Tensiones y desafíos de la movilidad de venezolanos hacia Colombia

Cuando la persecución, la pobreza, y la superpoblación ya no se consideren en sí mismas explicaciones suficientes de los flujos migratorios, las imágenes y metáforas basadas en la invasión dejarán de satisfacernos, y las políticas relacionadas a la inmigración podrán ser más innovadoras, ya que abordarán un acontecimiento delimitado, una experiencia compartida, un proceso manejable.
(Sassen, S. 2013:30)

 

Colombia no es un país históricamente receptor de poblaciones de inmigrantes, ni la composición de su población se enriqueció profundamente de los aportes de estas ciudadanías en movimiento, en comparación con otros países de la región como Argentina o Brasil, donde la inmigración contribuyó al crecimiento poblacional y a su desarrollo en general. Por ejemplo, en el caso argentino tenemos en un primer momento la inmigración transoceánica a partir de mediados del siglo XIX, ejerciendo un significativo impacto en la vida económica, política, social y cultural de este país.

 

Entre los años 1857 y 1914, Argentina recibió 4.600.000 inmigrantes, una cantidad tal de personas que llevó a que para 1914 el 30 por ciento de la población del país era extranjera. Un fenómeno de tal dimensión que no podía pasar sin efectos para el poblamiento general del país y su misma economía.

 

Por el contrario, Colombia siempre ha mantenido una distancia entre emigración y la inmigración, considerándolas por separado y sin reconocer la importancia de las migraciones en general. Muestra de ello es el tratamiento institucional dado a esta realidad social, donde las instituciones del Estado encargadas están desarticuladas entre sí. Dicho tratamiento solo ha provocado un abordaje sesgado, selectivo y fragmentado respecto a procesos migratorios y coherencia en medidas políticas que han sido adoptadas históricamente.

 

El tratamiento al migrante en Colombia

 

Por fortuna hoy en día las diferentes relaciones internacionales han provocado que el país tenga una visión más amplia y acorde con las dinámicas globales de movilidad y de Derechos Humanos suscritas en materia migratoria con diferentes países de la región. Sin embargo, la movilidad durante los últimos tres años de cientos de personas provenientes de Venezuela hacia Colombia, ha colocado en el ojo del huracán la institucionalidad y los contextos socioculturales del país, desencadenando una suerte de tensiones y de desafíos de todo orden (político, económico y cultural), que hasta el día de hoy son tema de la agenda nacional y mediática de turno.

 

Dentro de las tensiones más prominentes resaltan las de carácter político-institucional, campo en el cual históricamente se ha promovido una recepción de inmigrantes de forma selectiva, priorizando a los grandes inversores, característica que ha sido una constante debido a la inserción creciente de Colombia a los mercados internacionales hoy globalizados. A su vez, la política migratoria del país se caracteriza por favorecer a la inmigración laboral con fines productivos y desarrollo económico. Al tiempo que Colombia adopta medidas (normas y decretos) de carácter étnico-nacional con fines de crecimiento demográfico y de “mejorar” étnicamente la población, como propuso Luis López de Mesa, ejemplo de lo cual es el ingreso de norteamericanos y europeos a mediados del siglo XX al territorio nacional.

 

De esta manera, la prioridad dada por el país a la inmigración laboral, de cara a fortalecer los procesos de crecimiento y desarrollo interno, y el control a la movilidad de emigrantes, resalta la desarticulación de la política migratoria colombiana, donde el tratamiento por separado de la emigración y la inmigración1 ha sido una constante.

 

En la década de los 90 Colombia encargó al Ministerio de Relaciones Exteriores la ejecución y orientación de las políticas migratorias, obteniendo como resultados que el país adoptara medidas de integración regional y comercio internacional, firmando por esa vía acuerdos como, por ejemplo, el pasaporte Andino en el marco de la Comunidad Andina de Naciones (CAN). Sin embargo, la política migratoria mantuvo su enfoque de control de carácter selectivo, útil y funcional para el arribo de personas con estándares de cualificación alta.

 

En resumen, tenemos en Colombia unas políticas institucionales migratorias caracterizadas por ser selectivas y de control, así como una mirada utilitarista de las diferentes poblaciones de inmigrantes, en términos de desarrollo económico y social, todo lo cual no ha permitido un desarrollo integral de las políticas migratorias que permitan tratar conjuntamente tanto la emigración como la inmigración. Durante la última década el escenario internacional y la política exterior regional han provocado que el país suscriba y ratifique diversos instrumentos legales internacionales donde se promueve proteger y garantizar la dignidad de las personas, en especial las que se encuentran en movimiento.

 

Dentro de tales instrumentos está la incorporación a Unasur, tratado que cobró vigencia en el 2011, y a través del cual se fijan lineamientos en materia de cooperación migratoria, basado en protección de los Derechos Humanos de los inmigrantes y los trabajadores de cara a la integración regional. Sin embargo, la crisis regional desatada por la situación que vive Venezuela, y con ella la presión y hasta conspiración de diversos países para desestabilizar al presidente Maduro, propiciaron la decisión del recién posesionado Iván Duque de retirar al país de Unasur2, con lo cual queda en el limbo todo lo allí ratificado.

 

A todo lo anterior se suma el componente socio–cultural, el cual se refiere a tres grandes campos problemáticos: 1. La construcción mediática de la inmigración venezolana, 2. La construcción del otro/ los/otros. 3. El nacionalismo que se enaltece y la cuestión de soberanía que se instala.

 

La construcción mediática de la inmigración venezolana

 

Es reiterado ver y escuchar en los diferentes medios oficiosos dominantes en Colombia un registro estigmatizante y muy politizado acerca de la movilidad de venezolanos hacia nuestro país3. Lo que se observa en algunos de estos registros es un encasillamiento de la persona inmigrante en temas de inseguridad, bandas delincuenciales o de microtráfico de droga, en especial en las zonas de frontera, temas que circulan constantemente y van instalando en el conjunto de la población una sensación de miedo e inseguridad frente a la población migrante.

 

De otra parte, en dichos medios se muestra la situación que viven los inmigrantes venezolanos durante su travesía, pero las noticias tienden a resaltar lo que han llamado “crisis en Venezuela”, “el drama de los venezolanos”, etcétera, que si bien es una situación compleja, se deja entrever el interés en continuar sosteniendo que los venezolanos huyen de la “dictadura de Maduro”, algo por cierto que ha sido utilizado por los políticos de tendencias conservadoras de turno en Colombia para hacer campaña política, dejando de lado la verdadera discusión política-institucional que demanda la realidad de tal emigración.

 

La construcción del otro/los/otros

 

Debido a este tratamiento mediático, se han vuelto populares dichos como: “nos viene a quitar el trabajo”, “los venezolanos se emplean por menos plata”, “hay mucha banda de ladrones venezolanos”, entre otros, han edificado poco a poco a la persona inmigrante de nacionalidad venezolana como el enemigo interno y responsable de todos los males que nos aquejan como sociedad. De esta forma, a su vez, se va creando una idea del otro/los otros, marcando una división concreta entre nosotros y ellos, esta forma de discriminación no solo genera el oído al extranjero (xenofobia), sino que instala barreras sociales que impiden la inclusión de la población inmigrante.

 

Esta forma particular de segregación también tiene tintes nacionalistas que generan exclusión, abusos y formas de violencia específica, que son más fuertes que cualquier muro de bloques de concreto construido, por ejemplo, en la frontera entre Estados Unidos y México. Romper estas paredes de concreto (socio-cultural) es complejo, porque se trata de generalizaciones negativas que se instalan fácilmente en el sentido común y provocan comportamientos excesivos mal intencionados y abusos contra los que no son de acá.

 

El nacionalismo que se enaltece, y la cuestión de soberanía que se instala

 

Diferentes estudios en materia migratoria, como el de Sassen (2015), dan cuenta que, en situaciones y contextos sociopolíticos particulares, las poblaciones inmigrantes suelen utilizarse como “chivo expiatorio”, para resaltar decisiones políticas institucionales de control y seguridad o responsabilizar de los problemas sociales, políticos y económicos de un país, todo ello de cara a indilgar al extranjero una responsabilidad particular con la cual no tiene una vinculación directa. Por ejemplo, como sucedió durante las recientes elecciones presidenciales en Colombia (2018-2022), donde los políticos en campaña utilizaron a la inmigración del país vecino para sus propósitos electorales con el argumento de que “Colombia no puede convertirse como Venezuela” o que “Colombia no puede llegar a ser castrochavista”, entre otras manipulaciones.

 

De esta manera crean una idea falsa de soberanía y nacionalismo a través nuevamente, del tratamiento mediático y de los discursos de los políticos en campaña. Soberanía, porque se instala la idea –falsa– de lo nuestro (el cuidado de lo propio), y nacionalismo (patriotismo) en cuanto a exaltación de lo colombiano, aspectos que se consideran amenazados por el “extranjero”, en este caso por Venezuela y su actual régimen político, el cual es considerado contrario a los intereses de los grupos dominantes en nuestro país.

 

Lo anterior plantea una pregunta formulada por algunos migrantólogos ¿por qué algunos “extranjeros” indignan más que otros? Esto en comparación, por ejemplo, con movimientos de actividades economías globales extractivistas agenciadas por complejas corporaciones extranjeras, las cuales cuentan con facilidades estatales, sin generar las mismas críticas e indignaciones soberanas y nacionalistas que propicia la migración venezolana y su régimen político.

 

Este fenómeno es la evidencia empírica del uso de la migración como “chivo expiatorio”, para despertar desenfocados nacionalismos, los mismos que distraen a las mayorías sociales de los problemas de fondo ligados con la presencia de extranjeros (corporativos), que extraen riquezas naturales en el territorio colombiano y que no denuncian ni cuestionan, sino, por el contrario, se legitiman.

 

El reto

 

La movilidad de venezolanos hacia Colombia definitivamente pone en tensión el Sistema Nacional de Migración (SNM) y la política de migraciones, la institucionalidad que tiene como responsabilidad la protección de los derechos de las poblaciones inmigrantes y su integración a los planes y proyectos que el Gobierno tenga estipulado, pero también el presupuesto nacional, ya que el SNM no cuenta con los recursos suficientes para cumplir con los objetivos y metas planteadas en los diferentes instrumentos legales. A su vez, plantea importantes desafíos político–institucionales, económicos y socio-culturales, que demandan la necesidad de una política que esté acorde a las necesidades de la población inmigrante, desde una perspectiva integral incluyente, de respeto y garantía a los derechos humanos de los inmigrantes trabajadores y sus familias.

 

En este sentido toma forma el reto de una ética ciudadana y política donde la forma de abordar dicha realidad social sea a partir de un tratamiento que reivindique la vida y el Derecho Humano a migrar en términos dignos y en cuanto a acciones, decisiones y organización política-institucional definidas en función de la exaltación, la gratificación, el posibilitamiento y el cuidado de la vida y las necesidades reales de dicha población con perspectiva de futuro.

 

 

* Candidato a Doctor en Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de General Sarmiento (Ungs-Ides), Buenos Ares-Argentina, Magíster en Estudios políticos y comunicador social. Docente universitario, investigador del Colectivo de Estudios e Investigación social, Proyecto Ceis. Coordinador Diplomado en Migración, Territorio y DDHH, Universidad Nacional de Avellaneda. (Bs. As. Argentina).
1 Entiéndase emigrar como el abandonar su propio país para establecerse en territorio extranjero. Por inmigración, como acción y efecto de inmigrar, según el Diccionario de la Real Academia Española. En otras palabras, la inmigración es el proceso posterior que acontece en el país o lugar de llegada, es decir, es el efecto que surge una vez se efectúa la salida de personas de un país, región o lugar determinados para dirigirse a otro.
2 El presidente de Colombia, Iván Duque, decidió la salida de Colombia de Unasur porque considera a dicho organismo como “caja de resonancia de la dictadura” venezolana. Una vez más se observa cómo se politiza la situación inmigratoria que comparten ambos países, dejando de lado decisiones contundentes que favorezcan y protejan a la población venezolana que emigra hacia Colombia.
3 Hay dos aspectos de interés a resaltar con relación a las características de la emigración venezolana hacia Colombia y que el mismo Christian Krüger, Director General de Migración Colombia, reconoce. El primero es que los venezolanos que están llegando al país lo utilizan como puente para dirigirse a terceros países como “Ecuador, Estados Unidos, Panamá, Perú y Chile”. Segundo, “que según un estudio realizado en frontera por la Cancillería y la OIM, se logró evidenciar que cerca del 40% de las personas que ingresan por nuestra frontera son portadores de doble nacionalidad, mientras que el 30% son colombianos y el otro 30% ciudadanos venezolanos”. Lo que significa que en un porcentaje importante los ciudadanos que están llegando a nuestro país son colombianos que eran residentes en Venezuela y ahora, debido a la situación en ese país, están retornando. Así se evidencia en el informe de Migración del Ministerio de Relaciones Exteriores titulado: “Radiografía de venezolanos en Colombia 2017”. De otra parte, en relación a las cifras, según el mismo informe: “la Agencia para los Refugiados de la ONU afirma que son 300.000 y la Asociación de Venezolanos en Colombia asegura que son más de 1.000.000 de personas”, “Están pasando más de 40.000 personas diarias”, aseguró el alcalde de Villa del Rosario…”, “En los últimos 3 años el país ha atendido la salud de 14.362 venezolanos…”, “…al país entraron mensualmente más de cuarenta mil venezolanos…”, “…El éxodo ha aumentado de cientos a miles…”, “En el Valle de Aburra votaron 11.560 venezolanos…”, “En nueve puntos de Medellín y el Valle de Aburrá se adecuaron las mesas para que los más de 7.000 venezolanos radicados en Antioquia…”, “…actualmente hay entre 3.000 y 5.000 venezolanos en la región”.

 

Bibliografía

 

Ministerio de Relaciones Exteriores. Migración. (2017). Radiografía de venezolanos en Colombia.
Nicolao, Julieta. (2010). El Estado argentino ante el reto de las migraciones internacionales: reflexiones del reciente cambio de rumbo en la política migratoria argentina. UAEMex, Revista Convergencia. Ciencias de Sociales. Nº. 53, mayo. pp. 205-228.
Sassen, S. (2013). Inmigrantes y ciudadanos. De las migraciones masivas a la Europa fortaleza. Siglo XXI. España Editores, S.A.
Maldonado. E. (2018). Política + Tiempo =Biopolitica. Complejizar la política. Ediciones desde abajo. Bogotá, D.C–Colombia.

Publicado enColombia
Tensiones y desafíos de la movilidad de venezolanos hacia Colombia

Cuando la persecución, la pobreza, y la superpoblación ya no se consideren en sí mismas explicaciones suficientes de los flujos migratorios, las imágenes y metáforas basadas en la invasión dejarán de satisfacernos, y las políticas relacionadas a la inmigración podrán ser más innovadoras, ya que abordarán un acontecimiento delimitado, una experiencia compartida, un proceso manejable.
(Sassen, S. 2013:30)

 

Colombia no es un país históricamente receptor de poblaciones de inmigrantes, ni la composición de su población se enriqueció profundamente de los aportes de estas ciudadanías en movimiento, en comparación con otros países de la región como Argentina o Brasil, donde la inmigración contribuyó al crecimiento poblacional y a su desarrollo en general. Por ejemplo, en el caso argentino tenemos en un primer momento la inmigración transoceánica a partir de mediados del siglo XIX, ejerciendo un significativo impacto en la vida económica, política, social y cultural de este país.

 

Entre los años 1857 y 1914, Argentina recibió 4.600.000 inmigrantes, una cantidad tal de personas que llevó a que para 1914 el 30 por ciento de la población del país era extranjera. Un fenómeno de tal dimensión que no podía pasar sin efectos para el poblamiento general del país y su misma economía.

 

Por el contrario, Colombia siempre ha mantenido una distancia entre emigración y la inmigración, considerándolas por separado y sin reconocer la importancia de las migraciones en general. Muestra de ello es el tratamiento institucional dado a esta realidad social, donde las instituciones del Estado encargadas están desarticuladas entre sí. Dicho tratamiento solo ha provocado un abordaje sesgado, selectivo y fragmentado respecto a procesos migratorios y coherencia en medidas políticas que han sido adoptadas históricamente.

 

El tratamiento al migrante en Colombia

 

Por fortuna hoy en día las diferentes relaciones internacionales han provocado que el país tenga una visión más amplia y acorde con las dinámicas globales de movilidad y de Derechos Humanos suscritas en materia migratoria con diferentes países de la región. Sin embargo, la movilidad durante los últimos tres años de cientos de personas provenientes de Venezuela hacia Colombia, ha colocado en el ojo del huracán la institucionalidad y los contextos socioculturales del país, desencadenando una suerte de tensiones y de desafíos de todo orden (político, económico y cultural), que hasta el día de hoy son tema de la agenda nacional y mediática de turno.

 

Dentro de las tensiones más prominentes resaltan las de carácter político-institucional, campo en el cual históricamente se ha promovido una recepción de inmigrantes de forma selectiva, priorizando a los grandes inversores, característica que ha sido una constante debido a la inserción creciente de Colombia a los mercados internacionales hoy globalizados. A su vez, la política migratoria del país se caracteriza por favorecer a la inmigración laboral con fines productivos y desarrollo económico. Al tiempo que Colombia adopta medidas (normas y decretos) de carácter étnico-nacional con fines de crecimiento demográfico y de “mejorar” étnicamente la población, como propuso Luis López de Mesa, ejemplo de lo cual es el ingreso de norteamericanos y europeos a mediados del siglo XX al territorio nacional.

 

De esta manera, la prioridad dada por el país a la inmigración laboral, de cara a fortalecer los procesos de crecimiento y desarrollo interno, y el control a la movilidad de emigrantes, resalta la desarticulación de la política migratoria colombiana, donde el tratamiento por separado de la emigración y la inmigración1 ha sido una constante.

 

En la década de los 90 Colombia encargó al Ministerio de Relaciones Exteriores la ejecución y orientación de las políticas migratorias, obteniendo como resultados que el país adoptara medidas de integración regional y comercio internacional, firmando por esa vía acuerdos como, por ejemplo, el pasaporte Andino en el marco de la Comunidad Andina de Naciones (CAN). Sin embargo, la política migratoria mantuvo su enfoque de control de carácter selectivo, útil y funcional para el arribo de personas con estándares de cualificación alta.

 

En resumen, tenemos en Colombia unas políticas institucionales migratorias caracterizadas por ser selectivas y de control, así como una mirada utilitarista de las diferentes poblaciones de inmigrantes, en términos de desarrollo económico y social, todo lo cual no ha permitido un desarrollo integral de las políticas migratorias que permitan tratar conjuntamente tanto la emigración como la inmigración. Durante la última década el escenario internacional y la política exterior regional han provocado que el país suscriba y ratifique diversos instrumentos legales internacionales donde se promueve proteger y garantizar la dignidad de las personas, en especial las que se encuentran en movimiento.

 

Dentro de tales instrumentos está la incorporación a Unasur, tratado que cobró vigencia en el 2011, y a través del cual se fijan lineamientos en materia de cooperación migratoria, basado en protección de los Derechos Humanos de los inmigrantes y los trabajadores de cara a la integración regional. Sin embargo, la crisis regional desatada por la situación que vive Venezuela, y con ella la presión y hasta conspiración de diversos países para desestabilizar al presidente Maduro, propiciaron la decisión del recién posesionado Iván Duque de retirar al país de Unasur2, con lo cual queda en el limbo todo lo allí ratificado.

 

A todo lo anterior se suma el componente socio–cultural, el cual se refiere a tres grandes campos problemáticos: 1. La construcción mediática de la inmigración venezolana, 2. La construcción del otro/ los/otros. 3. El nacionalismo que se enaltece y la cuestión de soberanía que se instala.

 

La construcción mediática de la inmigración venezolana

 

Es reiterado ver y escuchar en los diferentes medios oficiosos dominantes en Colombia un registro estigmatizante y muy politizado acerca de la movilidad de venezolanos hacia nuestro país3. Lo que se observa en algunos de estos registros es un encasillamiento de la persona inmigrante en temas de inseguridad, bandas delincuenciales o de microtráfico de droga, en especial en las zonas de frontera, temas que circulan constantemente y van instalando en el conjunto de la población una sensación de miedo e inseguridad frente a la población migrante.

 

De otra parte, en dichos medios se muestra la situación que viven los inmigrantes venezolanos durante su travesía, pero las noticias tienden a resaltar lo que han llamado “crisis en Venezuela”, “el drama de los venezolanos”, etcétera, que si bien es una situación compleja, se deja entrever el interés en continuar sosteniendo que los venezolanos huyen de la “dictadura de Maduro”, algo por cierto que ha sido utilizado por los políticos de tendencias conservadoras de turno en Colombia para hacer campaña política, dejando de lado la verdadera discusión política-institucional que demanda la realidad de tal emigración.

 

La construcción del otro/los/otros

 

Debido a este tratamiento mediático, se han vuelto populares dichos como: “nos viene a quitar el trabajo”, “los venezolanos se emplean por menos plata”, “hay mucha banda de ladrones venezolanos”, entre otros, han edificado poco a poco a la persona inmigrante de nacionalidad venezolana como el enemigo interno y responsable de todos los males que nos aquejan como sociedad. De esta forma, a su vez, se va creando una idea del otro/los otros, marcando una división concreta entre nosotros y ellos, esta forma de discriminación no solo genera el oído al extranjero (xenofobia), sino que instala barreras sociales que impiden la inclusión de la población inmigrante.

 

Esta forma particular de segregación también tiene tintes nacionalistas que generan exclusión, abusos y formas de violencia específica, que son más fuertes que cualquier muro de bloques de concreto construido, por ejemplo, en la frontera entre Estados Unidos y México. Romper estas paredes de concreto (socio-cultural) es complejo, porque se trata de generalizaciones negativas que se instalan fácilmente en el sentido común y provocan comportamientos excesivos mal intencionados y abusos contra los que no son de acá.

 

El nacionalismo que se enaltece, y la cuestión de soberanía que se instala

 

Diferentes estudios en materia migratoria, como el de Sassen (2015), dan cuenta que, en situaciones y contextos sociopolíticos particulares, las poblaciones inmigrantes suelen utilizarse como “chivo expiatorio”, para resaltar decisiones políticas institucionales de control y seguridad o responsabilizar de los problemas sociales, políticos y económicos de un país, todo ello de cara a indilgar al extranjero una responsabilidad particular con la cual no tiene una vinculación directa. Por ejemplo, como sucedió durante las recientes elecciones presidenciales en Colombia (2018-2022), donde los políticos en campaña utilizaron a la inmigración del país vecino para sus propósitos electorales con el argumento de que “Colombia no puede convertirse como Venezuela” o que “Colombia no puede llegar a ser castrochavista”, entre otras manipulaciones.

 

De esta manera crean una idea falsa de soberanía y nacionalismo a través nuevamente, del tratamiento mediático y de los discursos de los políticos en campaña. Soberanía, porque se instala la idea –falsa– de lo nuestro (el cuidado de lo propio), y nacionalismo (patriotismo) en cuanto a exaltación de lo colombiano, aspectos que se consideran amenazados por el “extranjero”, en este caso por Venezuela y su actual régimen político, el cual es considerado contrario a los intereses de los grupos dominantes en nuestro país.

 

Lo anterior plantea una pregunta formulada por algunos migrantólogos ¿por qué algunos “extranjeros” indignan más que otros? Esto en comparación, por ejemplo, con movimientos de actividades economías globales extractivistas agenciadas por complejas corporaciones extranjeras, las cuales cuentan con facilidades estatales, sin generar las mismas críticas e indignaciones soberanas y nacionalistas que propicia la migración venezolana y su régimen político.

 

Este fenómeno es la evidencia empírica del uso de la migración como “chivo expiatorio”, para despertar desenfocados nacionalismos, los mismos que distraen a las mayorías sociales de los problemas de fondo ligados con la presencia de extranjeros (corporativos), que extraen riquezas naturales en el territorio colombiano y que no denuncian ni cuestionan, sino, por el contrario, se legitiman.

 

El reto

 

La movilidad de venezolanos hacia Colombia definitivamente pone en tensión el Sistema Nacional de Migración (SNM) y la política de migraciones, la institucionalidad que tiene como responsabilidad la protección de los derechos de las poblaciones inmigrantes y su integración a los planes y proyectos que el Gobierno tenga estipulado, pero también el presupuesto nacional, ya que el SNM no cuenta con los recursos suficientes para cumplir con los objetivos y metas planteadas en los diferentes instrumentos legales. A su vez, plantea importantes desafíos político–institucionales, económicos y socio-culturales, que demandan la necesidad de una política que esté acorde a las necesidades de la población inmigrante, desde una perspectiva integral incluyente, de respeto y garantía a los derechos humanos de los inmigrantes trabajadores y sus familias.

 

En este sentido toma forma el reto de una ética ciudadana y política donde la forma de abordar dicha realidad social sea a partir de un tratamiento que reivindique la vida y el Derecho Humano a migrar en términos dignos y en cuanto a acciones, decisiones y organización política-institucional definidas en función de la exaltación, la gratificación, el posibilitamiento y el cuidado de la vida y las necesidades reales de dicha población con perspectiva de futuro.

 

 

* Candidato a Doctor en Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de General Sarmiento (Ungs-Ides), Buenos Ares-Argentina, Magíster en Estudios políticos y comunicador social. Docente universitario, investigador del Colectivo de Estudios e Investigación social, Proyecto Ceis. Coordinador Diplomado en Migración, Territorio y DDHH, Universidad Nacional de Avellaneda. (Bs. As. Argentina).
1 Entiéndase emigrar como el abandonar su propio país para establecerse en territorio extranjero. Por inmigración, como acción y efecto de inmigrar, según el Diccionario de la Real Academia Española. En otras palabras, la inmigración es el proceso posterior que acontece en el país o lugar de llegada, es decir, es el efecto que surge una vez se efectúa la salida de personas de un país, región o lugar determinados para dirigirse a otro.
2 El presidente de Colombia, Iván Duque, decidió la salida de Colombia de Unasur porque considera a dicho organismo como “caja de resonancia de la dictadura” venezolana. Una vez más se observa cómo se politiza la situación inmigratoria que comparten ambos países, dejando de lado decisiones contundentes que favorezcan y protejan a la población venezolana que emigra hacia Colombia.
3 Hay dos aspectos de interés a resaltar con relación a las características de la emigración venezolana hacia Colombia y que el mismo Christian Krüger, Director General de Migración Colombia, reconoce. El primero es que los venezolanos que están llegando al país lo utilizan como puente para dirigirse a terceros países como “Ecuador, Estados Unidos, Panamá, Perú y Chile”. Segundo, “que según un estudio realizado en frontera por la Cancillería y la OIM, se logró evidenciar que cerca del 40% de las personas que ingresan por nuestra frontera son portadores de doble nacionalidad, mientras que el 30% son colombianos y el otro 30% ciudadanos venezolanos”. Lo que significa que en un porcentaje importante los ciudadanos que están llegando a nuestro país son colombianos que eran residentes en Venezuela y ahora, debido a la situación en ese país, están retornando. Así se evidencia en el informe de Migración del Ministerio de Relaciones Exteriores titulado: “Radiografía de venezolanos en Colombia 2017”. De otra parte, en relación a las cifras, según el mismo informe: “la Agencia para los Refugiados de la ONU afirma que son 300.000 y la Asociación de Venezolanos en Colombia asegura que son más de 1.000.000 de personas”, “Están pasando más de 40.000 personas diarias”, aseguró el alcalde de Villa del Rosario…”, “En los últimos 3 años el país ha atendido la salud de 14.362 venezolanos…”, “…al país entraron mensualmente más de cuarenta mil venezolanos…”, “…El éxodo ha aumentado de cientos a miles…”, “En el Valle de Aburra votaron 11.560 venezolanos…”, “En nueve puntos de Medellín y el Valle de Aburrá se adecuaron las mesas para que los más de 7.000 venezolanos radicados en Antioquia…”, “…actualmente hay entre 3.000 y 5.000 venezolanos en la región”.

 

Bibliografía

 

Ministerio de Relaciones Exteriores. Migración. (2017). Radiografía de venezolanos en Colombia.
Nicolao, Julieta. (2010). El Estado argentino ante el reto de las migraciones internacionales: reflexiones del reciente cambio de rumbo en la política migratoria argentina. UAEMex, Revista Convergencia. Ciencias de Sociales. Nº. 53, mayo. pp. 205-228.
Sassen, S. (2013). Inmigrantes y ciudadanos. De las migraciones masivas a la Europa fortaleza. Siglo XXI. España Editores, S.A.
Maldonado. E. (2018). Política + Tiempo =Biopolitica. Complejizar la política. Ediciones desde abajo. Bogotá, D.C–Colombia.

Publicado enEdición Nº250
Garantizar los derechos de libertad sindical,  de asociación, negociación y huelga, es fundamental para la paz

El despido de más de cien pilotos de Avianca, la criminalización de la protesta social y sindical, la tercerización del mundo del trabajo, entre otras señales, son la evidencia de que los patrones y el Estado siguen viendo a los trabajadores como enemigos. Una realidad que amerita un análisis.



desde abajo (da): Indican los hechos ocurridos últimamente, sobre todo con el sindicato de pilotos de Avianca, que estamos ante una política de persecución en contra del sindicalismo?
Edgar Mojica Vanegas (EMV): La respuesta me obliga a mirar el contexto, detallar lo que le está ocurriendo a los trabajadores y al movimiento sindical en su conjunto. Y en ello, lo primero por precisar es que vivimos un ataque contra los derechos de libertad sindical, que es un poco lo que ilustra el caso de los pilotos de Avianca.

 

da. ¿A qué se refiere?
EMV. A que los derechos de libertad sindical tienen 3 pilares fundamentales: el derecho de asociación, el de negociación y el derecho a huelga, pilares que deben estar articulados en términos de garantía y desarrollo para consolidar esa libertad sindical.

 

da. ¿Qué sucede con el derecho de asociación?
EMV. Ese es un derecho proscrito para los trabajadores colombianos. La taza de sindicalización acá alcanza un escaso 4 por ciento; es decir, de 22 millones de trabajadores laboralmente activos, solo el 4 por ciento logra sindicalizarse, lo que muestra la pervivencia de una cultura antisindical en nuestro país, es decir, que a los trabajadores que deciden organizarse en un sindicato los persiguen, y a los que no persiguen, los cohíben de manera legal, vía contractual, para que no se sindicalicen.

 

da. ¿Opera el derecho a negociación?
EMV. Ojalá. Dos ejemplos para mostrarlo, en especial en el sector estatal. Solo hasta hace 6 años este sector pudo acceder a negociación de carácter colectiva; y ligado a eso, existe una brecha muy grande en el cumplimiento de lo acordado. Por ejemplo, los pliegos del 2013 y del 2015 de los estatales tienen un incumplimiento del 60 por ciento, especialmente en cubrimiento de nómina, y en nivelación salarial. Y lo mismo pasa con Fecode, cuyo pliego tiene un nivel de incumplimiento del 80 por ciento.

 

Esta situación empeora si miramos el derecho a huelga, pues su legalidad o ilegalidad es un debate internacional. Resalto esto porque en la Organización Internacional del Trabajo (OIT) los empresarios y los gobiernos, que son dos de las tres partes que asisten a la Conferencia –la otra parte son los trabajadores–, están buscando un acuerdo para derogar el derecho a huelga a nivel mundial. Es decir, que no es solamente un problema de Colombia, sino que hay una intencionalidad mundial de proscribir este derecho.

 

da. Entonces, ¿lo sucedido con los pilotos de Avianca es parte de una dinámica mundial?
EMV. Sí, hay un ambiente de arrebatar derechos. Como tal vez recuerde, los pilotos de Avianca, inician un proceso de negociación, que fue maltratado por buena parte de la prensa colombiana, ridiculizando lo que se pretendía en ese ejercicio de negociación colectiva; luego deslegitiman la huelga declarando ilegal el derecho a la misma, inclusive con casos de prejuzgamiento como el de la Ministra de Trabajo, que cataloga el conflicto como ilegal antes de que un juez así procediera. Al final, despiden a más de cien, incluyendo sus directivos; los sancionados también son por docenas.

 

da. Pero el derecho esta estipulado hasta en la Constitución Política…
EMV. Así es, pero la enseñanza es que no basta con que los derechos, como el de libertad sindical, estén enunciados en la Constitución Política, sino que tiene que existir un ejercicio de parte del gobierno y de los empresarios para su reconocimiento, garantía y desarrollo.

 

da. ¿Podría decirse que esta negación vía legal, legitimada en lo social con apoyo de los medios oficiosos de información, también se materializa vía negación de los derechos humanos?
EMV. Sí. En la Central Unitaria de Trabajadores (CUT), como en otros sectores sociales, a esa realidad la denominamos criminalización de la protesta social y sindical. Sobre este tema, entre la CUT y la CTC realizamos un seminario en el 2015 (Protestar no es delito), y discutimos sobre la criminalización de la protesta social-sindical; allí identificamos, primero, el trato militar de los conflictos laborales, donde Ejército y Esmad entran a violentar algo que en cualquier parte del mundo es resuelto de manera formal, pero aquí no, aquí implica intimidación, miedo, encarcelamiento y hasta muertos.
Lo segundo que identificamos fue el incremento de amenazas contra la dirigencia sindical, punto relacionado con el conjunto del movimiento social que en el 2017 sufrió el asesinato de 252 líderes sociales, y en enero del 2018, otros 23. Esto, junto con el incremento y la presencia efectiva del paramilitarismo, que sigue controlando territorios y sus recursos, como lo demostró con el paro realizado hace unos meses en Antioquia, Chocó y zonas de Córdoba.

 

da. ¿Cómo es el diagnóstico de esta violencia en el campo sindical?
EMV. Durante los 8 años del mandato Santos, han asesinado 160 líderes sindicales, con una impunidad del 90 por ciento. Esto ligado a un consolidado histórico – últimos 40 años– de 3.500 asesinatos de dirigentes sindicales, con índices de impunidad por encima del 90 por ciento,

 

da. Un tema relacionado con la lucha por el derecho al trabajo es el modelo de contratación que han impuesto los patrones con ayuda del Estado, ¿puede decirnos algo sobre este partículas?
EMV. En términos clásicos, valga decir, los trabajadores regulamos nuestro ejercicio laboral mediante una figura denominada contrato laboral, con el cual, bien que mal, existen unas garantías de carácter legal, y en ocasiones de carácter convencional –cuando se accede al derecho de negociación colectiva. Pero esa figura está desapareciendo, y de ello da cuenta la tercerización laboral, con la cual la contratación laboral queda reducida a una relación netamente comercial en la que usted, por una orden de prestación de servicios, o por un contrato completamente informal sin ningún tipo de garantía laboral, vende su fuerza de trabajo en condiciones, algunas veces infrahumanas, como las del teletrabajo, o las de los trabajadores del sector textil o agrario en varias partes de nuestro país, a los que ni siquiera les reconocen el salario mínimo.

 

Más derechos en peligro

 

da: En un documento la Anif (Asociación Nacional de Instituciones Financieras) le propone a los candidatos presidenciales desregularizar aun más el mundo del trabajo, inclusive rebajar el salario por debajo del mínimo como “únicas medidas” para mantener el desarrollo económico en el país, así como reducir los tributos al empresariado, ¿qué opinión tiene sobre esto?
EMV: El gobierno nacional ha descargado desde siempre, y en gran medida, el costo fiscal del país en los trabajadores. Asimismo, los patrones, con la ayuda del Estado, siempre han pretendido reducir hasta el mínimo posible lo que devengamos quienes vendemos nuestra fuerza de trabajo. No aceptan que realmente somos nosotros el mayor motor de la economía, no solamente por nuestra capacidad productiva sino por nuestra capacidad de acceder al mercado para adquirir bienes de consumo, es decir que con nuestros salarios movemos la economía del país.

 

Para sus propuestas y medidas se valen de supuestas recomendaciones –que más bien son mandatos– de organizaciones internacionales. En este caso lo están haciendo a partir de lo dicho el año pasado por la calificadora de riesgos financieros Standard & Poor’s, que expresó sobre nuestro país, palabras más, palabras menos: “definitivamente su puntaje no es el ideal para que se haga inversión, le sugiero que realice nuevamente una reforma tributaria, y que realice una reforma de carácter pensional”.

 

da. ¿Qué dijo el gobierno sobre este particular?
EMV. El Ministro de Hacienda y Santos fueron a Estados Unidos a reunirse con esa calificadora, de lo cual sale un documento de 600 páginas, en el cual, de nuevo, nos transfieren a los trabajadores la responsabilidad de cubrir lo que está haciendo falta en los ingresos nacionales, para lo cual recomiendan realizar una nueva reforma tributaria, y otra a las pensiones, con la que pretenden aumentar la cotización y disminuir el monto de la pensión, para que pase del 75 al 65 por ciento (sobre el promedio de los últimos 10 años cotizados); así como igualar y aumentar el tiempo de pensión para hombres y mujeres, argumentando que tenemos un promedio de vida que nos permite trabajar hasta los 68 años de edad, Como si fuera poco, y de acuerdo a las exigencias de los fondos de pensiones, el gobierno pretende eliminar Colpensiones, y pasar a fortalecer los fondos privados.

 

da. La ofensiva es total: ilegalizan huelgas, niegan el derecho a sindicalizarse, reducen salarios, criminalizan la protesta sindical y social..
EMV. Así es, con lo cual demuestran que existe una alianza del capital y el Estado para defender sus intereses macroeconómicos, para que los trabajadores paguen por sus derechos con acciones como el despido. Entonces, el llamado que hacemos desde la CUT es a que, hoy más que nunca, los derechos de libertad sindical y la defensa de los derechos humanos deben ser reivindicados en este país.

 

Sino proceden así están proscribiendo cualquier posibilidad real de pacificación. Vamos a trabajar por una paz con cambios y transformaciones reales, con tres pilares fundamentales: los derechos de libertad sindical, de asociación, negociación y huelga.

Publicado enColombia
Garantizar los derechos de libertad sindical,  de asociación, negociación y huelga, es fundamental para la paz

El despido de más de cien pilotos de Avianca, la criminalización de la protesta social y sindical, la tercerización del mundo del trabajo, entre otras señales, son la evidencia de que los patrones y el Estado siguen viendo a los trabajadores como enemigos. Una realidad que amerita un análisis.



desde abajo (da): Indican los hechos ocurridos últimamente, sobre todo con el sindicato de pilotos de Avianca, que estamos ante una política de persecución en contra del sindicalismo?
Edgar Mojica Vanegas (EMV): La respuesta me obliga a mirar el contexto, detallar lo que le está ocurriendo a los trabajadores y al movimiento sindical en su conjunto. Y en ello, lo primero por precisar es que vivimos un ataque contra los derechos de libertad sindical, que es un poco lo que ilustra el caso de los pilotos de Avianca.

 

da. ¿A qué se refiere?
EMV. A que los derechos de libertad sindical tienen 3 pilares fundamentales: el derecho de asociación, el de negociación y el derecho a huelga, pilares que deben estar articulados en términos de garantía y desarrollo para consolidar esa libertad sindical.

 

da. ¿Qué sucede con el derecho de asociación?
EMV. Ese es un derecho proscrito para los trabajadores colombianos. La taza de sindicalización acá alcanza un escaso 4 por ciento; es decir, de 22 millones de trabajadores laboralmente activos, solo el 4 por ciento logra sindicalizarse, lo que muestra la pervivencia de una cultura antisindical en nuestro país, es decir, que a los trabajadores que deciden organizarse en un sindicato los persiguen, y a los que no persiguen, los cohíben de manera legal, vía contractual, para que no se sindicalicen.

 

da. ¿Opera el derecho a negociación?
EMV. Ojalá. Dos ejemplos para mostrarlo, en especial en el sector estatal. Solo hasta hace 6 años este sector pudo acceder a negociación de carácter colectiva; y ligado a eso, existe una brecha muy grande en el cumplimiento de lo acordado. Por ejemplo, los pliegos del 2013 y del 2015 de los estatales tienen un incumplimiento del 60 por ciento, especialmente en cubrimiento de nómina, y en nivelación salarial. Y lo mismo pasa con Fecode, cuyo pliego tiene un nivel de incumplimiento del 80 por ciento.

 

Esta situación empeora si miramos el derecho a huelga, pues su legalidad o ilegalidad es un debate internacional. Resalto esto porque en la Organización Internacional del Trabajo (OIT) los empresarios y los gobiernos, que son dos de las tres partes que asisten a la Conferencia –la otra parte son los trabajadores–, están buscando un acuerdo para derogar el derecho a huelga a nivel mundial. Es decir, que no es solamente un problema de Colombia, sino que hay una intencionalidad mundial de proscribir este derecho.

 

da. Entonces, ¿lo sucedido con los pilotos de Avianca es parte de una dinámica mundial?
EMV. Sí, hay un ambiente de arrebatar derechos. Como tal vez recuerde, los pilotos de Avianca, inician un proceso de negociación, que fue maltratado por buena parte de la prensa colombiana, ridiculizando lo que se pretendía en ese ejercicio de negociación colectiva; luego deslegitiman la huelga declarando ilegal el derecho a la misma, inclusive con casos de prejuzgamiento como el de la Ministra de Trabajo, que cataloga el conflicto como ilegal antes de que un juez así procediera. Al final, despiden a más de cien, incluyendo sus directivos; los sancionados también son por docenas.

 

da. Pero el derecho esta estipulado hasta en la Constitución Política…
EMV. Así es, pero la enseñanza es que no basta con que los derechos, como el de libertad sindical, estén enunciados en la Constitución Política, sino que tiene que existir un ejercicio de parte del gobierno y de los empresarios para su reconocimiento, garantía y desarrollo.

 

da. ¿Podría decirse que esta negación vía legal, legitimada en lo social con apoyo de los medios oficiosos de información, también se materializa vía negación de los derechos humanos?
EMV. Sí. En la Central Unitaria de Trabajadores (CUT), como en otros sectores sociales, a esa realidad la denominamos criminalización de la protesta social y sindical. Sobre este tema, entre la CUT y la CTC realizamos un seminario en el 2015 (Protestar no es delito), y discutimos sobre la criminalización de la protesta social-sindical; allí identificamos, primero, el trato militar de los conflictos laborales, donde Ejército y Esmad entran a violentar algo que en cualquier parte del mundo es resuelto de manera formal, pero aquí no, aquí implica intimidación, miedo, encarcelamiento y hasta muertos.
Lo segundo que identificamos fue el incremento de amenazas contra la dirigencia sindical, punto relacionado con el conjunto del movimiento social que en el 2017 sufrió el asesinato de 252 líderes sociales, y en enero del 2018, otros 23. Esto, junto con el incremento y la presencia efectiva del paramilitarismo, que sigue controlando territorios y sus recursos, como lo demostró con el paro realizado hace unos meses en Antioquia, Chocó y zonas de Córdoba.

 

da. ¿Cómo es el diagnóstico de esta violencia en el campo sindical?
EMV. Durante los 8 años del mandato Santos, han asesinado 160 líderes sindicales, con una impunidad del 90 por ciento. Esto ligado a un consolidado histórico – últimos 40 años– de 3.500 asesinatos de dirigentes sindicales, con índices de impunidad por encima del 90 por ciento,

 

da. Un tema relacionado con la lucha por el derecho al trabajo es el modelo de contratación que han impuesto los patrones con ayuda del Estado, ¿puede decirnos algo sobre este partículas?
EMV. En términos clásicos, valga decir, los trabajadores regulamos nuestro ejercicio laboral mediante una figura denominada contrato laboral, con el cual, bien que mal, existen unas garantías de carácter legal, y en ocasiones de carácter convencional –cuando se accede al derecho de negociación colectiva. Pero esa figura está desapareciendo, y de ello da cuenta la tercerización laboral, con la cual la contratación laboral queda reducida a una relación netamente comercial en la que usted, por una orden de prestación de servicios, o por un contrato completamente informal sin ningún tipo de garantía laboral, vende su fuerza de trabajo en condiciones, algunas veces infrahumanas, como las del teletrabajo, o las de los trabajadores del sector textil o agrario en varias partes de nuestro país, a los que ni siquiera les reconocen el salario mínimo.

 

Más derechos en peligro

 

da: En un documento la Anif (Asociación Nacional de Instituciones Financieras) le propone a los candidatos presidenciales desregularizar aun más el mundo del trabajo, inclusive rebajar el salario por debajo del mínimo como “únicas medidas” para mantener el desarrollo económico en el país, así como reducir los tributos al empresariado, ¿qué opinión tiene sobre esto?
EMV: El gobierno nacional ha descargado desde siempre, y en gran medida, el costo fiscal del país en los trabajadores. Asimismo, los patrones, con la ayuda del Estado, siempre han pretendido reducir hasta el mínimo posible lo que devengamos quienes vendemos nuestra fuerza de trabajo. No aceptan que realmente somos nosotros el mayor motor de la economía, no solamente por nuestra capacidad productiva sino por nuestra capacidad de acceder al mercado para adquirir bienes de consumo, es decir que con nuestros salarios movemos la economía del país.

 

Para sus propuestas y medidas se valen de supuestas recomendaciones –que más bien son mandatos– de organizaciones internacionales. En este caso lo están haciendo a partir de lo dicho el año pasado por la calificadora de riesgos financieros Standard & Poor’s, que expresó sobre nuestro país, palabras más, palabras menos: “definitivamente su puntaje no es el ideal para que se haga inversión, le sugiero que realice nuevamente una reforma tributaria, y que realice una reforma de carácter pensional”.

 

da. ¿Qué dijo el gobierno sobre este particular?
EMV. El Ministro de Hacienda y Santos fueron a Estados Unidos a reunirse con esa calificadora, de lo cual sale un documento de 600 páginas, en el cual, de nuevo, nos transfieren a los trabajadores la responsabilidad de cubrir lo que está haciendo falta en los ingresos nacionales, para lo cual recomiendan realizar una nueva reforma tributaria, y otra a las pensiones, con la que pretenden aumentar la cotización y disminuir el monto de la pensión, para que pase del 75 al 65 por ciento (sobre el promedio de los últimos 10 años cotizados); así como igualar y aumentar el tiempo de pensión para hombres y mujeres, argumentando que tenemos un promedio de vida que nos permite trabajar hasta los 68 años de edad, Como si fuera poco, y de acuerdo a las exigencias de los fondos de pensiones, el gobierno pretende eliminar Colpensiones, y pasar a fortalecer los fondos privados.

 

da. La ofensiva es total: ilegalizan huelgas, niegan el derecho a sindicalizarse, reducen salarios, criminalizan la protesta sindical y social..
EMV. Así es, con lo cual demuestran que existe una alianza del capital y el Estado para defender sus intereses macroeconómicos, para que los trabajadores paguen por sus derechos con acciones como el despido. Entonces, el llamado que hacemos desde la CUT es a que, hoy más que nunca, los derechos de libertad sindical y la defensa de los derechos humanos deben ser reivindicados en este país.

 

Sino proceden así están proscribiendo cualquier posibilidad real de pacificación. Vamos a trabajar por una paz con cambios y transformaciones reales, con tres pilares fundamentales: los derechos de libertad sindical, de asociación, negociación y huelga.

Publicado enEdición Nº244
Ernesto Cardenal es autor de "Epigrama" y "Oración por Marilyn Monroe",

 

La justicia de Nicaragua exige que el multipremiado poeta pague 800.000 dólares por una confusa causa de 2006 y la asociación mundial de escritores pide que "cesen los hostigamientos"

 

 La justicia de Nicaragua reanudó una demanda contra el poeta y sacerdote Ernesto Cardenal por una supuesta multa de 800.000 dólares en concepto de “daños y perjuicios” por una disputa relacionada con la propiedad de unos terrenos del archipiélago de Solentiname, precisamente donde Cardenal escribió “El Evangelio en Solentiname” en 1975. El poeta ya denunció que este conflicto judicial es “una persecución política en su contra” y la asociación mundial de escritores, PEN Internacional, exhortó a las autoridades nicaragüenses a “cesar el hostigamiento”.

La causa contra el multipremiado poeta, autor de "Epigrama" y "Oración por Marilyn Monroe", se inició en 2005 por una demanda de Nubia del Socorro Arcia Mayorga, ex administradora del Hotel Mancarrón. Esta propiedad había sido una escuela construida por fondos de la cooperación alemana después de la dictadura de Anastasio Somoza, pero mucho antes del triunfo de la Revolución Sandinista había sido adquirida por Cardenal para fundar una comunidad de campesinos a quienes, además de enseñarles a leer y escribir, les enseñó pintura y artesanía.

En la década de los noventa, tras la derrota electoral del sandinismo, la Asociación para el Desarrollo de Solentiname decidió convertir las instalaciones de la escuela en un hotel, administrado por Alejandro Guevara, un campesino formado por Cardenal. Guevara murió y la asociación decidió nombrar a Arcia Mayorga, su viuda, como administradora. La mujer reclamó el hotel como herencia y en 2002 decidió demandar al poeta.

En 2008, la acusación llegó al climax y el poeta denunció en una carta pública que Ortega y su esposa, Rosario Murillo, estaban usando la querella legal para perseguirlo políticamente porque él había cortado todo vínculo con el Frente Sandinista de Liberación Nacional.

Cardenal se enteró el viernes pasado en La Gaceta, el diario oficial, que se le exige pagar una suma de 800 mil dólares, en concepto de indemnización por daños y perjuicios por supuesto incumplimiento de contrato a Arcia Mayorga. “La persecución política es incesable, las calumnias y falsas reclamaciones económicas, por una justicia subjetiva a los intereses políticos del actual gobierno Ortega/Murillo”, escribió a las pocas horas el poeta en su cuenta de Facebook. Y agregó: “Si yo guardo silencio ante semejantes ataques políticos, ¿quién será el siguiente?”.

En un comunicado, el PEN, presidido por la novelista Gioconda Belli, expresó su más “rotunda solidaridad” con el “ícono” de América Latina.“Creemos que sus posiciones valientes, directas y críticas a la situación de Nicaragua bajo el gobierno, desde 2007, de Daniel Ortega, son las que le han causado perjuicios y persecución", sostuvo la organización.

También el escritor Sergio Ramírez, premio Internacional Carlos Fuentes y Premio Alfaguara de Novela, deploró el fallo “por un proceso que le iniciaron hace tiempo”. “El poder quiere humillarlo y dejarlo en la calle. Su casa es el único bien que posee en esta tierra y cuando lo subasten, no servirá que sepan que por esa puerta pasaron Gunter Grass, Graham Greene, García Márquez o Julio Cortázar”, expresó Ramírez.

 

 

Publicado enInternacional
Sábado, 16 Julio 2016 06:29

Filmar un crimen no es un delito

Filmar un crimen no es un delito

Manifestaciones contra la violencia policial han sacudido Estados Unidos tras el reciente asesinato por parte de la policía de dos hombres afroestadounidenses: Alton Sterling en Louisiana y Philando Castile en Minnesota. Las imágenes en video de sus asesinatos, registradas por ocasionales testigos y publicadas en Internet, provocaron el espanto de millones de personas en todo el mundo. Sin embargo, quienes filman la violencia policial afrontan cada vez más persecución, acoso, detención e, incluso, la cárcel.

 

El 5 de julio de 2016, Alton Sterling estaba vendiendo CDs frente a la tienda de un amigo en Baton Rouge, Louisiana, cuando la policía lo embistió y lo mató de un disparo. El propietario de la tienda, Abdullah Muflahi, filmó lo ocurrido con su teléfono celular y contó lo que vio ese día en el programa Democracy Now!:


“Él no sabía lo que estaba sucediendo. [Alton] se veía confundido. Les decía todo el tiempo: ‘¿Qué hice? ¿Qué está sucediendo? No hice nada malo’.

 

Cuando salí de la tienda ya lo estaban golpeando encima de un automóvil y le estaban disparando con una pistola Taser. En ese momento, otro oficial corre y lo tira al suelo. Y a continuación ambos policías comienzan a golpearlo en el suelo”.


Alton Sterling estaba tirado de espaldas sobre la acera mientras dos oficiales de policía de Baton Rouge, ambos blancos y corpulentos, lo sujetaban contra el suelo. En cuestión de segundos, los oficiales le dispararon a Alton Sterling a quemarropa y lo mataron.


Abdullah Muflahi añadió: “Después de que le dispararon, no estoy seguro de lo que dijo uno de los policías que estaba allí, pero el otro oficial, el que estaba cerca de mí, le respondió: ‘Que se joda. Déjalo ahí tirado’, en referencia a Sterling. En ese momento me metieron en el asiento trasero del patrullero”.


Abdullah Muflahi estuvo detenido durante seis horas, confiscaron su teléfono y, sin una orden judicial, la policía confiscó la cámara de seguridad de la tienda, además del equipo de grabación. Muflahi entabló una demanda contra la policía.


Una pareja que se encontraba en un automóvil a metros de donde estaba Sterling también grabó lo sucedido. El video llegó a manos de Chris LeDay, un oficial retirado de la Fuerza Aérea de Baton Rouge que ahora vive en Atlanta, que inmediatamente lo publicó en Internet. LeDay es un músico que tiene muchos seguidores en las redes sociales. “Cuando obtuve el video, lo primero que quería hacer era difundirlo porque fue un caso de asesinato a sangre fría. Quería publicar el video para que todo el mundo pudiera verlo, para que los policías dejen de cometer estas atrocidades impunemente”.


El video se volvió viral y, poco después, Chris LeDay fue detenido por la policía. LeDay trabaja en un centro de la Reserva de la Fuera Aérea de Estados Unidos en Dunwoody, Georgia. Lo detuvieron cuando estaba ingresando a la base. Cuando preguntó por qué lo estaban arrestando le dijeron que:

 

“encajaba con el perfil”. Cuando preguntó con qué perfil, no le respondieron. Este ex oficial afroestadounidense de la Fuerza Aérea que mide 1.90 metros y pesa 120 kilos se asustó. Dijo en Democracy Now!:


“Al cabo de media hora vi que venían más oficiales. Cada vez había más oficiales, así que decidí actuar y publicarlo en Facebook. Etiqueté a mi madre y a mi padre para que supieran lo que estaba ocurriendo. Escribí: ‘En este momento estoy rodeado de oficiales de la policía metropolitana y militar. No sé qué está sucediendo, pero quiero que sepan que si sucede algo no me resistiré’”.


Chris LeDay fue esposado, encadenado, lo obligaron a ponerse un overol naranja y lo detuvieron durante 26 horas. ¿La acusación? No haber pagado multas de tránsito.


Esta semana se cumplen dos años del asesinato por parte de la policía de Eric Garner en Staten Island, Nueva York. El 17 de julio de 2014, después de que un oficial de policía le aplicara una llave de estrangulamiento y otros oficiales se pusieran encima de él, Eric Garner logró decir: “No puedo respirar” once veces antes de morir. Sabemos esto únicamente porque un testigo, Ramsey Orta, filmó la agresión con su teléfono celular. El video tuvo amplia difusión. Ninguno de los oficiales del Departamento de Policía de Nueva York fue acusado del asesinato de Eric Garner.


Ramsey Orta nos dijo que la policía lo persiguió y acosó inmediatamente después de que se publicara el video. Una de las veces que lo detuvieron, Orta declaró que le dijeron: “Nos filmaste, ahora te estamos filmando”. Ramsey Orta acaba de llegar a un acuerdo mediante el cual cumplirá una pena de prisión de cuatro años por otras acusaciones no relacionadas con el caso, por lo que es la única persona presente en el momento de la muerte de Garner que irá a prisión.


Filmar un crimen no es un delito, es un servicio a la comunidad. La policía debe dejar de acosar a los ciudadanos que facilitan pruebas de video de la brutalidad policial.


Traducción al español del texto en inglés: Mercedes Camps. Edición: María Eva Blotta y Democracy Now! en español, Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.

Publicado enSociedad
La violencia racial en EU congela la lucha presidencial

La violencia racial –más bien la oficial contra las minorías y sus consecuencias– se impuso sobre la agenda política nacional la semana pasada. Algunos funcionarios advirtieron que el país está en un "barril de pólvora", pero en esta coyuntura crítica los ausentes más notables fueron los dos virtuales candidatos a la presidencia.

No es que se hayan esfumado, sino que no figuraron en Wa-shington y en los medios. Menos en las calles. Su participación no incidió en el debate nacional, ante la muerte de dos afroestadunidenses a manos de policías, los decesos de cinco policías en Dallas por un veterano de guerra negro y las movilizaciones de miles –junto con el arresto de más de 300– en todo el país, en una protesta furiosa, pero generalmente pacífica, contra la violencia policiaca y su impunidad la semana pasada.

Algunos observadores se preocupan por que las bases de Donald Trump, junto con las de gran parte del Partido Republicano, que han nutrido un clima racista y xenófobo cada vez más alarmante, podrían detonar más violencia contra las comunidades minoritarias y migrantes del país.

"No hay mayor pesadilla para un gran número de blancos encabronados y asustados que armas en manos de minorías disparando contra blancos", comentó un líder latino a La Jornada. Advirtió que ello podría generar más violencia contra afroestadunidenses y latinos.

Posible respuesta a lo ocurrido en Dallas

 

Crece la inquietud de que podría haber actos de venganza de grupos ultraderechistas en respuesta a lo ocurrido en Dallas, tema alimentado por varias figuras, como el ex alcalde de Nueva York Rudolph Giuliani y la ex candidata a vicepresidenta Sarah Palin, quienes culpan al movimiento Black Lives Matter (Las Vidas Negras Importan) del fallecimiento de los policías blancos.

El presidente Barack Obama, quien regresó un día antes de lo programado de su gira por Europa para atender la crisis, está convocando a un foro entre líderes comunitarios, activistas y jefes de la policía en la Casa Blanca, pero antes viajará a Dallas para honrar a los agentes que perdieron la vida la semana pasada.

En sus declaraciones de la semana anterior, Obama insistió en que no se puede permitir que algunos individuos, policías o el hombre que decidió disparar contra agentes, definan "quiénes somos", e instó a la calma.

Defendió los derechos de protesta y libre expresión, y subrayó: "Alguien que está preocupado por el fracaso del sistema de justicia criminal y ataca a la policía está haciendo daño a la causa".

Mientras tanto, los virtuales candidatos presidenciales, el republicano Donald Trump y la demócrata Hillary Clinton, han intentado navegar las aguas agitadas por los incidentes de la semana anterior, pero siguen caracterizados por algo inusitado en tiempos recientes: ambos son desaprobados y considerados "no confiables", hasta deshonestos, por aproximadamente dos tercios de la población. Ninguno goza de "autoridad moral".

Hillary Clinton intentó hacer eco de las declaraciones del presidente Obama, al buscar una respuesta equilibrada afirmando que sí, que las "vidas negras valen". De igual forma, pidió calma y respeto a la policía por su peligrosa labor.

El nivel de desconfianza hacia Clinton lo revela una encuesta del Washington Post difundida ayer. La mayoría de los estadunidenses (56 por ciento) consideran errónea la decisión del director de la FBI, James Comey, la semana pasada, de no presentar cargos criminales contra ella por su manejo "extremamente descuidado" de su sistema de correo electrónico personal cuando era secretaria de Estado.

Trump buscó volverse una figura más presidencial y responsable al decir que los actos de la policía contra dos afroestadunidenses la semana pasada "carecían de sentido", y reiteró que se necesita "restablecer la ley y el orden" en esta nación. Hoy aseveró: "No únicamente soy el candidato de la ley y el orden, sino el de la compasión".

Muchos se preocupan –la ciudad de Cleveland está preparando a sus fuerzas de "ley y orden" para ello– porque durante la Convención Nacional Republicana, que se realizará la semana próxima, podrían surgir más actos violentos, sobre todo entre manifestantes que se oponen al multimillonario y su partido, y una amplia gama de agrupaciones racistas y ultraderechistas que prometen llegar a "defender a los fieles de Trump".

No tranquiliza que las autoridades estén prohibiendo en la zona de seguridad de la sede de la convención, en Cleveland, todo tipo de objetos, como pelotas de tenis, botellas de vidrio y pistolas y rifles de agua, pero no armas de fuego. Es Ohio. En ese estado, la ley "otorga el derecho" de portar armamento.

Agrupaciones que pugnan por los derechos civiles y otros temen que, a partir de los sucesos en Dallas, las autoridades inicien una ola de represión contra activistas y justifiquen una mayor vigilancia y espionaje contra los civiles. De hecho, el pasado fin de semana reaparecieron tanquetas en calles de algunas ciudades y el uso de gas lacrimógeno y pimienta. Asimismo, arrestos sin justificación.

Charles Ramsey, ex jefe de la policía de Washington y de Filadelfia, expresó ayer en un programa de NBC News que "estamos sentados sobre un barril de pólvora, en un punto muy crítico en la historia del país".

Ramsey, designado por Obama para encabezar una fuerza de tarea en 2014, advirtió que teme que habrá "algún incidente" en las convenciones nacionales de los dos partidos.

Trump manifestó: "Tenemos que ser solidarios con las fuerzas de seguridad pública, las cuales, tenemos que recordar, son la fuerza entre la civilización y el caos".

Pero para muchos, sobre todo en comunidades minoritarias, esas fuerzas son las que están generando el caos.

Publicado enInternacional
Conflicto racial en Estados Unidos: la imagen que recorre el mundo

La imagen de las protestas raciales en EEUU que está dando la vuelta al mundo.

 

De pie, sola en mitad de una gran avenida y protegiendo sus cosas con las manos. Una joven negra aguardó tranquilamente a que dos policías uniformados acudieran a detenerla durante las protestas que este domingo han tenido lugar en Baton Rouge (Lousiana, EEUU).


Su imagen, captada por el fotógrafo de Reuters Jonathan Bachman, se ha convertido en apenas unas horas en una de las fotografías más destacadas del conflicto racial que estos días vive EEUU tras el asesinato, la pasada semana, de dos jóvenes negros a manos de policías blancos, y el de cinco policías por parte de un francotirador negro en Dallas.


En declaraciones a The Atlantic, Bachman explicó que antes de tomar la fotografía la Policía ya había detenido a tres o cuatro de los manifestantes que anoche protestaron en esta localidad de Louisiana.


“Entonces me fijé en la gente que estaba haciendo frente a la Policía a un lado de la carretera”, relata. “Me giré hacia la derecha y creo que escuché a esa mujer decir algo sobre que iba a ser detenida. Y la vi ahí de pie en mitad de la carretera“, afirma el fotógrafo.


“Todo ocurrió muy rápido, pero puedo asegurar que ella no se iba a mover”, prosigue Bachman, quien pensó que la mujer estaba diciendo “vais a tener que venir y cogerme”. “Pensé que era un buen lugar para captar la imagen, porque ella estaba ahí con su vestido y venían dos policías a por ella. No fue muy violento: ella no dijo nada, no se resistió y los policías no la arrastraron”, añade.


Bachman cree que la imagen de esta joven, cuya identidad se desconoce, es “representativa de las manifestaciones pacíficas que han tenido lugar” en el país estos días. “Entiendo que los policías han sido atacados en otros lugares, pero aquí las cosas han sido pacíficas”, afirma.


Sin embargo, ayer domingo la Policía detuvo a casi un centenar de personas en Baton Rouge, entre ellas a varios activistas, como podemos ver en este vídeo:

Baton Rouge riot police


(Con información de The Huffintong Post y The Guardian)

Publicado enSociedad
Lunes, 13 Junio 2016 06:55

El orgullo de nuestra comunidad LGBTI

El orgullo de nuestra comunidad LGBTI

Hace unos días hice limpia en mis redes sociales. A raíz de un comentario en apoyo a la comunidad LGBTI salieron a relucir seguidores homofóbicos que no expresaron argumentos (¿qué argumento sería válido para justificar el odio a la diferencia y a la libertad?) sino que me cayeron encima con infinidad de insultos. Que me decían que me quemaría en el infierno, que era una sucia, cocha, pervertida sexual. Yo la tuve fácil porque solucioné el problema eliminando y bloqueando gente.

Pero la vida real no está en las redes sociales, ¿qué sucede con las agresiones verbales y físicas que sufrimos quienes somos parte de la comunidad LGBTI? ¿Qué sucede con la invisibilidad del sistema que nos niega los derechos que legítimamente nos corresponden? ¿Con los crímenes de odio? ¿Con la exclusión tanto en centros educativos como en los centros de trabajo? ¿Con la discriminación que está en las acciones más simples; como una mirada, un gesto?


Nos critican por nuestro colorido al celebrar el Orgullo, realmente la gente común cree que se trata de una especie de bacanal en el que se incluye todo tipo de drogas y variedad de orgías. Esta es la perspectiva de quienes ven a la comunidad LGBTI como la perversión de la raza humana.


Pero el mes del Orgullo no es más que la conmemoración de eventos trágicos que sufrió la comunidad LGBTI en décadas pasadas (en ese tiempo LGBT). Los disturbios de Stonewall (28 de junio de 1969), en el barrio neoyorquino de Greenwich Village, cuando la policía realizó redadas contra los manifestantes de la comunidad LGBTI que por primera vez exigían sus derechos en público y un alto la persecución policial que el gobierno ordenaba contra homosexuales.


Por tratarse de Estados Unidos y un barrio neoyorquino esta noticia le dio la vuelta al mundo e hizo visible lo invisible hasta entonces. ¡Y aquí estamos, como hemos estado desde el inicio de los tiempos y somos legión! Eso es el desfile del Orgullo, una celebración, nuestro pronunciamiento, nuestro manifiesto como comunidad.


Es una acción política en la que exigimos igualdad social, respeto a nuestros derechos, un alto a la homofobia y a los crímenes de odio. En donde nombramos a los mártires, en donde agradecemos a los ancestros por sus luchas que han abierto nuestro camino.

En donde reafirmamos nuestra lucha para abrir caminos a las siguientes generaciones.


Nuevamente 47 años después en Estados Unidos, la comunidad LGBTI sufre una embestida como la de Stonewall, en esta ocasión en un bar gay de Orlando, Florida, en la que un homofóbico abrió fuego matando a 50 personas e hiriendo a docenas. Por tratarse de Estados Unidos la noticia le ha dado al vuelta el mundo, y en consecuencia visibilizando a la comunidad LGBTI del mundo entero.


A cumplirse un año de la Ley del Matrimonio Igualitario y un aniversario más del Mes del Orgullo Gay. Esto enluta los corazones de la comunidad LGBTI, pero nos debería enlutar a todos, como cualquier otra masacre que se realiza por cualquier razón en cualquier lugar del mundo. Esto debería colocar al gabinete presidencial en una situación de emergencia y realizar enmiendas a la Ley de Armas, no es posible que cualquier persona pueda comprar un arma como si de un chicle se tratara.


Pero también en consecuencia llega hasta nuestros países, de sociedades con mentes patriarcales, misóginas y machistas. Y nos coloca frente al espejo y nos cuestiona, nos escupe en el rostro, ¿de qué estamos hechos los seres humanos? ¿En dónde está nuestra integridad, nuestra sensibilidad, el respeto que tanto profesamos y exigimos? ¿En dónde está lo que nos hace humanos? ¿En dónde está esa conciencia, ese ideal político que habla de derechos humanos para todos por igual? ¿Cuándo vamos a cambiar el sistema patriarcal que tanto daño nos hace a todos? ¿Cuándo vamos a condenar la homofobia y los crímenes de odio? ¿Cuándo vamos a dejar de discriminar y atacar a quien es diferente y ha tenido los arrestos para atreverse a vivir en libertad?


Este texto no busca adentrarse en fundamentalismos ni análisis de ningún tipo, ya he escrito al respecto y seguiré escribiendo siempre, hoy este texto es para enviar un abrazo a la comunidad LGBTI del mundo entero, en nuestro mes, el mes del Orgullo. Y para recordarles a los homofóbicos que discriminan y atacan y asesinan en crímenes de odio, que aquí estamos y que no nos vamos a ir a ningún lugar, ¡porque somos legión y tenemos el mismo derecho! Y que vendrán crías, millones de crías más, y que nos seguimos reproduciendo con la belleza de los jardines de multicolores, con el encanto del arcoíris, con la fecundidad que da el amor.


Y que seguiremos transformando este mundo, para volverlo más humano, más diverso, más fecundo, así se nos vaya la vida en ello.


Porque eso somos los LGBTI amor, amor puro y el amor no distingue de razas, credos, colores, géneros. El amor es del alma, el alma es esencia y los LGBTI hemos demostrado a través de los tiempos de qué estamos hechos. No será ahora que nos van a silenciar y exterminar. Somos como los girasoles: ¡seguimos viendo de frente al sol! Ése es nuestro Orgullo, ¡nuestra resistencia! Y sí, también aunque no les guste, ¡nuestra belleza singular!


En el mes del Orgullo y siempre, ¡somos legión!


Fuente: www. crónicasdeunainquilina.com

Publicado enSociedad
Una sentencia revela que la policía puede convertir los teléfonos pinchados en micrófonos de ambiente

Los teléfonos móviles intervenidos con autorización judicial pueden captar lo que pasa alrededor desde el mismo momento en que comienzan a recibir una llamada o la realizan, esto es, desde que comienzan a sonar los tonos, sin necesidad de que el receptor haya descolgado. Esta posibilidad, conocida por los miembros de las Fuerzas de Seguridad dedicados a tareas de investigación, trasciende ahora en una sentencia del Tribunal Supremo que además avala su práctica.

El Alto Tribunal confirmó el 3 de mayo los aspectos esenciales de una sentencia de la Audiencia Provincial de Pontevedra contra cinco personas por tráfico de drogas. Entre los motivos de los recursos que habían presentado sus defensas estaban intervenciones telefónicas practicadas bajo una serie de presuntas irregularidades. Entre ellas, “la utilización de los teléfonos móviles como micrófonos ambientales”.


Uno de los condenados se quejaba de "la utilización de los teléfonos móviles como micrófonos ambientales (donde la representación de Gabino Bernardino -nombre ficticio que utiliza el tribunal- amplia el quebranto al derecho a la intimidad personal y familiar, pues se graba una conversación con su hijo de seis años, antes de aceptar la llamada entrante)".


Ante esto, el Tribunal Supremo concluye que la autorización para grabar las llamadas de un móvil intervenido judicialmente abarca desde el mismo momento que se pulsa el botón de “llamar” o desde que suena el primer tono, si es que ese teléfono es el que la recibe.


“Únicamente cuando la llamada ha sido establecida y el móvil la recibe, antes de aceptarla el destinatario, el sistema comienza a grabar; es decir, la llamada, para la que existía acuerdo judicial de intervención y grabación, ya se había producido, con independencia de que si el destinatario no la acepta, no genere coste para quien la realiza”, se lee textualmente en la sentencia.


La capacidad para convertir los teléfonos intervenidos judicialmente en micrófonos de ambiente llegó con la instauración de Sitel, el Sistema de Interceptación Telefónica que comenzó a utilizarse en pruebas en 2004, explican fuentes policiales. A finales de 2009, el dirigente del PP Esteban González Pons acusó al entonces ministro del Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, de utilizar Sitel para espiar a "miles de españoles" sin control judicial.


La polémica se diluyó frente al argumento de que lo que había hecho Sitel era digitalizar y perfeccionar un sistema que antes grababa las conversaciones en rudimentarias cintas. La clave estaba en la utilización de la tecnología, si se hacía legalmente o no, algo que también podía ocurrir con el sistema analógico. Y no hubo pruebas de que Sitel fuera utilizado para pinchazos sin autorización judicial. Pero aquella polémica nunca abarcó la utilización de los teléfonos como micros de ambiente, sencillamente porque se desconocía que Sitel tuviera capacidad para hacer algo así.


El sistema informático permite activar la posibilidad de grabar desde que comienzan a sonar los tonos y también renunciar a ella, incluso permite decidir en el momento que se deja de grabar, que podría ser después de que acabara la comunicación del teléfono pinchado con autorización judicial, según las fuentes consultadas. En cualquier caso, el contenido del fallo del Tribunal Supremo descarta que la información recogida entonces sirviera como prueba y su incorporación podría invalidar toda la investigación.


Para que Sitel pueda ser utilizado, la Policía o la Guardia Civil deben presentar una petición razonada a un juez. En caso de que la respuesta sea afirmativa, el agente se dirigirá a la compañía telefónica con el mandamiento judicial y ésta liberará la línea para que entre Sitel.


Dos centrales y muchas ramificaciones


El Sistema de Intercepción Telefónica es una plataforma informática que tiene dos centrales de monitorización en los cuarteles generales de Policía y Guardia Civil. Esos dos centros actúan a modo de grandes ordenadores con terminales remotos, ramificaciones en cada una de las unidades de investigación que los dos Cuerpos tienen repartidas por toda España. También como un disco duro central que almacena la totalidad de las grabaciones telefónicas, el contenido de los mensajes de texto y, en su caso, los correos electrónicos.


Al tiempo, cada unidad dedicada a la investigación tiene una sala reservada a Sitel, con ordenadores a los que se les han instalado las aplicaciones del sistema. Los agentes pueden sentarse ante la pantalla del ordenador, acceder con una clave personal que deja rastro y recuperar conversaciones grabadas en horas precedentes o escuchar las que se están produciendo en directo.


A diferencia del sistema que le precedió, Sitel permite seleccionar cortes de tiempo, eliminar ruido ajeno a la conversación, rebobinar, avanzar, utilizar filtros... El sistema también cuenta con un transcriptor de conversaciones, aunque si la calidad del sonido que le llega no es buena es necesario que los agentes escuchen esos tramos.


Los policías suelen utilizar varias pantallas conectadas a la CPU que tiene instalado Sitel. Así, pueden dedicar una de ellas a todo lo concerniente a una grabación de voz y otra a mantener en la misma los datos asociados a ese teléfono intervenido, como el nombre de su titular, su domicilio y compañía con la que ha contratado. En una tercera puede abrir la aplicación que permite, a modo de GPS, seguir el recorrido que ha hecho el teléfono móvil, apareciendo en la pantalla las torres BTS de las que ha ido dependido su conexión según se ha desplazado.


Cuando el agente quiera remitir al juez las pruebas que ha obtenido, graba las conversaciones en formato DVD. Si la Policía quiere tener acceso a los mensajes de correo electrónico seguirá el mismo proceso de autorización y todos los mensajes enviados y recibidos a la cuenta intervenida serán desviados a un correo creado por el agente.

Publicado enInternacional
Página 1 de 5