Los delfines de la Costa con el Congreso en sus bolsillos

El inicio de una nueva legislatura en Colombia trajo consigo la instalación de la hegemonía costeña en las presidencias del Senado y la Cámara de Representantes: José David Name y Fabio Amín Saleme, respectivamente, asumieron la cabeza de las corporaciones públicas. Su elección no sólo demuestra la influencia de la Costa en el Congreso, sino, también, la continuidad de las castas tradicionales de la política y de la parapolítica en la definición de las lógicas de poder en el país.

 

La mesa directiva del Senado

 

Tal y como lo fue indicado en desdeabajo, edición 204, la existencia de una oposición numerosa en el Congreso habilita a los partidos de la coalición de gobierno para exigir mayores prebendas, incrementando su poder de negociación frente al Ejecutivo. En este caso la designación de José David Name, como candidato del Partido de la U, y su posterior elección en la presidencia del Senado, es una clara afrenta al guiño del presidente Juan Manuel Santos quien terminó impulsando la candidatura al interior de su partido de Armando Benedetti.

 

Name, es el delfín político del clan Name Terán, iniciado por su padre el cacique atlanticense José Name quien fuera congresista durante una treintena de años. Este cacique fue vinculado a las investigaciones de la parapolítica por testimonios de los ex miembros de las autodefensas: Carlos Mario García Ávila, Alfredo Arrault, Edgardo Ignacio Fierro Florez, Mario Marenco, Pedro Pablo Sánchez, Guillermo Ariza, Fernando Garcés y Julio Polanía.

 

Su poder y ligazón con el Gobierno central le permite grandes negocios, producto de los cuales terminó involucrado en variadas polémicas, algunas de ellas por concesiones otorgadas para construir obras de infraestructura, entre ellas la vía de La prosperidad, concesión ganada junto a un consorcio que lo conjuga con el dudoso gobernador del Magdalena, Luis Miguel "El Mello" Cotes –próximo al condenado para-político Trino Luna–; y otras polémicas por actos como la entrega de 150 millones de pesos, a través de su empresa "Consultores del Desarrollo", para financiar el referendo del ex presidente Uribe.

 

Para la legislatura que arrancó este 20 de julio, su campaña a la presidencia del Senado fue apoyada por la poderosa familia García, quienes a través del senador Andrés García Zuccardi (hijo de la condenada por para-política Piedad Zuccardi y de Juan José García, penado por su relación con los dineros calientes del proceso 8000), y de la senadora Teresita García (hermana de Juan José y Álvaro García, este último condenado a 40 años de prisión por su participación intelectual en la masacre de los paramilitares en Macayepo Bolívar, que dejó 15 campesinos muertos), quienes hicieron todo el lobby necesario para reunir los 10 votos costeños de la bancada de la U y así vencer a los otros postulados para esta presidencia: Mauricio Lizcano y Armando Benedetti.

 

Aparte de los herederos de la para-política del clan García, Name contó en su campaña hacia la presidencia del Senado con el apoyo de Dilian Francisca Toro, procesada por lavado de activos. De igual manera, en medio de la elección en la plenaria del Senado, resultó respaldado por la bancada del expresidente Álvaro Uribe.

 

Como si fuera poco, la mencionada Teresita García fue electa como segunda vicepresidenta de la Cámara. La parapolítica, conjugada con la resistencia de los clanes políticos costeños a su muerte, es una constante que desnuda la arquitectura mafiosa y clientelar del régimen político colombiano.

 

También en la Cámara

 

La Cámara de Representantes quedó liderada por el liberal cordobés Fabio Amín Saleme, reencarnación del jefe de su clan, José Name Terán. Su familia fue relacionada con las dudosas concesiones de infraestructura otorgadas en el caribe colombiano. Su logró le permitirá revivir a su clan en el poder en el departamento del Atlántico, donde está aminorada por la influencia de los Char.

 

Recientemente fue vinculado al escandalo del carrusel de los dudosos viajes de un grupo de más de 10 congresistas por Argentina y Chile, aprovechándose de la financiación de la corporación pública.

 

El panorama real del poder político en Colombia, sin duda alguna, prosigue por los mismos caminos. El legislativo instalado el 20 de julio, mezcla de corrupción, clientelismo, mafia, para-política, así lo confirma.

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Parapolítica: contrainsurgencia y rumbos a la “cosa nuestra”
En el poder y en la ciudad de Medellín, con denuncias e investigación sobre la existencia al menos de 250 combos armados, cruza un reacomodo con trasfondos mafiosos. Entre las acciones de narcotráfico, política tradicional, lavado de divisas, compra de conciencias y de adhesiones políticas, amenazas, complicidades, impunidad y asesinatos, nacen nuevos dominios. Tienen base, y derivan con el control territorial y la inserción institucional una de las más claras expresiones de la “cosa nuestra” que es notoria por toda la urbe. La parapolitíca y su control territorial aparecen como una antesala de la forma y uso de dominios nuevos de la política, la economía y la administración de la violencia, que son un fenómeno de grandes implicaciones que trae nuevos retos para las organizaciones sociales. ¿Cómo sucede y cómo actúan en Medellín, qué poderes existen, qué dominio campea.

Una historia con un presente largo para no olvidar. En uno de sus capítulos más conocidos, aún tiene consecuencias la reposición de los “desmovilizados” como manejadores de orden y justicia en los barrios. Ya sobresale que la capital de la montaña es objeto “de disputa por los grupos ilegales las rentas económicas derivadas en gran medida del narcomenudeo, las extorsiones, los juegos de azar, redes de prostitución y el lavado de dinero; […] uno de los ejes primordiales de disputa es el control de la población, en tanto su dominio garantiza a las agrupaciones condiciones de seguridad y supervivencia, vulnerando de manera sistemática sus derechos humanos como medio para conseguir sus objetivos”. Una parte de la realidad que en el primer semestre de 2011 hizo público un informe de la Personería de esa ciudad. Así sucedió y sucede en Medellín –no una isla–, en evidencia o anuncio por supuesto, de hechos que en alguna medida ocurren en otras partes. ¿Cómo obtienen ese control sobre la población?

Corría 2009. En su momento, el Alcalde Alonso Salazar advirtió, puso en conocimiento de los ciudadanos y las instituciones que la Fiscalía Seccional, con su director Guillermo León Valencia Cossio, hermano del entonces Ministro del Interior, así como el comandante de la Policía Metropolitana, general Marco Antonio Pedreros, mantenían vínculos con estructuras delincuenciales de la ‘oficina de Envigado’ y con alias Don Mario, su cabeza más visible. Las dos instituciones más importantes –con alcance institucional1– penetradas y cooptadas por la parapolítica. Pero las denuncias por el copamiento paramilitar no pararon ahí. El alcalde también señaló por el delito de extorsión y relación con bandas criminales al principal negociante de la Central Mayorista de la ciudad, Alirio de Jesús Rendón Hurtado (alias Cebollero), y a una empresa de vigilancia. Estas declaraciones, que tuvieron amplia difusión en su momento, dieron cuenta de los graves hechos sucedidos en esa ciudad, y de la presencia larga, y con consecuencias para sus habitantes, del crimen paramilitar.

El 29 de septiembre de 2010, el Sistema de Alertas Tempranas (SAT) de la Defensoría del Pueblo emitió un Informe de Riesgo (016-10): De acuerdo con la alerta, estarían en riesgo cerca de 298.436 personas habitantes de 54 barrios de 11 comunas, “en situación de alto riesgo de padecer desplazamientos forzados intraurbanos, amenazas, atentados, asesinatos, restricciones a la movilidad, entre otras vulneraciones”. Las zonas en riesgo serían las comunas 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y 13, así como los corregimientos de San Antonio de Prado, Altavista y San Cristóbal.

El documento del SAT resalta como factor de riesgo las acciones violentas de los grupos armados ilegales que actúan con las autodenominaciones ‘oficina de Envigado’ y Los Paisas. “Utilizan, de manera directa o a través de bandas y redes delincuenciales el terror, el miedo y la intimidación, como mecanismo para mantener el control social de la población […] complejo entramado de grupos armados reconvertidos después del proceso de desmovilización paramilitar, que han preservado su capacidad de incidencia coercitiva en diferentes sectores de la vida de la ciudad y que tienen vocación de actuar en el campo de lo político. Aspecto último, con una cuota alta de atención noticiosa y acción judicial.

Como es notorio, en Medellín hubo paramilitarización, y la ‘desmovilización’ del Bloque Cacique Nutibara escenificada el 25 de noviembre de 2003, en realidad fue ficticia. Cambiarion las formas, y su existencia y control prosiguió con nuevas formas. La Personería, en el informe que citamos, no deja dudas: “No existe patrullaje de la ciudad con pasamontañas ni armas de largo alcance. Es un control invisible, con amenazas, con armas camufladas de corto alcance, con expulsiones de los barrios [...] Hoy se respira un nuevo clima pero los habitantes de las comunas coinciden en afirmar que detrás de la aparente calma están agazapados los nuevos dueños del orden local: los grupos paramilitares que controlan los suburbios de Medellín con mano de hierro”2.

Sobre la situación de derechos humanos en Medellín, este informe presenta datos sobre amenazas, desplazamientos y desapariciones forzadas; tratos crueles, inhumanos y degradantes; violencias sexuales, vinculación y utilización de niños/as y adolescentes, así como masacres, ataques indiscriminados y homicidios (aumentan en los territorios de más intensa disputa territorial “como es el caso de las comunas 13, 8 (ver recuadro De luto la Comuna 8), 10, 16, 2 (barrio La Rosa), 3, 5 y 6, y los corregimientos de San Antonio de Prado, San Cristóbal y Altavista”. Y dice que “según la Policía Metropolitana existen alrededor de 200 bandas delincuenciales articuladas a 20 organizaciones delincuenciales integradas al narcotráfico (Odin) al servicio de las dos facciones de la ‘oficina de Envigado’, modelo de delincuencia organizada replicado en otras ciudades (Oficio 1205 del 25 de julio de 2005”.

A la vez, y ante los hechos, la Defensoría del Pueblo explica que la disputa entre los grupos armados ilegales surgidos luego de la desmovilización de los bloques que operaron en Medellín, así como las estructuras armadas de la ‘oficina de Envigado’, los llamados ‘combos’ y bandas al servicio del narcotráfico “tienen el propósito de garantizar las condiciones para la consolidación y legitimación de un modelo socioeconómico y político […]3. Estos grupos son la expresión local de sofisticadas redes criminales con profunda inserción social e institucional. Su denuncia y caracterización de esta realidad no puede aparecer como producto de simples organizaciones de “delincuencia común” y expresión de “personas pobres o disfuncionales” con su vida bajo el sino y la dedicación única o principal en actividades al margen de la ley.



Paramilitarismo y expansión, derivaciones y ramas de ‘cosa nostra’ mafiosa


Ante tales manifestaciones delincuenciales, es posible sí que en su estructura haya diversos grados de capacidad criminal por la incorporación de organizaciones pequeñas, con baja potencia destructiva, que actúan en cadena con grupos de mayor envergadura. En esta forma, es considerable la existencia y la presencia de encadenamientos productivos del comercio de droga en variada escala, unos que producen materias primas, otros que transportan y otros que comercializan […]. En resumen, no hay grupos locales armados que puedan considerarse autónomos. Todos están insertos en las redes criminales que actúan y buscan penetrar, consolidar o ampliar los dominios territoriales en la ciudad.

Al respecto, para la Defensoría4 “estos grupos no sólo actúan en el marco de la disputa por las rentas provenientes de todo tipo de actividades ilegales sino que [además] generan estructuras híbridas que imbrican tanto la captura de rentas ilegales como de negocios legales, que se explican por dos procesos convergentes, la necesidad de legalizar activos provenientes de actividades ilícitas y la incursión de estos grupos, desde hace varios años, en el mundo de la economía legal, estableciendo alianzas empresariales muy fructíferas.

No pasa desapercibido (sic) que tanto las investigaciones académicas de organismos como la Corporación Nuevo Arco Iris como las penales adelantadas por la Corte Suprema de Justicia y la Fiscalía General de la Nación, genéricamente conocidas como “parapolítica”, pusieron al descubierto que el accionar paramilitar desde mediados de los años 90, además del componente contrainsurgente, incorporó los intereses de una amplia red de sectores económicos, sociales y políticos que vieron en la estrategia paramilitar una buena oportunidad para reconstruir un orden social funcional a sus intereses y para acumular poder en diversos campos. Una buena parte de esta iniciativa se concretó en la estrategia de alianzas para la toma del poder local (…)”5.

Ya con la proximidad de las elecciones, en octubre de 2011, el politólogo Max Yury Gil advirtió acerca del alcance de esa realidad en Medellín y la naturaleza y “vocación de actuar en el campo de lo político” de las “sofisticadas redes criminales” que operaban en la ciudad. Y desde su marco intelectual recomendaba: “Los habitantes de esta ciudad tenemos un reto […] decidir cómo les va a ir a los candidatos que nos proponen los grupos armados, esos que han sido responsables de buena parte de los 1.982 jóvenes asesinados en la ciudad, entre ellos los cinco líderes juveniles de la comuna 13. (…) es fundamental que la institucionalidad rodee de garantías este proceso, pero especialmente que demuestre un compromiso más allá de toda duda sobre la ruptura con la criminalidad, que implica una renuncia absoluta a construir la gobernabilidad en alianza con las mafias que actúan en Medellín y a tolerar que sectores oficiales actúen al margen de la ley”6.

Por su parte, Manuel Alonso y Jorge Giraldo señalaron desde 2007 que en Antioquia y Medellín “las bandas, las estructuras del crimen organizado, los paramilitares y los grupos de autodefensa barrial tienen una relación entre sí a través de un conjunto variable de intermediarios”. Cada uno, “establece las relaciones específicas de los nodos con el entorno”7. Medellín y su realidad casi aplastante, como vamos viendo en el curso de este artículo, llevó a estos dos académicos a concluir: La existencia de una gran economía ilegal, con un mercado de seguridad compuesto por múltiples demandantes y oferentes armados, que se estructura sobre la figura de los intermediarios legales y no legales –en medio de una débil institucionalidad. Mercado y marco político y de poder que pone las ‘intenciones’ de desmontar el paramilitarismo en el lugar inmodesto de los ideales.

Creerlo así es suponer que con las desmovilizaciones que fueron realizadas y escenificadas se puede desmontar el proyecto paramilitar. Equivale a decir que es posible recoger con los dedos la gota de mercurio que cae al piso. Pero no fueron sólo académicos; también diversos movimientos y organizaciones sociales advirtieron sobre las transformaciones problemáticas que experimentan durante la última década los actores ilegales en la ciudad.

Hace cuatro años (2008), organizaciones como Casa de la Mujer, Mujeres que Crean, Ruta Pacífica y Vamos Mujer, en un informe presentado a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, afirmaron: “Posterior a la cooptación de bandas y combos que emergían en la ciudad hacia 2003, momento de la mal llamada desmovilización, se da un proceso de reposicionamiento de los desmovilizados como administradores de orden y justicia en los barrios, que configuran su autoridad mediante castigos físicos, amenazas y desplazamientos como formas de controlar socialmente las poblaciones”8.

Ante el dominio público de este suceder, la existencia de grandes jefes y complejas organizaciones delincuenciales no son ficciones de Alonso Salazar, el alcalde de la urbe por entonces, al denunciar las circunstancias apremiantes de la misma. A finales de 2009 y comienzos de 2010, una Comisión por la Vida mantuvo contactos con grandes jefes delincuenciales, buscando un acuerdo para que, en palabras de Jaime Jaramillo Panesso, destacado miembro de la Comisión, “la situación en la ciudad se pacifique, no se maten entre ellos y no maten personas inocentes”9. Un vano o superficial intento.

Los mapas realizados por la Personería de Medellín en 2008 y 2011 identifican bandas y combos delincuenciales en la ciudad, que en su mayoría permanecen en las zonas.

El lugar de la raíz del fenómeno y sus “conexiones secretas y alarmantes”



En el mundo y en la polémica jurídica y del Derecho fue noticia que el fiscal Giovanni Falcone, a quien la mafia que investigó en Palermo (Italia) lo asesinó en 1992, caracterizó en forma pública la configuración mafiosa como un tejido de conexiones secretas y alarmantes y de compenetraciones orgánicas.

Dada esta estructura para el delito, el articulista y etnógrafo Aldo Cívico10, quien desde hace 10 años estudia el trasfondo etnográfico –los sectores de la sociedad–, sobre quienes gravitan la incidencia, los beneficios y el disimulo del paramilitarismo en Medellín, y quien viajó como parte de su investigación con Leoluca Orlando, ex alcalde antimafia de Palermo, a Monterrey (México), pone sobre la mesa que “la raíz del problema [de la violencia paramilitar] no está en los barrios marginales”, aunque sea allí donde la violencia tiene sus manifestaciones. Aduce él, en cambio, que tal problema está y tiene su dinámica: en los comportamientos y espacios donde los sujetos que cuentan con un recurso de poder y vínculo con individuos de la clase dirigente, y en cuya relación y lugares tienen un amplio margen de resguardo, “manejo y acuerdo de las turbias alianzas […] garantía de la impunidad”. Son estos entonces unos espacios centrales y de ‘cinco estrellas’.

Cuando Raúl Hasbún Mendoza le suministró a la Fiscalía una lista de 240 bananeros, 400 ganaderos y 4.200 comerciantes, como capítulo de la ‘paraeconomía’, su primera derivación fue la medida de aseguramiento contra Guillermo Gaviria Echeverry, un nombrado bananero en Urabá y padre del actual alcalde de Medellín. Estos hechos, permiten traer “a la mente unas analogías”, directas, similares, para usar palabras del investigador Cívico, con el hecho mafioso que hace parte de la historia en Italia. Unas analogías que también son claras ante el caso ya público de la ‘Convivir Papagayo’, que operó con los grupos paramilitares en Urabá, y que por las relaciones que estableció recibió una condena en Estados Unidos la empresa Chiquita Brown. Ejemplo o analogía que caracterizan el hecho mafioso ya con desarrollos. Con adelantos en la relación con el poder y su origen de legitimación que en un ejemplo mínimo la Corporación Arco Iris referencia en su II Informe 2011 sobre la acción de combos que “infiere la instrumentalización política […] en Villa Hermosa y Altavista para hacer proselitismo electoral y obstaculizar físicamente el desarrollo de campañas electorales de otros candidatos”11. Al respecto, la profesora Gina Margarita López concluyó de manera contundente: “En Medellín impera el voto “amarado”, el voto comprado”12.

En agosto de 2009, el periodista y analista del conflicto urbano en Medellín Juan Diego Restrepo veía que ‘organizaciones’ como la ‘oficina de Envigado’, estructuras de origen paramilitar como la de Diego Rendón Herrera, alias don Mario; grupos narcotraficantes como Los Rastrojos e históricas bandas de Bello, Itagüí y Medellín, buscan hacerse a un dominio territorial al modo de Don Berna, a sangre y fuego. Pero hasta el momento nadie tiene el monopolio ni siquiera el Estado, que ha cedido terreno13.

Dada la caracterización y la experiencia internacional que alcanzó el fiscal Falcone y que define el espacio de movimiento de las personas con algún poder, que son quienes deciden y traman el recuso de pago o violencia para avanzar y consolidar un mayor volumen de poder, sobre un área determinada, sin considerar su extensión, ¡no es el narcotráfico desarticulado! Es, según la investigación mencionada, “la alianza del crimen organizado con poderes políticos y económicos el factor que constituye la esencia de la mafia”. En Italia, esta alianza tiene como denominación el término “intreccio”, que quiere decir trama.

Tal como vemos en Medellín y es de profundo conocimiento en Italia, la trama, ese intreccio señala “no sólo la reciprocidad entre la ‘Cosa Nostra’ y la institucionalidad sino también la amplia ‘zona gris’ en la cual es imposible distinguir dónde termina la mafia y dónde comienza la institucionalidad”, según precisa Cívico. Por tanto, concluye que “en las compenetraciones y conexiones del crimen organizado con la economía y la política está también asentada la naturaleza del paramilitarismo como poder mafioso”.

Leoluca Orlando, el ex alcalde antimafia de Palermo, al llegar a Monterrey, cuando el hermano del alcalde fue acusado de complicidad en el atentado a una discoteca que les costó la vida a más de 10 personas, declaró a la prensa: “Yo sé solamente que un alcalde que tiene una familia con relaciones con los criminales no es digno de ser el alcalde de una ciudad. No puede representar a la comunidad en la lucha contra la mafia. No se trata de justicia; se trata de ética”.

¿Debió guardar silencio el Alcalde?


La Procuraduría General de la Nación, en auto del 24 de octubre de 2011, levantó un pliego de cargos al alcalde14  por sus comentarios el 6 de octubre de 2011 “a través de la red social más utilizada en internet Twitter, el 6 de octubre; a lo cual, en el interrogatorio que tuvo al rendir versión libre, el alcalde respondió que era “harta su obligación de corregir una cantidad de cosas dichas por el candidato @luis _perez_g (quien dice que las pasadas elecciones se las robaron)” y que Pérez aducía que en las elecciones del pasado 30 de octubre había el mismo riesgo, y que “desde ya busca quitar legitimidad si el resultado no le favorece”. Y agregó que cuando Luis Pérez perdió en el 2007 “calumnió sin importarle el daño que hacía a la ciudad, y ahora calumnia como estrategia de campaña”.

Otra de las posibles fallas disciplinarias que investigadas por la Procuraduría, en un procedimiento con participación de los académicos Jorge Alberto Giraldo y William Fredy Pérez como testigos técnicos, alude a la entrega de fotografías y las afirmaciones del alcalde a los medios de comunicación escritos y electrónicos para “darle publicidad a una posible comisión de unos hechos delictivos por parte de algunos candidatos a cargos de elección popular en las próximas [ahora pasadas] elecciones. Este asunto abre y permite una polémica jurídica y de un desempeño ciudadano sobre la responsabilidad de un funcionario y de las actuaciones que derivan de sus deberes constitucionales, legales y reglamentarios. Son preguntas: 1) El Alcalde utilizó el cargo con el fin de participar en forma activa, personal y voluntaria en pleno rigor de las prohibiciones señaladas en la Ley de Garantías, 2) actividades propias de los partidos y movimientos políticos, 3) Influyó en procesos electorales de carácter político partidista, 4) Interfirió en la contienda electoral con el fin de perjudicar electoralmente a los candidatos denunciados 5) Violó las prohibiciones consagradas en la ley de garantías electorales contenidas en la Ley 996 de 2005.

Muy pronto, en sus primeros seis meses de mandato, el alcalde Alonso Salazar ya tuvo lances y hechos –nada comunes por las autoridades elegidas– de lucha pública y frontal contra la delincuencia con vínculos políticos. En su testimonio, William F. Pérez hizo notar que: “por lo menos durante las últimas tres décadas la ciudad ha sufrido una transición de organizaciones un poco más elementales, casi espontáneas, hacia […] un verdadero crimen organizado […] que se caracteriza por unos elementos básicos: permanencia, jerarquías, normas explicitas o implícitas –a veces incluso escritas–, y agentes corruptores y corruptibles que ocupan lugares permanentes en la organización”.

Dados el tamaño y la profundidad de la situación, una vez puesta en boca del Alcalde debió significar para el gobierno central y la sociedad la urgencia y responsabilidad de una “alerta temprana”, documentada por organizaciones, periodistas y académicos, incluso con un estudio que contrató el propio Ministerio de Gobierno a fin de investigar los riesgos concernientes a la época electoral, en relación a la infiltración de las mafias en la política. Ese estudio fue difundido por los medios de comunicación en agosto de 201115.

Con un volumen de delito nada subterráneo, ¿el Alcalde debiera no hablar y mantener desinformados a los habitantes de la ciudad? Cabe señalar que la actuación de un funcionario con responsabilidad política y sin acomodos cómplices está –estaría– obligado de dar a conocer la gravedad y la anomalía específicas de la situación. Tales condiciones exigirían a todo funcionario tomar una decisión de gobierno y en derecho que responda al querer de la ciudadanía. En palabras de Claudia López, “dejar de prevenir los riesgos mitigables es un acto de irresponsabilidad mayúsculo con la democracia”.


1    Ver, “La captura y reconfiguración cooptada del Estado en Colombia”, Luis Jorge Garay Salamanca y otros. 1ª ed. 2008, Bogotá.
2    Eduardo Pizarro Leongómez, “Una calma aparente. Paramilitarización urbana”. El Tiempo, Bogotá, 15 de agosto de 2004.
3    Verdad Abierta. “Urabeños y Rastrojos amenazan a Medellín: Defensoría del Pueblo” (en línea), disponible en: http://www.verdadabierta.com/rearmados/2793-urabenos-y-rastrojos-amenazan-a-medellin-defensoria-del-pueblo. Un mes más tarde, la Secretaría de Gobierno de Medellín publicaba, en coherencia con los datos de la Defensoría, un análisis sobre el riesgo para la vida en las diversas zonas de la ciudad: “Del territorio de Medellín, no todas las comunas y corregimientos tienen la misma proporción de riesgo para la vida de sus residentes, existen, como San Javier (Comuna 13), otras con alta concentración de conflicto, tal como La Candelaria (Comuna 10) y Villa Hermosa (Comuna 8), donde la probabilidad de ser víctima es de un caso entre 4.842.301 para un habitante promedio de la 13, o una probabilidad de uno en 3.026.438 casos en Comuna 10 o de un caso entre 3.631.726 en la Comuna 8”. Secretaría de Gobierno de Medellín. “Documento para el diálogo ciudadano”. Sistema de Información para la Seguridad y la Convivencia (SISC), 11 de octubre de 2010.
4    Documento Alerta.
5    Manuel A. Alonso Espinal, Jorge Giraldo Ramírez y Diego Jorge Sierra. “Medellín: El complejo camino de la competencia armada”. En: Mauricio Romero (ed.). Parapolítica. La ruta de la expansión paramilitar y los acuerdos políticos. Bogotá, Cerec, agosto de 2007.
6    Informe violencia sexual y feminicidios en Colombia. Fue presentado a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Washington, 23 de octubre de 2008, por Casa de la Mujer, Mujeres que Crean, Ruta Pacífica, Vamos Mujer.
7    Verdad Abierta. “Así se pactó la tregua entre bandas en Medellín” (en línea), disponible en: http://www.verdadabierta.com/index.php?option=com_content&id=219108 de Febrero de 2010.
8    Twitter: @acivico.
9    Max Yuri Gil Ramírez. “Medellín: elecciones e influencia de grupos criminales”. Semanario Viva la Ciudadanía, 00276. Semana del 21 al 27 de octubre de 2011.
10    Max Yuri Gil Ramírez. Medellín, violencia y riesgo electoral. Semanario Viva la ciudadanía, ed. 00249, Semana del 1 al 7 de abril de 2011.
11    Corporación Nuevo Arco Iris. “Mafias y agentes ilegales buscan rentas y el poder local. II informe. Octubre, disponible en: http://www.nuevoarcoiris.org.co/sac/files/oca/informes/segundo_informe_elecciones_2011. pdf
12    Gina Margarita López. “De concurrencias y…”.
13    Redes mafiosas en el Valle de Aburrá. Juan Diego Restrepo. Semana, 26 de agosto de 2009 (en línea), disponible en: http://www.semana.com/noticias-opinion-on-line/redes-mafiosas-valle-aburra/127815.aspx.
14    […] deberá usted responder a la Procuraduría General de la Nación por haber utilizado su cargo y autoridad para participar en forma activa, personal y voluntaria en pleno rigor de las prohibiciones señaladas en la Ley de Garantías, en actividades propias de los partidos y movimientos políticos, y por influir en procesos electorales de carácter político partidista, en un período electoral en el que se exige la mayor imparcialidad de todos los funcionarios y servidores del Estado para garantizar la transparencia del mismo. Hecho éste que se concreta al haber realizado comentarios a través de la red social más utilizada en internet, “Twitter”, el día 6 de octubre de 2011; entregar fotografías y realizar afirmaciones en medios de comunicación escritos y electrónicos con el fin de darle publicidad a una posible comisión de unos hechos delictivos por parte de algunos candidatos a cargos de elección popular en las elecciones a celebrarse el próximo 30 de octubre de 2011, como los que aparecen publicados en el periódico El Colombiano de las ediciones del 7 de octubre de 2011 (p. 9A), el 9 de octubre de 2011 (p. 7A) y elcolombiano.com del 23 de octubre de 2011, en los cuales se hacen imputaciones delictivas a los señores Luis Carlos Pérez Gutiérrez, candidato a la Alcaldía de Medellín; Misael Cadavid, candidato al Concejo de Medellín; Aurelio Antonio Tobón, candidato a la Junta Administradora Local de la Comuna 8; Gary Johan Vélez Torres, candidato a la Junta Administradora Local de la Comuna 13, y Diego Javier Galeano García, candidato a la Junta de Administradora Local de El Pinar, así como por la utilización de su cargo para realizar afirmaciones sobre la presencia del candidato Luis Carlos Pérez con personas al parecer presuntamente vinculadas con hechos delictuosos; todo ello con el fin de influir en las actividades de dichos candidatos, de interferir en la contienda electoral de perjudicarlos electoralmente, afectando su imagen y poniéndolos en contra de la opinión de la comunidad, estando en pleno rigor de las prohibiciones señaladas en la Ley de Garantías Electorales contenidas en la Ley 996 de 2005”.
15    El informe fue contratado por Germán Vargas Lleras y financiado en parte con recursos del Instituto Nacional Demócrata de los Estados Unidos. La primera fase fue investigar una muestra de 75 municipios de un universo de 211 con alto riesgo de infiltración mafiosa. “El Ministro del Interior explicó hace meses en un foro sobre las elecciones que el Gobierno quería evitar que en estas elecciones se repitiera el fenómeno de la parapolítica y que por eso contrataría a la Corporación Arco Iris, que sin duda es la ONG con mayor experiencia en investigar los fenómenos de filtración de la mafia en la política, para que aportara los insumos con los cuales los jefes de los partidos podrían escoger mejor a sus candidatos”. Juanita León. “¿Por qué Vargas Lleras no entregó a los partidos la ‘lista negra’ de Arco Iris?”. La Silla Vacía, 31 de agosto, 2011 (en línea), disponible en: http://www.lasillavacia.com/historia/por-que-vargas-lleras-no-entrego-los-partidos-la-lista-negra-de-arco-iris-27176. Recuérdese además que la Ley 1106 de 2006, art. 5, prorrogada en este artículo por la Ley 1421 de 2010, ordena a los gobernadores y alcaldes “atender de manera urgente las recomendaciones y alertas tempranas emanadas del Gobierno Nacional, especialmente del Ministerio del Interior y de Justicia, tendientes a prevenir, atender y conjurar las situaciones de riesgo que alteren el orden público, y las posibles violaciones a los derechos humanos o el Derecho Internacional Humanitario”.



Recuadro 1

Otro eslabón: Delincuencia para-electoral



En octubre de 2011, un texto titulado “De concurrencias y otras casualidades”, de la ensayista y docente universitaria Gina Margarita López, recordó algunas ‘coincidencias’ electorales y afirmó que “voces desde diferentes espectros políticos han señalado que hay zonas donde existen limitantes para desarrollar la actividad proselitista” en Medellín. Al respecto, el texto decía: “[La] candidata a la Alcaldía por MIRA ha recibido mensajes de no ingresar en las comunas 1 y 13. En la Comuna 8, un candidato no ha podido ir a la parte alta de la misma, así como el Partido Verde y la ASI no han podido hacer presencia en la Comuna 6. Estas comunas, como lo señalé, para 2007 apoyaron mayoritariamente en términos electorales a Luis Pérez, por ejemplo; en la Comuna 1 Pérez duplicó la votación de Salazar. […] Si bien la Policía desarticuló algunas estructuras que operaban en 2007 o las confrontaciones entre “Sebastián” y “Valenciano” permitieron capturar varios miembros de organizaciones delincuenciales, aún hay redes desde lo micro a lo macro que operan desde finales de los 80 en Medellín y que sobreviven, mutan y hasta han clonado a otros sectores. Por esto, su incidencia ilícita en el proceso electoral está presente.

La situación de riesgo electoral y captura del gobierno local en los comicios de 2011 incluyó un informe con mapa en el artículo “Veto a campañas”, Semana, 1º de octubre de 20111.

Por su parte, Angélica Arias, investigadora del Observatorio del Conflicto Armado, en el mismo mes de octubre, dio a conocer cifras sobre la capacidad económica alcanzada por estos agentes violentos de una denominación que aborda como neoparamilitares. Revela que “tienen la oportunidad de financiar y favorecer a algunos candidatos locales en los diferentes municipios y algunas ciudades capitales. Tienen tanto la opción de financiar campañas de los políticos de su preferencia como de comprar votos el día de las elecciones, o ceder deudas de los préstamos gota a gota bajo la idea de que sus deudores voten por un candidato específico”. Sobre Antioquia, agregó: “La influencia en las elecciones proviene en su gran mayoría de parapolíticos que aún otorgan algún tipo de apoyo a los candidatos, aunque los neoparamilitares que sobresalen en el departamento son Los Rastrojos, Los Urabeños y Los Paisas, también predominan bandas en el territorio de los municipios”2.

Como parte de otro de los intereses que estaban en juego en Medellín, Patricia Fernández (Coordinadora Regional Antioquia, Misión de Observación Electoral) dio a conocer que “el presupuesto que administrará el próximo alcalde es del orden de 14 billones de pesos, provenientes en su mayoría del recaudo de impuestos que pagan los habitantes de la ciudad. El alcalde, además, decide e incide entre otros entes descentralizados en Empresas Públicas de Medellín, UNE Telecomunicaciones, Metroparques, Empresa de Desarrollo Urbano, Metrosalud, Instituto Tecnológico Metropolitano, Institución Universitaria Colegio Mayor, Telemedellín, Instituto de Deportes y Recreación (INDER), Área Metropolitana, cuyos presupuestos superan cinco veces los del Plan de Desarrollo Municipal3.

1    http://www.semana.com/nacion/veto-campanas/165077-3.aspx).
2    Angélica Arias. “Neoparamilitares-Bacrim: Acciones de interferencia para las elecciones locales de 2011”. Observatorio del Conflicto Armado, octubre de 2011.
3    Patricia Fernández Correa. “Un voto elige bien o mal, pero elige”. Semanario Virtual Viva la Ciudadanía, ed. 00276. Semana del 21 al 27 de octubre de 2011.


Recuadro 2


De luto la Comuna 8


El 13 de junio de 2011, el portal Verdad Abierta publicó una denuncia del IPC bajo el título “No paran las amenazas a líderes en Medellín”. En ese informe, como en muchos otros, la Comuna 8 siempre se presenta a la cabeza de los sectores territoriales de la ciudad con mayores problemas de violencia y conflicto armado: “Situación en los barrios. En comunas como la 8 y la 13 la situación es alarmante. Según Jairo Maya, miembro de la Junta Administradora Local de la Comuna 8, por lo menos unos 17 líderes comunitarios de este sector centro-oriental de la cuidad recibieron amenazas en este año y ya cuatro presidentes de juntas de acción comunal han tenido que abandonar la zona en los dos últimos meses”.

Un año antes, también el IPC informaba que “en audiencia celebrada el pasado 8 de febrero en el Palacio de Justicia de Medellín, los desmovilizados y a su vez ex integrantes de la Corporación Democracia Edwin Tapias y Julio Perdomo aceptaron ante el Juez 16 Penal del Circuito con funciones de Garantías los cargos que le imputa la Fiscalía por concierto para delinquir, desplazamiento forzado intraurbano y homicidio, constreñimiento y extorsión. Los dos ex combatientes del Bloque Cacique Nutibara de las Autodefensas Unidas de Colombia (auc) fueron capturados el pasado viernes 5 de febrero [de 2010] junto a otras 18 personas en operativo realizado en el barrio Caicedo, Comuna 8 de la ciudad […] La preocupación ahora es por la suerte de las familias que fueron desplazadas por estos desmovilizados, muchas de las cuales aún no pueden retornar a sus barrios, pues advierten que la situación no muestra mejoría. Incluso, activistas como Fernando Quijano, director de Corpades, advierten que en la Comuna 8 la criminalidad parece que tuviera un dicho: “A rey muerto, rey puesto”. Instituto Popular de Capacitación. “Dos desmovilizados de Corporación Democracia aceptaron pertenecer a nuevas bandas en Medellín”. Medellín, IPC, 10 de febrero de 2010. Para ver la relevancia de la Comuna 8 en la situación de conflicto urbano, puede verse: Paramilitarismo y conflicto urbano. Relaciones entre el conflicto político armado nacional y las violencias preexistentes en la ciudad de Medellín: 1997-2005. De Max Yury Gil. Trabajo de grado. Instituto de Estudios Políticos. Maestría en Ciencia Política, agosto de 2009.





Publicado enEdición 180
Sábado, 19 Mayo 2012 07:34

Penúltimas declaraciones de Mancuso

Siempre serán penúltimas porque siempre tendrá algo que agregar mientras no se llegue a la verdad real. A propósito de una declaración de Mancuso, rendida el 20 de noviembre de 2008 en Estados Unidos, sobre la masacre de Pichilín, dijo la periodista Salud Hernández Mora que si se indagara a los testigos clave se podría demostrar la teoría tantas veces esgrimida por los jefes paramilitares: “Que lo suyo no fue una batalla solitaria sino una guerra que libraron con la participación de instituciones que debieran estar sentadas en los estrados judiciales” (El Tiempo, febrero 1/2009).

En tres declaraciones anteriores, Mancuso implicó a cuatro generales de la República de estar comprometidos en apoyo a los paramilitares: Rito Alejo del Río, ex comandante de la Brigada 17; Iván Rodríguez Quintero, ex jefe de la Primera División; Carlos Alberto Ospina, ex comandante de las Fuerzas Militares, y Julio Eduardo Charry ex jefe militar de Urabá (El Tiempo, 13 de diciembre/2008). Como lo debe recordar la opinión pública, al ex comandante de la Brigada 17, Rito Alejo del Río, los gremios económicos y algunos dirigentes políticos le ofrecieron un homenaje por haber sido el “pacificador de Urabá”. Uno de los oferentes de ese acto fue Álvaro Uribe Vélez, entonces candidato presidencial. De ese lapso (1995-1997) en que Rito Alejo del Río fue ‘pacificador’, dijo la Procuraduría en su investigación: “Para esa época, los paramilitares, en algunas veces en acción conjunta con el Ejército, instalaron retenes ilegales, forzaron a campesinos a abandonar sus tierras” (El Tiempo, 5 de septiembre/2008).

Las más recientes declaraciones (viernes 10 de mayo/2012), conocidas ampliamente en los medios de comunicación, son muy graves y comprometedoras: que el gobierno quería montar una empresa criminal con los paramilitares para tumbar a la Corte Suprema; que se reunió con Álvaro Uribe; que lo ayudó económicamente en su reelección. También habló de la relación que existía entre Santiago Uribe y los paramilitares, “pero Dios mío… no quiero referirme a estos temas porque mi respuesta sería considerada como una venganza”. Todo esto es demasiado grave, pero nada que se salga del contexto histórico-político-territorial-social de delitos semejantes, ya comprobados por las autoridades judiciales. Dijo, además, que Pedro Juan Moreno, secretario de Gobierno de Uribe cuando éste se desempeñó como Gobernador, les enseñó a los líderes de las auc a “combinar todas las formas de lucha”. En declaraciones, esto es lo nuevo, en la realidad ya se sabía.

Lo que le dijo Mancuso al Fiscal 41 de la Unidad de Justicia y Paz desde Estados Unidos no es nada incoherente con las declaraciones anteriores, o con lo que el país conoce en relación con los paramilitares y las dos elecciones del ex presidente Uribe. En Colombia, en el primer semestre de 2006, no hubo elecciones sino para-elecciones. En reportaje concedido a El Espectador, en fecha previa a esos comicios, el ex presidente de la República, ex secretario general de la OEA y entonces director único del Partido Liberal, César Gaviria, dijo: “Tenemos el problema de la presencia paramilitar en muchos departamentos y del apoyo clarísimo que le están dando al presidente Uribe, pero aceptamos el desafío”. En ese mismo reportaje, el ex presidente liberal señaló: “Díganme cuáles son los paramilitares que no están con las listas que apoyan al Gobierno […]. Para mí eso es evidente, entre otras cosas porque el Presidente no ha rechazado esos apoyos. Los ‘paras’ están allí en esas listas, eso es algo que no hay que probar, todo el mundo sabe que es así”.

Las angustiosas denuncias del ex presidente Gaviria se unen a muchas declaraciones que atestiguan que el problema más grave que ha vivido Colombia en toda su historia es la invasión paramilitar en todas las estructuras económicas y políticas de esta sociedad. Ahí están los hechos y las declaraciones: las de Carlos Castaño, las de Vicente –su hermano–, las de Mancuso, las de los uribistas, las de los liberales, las de los izquierdistas, las simuladas del presidente Uribe, las de ‘Ernesto Báez’, las del Comisionado de Paz, en fin. Si el conjunto de hechos relacionados con el paramilitarismo, ocurridos en Colombia en los últimos 20 años, hubiesen acaecido en cualquier otro país del mundo, se habría producido un levantamiento con una fuerza tan impetuosa y violenta que hubiera arrastrado hasta con la catedral de Roma. En Colombia no, quizá por tres razones. En primer lugar, porque el pueblo, es decir, los miserables y excluidos, están luchando encarnizadamente con su entorno geográfico y social para no morir de hambre y de falta de abrigo. En segundo lugar, porque ningún dirigente de quienes van del centro a la izquierda, y que la vida les ha dado todo para hacerlo –formación intelectual, base social e independencia económica– se atreve a asumir un liderazgo para este mundo contemporáneo y tangible. Y en tercer lugar, porque el establecimiento, en todas sus expresiones, ha estado –de mala fe– ciego, sordo y mudo.

Carlos Castaño, en la página 237 de Mi confesión, dice que él no actuó sólo, que lo hizo bajo las instrucciones del “Grupo de los Seis”. ¿Quiénes conformaban ese grupo? Para tener una pista, habrá que preguntárselo a quienes ocuparon la cúpula del DAS en aquellos años en que actúo el jefe paramilitar. Según lo dicho por Castaño, que coincide con muchas otras fuentes, los paramilitares fueron y siguen siendo un brazo armado del establecimiento. Sin embargo, de acuerdo con lo que sucedió durante los seis primeros años de gobierno de Uribe –antes del 13 de mayo de 2008, día de la extradición de los líderes paramilitares–, ya no eran las fuerzas del establecimiento quienes dirigían a los paramilitares sino los paramilitares quienes orientaban, conminaban y le daban ultimátum hasta al propio presidente de la República. Esto no es un decir. Basta observar la prensa diaria de la época, los semanarios, o los archivos de la radio y la televisión.

Quien desee escribir una nota, un ensayo o un libro sobre las elecciones de la primera década de este siglo –que fue una década perdida para la historia de Colombia– no tendrá que estrujar su inteligencia ni lanzarse a hacer un trabajo de campo para averiguar qué sucedió allá, en el bajo mundo de las infiltraciones paramilitares. Basta seguir las noticias. El rigor científico sólo consiste en poner los pies de página. Y de acuerdo con esos pies de página encontrará que, en el primer semestre de 2006, Colombia asistió a paraelecciones. Y si de poner pies de página se tratase, habría que escribir unos cien tomos, varios de los cuales dedicados únicamente a las crisis simuladas, para hacerle creer a la opinión pública que había dos partes en disputa, en confrontación y en negociación. A falta de espacio, a continuación unas pocas citas de pies de página, sobre lo que fue ese proceso paraelectoral.

Toda Colombia y buena parte del mundo saben que el 35 por ciento del Congreso elegido en marzo de 2002 tuvo el respaldo de los paramilitares, porque así lo señaló su vocero en ese momento, Salvatore Mancuso. Sin embargo, Vicente Castaño le dijo a la revista Semana (número 1205): “Creo que podemos afirmar que tenemos más del 35 por ciento de amigos en el Congreso. Y para las próximas elecciones vamos a aumentar ese porcentaje de amigos”. “Subirá del 35 por ciento de amigos de las auc en el Congreso”, fue el título de la página de opinión de El Tiempo del domingo 11 de septiembre de 2005, que dirige Yamid Amat. En ese reportaje, las representantes a la Cámara Eleonora Pineda y Rocío Arias dijeron: “Mancuso y Vicente Castaño hablaron de que tenían un 35 por ciento de amigos en el Congreso, pero nosotras pensamos que es más”. Las representantes se quejaron de que el día en que Juan Manuel Santos conformó “el movimiento uribista nos causó gran dolor y sorpresa. Dolor, porque nos vetó, y sorpresa porque incluyó a Zulema Jattin. Celebramos eso; lo que no celebramos es la falta de lealtad porque no fue solidaria con nosotras. Ella lleva también un desmovilizado en su lista”. La legisladora Pineda agregó en ese reportaje: “Yo veo a Mancuso en un ministerio; hay que reconocerle a ‘Ernesto Báez’, ‘Jorge 40’, ‘Adolfo Paz’ y otros comandantes que son inteligentes y capaces”.

Con sus más recientes declaraciones (mayo 10/2012), ¿Mancuso pretende hundir más aún al número uno, o favorecerse a sí mismo y de paso ayudar a sus socios encarcelados? En efecto, sus acusaciones se conocen en el preciso momento en que en el Congreso se tramita un proyecto de reforma constitucional con el rimbombante nombre de “nuevo marco jurídico para la paz”. Quien conozca la Constitución Política de Colombia (art. 22) y el desarrollo legal expedido antes de 2002 sabe que hay normatividad suficiente para adelantar un proceso de paz en nuestro país. Las normas que se expidieron a partir de agosto de 2002 tuvieron un propósito único: proteger a los paramilitares. Esas normas no fueron expedidas para ser acogidas por las agrupaciones guerrilleras. Tan cierto es eso, que debido a que ningún frente guerrillero se desmovilizó, el Comisionado de Paz y el Ejército tuvieron que constituir falsos frentes de las farc para luego simular su desmovilización y crear así un impacto mediático nacional e internacional.

Ahora se teje un nuevo marco jurídico sencillamente para incluir en los procesos de impunidad a quienes en la legislación anterior quedaron por fuera: los parapolíticos. Por eso, organismos defensores de derechos humanos, tanto nacionales como internacionales, se oponen a ese nuevo marco jurídico. Y aunque el ex presidente Uribe ataque esa reforma, no quiere decir que el proyecto sea bueno o que vaya a propiciar la paz sino que el nuevo texto, para mantener la coherencia, tiene que reconocer la existencia de un conflicto, porque, si no hay conflicto, ¿para qué marco jurídico? Como todos sabemos, al ex presidente Uribe le produce irritación la palabra conflicto, porque él sigue pensando en el poder mágico de la negación de esa realidad. Así se necesiten quinientas toneladas de bombas y medio centenar de aeronaves de guerra para eliminar a un hombre, para Uribe en Colombia no existe un conflicto armado. La dialéctica elemental es demoledora: si en un país en guerra una sola de las partes redacta el marco jurídico sin el concurso y la anuencia de la otra, es porque ese marco jurídico no es para aclimatar la paz con quienes están en conflicto sino para favorecer a quienes están del mismo lado de quienes lo expiden.
Publicado enEdición 180
Sábado, 12 Mayo 2012 05:52

Paras con Uribe y contra Chávez

Paras con Uribe y contra Chávez
El ex jefe de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), Salvatore Mancuso, admitió ayer que apoyó con dinero y logística la reelección del ex presidente colombiano, Alvaro Uribe. Además, el paramilitar reveló que en el 2008 políticos y militares venezolanos pretendieron conformar un bloque de esa fuerza en Venezuela e intentar un golpe de Estado contra el presidente, Hugo Chávez.


En una entrevista telefónica a Caracol Radio, Mancuso confirmó que se reunió con Uribe, afirmó que aportó para la campaña electoral de 2006, en la que el entonces mandatario fue reelecto y precisó que le entregó dinero a Jairo Andrés Angarita –conocido como el comandante Andrés– para la contratación de la logística que implicaba el traslado de los votantes y la publicidad a favor de la reelección de Uribe.


Entrevistado por primera vez por un medio colombiano, el paramilitar mostró preocupación por su declaración subrayando la inexistencia de garantías ni seguridad jurídica para su familia y sus abogados. “Yo entiendo el interés que tiene toda la nación, pero comprendan que es bien complicado contarles teniendo en cuenta las condiciones de mi familia”, sostuvo y consideró que su extradición al estado norteamericano de Virginia –a donde fue extraditado y se encuentra preso desde el 2008 por cargos de narcotráfico– apuntó a silenciarlo.


“¿Cuál es el mensaje que se está enviando? ¿Que no quieren nuestra verdad? ¿Por qué esta discriminación? Una vez desmovilizados, el gobierno anterior se impuso silenciarnos. Esto no es un secreto, está a la vista de todos esa política gubernamental nefasta”, cuestionó y lamentó que el ex presidente haya golpeado el proceso de paz subrayando que las Autodefensas cumplieron los compromisos y se desmovilizaron.


Sobre la relación con las AUC de Santiago Uribe, hermano del ex presidente colombiano, se abstuvo de hacer cualquier pronunciamiento por considerar que lo que diga será tenido en cuenta como una venganza. “No quiero referirme a estos temas, nuestra respuesta es considerada como una respuesta de venganza. Lo haría dentro de las diligencias judiciales”, manifestó.


También resaltó que la ex directora del servicio secreto colombiano, María del Pilar Hurtado, tuvo relación con las Autodefensas y relató la visita de la ex senadora Piedad Córdoba, mediadora ante las FARC en las entregas unilaterales de rehenes que hizo la insurgencia en los últimos años. “La senadora nos ha visitado preocupada por el futuro de la paz del país y los obstáculos en su construcción. Hemos hecho algunos análisis de cuál sería el camino para que estos hechos no se repitan”, comentó. El ex jefe señaló que para el 2008 generales y políticos de Venezuela contactaron a Carlos Castaño, otro ex líder que desapareció, para conformar un bloque paramilitar en el país vecino.


“Llegaron unas personas interesadas en conformar autodefensas en Venezuela para darle un golpe de Estado al presidente Chávez, pero la intención no era matarlo”, confesó Mancuso, quien agregó que en esa región se querían formar, cansados del acoso de la guerrilla, y requerían instrucciones militares sobre cómo instaurar un nuevo orden con un golpe de Estado.


La denuncia de Mancuso y su repercusión provocó que el abogado de Alvaro Uribe anuncie que el ex presidente demandará al paramilitar por considerar que lo calumnió al atribuirle nexos y conspiraciones con la disuelta organización AUC. El jurista Jaime Granados, del equipo de defensa de Uribe, dijo que su cliente también solicitará a la Fiscalía General que excluya a Mancuso del programa de beneficios que le otorga la ley de justicia transicional que se aplica a los desmovilizados de las AUC. En respuesta a algunas de las aseveraciones, Granados declaró que Mancuso faltó a la verdad de manera grave al afirmar que se reunió con el ex mandatario colombiano y lo tildó de mentiroso. Asimismo, el letrado adelantó que pedirá al comité parlamentario que investigue de manera preliminar a Uribe por estos hechos y que se ordene recibir un interrogatorio formal de Mancuso para que reitere sus afirmaciones.
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Se salió con la suya. Tal y como se esperaba desde hacía varios meses, la maquinaria oficialista se jugó a fondo, con todos sus vicios, y en la noche del 1 de septiembre impuso que el Congreso nacional, en esta ocasión la Cámara de Representantes, aprobara la convocatoria a un referendo reeleccionista. Unas horas antes de que fuera tomada la decisión, otros tres congresistas fueron detenidos en el marco de la investigación que se sigue por la parapolítica. Es decir, por la forma como se logró que Uribe llegará en su primera elección –y en la primera vuelta– al poder, y el mecanismo como se ha redibujado el poder real en Colombia,

Con estos detenidos, se acerca al centenar los senadores y representantes a la Cámara, en su gran mayoría de partidos del gobierno, investigados, capturados y en no pocas ocasiones condenados por sus vinculos con los paramilitares.
Inmerso en consideraciones menores, el movimiento social colombiano, y la izquierda en su conjunto (sin reto, sin preocupación, sin prever este escenario que venía en marcha con apoyo político y militar de los Estados Unidos como el real y más posible en la situación política y su correlación entre poder y alternativa, sin dar continuidad y con desaprovecho de la Gran Coalición Democrática cuando discutía a finales del 2008, el panorama del 2009), permitieron que una buena parte del 2009 trascurriera sin alternativa certera:

Constituir una Junta Patriótica por la solución política al conflicto interno, y la transición hacia una sociedad plural.

Ahora, con el tiempo en contra, hay que concitar la constitución de esa Junta, que en forma de alianza anti reelección, impida que el pueblo apruebe la participación del actual Presidente en las votaciones de Mayo, Junta que de paso, a renglón seguido, a la conformación de un gobierno de nuevo tipo: una transición hacia una sociedad democrática, en la cual la paz sea un derecho y una posibilidad inmediata.

El proceso para llegar a la decisión de la Cámara, estuvo marcado por denuncias de diferente calado. Todas apuntaban a poner ante la opinión pública la concentración del poder y el nuevo presidencialismo que se vive en Colombia. Con sus aditamentos y usos de la corrupción como mecanismo predilecto para lograr los votos de los congresistas y las presiones sobre varios de ellos –algunos denunciaron que fueron visitados por voceros de la Casa de Gobierno para que dieran su voto por el sí–, y la persecución policíaca y la intimidación que salieron a la luz con el escándalo por las chuzadas de los teléfonos de personalidades de todo orden, etcétera.

Paralelo con la reunión plenaria de la Cámara, se conocíó la orden de captura contra el congresista Alirio Villamizar, incurso en corrupción precisamente por la investigación que avanza por la anterior reelección. Una ocasión en la cual se compraron votos de apoyo con Notarias. Es de anotar, que en días recientes, por orden judicial fue allanada la casa de este congresista donde fueron encontrados en caja fuerte, cerca de 500 mil dólares, de los cuales tendrá que dar explicación a los jueces.

El panorama y los retos

La Ley aprobada por el Congreso colombiano, pasa ahora a revisión de la Corte Constitucional, instancia de la cual se dice es controlada por el Ejecutivo y, por tanto, donde se dara luz verde sin sorpresas al próximo referendo reeleccionista.
Se adentra por tanto el país, en una coyuntura electoral con tres o cuatro certámenes consecutivos: referendo reeleccionista (con fecha incierta, pero muy posiblemente iniciando el 2010), elecciones para el Congreso (marzo 2010),  primera vuelta presidencial (mayo 2010) y segunda vuelta (junio 2010).
Se puede vaticinar sin margen de error, que quien venza en las primeras votaciones (referendo) obtendrá igual resuldado en las de mayo, Esta es una razón por la cual, frente a las elecciones para Congreso, derrotar el referendo se impone como tarea principal.

Distintos agrupamientos han adelantado su posición de abstención, la cual demanda un esfuerzo titánico en todas las comunidades para transformarla en un suceso educativo, de estimulo a la participación política, es decir, a la movilización por un país distinto.

En este marco, las elecciones de marzo (Congreso), quedan relegadas, no solamente por el carácter del Congreso colombiano (corrompido en su columna vertebral y antipopular) sino, por el fenómeno real que el tiempo con que contarán los candidatos que aspiren será breve, bastante breve. Además, por la dificultad para la población, a quien deberán invitarla a no votar la reelección pero en cambio, sí hacerlo, por el Congreso.

En medio de ese juego electoral, otros aspectos fundamentales de la agenda nacional (tal vez de más trascendecia: bases militares, TLC, agenda económica, etc), quedan en el cuarto de San Alejo.

Habrá que ir a ese cuarto a moverlos, para que Colombia no quede postrada como la servidora de dólares.

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