La violencia azota Colombia dos años después del acuerdo de paz con las FARC

La ONU y la Unión Europea denuncian "la persistencia del asesinato de líderes sociales". Desde 2016 se registraron más de 300 casos

 

La familia Díaz Tapasco estaba a punto de ir a dormir. Eran las diez de la noche en el poblado del resguardo indígena de San Lorenzo, en el eje cafetero colombiano. Cuatro hombres encapuchados irrumpieron en la vivienda y descerrajaron a bocajarro al líder comunitario, su esposa y su hijo, coordinador de la escuela. La hija logró escapar. La matanza se produjo hace unas horas, este viernes, en una zona rural del municipio de Riosucio, en el centro del país, y es el enésimo episodio de una terrible rutina. Cuando se cumplen dos años de la firma de la paz con las FARC, la violencia sigue golpeando a Colombia,


El 24 de noviembre de 2016, el expresidente Juan Manuel Santos y el máximo líder del grupo insurgente, Rodrigo Londoño,Timochenko, pusieron oficialmente fin a más de medio siglo de conflicto armado. Terminó efectivamente una guerra, alrededor de 13.000 combatientes se desmovilizaron, entregaron sus fusiles y se integraron en un partido político. Pero el sentido último de los acuerdos consistía en impulsar una transición profunda, una nueva etapa de convivencia que, al menos en el campo colombiano, sigue pendiente. Cada organismo maneja sus cifras, pero la gran mayoría coincide en que desde ese día se han perpetrado más de 200 asesinatos de líderes sociales y defensores de los derechos humanos. Esto es, casi uno cada tres días. Según el cálculo de la Defensoría del Pueblo, entre el 1 de enero de 2016, en plena fase de negociación, y el pasado 22 de agosto, las víctimas mortales ascendieron a 343.


Naciones Unidas y la Unión Europea, que han acompañado el proceso de implementación de lo pactado con las FARC, han denunciado este sábado que, pese a los indudables avances, la paz, real y tangible, aún queda lejos. Las dos instancias lamentan en un comunicado conjunto "la situación de violencia que siguen viviendo regiones como el Catatumbo, Nariño o el Cauca donde [...] las comunidades carecen todavía de garantías fundamentales". Esos territorios, ubicados en la frontera con Venezuela y en la costa del Pacífico, son el principal escenario de la disputa entre mafias, paramilitares, grupos de guerrilleros disidentes y el Ejército de Liberación Nacional (ELN), la principal organización insurgente aún activa en Colombia. Todos buscan hacerse con el control de las economías ilegales, empezando por el narcotráfico, en un país donde el año pasado los cultivos de coca superaron las 200.000 hectáreas. Es decir, más de tres veces la superficie de una ciudad como Madrid.


Los defensores de los derechos humanos y los líderes comunitarios son el eslabón más débil del ecosistema rural y así lo confirman el representante especial del secretario general de la ONU, Jean Arnault, y el enviado de la UE para la paz, Eamon Gilmore. "Una de las expresiones más negativas de esta violencia es la persistencia del asesinato de líderes sociales", señalan. El reto, en su opinión, consiste en desplegar el Estado allá donde todavía no lo ha hecho: "Incrementar la presencia de las instituciones estatales para hacer llegar a los territorios los dividendos de la paz a los cuales las comunidades aspiran: seguridad, educación, salud, tierra, infraestructura y oportunidades de desarrollo alternativas a las economías ilegales". "La tarea", continúan, "es inmensa, la articulación de todas las instituciones imprescindible, la contribución de los actores regionales a su propio desarrollo decisiva".


A ese horizonte de inseguridad se añaden las dificultades y los retrasos que han marcado la aplicación de los acuerdos. La Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común, el partido heredero de la guerrilla, entro en el Congreso, pero está profundamente dividido. Dos de sus principales líderes, el ex número dos de la organización, Iván Márquez, y Hernán Darío Velásquez, El Paisa, están en paradero desconocido en señal de protesta por la detención de Jesús Santrich, otro excomandante que se encuentra a la espera de extradición a Estados Unidos por un delito de narcotráfico. Y, aunque Timochenko se muestra fiel al compromiso que asumió personalmente con Juan Manuel Santos, en una carta remitida ayer a Arnault resalta que "han sido muy reducidos los avances alcanzados en la implementación del acuerdo de paz, en particular en lo tocante al tema del acceso a la tierra".


El Gobierno del nuevo presidente, Iván Duque, quien ganó las elecciones con la promesa de modificar los acuerdos de La Habana, ha evitado conmemorar el segundo aniversario de la firma. El mandatario, no obstante, se refirió a la matanza de Riosucio y al asesinato de un niño de 13 años en la Comuna 13 de Medellín, antiguo territorio del cártel de Pablo Escobar. "Nos duele, nos toca el alma y le he pedido al ministro de la Defensa que tenemos que buscar la captura de quienes están detrás de ese terrible horrible crimen, que nubla ese territorio de paz y comunidad ancestral", enfatizó. "Esos hechos son los que queremos que no se sigan repitiendo en el país y por eso tenemos que trabajar articuladamente el Estado y la ciudadanía para denunciar y sancionar".

 

Por Francesco Manetto

Bogotá 24 NOV 2018 - 21:06 COT

 

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Martes, 20 Noviembre 2018 06:39

La JEP no es justicia, ni es transicional

La JEP no es justicia, ni es transicional

Las arremetidas que sigue sufriendo el proceso de paz, a manos de los seguidores del expresidente Uribe en el Congreso de la República, se ensañan contra lo acordado sobre verdad y justicia para las víctimas. 

La inmensa mayoría que ha defendido el proceso de solución política con las FARC, respalda la Justicia Especial para la Paz (JEP), creación conjunta entre el Estado y esta guerrilla, como una jurisdicción válida dentro del orden legal establecido. La que cuenta con testigos nacionales, dignatarios de numerosos países y de organismos de la comunidad internacional.
Los Acuerdos de Paz con las FARC son un modelo de Desarme, Desmovilización y Reinserción (DDR); en que la JEP constituye un andamiaje de Justicia Transicional (JT), que tuvo como antecesora la Ley de Justicia y Paz (Ley 975 de 2005), aplicada para legalizar al narco paramilitarismo, como brazo paraestatal de las élites dominantes.


Bases endebles del Acuerdo


Las FARC cumplieron con desarmarse, se desmovilizaron como guerrilla y están en las vías institucionales creadas para su reinserción legal. La casi totalidad de sus integrantes se aprestan a comparecer ante la JEP.


De parte del Estado imponen sucesivos recortes a los compromisos asumidos entre 2015 y 2016, para sacar ventaja indebida e ilegítima, torciendo cada vez más lo que firmó dentro de un proceso, que para las élites es una victoria estratégica.


Las FARC fundó los acuerdos de paz en siete principios:


1) Convalidó la legitimidad estatal, cuestionada por décadas dada su violencia institucional e impunidad.
2) Consintió la legalidad de ese Estado, sin que éste se hubiera reformado en materias claves.
3) Concedió que ese Estado tendría en sus diversos mecanismos el control de fondo del proceso de implementación de lo pactado.
4) Admitió la no reciprocidad y la no sincronía de los acuerdos de ambas partes.
5) Declinó en la búsqueda de otros paradigmas de justicia, tanto éticos como sociales o comunitarios, así como de Derecho Internacional, afincados en la verdad de todos y en la reparación más completa posible, y sobre todo en la depuración institucional y las garantías reales de no repetición.

6) Sobrestimó un blindaje de Derecho Internacional formal para los acuerdos, sin previsión de sanciones para la parte que incumpla; y

7) aceptó correr los riesgos dentro de esa maquinaria institucional (lógica de producción normativa y examen de la legalidad), la que replantea todo hasta hoy.


Transitar por ese carril, no significaba que esas eventuales modificaciones pudieran tocar la esencia de esos acuerdos que eran fundamentalmente políticos y que constituían una especie de Tratado inviolable, que se ratificó era sostenible por doce años, o sea por al menos tres períodos presidenciales desde agosto de 2018.


Tijeretazos y añadidos


Además del recorte grave que se derivó del Plebiscito del 2 de octubre de 2016 que ganó el No con escasos votos, rechazándose lo firmado, vino el ya esperado control entre ramas del poder público, y en esa etapa, además del retraso e incumplimiento del Ejecutivo, otras instancias, el Congreso y las Cortes, dieron tijeretazos, al dar forma y revisión a normas de lo pactado, introduciendo nuevas prerrogativas para ese Estado y sus agentes.


La JEP, además de las graves fallas de origen, como fue la inmunidad de los ex presidentes, la mutilación o desnaturalización del delito político, la evaporación de la cadena de mando oficial, sufrió nuevas modificaciones en detrimento de los derechos de las víctimas de crímenes de lesa humanidad y crímenes de guerra. Por esta vía, establecieron más impunidad para los llamados “terceros” -jefes o auspiciadores del paramilitarismo-, que según su conveniencia pueden o no comparecer a la JEP, es decir que nada les obliga a hacerlo; así como las inequitativas reglas como se fijó en el procedimiento de la JEP (Ley 1922 de 18 de julio de 2018).


Dándose esa cadena de privilegios sucesivos a los agentes estatales y paraestatales, con lo cual se probó ya durante la administración Santos que la impunidad no se alteraba, sino que incluso se fortalecía.


Con el cambio de Gobierno el 7 de agosto pasado, el partido de Uribe, el Centro Democrático (CD), dio más pasos y comenzó a cristalizar un nuevo ataque a los acuerdos con las FARC usando la JEP que tanto critica, para proteger todavía más a los responsables del terrorismo de Estado, como una recompensa a su labor. Con lo que buscan dar alguna legitimidad a esa jurisdicción, sólo en la medida que les sirva. Aprovecharla como “tabla de salvación”, tanto jurídicamente -sustrayendo a agentes estatales del alcance de la persecución penal internacional-, como también políticamente, al emplearla en los trueques o intercambios para la defensa del statu quo.


Por esto el partido de Uribe, propuso una reforma constitucional para que se diera a los agentes estatales un trato todavía más favorable al que ya tienen con la obtención de libertad, rebajas de pena y el trato preferente en la reclusión, además de los procedimientos o tratamientos separados y de las especiales pautas que apuntan a verles de modo atenuado, sólo como personas que se equivocaron, y no en el entramado de la responsabilidad institucional, pues se busca asegurar que nunca se demuestre que se trató de eslabones de crímenes de Estado, de crímenes de sistema o de planes de macro-criminalidad, llevados a cabo por los aparatos estatales o paraestatales.


“Mala foto y un peor acuerdo”


Con el argumento de que se abría un panorama de diálogo entre bancadas políticas opuestas en el Congreso, estando representantes de la centro izquierda -diálogo que en principio es razonable que se busque-, terminaron algunos convidados por Uribe Vélez y sus aliados, cooperando en una nueva arremetida del Establecimiento, no sólo salvando lo que ya admitían, en primer lugar la responsabilidad estructural del Régimen, sino dando capacidad para alterar lo que sea, incluyendo la maltrecha JEP, a cambio de un reparto de mutuas licencias. En ese negocio la JEP fue de nuevo una moneda de cambio.


Estamos ante lo que la columnista Laura Gil llamó una “mala foto y un peor acuerdo”, expresando que “No existe bondad intrínseca en un consenso por haber incluido todas las fuerzas políticas, y mucho menos en uno que se presenta como los inicios del aval del uribismo a la paz negociada, cuando este no ha hecho más que repetir que se reserva el derecho a continuar en la búsqueda de modificaciones” [1].


La periodista se refiere a cómo Uribe emprendió una inteligente embestida convenciendo incluso a parte de la oposición política -que se supone crítica del proyecto político y de las propuestas legislativas del CD-, que era conveniente un acuerdo en el Congreso para nuevas reglas, con las que se impulsaran medidas que reconocieran la especial situación de agentes estatales y paraestatales, con garantías y beneficios a cambio de nada, para ellos, claro, con la tesis de que tal y como quedó la JEP en su funcionamiento, dentro de ella actuarían jueces que no eran de fiar cuando estudiaran la responsabilidad de militares y policías; que se requerían unos nuevos jueces (que Laura Gil llama acertadamente “prouniformados”) que además estuvieran especializados en materias a tener en cuenta en las investigaciones y juicios.


Este pacto político del 31 de octubre de 2018, entre el uribismo y esos sectores políticos de distinto color, para la investigación y eventual juzgamiento de militares o policías, proyecta un paso más en ese itinerario de impunidad. Ahora se acentúan o se formulan en su favor dispensas como serían jueces ad-hoc (específicos para algo) y la contrastación de las confesiones o versiones auto-incriminatorias de agentes estatales. Pues existe la posibilidad, dicta Uribe, que por obtener beneficios, los “servidores” acusados terminen aceptando “lo que no hicieron”. Y se enuncia de nuevo cómo se usará con el alegato de reglas operacionales prescritas por el Estado, una interpretación del Derecho Humanitario y del Derecho de la guerra para eximir a responsables de graves violaciones con presunciones que ocultan la guerra sucia. Derecho operacional acuñado por las fuerzas represivas del Estado, que el jurista Gustavo Gallón llama “embeleco” y califica de “esotérico” [2].


Sin joya y sin corona


Estamos frente a una “justicia transicional” que lejos de ser “justicia” y de ser “transicional”, bajo la necesidad de que sirva a la paz con legitimidad, está siendo utilizada la JEP en un nuevo canje: ser aceptada en tanto sea todavía más un lavadero de responsabilidades. Se confirma así que encubre gran parte de la verdad del pasado y que ante el presente y el futuro no significa ni un ápice de garantías de no repetición, pues el país no hace tránsito de la guerra a la paz, ni del autoritarismo a la democracia, pues se refuerzan las condiciones de violencia e impunidad de las élites, para que continúen desarrollando la misma estrategia de aniquilamiento de las alternativas, como lo vienen haciendo a diario.


Se caiga o no por razones jurídicas esa reforma, el espectáculo político queda registrado. Y tras lo ocurrido quedan lecciones de las cuales tomamos nota. El despropósito de las élites de firmar y burlar lo pactado, ya lo conocemos.


De lo que tenemos que cuidarnos es de perder la eticidad más elemental con la que nos hemos comprometido: verdad toda, verdad todos, y por lo tanto deben los sectores populares en lucha, no conceder cheques en blanco a sectores políticos que, pueden caer en pactos políticos para tener a la extrema derecha como aliada, en una paz que sus intereses convierten en raquítica.


Vale el recelo que se deduce de lo que la periodista Cecilia Orozco indica: “Hay que repasar lo que se aprobó… cuando la minoría uribista se había trocado, ya, en mayoría mágica por hechos ocurridos fuera del salón que aún se desconocen, y cuando los congresistas que todavía piensan en los derechos de las víctimas tuvieron que ceder ante la inminencia de su derrota”.[3]


Se decía hace dos años, al firmarse los Acuerdos de Paz entre el Gobierno Nacional y las FARC, que la joya de la corona eran la JEP y la Reforma Política, de las que hoy queda poco; mientras que del conjunto de los Acuerdos, queda aún más poco.
Notas:


[1] http://www.eltiempo.com/opinion/columnistas/laura-gil/mala-foto-peor-acuerdo-columna-de-laura-gil-290462
[2] http://www.elespectador.com/opinion/el-esoterico-derecho-operacional-columna-822431
[3] http://www.elespectador.com/opinion/que-les-dijo-uribe-que-les-hizo-cambiar-su-voto-columna-822208

 

Por Ana María Fonseca
Revista Insurrección

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Sábado, 10 Noviembre 2018 05:38

Por primera vez, todos en la mesa

El ministro de Exteriores ruso Lavrov recibiendo a los talibanes en la reunión en Moscú.

Inesperadamente, los rusos lograron que todas las partes se reunieran en Moscú. No hubo todavía acuerdo pero sí canales abiertos.

Rusia logró reunir ayer a representantes talibanes y del gobierno afgano, en lo que fue la primera reunión internacional sobre Afganistán, luego de décadas de conflicto en el país asiático. “Es la primera vez que una delegación del Buró político talibán, con sede en Doha, participa en discusiones a este nivel”, señaló el ministerio de Relaciones Exteriores ruso, al conocer la respuesta favorable de los talibanes. “Rusia reafirma su posición en cuanto a que no hay alternativa a un acuerdo político en la República islámica de Afganistán”, agregó el comunicado ruso.


En la mesa de negociación, estuvieron presentes cuatro miembros del Consejo para la paz de Afganistán, cinco representantes talibanes, representantes de Pakistán, y hasta funcionarios de la embajada de Estados Unidos en Moscú.


Rusia inauguró la conferencia con la ambición de abrir una nueva página en las negociaciones y terminar con el conflicto. El ministro ruso de Exteriores Serguei Lavrov exhortó a los participantes a no guiarse por sus intereses personales o colectivos, sino por los del pueblo afgano. “La participación en esta reunión de un organismo gubernamental afgano y de los talibanes es una contribución importante a la creación de condiciones favorables al lanzamiento de negociaciones directas”, dijo Lavrov.


Por su parte, el secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, afirmó que las perspectivas de paz en Afganistán eran más altas que las de hace muchos años, a pesar de la escalada de violencia y los repetidos reveses de las fuerzas afganas. Sin embargo, como era previsible, el encuentro terminó sin que las delegaciones de ambas partes se pusieran de acuerdo sobre la forma de un diálogo sin mediadores y directo. Según declaró el portavoz del consejo de Paz de Afganistán, Ihsan Taheri, la negociación no derivó en un acuerdo porque lo talibanes impusieron condiciones previas.


En este sentido, el movimiento radical condiciona el inicio del diálogo a la retirada de las tropas extranjeras en el país. El portavoz de los talibanes, Mohamad Abas Stanikzai, dijo que en la conferencia no se habló sobre un diálogo directo y que ellos no negociarán con el actual gobierno porque no reconocen su legalidad. “No reconocemos como legítimo al actual Gobierno de Afganistán, porque no fue elegido por el pueblo sino que llegó a la sombra de la invasión”, consideró. Por eso, la organización radical se niega a negociar con el gobierno afgano y en su lugar prefiere entablar conversación con Estados Unidos.


La crisis afgana, consideró Stanikzai, tiene dos dimensiones: una interna y otra externa. “Si se resuelvan los problemas de la dimensión externa, también podremos solucionar la interna, incluidos los temas de Constitución, derechos humanos, derechos de la mujer, drogas y todos los problemas internos”, dijo en referencia a la presencia de tropas estadounidenses en la región. Finalmente afirmó que esperan expectantes la próxima reunión en el formato que propuso Moscú.


En esta línea, el director general del Ministerio de Exteriores iraní para Asia Occidental, Rasul Eslami, declaró que los negociadores se volverán a reunir pronto. “Dado que todos los participantes y todos los presentes se quedaron contentos, se acordó celebrar la próxima reunión en un futuro próximo”, afirmó.


La iniciativa rusa se produce en un momento sensible en Afganistán. Según un reciente informe estadounidense, las fuerzas de seguridad gubernamentales están en la mayor pérdida de los últimos años.

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La importancia de llamar las cosas por su nombre

Es claro que la carta de Iván Márquez y Oscar Montero, dirigida a la Comisión de Paz del Senado y fechada el 22 de septiembre, no recibió la atención que merecía. Y no por sus graves denuncias o sus afirmaciones desconsoladoras en relación con la burla a que ha sido sometido el Acuerdo de Paz, cosas que casi todo el mundo sabía, sino porque marca una gruesa línea divisoria en la trágica historia de esta ilusión de “posconflicto” y paz.

 

La carta nos presenta una imagen descarnada de lo que fue la última etapa de la negociación y de lo que se ha conocido como implementación de los acuerdos, incluyendo el gobierno de Santos, aspecto éste de la mayor importancia pues referirse a la política del actual gobierno, enteramente previsible, tiene poco sentido; al contrario, lo que la carta nos invita a preguntarnos es cómo fue posible que el país votara en su mayoría por semejante mandato. Es cierto que termina haciendo un llamado, no exento de desesperación, a salvar el Acuerdo de Paz, y que da a entender que de ninguna manera volverían a empuñar las armas, pero deja en claro que estamos frente a un verdadero fracaso, así, con todas sus letras, lo cual debe preocupar no tanto a ellos mismos como excombatientes, sino al resto del país. Se trata de la reacción unánime del establecimiento en contra de lo que se nos hizo pensar era el cierre histórico de una larga etapa de nuestra existencia como sociedad.

 

En efecto, la reacción ha provenido no solamente del actual Ejecutivo y el partido gobernante, el Centro Democrático, abanderado desde el principio de una cerrada oposición, sino del legislativo, mayoritariamente comprometido con el desmantelamiento del Acuerdo, así como del poder judicial, manipulado por el retorcido Fiscal, incluyendo las altas Cortes. La verdad es que todos los círculos del poder económico y social, oscilaron, desde el principio, entre el ataque desembozado y la aceptación tibia; prevalidos de su control sobre los medios masivos de comunicación, lograron imponer su propia versión que no era otra que la fórmula de rendición en la forma sibilina de “sometimiento a la justicia” encubierta bajo una hipócrita reivindicación de los “derechos de las víctimas”. No se trata solamente de las alternativas políticas y de vida que se ofrecieron para las antiguas Farc. La carta señala, de manera franca y sencilla, que ni la Justicia especial y transicional se orientó a lograr una generalizada rendición de cuentas, ni puede esperarse del mecanismo de conjunto adoptado un asomo de verdad. Nada, pues, que pudiera parecerse a un balance histórico, punto de partida de una promisoria nueva etapa.
Márquez y Montero, ubican la “falla estructural” en la decisión prematura de dejar las armas, única garantía de cumplimiento. Una explicación válida, sin duda, desde el punto de vista operativo, pero insuficiente en términos políticos. El interrogante angustioso que ahora nos asalta es saber si, en verdad, existían condiciones históricas para un acuerdo de terminación del conflicto armado. Ayer con las Farc y hoy con el Eln. Nos hemos acostumbrado, en los últimos tiempos, a pensar con el deseo. Es cierto que en Colombia no existe ya una situación de guerra revolucionaria, pero de ahí a pensar que tal constatación basta para dar por terminado un conflicto enraizado en la dinámica social y política hay un larguísimo trecho. Las relaciones de poder que lo propiciaron continúan vigentes. Es ahí donde parece encontrarse una profunda equivocación. Siempre se pensó que el calado de las transformaciones sociales, económicas y políticas indispensables dependía de la propia negociación y de la correlación de fuerzas allí expresada. No pocos han insistido en que no es mucho lo que se podía esperar y que era de un insensato maximalismo andar exigiendo imposibles. Ello se repite ahora en relación con el Eln. Pero el orden de los factores es tal vez al contrario. Tampoco podía ni puede confiarse el resultado de las negociaciones a un acto de fe en el establecimiento, en el que lo que hace falta son pruebas de voluntad de paz de parte y parte. Lo que han demostrado los acontecimientos es que mientras se mantengan intactas las relaciones de poder, basadas en relaciones socioeconómicas bastante conocidas y confirmadas una y otra vez en el sistemático plan de exterminio de líderes y liderezas sociales, es una ilusión acariciar la idea de un borrón y cuenta nueva.

 

Para algunos se trata solamente de una fracción dominante, especialmente violenta y derechista encarnada en el uribismo, confiando en la existencia de una burguesía democrática y nacionalista, o por lo menos sensata, que la pudiera poner en su sitio. La verdad es que la cúpula financiera que detenta la hegemonía, una vez más demuestra que no tiene ningún escrúpulo en sostenerla, en aras de conservar el status quo. Es lo que se expresa en el gobierno de Duque. No sólo abandonan la pretensión de surtir algunas modificaciones en el orden rural; no sólo incumplen las ofertas para los excombatientes, sino que buscan una brutal y sórdida venganza.

 

A propósito de lo cual, es encomiable la posición de numerosas personas que insisten en las bondades de la paz, como si ello bastara para crear un clima de opinión favorable a los acuerdos logrados y por concertar. No pocos insisten, incluso, y en una sobreestimación de los aspectos culturales, en que, siendo el conflicto un resultado de la intolerancia, se trata de exigir el respeto por las diferencias y en llamar, como si estuviésemos en una nueva época, al perdón y la reconciliación. Es encomiable pero equivocado. Esta carta nos llama la atención sobre un hecho doloroso pero incontrovertible: la negociación y el verdadero acuerdo no constituyen un punto de partida sino un punto de llegada.

 

En este orden de ideas no queda otra cosa que persistir en el esfuerzo de modificar las relaciones de poder existentes. Desde el movimiento social y político. No puede ser – queda claramente establecido– un resultado de negociaciones en el conflicto armado. Y cabe una advertencia: lo peor de la política del actual gobierno no es su empeño en volver trizas el Acuerdo, expresión que se volvió popular y nos ha llevado equivocadamente al terreno de rescatar lo bueno que se encuentre entre las trizas. Lo peor es que así, coloca al movimiento popular en la tarea única y obsesiva de tratar de defender el Acuerdo de Paz; mientras tanto, continúa con su programa de fondo. Opera como un distractor. La verdad es que Duque no se dedica simplemente a destrozar lo hecho por Santos; su intención no es simplemente reactiva sino claramente propositiva; lo que busca es crear las condiciones para facilitar el despliegue del viejo modelo económico y político. Incluso en lo que parece simple corrección de las reformas acordadas, por ejemplo en materia institucional, política y judicial. Va más hacia adelante. En este sentido, aquello que reclamamos como la tarea indispensable en relación con las aspiraciones de solución política del conflicto armado, la modificación de las relaciones de poder, se identifica nítidamente con las exigencias de la coyuntura.

 

Un desafío es fundamental. Como es bien sabido, el movimiento social colombiano se ha levantado en los últimos años en un ámbito territorial, en resistencia frente a las amenazas y desastres de lo que conocemos como modelo extractivista. Es en ese ámbito en el que el establecimiento busca remover las trabas institucionales que se le han venido presentando. Trabas que se han convertido, a su vez, en instrumento y objetivo de la resistencia popular. Un ejemplo es el reciente y funesto fallo de la Corte Constitucional con respecto a las Consultas Populares. A todo ello se agregan las amenazas que se ciernen sobre las condiciones de vida en general, por ejemplo en materia tributaria o sobre el sistema pensional.

 

En estas circunstancias, no cabe duda, entonces, que el movimiento popular está obligado a replantear la dinámica institucionalista que ha adoptado en los últimos tiempos. No es fácil pero hay que intentarlo. Quizás haya que empezar por entender que las instituciones no son un medio sino un blanco. Hay que cambiarlas a golpes de realidad. No nos va a llegar de la paz o de una aparente democracia participativa. Pero hay que entenderlo y asumirlo; hay que remover los hábitos consagrados. Tal vez convenga recordar el eslogan de una antigua revista: “atreverse a pensar es empezar a luchar”.

 

Edición completa desdeabajo Nº 251, octubre 20 - noviembre 20 de 2018

https://www.desdeabajo.info/ediciones/itemlist/category/345-edicion-n-251.html

 

 

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La importancia de llamar las cosas por su nombre

Es claro que la carta de Iván Márquez y Oscar Montero, dirigida a la Comisión de Paz del Senado y fechada el 22 de septiembre, no recibió la atención que merecía. Y no por sus graves denuncias o sus afirmaciones desconsoladoras en relación con la burla a que ha sido sometido el Acuerdo de Paz, cosas que casi todo el mundo sabía, sino porque marca una gruesa línea divisoria en la trágica historia de esta ilusión de “posconflicto” y paz.

 

La carta nos presenta una imagen descarnada de lo que fue la última etapa de la negociación y de lo que se ha conocido como implementación de los acuerdos, incluyendo el gobierno de Santos, aspecto éste de la mayor importancia pues referirse a la política del actual gobierno, enteramente previsible, tiene poco sentido; al contrario, lo que la carta nos invita a preguntarnos es cómo fue posible que el país votara en su mayoría por semejante mandato. Es cierto que termina haciendo un llamado, no exento de desesperación, a salvar el Acuerdo de Paz, y que da a entender que de ninguna manera volverían a empuñar las armas, pero deja en claro que estamos frente a un verdadero fracaso, así, con todas sus letras, lo cual debe preocupar no tanto a ellos mismos como excombatientes, sino al resto del país. Se trata de la reacción unánime del establecimiento en contra de lo que se nos hizo pensar era el cierre histórico de una larga etapa de nuestra existencia como sociedad.

 

En efecto, la reacción ha provenido no solamente del actual Ejecutivo y el partido gobernante, el Centro Democrático, abanderado desde el principio de una cerrada oposición, sino del legislativo, mayoritariamente comprometido con el desmantelamiento del Acuerdo, así como del poder judicial, manipulado por el retorcido Fiscal, incluyendo las altas Cortes. La verdad es que todos los círculos del poder económico y social, oscilaron, desde el principio, entre el ataque desembozado y la aceptación tibia; prevalidos de su control sobre los medios masivos de comunicación, lograron imponer su propia versión que no era otra que la fórmula de rendición en la forma sibilina de “sometimiento a la justicia” encubierta bajo una hipócrita reivindicación de los “derechos de las víctimas”. No se trata solamente de las alternativas políticas y de vida que se ofrecieron para las antiguas Farc. La carta señala, de manera franca y sencilla, que ni la Justicia especial y transicional se orientó a lograr una generalizada rendición de cuentas, ni puede esperarse del mecanismo de conjunto adoptado un asomo de verdad. Nada, pues, que pudiera parecerse a un balance histórico, punto de partida de una promisoria nueva etapa.
Márquez y Montero, ubican la “falla estructural” en la decisión prematura de dejar las armas, única garantía de cumplimiento. Una explicación válida, sin duda, desde el punto de vista operativo, pero insuficiente en términos políticos. El interrogante angustioso que ahora nos asalta es saber si, en verdad, existían condiciones históricas para un acuerdo de terminación del conflicto armado. Ayer con las Farc y hoy con el Eln. Nos hemos acostumbrado, en los últimos tiempos, a pensar con el deseo. Es cierto que en Colombia no existe ya una situación de guerra revolucionaria, pero de ahí a pensar que tal constatación basta para dar por terminado un conflicto enraizado en la dinámica social y política hay un larguísimo trecho. Las relaciones de poder que lo propiciaron continúan vigentes. Es ahí donde parece encontrarse una profunda equivocación. Siempre se pensó que el calado de las transformaciones sociales, económicas y políticas indispensables dependía de la propia negociación y de la correlación de fuerzas allí expresada. No pocos han insistido en que no es mucho lo que se podía esperar y que era de un insensato maximalismo andar exigiendo imposibles. Ello se repite ahora en relación con el Eln. Pero el orden de los factores es tal vez al contrario. Tampoco podía ni puede confiarse el resultado de las negociaciones a un acto de fe en el establecimiento, en el que lo que hace falta son pruebas de voluntad de paz de parte y parte. Lo que han demostrado los acontecimientos es que mientras se mantengan intactas las relaciones de poder, basadas en relaciones socioeconómicas bastante conocidas y confirmadas una y otra vez en el sistemático plan de exterminio de líderes y liderezas sociales, es una ilusión acariciar la idea de un borrón y cuenta nueva.

 

Para algunos se trata solamente de una fracción dominante, especialmente violenta y derechista encarnada en el uribismo, confiando en la existencia de una burguesía democrática y nacionalista, o por lo menos sensata, que la pudiera poner en su sitio. La verdad es que la cúpula financiera que detenta la hegemonía, una vez más demuestra que no tiene ningún escrúpulo en sostenerla, en aras de conservar el status quo. Es lo que se expresa en el gobierno de Duque. No sólo abandonan la pretensión de surtir algunas modificaciones en el orden rural; no sólo incumplen las ofertas para los excombatientes, sino que buscan una brutal y sórdida venganza.

 

A propósito de lo cual, es encomiable la posición de numerosas personas que insisten en las bondades de la paz, como si ello bastara para crear un clima de opinión favorable a los acuerdos logrados y por concertar. No pocos insisten, incluso, y en una sobreestimación de los aspectos culturales, en que, siendo el conflicto un resultado de la intolerancia, se trata de exigir el respeto por las diferencias y en llamar, como si estuviésemos en una nueva época, al perdón y la reconciliación. Es encomiable pero equivocado. Esta carta nos llama la atención sobre un hecho doloroso pero incontrovertible: la negociación y el verdadero acuerdo no constituyen un punto de partida sino un punto de llegada.

 

En este orden de ideas no queda otra cosa que persistir en el esfuerzo de modificar las relaciones de poder existentes. Desde el movimiento social y político. No puede ser – queda claramente establecido– un resultado de negociaciones en el conflicto armado. Y cabe una advertencia: lo peor de la política del actual gobierno no es su empeño en volver trizas el Acuerdo, expresión que se volvió popular y nos ha llevado equivocadamente al terreno de rescatar lo bueno que se encuentre entre las trizas. Lo peor es que así, coloca al movimiento popular en la tarea única y obsesiva de tratar de defender el Acuerdo de Paz; mientras tanto, continúa con su programa de fondo. Opera como un distractor. La verdad es que Duque no se dedica simplemente a destrozar lo hecho por Santos; su intención no es simplemente reactiva sino claramente propositiva; lo que busca es crear las condiciones para facilitar el despliegue del viejo modelo económico y político. Incluso en lo que parece simple corrección de las reformas acordadas, por ejemplo en materia institucional, política y judicial. Va más hacia adelante. En este sentido, aquello que reclamamos como la tarea indispensable en relación con las aspiraciones de solución política del conflicto armado, la modificación de las relaciones de poder, se identifica nítidamente con las exigencias de la coyuntura.

 

Un desafío es fundamental. Como es bien sabido, el movimiento social colombiano se ha levantado en los últimos años en un ámbito territorial, en resistencia frente a las amenazas y desastres de lo que conocemos como modelo extractivista. Es en ese ámbito en el que el establecimiento busca remover las trabas institucionales que se le han venido presentando. Trabas que se han convertido, a su vez, en instrumento y objetivo de la resistencia popular. Un ejemplo es el reciente y funesto fallo de la Corte Constitucional con respecto a las Consultas Populares. A todo ello se agregan las amenazas que se ciernen sobre las condiciones de vida en general, por ejemplo en materia tributaria o sobre el sistema pensional.

 

En estas circunstancias, no cabe duda, entonces, que el movimiento popular está obligado a replantear la dinámica institucionalista que ha adoptado en los últimos tiempos. No es fácil pero hay que intentarlo. Quizás haya que empezar por entender que las instituciones no son un medio sino un blanco. Hay que cambiarlas a golpes de realidad. No nos va a llegar de la paz o de una aparente democracia participativa. Pero hay que entenderlo y asumirlo; hay que remover los hábitos consagrados. Tal vez convenga recordar el eslogan de una antigua revista: “atreverse a pensar es empezar a luchar”.

Publicado enEdición Nº251
Durante un acto de campaña, el magnate anunció la cancelación del Tratado sobre Fuerzas Nucleares de Alcance Intermedio . AP/A. Goodlett

El presidente estadunidense, Donald Trump, declaró este sábado que su país abandonará el Tratado de Fuerzas Nucleares de Rango Intermedio con Rusia (INF, por sus siglas en inglés), al asegurar que Moscú lo está violando, mientras el Kremlin consideró que la causa del retiro es el sueño sobre un mundo unipolar.

Trump acusó a Rusia de violar los términos del acuerdo. El INF data de 1987 y prohíbe, entre otras cosas, misiles nucleares y convencionales con alcance de 500 a 5 mil 500 kilómetros y sus lanzamientos. Fue firmado por los presidentes Ronald Reagan y Mijail Gorbachov.

Al ser cuestionado sobre el tema, Trump respondió que su gobierno desarrollará esas armas en caso de que Rusia y China no se sumen a un nuevo acuerdo. Vamos a poner fin al tratado y salir de él, dijo el magnate desde Nevada, donde se encuentra en campaña para las elecciones legislativas del 6 de noviembre.

Washington basó sus acusaciones en los nuevos misiles de crucero rusos con el código de la OTAN SSC-8 (en ruso: 9M729), que supuestamente tienen un alcance de 2 mil 600 kilómetros.

A inicios del mes, la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN) presionó por eso a Moscú y Putin afirmó que desde las rampas de lanzamiento del escudo antimisiles de la Alianza Atlántica en Rumania pueden lanzarse en cualquier momento misiles de crucero nucleares estadunidenses.

La retirada de Estados Unidos de un tratado de armas nucleares, firmado con Rusia, es el sueño de un mundo unipolar. ¿Se hará realidad? No, declaró bajo anonimato una fuente de la cancillería rusa a la agencia rusa RIA Novosti. Washington se ha acercado al desmantelamiento del acuerdo nuclear a lo largo de muchos años, destruyendo, deliberadamente y poco a poco, las bases para un acuerdo, añadió.

En otro tema, Moscú acusó a Estados Unidos de inventar acusaciones de la presunta injerencia rusa” al procesar judicialmente a una mujer rusa por su intervención en las próximas elecciones legislativas del 6 de noviembre.

El viceministro ruso de Exteriores, Serguéi Riabkov, se quejó que tras acusaciones similares durante la elección presidencial de 2016 en Estados Unidos, “en Washington están ahora intentando jugar la misma carta a medida que se acerca la jornada de las legislativas de mitad de mandato.

 

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Impunidad, corrupción, objeción de conciencia, ruptura y constancias históricas

Ante las últimas agresiones del Estado contra nuestra Comunidad de Paz, consideramos importante reafirmar realidades y principios que fundamentan nuestras búsquedas de justicia y dignidad.


Los sectores conscientes del país y de la comunidad internacional conocen las formas de genocidio a que hemos sido sometidos desde que nos atrevimos a decirle NO la guerra y a la violencia. Los esfuerzos de muchos años para intentar que lo que en Colombia se llama “justicia” actuara eficazmente, fueron siempre frustrados. Centenares de denunciantes y declarantes de nuestra Comunidad eran inmediatamente amenazados, no pocos asesinados y otros obligados a desplazarse o estigmatizados o judicializados mediante horribles montajes. Todo nos fue mostrando que el victimario salía siempre triunfante, protegido por una impunidad a toda prueba que contaba con el aporte activo o pasivo de las diversas instituciones del Estado y que la víctima entraba forzosamente a un camino de re-victimizaciones sin fin. Esa experiencia de muchos años nos llevó a la Objeción de Conciencia y a la ruptura con ese tipo de “justicia” que de justicia nada tenía. Ante semejante desprotección y conscientes de que el silencio y la resignación equivalían a nuestra destrucción total, acudimos al sistema de las constancias históricas y públicas, como un clamor a las franjas verdaderamente humanas del país y del mundo, para que con su solidaridad y su protesta protegieran nuestra vida y dignidad, ya que el Estado no la protegía sino que buscaba a toda costa destruirla.


Si en esas constancias públicas aparece de manera casi permanente un victimario de varias cabezas, es porque así lo hemos conocido, experimentado y sufrido en carne propia, en vivo y en directo. Los varios millares de crímenes de lesa humanidad de los que hemos sido víctimas y que hemos relacionado ante tribunales internacionales, han sido perpetrados por la alianza entre fuerza pública y paramilitares, una alianza que cubre al menos las dos décadas de nuestra existencia comunitaria y no ha habido poder humano que obligue a ese victimario de varias cabezas a dejar de violar nuestros derechos. El paramilitarismo, como su mismo nombre lo indica, es una entidad incrustada de una u otra manera en las prácticas militares y policiales, y si bien en el pasado y hasta hace muy poco se caracterizaba más por políticas activas de conjunción, en el último período ha dado primacía al apoyo pasivo y omisivo, no menos grave que el activo, y quizás más grave al darle más campo de acción a la franja ilegal que se sitúa fuera de todo control, de toda legalidad y de toda ética.


Hubo fiscales, vice-fiscales, directores de fiscalías y fiscales delegados quienes recibieron centenares de denuncias de crímenes horrendos bien documentadas y las engavetaron inmediatamente sin darles ningún trámite. Uno de ellos, el Sr. Luis González, aún hoy ocupa un alto puesto en la Fiscalía General de la Nación. Hubo procuradores, como el reelegido fraudulentamente, Ordóñez Valderrama, quien jamás quiso darle trámite a denuncias de nuestra Comunidad, alegando que no tenían los mínimos elementos de circunstancias de tiempo, modo y lugar, a pesar de que siempre aportábamos nombres, fechas, horas, y sitios precisos de los crímenes. Ha sido de plena evidencia que el Estado protege con la omisión de todas sus instituciones la impunidad de ese victimario de varias cabezas incrustado en su propia institucionalidad.


Cuando tuvimos acceso a los expedientes concretos, descubrimos que los que se llamaban “agentes judiciales” desconocían numerosos principios de la Constitución y principios rectores del procedimiento judicial, como los principios de legalidad, de imparcialidad, de igualdad ante la ley, de separación de poderes, de independencia, de habeas data, de debido proceso, de consistencia probatoria etc. Todo esto, plenamente documentado y con los nombres de numerosos funcionarios corruptos, se lo presentamos a todas las altas Cortes del Estado el 19 de enero de 2009 en una amplio derecho de petición, para que se hiciera una depuración y corrección a fondo, pero no fuimos escuchados y creemos que en los magistrados predominó el miedo a represalias de quienes detentan los poderes de facto.


En toda esta búsqueda hemos sido presionados para que volvamos a llevar los casos al aparato judicial o disciplinario del Estado, presentando denuncias, rindiendo declaraciones y aportando pruebas. Sin embargo, fuera de la experiencia de dos décadas que nos siembra profunda desconfianza porque no vemos sensibilidad alguna en los funcionarios frente a los crímenes que nos destruyen ni voluntad alguna de hacer justicia, hemos comprobado además que la “justicia” vigente se apoya exclusivamente en testimonios y que el testimonio ha llegado a ser, en lugar de prueba judicial, una mercancía. Es manipulado, comprado o vendido con gran facilidad.


¿Cómo podemos probar que los paramilitares trabajan unidos con los militares? En nuestra terrible realidad, todas las semanas y por todas las veredas, los paramilitares nos están repitiendo que todo lo tienen arreglado y coordinado con el ejército para destruirnos y muchos soldados están afirmando al mismo tiempo por las veredas que ellos tienen orden de no perseguir a los paramilitares porque son sus amigos y colaboradores. Pero si esto lo declaramos en una fiscalía o en un juzgado, sabemos de sobra que, en lugar de servir para frenar la persecución va a servir para todo lo contrario: para que estigmaticen y amenacen al denunciante o declarante. Le van a exigir que “compruebe” lo que está diciendo; que muestre un video o una grabación o dé el nombre concreto y el código militar del soldado que lo dijo y presente a muchos testigos de que lo dijo, todo lo cual, en nuestras circunstancias, es imposible. Los militares ocultan sus códigos y nombres y decomisan enfurecidos las cámaras o celulares que pretenden registrar sus delitos. Entonces lo que ocurre es que el fiscal archiva el caso inmediatamente por “ausencia de pruebas” y el declarante queda en la “lista negra” de amenazados. Y a pesar de todo ello, la Comunidad amontona semana tras semana multitud de amenazas “que no se pueden probar”; multitud de agresiones y atropellos “que no se pueden probar”. Nunca autoridad alguna accede a verificar las denuncias “in situ” y con técnicas que no prevengan a los victimarios. En el mejor de los casos le piden al mismo ejército que haga un operativo en la zona de la denuncia, pero lo hace con todas las precauciones para que ya los victimarios se hayan ido o escondido, sin tener en cuenta que pedirle a la institución victimaria que investigue el crimen es algo no sólo inútil sino algo anti-jurídico y anti-ético. Lo máximo que se hace es un show mediático, como los que se han hecho en los últimos meses en Rodoxalí y en la Cristalina, donde los victimarios van en helicópteros con autoridades civiles y periodistas para entrevistar a campesinos cooptados o amedrentados de antemano que declaren ante las pantallas que las denuncias son falsas.


Nuestra Comunidad se ha visto ante el dilema de dejarse aplastar por la inviabilidad de la “justicia” institucional o apoyarse en el valor tradicional de transparencia de la palabra campesina y buscar articularla con la transparencia de aquellos que nos conocen directa o indirectamente a través de nuestros sufrimientos y nuestros sueños y se solidarizan con nosotros en el clamor ético por una justicia elemental. De allí que hayamos recurrido a la CONSTANCIA HISTÓRICA ANTE EL PAÍS Y EL MUNDO, haciendo caso omiso de una “justicia” que se nos ha revelado inaccesible y corrupta en 22 años de búsqueda.


La constancia histórica se funda en el derecho primario y democrático a la comunicación; está refrendada por las declaraciones universales y regionales de los derechos humanos; reforzada por documentos de las Naciones Unidas, como la Resolución de la Asamblea General del 8 de marzo de 1999 (A/RES/53/144), y representa el clamor más elemental de las víctimas al país y al mundo para no dejarse destruir, frente a acciones sistemáticas que se han prolongado durante 22 años y que son violatorias de todos los tratados internacionales de derechos humanos y de la más elemental dignidad humana.

Comunidad de Paz de San José de Apartadó
Octubre 14 de 2018

 

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Colombia. El decorado de la paz se desmorona

Colombia ha vivido unos años en los que los decoradores de la paz –expertos en dramaturgia democrática han levantado una escenografía tan débil que ahora se desmorona ante los vientos uribistas.

 

Todos quisimos creerlo. Mejor expresado: todos necesitábamos creer que lo imperfecto era lo posible y que lo posible se haría realidad en medio de dificultades. Todos y todas pensamos que los procesos de paz que caminaban en Colombia tenían sentido, no para hacer la revolución siempre pendiente sino para sacar la violencia armada de la política, para desestigmatizar a los movimientos de base y para comenzar una larga y dura lucha en el terreno de lo político-institucional (aunque ese escenario sea un decorado vacío de contenido, una ficción consensual que permite la ficción democrática en el feudo colonial).

Apostamos, muchos, al posibilismo. Confiamos en empujar un poquito la Constitución de 1991 y sus derechos de ficción, habilitar espacios de debate y participación que no estuvieran mediados por la muerte, proponer las otras-muchas-colombias-posibles sin el temor inminente del tiro en la nuca. Los que llevaban más heridas a cuestas sabían que era casi imposible. Los fantasmas del genocidio de la Unión Patriótica, de la desmovilización del M-19, de los cientos de acuerdos incumplidos por el Estado tras las duras batallas libradas por los pueblos indígenas… Todas esas heridas recordaban que se pactaba y se daba un margen de confianza a quien nunca había hecho nada para merecerlo.

Pero aún así, quisimos creerlo e incluso algunos de los líderes y lideresas más curtidos le apostaron (y le apuestan) a la paz (sea lo que sea lo que signifique) porque la degradada guerra civil de la Colombia invisible es insoportable. Una compañera mexicana, curtida también en las negociaciones con estados genocidas, me decía que cuando el nivel de violencia contra la sociedad es tan extremo como en Colombia, las agendas políticas tendían a reducirse a un solo enunciado: “Dejen de asesinarnos, desaparecernos, torturarnos…”. Esa era, quizá, la agenda y desde ese punto de vista los procesos de paz recientes en Colombia ya han fracasado.

El gobierno saliente de Juan Manuel Santos, el Nobel de Paz cocinado desde la guerra sucia del Estado, construyó un decorado de la paz que, por un momento, podía parecer confiable: insuficiente, sí; pero posible. Primero los clásicos de todos postconflicto contemporáneo: comisión de la verdad, comisión de búsqueda de personas desaparecidas, sistema de justicia transicional. Después, la ñapa de comprometerse a lo que ya lleva escrito y aprobado hace 27 años en la Constitución Política. Era un decorado. La inmensa mayoría de los puntos consignados en el Acuerdo de Paz firmado con las FARC en noviembre de 2016 –después de un profundo peluqueado fruto de un innecesario y fallido plebiscito- no avanzan y el Estado sólo ha cumplido en lo que tiene que ver con el desarme y desmovilización de la guerrilla de las FARC. Ni siquiera está cumpliendo en lo relativo a la reintegración de los ex guerrilleros y guerrilleras en la vida civil.

Las comisiones avanzan en medio de la parálisis: o bien no tienen presupuesto, o bien no cuentan con el respaldo institucional necesario, o bien trabajan en un país ficticio porque el país real, desde que Uribe comenzara la formación de una nueva opinión pública a su medida, no está interesado en esta paz y gusta más de la victoria militar. De hecho, parece paradójico que tras cumplir las FARC con el 95% de sus compromisos en tiempo y forma, la mayoría de los colombianos (un 77% según las últimas encuestas) sigue desconfiando de lo que ahora es un movimiento político resquebrajado desde dentro.

El decorado de Santos debía completarse con la firma de algún tipo de acuerdo con la segunda guerrilla del país (el Ejército de Liberación Nacional –ELN-) y con el sometimiento a la justicia de la principal franquicia paramilitar de las muchas que operan en el país (el Clan del Golfo o también autodenominado como Autodefensas Gaitanistas de Colombia –AGC-).

En el primer caso, a los decoradores se les vio el plumero: siempre despreciaron y ningunearon al ELN y no estaban dispuestos a abrir un proceso masivo y nacional de participación ciudadana, que es lo que la guerrilla de origen guevarista siempre ha reclamado para repensar el país.

En el segundo caso, las improvisaciones de última hora del Gobierno Santos y el hecho de que haya llegado al poder un Gobierno neouribista (cuando las AGC no perdonan a Uribe las traiciones acumuladas tras su desmovilización fingida en 2005) han frustrado la disposición de ese grupo paramilitar a desmovilizarse de algún modo. Esta es la realidad cuando llevamos dos meses del Gobierno de Iván Duque, un advenedizo de la política elegido cuidadosamente por Álvaro Uribe después de la traición (una más) que supuso para el ex presidente paisa la gestión de Santos, quien fuera su ministro de Defensa.

Duque ha dejado el ministerio de Defensa a un uribista peligroso, el empresario Guillermo Botero, y ha dejado en el congelador todos los procesos de paz: apuesta así por la derrota militar del ELN y por la desaparición de las FARC gracias a sus divisiones internas y a su aparente aislamiento político. Con los ‘paras’…. con los ‘paras’ es otra cosa: puede negociar bajo cuerda con ellos un reparto de las economías ilegales y las violencias en el país, puede pedir ayuda a sus aliados en Washington (que siempre han tenido el control del interruptor del paramilitarismo), o puede verse tentado a iniciar una guerra improbable y de rumbo más que incierto.

Una vez tumbado el decorado de la paz con el primer monzón uribista… ahora sólo toca ver qué tan vigorosos son los movimientos de base para resistir y construir alternativas quizá, esta vez, totalmente al margen de la arquitectura institucional. Juegan con todo el contra: una comunidad internacional timorata, una clase media urbana inmune a los avatares de la guerra, y unos territorios codiciados por una hidra de organizaciones criminales que saben que la rentabilidad del control territorial es desproporcionada. La única esperanza es que comunidades y organizaciones de base han demostrado mil veces en Colombia su capacidad de resistencia y de reinvención. Nuestro apoyo, basado en el respeto absoluto de los procesos propios (con aciertos y errores) es más necesario que nunca.

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El drama de los desplazamientos forzados crece en Colombia tras el proceso de paz

En los ocho primeros meses del año, 38.490 personas se han visto forzadas a abandonar su hogar en Colombia. Con estos datos, CODHES confirma que el número de desplazados internos del país se ha vuelto incrementar mientras más de un centenar de líderes y lideresas sociales han sido asesinadas.

La Consultoría para los Derechos Humanos y el Desplazamiento en Colombia (CODHES) confirma que se ha vuelto a incrementar el número de personas desplazadas internas en ese país. En los primeros ocho meses del año, casi 40.000 personas han sido víctimas del desplazamiento forzado, y más de un centenar de líderes y lideresas sociales, asesinadas. 

El informe de la CODHES detalla que entre el 1 de enero y el 31 de agosto se han registrado 126 episodios de desplazamientos múltiples y forzosos, lo que ha obligado a abandonar sus casas a 38.490 personas, de las cuales 8.376 son afrodescendientes y 7.808 indígenas.


Entre las razones, esta organización civil destaca que en casi la mitad de los casos los desplazamientos se deben a enfrentamientos armados y, en menor medida, a amenazas e intimidaciones e, incluso, a la mera presencia activa de grupos armados en una determinada región.


ELN, EPL, GHP


Las responsabilidades recaen fundamentalmente en las actuaciones del Ejército de Liberación Nacional (ELN), el Ejército Popular de Liberación (EPL) y Grupos Herederos del Paramilitarismo (GHP), lo que da una idea de la complejidad de la situación del país sudamericano pese al proceso de paz firmado oportunamente por el Gobierno y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) hoy reconvertidas en partido político.


La mayoría de los episodios causantes de desplazamiento se han producido en la región de Antioquia (12.588 personas desplazadas en 36 episodios), Norte de Santander (11.962 en 30) y Nariño (6.090 en 27). “Otros departamentos donde se presentó un alto número de desplazamientos son Córdoba (8 eventos de desplazamiento, 2.127 personas desplazadas), Chocó (5 eventos, 1.361 personas desplazadas), en Valle del Cauca (4 eventos, 2.514 personas desplazadas) y Cauca (2 eventos, 1507 personas desplazadas)”, desgrana el informe de la CODHES.


En abril Naciones Unidas ya condenó la violencia creciente en algunas de las regiones donde se han registrado los mayores desplazamientos. Tal es el caso de Catacumbo, Norte de Santander. Según el organismo internacional, a principios de año ya se registraban 2819 desplazamientos, 144.000 personas sufrían graves restricciones de acceso a servicios y bienes básicos, y más de 40.000 niños y niñas llevaban al menos una semana sin poder asistir a clases.


“Hacemos un llamado de urgencia a todos los grupos armados a respetar la vida y la integridad de la población civil, respetar los derechos humanos, acatar el derecho internacional humanitario de manera inmediata y garantizar el acceso humanitario”, decía el comunicado de la ONU.
7,7 millones de personas


Si bien las cifras de desplazamientos anuales siguen siendo ostensiblemente menores a los años anteriores a los acuerdos de paz, Colombia continúa encabezando la lista de países del mundo con mayor cantidad de personas en situación de desplazamiento interno. Según el informe 2017 de la Agencia de la Organización de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), a finales del año pasado eran 7,7 millones de habitantes de ese país, es decir más del 15% de la población. Siria es la siguiente nación en la lista, con 6,1 millones de personas desplazadas internas (y 5,5 que han buscado refugio en otros países), para continuar con la República Democrática del Congo, con 4,5 millones y 685.000 personas, respectivamente.


Esta realidad no es nueva, la población colombiana sufre la situación del desplazamiento forzado desde hace décadas, no solo por los enfrentamientos armados, sino también a consecuencia de la guerra por los recursos naturales del país. Un proceso de privatización de las infraestructuras estatales y de extracción de recursos en el que la internacionalización de las empresas españolas ha jugado un papel determinante. Telefónica, Repsol, Gas Natural, Cepsa, Endesa, Unión Fenosa, BBVA, Banco Santander y ACS, Ferrovial son solo algunas de las multinacionales de capital español que han hecho millonarios negocios por allí.


“El conflicto colombiano es, sobre todo, un conflicto por la tierra. La seguridad de las inversiones del capital internacional, mediante una legislación que concede exenciones fiscales y facilita la repatriación de los beneficios, es simétrica a la inseguridad de la población, que comprueba cómo los territorios estratégicos —ricos en recursos naturales, aptos para la construcción de grandes infraestructuras energéticas, etc.— se militarizan y paramilitarizan, bajo la excusa de combatir las guerrillas y el tráfico de drogas”, destaca el libro de escritura colectiva Qué hacemos con las fronteras.


Más asesinatos y un nuevo grupo armado


El informe de la CODHES da cuenta de que en estos primeros ocho meses de 2018 han sido asesinados 98 líderes y 12 lideresas, de los cuales 40 pertenecían a pueblos étnicos: 23 eran afrodescendientes y 17 indígenas. Pero además se han producido 238 agresiones.


Un dato relevante es que el 30% de las personas asesinadas trabajaba en la defensa del territorio. “El 11% estaba vinculado a procesos de sustitución de cultivos de uso ilícito, y el 9% pertenecía al sector educativo y a medios de comunicación comunitarios. Se destaca que más del 5% de los líderes asesinados eran denunciantes de los efectos medioambientales de la represa de Hidroituango”, describe el informe. Otra vez la guerra por los recursos.


Por su parte el Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) acaba de reconocer un nuevo grupo parte del conflicto armado que vive el país desde hace medio siglo, una fuerza derivada de las estructuras de las FARC-EP del antiguo bloque oriental que en noviembre de 2017 no se acogió a la firma de los Acuerdos de Paz con el Gobierno.


“Esta clasificación no supone en ningún caso la reanudación del conflicto armado que finalizó con el Acuerdo de Paz de 2016, ni otorga ningún estatus jurídico o político a este grupo”, ha aclarado el CICR. Su inclusión en la categorización de las partes del conflicto se debe a que cumple con los criterios establecidos a la luz del derecho internacional humanitario (DIH): que el grupo esté lo suficientemente organizado y que sus acciones armadas alcancen cierto nivel de intensidad.


La reconfiguración de los grupos armados vigentes y las peleas por apropiarse de las zonas abandonadas por las FARC luego de su paso a la política tras los acuerdos de paz de 2016, siguen dejando huella en la maltratada población colombiana.

publicado
2018-10-04 06:07:00

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Iván Márquez y Oscar Montero (El Paisa): Carta abierta a la Comisión de paz del Senado

Señores
COMISIÓN DE PAZ DEL SENADO
Congreso de la República
Bogotá

 

Pese a que el Acuerdo de Paz fue destrozado por depredadores sin alma, nuestro sueño sigue siendo la paz de Colombia.

 

Al menos tres actos de insensatez empujaron la esperanza tejida en La Habana al taciturno abismo de los procesos de paz fallidos: la inseguridad jurídica, las modificaciones al texto original de lo convenido y el incumplimiento de aspectos esenciales del Acuerdo.

 

Sin duda, la INSEGURIDAD JURÍDICA tocó techo con la detención de Jesús Santrich con fines de extradición mediante montaje judicial urdido por el Fiscal General, el embajador de los EEUU y la DEA. Esta decisión delirante concebida para sabotear la paz terminó ahuyentando la poca confianza que aún quedaba en los excombatientes. Debemos reconocer que la Fiscalía General de la Nación se ha convertido en una fábrica de mentiras para empapelar judicialmente a mucha gente, y en el caso que nos ocupa, a los principales negociadores de paz de la guerrilla, llegando hasta el asombro de elevar en el rollo de su montaje, la tentativa y el pensamiento mismo a la categoría de delito para justificar la extradición, buscando desesperadamente hundir sin remedio el anhelo colectivo de paz. Estamos frente a un descarado abuso en el ejercicio del poder, mezclado con una rendición inaceptable de nuestra soberanía jurídica a una potencia extranjera. No podemos dejar la Paz -que es el derecho más importante- en manos de personajes como Martínez y Whitaker. Carecen ellos de sentido común para trazar el destino de Colombia, que definitivamente no puede ser el de la guerra.


Pero, ¿qué gana EEUU aplastando la paz de Colombia? Muy poco ha contribuido a fortalecerla. Para reforzarla, por ejemplo, pudo haber liberado, luego de la firma del Acuerdo de La Habana, a Simón Trinidad, extraditado 14 años atrás a través de un montaje judicial del Gobierno de la época. John Kerry, ex Secretario del Departamento de Estado había abierto esta posibilidad en una reunión que sostuvimos
personalmente en la capital de la Isla. Esas buenas intenciones fueron arrastradas por el viento.

 

Por otra parte, las MODIFICACIONES AL TEXTO ORIGINAL DE LO CONVENIDO transfiguraron el Acuerdo de La Habana en un horroroso Frankenstein. Personajes que nunca fueron ungidos con el honor de ser plenipotenciarios de las partes, se dieron a la tarea de meterle mano para dañar lo construido con tanto esfuerzo y amor. Sucedió después de la entrega de las armas. Eso es perfidia, trampa y “conejo”. Mal hecho. No se puede traicionar la paz de esa manera. Los acuerdos, que fueron firmados solemnemente, son para cumplirlos.


¿En qué otra parte del mundo ha ocurrido algo semejante? El mismo Estado que firmó el Acuerdo, azuzó luego a su tronco y a sus extremidades a destruirlo aduciendo la independencia de poderes cuando tenía en sus manos el recurso constitucional de la colaboración armónica. Se produjo entonces el desconocimiento de una obligación internacional que descansa en el hecho notorio de que éste es un Acuerdo Especial del Artículo 3 de los Convenios de Ginebra y que ostenta al mismo tiempo el rango de Documento Oficial del Consejo de Seguridad de NNUU. A esto debe agregársele el fallo de la Corte Constitucional que estableció de manera clara y categórica que dicho Acuerdo no podía ser modificado por los próximos tres gobiernos. El ex Presidente y Nobel de Paz, Juan Manuel Santos, no tuvo ni el valor ni la convicción de hacer uso de las facultades que le otorgaba la Constitución para salvar el proceso. Prefirió no cruzar el Rubicón por temor a la jauría.

 

 "Finalmente, sin eufemismos y en lenguaje franco: lo esencial del Acuerdo de Paz de La Habana ha sido traicionado". 

 

Señores Senadores: la JEP no es la que aprobamos en La Habana, sino la que querían el Fiscal y los enemigos de la concordia; esta ya no es para todos los involucrados en el conflicto; sustrajeron de su jurisdicción a los terceros; rodearon de tinieblas la verdad, que es lo único que puede cerrar y sanar las profundas heridas causadas por el conflicto y generar al mismo tiempo un nuevo ambiente de convivencia. También ampliaron el universo de los aforados para asegurarle larga vida a la impunidad. Con sus propias manos el fiscal Martínez sembró en la Jurisdicción Especial para la Paz las minas de la reincidencia, el testaferrato y otras argucias para poder llevar encadenados a antiguos guerrilleros a la justicia ordinaria y saciar así su sed de odio y de venganza que comparte con ciertas élites del poder. Realmente el “fast track” legislativo fue aprovechado para destrozar a dentelladas rápidas aspectos sustanciales del Acuerdo de Paz con la bendición incoherente de la Corte. No debe olvidarse que la Ley de Procedimiento de la JEP fue aprobada unilateralmente sin tener en cuenta para nada la opinión de la CSIVI. Siempre quedamos con la impresión que la preocupación del Gobierno por las víctimas del conflicto fue una preocupación fingida adornada con palabras llenas de aire.

 

Finalmente, sin eufemismos y en lenguaje franco: lo esencial del Acuerdo de Paz de La Habana ha sido traicionado. El Congreso anterior hundió la Reforma Política y las Circunscripciones Territoriales Especiales de Paz. No se aplicó plenamente la amnistía; todavía quedan guerrilleros presos. Cinco años después de lograr el primer Acuerdo Parcial no hay titulaciones de tierras, ni fondo de 3 millones de hectáreas para los que no la tienen, ni nada que signifique dignificación de la vida en el campo. La sustitución está empantanada porque el Fiscal no permite el tratamiento penal diferencial para los campesinos cultivadores y mujeres pobres, y porque no hay formalización de la propiedad de la tierra ni proyectos económicos alternativos. El mismo personaje ha saboteado el funcionamiento de la Unidad Especial de lucha contra el paramilitarismo imponiendo con ello que más de15 mil imputaciones de paramilitarismo y de apoyo económico a esas estructuras criminales, que según Memoria Histórica han asesinado a 100 mil colombianos, duerman engavetas en la Fiscalía el sosegado sueño de la impunidad.

 

El Acuerdo tuvo una falla estructural que pesa como pirámide egipcia que fue haber firmado, primero, la Dejación de las Armas, sin haber acordado antes los términos de la reincorporación económica y social de los guerrilleros. Esa es la causa de los problemas que hoy afrontan los ETCR por incumplimientos del Estado. Ingenuamente creímos en la palabra y la buena fe del Gobierno, a pesar de que Manuel Marulanda Vélez siempre nos había advertido que las armas eran la única garantía segura de cumplimiento de los eventuales acuerdos. Hoy a los guerrilleros los están matando uno a uno en medio de la indiferencia de las autoridades, e igual sucede con los líderes sociales cuyo sacrificio parece no tener fin. Tengan en cuenta que hasta el sol de hoy no se ha producido ningún desembolso para financiar proyectos productivos en los Espacios Territoriales. Que alguien nos diga a qué bolsillos fueron a parar los recursos del post conflicto colocados tan generosamente por los países donantes.

 

Señores y señoras congresistas: nuestra principal preocupación es cómo sacar la paz de Colombia del abismo de los acuerdos fallidos a la que fue arrojada con desprecio, y nos gustaría conocer al respecto sus valiosas apreciaciones. Vale la pena intentar lo imposible, porque de lo posible se ocupan los demás todos los días.

 

Reciban de nuestra parte un saludo cordial.

 

Iván Márquez                                                                                                                                                                                                                                                                                                             Oscar Montero (El Paisa)

 

Septiembre 22 de 2018, Octavo aniversario del asesinato de comandante Jorge Briceño

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