Formación de las FARC en San Vicente del Cagúan, durante los diálogos de paz en la adiministración Pastrana.
 
Quedan cinco divergencias de fondo, en la Mesa Gobierno-Farc. Así expresa en sus encuentros, el Comandante Pablo Catatumbo ‒Responsable del Movimiento Bolivariano Clandestino. La más difícil, acordar el número y extensión de los Territorios Especiales ‒Terrepaz‒, diferentes a las ¿23 veredas?, y “previos a los ocho campamentos para dejación de armas”. “Falta pelo p’al moño”, advirtió Timochenko. “Resistencia civil”, firma Uribe. “Si no hay paz, vendrá guerrilla urbana”, sentencia el Presidente. Con sus frases, Uribe asusta a los pobres, Santos asusta a los ricos.

 

 

‒¡No!, dijo enfático, el general Mora Rangel, como rechazo oficial a la propuesta de territorios Terrepaz, que presentó la insurgencia en la Comisión Técnica (de asuntos militares). Ante el impase, aplazado el tema, con anuencia de Farc, la discusión adelantó en el punto de la verificación internacional. A sabiendas, el Presidente y el ministro de defensa, con la complicidad mediática, ocultan que está en veremos, el acuerdo acerca de las dos fases territoriales en la transformación guerrillera: áreas y líneas de “separación de tropas” y campamentos para dejación de armas.

 

Además de esta diferencia, sobreaguan otros cuatro pendientes de tamaño grueso: 1) Concluir las “42 salvedades” y los “asteriscos” de los puntos acordados. 2) (Dado el antecedente de la captura de Felipe Torres,) la exigencia de una Ley de Amnistía, previa a la firma de un acuerdo definitivo. 3) (Aplazado en su aprobación desde 1991) aprobar el Estatuto de oposición y 4) Definir una transición de la estructura guerrillera, diferente a la reinserción de procesos anteriores.

 

Para buena parte del ciudadano común, la negociación está en aplazamiento desde el 23 de marzo.

 

 

Dos fases territoriales:
“separación de tropas”
y dejación de armas

 

Los hechos son tozudos. La negociación con Farc y Eln es la primera diferente en el país, y en el continente: Comienza sin la “decisión” de ‘desmovilización’ y “entrega de armas”. Con Farc tiene como fórmula, la dejación, que depende del contenido y refrendación del acuerdo final. Una característica que tiene su razón, en la real correlación operativa en el terreno.


Sucede que en sus más de ocho años, Álvaro Uribe como gobernador de Antioquia y Presidente de Colombia, no pudo infligir una “derrota militar irregular” a Farc e imponer una cota más alta de “desgaste político” a Eln ‒tal como calculó el jefe paramilitar Carlos Castaño. A este respecto, el Comando de la Fuerza Aérea Colombiana, FAC, tiene abierta una polémica. Aduce en su publicación Victorias desde el aire, que presentó en la reciente XXIX Feria Internacional del Libro de Bogotá, que: asestó a Farc espaciados golpes de “derrota en la cadena mando” pero, el Ejército –la infantería– no llegó ni ocupó los lugares profundos en la ‘retaguardia’ guerrillera.

 

Aun con los efectos de la asimetría tecnológica que otorga ventaja aérea y de bombardeo con precisión al Estado colombiano –a partir del Plan Colombia–, sin una derrota militar a las organizaciones insurgentes, el gobierno Santos y su porción oligárquica de poder ‒en el gobierno‒, no pueden manejar a su amaño; la duración y fecha de una negociación mixta (con Farc y con Eln).

 

¿...“Dos mesas
un solo proceso”...?

 

La dualidad Farc/Eln con respecto a un fin verdadero del conflicto armado, está más agravada hoy. El señor Frank Pearl, principal en la Comisión gubernamental de diálogo con Eln, en compañía del general (r) Herrera Verbel, hizo saber en la más reciente reunión de la Comisión Nacional de Paz: “La negociación con el Eln está estancada”. (Solamente Pearl y Herrera, sin José Noe Ríos, viajaron a Venezuela a un encuentro con el Eln, que no avanzó más que el saludo).

 

Mucho antes, Gobierno-Eln en conversación secreta, alcanzaron a fijar como procedimiento, que la participación de la sociedad con interrogantes acerca de cuál es la Democracia que Colombia espera y en el tema de las víctimas; no tendrá un tercer asiento en la mesa. Serán las delegaciones Gobierno y Eln, una vez lean todas la iniciativas que lleguen, quienes señalarán los aspectos en que estén a favor y descartarán el resto.

 

En este marco, el Gobierno considera una fortaleza, que los puntos y detalles en tratamiento con Farc no tendrán repetición en la conversación con Eln. ¡Es una tamaña subjetividad o desconocimiento! Es conocido que el Eln contradice dos aspectos gruesos de los acuerdos Gobierno-Farc:

 

Están dispuestos a pagar cárcel ante la comprobación de culpa en hechos de violación de lesa humanidad y condicionan que los miembros de las Fuerzas Armadas, ante iguales casos, deberán pagar cárcel. Es una convicción que no surge en el Eln como un capricho. Surge de su relacionamiento y solidaridad con la experiencia del Cono Sur, en la lucha contra las dictaduras. Allá, los sectores con memoria y más comprometidos, rechazan los acuerdo de Punto Final que libran a los Ejércitos.

 

Para comenzar la conversación, no asumen siquiera la fórmula de “dejación de armas”, que es funcional en la Mesa de La Habana.

 

Los 180 días prorrogables de “separación de tropas” con las Farc y un lapso mínimo de agenda con el Eln, determinan una situación de “paz armada”. Acompañada de un debate que irá en aumento de polarización y amenaza de respuesta paramilitar. A su vez, de expresiones sociales resistentes.


Una disputa y entroncamiento de factores y aumento de la contradicción política y social, que con el ingrediente de una convocatoria de acercamiento-unidad novedosa y legítima, podrían ser desencadenantes de un nuevo cuadro en la lucha popular. Panorama no extraño en las vertientes de análisis estratégico y de precaución de todo signo. Consta en la p. 21 del libro El arte militar de los chinos (Editorial Pleamar. Buenos Aires, 1979) del Tte. Cnel. E. Cholet, en su definición de Guerra subversiva: [...] es una actividad múltiple, que emplea y combina medios violentos y pacíficos, fuerza y astucia, presión y engaño, patriotismo y traición; hasta crear una situación que le permita acceder al poder sin lucha violenta o afrontar directamente su conquista en lucha abierta... (negrillas en este artículo).

 

 

Cuántos son los finales
de un conflicto

 

Un conflicto regular, como fue la II Guerra Mundial tuvo dos finales: El cese de batalla 7-8 de mayo de 1946 y el día del final jurídico, septiembre de 1947, cuando comenzó el Proceso de Nüremberg. En Colombia, el largo conflicto irregular que cruza durante las últimas décadas, tendrá que barajar al menos, tres fechas finales, en diferente orden: política, jurídica/refrendación y de hostilidades/“separación de tropas”.

 

En Macondo sucede lo creíble y lo increíble.

 

 

 

 
Monólogo de Aureliano viendo pasar el circo

 

Los acuerdos de paz están construidos con piedra pómez.
Todo en ellos es poroso, lleno de poros como la piel. Frágil y duradera como una pirámide de nada.
Monólogo secreto de misiles que no hubo quién vendiera
Monólogo a punta de lengua, a punta de desconocer e ignorar “los factores reales de poder”
A las múltiples manos negras de la inteligencia calculadora que ni sube ni baja
Que se queda quieta. Mientras nosotros abrazábamos los fusiles.
Las manos negras de la intervención que no cesará
De las intervenciones que se anuncian para domesticar los sueños
Somos hombres y mujeres pero no contamos igual las cosas
Hechos de Coltan, fronteras y misiles, nadie va a cumplir lo pactado, salvo los que puedan
17 aurelianos tristes. Mientras pasa el circo.

 

 

 

 

 

 

 

Publicado enEdición Nº226
Un gobierno que parte desde la debilidad

En Perú, Kuczynski asumirá sin mayoría parlamentaria y obligado a hacer pactos

Desde Lima


“Kuczynski debe formar un gabinete con personalidades independientes que no estén vetadas ni por el fujimorismo ni por la izquierda”, señala el analista Alberto Adrianzén. El reto económico sería salirse de la dependencia de las exportaciones de minerales.

Pedro Pablo Kuczynski se enfrenta al reto de asumir un gobierno sin mayoría parlamentaria y tener que gobernar con un Congreso controlado por una mayoría absoluta del fujimorismo. A eso se suma que tiene un partido político recién formado para estas elecciones, que más parece un club de amigos y sin una presencia importante a nivel nacional, que carece de vínculos con organizaciones sociales que lo respalden, que cuenta con un apoyo propio de solamente 20 por ciento -ganó la elección gracias al voto antifujimorista que lo eligió como el mal menor pero no apoya su programa neoliberal- y que tiene muy poca llegada a los sectores populares.


Un panorama difícil y complicado para este economista de 77 años, poco carismático y ligado a los grandes grupos de poder económico, que ha llegado a la presidencia por una combinación de factores del azar que lo terminaron colocando en la segunda vuelta como la única alternativa para evitar el regreso del autoritarismo fujimorista. El suyo será un gobierno que parte desde la debilidad.


Consciente de esa debilidad, desde su victoria Kuczynski ha puesto el acento en hacer un llamado a la concertación y pedir apoyo para un gobierno amplio que trascienda a su propio partido. Pero por ahora el fujimorismo, todavía herido y en duelo por su derrota, le ha tirado un portazo a sus llamados a la concertación. El presidente electo y los principales voceros de su partido han insistido en seguir enviando mensajes de acercamiento al partido de Keiko Fujimori. Pero todavía no reciben una respuesta.


“Para gobernar Kuczynski necesita al fujimorismo, que tiene la mayoría en el Congreso. Los principales retos de PPK –como se le conoce a Kuczynski y que es también el nombre de su partido (Peruanos por el Kambio)– es llegar a un acuerdo con el fujimorismo y organizar un gabinete ministerial que exprese a la sociedad en sus distintas dimensiones y empiece a resolver el problema de la división nacional. Debe formar un gabinete con personalidades independientes que no estén vetadas ni por el fujimorismo, ni por el Frente Amplio de izquierda, con un primer ministro que no venga de los partidos y sea aceptable por los distintos sectores. Tiene que ser un gabinete plural”, le señaló a Página/12 Alberto Adrianzén. El analista politico y parlamentario andino considera que el fujimorismo, pasada la amargura de una derrota que no esperaban, finalmente cederá y terminará dialogando y llegando a acuerdos con el nuevo gobierno. “Finalmente, Keiko va a tener que negociar con PPK, porque si no lo hace va a aparecer como un elemento negativo, que obstruye, que frena las propuestas en temas sensibles. Pero lo va a marcar a presión. Creo que finalmente habrá un acuerdo entre ambos, una especie de cogobierno. La lógica indica que una vez que se dé un acuerdo entre PPK y el fujimorismo, toda la derecha se va a alinear con ese acuerdo y van a tratar de marginar a la izquierda. La relación de PPK con el Frente Amplio de izquierda, que lo apoyó para evitar el triunfo del fujimorismo, va a ser una relación conflictuada”, agrega Adrianzén.


Adoptar políticas concretas en la lucha contra la corrupción, de justicia y reparación para las víctimas de violaciones a los derechos humanos, tal como PPK se comprometió en la campaña, la defensa de los derechos ciudadanos, no limitar derechos laborales, otro compromiso que el presidente electo adoptó en la campaña, son asuntos en los que el nuevo gobierno puede entenderse con la bancada del Frente Amplio en el Congreso. Aunque eso lo podría enfrentar al fujimorismo, con quien comparte el mismo programa económico neoliberal, y su mayoría parlamentaria. Un difícil equilibrio. Una situación complicada la de PPK.


Si no cumple con esos compromisos y decepciona a ese importante sector que lo apoyó para defender la democracia frente al autoritarismo fujimorista y con un mensaje claro de lucha contra la corrupción, el nuevo gobierno se podría enfrentar a las movilizaciones y protestas de los amplios sectores que en la campaña electoral salieron a las calles para rechazar el regreso del fujimorismo.


Pasados los días de tensión antes que se confirme su angustiosa victoria electoral, Kuczynski está concentrado en armar su gabinete ministerial y a diseñar sus primeras medidas. Esas primeras medidas tendrán que ver, según adelantó, con cómo enfrentar la inseguridad ciudadana, considerada el mayor problema por la mayoría de ciudadanos, y con la economía.


El único nombre seguro en el gabinete ministerial es el del ministro de Economía, que será el economista Alfredo Thorne, jefe del plan de gobierno de PPK, hombre ligado a organismos financieros internacionales y que asegura la continuidad de una política neoliberal ortodoxa.


En lo económico, PPK se enfrenta al reto de una economía que, aunque sigue creciendo –para este año se pronostica un crecimiento de entre 3 y 4 por ciento– ha caído en una preocupante desaceleración y enfrenta la amenaza de la crisis internacional y la caída de los precios de los minerales, principal sostén de la economía peruana.


“El reto en lo económico del nuevo gobierno –dice Humberto Campodónico, economista y catedrático de la Universidad de San Marcos– es adoptar un plan de diversificación económica que rompa la dependencia de la economía peruana de las exportaciones de minerales, un plan que genere nuevos motores de la economía. Eso es fundamental en el contexto actual de crisis económica internacional y caída de los precios de las materias primas. Pero ese plan de diversificación económico no es contemplado con el suficiente énfasis en el programa de PPK.”

Publicado enInternacional
Negociación colectiva y construcción de paz en Colombia

El análisis comparado de la negociación colectiva, sobretodo en América Latina y el Caribe, nos muestra que uno de los problemas principales que tiene la negociación colectiva es la reducción de su temática solo a la cuestión salarial y a los beneficios económicos. Hay necesidad de enriquecerla con nuevos temas, en virtud de las amplias facultades que le confieren los convenios internacionales como el espacio propio, autónomo y libre de las partes negociadoras.

Ahora bien, el proceso de paz marcha, que estamos a punto de afianzar con los acuerdos de La Habana, nos ofrece la oportunidad de involucrar nuevos temas en la negociación colectiva, tanto del sector público como del privado. Pero sobretodo la oportunidad de hacer efectivos los aportes de los trabajadores, los empresarios y el Estado como empleador al proceso de pacificación, afianzando la cultura del diálogo social y la bilateralidad, y reorientando la concepción que hasta ahora se ha tenido sobre la responsabilidad social empresarial y sindical. Porque los acuerdos con las FARC deben constituir un punto de partida para el proceso de reconstrucción del tejido social del país.

El artículo 22 de nuestra Constitución nos plantea de manera imperativa que "la paz es un derecho y un deber de obligatorio cumplimiento", lo que nos deja de presente la obligación de trabajar por ella desde todos los espacios. Y la negociación colectiva es uno de los espacios más apropiados, teniendo en cuenta que la exclusión de los trabajadores, la falta de diálogo social y la redistribución inequitativa de la renta, han sido condicionantes de la violencia. Así que cualquier intento por lograr una paz duradera debe pasar por la actuación sobre estos elementos básicos y fundamentales.

A los empresarios les conviene la paz

Un elemento positivo que debemos tener en cuenta a la hora de proponerle a los empleadores acciones en favor del proceso de paz y reconciliación, es que los sectores empresariales siempre han apoyado los diferentes procesos de paz en Colombia. Varios de ellos han tenido una participación muy significativa en la facilitación y el desarrollo de los diferentes procesos de paz. De igual manera deberán jugar ahora un papel preponderante en la puesta en marcha de los acuerdos. Y la razón es obvia, como lo ha expresado Sergio Jaramillo, integrante de la comisión negociadora del Gobierno: "No se me ocurre que haya otro sector más beneficiado, como el empresarial, con el fin de la guerra" .

De acuerdo con algunos sondeos realizados en el presente año (por ejemplo los de Estadística y Análisis Ltda. y de la Cámara de Comercio de Bogotá), antes incluso del acuerdo logrado en septiembre sobre justicia restaurativa, el 55% de los empresarios encuestados seguiría apoyando los diálogos así no se alcanzara a firmar un acuerdo definitivo en el 2015. Y de esa porción, el 65% estaría dispuesto a esperar lo que fuera necesario porque consideran que la paz le conviene al país y que el diálogo es la mejor alternativa. Por su parte los empresarios encuestados manifestaron que entre los principales beneficios del proceso de paz estaba, en primer lugar, la atracción de la inversión extranjera, en segundo la aceleración del crecimiento económico, y en tercero el incremento de las ventas .

Así que de entrada debemos considerar que las empresas están interesadas en el desarrollo de actividades y programas encaminados a la construcción de la paz. Además, porque una de las necesidades señaladas por ellas en los sondeos efectuados tiene que ver con "la mitigación del riesgo de un resurgimiento del conflicto", lo que sin duda se puede alcanzar imprimiéndole la dinámica requerida al diálogo social y a la negociación colectiva laboral, convirtiendo en acuerdos bilaterales y en la práctica eso que la mayoría considera que se puede lograr mediante códigos de conducta y de buen gobierno corporativo.

¿A qué están dispuestos los empresarios?

De acuerdo con el documento "Perspectivas y aportes empresariales para la construcción de paz", de la Cámara de Comercio de Bogotá, de la Fundación Ideas para la Paz y del Instituto Catalán Internacional para la Paz, los empresarios consideran que solo se les pregunta por su aporte en materia de reintegración de desmovilizados, y ellos creen que su aporte va mucho más allá, que debe ser mayor y con enfoque de largo plazo, cumpliendo un rol de ciudadanos corporativos. Esta apreciación es muy importante porque le puede dar una mejor perspectiva a compromisos en materia de cohesión e inclusión en el marco del diálogo social y la negociación colectiva.

Lo cierto es que, sin descartar ninguna posibilidad, hay un consenso en el sentido de que la empresa privada tiene mucho que aportar en el denominado post conflicto, generando empleo decente y trabajo digno; y que la inversión correrá básicamente a cargo de este sector y ellos están dispuestos, con el aporte del Estado en materia de incentivos y con la ayuda internacional. Dentro de este marco consideran importante reorientar su enfoque acerca de la responsabilidad social empresarial para incorporar la agenda hacia la paz y la resolución pacífica de los conflictos, actuando en sus entornos con sentido social, más allá de las concepciones filantrópicas.

Con respecto a este tema, es de anotar que existen posibilidades de acciones conjuntas, de acuerdo con las asociaciones público privadas (APP) reglamentadas mediante la ley 1508 de 2012, y que le puede dar marco a las acciones y alianzas territoriales para la intervención social y la búsqueda de la paz .

Los temas para la negociación colectiva

Es de esperarse que no todas las empresas participen en el mismo tipo de actividades, porque tienen diferentes condiciones en el contexto de sus operaciones. Pero todas deberán hacer su aporte, reorientando su concepción sobre la responsabilidad social empresarial. A todas les convendrá generar condiciones que les permitan mejorar tanto su imagen como su desempeño económico.

Ahora bien, el Estado como empleador debe cambiar la actitud frente a los empleados públicos, ampliando la posibilidad de negociación de las condiciones laborales de sus servidores, y así dar cumplimiento pleno al Convenio 151 de la OIT sobre negociación colectiva en la administración pública. El Estado debe ser ejemplo de sometimiento a las normas internacionales del trabajo, de los derechos fundamentales plasmados en la Constitución Política sobre libertad sindical, de las sentencias de la Corte Constitucional y las normas legales sobre formalización laboral.

El Estado, además, debe fortalecer su capacidad regulatoria y de control, la inspección y vigilancia de los derechos laborales individuales y colectivos, para garantizar su cumplimiento y ejercicio pleno.

Como ideas para acordar e incluir en la negociación colectiva laboral, y por ende en los convenios y acuerdos laborales, dejo las siguientes:

1. El compromiso del Estado, como empleador, en buenas prácticas laborales.
2. Partiendo del compromiso de las partes y de la comunidad de intereses en el propósito de la paz, se puede acordar como declaración el compromiso con esta, por una cultura democrática y por el aprovechamiento del proceso de paz para la construcción de un nuevo modelo de relaciones laborales como aporte al nuevo país incluyente y solidario que todos queremos.
3. Acordar el impulso de procesos pedagógicos, formativos y de sensibilización con relación al proceso de construcción de la paz. En el primer periodo se debería trabajar para sensibilizar a la población trabajadora en la necesidad de refrendar los acuerdos con la insurgencia, impulsando en general en la sociedad una perspectiva de reconciliación y una cultura de la negociación, independientemente de las ideas políticas.
4. Lograr compromisos en materia de la implementación de prácticas empresariales responsables en los marcos ético y legal, como condición para la contribución al proceso de transformación y canalización de los conflictos, desechando la violencia, proyectando este comportamiento también a la cadena de valor y a la comunidad.
5. Acordar y fortalecer los espacios para el diálogo social y la negociación colectiva. Donde no existan, se deberán propiciar los espacios con los representantes de los trabajadores en los lugares de trabajo; promover, o por lo menos no obstaculizar, procesos organizativos y su articulación con espacios regionales y sectoriales de negociación y diálogo social, interiorizando la autonomía de las partes y su capacidad para generar normas con estatura de ley.
6. Desarrollar los acuerdos sobre formalización laboral, privilegiando la vinculación laboral directa, en el sector público y privado como elemento esencial del trabajo decente.
7. Acordar programas de formación y capacitación de la población en estado de vulnerabilidad en los entornos de las empresas, lo mismo que la capacitación de victimas para mejorar su empleabilidad.
8. Acordar e impulsar proyectos de reconstrucción de zonas afectadas por el conflicto.
9. Revisar y acordar posibilidades para apoyar la reinserción de desmovilizados y excombatientes, brindándoles formación y oportunidades laborales.

Si no se aprovecha el proceso de construcción de paz para fortalecer la negociación colectiva como alma y nervio del diálogo social, difícilmente se puede pensar en una paz firme y duradera.

Publicado 30 noviembre de 2015.

Publicado enColombia