La protesta contra la reforma de las pensiones en Francia da síntomas de erosión

Nueva jornada de manifestaciones en Francia mientras el Gobierno negocia con los sindicatos moderados

La oposición frontal a la reforma de las pensiones de Emmanuel Macron se erosiona levemente, aunque resiste y está lejos de plegar velas. Tras la cuarta jornada de manifestaciones nacionales en poco más de un mes, ayer, se prepara la quinta para mañana. El Gobierno francés confía en que la pérdida paulatina de apoyos a la protesta, la división de los sindicatos, la concesiones en la negociación y la política de los hechos consumados le permitan imponer una reforma central en el programa del presidente de la República.

Las más de 200 manifestaciones convocadas ayer en toda Francia sirvieron para medir la capacidad de resistencia de un movimiento que, pese a la erosión del tiempo y a su carácter numéricamente minoritario, goza aún de una amplia simpatía popular. También mantiene la capacidad para perturbar la vida cotidiana de los franceses que viven en áreas metropolitanas como la de París y dependen del metro o el tren de cercanías para desplazarse al trabajo.

Las cifras oficiales reflejan un descenso de participantes en la manifestación de ayer respecto de la anterior, el 17 de diciembre. Ese día salieron a la calle, en todo Francia, 615.000 manifestantes, según el Ministerio del Interior. En la jornada de ayer fueron 452.000. Las cifras que da el sindicato CGT suelen multiplicar por dos o por tres la oficial, pero es significativo que, respecto a la marcha en París, la cifra oficial coincida —incluso es superior— a la del centro independiente Occurrence: 56.000 el primero; 44.000 el segundo.

Más allá de la batalla de cifras, la tendencia señala una bajada lenta del poder de convocatoria sindical, pero insuficiente en todo caso para desinflar el movimiento. Al mismo tiempo, la tendencia descendente indica las dificultades de la protesta para sumar nuevos apoyos y transformarse en un movimiento masivo. Macron y su primer ministro, Édouard Philippe, creen que esto les concede una ventaja clara respecto a las huelgas de 1995, que acabaron forzando al Gobierno a una retirada de una reforma similar.

Un 47% de franceses tiene una opinión positiva del movimiento antirreforma y un 35%, negativa, según un sondeo del instituto Ifop. El apoyo es considerable, pero inferior al de otras movilizaciones similares del pasado, como la de 1995 o la de 2010.

Los sindicatos están divididos. En las manifestaciones no participó el reformista CFDT, el primero de Francia. Al contrario que la CGT, principal organización contraria a la reforma, la CFDT no pide la retirada completa de la reforma. Apoya la idea básica —fusionar en uno solo los 42 regímenes de pensiones actuales e instaurar un nuevo sistema de cálculo— pero discrepa de otro punto clave: los 64 años como edad para cobrar la jubilación plena (la edad legal de retiro es ahora de 62 años).

El Gobierno ha hecho varias concesiones que permitirán a algunos sectores profesionales largos periodos de transición hacia el nuevo sistema, pero el punto donde todo encalla son los 64 años. A iniciativa de la CFDT, el Gobierno ha convocado para hoy una reunión con vistas a la celebración de una conferencia sobre la financiación de las pensiones. Esto permitiría desgajar, como desea la CFDT, las dos patas de la reforma. Por un lado, el cambio sistémico de 42 regímenes a uno. Por el otro, la búsqueda del equilibrio financiero que obligaría a prolongar la edad de jubilación, a aumentar las cotizaciones o a rebajar las pensiones.

Un acuerdo del primer ministro Philippe, con el líder de la CFDT, Laurent Berger, dejaría sin responder a la exigencia de la CGT y los sindicatos que quieren la retirada del proyecto, pero permitía desatascar el pulso. El Consejo de Ministros prevé examinar la ley el 24 de enero y presentarla a la Asamblea Nacional a partir del 17 de febrero para que se apruebe definitivamente antes del verano.

Por MARC BASSETS

París 9 ENE 2020 - 14:42 COT

Publicado enInternacional
Miércoles, 18 Diciembre 2019 09:02

Paro Nacional: exigencias y finanzas públicas

Paro Nacional: exigencias y finanzas públicas

Un país que busca zafarse del histórico lastre de desigualdad, opresión, explotación, injusticia, violencia y corrupción que lo caracteriza, eso es lo que destaca por estos días con las notorias movilizaciones de juventud que vive un presente de negaciones y reconoce en sus progenitores un futuro de amplias carencias y frustraciones. El fin del modelo neoliberal, y la vivencia de democracia directa, integral, plural y plebiscitaria resume las demandas levantadas por las nuevas generaciones. En perspectiva de ello, este artículo compara las exigencias de la protesta social y el Presupuesto General de la Nación (PGN) 2020.

 

El Comité nacional de Paro de manera enfática y enérgica declara: “mientras no haya una solución real a los 13 puntos no se suspende la protesta social”. Del otro lado, el presidente Iván Duque, quien de manera arrogante y autoritaria trató de desconocer las protestas y reprimirlas violentamente, aceptó finalmente llevar a cabo un diálogo directo con los voceros de las protestas sociales a nivel nacional. Sin embargo, el primer encuentro entre las partes, el martes 3 de diciembre, terminó sin avances para delinear una hoja de ruta o definir la metodología para negociar el pliego de exigencias. El Gobierno busca dividir al movimiento, polarizar a la sociedad, desatar el miedo, desgastarlo vía agotamiento y conducir el debate hacia temas abstractos e intrascendentes.

El contexto en medio del cual está planteada la negociación no puede ser más revelador de la arrogancia oficial: el Presupuesto General de la nación 2020 (PGN) ya está aprobado por el Congreso, recinto donde prosigue el trámite de la reforma tributaria de aliento gubernamental y, además, se mantiene como fiera al asecho el nuevo paquete de reformas neoliberales promovido por la Ocde, el FMI y la extrema derecha colombiana.

No obstante, en el campo de fuerzas en pugna todavía se encuentran espacios político y financieros para adelantar reformas estructurales. Por ejemplo, se pide, de parte de la ciudadanía democrática, poner fin a la sangrienta historia de pogromos aplicada por las élites dirigentes como método de reproducción de su poder y adelantar reformas que promuevan el desarrollo social, la democracia y la dignidad humana. Un caso emblemático puede ser, de llegar a conquistarse esta exigencia, la disolución del Escuadrón Móvil Antidisturbios y reorientar el gasto improductivo que implica mantener esta unidad especial de la Policía nacional hacia el financiamiento de la educación pública (Recuadro: Esmad, violencia, represión y educación).

 

Los puntos en la mesa de negociación

 

El movimiento social que nutre el Paro nacional, integrado por sindicatos, estudiantes, campesinos y pueblos originarios, pensionados, profesionales, defensores de derechos humanos, intelectuales democráticos y ciudadanía consciente, rechazan enfáticamente las reformas laboral y del régimen de pensiones que aseguran prepara el Gobierno y que éste niega, así como el plan de privatizaciones, la falta de compromiso de la administración Duque con el Acuerdo de Paz, la reforma tributaria impulsada por el Presidente con el fin de aliviar las cargas impositivas al gran capital y gravar aún más a las clases media y popular; además, exige medidas contra el asesinato de líderes sociales, sindicalistas, ex-combatientes de las Farc, ambientalistas y defensores de derechos humanos, poner fin a la corrupción y ampliar el gasto social, entre otras causas (Recuadro: Las 13 reivindicaciones en litigio).

 

Indicadores de sufrimiento social

 

Un país de extremos. En una de sus caras una oligarquía que concentra tierra, industria, bancos, comercio, propiedad accionaria, con exabruptos como que el 1 por ciento concentra el 20,5 por ciento del total de ingreso y la riqueza de Colombia, según la información tributaria, por lo cual la nuestra es una de las sociedades más desiguales del mundo. La desigualdad social, según estudios de la Cepal, es resultado de una compleja matriz de determinantes, que se asienta en la heterogeneidad estructural de sus sistemas productivos y en la cultura del privilegio; la pertenencia a distintos estratos socioeconómicos o clases sociales constituye uno de los ejes estructurantes de la matriz de la desigualdad social, junto con el género, la edad (ciclo de vida), la condición étnico-racial y el territorio, entre otros.

La otra cara de la concentración de la riqueza es la pobreza generalizada de la población; en 2019 el 27,2 por ciento vive bajo condiciones de insatisfacción de sus necesidades esenciales para poder llevar un mínimo de vida digna. El modelo de economía rentista, excluyente y extractivo que impuso la oligarquía criolla no genera empleo decente: una décima par- te de la fuerza de trabajo se mantiene en desempleo abierto y el 65 por ciento vive del rebusque y labora en condiciones informales, precarias y de bajo ingreso.

Durante la administración Duque los indicadores del sufrimiento social han detenido sus tendencias positivas y comienzan a dar muestras de deterioro y empeoramiento tanto en la violencia, la desigualdad y la pobreza como en las tasas de desempleo. Las modificaciones impulsadas por su gobierno de conceder un descuento del 100 por ciento del impuesto a las ventas (IVA) a la importación de bienes de capital, con un costo fiscal anual para la nación de $6,5 billones, provoca la sustitución de la fuerza de trabajo por tecnologías modernas con la consiguiente destrucción de más puestos laborales. Una medida, que de ser aprobada, promoverá la destrucción de puestos de trabajo, una realidad en aumento: durante octubre de 2018 a octubre de 2019 se eliminaron 285.000 empleos, la tasa de desempleo pasó de 9,1 a 9,8 por ciento; la cifra de desempleo promedio durante 2019 es de 10,7 por ciento (Gráfico 1). A las personas hundidas en la pobreza se les une ahora una población superflua confinada en suburbios o aislada en el inhumano sistema carcelario.

El presupuesto General de la Nación 2020

 

El PGN es, en Colombia, el reflejo del antagonismo de clases. Es cuidadosamente planeado y perfilado para favorecer a los más ricos y exprimir cada vez más a los trabajadores, a los pobres y a la clase media. La hacienda pública es una maquinaria de gasto improductivo y corrupción que favorece a las élites políticas, empresarios, fuerzas armadas y de policía, tecnócratas y al capital financiero transnacional. Las finanzas públicas no se corresponden con las necesidades del desarrollo económico y social sostenible, a pesar que su participación en el producto bruto nacional va en creciente desde la segunda mitad del siglo XX. Su sistema de ingresos se caracteriza por la evasión o elusión fiscal de las clases ricas y la gravitación del sistema tributario sobre las clases medias y populares, además del endeudamiento público (externo e in terno) de carácter estructural; y su sistema de gastos se define por una tendencia creciente de los gastos de funcionamiento y una propensión errática de la inversión pública y de los gastos de bienestar social. El proceso de expansión del Estado tiene, entonces, no un sentido orgánico y virtuoso, sino una dirección burocrática, rentista, corrupta, autoritaria, guerrerista y represiva (Ver diagrama del Presupuesto General de la nación, 2020).

El valor total del Presupuesto de Rentas y Recursos de Capital para el año 2020 está estimado en 271,7 billones de pesos. Las fuentes de los ingresos provienen principalmente de los impuestos directos, esto es, impuesto sobre la renta y complementarios (26%), los impuestos indirectos, como el tributo a las ventas, al consumo y a la gasolina, entre otros (32,3%) y los recursos de capital de la nación, esto es, excedentes financieros y recursos de endeudamiento externo e interno (29,9%); los establecimientos públicos aportan el 6,4 por ciento de los ingresos del Presupuesto nacional.

La estructura del gasto se distribuye de la siguiente manera: Servicio de la deuda pública externa e interna (21,5%), funcionamiento (63,6%) e inversión (14,9%). El comparativo entre los presupuestos generales de 2019 y 2020 permite destacar los siguientes hechos: i) el PGN aumenta 9 por ciento; como proporción del PIB eleva su participación de 23,9 a 24,3 por ciento; ii) los gastos de funcionamiento crecen en 9,9 por ciento, en relación al PIB con- centran 15,0 en 2019 y 15,4 por ciento en 2020; iii) el crecimiento económico viene dependiendo del rápido endeudamiento público, entre 2019-2020 aumentó el servicio de la deuda en 14,2 por ciento (5% del PIB en 2019 y 5,3% en 2020); según las cuentas alegres y desacertadas del Marco Fiscal de Mediano Plazo del 2019, este año el país cerraría con una deuda total de 50,6 por ciento del producto inter- no bruto (PIB), pero los cálculos de Anif muestran que con la asunción de nuevas acreencias, a través de la emisión de títulos TES, y la postergación del pago de capital, la cifra escalará al 56 por ciento del PIB en el Gobierno Duque (2018-2022); iii) en contraste, la inversión decae en 0,9 por ciento; en proporción del PIB la inversión pierde participación al pasar de 3,9 en 2019 a 3,6 por ciento en 2020 (además, según informes de la CGN, una cuarta parte de los recursos de inversión son desviados a través de prácticas corruptas).

De acuerdo con la Ley del PGN 2020, las partidas presupuestales con mayor incidencia son las siguientes: i) Salud, educación, agua potable y propósito general a través del SGP: $43,8 billones; ii) Pensiones: $43,3 billones, las cuales son obligaciones ineludibles para la nación (el 80% de los subsidios se orienta al 20% de quienes devengan las pensiones más altas: clase política y altos funcionarios del Estado); iii) Aseguramiento en salud: $19,3 billones; iv) Otras transferencias para educación (Instituciones de Educación Superior Públicas, Fondo de prestaciones del magisterio): $6 billones; v) Fuerzas, militares, policía, Fiscalía y Justicia: $47.7 billones.

Al distribuir el 100 por ciento del gasto, según las funciones principales que desempeña el Estado colombiano, se tiene, sobre un 100 por ciento: i) Servicio de la Deuda Pública nacional: 21,5%, ii) Desarrollo social, trabajo y cultura: 44,9%, iii) Ciencia, tecnología e innovación, crecimiento económico e infraestructura: 5,9%, iv) Fuerzas militares, policía y justicia: 17,5%, sostenibilidad ambiental y Corporaciones autónomas regionales de desarrollo sostenible: 0,4%, v) Dirección del Estado, normatividad, control, fiscalización, regulación y políticas públicas: 9,8%.

En Colombia, la distribución del gasto social por funciones se orienta principal- mente al asistencialismo y la protección social; esta función concentra el 43,9 por ciento del gasto social (los recursos destinados a las políticas de protección social consideran los desembolsos correspondientes a servicios y transferencias a personas y familias relacionados con enfermedad e incapacidad, edad avanzada, supérstites, transferencias condicionadas en efectivo a hogares pobres, desempleo, vivienda y exclusión social, tanto del sector de la protección social contributiva como no contributiva). La distribución del gasto social en las otras funciones es, en términos porcentuales: educación: 26,4; salud: 24,0; vivienda y servicios comunitarios: 4,1; recreación, deporte y cultura: 1,2; protección del medio ambiente: 0,5.

El gasto social viene cayendo en Colombia, medido como proporción del PIB o en dólares constantes de 2010 per cápita**. El gasto social representaba el 13,4 por ciento del PIB en 2017 y bajó a 12,6 en 2018; de otra parte, en dólares constantes per cápita cayó de 1.016 a 975 en estos dos años. El gasto social, como proporción del PIB, es significativa- mente más bajo en Colombia respecto a otros países de América Latina en 2018: Uruguay (17,2%), Brasil (17,7%), Chile (16,4), Argentina (13,5%).

 

 

¿Hacia dónde quiere llevar al país la extrema derecha?

 

Colombia es un país gobernado por la extrema derecha, a pesar que el centro es la opción por la cual se inclina la mayoría de connacionales. En la Encuesta de Cultura Política, aplicada a personas mayores de 18 años, el Dane realiza la siguiente pregunta respecto a la posición ideológica de la población: En una escala de 1 a 10, donde 1 significa izquierda y 10 significa derecha ¿dónde se ubicaría usted? En la aplicación de la encuesta en el año 2019, el 41,0% de las personas residentes en las cabeceras municipales y el 34,6% de la población en centros poblados y rural disperso se ubicaron en la posición ideológica de Centro. En la posición ideológica de Derecha se ubicó el 25,4% de las personas en cabeceras municipales y el 31,5% de la población en centros poblados y rural disperso. La posición ideológica de Izquierda, fue elegida por el 12,2% y 10,0% de la población de cabeceras y centros poblados-rural disperso, respectivamente.

El candidato del partido de la extrema derecha, el Centro Democrático, Iván Duque, se convirtió en octubre de 2018 en el presidente de Colombia en unas elecciones muy reñidas en las que su contendor Gustavo Petro logró la votación más alta de la historia de la izquierda en el país. El ungido de Uribe pasó del 39% logrado en la primera vuelta a un 54% en la segunda y decisiva que lo puso como el nuevo habitante de la Casa de Nariño. Duque obtuvo 10.372.697 votos frente a los 8.034.087 logrados por Gustavo Petro; el voto en blanco se ubicó en el 4% con 808.333 votos. Tras cumplir los pri- meros 100 días de gobierno, se desplomó la popularidad de Iván Duque de 53,8 a 27,2 por ciento. A finales de noviembre de 2019, la encuesta de Invamer que se llevó a cabo durante las jornadas de pro- testa, la aprobación de la gestión del presidente Duque cayó en picado y apenas alcanza el 24 por ciento. En conclusión, a Duque actualmente lo apoya únicamente la población militante e ideológicamente fanática de los partidos políticos de la ex- trema derecha, en concordancia con los resultados de la encuesta de Cultura Política del Dane.

El ascenso atemorizador en el país de la extrema derecha está bien expresada por el ultraneoliberalismo radical de los partidos y organizaciones políticas, por el maniqueísmo y fundamentalismo político y religioso de las sectas cristianas y evangélicas, por las fuerzas guerrerista del ejército, la policía y los paramilitares, por la intelectualidad autoritaria y anti- democrática, por el sector empresarial clasista y la fuerza terrateniente premoderna, todos apoyados por el monopolio de los medios de comunicación, las organizaciones financieras internacionales (FMI y BM) y el gobierno conservador estadounidense. Durante el Paro nacional, el gobierno y las fuerzas de extrema derecha han hecho acopio de las tradicionales tácticas y estrategias utilizadas por los fascistas en estas circunstancias: generar terror dentro de las clases medias, implementar políticas que favorecen al gran capital, tomar medidas autoritarias y represivas, asesinato de opositores, desconocimiento de la protesta social, instalar la mentira como eje de la propaganda oficial y mostrar arrogancia frente a la ciudadanía democrática y sectores populares, además de exhortar la lucha de clases, el racismo, la violencia de género y etaria, la xenofobia y la homofobia.

La pregunta que se plantea ahora es: ¿Qué vendrá después del conservadurismo atroz de la derecha colombiana que domina la política, la institucionalidad, la economía y el presupuesto público? Los sectores más fanáticos de los partidos de extrema derecha están presionando al gobierno de Duque para implementar una política militarista de tierra arrasada que pueda degenerar en un genocidio y apurar con la puesta en vigencia del “paquetazo” neoliberal. Entre tanto, el 79 por ciento de los encuestados por Invamer considera que las cosas van empeorando en el país y están indignados por el ejercicio bárbaro y deshumanizante del poder y el control político ejercido históricamente por esta oligarquía lumpen y sus esbirros que la protegen. No más explotación, opresión, corrupción, mentira, manipulación y violencia asesina es lo que pide la ciudadanía decente, digna y democrática. El Gobierno no cuenta con legitimidad ni tiene gobernabilidad. El momento es disruptivo; las nuevas generaciones exigen una democracia radical, pluralista y revolucionaria. ¿Se atreverá la extrema derecha, como históricamente lo ha practicado desde la Conquista, la Colonia y la Independencia, a realizar un nuevo genocidio o pogromo (saqueo y matanza de gente indefensa) para preservar sus eternos y excluyentes privilegios de clase y continuar reproduciendo por siempre su poder monopólico?

** Cepal, Panorama Social de América Latina 2019.
* Economista político y filósofo humanista. Escritor e investigador independiente. Integrante del comité editorial de los periódicos Le Monde diplomatique, edición Colombia, y desdeabajo.

 


Esmad, violencia, represión y educación


El Esmad, instrumento violento y represor fue creado durante el gobierno del partido conservador, representado por Andrés Pastrana, en el año 1999; la adminis- tración Duque lo reforzó con grupos antisurgentes provenientes del ejército. Con su desmonte, el país, de una parte, se ahorraría medio billón de pesos y evitaría que este grupo de gamberros siga cometiendo violaciones a los derechos humanos y vulnerando la dignidad humana, y de otra, podrían aumentarse los recursos finan- cieros del sistema educativo. El Esmad cuenta con 3.876 integrantes, 3.770 hombres y 106 mujeres, y operan con un presupuesto anual que supera los 490.000 millones de pesos. Del sistema educativo hacen parte 12,5 millones de estudiantes, 80,5% en la educación básica y 19,5% en la educación superior; el presupuesto asignado al Ministerio de Educación Nacional para el año 2020 es de 43,1 billones de pesos (funcionamiento e inversión). El costo anual de cada miembro del Esmad es de 126,5 millones de pesos y el gasto por estudiante de 3,5 millones; en consecuencia, con el pago a cada agente del Esmad se pueden financiar 37 estudiantes. La elección es entre malgastar el presupuesto público en rubros que suscitan el conflicto armado o construir un futuro en paz, con desarrollo socio-económico y dignidad humana. Colombia es el país que más gasta, en cifras absolutas y relativas al PIB, en compra de armamento y financiamiento de una desmesurada fuerza represiva.

 


Recuadro

 

Las 13 reivindicaciones en litigio

 

Los puntos sobre la mesa colocados por el Comité Nacional de Paro Nacional son los siguientes:

1. Retiro del Proyecto de Ley de Reforma Tributaria en tránsito en el Congreso de la República. Los cambios marginales que se introdujeron en la reforma tributaria, como respuesta al paro nacional (3 días sin IVA y reducción parcial en el pago de salud de las pensiones inferiores a un salario mínimo), no fueron impedimento para que el texto que actualmente se debate en el Congreso mantengan los beneficios tributarios a las empresas; estos cambios en exenciones, descuentos, disminuciones y demás ‘gabelas’ aún le costarán al país por lo menos $9,4 billones desde el año 2020, según las cuentas del Ministerio de Hacienda. El día martes 3 de diciembre de 2019, las comisiones económicas del Congreso, en sesión conjunta, aprobaron la reforma tributaria en primer debate, la cual consta de 136 propuestas.
2. Derogatoria inmediata del Decreto 2111 del 2019, por el cual se crea el Holding Financiero. El gobierno nacional tiene participación directa e indirecta en dieciocho (18) entidades sujetas a la vigilancia de la Superintendencia Financiera de Colombia o que desarrollan actividades conexas al servicio financie- ro público. El valor patrimonial de estas entidades asciende a $15,8 billones de pesos, de los cuales la participación de la Nación equivale a $14,9 billones de pesos. Con esta medida el Gobierno busca con- solidar un grupo de servicios financieros equiparable a los conglomerados de carácter privado que existen en el país.
3. Derogatoria de la Circular N° 049 de 2019 sobre estabilidad laboral reforzada
4. Disolución del Esmad y depuración de la Policía Nacional, responsables del asesinato del joven estudiante Dilan Cruz.
5. El Gobierno se abstendrá de tramitar la reforma al Sistema de Pensiones. Esta busca aumentar la edad de pensión, equiparar las edades para pensionarse entre mujeres y hombres, aumentar de 16 a 20% las contribuciones, incrementar las semanas de pago, reducir el porcentaje de los beneficios y acabar con el sistema de reparto medio y Colpensiones.
6. El Gobierno se abstendrá de realizar reformas laborales, tramitando además la derogatoria de los artículos 193, 198, 240 y 242 del Plan Nacional de Desarrollo. El Gobierno ha considerado establecer un salario del 75% respecto al SML para la contratación de jóvenes (14 a 29 años).
7. El Gobierno no adelantará proceso alguno de privatización o enajenación de bienes del Estado independientemente de su participación accionaria. Un total de 160 billones de pesos, unos 50.000 millones de dólares, es el ‘avalúo’ de las propiedades del Estado que, tras la aprobación del Plan de Desarrollo, quedaron más expuestas a la privatización. El Ministerio de Hacienda ya presentó ante el Congreso el Plan de Enajenaciones, con lo cual quedan oficialmente disponibles para que cualquiera de ellas sea puesta en venta. La cartera de las finanzas públicas ha hablado de echar mano de las privatizaciones, entre 2019 y 2022, para disponer de 30 billones de pesos, de los cuales, 6 billones (0,6%) del PIB ya están incluidos en el Plan Financiero. Los posibles activos colocados en la lista de ventas públicas están conformados por Ecopetrol, Cenit (filial de Ecopetrol en transporte de hidrocarburos) e Interconexión Eléctrica S. A. (ISA).
8. El Gobierno iniciará de inmediato con las organizaciones respectivas la implementación y cumplimiento de los acuerdos firmados por el anterior y el actual Gobierno entre otros: Estudiantes universitarios, Organizaciones indígenas,Trabajadores estatales, Fecode, Sectores campesinos y agrarios
9. Trámite con Dignidad Agropecuaria Colombiana los temas relacionados con las necesidades de los pro- ductores agropecuarios, entre estos la revisión de los Tratados de Libre Comercio y todo lo relacionado con la producción en este sector.
10. El Gobierno abordará con Defendamos La Paz, el proceso de cumplimiento e implementación de los acuerdos de paz firmados en La Habana.
11. Trámite inmediato en el Congreso de la República de los proyectos de ley anticorrupción.
12. Derogatoria del impuesto o Tarifazo Nacional relacionado con el tema de Electricaribe. Desde el mes de octubre de 2019, entró en vigencia una sobretasa al servicio de energía que impacta directamente a los estratos 4, 5 y 6 de todo el país. Esta arbitraria sobretasa golpea la factura de 2,8 millones de clientes en viviendas y comercios. El Gobierno estima que anualmente se recaudarán con esta sobretasa cerca de 130.000 millones de pesos para subsanar las arcas de Electricaribe, empresa que registra un déficit en caja superior a 294.000 millones de pesos producto del saqueo a que fue cometido por las corruptas élites políticas de la Costa y las transnacionales que manejaron el negocio de la energía.
13. Definición de las políticas ambientales, protección de los páramos y demás con los representantes de las organizaciones ambientales que se acuerden.

 

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Sábado, 07 Diciembre 2019 17:02

Paro Nacional: exigencias y finanzas públicas

Paro Nacional: exigencias y finanzas públicas

Un país que busca zafarse del histórico lastre de desigualdad, opresión, explotación, injusticia, violencia y corrupción que lo caracteriza, eso es lo que destaca por estos días con las notorias movilizaciones de juventud que vive un presente de negaciones y reconoce en sus progenitores un futuro de amplias carencias y frustraciones. El fin del modelo neoliberal, y la vivencia de democracia directa, integral, plural y plebiscitaria resume las demandas levantadas por las nuevas generaciones. En perspectiva de ello, este artículo compara las exigencias de la protesta social y el Presupuesto General de la Nación (PGN) 2020.

 

El Comité nacional de Paro de manera enfática y enérgica declara: “mientras no haya una solución real a los 13 puntos no se suspende la protesta social”. Del otro lado, el presidente Iván Duque, quien de manera arrogante y autoritaria trató de desconocer las protestas y reprimirlas violentamente, aceptó finalmente llevar a cabo un diálogo directo con los voceros de las protestas sociales a nivel nacional. Sin embargo, el primer encuentro entre las partes, el martes 3 de diciembre, terminó sin avances para delinear una hoja de ruta o definir la metodología para negociar el pliego de exigencias. El Gobierno busca dividir al movimiento, polarizar a la sociedad, desatar el miedo, desgastarlo vía agotamiento y conducir el debate hacia temas abstractos e intrascendentes.

El contexto en medio del cual está planteada la negociación no puede ser más revelador de la arrogancia oficial: el Presupuesto General de la nación 2020 (PGN) ya está aprobado por el Congreso, recinto donde prosigue el trámite de la reforma tributaria de aliento gubernamental y, además, se mantiene como fiera al asecho el nuevo paquete de reformas neoliberales promovido por la Ocde, el FMI y la extrema derecha colombiana.

No obstante, en el campo de fuerzas en pugna todavía se encuentran espacios político y financieros para adelantar reformas estructurales. Por ejemplo, se pide, de parte de la ciudadanía democrática, poner fin a la sangrienta historia de pogromos aplicada por las élites dirigentes como método de reproducción de su poder y adelantar reformas que promuevan el desarrollo social, la democracia y la dignidad humana. Un caso emblemático puede ser, de llegar a conquistarse esta exigencia, la disolución del Escuadrón Móvil Antidisturbios y reorientar el gasto improductivo que implica mantener esta unidad especial de la Policía nacional hacia el financiamiento de la educación pública (Recuadro: Esmad, violencia, represión y educación).

 

Los puntos en la mesa de negociación

 

El movimiento social que nutre el Paro nacional, integrado por sindicatos, estudiantes, campesinos y pueblos originarios, pensionados, profesionales, defensores de derechos humanos, intelectuales democráticos y ciudadanía consciente, rechazan enfáticamente las reformas laboral y del régimen de pensiones que aseguran prepara el Gobierno y que éste niega, así como el plan de privatizaciones, la falta de compromiso de la administración Duque con el Acuerdo de Paz, la reforma tributaria impulsada por el Presidente con el fin de aliviar las cargas impositivas al gran capital y gravar aún más a las clases media y popular; además, exige medidas contra el asesinato de líderes sociales, sindicalistas, ex-combatientes de las Farc, ambientalistas y defensores de derechos humanos, poner fin a la corrupción y ampliar el gasto social, entre otras causas (Recuadro: Las 13 reivindicaciones en litigio).

 

Indicadores de sufrimiento social

 

Un país de extremos. En una de sus caras una oligarquía que concentra tierra, industria, bancos, comercio, propiedad accionaria, con exabruptos como que el 1 por ciento concentra el 20,5 por ciento del total de ingreso y la riqueza de Colombia, según la información tributaria, por lo cual la nuestra es una de las sociedades más desiguales del mundo. La desigualdad social, según estudios de la Cepal, es resultado de una compleja matriz de determinantes, que se asienta en la heterogeneidad estructural de sus sistemas productivos y en la cultura del privilegio; la pertenencia a distintos estratos socioeconómicos o clases sociales constituye uno de los ejes estructurantes de la matriz de la desigualdad social, junto con el género, la edad (ciclo de vida), la condición étnico-racial y el territorio, entre otros.

La otra cara de la concentración de la riqueza es la pobreza generalizada de la población; en 2019 el 27,2 por ciento vive bajo condiciones de insatisfacción de sus necesidades esenciales para poder llevar un mínimo de vida digna. El modelo de economía rentista, excluyente y extractivo que impuso la oligarquía criolla no genera empleo decente: una décima par- te de la fuerza de trabajo se mantiene en desempleo abierto y el 65 por ciento vive del rebusque y labora en condiciones informales, precarias y de bajo ingreso.

Durante la administración Duque los indicadores del sufrimiento social han detenido sus tendencias positivas y comienzan a dar muestras de deterioro y empeoramiento tanto en la violencia, la desigualdad y la pobreza como en las tasas de desempleo. Las modificaciones impulsadas por su gobierno de conceder un descuento del 100 por ciento del impuesto a las ventas (IVA) a la importación de bienes de capital, con un costo fiscal anual para la nación de $6,5 billones, provoca la sustitución de la fuerza de trabajo por tecnologías modernas con la consiguiente destrucción de más puestos laborales. Una medida, que de ser aprobada, promoverá la destrucción de puestos de trabajo, una realidad en aumento: durante octubre de 2018 a octubre de 2019 se eliminaron 285.000 empleos, la tasa de desempleo pasó de 9,1 a 9,8 por ciento; la cifra de desempleo promedio durante 2019 es de 10,7 por ciento (Gráfico 1). A las personas hundidas en la pobreza se les une ahora una población superflua confinada en suburbios o aislada en el inhumano sistema carcelario.

El presupuesto General de la Nación 2020

 

El PGN es, en Colombia, el reflejo del antagonismo de clases. Es cuidadosamente planeado y perfilado para favorecer a los más ricos y exprimir cada vez más a los trabajadores, a los pobres y a la clase media. La hacienda pública es una maquinaria de gasto improductivo y corrupción que favorece a las élites políticas, empresarios, fuerzas armadas y de policía, tecnócratas y al capital financiero transnacional. Las finanzas públicas no se corresponden con las necesidades del desarrollo económico y social sostenible, a pesar que su participación en el producto bruto nacional va en creciente desde la segunda mitad del siglo XX. Su sistema de ingresos se caracteriza por la evasión o elusión fiscal de las clases ricas y la gravitación del sistema tributario sobre las clases medias y populares, además del endeudamiento público (externo e in terno) de carácter estructural; y su sistema de gastos se define por una tendencia creciente de los gastos de funcionamiento y una propensión errática de la inversión pública y de los gastos de bienestar social. El proceso de expansión del Estado tiene, entonces, no un sentido orgánico y virtuoso, sino una dirección burocrática, rentista, corrupta, autoritaria, guerrerista y represiva (Ver diagrama del Presupuesto General de la nación, 2020).

El valor total del Presupuesto de Rentas y Recursos de Capital para el año 2020 está estimado en 271,7 billones de pesos. Las fuentes de los ingresos provienen principalmente de los impuestos directos, esto es, impuesto sobre la renta y complementarios (26%), los impuestos indirectos, como el tributo a las ventas, al consumo y a la gasolina, entre otros (32,3%) y los recursos de capital de la nación, esto es, excedentes financieros y recursos de endeudamiento externo e interno (29,9%); los establecimientos públicos aportan el 6,4 por ciento de los ingresos del Presupuesto nacional.

La estructura del gasto se distribuye de la siguiente manera: Servicio de la deuda pública externa e interna (21,5%), funcionamiento (63,6%) e inversión (14,9%). El comparativo entre los presupuestos generales de 2019 y 2020 permite destacar los siguientes hechos: i) el PGN aumenta 9 por ciento; como proporción del PIB eleva su participación de 23,9 a 24,3 por ciento; ii) los gastos de funcionamiento crecen en 9,9 por ciento, en relación al PIB con- centran 15,0 en 2019 y 15,4 por ciento en 2020; iii) el crecimiento económico viene dependiendo del rápido endeudamiento público, entre 2019-2020 aumentó el servicio de la deuda en 14,2 por ciento (5% del PIB en 2019 y 5,3% en 2020); según las cuentas alegres y desacertadas del Marco Fiscal de Mediano Plazo del 2019, este año el país cerraría con una deuda total de 50,6 por ciento del producto inter- no bruto (PIB), pero los cálculos de Anif muestran que con la asunción de nuevas acreencias, a través de la emisión de títulos TES, y la postergación del pago de capital, la cifra escalará al 56 por ciento del PIB en el Gobierno Duque (2018-2022); iii) en contraste, la inversión decae en 0,9 por ciento; en proporción del PIB la inversión pierde participación al pasar de 3,9 en 2019 a 3,6 por ciento en 2020 (además, según informes de la CGN, una cuarta parte de los recursos de inversión son desviados a través de prácticas corruptas).

De acuerdo con la Ley del PGN 2020, las partidas presupuestales con mayor incidencia son las siguientes: i) Salud, educación, agua potable y propósito general a través del SGP: $43,8 billones; ii) Pensiones: $43,3 billones, las cuales son obligaciones ineludibles para la nación (el 80% de los subsidios se orienta al 20% de quienes devengan las pensiones más altas: clase política y altos funcionarios del Estado); iii) Aseguramiento en salud: $19,3 billones; iv) Otras transferencias para educación (Instituciones de Educación Superior Públicas, Fondo de prestaciones del magisterio): $6 billones; v) Fuerzas, militares, policía, Fiscalía y Justicia: $47.7 billones.

Al distribuir el 100 por ciento del gasto, según las funciones principales que desempeña el Estado colombiano, se tiene, sobre un 100 por ciento: i) Servicio de la Deuda Pública nacional: 21,5%, ii) Desarrollo social, trabajo y cultura: 44,9%, iii) Ciencia, tecnología e innovación, crecimiento económico e infraestructura: 5,9%, iv) Fuerzas militares, policía y justicia: 17,5%, sostenibilidad ambiental y Corporaciones autónomas regionales de desarrollo sostenible: 0,4%, v) Dirección del Estado, normatividad, control, fiscalización, regulación y políticas públicas: 9,8%.

En Colombia, la distribución del gasto social por funciones se orienta principal- mente al asistencialismo y la protección social; esta función concentra el 43,9 por ciento del gasto social (los recursos destinados a las políticas de protección social consideran los desembolsos correspondientes a servicios y transferencias a personas y familias relacionados con enfermedad e incapacidad, edad avanzada, supérstites, transferencias condicionadas en efectivo a hogares pobres, desempleo, vivienda y exclusión social, tanto del sector de la protección social contributiva como no contributiva). La distribución del gasto social en las otras funciones es, en términos porcentuales: educación: 26,4; salud: 24,0; vivienda y servicios comunitarios: 4,1; recreación, deporte y cultura: 1,2; protección del medio ambiente: 0,5.

El gasto social viene cayendo en Colombia, medido como proporción del PIB o en dólares constantes de 2010 per cápita**. El gasto social representaba el 13,4 por ciento del PIB en 2017 y bajó a 12,6 en 2018; de otra parte, en dólares constantes per cápita cayó de 1.016 a 975 en estos dos años. El gasto social, como proporción del PIB, es significativa- mente más bajo en Colombia respecto a otros países de América Latina en 2018: Uruguay (17,2%), Brasil (17,7%), Chile (16,4), Argentina (13,5%).

 

 

¿Hacia dónde quiere llevar al país la extrema derecha?

 

Colombia es un país gobernado por la extrema derecha, a pesar que el centro es la opción por la cual se inclina la mayoría de connacionales. En la Encuesta de Cultura Política, aplicada a personas mayores de 18 años, el Dane realiza la siguiente pregunta respecto a la posición ideológica de la población: En una escala de 1 a 10, donde 1 significa izquierda y 10 significa derecha ¿dónde se ubicaría usted? En la aplicación de la encuesta en el año 2019, el 41,0% de las personas residentes en las cabeceras municipales y el 34,6% de la población en centros poblados y rural disperso se ubicaron en la posición ideológica de Centro. En la posición ideológica de Derecha se ubicó el 25,4% de las personas en cabeceras municipales y el 31,5% de la población en centros poblados y rural disperso. La posición ideológica de Izquierda, fue elegida por el 12,2% y 10,0% de la población de cabeceras y centros poblados-rural disperso, respectivamente.

El candidato del partido de la extrema derecha, el Centro Democrático, Iván Duque, se convirtió en octubre de 2018 en el presidente de Colombia en unas elecciones muy reñidas en las que su contendor Gustavo Petro logró la votación más alta de la historia de la izquierda en el país. El ungido de Uribe pasó del 39% logrado en la primera vuelta a un 54% en la segunda y decisiva que lo puso como el nuevo habitante de la Casa de Nariño. Duque obtuvo 10.372.697 votos frente a los 8.034.087 logrados por Gustavo Petro; el voto en blanco se ubicó en el 4% con 808.333 votos. Tras cumplir los pri- meros 100 días de gobierno, se desplomó la popularidad de Iván Duque de 53,8 a 27,2 por ciento. A finales de noviembre de 2019, la encuesta de Invamer que se llevó a cabo durante las jornadas de pro- testa, la aprobación de la gestión del presidente Duque cayó en picado y apenas alcanza el 24 por ciento. En conclusión, a Duque actualmente lo apoya únicamente la población militante e ideológicamente fanática de los partidos políticos de la ex- trema derecha, en concordancia con los resultados de la encuesta de Cultura Política del Dane.

El ascenso atemorizador en el país de la extrema derecha está bien expresada por el ultraneoliberalismo radical de los partidos y organizaciones políticas, por el maniqueísmo y fundamentalismo político y religioso de las sectas cristianas y evangélicas, por las fuerzas guerrerista del ejército, la policía y los paramilitares, por la intelectualidad autoritaria y anti- democrática, por el sector empresarial clasista y la fuerza terrateniente premoderna, todos apoyados por el monopolio de los medios de comunicación, las organizaciones financieras internacionales (FMI y BM) y el gobierno conservador estadounidense. Durante el Paro nacional, el gobierno y las fuerzas de extrema derecha han hecho acopio de las tradicionales tácticas y estrategias utilizadas por los fascistas en estas circunstancias: generar terror dentro de las clases medias, implementar políticas que favorecen al gran capital, tomar medidas autoritarias y represivas, asesinato de opositores, desconocimiento de la protesta social, instalar la mentira como eje de la propaganda oficial y mostrar arrogancia frente a la ciudadanía democrática y sectores populares, además de exhortar la lucha de clases, el racismo, la violencia de género y etaria, la xenofobia y la homofobia.

La pregunta que se plantea ahora es: ¿Qué vendrá después del conservadurismo atroz de la derecha colombiana que domina la política, la institucionalidad, la economía y el presupuesto público? Los sectores más fanáticos de los partidos de extrema derecha están presionando al gobierno de Duque para implementar una política militarista de tierra arrasada que pueda degenerar en un genocidio y apurar con la puesta en vigencia del “paquetazo” neoliberal. Entre tanto, el 79 por ciento de los encuestados por Invamer considera que las cosas van empeorando en el país y están indignados por el ejercicio bárbaro y deshumanizante del poder y el control político ejercido históricamente por esta oligarquía lumpen y sus esbirros que la protegen. No más explotación, opresión, corrupción, mentira, manipulación y violencia asesina es lo que pide la ciudadanía decente, digna y democrática. El Gobierno no cuenta con legitimidad ni tiene gobernabilidad. El momento es disruptivo; las nuevas generaciones exigen una democracia radical, pluralista y revolucionaria. ¿Se atreverá la extrema derecha, como históricamente lo ha practicado desde la Conquista, la Colonia y la Independencia, a realizar un nuevo genocidio o pogromo (saqueo y matanza de gente indefensa) para preservar sus eternos y excluyentes privilegios de clase y continuar reproduciendo por siempre su poder monopólico?

** Cepal, Panorama Social de América Latina 2019.
* Economista político y filósofo humanista. Escritor e investigador independiente. Integrante del comité editorial de los periódicos Le Monde diplomatique, edición Colombia, y desdeabajo.

 


Esmad, violencia, represión y educación


El Esmad, instrumento violento y represor fue creado durante el gobierno del partido conservador, representado por Andrés Pastrana, en el año 1999; la adminis- tración Duque lo reforzó con grupos antisurgentes provenientes del ejército. Con su desmonte, el país, de una parte, se ahorraría medio billón de pesos y evitaría que este grupo de gamberros siga cometiendo violaciones a los derechos humanos y vulnerando la dignidad humana, y de otra, podrían aumentarse los recursos finan- cieros del sistema educativo. El Esmad cuenta con 3.876 integrantes, 3.770 hombres y 106 mujeres, y operan con un presupuesto anual que supera los 490.000 millones de pesos. Del sistema educativo hacen parte 12,5 millones de estudiantes, 80,5% en la educación básica y 19,5% en la educación superior; el presupuesto asignado al Ministerio de Educación Nacional para el año 2020 es de 43,1 billones de pesos (funcionamiento e inversión). El costo anual de cada miembro del Esmad es de 126,5 millones de pesos y el gasto por estudiante de 3,5 millones; en consecuencia, con el pago a cada agente del Esmad se pueden financiar 37 estudiantes. La elección es entre malgastar el presupuesto público en rubros que suscitan el conflicto armado o construir un futuro en paz, con desarrollo socio-económico y dignidad humana. Colombia es el país que más gasta, en cifras absolutas y relativas al PIB, en compra de armamento y financiamiento de una desmesurada fuerza represiva.

 


Recuadro

 

Las 13 reivindicaciones en litigio

 

Los puntos sobre la mesa colocados por el Comité Nacional de Paro Nacional son los siguientes:

1. Retiro del Proyecto de Ley de Reforma Tributaria en tránsito en el Congreso de la República. Los cambios marginales que se introdujeron en la reforma tributaria, como respuesta al paro nacional (3 días sin IVA y reducción parcial en el pago de salud de las pensiones inferiores a un salario mínimo), no fueron impedimento para que el texto que actualmente se debate en el Congreso mantengan los beneficios tributarios a las empresas; estos cambios en exenciones, descuentos, disminuciones y demás ‘gabelas’ aún le costarán al país por lo menos $9,4 billones desde el año 2020, según las cuentas del Ministerio de Hacienda. El día martes 3 de diciembre de 2019, las comisiones económicas del Congreso, en sesión conjunta, aprobaron la reforma tributaria en primer debate, la cual consta de 136 propuestas.
2. Derogatoria inmediata del Decreto 2111 del 2019, por el cual se crea el Holding Financiero. El gobierno nacional tiene participación directa e indirecta en dieciocho (18) entidades sujetas a la vigilancia de la Superintendencia Financiera de Colombia o que desarrollan actividades conexas al servicio financie- ro público. El valor patrimonial de estas entidades asciende a $15,8 billones de pesos, de los cuales la participación de la Nación equivale a $14,9 billones de pesos. Con esta medida el Gobierno busca con- solidar un grupo de servicios financieros equiparable a los conglomerados de carácter privado que existen en el país.
3. Derogatoria de la Circular N° 049 de 2019 sobre estabilidad laboral reforzada
4. Disolución del Esmad y depuración de la Policía Nacional, responsables del asesinato del joven estudiante Dilan Cruz.
5. El Gobierno se abstendrá de tramitar la reforma al Sistema de Pensiones. Esta busca aumentar la edad de pensión, equiparar las edades para pensionarse entre mujeres y hombres, aumentar de 16 a 20% las contribuciones, incrementar las semanas de pago, reducir el porcentaje de los beneficios y acabar con el sistema de reparto medio y Colpensiones.
6. El Gobierno se abstendrá de realizar reformas laborales, tramitando además la derogatoria de los artículos 193, 198, 240 y 242 del Plan Nacional de Desarrollo. El Gobierno ha considerado establecer un salario del 75% respecto al SML para la contratación de jóvenes (14 a 29 años).
7. El Gobierno no adelantará proceso alguno de privatización o enajenación de bienes del Estado independientemente de su participación accionaria. Un total de 160 billones de pesos, unos 50.000 millones de dólares, es el ‘avalúo’ de las propiedades del Estado que, tras la aprobación del Plan de Desarrollo, quedaron más expuestas a la privatización. El Ministerio de Hacienda ya presentó ante el Congreso el Plan de Enajenaciones, con lo cual quedan oficialmente disponibles para que cualquiera de ellas sea puesta en venta. La cartera de las finanzas públicas ha hablado de echar mano de las privatizaciones, entre 2019 y 2022, para disponer de 30 billones de pesos, de los cuales, 6 billones (0,6%) del PIB ya están incluidos en el Plan Financiero. Los posibles activos colocados en la lista de ventas públicas están conformados por Ecopetrol, Cenit (filial de Ecopetrol en transporte de hidrocarburos) e Interconexión Eléctrica S. A. (ISA).
8. El Gobierno iniciará de inmediato con las organizaciones respectivas la implementación y cumplimiento de los acuerdos firmados por el anterior y el actual Gobierno entre otros: Estudiantes universitarios, Organizaciones indígenas,Trabajadores estatales, Fecode, Sectores campesinos y agrarios
9. Trámite con Dignidad Agropecuaria Colombiana los temas relacionados con las necesidades de los pro- ductores agropecuarios, entre estos la revisión de los Tratados de Libre Comercio y todo lo relacionado con la producción en este sector.
10. El Gobierno abordará con Defendamos La Paz, el proceso de cumplimiento e implementación de los acuerdos de paz firmados en La Habana.
11. Trámite inmediato en el Congreso de la República de los proyectos de ley anticorrupción.
12. Derogatoria del impuesto o Tarifazo Nacional relacionado con el tema de Electricaribe. Desde el mes de octubre de 2019, entró en vigencia una sobretasa al servicio de energía que impacta directamente a los estratos 4, 5 y 6 de todo el país. Esta arbitraria sobretasa golpea la factura de 2,8 millones de clientes en viviendas y comercios. El Gobierno estima que anualmente se recaudarán con esta sobretasa cerca de 130.000 millones de pesos para subsanar las arcas de Electricaribe, empresa que registra un déficit en caja superior a 294.000 millones de pesos producto del saqueo a que fue cometido por las corruptas élites políticas de la Costa y las transnacionales que manejaron el negocio de la energía.
13. Definición de las políticas ambientales, protección de los páramos y demás con los representantes de las organizaciones ambientales que se acuerden.

 

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Publicado enEdición Nº264
Jueves, 05 Diciembre 2019 06:29

El terremoto social llega a Francia  

El terremoto social llega a Francia  

Un total de 245 manifestaciones contra la reforma a las jubilaciones previstas para este jueves

Confluirán chalecos amarillos, huelga en los hospitales, en los ferrocarriles y el transporte público, así como estudiantes, policías, maestros y judiciales. El Gobierno francés teme que se instale un clima de protesta social como el que sacude a otros países.

 

 Sólo queda por saber la magnitud final del terremoto programado para este jueves 5 de diciembre. El Ejecutivo francés y la presidencia siguen con aprensión los temblores sociales que se fueron expandiendo en el país desde hace varios meses y que convergen este 5 de diciembre en un movimiento social de magnitudes colosales. ”Esto va a ser como un tsunami social histórico”, dice Henry mientras le da las últimas pinceladas a la banderola de la CGT sección ferrocarriles con la que saldrá a la calle. El gobierno espera lo mismo. 

Chalecos amarillos, huelga en los hospitales, en los ferrocarriles y el transporte público, estudiantes, policías, maestros, justicia, un total de 245 manifestaciones están previstas en toda Francia en signo de protesta contra una enésima reforma del sistema de pensiones. El procedimiento propuesto por el Ejecutivo consiste en reemplazar por “un sistema universal de jubilaciones” los 42 regímenes jubilatorios de la actualidad. Los sindicatos no quieren dicha reforma y su oposición ha ido aunando muchos otros sectores sociales. Ello terminó por trazar un horizonte posible de convergencias de luchas sociales que, esperan los sindicatos, podría igualar la huelga de 1995 contra una reforma similar que paralizó a Francia durante tres semanas.

Las previsiones de la movilización son altísimas. 90% de los trenes no circularán este jueves, el 60% de las escuelas estarán inactivas mientras que las compañías aeronáuticas ya anularon cientos de vuelos. La pesadilla, para el gobierno, podría durar un sólo día o muchos según lo que ocurra con la huelga ilimitada decretada por los sindicatos de la SNCF, la compañía nacional de ferrocarriles.

La cantidad de sectores que se han añadido a las manifestaciones o a la huelga es asombrosa. La nueva reforma concentró un montón de malestares sociales dispersos, facilitó la unión de varios sindicatos y hasta un probable resurgimiento del sindicalismo como eje catalizador de la movilización. Fuera de la CFDT, los otros sindicatos, principalmente la CGT y Fuerza obrera, convocaron a “construir un plan de acción contra la reforma de las jubilaciones”. El “cuerpo social” no olvidó sus heridas.

 En noviembre de 2018 surgía en Francia la revuelta de los chalecos amarillos y en diciembre de 2019 se plantea un levantamiento todavía más grande, tanto en el sector público como privado. Varios futuros están en juego, empezando por el de la misión del propio presidente Emmanuel Macron y la imagen que, desde 2016, empezó a destilar en la opinión pública. Según explicaba Macron en un libro publicado ese año (Révolution), la división central se situaba entre “conservadores atados al pasado” y los “progresistas reformistas”. Su reforma se instala en esa narrativa con el riesgo de que, si no pasa por la persistencia de la acción social, ”el mandato se habrá acabado, ya no haremos más nada”, según admitía en las páginas del vespertino Le Monde un miembro del staff presidencial citado anónimamente. 

Macron retrocedió entre finales de 2018 y principios de 2019 cuando se vio confrontado a los chalecos amarillos y anuló las medidas que habían desatado el movimiento. Esta vez no parece ser el caso. Tanto su primer ministro, Edouard Philippe, como él han reiterado su “determinación” para llevar a cabo la reforma a través de la cual ambos se juegan su respectivo capital político. Hay un sector consistente del electorado que lo respalda (39%), que aún ve en él ese dirigente “que soluciona los problemas irresueltos desde hace más de 30 a años” (Frédéric Dabi, director general de la consultora IFOP, Le Monde).

A su vez, los sindicatos se juegan su poder de influencia y su capacidad a volver al centro de la acción social. El sindicalismo francés ha sido reiteradamente derrotado en los últimos a años y vio también como caía en picada su legitimidad de actor social.

 La insurgencia de los chalecos amarrillos se plasmó fuera de los círculos sindicales y así logró arrancarle al poder unas cuantas concesiones sin que mediada ninguna mediación sindical. Presidencia y sindicatos ponen en la mesa sus respectivas fortunas. La historia reciente no es alentadora en la lógica sindical. 

Hace ya casi 20 a años que las manifestaciones, por más importantes que sean, dejaron de tener un impacto en el rumbo fijado por los políticos. No obstante, los chalecos amarillos volvieron a demostrar que en la calle sí se podía aún trastornar las lógicas del poder. Con ello cuentan los sindicatos, respaldados ahora por la señal de la insurgencia amarilla y por la densidad de los actores que ya adhirieron a la huelga. La fuerte oposición incumbe en mucho a la presidencia y al Ejecutivo.

 Mal explicada, casi oculta, compleja, poco “vendida” y maquillada, la reforma de las pensiones es una suerte de onda de varias frecuencias. Por un lado, 76% de los franceses considera que una reforma del sistema de pensiones es “necesaria”, pero 64% no confían en Macron para llevarla a cabo. El gobierno tenía un camino trazado pero sus divisiones internas dieron vuelta a la opinión. La reforma no es una sorpresa porque figuraba en el programa electoral de Macron. El entonces candidato abogaba por un sistema universal, más equitativo y transparente. Pero el ala derecha del macronismo presionó para que se introdujeran variables que no estaban contempladas, entre ellas aumentar la edad de la jubilación o cotizar más tiempo. Allí se rompió el consenso ante la reforma. La gente sintió que la estaban engañado y que, en el fondo, la reforma no más que una manera encubierta de recortar beneficios sociales. Ello explica por qué tantos sectores socio profesionales, públicos y privados, se citan este jueves en las calles del país. Puede ser “la lucha final” o una lucha inicial para una futura negociación.

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El paro (movilización) del 21 y sus necesarios ecos

Una campaña de miedo. En vísperas de la realización del paro(movilización) nacional convocado en Colombia para el 21 de noviembre, el gobierno de Iván Duque amedrenta e intimida a quienes tomarán las calles del país para confrontar las propuestas de reformas laboral y pensional (que por el momento están congeladas, hasta que los ánimos de la región se calmen), así como contra el asesinato de liderazgos sociales en todo el territorio nacional, el incumplimiento de los Acuerdos de Paz, la propuesta de regularización de la protesta social, entre otros temas que afectan al conjunto nacional.

Las “no violencias” del poder en Colombia

Un discurso doble, como es el Gobierno. Aunque el discurso del poder es el de “garantizar la protesta social” –siempre y cuando transcurra “sin violencia”–, el actuar del mismo es completamente manipulador y violento, proceder evidente en: utilización de los medios masivos de comunicación para presentar programas “objetivos” que evidencian un discurso de estigmatización y criminalización de la protesta, los cuales llegan a tachar de mentirosos a quienes se movilizan o de terroristas a quienes ocultan su rostro en las jornadas de protestas; la orden de acuartelamiento que dio el comando de las Fuerzas Militares que terminaría con la militarización de las calles de diferentes ciudades del país; la noticia de detención de 800 kilos de explosivos en el municipio de Villagarzón, Putumayo y su amañada relación con la jornada del 21 de noviembre; el retiro de publicidad y la generación de multas a quienes estén repartiendo información alusiva al paro; la difusión de cadenas de Whatsapp que generan el pánico y llaman a armarse para proteger propiedades; la consolidación de un discurso anticomunista y del enemigo interno que plantea la filtración de las marchas de grupos enviados por el gobierno venezolano y que siguen los lineamientos del Foro de Sao Paulo; la legitimación de grupos ultraderechistas de choque, entre otros.

A estos actos manipuladores y violentos debe sumarse la noticia más reciente: los allanamientos llevados a cabo el 19 de noviembre en las ciudades de Bogotá, Medellín y Cali por parte de la Policía y el Cuerpo Técnico de Investigaciones (CTI) de la Fiscalía en contra de estudiantes, activistas, medios de comunicación alternativos y sindicatos.

Allanamientos para intimidar

Mediante mecanismos irregulares, cuerpos del Estado ingresaron a las casas y oficinas de diferentes personas y organizaciones sociales. Sin presentar las órdenes de allanamiento o presentar identificaciones de quienes ingresaban a los predios, agentes de policía incautaron elementos legales como pinturas, camisetas, gorras, banderas, libros, afiches y comunicados convocando al paro, entre otros objetos personales como celulares, computadoras y discos duros.

En la ciudad de Bogotá fueron 27 los casos de allanamiento registrados en 15 localidades, entre ellas Teusaquillo, Kennedy, Puente Aranda, Suba, Bosa, Ciudad Bolívar y el municipio de Soacha. Dentro de las órdenes de allanamiento se expresaban supuestos delitos como "terrorismo y fabricación, tráfico o porte de armas o municiones de uso privativo de las fuerzas armadas o explosivos".

Dos personas fueron capturadas en estos hechos y presentados ante la opinión pública como terroristas, atizando la doctrina militar que ve a los activistas sociales como enemigos internos. Andrés Palacios, estudiante de último semestre de antropología de la Universidad Nacional, mostrado en medios como “alias chiqui”, es un joven que apoya espacios de educación popular como la Escuela Sol del Sur y las caracolas educativas en temas comunicativos; participa, así mismo, en espacios con indígenas Nasa del norte del Cauca. La otra persona capturada es Julián Duarte, licenciado en ciencias sociales de la Universidad Distrital, empleado de la Secretaría de Integración Social del Distrito, acompañando comunidades de Usme y Sumapaz, también tallerista en pre-universitarios, que entre su labor social también ha participado del festival de la memoria de la Universidad Pedagógica Nacional.

Algunas de las organizaciones y colectivos afectados por estos hechos fueron: Ciudad en Movimiento, el colectivo de agitación gráfica Puro Veneno, Pirotecnia, Congreso de los Pueblos, Grupo Estudiantil Anarquista, colectivo Degénero. Vale la pena decir que en la ciudad de Medellín fueron allanadas las casas de tres estudiantes del Instituto Tecnológico Metropolitano y la sede del sindicado de la Asociación de institutores de Antioquia –Adida. Asimismo, en el Valle del Cauca fueron allanadas las casas de estudiantes y un docente de la Universidad del Valle, estudiantes de la universidad Javeriana de Cali y la del secretario político de la Juventud Comunista Colombiana.

Ni los medios y artistas se salvaron. En la ciudad de Bogotá fue allanada la sede de la revista de cultura alternativa Cartel Urbano, a la que ingresaron alrededor de 12 agentes de policía que revisaron hasta los libros contables de la revista. Con otro modus operandi la revista Cerosetenta de la Universidad de los Andes fue hostigada por el Centro Cibernético de la Policía Nacional quienes les enviaron una carta para desmontar de su sitio web el “Manual 070 de autoprotección contra el Esmad”. De la misma manera miembros del colectivo La Otra Danza fueron víctimas de un allanamiento a las 3:00 de la mañana; también fueron hostigados integrantes del colectivo artístico Puro Veneno, que participaron en la realización del grafiti en el que aparecían los oficiales (activos y retirados) Juan Carlos Barrera, Adolfo León Hernández, Mario Montoya Uribe, Nicacio de Jesús Martínez y Marcos Evangelista en cuyos periodos sucedieron casos de ejecuciones extrajudiciales o mal llamados falsos positivos.

El mundo está que arde

Estamos en un periodo de álgidas luchas sociales en todo el planeta y el poder en Colombia lo sabe, razón por la cual trata de intimidar a la ciudadanía para evitar un desborde. A medida que avanza el descontento social la represión se agudiza y esto lo debemos tener claro para próximas movilizaciones. Diferentes países encendidos son muestra de ello: en Hong Kong la policía advirtió que utilizará fuego real si los estudiantes de la Universidad Politécnica de Hong Kong utilizan “armas letales” en defensa de la Universidad. En Iraq van alrededor de 250 muertos y 8.000 heridos en un mes de protestas. El Estado de Israel asesinó al menos a 24 palestinos y dejó 70 heridos en la última ofensiva contra la Franja de Gaza. En Bolivia, luego del golpe de Estado se han registrado 24 asesinatos, 9 de ellos sucedidos, además de ciento quince heridos, en la denominada masacre de Cochabamba. Sus asesinos y victimarios fueron librados de responsabilidad penal por participar en “los operativos para el restablecimiento del orden interno”.

De igual manera el caso de mutilaciones en Chile es alarmante, evidencia de un modus operandi de las fuerzas militares y de policía para la represión de la protesta social. Tras 15 días de movilizaciones se reportaron 170 traumas oculares por lo cual quedaron parcialmente ciegas 157 personas.

La situación es álgida en el mundo y nuestro país parece no quedarse atrás. Estamos a pocas horas de la jornada de paro nacional y el deseo nacional, de los excluidos y negados, es que los resultados de los días por venir no sean desalentadores para la protesta social, sino que sirvan como motor para comenzar un proceso de articulación nacional que escuche y aprenda del sentir nacional, y que así por fin empecemos a construir los cimentos para materializar vida digna para el conjunto del pueblo colombiano.

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Miércoles, 20 Noviembre 2019 06:13

El gobierno de Colombia criminaliza la protesta

El gobierno de Colombia criminaliza la protesta

La desinformación y la propaganda de terror en contra de la movilización, crecen cada hora. Hubo allanamientos irregulares a casas de estudiantes.

Colombia prepara una movilización nacional para expresar el descontento con el gobierno de Iván Duque y sus propuestas de reformas laboral y jubilatoria que afectarían los salarios de los más jóvenes y alejarían aún más las posibilidades de pensionarse de los trabajadores actuales, además del asesinato creciente de líderes sociales, pueblos indígenas y ataques a la protesta social y movimiento estudiantil. 

A dos días del paro nacional, el Estado desplegó una serie de decisiones que generaron el rechazo de las organizaciones sociales. En ciudades capitales las residencias de jóvenes estudiantes, algunos de los principales promotores del paro junto a las centrales obreras, sufrieron allanamientos por parte de la Policía y el CTI (Cuerpo Técnico de Investigaciones) de la Fiscalía.

El abogado Wiston Gallego, de la Corporación Jurídica LIbertad, le explicó a PáginaI12 que “desde las primeras horas de la mañana se presentaron allanamientos en Bogotá, Cali y Medellín. No había orden de captura para estos jóvenes, y tampoco hubo hallazgos. Incautaron elementos legales como libros y comunicados que convocan al paro nacional”. El defensor de Derechos humanos detalló que los tres jóvenes son estudiantes del Instituto Metropolitano de Educación (ITM) y que varios estudiantes de ésta y otras instituciones locales han denunciado que desde la semana pasada son víctimas de seguimientos de personas vestidas de civil que se acercan a sus barrios y residencias preguntando por su ubicación.

“En los allanamiento de ayer hubo irregularidades pues participó policía vestida de civil, no dejaron ver en su totalidad la orden de allanamiento e impidieron dejar observaciones en la misma; por último no hubo presencia de la Procuraduría”, explicó Gallego. Estos jóvenes y millones en el país del movimiento estudiantil reclaman al gobierno de Duque por el incumplimiento en las promesas que realizaron tras meses de paros universitarios que exigieron más financiación a las universidades públicas. Jennifer Pedraza, reconocida líder de este sector, dijo a los medios desde Bogotá que seguirán motivando a la ciudadanía a manifestarse pacíficamente por las reformas que, a pesar de que el gobierno dice que no son ciertas, son una propuesta real. Explicó que hay una propuesta de ley ya radicada por la bancada del Centro Democrático para la reforma laboral, y que los cambios en el régimen previsional han sido ampliamente divulgados por ministros en medios de comunicación.

PáginaI12 habló con un estudiante de Medellín quien contó que los uniformados llegaron a sus casas en la madrugada e “ingresaron armados y de forma muy intimidante a nuestras residencias, en la cual proceden a desordenar y ultrajar las pertenencias de todos nosotros, muchas de las cuales fueron incautadas como un supuesto material probatorio”.

“Nos sentimos perseguidos, criminalizados, psicológica y emocionalmente decaídos”, explicó a este diario el joven que pidió omitir su nombre, y agregó que tienen miedo a salir de sus casas y que sus familias “están fuertemente afectadas provocando incluso complicaciones a su salud, puesto que observar sujetos encapuchados y armados entrar a nuestras residencias fue un impacto total y destructivo a nuestra integridad”.

La desinformación y la propaganda de terror en contra de la movilización, crecen cada hora. Ayer se supo, en videos circulados en redes sociales, que cientos de militares se desplazaban en camiones hacia Bogotá. Esto tras la orden de acuartelamiento que dio el comando de las Fuerzas MIlitares para contener, dicen las amenazas de orden público por el paro. En los medios comerciales y en cadenas falsas de whatsapp, se recomienda a los ciudadanos no salir durante esta fecha. Sin embargo, importantes sectores y personalidades defienden el derecho a la protesta e invitan a movilizarse pues también están inconformes con las propuesta a futuro de Duque que beneficiarían solo a los más poderosos empresarios, y también con la realidad presente: violación de derechos humanos, guerras por los cultivos de coca, incumplimientos en el Acuerdo de Paz, impunidad en casos de corrupción como Odebrecht y aumento de precios de alimentos y desempleo.

De acuerdo con la Revista Semana, más allá de las razones del paro, “ese día planteará una prueba ácida para el gobierno porque medirá la temperatura social del país con solo año y medio de mandato”. En medio del clima creciente de estigmatización y criminalización de una protesta que aún no ocurre, los ánimos y emociones crecen generando que el paro nacional sea tema de conversación en todos los espacios. En Medellín, en colegios decidieron cancelar clases, mientras en muchas empresas de Bogotá dieron el día a sus empleados para salir a marchar o trabajar desde casa.

Según Wiston Gallego, los allanamientos de ayer “están orientados desde la misma Fiscalía antiterrorista para las tres principales capitales. Y las incautaciones son ridículas: témperas, pinceles, como se puede observar en los noticieros nacionales”:

PagínaI12 consultó a la Fiscalía de Medellín y la Secretaría de Seguridad de la Alcaldía para confirmar el allamiento e incautación de libros a tres estudiantes de Medellín, y ambas entidades dijeron no tener información. Sin embargo, la Corporación Jurídica Libertad confirmó los hechos así como un allanamiento más en la sede del sindicato de maestros (Adida) que no tendría que ver con el paro pero que por realizarse horas antes de la movilización podría tener como fin causar temor entre los manifestantes. En Medellín, el comandante de la Meval dijo que hicieron 5 allanamientos, en vez de los 3 que tiene conocimiento la Corporación Jurídica Libertad, y que encontraron elementos que no son de uso ilegal como botas y material publicitario de la marcha pero “no son elementos terroristas”.

Por su parte la Policía Metropolitana de Bogotá confirmó que realizó este martes  más de 27 diligencias judiciales y allanamientos, en conjunto con la Fiscalía con el fin de, según ellos, encontrar a los encapuchados que cometieron “vandalismo y terrorismo” en protestas pasadas.

PáginaI12 confirmó que algunos de los afectados fueron jóvenes artistas de la capital que realizaron un mural con las cifras de más de 5 falsos positivos (ejecuciones extrajudiciales) cometidas por el Ejército y que incluyeron el nombre de altos oficiales; éste fue borrado y censurado, y luego replicado en otras capitales. El colectivo “PUro Veneno” y “Cartel Urbano” habrían sido allanados con orden judicial sin capturas “como parte de la estrategia de terror de Duque”, según dijo una fuente cercana a la organización a este diario. 

En Bogotá fueron incautados objetos de venta y circulación legal como latas de aerosol, pintura,, overoles, líquidos, pañoletas, carteles, y camisetas. Para Gallego, todo esto busca “una afectación directa entre los organizadores del paro”. Sin embargo, las voces que invitan a manifestarse pacífica y masivamente van más allá de los sectores organizados y la oposición a Duque. El cantante Carlos Vives, la Iglesia Católica, gremios económicos liderados por Bruce Mac Master, y hasta la recién elegida reina de la belleza de Colombia, han invitado a salir a las calles a expresar el rechazo a las propuestas de Duque. El llamado, insisten todos y todas, es a realizarlo sin violencia.

Por Katalina Vásquez Guzmán

Desde Medellín

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 Miles de personas se reunieron en el parque El Arbolito, en Quito, punto de concentración del movimiento indígena, para celebrar la derogación del decreto que eliminaba subsidios a los combustibles. En el acuerdo entre el gobierno de Lenín Moreno y la Confederación de Nacionalidades Indígenas se dispuso crear una comisión para elaborar otra enmienda que permita equilibrar la economía estatal. Foto Afp

El gobierno de Lenín Moreno y el movimiento indígena alcanzaron un acuerdo para poner fin a las protestas que estallaron hace más de diez días. El gobierno ecuatoriano se comprometió a derogar el decreto que eliminaba el subsido estatal a los combustibles. 

Sucedió luego de más de diez días de movilizaciones ininterrumpidas que fueron respondidas con fuertes represiones por parte del gobierno. La instancia de diálogo, televisada a pedido del movimiento indígena, fue fuertemente esperada en un país marcado por un conflicto que ha impactado por los niveles de violencia.

La mesa de diálogo estuvo mediada por Naciones Unidas Ecuador y la Conferencia Episcopal Ecuatoriana, y contó con la participación del presidente Moreno, el ministro de economía, Richard Martínez, y diferentes movimientos indígenas agrupados centralmente en la Coordinadora de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (CONAIE).

El punto central de debate giró en torno al decreto 883 que quitó los subsidios estatales a la gasolina, y fue la medida que mayor rechazo generó en la población. La CONAIE mantuvo una posición de firmeza desde el inicio del conflicto: la necesidad de derogar del decreto. 

La posibilidad para avanzar en el diálogo tuvo como punto central el decreto 883, “una medida que genera injusticia social, no aporta al desarrollo nacional, no tiene ninguna coherencia fiscal, ha provocado una convulsión social y una pérdida millonaria”, como afirmó Jaime Vargas, presidente de la CONAIE.

“El pedido del país es la derogatoria del decreto, si en este momento se decide, entonces el país se tranquiliza totalmente en todos los territorios”, agregó Vargas.

En los discursos de los diferentes dirigentes indígenas estuvo presente la dimensión de la protesta, la violencia del gobierno, y la necesidad de recuperar la paz en medio de un escenario que tomó amplitudes que pocos esperaban.

La protesta contra el decreto 883 escaló a medida que pasaron los días desde su anuncio el 1 de octubre. Según el último informe de la Defensoría del Pueblo ya se cuentan siete muertos, 1152 detenidos y 1340 heridos. En esos más de diez días se movilizaron transportistas, la CONAIE, jóvenes, barriadas populares, profesionales, campesinos.

La jornada del domingo estuvo marcada por esa misma dinámica: bloqueos de carreteras en el país y en el acceso a la capital, protestas en barrios populares, cacerolazos, y una movilización seguida de represión bajo la lluvia en el centro de Quito.

Si bien las movilizaciones y la protesta han abarcado a muchos sectores sociales, la CONAIE ha tenido el peso determinante en cuanto a la radicalidad, capacidad de nacionalización y de prolongación del conflicto. Por eso el diálogo con el gobierno ha sido con el movimiento indígena.

Moreno enfrenta una crisis profunda social, política, que busca descargar en la responsabilidad del expresidente Rafael Correa y los dirigentes de la revolución ciudadana como Gabriela Rivadeneira, y hasta en el mandatario venezolano Nicolás Maduro, a quienes acusa de estar detrás de la violencia. Esa misma acusación contra Correa fue retomada por Vargas, quien pidió que sea perseguido por la justicia.

Su voz fue contradicha por otro dirigente de la CONAIE, Leónidas Iza, quien afirmó: “Nosotros queremos ser claros, no es un acto de la gente correista, no creemos que Correa tenga la capacidad de mover tanta gente”.

El conflicto en Ecuador, que tomó formas de un escenario de barricadas y fuego, está entonces en instancias de diálogo en medio de una crisis que no se veía en el país desde el año 2005 cuando fue destituido el presidente Lucio Gutiérrez. Más allá del avance en la mesa de diálogo, el dirigente de la CONAIE, Abelardo Granda, ya afirmó una de las conclusiones más duras: “¿Y las muertes quién las paga? Mediante un decreto se puede recuperar al país, pero no a la vida”. 

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Las movilizaciones de indígenas en Ecuador se radicalizan con la retención de medio centenar de militares

Los campesinos e indígenas continúan con las movilizaciones a pesar del anuncio de los transportistas de levantar el paro nacional

 Los grupos indígenas y organizaciones sociales de Ecuador han decidido mantener las protestas por el alza del precio de las gasolinas decretada por el Ejecutivo. A media tarde de este sábado, había 47 militares retenidos por grupos indígenas en Alausí, en la provincia de la sierra andina de Chimborazo. A la vez, la confederación indígena Conaie ha enviado un comunicado donde declara el estado de excepción en sus territorios ante la "brutalidad y falta de conciencia de la fuerza pública" y en "ejercicio de su derecho a la autodeterminación".

Los militares están retenidos hasta que el Gobierno derogue el decreto en el que se suprime la ayuda estatal a la gasolina diésel y extra. Son nueve oficiales y 38 voluntarios, confirman fuentes militares. También hay cinco policías. Tenían la misión de reforzar la seguridad en la carretera Panamericana Sur, que está bloqueada en varios puntos, según recoge el diario local El Comercio. Hasta ahora no hay pronunciamiento oficial.

A diferencia de los transportistas, quienes anunciaron este viernes el levantamiento del paro nacional, el Colectivo Unitario Nacional de Trabajadores, Indígenas, Organizaciones Sociales y Populares ya habían asegurado que continuarán con las movilizaciones y con la convocatoria de huelga general para el próximo 9 de octubre hasta que el presidente Lenín Moreno rectifique y reinstaure el subsidio a los combustibles.

"Llamamos a todos los trabajadores del campo y la ciudad, mujeres, juventud estudiosa, jubilados y amas de casa a unirnos este miércoles 9 de octubre a la gran huelga nacional y paro del pueblo para combatir el paquetazo neoliberal con el cual premiaron a la oligarquía y al FMI en contra de los trabajadores y el pueblo", ha convocado Mesías Tatamuez, presidente de turno del Frente Unitario de los Trabajadores, por escrito. El bloqueo de carreteras, la falta de transporte público y los enfrentamientos con las autoridades se han mantenido este sábado, aunque en un ambiente menos violento, hasta la retención de los militares, que durante las dos primeras jornadas de las protestas.

Moreno decretó el pasado jueves el estado de excepción en todo el país para desplegar a policías y militares en los puntos más conflictivos con el objetivo de impedir el cierre de carreteras por parte de los manifestantes. “Con estado de excepción o sin estado de excepción, no nos van a amedrentar las amenazas de prisión para los luchadores sociales que buscamos un cambio", ha advertido el colectivo que representa a indígenas y trabajadores, en referencia a los 350 arrestados en dos días y la detención de varios dirigentes de los transportistas. La paralización de servicios públicos en Ecuador está castigada en el Código Penal con hasta tres años de cárcel.

Como los transportistas, las organizaciones sociales están en contra de que se retire el subsidio estatal a las gasolinas diésel y extra, aprobado por el Gobierno con el fin de que el Fisco se ahorre 1.400 millones de dólares anuales. La medida, que está en vigor desde el jueves pasado, y que ha sido ratificada en varias ocasiones por el Ejecutivo es parte de un paquete de ajustes económicos con los que el mandatario ecuatoriano quiere corregir las estrecheces fiscales que han ido asfixiando su gestión desde hace casi dos años y medio.

Además del paquete de incentivos fiscales para los sectores productivos, la propuesta de Moreno introduce nuevas modalidades de contratación laboral temporal que también han inquietado a las organizaciones sindicales. Sin embargo, el punto de mayor fricción es la eliminación de la ayuda estatal al consumo de gasolinas. "No permitiremos el alza de los pasajes", han reprochado los manifestantes. "Nuestra lucha va mucho más allá del paquetazo; es también por un gobierno popular que atienda las necesidades de las mayorías". El ministro de Transporte, Gabriel Martínez, ha reconocido que se está estudiando una "revisión técnica al alza" de los pasajes de transporte público interurbano e interprovincial.

Pese al anuncio del cese de movilizaciones de los gremios transportistas, el servicio no se ha normalizado completamente en varias ciudades del país. En Quito y en Guayaquil, las dos más pobladas, aún había rutas internas suspendidas y la venta de billetes no se ha restablecido para todas las líneas. Además, el municipio de la capital ha emitido un comunicado aclarando que los precios de los billetes aún no han sido modificados oficialmente, para contrarrestar el encarecimiento irregular que ya ha comenzado a detectarse.

Guayaquil 5 OCT 2019 - 18:42 COT


Ecuador: crece la bronca con Moreno y el FMI

El movimiento indígena, organizaciones sociales y sindicatos de trabajadores de Ecuador convocaron a un paro nacional, mientras mantienen las movilizaciones en todo el país. Exigen que el presidente, Lenin Moreno, dé marcha atrás con la liberación del precio de combustibles y las medidas de ajuste que impulsó su gobierno , con el aval del FMI. Todavía rige el estado de excepción, decretado por Moreno, para que las Fuerzas Armadas contengan la protesta social.

Continúan las movilizaciones y cortes de calles y rutas en todo el territorio ecuatoriano. La protesta social desembocará en un jornada de paro nacional anunciada para el miércoles próximo, según informó el vicepresidente del Frente Unitario de Trabajadores (FUT), José Villavicencio. “Las organizaciones sociales ratificamos la convocatoria para la gran huelga nacional el próximo 9 de octubre, sin dejar de renunciar a las actividades que se están dando en las diferentes provincias”, expresó en diálogo con Telesur. Por su parte, el presidente de la FUT, Mesías Tatamuez, subrayó la indignación del pueblo ecuatoriano contra las medidas anunciadas por Moreno y planteó que ese paquetazo es un premio a empresarios, a la banca, y cumple las recetas del Fondo Monetario Internacional.

En el mismo sentido se manifestaron los pueblos originarios agrupados en la Confederación de Nacionalidades Indígenas de Ecuador (Conaie). "Hemos convocado a la movilización nacional indefinida. Hasta este momento estamos movilizados en cada uno de nuestros territorios pero, muy pronto, se movilizarán todos los pueblos a nivel nacional”, explicó el presidente de la agrupación Jaime Vargas. Pero ese no es el único reclamo que tienen los pueblos originarios ecuatorianos. “La Conaie protesta también contra la minería, la explotación petrolera y en defensa del derecho a la justicia indígena, por la educación intercultural bilingüe”, aseguró Vargas.

El martes Lenin Moreno decretó la liberación del precio de los combustibles, lo que generó aumentos de hasta el 123 por ciento. El precio del galón (casi 4 litros) de diésel pasó de 1,03 dólares a 2,27, mientras que la gasolina "extra", la de mayor consumo en el país, aumentó de 1,85 a 2,30 dólares, encareciendo toda la producción. La medida generó movilizaciones en todo el país, que fueron fuertemente reprimidas por la policía. El saldo hasta el momento, según datos oficiales, es de 379 detenidos.

Desde el miércoles se desarrolló un paro de transporte que fue levantado en el día de ayer, luego de que entidades representantes del sector entregaran un petitorio al gobierno para que permita el aumento de tarifas. De esa manera buscan aliviar los efectos de la suba en el precio de los combustibles. El ministro de Transporte, Gabriel Martínez, había indicado que se analizaba recomendar a las compañías de transporte urbano e interurbano la fijación de tarifas para lograr un equilibrio en el precio. El Ejecutivo controla el costo de pasajes de autobuses interprovinciales, mientras que el de los urbanos y de taxis corresponde a los municipios.

El líder de la Conaie, la mayor organización ancestral del país, se mostró molesto por la decisión de los transportistas. "No sé a qué están jugando, pero no entendemos a esa gente porque ellos buscan simplemente ingresos económicos de ellos, los bolsillos de ellos; nuestro interés no va por ese camino", afirmó Jaime Vargas. Las agrupaciones de pueblos originarios están en coordinación con estudiantes, jubilados, campesinos, agricultores y artesanos, así como sindicatos de trabajadores y otras organizaciones sociales, aseguró Vargas.

Desde el viernes rige en Ecuador el estado de excepción, decretado por Lenin Moreno. El líder de la Conaie aseguró que no sienten temor por lo que podría generar esta medida. "Los que creen que están bien, tendrán miedo, pero los que sentimos que están atropellando nuestros derechos, con o sin estado de excepción, la resistencia continúa", subrayó.

La Asamblea Nacional espera que el ejecutivo envíe en breve el proyecto de ley donde se determinen nuevos ajustes, entre ellos una reforma tributaria y laboral. Una vez ingresado, el proyecto será tratado por la Asamblea donde Moreno perdió la mayoría por su ruptura con los legisladores de Revolución Ciudadana, que responde a Rafael Correa. Desde este partido ya manifestaron que no apoyará la reforma económica. “Nuestro partido jamás se prestará para retroceder en derechos en contra de los trabajadores”, afirmó el legislador Juan Lloret. La Asamblea Nacional tiene un plazo de 30 días para analizar el proyecto que ingresará con carácter de urgente. En caso de no obtener su aprobación, la Constitución permite al ejecutivo publicar la ley mediante un decreto.

Página12

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 Estudiantes con uniforme, durante las protestas en Hong Kong este lunes. AP

Universitarios y estudiantes de secundaria lanzan una huelga de dos semanas con multitudinarios mítines

Cadenas humanas. Carteles y pegatinas con el lema “Ánimo, Hong Kong”. Algún ojo tapado. Muchas máscaras de gas, convertidas ya en parte del equipo habitual de los jóvenes manifestantes antigobierno en Hong Kong. Con varios mítines a los que han asistido decenas de miles de personas, los estudiantes universitarios y de secundaria del territorio autónomo chino han dado este lunes el pistoletazo de salida, el día de vuelta a las clases, a dos semanas de huelga para reclamar democracia y denunciar a su Gobierno y su policía autónoma. Ellos, algunos tan jóvenes como de solo 12 años, han estado en todos los actos de protesta a lo largo de todo el verano. Y aseguran que, haya clases o no, no van a cejar en sus intentos de ser escuchados.

En el centro financiero de Hong Kong, hasta 4.000 jóvenes, según los organizadores, asisten a la concentración convocada por las asociaciones de estudiantes de enseñanza media. Muchos han observado la huelga y se han saltado las clases. Otros han venido en cuanto ha terminado el medio día. Algunos con el permiso de sus padres, otros a escondidas. Casi todos con la cara tapada con mascarillas o máscaras de gas. Las camisetas negras se mezclaban con los uniformes escolares; en la mayoría de los casos, una pegatina con lemas de protesta tapaban en las camisas los emblemas del colegio correspondiente.

“Si los estudiantes de Hogwarts puede derrotar a los Mortífagos, los estudiantes de Hong Kong derrotarán a la Policía hongkonesa”. Kipper, de 18 años, enmascarado y con casco —el equipo ya habitual de los manifestantes, al que ha añadido una capa negra para reforzar su referencia a la saga de Harry Potter— quiere transmitir ánimo con su cartel casero. “Es una manera de expresar apoyo a los estudiantes con un poco de humor”, sonríe.

El humor era necesario tras la crispación de los últimos días. A las detenciones de nueve políticos de oposición y prominentes activistas el viernes, el sábado se sumaron graves enfrentamientos entre manifestantes y policía, que se saldaron con cerca de 70 detenidos. En tres meses, los arrestados ya suman casi un millar, el más joven con solo doce años. Una polémica intervención violenta de los agentes en una estación de metro esa noche ha intensificado el debate sobre el comportamiento policial y el divorcio entre el cuerpo y una buena parte de la población, que les increpa en cada salida. Gobierno y policía, por su parte, denuncian actos de vandalismo de los participantes en las protestas. El domingo, tras intentar rodear el aeropuerto, grupos de jóvenes radicales causaron daños en varias estaciones de metro.

“Hace falta una enorme dosis de valentía para que los estudiantes hayan venido hoy”, aseguraba Isaac Cheng, vicepresidente del partido Demosisto, uno de los organizadores del mitin. “Muchos han acudido debido a la violencia sin precedentes de la Policía el fin de semana, cuando agentes atacaron a golpes a pasajeros” del metro”, sostenía.

Aunque el ambiente es festivo —los lemas de los últimos tres meses se corean una y otra vez, “¡ánimo, hongkoneses!” “¡Proteged Hong Kong!”, entre aplausos— algunos de los participantes reconocen que no se presenta una salida clara y no ven cómo pueden acabar las protestas. “¿Esperanza? Ninguna. No creo que el Gobierno (autónomo) nos haga caso. Y Pekín, mucho menos. Quiere recortar nuestras libertades, nuestro sistema de vida, y cuanto antes, mejor”, opina Chiu, una joven de 17 años que confecciona pequeños lazos blancos, el color del luto, para repartir entre sus compañeros. “Pero aunque no haya esperanza, es mejor actuar e intentarlo que no hacer nada”.

En el caso de esta generación, el sentimiento de identidad hongkonesa está profundamente arraigado. Solo un 10% de los jóvenes hongkoneses se declara “orgulloso” de ser chino, según una encuesta de la Universidad de Hong Kong en junio pasado. “Mientras más jóvenes son los consultados, menos probable es que se sientan orgullosos de ser un ciudadano chino, y más negativos son sus puntos de vista sobre las políticas del Gobierno central hacia Hong Kong”, escribían los autores del sondeo.

Algunos de los jovencísimos participantes reconocen que hasta este verano apenas se habían interesado por la política. Otros aseguran que ya habían empezado a desarrollar una conciencia activista hace cinco años, cuando los estudiantes universitarios lanzaron las protestas prodemocracia conocidas como el Movimiento de los Paraguas. “Entonces ya nos hubiera gustado participar para reclamar reformas”, asegura Ho, una adolescente de 16 años que se cubre el rostro con una mascarilla quirúrgica. “Pero éramos demasiado jóvenes. Esta vez, no queríamos dejar pasar la oportunidad de contribuir y hacernos oír. Si la perdemos, tal y como se presentan las cosas, probablemente no haya otra en el futuro”.

Su amiga Lila, tan enmascarada o más que ella, está de acuerdo. “No nos pueden silenciar. Sabemos que nos pueden arrestar, pero no nos van a callar. No vamos a rendirnos. Seguiremos protestando, aunque nos detengan”, asegura, entre gestos de asentimiento de sus compañeras. “Es nuestra obligación —interviene Ho de nuevo—. No nos podemos callar. El Gobierno (autónomo) no nos escucha, pero tenemos que dejar claro que los hongkoneses queremos que se oiga nuestra voz”.

Los estudiantes sostienen que mantendrán su huelga hasta el día 13, y amenazan con medidas más duras si para entonces el Gobierno sigue sin ofrecer respuesta. Una posición que al otro lado de la bahía, en el campus de la Universidad China de Hong Kong, reiteraban los cerca de 30.000 universitarios que participaban en un mitin similar.

Las protestas reclaman la retirada del proyecto de ley de extradición, ahora suspendido, que permitiría la extradición de sospechosos a países con los que Hong Kong no tiene un acuerdo, incluida China; la dimisión de la jefa del Gobierno autónomo, Carrie Lam; una investigación independiente sobre el comportamiento de la Policía; la puesta en libertad de los detenidos en las protestas, y la reapertura de un proceso de reformas democráticas.

Pero si los estudiantes y trabajadores insisten en mantener el pulso al Gobierno, el ejecutivo también sostiene su órdago. Este lunes, el secretario de Seguridad, John Lee, elevaba la retórica oficial y por primera vez hacía referencia al “terrorismo”, una descripción a la que hasta ahora solo había recurrido Pekín: “el nivel de violencia, peligro y destrucción ha alcanzado niveles muy graves”, sostenía. “Los radicales han aumentado sus actos violentos e ilegales, mostrando elementos de terrorismo”.

En la noche, la calma del día volvía a romperse. En el popular barrio de Mong Kok, la Policía lanzaba varias rondas de gas lacrimógeno para disolver protestas.

Por Macarena Vidal Liy

Hong Kong 2 SEP 2019 - 14:50 COT

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Un paro general recibirá a la Copa América.

Las 12 centrales obreras de Brasil se movilizarán contra la reforma previsional

La Copa América comenzará envuelta por el clima de descontento social y político frente a las políticas económicas del presidente Jair Bolsonaro y la decisión de imponer una reforma previsional. Las doce centrales sindicales brasileñas, con el respaldo de las organizaciones sociales y estudiantiles, convocaron a un paro general y movilizaciones en todo el país el próximo 14 de junio.

"En menos de seis meses de (des)gobierno, Jair Bolsonaro ya puede ser considerado el presidente que más atacó la clase trabajadora y la sociedad en general desde la vuelta a la democracia", apuntaron las centrales sindicales sobre el aliado del presidente Mauricio Macri.

Las movilizaciones contra el flamante presidente de Brasil llegaron a un punto culminante el pasado 15 de mayo, cuando miles de estudiantes salieron a las calles de todo el país para protestar contra los recortes en Educación. Ahora, la CUT, la CTB, la CGTB entre otras entidades gremiales convocan al paro general para repudiar el avance sobre la ley de jubilaciones bajo la consigna: "Vamos a parar un día para evitar el retroceso de toda una vida" .

Los gremios denunciaron que la reforma previsional propuesta por Bolsonaro invisibiliza a los jubilados, pero también a miles de brasileños y brasileñas en situación de vulnerabilidad, por lo cual la calificaron como "una de las propuestas más crueles de los últimos tiempos".

El paro con movilización que protagonizarán, entre otros, los gremios de trabajadores públicos de las áreas de salud, educación y obras sanitarias, los metalúrgicos, judiciales, portuarios, camioneros y petroleros, coincidirá con la inauguración de la Copa América 2019, jornada para la cual ya están vendidas el 65 por ciento de las entradas.

"La seguiremos de cerca y esperamos que transcurra de forma pacífica y sin ningún problema", dijo el director de Competiciones de la Conmebol, Agberto Guimaraes, respecto de las movilizaciones que se realizarán en San Pablo, ciudad donde se encuentra el Estadio Morumbi, en el que Brasil jugará frente a Bolivia en el partido inaugural.

"Todo lo que ocurre fuera, es responsabilidad de las autoridades locales, confiamos en ellos y esperamos no tener ningún tipo de evento grave para organizar esta fiesta", se limitó a señalar Guimaraes.

"Con una política económica ‘anti-pueblo’ y un programa ideológico ultraconservador y prejuicioso, el capitán retirado profundizó los ataques iniciados hace casi tres años y está hundiendo el país en el desempleo, el hambre, la miseria y la falta de salud, educación y seguridad”, recordaron las centrales obreras dos días antes de la jornada de lucha

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