La justicia de Colombia ordena la captura del exjefe de las FARC Jesús Santrich

El exguerrillero, requerido en Estados Unidos por narcotráfico, había incumplido una citación judicial

 

Jesús Santrich, quien hizo parte del equipo negociador de la extinta guerrilla de las FARC, ya es un prófugo de la justicia. La Corte Suprema de Colombia emitió este martes una orden de captura contra el todavía congresista que ha tensado durante meses la implementación de los acuerdos de paz, y pidió a Interpol una circular roja para su detención tras no presentarse a declarar en un proceso de narcotráfico. Debido a su “inasistencia injustificada”, el alto tribunal resolvió “dictar orden de captura con fines de indagatoria en su contra por los delitos de concierto para delinquir agravado, fabricación, tráfico o porte de estupefacientes”.

Hace menos de dos meses Seuxis Paucias Hernández Solarte —el nombre legal de Santrich— salió de la cárcel, donde permaneció más de un año por un presunto delito de narcotráfico. Desde entonces, asumió su escaño en el Congreso –uno de los diez que el acuerdo garantiza a la Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común, el partido surgido de los diálogos–, agitó permanentemente la tensión política en un país profundamente polarizado y hace poco más de una semana, el 30 de junio, abandonó su esquema de seguridad y desapareció en un espacio de reincorporación en el norte del país. Desde entonces se desconoce oficialmente su paradero, por lo cual había gran expectativa por la citación judicial de la mañana de este martes.

La anticipada inasistencia del exguerrillero, quien sufre una aguda deficiencia visual, había generado todo tipo de reacciones a lo largo de la jornada. “Jesús Santrich se ha burlado de la justicia”, reaccionó en Twitter el procurador Fernando Carrillo, jefe del organismo que sanciona a funcionarios públicos, quien ya había solicitado el arresto en espera de la decisión de los jueces. “Inaceptable la conducta de Santrich. Debe ser excluido del proceso. Y ordenar su captura”, había señalado Humberto de La Calle, exjefe negociador del Gobierno.

La FARC, por su parte, tomó distancia de los excomandantes que se encuentran en paradero desconocido y no han comparecido ante los llamados de la justicia, entre los que también se encuentra Iván Márquez, el jefe negociador de la insurgencia durante los diálogos de La Habana. “Jesús Santrich no solamente es un militante de nuestro partido, sino que hace parte de su dirección y ocupa una curul en la Cámara de Representantes a nombre de nosotros. Tiene responsabilidades políticas muy serias con todos los que confiamos en él. Nos decepciona y lastima profundamente”, señaló la fuerza política en una declaración pública. “Su no presentación a la diligencia citada el día de hoy, desmiente su propia palabra y defrauda la confianza del país y de nuestro partido”.

Santrich también está citado el próximo 29 de julio ante la Jurisdicción Especial para la PAZ (JEP), encargada de investigar los crímenes más graves cometidos durante medio siglo de conflicto armado, por el caso por secuestro contra la cúpula de las otrora Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia. De incumplir esa cita, puede perder los beneficios jurídicos derivados del acuerdo que cobija a unos 13.000 exguerrilleros en tránsito a la vida civil. Su caso ha dado sobrada munición a los críticos del pacto, incluido el presidente Iván Duque. "Es la decisión esperada por todos los colombianos, indignados por el espectáculo de burla a la justica", declaró el mandatario luego de conocer el fallo de la Corte Suprema.

Por Santiago Torrado

Bogotá 10 JUL 2019 - 02:18 COT

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“Estoy libre, pero sabemos que los montajes no paran”

El ex negociador de los acuerdos de paz acusa a la DEA y a la fiscalía colombiana de hacer un montaje en su contra para poder extraditarlo a EE.UU.


Su camisa está manchada de lápiz labial rojo. Y en su cara, bien afeitada y pálida, una mezcla de alegría y cansancio refleja la montaña de emociones de los últimos días. Centenares de mujeres lo abrazaron, besaron y lloraron sobre él minutos atrás cuando, un día después de salir de la cárcel, “Jesús Santrich” apareció en su reunión de ex combatientes farianas al sur de Bogotá. Conmovido tras el recibimiento de las mujeres incluidas varias que fueron parte de su tropa rebelde, el señor se acaricia las muñecas y los brazos. Encuentra con el tacto cuatro heridas recientes: una semana atrás partió su cuchilla de afeitar y se cortó las venas al conocer, “de una fuente fidedigna”, dice, que el presidente Iván Duque estaría a punto de anunciar la conmoción interior para sacarlo del país hacia Estados Unidos, que lo pidió en extradición dando lugar a su captura el 9 de abril de 2018. Lo acusan de conspirar para enviar cocaína a su país.


Las pruebas –que se perdieron en su camino desde Estados Unidos– serían un audio y un video que fue publicado por fragmentos –uno el año pasado y otro después de su intento de suicidio– cuando a bordo de una silla de ruedas y visiblemente débil fue sacado de la cárcel La Picota en Bogotá y, cinco segundos después, capturado una vez más: que tenían nuevas pruebas de su delito de narcotráfico, dijo la Fiscalía, abriéndole un nuevo proceso judicial filtrando a los medios un segundo fragmento de la misma reunión con “Marlon Marín”, sobrino de Luciano Marín o “Iván Márquez”, quien fuera el líder del equipo negociador de las FARC en La Habana y de quien hoy se desconoce su paradero. Alega, en mensajes que envía en su cuenta de Twitter y cartas, que no tiene garantías para estar en la vida pública.


Un nuevo testimonio de Marlon y el video de una reunión en el que se ve y escucha al ex comandante Santrich hablar de negocios aunque sin mencionar ninguna palabra relacionada con drogas, serían las “nuevas pruebas”. “El señor Marín está leyendo un guión de la DEA”, le aseguró a PáginaI12 Santrich cuando este diario le consultó por una explicación de las resonadas pruebas. Tras la captura de Jesús, Marlon fue llevado a Estados Unidos como testigo protegido. “Todo es un montaje”, insiste el hombre de 55 años, músico, invidente, pintor, arquitecto del acuerdo de paz que aplaudió el mundo y hoy el gobierno de derecha en la presidencia pretende modificar, quien además es escritor. Durante su reclusión produjo cinco libros y numerosas cartas en las cuales insiste en su inocencia y la “perfidia”, una de las palabras que más se le escucha incluso desde antes de ser apresado.


Santrich lideraba la Comisión de Impulso, Seguimiento y Verificación a la Implementación del acuerdo de paz (Csivi), instancia también creada por el tratado de paz. Y por eso conocía muy bien los detalles normativos y políticos de la implementación a la cual llamó con su característica euforia “una nueva negociación del acuerdo” advirtiendo, como lo dijo a este diario hace dos años, que el “establecimiento está preparando el terreno para llevarnos a la justicia ordinaria y si es posible extraditarnos”. Para evitarla, ha dicho, cumplirá con su palabra de quitarse la vida antes de ser subido a un avión que lo lleve a Estados Unidos. En entrevista con PáginaI12 desde Bogotá, Santrich cuenta que está en zozobra por lo que pueda venir pues, dice, “hoy estoy libre, pero sabemos que los montajes no paran”.


Después de pasar más de un año en prisión, el ex guerrillero Seusis Hernández “Jesús Santrich” recobró su libertad el pasado jueves 30 de mayo. Una semana atrás, la Jurisdicción Especial de Paz (JPE) resolvió otorgarle la garantía de no extradición contemplada en el acuerdo de paz y ordenó su libertad desatando una tormenta. Las autoridades colombianas mantuvieron a Santrich en la cárcel La Picota sin acatar la orden de la JEP hasta que el Tribunal Superior de Bogotá respondió a un recurso de hábeas corpus que interpuso la defensa del más polémico integrante de las FARC. Por lo tanto ni Fiscalía ni cárcel Picota podían ya retener al rebelde tras las rejas. La “boleta de libertad” fue expedida el 16 de mayo por el INPEC. Pero solo hasta el 17 se abrieron las puertas para Santrich. Ese día fue todo conmoción.


El equipo de prensa de Duque anunció desde muy temprano que el presidente ofrecería rueda de prensa en el aeropuerto militar de Catam; empezaron los rumores de la inminente extradición de Santrich en la mañana de ese día. Esos llegaron a la celda del prisionero más custodiado de la cárcel de máxima seguridad: Seusis Pausias Hernández Solarte, hijo de maestros y parte de una prestante familia del Caribe colombiano que tomó el nombre de Jesús Santrich por un militante compañero suyo que fue asesinado.


“Yo no me voy con vacilaciones, tomé la cuchilla y me corté en cuatro ocasiones”, relata a este diario enfatizando en que no lo hizo por desesperación o depresión; insiste en que fue una determinación “de dignidad” y que su compromiso es con la paz del país y las transformaciones hacia una Colombia justa “tal como lo demostré en La Habana”. En medio de la agitada agenda en su primer día de libertad –atención a medios, visitas, y conversaciones con sus abogados y dirigentes del partido FARC– hace una pausa para tomarse una sopa. Está delgado, “pero de pie”, dice. Desde que lo llevaron en helicóptero de La Picota al búnker de la Fiscalía solo se le veía en silla de ruedas. Dice no recordar nada sobre la recaptura, sobre el helicóptero. Jesús no estaba en condiciones de una diligencia judicial, dijeron los médicos del Hospital Méderi que lo atendieron en la madrugada siguiente a su llegada al búnker, donde sus abogados lo encontraron tendido en el piso. De emergencia, el ex comandante que había recién sobrevivido a su propio ataque, fue traslado al hospital. Luego de aparentemente superar un paro cardíaco y surtir la legalización de su nuevo apresamiento –de la cual la Procuraduría dijo inicialmente que fue ilegal– otra vez fue llevado al búnker donde recobró la conciencia. En una tanqueta de la policía antidisturbios, y nuevamente en silla de ruedas, fue transportado hasta los juzgados de Paloquemao.


La estrategia jurídica de su defensa fue recusar a la jueza que no paraba de conducir con torpeza la lectura de cargos y explicaciones. Los lamentos se escuchaban entre los reporteros cada vez que la señora interrumpía. Pedía pausas porque, decía, no encontraba los documentos que necesitaba. “Estará llamando a Duque” decían los seguidores de Santrich quienes se acomodaron en una sala de los juzgados donde televisaron la audiencia en la cual Jesús pidió un repaso de la anterior sesión en el hospital.


Insistía en no recordar nada ante lo cual la jueza aceptó reproducir un fragmento del audio. “Pi, pi, pi, pi…” el sonido de los aparatos médicos que mantenían al hombre estable destacaban entre los descargos de la fiscalía y las respuestas de la jueza quien perdió cualquier dominio en este caso pues la Corte Suprema de Justicia determinó que Jesús debe ser juzgado por ellos y ordenó, una vez más, su libertad. Seusis Hernández cuenta con una credencial de congresista, producto del acuerdo de paz que otorgó ocho curules en el Congreso para el partido FARC. Aunque no se posesionó en vista de su captura, la Corte determinó que el señor sí tiene fuero y, según la ley colombiana, debe ser judicializado en esta corte y no en la justicia ordinaria. Debido proceso, explican los juristas a quienes enfurecidos rechazan la libertad de Santrich. “Vamos a ver cuánto dura”, le dice a este diario confesando que tiene zozobra por el desenlace de este thriller político judicial del cual depende la voluntad de paz de muchos. Iván Márquez, por ejemplo, “El Paisa” y “Romaña” están hoy en la clandestinidad una vez más y el número de disidentes de FARC crece, pese al llamado al compromiso con el Acuerdo de parte de sus dirigentes.


Con su bastón, camina hoy entre las ceibas centenarias de La Guajira. Ya no es un delirio su libertad. Con el acompañamiento de Naciones Unidas, se desplazó hasta donde están los centenares de hombres y mujeres que conformaron su tropa: el Caribe. Árboles de cañahuete le dan sombra mientras recibe los rayos del sol que extrañó durante más de 400 días en el pabellón más frío de La Picota. Sigue sin recordar lo que pasó el fin de semana anterior a su liberación y sigue desconfiado. “Todo lo que decía años atrás se ha ido cumpliendo ¿no?: la persecución de quienes defienden la paz (van más de 500 líderes asesinados desde la firma); los montajes, la traición, el incumplimiento en la reincorporación (no despegan en su totalidad los proyectos productivos y la falta de tierras sigue siendo un tropiezo para ello), el maltrato a los campesinos (han dejado de pagarle a los campesinos que sustituyeron los cultivos de coca); la falta de garantías de seguridad para nosotros, me han dicho que son 120 los militantes de FARC asesinados; y ni hablar de lo que han hecho conmigo”, explica.


–¿Por qué se dilató su libertad?


–Existe una determinación del bloque de poder dominante de impedir la materialización de la reincorporación política del movimiento FARC a cabalidad. Para ello mi caso es simplemente un instrumento que manipular en al campo de la perfidia para terminar de hacer trizas la implementación del acuerdo de paz. En ello la DEA y la fiscalía colombiana han jugado un papel protagónico haciendo el montaje.


 Santrich sobre Iván Duque

“Que Duque salga del guerrerismo uribista”

¿Qué explicación puede dar sobre las pruebas que circulan en su contra?


–Sobre las mentadas nuevas pruebas en concreto no hay nada esencial que diferencie el proceso que falló la Jurisdicción para la Paz (JEP) en primer instancia de este segundo que quieren adelantarme con la misma dinámica de los montajes que ya existían de parte de la Fiscalía y la DEA. Todo mi proceso ha estado viciado –tal como lo mostró la JEP– de ilegalidad, ilicitud, violaciones al debido proceso y a la cooperación internacional. Pero aparte de esto reitero que en ningún audio, video o medio de cualquier otro tipo a mí me encontrarán hablando de negociaciones ilícitas. Sencillamente, porque jamás he participado de reuniones ni de intercambio con este terreno. Todas mis actividades posteriores a la firma del acuerdo de paz se centraron en el trabajo que adelantaba la CSIVI, la cual incluyó el impulso de proyectos productivos en los espacios territoriales de capacitación. Lo novedoso hoy es la presentación del testimonio de un mentiroso que estaría leyendo la cartilla que la DEA pone a todos sus agentes y lacayos.


–¿Qué le diría al presidente Iván Duque?


–Iván Duque debe procurar salirse de las manos del guerrerismo uribista y de extrema derecha que lo tiene atrapado y formar el sendero de la reconciliación que le marca el acuerdo de paz, el cual, además de significar un compromiso de Estado y un compromiso con la comunidad internacional, contiene el anhelo de los desposeídos por alcanzar la justicia social. Duque no debería desaprovechar esta oportunidad que le da la historia de lograr la victoria de la paz.


–¿Si le informan una vez más que sería extraditado, qué va a pasar?


–Estaría triunfando por ahora la perfidia contra la paz, y no habría otra alternativa que cumplir con la palabra que deje en alto el decoro y los principios revolucionarios farianos de origen. Bajo cualquier circunstancia a la militancia fariana le corresponde seguir luchando por un a Colombia diferente sin más miseria, desigualdad y exclusión política. Yo nunca debí estar entre celdas. Soy un hombre optimista y tengo la certeza bolivariana de que no hay mejor forma de alcanzar la liberad que luchar por ella.


Denuncian torturas

Dolor y alucinaciones

Aunque no lo vieron en sus horas de alucinación y sufrimiento, en César y Guajira, los ex combatientes supieron por los abogados que Jesús Santrich fue esposado justo en las heridas abiertas. Que estaba entubado, que alucinó que estaba en un campamento guerrillero, que pedía ayuda a los guardias rebeldes de su delirio producto de la pérdida de sangre, de la falta de alimentación y de algún medicamento que le habrían inyectado en el Inpec, aseguran los abogados. PáginaI12 solicitó al Instituto Penitenciario y Carcelario el parte médico del ex rebelde para contrastar la versión de la defensa que asegura que Jesús estaba siendo víctima de tortura y estaba siendo drogado sin su consentimiento ni el de sus abogados. El Inpec no respondió y aún se desconoce el informe toxicológico del Instituto Nacional de Medicina Legal.

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No extradición de Santrich y renuncia del Fiscal

La Justicia Especial para la Paz —JEP—, como lo esperaba la mayor parte de los colombianos, decidió no conceder la extradición de Jesús Santrich, porque ese tribunal no encontró los elementos jurídico-probatorios suficientes para conceder la petición hecha por una corte de los Estados Unidos.

El Fiscal General de la Nación, Néstor Humberto Martínez, en show mediático del 9 de abril de 2018, salió a decir que tenía “pruebas contundentes”, que vinculaban al exnegociador de las Farc en La Habana, con el envío de diez toneladas de cocaína a los Estados Unidos, después de la fecha en que se habían firmado los Acuerdos de Paz entre el gobierno y esa guerrilla. Los juristas y legos en la materia, se quedaron esperando esas pruebas porque el jefe del ente acusador jamás las presentó.

Comoquiera que la JEP no encontró las pruebas que el Fiscal decía tener, ofició a la justicia estadounidense para que se las hiciera llegar. Después de que la carta de solicitud de pruebas durara extraviada más de cuarenta días, la justicia especializada de Colombia insistió en su requerimiento. Pero la justicia norteamericana contestó que no tenía por qué enviar pruebas toda vez que en una política de colaboración entre los dos Estados, Colombia debía aceptar como un dogma lo que USA en su infinita sabiduría ordenara. Hasta ahí los antecedentes del asunto.

El fallo

Pese a todas las presiones que los magistrados de la JEP recibieron por parte del gobierno Duque, del Fiscal Martínez, del Congreso —como se recordará a la presidente Linares la abrieron investigación en la Comisión de Acusaciones de la Cámara— y de los medios de comunicación, lo que los más desprevenidos ciudadanos esperaban era un fallo de esta estirpe: no conceder la extradición y ordenar la libertad de Jesús Santrich, por considerar que estaba detenido sin sustento jurídico.

Para quienes conocen la historia política de Colombia, no es extraño ver la manera como reaccionó la cúpula del establecimiento ante el fallo de no extradición. En efecto, las élites de la oligarquía han gobernado aferradas siempre a un hilo conductor caracterizado por tres verbos: excluir-reprimir-exterminar. Para las oligarquías las vías legales están negadas. Por eso, han contestado con violencia al fallo de la JEP. Es una alharaca apresurada, pues se trata de una decisión de primera instancia que bien podría ser revocada por la segunda. El procedimiento legal en vez de la violencia es, pues, el recurso de apelación como lo ha hecho el Procurador General de la Nación.

Al Fiscal Martínez se le apareció la Virgen

La renuncia del Fiscal General de la Nación, Néstor Humberto Martínez Neira, es el hecho más grosero contra la institucionalidad, al promover el desconocimiento de un fallo judicial. El mensaje que le envía a la opinión pública y a la comunidad internacional, que siempre ha apoyado el proceso de paz y la JEP, como herramienta más eficaz de aquel, es el siguiente: “Como la JEP no hace lo que Estados Unidos, el gobierno Duque y yo le pedimos, entonces pateo las instituciones y me voy”.

En realidad el fallo de la JEP fue para Martínez la gran disculpa para renunciar. En los círculos judiciales se venía rumorando que la Corte Suprema de Justicia le pediría la renuncia debido al alto grado de ilegitimidad en el que se encontraba desde el mismo momento en que fue elegido. De ahí, que la decisión de la JEP, adversa al querer de los Estados Unidos, del Fiscal y del propio gobierno Duque, fue para Martínez una bendición. En su carta de renuncia el jefe del ente acusador presenta como argumentos un sartal de mentiras: que el fallo de la JEP viola la Constitución, que avala el maridaje que existe entre narcotráfico y la reincorporación de los excombatientes a la vida civil, y que vuelve trizas la cooperación internacional contra el delito. Ante tan falsas motivaciones bien valdría la pena preguntarle a Martínez, ¿qué hará el día en que la segunda instancia revoque el fallo y ordene la extradición de Santrich? ¿Dirá que retira su renuncia y se reincorpora al cargo?

El presidente Duque, especializado en ir siempre en contravía del sentido común, muy tarde en la noche de este 15 de mayo, declaró en un video que hizo llegar a los medios, que lamentaba la renuncia del Fiscal Martínez. Pero el jefe de Estado no se quedó ahí, centró su discurso en la lucha frontal contra el narcotráfico, dejando en la opinión pública la idea de que la no extradición de Santrich es un claro respaldo a ese delito, cuando ese no era el punto del fallo: el tema aquí es la falta de pruebas. Sin estas, la JEP no podía complacer a los enemigos de la paz. La excepción a la absurda manera de actuar de Duque es que respaldó la decisión del Procurador: la apelación del fallo de la JEP.

La declaración más afortunada sobre la renuncia de Martínez fue la que dio Petro: “Es una excelente noticia que un corrupto se vaya, ojalá que Duque y la Corte Suprema no nos pongan otro corrupto. Se va el fiscal de Odebrech/Sarmiento”.

 

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Sábado, 27 Abril 2019 06:33

El dinero es amor

El dinero es amor

”Love is money”, dijo Kevin Whitaker, embajador norteamericano en Bogotá, ante un grupo de legisladores colombianos con los que estaba desayunando en su residencia. Estados Unidos podría dejar que “querer” a Colombia si ellos no apoyaban al presidente Iván Duque en “las objeciones” presentadas en un capítulo de los Acuerdos de Paz firmados en La Habana en 2016, cuando el presidente era Juan Manuel Santos. Whitaker les decía que necesitaban la aprobación de “las objeciones”, aunque eso implicara desconocer a la justicia colombiana o a la Constitución. De modo que si no se aprobaban su país retiraría su cariño: “Love is money”. Básicamente, Duque quiere “objetar” algunos puntos vinculados a las pruebas necesarias en caso de que Estados Unidos reclame la extradición de algunos ex miembros de las FARC, previa acusación de narcotráfico.


Fue en los primeros días de abril. Dos tandas de legisladores de casi todos los partidos, dos desayunos, dos días consecutivos. Huevos con panceta y un café cargado fue el menú de ambos días. Aunque el embajador pidió discreción, un legislador habló (ya le retiraron la visa) y todo salió publicado en El Espectador. En una de las rondas, uno de los legisladores preguntó por qué Estados Unidos no hacía público su reclamo. Whitaker dijo que no podía, porque los acuerdos fueron acompañados y aprobados también por un enviado del entonces presidente Barack Obama. Quedaba mal. Pero en el patio trasero a los representantes del pueblo, que es un abstracto y que cuando toma cuerpo es el cuerpo que cae acribillado en plena noche o en plena mañana, Estados Unidos se considera con derecho a pedirles que voten lo necesario, aunque hayan hecho pública o prometido la posición contraria.
Hace dos semanas hablábamos de la oscuridad pública. Vale la pena ampliar la idea. Porque como vemos, aunque haya un intersticio y algo no conveniente se publique, los mecanismos de control de información están tan aceitados, que esa noticia no tiene más destino que la llama de un fósforo. Aunque alumbre el crimen más horrible o una injerencia impudorosa como la de Whitaker: se ve, pero no se ve. Se sabe, pero todo el mundo sigue con su vida como si no lo supiera.


Dos tandas de seis legisladores colombianos fueron a escuchar la recomendación de la embajada en un tema crucial, y uno de los principales diarios publicó todo. No se movió ninguna estantería. El vasallaje está naturalizado. La hipocresía se da por sentada. No hay tiempo para procesarlo. Muere gente sin parar y específicamente mueren los líderes sociales –mueren asesinados por bandas paraestatales– asignados para reconstruir las redes sociales en los territorios que ocuparon durante décadas las FARC. Entre 2018 y lo que va de 2019 llegan a más de cuatrocientos los líderes eliminados. Está claro que Estados Unidos tiene pensado qué hacer con esos territorios: no serán el hábitat natural ni bucólico de ninguna comunidad local. Los quieren para ellos y para hacer otra cosa.


En Perú, donde no hubo Diálogos de Paz, llegan a doscientos los líderes y las lideresas asesinados en estos dos años. Allí la presencia de pueblos originarios que defienden sus recursos naturales es mayor, y contra ellos actúan las patotas que los acribillan delante de sus familias, como escarmiento a las comunidades. Como en Honduras, como en Guatemala, como en El Salvador, como en Chile o la Argentina, se trata de activistas de pueblos originarios que se oponen a represas, a mineras, a agrotóxicos, a madereras. De los más de cien líderes asesinados el año pasado en Perú, sólo uno tiene una causa judicial que aparentemente avanza. Los otros asesinatos también se naturalizaron. Se ven, pero no se ven. Se saben, pero la gente continúa con su vida como si no lo supiera.


La oscuridad pública cubre un amplísimo abanico de temas que, aunque lleguen a ser publicados, nunca son interconectados ni llegan a ser enunciados con la relevancia que tienen. “El mayor enemigo de la gente es la confusión. La gente tiene que entender en qué mundo vive”, dijo hace ya algún tiempo Julian Assange, a quien ahora en Gran Bretaña ni siquiera le dejan tomar contacto con sus abogados. Es que no hay enemigo mayor para los guardianes de la oscuridad pública que aquel que aporte más fósforos para que la realidad se haga visible. Porque tenemos eso: fósforos. El poder de las cámaras y los flashes, el poder de la reproducción invasiva de las redes, lo tienen ellos.


En América Latina, ante los 800 millones de euros reunidos en un par de días para la reconstrucción de Notre Dame, fueron muchas las publicaciones de protesta porque la agenda mundial que hizo centro y foco en el incendio de la catedral parisina mientras continúa manteniendo en penumbras otros incendios, innumerables crímenes, la destrucción de ciudades enteras, como la siria Aleppo, como la palestina Gaza. Es cierto. Pero tenemos otras formas de Aleppos y Gazas aquí rozándonos, tenemos crímenes de lesa humanidad rondándonos, tenemos una derecha tutelada por mandantes que nos exigen un cinturón de castidad para que el otro polo de poder emergente en el mundo –Rusia y China– no les quite su Dorado.
Hay incendios descomunales en la Amazonia, donde Estados Unidos hace por primera vez en la historia sus ejercicios militares. Los incendios son intencionales. Empresas vinculadas a los agronegocios quieren convertir en sabana la selva, para hacerse ganaderos. Y donde no incendian, talan. Somos el escenario central de la catástrofe que sobrevendrá si no damos vuelta el rumbo. Destruirán el pulmón del planeta. Envenenan el agua. Matan a quienes viven donde ellos necesitan más rentabilidad. Hablarán de narcotráfico y terrorismo, como siempre. Los mismos que inventan a los terroristas y los arman. Los mismos que corrompen Estados para que sus fuerzas de seguridad sean cooptadas por el narco.


La oscuridad pública lo que ampara es la muerte. Y Estados Unidos siempre tuvo mucho más que ver con la muerte que con la libertad. Ese es el mundo en el que vivimos, y ésas son las desgracias a las que nos quieren arrastrar, trasladando la lógica de la guerra que impera en Medio Oriente. Mientras tanto, los pueblos convertidos en audiencias chorrean baba por odios o fascinaciones inventadas al solo efecto de hacerles creer que viven en un mundo que no es éste.

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Primera fila, de izquierda a derecha, en tercer lugar el padre Javier Giraldo acompañando a la Comunidad de Paz

La utilización de acciones jurídicas se constituye en una nueva herramienta para seguir atentando contra los habitantes que conforman la Comunidad de Paz de San José de Apartadó, así lo demuestra la acción de tutela interpuesta por la Brigada XVII del Ejército Nacional contra la Comunidad de Paz, tutela fallada en la Sentencia 327 del 5 de octubre de 2018, mediante la cual pretenden hacer retractar a las comunidades de sus denuncias públicas que evidencian el accionar conjunto entre militares, policías y paramilitares en la región, supuestamente para proteger el buen nombre y la honra de los militares. Vale la pena decir que estas comunidades desde el año 2005 renunciaron a la utilización de los aparatos judiciales del país, pues han vivido en carne propia la ineficiencia de los mismos y, por el contrario, sus miembros han sido amenazados, perseguidos, desplazados y asesinados luego de interponer denuncia judicial.


El padre Javier Giraldo Moreno, representante de la Comunidad de Paz, envió una carta a la Corte Constitucional en la cual defiende el derecho de las comunidades a negarse a obedecer la sentencia de rectificación, argumentando jurídicamente el por qué es legítimo no hacerlo y dejando claro que los elementos jurídicos utilizados por los militares son ilegales, ilegítimos e inconstitucionales. Aquí la carta completa:


Señores Magistrados
SALA DE REVISIÓN CORTE CONSTITUCIONAL

Ref: Exp.: T-7092205, asignado el 28 de enero de 2019
Exp: T-1401460 Seguimiento Sentencia T-1025/07


De toda consideración.

En mi condición de representante de la Comunidad de Paz de San José de Apartadó, habiendo actuado ante esa Honorable Corte en los procesos de revisión que dieron origen a las Sentencias T -249/03, T-327/04, T-1025/07, así como en el seguimiento a esta última y sus Autos consecutivos 164/12, 693/17 y Auto del 7 de septiembre de 2018, y conocedor de la Acción de Tutela interpuesta por la Brigada XVII del Ejército Nacional contra la Comunidad de Paz de San José de Apartadó, fallada en la Sentencia 327 del 5 de octubre de 2018 por la Juez Segunda Promiscua de Apartadó y de la solicitud de su revisión (Exp. T-7092205), asignada a la Sala de Revisión el 28 de enero de 2019 por Insistencia del Defensor Nacional del Pueblo, me permito aportar el siguiente escrito en calidad de AMICUS CURIAE, cuyo contenido puede tenerse en cuenta también para el seguimiento de la Sentencia T-1025/07 (Exp: T-1401460).

La Brigada XVII del Ejército Nacional, con sede en Carepa, Antioquia, solicitó a la Juez de conocimiento de Apartadó proteger los derechos a la honra, al buen nombre y a la intimidad de los militares adscritos a ella y a sus unidades menores, lesionados por las referencias que la Comunidad de Paz hace sobre el comportamiento de los militares en sus comunicados o Constancias Históricas difundidas en su página web. La Brigada solicita que la Comunidad rectifique las informaciones y que allegue a la fiscalía y a la misma Brigada las pruebas de los comportamientos ilícitos de los militares, y la juez acoge su solicitud en la sentencia.

Como la Honorable Corte lo conoce suficientemente, dadas las diversas sentencias emitidas en relación con la Comunidad de Paz de San José de Apartadó y los Autos que han tratado en vano de hacer cumplir las órdenes de sus sentencias y de los autos consecutivos, esta Comunidad de Paz desde el año 2005 renunció a utilizar en su defensa al aparato judicial y a colaborar con él de alguna manera, luego de experimentar durante 8 años que, en lugar de obtener algún acto de justicia y protección, más bien ponía en riesgo a sus miembros, ya que los testigos y declarantes, numerosos en esos primeros años, llegaban a ser estigmatizados, perseguidos, desplazados o asesinados y que, al examinar un buen número de expedientes, se evidenciaban numerosos mecanismos de corrupción e impunidad, como la Comunidad se lo compartió a todas las Altas Cortes en el Derecho de Petición radicado el 19 de enero de 2009. Dicha ruptura con la justicia la Comunidad la fundamentó en el Artículo 18 de la Constitución Nacional, según el cual “nadie puede ser obligado a actuar en contra de su conciencia”. Esto explica que la Comunidad no haya respondido a los requerimientos de la juez de tutela.

Pero fuera del problema procedimental, el cual hay que discernirlo a la luz de la imperatividad del artículo 18 de la Constitución considerado como principio de alta jerarquía constitucional, existen otros elementos jurídicos que hacen ilegal, ilegítima e inconstitucional la pretensión de los militares, los cuales pongo a consideración de la Honorable Corte:

Este litigio pone en juego el derecho a la libre expresión, consagrado en el artículo 20 de la Constitución Nacional. Este derecho fue examinado profundamente en la Sentencia T-1025/07 (referida a la Comunidad de Paz de San José de Apartadó) y hace parte de su núcleo doctrinal de fondo. En la Parte IV de dicha sentencia, donde se aborda la “Revisión por parte de la Corte – Consideraciones y Fundamentos” (No. 12, pag. 79) se afirma: “La libertad de expresión ocupa un lugar preferente en el ordenamiento constitucional colombiano, no sólo por cuanto juega un papel esencial en el desarrollo de la autonomía y libertad de las personas (CP art. 16) y en el desarrollo del conocimiento y la cultura (CP art. 71) sino, además, porque constituye un elemento estructural básico para la existencia de una verdadera democracia participativa (CP arts 1º, 3º y 40). Por ello, en numerosas decisiones, esta Corporación ha destacado la importancia y trascendencia de esta libertad[1], que protege no sólo la facultad de difundir y expresar opiniones e ideas, o libertad de expresión en sentido estricto, sino también la posibilidad de buscar, recibir y difundir informaciones de toda índole, o derecho y libertad de informar y ser informado.”

Si se tiene en cuenta, además, la jurisprudencia internacional sobre el tema, es importante referirse a la Declaración de principios sobre la libertad de expresión, adoptada por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos el 20 de octubre de 2000, donde se establecen estos principios:


(1) “La libertad de expresión, en todas sus formas y manifestaciones, es un derecho fundamental e inalienable, inherente a todas las personas. Es, además, un requisito indispensable para la existencia misma de una sociedad democrática”
(2) “Toda persona tiene el derecho a buscar, recibir y difundir informaciones y opiniones libremente en los términos que estipula el artículo 13 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Todas las personas deben contar con igualdad de oportunidades para recibir, buscar e impartir información por cualquier medio de comunicación sin discriminación, por ningún motivo, inclusive los de raza, color, religión, sexo, idioma, opiniones políticas o de cualquier otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición social”.
(5) “La censura previa, interferencia o presión directa o indirecta sobre cualquier expresión, opinión o información difundida a través de cualquier medio de comunicación oral, escrito, artístico, visual o electrónico, debe estar prohibida por la ley. Las restricciones en la circulación libre de ideas y opiniones, como así también la imposición arbitraria y la creación de obstáculos al libre flujo informativo, violan el derecho a la libertad de expresión”.
(11) “Los funcionarios públicos están sujetos a un mayor escrutinio por parte de la sociedad. Las leyes que penalizan la expresión ofensiva dirigida a funcionarios públicos generalmente conocidas como “leyes de desacato” atentan contra la libertad de expresión y el derecho a la información”.

Por otra parte, hay derechos muy claros consagrados por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 8 de marzo de 1999 (A/RES/53/144), en su Declaración conocida como el compendio de derechos de los Defensores y Defensoras de Derechos Humanos: en su artículo 6 establece el derecho de toda persona, individual o colectivamente: “a publicar, impartir o difundir libremente a terceros opiniones, informaciones y conocimientos relativos a todos los derechos humanos y libertades fundamentales, así como a debatir si esos derechos y libertades fundamentales se observan, tanto en la ley como en la práctica, y a formarse y mantener una opinión al respecto, así como a señalar a la atención del público esas cuestiones por conducto de esos medios y de otros medios adecuados”.

Esta Declaración de la Asamblea General no deja duda alguna respecto al derecho que asiste a la Comunidad de Paz de San José de Apartadó A PUBLICAR Y DIFUNDIR INFORMACIONES QUE PERMITAN DEBATIR SI ESOS DERECHOS SE OBSERVAN O NO, NO SOLO EN LA LEY SINO EN LA PRÁCTICA Y A SEÑALAR A LA ATENCIÓN DEL PÚBLICO ESAS CUESTIONES POR MEDIOS ADECUADOS.

El ejercicio de un derecho como éste, fundamentado tan claramente en la jurisprudencia y la doctrina internacional, obedece también a circunstancias contextuales que es bueno tener en cuenta:

La Comunidad de Paz de San José de Apartadó, desde que tuvo claro que su conciencia ética le impedía colaborar con una “justicia” que no llenaba los mínimos requisitos para llamarse tal, como ampliamente se documentó en el Derecho de Petición a las Altas Cortes del 19 de enero de 2009, buscó caminos alternativos para que los crímenes de que era y sigue siendo víctima no se quedaran en la total impunidad. Su primer camino escogido fue llevar sus casos a tribunales internacionales y así lo hizo acudiendo, tanto a la Comisión y la Corte Interamericanas de Derechos Humanos, como a la Corte Penal Internacional, a la Audiencia Nacional de España y explorando otros espacios de jurisdicción universal, procesos todos que son muy prolongados y demandan costosos requerimientos. Otro camino, que creyó debía ser más expedito, fue el recurso al derecho constitucional de petición ante el Jefe de Estado, esperando que por vía administrativa tomara decisiones exigidas por su condición de garante de derechos, fundamentada en varios artículos de la Constitución Nacional; sin embargo, los numerosos derechos de petición radicados en los despachos de los últimos 4 presidentes, no dieron resultado alguno, pues los presidentes los remitieron siempre a los ministros de defensa, solidarios de la alta oficialidad castrense, los cuales jugaron un papel sistemático de encubrimiento y complicidad, dando respuestas saturadas de evasiones, negaciones y falsedades que permitieron siempre mantener incólumes las estructuras criminales de la región y sin investigación ni sanción alguna a los oficiales responsables de los crímenes. Presidentes y ministros se negaron, además, a suministrar los nombres de los agentes de la fuerza pública que estuvieron presentes en los días, horas y lugares donde fueron perpetrados los crímenes, y desacataron con inflexible contumacia las sentencias y autos de la Corte Constitucional que les ordenó reiteradamente suministrar esos nombres. Un tercer camino que ha sido casi concomitante con la larga existencia de la Comunidad de Paz, ha sido el recurso a la sociedad civil, sin esperar de ella decisiones judiciales sino sólo éticas y políticas, pues se funda en el derecho de la especie humana a conocer el respeto o irrespeto con que los aparatos de Estado tratan la dignidad humana y en el derecho a pronunciarse, a protestar y a defender la vida y los derechos fundamentalmente humanos desde la opinión pública universal; este camino se ha alimentado a través de las Constancias Históricas que se difunden por las redes sociales y que en este caso son el blanco de ataque de las Brigada XVII y de la Juez Segunda Promiscua de Apartadó.

Otro elemento del contexto que vale la pena tener en cuenta es el esfuerzo que ha hecho la Comunidad de Paz para que la administración de justicia pueda regenerarse. Por muchos años la Comunidad clamó para que se constituyera una Comisión de Evaluación de la Justicia, pues su trágica experiencia le fue mostrando que el aparato judicial desconocía la independencia de poderes y que recurría a métodos excesivamente perversos para construir testimonios y pruebas falsas para condenar a inocentes o para absolver a culpables, violando todos los principios rectores de los códigos vigentes y de los tratados internacionales y comprando la complicidad de fiscales, jueces, procuradores, magistrados y defensores. Cuando el líder histórico de la Comunidad, Luis Eduardo Guerra, fue masacrado con su familia el 21 de febrero de 2005, estaba empeñado en conseguir que se constituyera esa Comisión. Gracias al Auto 164/12 de la Corte Constitucional, dicha Comisión se pudo constituir pero sufrió el boicot interno de los funcionarios participantes, llegando a su plazo máximo de funcionamiento sin haber examinado un solo expediente. A la Comunidad le asiste la convicción de que la justicia no puede funcionar rectamente si no se enfrenta ese pasado lleno de podredumbres, tanto para descubrir y establecer correctivos como para purificar su personal, excluyendo y sancionando a quienes la han convertido en un ámbito repugnante del delito, y además para reparar, al menos moralmente, a las víctimas.

En el Auto 693/17, la Corte no insistió en reconstruir la Comisión de Evaluación de la Justicia sino que propuso que los casos de la Comunidad de Paz fueran remitidos a la Jurisdicción Especial de Paz –JEP-. La Comunidad ha examinado a fondo las posibilidades de justicia con que cuenta la JEP y le elevó una consulta documentada a su Presidenta, la cual fue respondida ampliamente en un documento que confirma sus dudas y temores. En primer lugar, la interpretación laxa que está haciendo la JEP del requisito para que un victimario (y consiguientemente sus víctimas) se acojan a ella: el que los hechos estén relacionados “directa o indirectamente con el conflicto armado” o se hayan perpetrado “con ocasión del conflicto”, distorsiona radicalmente las características de los crímenes sufridos por la Comunidad de Paz, cuya identidad esencial consiste justamente en no participar en el conflicto armado ni colaborar ni convivir con ningún actor armado. Si los victimarios de la Comunidad alegan relación alguna con el conflicto para poder acogerse a la JEP, eso solo es posible hacerlo apoyándose en calumnias infames que les hicieron creer que la Comunidad era lo mismo que la guerrilla. Esa infamia distorsiona radicalmente cualquier intento de justicia. Por otra parte, las diversas manipulaciones políticas del Estatuto de la JEP la inhabilitaron para ejercer justicia de acuerdo a los parámetros y normas del Estatuto de Roma: le quitaron la posibilidad de juzgar la responsabilidad de los jefes de Estado, y si algo llega a ser de absoluta evidencia, para quien lea y analice los 87 derechos de petición, con los horrores que allí se describen y los clamores apremiantes a los presidentes para salvar vidas, integridades y derechos de los miembros de la Comunidad y de los campesinos de su entorno, es que los presidentes fueron los máximos responsables del horror, por no atender clamores tan justos y urgentes de las víctimas y por no cumplir deberes tan esenciales de su cargo. La misma Corte Penal Internacional ha venido cuestionando la redacción tergiversada que se le dio a los artículos sobre responsabilidades de mando de los militares, para acomodarlos a una descarada impunidad. Otros artículos perversamente modificados por los poderes políticos han llenado de trabas la tipificación de los crímenes de lesa humanidad y de las prácticas genocidas; las causales de sistematicidad; la incriminación a empresarios, políticos y funcionarios civiles cuyo papel no pocas veces fue determinante de los crímenes y de su impunidad. Todo esto se envuelve en un manto más gigantesco aún de dudas y oscuridades, cuando se percibe la ausencia absoluta en el SIVJRNR de estrategias de No Repetición. La creencia de que dejar intactas las instituciones y las estructuras que permitieron y favorecieron los horrores es “garantizar la no repetición” no es, en absoluto, de recibo. Queda claro que la JEP no es el escenario que pueda hacer mínima justicia a la Comunidad de Paz.

La revisión de esta sentencia de tutela debería abordar, en sana lógica, los factores que han llevado a una comunidad campesina agobiada por los más horrendos crímenes sistemáticos, a limitarse a la reacción más primaria de una víctima: el grito de auxilio ante sus semejantes. Y ese el último atajo elementalmente humano que la Brigada y la juez quieren cerrar en esa sentencia de tutela.

Anexo a este Amicus Curiae el libro “En las entrañas del Genocidio”, que sistematiza el informe de fondo solicitado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en el Caso 12325 y el CD: Anexos al Informe 21 Años de Ignominia, con copias de los procesos desarrollados en 21 años sobre la Comunidad de Paz de San José de Apartadó.

Con toda consideración,


Javier Giraldo Moreno, S. J.
C.C. 3.515.984 Dirección: carrera 5 No. 33-B-02, Bogotá, D. C. Tel: 2456181

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Publicado enColombia
Colombia: Denuncian 128 asesinatos de excombatientes FARC tras Acuerdo de Paz

El director de la Agencia para la Reincorporación y la Normalización de Colombia, Andrés Stapper, reveló este lunes que desde la firma del Acuerdo de Paz fueron asesinados 128 excombatientes de las otrora Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia-Ejército del Pueblo (FARC-EP).


El Gobierno implementó más de 199 esquemas de protección solicitados por colectivos de exguerrilleros de las FARC-EP, dijo el funcionario.


Sus declaraciones ocurrieron a raíz de la conmoción causada en diferentes sectores de la sociedad y, sobre todo, entre los miembros del ahora partido Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común, por el asesinato de un bebé de siete meses de nacido, hijo de un exguerrillero, el pasado domingo.


Stapper condenó el crimen y aseguró que las autoridades iniciaron las investigaciones para dar con los responsables que causaron la muerte al menor al disparar contra sus padres en el departamento La Guajira.


Según versiones de los familiares, el menor habría sido uno de los “bebés de la paz”, porque nació en el Espacio Territorial de Capacitación y Reincorporación Tierra Grata, en Cesar.
Líderes del partido de las FARC y organizaciones defensoras de los derechos humanos se pronunciaron este lunes sobre el asesinato y exigieron garantías al Gobierno para quienes dejaron las armas y se comprometieron con la paz y la reconciliación de Colombia.


El reconocido abogado y defensor de los derechos humanos Alirio Uribe comentó en su perfil de Twitter que “ni los bebés se salvan de los sicarios en Colombia”.
El 24 de noviembre de 2016, en Bogotá, culminaron los diálogos de paz entre el gobierno colombiano encabezado por el expresidente Juan Manuel Santos y las FARC-EP.


(Con información de teleSUR y Prensa Latina)

Publicado enColombia
Trump exhorta a un G-3 nuclear de EU con China y Rusia

Pareciera descabellado imaginar un arreglo nuclear entre las tres superpotencias EU/Rusia/China cuando Trump aprieta las tuercas contra China, en Taiwan (https://bit.ly/2UpRfng), y contra Rusia, desde el Báltico hasta Venezuela (https://bit.ly/2G3JnzV).

En el epílogo de las negociaciones entre EU y China para finiquitar la deslactosada "guerra comercial" de Trump, el presidente de EU se ha re-energizado con el final feliz del alucinógeno Rusiagate, cuyo corolario en México fue la hilarante y delirante "trama rusa" (https://bit.ly/2Ux9Qh2).

El mandarín Xi llegaría a su planeada cumbre con Trump en cuatro semanas con un triunfo regional de impacto global: su acercamiento con Europa y la incrustación de Italia a las Tres Rutas de la Seda (https://bit.ly/2YOaeag), mientras Trump se despoja de la lápida doméstica del Rusiagate que le permite suspirar por su relección y empujar su pugnaz agenda tanto contra Irán, para beneficiar a Israel, como contra los débiles del planeta: desde los mexicanos hasta los palestinos.

Son niveles diferentes cuando nada se asemeja a la confrontación nuclear donde Trump hizo una declaración inesperada, en presencia del viceprimer ministro chino Liu He, que apela a un G-3 nuclear de EU con Rusia y China: "Entre Rusia, China y nosotros, estamos dilapidando miles de millones de dólares en armas, incluyendo las nucleares, lo cual es ridículo (sic)". Agregó: “pienso que es mucho mejor si nos arreglamos y no fabricamos estas armas (…) estos tres (sic) países pienso pueden juntarse y frenar el dispendio y así gastar en cosas que son más productivas hacia una paz de largo plazo”. El viceprimer ministro Liu He festejó la propuesta de Trump como una "muy buena idea".

Llama la atención que Sputnik diera a conocer la sorprendente declaración de Trump, frente al silencio estruendoso de los multimedia de Occidente, y recalca su comentario sobre la "responsabilidad global (sic) de Washington y Pekín" cuando el acuerdo comercial de China y EU sería una "cosa (sic) tremenda para el mundo" (https://bit.ly/2KfRDRt).

Esa es justamente la cosmogonía del mandarín Xi, quien envió una carta a Trump sobre la necesidad de preservar la "estabilidad estratégica global" que rebasa el vulgar reduccionismo comercial y pone en tela de juicio el proteccionismo unilateral (https://bit.ly/2YVQMZa).

Llamó aún más la atención el título de Russia Today sobre la aprobación de China a la declaración pacifista de Trump (https://bit.ly/2VqOlMb).

La propuesta de Trump suena muy atractiva para los genuinos pacifistas y los abolicionistas de las letales armas nucleares: invertir en la paz en lugar de gastar en armas.

El grave escollo radica en los intereses del complejo militar industrial de EU, que si bien acepta a regañadientes el ascenso geoestratégico y militar de Rusia y China –que mantienen una "asociación estratégica" cuya envergadura y alcances secretos se desconocen, pero se infieren– no se ve cómo acepte un recorte del gasto militar nuclear sin que afecte sus ganancias misántropas.

¿Qué le habrá querido decir entre líneas el mandarín Xi en su carta a Trump sobre la "estabilidad estratégica global"?

¿Habrá insinuado Xi un mayor acercamiento con Rusia para defenderse de las jeremiadas bélicas de Trump?

Tres días antes a la pasmosa declaración pacifista de Trump, el mandarín Xi había exhortado públicamente a EU a colaborar con China "para ayudar a estabilizar y a reducir la incertidumbre en los asuntos globales" de las que forman parte las negociaciones para finiquitar la "guerra comercial" que propinó Trump a China: "como grandes países, nuestra relación uno con el otro pueden tener un gran impacto en la estabilidad estratégica global y todos debemos apuntalar nuestras responsabilidades especiales con el mundo".

Trump y el mandarín Xi coinciden sobre su "responsabilidad global", pero asombra mucho más que el presidente de EU exhorte a un "G-3 nuclear" con Rusia y China.

Trump acepta tácitamente la "estabilidad estratégica global" que propone el mandarín Xi, mientras Rusia toma nota, sin oponerse.

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Lunes, 01 Abril 2019 08:40

Insaciables

Insaciables

Existe consenso en amplios sectores sociales acerca de que la negociación de paz firmada entre las Farc y el Estado colombiano –así el actual gobierno asegure en algún momento que eso le corresponde y obliga al que le antecedió, como dice de todo acuerdo heredado– es lo más contradictorio que un sector de izquierda pueda mostrar en este país. Mucho más uno que optó por las armas como método supremo para confrontar el orden de cosas existente.

Contradictorio, pues el acuerdo, tras años de negociación, fue firmado no una sino dos veces, y la segunda (en el Colón) implicó cambios notorios con respecto a lo firmado en una primera ocasión y protocolizado en Cartagena. Luego de ello, el mismo acuerdo fue sometido a un conjunto de reformas en el Congreso de la República, lo cual debió de ruborizar, por lo menos, a la dirigencia de la extinta guerrilla.

Contradictorio, toda vez que los otrora insurgentes firmaron a riesgo de que el Estado colombiano no cumpliera, como lo sospechaba el fundador y máximo líder de este ejército insurgente, Manuel Marulanda, por lo cual en alguna ocasión recomendaba postergar diez años la entrega de armas, como prenda de garantía para el cumplimiento de lo acordado. Olvidando el consejo del “viejo zorro”, además de cerrar los ojos ante las lecciones de la historia, las entregaron y Clío, aquella musa griega, volvió por sus fueros.
Contradictorio, ya que, a pesar de más de cinco décadas de discursos radicales y prácticas persistentes en pos de la toma del poder, terminaron rindiéndose, pues lo que recibieron a cambio le salió barato al establecimiento, tanto que nada tuvo que reformar de su estructura estatal en lo económico, lo político, lo militar, etcétera, y en cambio la contraparte aceptó la Constitución de su otrora enemigo, así como la estructura estatal por éste organizada.

Contradictorio, en tanto que los insurgentes aceptaron someter a un plebiscito lo negociado y acordado en La Habana, borrando, tras el resultado obtenido, cinco años de diálogo y negociación.

Contradictorio, además, pues tras la primera y la segunda firmas se han encontrado con una clase política que se apoya en sectores del poder económico, así como con ‘aliados’ internacionales que no renuncian a tratar a la fuerza política surgida de los acuerdos como la peor de las pestes conocidas y, sin embargo, y a pesar de los recursos dialécticos que se supone que debieran utilizar sus voceros, no atinan a adelantar una contraofensiva que recupere la dignidad que, igualmente se supone, les corresponde.
En fin, son tantos los sinsentidos y las anomalías de lo que adelantaron y ahora esperan que el establecimiento cumpla, que una parte de ellos –sin saberse con exactitud cuántos– terminó regresando al monte. Es decir, es tan contradictorio lo firmado, que la paz se esfumó y la guerra continúa. Es un grave suceso del que tal vez una parte significativa del país nacional no se ha enterado o sobre lo cual no ha meditado en sus implicaciones, suceso que se torna en uno de los mejores resultados obtenidos por quienes se han valido de las Farc para consolidar su dominio social, a la par de justificar el paramilitarismo y el terrorismo de Estado. Así es porque prolongar la existencia de ese “enemigo interno” les permite mantener su dominio entre amplios sectores sociales que sindican a las Farc de procederes, prácticas y crímenes que nada tienen que ver con un proyecto sustentado éticamente, en pos de otra sociedad, una diferente de la conocida durante dos siglos de existencia nacional.
Conscientes de ello, el sector que hoy controla el gobierno nacional prosigue en su afán liquidador de los acuerdos, en esta ocasión mediante la desestructuración de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP). Se valen para ello de la esperanza y el dolor de las víctimas, así como del odio que un amplio sector de nuestra sociedad profesa contra la guerrilla en general y la fariana en particular.

Por tanto, alegar la ‘necesaria’ reforma de la JEP, como lo hizo el presidente Duque el pasado 10 de marzo, no es más que continuar por la senda de manipular a la sociedad colombiana, al tiempo que atizar las brasas aún no apagadas de la guerra que por décadas ha cubierto al país.

Se trata de un alegato servido de las palabras políticamente correctas: “[Estamos ante] “una oportunidad –dijo el Presidente– que nos permita encontrar un camino para enfocarnos en lo que nos une y no en lo que nos divide” […] Los colombianos queremos y necesitamos una paz que nos una y todos debemos contribuir de manera permanente para lograr ese objetivo”, para luego decir que esta Justicia “no establece de manera clara la obligación principal de los victimarios de reparar íntegramente a las víctimas”.

Pero, además, se expresa la falsa preocupación por la impunidad que pueda cubrir los crímenes de lesa humanidad en relación con quienes no son máximos responsables, al igual que la manera como se llevaría a cabo la suspensión de posibles extraditables porque “esto produce un incentivo perverso para el ingreso a la JEP de terceros bajo el ropaje de supuestos ofrecimientos de verdad”, y otras supuestas inquietudes a través de las cuales lo que se pretende es tergiversar y manipular lo ya estipulado en los acuerdos de La Habana, con su firma de Cartagena y del Teatro Colón, que precisaron con claridad –o en reglamentaciones derivadas del mismo– lo ahora esgrimido por Duque. De ahí que la ‘preocupación’ por estos y otros motivos expresados en aquella alocución nacional no sea más que la pretensión de seguir peluqueando lo firmado, hasta barrer el piso de este extenso país con los exguerrilleros.

Tras estos despropósitos, “llenos de buenas intenciones”, dos objetivos alcanzan a sobresalir en la maniobra oficial: 1. Lograr que el ambiente nacional, en año de comicios, quede centrado en el tema Farc, comodín para continuar explotando la animadversión ya anotada que siente una parte de la sociedad contra los desmovilizados guerrilleros, en esta ocasión para obtener un resultado electoral que le permita a lo más retardatario del país político mantener su poder territorial, incluso ampliándolo. 2. Impedir que los militares –la oficialidad– paguen extensas condenas, y lo poco que tenga que resarcir con encierro sea en sitios ‘seguros’, así como impedir que sus declaraciones se den en espacios no controlados por los adeptos de estas maniobras, impidiendo así que el dedo índice de muchos de ellos señale a quien desde hace décadas carga con el inri de inspirador, promotor y protector de las fuerzas que ocasionaron centenares de crímenes a lo largo y ancho del país, entre ellos los más abyectos de que tengan memoria los colombianos: los mal llamados falsos positivos, masacres de decenas en diversidad de veredas y corrregimientos, el despojo del pedazo de tierra de la que vivían los pobres del campo y su desplazamiento hacia las ciudades del interior del país, etcétera.

En el curso de la campaña electoral que lo llevó a la presidencia del país, Duque anunció que, si salía elegido, haría trizas los acuerdos de paz, declaración que luego matizó, no así el partido al cual pertenece. Es esa una de las pocas promesas que ha cumplido. Pero no solo la paz firmada sino también la posible con el Eln, llevado a la imposibilidad de una negociación que no lo es, pues, para encadenarla, tiene que renunciar a todo, además de concentrarse en un sitio preestablecido. Paz marchita y guerra en curso que en días recientes estuvo propiciando con el hermano siamés, arriesgando con sus maniobras, estimuladas desde Washington, la vida de miles de miles de connacionales, así como la posible destrucción de nuestro país.

Dice una máxima que el buen gobernante es aquel que procura y logra la felicidad de sus gobernados. Todo parece indicar que con Duque estamos lejos de ella.

 

Publicado enEdición Nº255
Domingo, 31 Marzo 2019 11:34

Insaciables

Insaciables

Existe consenso en amplios sectores sociales acerca de que la negociación de paz firmada entre las Farc y el Estado colombiano –así el actual gobierno asegure en algún momento que eso le corresponde y obliga al que le antecedió, como dice de todo acuerdo heredado– es lo más contradictorio que un sector de izquierda pueda mostrar en este país. Mucho más uno que optó por las armas como método supremo para confrontar el orden de cosas existente.

Contradictorio, pues el acuerdo, tras años de negociación, fue firmado no una sino dos veces, y la segunda (en el Colón) implicó cambios notorios con respecto a lo firmado en una primera ocasión y protocolizado en Cartagena. Luego de ello, el mismo acuerdo fue sometido a un conjunto de reformas en el Congreso de la República, lo cual debió de ruborizar, por lo menos, a la dirigencia de la extinta guerrilla.

Contradictorio, toda vez que los otrora insurgentes firmaron a riesgo de que el Estado colombiano no cumpliera, como lo sospechaba el fundador y máximo líder de este ejército insurgente, Manuel Marulanda, por lo cual en alguna ocasión recomendaba postergar diez años la entrega de armas, como prenda de garantía para el cumplimiento de lo acordado. Olvidando el consejo del “viejo zorro”, además de cerrar los ojos ante las lecciones de la historia, las entregaron y Clío, aquella musa griega, volvió por sus fueros.
Contradictorio, ya que, a pesar de más de cinco décadas de discursos radicales y prácticas persistentes en pos de la toma del poder, terminaron rindiéndose, pues lo que recibieron a cambio le salió barato al establecimiento, tanto que nada tuvo que reformar de su estructura estatal en lo económico, lo político, lo militar, etcétera, y en cambio la contraparte aceptó la Constitución de su otrora enemigo, así como la estructura estatal por éste organizada.

Contradictorio, en tanto que los insurgentes aceptaron someter a un plebiscito lo negociado y acordado en La Habana, borrando, tras el resultado obtenido, cinco años de diálogo y negociación.

Contradictorio, además, pues tras la primera y la segunda firmas se han encontrado con una clase política que se apoya en sectores del poder económico, así como con ‘aliados’ internacionales que no renuncian a tratar a la fuerza política surgida de los acuerdos como la peor de las pestes conocidas y, sin embargo, y a pesar de los recursos dialécticos que se supone que debieran utilizar sus voceros, no atinan a adelantar una contraofensiva que recupere la dignidad que, igualmente se supone, les corresponde.
En fin, son tantos los sinsentidos y las anomalías de lo que adelantaron y ahora esperan que el establecimiento cumpla, que una parte de ellos –sin saberse con exactitud cuántos– terminó regresando al monte. Es decir, es tan contradictorio lo firmado, que la paz se esfumó y la guerra continúa. Es un grave suceso del que tal vez una parte significativa del país nacional no se ha enterado o sobre lo cual no ha meditado en sus implicaciones, suceso que se torna en uno de los mejores resultados obtenidos por quienes se han valido de las Farc para consolidar su dominio social, a la par de justificar el paramilitarismo y el terrorismo de Estado. Así es porque prolongar la existencia de ese “enemigo interno” les permite mantener su dominio entre amplios sectores sociales que sindican a las Farc de procederes, prácticas y crímenes que nada tienen que ver con un proyecto sustentado éticamente, en pos de otra sociedad, una diferente de la conocida durante dos siglos de existencia nacional.
Conscientes de ello, el sector que hoy controla el gobierno nacional prosigue en su afán liquidador de los acuerdos, en esta ocasión mediante la desestructuración de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP). Se valen para ello de la esperanza y el dolor de las víctimas, así como del odio que un amplio sector de nuestra sociedad profesa contra la guerrilla en general y la fariana en particular.

Por tanto, alegar la ‘necesaria’ reforma de la JEP, como lo hizo el presidente Duque el pasado 10 de marzo, no es más que continuar por la senda de manipular a la sociedad colombiana, al tiempo que atizar las brasas aún no apagadas de la guerra que por décadas ha cubierto al país.

Se trata de un alegato servido de las palabras políticamente correctas: “[Estamos ante] “una oportunidad –dijo el Presidente– que nos permita encontrar un camino para enfocarnos en lo que nos une y no en lo que nos divide” […] Los colombianos queremos y necesitamos una paz que nos una y todos debemos contribuir de manera permanente para lograr ese objetivo”, para luego decir que esta Justicia “no establece de manera clara la obligación principal de los victimarios de reparar íntegramente a las víctimas”.

Pero, además, se expresa la falsa preocupación por la impunidad que pueda cubrir los crímenes de lesa humanidad en relación con quienes no son máximos responsables, al igual que la manera como se llevaría a cabo la suspensión de posibles extraditables porque “esto produce un incentivo perverso para el ingreso a la JEP de terceros bajo el ropaje de supuestos ofrecimientos de verdad”, y otras supuestas inquietudes a través de las cuales lo que se pretende es tergiversar y manipular lo ya estipulado en los acuerdos de La Habana, con su firma de Cartagena y del Teatro Colón, que precisaron con claridad –o en reglamentaciones derivadas del mismo– lo ahora esgrimido por Duque. De ahí que la ‘preocupación’ por estos y otros motivos expresados en aquella alocución nacional no sea más que la pretensión de seguir peluqueando lo firmado, hasta barrer el piso de este extenso país con los exguerrilleros.

Tras estos despropósitos, “llenos de buenas intenciones”, dos objetivos alcanzan a sobresalir en la maniobra oficial: 1. Lograr que el ambiente nacional, en año de comicios, quede centrado en el tema Farc, comodín para continuar explotando la animadversión ya anotada que siente una parte de la sociedad contra los desmovilizados guerrilleros, en esta ocasión para obtener un resultado electoral que le permita a lo más retardatario del país político mantener su poder territorial, incluso ampliándolo. 2. Impedir que los militares –la oficialidad– paguen extensas condenas, y lo poco que tenga que resarcir con encierro sea en sitios ‘seguros’, así como impedir que sus declaraciones se den en espacios no controlados por los adeptos de estas maniobras, impidiendo así que el dedo índice de muchos de ellos señale a quien desde hace décadas carga con el inri de inspirador, promotor y protector de las fuerzas que ocasionaron centenares de crímenes a lo largo y ancho del país, entre ellos los más abyectos de que tengan memoria los colombianos: los mal llamados falsos positivos, masacres de decenas en diversidad de veredas y corrregimientos, el despojo del pedazo de tierra de la que vivían los pobres del campo y su desplazamiento hacia las ciudades del interior del país, etcétera.

En el curso de la campaña electoral que lo llevó a la presidencia del país, Duque anunció que, si salía elegido, haría trizas los acuerdos de paz, declaración que luego matizó, no así el partido al cual pertenece. Es esa una de las pocas promesas que ha cumplido. Pero no solo la paz firmada sino también la posible con el Eln, llevado a la imposibilidad de una negociación que no lo es, pues, para encadenarla, tiene que renunciar a todo, además de concentrarse en un sitio preestablecido. Paz marchita y guerra en curso que en días recientes estuvo propiciando con el hermano siamés, arriesgando con sus maniobras, estimuladas desde Washington, la vida de miles de miles de connacionales, así como la posible destrucción de nuestro país.

Dice una máxima que el buen gobernante es aquel que procura y logra la felicidad de sus gobernados. Todo parece indicar que con Duque estamos lejos de ella.

 

Publicado enColombia
Sábado, 30 Marzo 2019 06:17

Terrorismo, un concepto vacío

Terrorismo, un concepto vacío

Los criminales ataques contra dos mezquitas de Nueva Zelanda, si bien han sido ampliamente condenados, han suscitado también vivas polémicas en las redes sociales, pues ciertos responsables políticos, determinados media e intelectuales calificaban a regañadientes a Brenton Tarrant, el autor de la masacre, como terrorista. 

Numerosos comentaristas han subrayado que tal timidez no aparecía jamás cuando se trataba de calificar al responsable musulmán de este tipo de acciones sanguinarias.


Sin embargo, más allá de estos justificados reproches que señalan a la islamofobia dominante en Occidente, habría que reflexionar sobre el término terrorismo, que se ha vuelto de uso tan corriente que ya nadie se pregunta verdaderamente sobre su significado y que parece ser utilizado para desacreditar toda violencia de carácter político.


Desacreditar a los movimientos de liberación nacional


Un pequeño repaso histórico permite sin embargo aclarar el debate. El calificativo de terrorista se ha aplicado a grupos muy diferentes, cuyas ideologías políticas cubren un amplio espectro que va desde la extrema derecha a la extrema izquierda: desde grupúsculos fascistas italianos de los años 1970 a los Tigres tamiles, pasando por el Ejército Republicano Irlandés (IRA) o la organización separatista vasca ETA. Ponerles en el mismo saco resulta una simplificación primaria.


Para comprender las razones de su acción, hay que estudiar concretamente la situación en la que se han desarrollado; ninguno se reclama del terrorismo o hace del terrorismo su objetivo, al contrario que el comunismo, el fascismo, los nacionalismos, que tienen proyectos claramente reivindicados.


En los años 1950-1960, el calificativo de terrorista se agitó muy frecuentemente para denunciar a los movimientos de liberación nacional, desde el Frente de Liberación Nacional argelino a la Organización de Liberación de Palestina (OLP), pasando por el Congreso Nacional Africano (ANC).


Recordemos que estos dos últimos grupos fueron denunciados como terroristas por Ronald Reagan, Margaret Thatcher y, por supuesto, las y los dirigentes israelíes, cuyo país colaboraba estrechamente con el África del Sur del apartheid.


Ahora bien, todos esos ejemplos han probado que terroristas de ayer son a menudo gobernantes de mañana. ¿El gobierno británico no calificó de terroristas a los grupos sionistas en los años 1940, antes de crear el Estado de Israel?


El arma de los débiles


En el mejor de los casos, se puede inscribir el terrorismo en la lista de los medios militares. Y, muy a menudo, es el arma de los débiles.
Figura brillante de la revolución argelina, detenido por el ejército francés en 1957, Larbi Ben M’hidi, jefe de la región autónoma de Argel, fue interrogado sobre la razón por la que el FLN depositaba bombas, ocultas en el fondo de capazos, en los cafés o en los lugares públicos. “Si nos dan sus aviones, les daremos nuestros capazos”, respondió a sus torturadores, que le asesinarían fríamente unos días más tarde.


La desproporción de medios entre una guerrilla y un ejército regular provoca una desproporción del número de víctimas.


Si se debe considerar como terroristas a Hamas y sus aliados por haber matado a tres civiles durante la guerra de Gaza en el verano de 2014, ¿cómo habría que calificar al Estado de Israel que, según las estimaciones más bajas (las del propio ejército israelí), masacró entre 800 y 1000 personas, entre ellas un gran número de niños y niñas?


Reducir la lucha a un enfrentamiento entre el Bien y el Mal


El uso del término terrorista tomó una nueva dimensión con el lanzamiento de la guerra contra el terrorismo por George W. Bush tras el 11 de septiembre de 2001.
Denunciando a los responsables de los ataques, el presidente americano declaró ante el Congreso americano: “Odian lo que ven en esta asamblea, un gobierno democráticamente elegido. Sus dirigentes se designan ellos mismos. Odian nuestras libertades: nuestra libertad religiosa, nuestra libertad de palabra, nuestra libertad de votar y de reunirnos, de estar en desacuerdo unos con otros”.


Se trataba por tanto, en particular en Próximo Oriente, de emprender una guerra de civilización contra grupos que amenazarían el modo de vida occidental.


El problema del concepto de guerra contra el terrorismo es que dispensa de todo análisis político y reduce la lucha a un enfrentamiento entre el Bien y el Mal. Si los terroristas están movidos fundamentalmente por su odio a la libertad occidental, es inútil preguntarse sobre las razones por las que esos grupos se han desarrollado, sus motivaciones, sus objetivos.
De ese modo se puede poner en la misma categoría a Hamas y a Al Qaeda, a Hezbolá y el grupo Estado Islámico (EI). Con el riesgo de caer en algunas contradicciones sobre las que no se hacen muchas preguntas: así, Occidente incluyó al Partido de los Trabajadores del Kurdistán (PKK) de Turquía en la lista de las organizaciones terroristas, pero para oponerse al Estado Islámico ayuda militarmente a las Unidades de Protección del Pueblo (YPG), el brazo armado de su rama siria.


Una guerra contraproductiva


Diecisiete años después del 11 de septiembre, se puede medir el fracaso de esa guerra contra el terrorismo, por no hablar de su coste financiero o del terrible balance humano.
Implicados en Afganistán en el conflicto más largo de toda su historia, Estados Unidos se preparan para abandonar ese país cediendo el poder a los talibanes (sin embargo calificados de terroristas), que quisieron derrocar pero que prefieren al Estado Islámico, ya sólidamente implantado en el país.


Es verdad que en Irak el Estado Islámico ha sido aplastado, pero no es inútil recordar que en el momento de la invasión americana de 2003 Al Qaeda no existía en Irak y que el Estado Islámico no habría aparecido nunca sin la guerra americana. Y que, incluso vencido militarmente, el Estado Islámico conserva fuertes bases políticas. Pero sobre todo, la región jamás ha sido tan inestable, tan dividida, tan violenta.


Así pues, el uso de la expresión guerra contra el terrorismo ha permitido prescindir de cualquier análisis político o intento de comprender las causas reales de la inestabilidad. Ha permitido ignorar las consecuencias de las políticas occidentales en Palestina o en Irak que, sin embargo, han hecho bastante más para reforzar el terrorismo que la llamada ideología islamista radical.


¿Se piensa verdaderamente que el reciente reconocimiento de Jerusalén como capital de Israel y de la soberanía israelí sobre el Golán sirio por la administración Trump contribuirá a reducir la violencia en la región?


Hay que repetirlo: la resolución de los problemas políticos es la única capaz de reducir las tensiones y de cortar la hierba bajo los pies de los llamados grupos radicales.


Pero, ¿cómo calificar entonces los actos criminales como los ataques contra civiles con fines políticos? ¿Hay que banalizarlos? El derecho internacional contiene conceptos como crímenes de guerra, crímenes contra la humanidad, genocidios, que permiten calificar esas acciones y también hacer avanzar la idea de una justicia internacional.


Pero también hay que ser claro. Si grupos como Al Qaeda y el Estado Islámico remiten a la justicia internacional, también se tendría que poder llevar ante los tribunales a los dirigentes políticos (y no solo africanos) responsables de crímenes de guerra y de crímenes contra la humanidad en Irak, en Siria o en Palestina.


Alain Gresh es el director del diario en línea Orient XX (https://orientxxi.info). Antiguo redactor jefe de Le Monde Diplomatique, es autor de numerosos trabajos, entre ellos Un chant d’amour. Israël-Palestine, une histoire française, avec Hélène Aldeguer (La Découverte).

Por Alain Gresh
Middle East Eye

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