Primera fila, de izquierda a derecha, en tercer lugar el padre Javier Giraldo acompañando a la Comunidad de Paz

La utilización de acciones jurídicas se constituye en una nueva herramienta para seguir atentando contra los habitantes que conforman la Comunidad de Paz de San José de Apartadó, así lo demuestra la acción de tutela interpuesta por la Brigada XVII del Ejército Nacional contra la Comunidad de Paz, tutela fallada en la Sentencia 327 del 5 de octubre de 2018, mediante la cual pretenden hacer retractar a las comunidades de sus denuncias públicas que evidencian el accionar conjunto entre militares, policías y paramilitares en la región, supuestamente para proteger el buen nombre y la honra de los militares. Vale la pena decir que estas comunidades desde el año 2005 renunciaron a la utilización de los aparatos judiciales del país, pues han vivido en carne propia la ineficiencia de los mismos y, por el contrario, sus miembros han sido amenazados, perseguidos, desplazados y asesinados luego de interponer denuncia judicial.


El padre Javier Giraldo Moreno, representante de la Comunidad de Paz, envió una carta a la Corte Constitucional en la cual defiende el derecho de las comunidades a negarse a obedecer la sentencia de rectificación, argumentando jurídicamente el por qué es legítimo no hacerlo y dejando claro que los elementos jurídicos utilizados por los militares son ilegales, ilegítimos e inconstitucionales. Aquí la carta completa:


Señores Magistrados
SALA DE REVISIÓN CORTE CONSTITUCIONAL

Ref: Exp.: T-7092205, asignado el 28 de enero de 2019
Exp: T-1401460 Seguimiento Sentencia T-1025/07


De toda consideración.

En mi condición de representante de la Comunidad de Paz de San José de Apartadó, habiendo actuado ante esa Honorable Corte en los procesos de revisión que dieron origen a las Sentencias T -249/03, T-327/04, T-1025/07, así como en el seguimiento a esta última y sus Autos consecutivos 164/12, 693/17 y Auto del 7 de septiembre de 2018, y conocedor de la Acción de Tutela interpuesta por la Brigada XVII del Ejército Nacional contra la Comunidad de Paz de San José de Apartadó, fallada en la Sentencia 327 del 5 de octubre de 2018 por la Juez Segunda Promiscua de Apartadó y de la solicitud de su revisión (Exp. T-7092205), asignada a la Sala de Revisión el 28 de enero de 2019 por Insistencia del Defensor Nacional del Pueblo, me permito aportar el siguiente escrito en calidad de AMICUS CURIAE, cuyo contenido puede tenerse en cuenta también para el seguimiento de la Sentencia T-1025/07 (Exp: T-1401460).

La Brigada XVII del Ejército Nacional, con sede en Carepa, Antioquia, solicitó a la Juez de conocimiento de Apartadó proteger los derechos a la honra, al buen nombre y a la intimidad de los militares adscritos a ella y a sus unidades menores, lesionados por las referencias que la Comunidad de Paz hace sobre el comportamiento de los militares en sus comunicados o Constancias Históricas difundidas en su página web. La Brigada solicita que la Comunidad rectifique las informaciones y que allegue a la fiscalía y a la misma Brigada las pruebas de los comportamientos ilícitos de los militares, y la juez acoge su solicitud en la sentencia.

Como la Honorable Corte lo conoce suficientemente, dadas las diversas sentencias emitidas en relación con la Comunidad de Paz de San José de Apartadó y los Autos que han tratado en vano de hacer cumplir las órdenes de sus sentencias y de los autos consecutivos, esta Comunidad de Paz desde el año 2005 renunció a utilizar en su defensa al aparato judicial y a colaborar con él de alguna manera, luego de experimentar durante 8 años que, en lugar de obtener algún acto de justicia y protección, más bien ponía en riesgo a sus miembros, ya que los testigos y declarantes, numerosos en esos primeros años, llegaban a ser estigmatizados, perseguidos, desplazados o asesinados y que, al examinar un buen número de expedientes, se evidenciaban numerosos mecanismos de corrupción e impunidad, como la Comunidad se lo compartió a todas las Altas Cortes en el Derecho de Petición radicado el 19 de enero de 2009. Dicha ruptura con la justicia la Comunidad la fundamentó en el Artículo 18 de la Constitución Nacional, según el cual “nadie puede ser obligado a actuar en contra de su conciencia”. Esto explica que la Comunidad no haya respondido a los requerimientos de la juez de tutela.

Pero fuera del problema procedimental, el cual hay que discernirlo a la luz de la imperatividad del artículo 18 de la Constitución considerado como principio de alta jerarquía constitucional, existen otros elementos jurídicos que hacen ilegal, ilegítima e inconstitucional la pretensión de los militares, los cuales pongo a consideración de la Honorable Corte:

Este litigio pone en juego el derecho a la libre expresión, consagrado en el artículo 20 de la Constitución Nacional. Este derecho fue examinado profundamente en la Sentencia T-1025/07 (referida a la Comunidad de Paz de San José de Apartadó) y hace parte de su núcleo doctrinal de fondo. En la Parte IV de dicha sentencia, donde se aborda la “Revisión por parte de la Corte – Consideraciones y Fundamentos” (No. 12, pag. 79) se afirma: “La libertad de expresión ocupa un lugar preferente en el ordenamiento constitucional colombiano, no sólo por cuanto juega un papel esencial en el desarrollo de la autonomía y libertad de las personas (CP art. 16) y en el desarrollo del conocimiento y la cultura (CP art. 71) sino, además, porque constituye un elemento estructural básico para la existencia de una verdadera democracia participativa (CP arts 1º, 3º y 40). Por ello, en numerosas decisiones, esta Corporación ha destacado la importancia y trascendencia de esta libertad[1], que protege no sólo la facultad de difundir y expresar opiniones e ideas, o libertad de expresión en sentido estricto, sino también la posibilidad de buscar, recibir y difundir informaciones de toda índole, o derecho y libertad de informar y ser informado.”

Si se tiene en cuenta, además, la jurisprudencia internacional sobre el tema, es importante referirse a la Declaración de principios sobre la libertad de expresión, adoptada por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos el 20 de octubre de 2000, donde se establecen estos principios:


(1) “La libertad de expresión, en todas sus formas y manifestaciones, es un derecho fundamental e inalienable, inherente a todas las personas. Es, además, un requisito indispensable para la existencia misma de una sociedad democrática”
(2) “Toda persona tiene el derecho a buscar, recibir y difundir informaciones y opiniones libremente en los términos que estipula el artículo 13 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Todas las personas deben contar con igualdad de oportunidades para recibir, buscar e impartir información por cualquier medio de comunicación sin discriminación, por ningún motivo, inclusive los de raza, color, religión, sexo, idioma, opiniones políticas o de cualquier otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición social”.
(5) “La censura previa, interferencia o presión directa o indirecta sobre cualquier expresión, opinión o información difundida a través de cualquier medio de comunicación oral, escrito, artístico, visual o electrónico, debe estar prohibida por la ley. Las restricciones en la circulación libre de ideas y opiniones, como así también la imposición arbitraria y la creación de obstáculos al libre flujo informativo, violan el derecho a la libertad de expresión”.
(11) “Los funcionarios públicos están sujetos a un mayor escrutinio por parte de la sociedad. Las leyes que penalizan la expresión ofensiva dirigida a funcionarios públicos generalmente conocidas como “leyes de desacato” atentan contra la libertad de expresión y el derecho a la información”.

Por otra parte, hay derechos muy claros consagrados por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 8 de marzo de 1999 (A/RES/53/144), en su Declaración conocida como el compendio de derechos de los Defensores y Defensoras de Derechos Humanos: en su artículo 6 establece el derecho de toda persona, individual o colectivamente: “a publicar, impartir o difundir libremente a terceros opiniones, informaciones y conocimientos relativos a todos los derechos humanos y libertades fundamentales, así como a debatir si esos derechos y libertades fundamentales se observan, tanto en la ley como en la práctica, y a formarse y mantener una opinión al respecto, así como a señalar a la atención del público esas cuestiones por conducto de esos medios y de otros medios adecuados”.

Esta Declaración de la Asamblea General no deja duda alguna respecto al derecho que asiste a la Comunidad de Paz de San José de Apartadó A PUBLICAR Y DIFUNDIR INFORMACIONES QUE PERMITAN DEBATIR SI ESOS DERECHOS SE OBSERVAN O NO, NO SOLO EN LA LEY SINO EN LA PRÁCTICA Y A SEÑALAR A LA ATENCIÓN DEL PÚBLICO ESAS CUESTIONES POR MEDIOS ADECUADOS.

El ejercicio de un derecho como éste, fundamentado tan claramente en la jurisprudencia y la doctrina internacional, obedece también a circunstancias contextuales que es bueno tener en cuenta:

La Comunidad de Paz de San José de Apartadó, desde que tuvo claro que su conciencia ética le impedía colaborar con una “justicia” que no llenaba los mínimos requisitos para llamarse tal, como ampliamente se documentó en el Derecho de Petición a las Altas Cortes del 19 de enero de 2009, buscó caminos alternativos para que los crímenes de que era y sigue siendo víctima no se quedaran en la total impunidad. Su primer camino escogido fue llevar sus casos a tribunales internacionales y así lo hizo acudiendo, tanto a la Comisión y la Corte Interamericanas de Derechos Humanos, como a la Corte Penal Internacional, a la Audiencia Nacional de España y explorando otros espacios de jurisdicción universal, procesos todos que son muy prolongados y demandan costosos requerimientos. Otro camino, que creyó debía ser más expedito, fue el recurso al derecho constitucional de petición ante el Jefe de Estado, esperando que por vía administrativa tomara decisiones exigidas por su condición de garante de derechos, fundamentada en varios artículos de la Constitución Nacional; sin embargo, los numerosos derechos de petición radicados en los despachos de los últimos 4 presidentes, no dieron resultado alguno, pues los presidentes los remitieron siempre a los ministros de defensa, solidarios de la alta oficialidad castrense, los cuales jugaron un papel sistemático de encubrimiento y complicidad, dando respuestas saturadas de evasiones, negaciones y falsedades que permitieron siempre mantener incólumes las estructuras criminales de la región y sin investigación ni sanción alguna a los oficiales responsables de los crímenes. Presidentes y ministros se negaron, además, a suministrar los nombres de los agentes de la fuerza pública que estuvieron presentes en los días, horas y lugares donde fueron perpetrados los crímenes, y desacataron con inflexible contumacia las sentencias y autos de la Corte Constitucional que les ordenó reiteradamente suministrar esos nombres. Un tercer camino que ha sido casi concomitante con la larga existencia de la Comunidad de Paz, ha sido el recurso a la sociedad civil, sin esperar de ella decisiones judiciales sino sólo éticas y políticas, pues se funda en el derecho de la especie humana a conocer el respeto o irrespeto con que los aparatos de Estado tratan la dignidad humana y en el derecho a pronunciarse, a protestar y a defender la vida y los derechos fundamentalmente humanos desde la opinión pública universal; este camino se ha alimentado a través de las Constancias Históricas que se difunden por las redes sociales y que en este caso son el blanco de ataque de las Brigada XVII y de la Juez Segunda Promiscua de Apartadó.

Otro elemento del contexto que vale la pena tener en cuenta es el esfuerzo que ha hecho la Comunidad de Paz para que la administración de justicia pueda regenerarse. Por muchos años la Comunidad clamó para que se constituyera una Comisión de Evaluación de la Justicia, pues su trágica experiencia le fue mostrando que el aparato judicial desconocía la independencia de poderes y que recurría a métodos excesivamente perversos para construir testimonios y pruebas falsas para condenar a inocentes o para absolver a culpables, violando todos los principios rectores de los códigos vigentes y de los tratados internacionales y comprando la complicidad de fiscales, jueces, procuradores, magistrados y defensores. Cuando el líder histórico de la Comunidad, Luis Eduardo Guerra, fue masacrado con su familia el 21 de febrero de 2005, estaba empeñado en conseguir que se constituyera esa Comisión. Gracias al Auto 164/12 de la Corte Constitucional, dicha Comisión se pudo constituir pero sufrió el boicot interno de los funcionarios participantes, llegando a su plazo máximo de funcionamiento sin haber examinado un solo expediente. A la Comunidad le asiste la convicción de que la justicia no puede funcionar rectamente si no se enfrenta ese pasado lleno de podredumbres, tanto para descubrir y establecer correctivos como para purificar su personal, excluyendo y sancionando a quienes la han convertido en un ámbito repugnante del delito, y además para reparar, al menos moralmente, a las víctimas.

En el Auto 693/17, la Corte no insistió en reconstruir la Comisión de Evaluación de la Justicia sino que propuso que los casos de la Comunidad de Paz fueran remitidos a la Jurisdicción Especial de Paz –JEP-. La Comunidad ha examinado a fondo las posibilidades de justicia con que cuenta la JEP y le elevó una consulta documentada a su Presidenta, la cual fue respondida ampliamente en un documento que confirma sus dudas y temores. En primer lugar, la interpretación laxa que está haciendo la JEP del requisito para que un victimario (y consiguientemente sus víctimas) se acojan a ella: el que los hechos estén relacionados “directa o indirectamente con el conflicto armado” o se hayan perpetrado “con ocasión del conflicto”, distorsiona radicalmente las características de los crímenes sufridos por la Comunidad de Paz, cuya identidad esencial consiste justamente en no participar en el conflicto armado ni colaborar ni convivir con ningún actor armado. Si los victimarios de la Comunidad alegan relación alguna con el conflicto para poder acogerse a la JEP, eso solo es posible hacerlo apoyándose en calumnias infames que les hicieron creer que la Comunidad era lo mismo que la guerrilla. Esa infamia distorsiona radicalmente cualquier intento de justicia. Por otra parte, las diversas manipulaciones políticas del Estatuto de la JEP la inhabilitaron para ejercer justicia de acuerdo a los parámetros y normas del Estatuto de Roma: le quitaron la posibilidad de juzgar la responsabilidad de los jefes de Estado, y si algo llega a ser de absoluta evidencia, para quien lea y analice los 87 derechos de petición, con los horrores que allí se describen y los clamores apremiantes a los presidentes para salvar vidas, integridades y derechos de los miembros de la Comunidad y de los campesinos de su entorno, es que los presidentes fueron los máximos responsables del horror, por no atender clamores tan justos y urgentes de las víctimas y por no cumplir deberes tan esenciales de su cargo. La misma Corte Penal Internacional ha venido cuestionando la redacción tergiversada que se le dio a los artículos sobre responsabilidades de mando de los militares, para acomodarlos a una descarada impunidad. Otros artículos perversamente modificados por los poderes políticos han llenado de trabas la tipificación de los crímenes de lesa humanidad y de las prácticas genocidas; las causales de sistematicidad; la incriminación a empresarios, políticos y funcionarios civiles cuyo papel no pocas veces fue determinante de los crímenes y de su impunidad. Todo esto se envuelve en un manto más gigantesco aún de dudas y oscuridades, cuando se percibe la ausencia absoluta en el SIVJRNR de estrategias de No Repetición. La creencia de que dejar intactas las instituciones y las estructuras que permitieron y favorecieron los horrores es “garantizar la no repetición” no es, en absoluto, de recibo. Queda claro que la JEP no es el escenario que pueda hacer mínima justicia a la Comunidad de Paz.

La revisión de esta sentencia de tutela debería abordar, en sana lógica, los factores que han llevado a una comunidad campesina agobiada por los más horrendos crímenes sistemáticos, a limitarse a la reacción más primaria de una víctima: el grito de auxilio ante sus semejantes. Y ese el último atajo elementalmente humano que la Brigada y la juez quieren cerrar en esa sentencia de tutela.

Anexo a este Amicus Curiae el libro “En las entrañas del Genocidio”, que sistematiza el informe de fondo solicitado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en el Caso 12325 y el CD: Anexos al Informe 21 Años de Ignominia, con copias de los procesos desarrollados en 21 años sobre la Comunidad de Paz de San José de Apartadó.

Con toda consideración,


Javier Giraldo Moreno, S. J.
C.C. 3.515.984 Dirección: carrera 5 No. 33-B-02, Bogotá, D. C. Tel: 2456181

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Colombia: Denuncian 128 asesinatos de excombatientes FARC tras Acuerdo de Paz

El director de la Agencia para la Reincorporación y la Normalización de Colombia, Andrés Stapper, reveló este lunes que desde la firma del Acuerdo de Paz fueron asesinados 128 excombatientes de las otrora Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia-Ejército del Pueblo (FARC-EP).


El Gobierno implementó más de 199 esquemas de protección solicitados por colectivos de exguerrilleros de las FARC-EP, dijo el funcionario.


Sus declaraciones ocurrieron a raíz de la conmoción causada en diferentes sectores de la sociedad y, sobre todo, entre los miembros del ahora partido Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común, por el asesinato de un bebé de siete meses de nacido, hijo de un exguerrillero, el pasado domingo.


Stapper condenó el crimen y aseguró que las autoridades iniciaron las investigaciones para dar con los responsables que causaron la muerte al menor al disparar contra sus padres en el departamento La Guajira.


Según versiones de los familiares, el menor habría sido uno de los “bebés de la paz”, porque nació en el Espacio Territorial de Capacitación y Reincorporación Tierra Grata, en Cesar.
Líderes del partido de las FARC y organizaciones defensoras de los derechos humanos se pronunciaron este lunes sobre el asesinato y exigieron garantías al Gobierno para quienes dejaron las armas y se comprometieron con la paz y la reconciliación de Colombia.


El reconocido abogado y defensor de los derechos humanos Alirio Uribe comentó en su perfil de Twitter que “ni los bebés se salvan de los sicarios en Colombia”.
El 24 de noviembre de 2016, en Bogotá, culminaron los diálogos de paz entre el gobierno colombiano encabezado por el expresidente Juan Manuel Santos y las FARC-EP.


(Con información de teleSUR y Prensa Latina)

Publicado enColombia
Trump exhorta a un G-3 nuclear de EU con China y Rusia

Pareciera descabellado imaginar un arreglo nuclear entre las tres superpotencias EU/Rusia/China cuando Trump aprieta las tuercas contra China, en Taiwan (https://bit.ly/2UpRfng), y contra Rusia, desde el Báltico hasta Venezuela (https://bit.ly/2G3JnzV).

En el epílogo de las negociaciones entre EU y China para finiquitar la deslactosada "guerra comercial" de Trump, el presidente de EU se ha re-energizado con el final feliz del alucinógeno Rusiagate, cuyo corolario en México fue la hilarante y delirante "trama rusa" (https://bit.ly/2Ux9Qh2).

El mandarín Xi llegaría a su planeada cumbre con Trump en cuatro semanas con un triunfo regional de impacto global: su acercamiento con Europa y la incrustación de Italia a las Tres Rutas de la Seda (https://bit.ly/2YOaeag), mientras Trump se despoja de la lápida doméstica del Rusiagate que le permite suspirar por su relección y empujar su pugnaz agenda tanto contra Irán, para beneficiar a Israel, como contra los débiles del planeta: desde los mexicanos hasta los palestinos.

Son niveles diferentes cuando nada se asemeja a la confrontación nuclear donde Trump hizo una declaración inesperada, en presencia del viceprimer ministro chino Liu He, que apela a un G-3 nuclear de EU con Rusia y China: "Entre Rusia, China y nosotros, estamos dilapidando miles de millones de dólares en armas, incluyendo las nucleares, lo cual es ridículo (sic)". Agregó: “pienso que es mucho mejor si nos arreglamos y no fabricamos estas armas (…) estos tres (sic) países pienso pueden juntarse y frenar el dispendio y así gastar en cosas que son más productivas hacia una paz de largo plazo”. El viceprimer ministro Liu He festejó la propuesta de Trump como una "muy buena idea".

Llama la atención que Sputnik diera a conocer la sorprendente declaración de Trump, frente al silencio estruendoso de los multimedia de Occidente, y recalca su comentario sobre la "responsabilidad global (sic) de Washington y Pekín" cuando el acuerdo comercial de China y EU sería una "cosa (sic) tremenda para el mundo" (https://bit.ly/2KfRDRt).

Esa es justamente la cosmogonía del mandarín Xi, quien envió una carta a Trump sobre la necesidad de preservar la "estabilidad estratégica global" que rebasa el vulgar reduccionismo comercial y pone en tela de juicio el proteccionismo unilateral (https://bit.ly/2YVQMZa).

Llamó aún más la atención el título de Russia Today sobre la aprobación de China a la declaración pacifista de Trump (https://bit.ly/2VqOlMb).

La propuesta de Trump suena muy atractiva para los genuinos pacifistas y los abolicionistas de las letales armas nucleares: invertir en la paz en lugar de gastar en armas.

El grave escollo radica en los intereses del complejo militar industrial de EU, que si bien acepta a regañadientes el ascenso geoestratégico y militar de Rusia y China –que mantienen una "asociación estratégica" cuya envergadura y alcances secretos se desconocen, pero se infieren– no se ve cómo acepte un recorte del gasto militar nuclear sin que afecte sus ganancias misántropas.

¿Qué le habrá querido decir entre líneas el mandarín Xi en su carta a Trump sobre la "estabilidad estratégica global"?

¿Habrá insinuado Xi un mayor acercamiento con Rusia para defenderse de las jeremiadas bélicas de Trump?

Tres días antes a la pasmosa declaración pacifista de Trump, el mandarín Xi había exhortado públicamente a EU a colaborar con China "para ayudar a estabilizar y a reducir la incertidumbre en los asuntos globales" de las que forman parte las negociaciones para finiquitar la "guerra comercial" que propinó Trump a China: "como grandes países, nuestra relación uno con el otro pueden tener un gran impacto en la estabilidad estratégica global y todos debemos apuntalar nuestras responsabilidades especiales con el mundo".

Trump y el mandarín Xi coinciden sobre su "responsabilidad global", pero asombra mucho más que el presidente de EU exhorte a un "G-3 nuclear" con Rusia y China.

Trump acepta tácitamente la "estabilidad estratégica global" que propone el mandarín Xi, mientras Rusia toma nota, sin oponerse.

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Publicado enInternacional
Lunes, 01 Abril 2019 08:40

Insaciables

Insaciables

Existe consenso en amplios sectores sociales acerca de que la negociación de paz firmada entre las Farc y el Estado colombiano –así el actual gobierno asegure en algún momento que eso le corresponde y obliga al que le antecedió, como dice de todo acuerdo heredado– es lo más contradictorio que un sector de izquierda pueda mostrar en este país. Mucho más uno que optó por las armas como método supremo para confrontar el orden de cosas existente.

Contradictorio, pues el acuerdo, tras años de negociación, fue firmado no una sino dos veces, y la segunda (en el Colón) implicó cambios notorios con respecto a lo firmado en una primera ocasión y protocolizado en Cartagena. Luego de ello, el mismo acuerdo fue sometido a un conjunto de reformas en el Congreso de la República, lo cual debió de ruborizar, por lo menos, a la dirigencia de la extinta guerrilla.

Contradictorio, toda vez que los otrora insurgentes firmaron a riesgo de que el Estado colombiano no cumpliera, como lo sospechaba el fundador y máximo líder de este ejército insurgente, Manuel Marulanda, por lo cual en alguna ocasión recomendaba postergar diez años la entrega de armas, como prenda de garantía para el cumplimiento de lo acordado. Olvidando el consejo del “viejo zorro”, además de cerrar los ojos ante las lecciones de la historia, las entregaron y Clío, aquella musa griega, volvió por sus fueros.
Contradictorio, ya que, a pesar de más de cinco décadas de discursos radicales y prácticas persistentes en pos de la toma del poder, terminaron rindiéndose, pues lo que recibieron a cambio le salió barato al establecimiento, tanto que nada tuvo que reformar de su estructura estatal en lo económico, lo político, lo militar, etcétera, y en cambio la contraparte aceptó la Constitución de su otrora enemigo, así como la estructura estatal por éste organizada.

Contradictorio, en tanto que los insurgentes aceptaron someter a un plebiscito lo negociado y acordado en La Habana, borrando, tras el resultado obtenido, cinco años de diálogo y negociación.

Contradictorio, además, pues tras la primera y la segunda firmas se han encontrado con una clase política que se apoya en sectores del poder económico, así como con ‘aliados’ internacionales que no renuncian a tratar a la fuerza política surgida de los acuerdos como la peor de las pestes conocidas y, sin embargo, y a pesar de los recursos dialécticos que se supone que debieran utilizar sus voceros, no atinan a adelantar una contraofensiva que recupere la dignidad que, igualmente se supone, les corresponde.
En fin, son tantos los sinsentidos y las anomalías de lo que adelantaron y ahora esperan que el establecimiento cumpla, que una parte de ellos –sin saberse con exactitud cuántos– terminó regresando al monte. Es decir, es tan contradictorio lo firmado, que la paz se esfumó y la guerra continúa. Es un grave suceso del que tal vez una parte significativa del país nacional no se ha enterado o sobre lo cual no ha meditado en sus implicaciones, suceso que se torna en uno de los mejores resultados obtenidos por quienes se han valido de las Farc para consolidar su dominio social, a la par de justificar el paramilitarismo y el terrorismo de Estado. Así es porque prolongar la existencia de ese “enemigo interno” les permite mantener su dominio entre amplios sectores sociales que sindican a las Farc de procederes, prácticas y crímenes que nada tienen que ver con un proyecto sustentado éticamente, en pos de otra sociedad, una diferente de la conocida durante dos siglos de existencia nacional.
Conscientes de ello, el sector que hoy controla el gobierno nacional prosigue en su afán liquidador de los acuerdos, en esta ocasión mediante la desestructuración de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP). Se valen para ello de la esperanza y el dolor de las víctimas, así como del odio que un amplio sector de nuestra sociedad profesa contra la guerrilla en general y la fariana en particular.

Por tanto, alegar la ‘necesaria’ reforma de la JEP, como lo hizo el presidente Duque el pasado 10 de marzo, no es más que continuar por la senda de manipular a la sociedad colombiana, al tiempo que atizar las brasas aún no apagadas de la guerra que por décadas ha cubierto al país.

Se trata de un alegato servido de las palabras políticamente correctas: “[Estamos ante] “una oportunidad –dijo el Presidente– que nos permita encontrar un camino para enfocarnos en lo que nos une y no en lo que nos divide” […] Los colombianos queremos y necesitamos una paz que nos una y todos debemos contribuir de manera permanente para lograr ese objetivo”, para luego decir que esta Justicia “no establece de manera clara la obligación principal de los victimarios de reparar íntegramente a las víctimas”.

Pero, además, se expresa la falsa preocupación por la impunidad que pueda cubrir los crímenes de lesa humanidad en relación con quienes no son máximos responsables, al igual que la manera como se llevaría a cabo la suspensión de posibles extraditables porque “esto produce un incentivo perverso para el ingreso a la JEP de terceros bajo el ropaje de supuestos ofrecimientos de verdad”, y otras supuestas inquietudes a través de las cuales lo que se pretende es tergiversar y manipular lo ya estipulado en los acuerdos de La Habana, con su firma de Cartagena y del Teatro Colón, que precisaron con claridad –o en reglamentaciones derivadas del mismo– lo ahora esgrimido por Duque. De ahí que la ‘preocupación’ por estos y otros motivos expresados en aquella alocución nacional no sea más que la pretensión de seguir peluqueando lo firmado, hasta barrer el piso de este extenso país con los exguerrilleros.

Tras estos despropósitos, “llenos de buenas intenciones”, dos objetivos alcanzan a sobresalir en la maniobra oficial: 1. Lograr que el ambiente nacional, en año de comicios, quede centrado en el tema Farc, comodín para continuar explotando la animadversión ya anotada que siente una parte de la sociedad contra los desmovilizados guerrilleros, en esta ocasión para obtener un resultado electoral que le permita a lo más retardatario del país político mantener su poder territorial, incluso ampliándolo. 2. Impedir que los militares –la oficialidad– paguen extensas condenas, y lo poco que tenga que resarcir con encierro sea en sitios ‘seguros’, así como impedir que sus declaraciones se den en espacios no controlados por los adeptos de estas maniobras, impidiendo así que el dedo índice de muchos de ellos señale a quien desde hace décadas carga con el inri de inspirador, promotor y protector de las fuerzas que ocasionaron centenares de crímenes a lo largo y ancho del país, entre ellos los más abyectos de que tengan memoria los colombianos: los mal llamados falsos positivos, masacres de decenas en diversidad de veredas y corrregimientos, el despojo del pedazo de tierra de la que vivían los pobres del campo y su desplazamiento hacia las ciudades del interior del país, etcétera.

En el curso de la campaña electoral que lo llevó a la presidencia del país, Duque anunció que, si salía elegido, haría trizas los acuerdos de paz, declaración que luego matizó, no así el partido al cual pertenece. Es esa una de las pocas promesas que ha cumplido. Pero no solo la paz firmada sino también la posible con el Eln, llevado a la imposibilidad de una negociación que no lo es, pues, para encadenarla, tiene que renunciar a todo, además de concentrarse en un sitio preestablecido. Paz marchita y guerra en curso que en días recientes estuvo propiciando con el hermano siamés, arriesgando con sus maniobras, estimuladas desde Washington, la vida de miles de miles de connacionales, así como la posible destrucción de nuestro país.

Dice una máxima que el buen gobernante es aquel que procura y logra la felicidad de sus gobernados. Todo parece indicar que con Duque estamos lejos de ella.

 

Publicado enEdición Nº255
Domingo, 31 Marzo 2019 11:34

Insaciables

Insaciables

Existe consenso en amplios sectores sociales acerca de que la negociación de paz firmada entre las Farc y el Estado colombiano –así el actual gobierno asegure en algún momento que eso le corresponde y obliga al que le antecedió, como dice de todo acuerdo heredado– es lo más contradictorio que un sector de izquierda pueda mostrar en este país. Mucho más uno que optó por las armas como método supremo para confrontar el orden de cosas existente.

Contradictorio, pues el acuerdo, tras años de negociación, fue firmado no una sino dos veces, y la segunda (en el Colón) implicó cambios notorios con respecto a lo firmado en una primera ocasión y protocolizado en Cartagena. Luego de ello, el mismo acuerdo fue sometido a un conjunto de reformas en el Congreso de la República, lo cual debió de ruborizar, por lo menos, a la dirigencia de la extinta guerrilla.

Contradictorio, toda vez que los otrora insurgentes firmaron a riesgo de que el Estado colombiano no cumpliera, como lo sospechaba el fundador y máximo líder de este ejército insurgente, Manuel Marulanda, por lo cual en alguna ocasión recomendaba postergar diez años la entrega de armas, como prenda de garantía para el cumplimiento de lo acordado. Olvidando el consejo del “viejo zorro”, además de cerrar los ojos ante las lecciones de la historia, las entregaron y Clío, aquella musa griega, volvió por sus fueros.
Contradictorio, ya que, a pesar de más de cinco décadas de discursos radicales y prácticas persistentes en pos de la toma del poder, terminaron rindiéndose, pues lo que recibieron a cambio le salió barato al establecimiento, tanto que nada tuvo que reformar de su estructura estatal en lo económico, lo político, lo militar, etcétera, y en cambio la contraparte aceptó la Constitución de su otrora enemigo, así como la estructura estatal por éste organizada.

Contradictorio, en tanto que los insurgentes aceptaron someter a un plebiscito lo negociado y acordado en La Habana, borrando, tras el resultado obtenido, cinco años de diálogo y negociación.

Contradictorio, además, pues tras la primera y la segunda firmas se han encontrado con una clase política que se apoya en sectores del poder económico, así como con ‘aliados’ internacionales que no renuncian a tratar a la fuerza política surgida de los acuerdos como la peor de las pestes conocidas y, sin embargo, y a pesar de los recursos dialécticos que se supone que debieran utilizar sus voceros, no atinan a adelantar una contraofensiva que recupere la dignidad que, igualmente se supone, les corresponde.
En fin, son tantos los sinsentidos y las anomalías de lo que adelantaron y ahora esperan que el establecimiento cumpla, que una parte de ellos –sin saberse con exactitud cuántos– terminó regresando al monte. Es decir, es tan contradictorio lo firmado, que la paz se esfumó y la guerra continúa. Es un grave suceso del que tal vez una parte significativa del país nacional no se ha enterado o sobre lo cual no ha meditado en sus implicaciones, suceso que se torna en uno de los mejores resultados obtenidos por quienes se han valido de las Farc para consolidar su dominio social, a la par de justificar el paramilitarismo y el terrorismo de Estado. Así es porque prolongar la existencia de ese “enemigo interno” les permite mantener su dominio entre amplios sectores sociales que sindican a las Farc de procederes, prácticas y crímenes que nada tienen que ver con un proyecto sustentado éticamente, en pos de otra sociedad, una diferente de la conocida durante dos siglos de existencia nacional.
Conscientes de ello, el sector que hoy controla el gobierno nacional prosigue en su afán liquidador de los acuerdos, en esta ocasión mediante la desestructuración de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP). Se valen para ello de la esperanza y el dolor de las víctimas, así como del odio que un amplio sector de nuestra sociedad profesa contra la guerrilla en general y la fariana en particular.

Por tanto, alegar la ‘necesaria’ reforma de la JEP, como lo hizo el presidente Duque el pasado 10 de marzo, no es más que continuar por la senda de manipular a la sociedad colombiana, al tiempo que atizar las brasas aún no apagadas de la guerra que por décadas ha cubierto al país.

Se trata de un alegato servido de las palabras políticamente correctas: “[Estamos ante] “una oportunidad –dijo el Presidente– que nos permita encontrar un camino para enfocarnos en lo que nos une y no en lo que nos divide” […] Los colombianos queremos y necesitamos una paz que nos una y todos debemos contribuir de manera permanente para lograr ese objetivo”, para luego decir que esta Justicia “no establece de manera clara la obligación principal de los victimarios de reparar íntegramente a las víctimas”.

Pero, además, se expresa la falsa preocupación por la impunidad que pueda cubrir los crímenes de lesa humanidad en relación con quienes no son máximos responsables, al igual que la manera como se llevaría a cabo la suspensión de posibles extraditables porque “esto produce un incentivo perverso para el ingreso a la JEP de terceros bajo el ropaje de supuestos ofrecimientos de verdad”, y otras supuestas inquietudes a través de las cuales lo que se pretende es tergiversar y manipular lo ya estipulado en los acuerdos de La Habana, con su firma de Cartagena y del Teatro Colón, que precisaron con claridad –o en reglamentaciones derivadas del mismo– lo ahora esgrimido por Duque. De ahí que la ‘preocupación’ por estos y otros motivos expresados en aquella alocución nacional no sea más que la pretensión de seguir peluqueando lo firmado, hasta barrer el piso de este extenso país con los exguerrilleros.

Tras estos despropósitos, “llenos de buenas intenciones”, dos objetivos alcanzan a sobresalir en la maniobra oficial: 1. Lograr que el ambiente nacional, en año de comicios, quede centrado en el tema Farc, comodín para continuar explotando la animadversión ya anotada que siente una parte de la sociedad contra los desmovilizados guerrilleros, en esta ocasión para obtener un resultado electoral que le permita a lo más retardatario del país político mantener su poder territorial, incluso ampliándolo. 2. Impedir que los militares –la oficialidad– paguen extensas condenas, y lo poco que tenga que resarcir con encierro sea en sitios ‘seguros’, así como impedir que sus declaraciones se den en espacios no controlados por los adeptos de estas maniobras, impidiendo así que el dedo índice de muchos de ellos señale a quien desde hace décadas carga con el inri de inspirador, promotor y protector de las fuerzas que ocasionaron centenares de crímenes a lo largo y ancho del país, entre ellos los más abyectos de que tengan memoria los colombianos: los mal llamados falsos positivos, masacres de decenas en diversidad de veredas y corrregimientos, el despojo del pedazo de tierra de la que vivían los pobres del campo y su desplazamiento hacia las ciudades del interior del país, etcétera.

En el curso de la campaña electoral que lo llevó a la presidencia del país, Duque anunció que, si salía elegido, haría trizas los acuerdos de paz, declaración que luego matizó, no así el partido al cual pertenece. Es esa una de las pocas promesas que ha cumplido. Pero no solo la paz firmada sino también la posible con el Eln, llevado a la imposibilidad de una negociación que no lo es, pues, para encadenarla, tiene que renunciar a todo, además de concentrarse en un sitio preestablecido. Paz marchita y guerra en curso que en días recientes estuvo propiciando con el hermano siamés, arriesgando con sus maniobras, estimuladas desde Washington, la vida de miles de miles de connacionales, así como la posible destrucción de nuestro país.

Dice una máxima que el buen gobernante es aquel que procura y logra la felicidad de sus gobernados. Todo parece indicar que con Duque estamos lejos de ella.

 

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Sábado, 30 Marzo 2019 06:17

Terrorismo, un concepto vacío

Terrorismo, un concepto vacío

Los criminales ataques contra dos mezquitas de Nueva Zelanda, si bien han sido ampliamente condenados, han suscitado también vivas polémicas en las redes sociales, pues ciertos responsables políticos, determinados media e intelectuales calificaban a regañadientes a Brenton Tarrant, el autor de la masacre, como terrorista. 

Numerosos comentaristas han subrayado que tal timidez no aparecía jamás cuando se trataba de calificar al responsable musulmán de este tipo de acciones sanguinarias.


Sin embargo, más allá de estos justificados reproches que señalan a la islamofobia dominante en Occidente, habría que reflexionar sobre el término terrorismo, que se ha vuelto de uso tan corriente que ya nadie se pregunta verdaderamente sobre su significado y que parece ser utilizado para desacreditar toda violencia de carácter político.


Desacreditar a los movimientos de liberación nacional


Un pequeño repaso histórico permite sin embargo aclarar el debate. El calificativo de terrorista se ha aplicado a grupos muy diferentes, cuyas ideologías políticas cubren un amplio espectro que va desde la extrema derecha a la extrema izquierda: desde grupúsculos fascistas italianos de los años 1970 a los Tigres tamiles, pasando por el Ejército Republicano Irlandés (IRA) o la organización separatista vasca ETA. Ponerles en el mismo saco resulta una simplificación primaria.


Para comprender las razones de su acción, hay que estudiar concretamente la situación en la que se han desarrollado; ninguno se reclama del terrorismo o hace del terrorismo su objetivo, al contrario que el comunismo, el fascismo, los nacionalismos, que tienen proyectos claramente reivindicados.


En los años 1950-1960, el calificativo de terrorista se agitó muy frecuentemente para denunciar a los movimientos de liberación nacional, desde el Frente de Liberación Nacional argelino a la Organización de Liberación de Palestina (OLP), pasando por el Congreso Nacional Africano (ANC).


Recordemos que estos dos últimos grupos fueron denunciados como terroristas por Ronald Reagan, Margaret Thatcher y, por supuesto, las y los dirigentes israelíes, cuyo país colaboraba estrechamente con el África del Sur del apartheid.


Ahora bien, todos esos ejemplos han probado que terroristas de ayer son a menudo gobernantes de mañana. ¿El gobierno británico no calificó de terroristas a los grupos sionistas en los años 1940, antes de crear el Estado de Israel?


El arma de los débiles


En el mejor de los casos, se puede inscribir el terrorismo en la lista de los medios militares. Y, muy a menudo, es el arma de los débiles.
Figura brillante de la revolución argelina, detenido por el ejército francés en 1957, Larbi Ben M’hidi, jefe de la región autónoma de Argel, fue interrogado sobre la razón por la que el FLN depositaba bombas, ocultas en el fondo de capazos, en los cafés o en los lugares públicos. “Si nos dan sus aviones, les daremos nuestros capazos”, respondió a sus torturadores, que le asesinarían fríamente unos días más tarde.


La desproporción de medios entre una guerrilla y un ejército regular provoca una desproporción del número de víctimas.


Si se debe considerar como terroristas a Hamas y sus aliados por haber matado a tres civiles durante la guerra de Gaza en el verano de 2014, ¿cómo habría que calificar al Estado de Israel que, según las estimaciones más bajas (las del propio ejército israelí), masacró entre 800 y 1000 personas, entre ellas un gran número de niños y niñas?


Reducir la lucha a un enfrentamiento entre el Bien y el Mal


El uso del término terrorista tomó una nueva dimensión con el lanzamiento de la guerra contra el terrorismo por George W. Bush tras el 11 de septiembre de 2001.
Denunciando a los responsables de los ataques, el presidente americano declaró ante el Congreso americano: “Odian lo que ven en esta asamblea, un gobierno democráticamente elegido. Sus dirigentes se designan ellos mismos. Odian nuestras libertades: nuestra libertad religiosa, nuestra libertad de palabra, nuestra libertad de votar y de reunirnos, de estar en desacuerdo unos con otros”.


Se trataba por tanto, en particular en Próximo Oriente, de emprender una guerra de civilización contra grupos que amenazarían el modo de vida occidental.


El problema del concepto de guerra contra el terrorismo es que dispensa de todo análisis político y reduce la lucha a un enfrentamiento entre el Bien y el Mal. Si los terroristas están movidos fundamentalmente por su odio a la libertad occidental, es inútil preguntarse sobre las razones por las que esos grupos se han desarrollado, sus motivaciones, sus objetivos.
De ese modo se puede poner en la misma categoría a Hamas y a Al Qaeda, a Hezbolá y el grupo Estado Islámico (EI). Con el riesgo de caer en algunas contradicciones sobre las que no se hacen muchas preguntas: así, Occidente incluyó al Partido de los Trabajadores del Kurdistán (PKK) de Turquía en la lista de las organizaciones terroristas, pero para oponerse al Estado Islámico ayuda militarmente a las Unidades de Protección del Pueblo (YPG), el brazo armado de su rama siria.


Una guerra contraproductiva


Diecisiete años después del 11 de septiembre, se puede medir el fracaso de esa guerra contra el terrorismo, por no hablar de su coste financiero o del terrible balance humano.
Implicados en Afganistán en el conflicto más largo de toda su historia, Estados Unidos se preparan para abandonar ese país cediendo el poder a los talibanes (sin embargo calificados de terroristas), que quisieron derrocar pero que prefieren al Estado Islámico, ya sólidamente implantado en el país.


Es verdad que en Irak el Estado Islámico ha sido aplastado, pero no es inútil recordar que en el momento de la invasión americana de 2003 Al Qaeda no existía en Irak y que el Estado Islámico no habría aparecido nunca sin la guerra americana. Y que, incluso vencido militarmente, el Estado Islámico conserva fuertes bases políticas. Pero sobre todo, la región jamás ha sido tan inestable, tan dividida, tan violenta.


Así pues, el uso de la expresión guerra contra el terrorismo ha permitido prescindir de cualquier análisis político o intento de comprender las causas reales de la inestabilidad. Ha permitido ignorar las consecuencias de las políticas occidentales en Palestina o en Irak que, sin embargo, han hecho bastante más para reforzar el terrorismo que la llamada ideología islamista radical.


¿Se piensa verdaderamente que el reciente reconocimiento de Jerusalén como capital de Israel y de la soberanía israelí sobre el Golán sirio por la administración Trump contribuirá a reducir la violencia en la región?


Hay que repetirlo: la resolución de los problemas políticos es la única capaz de reducir las tensiones y de cortar la hierba bajo los pies de los llamados grupos radicales.


Pero, ¿cómo calificar entonces los actos criminales como los ataques contra civiles con fines políticos? ¿Hay que banalizarlos? El derecho internacional contiene conceptos como crímenes de guerra, crímenes contra la humanidad, genocidios, que permiten calificar esas acciones y también hacer avanzar la idea de una justicia internacional.


Pero también hay que ser claro. Si grupos como Al Qaeda y el Estado Islámico remiten a la justicia internacional, también se tendría que poder llevar ante los tribunales a los dirigentes políticos (y no solo africanos) responsables de crímenes de guerra y de crímenes contra la humanidad en Irak, en Siria o en Palestina.


Alain Gresh es el director del diario en línea Orient XX (https://orientxxi.info). Antiguo redactor jefe de Le Monde Diplomatique, es autor de numerosos trabajos, entre ellos Un chant d’amour. Israël-Palestine, une histoire française, avec Hélène Aldeguer (La Découverte).

Por Alain Gresh
Middle East Eye

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La violencia aumenta en varias regiones de Colombia, alerta Cruz Roja

El Comité Internacional de la organización señala el deterioro de la situación humanitaria tras la firma del acuerdo de paz

En Colombia aún no puede hablarse de posconflicto. Dos años y medio después de haber sellado la paz con los rebeldes de las FARC, persisten complejos desafíos humanitarios y la situación incluso se ha deteriorado en muchas de las regiones más remotas e históricamente marginadas, alertó el Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) al entregar este jueves las “preocupantes” conclusiones de su balance anual. A pesar del desarme de la que fue la guerrilla más poderosa del continente -hoy convertida en partido político con representación en el Congreso-, la población civil sufre la presencia de otros grupos armados y se siguen presentando asesinatos selectivos, reclutamiento de menores, desplazamientos masivos y personas desaparecidas


“La situación es ahora más compleja que en el momento de la firma del acuerdo de paz con las FARC-EP. Varios departamentos del país han experimentado un claro deterioro de la situación humanitaria, a lo que se unen las dinámicas conflictivas en las fronteras y la extrema vulnerabilidad de los migrantes que llegan a Colombia”, señaló Christoph Harnisch, jefe de la delegación del CICR, que cumple 50 años operando sobre el terreno en el país andino. La población civil en muchos territorios todavía no siente los beneficios del pacto sellado a finales de 2016, y de hecho todos los indicadores humanitarios tuvieron una tendencia negativa durante el año pasado.


Luego de la salida de las otrora Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia de las zonas donde estaban dejaron un vacío de poder, un poder que no conocía un reemplazo, y en ese entorno donde abundan las economías ilegales se crearon dinámicas conflictivas en las que la población civil quedó completamente desprotegida, explicó el jefe de la delegación. En la costa pacífica y amplías regiones del oriente y sur del país no llegó la respuesta estatal, “no hubo esfuerzos suficientemente decididos para traer a estas zonas lo que se llama ley y orden”, o tan siquiera los servicios más básicos. El horizonte de esperanza ha dado paso a un presente de incertidumbre. “La vida en estas zonas es hoy más difícil y tienen un sentimiento de abandono”, apuntó Harnisch.


Aunque el conflicto con las FARC ya terminó, todavía siguen activos diversos grupos armados, con estructuras menos claras y más fracturadas. Para el CICR persisten al menos cinco conflictos armados no internacionales actualmente en Colombia. Cuatro son entre el Gobierno y algún actor armado: el Ejército de Liberación Nacional (ELN), el Ejército Popular de Liberación (EPL), las llamadas Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC) y las antiguas estructuras del Bloque Oriental de las FARC que no se acogieron al proceso de paz. El quinto –que se incluyó en 2018- es el enfrentamiento entre el ELN y el EPL que ha sacudido la región del Catatumbo, en el departamento nororiental de Norte de Santander, fronterizo con Venezuela.


Las cifras disparan las alarmas. El número de personas afectadas por desplazamientos masivos aumentó 90% entre 2017 y 2018, de 14.594 a 27.780. Y las víctimas de minas antipersonal y de artefactos explosivos también se dispararon de 57 a 221 personas el año pasado. Todos los actores armados están utilizando con mayorintensidad estos artefactos explosivos, con consecuencias para comunidades que no pueden moverse, como ha ocurrido en el Chocó y el norte del Cauca, en el occidente del país.

La desaparición también preocupa. Esclarecer el destino de los desaparecidos y apoyar a sus familiares es otra de las misiones esenciales del CICR en Colombia, donde según el Centro Nacional de Memoria Histórica hubo más 80.000 casos, una dimensión superior a todas las dictaduras sumadas del Cono Sur. El acuerdo de paz contempla, como parte del Sistema Integral de Verdad, Justicia y Reparación, una Unidad de Búsqueda de Personas Dadas por Desaparecidas. Sin embargo, la desaparición sigue siendo utilizada para crear entornos de miedo, y durante el año pasado el CICR ha documentado un nuevo caso cada cuatro días.


¿Cuáles son los correctivos necesarios? “Lo que hay que cambiar es que la respuesta no puede ser de seguridad solamente, debe ser una respuesta de todo el Estado”, fue el mensaje del jefe del CICR en Colombia a los líderes políticos encargados de tomar decisiones. “Hay que reflexionar y cambiar prioridades”.


Más de medio siglo de conflicto armado deja más de ocho millones de víctimas entre muertos, desaparecidos y desplazados. A los formidables desafíos humanitarios se suma la llegada masiva de migrantes venezolanos, que probablemente se agravará a lo largo de este año. Los migrantes, expuestos a extorsiones, reclutamiento o violencia sexual, enfrentan riesgos crecientes especialmente en zonas afectadas por la violencia armada. “La coexistencia entre migración y conflicto es una ecuación complicada que, sin duda, expone a personas extremadamente vulnerables a una violencia que ningún ser humano debería sufrir”, apuntó Harnish.

Por Santiago Torrado
Bogotá 28 MAR 2019 - 18:06 CO

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La luz verde de Trump a Israel: primero los Altos del Golán, ¿luego Cisjordania?

Cuando el presidente Donald Trump mudó la embajada de Estados Unidos al Jerusalén ocupado el año pasado, saboteando así cualquier esperanza de establecer un Estado palestino viable, hizo saltar en pedazos el libro de normas internacionales.

 La semana pasada se dedicó a pisotear las páginas destrozadas. Lo hizo, por supuesto, vía Twitter.

En referencia a una larga franja de territorio sirio que Israel anexó en 1967, Trump escribió: “Después de 52 años, es hora de que Estados Unidos reconozca la soberanía de Israel sobre los Altos del Golán, algo de importancia estratégica crítica para el Estado de Israel y la estabilidad regional”.


Israel expulsó a 130 mil sirios de los Altos del Golán en 1967, durante la guerra de los Seis Días, y catorce años después anexó el territorio –en violación del derecho internacional–. Una pequeña población de drusos sirios es la única sobreviviente de esa operación de limpieza étnica.


Replicando sus actuaciones ilegales en los territorios palestinos ocupados, Israel inmediatamente estableció colonos judíos y emprendimientos comerciales en el Golán.
Hasta ahora, ningún país había reconocido ese acto de pillaje. En 1981, los miembros de la Onu, incluido Estados Unidos, declararon “nulos” los esfuerzos israelíes por cambiar el estatus del Golán.


En los últimos meses, sin embargo, el primer ministro israelí, Biniamin Netaniahu, comenzó a intensificar los esfuerzos para destruir ese consenso y ganar para su causa al único superpoder mundial.


Fue movido a actuar cuando Bashar Al Assad –con la ayuda de Rusia– empezó a revertir de forma decisiva las pérdidas territoriales sufridas por el gobierno de Siria durante la guerra que afecta a ese país desde hace ocho años.


Los combates atrajeron a una multitud de otros actores. El propio Israel usó el Golán como base desde la que lanzar operaciones encubiertas para asistir a los oponentes de Assad en el sur de Siria, incluyendo a combatientes del Estado Islámico. Irán y la milicia libanesa Hizbolá, entretanto, intentaron limitar el margen de maniobra de Israel actuando en nombre del líder sirio.


La presencia cercana de Irán fue el pretexto usado por Netaniahu para que Israel tomara posesión permanente de la zona, calificándola como una barrera vital contra los esfuerzos iraníes en pos de “usar Siria como una plataforma para destruir Israel”.


Previamente, cuando Assad perdía terreno frente a sus enemigos, el líder israelí hizo un alegato diferente. Entonces, sostuvo que Siria se estaba rompiendo en pedazos y que su presidente nunca estaría en posición de reclamar el Golán.


La actual racionalización de Netaniahu no es más persuasiva que la anterior. Rusia y la Onu ya han avanzado en reestablecer una zona desmilitarizada en el lado sirio de la línea de separación. Esto impediría que fuerzas iraníes puedan desplegarse en los Altos del Golán.


A pesar de ello, en una reunión entre Netaniahu y Trump en Washington este lunes, el presidente estadounidense convirtió su twit en una orden ejecutiva.


El momento elegido es significativo. Se trata de otro vulgar intento de Trump de intervenir en las elecciones israelíes, fijadas para el 9 de abril. Esto proveerá a Netaniahu de un gran incentivo en momentos en que enfrenta acusaciones de corrupción y una amenaza creíble desde un partido rival, Azul y Blanco, encabezado por ex generales del ejército.
Netaniahu apenas pudo contener su alegría tras el twit de Trump, y al parecer lo llamó para decirle: “¡Hiciste historia!”.


Pero, en verdad, no se trató de un capricho. Israel y Washington han estado apuntando en esta dirección desde hace tiempo.


En Israel, hay un entendimiento multipartidario para quedarse con el Golán.


Michael Oren, ex embajador israelí en Estados Unidos y confidente de Netaniahu, lanzó formalmente el año pasado un plan para cuadruplicar la cantidad de colonos en la zona y llevarla hasta 100 mil en el plazo de una década.


El Departamento de Estado dio su aparente aprobación el mes pasado, cuando incluyó los Altos del Golán dentro de la sección dedicada a Israel en su reporte anual de derechos humanos.


Este mes, el senador republicano Lindsey Graham hizo una gira por el Golán en un helicóptero militar israelí, junto a Netaniahu y David Friedman, el embajador de Trump en Israel. Graham dijo que él y el senador Ted Cruz intentarían convencer al presidente de Estados Unidos para que cambiara el estatus del territorio.


Mientras tanto, Trump no ha escondido su desdén por el derecho internacional. Este mes, sus funcionarios prohibieron la entrada a Estados Unidos a personal de la Corte Penal Internacional (Cpi) con sede en La Haya, que investigan crímenes de guerra estadounidenses en Afganistán.


La Cpi se ha visto enemistada tanto con Washington como con Israel tras sus iniciales y exiguos intentos de hacerles rendir cuentas.


Sea cual sea la versión de Netaniahu acerca de la necesidad de evitar una amenaza iraní, Israel tiene otras razones, más concretas, para quedarse con el Golán.


El territorio es rico en recursos hídricos y provee a Israel de un control decisivo sobre el Mar de Galilea, un gran lago de agua dulce de crucial importancia en una región que enfrenta grandes problemas con el agua.


Los 1.200 quilómetros cuadrados de tierra robada son explotados a destajo, desde florecientes viñedos y huertos de manzanas hasta una industria turística que, en invierno, incluye las laderas cubiertas de nieve del monte Hermón.


Según indica la organización israelí de derechos humanos Who Profits, en un informe de este mes, compañías israelíes y estadounidenses también están estableciendo parques eólicos comerciales para vender electricidad.


Además, Israel ha estado cooperando silenciosamente con el gigante energético estadounidense Genie para explorar potenciales reservas de petróleo bajo el Golán. El asesor y yerno de Trump, Jared Kushner, tiene inversiones familiares en Genie. Pero extraer el petróleo será difícil, a menos que Israel pueda argumentar de forma plausible que tiene soberanía sobre el territorio.


Por décadas, Estados Unidos había presionado regularmente a Israel para que entrara en conversaciones de paz con Siria, tanto a nivel público como secreto. Hace sólo tres años, Barack Obama apoyó una reprimenda del Consejo de Seguridad de la Onu a Netaniahu por afirmar que Israel nunca renunciaría al Golán.
Ahora Trump ha dado luz verde a Israel para que se aferre a él de forma permanente.


Pero, diga lo que diga, la decisión no traerá seguridad para Israel ni estabilidad regional. De hecho, convierte en un sinsentido el “acuerdo del siglo” de Trump –un plan de paz regional largamente demorado para poner fin al conflicto israelí-palestino que, según los rumores, podría develarse poco después de las elecciones en Israel.


En cambio, el reconocimiento de Estados Unidos será visto como una bendición por la derecha israelí, que clama por anexar vastas áreas de Cisjordania, lo que pondría el clavo final en el ataúd de la solución de los dos estados.


La derecha de Israel puede argumentar: “Si Trump ha dado su consentimiento para nuestra apropiación ilegal del Golán, ¿por qué no también para nuestro robo de Cisjordania?”.


(Tomado de Counterpunch.org, por convenio.)

Por Jonathan Cook
29 marzo, 2019

Publicado enInternacional
Lunes, 11 Marzo 2019 14:57

Carta al Secretario General de la ONU

Carta al Secretario General de la ONU

El 10 de marzo, el Presidente Duque anunció seis objeciones a la Ley Estatutaria de la JEP y la presentación de una reforma para modificar el acto legislativo que la crea.

 

Bogotá D. C., 11 de marzo de 2019.

 

Señor

António Guterres

Secretario General de las Naciones Unidas

Nueva York

 

Apreciado señor Secretario:

 

El 17 de septiembre de 2016, el entonces presidente de Colombia llevó a la Organización de Naciones Unidas dos copias del acuerdo de paz que el Estado colombiano firmó con la guerrilla de las FARC-EP “para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera”; una de ellas se le entregó al Secretario General de Naciones Unidas Ban Ki-moon, y la otra al Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, tal como había sido convenido por los equipos negociadores.

El quinto punto de ese acuerdo está consagrado a los derechos de las víctimas y, en particular, al Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición, del que hace parte la Jurisdicción Especial para la Paz, JEP. El Congreso de Colombia incorporó a la Constitución Política los elementos estructurales del mencionado Sistema y de la Jurisdicción Especial para la Paz, ratificando así que ésta sería la institución encargada de investigar, juzgar y sancionar los crímenes más graves y representativos ocurridos durante y en relación con el conflicto armado

El 24 de enero del presente año, luego de examinar el informe de la Misión de Verificación de la ONU para el proceso de paz en Colombia, los miembros del Consejo de Seguridad “[r]eiteraron la necesidad de respetar plenamente la independencia y la autonomía de la Jurisdicción Especial para la Paz y subrayaron la importancia de que se le de apoyo político y práctico que le permita alcanzar su objetivo de garantizar los derechos de las víctimas. También expresaron su apoyo a la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición, cuyo papel es esencial para el establecimiento de la verdad y la reconciliación”[1].

De la misma manera, la Fiscal de la Corte Penal Internacional, CPI, ha respaldado la construcción de la paz entre el Estado y las FARC-EP, y ha afirmado que el Acuerdo Final “[r]econoce el lugar central de las víctimas en el proceso y sus legítimas aspiraciones de justicia”. También ha recordado que “[e]stas aspiraciones deben ser atendidas plenamente, a través de medidas que aseguren que los responsables de sus sufrimientos sean genuinamente puestos a disposición de la justicia”, y que “[s]e espera que la Jurisdicción Especial para la Paz […] lleve a cabo esta función y que se centre en los máximos responsables de los crímenes más graves cometidos durante el conflicto armado. Esta promesa de rendición de cuentas debe volverse una realidad para asegurar que el pueblo de Colombia aproveche plenamente los beneficios de la paz”[2].

En desarrollo del examen preliminar que adelanta la Fiscalía de la CPI con relación a la situación colombiana, en diversos pronunciamientos ha llamado a las autoridades de nuestro país a que sin dilación ni obstáculos se impulse el funcionamiento de la JEP. De esta forma, el señor James Stewart, vicefiscal de la CPI, en visita realizada a Colombia el 1º de noviembre de 2018, insistió en la necesidad de permitir “que los magistrados de la JEP hagan su trabajo”[3].

A pesar de la claridad de todos estos mensajes de influyentes instancias de la comunidad internacional, el gobierno del presidente Iván Duque Márquez persiste en formular nuevos obstáculos, o en intentar revivir debates ya superados en el trámite legislativo de las normas que deben regular el funcionamiento del recién inaugurado sistema de justicia transicional. La más reciente de esas trabas es el conjunto de objeciones a la Ley Estatutaria de la JEP que ha presentado el Presidente de la República al Congreso, pese a que dicha ley ya fue objeto de control por parte de la Corte Constitucional. Esto es especialmente preocupante porque buena parte de las objeciones que se han venido esgrimiendo están orientadas a desconocer decisiones que la Corte Constitucional tomó el año pasado sobre esa ley. En otras palabras, recurriendo a la figura de la objeción por inconveniencia, se pretende desconocer la decisión a través de la cual la Corte declaró constitucionales algunas normas de la ley, con la condición de que fueran interpretadas en la forma como la propia sentencia indica.

El pasado 20 de febrero, frente a lo que entonces era solo una posibilidad de que la ley fuera objetada por el presidente Duque, el vicefiscal Stewart subrayó “la importancia de que la JEP tenga un marco legal definitivo”, y fue enfático en advertir que “[d]e no ser el caso, esto podría constituir un revés y tendríamos que considerar sus implicaciones”[4].

Desafortunadamente, el asunto no se limita a las objeciones presidenciales a la Ley Estatutaria de la JEP, que de hecho ya es muy grave. El Gobierno y su bancada en el Congreso han anunciado la radicación de proyectos de reforma constitucional y legal para modificar la nueva jurisdicción, lo que no solo supondría una variación unilateral del acuerdo de paz, sino el desconocimiento de las normas constitucionales que consagran los principios fundamentales que deben regir el funcionamiento de la JEP.

Uno de los temas en los que quieren hacer ajustes es en el concerniente a la investigación y juzgamiento de miembros de la Fuerza Pública. El Centro Democrático, partido de gobierno, ha dicho de tiempo atrás que los miembros de la Fuerza Pública no tienen garantías de imparcialidad en la JEP. Tanto el Acuerdo de Paz como la Constitución Política de Colombia establecen el carácter inescindible de la JEP, por lo que ésta sería la única competente para investigar, juzgar y sancionar tanto a los excombatientes de la guerrilla como a los integrantes de la Fuerza Pública que hayan cometido delitos en desarrollo del conflicto armado. Si bien es cierto que la Constitución también dice que al interior de la JEP el tratamiento de los miembros de las fuerzas armadas deberá ser simétrico, equilibrado, equitativo, simultaneo, y diferenciado en algunos aspectos, la Corte Constitucional ya precisó que el alcance de esta última expresión no significa que se pueda crear una jurisdicción ad-hoc encargada exclusivamente de investigarlos y juzgarlos a ellos.

Para que la JEP logre su objetivo de llamar a los responsables de crímenes de lesa humanidad, de guerra, y, en general, de graves violaciones a los derechos humanos a rendir cuentas judiciales, debe contar con todas las herramientas institucionales, financieras y legales que necesite de acuerdo con la envergadura de su tarea. De no ser así, habría riesgos para el pleno ejercicio de sus competencias y podrían presentarse escenarios en que la falta de herramientas jurídicas favorezca la impunidad y limite la garantía de los derechos de las víctimas. Como ejemplo de los riesgos que lleva consigo la actitud del presidente Duque, vale la pena recordar que es en esa ley que ahora está objetando, donde se garantiza la autonomía financiera de la JEP, cuyo presupuesto ya ha sido cuestionado por el partido de gobierno calificándolo de exageradamente alto.

Señor Secretario:

Quienes suscribimos esta comunicación somos integrantes de las delegaciones que en nombre del gobierno de Colombia y de las FARC-EP elaboramos el Acuerdo de Paz; congresistas que hacemos parte de las comisiones de paz del Senado de la República y de la Cámara de Representantes; exministros y exfuncionarios de gobierno; víctimas del conflicto armado, dirigentes de representativas organizaciones e instituciones de la sociedad civil colombiana, académicos, columnistas de opinión e intelectuales, ciudadanas y ciudadanos que trabajamos por la paz y la reconciliación nacional. Le expresamos nuestra profunda preocupación por los intentos de lesionar gravemente la implementación del Acuerdo, la estructura y el funcionamiento de la JEP, así como el sistema diseñado para honrar los derechos de las víctimas. Somos conscientes del significado que tiene para nuestro país y para el mundo el éxito del proceso de paz y de su modelo de justicia transicional. Por todas estas razones, pedimos que en el próximo informe de la Misión de Verificación de la ONU al Consejo de Seguridad se de cuenta de los hechos mencionados en esta misiva.

PS. Remitimos copia del presente escrito a los miembros del Consejo de Seguridad de la ONU y a la Fiscal de la Corte Penal Internacional.

Atentamente,

Equipo Negociador del Gobierno Nacional en los Diálogos por la Paz

– Humberto de la Calle Lombana

Exjefe del equipo de paz y exvicepresidente de la República

– Sergio Jaramillo

Exalto comisionado de paz

-Oscar Adolfo Naranjo Trujillo

Gral (r) y exvicepresidente

– María Ángela Holguín

Exnegociadora de paz y excanciller de la República

– Juan Fernando Cristo Bustos

Exnegociador de paz y exministro del Interior

-Luis Carlos Villegas

Exnegociador y exministro de defensa

– Rafael Pardo

Exnegociador de paz y exministro

– Frank Pearl

Exnegociador de paz y exalto comisionado para la paz

– Roy Leonardo Barreras Montealegre

Exnegociador de paz y senador Partido U

Equipo Negociador de FARC en los Diálogos por la Paz

– Rodrigo Londoño Echeverri

Presidente del partido FARC

– Pablo Catatumbo

Exnegociador de paz y senador del partido FARC

– Pastor Alape

Exnegociador de paz y dirigente del partido FARC

– Julián Gallo Cubillos

Exnegociador de paz y senador partido FARC

– Victoria Sandino

Exnegociadora de paz y senadora del partido FARC

– Marcos Calarcá

Exnegociador de paz y representante del partido FARC

– Rodrigo Granda Escobar

Exnegociador de paz y dirigente partido FARC

Otras personalidades que suscriben:

– Abad Colorado Jesús

Periodista y fotógrafo documental

-Agudelo Yasmín

Veedora nacional REDEPAZ

-Alhach Ocampo Julián

Empresario

-Angarita Robles Mayerlis

Representante legal Narrar para Vivir

– Antequera José

Activista defensor de derechos humanos

-Aragón María Inmaculada

Socióloga

-Ardila Carlos

Representante Partido Liberal

– Arenas Ana Isabel

Consultora

– Argote Muñoz Álvaro

Presidente Polo Democrático

– Arias Cano MariaLeón

Actriz y Gestora

– Arévalo Julián

Decano Facultad de Economía Universidad Externado

-Arias Luis Fernando

Consejero mayor Organización Nacional Indígena de Colombia

– Arias Wilson

Senador Polo Democrático Alternativo

– Arias Fernández Mónica

Representante Legal Observatorio de Seguimiento a la Implementación del Acuerdo de Paz OIAP*,

-Aristizabal Ricaute Gladys

Coordinadora Colectivo Nacional Restableciendo Derechos

– Avella Esquivel Aida Yolanda

Senadora Coalición Lista de la Decencia

– Ávila Martínez Ariel

Subdirector Fundación Paz y Reconciliación

– Barrios Alejandra

Directora Misión de Observación Electoral (MOE)

-Bedoya Betancur Yenny Astrit

Coordinadora Colectivo de Mujeres Tejiendo Red

– Bejarano Guzmán Ramiro

Columnista de opinión y abogado

– Bernal Luz Marina

Líder de las madres de las víctimas de los ‘falsos positivos’

-Bibiana Berrío

Redepaz Antioquia

-Bibliowicz Azriel

Escritor

– Bolívar Gustavo

Senador Coalición Lista de la Decencia

-Bonilla Edna

Profesora Universidad Nacional

-Bonnet Piedad

Escritora

– Borja Díaz Wilson Alfonso

Exrepresentante a la Cámara y dirigente político

– Botero Catalina

Exrelatora Especial de Libertad de Expresión de la CIDH/OEA y abogada

-Caballero Argaéz Carlos

Exministro de minas y energía

– Cabrera Mauricio

Economista

-Caicedo Carlos

Exalcalde de Santa Marta

– Cala Suarez Jairo Reinaldo

Representante Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común – FARC

-Calle Noreña Andrés

Profesor Universidad de Manizales

-Colón Rafael

Gral (r) y exdirector Dirección para la Acción Integral contra Minas Antipersonal

-Camacho Adriana Gladys

Consultora proyectos socioambientales

-Cano Arango Rosa Stella

Escuela de Paz del Eje Cafetero

– Cárdenas Jhon Jairo

Representante Partido U

– Carrascal Mafe

Activista política

-Carreño Carlos

Representante Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común – FARC

-Carvajal María Eugenia

Educadora

– Castilla Alberto

Senador Polo Democrático Alternativo

– Castillejo Alejandro

Docente Universidad de Los Andes

– Celis Luis Eduardo

Analista en temas de paz y conflicto armado

– Cepeda Castro Iván

Senador Polo Democrático Alternativo

– Cerón Ángela

Directora Iniciativa de Mujeres por la Paz

-Córdoba Marino

Presidente Afrodes

-Correa Gómez Humberto

Secretario de derechos humanos CGT

– Cristo Bustos Andrés

Senador Partido Liberal

-Cuervo Fernando

Presidente, Corporación Nuevo Arco Iris

– De Gamboa Camila

Profesora universitaria

-De la Hoz Yoemis Paola

Presidenta Asociación para el Desarrollo de la Mujer Urbana y Rural

– Díaz Uribe Eduardo

Exministro de salud y exdirector de la Agencia para la Sustitución de Cultivos Ilícitos

-Díaz Fabio Andrés

Investigador, Universidad de Rhodes, Sudáfrica

-Díaz Jaime

Director, Corporación Podión

– Duque Lisandro

Director de cine y columnista de opinión

– Dussan Jaime

Exsenador de la República y dirigente político

-Duzán María Jimena

Columnista Semana y directora Semana en Vivo

– Escobar Ángela María

Coordinadora Red de Mujeres Víctimas y Profesionales

-Escobar Luis Montero

Red Nacional en Democracia y Paz

– Estupiñan Liliana

Profesora universitaria

-Fajardo Sergio

Excandidato presidencial

– Fries Martínez Bertha Lucia

Víctima del atentado al Club El Nogal

– Galán Juan Manuel

Exsenador y dirigente político

-Gallego Marina

Coordinadora nacional Ruta Pacífica de Mujeres

– Garcés Córdoba Mariana

Exministra de cultura

– García Lidio Arturo

Senador Partido Liberal

– García Peña Daniel

Exalto comisionado para la paz y columnista de opinión

– García Realpe Guillermo

Senador Partido Liberal Colombiano

-Garzón Luis Eduardo

Exalcalde de Bogotá

– Gaviria Alejandro

Exministro de Salud

– Gil Andrés

Presidente Asociación Nacional de Zonas de Reserva Campesina

– Gil Laura Gabriela

Directora Portal La Línea del Medio

-Girón Claudia

Defensora de derechos humanos

– Goebertus Estrada Juanita María

Representante Partido Alianza Verde

-Gómez Andrei

Director, Rodeemos el Diálogo

– Gómez Londoño Luis Ernesto

Exviceministro del Interior

-Gómez Yiya

Viva la Ciudadanía

-González Jorge Iván

Profesor Universidad Nacional

– González Arana Roberto

Historiador y profesor universitario

– González Benedicto de Jesús

Representante del partido Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común

– González Posso Camilo

Exministro de salud e investigador

– González Roberto

Profesor universitario

-Guerrero Luis Guillermo

Director, CINEP

-Guerrero Rodrigo

Exalcalde de Cali

– Henao Juan Carlos

Expresidente de la Corte Constitucional

-Hernández Gerardo Andrés

Director, Transparencia por Colombia

– Herrera Botta Adriana

Empresaria

-Herrera Duque Diego

Presidente, Instituto Popular de Capacitación

– Hommes Rudolf

Exministro de Hacienda y columnista de opinión

– Hurtado María Cristina

Consultora

-Jaramillo Diana

Redepaz, Tolima

-Jiménez Álvaro

Campaña Colombiana contra las Minas

– Juviano Catherine

Periodista y activista social

– Kohon Mariela

Exasesora de la delegación de paz de las FARC y exdirectora de Justice for Colombia

– Lara Salive Patricia

Escritora y columnista

– Leal Buitrago Francisco

Profesor e investigador universitario

-Lenis Luis Fernando

Empresario

– León Magdalena

Socióloga y Doctor Honoris Causa de la Universidad Nacional

– Leyva Durán Álvaro

Exministro y exconstituyente

– López Alexander

Senador Polo Democrático Alternativo

– López Montaño Cecilia

Exministra de salud, exministra de medio ambiente

– López Obregón Clara

Exministra de Trabajo

– López Claudia

Dirigente del Partido Alianza Verde y exsenadora

– Lozada Vargas Juan Carlos

Representante Partido Liberal Colombiano

– Lozano Correa Angélica Lisbeth

Senadora Partido Alianza Verde

– Mantilla Ignacio

Exrector de la Universidad Nacional de Colombia

– Márquez Mina Francia Elena

Integrante del Proceso de Comunidades Negras y Ganadora del Premio Goldman de Medio Ambiente

– Martínez Diego

Integrante Comisión Jurídica constituida en las conversaciones de paz

– Marulanda Gómez Luis Iván

Senador Partido Alianza Verde

– Medina Uribe Henry

General (r)

– Medina Fernando

Académico y Consultor

-Medina Gallego Carlos

Profesor Universidad Nacional

-Mejía Claudia

Directora Sisma Mujer

-Mesa John Fernando

Redepaz, Antioquia

– Miranda Peña Katherine

Representante Partido Alianza Verde

– Mockus Antanas

Senador Partido Alianza Verde

– Monsalve Darío de Jesús

Arzobispo de Cali

-Moreno Néstor

Director, Corporación Córdoba Diversa

-Múnera Ruiz Leopoldo

Profesor, Universidad Nacional

– Muñoz Lopera León Fredy

Representante Partido Alianza Verde

-Murillo Luis Gilberto

Exministro de medio ambiente

– Navarro Antonio

Dirigente del Partido Alianza Verde y exsenador

– Navarro Xinia

Concejal de Bogotá

– Navas Talero Germán

Representante Polo Democrático Alternativo

-Nieves Herrera Celio

Concejal de Bogotá, Polo Democrático

– Orejuela Libardo

Exrector de la Universidad Libre del Valle

-Orgulloso Alberto

Director, Escuela Nacional Sindical

-Ossa Escobar Carlos

Excomisionado de paz y excontralor

– Pardo Alberto

Director MundiPaz

-Parra Ernesto

Director, Corfas

– Paz Carlos Arcesio

Empresario

– Parra Gabriela

Periodista

–Petro Gustavo

Senador Coalición Decentes

– Pizarro Rodríguez María José

Representante Coalición Decentes

– Quintero Calle Daniel

Exviceministro

-Quintero Criado Ufley

Director Ejecutivo Corporación Colombiana de Investigaciones Jurídicas, Económicas y Sociales – RESARCIR

– Racero Mayorca David Ricardo

Representante Coalición Decentes

– Ramírez Sandra

Senadora Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común

– Restrepo Álvaro

Director del Colegio del Cuerpo

-Restrepo Juan Camilo

Exministro de agricultura

-Restrepo Laura

Escritora

– Restrepo Manuel

Profesor Universitario UPTC

– Reyes Alvarado Yesid

Exministro de Justicia

– Ríos José Noé

Exviceministro y exnegociador de paz con el ELN

– Rivera Flórez Guillermo

Exministro del Interior

– Robledo Gómez Ángela María

Representante Colombia Humana

– Robledo Jorge Enrique

Senador Polo Democrático Alternativo

– Robledo Patricia

Docente Universitaria

– Rodríguez Roosevelt

Senador Partido de la U

– Rojas Jorge E.

Exsecretario de Integración Social

– Romero Marco

Director de la Maestría en Políticas Públicas de la Universidad Nacional y director de Codhes

– Rozo Rengifo Juan Sebastián

Exministro de TICS

– Sáez de Ibarra María Belén

Directora de Patrimonio de la Universidad Nacional

– Salcedo Doris

Escultora

– Saldarriaga Óscar

Académico e investigador de la Universidad Javeriana

– Saldias Carmenza

Docente y Consultora

– Sanabria Luis Emil

Director de Redepaz

– Sanguino Páez Antonio

Senador Partido Alianza Verde

-Sánchez César Emilio

Mesa de derechos humanos y territorios del César

– Sánchez Gonzalo

Exdirector del Centro de Memoria Histórica e investigador universitario

– Sánchez María Eugenia

Casa de la Mujer

– Sánchez Olga Amparo

Casa de la Mujer

– Sanín José Luciano

Director de Viva la Ciudadanía

– Santiago Enrique

Integrante Comisión Jurídica constituida en las conversaciones de paz

-Sarmiento Clara

Redepaz, Valle

– Sarmiento Manuel

Concejal de Bogotá

– Serpa Horacio José

Senador Partido Liberal

-Serpa Uribe Horacio

Exconsejero de paz y exministro del interior

– Socarrás Reales Fredys Miguel

Exviceministro de Trabajo

-Toloza Campuzano Amparo

Representante legal ASOMUTCO Mujeres víctimas y trabajadoras del César

– Toloza Francisco Javier

Exvocero de paz

-Trujillo Guillermo

Empresario

– Ungar Bleier Elizabeth

Exdirectora de Transparencia por Colombia

– Valencia Agudelo León

Director Fundación Paz y Reconciliación

-Valencia Fernando

Director Conciudadanía

– Vargas Velásquez Alejo

Director del Centro de Pensamiento y Seguimiento al Diálogo de Paz – Universidad Nacional

-Velandia Nelly

Presidenta ANMUCIC

– Velasco Luis Fernando

Senador Partido Liberal

-Velásquez Fabio

Presidente, Foro Nacional por Colombia

-Villa Martha

Directora, Corporación Región

-Wills María Emma

Exasesora del Centro Nacional de Memoria Histórica

 

[1] Comunicado de prensa del Consejo de Seguridad, Nueva York, 24 de enero de 2019: https://colombia.unmissions.org/comunicado-de-prensa-del-consejo-de-seguridad-sobre-colombia.

[2] Recuperado de: https://www.eltiempo.com/archivo/documento/CMS-16689738.

[3] Recuperado de: https://www.jep.gov.co/Sala-de-Prensa/Paginas/Comunicado-019-de-2019—Corte-Penal-Internacional-insiste-en-que-JEP-tenga-un-marco-legal-definido.aspx.

[4] Comunicado 019 de 2019: “Corte Penal Internacional insiste en que JEP tenga un marco legal definido”: https://www.jep.gov.co/Sala-de-Prensa/Paginas/Comunicado-019-de-2019—Corte-Penal-Internacional-insiste-en-que-JEP-tenga-un-marco-legal-definido.aspx.

Publicado enColombia
Viernes, 22 Febrero 2019 06:52

Réquiem por las FARC-EP

Réquiem por las FARC-EP

El partido FARC observa pasivamente, desde la oscura zanja del incumplimiento estatal, cómo Rodrigo Londoño y su círculo: Lozada y Alape entre otros, entierran en una tumba sin nombre 50 años de lucha del pueblo colombiano y el legado de Jacobo, Manuel, Alfonso y miles más que entregaron su vida en la lucha contra la más bárbara oligarquía de Latinoamérica. 

La constitución y la ley colombianas, es decir, la voluntad escrita de ésa oligarquía nacional, los manuales de buenos modales y de diplomacia, la corrección política y doctrinas del capitalismo con rostro humano son ahora las fuentes de pensamiento de la Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común. No ya el marxismo-leninismo, no el pensamiento bolivariano, ahora rige en este partido la biblia de la fraternidad y de la obediencia, el “Acuerdo Final para Terminación del Conflicto y la Construcción de una Paz Estable y Duradera”.


Del principio de crítica y autocrítica nada queda, no hay crítica contra el Estado y la oligarquía, como tampoco hay autocrítica respecto a lo que ya se sabe: el proceso de paz ha fracasado y fue un “error” entregar las armas sin que hubiese dado cumplimiento alguno del Acuerdo Final: 18% de implementación, falseamiento total a lo acordado en La Habana por la contraparte, 0.0 metros cuadrados de tierra para el campesinado y los exguerrilleros, más de 88 exrebeldes y sus familiares asesinados. ¿Qué pasará cuando a estos les deje de llegar el subsidio (menos de un mínimo) que solo cubre dos años del cual ya pasó uno?


El discurso de la reconciliación ha llegado a su límite, ha hastiando al movimiento social porque la reconciliación equivale a la conciliación. Sólo se puede construir un sujeto para la revolución creando antagonismos, no suavizándolos. La oligarquía con su Estado ha dejado claro que no tiene voluntad de ceder en nada y cuenta con plena determinación de revertir lo que está escrito. Duque no ha mostrado la más mínima intención de poner a andar la implementación y no tiene por qué hacerlo, pues no hay contraparte que lo obligue. Ha sido un “proceso de paz” mezquino, uno que consiste solo en la desmovilización de la guerrilla y ningún cambio real para los miserables de Colombia.


Resulta que el partido FARC es el ÚNICO partido de Colombia que se acoge plenamente a la ley de la burguesía nacional, no sólo de palabra sino también de hecho, ¡ley que ni esa burguesía cumple! Ello equivale al sometimiento absoluto de la organización a la voluntad de las clases dominantes en poder del Estado, a la sumisión del pensamiento. El partido no se piensa más allá de los límites institucionales. Cumple bien su mandato la línea hegemónica de la dirección del partido.


Cual señores feudales, rodeados del aura de la burocracia neoliberal, abrazados con la ONU, con “exparamilitares” y funcionarios del Estado, dirigentes del partido hicieron cumplir la voluntad de su majestad Juan Manuel Santos (ahora lo harán con Uribe 3): prohíben la protesta y la lucha de clases a sus propias bases bajo amenaza de represión estatal, censuran paros campesinos mientras hacen negocios con multinacionales en el sur del país, negocios que van en contra de los intereses de las poblaciones que durante décadas acogieron y protegieron a las FARC-EP. Recientemente hacen acuerdos electorales con el fascismo para “tener un candidato único”.


La fracción reformista de la dirigencia nacional del partido FARC, encabezada por sujetos que cada vez pierden mayor legitimidad interna y ganan más poder mediante su intermediación en los recursos para la reincorporación, recorre el país de foro en foro, legitimando unos acuerdos cuyo primer beneficiario de facto es el Estado y la burguesía internacional. Los excombatientes se mantienen en el partido no porque crean en él, sino porque los recursos de su reincorporación están atados a esa organización política y es ella la que nombra gente en el Consejo Nacional de Reincorporación (CNR). Cualquier opinión no autorizada puede significar quedar por fuera de la reincorporación.


Una mentira mil veces repetida se hace verdad, el credo del uribismo, hoy es usado por dirigencia hegemónica del partido FARC para engañar a su militancia. Se repite cual cántico en iglesia evangélica que las cifras de muertos y de violencia propia del conflicto armado se han reducido, de allí se deriva maliciosamente que el “Acuerdo Final” y su implementación es un éxito. Este argumento es falso, la única cifra de muertos que ha bajado significativamente es la de los militares estatales, considerando que van más de 88 ex guerrilleros asesinados. Es falsa, además, porque no reconoce distinciones en el ejercicio de la violencia, asemeja la lucha popular al terrorismo de Estado y al paramilitarismo, con ello se oculta la naturaleza social y política del conflicto armado, su historia, desconociendo que hay dos grandes bloques o clases en confrontación que no son evidentemente iguales, por eso su ejercicio de la violencia tampoco es equiparable. La reducción de muertes producto del conflicto se muestra como distractor, su precio no se muestra, como no se muestra que esa violencia simplemente toma otra forma mucho más degradada, se oculta la entrega de las comunidades al terror paramilitar, la impunidad de los criminales de Estado, la aceptación de la versión oficial de la historia, los incumplimientos del Estado, etc.


El Dr. Londoño llama hoy “arrepentidos” a quienes mantenemos una postura crítica frente al acuerdo, habría que pedirle que cuide sus propias redes, pues en el canal de YouTube del partido de la rosa consta una conferencia de Jacobo Arenas en 1990, en que dice esto exactamente:


“Hay gente que viene al movimiento revolucionario y al año está cansada o considera que se equivocó de vehículo y entonces pide que lo releven de esa tarea, pide que le cambien de frente de trabajo o simplemente plantea que él quiere irse para su casa, donde su mamá y su papá, cosas de esas, y otros a los 5 años, y otros a los 10 y otros a los 20, y otros a los 25 aun cuando se percaten de que ese es un grave error, pero su condición de clase no les permite que prolonguen su vida en un proceso revolucionario que puede que asuma muchos años, porque ellos no se casan con el proceso revolucionario, no hacen el compromiso con el proceso, sino como que hacen el compromiso de llegar al poder y cuanto antes mejor. Los verdaderos revolucionarios no hacemos ese tipo de compromiso, los verdaderos revolucionarios hacemos el compromiso de vanguardiar las luchas de nuestra clase y las luchas de nuestro pueblo… Por eso los otros se cansan de la lucha y con relativa facilidad caen envueltos en la promesas del gobierno, que puede que los vuelvan gobierno y después los sacan a patadas cuando la oligarquía considere que ya no les son útiles… Si asume el gobierno un compromiso para cambiar el medio ambiente de la vida económica, de la vida social, de las expresiones culturales de la nación colombiana, y en ese entorno nuevo, en ese medio ambiente distinto, entonces encaramos el problema del movimiento armado… Cuando hay plenas libertades democráticas, si para todo el mundo hay trabajo en Colombia y no hay hambre, miseria, desocupación, violencia, terror, hay educación para los hijos de todo el mundo… por qué no desmovilizamos la guerrilla… Porque se ha cumplido la esencia del planteamiento que hicimos nosotros desde un principio… Ese planteamiento no lo entendieron los que están hoy negociando con el gobierno y les dieron dádivas y además se cansaron de la lucha revolucionaria porque no tenían en su consciencia una elaboración ideológica de lo que significa el compromiso del revolucionario”.


Son los “arrepentidos” a que se refería Jacobo Arenas, los que nunca construyeron una verdadera conciencia, los que hoy agachan la cabeza ante los medios, a los que les da penita lo que hicieron por 50 años. Nada le molesta hoy más a la dirigencia de la FARC que los llamen por su nombre de guerra, les molesta porque se avergüenzan de su historia. ¿Qué pensaría Jacobo Arenas al ver que se desmovilizó una guerrilla a cambio de nada, de unos puestos en el Gobierno?


Jesús Santrich ha mantenido una posición limpia, honesta frente a lo que hoy son unos acuerdos fallidos, tuvo el carácter para denunciar el incumplimiento deliberado y prevenir al ELN, fue el único capaz de observar con verdadero criterio objetivo los “errores” del proceso de paz y por eso está preso. A los hoy todopoderosos integrantes de la dirección nacional del partido FARC les incomodaba mucho una voz que hiciera ver lo evidente, por eso se hizo necesario deshacerse de él inmediatamente (útil sería la DEA), curiosamente fue el ciego el que más vio.


A Iván Márquez le espera el mismo destino, hoy lo pretenden reducido, según Sandra Ramírez sus opiniones son personales y no expresan el sentir de la mayoría de exguerrilleros, algo improbable para quien conoce el estado del partido. Lo que se sabe con certeza es que las posturas políticas de la dirección dominante del partido encarnan bien las preocupaciones de la oligarquía y el Estado colombiano. Algún día sabremos por qué Juan Manuel y Enrique Santos se sintieron más cómodos llevando a Timochenko a La Habana para “agilizar el diálogo”, al parecer con Iván Márquez como jefe negociador no les resultaba posible alcanzar sus fines.


El argumento de moda en el partido FARC es que “ahora tenemos más aliados que los que teníamos en la guerra”, vale la pena preguntarle doctor Londoño, ¿qué entiende por “aliados” y a quién considera como tales, a la ONU acaso, o a los empresarios que algo dan para la reincorporación? Pero más importante es preguntarle: ¿qué costo tienen esos aliados, acaso no es otro que el de renunciar a cualquier proyecto de cambio, renunciar a transformar el orden, serían igualmente aliados si la FARC hubiera tomado alguna acción política en ése sentido?


¿Ha parado la oligarquía de usar todas las formas de lucha contra el pueblo, se ha roto con la estigmatización y los medios de guerra propagandística para llegar a la “batalla de ideas”? Es una tesis cuestionable, cuando se siguen lanzando sobre la población por la contraparte mentiras nuevas y viejas que profundizan representaciones sociales negativas sobre las FARC, por ejemplo, la supuesta acumulación de tierras por la guerrilla, su condición de guerrilla millonaria o las fantasías sobre las violaciones masivas. Esa guerra mediática se encuentra casi intacta, no es posible afirmar que los acuerdos de paz hayan contribuido a democratizar la sociedad en este sentido.


Para evidenciar lo anterior es bueno tomar un ejemplo. Muchos exguerrilleros se han quejado del monumento hecho con sus armas por la artista Doris Salcedo, el monumento es brillante porque refleja la realidad de lo que fue el acuerdo: pisotear a las FARC-EP. La obra sirve como un piso para que la oligarquía, el lumpen de las ciudades y funcionarios de organismos internacionales vayan a tomarse fotos, celebren su victoria y tal vez dejen algún centavo para la implementación del proceso de paz. ¿Y las palabras oficiales del partido al respecto? Seguramente las de felicitación a la artista. Como prístino detalle, hubo un “ritual de sanación” por el cual las “víctimas” martillaron las láminas de metal que salieron de las armas fundidas de las FARC-EP, creyeron que martillaban las armas de sus victimarios, pero fueron las armas de las FARC-EP las únicas que se fundieron, como consecuencia lógica, la guerrilla es la victimaria en el conflicto y el Estado y los paramilitares las víctimas. Primero se pisotea una historia y luego se implanta otra a martillazos.


Por otro lado, nos enseña con sus reproche y llamados de atención el señor Londoño que de la noche a la mañana los exguerrilleros han tomado la decisión individual, libre y autónoma de volverse delincuentes, así, introduce la tesis útil a los intereses estatales de que el Acuerdo es “excepcional” en su letra e implementación, que no existen incumplimientos, que lo que hubo fue un generoso regalo de la oligarquía a la guerrilla, de modo que cualquiera que disienta de la realidad objetiva del Acuerdo Final se convierte, necesariamente, en un disidente narcotizado. Como los exguerrilleros disfrutan hoy de las mejores condiciones de vida posible, no tienen ningún motivo válido para retirarse del proceso en pro de sobrevivir a la pobreza. Todo esto equivale a reemplazar el pensamiento histórico de las FARC-EP con el idealismo, liberal burgués: si según el máximo líder de la FARC, cada militante es responsable de su situación, pues su realidad es producto de su voluntad y no de la historia y la sociedad colombiana ¿qué diferencia hay entre esto y el pensamiento digno de cualquier centro de ideas neoliberales?


Se ha introducido la tesis de que existen “trabas burocráticas” a la implementación, según las cuales el partido de la rosa rosada se ha “enredado” ante su inexperiencia en los trámites estatales, de lo que se deduce que la implementación de los acuerdos tiene problemas técnicos, no políticos, haciendo creer que el Estado colombiano “no tiene la capacidad” de cumplir los acuerdos, pero que una vez se superen (por alguna razón mágica) las barreras administrativas, las mieles del acuerdo van a fluir a plenitud. Esta tesis sirve en esencia para ocultar una incómoda verdad: no existe tal cosa como una “traba burocrática”, existe la voluntad y las acciones concretas dirigidas tanto a no cumplir el acuerdo como reversarlo por parte del Estado.


Irónicamente, después de 50 años, no fue la oligarquía colombiana ni fueron los gringos los que acabaron con las FARC-EP, sino gente de “adentro”. Pero las mareas cambian y no se echa por tierra la dignidad de un pueblo y su legado tan impunemente. El pueblo colombiano es contradictorio, más sumiso que rebelde, pero como todos los pueblos tiene su punto de quiebre y allá hay que ir.

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