Duque pasó el 7 de septiembre sin descartar la Mesa con el Eln

Profanó el tiempo de Santos, no cedió a la firma de un Acuerdo sin garantías. El Eln le anticipó a las Farc-ep …el que va de primero es a quien pican las avispas. Cual gato con varias vidas, el Eln con cara en territorios y agitación en un entorno, refuta y le planta a Duque: que cumpla con la paz, como Jefe de Estado y no solo de un partido. Que haga el protocolo de un cese bilateral de fuegos y no retroceda en los compromisos del Estado. Cuánta potencia suman el entorno del Eln y la movilización cívica y social, ¿es pequeña o a la medida, para sacar intacta la Agenda Gobierno-Eln? No será fácil.

 

Desdibujada está la Colombia que pospone el gozo de la paz tanto por efecto del poder de las fracciones del privilegio y las injerencias del Norte, como por los errores repetidos –que no son de poca monta– y que afectan la convocatoria de quienes aquí y en las vecindades acogemos postulados contra el poder del capital, sin rectificar en el momento justo. Por ahora, la situación general del país está caracterizada por el ascenso holgado de Duque a la Presidencia.

 

Hecho que no borra: i) la inconformidad con la política neoliberal, en el mismo electorado que eligió al nuevo Presidente, ii) la afirmación espontánea en porciones del tejido social, de una predisposición cívico social violenta, iii) aun con el uso de “operaciones encubiertas” contra la dirigencia social, la incapacidad del Estado y Fuerzas Armadas para aplicar la “consolidación” territorial, que deja un rango para la sobrevivencia de estructuras armadas. Trasfondo en el cual, Duque tiene que descomponer en efecto y número, los ocho millones de votos que titilaron el 17 de junio en la segunda vuelta. Menos que las Farc, pero sin estar intacto ante la opinión, el “Eln no le puede crear una nueva frustración al país”, dice Aureliano.

 

Omar Roberto Rodríguez (ORR). Vastos sectores de opinión y franjas de la izquierda, incluida la órbita de simpatizantes del Eln; ¿preguntan por qué esta guerrilla no aceleró un Acuerdo Final con el Gobierno Santos?
Aureliano Carbonel (AC). El origen de la guerra y su actual contexto no lo pone el Eln. La gente pregunta al Eln por qué demoramos tanto, pero deben preguntar es a las clases dominantes por su tardanza, y por qué mantienen las intransigencias y siguen en lo mismo. Si vamos a cambiar, debemos hacerlo las dos partes. A nosotros nos piden que dejemos de ser guerrilla, y a ellos qué, en qué. Su forma de pensar y de gobernar explica el por qué Colombia, a diferencia de otros países de América latina, ha estado sometido a la lucha guerrillera.

 

ORR. Hay temores de que el conflicto arrecie, ¿para impedir tal riesgo, el Eln firmaría la paz a cualquier costo y en cualquier momento?
AC. Mire todo lo que está pasando con las Farc. En el espejo está que las Farc entregaron las armas y se desmovilizaron, sin embargo no les cumplen los acuerdos. Pero hay más, sigue activo por parte de las clases dominantes el uso de la violencia para ejercer la política y excluir.

 

ORR. Santos esperó que el Ejército le asestara una o más bajas a la Dirección del Eln. Al respecto, el Comandante del Ejército dijo hace poco que la superioridad militar y aérea con la cual pusieron a las Farc a “firmar la paz”, no resulta útil en el caso del Eln. Entonces, el Ejército necesita entre tres meses y un año para ajustar su dispositivo contra ustedes, y mientras tanto ¿la Mesa podría tener un margen?
AC. En ese forcejeo llevamos más de cincuenta años y ellos no nos han logrado acabar, ¡y no es porque no quieran! En estos tres meses y en los seis o más que vienen estaremos en lo mismo. En una guerra son muchos los riesgos, pero nosotros también hemos readecuado nuestras tácticas operativas. Ahora andamos en unidades más pequeñas, más móviles. Hoy uno no puede concentrar un gran número de personal y nuestros mandos andan moviéndose, están evitando que los localicen. En eso andamos, durante más de cincuenta años.

 

ORR. La concesión del premio Nobel a una “paz” sin reforma agraria integral, sin reforma política ni logro de una libertad política y del derecho del pueblo a vida digna, ¿qué efectos tiene eso en las bases y en las orientaciones del Eln?
AC. Hay puntos básicos de los acuerdos que están embolatados y eso trae consecuencias. Además de los puntos que usted señala, están oscuros los mecanismos de participación de la sociedad, del tratamiento a los cultivos de uso ilícito, y hay problemas muy agudos con la reinserción de los combatientes de Farc. Eso nos crea mucha desconfianza. Eso obliga a no repetir el camino que siguieron los compañeros de las Farc, una vez el Gobierno decidió que las negociaciones fueran aparte. Incluso, nos inquieta ¿por qué está en crisis ese proceso?

 

ORR. ¿Por qué está en crisis el proceso con las Farc?
AC. Hay sectores que estuvieron en el acuerdo, que ante el incumplimiento y la posibilidad de que los vayan a judicializar, lo mismo que a Santrich, hoy están en una espera alerta. Nosotros le dijimos a las Farc, “el que va de primero es a quien pican las avispas” Ayer, el mismo Procurador dijo, “si no le cumplen a las Farc, le dan argumentos a aquellos que dicen que no van a seguir”. Así las cosas, el comportamiento de las clases dominantes nos indica que por ahí no es la cosa. Por tanto, el Eln no le puede crear una nueva frustración al país…

 

ORR. …el proceso con las Farc les advierte de una postura que no van a repetir…
AC. Claro. Por eso adquiere más relevancia el esfuerzo de darle participación a la sociedad en la construcción de una salida política. Por eso es el primer punto de la Agenda Gobierno-Eln, y por eso no nos cansamos de señalar que negarlo pone al proceso en condiciones imposibles.

 

ORR. ¿Es verdad que para ustedes, como organización, no piden nada?
AC. Eso está demostrado en los puntos de la Agenda que acordamos y en lo que hacemos. Nosotros no estamos en un proceso para conseguir una favorabilidad política y unos mecanismos de reinserción. ¡No! El Eln está levantado en armas porque tiene unos ideales y quiere que Colombia cambie, para que este país se encamine por otro rumbo

 

ORR. …el Eln no reclamaría la creación de un partido propio sino que se vincularía a las expresiones sociales y políticas de oposición y resistencia social?
AC. Este no es el momento para anticipar ese tipo de cosas.

 

ORR. Tras seis años de pasos previos y acuerdo en una Agenda que al final de 2017 logró un “cese bilateral de fuegos”, ¿en qué estado y dónde quedó la negociación?
AC. En los cinco ciclos de conversación el Punto Uno de la participación de la sociedad con un carácter protagónico y determinante no se pudo desarrollar y la secuencia de la Agenda está acordada. Dicha participación es el corazón del proceso, que no es para un acuerdo guerrilla-gobierno. Sin embargo, el Punto Uno sólo se comenzó a tratar hasta el pasado mes de mayo, porque el Gobierno, como representante del establecimiento, no quiso tratar este punto. Es muy visible: con estas clases dominantes es complejo llegar a acuerdos.

 

ORR. ¿Qué pone de su parte el Eln?
AC. Destaco los avances: Uno, pactar un cese bilateral de fuegos durante cien días, que no es algo simple, anticipaba cuestiones futuras. Dos, completar un apoyo de la comunidad internacional, que es fundamental. Y tres, darle más cuerpo a la mesa, con un método de trabajo.

 

ORR. ¿Hoy, qué clase de comunicación tienen con Miguel Ceballos?
AC. Con él tenemos un contacto telefónico. En calidad de Alto Comisionado de Paz –ahora con dos títulos más “para la legalidad y la convivencia”– llamó para informarnos que todo lo relativo a las liberaciones de personal de las Fuerzas Armadas, sorprendido en territorios con presencia nuestra, debemos manejarlo con el Ministerio de Defensa. Imagine los enredos y las dificultades que eso conlleva. La operación de las liberaciones en Arauca y Chocó nos tocó adelantarlas por nuestra propia cuenta y con mayor riesgo. Los protocolos siempre se hacen entre las dos partes militares del conflicto, para garantizar el éxito y la seguridad para los detenidos y el resto de personas que actúan, incluyendo la misma guerrilla.

 

ORR. ¿Puede dar detalles?
AC. En Arauca había una militarización impresionante e igual en el Chocó. Así y todo, en las liberaciones recientes, no hubo la posibilidad de acordar un protocolo para que no ocurriera nada grave. Es un riesgo en una operación que compromete a distintas comunidades, Afortunadamente salieron bien.

 

ORR. ¿El Eln enfrenta ahora un escenario mejor, igual o más estrecho del que manejaron las Farc-ep? Cabe esta pregunta, ya que a pesar de los asesinatos, de la deuda social que tienen las fracciones del poder, el triunfo de Iván Duque mantiene y hasta aumenta la iniciativa política y de opinión que tiene el poder desde hace lustros.
AC. Cada vez es más creciente en el país el respaldo a una salida de paz. Así, acaba de realizarse la Semana por la Paz con presencia de muchos sectores y organizaciones. Pero hay algo que es alentador. Hay otra opinión que crece y dio un salto de ocho millones que votó por una idea general: la paz y los cambios. Un punto a favor no del Eln sino de la paz y el cambio.

 

ORR. ¿Esos ocho millones no resultan opacados, dado que el candidato de la Calle, personero de la paz durante varios años, a la hora del voto no alcanzó ni 400.000?
AC. En la segunda vuelta el partido liberal apoyó a Duque, candidato del Centro Democrático (CD), sector que se le atravesó a Santos en las gestiones de paz. Aunque es un sentimiento en sentido general, difuso, la gente comienza a distinguir: vio otra opción, ya no sólo que las Farc dejaran las armas sino que el país coja otro rumbo. El voto por Petro posiciona ahora un querer distinto al tradicional.

 

ORR. Sectores del activismo social tienen la inquietud de que el Eln en aplicación de la “combinación de todas las formas de lucha”, tenga capacidad para proteger el aparato militar, pero no así las comunidades, expuestas al peligro paramilitar y del Ejército.
AC. El Eln siempre y más en los últimos años, ha tenido la política de promover la acción del pueblo. Esa es una regla de oro: fundirnos con la lucha popular. Pero mire las cosas que pasan con las Farc. En muchos lugares la gente está reclamando que vuelvan las Farc o que llegue el Eln. ¿Por qué? Porque sin las Farc a las zonas están llegando bandas, grupos paramilitares, inversionistas del narcotráfico, y hay un desorden impresionante. La gente nos pide estar ahí...

 

ORR. ¿Qué le respoden ustedes a las zonas donde les dicen vengan para acá?
AC. Nosotros quisiéramos llegar a todas esas zonas, pero eso no es fácil. Donde podemos llegar, llegamos… Nosotros decimos que el país no puede llenarse de guerrillas, pero en la lucha por la vida y la dignidad, es un deber promover que la gente se organice, que adopte formas de protección, hacer e idear mecanismos de alerta.

 

ORR. ¿Duque dice que el Eln incumplió el “cese bilateral” y atacó el oleoducto?
A.C. Esa violación nunca sucedió. En cualquier revisión de prensa que usted haga, y de los mecanismos de veeduría y verificación con presencia de la ONU, de la Iglesia, del Gobierno y el Eln, es verificable que no se puede acusar al Eln de una sola voladura del oleoducto en el tiempo que rigió el cese de fuegos. Cuando Duque dice que fue en el primer mes de cese bilateral, no le dice la verdad al país. Posiblemente está mal informado.

 

ORR. En círculos exclusivos Juan Gabriel Uribe dice que oyó a Santos decir que “esta paz nos resultó barata”, frase que le aconsejó no repetir, ¿con el Eln, Duque la quiere gratis

AC. Duque puede contar con el Eln para avanzar en un proceso de solución política. Puede contar con el Eln para desarrollar la Agenda que en su quinto punto dice “terminación del conflicto”. También, para avanzar por la paz y los cambios, pero no para que esto sea un proceso de rendición y entrega. No, para que el Eln desaparezca como insurgencia y el país siga exactamente igual. Para eso no…

 

ORR. Así visto, ¿Duque tendría la oportunidad de articular a la Nación e integrar al mapa la totalidad del territorio, si no desconoce la conversación con el Eln?
AC. En todos estos años, la clase dominante ha tenido la oportunidad de avanzar hacia la paz. De inaugurar los días en que caminemos por otro país, con un quehacer distinto de la política, de la lucha y las contradicciones, sin la violencia de ellos y, por supuesto, sin la respuesta violenta y obligada de la Colombia excluida. Duque tiene en sus manos entregar otro país, sin sangre, si el Centro Democrático lo permite y varía su enfoque…

 

ORR. …y si un protagonismo popular varía la correlación de fuerzas del país…
AC. Una vez más, por la actitud de quienes detentan el poder, Colombia está perdiendo la posibilidad de superar más de setenta años de conflicto armado. Y los responsables son ellos. Mire cómo tratan a las Farc, que cumplieron, se desarmaron y desmovilizaron, sin que el Estado cumpla de la misma forma.

 

ORR. Y con el Eln, ¿Duque está en lo mismo?
AC. El Presidente quiere desconocer todo lo acordado con el Estado, a través del gobierno anterior. Nosotros queremos la solución política, y en esa dirección nos alienta el ambiente creciente por la paz de importantes sectores del pueblo y la Nación.

 

ORR. Las Farc admitieron y acordaron una agenda que incluyó el asunto del narcotráfico, y de fondo señalaron una dejación de armas –distinta a una “entrega”. Una fórmula que el Eln no acoge, ¿cuál es en términos públicos, el «sentido táctico» y la «proyección estratégica» del acumulado militar con el que cuenta el Eln?
AC. Debemos precisar primero, que el Eln no es sólo una organización de tipo militar. Su acumulado va más allá. Somos un acumulado de acción por el país, un acumulado social. En segundo lugar, el narcotráfico no está en la Agenda porque el Estado conoce y domina que el Eln no tiene cocinas ni participa en la comercialización. En las zonas donde el Eln está cobra un impuesto a todas las actividades económicas rentables, entre estas, la del narcotráfico.

 

ORR. En la diferencia político-militar del Eln que usted remarca, vuelvo a preguntar: ¿En el aspecto militar, ¿cuál es su objetivo táctico y cuál el de carácter estratégico?
AC. En el Eln nos levantamos en armas porque no había opción para la lucha política legal, así lo dijo Camilo. Por eso, cuando la clase en el poder no ejerza la violencia en la política, en ese momento el Eln no tendrá razón para seguir en armas. Ya veremos qué salida darle al asunto de las armas, ahí está en el punto quinto, una vez superemos los otros temas de la Agenda, con el debido respeto de su secuencia.

 

ORR. El gobierno Duque no cuenta con el beneplácito de la comunidad internacional para decapitar la Agenda. Aun con ese aspecto en contra, ¿la movilización cívica y social es suficiente, alcanzará para mantener intacta la Agenda?
AC. Las clases en el poder siempre incumplen los compromisos. En ese marco y a su manera existe una presión de los factores internacionales por sacar adelante la paz. De tal manera lo expresó la Directora del FMI. En estos días salió una encuesta Gallup con el 69 por ciento a favor de continuar el proceso con el Eln, y una buena parte del movimiento popular apoya la agenda y el punto de la participación social. En ese sentido, hace poco tuvo lugar una Semana por la Paz con la participación de muchos sectores. Es decir, estamos en esa lucha y hemos construido un diseño y una arquitectura del proceso, que no ha sido fácil.

 

ORR. La situación del pueblo salvadoreño era distinta a la del movimiento popular en Colombia. Allá las Organizaciones Políticas de Masas respaldaban el objetivo «ofensiva final» del Frente Farabundo Marti. Una condición bien distinta de organización popular y polarización política. ¿Cuál sería el desenlace del conflicto: sólo la incertidumbre electoral a cuatro años, con un Eln abocado a un repliegue prolongado?
AC. Con sus enseñanzas, cada pueblo y cada proceso tienen caminos diferentes. En este momento, nosotros estamos comprometidos y luchamos por lograr una salida política.

 

ORR. El día de su posesión Duque propuso una Ley con carácter constitucional para que el secuestro y el narcotráfico no sean “conexos” con el derecho de rebelión. ¿Es una medida deliberada, de cerco político contra el Eln?
AC. Sí. Aunque dicen que no será retroactivo, hace parte de la actitud del CD de oponerse al proceso de paz y conlleva una intencionalidad también contra los acuerdos con las Farc. En la Comisión de paz del Congreso, solo el CD no firmó que continúe la Mesa Gobierno-Eln.

 

ORR. Si el Presidente deja la “silla vacía” aquí, ¿qué respuesta han pensado ustedes?
AC. Seguimos luchando por una salida de paz Esperando que el país presione para que esta mesa no se rompa y haya cumplimiento y pacta sum servanda por parte del Estado. Pablo Beltrán respondió que …un armadillo dijo debajo de una palma ni me subo ni me bajo ni me quedo aquí.

 

En el horizonte

 

“Hay una mesa en receso”, es la frase de Aureliano que pone cierre a la entrevista. Desde el Gobierno, el Comisionado de Paz dijo que la delegación del Eln en La Habana sigue sin órdenes de captura. En Colombia sin excepción, está sobre el tapete que la solución política de un conflicto irregular depende de diversos factores económicos, políticos de gobernabilidad del régimen, diplomáticos e internacionales, pero ante todo –sin desproporción–, de los aspectos militares y su correlación operativa en los teatros militares. Al respecto, no es común hacer un recuento de las acciones que ejercita y podría adoptar el Eln, como son: i) tener el oleoducto como blanco, para afectar la economía, ii) usar el secuestro –no indiscriminado– con fines financieros (una guerrilla sin recursos, queda sujeta a firmar los papeles que le pongan) iii) adoptar sin propósito de canje, la retención de militares y policías, gota a gota, que es muestrario del conflicto, iv) como dolor de cabeza para el Ejército por los daños colaterales que puede acarrear, hay una porción de pueblo rebelde en las zonas que el Ejército declara rojas y objetivos, y v) la sorpresa de una acción mediana o grande de “propaganda armada”. En el horizonte, una paz total, anda perturbada.

 

* Periodista.

 

Publicado enColombia
Duque pasó el 7 de septiembre sin descartar la Mesa con el Eln

Profanó el tiempo de Santos, no cedió a la firma de un Acuerdo sin garantías. El Eln le anticipó a las Farc-ep …el que va de primero es a quien pican las avispas. Cual gato con varias vidas, el Eln con cara en territorios y agitación en un entorno, refuta y le planta a Duque: que cumpla con la paz, como Jefe de Estado y no solo de un partido. Que haga el protocolo de un cese bilateral de fuegos y no retroceda en los compromisos del Estado. Cuánta potencia suman el entorno del Eln y la movilización cívica y social, ¿es pequeña o a la medida, para sacar intacta la Agenda Gobierno-Eln? No será fácil.

 

Desdibujada está la Colombia que pospone el gozo de la paz tanto por efecto del poder de las fracciones del privilegio y las injerencias del Norte, como por los errores repetidos –que no son de poca monta– y que afectan la convocatoria de quienes aquí y en las vecindades acogemos postulados contra el poder del capital, sin rectificar en el momento justo. Por ahora, la situación general del país está caracterizada por el ascenso holgado de Duque a la Presidencia.

 

Hecho que no borra: i) la inconformidad con la política neoliberal, en el mismo electorado que eligió al nuevo Presidente, ii) la afirmación espontánea en porciones del tejido social, de una predisposición cívico social violenta, iii) aun con el uso de “operaciones encubiertas” contra la dirigencia social, la incapacidad del Estado y Fuerzas Armadas para aplicar la “consolidación” territorial, que deja un rango para la sobrevivencia de estructuras armadas. Trasfondo en el cual, Duque tiene que descomponer en efecto y número, los ocho millones de votos que titilaron el 17 de junio en la segunda vuelta. Menos que las Farc, pero sin estar intacto ante la opinión, el “Eln no le puede crear una nueva frustración al país”, dice Aureliano.

 

Omar Roberto Rodríguez (ORR). Vastos sectores de opinión y franjas de la izquierda, incluida la órbita de simpatizantes del Eln; ¿preguntan por qué esta guerrilla no aceleró un Acuerdo Final con el Gobierno Santos?
Aureliano Carbonel (AC). El origen de la guerra y su actual contexto no lo pone el Eln. La gente pregunta al Eln por qué demoramos tanto, pero deben preguntar es a las clases dominantes por su tardanza, y por qué mantienen las intransigencias y siguen en lo mismo. Si vamos a cambiar, debemos hacerlo las dos partes. A nosotros nos piden que dejemos de ser guerrilla, y a ellos qué, en qué. Su forma de pensar y de gobernar explica el por qué Colombia, a diferencia de otros países de América latina, ha estado sometido a la lucha guerrillera.

 

ORR. Hay temores de que el conflicto arrecie, ¿para impedir tal riesgo, el Eln firmaría la paz a cualquier costo y en cualquier momento?
AC. Mire todo lo que está pasando con las Farc. En el espejo está que las Farc entregaron las armas y se desmovilizaron, sin embargo no les cumplen los acuerdos. Pero hay más, sigue activo por parte de las clases dominantes el uso de la violencia para ejercer la política y excluir.

 

ORR. Santos esperó que el Ejército le asestara una o más bajas a la Dirección del Eln. Al respecto, el Comandante del Ejército dijo hace poco que la superioridad militar y aérea con la cual pusieron a las Farc a “firmar la paz”, no resulta útil en el caso del Eln. Entonces, el Ejército necesita entre tres meses y un año para ajustar su dispositivo contra ustedes, y mientras tanto ¿la Mesa podría tener un margen?
AC. En ese forcejeo llevamos más de cincuenta años y ellos no nos han logrado acabar, ¡y no es porque no quieran! En estos tres meses y en los seis o más que vienen estaremos en lo mismo. En una guerra son muchos los riesgos, pero nosotros también hemos readecuado nuestras tácticas operativas. Ahora andamos en unidades más pequeñas, más móviles. Hoy uno no puede concentrar un gran número de personal y nuestros mandos andan moviéndose, están evitando que los localicen. En eso andamos, durante más de cincuenta años.

 

ORR. La concesión del premio Nobel a una “paz” sin reforma agraria integral, sin reforma política ni logro de una libertad política y del derecho del pueblo a vida digna, ¿qué efectos tiene eso en las bases y en las orientaciones del Eln?
AC. Hay puntos básicos de los acuerdos que están embolatados y eso trae consecuencias. Además de los puntos que usted señala, están oscuros los mecanismos de participación de la sociedad, del tratamiento a los cultivos de uso ilícito, y hay problemas muy agudos con la reinserción de los combatientes de Farc. Eso nos crea mucha desconfianza. Eso obliga a no repetir el camino que siguieron los compañeros de las Farc, una vez el Gobierno decidió que las negociaciones fueran aparte. Incluso, nos inquieta ¿por qué está en crisis ese proceso?

 

ORR. ¿Por qué está en crisis el proceso con las Farc?
AC. Hay sectores que estuvieron en el acuerdo, que ante el incumplimiento y la posibilidad de que los vayan a judicializar, lo mismo que a Santrich, hoy están en una espera alerta. Nosotros le dijimos a las Farc, “el que va de primero es a quien pican las avispas” Ayer, el mismo Procurador dijo, “si no le cumplen a las Farc, le dan argumentos a aquellos que dicen que no van a seguir”. Así las cosas, el comportamiento de las clases dominantes nos indica que por ahí no es la cosa. Por tanto, el Eln no le puede crear una nueva frustración al país…

 

ORR. …el proceso con las Farc les advierte de una postura que no van a repetir…
AC. Claro. Por eso adquiere más relevancia el esfuerzo de darle participación a la sociedad en la construcción de una salida política. Por eso es el primer punto de la Agenda Gobierno-Eln, y por eso no nos cansamos de señalar que negarlo pone al proceso en condiciones imposibles.

 

ORR. ¿Es verdad que para ustedes, como organización, no piden nada?
AC. Eso está demostrado en los puntos de la Agenda que acordamos y en lo que hacemos. Nosotros no estamos en un proceso para conseguir una favorabilidad política y unos mecanismos de reinserción. ¡No! El Eln está levantado en armas porque tiene unos ideales y quiere que Colombia cambie, para que este país se encamine por otro rumbo

 

ORR. …el Eln no reclamaría la creación de un partido propio sino que se vincularía a las expresiones sociales y políticas de oposición y resistencia social?
AC. Este no es el momento para anticipar ese tipo de cosas.

 

ORR. Tras seis años de pasos previos y acuerdo en una Agenda que al final de 2017 logró un “cese bilateral de fuegos”, ¿en qué estado y dónde quedó la negociación?
AC. En los cinco ciclos de conversación el Punto Uno de la participación de la sociedad con un carácter protagónico y determinante no se pudo desarrollar y la secuencia de la Agenda está acordada. Dicha participación es el corazón del proceso, que no es para un acuerdo guerrilla-gobierno. Sin embargo, el Punto Uno sólo se comenzó a tratar hasta el pasado mes de mayo, porque el Gobierno, como representante del establecimiento, no quiso tratar este punto. Es muy visible: con estas clases dominantes es complejo llegar a acuerdos.

 

ORR. ¿Qué pone de su parte el Eln?
AC. Destaco los avances: Uno, pactar un cese bilateral de fuegos durante cien días, que no es algo simple, anticipaba cuestiones futuras. Dos, completar un apoyo de la comunidad internacional, que es fundamental. Y tres, darle más cuerpo a la mesa, con un método de trabajo.

 

ORR. ¿Hoy, qué clase de comunicación tienen con Miguel Ceballos?
AC. Con él tenemos un contacto telefónico. En calidad de Alto Comisionado de Paz –ahora con dos títulos más “para la legalidad y la convivencia”– llamó para informarnos que todo lo relativo a las liberaciones de personal de las Fuerzas Armadas, sorprendido en territorios con presencia nuestra, debemos manejarlo con el Ministerio de Defensa. Imagine los enredos y las dificultades que eso conlleva. La operación de las liberaciones en Arauca y Chocó nos tocó adelantarlas por nuestra propia cuenta y con mayor riesgo. Los protocolos siempre se hacen entre las dos partes militares del conflicto, para garantizar el éxito y la seguridad para los detenidos y el resto de personas que actúan, incluyendo la misma guerrilla.

 

ORR. ¿Puede dar detalles?
AC. En Arauca había una militarización impresionante e igual en el Chocó. Así y todo, en las liberaciones recientes, no hubo la posibilidad de acordar un protocolo para que no ocurriera nada grave. Es un riesgo en una operación que compromete a distintas comunidades, Afortunadamente salieron bien.

 

ORR. ¿El Eln enfrenta ahora un escenario mejor, igual o más estrecho del que manejaron las Farc-ep? Cabe esta pregunta, ya que a pesar de los asesinatos, de la deuda social que tienen las fracciones del poder, el triunfo de Iván Duque mantiene y hasta aumenta la iniciativa política y de opinión que tiene el poder desde hace lustros.
AC. Cada vez es más creciente en el país el respaldo a una salida de paz. Así, acaba de realizarse la Semana por la Paz con presencia de muchos sectores y organizaciones. Pero hay algo que es alentador. Hay otra opinión que crece y dio un salto de ocho millones que votó por una idea general: la paz y los cambios. Un punto a favor no del Eln sino de la paz y el cambio.

 

ORR. ¿Esos ocho millones no resultan opacados, dado que el candidato de la Calle, personero de la paz durante varios años, a la hora del voto no alcanzó ni 400.000?
AC. En la segunda vuelta el partido liberal apoyó a Duque, candidato del Centro Democrático (CD), sector que se le atravesó a Santos en las gestiones de paz. Aunque es un sentimiento en sentido general, difuso, la gente comienza a distinguir: vio otra opción, ya no sólo que las Farc dejaran las armas sino que el país coja otro rumbo. El voto por Petro posiciona ahora un querer distinto al tradicional.

 

ORR. Sectores del activismo social tienen la inquietud de que el Eln en aplicación de la “combinación de todas las formas de lucha”, tenga capacidad para proteger el aparato militar, pero no así las comunidades, expuestas al peligro paramilitar y del Ejército.
AC. El Eln siempre y más en los últimos años, ha tenido la política de promover la acción del pueblo. Esa es una regla de oro: fundirnos con la lucha popular. Pero mire las cosas que pasan con las Farc. En muchos lugares la gente está reclamando que vuelvan las Farc o que llegue el Eln. ¿Por qué? Porque sin las Farc a las zonas están llegando bandas, grupos paramilitares, inversionistas del narcotráfico, y hay un desorden impresionante. La gente nos pide estar ahí...

 

ORR. ¿Qué le respoden ustedes a las zonas donde les dicen vengan para acá?
AC. Nosotros quisiéramos llegar a todas esas zonas, pero eso no es fácil. Donde podemos llegar, llegamos… Nosotros decimos que el país no puede llenarse de guerrillas, pero en la lucha por la vida y la dignidad, es un deber promover que la gente se organice, que adopte formas de protección, hacer e idear mecanismos de alerta.

 

ORR. ¿Duque dice que el Eln incumplió el “cese bilateral” y atacó el oleoducto?
A.C. Esa violación nunca sucedió. En cualquier revisión de prensa que usted haga, y de los mecanismos de veeduría y verificación con presencia de la ONU, de la Iglesia, del Gobierno y el Eln, es verificable que no se puede acusar al Eln de una sola voladura del oleoducto en el tiempo que rigió el cese de fuegos. Cuando Duque dice que fue en el primer mes de cese bilateral, no le dice la verdad al país. Posiblemente está mal informado.

 

ORR. En círculos exclusivos Juan Gabriel Uribe dice que oyó a Santos decir que “esta paz nos resultó barata”, frase que le aconsejó no repetir, ¿con el Eln, Duque la quiere gratis

AC. Duque puede contar con el Eln para avanzar en un proceso de solución política. Puede contar con el Eln para desarrollar la Agenda que en su quinto punto dice “terminación del conflicto”. También, para avanzar por la paz y los cambios, pero no para que esto sea un proceso de rendición y entrega. No, para que el Eln desaparezca como insurgencia y el país siga exactamente igual. Para eso no…

 

ORR. Así visto, ¿Duque tendría la oportunidad de articular a la Nación e integrar al mapa la totalidad del territorio, si no desconoce la conversación con el Eln?
AC. En todos estos años, la clase dominante ha tenido la oportunidad de avanzar hacia la paz. De inaugurar los días en que caminemos por otro país, con un quehacer distinto de la política, de la lucha y las contradicciones, sin la violencia de ellos y, por supuesto, sin la respuesta violenta y obligada de la Colombia excluida. Duque tiene en sus manos entregar otro país, sin sangre, si el Centro Democrático lo permite y varía su enfoque…

 

ORR. …y si un protagonismo popular varía la correlación de fuerzas del país…
AC. Una vez más, por la actitud de quienes detentan el poder, Colombia está perdiendo la posibilidad de superar más de setenta años de conflicto armado. Y los responsables son ellos. Mire cómo tratan a las Farc, que cumplieron, se desarmaron y desmovilizaron, sin que el Estado cumpla de la misma forma.

 

ORR. Y con el Eln, ¿Duque está en lo mismo?
AC. El Presidente quiere desconocer todo lo acordado con el Estado, a través del gobierno anterior. Nosotros queremos la solución política, y en esa dirección nos alienta el ambiente creciente por la paz de importantes sectores del pueblo y la Nación.

 

ORR. Las Farc admitieron y acordaron una agenda que incluyó el asunto del narcotráfico, y de fondo señalaron una dejación de armas –distinta a una “entrega”. Una fórmula que el Eln no acoge, ¿cuál es en términos públicos, el «sentido táctico» y la «proyección estratégica» del acumulado militar con el que cuenta el Eln?
AC. Debemos precisar primero, que el Eln no es sólo una organización de tipo militar. Su acumulado va más allá. Somos un acumulado de acción por el país, un acumulado social. En segundo lugar, el narcotráfico no está en la Agenda porque el Estado conoce y domina que el Eln no tiene cocinas ni participa en la comercialización. En las zonas donde el Eln está cobra un impuesto a todas las actividades económicas rentables, entre estas, la del narcotráfico.

 

ORR. En la diferencia político-militar del Eln que usted remarca, vuelvo a preguntar: ¿En el aspecto militar, ¿cuál es su objetivo táctico y cuál el de carácter estratégico?
AC. En el Eln nos levantamos en armas porque no había opción para la lucha política legal, así lo dijo Camilo. Por eso, cuando la clase en el poder no ejerza la violencia en la política, en ese momento el Eln no tendrá razón para seguir en armas. Ya veremos qué salida darle al asunto de las armas, ahí está en el punto quinto, una vez superemos los otros temas de la Agenda, con el debido respeto de su secuencia.

 

ORR. El gobierno Duque no cuenta con el beneplácito de la comunidad internacional para decapitar la Agenda. Aun con ese aspecto en contra, ¿la movilización cívica y social es suficiente, alcanzará para mantener intacta la Agenda?
AC. Las clases en el poder siempre incumplen los compromisos. En ese marco y a su manera existe una presión de los factores internacionales por sacar adelante la paz. De tal manera lo expresó la Directora del FMI. En estos días salió una encuesta Gallup con el 69 por ciento a favor de continuar el proceso con el Eln, y una buena parte del movimiento popular apoya la agenda y el punto de la participación social. En ese sentido, hace poco tuvo lugar una Semana por la Paz con la participación de muchos sectores. Es decir, estamos en esa lucha y hemos construido un diseño y una arquitectura del proceso, que no ha sido fácil.

 

ORR. La situación del pueblo salvadoreño era distinta a la del movimiento popular en Colombia. Allá las Organizaciones Políticas de Masas respaldaban el objetivo «ofensiva final» del Frente Farabundo Marti. Una condición bien distinta de organización popular y polarización política. ¿Cuál sería el desenlace del conflicto: sólo la incertidumbre electoral a cuatro años, con un Eln abocado a un repliegue prolongado?
AC. Con sus enseñanzas, cada pueblo y cada proceso tienen caminos diferentes. En este momento, nosotros estamos comprometidos y luchamos por lograr una salida política.

 

ORR. El día de su posesión Duque propuso una Ley con carácter constitucional para que el secuestro y el narcotráfico no sean “conexos” con el derecho de rebelión. ¿Es una medida deliberada, de cerco político contra el Eln?
AC. Sí. Aunque dicen que no será retroactivo, hace parte de la actitud del CD de oponerse al proceso de paz y conlleva una intencionalidad también contra los acuerdos con las Farc. En la Comisión de paz del Congreso, solo el CD no firmó que continúe la Mesa Gobierno-Eln.

 

ORR. Si el Presidente deja la “silla vacía” aquí, ¿qué respuesta han pensado ustedes?
AC. Seguimos luchando por una salida de paz Esperando que el país presione para que esta mesa no se rompa y haya cumplimiento y pacta sum servanda por parte del Estado. Pablo Beltrán respondió que …un armadillo dijo debajo de una palma ni me subo ni me bajo ni me quedo aquí.

 

En el horizonte

 

“Hay una mesa en receso”, es la frase de Aureliano que pone cierre a la entrevista. Desde el Gobierno, el Comisionado de Paz dijo que la delegación del Eln en La Habana sigue sin órdenes de captura. En Colombia sin excepción, está sobre el tapete que la solución política de un conflicto irregular depende de diversos factores económicos, políticos de gobernabilidad del régimen, diplomáticos e internacionales, pero ante todo –sin desproporción–, de los aspectos militares y su correlación operativa en los teatros militares. Al respecto, no es común hacer un recuento de las acciones que ejercita y podría adoptar el Eln, como son: i) tener el oleoducto como blanco, para afectar la economía, ii) usar el secuestro –no indiscriminado– con fines financieros (una guerrilla sin recursos, queda sujeta a firmar los papeles que le pongan) iii) adoptar sin propósito de canje, la retención de militares y policías, gota a gota, que es muestrario del conflicto, iv) como dolor de cabeza para el Ejército por los daños colaterales que puede acarrear, hay una porción de pueblo rebelde en las zonas que el Ejército declara rojas y objetivos, y v) la sorpresa de una acción mediana o grande de “propaganda armada”. En el horizonte, una paz total, anda perturbada.

 

* Periodista.

 

Publicado enEdición Nº250
Kim Jong-un firma acuerdos con Seúl para eliminar su arsenal nuclear

El presidente de Corea del Sur, Moon Jae-in, y el líder norcoreano, Kim Jong-un, anunciaron este miércoles un amplio conjunto de acuerdos tras el segundo día de conversaciones en Pyongyang, que incluyen la promesa de Kim de desmantelar de forma permanente su principal complejo nuclear si Estados Unidos adopta medidas correspondientes, la aceptación de inspectores internacionales para vigilar el cierre de un sitio clave de pruebas y lanzamiento de misiles y el compromiso de trabajar juntos para organizar los Juegos Olímpicos de 2032.

Los acuerdos fueron celebrados por separado en Estados Unidos, Rusia y la Unión Europea. Más aún, el secretario de Estado estadunidense, Mike Pompeo, manifestó la disposición de su gobierno para negociar "de inmediato" con Corea del Norte.

Al declarar que habían dado un paso importante hacia la paz en la península coreana, los dos mandatarios anunciaron el resultado de la cumbre a un grupo de reporteros de los dos países luego de reunirse a puerta cerrada el miércoles por la mañana.

"Hemos acordado hacer de la Península de Corea una tierra de paz libre de la amenaza nuclear", dijo Kim, al lado de Moon en la casa de huéspedes en la que se aloja el gobernante sudcoreano.

Ambos sonrieron y conversaron mientras se dirigían a una reunión para ultimar detalles de la declaración conjunta, que incluye el compromiso bilateral para "eliminar todo peligro de guerra". Además, se acordó que Kim visitará Corea del Sur en breve.

Kim Jong-un está sometido a una creciente presión de Washington para lograr la desnuclearización de Corea del Norte.

Aunque contiene algunas ofertas tentadoras, el documento conjunto parece carecer de los grandes gestos exigidos por Washington, como el compromiso de Pyongyang de dar un listado de sus instalaciones nucleares y un calendario para que inspectores internacionales evalúen el progreso o descubran violaciones en el proceso de la eliminación de sus armas nucleares.

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Domingo, 16 Septiembre 2018 05:37

La ruta a la paz nunca estuvo tan empantanada

La ruta a la paz nunca estuvo tan empantanada

Fue el gran momento de la diplomacia internacional liderada por EE.UU. y consagrada ante la historia por el apretón de manos entre el primer ministro israelí Yitzhak Rabin y el líder palestino Yasser Arafat.

El gran intelectual palestino Edward Said fue uno de los más firmes críticos de los acuerdos de Oslo firmados el 13 de septiembre de 1993 en los jardines de la Casa Blanca luego de que fueran negociados en secreto en la capital de Noruega por israelíes y palestinos. Un cuarto de Siglo después, la paz entre ambas partes nunca estuvo tan empantanada y la expansión israelí en los territorios palestinos jamás fue tan aplastante. Aquel gran momento de la diplomacia internacional liderada por Estados Unidos y consagrada ante la historia por el apretón de manos entre el entonces Primer Ministro israelí Yitzhak Rabin y el líder palestino Yasser Arafat con el ex presidente norteamericano Bill Clinton como garante ha quedado en el recuerdo como lo que fue: un momento de lucidez y esperanza para terminar con uno de los conflictos más injustos de la historia de la humanidad. En varias ocasiones, Edward Said había manifestado su oposición a los acuerdos. En un célebre artículo (El Precio de Oslo), Said escribió: “El pueblo palestino está pagando un precio desorbitado por Oslo, que, tras 10 años de negociaciones, le dejó con unos trozos de tierra sin coherencia ni continuidad, con unas instituciones de seguridad destinadas a garantizar el sometimiento a Israel y con una vida que le empobrecía para que el Estado israelí pudiera prosperar.”


En términos de ocupación territorial, el balance de los Acuerdos de Oslo cabe en las cifras suministradas por la ONG israelí Paz Ahora: en 1995 había poco más de 110 mil colonos judíos en Cisjordania, hoy son más de 400 mil. El incremento de los colonos en las colonias ya existentes y la multiplicación de las llamadas “colonias salvajes ilegales” o outpost explican esta expansión. Nadie festeja hoy los acuerdos de Oslo, considerados por ambas partes, por diferentes razones, como un error monumental: los israelíes le reprochan con justa razón a Arafat su incapacidad para evitar la expansión del grupo Hamas (Gaza) y también para frenar la ola de atentados que sacudieron a Jerusalén y otras ciudades: los palestinos consideran que Oslo significó un cheque en blanco que le permitió al Estado hebreo ampliar la colonización en Cisjordania y Jerusalén Este. Ambos se hacen los mismos reproches en lo que atañe a la violencia: Israel le incrimina a Arafat la violencia desatada por Hamas en la Franja de Gaza y en Israel mismo por las Las Brigadas de los Mártires de Al-Aqsa (grupo armado surgido con el estallido de la Segunda Intifada en el año 2000), mientras que los palestinos recuerdan que los acuerdos de Oslo fueron sepultados cuando el extremista judío Yigal Amir asesinó a Yitzhak Rabin en 1995 con el argumento de impedir la “traición de la entrega de Israel”. El asesinato de Rabin precipitó la realización de elecciones anticipadas (1996) donde Simón Peres fue derrotado por el actual jefe de gobierno, Benjamin Netanyahu.


Oslo sirvió sin embargo para cambiar definitivamente el estatuto de lo que se siempre se consideró como una organización terrorista, la OLP (Organización para la Liberación de Palestina). El pacto noruego le dio a la OLP una reconocimiento internacional de interlocutor del pueblo palestino al tiempo que desembocó en la creación de una entidad autónoma representada por la Autoridad Palestina dotada de atributos muy amplios. A partir de los acuerdos, la OLP modificó su carta con el reconocimiento del derecho de Israel a existir como Estado y con garantías de seguridad. A su vez, Israel hizo de la OLP el representante legítimo del pueblo palestino. El pacto estableció el retiro de las tropas israelíes de Gaza y Jericó así como una forma de autonomía palestina con autoridad para administrar, por medio de la Autoridad Nacional Palestina, el territorio de Cisjordania. Según el texto inicial del acuerdo, en un plano de cinco años se plasmaría un acuerdo final mediante el cual se zanjarían los problemas pendientes: la extensión de las colonias, el retorno de los refugiados, las fronteras entre los dos Estados y, desde luego, el antagonismo en torno a Jerusalén, la cual hubiese debido convertirse en la capital de dos Estados.


Oslo abrió el camino para que Arafat regresara a Palestina en 1994 y formara una gobierno para administrar una Cisjordania recortada pero sin capacidad para imponer su autoridad en Gaza, siempre en manos de Hamas y hoy cercada por el bloqueo israelí después de varias guerras contra Hamas. Las últimas negociaciones directas entre israelíes y palestinos tuvieron lugar en 2013,pero al cabo de 9 meses concluyeron sin resultados. La llegada de Donald Trump a la presidencia norteamericana parece significar el fin de la solución planteada en Oslo, es decir, la existencia de dos Estados. El reconocimiento por parte de Trump de Jerusalén como capital de Israel con el consiguiente traslado de embajada norteamericana de Tel Aviv a Jerusalén ha sido la última piedra colocada sobre la sepultura de los acuerdo de Oslo y de quienes los firmaron.

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El paradero desconocido de líderes de las FARC despierta la preocupación en Colombia


La justicia para la paz exige conocer las actividades de Iván Márquez y otros miembros de la cúpula de la exguerrilla


El misterio que rodea el paradero de varios líderes de la exguerrilla de las FARC deberá resolverse en los próximos 10 días. Este es el plazo que la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), el tribunal constituido para juzgar los crímenes de la guerra en Colombia, otorgó este jueves a Iván Márquez y otros miembros de la antigua cúpula para entregar informes detallados sobre sus actividades y refrendar su compromiso con el acuerdo de paz.


El requerimiento está relacionado con el primer proceso de la JEP, sobre secuestros cometidos por la insurgencia entre 1991 y 2002, e implica a un total de 31 personas, varias de ellas ahora a la cabeza del partido político Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común. Pero, debido al delicado momento que atraviesa la reintegración de los exguerrilleros en la vida civil, es particularmente significativo por incluir a Márquez y otros exjefes, cuyo destino actual es incierto.


La antigua guerrilla, desarmada y convertida en partido político, ya se sienta en el Congreso de Colombia. Pero el primer aniversario de la colectividad nacida del acuerdo de paz ha sido todo menos festivo. El paradero desconocido de varios de sus líderes, que abandonaron los espacios de reincorporación en los que se encontraban, ha encendido las alarmas sobre el futuro de los excombatientes en medio de mutuos reclamos de incumplimiento frente a lo pactado en las negociaciones de La Habana.


Si bien los antiguos jefes guerrilleros no están obligados a permanecer confinados a los espacios de reincorporación, ni su ausencia contempla ningún tipo de sanción penal, sí tienen un compromiso explicito de colaborar en el tránsito a la vida civil de los excombatientes. La Misión de Verificación de la ONU en Colombia ya había advertido que en las últimas semanas seis dirigentes en cuatro de esas zonas en el sur de Colombia “tomaron la decisión de dejar estos espacios y abandonar sus responsabilidades con aproximadamente 1.500 excombatientes que residen allí".


En ese ambiente enrarecido, los mayores temores apuntan a que alguno de los líderes emblemáticos de las extintas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia termine por salirse del proceso de paz y alimente el fuego de las disidencias que ya operan en distintas regiones, o huir en busca de refugio a la vecina Venezuela. En la otra cara de la moneda, varios miembros de la FARC han reclamado con insistencia por incumplimientos estatales que van desde los recursos prometidos para la reincorporación hasta las garantías de seguridad.


El presidente Iván Duque, que en campaña prometió hacer correcciones a lo pactado sin llegar a “hacer trizas” los acuerdos, pidió recientemente prolongar el acompañamiento de la ONU en el proceso de reincorporación de los excombatientes. Su alto consejero para el posconflicto, Emilio José Archila, ha defendido el compromiso con la implementación del nuevo Gobierno, que tomó posesión el 7 de agosto, pero asegura que heredaron de la administración de Juan Manuel Santos carencias en muchos frentes, que incluyen el “precario estado de las instalaciones” en los espacios y la inadecuada estructuración de los proyectos productivos que deben facilitar el tránsito de los exguerrilleros a la vida civil.


En busca de Iván Márquez


Una comisión de senadores –entre ellos el congresista de la FARC Pablo Catatumbo– viajaron esta semana hasta uno de esos espacios de reincorporación, el de Miravalle en San Vicente del Caguán, para revisar el estado de la implementación e indagar en particular por el paradero de Iván Márquez y Hernán Velázquez, El Paisa, dos de los antiguos jefes de la insurgencia. Al no encontrarlos, el propio Catatumbo les pidió públicamente que "se pronuncien y ayuden a esclarecer esa situación de incertidumbre".


Los testimonios recogidos, explicó por su parte el senador Roy Barreras –un férreo defensor del acuerdo que incluso viajó a La Habana como parte del equipo negociador del Gobierno–, afirman que los dirigentes ausentes no se han sumado a las disidencias y permanecen en el proceso de paz, pero se quejan de la inseguridad física, jurídica y económica que les despierta tanto el incumplimiento del Estado, como la posición de Fiscalía y la DEA. Tanto Márquez como El Paisa, según versiones de prensa, mantienen el temor a ser extraditados.


Aunque todos los abandonos de las zonas despiertan preocupación, el caso de Iván Márquez es especialmente significativo, ya que fue el jefe negociador durante los cuatro años de diálogos en La Habana y su liderazgo en la FARC competía con el de Rodrigo Londoño, Timochenko, el presidente del partido. Márquez –cuyo verdadero nombre es Luciano Marín–, renunció al escaño como senador que la garantizaba el acuerdo y se internó en Miravalle tras la captura de Jesús Sántrich, excomandante de la guerrilla acusado de narcotráfico en una corte de Nueva York. El sobrino de Márquez, Marlon Marín, es informante de la DEA en el caso de Sántrich, aunque la Fiscalía colombiana ha sido clara en que no tiene ninguna orden de captura en su contra.


Otros dos de los líderes de las FARC de los que se temía se declararan en disidencia, Henry Castellanos -conocido como Romaña- y Fabián Ramírez, reaparecieron esta semana en sendas cartas en las que reafirmaron su compromiso con el cumplimiento del acuerdo, aunque también hicieron reclamos sobre la implementación. Los senadores que viajaron a Miravalle pidieron un pronunciamiento similar de Márquez y El Paisa, desde donde sea que se encuentren. El requerimiento de la JEP le ha puesto un plazo concreto a ese reclamo.

Bogotá 13 SEP 2018 - 16:18 COT

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Duque ve insuficiente la liberación de seis secuestrados para reanudar el diálogo con el ELN

El presidente colombiano exige a la guerrilla "la suspensión de todas las actividades criminales"

 

El Ejército de Liberación Nacional (ELN), la guerrilla activa más grande Colombia después de la desmovilización de las FARC, liberó este miércoles a seis personas secuestradas la primera semana de agosto. Se trata de un grupo formado por tres militares, dos contratistas y un policía. Así lo confirmó el Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR), que participó en el operativo. "Hoy en Chocó acompañamos la comisión humanitaria que facilitó la liberación de seis personas que estaban en poder del ELN desde agosto. Nos alegra saber que pronto podrán reencontrarse con sus familias", informó. La entrega se realizó en uno de los departamentos de la costa del Pacífico donde la organización insurgente sigue cometiendo secuestros y atentados.


Esta liberación era precisamente una de las condiciones condiciones centrales que el presidente colombiano, Iván Duque, fijó para reanudar el diálogo, que el pasado mes de mayo se trasladó a La Habana (Cuba), tras más de un año de conversaciones celebradas en Quito (Ecuador) sin apenas avances. El mandatario celebra el gesto del grupo armado, sin embargo, no lo considera suficiente para volver a negociar. "Si hay genuina voluntad de paz, ahí estará el Gobierno, pero el principio de una genuina voluntad de paz empieza con la liberación de todos los secuestrados", enfatizó en un acto con jueces. Exigió al ELN que "informe con precisión del estado de esas personas, indique cuándo regresarán a sus casas" y agregó: "Si queremos construir una paz con ese grupo armado organizado, ellos mismos deben empezar por la más clara de las voluntades, que es la suspensión de todas las actividades criminales".


La brújula de Duque en este proceso difiere de los principios empleados por el Gobierno de Juan Manuel Santos. Este aceptó negociar "en medio del conflicto", lo que él mismo bautizó como doctrina Rabin, en referencia al ex primer ministro israelí. El actual Ejecutivo, que asumió las riendas hace poco más de un mes, lo rechaza. "Si no empezamos por ahí", continuó Duque incidiendo en sus peticiones, "lo que terminamos es validando la violencia como un medio de acceso a la negociación con el Estado. Ese ha sido un error histórico que se ha cometido en Colombia, pero no estoy aquí para reprocharlo". Con esta aproximación, si el ELN no cede y accede a dar los primeros pasos hacia una desmovilización, es posible que las conversaciones, que por el momento se encuentran aplazadas sin fecha, queden definitivamente atrás.


La organización guerrillera liberó la semana pasada a tres soldados secuestrados en agosto en el departamento de Arauca, en la frontera con Venezuela. Sin embargo, todavía hay algunas personas en su poder y, sobre todo, esta guerrilla, que cuenta con alrededor de 1.500 hombres armados, continúa perpetrando ataque contra las autoridades. Según un informe realizado por el alto comisionado para la paz, Miguel Ceballos, en los últimos 17 mese, durante esa negociación que durante el mandato de Juan Manuel Santos se desarrolló "en medio del conflicto", se registraron 462 acciones del ELN y 148 atentados contra las infraestructuras petroleras que causaron alrededor de 100 muertos.
A los episodios de violencia se añaden los problemas habituales de control jerárquico de este grupo, menos cohesionado que las FARC y todavía dependiente de una lógica bélica. Nació en 1964 -al mismo tiempo que la antigua guerrilla- con una ideología que en sus inicios trató de fusionar postulados del cristianismo y del marxismo, aunque con el paso del tiempo el pretexto ideológico quedó difuminado. Actualmente, opera en un contexto en el que se disputa el control de algunos territorios rurales y de la producción de hoja de coca con otras bandas armadas y mafias de narcotraficantes.

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Martes, 11 Septiembre 2018 08:09

Se empantana el diálogo con el ELN

Se empantana el diálogo con el ELN

La guerrilla ELN acusó ayer al presidente de Colombia, Iván Duque, de acabar con el proceso de paz, al desconocer acuerdos y plantear “condiciones inaceptables” para retomar la mesa de diálogos en Cuba. “Al desconocer los acuerdos hechos con el Estado y colocar unilateralmente condiciones inaceptables, este gobierno está cerrando esta mesa, acabando el proceso de diálogos y los esfuerzos hechos desde hace varios años por el ELN, la sociedad, el anterior gobierno y la comunidad internacional”, dijo en un comunicado. El Alto Comisionado para la Paz, Miguel Ceballos, respondió más tarde que el gobierno no reanudará las charlas para superar medio siglo de conflicto armado hasta que la guerrilla cumpla con unos mínimos: liberación de todos los secuestrados y fin de las acciones criminales de los insurgentes. “El gobierno colombiano sigue expresando voluntad de paz, pero con hechos concretos y no con retórica”, dijo. 

Duque, quien asumió la presidencia hace un mes, había dicho el sábado que las conversaciones que se desarrollan en La Habana con el Ejército de Liberación Nacional (ELN) solo continuarían si se liberan antes a “todos los rehenes”, que su gobierno calcula en al menos 16. De esta forma, el gobernante ató la suerte de las negociaciones iniciadas por su antecesor, el Nobel de Paz Juan Manuel Santos, a que el ELN no solamente libere a seis secuestrados de un grupo de nueve que había ofrecido devolver. “Esto no es un tema de fechas fatales, es un tema de expresiones concretas de paz y de expresiones concretas de compromiso”, indicó Ceballos. Los rebeldes se oponen a estas condiciones por considerarlas imposiciones del gobierno y porque en la mesa se acordó que las conversaciones se desarrollarían en medio de los enfrentamientos en Colombia. Reconocida oficialmente como la última guerrilla de Colombia, el ELN ofreció liberar por su cuenta, y pese a la falta de acuerdos, a nueve policías, militares y civiles capturados en agosto, al término de los diálogos que mantuvo durante año y medio con Santos. El miércoles devolvió a tres militares cerca de la frontera con Venezuela y ayer informó que “está en plan de liberación unilateral” de cuatro miembros de la fuerza pública y dos civiles raptados en el departamento del Chocó. “Hay una posibilidad de que esas liberaciones se den hoy”, apuntó Ceballos, quien aseguró que el proceso se realiza junto con la Defensoría del Pueblo y la Iglesia católica.


Duque deja en suspenso la negociación de paz con el ELN en Colombia

El presidente supedita el diálogo a la liberación de todos los secuestrados. El Gobierno asegura que los atentados de la guerrilla causaron 100 muertos en 17 meses

El diálogo con el Ejército de Liberación Nacional (ELN) está a punto de entrar en un callejón sin salida. El enfoque del nuevo Gobierno colombiano ha dado un giro sustancial con respecto al Ejecutivo de Juan Manuel Santos, que en febrero de 2017 inauguró las conversaciones en Quito, capital de Ecuador, aceptando negociar "en medio del conflicto". Los contactos apenas registraron avances, con la excepción de un cese al fuego bilateral de 101 días declarado hace un año en vísperas de la visita del Papa. El presidente Iván Duque dejó en suspenso este fin de semana el diálogo hasta que la guerrilla, el grupo armado más grande activo en el país andino después de la desmovilización de las FARC, libere todos los secuestrados en su poder y deje de cometer atentados.


"Si esa premisa se cumple, se dan por terminadas esas actividades criminales estamos listos a empezar una exploración [del diálogo], pero esa exploración debe tener una agenda clara y unos tiempos definidos por el bien de la sociedad colombiana. Es por eso que, hasta que no se cumpla esa premisa, nosotros no vamos a designar a nadie para que se siente en esa mesa a tener ningún tipo de aproximación", afirmó el mandatario. Hace un mes, al asumir el cargo, Duque pidió al alto comisionado para la paz, Miguel Ceballos, un informe sobre la mesa de negociación, que en mayo se trasladó a La Habana (Cuba). "Durante esos 17 meses de conversaciones que tuvo el Gobierno anterior con el ELN se adelantaron por parte de ese grupo armado organizado 462 actividades criminales, que cobraron cerca de 100 víctimas fatales, se adelantaron 148 atentados contra la infraestructura petrolera, que ha generado realmente un ecocidio, y se han presentado cerca de 16 secuestros", señaló el presidente durante un acto. "Es importante que la ciudadanía entienda que no se puede hablar de paz mientras se está apelando a la violencia como mecanismo de presión al Estado y a la sociedad colombiana".


El ELN liberó la semana pasada a tres soldados secuestrados en agosto en el departamento de Arauca, en la frontera con Venezuela, y uno de sus portavoces, conocido como comandante Uriel, aseguró a través de Twitter que habrá nuevas liberaciones "a pesar de las declaraciones de Iván Duque". No obstante, el sucesor de Santos no se limita, como ya prometió en campaña electoral, a exigir la suspensión de esas actividades -un chantaje recurrente que la guerrilla trata de utilizar como moneda de cambio para negociar- sino que insta a abandonar todas las acciones criminales. "Yo celebro en los últimos días que varias personas han regresado a sus hogares. Celebro que en las próximas horas lo hagan más personas, pero aquí se necesita un gesto contundente hacia todos los colombianos [...]. Yo le quiero decir a ese grupo armado organizado que acá tiene toda la voluntad, pero la voluntad más importante en ese momento parte de los que quieren por la violencia seguir ganando espacios con el Estado. Si suspenden esas actividades criminales y están dispuestos a fijar esa agenda, acá tendrán un Gobierno dispuesto a empezar esas exploraciones", aseguró.


Uno de los obstáculos al que se ha enfrentado el proceso de diálogo, encabezado por el negociador Pablo Beltrán, es la desconexión entre la cúpula de la organización y sus bases, a menudo descontroladas y sujetas a una disciplina más laxa que la de las FARC. El ELN nació en 1964 casi a la par que la antigua guerrilla con una ideología que mezclaba marxismo y cristianismo. Los analistas coinciden en que el último grupo insurgente activo en Colombia tiene una estructura más federal de la que tenían las FARC, y eso pone en entredicho su unidad de mando.


Actualmente cuenta con alrededor de 1.500 combatientes que siguen secuestrando. Esa cuestión ha sido la más espinosa a lo largo de los dilatados acercamientos con el Gobierno. La negociación que ha sufrido constantes retrasos e interrupciones desde que se inició. Con todo, hace un año, en vísperas de la visita del papa Francisco a Colombia, las partes anunciaron el primer alto al fuego bilateral en más de medio siglo de conflicto armado. En plena tregua, el exvicepresidente Gustavo Bell relevó a Juan Camilo Restrepo como jefe negociador, pero el diálogo no consiguió retomar el impulso. El logro más tangible de los diálogos tuvo una vigencia de poco más de cien días, y expiró a comienzos de año. Aunque la guerrilla anunció un cese unilateral para los comicios del primer semestre, las negociaciones languidecieron en medio del calendario electoral. Desde los noventa, el ELN ha tenido acercamientos con todos los presidentes de Colombia. Ha sostenido diálogos preliminares de paz con los gobiernos de César Gaviria (1990-94), Ernesto Samper (1994-98), Andrés Pastrana (1998-2002), y Álvaro Uribe (2002-2010), pero solo con el de Santos llegó a instalar una mesa formal.


Su Gobierno, sin embargo, no logró concretar una nueva tregua antes del final de su mandato, el pasado 7 de agosto, y dejó en manos de Duque decidir si continuaba con las conversaciones, que enfrentaron el obstáculo adicional de trasladarse a La Habana desde su sede original en Quito. El pasado abril, el presidente ecuatoriano Lenín Moreno se retiró como garante de la negociación en medio de un clima de tensión por las actividades criminales de disidencias de las FARC, bandas de narcotraficantes y el propio ELN en la frontera entre los dos países. Al tema de los secuestros el Ejecutivo colombiano ha añadido el de la presencia del ELN en Venezuela. El jueves, Miguel Ceballos le pidió a la guerrilla aclarar si sus tropas se refugian del otro lado de la frontera. “Es imposible llegar a siquiera considerar un cese al fuego cuando parte (...) de la tropa o de los miembros de la contraparte están en un país ajeno", dijo en declaraciones a periodistas.

Por F. MANETTO / S. TORRADO

Diario EL País –España–

Bogotá 10 SEP 2018 - 09:27 COT

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“No le va a quedar tan fácil al gobierno que llega echar para atrás lo acordado.” Imagen: Adrián Pérez

Pizarro ingresó en la política por la necesidad de un relevo generacional y un cambio de valores en una Colombia que, según aseguró, estuvo gobernada por el género masculino. Ahora enfrenta el desafío de sostener el proceso de paz.

María José Pizarro es hija de la insurgencia colombiana. Su padre, Carlos Pizarro, integró el grupo guerrillero M-19, y pocos días después de abandonar las armas, siendo candidato a presidente por la Alianza Democrática, fue asesinado por un sicario en un crimen que aún no se esclareció. En su juventud María José se dedicó a las artes. Recientemente consiguió un escaño como diputada por Bogotá en la coalición Colombia Humana, liderada por el ex candidato presidencial Gustavo Petro. Pizarro ingresó a la política por la necesidad de un relevo generacional y un cambio de valores en una Colombia que, según aseguró, estuvo gobernada por el género masculino. Luego de las últimas elecciones, Colombia Humana tiene por delante el desafío de sostener el proceso de paz. “El país necesita que sobreviva una generación de lideres para que podamos de alguna manera iniciar un proceso de transformación” afirmó Pizarro a PáginaI12, en su reciente visita a Buenos Aires.

–¿Qué la motivó a ingresar a la política en el espacio Colombia Humana, liderado por Gustavo Petro?
–Mi ingreso a la política tiene que ver con la necesidad de un relevo generacional, un cambio de valores y la participación activa de las mujeres en este campo, y Colombia Humana es un espacio que promueve estos principios. Sentí la necesidad de expresar las inquietudes de una nueva generación que fue empoderada por las mujeres que asumieron el liderazgo y que sobrevivieron a los años de guerra mientras los hombres eran asesinados. En estas últimas elecciones fue Gustavo Petro quien permitió que lleguen nuevos nombres y que una mujer encabece la lista. Además Petro impulsa un proceso transformador que pelea por romper las brechas de inequidad, por empezar un proceso de protección de territorios y por distribuir la tenencia de la tierra, que es el origen de la guerra colombiana.

 

–En contraposición a las propuestas de Colombia Humana, ¿cuál es el modelo de país que lidera Iván Duque?

–Son dos modelos en disputa. A diferencia de lo que representa Petro, Duque es la voz de los grandes terratenientes que concentran la tierra para monocultivos. Duque simboliza la continuidad de una oligarquía que se educó para ser poder y perpetuarse sin acudir a las dictaduras. Este gobierno resurgió los discursos más reaccionarios y lo peor es que tienen el acompañamiento de grandes sectores de la sociedad colombiana.

 

–¿Cuál es el reto de la izquierda después de las últimas elecciones?

–Nosotros tenemos que hacer de la paz un proceso sostenible. Colombia necesita que sobreviva una generación de lideres para que podamos de alguna manera iniciar un proceso de transformación. Se intentó en estas elecciones y tristemente lo hemos tenido que postergar cuatro años más. Pero creemos que Colombia está lista. La paz va ser ese detonante, porque de alguna manera permite que voces que han estado silenciadas irrumpan en la realidad colombiana.

 

–¿Cómo evalúa la gestión de Juan Manuela Santos conforme a la paz?

–Creo que fue una política que estableció los mínimos para iniciar ese proceso de paz social que es lo que sigue pendiente en Colombia. Se sentaron las bases para la desmovilización de las FARC, y Santos logró el fin de una era de conflicto entre esta guerrilla y el Estado. Hubiésemos querido que fueran unas bases muchísimo más sólidas pero sin embargo creemos que es un proceso imparable. De alguna manera no le va a quedar tan fácil al gobierno que llega echar para atrás lo acordado. Además las nuevas generaciones no están dispuestas a empeñar su futuro. Es difícil decirlo, pero creo que Colombia va a extrañar a Santos. Lo que se viene, ojalá no sea peor.

 

–¿Se sostuvo lo pactado en el acuerdo de paz de 2016?

–Yo creo que las bases del acuerdo están bien pero el problema es otro. Desde que se firmó la paz se tenían que desencadenar una serie de procesos y eso no sucedió, por el contrario, están intentando quitarle legitimidad a lo construido. Sabemos que el acuerdo de paz no está arraigado en el conjunto de la sociedad y eso se ve en el plebiscito y en el triunfo de Duque en las últimas elecciones. A pesar de que el acuerdo esté blindado jurídicamente, eso no quiere decir que no haya sectores reaccionarios y muy poderosos que intentarán desarmarlo.

 

–¿Falta voluntad política para sostener el acuerdo?

–Sucede que los que hoy gobiernan tienen otra concepción de paz. En su discurso nunca dicen que no están de acuerdo con la paz, sería una puñalada. El problema es que la paz que ellos imaginan es una paz que deja por fuera sectores que han estado eternamente perseguidos, proscriptos o excluidos. Nosotros queremos una paz integral.

 

–¿Hubo un real proceso de integración de los desmovilizados de las FARC?

–No, el Estado colombiano tiene una tradición de incumplimiento sistemático a los acuerdos de paz. No ha sabido nunca cómo reintegrar efectivamente a las personas desmovilizadas. No hay una implicación real de los gremios económicos o del sector empresarial para otorgarles a estas personas un puesto de trabajo, algo mínimo para que ellos pudieran recomponer su proyecto de vida.

 

–¿Por qué continuó el asesinato a líderes sociales después del acuerdo?

En Colombia, los líderes sociales se asesinaron sistemáticamente a lo largo de la historia. En ese marco es que fue exterminado un partido político completo, como la Unión Patriótica y tantos otros líderes sociales como el caso de mi padre. Lo que sucede ahora, es que después del acuerdo, los homicidios se volvieron más visibles. Además, lo más grave de los últimos asesinatos son los crímenes contra los líderes ambientales. Somos el segundo país del mundo, después de Brasil, con el mayor número de asesinato a líderes ambientales y eso da cuenta del conflicto nuevamente por la tierra en Colombia y en particular por las que dejaron las FARC y que ahora quieren ocupar otros grupos armados, incluidas las disidencias de la guerrilla.

 

–¿Qué responsabilidad tiene el Estado en esa disputa por la tierra?

–Si el Estado no está presente, la disputa por la tierra se agravará. Esto solo se soluciona con una presencia integral del Estado, no con presencia armada. Sin el Estado sencillamente la gente va a quedar ahí en medio de un fuego cruzado, que es lo que sucedió siempre. Cuando la FARC se desmovilizó y abandonó los territorios, los grupos neoparamilitares, algunas disidencias y grupos narcotráficantes empezaron a ocuparlos. Ahora está aumentando la presencia de narcos y mafias internacionales, como por ejemplo el clan de Sinaloa que está comprando tierras en el sur del país. Si esto no frena, es caldo de cultivo para una nueva guerra.

 

–¿Cómo evalúa la vuelta de gobiernos neoliberales a la región latinoamericana?

–Veo que México es la esperanza. También estamos esperando ver qué sucede en Brasil con Lula y aquí mismo en Argentina. Veo con tristeza lo que está sucediendo en Ecuador, ese viraje, sobre todo por haber sido Lenin Moreno quien lo lideró. En la asunción de Duque estuvieron presentes Mauricio Macri y Peña Nieto, ello muestra que la derecha se están organizando para recuperar su poder y frente a ello nosotros tendremos que se profundamente creativos.

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Eduardo Esparza, de la serie “Palabra y memoria” (Cortesía del autor)

Los claroscuros en materia de Derechos Humanos, del gobierno que llega hasta el 6 de agosto, son notables. Todo parece indicar que la ausencia en Juan Manuel Santos de un espíritu realmente reformista, y de paz integral, le impidieron romper con lo heredado de su predecesor, del cual fue Ministro de Defensa por varios años, los mismos en que los llamados “falsos positivos” alcanzaron su mayor pico.

En la última etapa de la vida nacional, en aquella donde la guerra ha entrado en lo que pudiera ser su etapa de negociación definitiva, existen cuatro fechas que deben recordarse: el 26 de agosto de 2016, cuando fue suscrito el “Acuerdo Final para la Terminación del Conflicto y la Construcción de una Paz Estable y Duradera” entre el Gobierno y las Farc; el 2 de octubre de 2016, cuando el No venció al Sí en el plebiscito refrendatario del Acuerdo; el 24 de noviembre del mismo año, al firmarse un nuevo Acuerdo, conocido como el Acuerdo de El Colón aprobado por el Congreso de la República una semana después, el 1 de diciembre.


Con la primera fecha culminaba un proceso de cerca de seis años de negociaciones entre los insurgentes y el Gobierno, concretando la promesa de Santos al momento de su reelección, de hacer realidad la paz en Colombia. Con la segunda realza la incapacidad de Santos para medir el poder del uribismo en la vida cotidiana del país; con la tercera sobresale la complacencia de todo el establecimiento con la derrota política, además de la militar, propinada al campesinado alzado en armas, y con la cuarta sale a la luz la farsa santista al no actuar con sus mayorías en el legislativo para neutralizar parte o todo aquello que desdecía de lo firmado originalmente en La Habana, como gesto de ética y de palabra empeñada, de honor y fidelidad con la lucha por una paz efectiva.


Del espíritu original del Acuerdo y algo más


El Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos presentó el 22 de marzo de 2018 ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU en Ginebra su informe sobre Colombia durante el Examen Periódico Universal, EPU, dijo: “El Acuerdo de Paz cumple en términos generales con las obligaciones internacionales de Colombia en materia de derechos humanos. Si se implementa de manera diligente, puede orientar al Estado hacia la superación de los desafíos estructurales relacionados con los derechos humanos”. Hasta ahora, el logro del Acuerdo con las Farc es formal más no real: la guerra y la desigualdad social continúa en nuestro país.


Hasta hacerlos morder el polvo. Ese parece ser el propósito de los sectores dominantes con respecto a las Farc. Veamos. Producto del Acuerdo fueron creados varios mecanismos en el Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición, entre ellos, la Jurisdicción Especial para la Paz, JEP, que a pesar de los críticos, ha sido una valiosa contribución al derecho internacional de los derechos humanos. En el mundo no se había logrado que una organización guerrillera, al pactar la paz, aceptara someterse a la justicia; tampoco que el Estado se comprometiera a crear un mecanismo y un procedimiento para el juzgamiento expedito y restaurativo de los crímenes cometidos durante el conflicto, incluidos los perpetrados por sus propios agentes.


Por desfortuna, el Acuerdo inicial de La Habana fue hecho trizas por el Acuerdo del Teatro Colón, el Congreso y la Corte Constitucional, especialmente en lo que tiene que ver con la JEP, primero, al excluir de su conocimiento a los civiles y a los agentes estatales que no fueran miembros de la Fuerza Pública, los llamados “terceros”, y segundo, convertirlo en un Tribunal contra la guerrilla, lo que es inconstitucional, al crear una Sala Especial para los militares y dejarlos en el limbo durante 6 meses. Esto a pesar que los militares activos estuvieron de acuerdo con la JEP a través del ministro de Defensa y el comandante de las Fuerzas Militares.


Unos cambios que pueden tener consecuencias en el mediano plazo, pues tales enmendaduras pueden dejarles expuestos a la acción de la Corte Penal Internacional, CPI, a la vez que socavan a la verdad. De acuerdo al Ministerio de Defensa, 1.700 militares han manifestado su voluntad de ser juzgados por la JEP. Según informaciones de prensa se han acogido a esa jurisdicción los generales Rito Alejo del Río, Jaime Humberto Uzcátegui, Henry William Torres Escalante, y Mario Montoya, y otros estudian la posibilidad de hacerlo como Jesús Armando Arias Cabrales –todos acusados de la comisión de graves violaciones de derechos humanos–.


Con las modificaciones también quedan desconocidos los derechos de las víctimas de crímenes de Estado, lo cual contradice un pilar fundamental del Acuerdo: la centralidad de las víctimas; aplaza y, eventualmente, deniega el derecho de ellas a la justicia. La CPI puede considerar inválida esta norma, lo que le abriría las puertas para actuar, al no existir una justicia genuina en Colombia, según lo previsto en los artículos 17 y 20 del Estatuto de Roma, cuando se considere que un Estado haya investigado o juzgado a una persona a través de procedimientos orientados a dejarla impune.


Por otro lado, se quiere convertir a la JEP en una notaria en materia de extradición, lo cual es violatorio de la Constitución, al reducir y limitar su función en el procedimiento a “determinar la fecha de la conducta”. Lo anterior, a pesar de que el Acto Legislativo 01 de 2017 dejó claro que su mandato es el de “evaluar la conducta atribuida para determinar la fecha precisa de su realización y decidir el procedimiento apropiado” (c.m.). Limitar su rol a “determinar” la fecha, dejaría por fuera las otras dos atribuciones de “evaluar” y “decidir”. Esta norma tiene nombre propio: el ex guerrillero Jesús Santrich y fue adoptada con el propósito de forzar su extradición. ¿Complacencia de todo el establecimiento?


Pasados casi dos años de la firma del Acuerdo es evidente que en Colombia transitaríamos hacia una mejoría evidente en lo referido a la totalidad que implican los derechos humanos, pero en la acción desplegada desde el mismo poder contra el importante logro de desmontar la parte más sustancial de la guerra lo abierto es lo contrario, como queda claro con la ola de líderes sociales asesinados, al igual que de exguerrilleros farianos, así como de familiares de estos.


Todo lleva a reclamar el cumplimiento con las obligaciones contraídas en el Acuerdo de Paz. Hay con que proceder: los organismos multilaterales como la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas en Colombia, cuyo mandato fue reforzado por el Acuerdo para hacerle seguimiento a la paz, al igual que la Comisión de Derechos Humanos, Cidh que firmó un convenio con el gobierno colombiano para tal fin, así como la CPI, entre otros, deben vigilar para que las obligaciones contenidas en el Acuerdo se cumplan. Así que estos organismos tienen mucho trabajo por hacer, y requieren para ello el apoyo decidido de la sociedad colombiana y de la comunidad internacional.


La violencia sociopolítica


A pesar del fin del conflicto armado con las Farc, al menos en lo formal, continúa la violencia sociopolítica. El paramilitarismo sigue existiendo, y con poder creciente. La desmovilización de las Autodefensas Unidas de Colombia, Auc, entre 2003 y 2006 no incluyó a todos los grupos, ni garantizó una efectiva reinserción de sus combatientes; y sus mandos medios y diversas estructuras continuaron con su accionar delincuencial a lo largo de los años 2011-2018, cuando el “gobierno de la paz” decía estar actuando. A su par, sus financiadores y los políticos y empresarios beneficiados por el paramilitarismo no han sido efectivamente investigados, juzgados y sancionados, aumentando su capacidad militar y control territorial, a pesar de los mecanismos para su desmonte.


En paralelo, continúa el accionar el Ejército de Liberación Nacional, Eln, el Ejército Popular de Liberación, Epl, las disidencias de las Farc, y otros con diversas denominaciones, todos ellos expandidos territorialmente y reconfigurados. El Estado continúa sin hacer presencia en varias regiones del país y persiste la indiferencia de un sector de la sociedad en las grandes ciudades frente a la guerra.


Según el informe conjunto de organizaciones de derechos humanos para el Examen Periódico Universal, EPU 2013-2017, durante estos años, que cubren un buen segmento del gobierno Santos, aumentaron los homicidios, las desapariciones y los desplazamiento forzados, tortura, amenazas y violencia sexual. El desplazamiento forzado persiste y el número total de víctimas sigue en espiral. A pesar de toda la promesa gubernamental, nuestro país ocupa el primer lugar en el mundo de víctimas de desplazamiento forzado. La Corte Constitucional mantiene vigente el “Estado de Cosas Inconstitucional” en la materia después de trece años. El Acuerdo ordena fortalecer el Sistema de Alertas Tempranas, SAT de la Defensoría, como mecanismo de prevención del desplazamiento forzado y otras violaciones, desafío pendiente.


Las defensoras/es de derechos humanos


El patrón y la grave situación de ausencia de garantías para la labor de defensa de los derechos humanos en Colombia son pan de cada día. La indiferencia social de una parte de la población hacia dicha labor persiste, aunque la sociedad comienza a despertar, como lo evidencia la luz desprendida por el “Velatón Nacional” que llenó de solidaridad diversas plazas del país y del exterior el pasado 6 de julio, luz en demanda de colocarle final a los asesinatos y amenazas sufridas por los liderazgos sociales existentes en el país, así como de superar la impunidad que encubre los cientos de crímenes ejecutados contra ellos.


Estamos ante cifras que no son menores. La Defensoría del Pueblo reportó que desde el 1 de enero de 2016 al 27 de febrero de 2018 fueron asesinados 282 personas que se dedicaban a la defensa de la comunidad o de los derechos humanos. En este mismo periodo la mayor cantidad de muertes violentas tuvieron lugar en Cauca (75), Antioquia (38), Norte de Santander (17), Nariño (15), Valle del Cauca (15) y Chocó (14) –departamentos donde existen importantes procesos de organización social. Pero también operan grupos paramilitares, a pesar de la presencia masiva de las Fuerzas Armadas. Existen cultivos de uso ilícito o rutas del narcotráfico y actividades extractivas legales.


Las cifras de asesinatos de defensoras/es de derechos humanos varían en montos y periodos con tendencia al alza. Para la Defensoría, desde la suscripción del Acuerdo de Paz en noviembre de 2016, hasta el 1 de julio de 2018, el número asciende a 311 defensoras asesinados. Según el programa “Somos Defensores”, en el primer trimestre del 2018 hubo 46 asesinatos, cifra que duplica los casos registrados en el mismo periodo en 2017. Por su parte y según la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Colombia, entre enero y junio de este año se habrían producido al menos 90 casos de asesinatos.


La Cidh el 19 de julio de 2018, expresó su alarma y condenó esta secuencia de asesinatos. Reiteró su llamado al Estado de tomar medidas urgentes para proteger a las defensoras/es y llevar a cabo investigaciones diligentes que tengan en cuenta la actividad de defensa de derechos humanos de las víctimas.


Las cifras, datos y pronunciamiento parten del presupuesto de reconocer la amplia labor de defensa de los derechos humanos e incluye líderes y lideresas sociales, comunales, personas que trabajan por la paz, que ejercen actividades políticas y lideran procesos de sustitución de cultivos de uso ilícito y restitución de tierras. Mientras continúa la matanza, mientras se viola el derecho humano fundamental a la vida, y persisten las infracciones al Derecho Internacional Humanitario (en especial las sistemáticas violaciones contra las defensoras/es que permanecen en la impunidad), no es posible hablar de paz.


La política de seguridad


Estamos ante una política de derechos humanos que demanda cambiar el rol del Ejército Nacional y de la Policía Nacional, regulando la política de seguridad, en dos aspectos fundamentales: 1) En la misma relación entre la Policía Nacional y Ejército Nacional. Esta última fuerza continúa asumiendo tareas de seguridad ciudadana, desde el manejo de la protesta social –que el gobierno Duque quiere regular– hasta la lucha contra el crimen organizado, que le corresponde a la Policía. La política del Ministerio de Defensa fue determinada a finales de 2016, cuando decidió no trasladar recursos financieros de las Fuerzas Militares a la Policía Nacional. 2) Con respecto a las actividades de inteligencia estatal, activada de manera ilegal en contra de los magistrados de la Corte Suprema, los políticos de oposición, los periodistas, los sindicalistas y los defensores de derechos.


Todo esto con retos importantes para el Gobierno, el cual debe esclarecer el alcance y la regulación de la facultad para monitorear el espectro electromagnético prevista en la Ley de Inteligencia y el nuevo Código de Policía, como lo ha pedido la Oficina del Alto Comisionado en Colombia y el Comité de Derechos Humanos de la ONU. Con compromisos por cumplir por parte del gobierno, como la depuración de los archivos de inteligencia, compromiso vigente desde 1997 con las Ong de derechos humanos. A su vez, debe hacer públicas las recomendaciones que sobre este tema le formuló en julio del 2017 una Comisión creada por la ley de inteligencia.


La vida, la malvivencia


Aunque nuestra Carta Constitucional retoma todos los derechos humanos, incluyendo todos los convenios firmados por el país en este campo, el país no deja de ser uno de los países con mayores niveles de desigualdad en América Latina. El 29,5 por ciento de la población vive en situación de pobreza por ingresos lo que en el campo se eleva al 33 en extrema pobreza. Las comunidades afrocolombianas e indígenas de la región del Pacífico son las más afectadas.


La brecha entre lo urbano y lo rural no se cierra. Los territorios habitados mayoritariamente por población afrocolombiana e indígena tienen los peores indicadores de calidad de vida. Mientras en el 2003 el índice del Gini era de 0,554, en el 2016 es de 0,517248. La reforma tributaria de 2016 no afectó a los más ricos y si a las mayorías nacionales; el aumento del IVA del 16 al 19 por ciento, disminuyó el poder adquisitivo de los más pobres.
El aspecto que le dio origen al conflicto que ahora pretende cerrarse vía negociada, la tierra, persiste la desigualdad en su tenencia. Para el Censo Nacional Agropecuario, un 40.1 por ciento del área censada está ocupada por el 0,4 por ciento de unidades productivas, mayores a las 500 hectáreas. En contraste, el 4.8 está ocupada por el 69.9 por ciento de unidades productivas con cinco hectáreas o menos.


En ciudad y campo las condiciones laborales son precarias. El desempleo es muy alto, con un 9,8 por ciento en el total nacional, pero si se detallara por regiones el campo también mostraría mayor afectación. Hay un 54.0 por ciento de desempleo juvenil rural; el 25.6 de los jóvenes del campo no estudian y no trabajan. Existen diferencias de género acentuadas en zonas rurales en cuanto a empleabilidad y salarios. Este nivel de violación de derechos básicos, es aún más notable en departamentos como el Chocó y La Guajira, donde los índices de mortalidad infantil son alarmantes, así como la precariedad en educación, salud y agua potable.


No es casual, por tanto, que la Oficina del Alto Comisionado en Colombia pida “adoptar medidas para lograr el goce de los derechos económicos, sociales y culturales en condiciones de igualdad, y desarrollar indicadores para evaluar su realización progresiva, especialmente en las zonas rurales”. Es necesario gozar de vida digna y dejar de malvivir, es un derecho humano fundamental. Para la Oficina, “el Acuerdo de Paz, en particular los puntos relacionados con la reforma rural integral y la solución al problema de las drogas ilícitas, brinda la oportunidad para enfrentar estos desafíos de manera integral”.

 

*Abogado. Integrante del Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo, su más reciente libro El Pacto del silencio, ediciones desde abajo, 2017.

 

 

 

 

 

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Diez puntos sobre lo que será el gobierno de Iván Duque

El domingo 6 de agosto de 2018 El Tiempo publicó un artículo del presidente electo titulado Duque propone pacto para superar las diferencias. Éste presenta buena parte de sus 203 propuestas de campaña. La nota del diario permite identificar al menos diez puntos de lo que serán rasgos centrales de la administración Duque, elementos que muestran el reacomodo y continuidad dentro de la clase dominante del sector que recoge lo que hoy se presenta como uribismo y que tiene como principal apuesta la instalación y perpetuación del régimen social y civilizacional del fascismo social.

El día de hoy inicia lo que algunos analistas han llamado el reinicio de la era Uribe, la era de la oscuridad y la persecución. Y no es para menos: el círculo más cercano al exmandatario ha esperado por más de cuatro años el retorno a la Casa de Nariño para cobrar venganza y recuperar lo que (creen) les pertenece y “corregir” el rumbo. “El juicio político criminal por su abuso de poder contra el ex presidente @JuanManSantos, a partir del 7 de agosto, deberá ser ejemplar”, trinó el Senador del Centro Democrático José Obdulio Gaviria en el 2014 y el expresidente y Senador Álvaro Uribe advirtió en el 2016 a través de su tribuna en Twitter que “Santos, maduro, Castro y las FARC, […] en este suelo no tienen futuro”.


Con exorcismo, políticos investigados y hasta un temblor comienza el mandato de Duque, el razonero de Uribe, el presidente de la guerra al terrorismo y el rechazo a la dictadura de Maduro, el que hace cabecitas mientras la clase política conservadora y retrógrada gobierna de la mano del empresariado. Esto se puede ver de la nota de El Tiempo de la que se destacan diez puntos sobre lo que nos espera para el periodo 2018-2022:


1. Muestra como “adversidad” lo que realmente ha sido el enriquecimiento de unos pocos (los de siempre), situación que oculta y ante la que pide al pueblo no desfallecer. Esto es, mientras la élite enriquece los pobres deben aguantar. No podía ser de otra forma: es un gabinete corporativo.


2. Vende el alcanzar la clase media como aspiración para las clases bajas. Un gobierno para la clase media, ese mito capitalista con el que se oculta la lucha de clases y que se muestra como adverso a otro mito creado por la academia del capital, la izquierda populista. Así, Duque pone va a poner a los pobres contra la izquierda, y lo hace sin mencionar a las clases altas: Éstas deben seguir siendo quienes son, se les blinda no nombrándolas.


3. Es reiterada la presencia en su artículo a referencias económicas como metas a alcanzar “como nación”: inversión, seguridad jurídica, competitividad, crecimiento.


4. La concentración del poder se presenta como horizonte en el nuevo gobierno. Ésta se expone como lucha contra la corrupción, eficiencia estatal, planeación, avance en competitividad.


5. El combate a la corrupción enfatiza en el corrupto (público, estatal) y no en el corruptor (particular, empresario, privado). Se ve en el cuatrienio que inicia la centralización de la corrupción.


6. Descaradamente el presidente electo cuestiona el incumplimiento a las víctimas cuando su partido se opuso a la representación política de éstas mediante las circunscripciones transitorias especiales de paz pactadas en La Habana.


7. Reafirma el interés del Centro Democrático de hacer trizas los Acuerdos con las FARC-EP, lo que vende como “corrección”. Claramente existe un interés por ligar a la dirección de la insurgencia con el narcotráfico de cara a su extradición; de igual forma se busca relacionar al partido político con las llamadas disidencias, para justificar la desaparición del partido FARC.


8. En su gobierno el campo será para la agroindustria, ésta orientará la política sectorial. A los campesinos (“pequeños productores”, dice Duque) se les propone su conversión en microempresario a partir de su subordinación (alianzas productivas) con el empresariado rural.


9. La prestación de los servicios de salud será por demanda (“un sistema basado en el paciente”) y tendrán como particularidad el aumento en la población cotizante al sistema y el saneamiento (salvavidas financiero) de las dificultades que presentan las empresas prestadoras del servicio.


10. Falacias como “un gabinete con 50 por ciento de mujeres”, “la primera mujer vicepresidenta”, “un gobierno de diálogo con la ciudadanía”, “de presencia constante en el territorio”, “de amor y representación regional”, “de rigor técnico”, “de nueva generación”, “sin revanchas” ocultan lo que será un gobierno de élite, corporativo, ideológicamente conservador que continuará con el despliegue y consolidación del fascismo social no sólo en el país, sino en la región. Quienes nos opongamos seremos considerados los parias que no fuimos capaces de unirnos “en propósitos comunes y superiores”, de suscribir “un acuerdo básico sobre el futuro de nuestro país por encima de las diferencias”. Así se aceptará y justificará socialmente lo que pueda ocurrir al ‘desviado’, su ausencia, su exclusión y hasta su eliminación.


Bienvenidos a la Era Duque, el reinicio de la Era Uribe.

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