Desmilitarizar la Policía para implementar la paz

Los informes de la Oficina de Derechos Humanos de la ONU sobre Colombia, presentados el pasado 4 de marzo, recomiendan, en síntesis, que el Estado cumpla con sus normas constitucionales, entre ellas que la Policía esté bajo control de un organismo civil, como lo dice la carta magna.

 

La reacción es típica del poder, autoritario, que no aguanta cuestionamiento alguno: “Es una intromisión a la soberanía del país”. La reacción de Iván Duque el pasado 27 de febrero fue automática, reactiva, como la que desata quien sufre una fuerte pisada, en este caso al conocerse el informe de Alberto Brunori, representante en Colombia de la Oficina de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (Oacnudh) y en el cual llamaba la atención sobre el exceso de violencia por parte del Esmad al momento de enfrentar las protestas sociales, al tiempo que recomendaba separar la Policía de la estructura de las Fuerzas Militares. El incumplimiento con los Acuerdos de Paz también estaba en el llamado de atención.

Días después, el 4 de marzo, el informe fue entregado en Ginebra, Suiza, ante el Consejo de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU). En esta ocasión no solo un informe sino dos, uno a cargo del Relator Especial de la ONU, Michel Forst y otro el informe ya aludido de la Oacnudh.

Las críticas del gobierno nacional al ojo observador de las Naciones Unidas, queriendo desdecir una evidencia de perogrullo, despertó una tensión entre las partes, la cual trató de minimizar el gobierno Duque al solicitar al organismo multilateral la firma de un nuevo tratado de cooperación para profundizar apartes comprometidos con el Acuerdo de Paz, en este caso, los programas de desarrollo con enfoque territorial y, en otro campo, la atención a población migrante.

 

Una propuesta políticamente in-viable


La criticada “intromisión a la soberanía del país” que el presidente Duque le manifestó a la ONU, fue producto de la siguiente recomendación realizada por la Oacnudh: “Insta al Estado a restringir, en la mayor medida posible, y de acuerdo con las normas y estándares internacionales, el uso del ejército en situaciones relacionadas con la seguridad ciudadana, incluida la protesta social. Así mismo, y de acuerdo con la necesidad de fortalecer la capacidad institucional de la policía, recomienda transferir la supervisión de la policía al Ministerio del Interior”.
Una observación y una sugerencia que desde tiempo atrás han realizado investigadores y estudiosos de la relación Policía-Fuerzas Armadas-sociedad civil en Colombia, así como de las medidas que en el campo de la seguridad ciudadana deben implementarse para aclimatar la paz en el país, una de las cuales tiene que ver precisamente con desmilitarizar la Policía.

Uno de los estudiosos que ha incursionado en esta temática es Edwin Cruz Rodríguez, politólogo e integrante del Grupo de Investigación en Teoría Política Contemporánea de la Universidad Nacional, quien resumió su visión sobre el particular en el libro Fuerza pública, negociaciones de paz y posacuerdo en Colombia*, donde se adentra a profundidad en el cómo sería la reestructuración a nivel institucional, operativa y doctrinaria para ejecutar una reforma al organismo policial.

Con él conversamos sobre la tensión gobierno nacional-Naciones Unidas, y le pedimos luz sobre la viabilidad que tiene transferir la supervisión de la Policía al Ministerio del Interior, como es la norma en la mayoría de países. Con seguridad y sin dilaciones Edwin nos aclaró de la viabilidad de tal recomendación, pero, también nos enfatizó, “por resolver un problema se corre el riesgo de crear problemas potencialmente más graves. Esa es una recomendación que se viene haciendo desde 1993. Colombia es de los pocos países en la región en donde la Policía depende del Ministerio de Defensa”.

Explicación que con curiosidad nos lleva a preguntarle, Edwin, ¿Cuáles serían esos riesgos potenciales? Y sin rodeos amplía: “El problema de la militarización de la Policía, con todo lo que acarrea, pasándola al Ministerio del Interior se la puede terminar partidizando. El Mininterior es encargado de las relaciones políticas del gobierno, con el Congreso y, por tanto, con los partidos. A cambio de apoyo para los proyectos de ley, reformas, etcétera, que propone el Ejecutivo, se dan recursos para las regiones de los Congresistas y cargos. Luego, primero, pondría en un lugar peligroso a la Policía, puesto que abriría la puerta para que, por ejemplo, altos oficiales cabildearan y tomaran partido de manera más abierta que ahora para conseguir apoyo del Congreso y los partidos para ascensos y cosas de ese tipo. Segundo, podría llevar a un uso político de la Policía por parte del gobierno de turno. Un Departamento Administrativo de Policía resolvería parcialmente el problema. Parcialmente, porque no evitaría que el gobierno lo usara políticamente, como ocurrió con el DAS.

Aunque no es algo nuevo, otro tema que molestó al gobierno colombiano fue el de Acceso a la justicia y lucha contra la impunidad. Dice el informe que el acceso a la justicia continúa siendo un desafío que perpetúa ciclos de impunidad y violencia, como sucede con la Fiscalía General de la Nación, que solamente tiene presencia en la mitad de los municipios del país. El informe resaltó que la respuesta de las autoridades a la violencia de género continuó siendo insuficiente. La Oacnudh observó que algunas autoridades en Antioquia, Arauca, Guaviare y Nariño desconocían el protocolo de la Fiscalía General de la Nación para responder a los casos de violencia sexual.

La falta de articulación entre autoridades es evidente, pero ¿Qué más ventajas tendría la desmilitarización de la Policía, Edwin? La mirada tranquila que había mantenido nuestro interlocutor ahora parece inquietarse, sus ojos buscan la respuesta a su interior, mueve también sus manos y nos indica: “Una estructura de mando vertical, copiada del Ejército, como la que todavía tiene la Policía, muchas veces obstaculiza la coordinación con las autoridades civiles municipales y departamentales. Por ejemplo, cuando la orden del Alcalde choca contra la orden del oficial superior, ¿a quién debe obedecer el subalterno? Un soldado es alguien que debe cumplir unas órdenes muy precisas en el marco de sus actividades. Un policía tiene que interactuar con la ciudadanía y eso supone cierta flexibilidad”.

Edwin, pero todos sabemos que la Policía antes era un cuerpo dependiente de los municipios, y eso facilitó, con lo acontecido a finales de los años 40 del siglo XX su militarización, situación que terminó por normalizarse con el paso de los años, una fuerza militarizada y que abusa de su poder. Pese a esa realidad que terminó haciéndose norma, ¿Por qué la Policía como un cuerpo de naturaleza civil, no militar, está amparada por el Ministerio de Defensa?

“No debe estar subordinada a otras fuerzas ni debe estar amparada, por ejemplo, por el fuero militar, nos aclara Edwin con toda determinación. Pero su salida del Ministerio de Defensa debe estar comprendida en una reforma estructural profunda, que incluso apunte a la desmilitarización de la institución en términos de su doctrina, su estructura jerárquica (de mandos) y sus formas de operación. Un Departamento Administrativo podría ser mejor alternativa, siempre y cuando se tengan en cuenta aspectos que, aunque se ha intentado implementar nunca han funcionado, como los sistemas de veeduría ciudadana con instancias y cargos específicos”.

Lo aludido por el profesor e investigador nos lleva a recordar que una experiencia similar ya tuvimos en Colombia con el antiguo DAS, la cual no fue nada buena para los defensores de derechos humanos, que terminaron siendo objeto de persecución y asesinatos, con la complicidad de la antigua institución, instrumentalizada desde el alto gobierno, además de comprada por bandas criminales. Teniendo esto claro, sin dejar de mirar a quien estamos seguros tiene una opción para ello, abrimos un nuevo interrogante, ¿Qué ventajas traería para el país separar la Policía del Ministerio de Defensa? Y él no nos defrauda, “La principal ventaja es desmilitarizar la Institución en términos de su estructura, su doctrina y sus formas de operación. Eso implicaría repensar la Policía en el contexto del posacuerdo de paz y las tareas que debe enfrentar. Por ejemplo, implica modificar los esquemas mentales y las estrategias para gestionar la protesta social”.


ONU admite que muerte de Dilan Cruz fue una ejecución

 

Uno de los temas que despertó polémica y debate, y le dio la razón a investigadores y parte de la opinión pública, fue el punto de derecho a la reunión pacífica, a propósito del cual resalta el informe: “algunos miembros del Escuadrón Móvil Antidisturbios (Esmad) no cumplieron con las normas y estándares internacionales relacionados con el uso de la fuerza. La Oacnudh documentó una presunta privación arbitraria de la vida de un estudiante de 18 años en Bogotá, cometida por un agente del Esmad armado con un rifle de calibre 12 cargado con munición del tipo ‘beanbag’”. Aparte del informe que, claramente, hace referencia al asesinato del estudiante Dilan Cruz el pasado 23 de noviembre en Bogotá, durante las jornadas de protesta.

Con enfoques desde diferentes ángulos, las tomas realizadas por diferentes personas, comprobaron que el agente del Esmad que disparó contra Dilan no implementó los protocolos de dispersión de protesta que el Escuadrón tiene, sin embargo el Gobierno calló. Es una realidad que nos permite continuar la conversación con Edwin: ¿Cómo modificar los esquemas mentales y estrategias para gestionar la protesta social? le preguntamos. Y el hilo de la conversación es retomado sin demora: “En la gestión que desarrolla el Esmad, están patentes todos los problemas que acarrea la militarización sobre la función policial. Producto de la doctrina contrainsurgente, al manifestante se lo ve como un potencial ‘subversivo’, como parte del ‘enemigo interno’ a enfrentar y no como un ciudadano ejerciendo un derecho. De ahí que se privilegie un modelo de gestión basado en la represión y que en cada coyuntura de grandes movilizaciones el despliegue de fuerza es totalmente desproporcional”, contestó el politólogo.

“El espíritu corporativo de la Policía –continúa Edwin con su respuesta–, puede apreciarse muy claramente en el reciente asesinato del joven manifestante Dilan Cruz: la reacción fue en bloque y toda crítica se interpretó como un antagonismo con la Policía. Recientemente, la investigación del caso pasó a manos de la Justicia Penal Militar, gracias al fuero que cobija a la Policía. Eso es algo muy particular de este país: la Policía no tiene por qué estar comprendida en el fuero militar porque interactúa con ciudadanos de la misma comunidad política, no con adversarios de guerra. Pero una vez se tiene el fuero va a ser muy difícil quitárselo”.

 

Colombia, con el mayor índice de asesinatos de defensores de DD.HH en América Latina

 

El otro informe, el del Relator Especial de la ONU, Michel Forst, está antecedido de una visita oficial que el Relator realizó a Colombia del 20 de noviembre al 3 de diciembre de 2018 por invitación del Gobierno, y con el propósito de determinar si en nuestro país las personas defensoras están seguras y empoderadas para promover y defender los derechos humanos, y si el Gobierno garantiza el ejercicio de la defensa y promoción de los derechos humanos en un entorno seguro y propicio. Como su visita fue al inicio del mandato Duque, decidió volver a finales de 2019 para observar avances, momento en el cual el Gobierno dilató su visita e impidió su entrada, como el mismo Michel Forst confirmó en medios de comunicación.

Un clase dirigente que siempre ha estado emparentada con las Fuerzas Armadas para su beneficio; por ejemplo, el informe del Relator recogió su preocupación por la aparente conexión entre la compañía americana Frontera Energy y la Fiscalía, el Ejército y la Policía, para que estas autoridades protegieran su actividad ¿Por qué la clase dirigente colombiana es reacia a desmilitarizar la Policía, Edwin?  “Hay resistencias de lado y lado. Es decir, tanto de la clase dirigente como de la propia Policía, que ha desarrollado un fuerte espíritu corporativo. La militarización de la Policía viene desde el gobierno de Rojas Pinilla (1953-1957). Desde que se estableció el Frente Nacional (1958) la clase política ha sido reacia a meterse con las FF.AA., incluso luego de las reformas de principios de los años noventa. Claramente, el problema está ligado a la persistencia del conflicto armado, en la medida en que la Policía se convirtió en un blanco de la insurgencia. Pero la razón de fondo es que ese tipo de reforma altera una de las columnas del sistema político”, precisa con claridad nuestro interlocutor.

En su informe Forst comentó que desde 2016 y hasta el 30 de junio de 2019, Colombia se mantiene como el país con el mayor índice de asesinatos de personas defensoras de derechos humanos en América Latina. Agregó que históricamente la tasa de impunidad de los homicidios contra los defensores y defensoras está situada en torno al 95 por ciento, frente a la tasa de impunidad de los casos de homicidios dolosos conocidos por las autoridades, situados entre el 86 y el 94 por ciento.

El Relator recomendó al Gobierno nacional que: “Reafirme el compromiso político con el Acuerdo de Paz, priorice su implementación, dotándolo de los recursos necesarios para ello, y en particular de los mecanismos de protección de las personas defensoras”. Recomendación que la Canciller Claudia Blum objetó ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, calificándola como que: “no refleja objetividad ni integridad”.

Un avance hacia la paz real, difícil de lograr sin desmilitarizar la Policía, para lo cual es necesario retomar la esencia constitucional de este cuerpo de carácter civil, potenciándolo como un reconstructor de los derechos humanos. Para proyectar luz sobre este particular, abrimos un nuevo interrogante, Edwin ¿Por qué es fundamental que la fuerza pública tenga que pasar por una reforma para una efectiva implementación del Acuerdo de Paz?,  y su respuesta llega de inmediato, “Los Acuerdos de Paz, en la región, los de Centroamérica, por ejemplo, incluyeron reformas de las FF.AA. Acá ese aspecto no se tocó, tanto por el cuidado que tiene la clase política en afectar esa columna del sistema político como por la posición de ventaja que tuvo el Estado. No obstante, construir la paz hace necesaria una reforma de las FF.AA. Claramente, un contexto de posacuerdo requiere una reconciliación y eso es imposible si una parte de la sociedad, los reinsertados, los manifestantes, los críticos, la izquierda, siguen viéndose como potenciales “enemigos internos”, concluyó nuestro interlocutor.

En la rueda de prensa brindada por Duque después de reunirse con el Secretario General de Naciones Unidas, António Guterres, el presidente colombiano enfatizó que las relaciones con el organismo “atraviesan por un muy buen momento”.

Es la voz de la diplomacia, la misma que debería tener efectos reales en la política de paz del gobierno nacional, en la implementación de medidas que ciertamente lleven a la concreción de los derechos humanos, y demás recomendaciones que contienen los informes de la ONU acá retomados. Ese es el deber del gobierno Duque, lo que sí confirmaría que las relaciones con el organismo multilateral no han sufrido deterioro alguno.

En apariencia el Gobierno da un paso hacia delante, al firmar un nuevo tratado de cooperación con la ONU en pro de aspectos implícitos en los Acuerdos de Paz ¿Simple formalidad? ¿Engavetará este nuevo tratado de cooperación el Gobierno Duque? ¿Lo aplicará, sin que ello le implique un giro sustancial en la política global que sobre el particular ha comportado su administración. Sea uno u otro su comportamiento, no toca esperar hasta comienzos del 2021 para que la ONU nos brinde la respuesta con su próximo informe.

* Edwin Cruz Rodríguez, ediciones desdeabajo, 2016.

 

 

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Publicado enEdición Nº266
Diomedes Sandoval, solicitante de asilo y líder social colombiano, en la terraza de la Parroquia San Carlos Borromeo de Entrevías, Madrid.- JAIRO VARGAS

Las apenas 600 peticiones de asilo de ciudadanos colombianos en 2016 se han disparado a más de 29.000 en 2019. Sólo se le concedió a 48 personas. En enero han sido la nacionalidad que más lo ha demandado, superando a los venezolanos, pero el proceso de paz y la diversidad de perfiles les cierran las puertas de la protección casi de forma automática. Mientras esperan la respuesta a sus peticiones, muchos se ven abocados a vivir en la calle durante días por la saturación del exiguo sistema de acogida español

Cuando Diomedes Sandoval aterrizó en Madrid el pasado noviembre pensó que todo iría bien. Este líder social colombiano, amenazado de muerte y superviviente de un intento de asesinato, pidió asilo en el aeropuerto de Barajas y los policías le dijeron que su caso "era de manual" y "bien documentado". Le dieron un papel que acreditaba que era solicitante de protección internacional, una tarjeta transporte con diez viajes y un consejo: "Que fuera al Samur Social si no tenía dónde dormir" mientras el Ministerio de Interior estudiaba su solicitud, recuerda.

Eso hizo, pero cuando vio la cantidad de gente en su misma situación y que no había hueco para todos en los albergues de Madrid empezó a sospechar que Europa, en cuanto a protección internacional, no era como se había imaginado en su Tolima natal. "Esa noche me quedé en un hostal. A la mañana siguiente, cuando salí de la ducha, me habían robado mi documentación y todo mi dinero", lamenta.

Sandoval relata su historia a Público mientras toma café en la parroquia San Carlos Borromeo de Entrevías. Es el único lugar de Madrid que considera un hogar, dice. "Aquí venimos muchos a pasar el día, a comer algo sin que nos cueste dinero, a buscar compañía", describe, porque no tiene aún permiso de trabajo ni nada que hacer además de esperar. El alojamiento que le ofrece el Ministerio de Migraciones, Inclusión y Seguridad Social sólo está abierto por las noches.

Más de tres meses después, sigue en la fase de acogida temporal para solicitantes de asilo sin recursos económicos, es decir, un albergue "en malísimas condiciones" que comparte con otros 120 demandantes de asilo en Vallecas. Este jueves, por fin, le darán la una plaza que ha quedado libre en Málaga. Pasará a la primera fase del programa de acogida estatal, aunque no sabe si esa plaza es una habitación en un piso compartido o en un centro. "Será mejor que esto, eso seguro, pero tiene que mejorar el sistema porque van a seguir viniendo", afirma.

Los colombianos triplican sus peticiones de asilo

Por paradójico que resulte, desde que se firmaron los acuerdos de paz entre el Gobierno colombiano y la guerrilla de las FARC en 2016, la violencia ha repuntado en casi todo el país. En la diana están personas de como Sandoval, los líderes comunitarios y defensores de derechos humanos, personas de referencia en las comunidades rurales, gente que denuncia la corrupción con fondos destinados a cumplir con la parte social de los acuerdos de paz, por ejemplo.

En 2019, más de 29.000 colombianos solicitaron protección internacional en España. En 2018 fueron tres veces menos, 8.800. En 2016, año de la firma de los acuerdos de paz, apenas superaron las 650. Solo en enero de este año ya han superado a los venezolanos, con 4.860, y son la nacionalidad que más protección pide en España, según el avance de datos del Ministerio del Interior, aunque también de las que menos la recibe.

"Es muy posible que este año superen a los venezolanos, la tendencia es muy clara, aunque el nivel de resoluciones favorables de sus solicitudes es muy bajo. Sólo se le ha dado el estatuto de refugiado a 48 personas de las 5.000 que se han estudiado. El resto han sido rechazadas", explica Paloma Favieres, directora de políticas y campañas de CEAR.

Reconoce que los casos que llegan son muy variados, aunque apuntala el problema de la persecución de los líderes sociales. "Son un grupo social bien definido y claramente amenazado y perseguido, deberían recibir más protección, a juzgar por las cifras", apunta. "Recibimos muchos casos de personas de Colombia que huyen de amenazas o la extorsión de bandas criminales, pero el Gobierno las rechaza alegando que no hay conflicto armado o que esa persecución o amenazas no están promovidas por autoridades o el Gobierno del país, que hay medidas judiciales y legislativas para perseguir este tipo de crimen", explica Favieres, que apunta que hay una gran discusión sobre esta circunstancia en los tribunales.

Sandoval, en cambio, apunta a la connivencia del Gobierno de Iván Duque con estos grupos armados. "Yo empecé a recibir amenazas cuando mi organización comenzó a denunciar el desvío de fondos para las víctimas del conflicto y para el desarrollo de infraestructuras", sostiene. "Tenía escoltas asignados pero decidí marcharme cuando sufrí un atentado por parte de sicarios del que salí con vida", recuerda mostrando los papeles que lo acreditan.

"Huí de la muerte pero no esperaba que, después de todo esto, en España me fuera a convertir en un mendigo, en un indigente. Nos ha pasado a muchos", señala este solicitante de asilo. Recuerda que algunas noches le tocó dormir en las calles de Madrid. "No había plazas en el Samur Social, no había plazas del Ministerio de Migraciones. Muchos días, tampoco en los albergues para personas sin hogar para la campaña del frío. Es indigno el trato que recibimos. No quiero pensar que estoy pasando por esto para que luego me denieguen el asilo y tenga que volver al lugar del que huyo", argumenta. Por eso prefiere que su rostro no aparezca en la fotografía. "Denunciar siempre trae problemas, en España o en Colombia", sentencia.

El mismo temor tienen Heber Erazo y su mujer, dos sexagenarios que llevan en Valencia casi un año y medio. Eran periodistas de Bogotá y de la región colombiana del Cauca, una de las más afectadas por la violencia de paramilitares, disidentes de las FARC, narcotraficantes y otros grupos armados. 

"Hemos presenciado y contado casi todo el conflicto. Siempre hemos alzado la voz, hemos sido testigo de masacres, hemos denunciado corrupción e irregularidades y nos ha costado ataques de todos los flancos: alcaldes, concejales, congresistas, gobernadores...", recuerda. Han recibido amenazas, el pasado año sufrieron un allanamiento de su vivienda en Bogotá, de donde desaparecieron "documentos sensibles y confidenciales, denuncias contra quienes les perseguían, miles de fotografías y los archivos originales de su periódico y fundación", entre otros episodios. "No nos ha matado porque hemos sido nómadas. Huimos por varias zonas de Colombia hasta que ya nos tuvimos que venir a España", aclara.

"Pero el acceso al sistema de protección es una carrera de obstáculos", denuncia. Se tarda en obtener citas para cada trámite burocrático, para obtener una respuesta, para recibir una plaza. Todo es siempre cuestión de meses.

Actualmente se encuentran en la fase dos del sistema. Reciben una ayuda para pagar el alquiler del piso en el que viven y una ayuda para manutención. Entre los dos llegan casi a los mil euros mensuales, pero la mitad se lo lleva el alquiler, describe. Antes pasaron medio año en una casa compartida, durante la fase uno del programa de acogida. "Se generaban problemas de convivencia constantes. Es normal, solo teníamos un baño para ocho personas, poco espacio y mucha tensión acumulada", recuerda, pero al menos tenían un baño, puntualiza.

"El sistema no está preparado. El colapso no está solo en Madrid. Nosotros tuvimos que dormir en la calle durante un tiempo", recuerda. Decidieron ir a Valencia porque allí tenían un conocido que les dio alojamiento durante los primeros meses, "pero son tantas las trabas administrativas que ya no pudo acogernos más y acabamos en situación de calle hasta que nos dieron una plaza", afirma.

El temor al rechazo de la solicitud

Ahora ve con miedo la próxima cita para renovar el permiso de residencia. "Cuando vayamos pueden decirnos que no nos conceden ningún tipo de protección y quitarnos el permiso de residencia. A los colombianos se nos está rechazando de forma masiva", advierte. "La diplomacia del Gobierno hace bien su trabajo. Dice que allí hay posconflicto, que hay paz, pero hay muertos cada día, por eso nos vemos obligados a irnos", sentencia.

Viendo las cifras de asilo para colombianos, no tiene mucha fe en que sus solicitudes sean aprobadas. Su mayor esperanza es que, en caso de rechazo, se les conceda el permiso de residencia por razones humanitarias, que no lleva aparejada ninguna ayuda económica, pero permite la estancia regular en el país durante un año con posibilidad de prórroga.

El Gobierno español comenzó a conceder este permiso el pasado año ante el drástico aumento de solicitantes de asilo venezolanos, aunque es difícil que lo obtengan los ciudadanos de otros países. "Aunque esa figura está recogida en la ley de asilo, en el caso de los venezolanos se está implementando de forma masiva para dar respuesta a una recomendación de la ONU por la crisis que atraviesa el país", explica la portavoz de CEAR, que recuerda que este permiso no se puede considerar una medida de protección internacional como tal.

Algunas organizaciones consideran que la situación en la mayoría del territorio colombiano no dista mucho de la que atraviesa Venezuela en cuanto a falta de servicios básicos, pobreza, índices de criminalidad y vulneraciones de los derechos humanos, por lo que piden al Ministerio del Interior español que aplique el mismo rasero. "El problema es que en España no se sabe qué es un líder social y el peligro que corre en Colombia. O quizás es que no quiere saber de forma intencionada", explica Sandoval.  

madrid

11/03/2020 22:39

Por jairo vargas

 

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Excombatientes talibanes entregan sus armas este domingo en Jalalabad. GUHLAMULLA HABIBI EFE

El presidente de Afganistán rechaza liberar a los milicianos prisioneros como precondición para el diálogo interno

El acuerdo de Estados Unidos con los talibanes ha encontrado este domingo su primer obstáculo. El presidente afgano, Ashraf Ghani, ha rechazado la cláusula que prevé la liberación de miembros de la guerrilla. “El Gobierno de Afganistán no se ha comprometido a liberar a 5.000 prisioneros talibanes”, ha declarado Ghani al día siguiente de asistir en Qatar a la firma de ese pacto, presentado como un primer paso para alcanzar una solución política en aquel país. No obstante, el presidente extiende la tregua que se respetó durante la semana pasada.

“Estados Unidos carece de autoridad para dejar en libertad a los prisioneros, esa es una prerrogativa que corresponde al Gobierno de Afganistán”, ha subrayado Ghani durante una conferencia de prensa de la que se ha hecho eco la web afgana ToloNews. Es tan solo la segunda vez que el presidente comparece ante los medios en sus cinco años de mandato.

Según los términos del acuerdo, “Estados Unidos se compromete a trabajar con todas las partes implicadas para la liberación de los presos políticos y combatientes”. El texto prevé que hasta 5.000 talibanes encarcelados serán liberados a cambio de un millar de presos del lado gubernamental antes del 10 de marzo, para facilitar el inicio del diálogo interafgano. Pero Ghani rechaza que esa medida se considere una precondición y defiende que debe ser parte de las conversaciones con los talibanes.

“Un acuerdo que se alcanza a puerta cerrada va a tener problemas básicos en su ejecución desde mañana mismo”, añadió el presidente afgano en una poco velada crítica a la ausencia de su Gobierno en las negociaciones que llevaron al pacto. Pero los talibanes siguen sin reconocer la legitimidad del Gobierno de Kabul, lo que ha obligado a Estados Unidos a hacer equilibrios para contar con la participación de éste y ofrecer la imagen de que va a incorporarse en una segunda fase.

Previo a la firma del acuerdo de EE UU con la guerrilla, un comunicado conjunto afgano-estadounidense anunció los planes de reducción de tropas, presentándolos dentro de un marco bilateral. Sin embargo, el asunto del intercambio de presos aparecía de forma mucho más ambigua: “La República Islámica de Afganistán participará en un debate facilitado por Estados Unidos con representantes talibanes sobre medidas de fomento de la confianza, que incluirá la posibilidad de liberar a un número significativo de prisioneros de ambos lados”.

Las objeciones del presidente pueden muy bien ser una mera táctica para hacerse valer ante el diálogo interafgano que debe empezar ahora y en el que la participación del Gobierno no está clara. El enviado estadounidense Zalmay Khalilzad, ha mencionado una delegación “incluyente” con “importantes figuras del Gobierno, responsables clave de partidos políticos, miembros de la sociedad civil y mujeres” para hablar con los talibanes.

El Gobierno querría determinar los participantes. Sin embargo, el rifirrafe que Ghani mantiene con su principal rival, Abdullah Abdullah, que le disputa el resultado de las últimas elecciones presidenciales, dificulta formar el equipo. En principio, solo tras el lanzamiento de esas conversaciones, empezará la retirada de las tropas estadounidenses que es lo que buscan tanto Washington como la guerrilla.

De momento, el presidente afgano ha dicho que, por su parte, “la reducción de la violencia va a continuar con el objetivo de alcanzar un alto el fuego definitivo”. Kabul ha informado a los talibanes a través del general Scott Miller, jefe de las fuerzas norteamericanas en Afganistán. La guerrilla aún no se ha manifestado al respecto. La víspera el responsable político del grupo, Mohammad Abbas Stanikzai, declaró a ToloNews que el alto el fuego llegará una vez que se acuerde el Gobierno interino (de transición) y dio a entender que seguirían atacando a las fuerzas afganas, aunque mantendrían la tregua con Estados Unidos.

Dubái 1 MAR 2020 - 11:14 COT

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El Salvador aprueba una ley de reconciliación rechazada por las víctimas de la guerra civil

La legislación reduce las penas de prisión a quienes hayan cometido crímenes de guerra y conmuta las de los condenados que sufran problemas de “salud”

A toda y prisa y a puerta cerrada los partidos de derecha con representación en la Asamblea Legislativa de El Salvador aprobaron la noche del miércoles en una sesión extraordinaria una ley de reconciliación que es vista por las víctimas de la guerra civil que desangró a este país como una puerta abierta a la impunidad. La legislación reduce hasta en un 75% las penas a quienes confiesen haber cometido crímenes durante el conflicto y pidan perdón, a la vez que permite a los jueces conmutar las condenas cuando se alegue problemas de salud o edad. Organismos internacionales han rechazado la nueva ley, que, dicen, es un retroceso importante en el camino de este país centroamericano para lograr justicia para las víctimas de una sangría que dejó más de 70.000 muertos según organizaciones de derechos humanos.

La guerra civil se extendió de 1980 a 1992 y dejó algunos de los capítulos más terribles de vejaciones en el continente americano. Entre ellos destaca la matanza de El Mozote de 1981, cuando soldados del Batallón Atlácatl del Ejército salvadoreño asesinaron a al menos 986 personas en una operación que tenía como objetivo arrasar con la guerrilla izquierdista que combatía a la dictadura militar. Desde los acuerdos de paz firmados a inicios de los años noventa, las víctimas del conflicto han exigido una respuesta del Gobierno salvadoreño. “Lo que ha pasado es muy grave para toda la sociedad y nos causa mucho dolor”, dice a EL PAÍS Amanda Castro, cuyos padres fueron desaparecidos durante el conflicto.

Castro forma parte del Colectivo Vidas, conformado por supervivientes y familiares de víctimas de la guerra, y no esconde su enojo por la decisión de los diputados salvadoreños. Sus padres eran jóvenes estudiantes universitarios que se involucraron dentro de organizaciones de la entonces guerrilla del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN). El padre, Jorge Enrique Jiménez fue desaparecido en agosto de 1981 junto a otros nueve compañeros, en Honduras, por integrantes del Ejército de ese país. La madre, Lisbeth Castro, fue capturada en una estación de autobuses cuando se dirigía a la Universidad Nacional. Más tarde hombres de civiles y fuertemente armados la llevaron, con signos de tortura, a la casa familiar, donde realizaron un cateo. Luego Lisbeth fue desaparecida. Amanda tenía 14 meses. "Desde entonces estamos buscando justicia y no ha sido posible hallarla", dice.

La noche del miércoles el FMLN, ahora convertido en partido político de oposición, se abstuvo de votar por la legislación, que fue aprobada sin consultas. “Pero tampoco mostró una posición clara a favor de las víctimas”, acota Castro. “Su posición es pueril. Los diputados del FMLN también son cómplices”.

Entre los partidos que votaron la ley está la Alianza Republicana Nacionalista (ARENA), fundada en 1981 por Roberto d'Aubuisson, militar a cargo de los denominados Escuadrones de la muerte que sembraron el terror durante la guerra. La oficina de la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH) había advertido el 25 de febrero que la legislación podría significar una “restricción del derecho a la justicia” y una “prescripción de facto para crímenes que, por su naturaleza y definición, son imprescriptibles”. Para el organismo, la conmutación de las penas “propicia la impunidad”.

El presidente Nayib Bukele, que hace dos semanas se enfrentó al Parlamento por la negación de este a votar un préstamo internacional para financiar su estrategia contra la violencia, anunció que vetará la ley. Las víctimas, sin embargo, tampoco confían en el controvertido mandatario. “Si el presidente veta la ley es importante, pero un presidente que tiene toda una práctica autoritaria y militarista. Tampoco es garantía de nada. Vamos a seguir luchando para que haya verdadera justicia”, dice Castro. Su esperanza, afirma, es que la Sala Constitucional del Supremo “se pronuncie con fuerza sobre esta ley que es un pacto de impunidad.”

Por Carlos Salinas Maldonado

México 27 FEB 2020 - 15:55 COT

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"No necesitamos una tercera revolución en los métodos de hacer una guerra." Imagen: EFE

Entrevista a la Premio Nobel de la Paz en 1997 por su lucha contra las minas antipersonales

A horas de su llegada a Buenos Aires para participar de la "Campaña para Detener a los Robots Asesinos", Williams repudia al presidente Donald Trump y remarca la importancia del movimiento feminista en el mundo.

 

Su libro autobiográfico, "My name is Jody Williams", fue traducido al español con el particular título de "La hippie que llegó a ser Nobel de la Paz". A la ganadora del prestigioso premio en 1997 por su militancia contra el uso de minas antipersonales no le molesta esa definición. Al contrario, la reivindica: "Si ser hippie quiere decir ser una activista informal e incapaz de decir palabras bonitas solamente para caerle bien a otros, entonces sí, soy una hippie".

Jody Williams nació el 9 de octubre de 1959 en Brattleboro, pequeño pueblo del estado de Vermont, Estados Unidos. Se formó en Relaciones Internacionales, pero las mejores experiencias las vivió en su recorrida como voluntaria por países de América Central. A horas de llegar al país para participar de la "Campaña para Detener a los Robots Asesinos", Williams dialogó con Página/12. A lo largo de la entrevista, revela la importancia de la guerra de Vietnam en la elección de su vida militante, manifiesta su rechazo hacia el presidente Donald Trump y remarca la importancia de que el movimiento feminista siga creciendo a nivel mundial.

-En su autobiografía de 2013, usted dice que la religión ocupó un lugar importante en su vida.

- Mi abuela maternal nació en Italia y crecí en una casa católica y sí, eso fue una parte importante de mi infancia y de mi juventud. Pero la iglesia no podía o no quería contestar preguntas difíciles y siempre decía que teníamos que aceptar cosas inexplicables por fe. Yo no creo en esa idea de fe. No acepté no tener respuestas a mis preguntas. Soy espiritual, pero no creo en el Dios de la iglesia.

- ¿La guerra de Vietnam significó un quiebre a la hora de elegir su vocación?

- Mi experiencia con Vietnam fue algo que me abrió los ojos en cuanto a la historia de los Estados Unidos. Aprendí que el país no es un país pacífico, sino uno de lo más intervencionistas en la historia. Vietnam me dio ganas de intentar buscar un camino para influir en la política externa del país.

- Usted trabajó en distintos países de Centroamérica como voluntaria. ¿Cómo recuerda esa experiencia? 

- Allí aprendí lo que es ser activista. Entendí que el trabajo avanza por nosotros, no por mí. O sea, una persona solita no cambia el mundo para beneficio de todos. Para lograr eso, es necesario trabajar con otros con la misma visión y determinación de hacer de la visión una realidad. Después de mi labor humanitaria en la región, empecé a trabajar en la campaña antiminas.

- La llevo al momento en que usted recibió el Nobel en 1997 por su lucha contra las minas antipersonales y las bombas de racimo. ¿Cómo se enteró que había ganado?

- Estaba con mi novio (ahora esposo) Steve Goose y mi familia en Vermont. Steve y yo nos conocimos en la campaña antiminas. El nueve de octubre es mi cumpleaños y habíamos ido a Vermont para festejarlo. El diez de octubre hacen el anuncio del Nobel de la Paz. ¡Fue un regalo inesperado! Y me costó procesarlo, porque sigo siendo introvertida por naturaleza.

- Ha sido muy crítica del Premio Nobel de la Paz otorgado a Barack Obama en 2009. ¿Cómo se explica que haya recibido ese premio?

- Obama mismo sabía y sabe que no merecía ese premio. No hizo más que sentarse a esperar un mundo sin armas nucleares, pero luego procedió a modernizarlas. Una total hipocresía. Creo que el Comité del Nobel estaba tan feliz de ver algo diferente de George W. Bush en el poder, que se dejó llevar. Pero no se dieron cuenta de que iban en la dirección equivocada.

- Usted se unió a otras mujeres ganadoras del Premio Nobel, entre ellas la guatemalteca Rigoberta Menchú, para trabajar por la paz. ¿Cómo surgió la idea?

- En 2005, nos dimos cuenta de que eramos varias mujeres que habíamos conquistado el Nobel de la Paz. Entonces decidimos juntarnos y usar la influencia y poder del Nobel para apoyar a organizaciones de mujeres en zonas de conflicto. Trabajamos para hacer un mundo con paz sostenible, y ya llevamos casi quince años de trabajo exitoso.

- El feminismo como movimiento no para de crecer en el mundo. ¿Cuáles son los principales desafíos que observa en la actualidad?

- Lamentablemente, los desafíos siguen siendo esencialmente los mismos en todo el mundo. Los hombres controlan la mayor parte del poder, y parecen creer que el poder es de alguna manera finito. Y si las mujeres tienen algún poder, eso significará que los hombres tendrán menos poder. Es un razonamiento absurdo.

- En Argentina existe una fuerte campaña para que el Congreso apruebe el derecho al aborto legal, seguro y gratuito. ¿Está a favor del derecho a abortar?

- Absolutamente. Las mujeres debemos tener control sobre las decisiones que nos afectan. Eso quiere decir control sobre nuestros cuerpos, nuestro dinero, nuestras vidas. Yo no voy a obligar a otra mujer a tener un aborto. Pero al mismo tiempo, no quiero que otra gente me diga que no puedo tomar esa decisión. Me indigna que los hombres crean que tienen ese derecho.

- El año electoral arrancó con fuerza en Estados Unidos. Usted nació en Vermont, estado por el cual Bernie Sanders es senador. ¿Le genera alguna esperanza su precandidatura demócrata?

- En este momento es el líder del espacio demócrata. Sinceramente, mi esperanza más grande es vivir la derrota de Trump en las elecciones de noviembre.

- ¿Pero cree que Trump puede ser vencido en las presidenciales del próximo tres de noviembre?

- Siempre ha tenido presunciones de ser un rey. Con los resultados del impeachment en el Senado parece que de veras cree que es el rey. Creo que puede ser vencido, pero también creo que puede ganar y si es horrible hoy, no puedo imaginarlo si ganara en noviembre.

- Sus críticas hacia el presidente parecen ir en línea con lo que llama "excepcionalismo estadounidense".

- Todo el mundo ya sabe que los gringos se creen los dueños del mundo y eso proviene de la creencia de que el país y su gente, los blancos obviamente, son excepcionales en el mundo. Por eso, todo lo que hace Estados Unidos contribuye al bienestar de todo el mundo, incluso cuando el mundo no se da cuenta de eso...

Este miércoles 26 de febrero a partir de las 10:30 horas, en el Auditorio del Centro Cultural de la Ciencia, Williams brindará una conferencia en Buenos Aires como parte de la Campaña para Detener a los Robots Asesinos junto a la directora de la división Armas de Human Rights Watch, Mary Wareham, la ingeniera de software, Laura Nolan, la investigadora del CONICET, Vanina Martínez, y la Coordinadora de la Red de Seguridad Humana en Latinoamérica y el Caribe, María Pía Devoto.

- ¿Cómo podría explicarle a los habitantes de la región, no habituados a ese tipo de discusiones, cuál es la importancia de frenar la actividad de estos robots asesinos?

- Desde la Campaña nos preocupa pensar que las armas autónomas decidirían quién vive y quién muere, sin intervención humana, algo que cruza los límites morales. El mundo ya es lo suficientemente peligroso. No necesitamos una tercera revolución en los métodos de hacer una guerra. Y menos cuando serían guerras impredecibles, ya que los seres humanos quedarían fuera de decidir quién vive y quién muere. Sería un desarrollo completamente asqueroso.

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Sábado, 22 Febrero 2020 06:34

Acuerdo de paz entre EE.UU. y los talibanes

Pomeo llega el viernes a Omán, primera escala de su gira por Africa y Oriente Medio.  ________________________________________ Imagen: AFP

Se firmaría el 29 de Febrero y pondría fin a 18 años de guerra

Empezó un alto el fuego de siete días en Afganistán que culminaría con la firma del acuerdo, informaron las partes por separado, luego de un año de negociaciones en Qatar.

 

Estados Unidos y el movimiento islamista talibán anunciaron ayer su intención de firmar un acuerdo de paz el próximo 29 de febrero para tratar de poner fin a 18 años de guerra en Afganistán, el conflicto militar más prolongado de la historia de Estados Unidos.

El anuncio llegó poco después de que los talibanes, Estados Unidos y el gobierno afgano confirmaran que este fin de semana entrará en vigor un pacto ya anunciado de alto el fuego durante siete días, del cual dependerá el éxito del resto del delicado proceso.

El secretario de Estado norteamericano, Mike Pompeo, dijo que, si la tregua tiene éxito, Estados Unidos firmará un acuerdo de paz con el movimiento insurgente el 29 de febrero, coronando más de un año de negociaciones entre ambas partes en Qatar.

Luego de la firma del acuerdo con Estados Unidos, los talibanes iniciarán negociaciones con el gobierno de Afganistán que, en última instancia, permitirían que Washington empiece a retirar a los miles de soldados que tiene en el país asiático desde 2001.

El gobierno afgano no ha participado de las negociaciones en Doha.

"Nos estamos preparando para que la firma tenga lugar el 29 de febrero", dijo Pompeo en un comunicado en el que, no obstante, condicionó el acuerdo a "una implementación exitosa del entendimiento de reducción de violencia" durante una semana. "Las negociaciones internas afganas comenzarán poco después, y este paso fundamental echará los cimientos para cumplir con un alto el fuego integral y permanente, y con una hoja de ruta para el futuro político de Afganistán", agregó.

Los talibanes confirmaron el acuerdo para firmar el pacto con Estados Unidos el 29 de febrero en Doha, capital de Qatar y sede de los contactos entre las partes. "Tras las largas negociaciones, ambas partes han acordado firmar el acuerdo en presencia de observadores internacionales" el sábado 29 de febrero, afirmó la formación insurgente en un comunicado.

Estados Unidos espera que, a partir de ambas negociaciones, pueda comenzar a retirar a sus soldados de Afganistán casi 18 años después de invadir el país para derrocar a los talibanes del gobierno por dar refugio al líder de Al Qaeda Osama Bin Laden. El objetivo de las negociaciones entre talibanes y gobierno afgano sería un alto el fuego nacional y una retirada escalonada de fuerzas estadounidenses, que totalizan unos 12.000 soldados y que según el Pentágono podrían reducirse a 8.000 "con el tiempo".

Los talibanes, además, se comprometieron a no dar refugio a organizaciones "terroristas" internacionales como Al Qaeda, según dijeron la semana pasada fuentes de ambas partes en declaraciones en "off" a varios medios estadounidenses.

Uno de los jefes de la delegación afgana en Qatar, Abdul Salam Hanafi, dijo la semana pasada que, luego de firmar el acuerdo de este mes, Estados Unidos y el gobierno afgano liberarán a 5.000 prisioneros talibanes y los rebeldes liberarán a 1.000 prisioneros.

El vocero del Consejo de Seguridad Nacional de Afganistán, Javed Faisal, y fuentes talibanes dijeron ayer más temprano que el acuerdo de "reducción de violencia" entre todas las partes entrará en vigor mañana. En Estados Unidos, los principales medios citaron a un funcionario de alto rango del Departamento de Estado que dijo que el alto el fuego de siete días comenzaría a regir ayer a la noche, pero no dijo a qué hora exactamente.  El funcionario habló bajo condición de anonimato, dijeron los medios.

En Pakistán, donde los talibanes también tienen presencia, un dirigente del movimiento insurgente dijo que, tras la firma del acuerdo del 29 de febrero, las negociaciones con el gobierno afgano comenzarán el 10 de marzo, informó el canal qatarí Al Jazeera.

Estados Unidos y los talibanes ya estuvieron a punto de firmar la paz el año pasado, pero el presidente Donald Trump se echó atrás a último momento, en septiembre, luego de la muerte de un soldado norteamericano en un ataque de los rebeldes.

Analistas han advertido que el camino a la paz en Afganistán no será fácil y que los acuerdos podrían naufragar en cualquier momento. En el peor de los casos, esos analistas han dicho que las partes en conflicto podrían aprovechar la distensión para reposicionar sus fuerzas en busca de asegurarse ventajas en el frente militar.

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Viernes, 21 Febrero 2020 06:06

"Money, money, money"..

"Money, money, money"..

Una imagen vale más que mil palabras. Finales de enero, Casa Blanca, Washington. Donald Trump y Benjamin Netanyahu dos grandes machers de la política global –el primero (todavía) bajo el impeachment, el segundo investigado por corrupción y soborno− presentan la "Tranza del Siglo", ¡ejem!, el Acuerdo del Siglo ( The deal of the century), el gigantesco y descarado plan de robo de tierras palestinas −sin que ningún palestino fuese consultado en su diseño ni presente en su estreno− disfrazado de "iniciativa de paz".

¿Qué mejor instantánea de nuestro tiempo político?

Cuando D. Yearsley había sugerido que un perfecto soundtrack para el –finalmente fallido− proceso de destitución de Trump habría sido una pieza de John Adams (bit.ly/2H0a9J6) −que de hecho tiene toda una ópera sobre el bochornoso affaire del secuestro de Achille Lauro que causó revuelo por ser "demasiado condescendiente al terrorismo palestino" (bit.ly/2GWydwa)−, yo ya empecé a imaginarme una perfecta banda sonora para el –aún pendiente (bit.ly/37MkCms)− proceso de Netanyahu. Algo mucho más plebeyo.

¿Qué tal "Money, money, money..." de ABBA?

Este, de hecho, podría ser igualmente el fondo para toda la "Tranza del Siglo". Reflejaría bien la mentalidad de sus autores: del multimillonario Trump, de su oficial "arquitecto", su multimillonario yerno J. Kushner y del gran amante de lujos, Netanyahu, ya que las principales líneas del plan parecen recortadas de uno de sus libros (bit.ly/2uLg7uW). Enfatizaría el meollo de toda esta farsa que se resume a que los palestinos por fin dejen de lado todas estas "demandas irracionales" −un Estado soberano, el fin del colonialismo israelí, etcétera− y acepten el dinero del "paquete económico" para vivir finalmente –confinados a sus bantustanes concedidos por Israel y Estados Unidos de manera tan generosa− "una vida prospera".

Puede ser con un support de Liza Minelli y su (casi) homónima canción Money, money – Money makes the world go round, the world go round...− del clásico musical Cabaret (1972), ambientando –sin casualidad diría yo− en el auge del nazismo (bit.ly/2v3zleV). Herr Trump y su naciente fascismo estadunidense (véase: J. Stanley) und Herr Netanyahu y su peculiar versión israelí (véase: Z. Sternhell) justifican bien la selección.

Sí, vivimos en un Weimar global, una entidad destinada a fracasar, pero tam-bién en un Trumpistán donde todo –incluso la dignidad− parece tener su precio.

Cualquiera que miraba con atención lo veía venir desde hace tiempo.

El buen Robert Fisk al ver la primera probadita del plan –Israel sin respetar las fronteras de 1967 se queda con toda Jerusalén (declarada "capital israelí indivisible" por Trump), todos los asentamientos ilegales (declarados "legales" por Trump) y el Valle de Jordán− remarcó que si antes la fórmula era "la tierra por la paz", ahora es “ cash por la paz, una quintaesencial solución trumpiana” (bit.ly/3bERgJz).

En la "Tranza del Siglo" –que niega la justicia a los refugiados palestinos y la igualdad a los palestinos-ciudadanos israelíes− la autodeterminación es un término económico, no político (bit.ly/2wmdX5j). Como si esta −independientemente de su forma− fuera posible bajo la ocupación que el plan, de hecho, legaliza poniéndole no más un poco de dinero encima prometiendo "prosperidad" y "gran crecimiento" al sector privado palestino, aunque –esto ya lo dijo Hanan Ashrawi que en su momento chocó fuerte con Arafat por llevar a Palestina a la tragedia de Oslo (véase: A. Shlaim, Woman of the year, en: Israel and Palestine, 2009, p. 211-223)− “pensar que los palestinos renunciaremos a nuestros derechos y libertad por una mítica ‘paz económica’, son castillos en el aire” (bit.ly/2P0c2tI).

Otra vez: cualquiera que miraba con atención lo veía venir desde hace tiempo.

Fueron los Acuerdos de Oslo (1993) firmados en el clímax del neoliberalismo –asimilado de hecho en una situación colonial por la dirigencia palestina (bit.ly/36N4Ffi)− que aparte de darle tiempo a Israel para robar más tierra, convirtieron la liberación de Palestina –bien apunta Joseph Massad, el discípulo del gran E. W. Said− en mero empoderamiento de sus empresarios y aparato de seguridad (bit.ly/2GQeheI).

De hecho fue el propio empresariado palestino que convenció a Arafat de firmar a Oslo, propagando –en coro con ideólogos estadunidenses e israelíes− las quimeras del maná neoliberal y prosperidad para todos −"Dubai en Cisjordania"/"Singapur en Gaza"−, recalentados hoy por Kushner & Company.

El Acuerdo del Siglo –en esencia un “ business plan” y la vez el “ business as usual”− es culminación de todo esto (tarde o temprano algunos sectores palestinos que se lucran de la ocupación y lazos financieros con Israel lo suscribirán).

Cualquiera que miraba con atención se acuerda también cómo el candidato Trump se declara en 2016 "neutral" (sic) en el conflicto israelí-palestino hasta que le cae el veinte que una megagenerosa donación a su campaña por un cierto magnate casinero "el rey de Las Vegas y el príncipe de Macao" que también es... el principal soporte de Netanyahu –"su dueño" decía el viejo Uri Avnery (bit.ly/2STiJ1A)− es condicionada con "tomar un partido".

Allí estamos de vuelta a nuestra imagen: dos políticos con problemas legales, en antípodas del derecho internacional, ambos en campañas de relección, con el mismo padrino financiador, presentan un plan de atraco a todo un pueblo desposeído. Zeitgeist.

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Abbas rechazó en la ONU el plan de paz de Trump 

"Este es un plan israelí-estadounidense que busca cerrar la cuestión palestina" dijo el presidente

El mandatario palestino dijo que la propuesta que presentó par estadounidense plantea un Estado palestino inviable, con un territorio fragmentado que comparó con un "queso gruyere suizo".

El presidente palestino, Mahmud Abbas, pidió este martes ante el Consejo de Seguridad de la ONU un "rechazo completo" del plan de paz para Medio Oriente presentado por el presidente estadounidense, Donald Trump, que favorece fuertemente a Israel.

"Ni este plan ni ninguna de sus partes deberían ser considerados como una referencia internacional para negociaciones. Este es un plan israelí-estadounidense que busca cerrar la cuestión palestina", defendió en un discurso.

"Rechazamos este acuerdo, y es suficiente con nuestro rechazo, porque aleja a Jerusalén Oriental de la soberanía palestina", declaró Abbas durante una reunión del Consejo de Seguridad de la ONU en Nueva York. "Este acuerdo convierte a nuestra gente y a nuestro país en asentamientos separados sin control sobre el agua, el espacio aéreo y las tierras, y pone fin a la causa de los refugiados", agregó el líder palestino, quien aseveró que la implementación del plan "terminará en la destrucción del proceso de paz". 

Al mismo tiempo, ratificó el compromiso de Palestina con la paz en condiciones apropiadas para ambas partes. "Hoy he venido ante ustedes para decirles que la paz entre israelíes y palestinos todavía es posible. He venido para construir una asociación internacional para lograr una paz justa, integral y duradera", dijo Abbas.

"Me gustaría llamar al pueblo israelí para decir que la ocupación continua y el control militar de otro pueblo no ayudarán a lograr su seguridad. Solo tenemos una opción. Tenemos que ser socios, tenemos que ser vecinos, cada uno en su propio país, país soberano", sostuvo el presidente palestino.

Abbas, entre otras cosas, denunció que la propuesta presentada la semana pasada por el presidente estadounidense, Donald Trump, plantea un Estado palestino inviable, con un territorio fragmentado que comparó con un "queso gruyere suizo"."¿Aceptarían ustedes esto?", dijo a los miembros del Consejo mientras mostraba el mapa planteado por Estados Unidos.  La iniciativa estadounidense, para la cual los palestinos no fueron consultados, contempla legalizar la anexión israelí de grandes extensiones de los territorios palestinos de Cisjordania, incluyendo las colonias israelíes y el Valle del Jordán.

Los palestinos pretenden que Cisjordania sea el corazón de su futuro estado, que incluya la Franja de Gaza y que tenga a Jerusalén este como capital.

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El presidente Mahmud Abás deja sin apoyos a Palestina

El "acuerdo del siglo" debería abrir los ojos al presidente palestino Mahmud Abás. Su política de apaciguamiento y sumisión respecto a Israel ha fracasado estrepitosamente durante quince años. Abandonado por los países árabes y europeos, el único paso honesto que Abás puede dar es dimitir, algo que debería haber hecho hace mucho tiempo.

 

El presente de los palestinos atraviesa por el momento más decisivo y menos halagüeño desde los acuerdos de Oslo de 1993. En estos 27 años aquel histórico pacto ha servido a Israel de marco para incrementar casi exponencialmente la ocupación de las colonias judías en Cisjordania, incluida Jerusalén, y el futuro que se presenta a partir de ahora no puede ser más negro para los palestinos.

Mahmud Abás está más solo que nunca, una situación que se veía venir desde hace años y que el presidente palestino ha preferido ignorar pese a los continuados e inequívocos avisos de Israel. El llanto y las lamentaciones no servirán de nada una vez que puede confirmarse con total claridad que sus aliados árabes le han dado la espalda con el respaldo de Estados Unidos e Israel.

El viernes el Canal 12 hebreo reveló la existencia de una carta dirigida por Donald Trump a los líderes árabes. En la misiva, que no puede ser más diáfana, el presidente estadounidense exige a sus destinatarios que apoyen el "acuerdo del siglo" sin reticencias y que fuercen a los palestinos a iniciar unas negociaciones con Israel sobre la base de ese acuerdo y bajo el patrocinio de Washington.

Los líderes de países como Egipto y Arabia Saudí, Abdel Fattah al Sisi y Mohammad bin Salman, se sostienen gracias al visto bueno que reciben de la Casa Blanca, donde la influencia de Israel es enorme. De hecho, el mundo árabe vive una gran tragedia debido a la creciente dependencia de esos dos países árabes de la enorme influencia del estado judío. La política interna y externa de El Cairo y Riad son rehenes del primer ministro Benjamín Netanyahu.

No es extraño que el jueves por la noche, el editor de un importante diario digital cairota revelara que todos los editores egipcios han recibido esta semana una carta de los servicios de inteligencia egipcios en la que se les da instrucciones acerca de cómo deben informar sobre el acuerdo del siglo, qué pueden decir y de qué no se puede hablar.

En público, los comentarios que han salido de los gobiernos árabes se han medido al milímetro. Se han visto extremas piruetas puesto que los líderes saben que la inmensa mayoría de su población rechaza un acuerdo que de ninguna manera puede ser aceptado por los palestinos puesto que vulnera todos los derechos internacionales y consagra las políticas de apartheid que siempre ha aplicado Israel.

Medios hebreos han señalado que Netanyahu sabe que los palestinos nunca aceptarán el acuerdo del siglo, de modo que por esa razón él lo ha aprobado. Es un acuerdo que ha nacido muerto, que permitirá que el estado judío siga expandiendo su dominio colonial y que borra cualquier posibilidad de establecer unas fronteras. Los países árabes saben perfectamente, tan bien como los palestinos, que es un acuerdo inaceptable en cada uno de sus apartados.

En esta situación ¿qué puede hacer Abás? A sus 84 años, Abás ha estado al frente de la Autoridad Palestina desde la muerte de Yaser Arafat en noviembre de 2004, es decir desde hace más de tres lustros, y durante este prolongado lapso no ha hecho más que satisfacer las demandas de Israel, aunque él mismo, como todos los palestinos, veía que Israel no tenía la menor intención de abandonar los territorios ocupados.

El eje central de su política ha sido mantener la calma en Cisjordania a toda costa. Para ello ha colaborado estrechamente con el ejército israelí. Esta colaboración le ha permitido mantener a raya a Hamás, o mejor dicho, reprimir cualquier intento, por pequeño que fuera, de las facciones palestinas de resistir a la ocupación. Oficialmente Abás ha argumentado que la resistencia nunca da resultados.

Pero es una argumentación falaz, como lo demostró Hamás llevando a cabo una resistencia constante a la ocupación israelí hasta que echó al ejército de la Franja de Gaza. El hostigamiento de la resistencia fue decisivo entonces, algo que no ha ocurrido en Cisjordania, lo que explica que Israel año a año haya ido creciéndose hasta llegar a una situación que no tiene vuelta de hoja.

El resultado es que Abás ha fracasado. Pero ¿por qué se mantiene en el poder con tanto empeño? Es una pregunta difícil de responder, especialmente si se tiene en cuenta que todo lo que ha hecho ha favorecido a Israel y ha ido en detrimento de los intereses palestinos. Ahora, definitivamente abandonado por los países árabes y europeos, se encuentra ante la mayor disyuntiva de su historia y debería adoptar una decisión dramática, aunque no parece que esto congenie con su carácter.

A lo largo de tres lustros, Abás ha amenazado en varias ocasiones con dimitir y "entregar las llaves" a Israel para que el estado judío se hiciera cargo de la ocupación. La ley internacional dice que la potencia ocupante debe administrar el territorio ocupado y que existe un marco apropiado para hacerlo. Administrar comporta el respeto a unas obligaciones que Israel ha eludido para delegalas gustosamente en un Abás sin carácter.

Abás ha estado administrando Cisjordania en nombre de Israel al tiempo que atendía todos sus caprichos. ¿Va a continuar así? Lo más razonable sería que dimitiera, algo que debía haber hecho hace mucho tiempo, que entregara las llaves a Israel, pues la complacencia de los últimos quince años solo ha servido para agravar la situación de los palestinos. Su dimisión no puede demorarse más.

JERUSALÉN

02/02/2020 08:42

Por EUGENIO GARCÍA GASCÓN

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Palestina cortó relaciones con Estados Unidos e Israel

La Liga Árabe rechazó el plan de paz de Estados Unidos para Medio Oriente durante una cumbre extraordinaria en Egipto. En ella el presidente palestino, Mahmud Abbas (foto), anunció que cortarán relaciones con los Estados Unidos e Israel. "Hemos informado a Israel y Estados Unidos de que no habrá ninguna relación con ellos, incluido el ámbito de la seguridad", expresó el presidente palestino. El encuentro en El Cairo fue convocado para discutir la iniciativa de paz presentada esta semana por el presidente estadounidense Donald Trump. Abbas sostuvo que nunca aceptaría ese plan. ”No voy a dejar registrado en mi historia que he vendido Jerusalén", dijo el presidente palestino. Agregó que mantiene firme su compromiso de poner fin a la ocupación israelí.

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