adecuada operación el modelo de atención en salud, para que desarrolle, en efecto, una experiencia exitosa de la estrategia de APS con cobertura amplia, adecuado seguimiento y capacidad resolutiva de los problemas de salud que tienen las familias y comunidades, se constituye en otro de sus grandes retos.

 

En cuanto a la iniciativa de manejo directo del régimen subsidiado está el reto de realizar su adecuada administración, sin permitirse errar, impidiendo con ello argumentar que lo público no es la salida a la crisis actual de la salud, profundizando la opción de la privatización, tal como quieren mostrar con el modelo instalado en la ciudad de Barranquilla que eliminó la red pública hospitalaria.

 

Están a la orden del día otros retos, tales como avanzar en la organización de redes integradas de servicios, y en la gestión del conocimiento e innovación en salud; y reabrir el Hospital San Juan de Dios.

 

La adecuada concreción de estos retos, y el conjuro a los ataques y de las amenazas, será posible siempre que se logre un compromiso adecuado de los servidores públicos –tanto del nivel político de dirección como del nivel técnico– con las orientaciones y metas de este gobierno, reto que demanda, de igual manera, una mejor coordinación de la gestión en el conjunto de la institucionalidad distrital, y la efectiva defensa y el respaldo pleno de la ciudadanía a estas iniciativas.

 

De garantizar esta interrelación plena entre política y ciudadanía, entre derechos y su respeto, se podrán contener los ataques y amenazas que asechan la implementación de las políticas en marcha. Aún quedan tres años de gobierno. Hay tiempo para avanzar y demostrar que es posible desarrollar ejercicios de gobierno que impulsen y concreten políticas y programas garantes del derecho a la salud para toda la población.

 

* MD, Salubrista Público. Presidente de la Asociación Internacional de Políticas de Salud – IAHP. Docente Posgrados Universidad Colegio Mayor de Cundinamarca.

 

1 Alcaldía Mayor de Bogotá. Plan de Desarrollo 2012-2016 Bogotá Humana. http://www.sdp.gov.co/portal/page/portal/PortalSDP/Home/Noticias/HistoricoNoticias/PlandeDesarrollo/PLAN-DESARROLLO2012-2016.pdf

2 Tal como lo ha expresado recientemente un conjunto de salubristas públicos, académicos y miembros de organizaciones sociales, en la carta que le fue dirigida al Ministro de Salud, en protesta a su aseveración de que no existe una crisis de la salud pública, ni en la prestación de los servicios de salud, sino una crisis financiera del sector. http://www.med-informatica.net/BIS/BisBCM04de2013_21a27ene13.htm

3 Cárdenas AL. Retos en salud para una Bogotá humana. Participación al Día. Edición Nº. 36, pp. 4-5, Noviembre de 2011. Secretaría Distrital de Salud. Bogotá.

4 Alcaldía Mayor de Bogotá. Plan de Desarrollo 2012-2016 Bogotá Humana. http://www.sdp.gov.co/portal/page/portal/PortalSDP/Home/Noticias/HistoricoNoticias/PlandeDesarrollo/PLAN-DESARROLLO2012-2016.pdf

5 Secretaría Distrital de Salud. Plan Territorial de Salud 2012-2016 Bogotá Distrito Capital. Versión de marzo 15 de 2012. http://www.saludcapital.gov.co/DOCUMENTOS%20PLAN%20DE%20DESARROLLO%20SDS/Documento%20Plan%20Territorial%20de%20Salud%2020032012.pdf

6 Los datos que se presentan acá corresponde a cifras presentadas en la rendición de cuentas hecha por el Alcalde Mayor el día 1 de diciembre de 2012 y por el balance de año 2012 hecho por parte de la Dirección de Salud Pública de la Secretaría Distrital de Salud.

7 Torres-Tovar, Mauricio. La salud continúa como tema prioritario de la agenda pública. Semanario Virtual Caja de Herramientas. Edición N° 00338 – Semana del 8 al 14 de Febrero de 2013. http://www.viva.org.co/cajavirtual/svc0338/articulo08.html

Publicado enEdición N°188
El capital financiero internacional se apodera de las mejores tierras sudamericanas

Se estima que el 25% del territorio uruguayo y paraguayo y al menos el 10% del argentino están en manos de empresarios extranjeros, mientras que en otros países de la región los latifundios privados se multiplican como hongos. Esta nueva forma de conquista neocolonial se intensificó en los últimos cinco años y afecta sobre todo a los países de América del Sur.


 
Desde de 2007/2008, transnacionales y gobiernos intensifican el acaparamiento de enormes superficies de tierras de cultivo en África, Asia y América Latina, lo que supone “el riesgo de crear un pacto neo colonial de provisión de materias primas sin valor agregado”, alertó el ex director de la FAO Jacques Diouf.


 
Arabia Saudí, Kuwait y otros países desérticos compran o arriendan tierras para cultivar alimentos; mientras que las transnacionales y los grupos financieros acaparan predios para lucrar y especular con materias primas agroindustriales.El capital financiero ve a Sudamérica como la principal zona para comprar y arrendar tierras agrícolas. [1]


 
En septiembre de 2008 grandes procesadoras de aceite vegetal de India solicitaron tierras a los gobiernos de Uruguay y Paraguay para cultivar oleaginosas, trigo y lentejas. La principal refinadora de azúcar y productora de alcohol de India Shree Renuka Sugars adquirió 130 mil hectáreas en Brasil, en tanto que el grupo Walbrook compró cerca de 600 mil hectáreas en Argentina. [2]


 
“Hay un masivo resurgimiento del interés por invertir en tierras en la región. Es mucho más de lo que se asumía anteriormente, sea en términos de inversión de tierras o de acaparamiento”, subrayó el profesor del Instituto de Estudios Sociales de La Haya Saturnino Borras, uno de los autores de un estudio realizado en 17 países latinoamericanos y caribeños, por encargo de la Organización de Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO). [3]


 
Los investigadores de la FAO concluyeron que la compra de tierras destinadas a la producción de alimentos afecta a gran parte de la región. En América del Sur “estamos ante una nueva ola de un proceso de extranjerización de las tierras importantes”, alertó el especialista Martine Dirven. Por ejemplo, un informe oficial estima que en la última década se vendieron al menos 5,5 millones de hectáreas en Uruguay, el 25% de las áreas productivas del país, a sociedades anónimas privadas. [4]
 
 
 
En Paraguay ascienden a 1,8 millones de hectáreas las compradas entre 2006 y 2010 por empresarios brasileros, franceses, alemanes, portugueses, japoneses y españoles, según el investigador del Centro Paraguayo de Estudios Sociológicos Luis A. Galeano, quien calcula que en las últimas dos décadas las empresas extranjeras adquirieron entre nueve y 10 millones de hectáreas de tierras paraguayas, es decir entre el 25 y 30% de la superficie productiva del país.


 
En Bolivia se estima que al menos 700 mil hectáreas están en manos de agroindustriales brasileros, argentinos, peruanos y colombianos, la mayoría destinada a la producción de soya transgénica. [5]


 
Para el director del Centro Peruano de Estudios Sociales Fernando Eguren la concentración de tierras “es también una concentración de influencias, de poder político en las esferas territoriales donde está ocurriendo y, también tiene que ver con restricciones en la democracia”. [6]
 
 
 
Legalizan la venta de tierras fiscales en Panamá
 

Pese al fuerte rechazo popular, el 19 de octubre de 2012 el presidente de Panamá Ricardo Martinelli sancionó la Ley N. 72 que autoriza la venta de terrenos fiscales en la Zona Libre de Colón (ZLC), un área libre de impuestos creada en 1948 para aprovechar comercialmente el enclave del canal de Panamá, de donde parten rutas hacia Japón, Estados Unidos y otros países latinoamericanos.


 
Compañías de todo el mundo tienen una base de operaciones en la ZLC, que generó transacciones por 29 mil millones de dólares en 2011. El diputado Miguel Salas denunció que el Ejecutivo pretende privatizar terrenos de la ZLC para cubrir el déficit fiscal y recolectar fondos para la campaña oficialista de 2014.


 
Varios sectores sociales, empresariales y parlamentarios solicitaron a la Asamblea Nacional que rechace la propuesta privatizadora, y luego de que ésta fue aprobada solicitaron al presidente que la vetara, pero Martinelli desoyó el clamor popular.
 


Miles de personas salieron a las calles de la ciudad de Colón para protestar contra la ley de Martinelli y el 19 de octubre el niño de nueve años José Betancourt perdió la vida por un impacto bala en el abdomen, y alrededor de 30 resultaron heridas en enfrentamientos con la Policía. El 21 de octubre cientos de ciudadanos vestidos de negro en señal de luto marcharon desde la Iglesia Paulino San José hacia el centro de la ciudad para rechazar la venta de tierras de la zona franca.


 
Por otro lado, es motivo de gran preocupación la aprobación de obras de “desarrollo” que no cumplen con los requisitos exigidos por ley, y con la aparente complicidad de la Autoridad Nacional del Ambiente (ANAM). La directora ejecutiva de la organización ecologista Panamá Sostenible Raisa Banfiel recordó que durante la campaña presidencial Martinelli dijo que la ANAM “estorbaba y atrasaba el desarrollo” nacional.
 
 
 
La preocupación estriba en que a pesar de decenas de denuncias y conflictos ambientales suscitados en los últimos años, la ANAM actuó con negligencia, como en el caso de los humedales de la Bahía, uno de los cinco sitios Ramsar de Panamá, creado por resolución de la ANAM el 3 de febrero de 2009. [7]


 
Recientemente la propia ANAM y el Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial (Miviot) acordaron suspender el estatus del sitio natural con el fin de viabilizar la construcción de una planta de tratamiento en la bahía de Panamá, y del proyecto Panamá Bay Country Club, decisión que fue respaldada por la Corte Suprema de Justicia (CSJ).


 
No obstante, ya suman seis las demandas judiciales interpuestas contra la decisión de la CSJ de anular la protección al humedal de la Bahía. En la lista de demandantes figuran la Fundación MarViva, la Sociedad Audubon de Panamá, la firma de abogados Rivera, Bolívar y Castañeda, y el Partido Revolucionario Democrático. También fueron admitidos recursos interpuestos por el Centro de Incidencia Ambiental y por la Asociación de Abogados Litigantes de Panamá.
 
 
Privatización en Honduras


 
Luego del golpe de Estado de 2009, el gobierno de Porfirio “Pepe” Lobo y la bancada oficialista del Congreso aprobaron reformas constitucionales que autorizan la creación de las denominadas Regiones Especiales de Desarrollo (RED) o “Ciudades Modelo”, catalogadas como la más denigrante variante del neocolonialismo territorial, ya que legaliza la venta de franjas del territorio a inversionistas extranjeros.


 
Desde hace algunos años empresarios estadounidenses de ultraderecha compran islas en los países del tercer mundo con el fin de crear paraísos fiscales libres de regulaciones políticas. Algunos ejemplos de “islas estado” son el Principality of Sealand frente a la costa de Inglaterra; el fallido Freedom Ship en la bahía Trujillo, y la vigente Seasteaders. Años atrás, el empresario nicaragüense Xavier Arguello Carazo, yerno del ex presidente panameño Ricardo Maduro, ofreció un pedazo de Honduras al inversionista norteamericano Paul Romer, quien pretendió privatizar la isla de Madagascar junto a la coreana Posco-Daewoo.


 
En diciembre de 2011, la revista The Economist reveló que el Estado de Honduras firmó dos cartas de intención con grupos privados interesados en construir “ciudades modelos”. Uno de ellos está integrado por la compañía Future Cities Development Corporation, fundada por Patri Friedman, nieto del economista Milton Friedman, y por el propietario de Paypal Peter Thiel. El segundo consorcio se denomina Grupos Ciudades libres (Free Cities Group), de propiedad de Michael Strong y Kevin Lyons, que opera en Honduras con el nombre de NKG.
 

El 4 de septiembre de 2012 la Comisión para la Promoción de Alianzas Público-Privadas (Coalianza) y NKG firmaron un contrato para la construcción de la primera “ciudad modelo” en Honduras. El testigo de honor del negocio fue el presidente del Congreso Juan Orlando Hernández, uno de los principales promotores de la subasta de Honduras mediante las RED.
 
Pero las RED no son las únicas amenazas a la soberanía territorial hondureña. El 13 de diciembre de 2011 la dirigencia de la Comunidad de Cristales y Río Negro presentaron una demanda de nulidad absoluta contra varios contratos de venta fraudulenta de tierras comunitarias situadas al suroeste de la Ciudad de Trujillo al empresario canadiense Randy Roy Jorgensen.


 
Jorgensen , conocido como el “rey del porno”, pretende construir un muelle para cruceros Panamex denominado Banana Coast. También adquirió terrenos en las comunidades Garífunas de Santa Fe, San Antonio y Guadalupe, y obtuvo súbitamente licencias ambientales para construir villas frente al mar Caribe en una zona de amortiguamiento del Parque Nacional Capiro y Calentura.


 
El “rey del porno” recibió gran apoyo de Ramón Lobo Sosa, hermano del mandatario Porfirio Lobo, y el 21 de junio de 2011 mereció un “reconocimiento especial” del propio presidente en sesión del gabinete ministerial en la ciudad de Trujillo. [8]
 
 
 
Pretenden privatizar el patrimonio natural costarricense


 
En Costa Rica está punto de sucumbir ante la marea privatizadora la isla Plata de 18 hectáreas ubicada en Esparza, Puntarenas, declarada Patrimonio Natural del Estado y protegida por la Ley de Zona Marítimo Terrestre (ZMT). Desde hace más de una década la empresa Vimavi del Pacífico Sociedad Anónima pretende construir en la isla onas residenciales e infraestructura turística.
 


En 2006 las autoridades de la municipalidad de Guanacaste intentaron vender la pequeña ínsula, situada frente al complejo turístico Flamingo, en 15 millones de dólares o entregarla en concesión, pero ambas maniobras fueron frustradas por el Ministerio del Ambiente, Energía y Telecomunicaciones (Minaet) y el Departamento Municipal de Gestión Ambiental, dirigido entonces por el biólogo William Arauz.


 
Sin embargo, el año pasado el director del Área de Conservación Tempisque Arenal Nelson Marín eliminó la norma restrictiva vigente y recomendó la concesión de parte de la isla. Esto permitió a la empresa solicitar la autorización para iniciar obras, la cual está a punto de ser aprobada por la Municipalidad de Santa Cruz, controlada por el Partido Liberación Nacional (PLN).


 
Los diputados del Partido Acción Ciudadana (PAC) Claudio Monge y Yolanda Acuña denunciaron que se pretende otorgar la concesión a Vimavi del Pacífico SA, de propiedad de Virginia del Carmen Vindas Soto, esposa de Carlos Ricardo Benavides, padre del Ministro de la Presidencia.
 
 
 
Al plan privatizador de la isla Plata se suma la aprobación de un proyecto de ley que pretende reducir los límites del Refugio de Vida Silvestre Gandoca-Manzanillo, una de las playas más hermosas del país, ubicada a 73 kilómetros de Limón, en la costa Atlántica costarricense.
 
 
 
El Senado chileno debate la privatización del mar


 
Este mes se debate en el Senado chileno un proyecto de ley que modifica la Ley de Pesca en Chile y que entrega a perpetuidad los recursos pesqueros a empresas transnacionales. La norma define varios tipos de licencias pesqueras. Un tipo de licencia reconoce los derechos históricos de los pescadores industriales; otro tipo de licencia indefinida abre la posibilidad de licitar hasta el 15% de los derechos si por tres años seguidos la actividad está sobre su rendimiento máximo sostenible.


 
El proyecto de ley desestima el significado de la pesca de arrastre e irrespeta las cinco millas marítimas para la pesca artesanal, privilegiando a cuatro grandes consorcios privados, denunció la Confederación Nacional de Pescadores Artesanales. Según la Central Unitaria de Trabajadores (CUT) de Chile, la norma transgrede el derecho de todos los ciudadanos al control sobre los recursos naturales del mar.


 
“Nos parece inaceptable e irregular la negativa de dos parlamentarios a inhabilitarse de votar, aun cuando es de público conocimiento su vinculación con empresas ligadas a la gran industria pesquera”, fustigó la presidenta de la CUT Bárbara Figueroa, aludiendo a los senadores Andrés Zaldivar y Jovino Novoa.


 
Según el senador por la región del Bio Bio Alejandro Navarro, la ley propuesta, además de no resolver problemas de fondo, genera mayor concentración económica, no garantiza una verdadera competencia, tampoco asegura la sustentabilidad y “condena a los pescadores artesanales a convertirse en empleados de la industria”.
 
 
Limitan la extranjerización de la tierra en Argentina


 
En febrero de 2011 una comisión del Parlamento de Uruguay reanudó la elaboración de un anteproyecto de ley para limitar la venta de tierras, pero la norma aún no fue aprobada. En Argentina el Senado aprobó en diciembre de 2011 la ley sobre el Régimen de protección al dominio nacional sobre la propiedad, posesión o tenencia de las tierras rurales, un instrumento legal que limita la tenencia y adquisición de tierras por extranjeros.


 
La presidenta Cristina Fernández estimó que 10% de las tierras de la nación están en manos extranjeras. La nueva legislación argentina estipula que máximo el 15% del territorio nacional puede estar en manos foráneas, y de esa cantidad no podrá haber más de un 30% detentado por personas físicas o jurídicas de una misma nacionalidad, informó la agencia Télam.


 
La norma argentina establece que las parcelas en poder de extranjeros no podrán superar las mil hectáreas o la superficie equivalente en la zona núcleo determinada por el Consejo Interministerial de Tierras Rurales. También define estrictas prohibiciones para la venta de superficies que “contengan o sean ribereñas de cuerpos de agua de envergadura y permanentes”, y dispone que no se entenderá como inversión la adquisición de tierras rurales por tratarse de un recurso natural no renovable.


 
La iniciativa dispone la creación de un Registro Nacional de Tierras Rurales, encargado de realizar un relevamiento “catastral y dominial” del recurso, así como de un Consejo Interministerial de Tierras Rurales.
 
 
Notas:
 
1. El Grupo de Reflexión Rural (GRR) de Argentina denunció en octubre de 2010 que “los negociantes de los mercados globales salen a buscar nuevos objetos de especulación, especialmente tierras fértiles, agua y alimentos, además del oro, metales estratégicos y cuencas hidrocarburíferas. Son capitales corporativos que no sólo buscan dar respaldo tangible a sus divisas vacías de valor, sino que, adictos a las fábulas del ‘crecimiento’, descubren ahora que no pueden alimentar a su propia población y buscan enclaves en propiedad o arriendo”.
 
2. Sudamérica en la mira de inversionistas agrícolas; 12/XI/2010; farmlandgrab.org; Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo., Agencias Reuters y AFP.
 
3. Tras estudiar el tema en 61 países, la FAO y Transparency Internacional (TI) concluyeron que una gobernanza débil incrementa la posibilidad de corrupción en la tenencia y administración de la tierra.
 
4. Más de 100 casos de apropiación de tierras para la producción de alimentos en el exterior: http://www.grain.org/m/?id=216http://www.grain.org/briefings/?id=214
 
5. Concentración y extranjerización de la tierra en Bolivia, Miguel Urioste; Fundación TIERRA, octubre 2010. El gobierno boliviano estima que alrededor de un millón de hectáreas productivas, de las 5,5 millones de hectáreas que producen algún tipo de alimentos, están en manos de extranjeros, principalmente brasileros y menonitas. Estas tierras representan el 20% del total de la superficie con características agrícolas.
 
6. Lourdes Pérez Navarro, periodista de la redacción de Economía de Prensa Latina.
 
7. El director del Centro de Incidencia Ambiental Félix Wing dijo que es inquietante la inestabilidad en la ANAM, cuya ex jefa Lucía Chandeck renunció sin que se sepan los motivos, y fue reemplazada por Silvano Vergara, el tercer administrador en tres años.
 
8. http://ofraneh.wordpress.com/2012/09/19/ciudad-modelo-republica-bananera-y-las-concesiones-cuyamel/ La Ceiba, Atlántida 8 de septiembre de 2012.

 


Publicado por lalineadefuego el noviembre 26, 2012 · Dejar un comentario
 
Redacción Bolpress
 
 25 noviembre 2012

Publicado enInternacional
A partir del próximo 18 de diciembre la Empresa de Acueducto de Bogotá (EAB) hará la recolección y el transporte de la basura de toda la ciudad. La Alcaldía le da cumplimiento a un Auto de la Corte Constitucional, para incluir en la prestación de este servicio a 15 mil recicladores que llevan años exigiendo el cumplimiento de la ley. Sin embargo, los gobernantes anapistas del Polo Democrático se negaron a dar cumplimiento a las ordenes jurisprudenciales y refundieron más de 200 mil millones apropiados en el presupuesto Distrital para dar soporte a la participación de las organizaciones cooperativas de los recicladores. Otro episodio más de corrupción de esta "izquierda" podrida que ha sido castigada judicial y políticamente.

Con la gestión del Acueducto se remplazan los pulpos privados conocidos: Lime, Ciudad limpia, Atesa y Aseo Capital, que por años manejaron dicho servicio como un negocio redondo del gamonal conservador Gustavo Rodríguez Vargas y su hijo el actual concejal, incluyendo al prófugo Gustavo Vasco, con fuertes vínculos en el tema de las basuras no obstante vivir un exilio dorado en España.

La decisión de la actual administración afecta una de las principales fuentes del clientelismo pastranista en Bogotá. Es lo que explica que el parlamentario Telesforo Pedraza ya esté amenazando por sus medios de comunicación con una revocatoria y con denuncias retrogradas sobre daños a la democracia y a la libertad del mercado por los derechos que se le reconocen a los recicladores.

El Acueducto ha dicho que realiza todas las provisiones para que no se presenten dificultades en este servicio vital para la Capital. Se compraran 400 vehículos y se contratarán 5.000 trabajadores para que garanticen la operación de la infraestructura correspondiente.

Por su parte el Contralor de Bogotá, Diego Ardila, salió a decir, en tono de amenaza, que estará muy vigilante sobre cada una de las decisiones administrativas y presupuestales que acompañaran este evento, como si esa no fuese su competencia legal. El tufillo clientelista de este funcionario apesta. Queda claro que su intención es proteger los oscuros negociados de las redes del clientelismo conservador pastranista de Rodríguez Vargas.

A quienes anuncian la catástrofe por el cambio en la recolección y transporte de la basura en Bogotá, hay que decirles que no se opongan al cambio y a la justicia con los recicladores que son quienes conocen mejor esta actividad. Que lean los argumentos de la Corte Constitucional en sus determinaciones para reconocer el derecho de estos trabajadores que le sirven a la ciudad con esmero y seriedad. No puede ser que los únicos competentes sean los grandes negociantes de las casas conservadoras y liberales que se lucran de este mal servicio que supuestamente le prestan a Bogota.
Publicado enColombia
Un pulso con la industria farmacéutica multinacional
Los recobros al Fosyga por medicamentos, entre el 2005 y el 2010, pasaron de 207 mil millones a 2,4 billones de pesos. Desde el año pasado salió a flote la forma como las EPS se lucran. El Fosyga les pagó casi un billón de pesos por más de 100 tipos de medicamentos incluidos en el POS, que debían cubrir estas*. Ocho de los 10 medicamentos más recobrados son biotecnológicos. Fármacos básicos que hacen parte del POS, como acetaminofén, diacepam, loratadina y omeprazol, negados en principio por las EPS, después eran recobrados al Fosyga, por lo cual las EPS recibieron $889.180 millones**. Con estos manejos no es posible un sistema de salud sin generar exclusiones e inequidades en el acceso a los medicamentos, con sus consecuencias de enfermedad y muerte para las personas.

Los genéricos no violan la propiedad intelectual y
nuestra obligación es garantizar  la seguridad de los
pacientes y no proteger intereses comerciales.

Vocero de la delegación de Unasur
en la Asamblea Mundial de la Salud. Mayo 2012

El asunto con las multinacionales en el recobro y la producción de medicamentos biotecnológicos es candente. En el país, están presentes de por medio inmensos recursos que pueden llegar a 1.000 millones de dólares por año. Por fortuna, sectores de la industria nacional de medicamentos, la Federación Médica Colombiana, organizaciones sociales y de pacientes, y sectores académicos levantan varias demandas en relación con el paciente y la salud: es primordial que los medicamentos biotecnológicos puedan ser producidos por más empresas, para terminar con el monopolio, bajar precios, y estimular el desarrollo científico e industrial del país, como una garantía en el avance del derecho a la salud en Colombia1. Sin embargo, varios intereses irrumpen en contravía.

Por una parte, las multinacionales farmacéuticas, a la par con algunos gremios médicos del país (sectores de la Academia Nacional de Medicina y de la Asociación Colombiana de Reumatología) que hacen lobby y propuestas técnicas para impedir que los medicamentos biotecnológicos2, una vez sus patentes expiren, puedan ser replicados con medicamentos genéricos (biosimilares3). Traen a cuento que la seguridad, la eficacia y la calidad de los medicamentos “deben primar sobre el estímulo a la competencia”.

En este discurso de calidad seduce a algunos médicos y pacientes, y “esconde el más crudo interés comercial de actores que sin moral desangraron el sistema de salud, vendieron sus productos a precios bastante superiores al precio internacional y se beneficiaron con las prácticas perversas que precipitaron la crisis que atraviesa la salud”, en palabras del doctor Sergio Isaza, presidente de la Federación Médica Colombiana4. Mantener o poner trabas a la comercialización de biosimilares “ocasionará la fuga de cuantiosos recursos públicos”, dijo el senador Luis Carlos Avellaneda5. Un estudio de Fedesarrollo muestra que el 87 por ciento de los recobros realizados al Fosyga en 2009 correspondieron a medicamentos biotecnológicos que no cuentan con competencia en el país.

Ante la magnitud de los hechos y las presiones, en enero de este año el Ministerio de Salud y Seguridad Social presentó un borrador de decreto para reglamentar el régimen del registro sanitario de los medicamentos de origen biotecnológico6. El decreto permitiría que empresas nacionales puedan producir o importar este tipo de medicamentos y que haya competencia en el país. En la actualidad, las empresas multinacionales que imponen precios descomunales para el público que los necesita son las únicas que comercializan los medicamentos biotecnológicos. La deliberación y la sanción del proyecto están congeladas en el contexto del Tlc entre Colombia y Estados Unidos.

Aquel proyecto tiene componentes importantes de propiedad intelectual en el área de medicamentos. Con este aplazamiento en su aprobación, ¿volvieron a ganar el pulso en este tipo de decisiones las multinacionales de la industria farmacéutica? En el debate, el senador Robledo denunció que Colombia tiene “los medicamentos de marca (que venden las multinacionales) más caros de la región andina”7. En el caso de las drogas biotecnológicas, las diferencias de precios llegan a ser de 200, mil o más de 3.000 por ciento en comparación con países como Inglaterra y Estados Unidos. Por la vía actual de la firma del Tlc, Estados Unidos busca imponerle a Colombia el desmonte del incipiente régimen de control de precios de medicamentos, un control que establezca una normatividad de patentes para los productos biotecnológicos y de “segundo uso” (ver dos subtítulos adelante), y que extienda la protección de datos de los productos de las multinacionales farmacéuticas estadounidenses8. Con esta supresión, el Tlc le impide al país la reproducción de productos biotecnológicos y preserva el monopolio de las multinacionales.

Luto y lucro con los medicamentos a expensas de la salud de la gente


No uno sino múltiples los ejemplos para demostrar que hay un enorme lucro con los medicamentos en el país, tanto porque el monopolio de su producción lleva a imponer precios exagerados como por el mecanismo de recobro9 que le hacen las EPS al Fosyga. El recobro de los medicamentos los eleva a precios desmesurados. Es el caso de medicamentos para el tratamiento del cáncer: el trastuzumab resulta 150 por ciento más costoso que en Costa Rica, y el bortezomib, que, aunque en el mercado tiene un precio de $3.295, registra distintos valores de recobro por las EPS, llegando hasta $6.55710. El rituximab, que el país adquirió por US$3.500 la unidad, en Chile tiene un precio cercano a los US$2.000.

Al respecto, según el observatorio de medicamentos de la Federación Médica Colombiana, el sobreprecio calculado de este medicamento, con precios de referencia de la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios de 2011, alcanza la suma de $135.873 millones en el período 2008-2010 (las EPS privadas lo recobraron con sobrecostos de más de 70.000 millones pesos). Y constatamos un ejemplo más. El humira, para el tratamiento de la artritis reumatoidea, uno de los más recobrados al Fosyga y sin competidores en el mercado local, en cifras de un informe de Fedesarrollo se comercializa en Colombia 173 por ciento más caro que en el Reino Unido11. Además, como señala el profesor José López, del Departamento de Farmacia de la Universidad Nacional de Colombia, sin cuestionar la eficacia o la seguridad de los siguientes fármacos, la introducción de la mayoría de nuevos remedios (en el POS) obedeció a criterios económicos y no a uno epidemiológico, como, por ejemplo, el bosentán (para hipertensión pulmonar) y el etanercept (producto de tercera línea para la artritis reumatoidea)12. Por consiguiente, dados sus altos precios, beneficiarán a algunos pacientes pero no a la mayoría.


Algo más: Tlc, patentes y propiedad intelectual


Las garantías para una producción exclusiva en los próximos 20 años, junto con los derechos de propiedad intelectual, fortalecen a las multinacionales de medicamentos y permiten el monopolio de su producción y comercialización, encareciendo sus precios. Veamos un ejemplo: un tratamiento anual para el sida con medicamentos antirretrovirales patentados puede costar hasta 30 veces más que un tratamiento con medicamentos genéricos (sobre los que ya no hay patentes). Mediante los tratados de libre comercio (Tlc), estas multinacionales buscan reforzar sus recursos de poder. Como emporios, pretenden ir más allá de los acuerdos en este tema, definidos en la Organización Mundial del Comercio (OMC) a través de conseguir y establecer diferentes patentes por más de dos décadas.

Como ejemplos de lo anterior, tenemos los casos de unas patentes de segundo uso (es decir, cuando a un medicamento se le descubre otra propiedad farmacológica, puede obtener otro período de patente), patentes espurias (cuando hay cambios en la forma de presentación del medicamento, por ejemplo, de tableta a la de ampolla), la protección exclusiva de datos (las autoridades sanitarias nacionales no podrían sustentarse en un registro previo para aprobar un producto farmacéutico similar, durante cinco, ocho o 10 años) y el impedimento de importaciones paralelas13.

De este modo, con el Tlc se hace un ajuste de tuercas a la regulación de la producción de medicamentos que favorece a las industrias multinacionales, fortalece el monopolio y evita la competencia, con el resultado de imponer costos exagerados a los medicamentos, e impedir el desarrollo de procesos nacionales de investigación y tecnología para la producción de medicamentos según las necesidades de los contextos sociales y de salud específicos.

Hace falta que el país establezca una política nacional de medicamentos que: 1) estimule el uso de medicamentos esenciales14 y genéricos, en contra de los medicamentos de marca y superespecializados; 2) desarrolle una línea de investigación, ciencia y tecnología en medicamentos, que le permita a Colombia producir medicinas según sus propias necesidades, camino que han transitado países de la región como Cuba, Brasil, Argentina, y otros como Mozambique e India15 (ver recuadro: Ejemplos por seguir) que los tiene enfrentados con la industria multinacional farmacéutica –un anticancerígeno que Bayer vende por el equivalente a 4.000 euros por mes de tratamiento, la farmacéutica India Natco lo venderá por 134 euros–; y 3) una línea de educación que lleve tanto a los médicos como a los pacientes a comprender el valor de formular y demandar medicamentos esenciales y genéricos y no los de marca. Las Guías de Práctica Clínica, que aún no están desarrolladas en nuestro país, no constituyen un dispositivo de control adecuado.

*    Redacción salud. EPS ganaron casi un billón por drogas que no debían cobrar. Diario El Tiempo, edición 7 de mayo del 2011.
**    ídem.
1    Robledo, Jorge. Que cese el monopolio de los medicamentos biotecnológicos. Bogotá, 23 de febrero de 2012. http://www.moir.org.co/Que-cese-el-monopolio-de-los.html.
2    El borrador del decreto plantea que los medicamentos de origen biotecnológico son productos cuyo ingrediente farmacéutico activo se ha obtenido mediante el empleo de microorganismos o células vivas por la tecnología del ADN recombinante y/o técnicas de hibridoma, entre otros. Actualmente, un 20 por ciento de este tipo de fármacos está en el mercado, pero rápidamente puede llegar a ser el 50 por ciento debido a procesos de investigación clínica que se desarrollan (Centro de Información de Medicamentos de Cataluña). http://www.cedimcat.info/html/es/dir2471/doc26677.html).
3    Medicamentos biosimilares son aquellos productos medicinales de origen biotecnológico, similares a otros fármacos innovadores cuya patente ha expirado, producidos por un fabricante diferente (Centro de Información de Medicamentos de Cataluña).
4    http://www.observamed.org/.
5    http://www.luiscarlosavellaneda.com/home/index.php?option=com_content&view=article&id=185.
6    Decreto borrador “Por el cual se modifica parcialmente el Decreto 677 de 1995, se reglamenta el régimen del registro sanitario de los medicamentos de origen biológico para uso humano y se dictan otras disposiciones”.http://www.minproteccionsocial.gov.co/Normatividad/PROYECTO%20DECRETO%20BIOLOGICOS%20_BIOTECNOLOGICOS.pdf.
7    http://www.moir.org.co/Que-cese-el-monopolio-de-los.html.
8    Lara Rodrigo. El TLC y el sistema de salud. El Espectador, Edición 21 de febrero de 2012.
9    Los recobros son el dinero que el Sistema General de Seguridad Social en Salud les reembolsa a las EPS a través del Fosyga por la prestación de servicios por fuera del POS (NO POS) a sus afiliados, sean procedimientos asistenciales o medicamentos.
10    Rodríguez, Óscar. Política de seguridad social no toca fondo. UN Periódico, edición 139, noviembre de 2010.
11    Fedesarrollo. Pertinencia de incentivar la competencia en el mercado de medicamentos biotecnológicos en Colombia y su impacto sobre las finanzas del sector de la salud. Bogotá, 2012.
12    http://www.unperiodico.unal.edu.co/dper/article/los-medicamentos-inutiles-del-pos/index.html.
13    Torres- Tovar M. El impacto de los acuerdos de libre comercio sobre el derecho a la salud. Revista Cubana Salud Pública, vol. 32, número 3, septiembre de 2006.
14    La Organización Mundial de la Salud establece que los medicamentos esenciales son los que “cubren las necesidades de atención de salud prioritarias de la población. Su selección se hace atendiendo a la prevalencia de las enfermedades y a su seguridad, eficacia y costo-eficacia comparativa”.
    http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs325/es/index.html.
15    Durante los últimos seis años, la multinacional farmacéutica Novartis ha llevado a India ante los tribunales en varias ocasiones. La compañía ha atacado las leyes indias que permiten la producción de medicamentos genéricos y el caso ha llegado al Tribunal Supremo de India (fuente http://www.msf.es/stopnovartis/).



Recuadro 1

Política farmacéutica y desarrollo de una industria nacional de medicamentos


Colombia no cuenta con un adecuado desarrollo normativo ni institucional en materia farmacéutica para enfrentar el desafío de garantizar seguridad, eficacia y calidad de los medicamentos (fármaco-químicos y biotecnológicos) y acceso equitativo y pertinente a la población.

Tanto el decreto en debate como la generación de un documento Conpes de política farmacéutica en el que también está interesado el gobierno nacional. Deben ser instrumentos útiles para fortalecer la regulación estatal en materia de producción y venta de medicamentos; deben reconocer que estos bienes son de carácter público y componentes del derecho a la salud. Por tanto, están por encima los intereses de salud de la población y no los intereses de los mercaderes de la salud.

Un instrumento útil para avanzar en este camino es lograr que el decreto elimine la protección de la información (datos) para los medicamentos a los cuales se les vence el tiempo de patente. Si la eficacia de la molécula para tratar cierta enfermedad ya fue demostrada con estudios clínicos previos, la obligación de los fabricantes es probar que utilizan las técnicas adecuadas de manufactura y que su molécula es igual a la original, y no volver a realizar investigaciones de la efectividad clínica de la molécula, dado que cada estudio clínico puede costar más de un millón de dólares1.

A la vez, es necesario que la lista de medicamentos del POS saque un conjunto de éstos que son inútiles, por no constituir ni medicamentos esenciales ni tener referencia a las necesidades de salud de la gente de acuerdo al perfil epidemiológico2, y por desangrar las finanzas públicas del sistema de salud y aumentar los gastos de bolsillo de la gente.

En el país, los sectores favorables a la salud y las medicinas como bienes públicos y derechos debemos articular las demandas y las acciones, así como presionar al gobierno nacional para que, de un lado, sancione el decreto en su propuesta inicial, y además, avance en el establecimiento de una política para la salud de la gente y no para el lucro. Al parecer, se trata de una pelea de burro amarrado con tigre suelto, dado que las multinacionales son un actor muy potente que tal vez logró congelar la decisión contenida en el decreto. Por la vida de un sinnúmero de compatriotas, debemos ir en otra dirección.

1    Correa, Pablo. La guerra por los medicamentos biotecnológicos en Colombia. El Espectador, edición 12 de febrero de 2012.
2    López, JJ. Los medicamentos inútiles del POS. UN Periódico, edición febrero 11 de 2012.
    http://www.unperiodico.unal.edu.co/dper/article/los-medicamentos-inutiles-del-pos/index.html.


Recuadro 2

Ejemplos por seguir


Mozambique produce sus propios medicamentos antirretrovirales. Es el primer país de África en producirlos para frenar el virus del VIH que causa el sida. Un total de 10,6 millones de personas en el África subsahariana están en la necesidad de tratamiento antirretroviral, pero sólo el 37 por ciento en la actualidad puede acceder a él. Hará asociación con Brasil, país que ya transita por el camino de producir sus propios medicamentos para el tratamiento del sida.

Fuente: http://www.telegraph.co.uk/health/healthnews/8980651/Mozambique-to-produce-its-own-antiretroviral-drugs.html.



India desafía al gigante Bayer


Nexavar es un medicamento para el cáncer de riñón e hígado patentado por Bayer y ahora se comercializará por Natco Pharma con el nombre de Sorafenat. Este es un caso sin producción hasta ahora y que sienta precedentes en India, nación considerada como “la farmacia del mundo en desarrollo” por la producción de genéricos de calidad a bajo costo. De acuerdo a las leyes indias de patentes, esta medida tiene aplicación cuando un fármaco no está disponible para el público a “un precio accesible” después de tres años de otorgarle la patente (en este caso, fue en 2008). Para compensar los gastos de desarrollo, el fabricante del genérico tendrá que pagar regalías por el 6 por ciento de las ventas netas a Bayer, que seguirá con la patente.

Al respecto, Médicos Sin Fronteras asume que en el sistema actual las nuevas medicinas son patentadas y las compañías defienden agresivamente sus monopolios, a expensas de los pacientes que no pueden pagar tan altos precios. Es imperativo pasar a un sistema más equitativo en el cual las nuevas medicinas tengan varios productores que paguen regalías al dueño de la patente, para que recupere sus gastos de desarrollo del producto, pero también para que la gente del mundo en desarrollo tenga acceso a los medicamentos*.

*    http://sociedad.elpais.com/sociedad/2012/03/12/actualidad/1331567998_292489.html.
Publicado enEdición 181
Bogotá se movió por la defensa de sus hospitales públicos
Con una convocatoria hecha por los trabajadores del sector de la salud –Salvo mi hospital– respaldada plenamente por la Secretaría Distrital del ramo, el 7 de junio salieron de nuevo a las calles de Bogotá miles de personas para exigir que los hospitales públicos sean preservados y para expresar nuevamente su rechazo a la Ley 100, responsable de la situación actual en que está sumida la salud y los hospitales públicos.
 
De esta movilización se deben resaltar dos hechos. De un lado, que la sociedad se movilice en defensa y recuperación de lo público, entendiendo que los hospitales son un patrimonio colectivo que hay que preservar, y que no se puede permitir que sean destruidos por los intereses privados. El segundo, como un hecho inédito en la ciudad y el país, la declaración expresa del alcalde Gustavo Petro y del Secretario de Salud, Guillermo Jaramillo, solicitándole a la Corte Constitucional que declare el estado inconstitucional de cosas en materia de salud, que permita acabar con la Ley 100 y establezca un sistema que efectivamente garantice éste preciado derecho.
 
Como la primera autoridad de la urbe lo planteó, es necesario continuar con las marchas. Sin lugar a dudas, la única posibilidad para que no se pierda el patrimonio histórico de la red hospitalaria pública, para que se reabra el Hospital San Juan de Dios (San Juan de Todos/as) y para que haya un nuevo sistema de salud en Colombia, se requiere sostener y ampliar la movilización social por este importante y fundamental derecho, tanto en Bogotá como en el conjunto del país.
 

“Solicitud respetuosa a la Corte Constitucional para que salga en defensa de la Constitución […] del derecho de los humildes a vivir […] del derecho del pueblo a cambiar un modelo de salud absolutamente ineficaz, inequitativo, que ya ha demostrado su colapso”.

 





 






"Que se entienda bien claro: hoy, los 22 gerentes de la Red Hospitalaria pública no son sólo contadores, administradores sino además activistas por el derecho a la salud pública en la ciudad de Bogotá".










“Un objetivo: la Bogotá popular se levanta pacíficamente para no dejar perder sus hospitales, para reabrir el que nos robaron –el San Juan de Dios–, y para cambiarle a toda Colombia el modelo de salud de los mercaderes e instaurar el modelo de la salud del Derecho”.













“Una marcha blanca permanente hasta que cambie el modelo de salud en Colombia, hasta que las EPS paguen los 251 mil millones de pesos que le deben a la red pública de la ciudad, hasta que se abra el Hospital San Juan de Dios, hasta que se dignifique la relación laboral de los trabajadores de la salud; hasta que el derecho a la salud sea una realidad para el bebé, para la niña popular, para el niño, para el vendedor ambulante”.
 


 

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Domingo, 08 Abril 2012 07:26

El ataque a la educación pública

El ataque a la educación pública

La educación pública está siendo atacada en todo el mundo. En respuesta, recientemente ha habido protestas estudiantiles en Gran Bretaña, Canadá, Chile, Taiwán y otras partes.
 

California también es campo de batalla. Los Angeles Times informa otro capítulo de la campaña para destruir al que había sido el sistema de enseñanza pública superior más grande del mundo: “Las autoridades de la universidad del estado de California anunciaron planes para congelar las inscripciones la próxima primavera en la mayoría de los campus y poner en lista de espera a todos los aspirantes el siguiente otoño, con miras al resultado de las votaciones de noviembre sobre una iniciativa fiscal”.
 

Desfinanciamiento similar está aconteciendo en todo el país. “En la mayoría de los estados”, informa The New York Times, “los pagos de colegiaturas, no las asignaciones estatales, son lo que cubre gran parte del presupuesto”, de tal forma que “podría haberse acabado la era de universidades públicas accesibles de cuatro años, fuertemente subsidiadas por el Estado”.
 

Cada vez es más común que los colegios comunitarios enfrenten perspectivas similares –y los déficits se extienden a grados K-12.
 

“Ha habido un cambio de la creencia de que como nación nos beneficiamos de la educación superior a la creencia de que la gente que recibe educación es la más beneficiada y que, por tanto, debería pagar el costo”, concluye Ronald G. Ehrenberg, administrador del sistema de universidades estatales de Nueva York y director del Instituto Cornell de Investigación de Educación Superior.
 

Una descripción más precisa, pienso, es “Fracaso por diseño”, título de un estudio reciente del Instituto de Política Económica (EPI, por sus siglas en inglés), que desde hace mucho ha sido fuente importante de información y análisis confiable sobre el estado de la economía.
 

El estudio del EPI analiza las consecuencias de la transformación de la economía de hace una generación, de producción nacional a la “financialización” y tercerización. Por diseño, siempre ha habido alternativas.
 

Una de las principales justificaciones para el diseño es lo que el galardonado premio Nobel Joseph Stiglitz llamó la “religión” de que “los mercados llevan a resultados eficientes”, que recientemente recibió aún otro golpe devastador con el colapso de la burbuja inmobiliaria, que fue ignorada bajo argumentos doctrinales, desencadenando la actual crisis financiera.
 

También se hacen afirmaciones sobre los supuestos beneficios de la radical expansión de las instituciones financieras desde la década de 1970. Una descripción más convincente la aportó Martin Wolf, corresponsal sénior de economía de The Financial Times: “Un sector financiero descontrolado se está comiendo desde adentro la economía de mercado moderna, de la misma forma en que la larva de una marabunta se come al organismo donde fue depositada”.
 

El estudio del EPI observa que el “Fracaso por diseño” se basa en clases. Para los diseñadores ha sido un éxito impactante, tal como lo revela la sorprendente concentración de riqueza en el uno por ciento de hasta arriba, de hecho en el 0.1 por ciento superior, mientras la mayoría se ha reducido a un virtual estancamiento o caída.
 

En pocas palabras, cada vez que pueden “los maestros de la humanidad” siguen su “vil máxima... de todo para nosotros y nada para los demás”, tal como lo explicó Adam Smith hace mucho tiempo.
 

La educación pública masiva es uno de los grandes logros de la sociedad estadunidense. Ha tenido muchas dimensiones. Uno de los propósitos fue preparar a los agricultores independientes para la vida como trabajadores asalariados, que toleraran lo que consideraban virtual esclavitud.
 

El elemento coercitivo no pasó desapercibido. Ralph Waldo Emerson observó que los líderes políticos apelan por la educación popular porque temen que “este país se esté llenando de miles y millones de votantes, y se debe educarlos para que no nos salten al cuello”. Pero correctamente educados: limitar sus perspectivas y entendimiento, desalentar el pensamiento libre e independiente, y enseñarles obediencia.


La “vil máxima” y su aplicación regularmente han generado resistencia, lo que a su vez evoca los mismos temores entre la élite. Hace 40 años había una gran preocupación de que la población se estuviera liberando de la apatía y la obediencia.
 

En el extremo liberal internacionalista, la Comisión Trilateral –el grupo de política no gubernamental en que se basó gran parte de la administración Carter– emitió duras advertencias en 1975 de que hay demasiada democracia, debido en parte al fracaso de las instituciones responsables del “adoctrinamiento de los jóvenes”. En la derecha, un importante memorándum de 1971 de Lewis Powell, dirigido a la Cámara de Comercio de Estados Unidos, principal organismo empresarial, lamentaba que los radicales estuvieran apoderándose de todo –universidades, medios, gobierno, etcétera– y exhortó a la comunidad empresarial a que usara su poder económico para revertir el ataque contra nuestra preciada forma de vida –bien conocida por él. Como cabildero de la industria del tabaco estaba bastante familiarizado con el funcionamiento del Estado paternalista para los ricos, al que llamó “libre mercado”.
 

Desde entonces, muchas medidas se han tomado para restaurar la disciplina. Una es la cruzada por la privatización –poner el control en manos confiables.
 

Otra son los drásticos aumentos a las colegiaturas, hasta 600 por ciento desde 1980. Éstas producen un sistema de educación superior con “mucho más estratificación económica que en cualquier otro país”, según Jane Wellman, ex directora del proyecto Delta Cost, que monitorea esos asuntos. Los aumentos a la colegiatura atrapan a los estudiantes en deuda de largo plazo y, consecuentemente, en la subordinación al poder privado.
 

Los justificativos se presentan con argumentos económicos, pero son singularmente faltos de poder de convencimiento. En países ricos y pobres, incluyendo a México aquí al lado, la colegiatura sigue siendo gratuita o nominal. Eso también era así en Estados Unidos cuando era un país mucho más pobre, luego de la II Guerra Mundial, y gran cantidad de estudiantes pudieron ingresar a las universidades bajo la iniciativa GI – actor para crecimiento económico singularmente elevado, incluso dejando a un lado la importancia en la mejoría de las vidas.
 

Otro instrumento es la corporatización de las universidades. Ello ha llevado a un drástico incremento en las capas de administración, a menudo profesional en lugar de sacarla del profesorado como antes, y a la imposición de una cultura empresarial de “eficiencia” –noción ideológica, no sólo económica.
 

Un ejemplo es la decisión de los colegios estatales de eliminar programas de enfermería, ingeniería y ciencias computacionales, porque son costosos –y resulta que son las profesiones donde hay escasez de mano de obra, tal como lo informa The New York Times. La decisión afecta a la sociedad, pero se atiene a una ideología empresarial de ganancia de corto plazo sin importar las consecuencias humanas, de acuerdo con la vil máxima.
 

Algunos de los efectos más insidiosos son sobre la enseñanza y el monitoreo. El ideal de la educación de la Ilustración fue capturado en la imagen de la enseñanza que pende de un hilo que los estudiantes siguen a su manera, desarrollando su creatividad e independencia de pensamiento.
 

La alternativa, de ser rechazada, es la imagen de vaciar agua en un jarrón –con bastantes fugas, como todo lo sabemos por experiencia propia. Este último enfoque incluye enseñar para exámenes y otros mecanismos que destruyen el interés de los estudiantes y buscan hacerlos a un molde fácilmente controlado. Algo muy familiar en la actualidad.
 

El nuevo libro de Noam Chomsky, Making the future: occupations, interventions, empire and resistance, es una colección de sus columnas para The New York Times Syndicate.
 

Por Chomsky, profesor emérito de lingüística y filosofía del Instituto Tecnológico de Massachusetts, en Cambridge.
 

 

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Domingo, 10 Julio 2011 07:29

El agua, ¿de quién es?

Aunque el sentido común responde que es de todos, los hechos suelen contradecirlo: el calentamiento global y los cambios climáticos que conlleva han convertido el agua en algo tanto o más codiciado que el petróleo y grandes empresas se están convirtiendo en dueñas de ese recurso natural, extrañamente, con la ayuda de las Naciones Unidas, la organización creada para velar por los derechos de los habitantes del planeta entero. En este caso, y no sólo, parece inclinada a preservar más a los unos que a los otros. Con razón decía Bernard Shaw que el sentido común es el menos común de los sentidos.
 

Una de las primeras medidas que adoptó Ban Ki-moon, flamante secretario general de la ONU, fue el lanzamiento del CEO Water Mandate, “una iniciativa público-privada especial destinada a asistir a las empresas en el desarrollo, aplicación y difusión de políticas y prácticas sostenibles en la esfera del agua” (www.unglobalcompact.org). Un propósito loable, su trastienda no tanto. Megapolios como Marck&Co. o Siemens se acogen al Mandato para privatizar un bien común. Como sucede con otros proyectos importantes de la ONU, FMI, el Banco Mundial y bancos de desarrollo regionales en general se encargan de manejarlos.
 

El Banco Mundial acaba de asumir el control del Fondo Verde de la Conferencia sobre el Cambio Climático, financiado con 100 mil millones de dólares. Es notoria la poca o ninguna transparencia del BM en lo que hace a proyectos similares, pero estas iniciativas se reiteran “no sólo porque los Estados miembros más poderosos de las Naciones Unidas las empujan”, señaló Maud Barlow, presidenta del Consejo Nacional de Canadienses (CNC): también porque la ONU carece de fondos suficientes y sus organismos y programas “recurren al patrocinio privado para funcionar”. Barlow es autora, entre otros libros, de Oro azul y El Pacto Azul: la crisis mundial del agua y la lucha por el derecho al agua.
 

La ecologista canadiense ha subrayado, en el prólogo de un estudio del CNC sobre la influencia del sector privado en las Naciones Unidas, que el planeta está en vísperas de una crisis de proporciones aterradoras en materia de abastecimiento de agua (//blueplanetproject.net). Observa que el FMI “fuerza a las naciones endeudadas a vender bienes públicos, incluyendo los acuíferos, como condición para otorgar una ayuda financiera. Todo el sistema (de la ONU) está regido por estas corporaciones”. Que sólo buscan ganancias, naturalmente.
 

El informe del CNC detalla ese dominio en varias organizaciones del sistema, incluso anteriores a 2007. El Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef) concertó en el 2005 una asociación con la empresa Volvic, abastecedora de agua mineral, y llevó a cabo una campaña pública de proporciones en Alemania con el lema “1 litro por 10 litros”. La empresa se comprometió a contribuir monetariamente a un programa de Unicef en estos términos: por cada litro de agua Volvic que se vendiera en el país europeo, la empresa aportaría lo necesario para que los habitantes del distrito Amhara en Etiopía tuvieran acceso a 10 litros de agua potable. La iniciativa se repitió en otros mercados occidentales, lo que permitió que el programa se extendiera a zonas de Níger y Malí.
 

Volvic donó medio millón de dólares de sus ventas en EE.UU. y Canadá en el bienio 2008-2009 para financiar proyectos de Unicef (www.drink1give10.com). Bien, pero cabe señalar que las ventas de la sección Agua del grupo francés Danone, al que Volvic pertenece, ascendieron aproximadamente a 3700 millones de dólares sólo en el 2008 (www.danone.com, 24/6/10). El CNC manifiesta en el estudio que la vinculación explícita de Unicef con Volvic en grandes mercados consumidores como Francia, Japón, Canadá y EE.UU. es un valor agregado y estima que las ventas de los productos embotellados de Danone “bien pudieron haber excedido el valor (correspondiente) de la contribución de 500 mil dólares a Unicef”.
 

La Unidad de Inspección Conjunta de la ONU señaló en un informe del año pasado que esta clase de asociaciones carecen de “un sistema eficaz de supervisión para medir la implementación real de los principios (establecidos) por los participantes”, lo cual ha despertado las críticas de varios Estados miembros de Naciones Unidas y el riesgo de lastimar la reputación de la organización internacional (www.unjiu.org, septiembre de 2010). Sin embargo, aumenta su participación en estos emprendimientos “especiales”.
 

Un rasgo característico de estas transacciones, reconocido por el Banco Mundial, es que las empresas se niegan a invertir en la infraestructura necesaria para mejorar el acceso a este recurso: sólo quieren recortar las operaciones para aumentar sus beneficios. Así, el precio del líquido aumenta y su calidad empeora. En Francia, considerado el impulsor más importante de la privatización del agua, hay marcha atrás: en junio, la alcaidía de París readquirió los servicios de agua manejados por las compañías Veolia y Suez. Pero no siempre la rapacidad encuentra freno.

Por Juan Gelman
 

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Jueves, 26 Mayo 2011 19:28

Vermont: tierra pionera

Vermont es una tierra orgullosa de ser pionera en varias cosas. Este pequeño estado de Nueva Inglaterra fue el primero en unirse a las 13 Colonias. Su constitución fue la primera en prohibir la esclavitud y la primera en establecer el derecho a la educación gratuita para todos, la educación pública.

Esta semana, Vermont será pionero una vez más: se convertirá en el primer estado del país en ofrecer un sistema de salud de pagador único, lo cual deja fuera a las costosas empresas de seguros de salud, que muchos consideran la principal causa del aumento de los costos de salud en nuestro país. En un sistema de pagador único pueden operar tanto proveedores de salud públicos como privados, como siempre lo han hecho. Pero en lugar de que el paciente o la empresa de seguro de salud del paciente pague por el servicio, lo hará el Estado. Básicamente significa que habrá Medicare para todos: se extiende ese derecho a toda la población. El Estado, que compra estos servicios de salud para toda la población, puede negociar tarifas favorables y eliminar los grandes costos impuestos por las aseguradoras con fines de lucro.

Vermont contrató al economista de Harvard William Hsiao para plantear tres alternativas al actual sistema. El sistema de pagador único, escribió Hsiao, “generará un ahorro del 24,3 por ciento del gasto total en salud entre 2015 y 2024”. Una investigación realizada por Don McCanne de Médicos por un Programa Nacional de Salud señaló que “estos planes cubrirían a todos sin que aumente el gasto, ya que la eficiencia del sistema de pagador único alcanzaría para pagar por quienes actualmente carecen de seguro o cuyo seguro no cubre lo suficiente. Entonces es realmente una buena noticia”, dijo “El sistema de pagador único funciona”.

El gobernador de Vermont, Peter Shumlin, me explicó los motivos por los que promulgará la ley: “Este es nuestro actual desafío. Nuestras primas aumentan 10, 15, hasta 20 por ciento cada año. Esto también sucede en el resto del país. Están matando a las pequeñas empresas. Están matando a los estadounidenses de clase media, que fueron golpeados por la crisis en los últimos años. Nuestro plan creará un fondo único, que absorberá las ganancias de las aseguradoras, de las empresas farmacéuticas, y de todos los que se están aprovechando del sistema para obtener ganancias a costa de nuestras enfermedades, y asegurará que invirtamos esos dólares en la salud de los habitantes de Vermont. De manera que sería un fondo único que utilizará la tecnología para asegurar que hagamos a un lado lo que no sirve y dediquemos esos dólares a proteger la salud de los habitantes de Vermont”.

Hablando de ser pioneros en cuestiones de salud, Vermont podría convertirse en el primer estado en cerrar una planta nuclear. La legislatura de Vermont es la primera en adjudicarse el derecho de decidir sobre el futuro nuclear del estado, lo que significa poner la política ambiental en manos de la gente.

Vermont también fue pionero en aprobar una legislación sobre la unión civil entre personas del mismo sexo. Luego el estado fue más allá para convertirse en la primera legislatura del país en legalizar el matrimonio homosexual. Luego de que el proyecto de ley fuera aprobado en la Cámara de Representantes y el Senado de Vermont, el ex gobernador Jim Douglas lo vetó. Al día siguiente, en abril de 2009, ambas cámaras anularon el veto del gobernador y convirtieron a la Ley de Libertad de Matrimonio de Vermont en ley vigente.

Vermont se ha convertido en una incubadora de políticas públicas innovadoras. El sistema de salud de pagador único de Canadá comenzó como un experimento en la provincia de Saskatchewan. Fue promovida a principios de la década del 60 por el entonces Primer Ministro de dicha provincia, Tommy Douglas, considerado por muchos el “canadiense más grande” de todos los tiempos. El plan tuvo éxito y fue adoptado rápidamente en todo el país. (A propósito, Tommy Douglas es el abuelo del actor Kiefer Sutherland). Quizá la nueva ley de asistencia de salud de Vermont inicie una transformación similar en Estados Unidos.

La antropóloga Margaret Mead dijo en una frase que se volvió célebre: “No cabe duda de que un pequeño grupo de ciudadanos conscientes y comprometidos puede cambiar el mundo. De hecho, son los únicos que lo han logrado”. Simplemente sustituye la palabra “grupo” por “estado”, y el resultado es Vermont.

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Denis Moynihan colaboró en la producción periodística de esta columna.
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