Informe presentado por el Comité Nacional de Paro a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos

Agradecemos la decisión de la CIDH de realizar esta visita a Colombia como respuesta a la solicitud de miles de organizaciones y personas y de la insistencia de la comunidad internacional.


El Comité Nacional de Paro presentó el 16 de mayo unas exigencias de garantías para ejercer la protesta, y entre ellas incluyó la exigencia al gobierno nacional de que diera anuncia al pedido de la CIDH, en los siguientes términos: “Que el gobierno nacional acepte de inmediato el pedido de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, para realizar una visita de trabajo en Colombia para observar en terreno la situación de derechos humanos en el entorno de las protestas sociales que dieron inicio el 28 de abril. Y acepte el pedido de visita de los siguientes relatores especiales de naciones unidas: derecho de protesta, libertad de expresión, violencia contra las mujeres, detenciones arbitrarias, desapariciones forzadas, defensores de derechos humanos y tortura”.


El Comité Nacional de Paro fue constituido en el año 2019 y actualmente está integrado por sectores sociales del orden nacional (organizaciones sindicales, indígenas, campesinas, ambientales, estudiantiles, mujeres, educadores, salud, derechos humanaos, cooperativas, pensionados, periodistas alternativos, productores agropecuarios, pescadores, mineros, lgtbi, cultivadores de coca, arte y cultura, recicladores, padres de familia, transportadores, etc.), 28 comités departamentales de paro y unos 350 comités municipales de paro.


Queremos presentar este informe donde incluimos una sustentación de las razones del Paro Nacional iniciado el pasado 28 de abril, las garantías para la protesta que hemos exigido al gobierno y sobre las cuales el gobierno nacional no ha tenido la voluntad de adoptar, las consecuencias de esta falta de garantías, y unas solicitudes concretas con las que pensamos podemos mejorar las condiciones para ejercer los derechos de reunión y manifestación pública.


1- Los antecedentes y razones del Paro Nacional

a- El Acuerdo de paz como impulsor de la participación ciudadana en Colombia.

La firma del acuerdo final de paz entre el Estado Colombiano y la antigua insurgencia de las FARC EP en el año 2016 ha tenido como una de sus consecuencias políticas positivas la generación de un proceso creciente de ampliación y masificación de la participación ciudadana y la protesta social, expresado entre otras cosas en muy significativa votación de la consulta ciudadana contra la corrupción en agosto del 2018, las inmensas movilizaciones estudiantiles e indígenas de los últimos años, el paro nacional del 21 de noviembre de 2019 y el actual paro nacional, estos últimos dos, los más grandes
en las últimas décadas en Colombia. De hecho, según la base de datos de “luchas sociales en Colombia” del CINEP Colombia se presentaron 12775 jornadas de protesta entre 2016 y 2019, teniendo como principales motivos 2“el incumplimiento de pactos, la exigencia de derechos y las motivaciones políticas.”
 
b- El pliego de 2019 presentado por el Comité Nacional de Paro (ver anexo)

En medio de las masivas movilizaciones del Paro Nacional iniciado en noviembre de 2019 en defensa de la vida, la paz y en contra de las medidas económicas regresivas del Gobierno de Iván Duque, posibilitó la ampliación y fortalecimiento del Comité Nacional de Paro y la construcción de un pliego nacional que recogió en buena medida las diversas aspiraciones, demandas y reclamos de los diversos sectores de la ciudadanía que se movilizaron durante dichas jornadas, este pliego de ciento cuatro puntos en buena medida se puede sintetizar en cuatro grandes bloques:


● Implementación del acuerdo de paz y garantías para la vida: el pliego recoge medidas concretas y específicas contenidas en el acuerdo final de paz y que, aunque son obligaciones estatales no han sido impulsadas o implementadas cabalmente por el Gobierno de Iván Duque, muchas de ellas directamente relacionadas con la creación de mecanismos que permitan frenar el asesinato sistemático de líderes sociales, defensores de derechos humanos y excombatientes en proceso de reincorporación.

● Cumplimiento de acuerdos anteriores con sectores del movimiento social, popular, étnico y comunitario: producto de proceso de movilización social de años anteriores se alcanzaron diversos acuerdos entre sectores del movimiento social, popular, étnico y comunitario con el gobierno nacional, los cuales, a pesar de estar contenidos en distintos mecanismos normativos como políticas públicas, leyes y decretos han sido incumplidos en su inmensa mayoría

● Medidas de Política social: la movilización del año 2019 tuvo origen en buena medida por un fuerte paquete legislativo impulsado por el gobierno nacional y su coalición al interior del Congreso de la República, paquete que incluye entre otras medidas de mayor flexibilización laboral, afectaciones serias al régimen pensional y de seguridad social en el país, por tanto el pliego nacional recoge la exigencia de su no aprobación y la de la construcción de medidas de política social progresivas y de carácter garantista.

● Nuevas demandas ciudadanas: la sociedad colombiana al igual que buena parte de las sociedades contemporáneas vive un proceso de complejización de su ciudadanía, de sus aspiraciones y del entendimiento de sus derechos, proceso especialmente relacionado a la irrupción de nuevos entendimientos sobre el rol de las mujeres, los jóvenes y de la forma en la que debemos relacionarnos con la naturaleza, es por esto que en el pliego nacional se encuentra contenidos diversos reclamos y propuestas en relación a la forma en la que el Estado debe responder a dichas demandas ciudadanas.

c- Pliego Nacional de Emergencia por el cuidado de la vida, la salud y el empleo (ver anexo)

La pandemia del COVID 19 y el pésimo manejo sanitario, económico y social que le ha dado el Gobierno de Iván Duque ha traído como consecuencia la pérdida de la vida a más de noventa mil personas, siendo Colombia uno de los países en el mundo con más muertos por cada cien mil habitantes, la destrucción de millones de puestos de trabajo, la pérdida de ingresos de las personas que trabajan, la destrucción de pequeñas y medianas empresas, y la extensión del hambre y a un franco deterioro de la democracia por el manejo autoritario de la crisis.
Ante esta realidad el Comité Nacional de Paro le presentó en junio de 2020 al gobierno nacional un pliego social que busca cuidar la vida, la salud y el empleo llamado “pliego nacional de emergencia” con el que mediante seis medidas concretas se busca garantizar que todo colombiano pueda ser atendido integralmente, oportuna y dignamente frente al diagnóstico y atención de las diversas complicaciones de salud derivadas del COVID 19, una renta básica para millones de familias que hoy no pueden afrontar con dignidad y derechos la pandemia, medidas que detengan las violencias basadas en género que se han incrementado exponencialmente en el actual contexto, la gratuidad en la educación superior para que millones de jóvenes no se vean obligados a desertar el sistema educativo profundizando más la desigualdad en el país y medidas urgentes para proteger la producción agropecuaria y la producción nacional no sólo como un elemento central para conservar el empleo sino también para garantizar el abastecimiento de alimentos y bienes de primera necesidad para el país.

1 https://www.cinep.org.co/Home2/temas/programa-de-movimientos-sociales-derechos-humanos-e-interculturalidad/linea-de-movimientos-sociales-tierra-y-territorio/movilizaciones-cinep.html
2 https://www.cinep.org.co/Home2/movilizaciones-cinep-2016-2019

 

Informe completo (25 páginas)

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Evaluará la CIDH 584 quejas de abuso durante las protestas en Colombia

Bogotá. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) evaluará 584 presuntas violaciones de los derechos humanos durante las protestas en Colombia, la mayoría cometidas por elementos de la fuerza pública, informó ayer la Defensoría del Pueblo.

La oficina del ombudsman entregó a la CIDH un balance sobre la cruenta represión a las manifestaciones que estallaron el 28 de abril contra el gobierno de Iván Duque, en medio de una visita de la Comisión al país entre el 6 y 10 de junio.

El defensor del Pueblo, Carlos Camargo, aseguró que entre el 28 de abril y el 3 de junio recibió 417 quejas que dan cuenta de 584 violaciones a los derechos humanos, según la transcripción oficial de su declaración ante la CIDH.

"Del total de las quejas recibidas en el periodo de análisis, en 73 por ciento se refiere como presuntos responsables a miembros de la fuerza pública, y de ese total 98 por ciento son atribuidas a la Policía Nacional", indica el texto compartido a la prensa.

Según el jefe de la entidad, "las vulneraciones más graves se traducen en 58 presuntos casos de homicidio", de los cuales 45 ocurrieron en el departamento del Valle del Cauca, cuya capital es Cali.

El Comité Nacional del Paro señaló antier que al menos 77 personas han sido asesinadas presuntamente por elementos de la fuerza pública.

El estallido social comenzó contra un alza de impuestos promovida por el gobierno y desechada más tarde ante la presión de cientos de miles de personas que protestan en las calles. Las manifestaciones se mantienen a diario con jornadas más intensas que otras y violentos enfrentamientos entre civiles y la fuerza pública.

La policía está en la mira de la comunidad internacional que denuncia excesos y abusos contra los manifestantes.

La CIDH, con sede en Washington y adscrita a la Organización de los Estados Americanos (OEA), visitará Bogotá y Cali, las ciudades más golpeadas por crisis.

La Defensoría del Pueblo señaló además 113 actos de violencia de género y 3 mil 144 bloqueos en las vías que afectan el abastecimiento y el paso de misiones médicas.

La entidad recoge también información de la Fundación para la Libertad de Prensa sobre ataques a 233 periodistas, en los cuales "el agresor más recurrente es la fuerza pública, a quien se le atribuye 53.73 por ciento de los atropellos".

Los manifestantes exigen una reforma a la formación policiaca y un Estado más solidario para lidiar con los estragos económicos de la pandemia, que atraviesa su pico más letal en 15 meses de emergencia sanitaria.

El Comité Nacional del Paro, la organización más visible de los manifestantes, suspendió las conversaciones que mantenía con el gobierno desde principios de mayo y convocó a nuevas protestas para mañana.

Afp

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Colombia es innegociable para el Comando Sur

Ni el Pentágono ni la oligarquía van a ceder ante la calle y la sociedad colombianas, porque temen perderlo todo si dan medio paso al costado. Están dispuestos a provocar un baño de sangre antes que ceder, incluso van a hacer lo imposible por evitar una derrota electoral en mayo de 2022.

En el ajedrez geopolítico latinoamericano, el Caribe es el mare nostrum del imperio, allí donde no puede admitir ninguna oposición, ni naciones que salgan de su control. Ya se le escaparon dos, y no puede admitir una tercera, porque aceleraría su ya importante declive como superpotencia.

El más importante geoestratega estadunidense del siglo pasado, Nicholas Spykman, defendía una "América mediterránea" que incluye México, América Central y el Caribe, además de Colombia y Venezuela, que debe ser "una zona en que la supremacía de Estados Unidos no puede ser cuestionada", como señala en su obra America’s Strategy in Politics, citada por el brasileño José Luis Fiori (https://bit.ly/2Tvny5f).

Sin Colombia, la estrategia del Pentágono y del Comando Sur queda huérfana de puntos de apoyo, se desvanece. Colombia es el único país sudamericano que cuenta con salida al Pacífico y al Caribe, además de ser la bisagra para el control de las estratégicas regiones andina y amazónica.

La hipótesis con que debemos trabajar, es que Estados Unidos apoyará al gobierno de Iván Duque, más allá de alguna reprimenda menor por las ostensibles violaciones a los derechos humanos. Lo que está en juego es tan importante que se pueden pasar por alto los atropellos, del mismo modo que se hace la vista gorda ante la violencia israelí en la franja de Gaza o ante la brutalidad de la monarquía saudí en Yemen.

La oligarquía colombiana es la más rancia y vetusta del continente. Nació de la derrota del proyecto de Simón Bolívar en los albores de la nueva república, se afianzó a punta de bala y metralla, y tuvo dos momentos clave que explican su continuidad ante los avances populares.

El primero es el asesinato del líder liberal Jorge Eliécer Gaitán, el 9 de abril de 1948, quien era el muy probable vencedor en las elecciones de 1950. Fue un líder popular que ganó prestigio a raíz de su intervención en el debate sobre la masacre de las bananeras en 1928 y fue asesinado por la oligarquía y la CIA, dando inicio a la guerra civil entre liberales y conservadores que causó más de 300 mil muertos.

Con Gaitán muere toda esperanza de reforma agraria y de cambios en el dominio de la oligarquía terrateniente, que en ese periodo estaba siendo desplazada en Argentina por la rebelión obrera del 17 de octubre de 1945 y los gobiernos de Perón, y en Brasil por la gestión de Getulio Vargas. En otros países, como México y Bolivia, los terratenientes fueron desplazados por sendas revoluciones, mientras en Perú y Ecuador las reformas fueron encaradas por las fuerzas armadas en la década de 1960.

El segundo es conocido como Pacto de Chicoral. Fue la respuesta de los hacendados a la burguesía reformista colombiana y al presidente Carlos Lleras Restrepo (1966-1970), que pretendía realizar una tibia reforma agraria inspirada en la Alianza para el Progreso, para modernizar el país y debilitar al movimiento obrero y campesino como parte del combate al comunismo.

El 9 de enero de 1972 políticos y empresarios firmaron el Pacto de Chicoral (por la población donde se realizó el encuentro), un gran acuerdo de las clases dominantes y el poder político para liquidar el reformismo agrario. De inmediato se produjo “la movilización de batallones del ejército, la militarización de regiones enteras, las detenciones masivas, las largas permanencias en la cárcel en medio de maltratos y la libertad de acción para las bandas de ‘pájaros’ de los terratenientes”*.

El uribismo es hijo de esta historia y aunque la DEA llegó a denunciar sus vínculos con el narcotráfico, el servicio que presta al imperio es infinitamente más valioso que los desvaríos de su principal aliado en Colombia. Los seguidores del ex presidente Álvaro Uribe (2002-2010) controlan las instituciones judiciales y electorales, policiales y militares, como para perpetuarse en el poder mediante masacres y fraudes electorales sin más que alguna vaga declaración de laderos como Luis Almagro.

Por tanto, no aparece en el horizonte la posibilidad de cambios a nivel del Estado, ni por la vía electoral ni por ninguna otra, habida cuenta de la cohesión adquirida por la clase dominante que se muestra dispuesta a todo, sin fisuras, para seguir aferrada al poder.

Corresponde a los miles de jóvenes movilizados, decidir el rumbo de un paro que ya supera el mes y al que no se le adivina final. La inspiración ya la tienen, luego de haber convivido con la Guardia Indígena a la que llamaron para aprender de su experiencia: autonomía y autogobierno para defender territorios y pueblos.

* León Zamosc, La cuestión agraria y el movimiento campesino en Colombia, Cinep, Bogotá, 1987, p. 177.

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Miembros del Comité del Paro durante las negociaciones con el Gobierno. / Colprensa

Líderes sindicales que asistieron al sorpresivo encuentro convocado por las autoridades nacionales en la noche de este jueves señalan que desde la administración nacional están demostrando intenciones de dilatar la aprobación del preacuerdo de garantías para la protesta.

Miembros del Comité del Paro durante las negociaciones con el Gobierno. / Colprensa

Más le tomó al Gobierno nacional pedir modificaciones al preacuerdo que adelanta como parte de la mesa de negociaciones del paro nacional, que al comité de este en contestar de forma negativa a dicha petición. Esto, después de una reunión privada convocada de forma inesperada por funcionarios del Estado este jueves 27 de mayo.

Al terminó de la misma, el líder presidente de la Central Unitaria de Trabajadores (CUT) Francisco Maltés, ofreció una escueta rueda de prensa en la que aseguró que, “lamentamos que el Gobierno nacional no nos tenga una respuesta sobre el documento de garantías para ejercer la protesta social pacífica en Colombia”.

El líder sindical recordó que dicho texto se viene trabajando como preámbulo a las verdaderas negociaciones que ambos bandos esperan adelantar como resultado de 30 días de manifestaciones a lo largo y ancho del país. El mismo había sido aprobado de forma unánime por todos los miembros del Comité del Paro desde el pasado lunes 24 de mayo, sin respuesta alguna del Estado hasta este jueves.

“Lo que vemos es una acción dilatoria del Gobierno para cumplir, para firmar lo acordado. Y por lo tanto, esa actitud dilatoria, que no entiende la complejidad que vive el momento, hace que el responsable del paro, por supuesto, sea el gobierno del presidente Duque, que se niega a firmar el acuerdo de garantías y no nos ha dado por lo tanto una respuesta sobre en qué fecha se debe iniciar el pliego de emergencia”.

Dicho esto, Maltés confirmó que habrá una nueva reunión el próximo domingo a las 10 de la mañana, mismo día en que se espera que el Gobierno nacional haga la entrega de sus lineamientos para dicho preacuerdo.

Valga recordar que, fruto de la misma reunión, se conoció que las autoridades nacionales buscan que los miembros del comité rechacen los bloqueos que se han presentado en las últimas semanas y que han afectado la economía del país, mientras que el comité se mantiene en su posición de exigir las garantías necesarias para que se desarrolle una manifestación pacífica.

“Dichos bloqueos vulneran, entre otros, los derechos a la movilidad, el trabajo, la alimentación, la salud, el desarrollo económico, social y cultural (...) los bloqueos afectan de manera negativa a millones de colombianos. Para el Gobierno nacional es perentorio garantizar también los derechos del resto”, manifestó Emilio Archila, consejero para la Estabilización y nuevo líder del equipo negociador del Gobierno.

Archila agregó que, “algunos miembros del Comité del Paro han insistido en promover de manera exclusiva la figura de los corredores humanitarios, sin condenar los bloqueos. Para el Gobierno nacional este punto no es negociable”.

Quien dejó más claro el panorama fue el excongresista Alirio Uribe, uno de los representantes del Comité del Paro, quien señaló que el Gobierno no ha sido claro con cuáles puntos presenta inconvenientes.

“El Gobierno nos cita para decirnos que tiene objeciones al documento que acordamos, pero no dice cuáles, ni entrega ningún documento de objeciones. Y nos cita para el domingo para discutir las objeciones que no conocemos”, sostuvo Uribe.

Con ello, Maltés advirtió que “el Comité Nacional de Paro aspira a que el domingo lleguemos a un acuerdo sobre las garantías para ejercer la protesta social, sobre la metodología que debe desarrollarse para la negociación del pliego de emergencia y que se instale la mesa de negociación del pliego de emergencia”. Concluyó diciendo que esperan que el Gobierno tome dichas expectativas con seriedad.

28 de Mayo de 2021

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Miércoles, 26 Mayo 2021 11:04

Paro con asiento territorial

Paro con asiento territorial

Dicen que cuando las fieras se sienten acorraladas responden atacando y no agachando la cerviz. Así les ocurre a quienes controlan el poder en una sociedad, acostumbrados a privilegios y a ser acatados sin mayores reparos, a controlar las riendas de la cotidianidad; cuando se enfrentan a todo lo contrario y sienten que los espacios se les cierran, atacan con dureza y sin reparar con precisión en sus consecuencias.

Esa es la reacción que hemos visto del gobierno Duque a lo largo de màs de dos semanas de alzamiento juvenil y popular: como fiera, ha salido a defender el poder instituido, a defender privilegios, a intimidar a quienes ya no aguantan más engaños ni más violencia oficial, a quienes se cansaron de ver esculcados sus bolsillos, a quienes las promesas oficiales ya no les generan expectativa alguna, a quienes sueñan con un presente y un futuro mejores.

Es la del Gobierno una reacción cargada de terror, síntesis del autoritarismo que desde décadas atrás marca al régimen colombiano y no solo al actual gobierno. Como resultado, la defensa de privilegios va dejando a su paso decenas de asesinados, heridos, desaparecidos, prisioneros, amenazados, violadas. Pero tal reacción es insuficiente para contener la decisiva acción de una nueva generación de connacioinales que no quieren vivir como lo padecieron quienes le antecedieron. Asombroso: exponiendo su humanidad, jóvenes de ambos sexos han enfrentado por semanas el demencial ataque de la guardia pretoriana del establecimiento, que con cada acción pretende atemorizarles por medio del despliegue de guerra química, operaciones de civiles armados incluso con fusiles, disparos de balas de goma, así como de municiones letales, como otra suma de recursos ‘convencionales’.

Un aguante dinámico de esta nueva generación se traduce temporalmente en varios triunfos: el primero, y de impacto sobre todos los hogares, la renuncia gubernamental al proyecto original de reforma tributaria, disfrazado con el eufemismo de Proyecto de Solidaridad Sostenible, seguido de la caída del jefe de la cartera de Hacienda. Tales conquistas se complementan con el parcial reconocimiento de matrícula cero, propósito aún pendiente de redondear, tanto en el tiempo como en el sentido profundo de educación gratuita, que debe ir asociada al carácter de universal, intemporal, así como al fortalecimiento del sistema público universitario y, por tanto, sin que se le asocie al pago por demanda, como se acostumbra en la política oficial para así financiar con dinero público el negocio de la universidad privada.

Tales triunfos se alcanzan en medio del fragor callejero, mediante la unidad juventud/sectores populares; triunfo que en otro escenario no logra la llamada oposición en el Congreso, que, por ejemplo, ha pretendido obligar a la renuncia de varios ministros por medio de debates y denuncias que desnudan el maridaje con la corrupción o con el despliegue desmedido de fuerza de la aviación militar contra escuelas guerrilleras donde instruyen a jóvenes recién reclutados.
Esos procederes y esos frutos debieran llamar la atención sobre qué y cómo hacer, y asimismo dónde concentrar la imaginación y los mejores esfuerzos colectivos a la hora de proceder con la demanda –que debiera ser construcción– de una sociedad otra.

Una forma renovada de construcción social y política se impone, entonces, y para que alcance la dimensión que merece es necesario escuchar y aprender de la generación que ahora invade las calles, dejando a un lado los ideologismos y la pretensión de dirigirlo todo, tan común en las organizaciones de marca roja.

El presente actuar juvenil ya tiene antecedentes, marcados por sus preocupaciones ante el constante deterioro ambiental (en contra de la minería, en pro del cuidado/recuperación de ríos y otras fuentes de agua; por la protección de bosques, selvas, páramos y similares), con énfasis en la igualdad de género, el respeto de las variadas opciones sexuales, las relaciones horizontales –no machistas ni patriarcales–, en las que se haga más, mucho más, se viva y se experimente, por encima de las discusiones eternas que son marca de la generación antecedente. Pero también con nuevos valores: respeto por la naturaleza como ser vivo y las otras especies que la habitan, todo ello como parte de una nueva y renovada agenda política. Un proceder en el que su desinterés por las formas de expresión electoral es persistente, como lo reiteran en encuestas recientes (ver las realizadas por el Dane sobre asuntos culturales, como la comentada en la presente edición, pág. 18).

En estas condiciones, contando además con su reiterada desconfianza frente a los gobiernos y sus materializaciones, como lo confirman las aludidas encuestas, la renovación de expectativas sociales y políticas es indispensable pero, además, factible –no cabe duda–, para lo cual debemos enrutarnos por los senderos que esa nueva generación marca, si de hacerles caso a la vida cotidiana y a la historia se trata.


Un indispensable llamado de atención extendido a la desconfianza por todo aquello que es estatal. Si es así, otro timbre para generar formas de sociedad, donde lo alternativo no se centre en lo ideológico y político formal, sino que, sin esperar que las soluciones vengan de aquellos que nos oprimen, se priorice la construcción de formas autogestionarias de educación, salud, seguridad y, en general, economía. Tal vez aquello de que otro mundo sí es posible –y con él otra democracia– pasa por vivencias cotidianas a través de las cuales se va horadando el verticalismo imperante en lo estatal y desde lo estatal.

Un nuevo trasegar que debe enfocar su mayor atención en la construcción y el control territoriales, para el caso de las ciudades los barrios, de manera que la gente se sienta realizando su modelo de vida, con formas particulares de gobierno en todos los niveles. Es un devenir en el que deben ser desplegadas nuevas formas de formación política, con énfasis en la comprensión de los cambios que en muchos ámbitos están en curso, con escuelas de formación permanentes donde también se recupere el interés por elaborar lo que usamos cada día, recuperando y valorando el trabajo artesanal, las artes y oficios; enfrentando el “úselo y bótelo”, como marca de rechazo a las actuales formas de consumo, relacionamiento y vida impuestas desde hace cuatro décadas y con las que, por demás, se potenció el individualismo –cada uno compra, cada uno consume, cada uno desecha. El aprender a hacer también propicia el trabajo y el consumo en equipo, así como nuevos modos de organización solidaria, cooperativas y mutuales pueden tomar forma a través de este proceder.

Un conjunto así de retos demanda para su abordaje mucha sensatez y poco triunfalismo. Es cierto que el neoliberalismo está cuestionado pero lejos aún de desaparecer. Hay que recordar que esa modalidad de capitalismo materializa una fase del capital que, por tanto, es un entramado global, por lo que no es posible que un solo país se desconecte y funcione en autarquía. Se trata de una fase que, además de lo económico –extractivismo en general–, se materializa en lo cultural, en toda la amplitud de la palabra.

La exigencia de mucha sensatez y poco triunfalismo se debe extender al gobierno, que vive una crisis pero que no está ante su derrota total, como tampoco lo está su mentor, cuestionado en amplios sectores sociales, sobre todo académicos y estudiantiles pero todavía con margen de maniobra, mucho más si tomamos en consideración la reacción del empresariado crítico del gobierno, que, viendo en riesgo la continuidad de sus negocios producto del cierre de autopistas y otras vías, respondió de manera positiva al llamado de gremios para rodear al gobierno, “gústenos o no”. Ese empresariado, a la par de otros sectores sociales con intereses y privilegios grandes o pequeños por proteger, es proclive al modelo de fuerza que les ofrece el Centro Democrático.

Entonces, sin triunfalismos, el reto es llevar el paro y sus potenciales organizativos alternativos a la profundidad del ámbito territorial, para allí y desde allí consolidar lo conquistado y redondear lo que está aún por lograrse.

Tales retos y procederes demandan la participación de todos, hombres y mujeres de este país. ¡Bienvenidos y bienvenidas, de ser así, a una nueva etapa de construcción social, política; a una nueva etapa de relacionamiento con la naturaleza; de hacer real una democracia directa, radical, participativa, plebiscitaria. En suma: una nueva forma de construir país.

 

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Publicado enEdición Nº279
Miércoles, 26 Mayo 2021 10:53

Paro con asiento territorial

Paro con asiento territorial

Dicen que cuando las fieras se sienten acorraladas responden atacando y no agachando la cerviz. Así les ocurre a quienes controlan el poder en una sociedad, acostumbrados a privilegios y a ser acatados sin mayores reparos, a controlar las riendas de la cotidianidad; cuando se enfrentan a todo lo contrario y sienten que los espacios se les cierran, atacan con dureza y sin reparar con precisión en sus consecuencias.

Esa es la reacción que hemos visto del gobierno Duque a lo largo de màs de dos semanas de alzamiento juvenil y popular: como fiera, ha salido a defender el poder instituido, a defender privilegios, a intimidar a quienes ya no aguantan más engaños ni más violencia oficial, a quienes se cansaron de ver esculcados sus bolsillos, a quienes las promesas oficiales ya no les generan expectativa alguna, a quienes sueñan con un presente y un futuro mejores.

Es la del Gobierno una reacción cargada de terror, síntesis del autoritarismo que desde décadas atrás marca al régimen colombiano y no solo al actual gobierno. Como resultado, la defensa de privilegios va dejando a su paso decenas de asesinados, heridos, desaparecidos, prisioneros, amenazados, violadas. Pero tal reacción es insuficiente para contener la decisiva acción de una nueva generación de connacioinales que no quieren vivir como lo padecieron quienes le antecedieron. Asombroso: exponiendo su humanidad, jóvenes de ambos sexos han enfrentado por semanas el demencial ataque de la guardia pretoriana del establecimiento, que con cada acción pretende atemorizarles por medio del despliegue de guerra química, operaciones de civiles armados incluso con fusiles, disparos de balas de goma, así como de municiones letales, como otra suma de recursos ‘convencionales’.

Un aguante dinámico de esta nueva generación se traduce temporalmente en varios triunfos: el primero, y de impacto sobre todos los hogares, la renuncia gubernamental al proyecto original de reforma tributaria, disfrazado con el eufemismo de Proyecto de Solidaridad Sostenible, seguido de la caída del jefe de la cartera de Hacienda. Tales conquistas se complementan con el parcial reconocimiento de matrícula cero, propósito aún pendiente de redondear, tanto en el tiempo como en el sentido profundo de educación gratuita, que debe ir asociada al carácter de universal, intemporal, así como al fortalecimiento del sistema público universitario y, por tanto, sin que se le asocie al pago por demanda, como se acostumbra en la política oficial para así financiar con dinero público el negocio de la universidad privada.

Tales triunfos se alcanzan en medio del fragor callejero, mediante la unidad juventud/sectores populares; triunfo que en otro escenario no logra la llamada oposición en el Congreso, que, por ejemplo, ha pretendido obligar a la renuncia de varios ministros por medio de debates y denuncias que desnudan el maridaje con la corrupción o con el despliegue desmedido de fuerza de la aviación militar contra escuelas guerrilleras donde instruyen a jóvenes recién reclutados.
Esos procederes y esos frutos debieran llamar la atención sobre qué y cómo hacer, y asimismo dónde concentrar la imaginación y los mejores esfuerzos colectivos a la hora de proceder con la demanda –que debiera ser construcción– de una sociedad otra.

Una forma renovada de construcción social y política se impone, entonces, y para que alcance la dimensión que merece es necesario escuchar y aprender de la generación que ahora invade las calles, dejando a un lado los ideologismos y la pretensión de dirigirlo todo, tan común en las organizaciones de marca roja.

El presente actuar juvenil ya tiene antecedentes, marcados por sus preocupaciones ante el constante deterioro ambiental (en contra de la minería, en pro del cuidado/recuperación de ríos y otras fuentes de agua; por la protección de bosques, selvas, páramos y similares), con énfasis en la igualdad de género, el respeto de las variadas opciones sexuales, las relaciones horizontales –no machistas ni patriarcales–, en las que se haga más, mucho más, se viva y se experimente, por encima de las discusiones eternas que son marca de la generación antecedente. Pero también con nuevos valores: respeto por la naturaleza como ser vivo y las otras especies que la habitan, todo ello como parte de una nueva y renovada agenda política. Un proceder en el que su desinterés por las formas de expresión electoral es persistente, como lo reiteran en encuestas recientes (ver las realizadas por el Dane sobre asuntos culturales, como la comentada en la presente edición, pág. 18).

En estas condiciones, contando además con su reiterada desconfianza frente a los gobiernos y sus materializaciones, como lo confirman las aludidas encuestas, la renovación de expectativas sociales y políticas es indispensable pero, además, factible –no cabe duda–, para lo cual debemos enrutarnos por los senderos que esa nueva generación marca, si de hacerles caso a la vida cotidiana y a la historia se trata.


Un indispensable llamado de atención extendido a la desconfianza por todo aquello que es estatal. Si es así, otro timbre para generar formas de sociedad, donde lo alternativo no se centre en lo ideológico y político formal, sino que, sin esperar que las soluciones vengan de aquellos que nos oprimen, se priorice la construcción de formas autogestionarias de educación, salud, seguridad y, en general, economía. Tal vez aquello de que otro mundo sí es posible –y con él otra democracia– pasa por vivencias cotidianas a través de las cuales se va horadando el verticalismo imperante en lo estatal y desde lo estatal.

Un nuevo trasegar que debe enfocar su mayor atención en la construcción y el control territoriales, para el caso de las ciudades los barrios, de manera que la gente se sienta realizando su modelo de vida, con formas particulares de gobierno en todos los niveles. Es un devenir en el que deben ser desplegadas nuevas formas de formación política, con énfasis en la comprensión de los cambios que en muchos ámbitos están en curso, con escuelas de formación permanentes donde también se recupere el interés por elaborar lo que usamos cada día, recuperando y valorando el trabajo artesanal, las artes y oficios; enfrentando el “úselo y bótelo”, como marca de rechazo a las actuales formas de consumo, relacionamiento y vida impuestas desde hace cuatro décadas y con las que, por demás, se potenció el individualismo –cada uno compra, cada uno consume, cada uno desecha. El aprender a hacer también propicia el trabajo y el consumo en equipo, así como nuevos modos de organización solidaria, cooperativas y mutuales pueden tomar forma a través de este proceder.

Un conjunto así de retos demanda para su abordaje mucha sensatez y poco triunfalismo. Es cierto que el neoliberalismo está cuestionado pero lejos aún de desaparecer. Hay que recordar que esa modalidad de capitalismo materializa una fase del capital que, por tanto, es un entramado global, por lo que no es posible que un solo país se desconecte y funcione en autarquía. Se trata de una fase que, además de lo económico –extractivismo en general–, se materializa en lo cultural, en toda la amplitud de la palabra.

La exigencia de mucha sensatez y poco triunfalismo se debe extender al gobierno, que vive una crisis pero que no está ante su derrota total, como tampoco lo está su mentor, cuestionado en amplios sectores sociales, sobre todo académicos y estudiantiles pero todavía con margen de maniobra, mucho más si tomamos en consideración la reacción del empresariado crítico del gobierno, que, viendo en riesgo la continuidad de sus negocios producto del cierre de autopistas y otras vías, respondió de manera positiva al llamado de gremios para rodear al gobierno, “gústenos o no”. Ese empresariado, a la par de otros sectores sociales con intereses y privilegios grandes o pequeños por proteger, es proclive al modelo de fuerza que les ofrece el Centro Democrático.

Entonces, sin triunfalismos, el reto es llevar el paro y sus potenciales organizativos alternativos a la profundidad del ámbito territorial, para allí y desde allí consolidar lo conquistado y redondear lo que está aún por lograrse.

Tales retos y procederes demandan la participación de todos, hombres y mujeres de este país. ¡Bienvenidos y bienvenidas, de ser así, a una nueva etapa de construcción social, política; a una nueva etapa de relacionamiento con la naturaleza; de hacer real una democracia directa, radical, participativa, plebiscitaria. En suma: una nueva forma de construir país.

 

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Portal de las Américas, 13 de mayo 2021 (Vía Twitter)

A grito limpio en contra de la reforma tributaria arrancó el paro el 28A. Asombroso, quienes entonaron el rechazo y llenaron las calles y plazas en su mayoría eran jóvenes que, ciertamente no pagan impuestos, o lo hacen en menor medida. Pero con su enérgico y convincente rechazo, que obligó al establecimiento a enterrar el proyecto radicado en el Congreso, quedó claro que sienten en carne propia la crisis económica que sobrecoge a la mayoría de los hogares colombianos.

Un potente rechazo que rompe la brecha espontáneamente creada entre generaciones. Un suceso que muchos padres de familia celebraron a través de entrevistas que circularon por redes, en los que comentaban con alegría y admiración la convicción con que la nueva generación de activistas dio vida a este paro, marcando con un triunfo su incursión antigubernamental.

Con idéntica energía, cientos de ellos empujaron rejas de almacenes de cadena en procura de alimentos, pero también dieron cuenta de oficinas de entidades privadas en las que ven y sintetizan el poder del capital que tanto daño causa a quienes viven al debe.

Vitalidad que trató de ser contenida a punta de bala, gases tóxicos, bombas de estruendo, garrote, y otras armas, es decir a punta de terror. Con inquina fueron perseguidos por las calles por la mal llamada “fuerza pública”, y sobre el piso fueron quedando cuerpos de alegres e indefensos retoños de vida. En Cali los asesinados se cuentan por decenas, pero también recibieron sobre sus cuerpos la acción de “la cara amable del Estado” en ciudades como Ibagué, Pereira, Bogotá y otras.

Pese al terror liberado desde las sacrosantas instituciones de la democracia formal, no renunciaron a continuar entonando exigencias, reclamos de vida digna, y en ello sus sueños de educación universitaria, de trabajo estable bien pago, denunciando el concubinato Estado-paramilitarismo, exigiendo el desmonte del Esmad, así como los privilegios de casta, de todo lo cual están hartos.

De esta manera, la renuncia al proyecto de reforma tributaria para contener ese inmenso alzamiento juvenil/popular que identifica en el de Iván Duque un gobierno de ricos y para ricos, sometido a un detestado personaje que la juventud siente e identifica con los peores males que padece el país, llega no por el peso y acción de actores sociales tradicionales sino como fruto de la masiva presencia de una nueva generación en las calles. Es así como, cual caja de pándora, la agenda de reivindicaciones queda abierta, planteándole también un reto a las llamadas organizaciones alternativas y de izquierda: asumir como propias todas estas demandas y contribuir para que más temprano que tarde sean una realidad. Y para que así sea, todas ellas deberían ser reivindicadas como prioritarias dentro de la agenda de negociación que se emprenda con el gobierno.


Voy por lo mío

“Yo siento que la gente sale a mercar, es que aquí hay mucha pobreza”. Así respondió un alcalde de un municipio de Cundinamarca a la pregunta de un periodista sobre el por qué de los saqueos a supermercados, en hechos ocurridos los días 29 y 30 de abril en el marco del paro nacional.

Una realidad vivida no solo en este municipio, sino en otros muchos, en los cuales con furia liberada miles de personas se volcaron a la calle a protestar en contra de las alzas en impuestos que traería la anunciada reforma tributaria, así como a rebuscar lo suyo, con afán individualista, sin esperar a que una posible reivindicación económica colectiva llegue como resultado final de la negociación del pliego de exigencias (llamado de emergencia) entregado al gobierno en el 2019 y precisado en sus prioridades en el 2021.

Es un proceder que resalta lo profundo de la crisis económica que afecta a la sociedad colombiana, pero también la insuficiencia de las medidas de “rescate” implementadas por el gobierno nacional y por las alcaldías para enfrentar la crisis de diverso orden potenciadas por la pandemia del covid-19,

Una reacción de furia que denota, asimismo, la desconfianza en cualquier promesa gubernamental, pero también la ausencia de una alternativa política y social que logre encausar la furia popular, ante lo cual lo que prevalece son las soluciones por cuenta propia.


Rabia con causa

Una detonación de inconformidades, de memorias colectivas, que en casos como el anotado pretende beneficios particulares, pero en otros demuestra sin duda alguna que el llamado pueblo porta en su memoria rabias acumuladas.
Desde el primer día de paro, su energía fue descargada contra todo aquello que representa al (mal)gobierno, todo aquello que le recuerda las injusticias y penurias cotidianas que no lo desamparan, pero también todo aquello que trae a su mente lo peor de los ricos, los mismos que hacen un negocio del empobrecimiento de millones.

Todo esto es palpable cuando se revisa el tipo de edificaciones atacadas, así como de otra infraestructura afectada por la acción de lo que desde arriba denominan “vandalismo” (a propósito, ¿existirá mayor vandalismo que el desplegado por los poderosos del país, que a su paso han dejado un país devastado y a millones padeciendo sus consecuencias?).

En efecto, cada día y en la medida que el alzamiento social progresaba, las municipalidades reportaban los efectos del proceder social: atacadas, destruidas o deterioradas unidades del transporte público, así como las estaciones dispuestas para abordarlo –paradoja, pero que es privado o funciona como si fuera un negocio–; atacados, incendiados o deteriorados peajes, así como CAI. Otros edificios y canales para la operación de algunas empresas también quedaron en el ojo de la furia común.

Un resumen parcial de esta acción indica que las gentes no están de acuerdo con la existencia ni con las tarifas que deben pagar por peaje, es decir, no comparten la privatización de las autopistas pues saben que en ello hay un inmenso negocio que ellas terminan pagando. Sienten que son objeto de robo cotidiano.


La información brindada por departamentos como Antioquia, Cundinamarca, Cesar, Atlántico, Valle del Cauca, Caldas y otros dan como resultado que fueron dañados 28 peajes e incinerados 11 (ver infografía con listado, parcial pág. 10).

En unidades de transporte público los incinerados suman (26), deteriorados parcialmente o afectados en menor medida –pintados– un total de 92. Un sistema que dicen es público pero que las gentes no lo sienten así, como tampoco están satisfechas con el servicio que prestan ni las tarifas que tienen que pagar por usarlo. En realidad, la demanda es que el servicio de verdad sea público y funcione como tal, no como negocio, sea privado, estatal o municipal.

 

 

Por su parte, el total de Cai afectados alcanza en Bogotá a las 16 instalaciones. En otras ciudades la cifra no es clara.

Las edificaciones públicas atacadas son varias –entre alcaldías y otras instalaciones–, pero no existe un dato consolidado sobre este tópico.

Lo mismo ocurre con el núcleo de la acumulación capitalista, el sistema financiero, resumido en los bancos y cajeros automáticos, blancos de la rabia colectiva, pero sin el reporte de sus propietarios de cuántos fueron atacados a lo largo y ancho del país.

Más allá de las cifras exactas, lo importante de este proceder de jóvenes y adultos, es que con su actuar indican que no están conformes con el funcionamiento del gobierno, que anhelan otro tipo de gobierno y de sociedad, y que tienen claro que los gobernantes y apropiadores de lo público, como de los pocos ahorros hogareños, son los causantes de los pesares que viven cada día sus familias.

Lecciones extendidas. Por ejemplo, atacan, rechazan y castigan a la policía por sus arbitrariedades cotidianas, por la violencia con que proceden cuando salen de patrullaje y requieren a uno u otro por cualquier motivo. Proceder extendido a los agiotistas bancarios, chupadores de su sangre, de su esfuerzo diario para sacar adelante a sus familias.

Como puede verificarse, son reacciones juveniles y populares que se repiten una y otra vez cuando de protestas sociales se trata. Si así es, ¿por qué no toman nota del mismo aquella clase y funcionarios para quienes va dirigido el simbólico mensaje?

Para ser consecuentes con ello, para recoger el reiterado mensaje, ya es hora de citar por parte de las alcaldías cabildos abiertos para discutir y definir con sus poblaciones qué hacer con el transporte público, qué con los peajes, qué con la Policía, qué con la administración pública, qué con los impuestos. Si de democracia directa y participativa se trata, acá tienen un reto. Lo otro es seguir administrando lo público de espalda a las mayorías.


El pacificador

El alzamiento juvenil y popular alcanzó en Cali una escala hasta ahora no conocida. La ciudad fue tomada en sus barriadas populares por quienes las habitan, en especial en sus sectores más icónicos, bien por el cúmulo de marginados que las pueblan, bien por la difundida inseguridad de la que siempre hacen eco los medios de comunicación y el mismo gobierno (como estrategia de multiplicar el miedo y ahondar el control social), bien por sus historias de construcción o de resistencias armadas que allí tomaron cuerpo en otras épocas, etcétera.

Es en esta ciudad que se desata, en la jornada de apertura del paro, una acción contra el sistema de transporte conocido como MIO, la que claramente responde a un proceder no espontáneo pero que sí recoge el sentir popular. Y luego de ello múltiples protestas alcanzan a romper el desenvolvimiento cotidiano de la urbe. Su territorio queda fracturado por decenas de bloqueos para su movilidad, de la cual depende la reproducción del capital.

La respuesta que llega desde el alto gobierno es la militarización. La ciudad pasa al control del general Zapateiro, y su alcalde queda mudo ante el trago más amargo que hasta ahora haya tenido que tragar en su devenir político: ver cómo la violencia del “monopolio de las armas” se extiende por los territorios populares, dejando a su paso una estela de muerte y dolor: al 10 de mayo, según Indepaz, 28 asesinados; decenas de heridos por arma de fuego y los impactos de otras armas y 160 desaparecidos. El terror copó las barriadas bajo la repetida consigna: “a la culebra hay que descabezarla”. Sin duda, la lectura que el alto mando del ejército realizó de lo allí vivido, así como la burocracia de la Casa de Nariño, les indicó que detrás del alzamiento social estaba la guerrilla. En esta, como en otras ocasiones, la ideología es mala consejera.

Una masacre que desnuda la esencia de la oligarquía colombiana y ante la cual, como evidencia de rechazo y oposición ante el terrorismo de Estado desatado, debió renunciar su alcalde. Sin duda, el pueblo rechazaría su renuncia y lo refrendaría en su puesto, además con mando real sobre la policía. Incomprensible su silencio, su falta de comunicación con el pueblo caleño, silencio que le pesará en el futuro, cercano y lejano.

Lo sucedido en la capital del Valle, el proceder del mando militar y el silencio, pasividad, descontrol por parte del simbólico poder civil, dejan ante nuestros ojos una lección de poder real: el civil solo rige en tiempos de normalidad, con los límites que le marcan el gobierno central y el capital local e internacional, pero en épocas de anormalidad el civil es un estorbo, dando paso a los golpes de mano, más conocidos como golpes de Estado, en el caso vivido en Cali golpe de alcaldía. Realidad ya vivida a principios de este siglo en el amplio territorio de la Costa Atlántica donde las Fuerzas Armadas desplegaron planes especiales de guerra para erradicar a las Farc y bajo cuyo control quedó todo el ordenamiento territorial. Allí, sus alcaldes eran menos que un cero a la izquierda, y quienes realmente administraban eran los mandos militares.


“Gústenos o no, hay que rodear al gobierno”

Salvar a las instituciones, este fue el mensaje enviado a través de redes sociales por un empresario durante los primeros días de mayo. El mensaje recogía dos realidades: 1. Que la desatada ofensiva del santismo contra el gobierno Duque, para golpear a través de éste a su mentor, debía terminar –acción que alcanzó eco a través de algunos medios de comunicación que de manera abierta alentaron el alzamiento juvenil y social; 2. Que la economía estaba llevando al país a sus límites, y debían aprobar el actuar violento del Estado, si así era necesario, para “poner orden”.

Y la respuesta del establecimiento no demoró en llegar: acordaron bajarle la intensidad a la confrontación, silenciar las críticas y llamar a quienes protestaban a recapacitar pues “tienen derecho a la protesta, pero no a bloquear…”.

Como parte de ello, por todos los medios de comunicación empezó una repetición de llamados a desbloquear el país. Varias ciudades estaban en riesgo de desabastecimiento de gasolina, los precios de los productos más demandados en la canasta familiar estaban disparados, los empresarios avícolas reportaban la muerte por falta de alimento de miles de pollitos, otros miles fueron regalados; la leche se perdía en las haciendas; varias cosechas también quedaban en nada. Y las exportaciones, paralizadas, con el puerto de Buenaventura sin poder recibir ni despachar más mercaderías.


Es en este momento, ante tal realidad, que el paro pierde algunos aliados. El eco mediático mete miedo, presiona para que los bloqueos terminen –dejando en el aire un clima de que quien no desbloqueé bien merecido se tiene el proceder de los militares y de la policía, es decir, legitiman la represión que vendría.

El gobierno, por su parte, consciente de que el alzamiento no responde a ningún plan centralizado por organización alguna, y que en realidad está alimentado por decenas de intereses y reivindicaciones particulares acumuladas desde tiempo atrás, entabla negociaciones con unos y con otros, alentando la atomización organizativa y social, el primero de ellos con los camioneros que tenían cerradas importantes carreteras del país; luego son atendidos campesinos con distintas reivindicaciones, pueblos indígenas asentados en diferentes coordenadas territoriales, alcanzando acuerdos parciales que trascienden en aperturas de otras autopistas. Negociaciones que aún siguen en curso, con epicentro sobre el sur del país, en especial Cauca y Nariño, donde campesinos, comunidades afro y pueblos indígenas nasa, pastos y otros levantan banderas que van mucho más allá de reivindicaciones puntuales.

La preocupación empresarial y gubernamental por su economía no les brinda tranquilidad. Las cuentas proyectadas en los ministerios tienen grises sombras sobre la anunciada (el deseo puede con todo) y acelerada recuperación económica que llegaría a finales del 2021. Según sus datos las pérdidas económicas arrojadas por el paro suman 6 billones de pesos, y cada día de bloqueo las incrementa en 400 mil millones. Esos mismos son los que los convencen que el paro iba mucho más allá de las ciudades capitales y que el país estaba roto por todos sus costados producto del despliegue de fuerza por varios sectores sociales, no siempre ni en todos los casos coordinados y con iguales propósitos.

Es un afán de negociar, asumiendo a cada sector en paro por separado, que les arroja algún fruto, el primero de ellos bajarle la intensidad a la contradicción –y conspiración– intraclase; el segundo, lograr el desbloqueo de algunas autopistas y el rodar de camiones; el tercero, a partir del eco mediático al paro sin bloqueo, permear distintos sectores sociales para que rechacen el paro, dejando abierta la posibilidad de mano –más– dura contra quienes persistan con el cierre de autopistas y vías en general.

Y al tiempo que así actúan, la negociación con el comité del paro se encamina en medio de la misma ambivalencia o dilaciones que son características del establecimiento: que sí, pero no; que las demandas son tantas que de satisfacerlas arruinarían al país; que para negociar no pueden existir bloqueos, etcétera.

Una dilación que juega con el factor tiempo, confiados en que una mayor suma de días crea más presiones sobre quienes impulsan el paro; concentrando fuerza y represión sobre sectores cada vez más específicos. Las persecuciones, amenazas, señalamientos y en general guerra psicológica gana más espacio, colocando en su centro a la juventud, en especial a la universitaria, con varios de sus centros de estudio ahora en paro.

Las presiones no son pocas. El amplio espectro social inicial del paro se achica, y sigue ausente un liderazgo que logre recoger la dispersa protesta que se mantiene en diversas ciudades, con bloqueos internos o con incremento de la protesta en horas nocturnas.

En esas circunstancias, con la mesa de negociación nacional en plena tensión de fuerzas para definir sus condiciones y mecánica, corresponde evitar que el paro entre en languidez y saber recoger los triunfos hasta ahora logrados, así como algunos otros que puedan venir de la negociación, para lo cual le corresponde a quienes tienen la vocería del Comité Nacional identificar dos o tres propósitos que sean de amplio interés social, por ejemplo tarifas de servicios públicos, renta básica transitoria, plan de empleo de emergencia para por lo menos dos millones de jóvenes, es decir, reivindicaciones con las cuales y para las cuales las mayorías estén dispuestas no solo a apoyar de palabra sino de hecho.

En ese proceso, y conscientes que la negociación no dará frutos de un día para otro, debe proyectarse y prepararse: 1) cerrar el paro con una movilización/celebración. La juventud y los sectores populares la merecen, pero además la merece el cambio de proceder político que debe caracterizar a amplios sectores del campo alternativo, acostumbrados al fracaso, al esfuerzo y no a la celebración. 2) Hacerles un homenaje a todas las víctimas del terror oficial, tanto con la movilización como con un monumento por levantar en Cali, para cuyo diseño debe convocarse por medio de un concurso que financien los sindicatos del orden nacional, en unión con algunas Ongs que tienen acceso a importantes recursos económicos. 3) En esa movilización, convocar a todo el país a la concreción de un gran diálogo nacional popular (Ver “Hacia un real, amplio y democrático diálogo nacional” pág. 2), con sesiones en todo territorio o sitio de trabajo donde se encuentre, por lo menos, media docena de personas dispuestas al intercambio de ideas y diseño de propuestas. Deliberación e intercambio de ideas que puede entrelazarse con procesos vecinos, dándole cuerpo a una red de redes, que puede ampliarse o reducirse a conveniencia de quienes la integren.

Para ir depurando estas discusiones y propuestas, a los tres o cuatro meses de su funcionamiento debería realizarse una o dos asambleas por ciudad, y a los 6 una de todo el país, en la cual se armonice todo lo discutido y se entregue a la nación el borrador del plan por una Colombia al margen de la muerte y de cara a la vida, en dignidad. Una Colombia convencida de que otra democracia sí es posible.
¡Salud! Hay que celebrar el triunfo del alzamiento juvenil/popular, y darle continuidad al paro a través del enraizamiento territorial, base humana, política, cultural y organizativa para enfrentar nuevas jornadas de lucha en el futuro próximo. Un reto irrenunciable para concretar otras muchas demandas resumidas en el pliego de emergencia.

 

 

 


 

Los corazones en la buena
(para Lucas Villa Vásquez y los demás asesinados en las calles del país)

En la calle no se baila
ni se juega.
En la calle se trabaja
se produce
se transita

¡¡¡¡Con balazos le dijeron!!!!
No te subas a los buses
No invoques con alegría el vocablo de justicia.
No se desafía el infinito
desplazándote en las barandas de los puentes
como un pájaro.

No se canta,
ni se grita en las calles,
no se bendice al otro,
ni se abraza,
y mucho menos
se le dice “en los corazones en la buena”.

Quizá, siempre mamá,
al verlos salir a las calles:
eufóricos, valientes, coloridos e indignados,
con ganas de comerse a besos,
presiente el disgusto que envenena
las voluntades de los malos.

Alberto Antonio Berón Ospina (escritor)

 

 

 

 

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Publicado enEdición Nº279
Portal de las Américas, 13 de mayo 2021 (Vía Twitter)

A grito limpio en contra de la reforma tributaria arrancó el paro el 28A. Asombroso, quienes entonaron el rechazo y llenaron las calles y plazas en su mayoría eran jóvenes que, ciertamente no pagan impuestos, o lo hacen en menor medida. Pero con su enérgico y convincente rechazo, que obligó al establecimiento a enterrar el proyecto radicado en el Congreso, quedó claro que sienten en carne propia la crisis económica que sobrecoge a la mayoría de los hogares colombianos.

Un potente rechazo que rompe la brecha espontáneamente creada entre generaciones. Un suceso que muchos padres de familia celebraron a través de entrevistas que circularon por redes, en los que comentaban con alegría y admiración la convicción con que la nueva generación de activistas dio vida a este paro, marcando con un triunfo su incursión antigubernamental.

Con idéntica energía, cientos de ellos empujaron rejas de almacenes de cadena en procura de alimentos, pero también dieron cuenta de oficinas de entidades privadas en las que ven y sintetizan el poder del capital que tanto daño causa a quienes viven al debe.

Vitalidad que trató de ser contenida a punta de bala, gases tóxicos, bombas de estruendo, garrote, y otras armas, es decir a punta de terror. Con inquina fueron perseguidos por las calles por la mal llamada “fuerza pública”, y sobre el piso fueron quedando cuerpos de alegres e indefensos retoños de vida. En Cali los asesinados se cuentan por decenas, pero también recibieron sobre sus cuerpos la acción de “la cara amable del Estado” en ciudades como Ibagué, Pereira, Bogotá y otras.

Pese al terror liberado desde las sacrosantas instituciones de la democracia formal, no renunciaron a continuar entonando exigencias, reclamos de vida digna, y en ello sus sueños de educación universitaria, de trabajo estable bien pago, denunciando el concubinato Estado-paramilitarismo, exigiendo el desmonte del Esmad, así como los privilegios de casta, de todo lo cual están hartos.

De esta manera, la renuncia al proyecto de reforma tributaria para contener ese inmenso alzamiento juvenil/popular que identifica en el de Iván Duque un gobierno de ricos y para ricos, sometido a un detestado personaje que la juventud siente e identifica con los peores males que padece el país, llega no por el peso y acción de actores sociales tradicionales sino como fruto de la masiva presencia de una nueva generación en las calles. Es así como, cual caja de pándora, la agenda de reivindicaciones queda abierta, planteándole también un reto a las llamadas organizaciones alternativas y de izquierda: asumir como propias todas estas demandas y contribuir para que más temprano que tarde sean una realidad. Y para que así sea, todas ellas deberían ser reivindicadas como prioritarias dentro de la agenda de negociación que se emprenda con el gobierno.


Voy por lo mío

“Yo siento que la gente sale a mercar, es que aquí hay mucha pobreza”. Así respondió un alcalde de un municipio de Cundinamarca a la pregunta de un periodista sobre el por qué de los saqueos a supermercados, en hechos ocurridos los días 29 y 30 de abril en el marco del paro nacional.

Una realidad vivida no solo en este municipio, sino en otros muchos, en los cuales con furia liberada miles de personas se volcaron a la calle a protestar en contra de las alzas en impuestos que traería la anunciada reforma tributaria, así como a rebuscar lo suyo, con afán individualista, sin esperar a que una posible reivindicación económica colectiva llegue como resultado final de la negociación del pliego de exigencias (llamado de emergencia) entregado al gobierno en el 2019 y precisado en sus prioridades en el 2021.

Es un proceder que resalta lo profundo de la crisis económica que afecta a la sociedad colombiana, pero también la insuficiencia de las medidas de “rescate” implementadas por el gobierno nacional y por las alcaldías para enfrentar la crisis de diverso orden potenciadas por la pandemia del covid-19,

Una reacción de furia que denota, asimismo, la desconfianza en cualquier promesa gubernamental, pero también la ausencia de una alternativa política y social que logre encausar la furia popular, ante lo cual lo que prevalece son las soluciones por cuenta propia.


Rabia con causa

Una detonación de inconformidades, de memorias colectivas, que en casos como el anotado pretende beneficios particulares, pero en otros demuestra sin duda alguna que el llamado pueblo porta en su memoria rabias acumuladas.
Desde el primer día de paro, su energía fue descargada contra todo aquello que representa al (mal)gobierno, todo aquello que le recuerda las injusticias y penurias cotidianas que no lo desamparan, pero también todo aquello que trae a su mente lo peor de los ricos, los mismos que hacen un negocio del empobrecimiento de millones.

Todo esto es palpable cuando se revisa el tipo de edificaciones atacadas, así como de otra infraestructura afectada por la acción de lo que desde arriba denominan “vandalismo” (a propósito, ¿existirá mayor vandalismo que el desplegado por los poderosos del país, que a su paso han dejado un país devastado y a millones padeciendo sus consecuencias?).

En efecto, cada día y en la medida que el alzamiento social progresaba, las municipalidades reportaban los efectos del proceder social: atacadas, destruidas o deterioradas unidades del transporte público, así como las estaciones dispuestas para abordarlo –paradoja, pero que es privado o funciona como si fuera un negocio–; atacados, incendiados o deteriorados peajes, así como CAI. Otros edificios y canales para la operación de algunas empresas también quedaron en el ojo de la furia común.

Un resumen parcial de esta acción indica que las gentes no están de acuerdo con la existencia ni con las tarifas que deben pagar por peaje, es decir, no comparten la privatización de las autopistas pues saben que en ello hay un inmenso negocio que ellas terminan pagando. Sienten que son objeto de robo cotidiano.


La información brindada por departamentos como Antioquia, Cundinamarca, Cesar, Atlántico, Valle del Cauca, Caldas y otros dan como resultado que fueron dañados 28 peajes e incinerados 11 (ver infografía con listado, parcial pág. 10).

En unidades de transporte público los incinerados suman (26), deteriorados parcialmente o afectados en menor medida –pintados– un total de 92. Un sistema que dicen es público pero que las gentes no lo sienten así, como tampoco están satisfechas con el servicio que prestan ni las tarifas que tienen que pagar por usarlo. En realidad, la demanda es que el servicio de verdad sea público y funcione como tal, no como negocio, sea privado, estatal o municipal.

 

 

Por su parte, el total de Cai afectados alcanza en Bogotá a las 16 instalaciones. En otras ciudades la cifra no es clara.

Las edificaciones públicas atacadas son varias –entre alcaldías y otras instalaciones–, pero no existe un dato consolidado sobre este tópico.

Lo mismo ocurre con el núcleo de la acumulación capitalista, el sistema financiero, resumido en los bancos y cajeros automáticos, blancos de la rabia colectiva, pero sin el reporte de sus propietarios de cuántos fueron atacados a lo largo y ancho del país.

Más allá de las cifras exactas, lo importante de este proceder de jóvenes y adultos, es que con su actuar indican que no están conformes con el funcionamiento del gobierno, que anhelan otro tipo de gobierno y de sociedad, y que tienen claro que los gobernantes y apropiadores de lo público, como de los pocos ahorros hogareños, son los causantes de los pesares que viven cada día sus familias.

Lecciones extendidas. Por ejemplo, atacan, rechazan y castigan a la policía por sus arbitrariedades cotidianas, por la violencia con que proceden cuando salen de patrullaje y requieren a uno u otro por cualquier motivo. Proceder extendido a los agiotistas bancarios, chupadores de su sangre, de su esfuerzo diario para sacar adelante a sus familias.

Como puede verificarse, son reacciones juveniles y populares que se repiten una y otra vez cuando de protestas sociales se trata. Si así es, ¿por qué no toman nota del mismo aquella clase y funcionarios para quienes va dirigido el simbólico mensaje?

Para ser consecuentes con ello, para recoger el reiterado mensaje, ya es hora de citar por parte de las alcaldías cabildos abiertos para discutir y definir con sus poblaciones qué hacer con el transporte público, qué con los peajes, qué con la Policía, qué con la administración pública, qué con los impuestos. Si de democracia directa y participativa se trata, acá tienen un reto. Lo otro es seguir administrando lo público de espalda a las mayorías.


El pacificador

El alzamiento juvenil y popular alcanzó en Cali una escala hasta ahora no conocida. La ciudad fue tomada en sus barriadas populares por quienes las habitan, en especial en sus sectores más icónicos, bien por el cúmulo de marginados que las pueblan, bien por la difundida inseguridad de la que siempre hacen eco los medios de comunicación y el mismo gobierno (como estrategia de multiplicar el miedo y ahondar el control social), bien por sus historias de construcción o de resistencias armadas que allí tomaron cuerpo en otras épocas, etcétera.

Es en esta ciudad que se desata, en la jornada de apertura del paro, una acción contra el sistema de transporte conocido como MIO, la que claramente responde a un proceder no espontáneo pero que sí recoge el sentir popular. Y luego de ello múltiples protestas alcanzan a romper el desenvolvimiento cotidiano de la urbe. Su territorio queda fracturado por decenas de bloqueos para su movilidad, de la cual depende la reproducción del capital.

La respuesta que llega desde el alto gobierno es la militarización. La ciudad pasa al control del general Zapateiro, y su alcalde queda mudo ante el trago más amargo que hasta ahora haya tenido que tragar en su devenir político: ver cómo la violencia del “monopolio de las armas” se extiende por los territorios populares, dejando a su paso una estela de muerte y dolor: al 10 de mayo, según Indepaz, 28 asesinados; decenas de heridos por arma de fuego y los impactos de otras armas y 160 desaparecidos. El terror copó las barriadas bajo la repetida consigna: “a la culebra hay que descabezarla”. Sin duda, la lectura que el alto mando del ejército realizó de lo allí vivido, así como la burocracia de la Casa de Nariño, les indicó que detrás del alzamiento social estaba la guerrilla. En esta, como en otras ocasiones, la ideología es mala consejera.

Una masacre que desnuda la esencia de la oligarquía colombiana y ante la cual, como evidencia de rechazo y oposición ante el terrorismo de Estado desatado, debió renunciar su alcalde. Sin duda, el pueblo rechazaría su renuncia y lo refrendaría en su puesto, además con mando real sobre la policía. Incomprensible su silencio, su falta de comunicación con el pueblo caleño, silencio que le pesará en el futuro, cercano y lejano.

Lo sucedido en la capital del Valle, el proceder del mando militar y el silencio, pasividad, descontrol por parte del simbólico poder civil, dejan ante nuestros ojos una lección de poder real: el civil solo rige en tiempos de normalidad, con los límites que le marcan el gobierno central y el capital local e internacional, pero en épocas de anormalidad el civil es un estorbo, dando paso a los golpes de mano, más conocidos como golpes de Estado, en el caso vivido en Cali golpe de alcaldía. Realidad ya vivida a principios de este siglo en el amplio territorio de la Costa Atlántica donde las Fuerzas Armadas desplegaron planes especiales de guerra para erradicar a las Farc y bajo cuyo control quedó todo el ordenamiento territorial. Allí, sus alcaldes eran menos que un cero a la izquierda, y quienes realmente administraban eran los mandos militares.


“Gústenos o no, hay que rodear al gobierno”

Salvar a las instituciones, este fue el mensaje enviado a través de redes sociales por un empresario durante los primeros días de mayo. El mensaje recogía dos realidades: 1. Que la desatada ofensiva del santismo contra el gobierno Duque, para golpear a través de éste a su mentor, debía terminar –acción que alcanzó eco a través de algunos medios de comunicación que de manera abierta alentaron el alzamiento juvenil y social; 2. Que la economía estaba llevando al país a sus límites, y debían aprobar el actuar violento del Estado, si así era necesario, para “poner orden”.

Y la respuesta del establecimiento no demoró en llegar: acordaron bajarle la intensidad a la confrontación, silenciar las críticas y llamar a quienes protestaban a recapacitar pues “tienen derecho a la protesta, pero no a bloquear…”.

Como parte de ello, por todos los medios de comunicación empezó una repetición de llamados a desbloquear el país. Varias ciudades estaban en riesgo de desabastecimiento de gasolina, los precios de los productos más demandados en la canasta familiar estaban disparados, los empresarios avícolas reportaban la muerte por falta de alimento de miles de pollitos, otros miles fueron regalados; la leche se perdía en las haciendas; varias cosechas también quedaban en nada. Y las exportaciones, paralizadas, con el puerto de Buenaventura sin poder recibir ni despachar más mercaderías.


Es en este momento, ante tal realidad, que el paro pierde algunos aliados. El eco mediático mete miedo, presiona para que los bloqueos terminen –dejando en el aire un clima de que quien no desbloqueé bien merecido se tiene el proceder de los militares y de la policía, es decir, legitiman la represión que vendría.

El gobierno, por su parte, consciente de que el alzamiento no responde a ningún plan centralizado por organización alguna, y que en realidad está alimentado por decenas de intereses y reivindicaciones particulares acumuladas desde tiempo atrás, entabla negociaciones con unos y con otros, alentando la atomización organizativa y social, el primero de ellos con los camioneros que tenían cerradas importantes carreteras del país; luego son atendidos campesinos con distintas reivindicaciones, pueblos indígenas asentados en diferentes coordenadas territoriales, alcanzando acuerdos parciales que trascienden en aperturas de otras autopistas. Negociaciones que aún siguen en curso, con epicentro sobre el sur del país, en especial Cauca y Nariño, donde campesinos, comunidades afro y pueblos indígenas nasa, pastos y otros levantan banderas que van mucho más allá de reivindicaciones puntuales.

La preocupación empresarial y gubernamental por su economía no les brinda tranquilidad. Las cuentas proyectadas en los ministerios tienen grises sombras sobre la anunciada (el deseo puede con todo) y acelerada recuperación económica que llegaría a finales del 2021. Según sus datos las pérdidas económicas arrojadas por el paro suman 6 billones de pesos, y cada día de bloqueo las incrementa en 400 mil millones. Esos mismos son los que los convencen que el paro iba mucho más allá de las ciudades capitales y que el país estaba roto por todos sus costados producto del despliegue de fuerza por varios sectores sociales, no siempre ni en todos los casos coordinados y con iguales propósitos.

Es un afán de negociar, asumiendo a cada sector en paro por separado, que les arroja algún fruto, el primero de ellos bajarle la intensidad a la contradicción –y conspiración– intraclase; el segundo, lograr el desbloqueo de algunas autopistas y el rodar de camiones; el tercero, a partir del eco mediático al paro sin bloqueo, permear distintos sectores sociales para que rechacen el paro, dejando abierta la posibilidad de mano –más– dura contra quienes persistan con el cierre de autopistas y vías en general.

Y al tiempo que así actúan, la negociación con el comité del paro se encamina en medio de la misma ambivalencia o dilaciones que son características del establecimiento: que sí, pero no; que las demandas son tantas que de satisfacerlas arruinarían al país; que para negociar no pueden existir bloqueos, etcétera.

Una dilación que juega con el factor tiempo, confiados en que una mayor suma de días crea más presiones sobre quienes impulsan el paro; concentrando fuerza y represión sobre sectores cada vez más específicos. Las persecuciones, amenazas, señalamientos y en general guerra psicológica gana más espacio, colocando en su centro a la juventud, en especial a la universitaria, con varios de sus centros de estudio ahora en paro.

Las presiones no son pocas. El amplio espectro social inicial del paro se achica, y sigue ausente un liderazgo que logre recoger la dispersa protesta que se mantiene en diversas ciudades, con bloqueos internos o con incremento de la protesta en horas nocturnas.

En esas circunstancias, con la mesa de negociación nacional en plena tensión de fuerzas para definir sus condiciones y mecánica, corresponde evitar que el paro entre en languidez y saber recoger los triunfos hasta ahora logrados, así como algunos otros que puedan venir de la negociación, para lo cual le corresponde a quienes tienen la vocería del Comité Nacional identificar dos o tres propósitos que sean de amplio interés social, por ejemplo tarifas de servicios públicos, renta básica transitoria, plan de empleo de emergencia para por lo menos dos millones de jóvenes, es decir, reivindicaciones con las cuales y para las cuales las mayorías estén dispuestas no solo a apoyar de palabra sino de hecho.

En ese proceso, y conscientes que la negociación no dará frutos de un día para otro, debe proyectarse y prepararse: 1) cerrar el paro con una movilización/celebración. La juventud y los sectores populares la merecen, pero además la merece el cambio de proceder político que debe caracterizar a amplios sectores del campo alternativo, acostumbrados al fracaso, al esfuerzo y no a la celebración. 2) Hacerles un homenaje a todas las víctimas del terror oficial, tanto con la movilización como con un monumento por levantar en Cali, para cuyo diseño debe convocarse por medio de un concurso que financien los sindicatos del orden nacional, en unión con algunas Ongs que tienen acceso a importantes recursos económicos. 3) En esa movilización, convocar a todo el país a la concreción de un gran diálogo nacional popular (Ver “Hacia un real, amplio y democrático diálogo nacional” pág. 2), con sesiones en todo territorio o sitio de trabajo donde se encuentre, por lo menos, media docena de personas dispuestas al intercambio de ideas y diseño de propuestas. Deliberación e intercambio de ideas que puede entrelazarse con procesos vecinos, dándole cuerpo a una red de redes, que puede ampliarse o reducirse a conveniencia de quienes la integren.

Para ir depurando estas discusiones y propuestas, a los tres o cuatro meses de su funcionamiento debería realizarse una o dos asambleas por ciudad, y a los 6 una de todo el país, en la cual se armonice todo lo discutido y se entregue a la nación el borrador del plan por una Colombia al margen de la muerte y de cara a la vida, en dignidad. Una Colombia convencida de que otra democracia sí es posible.
¡Salud! Hay que celebrar el triunfo del alzamiento juvenil/popular, y darle continuidad al paro a través del enraizamiento territorial, base humana, política, cultural y organizativa para enfrentar nuevas jornadas de lucha en el futuro próximo. Un reto irrenunciable para concretar otras muchas demandas resumidas en el pliego de emergencia.

 

 

 


 

Los corazones en la buena
(para Lucas Villa Vásquez y los demás asesinados en las calles del país)

En la calle no se baila
ni se juega.
En la calle se trabaja
se produce
se transita

¡¡¡¡Con balazos le dijeron!!!!
No te subas a los buses
No invoques con alegría el vocablo de justicia.
No se desafía el infinito
desplazándote en las barandas de los puentes
como un pájaro.

No se canta,
ni se grita en las calles,
no se bendice al otro,
ni se abraza,
y mucho menos
se le dice “en los corazones en la buena”.

Quizá, siempre mamá,
al verlos salir a las calles:
eufóricos, valientes, coloridos e indignados,
con ganas de comerse a besos,
presiente el disgusto que envenena
las voluntades de los malos.

Alberto Antonio Berón Ospina (escritor)

 

 

 

 

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Publicado enColombia
Estado narco-paramilitar, policía, lumpen y Paro Nacional

El actual Paro es, sin lugar a dudas, Nacional, pero no porque cubra la totalidad de un territorio concreto, sino porque increpa directamente al Estado colombiano y su orden narco-paramilitar. El protagonista parece ser, esta vez, el lumpen criminalizado ¿quizá capaz de una “Revolución Molecular”?

El 21 de noviembre del año 2019 se convocó a un Paro Nacional cuyo carácter no fue verdaderamente nacional. Como suele suceder, el protagonismo lo tuvieron la ciudad de Bogotá y el Comité del Paro. Aunque, aprovechando el clima de lo acontecido en otras latitudes, especialmente en Ecuador, se suscitó una movilización importante, el Comité no logró representar a amplios sectores que manifestaron prontamente su inconformidad, lo cual produjo una escisión que contribuyó a disipar las energías colectivas que empezaban a organizarse de manera asamblearia.

Debe sumarse a esta realidad la respuesta estatal que, con ocasión del miedo al “vandalismo generalizado e irracional”, decretó un toque de queda y la militarización de la ciudad. Esta última, aunada a un talante extremadamente autoritario, se mantuvo y prolongó con la aparición de la pandemia de covid-19. Así, las energías colectivas parecían haberse disipado casi por completo o transformado en energías inmunitarias, a saber, volcadas sobre la defensa del individuo y la familia tradicional.

Más de un año después

El pasado 28 de abril, más de un año después, revivió el Paro Nacional, pero, a diferencia del que lo antecedió en el 2019, podría afirmarse que este sí tiene un carácter marcadamente “nacional”. No obstante, lo “nacional” no se encuentra dado por la cobertura de un territorio determinado, ni tampoco porque exprese de manera clara y unificada los diversos intereses asociados a los diferentes sectores que componen el país. Lo “nacional” de este Paro tiene que ver con que abre una serie de interrogantes que comprometen a la forma-Estado colombiana y dejan vislumbrar algo de su complejidad histórica. A su vez, se trata de un Paro con ribetes libertarios, que ponen en cuestión no solo la acción estatal, sino múltiples tipos de autoritarismo que se han convertido en habituales y que ahora, más que nunca, parecen reaccionar con una fuerza inusitada.

El Estado, en tanto forma social, si seguimos a autores como Poulantzas, Jessop, Deleuze/Guattari y Foucault, no es otra cosa que una condensación de condensaciones de relaciones de fuerza o poder. Toda forma social, sea la familia, la escuela, el ejército o cualquier otra, es una condensación de fuerzas variopintas. Esto permite que dichas formas no sean entidades eternas y monolíticas, sino en constante emergencia o reconfiguración. Las fuerzas, que podríamos llamar populares, construyen formas sociales, se cristalizan en estas, pero también las agrietan y desbordan. El Estado, como forma, no solo es una condensación de fuerzas, sino una condensación de condensaciones. Esto explica que sea capaz de regular, directa o indirectamente, dimensiones tan diferentes de la vida social como la educación, la sexualidad, la religión, la alimentación, la salud, etcétera.

Las luchas que acontecen en las diferentes dimensiones y formas sociales repercuten en el Estado, resuenan en este y lo transforman. Las relaciones de fuerza sexuales, religiosas, económicas, y demás, dejan huellas en la forma-Estado, las cuales a veces se manifiestan como garantías contra “abusos de poder”. Piénsese, por ejemplo, en la garantía de respeto sobre el territorio que han, hasta cierto punto, logrado las comunidades campesinas, negras e indígenas. Ahora bien, el Estado no es solo una condensación de condensaciones de fuerzas sino que, al nivel de la formación social en su totalidad (aun cuando se trate siempre de una totalidad abierta), también cumple una función eminentemente estabilizadora. El Estado es, en suma, garante de determinado orden social, de ahí el manido tema weberiano del “monopolio de la fuerza” y la importancia de lo que Althusser llamó “aparatos represivos de Estado”: jueces, cárceles, ejército, policía…

En el caso colombiano, el orden social es uno de carácter contrainsurgente y asociado al narcotráfico. En otros términos, las fuerzas sociales ligadas al narcotráfico y a la contrainsurgencia han modelado el Estado hasta darle, literalmente, una forma narco-paramilitar. El problema, entonces, no es solamente de unos cuantos políticos como Marta Lucía Ramírez o José Obdulio Gaviria (primo de Pablo Escobar), ni de un partido político como el Centro Democrático, pero tampoco de un estilo de gobierno corrupto y sanguinario, sino de un conjunto de relaciones de fuerza condensadas históricamente en un tipo de Estado singular. Existe toda una sociedad en movimiento embebida en la narco-cultura y la contrainsurgencia, pero también una sociedad en movimiento altamente inconforme con las fuerzas hegemónicas. No se trata, sin embargo, de maniqueísmo: los mismos individuos y grupúsculos que cuestionan el orden social pueden rápidamente pasar a defenderlo.


Lo anterior no es teorético. Tras la jornada de movilización del 21 de noviembre del 2019, animados por el miedo a “vándalos” nocturnos, a fantasmas que amenazaban la propiedad privada y la vida cual estado de incertidumbre hobbesiano, las mismas familias y los mismos vecinos que salieron “espontáneamente” con cacerolas a protestar se armaron con bates de béisbol y camisetas blancas para defender su integridad.

No es extraño. En Colombia existe un microfascismo altamente inestable que se relaciona con todo un orden contrainsurgente y que explica, en buena medida, la impunidad del asesinato sistemático de líderes y lideresas sociales, jóvenes, indígenas, comunidades negras y, en suma, de todo aquello que atente contra los denominados “ciudadanos de bien” y su pretendida “civilización”. El problema, pues, es de relaciones de fuerza, pero estas no siempre se presentan entre bandos claramente identificables, sino que son inherentes a las energías sociales que componen, a veces de manera muy contradictoria, un mismo individuo o grupo entero. Tales energías y fuerzas son como el inconsciente de las formas visibles, en particular de la forma-Estado. Se requiere de un buen análisis que vaya más allá del diván y penetre en las prácticas institucionales.

Pensemos, por ejemplo, en la quema de Cais ocurrida entre los días 9 y 10 de septiembre del 2020 y que vuelve a acontecer en el marco del actual Paro Nacional. La pregunta real, en medio de estos sucesos, es ¿qué función policial cumple un CAI?, ¿cómo opera? Suele pensarse que la legalidad y la ilegalidad son cuestiones contrapuestas; no obstante, el análisis del funcionamiento social desmiente rápidamente tal asunción. La defensa del orden y la legalidad tiene un trasfondo de “ilegalismos”. Los Cais, por ejemplo, se han convertido en muchos lugares en verdaderos centros de ilegalidad, donde se cometen torturas, violaciones, robos y, por supuesto, se controla el negocio del microtráfico de drogas haciendo parte de él. La policía reproduce la ilegalidad, pero al mismo tiempo la castiga o reprime. La ilegalidad de la droga y su mercado legitiman a su vez la propia represión de la policía a los sectores más marginales, al llamado lumpen, pero al tiempo reproduce a los marginales en tanto marginales, o mejor, al lumpen en tanto componente inevitablemente criminal.

 

 

De este modo, el sistema de clases se sostiene a partir de la represión de una no-clase: en su mayoría jóvenes pauperizados y racialmente marcados convertidos en criminales, que sirven como contramodelo abyecto del ideal normativo de “ciudadano de bien”, en este caso como contramodelo del hombre blanco-mestizo, propietario, trabajador, constructor de “buena familia” y “buenas costumbres”, heredero de privilegios coloniales (piénsese en lo que pretende representar José Félix Lafaurie). La ilegalización de las drogas legitima, por consiguiente, la fascistización de las clases populares, es decir, la persecución del lumpen convertido en elemento criminal del cual dichas clases se quieren alejar para acercarse al ideal de “ciudadano de bien” (por cierto, nunca alcanzado por nadie). No es casual que en los barrios populares aparezcan las mal llamadas operaciones de “limpieza social”, donde no solo se constituye en blanco militar la o el joven convertido en criminal, sino también la o el líder comunitario. En general, puede afirmarse que la lucha contra el microtráfico resulta funcional a la represión y la instalación de una vigilancia permanente sobre las clases populares, no solo por parte de la policía, sino de ellas mismas. La vigilancia permanente no permite eliminar la delincuencia, sino que sirve para que no se vea gravemente trastocado un orden racial y de clase que, a nivel macrológico se condensa en un Estado narco-paramilitar y colonial.

Así como la policía en los Cais resulta funcional al propio microtráfico, es decir, a la reproducción de un lumpen vuelto criminal que legitima la fascistización social, la represión de la diferencia y obtura las alternativas a lo existente, el Estado colombiano es funcional al mercado ilegal del narcotráfico que legitima un orden contrainsurgente donde la vida cotidiana se ve militarizada, donde se reprime y elimina a quienes cuestionan dicho orden y se reproduce un círculo económico vicioso en un contexto de guerra, en el cual los guerreros se ven beneficiados. Para nadie es un secreto que el combate agresivo de las drogas hace de estas un bien escaso y eleva su precio sin nunca eliminarlas. De ahí que la legalización y la sustitución de cultivos sean vistas con sospecha por parte de las oligarquías tradicionales, pero también de ese socius micrológico, imperceptible, que anida en cada barrio. Por otra parte, políticas alternativas a las de la “guerra contra el narco”, que a su vez es una estrategia contrainsurgente en general, empoderan al campesinado pobre y transforman el modo de percibir a ese lumpen urbano tan díscolo, pero también tan necesario, para el sistema de clases.

En este marco resulta urgente escuchar al lumpen, escuchar a esos aparentes vándalos sin miedo ni esperanzas, pero también a las clases populares criminalizadas a partir de los discursos del miedo y del odio a la diferencia. En contraste con el Paro Nacional del 2019, este Paro parece ser menos “orgánico”, más disperso. Ni el Comité del Paro ni mucho menos los políticos profesionales son capaces de representar lo que acontece. El Paro es realmente “nacional” no solo porque pone de manifiesto las contradicciones que atraviesan a Colombia en tanto forma-Estado, sino porque amenaza con rebasar al Estado de diversos modos, abriendo lo que Hakim Bey denominó Zonas Temporalmente Autónomas y con la eventual capacidad para remodelar el orden narco-paramilitar. Nos encontramos, así, frente a la posibilidad de proliferación de nuevos espacios de libertad, justicia social y respeto por la diferencia, pero también ante un pacto histórico que, más que pacto, es el resultante de la condensación de nuevas y viejas relaciones de fuerza en juego.

La figura del Paro Generalizado o la Huelga General tiene, de por sí, antecedentes comunistas libertarios, pero también fascistas. No es casual que un personaje como Georges Sorel condense teóricamente dicha ambivalencia. Sorel aseguraba que las salvajes Huelgas Generales eran suscitadas por fantasías concretas o “mitos” (en suma, afectos) que actuaban sobre un pueblo atomizado y pulverizado. Se suponía que tales huelgas debían rebasar el orden establecido, ponerlo en jaque, por lo que los liderazgos se percibían como un claro impedimento, un llamado a la recuperación o integración. También es sabido que marxistas como Mariátegui o Gramsci vieron la necesidad de organizar esa voluntad colectiva, de canalizarla a través de proyectos orientados al Estado, para lo cual la figura del Partido o semejantes resultan cruciales. La tensión entre la incitación al desborde creativo de la fuerza de la multitud y su canalización a través de líderes (populistas) se prolonga a su vez en autores contemporáneos como Negri y Laclau/Mouffe.

 

 

Sin embargo, aquí no se trata de escoger entre una u otra alternativa teórica, sino de prestarle atención al carácter “nacional” del Paro. Resulta predecible que, incluso desde la izquierda del espectro político, se empiecen a hacer llamados a la moderación (y no me refiero a la violencia, sino a la moderación en cuanto a la proliferación de acciones y la indefinición temporal). También es predecible que emerjan ejércitos de expertos para plantear cuáles deben ser los objetivos del Paro o políticos populistas que intenten canalizar las energías colectivas para sus propios propósitos. Todo esto ignoraría el papel protagónico que hoy tienen las comunidades reprimidas, las clases populares vigiladas y el lumpen criminalizado. De algún modo, el desborde es jalonado por el propio lumpen, por esa no-clase capaz de poner en peligro al sistema de clases. Sin embargo, la línea de fuga puede devenir en línea de abolición que propicie la apertura de un nuevo ciclo de violencia. La cuestión, entonces, radica en unirse a la inteligencia colectiva de las comunidades, las clases populares y el lumpen en movimiento, hacerlo como se pueda y donde se pueda, y, sobre todo, evitar la criminalización característica del orden contrainsurgente o paramilitar y la respuesta violenta funcional a este último.

Escuchemos a nuestro desobediente o insurgente inconsciente colectivo, dejemos que su expresión se condense en nuevas formas políticas diferentes a las tradicionales. Quizá, por ejemplo, el Ubuntu o “Soy porque somos” de Francia Márquez-Mina sea una esperanza a ese nivel, pero, así como ella, hace falta percibir las alternativas emergentes en cada barrio, en cada urbe, en cada vereda, en cada comunidad. Confío en que este análisis, inspirado en la Revolución Molecular deleuzo-guattariana y el neomarxismo, contribuya a contrarrestar el influjo afectivo, el miedo, suscitado por la conspiranoica teoría neonazi de la “Revolución Molecular Disipada”, ¡tan conveniente para el sostenimiento de nuestro Estado narco-paramilitar!

 

11 de mayo 2021.

* Politólogo y Doctor en Filosofía
Docente de la Universidad Nacional de Colombia

 

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Publicado enEdición Nº279
Estado narco-paramilitar, policía, lumpen y Paro Nacional

El actual Paro es, sin lugar a dudas, Nacional, pero no porque cubra la totalidad de un territorio concreto, sino porque increpa directamente al Estado colombiano y su orden narco-paramilitar. El protagonista parece ser, esta vez, el lumpen criminalizado ¿quizá capaz de una “Revolución Molecular”?

El 21 de noviembre del año 2019 se convocó a un Paro Nacional cuyo carácter no fue verdaderamente nacional. Como suele suceder, el protagonismo lo tuvieron la ciudad de Bogotá y el Comité del Paro. Aunque, aprovechando el clima de lo acontecido en otras latitudes, especialmente en Ecuador, se suscitó una movilización importante, el Comité no logró representar a amplios sectores que manifestaron prontamente su inconformidad, lo cual produjo una escisión que contribuyó a disipar las energías colectivas que empezaban a organizarse de manera asamblearia.

Debe sumarse a esta realidad la respuesta estatal que, con ocasión del miedo al “vandalismo generalizado e irracional”, decretó un toque de queda y la militarización de la ciudad. Esta última, aunada a un talante extremadamente autoritario, se mantuvo y prolongó con la aparición de la pandemia de covid-19. Así, las energías colectivas parecían haberse disipado casi por completo o transformado en energías inmunitarias, a saber, volcadas sobre la defensa del individuo y la familia tradicional.

Más de un año después

El pasado 28 de abril, más de un año después, revivió el Paro Nacional, pero, a diferencia del que lo antecedió en el 2019, podría afirmarse que este sí tiene un carácter marcadamente “nacional”. No obstante, lo “nacional” no se encuentra dado por la cobertura de un territorio determinado, ni tampoco porque exprese de manera clara y unificada los diversos intereses asociados a los diferentes sectores que componen el país. Lo “nacional” de este Paro tiene que ver con que abre una serie de interrogantes que comprometen a la forma-Estado colombiana y dejan vislumbrar algo de su complejidad histórica. A su vez, se trata de un Paro con ribetes libertarios, que ponen en cuestión no solo la acción estatal, sino múltiples tipos de autoritarismo que se han convertido en habituales y que ahora, más que nunca, parecen reaccionar con una fuerza inusitada.

El Estado, en tanto forma social, si seguimos a autores como Poulantzas, Jessop, Deleuze/Guattari y Foucault, no es otra cosa que una condensación de condensaciones de relaciones de fuerza o poder. Toda forma social, sea la familia, la escuela, el ejército o cualquier otra, es una condensación de fuerzas variopintas. Esto permite que dichas formas no sean entidades eternas y monolíticas, sino en constante emergencia o reconfiguración. Las fuerzas, que podríamos llamar populares, construyen formas sociales, se cristalizan en estas, pero también las agrietan y desbordan. El Estado, como forma, no solo es una condensación de fuerzas, sino una condensación de condensaciones. Esto explica que sea capaz de regular, directa o indirectamente, dimensiones tan diferentes de la vida social como la educación, la sexualidad, la religión, la alimentación, la salud, etcétera.

Las luchas que acontecen en las diferentes dimensiones y formas sociales repercuten en el Estado, resuenan en este y lo transforman. Las relaciones de fuerza sexuales, religiosas, económicas, y demás, dejan huellas en la forma-Estado, las cuales a veces se manifiestan como garantías contra “abusos de poder”. Piénsese, por ejemplo, en la garantía de respeto sobre el territorio que han, hasta cierto punto, logrado las comunidades campesinas, negras e indígenas. Ahora bien, el Estado no es solo una condensación de condensaciones de fuerzas sino que, al nivel de la formación social en su totalidad (aun cuando se trate siempre de una totalidad abierta), también cumple una función eminentemente estabilizadora. El Estado es, en suma, garante de determinado orden social, de ahí el manido tema weberiano del “monopolio de la fuerza” y la importancia de lo que Althusser llamó “aparatos represivos de Estado”: jueces, cárceles, ejército, policía…

En el caso colombiano, el orden social es uno de carácter contrainsurgente y asociado al narcotráfico. En otros términos, las fuerzas sociales ligadas al narcotráfico y a la contrainsurgencia han modelado el Estado hasta darle, literalmente, una forma narco-paramilitar. El problema, entonces, no es solamente de unos cuantos políticos como Marta Lucía Ramírez o José Obdulio Gaviria (primo de Pablo Escobar), ni de un partido político como el Centro Democrático, pero tampoco de un estilo de gobierno corrupto y sanguinario, sino de un conjunto de relaciones de fuerza condensadas históricamente en un tipo de Estado singular. Existe toda una sociedad en movimiento embebida en la narco-cultura y la contrainsurgencia, pero también una sociedad en movimiento altamente inconforme con las fuerzas hegemónicas. No se trata, sin embargo, de maniqueísmo: los mismos individuos y grupúsculos que cuestionan el orden social pueden rápidamente pasar a defenderlo.


Lo anterior no es teorético. Tras la jornada de movilización del 21 de noviembre del 2019, animados por el miedo a “vándalos” nocturnos, a fantasmas que amenazaban la propiedad privada y la vida cual estado de incertidumbre hobbesiano, las mismas familias y los mismos vecinos que salieron “espontáneamente” con cacerolas a protestar se armaron con bates de béisbol y camisetas blancas para defender su integridad.

No es extraño. En Colombia existe un microfascismo altamente inestable que se relaciona con todo un orden contrainsurgente y que explica, en buena medida, la impunidad del asesinato sistemático de líderes y lideresas sociales, jóvenes, indígenas, comunidades negras y, en suma, de todo aquello que atente contra los denominados “ciudadanos de bien” y su pretendida “civilización”. El problema, pues, es de relaciones de fuerza, pero estas no siempre se presentan entre bandos claramente identificables, sino que son inherentes a las energías sociales que componen, a veces de manera muy contradictoria, un mismo individuo o grupo entero. Tales energías y fuerzas son como el inconsciente de las formas visibles, en particular de la forma-Estado. Se requiere de un buen análisis que vaya más allá del diván y penetre en las prácticas institucionales.

Pensemos, por ejemplo, en la quema de Cais ocurrida entre los días 9 y 10 de septiembre del 2020 y que vuelve a acontecer en el marco del actual Paro Nacional. La pregunta real, en medio de estos sucesos, es ¿qué función policial cumple un CAI?, ¿cómo opera? Suele pensarse que la legalidad y la ilegalidad son cuestiones contrapuestas; no obstante, el análisis del funcionamiento social desmiente rápidamente tal asunción. La defensa del orden y la legalidad tiene un trasfondo de “ilegalismos”. Los Cais, por ejemplo, se han convertido en muchos lugares en verdaderos centros de ilegalidad, donde se cometen torturas, violaciones, robos y, por supuesto, se controla el negocio del microtráfico de drogas haciendo parte de él. La policía reproduce la ilegalidad, pero al mismo tiempo la castiga o reprime. La ilegalidad de la droga y su mercado legitiman a su vez la propia represión de la policía a los sectores más marginales, al llamado lumpen, pero al tiempo reproduce a los marginales en tanto marginales, o mejor, al lumpen en tanto componente inevitablemente criminal.

 

 

De este modo, el sistema de clases se sostiene a partir de la represión de una no-clase: en su mayoría jóvenes pauperizados y racialmente marcados convertidos en criminales, que sirven como contramodelo abyecto del ideal normativo de “ciudadano de bien”, en este caso como contramodelo del hombre blanco-mestizo, propietario, trabajador, constructor de “buena familia” y “buenas costumbres”, heredero de privilegios coloniales (piénsese en lo que pretende representar José Félix Lafaurie). La ilegalización de las drogas legitima, por consiguiente, la fascistización de las clases populares, es decir, la persecución del lumpen convertido en elemento criminal del cual dichas clases se quieren alejar para acercarse al ideal de “ciudadano de bien” (por cierto, nunca alcanzado por nadie). No es casual que en los barrios populares aparezcan las mal llamadas operaciones de “limpieza social”, donde no solo se constituye en blanco militar la o el joven convertido en criminal, sino también la o el líder comunitario. En general, puede afirmarse que la lucha contra el microtráfico resulta funcional a la represión y la instalación de una vigilancia permanente sobre las clases populares, no solo por parte de la policía, sino de ellas mismas. La vigilancia permanente no permite eliminar la delincuencia, sino que sirve para que no se vea gravemente trastocado un orden racial y de clase que, a nivel macrológico se condensa en un Estado narco-paramilitar y colonial.

Así como la policía en los Cais resulta funcional al propio microtráfico, es decir, a la reproducción de un lumpen vuelto criminal que legitima la fascistización social, la represión de la diferencia y obtura las alternativas a lo existente, el Estado colombiano es funcional al mercado ilegal del narcotráfico que legitima un orden contrainsurgente donde la vida cotidiana se ve militarizada, donde se reprime y elimina a quienes cuestionan dicho orden y se reproduce un círculo económico vicioso en un contexto de guerra, en el cual los guerreros se ven beneficiados. Para nadie es un secreto que el combate agresivo de las drogas hace de estas un bien escaso y eleva su precio sin nunca eliminarlas. De ahí que la legalización y la sustitución de cultivos sean vistas con sospecha por parte de las oligarquías tradicionales, pero también de ese socius micrológico, imperceptible, que anida en cada barrio. Por otra parte, políticas alternativas a las de la “guerra contra el narco”, que a su vez es una estrategia contrainsurgente en general, empoderan al campesinado pobre y transforman el modo de percibir a ese lumpen urbano tan díscolo, pero también tan necesario, para el sistema de clases.

En este marco resulta urgente escuchar al lumpen, escuchar a esos aparentes vándalos sin miedo ni esperanzas, pero también a las clases populares criminalizadas a partir de los discursos del miedo y del odio a la diferencia. En contraste con el Paro Nacional del 2019, este Paro parece ser menos “orgánico”, más disperso. Ni el Comité del Paro ni mucho menos los políticos profesionales son capaces de representar lo que acontece. El Paro es realmente “nacional” no solo porque pone de manifiesto las contradicciones que atraviesan a Colombia en tanto forma-Estado, sino porque amenaza con rebasar al Estado de diversos modos, abriendo lo que Hakim Bey denominó Zonas Temporalmente Autónomas y con la eventual capacidad para remodelar el orden narco-paramilitar. Nos encontramos, así, frente a la posibilidad de proliferación de nuevos espacios de libertad, justicia social y respeto por la diferencia, pero también ante un pacto histórico que, más que pacto, es el resultante de la condensación de nuevas y viejas relaciones de fuerza en juego.

La figura del Paro Generalizado o la Huelga General tiene, de por sí, antecedentes comunistas libertarios, pero también fascistas. No es casual que un personaje como Georges Sorel condense teóricamente dicha ambivalencia. Sorel aseguraba que las salvajes Huelgas Generales eran suscitadas por fantasías concretas o “mitos” (en suma, afectos) que actuaban sobre un pueblo atomizado y pulverizado. Se suponía que tales huelgas debían rebasar el orden establecido, ponerlo en jaque, por lo que los liderazgos se percibían como un claro impedimento, un llamado a la recuperación o integración. También es sabido que marxistas como Mariátegui o Gramsci vieron la necesidad de organizar esa voluntad colectiva, de canalizarla a través de proyectos orientados al Estado, para lo cual la figura del Partido o semejantes resultan cruciales. La tensión entre la incitación al desborde creativo de la fuerza de la multitud y su canalización a través de líderes (populistas) se prolonga a su vez en autores contemporáneos como Negri y Laclau/Mouffe.

 

 

Sin embargo, aquí no se trata de escoger entre una u otra alternativa teórica, sino de prestarle atención al carácter “nacional” del Paro. Resulta predecible que, incluso desde la izquierda del espectro político, se empiecen a hacer llamados a la moderación (y no me refiero a la violencia, sino a la moderación en cuanto a la proliferación de acciones y la indefinición temporal). También es predecible que emerjan ejércitos de expertos para plantear cuáles deben ser los objetivos del Paro o políticos populistas que intenten canalizar las energías colectivas para sus propios propósitos. Todo esto ignoraría el papel protagónico que hoy tienen las comunidades reprimidas, las clases populares vigiladas y el lumpen criminalizado. De algún modo, el desborde es jalonado por el propio lumpen, por esa no-clase capaz de poner en peligro al sistema de clases. Sin embargo, la línea de fuga puede devenir en línea de abolición que propicie la apertura de un nuevo ciclo de violencia. La cuestión, entonces, radica en unirse a la inteligencia colectiva de las comunidades, las clases populares y el lumpen en movimiento, hacerlo como se pueda y donde se pueda, y, sobre todo, evitar la criminalización característica del orden contrainsurgente o paramilitar y la respuesta violenta funcional a este último.

Escuchemos a nuestro desobediente o insurgente inconsciente colectivo, dejemos que su expresión se condense en nuevas formas políticas diferentes a las tradicionales. Quizá, por ejemplo, el Ubuntu o “Soy porque somos” de Francia Márquez-Mina sea una esperanza a ese nivel, pero, así como ella, hace falta percibir las alternativas emergentes en cada barrio, en cada urbe, en cada vereda, en cada comunidad. Confío en que este análisis, inspirado en la Revolución Molecular deleuzo-guattariana y el neomarxismo, contribuya a contrarrestar el influjo afectivo, el miedo, suscitado por la conspiranoica teoría neonazi de la “Revolución Molecular Disipada”, ¡tan conveniente para el sostenimiento de nuestro Estado narco-paramilitar!

 

11 de mayo 2021.

* Politólogo y Doctor en Filosofía
Docente de la Universidad Nacional de Colombia

 

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