El capital financiero internacional se apodera de las mejores tierras sudamericanas

Se estima que el 25% del territorio uruguayo y paraguayo y al menos el 10% del argentino están en manos de empresarios extranjeros, mientras que en otros países de la región los latifundios privados se multiplican como hongos. Esta nueva forma de conquista neocolonial se intensificó en los últimos cinco años y afecta sobre todo a los países de América del Sur.


 
Desde de 2007/2008, transnacionales y gobiernos intensifican el acaparamiento de enormes superficies de tierras de cultivo en África, Asia y América Latina, lo que supone “el riesgo de crear un pacto neo colonial de provisión de materias primas sin valor agregado”, alertó el ex director de la FAO Jacques Diouf.


 
Arabia Saudí, Kuwait y otros países desérticos compran o arriendan tierras para cultivar alimentos; mientras que las transnacionales y los grupos financieros acaparan predios para lucrar y especular con materias primas agroindustriales.El capital financiero ve a Sudamérica como la principal zona para comprar y arrendar tierras agrícolas. [1]


 
En septiembre de 2008 grandes procesadoras de aceite vegetal de India solicitaron tierras a los gobiernos de Uruguay y Paraguay para cultivar oleaginosas, trigo y lentejas. La principal refinadora de azúcar y productora de alcohol de India Shree Renuka Sugars adquirió 130 mil hectáreas en Brasil, en tanto que el grupo Walbrook compró cerca de 600 mil hectáreas en Argentina. [2]


 
“Hay un masivo resurgimiento del interés por invertir en tierras en la región. Es mucho más de lo que se asumía anteriormente, sea en términos de inversión de tierras o de acaparamiento”, subrayó el profesor del Instituto de Estudios Sociales de La Haya Saturnino Borras, uno de los autores de un estudio realizado en 17 países latinoamericanos y caribeños, por encargo de la Organización de Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO). [3]


 
Los investigadores de la FAO concluyeron que la compra de tierras destinadas a la producción de alimentos afecta a gran parte de la región. En América del Sur “estamos ante una nueva ola de un proceso de extranjerización de las tierras importantes”, alertó el especialista Martine Dirven. Por ejemplo, un informe oficial estima que en la última década se vendieron al menos 5,5 millones de hectáreas en Uruguay, el 25% de las áreas productivas del país, a sociedades anónimas privadas. [4]
 
 
 
En Paraguay ascienden a 1,8 millones de hectáreas las compradas entre 2006 y 2010 por empresarios brasileros, franceses, alemanes, portugueses, japoneses y españoles, según el investigador del Centro Paraguayo de Estudios Sociológicos Luis A. Galeano, quien calcula que en las últimas dos décadas las empresas extranjeras adquirieron entre nueve y 10 millones de hectáreas de tierras paraguayas, es decir entre el 25 y 30% de la superficie productiva del país.


 
En Bolivia se estima que al menos 700 mil hectáreas están en manos de agroindustriales brasileros, argentinos, peruanos y colombianos, la mayoría destinada a la producción de soya transgénica. [5]


 
Para el director del Centro Peruano de Estudios Sociales Fernando Eguren la concentración de tierras “es también una concentración de influencias, de poder político en las esferas territoriales donde está ocurriendo y, también tiene que ver con restricciones en la democracia”. [6]
 
 
 
Legalizan la venta de tierras fiscales en Panamá
 

Pese al fuerte rechazo popular, el 19 de octubre de 2012 el presidente de Panamá Ricardo Martinelli sancionó la Ley N. 72 que autoriza la venta de terrenos fiscales en la Zona Libre de Colón (ZLC), un área libre de impuestos creada en 1948 para aprovechar comercialmente el enclave del canal de Panamá, de donde parten rutas hacia Japón, Estados Unidos y otros países latinoamericanos.


 
Compañías de todo el mundo tienen una base de operaciones en la ZLC, que generó transacciones por 29 mil millones de dólares en 2011. El diputado Miguel Salas denunció que el Ejecutivo pretende privatizar terrenos de la ZLC para cubrir el déficit fiscal y recolectar fondos para la campaña oficialista de 2014.


 
Varios sectores sociales, empresariales y parlamentarios solicitaron a la Asamblea Nacional que rechace la propuesta privatizadora, y luego de que ésta fue aprobada solicitaron al presidente que la vetara, pero Martinelli desoyó el clamor popular.
 


Miles de personas salieron a las calles de la ciudad de Colón para protestar contra la ley de Martinelli y el 19 de octubre el niño de nueve años José Betancourt perdió la vida por un impacto bala en el abdomen, y alrededor de 30 resultaron heridas en enfrentamientos con la Policía. El 21 de octubre cientos de ciudadanos vestidos de negro en señal de luto marcharon desde la Iglesia Paulino San José hacia el centro de la ciudad para rechazar la venta de tierras de la zona franca.


 
Por otro lado, es motivo de gran preocupación la aprobación de obras de “desarrollo” que no cumplen con los requisitos exigidos por ley, y con la aparente complicidad de la Autoridad Nacional del Ambiente (ANAM). La directora ejecutiva de la organización ecologista Panamá Sostenible Raisa Banfiel recordó que durante la campaña presidencial Martinelli dijo que la ANAM “estorbaba y atrasaba el desarrollo” nacional.
 
 
 
La preocupación estriba en que a pesar de decenas de denuncias y conflictos ambientales suscitados en los últimos años, la ANAM actuó con negligencia, como en el caso de los humedales de la Bahía, uno de los cinco sitios Ramsar de Panamá, creado por resolución de la ANAM el 3 de febrero de 2009. [7]


 
Recientemente la propia ANAM y el Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial (Miviot) acordaron suspender el estatus del sitio natural con el fin de viabilizar la construcción de una planta de tratamiento en la bahía de Panamá, y del proyecto Panamá Bay Country Club, decisión que fue respaldada por la Corte Suprema de Justicia (CSJ).


 
No obstante, ya suman seis las demandas judiciales interpuestas contra la decisión de la CSJ de anular la protección al humedal de la Bahía. En la lista de demandantes figuran la Fundación MarViva, la Sociedad Audubon de Panamá, la firma de abogados Rivera, Bolívar y Castañeda, y el Partido Revolucionario Democrático. También fueron admitidos recursos interpuestos por el Centro de Incidencia Ambiental y por la Asociación de Abogados Litigantes de Panamá.
 
 
Privatización en Honduras


 
Luego del golpe de Estado de 2009, el gobierno de Porfirio “Pepe” Lobo y la bancada oficialista del Congreso aprobaron reformas constitucionales que autorizan la creación de las denominadas Regiones Especiales de Desarrollo (RED) o “Ciudades Modelo”, catalogadas como la más denigrante variante del neocolonialismo territorial, ya que legaliza la venta de franjas del territorio a inversionistas extranjeros.


 
Desde hace algunos años empresarios estadounidenses de ultraderecha compran islas en los países del tercer mundo con el fin de crear paraísos fiscales libres de regulaciones políticas. Algunos ejemplos de “islas estado” son el Principality of Sealand frente a la costa de Inglaterra; el fallido Freedom Ship en la bahía Trujillo, y la vigente Seasteaders. Años atrás, el empresario nicaragüense Xavier Arguello Carazo, yerno del ex presidente panameño Ricardo Maduro, ofreció un pedazo de Honduras al inversionista norteamericano Paul Romer, quien pretendió privatizar la isla de Madagascar junto a la coreana Posco-Daewoo.


 
En diciembre de 2011, la revista The Economist reveló que el Estado de Honduras firmó dos cartas de intención con grupos privados interesados en construir “ciudades modelos”. Uno de ellos está integrado por la compañía Future Cities Development Corporation, fundada por Patri Friedman, nieto del economista Milton Friedman, y por el propietario de Paypal Peter Thiel. El segundo consorcio se denomina Grupos Ciudades libres (Free Cities Group), de propiedad de Michael Strong y Kevin Lyons, que opera en Honduras con el nombre de NKG.
 

El 4 de septiembre de 2012 la Comisión para la Promoción de Alianzas Público-Privadas (Coalianza) y NKG firmaron un contrato para la construcción de la primera “ciudad modelo” en Honduras. El testigo de honor del negocio fue el presidente del Congreso Juan Orlando Hernández, uno de los principales promotores de la subasta de Honduras mediante las RED.
 
Pero las RED no son las únicas amenazas a la soberanía territorial hondureña. El 13 de diciembre de 2011 la dirigencia de la Comunidad de Cristales y Río Negro presentaron una demanda de nulidad absoluta contra varios contratos de venta fraudulenta de tierras comunitarias situadas al suroeste de la Ciudad de Trujillo al empresario canadiense Randy Roy Jorgensen.


 
Jorgensen , conocido como el “rey del porno”, pretende construir un muelle para cruceros Panamex denominado Banana Coast. También adquirió terrenos en las comunidades Garífunas de Santa Fe, San Antonio y Guadalupe, y obtuvo súbitamente licencias ambientales para construir villas frente al mar Caribe en una zona de amortiguamiento del Parque Nacional Capiro y Calentura.


 
El “rey del porno” recibió gran apoyo de Ramón Lobo Sosa, hermano del mandatario Porfirio Lobo, y el 21 de junio de 2011 mereció un “reconocimiento especial” del propio presidente en sesión del gabinete ministerial en la ciudad de Trujillo. [8]
 
 
 
Pretenden privatizar el patrimonio natural costarricense


 
En Costa Rica está punto de sucumbir ante la marea privatizadora la isla Plata de 18 hectáreas ubicada en Esparza, Puntarenas, declarada Patrimonio Natural del Estado y protegida por la Ley de Zona Marítimo Terrestre (ZMT). Desde hace más de una década la empresa Vimavi del Pacífico Sociedad Anónima pretende construir en la isla onas residenciales e infraestructura turística.
 


En 2006 las autoridades de la municipalidad de Guanacaste intentaron vender la pequeña ínsula, situada frente al complejo turístico Flamingo, en 15 millones de dólares o entregarla en concesión, pero ambas maniobras fueron frustradas por el Ministerio del Ambiente, Energía y Telecomunicaciones (Minaet) y el Departamento Municipal de Gestión Ambiental, dirigido entonces por el biólogo William Arauz.


 
Sin embargo, el año pasado el director del Área de Conservación Tempisque Arenal Nelson Marín eliminó la norma restrictiva vigente y recomendó la concesión de parte de la isla. Esto permitió a la empresa solicitar la autorización para iniciar obras, la cual está a punto de ser aprobada por la Municipalidad de Santa Cruz, controlada por el Partido Liberación Nacional (PLN).


 
Los diputados del Partido Acción Ciudadana (PAC) Claudio Monge y Yolanda Acuña denunciaron que se pretende otorgar la concesión a Vimavi del Pacífico SA, de propiedad de Virginia del Carmen Vindas Soto, esposa de Carlos Ricardo Benavides, padre del Ministro de la Presidencia.
 
 
 
Al plan privatizador de la isla Plata se suma la aprobación de un proyecto de ley que pretende reducir los límites del Refugio de Vida Silvestre Gandoca-Manzanillo, una de las playas más hermosas del país, ubicada a 73 kilómetros de Limón, en la costa Atlántica costarricense.
 
 
 
El Senado chileno debate la privatización del mar


 
Este mes se debate en el Senado chileno un proyecto de ley que modifica la Ley de Pesca en Chile y que entrega a perpetuidad los recursos pesqueros a empresas transnacionales. La norma define varios tipos de licencias pesqueras. Un tipo de licencia reconoce los derechos históricos de los pescadores industriales; otro tipo de licencia indefinida abre la posibilidad de licitar hasta el 15% de los derechos si por tres años seguidos la actividad está sobre su rendimiento máximo sostenible.


 
El proyecto de ley desestima el significado de la pesca de arrastre e irrespeta las cinco millas marítimas para la pesca artesanal, privilegiando a cuatro grandes consorcios privados, denunció la Confederación Nacional de Pescadores Artesanales. Según la Central Unitaria de Trabajadores (CUT) de Chile, la norma transgrede el derecho de todos los ciudadanos al control sobre los recursos naturales del mar.


 
“Nos parece inaceptable e irregular la negativa de dos parlamentarios a inhabilitarse de votar, aun cuando es de público conocimiento su vinculación con empresas ligadas a la gran industria pesquera”, fustigó la presidenta de la CUT Bárbara Figueroa, aludiendo a los senadores Andrés Zaldivar y Jovino Novoa.


 
Según el senador por la región del Bio Bio Alejandro Navarro, la ley propuesta, además de no resolver problemas de fondo, genera mayor concentración económica, no garantiza una verdadera competencia, tampoco asegura la sustentabilidad y “condena a los pescadores artesanales a convertirse en empleados de la industria”.
 
 
Limitan la extranjerización de la tierra en Argentina


 
En febrero de 2011 una comisión del Parlamento de Uruguay reanudó la elaboración de un anteproyecto de ley para limitar la venta de tierras, pero la norma aún no fue aprobada. En Argentina el Senado aprobó en diciembre de 2011 la ley sobre el Régimen de protección al dominio nacional sobre la propiedad, posesión o tenencia de las tierras rurales, un instrumento legal que limita la tenencia y adquisición de tierras por extranjeros.


 
La presidenta Cristina Fernández estimó que 10% de las tierras de la nación están en manos extranjeras. La nueva legislación argentina estipula que máximo el 15% del territorio nacional puede estar en manos foráneas, y de esa cantidad no podrá haber más de un 30% detentado por personas físicas o jurídicas de una misma nacionalidad, informó la agencia Télam.


 
La norma argentina establece que las parcelas en poder de extranjeros no podrán superar las mil hectáreas o la superficie equivalente en la zona núcleo determinada por el Consejo Interministerial de Tierras Rurales. También define estrictas prohibiciones para la venta de superficies que “contengan o sean ribereñas de cuerpos de agua de envergadura y permanentes”, y dispone que no se entenderá como inversión la adquisición de tierras rurales por tratarse de un recurso natural no renovable.


 
La iniciativa dispone la creación de un Registro Nacional de Tierras Rurales, encargado de realizar un relevamiento “catastral y dominial” del recurso, así como de un Consejo Interministerial de Tierras Rurales.
 
 
Notas:
 
1. El Grupo de Reflexión Rural (GRR) de Argentina denunció en octubre de 2010 que “los negociantes de los mercados globales salen a buscar nuevos objetos de especulación, especialmente tierras fértiles, agua y alimentos, además del oro, metales estratégicos y cuencas hidrocarburíferas. Son capitales corporativos que no sólo buscan dar respaldo tangible a sus divisas vacías de valor, sino que, adictos a las fábulas del ‘crecimiento’, descubren ahora que no pueden alimentar a su propia población y buscan enclaves en propiedad o arriendo”.
 
2. Sudamérica en la mira de inversionistas agrícolas; 12/XI/2010; farmlandgrab.org; Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo., Agencias Reuters y AFP.
 
3. Tras estudiar el tema en 61 países, la FAO y Transparency Internacional (TI) concluyeron que una gobernanza débil incrementa la posibilidad de corrupción en la tenencia y administración de la tierra.
 
4. Más de 100 casos de apropiación de tierras para la producción de alimentos en el exterior: http://www.grain.org/m/?id=216http://www.grain.org/briefings/?id=214
 
5. Concentración y extranjerización de la tierra en Bolivia, Miguel Urioste; Fundación TIERRA, octubre 2010. El gobierno boliviano estima que alrededor de un millón de hectáreas productivas, de las 5,5 millones de hectáreas que producen algún tipo de alimentos, están en manos de extranjeros, principalmente brasileros y menonitas. Estas tierras representan el 20% del total de la superficie con características agrícolas.
 
6. Lourdes Pérez Navarro, periodista de la redacción de Economía de Prensa Latina.
 
7. El director del Centro de Incidencia Ambiental Félix Wing dijo que es inquietante la inestabilidad en la ANAM, cuya ex jefa Lucía Chandeck renunció sin que se sepan los motivos, y fue reemplazada por Silvano Vergara, el tercer administrador en tres años.
 
8. http://ofraneh.wordpress.com/2012/09/19/ciudad-modelo-republica-bananera-y-las-concesiones-cuyamel/ La Ceiba, Atlántida 8 de septiembre de 2012.

 


Publicado por lalineadefuego el noviembre 26, 2012 · Dejar un comentario
 
Redacción Bolpress
 
 25 noviembre 2012

Publicado enInternacional
A partir del próximo 18 de diciembre la Empresa de Acueducto de Bogotá (EAB) hará la recolección y el transporte de la basura de toda la ciudad. La Alcaldía le da cumplimiento a un Auto de la Corte Constitucional, para incluir en la prestación de este servicio a 15 mil recicladores que llevan años exigiendo el cumplimiento de la ley. Sin embargo, los gobernantes anapistas del Polo Democrático se negaron a dar cumplimiento a las ordenes jurisprudenciales y refundieron más de 200 mil millones apropiados en el presupuesto Distrital para dar soporte a la participación de las organizaciones cooperativas de los recicladores. Otro episodio más de corrupción de esta "izquierda" podrida que ha sido castigada judicial y políticamente.

Con la gestión del Acueducto se remplazan los pulpos privados conocidos: Lime, Ciudad limpia, Atesa y Aseo Capital, que por años manejaron dicho servicio como un negocio redondo del gamonal conservador Gustavo Rodríguez Vargas y su hijo el actual concejal, incluyendo al prófugo Gustavo Vasco, con fuertes vínculos en el tema de las basuras no obstante vivir un exilio dorado en España.

La decisión de la actual administración afecta una de las principales fuentes del clientelismo pastranista en Bogotá. Es lo que explica que el parlamentario Telesforo Pedraza ya esté amenazando por sus medios de comunicación con una revocatoria y con denuncias retrogradas sobre daños a la democracia y a la libertad del mercado por los derechos que se le reconocen a los recicladores.

El Acueducto ha dicho que realiza todas las provisiones para que no se presenten dificultades en este servicio vital para la Capital. Se compraran 400 vehículos y se contratarán 5.000 trabajadores para que garanticen la operación de la infraestructura correspondiente.

Por su parte el Contralor de Bogotá, Diego Ardila, salió a decir, en tono de amenaza, que estará muy vigilante sobre cada una de las decisiones administrativas y presupuestales que acompañaran este evento, como si esa no fuese su competencia legal. El tufillo clientelista de este funcionario apesta. Queda claro que su intención es proteger los oscuros negociados de las redes del clientelismo conservador pastranista de Rodríguez Vargas.

A quienes anuncian la catástrofe por el cambio en la recolección y transporte de la basura en Bogotá, hay que decirles que no se opongan al cambio y a la justicia con los recicladores que son quienes conocen mejor esta actividad. Que lean los argumentos de la Corte Constitucional en sus determinaciones para reconocer el derecho de estos trabajadores que le sirven a la ciudad con esmero y seriedad. No puede ser que los únicos competentes sean los grandes negociantes de las casas conservadoras y liberales que se lucran de este mal servicio que supuestamente le prestan a Bogota.
Publicado enColombia
Un pulso con la industria farmacéutica multinacional
Los recobros al Fosyga por medicamentos, entre el 2005 y el 2010, pasaron de 207 mil millones a 2,4 billones de pesos. Desde el año pasado salió a flote la forma como las EPS se lucran. El Fosyga les pagó casi un billón de pesos por más de 100 tipos de medicamentos incluidos en el POS, que debían cubrir estas*. Ocho de los 10 medicamentos más recobrados son biotecnológicos. Fármacos básicos que hacen parte del POS, como acetaminofén, diacepam, loratadina y omeprazol, negados en principio por las EPS, después eran recobrados al Fosyga, por lo cual las EPS recibieron $889.180 millones**. Con estos manejos no es posible un sistema de salud sin generar exclusiones e inequidades en el acceso a los medicamentos, con sus consecuencias de enfermedad y muerte para las personas.

Los genéricos no violan la propiedad intelectual y
nuestra obligación es garantizar  la seguridad de los
pacientes y no proteger intereses comerciales.

Vocero de la delegación de Unasur
en la Asamblea Mundial de la Salud. Mayo 2012

El asunto con las multinacionales en el recobro y la producción de medicamentos biotecnológicos es candente. En el país, están presentes de por medio inmensos recursos que pueden llegar a 1.000 millones de dólares por año. Por fortuna, sectores de la industria nacional de medicamentos, la Federación Médica Colombiana, organizaciones sociales y de pacientes, y sectores académicos levantan varias demandas en relación con el paciente y la salud: es primordial que los medicamentos biotecnológicos puedan ser producidos por más empresas, para terminar con el monopolio, bajar precios, y estimular el desarrollo científico e industrial del país, como una garantía en el avance del derecho a la salud en Colombia1. Sin embargo, varios intereses irrumpen en contravía.

Por una parte, las multinacionales farmacéuticas, a la par con algunos gremios médicos del país (sectores de la Academia Nacional de Medicina y de la Asociación Colombiana de Reumatología) que hacen lobby y propuestas técnicas para impedir que los medicamentos biotecnológicos2, una vez sus patentes expiren, puedan ser replicados con medicamentos genéricos (biosimilares3). Traen a cuento que la seguridad, la eficacia y la calidad de los medicamentos “deben primar sobre el estímulo a la competencia”.

En este discurso de calidad seduce a algunos médicos y pacientes, y “esconde el más crudo interés comercial de actores que sin moral desangraron el sistema de salud, vendieron sus productos a precios bastante superiores al precio internacional y se beneficiaron con las prácticas perversas que precipitaron la crisis que atraviesa la salud”, en palabras del doctor Sergio Isaza, presidente de la Federación Médica Colombiana4. Mantener o poner trabas a la comercialización de biosimilares “ocasionará la fuga de cuantiosos recursos públicos”, dijo el senador Luis Carlos Avellaneda5. Un estudio de Fedesarrollo muestra que el 87 por ciento de los recobros realizados al Fosyga en 2009 correspondieron a medicamentos biotecnológicos que no cuentan con competencia en el país.

Ante la magnitud de los hechos y las presiones, en enero de este año el Ministerio de Salud y Seguridad Social presentó un borrador de decreto para reglamentar el régimen del registro sanitario de los medicamentos de origen biotecnológico6. El decreto permitiría que empresas nacionales puedan producir o importar este tipo de medicamentos y que haya competencia en el país. En la actualidad, las empresas multinacionales que imponen precios descomunales para el público que los necesita son las únicas que comercializan los medicamentos biotecnológicos. La deliberación y la sanción del proyecto están congeladas en el contexto del Tlc entre Colombia y Estados Unidos.

Aquel proyecto tiene componentes importantes de propiedad intelectual en el área de medicamentos. Con este aplazamiento en su aprobación, ¿volvieron a ganar el pulso en este tipo de decisiones las multinacionales de la industria farmacéutica? En el debate, el senador Robledo denunció que Colombia tiene “los medicamentos de marca (que venden las multinacionales) más caros de la región andina”7. En el caso de las drogas biotecnológicas, las diferencias de precios llegan a ser de 200, mil o más de 3.000 por ciento en comparación con países como Inglaterra y Estados Unidos. Por la vía actual de la firma del Tlc, Estados Unidos busca imponerle a Colombia el desmonte del incipiente régimen de control de precios de medicamentos, un control que establezca una normatividad de patentes para los productos biotecnológicos y de “segundo uso” (ver dos subtítulos adelante), y que extienda la protección de datos de los productos de las multinacionales farmacéuticas estadounidenses8. Con esta supresión, el Tlc le impide al país la reproducción de productos biotecnológicos y preserva el monopolio de las multinacionales.

Luto y lucro con los medicamentos a expensas de la salud de la gente


No uno sino múltiples los ejemplos para demostrar que hay un enorme lucro con los medicamentos en el país, tanto porque el monopolio de su producción lleva a imponer precios exagerados como por el mecanismo de recobro9 que le hacen las EPS al Fosyga. El recobro de los medicamentos los eleva a precios desmesurados. Es el caso de medicamentos para el tratamiento del cáncer: el trastuzumab resulta 150 por ciento más costoso que en Costa Rica, y el bortezomib, que, aunque en el mercado tiene un precio de $3.295, registra distintos valores de recobro por las EPS, llegando hasta $6.55710. El rituximab, que el país adquirió por US$3.500 la unidad, en Chile tiene un precio cercano a los US$2.000.

Al respecto, según el observatorio de medicamentos de la Federación Médica Colombiana, el sobreprecio calculado de este medicamento, con precios de referencia de la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios de 2011, alcanza la suma de $135.873 millones en el período 2008-2010 (las EPS privadas lo recobraron con sobrecostos de más de 70.000 millones pesos). Y constatamos un ejemplo más. El humira, para el tratamiento de la artritis reumatoidea, uno de los más recobrados al Fosyga y sin competidores en el mercado local, en cifras de un informe de Fedesarrollo se comercializa en Colombia 173 por ciento más caro que en el Reino Unido11. Además, como señala el profesor José López, del Departamento de Farmacia de la Universidad Nacional de Colombia, sin cuestionar la eficacia o la seguridad de los siguientes fármacos, la introducción de la mayoría de nuevos remedios (en el POS) obedeció a criterios económicos y no a uno epidemiológico, como, por ejemplo, el bosentán (para hipertensión pulmonar) y el etanercept (producto de tercera línea para la artritis reumatoidea)12. Por consiguiente, dados sus altos precios, beneficiarán a algunos pacientes pero no a la mayoría.


Algo más: Tlc, patentes y propiedad intelectual


Las garantías para una producción exclusiva en los próximos 20 años, junto con los derechos de propiedad intelectual, fortalecen a las multinacionales de medicamentos y permiten el monopolio de su producción y comercialización, encareciendo sus precios. Veamos un ejemplo: un tratamiento anual para el sida con medicamentos antirretrovirales patentados puede costar hasta 30 veces más que un tratamiento con medicamentos genéricos (sobre los que ya no hay patentes). Mediante los tratados de libre comercio (Tlc), estas multinacionales buscan reforzar sus recursos de poder. Como emporios, pretenden ir más allá de los acuerdos en este tema, definidos en la Organización Mundial del Comercio (OMC) a través de conseguir y establecer diferentes patentes por más de dos décadas.

Como ejemplos de lo anterior, tenemos los casos de unas patentes de segundo uso (es decir, cuando a un medicamento se le descubre otra propiedad farmacológica, puede obtener otro período de patente), patentes espurias (cuando hay cambios en la forma de presentación del medicamento, por ejemplo, de tableta a la de ampolla), la protección exclusiva de datos (las autoridades sanitarias nacionales no podrían sustentarse en un registro previo para aprobar un producto farmacéutico similar, durante cinco, ocho o 10 años) y el impedimento de importaciones paralelas13.

De este modo, con el Tlc se hace un ajuste de tuercas a la regulación de la producción de medicamentos que favorece a las industrias multinacionales, fortalece el monopolio y evita la competencia, con el resultado de imponer costos exagerados a los medicamentos, e impedir el desarrollo de procesos nacionales de investigación y tecnología para la producción de medicamentos según las necesidades de los contextos sociales y de salud específicos.

Hace falta que el país establezca una política nacional de medicamentos que: 1) estimule el uso de medicamentos esenciales14 y genéricos, en contra de los medicamentos de marca y superespecializados; 2) desarrolle una línea de investigación, ciencia y tecnología en medicamentos, que le permita a Colombia producir medicinas según sus propias necesidades, camino que han transitado países de la región como Cuba, Brasil, Argentina, y otros como Mozambique e India15 (ver recuadro: Ejemplos por seguir) que los tiene enfrentados con la industria multinacional farmacéutica –un anticancerígeno que Bayer vende por el equivalente a 4.000 euros por mes de tratamiento, la farmacéutica India Natco lo venderá por 134 euros–; y 3) una línea de educación que lleve tanto a los médicos como a los pacientes a comprender el valor de formular y demandar medicamentos esenciales y genéricos y no los de marca. Las Guías de Práctica Clínica, que aún no están desarrolladas en nuestro país, no constituyen un dispositivo de control adecuado.

*    Redacción salud. EPS ganaron casi un billón por drogas que no debían cobrar. Diario El Tiempo, edición 7 de mayo del 2011.
**    ídem.
1    Robledo, Jorge. Que cese el monopolio de los medicamentos biotecnológicos. Bogotá, 23 de febrero de 2012. http://www.moir.org.co/Que-cese-el-monopolio-de-los.html.
2    El borrador del decreto plantea que los medicamentos de origen biotecnológico son productos cuyo ingrediente farmacéutico activo se ha obtenido mediante el empleo de microorganismos o células vivas por la tecnología del ADN recombinante y/o técnicas de hibridoma, entre otros. Actualmente, un 20 por ciento de este tipo de fármacos está en el mercado, pero rápidamente puede llegar a ser el 50 por ciento debido a procesos de investigación clínica que se desarrollan (Centro de Información de Medicamentos de Cataluña). http://www.cedimcat.info/html/es/dir2471/doc26677.html).
3    Medicamentos biosimilares son aquellos productos medicinales de origen biotecnológico, similares a otros fármacos innovadores cuya patente ha expirado, producidos por un fabricante diferente (Centro de Información de Medicamentos de Cataluña).
4    http://www.observamed.org/.
5    http://www.luiscarlosavellaneda.com/home/index.php?option=com_content&view=article&id=185.
6    Decreto borrador “Por el cual se modifica parcialmente el Decreto 677 de 1995, se reglamenta el régimen del registro sanitario de los medicamentos de origen biológico para uso humano y se dictan otras disposiciones”.http://www.minproteccionsocial.gov.co/Normatividad/PROYECTO%20DECRETO%20BIOLOGICOS%20_BIOTECNOLOGICOS.pdf.
7    http://www.moir.org.co/Que-cese-el-monopolio-de-los.html.
8    Lara Rodrigo. El TLC y el sistema de salud. El Espectador, Edición 21 de febrero de 2012.
9    Los recobros son el dinero que el Sistema General de Seguridad Social en Salud les reembolsa a las EPS a través del Fosyga por la prestación de servicios por fuera del POS (NO POS) a sus afiliados, sean procedimientos asistenciales o medicamentos.
10    Rodríguez, Óscar. Política de seguridad social no toca fondo. UN Periódico, edición 139, noviembre de 2010.
11    Fedesarrollo. Pertinencia de incentivar la competencia en el mercado de medicamentos biotecnológicos en Colombia y su impacto sobre las finanzas del sector de la salud. Bogotá, 2012.
12    http://www.unperiodico.unal.edu.co/dper/article/los-medicamentos-inutiles-del-pos/index.html.
13    Torres- Tovar M. El impacto de los acuerdos de libre comercio sobre el derecho a la salud. Revista Cubana Salud Pública, vol. 32, número 3, septiembre de 2006.
14    La Organización Mundial de la Salud establece que los medicamentos esenciales son los que “cubren las necesidades de atención de salud prioritarias de la población. Su selección se hace atendiendo a la prevalencia de las enfermedades y a su seguridad, eficacia y costo-eficacia comparativa”.
    http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs325/es/index.html.
15    Durante los últimos seis años, la multinacional farmacéutica Novartis ha llevado a India ante los tribunales en varias ocasiones. La compañía ha atacado las leyes indias que permiten la producción de medicamentos genéricos y el caso ha llegado al Tribunal Supremo de India (fuente http://www.msf.es/stopnovartis/).



Recuadro 1

Política farmacéutica y desarrollo de una industria nacional de medicamentos


Colombia no cuenta con un adecuado desarrollo normativo ni institucional en materia farmacéutica para enfrentar el desafío de garantizar seguridad, eficacia y calidad de los medicamentos (fármaco-químicos y biotecnológicos) y acceso equitativo y pertinente a la población.

Tanto el decreto en debate como la generación de un documento Conpes de política farmacéutica en el que también está interesado el gobierno nacional. Deben ser instrumentos útiles para fortalecer la regulación estatal en materia de producción y venta de medicamentos; deben reconocer que estos bienes son de carácter público y componentes del derecho a la salud. Por tanto, están por encima los intereses de salud de la población y no los intereses de los mercaderes de la salud.

Un instrumento útil para avanzar en este camino es lograr que el decreto elimine la protección de la información (datos) para los medicamentos a los cuales se les vence el tiempo de patente. Si la eficacia de la molécula para tratar cierta enfermedad ya fue demostrada con estudios clínicos previos, la obligación de los fabricantes es probar que utilizan las técnicas adecuadas de manufactura y que su molécula es igual a la original, y no volver a realizar investigaciones de la efectividad clínica de la molécula, dado que cada estudio clínico puede costar más de un millón de dólares1.

A la vez, es necesario que la lista de medicamentos del POS saque un conjunto de éstos que son inútiles, por no constituir ni medicamentos esenciales ni tener referencia a las necesidades de salud de la gente de acuerdo al perfil epidemiológico2, y por desangrar las finanzas públicas del sistema de salud y aumentar los gastos de bolsillo de la gente.

En el país, los sectores favorables a la salud y las medicinas como bienes públicos y derechos debemos articular las demandas y las acciones, así como presionar al gobierno nacional para que, de un lado, sancione el decreto en su propuesta inicial, y además, avance en el establecimiento de una política para la salud de la gente y no para el lucro. Al parecer, se trata de una pelea de burro amarrado con tigre suelto, dado que las multinacionales son un actor muy potente que tal vez logró congelar la decisión contenida en el decreto. Por la vida de un sinnúmero de compatriotas, debemos ir en otra dirección.

1    Correa, Pablo. La guerra por los medicamentos biotecnológicos en Colombia. El Espectador, edición 12 de febrero de 2012.
2    López, JJ. Los medicamentos inútiles del POS. UN Periódico, edición febrero 11 de 2012.
    http://www.unperiodico.unal.edu.co/dper/article/los-medicamentos-inutiles-del-pos/index.html.


Recuadro 2

Ejemplos por seguir


Mozambique produce sus propios medicamentos antirretrovirales. Es el primer país de África en producirlos para frenar el virus del VIH que causa el sida. Un total de 10,6 millones de personas en el África subsahariana están en la necesidad de tratamiento antirretroviral, pero sólo el 37 por ciento en la actualidad puede acceder a él. Hará asociación con Brasil, país que ya transita por el camino de producir sus propios medicamentos para el tratamiento del sida.

Fuente: http://www.telegraph.co.uk/health/healthnews/8980651/Mozambique-to-produce-its-own-antiretroviral-drugs.html.



India desafía al gigante Bayer


Nexavar es un medicamento para el cáncer de riñón e hígado patentado por Bayer y ahora se comercializará por Natco Pharma con el nombre de Sorafenat. Este es un caso sin producción hasta ahora y que sienta precedentes en India, nación considerada como “la farmacia del mundo en desarrollo” por la producción de genéricos de calidad a bajo costo. De acuerdo a las leyes indias de patentes, esta medida tiene aplicación cuando un fármaco no está disponible para el público a “un precio accesible” después de tres años de otorgarle la patente (en este caso, fue en 2008). Para compensar los gastos de desarrollo, el fabricante del genérico tendrá que pagar regalías por el 6 por ciento de las ventas netas a Bayer, que seguirá con la patente.

Al respecto, Médicos Sin Fronteras asume que en el sistema actual las nuevas medicinas son patentadas y las compañías defienden agresivamente sus monopolios, a expensas de los pacientes que no pueden pagar tan altos precios. Es imperativo pasar a un sistema más equitativo en el cual las nuevas medicinas tengan varios productores que paguen regalías al dueño de la patente, para que recupere sus gastos de desarrollo del producto, pero también para que la gente del mundo en desarrollo tenga acceso a los medicamentos*.

*    http://sociedad.elpais.com/sociedad/2012/03/12/actualidad/1331567998_292489.html.
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Bogotá se movió por la defensa de sus hospitales públicos
Con una convocatoria hecha por los trabajadores del sector de la salud –Salvo mi hospital– respaldada plenamente por la Secretaría Distrital del ramo, el 7 de junio salieron de nuevo a las calles de Bogotá miles de personas para exigir que los hospitales públicos sean preservados y para expresar nuevamente su rechazo a la Ley 100, responsable de la situación actual en que está sumida la salud y los hospitales públicos.
 
De esta movilización se deben resaltar dos hechos. De un lado, que la sociedad se movilice en defensa y recuperación de lo público, entendiendo que los hospitales son un patrimonio colectivo que hay que preservar, y que no se puede permitir que sean destruidos por los intereses privados. El segundo, como un hecho inédito en la ciudad y el país, la declaración expresa del alcalde Gustavo Petro y del Secretario de Salud, Guillermo Jaramillo, solicitándole a la Corte Constitucional que declare el estado inconstitucional de cosas en materia de salud, que permita acabar con la Ley 100 y establezca un sistema que efectivamente garantice éste preciado derecho.
 
Como la primera autoridad de la urbe lo planteó, es necesario continuar con las marchas. Sin lugar a dudas, la única posibilidad para que no se pierda el patrimonio histórico de la red hospitalaria pública, para que se reabra el Hospital San Juan de Dios (San Juan de Todos/as) y para que haya un nuevo sistema de salud en Colombia, se requiere sostener y ampliar la movilización social por este importante y fundamental derecho, tanto en Bogotá como en el conjunto del país.
 

“Solicitud respetuosa a la Corte Constitucional para que salga en defensa de la Constitución […] del derecho de los humildes a vivir […] del derecho del pueblo a cambiar un modelo de salud absolutamente ineficaz, inequitativo, que ya ha demostrado su colapso”.

 





 






"Que se entienda bien claro: hoy, los 22 gerentes de la Red Hospitalaria pública no son sólo contadores, administradores sino además activistas por el derecho a la salud pública en la ciudad de Bogotá".










“Un objetivo: la Bogotá popular se levanta pacíficamente para no dejar perder sus hospitales, para reabrir el que nos robaron –el San Juan de Dios–, y para cambiarle a toda Colombia el modelo de salud de los mercaderes e instaurar el modelo de la salud del Derecho”.













“Una marcha blanca permanente hasta que cambie el modelo de salud en Colombia, hasta que las EPS paguen los 251 mil millones de pesos que le deben a la red pública de la ciudad, hasta que se abra el Hospital San Juan de Dios, hasta que se dignifique la relación laboral de los trabajadores de la salud; hasta que el derecho a la salud sea una realidad para el bebé, para la niña popular, para el niño, para el vendedor ambulante”.
 


 

Publicado enEdición 181
Domingo, 08 Abril 2012 07:26

El ataque a la educación pública

El ataque a la educación pública

La educación pública está siendo atacada en todo el mundo. En respuesta, recientemente ha habido protestas estudiantiles en Gran Bretaña, Canadá, Chile, Taiwán y otras partes.
 

California también es campo de batalla. Los Angeles Times informa otro capítulo de la campaña para destruir al que había sido el sistema de enseñanza pública superior más grande del mundo: “Las autoridades de la universidad del estado de California anunciaron planes para congelar las inscripciones la próxima primavera en la mayoría de los campus y poner en lista de espera a todos los aspirantes el siguiente otoño, con miras al resultado de las votaciones de noviembre sobre una iniciativa fiscal”.
 

Desfinanciamiento similar está aconteciendo en todo el país. “En la mayoría de los estados”, informa The New York Times, “los pagos de colegiaturas, no las asignaciones estatales, son lo que cubre gran parte del presupuesto”, de tal forma que “podría haberse acabado la era de universidades públicas accesibles de cuatro años, fuertemente subsidiadas por el Estado”.
 

Cada vez es más común que los colegios comunitarios enfrenten perspectivas similares –y los déficits se extienden a grados K-12.
 

“Ha habido un cambio de la creencia de que como nación nos beneficiamos de la educación superior a la creencia de que la gente que recibe educación es la más beneficiada y que, por tanto, debería pagar el costo”, concluye Ronald G. Ehrenberg, administrador del sistema de universidades estatales de Nueva York y director del Instituto Cornell de Investigación de Educación Superior.
 

Una descripción más precisa, pienso, es “Fracaso por diseño”, título de un estudio reciente del Instituto de Política Económica (EPI, por sus siglas en inglés), que desde hace mucho ha sido fuente importante de información y análisis confiable sobre el estado de la economía.
 

El estudio del EPI analiza las consecuencias de la transformación de la economía de hace una generación, de producción nacional a la “financialización” y tercerización. Por diseño, siempre ha habido alternativas.
 

Una de las principales justificaciones para el diseño es lo que el galardonado premio Nobel Joseph Stiglitz llamó la “religión” de que “los mercados llevan a resultados eficientes”, que recientemente recibió aún otro golpe devastador con el colapso de la burbuja inmobiliaria, que fue ignorada bajo argumentos doctrinales, desencadenando la actual crisis financiera.
 

También se hacen afirmaciones sobre los supuestos beneficios de la radical expansión de las instituciones financieras desde la década de 1970. Una descripción más convincente la aportó Martin Wolf, corresponsal sénior de economía de The Financial Times: “Un sector financiero descontrolado se está comiendo desde adentro la economía de mercado moderna, de la misma forma en que la larva de una marabunta se come al organismo donde fue depositada”.
 

El estudio del EPI observa que el “Fracaso por diseño” se basa en clases. Para los diseñadores ha sido un éxito impactante, tal como lo revela la sorprendente concentración de riqueza en el uno por ciento de hasta arriba, de hecho en el 0.1 por ciento superior, mientras la mayoría se ha reducido a un virtual estancamiento o caída.
 

En pocas palabras, cada vez que pueden “los maestros de la humanidad” siguen su “vil máxima... de todo para nosotros y nada para los demás”, tal como lo explicó Adam Smith hace mucho tiempo.
 

La educación pública masiva es uno de los grandes logros de la sociedad estadunidense. Ha tenido muchas dimensiones. Uno de los propósitos fue preparar a los agricultores independientes para la vida como trabajadores asalariados, que toleraran lo que consideraban virtual esclavitud.
 

El elemento coercitivo no pasó desapercibido. Ralph Waldo Emerson observó que los líderes políticos apelan por la educación popular porque temen que “este país se esté llenando de miles y millones de votantes, y se debe educarlos para que no nos salten al cuello”. Pero correctamente educados: limitar sus perspectivas y entendimiento, desalentar el pensamiento libre e independiente, y enseñarles obediencia.


La “vil máxima” y su aplicación regularmente han generado resistencia, lo que a su vez evoca los mismos temores entre la élite. Hace 40 años había una gran preocupación de que la población se estuviera liberando de la apatía y la obediencia.
 

En el extremo liberal internacionalista, la Comisión Trilateral –el grupo de política no gubernamental en que se basó gran parte de la administración Carter– emitió duras advertencias en 1975 de que hay demasiada democracia, debido en parte al fracaso de las instituciones responsables del “adoctrinamiento de los jóvenes”. En la derecha, un importante memorándum de 1971 de Lewis Powell, dirigido a la Cámara de Comercio de Estados Unidos, principal organismo empresarial, lamentaba que los radicales estuvieran apoderándose de todo –universidades, medios, gobierno, etcétera– y exhortó a la comunidad empresarial a que usara su poder económico para revertir el ataque contra nuestra preciada forma de vida –bien conocida por él. Como cabildero de la industria del tabaco estaba bastante familiarizado con el funcionamiento del Estado paternalista para los ricos, al que llamó “libre mercado”.
 

Desde entonces, muchas medidas se han tomado para restaurar la disciplina. Una es la cruzada por la privatización –poner el control en manos confiables.
 

Otra son los drásticos aumentos a las colegiaturas, hasta 600 por ciento desde 1980. Éstas producen un sistema de educación superior con “mucho más estratificación económica que en cualquier otro país”, según Jane Wellman, ex directora del proyecto Delta Cost, que monitorea esos asuntos. Los aumentos a la colegiatura atrapan a los estudiantes en deuda de largo plazo y, consecuentemente, en la subordinación al poder privado.
 

Los justificativos se presentan con argumentos económicos, pero son singularmente faltos de poder de convencimiento. En países ricos y pobres, incluyendo a México aquí al lado, la colegiatura sigue siendo gratuita o nominal. Eso también era así en Estados Unidos cuando era un país mucho más pobre, luego de la II Guerra Mundial, y gran cantidad de estudiantes pudieron ingresar a las universidades bajo la iniciativa GI – actor para crecimiento económico singularmente elevado, incluso dejando a un lado la importancia en la mejoría de las vidas.
 

Otro instrumento es la corporatización de las universidades. Ello ha llevado a un drástico incremento en las capas de administración, a menudo profesional en lugar de sacarla del profesorado como antes, y a la imposición de una cultura empresarial de “eficiencia” –noción ideológica, no sólo económica.
 

Un ejemplo es la decisión de los colegios estatales de eliminar programas de enfermería, ingeniería y ciencias computacionales, porque son costosos –y resulta que son las profesiones donde hay escasez de mano de obra, tal como lo informa The New York Times. La decisión afecta a la sociedad, pero se atiene a una ideología empresarial de ganancia de corto plazo sin importar las consecuencias humanas, de acuerdo con la vil máxima.
 

Algunos de los efectos más insidiosos son sobre la enseñanza y el monitoreo. El ideal de la educación de la Ilustración fue capturado en la imagen de la enseñanza que pende de un hilo que los estudiantes siguen a su manera, desarrollando su creatividad e independencia de pensamiento.
 

La alternativa, de ser rechazada, es la imagen de vaciar agua en un jarrón –con bastantes fugas, como todo lo sabemos por experiencia propia. Este último enfoque incluye enseñar para exámenes y otros mecanismos que destruyen el interés de los estudiantes y buscan hacerlos a un molde fácilmente controlado. Algo muy familiar en la actualidad.
 

El nuevo libro de Noam Chomsky, Making the future: occupations, interventions, empire and resistance, es una colección de sus columnas para The New York Times Syndicate.
 

Por Chomsky, profesor emérito de lingüística y filosofía del Instituto Tecnológico de Massachusetts, en Cambridge.
 

 

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Domingo, 10 Julio 2011 07:29

El agua, ¿de quién es?

Aunque el sentido común responde que es de todos, los hechos suelen contradecirlo: el calentamiento global y los cambios climáticos que conlleva han convertido el agua en algo tanto o más codiciado que el petróleo y grandes empresas se están convirtiendo en dueñas de ese recurso natural, extrañamente, con la ayuda de las Naciones Unidas, la organización creada para velar por los derechos de los habitantes del planeta entero. En este caso, y no sólo, parece inclinada a preservar más a los unos que a los otros. Con razón decía Bernard Shaw que el sentido común es el menos común de los sentidos.
 

Una de las primeras medidas que adoptó Ban Ki-moon, flamante secretario general de la ONU, fue el lanzamiento del CEO Water Mandate, “una iniciativa público-privada especial destinada a asistir a las empresas en el desarrollo, aplicación y difusión de políticas y prácticas sostenibles en la esfera del agua” (www.unglobalcompact.org). Un propósito loable, su trastienda no tanto. Megapolios como Marck&Co. o Siemens se acogen al Mandato para privatizar un bien común. Como sucede con otros proyectos importantes de la ONU, FMI, el Banco Mundial y bancos de desarrollo regionales en general se encargan de manejarlos.
 

El Banco Mundial acaba de asumir el control del Fondo Verde de la Conferencia sobre el Cambio Climático, financiado con 100 mil millones de dólares. Es notoria la poca o ninguna transparencia del BM en lo que hace a proyectos similares, pero estas iniciativas se reiteran “no sólo porque los Estados miembros más poderosos de las Naciones Unidas las empujan”, señaló Maud Barlow, presidenta del Consejo Nacional de Canadienses (CNC): también porque la ONU carece de fondos suficientes y sus organismos y programas “recurren al patrocinio privado para funcionar”. Barlow es autora, entre otros libros, de Oro azul y El Pacto Azul: la crisis mundial del agua y la lucha por el derecho al agua.
 

La ecologista canadiense ha subrayado, en el prólogo de un estudio del CNC sobre la influencia del sector privado en las Naciones Unidas, que el planeta está en vísperas de una crisis de proporciones aterradoras en materia de abastecimiento de agua (//blueplanetproject.net). Observa que el FMI “fuerza a las naciones endeudadas a vender bienes públicos, incluyendo los acuíferos, como condición para otorgar una ayuda financiera. Todo el sistema (de la ONU) está regido por estas corporaciones”. Que sólo buscan ganancias, naturalmente.
 

El informe del CNC detalla ese dominio en varias organizaciones del sistema, incluso anteriores a 2007. El Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef) concertó en el 2005 una asociación con la empresa Volvic, abastecedora de agua mineral, y llevó a cabo una campaña pública de proporciones en Alemania con el lema “1 litro por 10 litros”. La empresa se comprometió a contribuir monetariamente a un programa de Unicef en estos términos: por cada litro de agua Volvic que se vendiera en el país europeo, la empresa aportaría lo necesario para que los habitantes del distrito Amhara en Etiopía tuvieran acceso a 10 litros de agua potable. La iniciativa se repitió en otros mercados occidentales, lo que permitió que el programa se extendiera a zonas de Níger y Malí.
 

Volvic donó medio millón de dólares de sus ventas en EE.UU. y Canadá en el bienio 2008-2009 para financiar proyectos de Unicef (www.drink1give10.com). Bien, pero cabe señalar que las ventas de la sección Agua del grupo francés Danone, al que Volvic pertenece, ascendieron aproximadamente a 3700 millones de dólares sólo en el 2008 (www.danone.com, 24/6/10). El CNC manifiesta en el estudio que la vinculación explícita de Unicef con Volvic en grandes mercados consumidores como Francia, Japón, Canadá y EE.UU. es un valor agregado y estima que las ventas de los productos embotellados de Danone “bien pudieron haber excedido el valor (correspondiente) de la contribución de 500 mil dólares a Unicef”.
 

La Unidad de Inspección Conjunta de la ONU señaló en un informe del año pasado que esta clase de asociaciones carecen de “un sistema eficaz de supervisión para medir la implementación real de los principios (establecidos) por los participantes”, lo cual ha despertado las críticas de varios Estados miembros de Naciones Unidas y el riesgo de lastimar la reputación de la organización internacional (www.unjiu.org, septiembre de 2010). Sin embargo, aumenta su participación en estos emprendimientos “especiales”.
 

Un rasgo característico de estas transacciones, reconocido por el Banco Mundial, es que las empresas se niegan a invertir en la infraestructura necesaria para mejorar el acceso a este recurso: sólo quieren recortar las operaciones para aumentar sus beneficios. Así, el precio del líquido aumenta y su calidad empeora. En Francia, considerado el impulsor más importante de la privatización del agua, hay marcha atrás: en junio, la alcaidía de París readquirió los servicios de agua manejados por las compañías Veolia y Suez. Pero no siempre la rapacidad encuentra freno.

Por Juan Gelman
 

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Jueves, 26 Mayo 2011 19:28

Vermont: tierra pionera

Vermont es una tierra orgullosa de ser pionera en varias cosas. Este pequeño estado de Nueva Inglaterra fue el primero en unirse a las 13 Colonias. Su constitución fue la primera en prohibir la esclavitud y la primera en establecer el derecho a la educación gratuita para todos, la educación pública.

Esta semana, Vermont será pionero una vez más: se convertirá en el primer estado del país en ofrecer un sistema de salud de pagador único, lo cual deja fuera a las costosas empresas de seguros de salud, que muchos consideran la principal causa del aumento de los costos de salud en nuestro país. En un sistema de pagador único pueden operar tanto proveedores de salud públicos como privados, como siempre lo han hecho. Pero en lugar de que el paciente o la empresa de seguro de salud del paciente pague por el servicio, lo hará el Estado. Básicamente significa que habrá Medicare para todos: se extiende ese derecho a toda la población. El Estado, que compra estos servicios de salud para toda la población, puede negociar tarifas favorables y eliminar los grandes costos impuestos por las aseguradoras con fines de lucro.

Vermont contrató al economista de Harvard William Hsiao para plantear tres alternativas al actual sistema. El sistema de pagador único, escribió Hsiao, “generará un ahorro del 24,3 por ciento del gasto total en salud entre 2015 y 2024”. Una investigación realizada por Don McCanne de Médicos por un Programa Nacional de Salud señaló que “estos planes cubrirían a todos sin que aumente el gasto, ya que la eficiencia del sistema de pagador único alcanzaría para pagar por quienes actualmente carecen de seguro o cuyo seguro no cubre lo suficiente. Entonces es realmente una buena noticia”, dijo “El sistema de pagador único funciona”.

El gobernador de Vermont, Peter Shumlin, me explicó los motivos por los que promulgará la ley: “Este es nuestro actual desafío. Nuestras primas aumentan 10, 15, hasta 20 por ciento cada año. Esto también sucede en el resto del país. Están matando a las pequeñas empresas. Están matando a los estadounidenses de clase media, que fueron golpeados por la crisis en los últimos años. Nuestro plan creará un fondo único, que absorberá las ganancias de las aseguradoras, de las empresas farmacéuticas, y de todos los que se están aprovechando del sistema para obtener ganancias a costa de nuestras enfermedades, y asegurará que invirtamos esos dólares en la salud de los habitantes de Vermont. De manera que sería un fondo único que utilizará la tecnología para asegurar que hagamos a un lado lo que no sirve y dediquemos esos dólares a proteger la salud de los habitantes de Vermont”.

Hablando de ser pioneros en cuestiones de salud, Vermont podría convertirse en el primer estado en cerrar una planta nuclear. La legislatura de Vermont es la primera en adjudicarse el derecho de decidir sobre el futuro nuclear del estado, lo que significa poner la política ambiental en manos de la gente.

Vermont también fue pionero en aprobar una legislación sobre la unión civil entre personas del mismo sexo. Luego el estado fue más allá para convertirse en la primera legislatura del país en legalizar el matrimonio homosexual. Luego de que el proyecto de ley fuera aprobado en la Cámara de Representantes y el Senado de Vermont, el ex gobernador Jim Douglas lo vetó. Al día siguiente, en abril de 2009, ambas cámaras anularon el veto del gobernador y convirtieron a la Ley de Libertad de Matrimonio de Vermont en ley vigente.

Vermont se ha convertido en una incubadora de políticas públicas innovadoras. El sistema de salud de pagador único de Canadá comenzó como un experimento en la provincia de Saskatchewan. Fue promovida a principios de la década del 60 por el entonces Primer Ministro de dicha provincia, Tommy Douglas, considerado por muchos el “canadiense más grande” de todos los tiempos. El plan tuvo éxito y fue adoptado rápidamente en todo el país. (A propósito, Tommy Douglas es el abuelo del actor Kiefer Sutherland). Quizá la nueva ley de asistencia de salud de Vermont inicie una transformación similar en Estados Unidos.

La antropóloga Margaret Mead dijo en una frase que se volvió célebre: “No cabe duda de que un pequeño grupo de ciudadanos conscientes y comprometidos puede cambiar el mundo. De hecho, son los únicos que lo han logrado”. Simplemente sustituye la palabra “grupo” por “estado”, y el resultado es Vermont.

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Denis Moynihan colaboró en la producción periodística de esta columna.
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Miércoles, 25 Mayo 2011 10:30

¡Extra! ¡Extra!

A partir de un hecho anecdótico, Sandra Massoni advierte sobre la complejidad del fenómeno comunicacional actual y convoca a investigar sobre los vínculos socioculturales que genera la comunicación.

Caminábamos por la calle y pasamos junto a un puesto de venta de diarios y revistas. Entonces mi madre me preguntó: ¿por qué será que ya no se vocean los periódicos? Es cierto –pensé– y me quedé repasando la cuestión, habida cuenta de que –por ser la comunicadora de la familia– debería analizar y dar alguna respuesta a este perspicaz descubrimiento. Tantos años de estudio e investigación deberían arrimar algunas pistas. Vamos por partes.

Extra! ¡Extra! Es así: ya no existe el canillita parado en una esquina voceando la primicia. ¡Extra! ¡Extra!

Examinemos esto. Si se tratara de un informe académico se podría titular: “Las múltiples transformaciones de la comunicación contemporánea en el entorno de los medios masivos”. Si fuera un escrito poético podría titularse quizás Réquiem a la primicia. Pero se trataba solo de un comentario en conversación con mi madre.

Pensemos qué decir: el hecho es que parecería que ya no hay primicias, al menos en los diarios. Más bien, la comunicación masiva actual parecería estar alejándose lentamente de artefactos tales como la última noticia y acercándose a otras herramientas, otros dispositivos y abordando entonces dimensiones distintas de lo comunicacional. ¿Cómo le explico? A ver así: el dato parece no ser ya lo más valioso en el entorno de la comunicación digital... por el contrario, la noticia hoy incluye muy habitualmente una cierta deconstrucción del escenario en el cual alguien en particular inscribe un dato en particular. Lo que se valora no es el dato sino la trama en la que el dato se inscribe.

Esto pensaba, ensayando una respuesta posible cuando llegamos al restaurante y mi madre pidió al mozo que bajara el volumen del televisor. Pero antes de que esto ocurriera, alcancé a escuchar a un periodista hablando enfáticamente acerca del sistema de medios de información en nuestro país. Así los nombraba y así también rezaba el zócalo: el sistema de medios de información. Y pensé: aquí hay una punta para arrimar una explicación. Es sabido que la comunicación en el siglo XXI es un proceso estratégico en tanto es el espacio y el momento relacionante de las diversidades socioculturales. La comunicación es un fenómeno articulador y central en las dinámicas de las sociedades actuales. Puedo explicarle que la comunicación es un proceso complejo y fluido que tiene múltiples dimensiones: una de ellas es la informativa, pero no es la única; por el contrario, presenta muchas otras: la interaccional, la ideológica, la del encuentro sociocultural. La dimensión informativa es la que típicamente utilizan los modelos difusionistas, aquellos que se ocupan de la comunicación como transferencia y, por tanto, la reducen al estudio lineal del proceso de información. Trabajando en esa dimensión se aborda un registro de lo comunicacional que resulta muy pertinente en contextos estables y en los que se manejan datos homogéneos; pero no es el único registro posible, tampoco –claro está– el único que han investigado los estudios comunicacionales. Actualmente hablamos de Comunicación Estratégica como un enfoque ocupado en considerar esa complejidad, esa multidimensionalidad de lo comunicacional y en establecer y operar un despliegue teórico y operativo desde sus aportes y sus especificidades. No se trata entonces de medios de información masiva, sino de medios de comunicación social. En la investigación comunicacional se considera y se explora este desplazamiento: ya no se investiga a la comunicación masiva sólo como un qué, cercano a la noticia definida en términos clásicos, sino desde un registro que incluye pero que, a la vez, rebasa esa dimensión. Más bien se trata de investigar una modalidad del vínculo sociocultural, una cierta articulación que alienta/hace crecer porque despliega/hace mover una dimensión particular de los fenómenos en torno de los que establece su comunicación un texto publicado en un periódico o una entrevista en un programa de televisión.

¿Medios de información pública? Salta a la vista que resulta urgente reformular esta categoría heredada de los viejos paradigmas y habitar en los ámbitos profesionales y también en los académicos otras formas, otros dispositivos, otras palabras más capaces de dar cuenta de las nuevas realidades que nos confrontan. Esto pensaba, pero llegó el mozo para tomarnos el pedido y nos concentramos en decidir qué íbamos a cenar.

* Directora de la Maestría en Comunicación Estratégica de la Universidad Nacional de Rosario.
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Domingo, 13 Marzo 2011 07:20

Los estadólatras

Aunque hay algunos que se dicen hasta socialistas, en realidad son nacionalistas, identifican el Estado con el gobierno como si fueran sinónimos, especialmente cuando este último es burgués nacionalista y confunden además al gobierno con el Líder, Jefe Máximo o Conductor, o lo que sea, porque tienen rasgos comunes con todos los cesaristas que son nacionalistas e igualmente verticalistas. Por otra parte, creen ciegamente en el cartelito de No molestar a quien conduce, cualesquiera sean las maniobras del conductor y, por último, cuando se declaran socialistas y marxistas, conciben al socialismo como un mosaico, una suma de socialismos nacionales.

Son conservadores y lo opuesto del marxismo, para el cual la lucha de liberación (nacional y social) tiene un carácter histórico mundial y que considera que el Estado y la idea de la unidad nacional son expresiones de la alienación y que lo político es la esencia de la vida social y en ésta –y no en los círculos gobernantes– hay que concentrar el análisis y depositar las esperanzas de cambios democráticos e igualitarios.

Son, además, mecanicistas y aplican fórmulas eternas. En los años 20 la rebelión de tribus y clanes de Argelia y del Rif marroquí contra Francia y España fue apoyada por la izquierda revolucionaria mundial, al igual que la defensa de la Etiopía feudal y esclavista del Negus Haile Selassie en los años 30 contra el colonialismo invasor de los fascistas italianos. Trotsky llamó también a apoyar al México de Lázaro Cárdenas ante la amenaza de invasión angloestadunidense. Los estadólatras deducen de todo esto que siempre, en todo conflicto entre un país semicolonial y el imperialismo, lo primero y esencial es oponerse a éste. Por eso no faltaron los que, en Argentina y en los gobiernos progresistas de Perú de los militares nacionalistas (o en el gobierno revolucionario de Cuba, por ejemplo) se alinearon junto a la dictadura militar argentina (que estaba en guerra con su propio pueblo y era proimperialista), cuando ésta, para mantener su poder tambaleante, intentó la diversión de la guerra de las Malvinas. Las Malvinas, sin duda, son argentinas y serán recuperadas algún día, pero argentinos –dijimos entonces– eran también los 30 mil desaparecidos, los exiliados, los torturados, y lo esencial era derrotar a la dictadura para poder comenzar a construir un régimen democrático e independiente del imperialismo. Los estadólatras de izquierda cometen hoy en Libia el mismo error malvinense.

Es cierto que a río revuelto, ganancia de pescadores, y es cierto que el imperialismo estadunidense, en competencia con los imperialismos europeos, trata de sacar provecho de la rebelión contra la dictadura de Muammar Kadafi, para apoderarse del petróleo que hoy está en manos de franceses e italianos. Pero los pescadores no provocan la creciente del río. Ni los niños pueden creer en la teoría conspirativa según la cual la CIA y el Mossad israelí provocaron una rebelión de millones de personas que va desde Marruecos hasta Yemen y los emiratos árabes y que ya derribó al tunecino Ben Ali, agente francés, y al egipcio Mubarak, agente de Estados Unidos y principal sostén de Israel y carcelero de los palestinos de Gaza, ni pueden aceptar tampoco que esas agencias están destruyendo voluntaria y conscientemente todo el dispositivo creado por Washington, con los acuerdos de Campo David y el fortalecimiento de las tiranías árabes.

Kadafi es indefendible, entre otras cosas porque, desde 1986, además de dictador y sostenedor de las demás dictaduras de la región, es un agente del imperialismo y se ha convertido en un gran inversionista con dinero robado. Buscar una salida política y una mediación, en cambio, es necesario y correcto… pero a condición, sin embargo, de buscarla donde sea factible –por ejemplo, la Liga Árabe– y no proponiendo una comisión encabezada por un ex presidente imperialista cuyo hermano estuvo además en negocios turbios con Kadafi.

No hay otro camino digno que apoyar la rebelión, buscar un cese el fuego, cortar así de raíz los pretextos para una intervención militar de Estados Unidos, por su cuenta, contra las Naciones Unidas, donde el veto chino y ruso le impediría contar con el consenso de esa organización, y en contra de la voluntad de sus socios italianos y franceses en la OTAN. Si Kadafi aplastase a la rebelión mal armada, no sólo su dictadura sería aún más feroz sino que también aumentaría su dependencia del imperialismo. Si, en cambio, dejase el poder mediante una salida negociada, existe el riesgo de que un debilísimo gobierno de transición se someta a las grandes potencias imperialistas, a las cuales debe vender el petróleo y de las cuales debe comprar alimentos y tecnología.

En la sociedad libia –donde en los últimos 40 años no han habido sindicatos independientes, partidos, ni un periódico independiente– las solidaridades son de clan, de tribu, regionales. La religión, salvo en el caso de la secta nacionalista y xenófoba de los Senoussi, que no tolerará una ocupación o intervención extranjera, y que se opone a Kadafi, no es un factor decisivo. En la dirección de los rebeldes hay, por lo tanto, desde ex ministros de Kadafi (Al Jalil), proestadunidenses, hasta ex militares nasseristas (Al Hariri) encarcelados durante 17 años por sus ideas a la izquierda de Kadafi. Hasta ahora esa dirección se ha opuesto a la intervención imperialista y ha dicho que la combatiría, pero si fuese acorralada no se sabe qué podría hacer. En cambio, si triunfase, podría formar un gobierno muy moderado frente al capital extranjero. Pero el pueblo libio sentiría su propia fuerza y, bajo la influencia de la izquierda tunecina, comenzaría una rápida evolución. Sobre todo porque la estabilidad de la producción petrolera y la dominación imperialista en la región han sido gravemente dañadas por la rebelión, que es necesario profundizar.

Por Guillermo Almeyra
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Decenas de miles de trabajadores y simpatizantes suspendieron sus labores y prácticamente tomaron el Capitolio estatal en Wisconsin para protestar por un intento del gobernador de destruir los sindicatos del sector público –parte de un asalto antisindical a nivel nacional– en un conflicto que algunos comparan con lo sucedido en Egipto.

El nuevo gobernador republicano Scott Walker y la legislatura controlada por su partido impulsan una iniciativa de ley para anular pensiones, elevar el pago de seguro médico y limitar el derecho a negociar un contrato colectivo sólo de salarios, entre otras medidas para debilitar a los sindicatos públicos y sus conquistas logradas a lo largo de décadas. Walker señaló que estaba dispuesto a desplegar a la Guardia Nacional si los sindicatos se atrevían a realizar acciones para detener estas iniciativas.

Ante ello, desde el martes maestros, trabajadores de hospitales públicos, enfermeras, trabajadores de mantenimiento, de reclusorios y de salubridad pública se concentraron en el centro de Madison, la capital estatal, apoyados por sindicalistas de sectores privados que se sumaron en solidaridad, y durante dos días rodearon el Capitolio y miles ingresaron al edificio gubernamental coreando: "a cerrar esto" y "libertad, democracia, sindicatos".

Miles de estudiantes y profesores suspendieron clases en las universidades estatales en protesta contra la iniciativa. Además miles de maestros de escuelas públicas se reportaron "enfermos" y no asistieron a sus centros de trabajo para sumarse a las protestas, obligando el cierre de las escuelas públicas en la capital y varios distritos más del estado. Estudiantes de preparatorias y secundarias, en lugar de gozar sus días libres, se sumaron a las marchas y protestas, coreando "apoyamos a nuestros maestros, apoyamos la educación pública", y al llegar a la plaza del Capitolio fueron recibidos con ovaciones por miles de universitarios.

Por lo tanto, no pocos observadores comentan que Wisconsin se parece a Egipto, y los propios manifestantes así lo proclamaban. En algunas de las mantas y pancartas se leía: "Hosni/Walker" (en referencia al gobernador). "Protesta como un egipcio". "Si Egipto puede obtener la democracia, ¿por qué no Wisconsin?" "Esta es nuestra plaza Tahrir".

Lo que ocurre en Wisconsin, comentó Noam Chomsky, "tal vez es el inicio de lo que verdaderamente necesitamos aquí (en Estados Unidos): un levantamiento de democracia; ya que la democracia aquí ha sido casi eviscerada", dijo en entrevista con el programa Democracy Now!.
"Qué glorioso es estar en Madison, Wisconsin, esta semana, donde el pueblo se ha levantado en rebelión contra los republicanos neandertales que buscan destruir los sindicatos del sector público e imponer daño masivo a sus trabajadores. Aquí no se trata de balancear el presupuesto. Se trata de destruir los sindicatos como una fuerza política y económica", escribió Matthew Rothschild, editor de la revista nacional The Progressive con sede en Madison. Es, añadió, "la zona cero de la lucha contra todo eso, y los de Wisconsin están realizando la cosa más cercana a una huelga general que jamás he visto en mi vida"

Los sindicatos nacionales ofrecen recursos y personal para apoyar a sus secciones estatales, reconocen que si se logra impulsar esa ley en Wisconsin, será replicada en otros estados donde los gobernantes intentan reducir sus déficit presupuestales –que se han multiplicado como consecuencia de la crisis económica– trasladando los costos a los trabajadores del sector público. Iniciativas parecidas se impulsan en Ohio, Indiana, Tenesí, y también versiones menos drásticas pero que imponen severos recortes presupuestales a sindicalistas del sector público –sobre todo maestros– en estados gigantescos gobernados por demócratas como es el caso de Nueva York y California.

Tal ha sido el tamaño de las manifestaciones que algunos legisladores estatales republicanos ya reconsideran su apoyo a la iniciativa del gobernador, mientras que esta mañana todos los demócratas del senado estatal se esfumaron y con ello la cámara alta se quedó sin quórum, lo que imposibilitó un voto sobre la iniciativa que el gobernador desea quede aprobada para mañana. Otros consideran que a pesar de las protestas, esperan aprobar la medida muy pronto.

Hasta el presidente Barack Obama ha expresado su simpatía con los trabajadores en la pugna en Wisconsin. En entrevista con una radio de la entidad dijo que las medidas del gobernador para obstaculizar negociaciones de contrato colectivo “generalmente parecen más como un asalto a los sindicatos… Estos son maestros, bomberos, trabajadores sociales y policías. Hacen muchos sacrificios y una gran contribución, y creo que es importante no denigrarlos o sugerir de alguna manera que todos estos problemas presupuestales son a causa de los empleados públicos”.

Harold Meyerson, columnista del Washington Post, escribió que "mientras los trabajadores estaban ayudando a derrocar al régimen en El Cairo, un gobierno estatal en particular estaba procediendo a derrocar a las organizaciones de trabajadores aquí en Estados Unidos". Concluyó que los conservadores estadunidenses frecuentemente expresan su admiración por la valentía de los trabajadores de otros países al protestar contra regímenes autoritarios. “Sin embargo, permitir que trabajadores en casa ejerzan sus derechos amenaza con minar algunos de nuestros propios regímenes (republicanos en particular) y no se debería permitir. Ahora que el gobernador de Wisconsin ha emitido sus órdenes de marcha a la Guardia, podemos discernir un nuevo patrón de solidaridad represiva, desde el faraón… del Medio Oriente al faraón… del Medio Oeste”.

David Brooks
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