Domingo, 07 Abril 2019 05:51

Cambio y continuismo económico en Cuba

Cambio y continuismo económico en Cuba

Al cumplirse el 60 aniversario de la revolución cubana es oportuno examinar lo que ha cambiado y lo que permanece. La economía de mercado existente hasta 1958 fue transformada desde 1961 en un sistema de planificación centralizada, con enorme predominio de la empresa estatal y una agricultura colectivizada. El mercado quedó supeditado al plan. Este modelo ha fracasado en el mundo, pero su esencia continúa en Cuba resultando en una monumental ineficiencia económica que ha dañado el crecimiento.


La dependencia en la venta de azúcar—75% de la exportación total en 1958—se sustituyó por una dependencia del 80% en la venta de servicios profesionales y turismo. En 1958 Cuba no exportaba servicios profesionales y el número de turistas en 2018 se había multiplicado por 18 veces y por 53 veces el ingreso por esta actividad. La producción de petróleo ha crecido 79 veces y ahora Cuba produce gas natural. La dependencia en la importación energética se ha reducido desde el 99% al 50%. Los servicios sociales antes estabanprincipalmente limitados a las zonas urbanas y eran en parte privados, ahora son estatales y virtualmente universales y gratuitos. Por el contrario, la deuda externa de Cuba entre 1958 y 2017 saltó 190 veces, y ello después de lograr importantes condonaciones con acreedores del Club de París, Rusia y otros países. La tasa de crecimiento de la población en 1953 (último censo) era de 2,1% y se desplomó a -0,2% en 2017, debido al acelerado envejecimiento; la proporción de adultos mayores en la población subió del 9% al 20%. Cuba tiene la población más envejecida de la región lo que aumenta el coste de la salud y las pensiones.


Respecto a la continuidad, en los seis decenios transcurridos, la economía socialista cubana no ha conseguido eliminar o reducir la enorme concentración del comercio, inversión, ayuda y subsidios con otra nación. De la dependencia con los EE UU (un 52% de las exportaciones) se pasó a una con la URSS (72%) y desde comienzos del siglo XXI con Venezuela (44%). Entre 1960 y 1990, la URSS otorgó a Cuba 58.500 millones de euros y solo pagó 450 millones, el resto fueron subsidios de precios y ayuda no reembolsable. La desaparición del campo socialista en los años noventa provocó una gravísima crisis en Cuba. En su cima en 2012, la ayuda, subsidios e inversión venezolana equivalían a 11% de PIB cubano.


A pesar de esa ayuda substancial, debido a la ineficiencia del sistema, la economía se estancó a un promedio anual de 1,7% en 2014-2018 y la meta para 2019 es 1,5%, un cuarto del 6% oficialmente fijado para generar un crecimiento apropiado. En 2017, la mayoría de la producción manufacturera, minera (salvo petróleo), agropecuaria y pesquera estaba por debajo del nivel de 1989. Solo el turismo ha progresado de forma notable. El comercio externo ha sufrido déficit sistemático (6.760 millones en 2017) y el excedente que generaba la primera fuente de divisas, que son las exportaciones de servicios profesionales (médicos, enfermeras, etc.), menguó un 35% en 2012-2018, debido a la crisis económica de Venezuela que compraba el 75% de dichos servicios; además redujo su comercio del 44% al 17%, el suministro de petróleo a la mitad y paró la inversión.


Estos problemas forzaron un recorte de ocho puntos porcentuales en el gasto social en 2008-2017, con el consiguiente deterioro de los servicios de salud y educación; en 1989-2017, el valor de las pensiones cayó en 50%, la construcción de viviendas en un 80%, y el salario ajustado a la inflación en el 61%.


Se culpa al embargo estadounidense por estos problemas. Esto era cierto hace 25 años, pero Cuba tiene ahora comercio con al menos 80 países, incluyendo EE UU, así como inversiones de múltiples naciones. El embargo todavía causa daño, como las sanciones a los bancos internacionales que realizan transacciones con Cuba, pero la causa fundamental de los problemas ha sido la incapacidad para generar exportaciones que financien las importaciones esenciales; ambas han declinado en años recientes.


Entre 2007 y 2018, Raúl Castro intentó resolver los problemas explicados con reformas estructurales orientadas al mercado, pero estas no tuvieron efectos tangibles debido a su extrema lentitud, desincentivos, impuestos y una reversión desde 2017. Tanto el nuevo presidente Miguel Díaz-Canel como la Constitución que se refrendó el 24 de febrero no cambian la esencia del modelo y el primero ha ratificado el continuismo. Una actitud absurda frente al colapso de la economía venezolana y el tambaleo de su régimen por la rebelión interna y la presión internacional. Una caída de Maduro agravaría aún más la actual crisis en Cuba.

Por Carmelo Mesa-Lago, catedrático de Servicio Distinguido Emérito de Economía y Estudios Latinoamericanos en la Universidad de Pittsburgh

5 ABR 2019 - 12:52 COT

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EE.UU. impone nuevas sanciones a Venezuela para cortar "el salvavidas que mantiene a flote a Maduro"

Washington establece medidas punitivas contra 34 embarcaciones operadas por PDVSA que transportan crudo venezolano a Cuba.

Este viernes, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos ha establecido sanciones contra las empresas Ballito Bay Shipping y ProPer In Management —con sede en Monrovia (Liberia) y El Pireo (Grecia), respectivamente— por sus vínculos con el sector petrolero de Venezuela y el transporte de crudo de ese país a Cuba en el buque Despina Andrianna.

Con la intención de cortar los suministros de petróleo entre Caracas y La Habana, Washington también ha tomado medidas contra 34 embarcaciones en las que estima que la petrolera estatal venezolana PDVSA "tiene interés", así que desde estos momentos considera esas naves como "propiedad bloqueada".


Steven Mnuchin, secretario del Tesoro de EE.UU., ha responsabilizado a Cuba de ser "una fuerza subyacente que ha nutrido el descenso de Venezuela a la crisis" y ha declarado que esas entidades y las embarcaciones que transportan crudo de Venezuela proporcionan "un salvavidas para mantener a flote el régimen ilegítimo de Maduro".


"Cuba sigue sacando provecho del régimen ilegítimo de Maduro, apoyándolo con esquemas de crudo-por-represión mientras intenta mantener a Maduro en el poder. EE.UU. se mantiene comprometido con una transición hacia la democracia en Venezuela y con responsabilizar al régimen cubano por su participación directa en la desaparición de Venezuela", ha afirmado Mnuchin.


Por su parte, el canciller cubano, Bruno Rodríguez, denunció la escalada de agresiones "monroístas" de la Casa Blanca y el uso de "mentiras escandalosas" contra Cuba.
"Sesenta años de agresión imperialista no han doblegado la voluntad de los cubanos. Las nuevas medidas que hoy celebran altos funcionarios y políticos anticubanos en #EEUU no lo lograrán", tuiteó el canciller.


El director del Consejo Económico Nacional estadounidense (NEC, por sus siglas en inglés), Larry Kudlow, dijo este miércoles que en el caso de que caiga el Gobierno de Nicolás Maduro, EE.UU. planea "inyectar dólares" a Venezuela para "rescatar" la economía del país.
Sanciones y bloqueo estadounidense


Actualmente Venezuela atraviesa una dura crisis política y social, que se ha incrementado desde la autoproclamación de Guaidó como "presidente encargado" del país, ocurrida el 23 de enero.


Desde entonces, EE.UU. ha impuesto nuevas sanciones a Venezuela, que incluyen el bloqueo de fondos en bancos internacionales, como medida de presión al Gobierno venezolano.
A finales de marzo, el Gobierno de Trump sancionó al Banco de Desarrollo Económico y Social (Bandes) de Venezuela y sus subsidiarias y también impuso sanciones contra un banco de Rusia en relación con la actual situación en el país sudamericano.


A finales de febrero, el canciller venezolano, Jorge Arreaza, denunció ante el Consejo de Seguridad de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) que, producto de las medidas coercitivas unilaterales aplicadas por Washington, Venezuela ha perdido más de 30.000 millones de dólares "desde agosto de 2017".


El analista internacional Francisco Coloane sostiene que Washington asesta un doble golpe con las sanciones contra La Habana y Caracas para debilitar esta alianza latinoamericana. "Creo que EE.UU. cruzó el límite, cruzó la línea roja en cuanto a la agresión, no solamente a Venezuela y a Cuba en este caso, sino una agresión a América Latina y a la independencia de la gente", comentó Coloane a RT.

Publicado: 5 abr 2019 20:04 GMT | Última actualización: 6 abr 2019 02:55 GMT

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Sábado, 16 Febrero 2019 06:22

Crónica desde un Haití al rojo vivo

Crónica desde un Haití al rojo vivo

El pueblo haitiano continúa con las protestas contra el gobierno nacional, al que acusan de corrupción y de la situación crítica que vive el país.


El clima social viene caldeándose en Haití, conforme las frustraciones sociales se acumulan en un polvorín que nunca termina de desactivarse. Después de las intensas movilizaciones del año pasado, con epicentros masivos y radicales en los meses de julio, octubre y noviembre, la tregua tácita de fin de año dio lugar a unas navidades materialmente precarias, pero tranquilas. Pero las festividades no fueron más que un interludio breve. Pronto se reanudarían las batallas contra la carestía de la vida, la corrupción endémica, la crisis social y económica y la ausencia de un modelo de nación para la primera República independiente surgida a la historia de este lado del Río Bravo. Las protestas ya llevan ocho intensas jornadas, y nada parece señalar que vayan a detenerse.


Los primeros síntomas de este nuevo ciclo de protestas se manifestaron en nuestro propio pueblo, cuando jóvenes descontentos por el accionar policial en un conflicto de tierras prendieron fuego a la comisaría de policía de la localidad de Montrouis, en el departamento Artibonite. La respuesta, previsible, fue la rápida militarización de un poblado por lo demás pacífico. Al día siguiente del hecho, las fuerzas especiales del CIMO ya dormían su siesta larga frente al mercado del pueblo, y nadie podía recordar cómo era que habían ido a parar allí, ni con qué propósito. Pero pronto el conflicto comenzó a multiplicarse en diferentes focos del país hasta llegar a la explosiva jornada del 7 de febrero, aniversario de la huida del país del dictador Jean-Claude Duvalier. Desde entonces comenzó a combinarse todo el repertorio de acciones callejeras habidas y por haber: concentraciones esporádicas, inmensas movilizaciones espontáneas, caravanas de motocicletas, huelgas de transportistas, la quema de comisarías y edificios gubernamentales y, sobre todo, miles de barricadas que rápidamente tabicaron la capital y los diez departamentos del país.


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Hace semanas que la escasez de combustible no deja de agravarse. Las largas colas que poblaban las estaciones de gas han cedido paso a puertas cerradas y playones vacíos, sin autos ni transeúntes. Los últimos galones de circulación legal fueron engullidos por el contrabando, y ahora sólo es posible conseguir combustible en la calle, tras arduas negociaciones y a precios imposibles. En estas refriegas es el pequeño consumidor quién lleva todas las de perder, desde el chofer que necesita echar a rodar su motocicleta para comprar su ración diaria de arroz con frijoles, hasta la vendedora que precisa encender su mechero para continuar sus ventas al menudeo en las horas sin sol. Las causas del desabastecimiento tienen que ver con las responsabilidades contraídas por el deficitario Estado haitiano, que adeuda pagos millonarios a la empresa que concentra las importaciones. Los monopolios, sin remordimientos, ajustan cuentas haciendo rechinar los dientes de toda la población con su poder de paralizar el país. Las calles están casi vacías, y los precios de todas las cosas, desde el transporte hasta la alimentación, se han disparado por los aires. La economía cotidiana está deshecha y está paralizado el trajinar diario de quiénes cada día luchan por su subsistencia en el país más pobre (o más bien, empobrecido) de todo el hemisferio.


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Mientras la agenda internacional se empecina en volver la mirada hacia la agredida Venezuela, la grave crisis haitiana pasa, una vez más, prácticamente desapercibida. Y es que a los motivos del aislamiento que sufre la nación caribeña, en donde los factores políticos y económicos son aún más determinantes que su condición insular o su singularidad lingüística, se suma un hecho fundamental. El ensimismado gobierno nacional de Jovenel Moïse, jaqueado por ocho días de protestas y repudiado por prácticamente todos los sectores de la vida nacional haitiana, viene de dar una significativa señal de alineamiento a la diplomacia de guerra norteamericana, al reconocer en la OEA al autoproclamado Juan Guaidó: “White dog”, como se ha dado en llamar al recientemente ungido “presidente” del Departamento de Estado. La política abstencionista que Haití venía sosteniendo junto a otras naciones caribeñas, había sido determinante para evitar que los Estados Unidos y el Grupo de Lima expulsaran a Venezuela del mismo organismo interregional en el mes de febrero del 2018. Ahora bien, la política pragmática y mendicante de Moïse malamente podría ser confundida con afinidad ideológica con el socialismo del siglo XXI. Al ser jalado de la correa, Moïse volvió rápidamente al redil, traicionando los vínculos históricos del país con Venezuela y, sobre todo, la generosa política sostenida por Hugo Chávez Frías y la plataforma de integración energética Petrocaribe desde el año 2005.
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Así es que a casi nadie conviene hoy señalar que si se trata de urgencias humanitarias, éxodos migratorios, inseguridad alimentaria, represión estatal y ausencia de democracia, el foco de las preocupaciones debería recaer sobre el devastado Haití y las miradas admonitorias sobre su clase política y sus puntales internacionales. Pero es evidente, dado el apoyo irrestricto de los Estados Unidos al apartheid israelí o al desquiciado régimen de la monarquía absolutista saudí, que de lo que se trata es de garantizar la explotación del crudo venezolano y de completar el proceso de recolonización continental, inaugurado con el golpe de Estado en Honduras hace ya exactamente una década. Lo demás son tan sólo coartadas más o menos imaginativas, como las armas de destrucción masiva de Iraq o el patrocinio de Cuba al terrorismo.
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A esta resonante indiferencia ante la crisis haitiana, debemos sumar también una explicación ligada al secular racismo de un mundo colonialmente estructurado desde los tiempos de la esclavitud plantacionista y el comercio triangular. Racismo que hace que diversos sectores, incluso progresistas o de “izquierda”, se encandilen ante la “elegancia” con que luchan en las calles parisinas miles de Chalecos Amarillos (ciertamente dignos), pero desprecian las batallas desesperadas de un pueblo negro y tercermundista que no ha cesado de movilizarse de a cientos de miles, e incluso de a millones, desde la insurrección popular de julio de 2018.

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La palabra “ladrón” tiene en creol, la lengua nacional de los haitianos, una connotación mucho más subida que en otras lenguas continentales como el portugués, el español y el inglés. No es un término de uso tan frecuente ni un vocablo para dispensar a la ligera. El robo es considerado una ofensa grave a toda la comunidad, por lo que en algunas zonas rurales aún se lo castiga severamente, con métodos de justicia autogestionados por las propias comunidades. Por eso es que caracterizar al presidente de la República y a toda la clase política como viles ladrones, es un hecho menos frecuente y aún más significativo que en muchos de nuestros países. La acusación se relaciona al desfalco de fondos públicos, probado por el Senado haitiano e investigado por el propio Tribunal Superior de Cuentas, que inculpa a altos funcionarios de Estado de la actual administración y de la anterior gestión presidencial de Michel Martelly. La suma, dilapidada por la clase política local en convenio con capitales diversos, es de unos 3.800 millones de dólares, previstos para atender las infinitas urgencias de infraestructura que tiene el país. Se trata de fondos que la Revolución Bolivariana otorgara generosamente en el marco de los programas de desarrollo de la Plataforma Petrocaribe.
Si a esta corrupción endémica sumamos la delicada situación de la economía y la sociedad haitianas, podremos comprender fácilmente los rencores acumulados y las ansias de trasformación social, expresadas en las calles por un mosaico que expresa contradictoriamente a sectores sindicales y políticos, urbanos y campesinos, eclesiásticos y empresarios, conservadores y radicales. Algunos indicadores económicos pueden ayudarnos a resumir rápidamente la situación: una devaluación de la moneda nacional, el gourde, de un 20 por ciento a lo largo del 2018; una inflación de dos dígitos que algunos analistas estiman en el orden del 14 o 15 por ciento; el derroche de recursos públicos en prebendas de todo tipo absorbidas por la clase política; el desmanejo económico de un Estado que ni siquiera cuenta con un presupuesto oficial desde que fuera retirado el previsto para el ciclo 2018-2019; los niveles alarmantes de desempleo y la completa informalidad del mundo laboral; la ruina pronunciada de la producción agrícola; el éxodo permanente de los jóvenes, expulsados del campo a la ciudad y de allí a países dónde son discriminados y super explotados; y por último, el hambre que golpea duramente a prácticamente un 60 por ciento de toda la población.


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Un carro blindado de las Naciones Unidas, conducido por militares extranjeros, perdió el control y embistió de lleno a untap tap, el popular medio de locomoción haitiano. El saldo, trágico, fue de cuatro muertos y nueve heridos. Un accidente involuntario, sin dudas. Pero el estupor y la bronca de los ciudadanos de a pie no parece deberse a la impericia del conductor, sino al hecho de no poder entender por qué un carro blindado, un vehículo de guerra, circula amenazante por un país pobre y sin fuerzas armadas, que no representa una amenaza para la seguridad de terceros países. Hace 15 años comenzó la llamada pacificación de Haití, impulsada por las Naciones Unidas y plasmada en la intervención de una fuerza militar y civil multilateral, la MINUSTAH (hoy MINUJUSTH). Pero al día de hoy, la principal amenaza para la población, más que la inseguridad local (baja si la comparamos con su incidencia en el resto de la región) y aún más que el accionar sus propias fuerzas policiales, lo constituye la presencia de una fuerza de ocupación. Entre los atropellos se cuentan las violaciones sistemáticas a mujeres de los llamados “guetos”, entre siete mil y nueve mil víctimas fatales por la epidemia de cólera traída al país por un contingente de soldados nepalíes, y un número incierto de jóvenes asesinados en las barriadas de la capital Puerto Príncipe. En Haití, cómo podría suceder en Venezuela, la llamada “ayuda humanitaria” no ha sido más que una excelente coartada para violar la soberanía territorial de nuestras naciones. La pequeña nación caribeña es hoy un muestrario de lo que el “capitalismo humanitario” podría generar en Venezuela.


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Diez muertos ya reconocen las fuerzas policiales. Una media centena, e igual número de heridos, afirman enfáticamente sectores de la oposición y los movimientos sociales. En los últimos días, las calles y las redes sociales muestran una serie de imágenes escabrosas. Jóvenes y niños tendidos, agonizando, en las calles de la capital. Un militante popular socorrido por sus compañeros, tras ser derribado por una bala policial en las inmediaciones del parlamento. Una densa humareda negra que cubre la ciudad de forma casi permanente, generando un clima irrespirable. El mercado de Croix-des-Bossales, mil veces incendiado, mil veces reconstruido, otra vez reducido a una maraña de hierros retorcidos. Pero también hay imágenes indudablemente heroicas, con ese heroísmo propio de las gentes sencillas, sin margen, que se animan. Estar en las calles de Haití es hoy mucho más que una opción política y un gesto de coraje: es una necesidad vital, el cross desesperado de un pueblo contra las cuerdas. Hombres en sillas de ruedas o en muletas marchando bajo el sol abrasador de mediodía. Vendedoras y mujeres ancianas gritando sus consignas desaforadas frente a la represión policial. Y también, pequeños gestos de solidaridad internacional que titilan como luces tenues, y llegan al país saltando las barreras del idioma y la desidia.


“Nou gen dwa viv tankou moun” (“Tenemos derecho a vivir como personas”), se lee en una pancarta que sintetiza un programa mínimo, elemental, meramente humano. El programa de un pueblo que aún recuerda las glorias pasadas, que aún cree en las posibilidades de regeneración nacional y que busca fanáticamente, y por segunda vez, su independencia y su dignidad. Un pueblo que sufre, sí, pero que jamás se resigna.

*Por Lautaro Rivara desde Haití para Nodal / Imagen de portada: AP

15 febrero 2019 0
Publicado en La Tinta

 

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Venezuela venderá en petros toda su producción petrolera en 2019

Venezuela venderá su producción de crudo en 2019 en Petro, informó este jueves el presidente de la nación suramericana, Nicolás Maduro, quien especificó que la venta en el criptoactivo se realizará de manera progresiva, y que para ello han desarrollado un cronograma.

Nosotros progresivamente vamos a vender toda nuestra producción petrolera en Petro. En el año 2019 tenemos un programa, un cronograma para que toda la producción petrolera de Venezuela se venda en Petro y seguir liberándonos de una moneda que utiliza la élite de Washington para chantajear, agredir a los pueblos del mundo, para hacer daño económico, manifestó desde Moscú.


El mandatario, quien ofreció un balance de su gira de trabajo por Rusia, destacó que esto permitirá liberarse de una moneda en referencia al dólar que es utilizada para perseguir financieramente a Venezuela, Cuba, Irán y Rusia.


Aseveró que la comercialización de petróleo y sus derivados necesita una canasta de monedas diferente para que el mundo sea multipolar en el campo monetario, energético y económico.


La misma Unión Europea acaba de decidir hacer todos sus intercambios compra y venta de energéticos a través del euro, y pone al dólar a un lado, expresó en declaraciones a VTV.
Venezuela y Rusia suscribieron importantes acuerdos en materias de petróleo, minería, alimentación y mantenimiento de armas.


Se firmaron contratos para garantizar inversiones por más de cinco mil millones de dólares para elevar la producción petrolera con nuestros socios rusos de las empresas mixtas, informó Maduro, quien agregó que también se firmaron acuerdos por más de mil millones de dólares para la producción de minería, principalmente el oro.


Informó que la Federación Rusa suministrará 600 mil toneladas de trigo a Venezuela el próximo año para garantizar el pan de los venezolanos.


Maduro, quien calificó como exitosa su gira por Rusia, dio a conocer que ambos países firmaron contratos para la atención, asistencia, reparación y mantenimiento del sistema de armas de Venezuela.


Por otra parte, informó que el sistema de geolocalización satelital desarrollado por la Federación de Rusia, Glonass, será instalado en Venezuela, lo que “va a permitir fortalecer toda la capacidad de telecomunicaciones en nuestro país”.


Maduro, quien llegó el martes a Rusia para fortalecer las relaciones de cooperación entre ambos países, resaltó que “toda esta alianza integral, energética, minera, alimentaria, comercial, de telecomunicaciones y del sistema de armas se ha consolidado. Pudiéramos decir que esta visita, finalizando el 2018, nos coloca en situación ventajosa para las batallas por la estabilidad, el desarrollo y la prosperidad del país para el sexenio 2019-2025”.


Agregó que su visita a Rusia le permite consolidar la relación de amistad con el presidente Vladimir Putin y con su gobierno, con el empresariado y con el pueblo ruso.
Informó Maduro que la Comisión Mixta Venezuela y Rusia debatirán el uso del Petro como moneda de intercambio comercial y económico durante la próxima reunión de esa comisión, que se realizará en marzo de 2019.


“Le hemos explicado ampliamente la posibilidades del Petro, ya entra el tema del Petro en discusión para la comisión mixta de marzo. El uso del Petro como moneda de intercambio comercial y monetario con Rusia, ya entra en el mapa económico”.


En su intervención Maduro resaltó una vez más que Venezuela cree en un mundo pluripolar y multicéntrico.


Nosotros creemos en un nuevo mundo y una geopolítica mundial donde no existan países hegemónicos que imponga a los demás sus condiciones, que pretenda pensar y actuar por nosotros, expresó al tiempo que condenó una vez más las sanciones que aplica Estados Unidos contra países soberanos como Venezuela.

6 diciembre 2018
(Con información de AVN)

 

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Miércoles, 28 Noviembre 2018 06:02

Fracking causa escasez del agua en EU

Fracking causa escasez del agua en EU

En su demoledor libro Saudiamérica: La verdad sobre el fracking y cómo está transformando al mundo (https://amzn.to/2yG6QCj), la connotada investigadora Bethany McLean había exhibido el canibalismo del fracking, la toxicidad del agua usada y su estafa financiera (https://bit.ly/2QlHUdZ), a sabiendas de sus efectos deletéreos que causan mayores daños que beneficios cuando "cada barril de petróleo significa cuatro barriles de agua tóxica", lo cual conlleva un costo adicional de seis dólares por barril para su "eliminación" (https://bit.ly/2SfXSDP).

Cada vez surgen mayores defectos del fracking cuando se considera(ba) que la toxicidad del agua era su mayor problema, lo cual de por sí era debatible, ya que las secretas sustancias químicas cancerígenas y la mayor frecuencia de sismos, que se han triplicado, no son nada menores.

Science Advances, del AAAS (American Association for the Advancement of Science), de la que fui miembro, realizó un estudio perturbador en el que expone que el fracking puede causar escasez de agua después de su sobrexplotación hasta en 800 por ciento (¡megasic!) en las partes desérticas del occidente de Estados Unidos (EU), en donde coincidentemente abundan los súperfuegos de incendios incontrolables, como el de California (https://bit.ly/2QqfL5q).

La escasez de agua que provoca el fracking por doquier es un factor limitante para esa industria polémica que extrañamente no gana dinero, sino que pareciera una carta que usa EU en su guerra geoestratégica contra China y Rusia.

Existe un incremento masivo hasta de mil 440 por ciento (sic) en la cantidad de agua desechable tóxica generada en los primeros años de operación del fracking –que per se está condenado a la muerte, ya que requiere de grandes cantidades de agua que son pirateadas de las regiones circundantes.

Los autores del estudio de Science Advances –Andrew J. Kondash, Nancy E. Lauer y Avner Vengosh– advierten que la intensificación acelerada del fracking, como sucede en algunas regiones, desembocaría en una grave "escasez de agua" en 2030, cuando podría alcanzar 50 veces mayor uso hidráulico.

Los científicos asientan que “el uso del agua para el fracking y la producción del agua desechable en las regiones de producción de gas/petróleo esquisto se ha incrementado dramáticamente: de 2011 a 2016, el uso del agua por pozo se incrementó 770 por ciento, mientras que el redireccionamiento del agua y los volúmenes de agua generados en el primer año de producción se incrementaron hasta mil 440 por ciento”.

Hoy el peor problema del fracking es la disposición del agua desechable.

Los tres científicos sentencian que “el continuo incremento de la huella hídrica del fracking con el tiempo implica que las operaciones no convencionales de petróleo y gas requerirán mayores volúmenes de líquido para la fractura hidráulica, que resultará en mayores volúmenes de agua desechable producida”. ¡El fracking ha puesto en peligro a la hidrosfera local/regional/global!

A mi juicio, una de las maneras de detener el caníbal fracking es impedir el uso del agua desde sus fuentes.

The Independent sentencia que “más agua es requerida en los sitios de fracking conforme los pozos son excavados cada vez más profundamente en el subsuelo, lo que explica porqué el uso del agua se ha incrementado pese a que la producción de petróleo y gas no-convencional ha declinado ampliamente en EU” (https://ind.pn/2vVwAdp).

Por cierto, la reinyección de agua desechable en el subsuelo en EU es una práctica prohibida en Gran Bretaña conforme ha sido vinculada a terremotos en algunas localidades, según The Independent.

En México, donde destila azufre el fracaso de la Conagua, urge la preservación de las aguas nacionales –desde la Huasteca, pasando por Jalisco, hasta el binomio Tabasco/Chiapas que provee 30 por ciento del agua del país con sus ríos Usumacinta y Grijalva– que el depredador y hoy agónico modelo neoliberal pretende hurtar y desviar para el expoliador proyecto Monterrey VI, con el fin de desarrollar el gas/petróleo esquisto del noreste y así conectarlo al proyecto itamita de "integración energética de Norteamérica".

AlfredoJalife.com

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La ‘montaña rusa’ del petróleo colombiano

El tiempo pasa pero Colombia no trasciende su anclaje a una economía primaria y extractiva de diverso tipo: en el pasado oro y plata, ayer banano y café, hoy petróleo y carbón. Esta condición periférica hace de la nuestra una economía sujeta a los intereses de imperios y multinacionales, donde soberanía y desarrollo quedan postergados.

 

El mundo arde: los imperios se baten a través de terceros países para proteger sus dominios territoriales, resguardar sus fronteras, ganar terreno, intentar arrinconar a su contrario, controlar materias primas, frenar los éxodos humanos, etcétera. Las guerras en Siria, Libia, Irak, Irán, Yemen, entre otros lugares del planeta, hacen parte de esta realidad de la geopolítica global y de los antagonismos comerciales, de divisas y de carreras armamentistas nucleares entre estadounidenses vs China-Rusia que desde ahora anuncia las guerras de exterminio que están por venir.

 

Son confrontaciones que, junto con los embargos a países como Irán y la guerra económica contra Venezuela –amén de los errores de su dirigencia– disparan el precio del petróleo. Los beneficiados de tal confrontación de intereses están de plácemes amasando millones, en primera línea las multinacionales del sector que ven como el precio del barril de petróleo, referencia Brent, llegó a los 88 dólares (1), aunque viene cayendo por sobreoferta y recesión económica a 76 dólares a finales de octubre de 2018. En paralelo, la cotización internacional de los precios del carbón alcanzó este año los 100 dólares la tonelada (2).


Algunas de ellas son las mismas multinacionales minero-energéticas con intereses en Colombia, además de Ecopetrol, que ven acrecentada su felicidad –lucro– por el fallo de la Corte Constitucional que con el argumento según el cual los intereses de los territorios no pueden imponerse sobre los de la Nación estableció que las consultas populares no pueden prohibir las actividades extractivas en las regiones. En el fallo de octubre de 2018, la Corte consideró además que poner las consultas por encima de la Nación va en contra del precedente que indica que el Estado es el dueño del subsuelo; dejando, por tanto, las consultas populares sobre minería y/o ambiente sin poder ni sustento jurídico algunos para decidir sobre el ordenamiento de sus territorios y los recursos que éste contenga, con lo que pisoteó la democracia y deslegitimó la participación popular, vulneró la soberanía de las comunidades y dio patente de corso para que la industria extractiva, en su afán acumulativo, destruya y horade todo el territorio colombiano.


Pero no es solo este el motivo para su buen semblante, pues hay otras circunstancias que así lo propician: la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH) aprobó el “Procedimiento Competitivo Permanente 2018”, con el cual todo el territorio colombiano quedó expuesto a la especulación, promoción y venta y, según resalta en los términos de referencia, el sector privado podrá, en cualquier momento y lugar, proponer áreas para que sean determinadas, delimitadas y clasificadas por el Consejo Directivo de la ANH; también el presidente Iván Duque y su ministra de Minas y Energía, María Fernanda Suárez (ex vicepresidente ejecutiva de Ecopetrol) dieron su beneplácito a las prácticas del fracking o técnicas no convencionales de fractura hidráulica​ para posibilitar o aumentar la extracción de gas y petróleo del subsuelo colombiano.


Paradojas


La renta minero-energética es, de lejos, la principal fuente de ingresos para el país, vía ganancias extraordinarias que obtienen las empresas extractivas y regalías, dividendos e impuestos que percibe el Estado. Con cifras de la Dian, la Asociación Colombiana del Petróleo (ACP) estimó que en el 2017 esta industria le giró a la Nación 10 billones de pesos (3,5 billones de impuesto de renta y 6,5 billones por regalías y otros aportes), un 54 por ciento más que en 2016, y los cálculos indican que para el 2018 el aumento mínimo sería de 5 billones de pesos, sin los dividendos de Ecopetrol. En total, sumando el impuesto de renta, los dividendos que paga Ecopetrol a la Nación, los derechos económicos en contratos con la ANH y las regalías causadas para las regiones, la industria de los hidrocarburos le aportará al fisco en 2018 alrededor de 17 billones de pesos, de los cuales entre 7 y 7,6 billones corresponden a regalías para las regiones, mientras que el resto son ingreso corriente del gobierno central; la minería (principalmente el carbón) aporta otros 3 billones a las arcas gubernamentales, para un total de renta petrolera cercana a los 20 billones de pesos en 2018, esto es, 12 por ciento del Presupuesto General de la Nación ($235,5 billones).


En contraste, mientras la participación relativa de la rama minero-energética en el PIB gira alrededor del 9 por ciento, en 2018 el número de trabajadores en la rama “Explotación de Minas y Canteras”, según la Gran Encuesta Integrada de Hogares del Dane, no supera la cifra de 180.000, esto es, 0,8 por ciento del total de ocupados a nivel nacional. Las exportaciones minero-energéticas representan la mitad del valor de la canasta de bienes y servicios que vende Colombia al resto del mundo. Realidad que da pie para reafirmar que la política y la economía nacional son extractivas, y así son porque tienen como objetivo extraer rentas y riquezas de los recursos naturales del país y de su fuerza de trabajo para beneficiar al capital transnacional y a la oligarquía rentística criolla.


Esta es una realidad que está en la base del crónico conflicto armado colombiano, atizado por la propiedad de la tierra en cuyo subsuelo descansan los recursos minero-energéticos.


También, como es aceptado por unos y otros, las guerras se alimentan con los negocios, e incluso generan las oportunidades de acumulación capitalista que sin ellas no existirían. Las guerras redefinen las relaciones de poder, propiedad y las cadenas de producción, distribución, consumo y acumulación financiera. La actividad petrolera hace parte de esta lógica antagónica. Las economías extractivas, en particular las petroleras, concentran la riqueza, acentúan los antagonismos laborales y los conflictos sociales, destruyen el ambiente, expulsan las comunidades originarias de sus territorios y obstaculizan el desarrollo humano y sostenible impulsado por dinámicas virtuosas científico-tecnológicas y de innovación.


La biodiversidad y los recursos naturales y energéticos nutren la violencia crónica en Colombia. La dotación minero-energética constituye una maldición para los pobladores históricos. Ellos son sometidos por las multinacionales, los terratenientes, los dueños del capital, los partidos políticos y los variopintos grupos armados, al desplazamiento forzado, a la pérdida de soberanía. Además, los líderes populares son asesinados y los activos necesarios para la sobrevivencia de las familias rurales son expoliados. Incluso en el siglo XXI, la tropelía de las instituciones políticas y económicas extractivas adoptan una forma vandálica, atroz y descarada. Todo el territorio nacional está concesionado por las clases dominantes a los intereses y proyectos de las empresas minero-energéticas (ver mapa). Hay una estrecha correlación entre economía extractiva y violencia (gráfico 1).

 

 


Parece contradictorio pero los acuerdos de paz, el desarme y desmovilización de la guerrilla y el alza en los precios de las commodities –o materias primas de carácter energético–, sirvieron para desatar el apetito y voracidad de los inversionistas y expandir la exploración y explotación minero-energética a aquellas zonas que históricamente eran vedadas a los negocios extractivos debido al conflicto armado. Las rentas extractivas aumentan con el desarme y desmovilización de la guerrilla, pero el conflicto social estalla con amplitud y profundidad. Del Presupuesto General de la Nación 2019, aforado en 259 billones de pesos, se destinan a la guerra 33,5 billones (el segundo sector con mayor asignación), la renta minero energética aporta el 57 por ciento de este gasto.


Según el senador Iván Cepeda, la militarización del territorio colombiano se afianza en buena parte a través de la existencia de convenios suscritos entre empresas del sector minero energético (trasnacionales en su mayoría) y la Fuerza Pública, realidad que genera su práctica privatización, la violación de los DDHH y pérdida efectiva de soberanía nacional. El esfuerzo dedicado en cuanto al número de efectivos de la Fuerza Pública destinada a la protección de las empresas minero-energéticas ha oscilado entre 15 y 20 por ciento del total de miembros de las Fuerzas Armadas del Estado colombiano durante lo corrido del siglo XXI, financiados con impuestos de los ciudadanos.


Negación y falsas promesas


La clase dirigente colombiana ignora la inestabilidad y volatilidad característica del negocio minero-energético y las externalidades negativas asociadas. Niega los fatídicos momentos que atravesó el país por causa de la crisis petrolera en años recientes. Olvida los requerimientos ineludibles de elevar la productividad de la economía (su evolución ha sido negativa o cercana a cero en lo corrido de la década, en 2018 aumentó algo insignificante: 0,5%), la necesidad de diversificar la economía, mejorar la competitividad y empezar a desarrollar las actividades generadas por la cuarta revolución industrial, con el propósito y fin de no depender, de manera insensata y suicida, de los recursos minero-energéticos, darle paso a una política pública orientada a fortalecer la soberanía en todos los planos, para el presente y el largo plazo, y mejorar el bienestar y la justicia social. La adicción a los hidrocarburos permite olvidar los estragos causados e idealizar el futuro. ¿Qué tan sólida, verosímil y sostenible es esta recuperación? A partir del análisis de los recientes resultados financieros de Ecopetrol, principal empresa del país (que cuenta con 600 campos en desarrollo, explota otros 300, participa, con el 80% de la producción nacional de hidrocarburos y emplea 7200 trabajadores), considerando el período 2013-2018, este artículo presenta hechos objetivos para ofrecer una respuesta argumentada.


La Empresa colombiana de petróleo atraviesa por un buen momento (ver gráficos 2, 3 y 4). El precio del barril, referencial Brent, registra un promedio de 74 dólares durante 2018; la acción se negocia a una cifra cercana a los 4.000 pesos en la bolsa de valores criolla; durante el primer semestre la empresa obtuvo una utilidad de 6,13 billones de pesos, un 180 por ciento más respecto al mismo período de 2017.


Una situación que despierta un entusiasmo delirante. Más aun, teniendo en cuenta la recesión y crisis sufrida por la empresa en el cuatrienio 2012-2016, cuando el precio promedio anual del barril cayó de 111,7 a 45 dólares, el valor de la acción se desplomó de 5.410 a 1.340 pesos y la utilidad anual de Ecopetrol pasó de 15,4 billones en 2011 a una pérdida de 3,9 billones en 2015, año en el cual los accionistas no pudieron cobrar dividendo alguno. Durante ese período oscuro e incierto, la Empresa entró en una zona de alta probabilidad de quiebra.


Destorcida y ¿recuperación?


Una forma sencilla de analizar la fortaleza financiera de una empresa es la utilización de una fórmula econométrica, la Altman Z-Score. De acuerdo con los cinco indicadores requeridos para el estudio de la fortaleza financiera, Ecopetrol prendió todas las alarmas el cuatrienio 2012-2016: la empresa tenía poca liquidez (es decir poco capital de trabajo); no distribuía dividendos; no producía ganancias; el valor de la empresa estaba disminuyendo en relación con la deuda total; y no estaba rotando sus activos con suficiente velocidad.


De acuerdo con la combinación de los ratios financieros, el análisis de la fortaleza financiera de Ecopetrol muestra que durante 11 años, entre 2003 y 2013, se mantuvo en la zona segura (el puntaje de Altman Z-Score registra un valor promedio de 4,4, con un máximo de 5,7 en 2008 y un mínimo de 3,5 en 2006). El peligro de quiebra ocurre cuando el puntaje Z-Score cae por debajo de 1,81; el riesgo ocurre en el intervalo 1,81<z<2,99. En 2014 la empresa entra en la zona de alto riesgo de crisis financiera, al registrar un valor en el puntaje de Altman de 1,92. Entre 2015 y 2017 la Empresa ingresa y se mantiene en la zona crítica o de quiebra inminente: el valor promedio en el índice de Altman es de 1,43; sin embargo, mostraba una leve tendencia positiva al pasar de 1,24 en 2015 a 1,61 en 2017 (Gráficos 5 y 6). Esta mala situación impregnó la economía y las finanzas públicas; la tasa de cambio que se encuentra atada a los resultados de la industria petrolera escaló de 1.798 pesos por dólar en 2012 a 3.051 en 2016 (los activos de los colombianos, medidos en dólares, se depreciaron una tercera parte).

 

 

A partir de 2017 se registra una recuperación de la actividad minero-energética, el precio del barril de petróleo aumentó a 54,8 dólares promedio y en lo corrido de 2018 acaricia los 80 dólares, recuperación reflejada en el precio de la acción de Ecopetrol: 1.410 pesos en promedio durante 2017 y 3.009 pesos en 2018. La utilidad de la empresa fue de 6,6 billones en 2017; se distribuyó el 53,3 por ciento de las ganancias y el dividendo pagado por acción fue de 59 pesos. La tasa de cambio fluctúa dentro de una franja de precios entre 2.900 y 3.200 pesos por dólar, dependiendo de las oscilaciones en el precio internacional del barril de petróleo.


El buen momento que disfruta Ecopetrol no responde sólo al empuje que le inyectó el repunte en los precios del petróleo, sino porque, además, ha logrado una buena dinámica en su operación y permitido que su estructura de costos y gastos sea más eficiente (el costo medio de producir y transportar un barril de petróleo es de 20 dólares); además inició el pago anticipado de una parte de su abultado y costoso endeudamiento. Adicionalmente, mejoraron todos los ratios financieros,principalmente por las relaciones entre capital de trabajo, Ebitda y ventas netas respecto al valor de los activos totales.


En consecuencia, el modelo Z-Score de Altman refleja una mejor situación financiera de esta empresa, pero no suficiente como para estar tranquilos. En efecto, en 2018 el análisis de la fortaleza de la empresa señala que aún se encuentra en una situación de riesgo, el índice presenta un valor de 2,55. Cualquier turbulencia financiera, escalamiento del conflicto armado, adversidad geopolítica o caída en el precio del barril de petróleo haría recular a la empresa de hidrocarburos colombiana, una vez más, a la zona de peligro de quiebra.


Financiarización y fragilidad


Durante los gobiernos de Uribe y Santos (2002-2018) se exprimieron en su totalidad las utilidades anuales de Ecopetrol, incubando un proceso continuo de descapitalización y endeudamiento creciente e inviable. El reparto anual de utilidades en el período 2008-2014 fue cercana al 80 por ciento (gráfico 4 y 7).


La relación entre la deuda total y el valor de los activos disminuyó de 64,8 por ciento en 2003 a 28,1 en 2008; posteriormente comenzó una fase alcista de la deuda alcanzando el 62,6 por ciento en 2016. En medio de la crisis y con un alto endeudamiento, la Empresa se vio obligada a vender activos. En 2018, por pagos adelantados, el índice de endeudamiento baja a 57 por ciento; los activos valen 121,6 billones de pesos y la deuda alcanza los 69,4 billones.


Es una situación compleja que responde a las lógicas de la financiarización, que es una transformación de la economía en la cual el apalancamiento tiende a sobrepasar el capital y los mercados financieros dominan sobre la producción real. Ecopetrol se encuentra financiarizada, su objetivo principal es producir resultados financieros de corto plazo, para responder a los inversionistas (propietarios de las acciones) y a los acreedores. En 2018, su deuda financiera suma 41,4 billones de pesos (gráfico 8); el 86,3 por ciento contraída en moneda extranjera, con el capital financiero transnacional y es no corriente (pagos del principal a más de un año). En 2017, el servicio neto de la deuda (amortización e intereses) le significó a Ecopetrol, durante los seis primeros meses, una erogación de 1.155.515 millones de pesos; en 2018, primer semestre, el costo de la financiarización aumentó a 1.188.853 millones de pesos (Gráfico 9).


Además, cuando el peso se deprecia el servicio de la deuda externa se vuelve más costoso; también la deuda de Ecopetrol es sensible a las alzas de las tasas de interés en el mercado financiero internacional. Al finalizar 2017, en concordancia con la reducción de la calificación de la deuda soberana de Colombia, que pasó de BBB con perspectiva negativa a BBB- con perspectiva estable, la agencia calificadora de riesgos Standard and Poor’s (S&P) también le redujo la nota a la petrolera colombiana como emisora de valores.


Pérdidas y ganancias del Grupo Empresarial


El grupo empresarial Ecopetrol está conformado por 31 empresas: 25 subsidiarias, 3 asociadas y 3 son negocios conjuntos; algunas operan en paraísos fiscales, por tanto no obedecen a la legislación de Colombia ni reportan sus estados financieros al país. Dos de las subsidiarias, ubicadas en Panamá, se encuentran en proceso de liquidación: Amandine Holdings Corp y Los Arces Group Corp. De las 29 empresas activas, 18 generaron utilidades durante el primer semestre de 2018 por cuatro billones de pesos y 11 arrojaron pérdidas por 515.065 millones de pesos (Gráfico 10). Las empresas del grupo que afrontan investigaciones penales, fiscales y disciplinarias por millonarios sobrecostos en su montaje y conflicto de intereses de miembros de la junta de la petrolera, como Reficar y Bioenergy, generan altas pérdidas al grupo Ecopetrol. Las utilidades tienen como fuente principal las empresas dedicadas al almacenamiento y transporte por ductos de hidrocarburos (Cenit) y a la producción y comercialización de resina de polipropileno (Propilco).


Tendencias y amenazas


Una sociedad puede ser ella misma cuando es capaz de expresar sus potencialidades reales. Colombia aspira a ser petrolera sin serlo. A partir de 2015, cuando la producción anual alcanzó la cifra promedio de 1.005.837 de barriles por día, empezaron a declinar las reservas de hidrocarburos y el volumen de producción. Durante 2016 la producción diaria fue de 886.198 barriles de petróleo, y en 2018 de 869.000. Las proyecciones oficiales señalan que la producción de crudo tendría una senda decreciente para el mediano plazo, así: 822.000 barriles diarios en 2022, y 800.000 en 2028. Las reservas actuales de petróleo del país son de 1.800 millones de barriles, por lo tanto, a la tasa actual de explotación, su autosuficiencia se estima en menos de seis años.


El presidente Iván Duque (2018-2022) defiende la tesis según la cual el sector minero-energético es fundamental para el desarrollo del país y para cumplir las metas de su Plan de desarrollo “El pacto por Colombia”. Duque es partidario de implementar el fracking. La política petrolera se fundamenta en dar continuidad a las medidas tomadas durante la administración Uribe y su ministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla, quien repite esa Cartera con el actual Presidente. Esta política petrolera encontrará una férrea oposición en las comunidades que defienden su territorio de la explotación y desastres provocados por las actividades extractivas, como también en los grupos ecologistas y dentro de las organizaciones políticas que se oponen al fracking.


Estamos, por tanto, ante una política petrolera que no repara en el medio ambiente, en la opinión de las comunidades pobladoras de los territorios de extracción, ni en el beneficio prioritario del país, de ahí que exista disposición de los empresarios privados y del Gobierno Nacional para la venta parcial de Ecopetrol. Se trata de la enajenación de una parte de la participación de la nación en la empresa y la venta de algunas de sus subsidiarias o asociadas. Para concretar esta política antinacional argumentan la necesidad de garantizar la estabilidad macroeconómica y fiscal del país y, al mismo tiempo, contar con nuevos recursos que le permitan a la nación redireccionar recursos hacia la infraestructura.


Es una pretensión que recibió el inmediato rechazo de la Unión Sindical Obrera de la Industria del Petróleo –USO–, opuesta a la venta de las acciones que tiene el Estado en Ecopetrol. La USO calificó la iniciativa como un atentando contra la soberanía energética e invitó a todos los trabajadores, a las organizaciones sociales y al país para que “nos acompañen en este proceso por la defensa del activo más valioso que tiene la nación, como es Ecopetrol”. Sin embargo, con fundamento en las ganancias extraordinarias que obtiene la empresa, el sindicato logró negociar favorablemente la Convención Colectiva que regirá las relaciones obrero-patronales hasta el 31 de diviembre de 2022. Un éxito económico pero no social, ambiental ni político; de una parte, las comunidades siguen padeciendo la arremetida de asesinatos, desplazamientos forzados, expoliación y destrucción de sus territorios, de otra, mientras los trabajadores colombianos devengan siete veces menos que los salarios promedio internacionales deben pagar un combustible cinco veces más alto que los precios globales (se olvidó la ya añeja consigna: “el petróleo es de Colombia y para beneficio de los colombianos”); tampoco el sindicato respaldó colectivamente el proyecto de “Ley orgánica de hidrocarburos” que no hace mucho promocionaba participativamente la USO con las comunidades territoriales y populares del país.


En esta tensión entre protección de los activos públicos nacionales y su enajenación, también resalta la tirantez proveniente de la guerra que vive el país. El estudio de la economía política de la guerra en Colombia muestra una estrecha relación entre el conflicto armado y la explotación de hidrocarburos. Los ataques a la infraestructura petrolera no responden solo a las motivaciones económicas de la insurgencia sino también a objetivos sociopolíticos, publicitarios y tácticos militares. Entre 1986 y lo que va del 2018, Caño Limón Coveñas ha sido atacado 1.490 veces. Entre enero y octubre de 2018, el mismo oleoducto sufrió 76 ataques contra su infraestructura, según datos de Ecopetrol. El último ocurrió en la zona rural de Curabá, Boyacá afectando también los municipios de Arauca, Arauquita y Saravena del departemento de Arauca. De este modo, superaron los registros de los tres años anteriores: en 2017 hubo 62 ataques, en el 2016, 42, y 15 en el 2015.


En contra del Ejército de Liberación Nacional (Eln) –que ha hecho de la soberanía nacional, la participación popular y la defensa de los recursos minero-energéticos el sentido y significado de su lucha política–, los sectores belicistas, quienes se lucran del negocio de la guerra, incitan al Gobierno para “congelar” la negociación, prolongar la guerra fratricida y hacer “trizas” los acuerdos de paz con las Farc. Para el gobierno de Duque la única negociación viable es la desmovilización de la guerrilla, la entrega de armas y el sometimiento a la justicia institucional. La prolongación del conflicto armado interno tendrá consecuencias nefastas en la geopolítica colombiana y en la industria petrolera.


Los atentados a la infraestructura del petróleo, los bloqueos a las actividades de explotación y los conflictos laborales en las empresas minero-energéticas han llevado a que en 2018 las evaluadoras internacionales vuelvan a considerar a Colombia como un país con alto riesgo petrolero. Un ejemplo es el reporte de Securing America’s Future Energy, emitido el 16 de febrero de 2018, que incluye al país en el mapa de riesgo petrolero. El mapa titulado ”Barriles en riesgo”, indica que las dilatadas conversaciones de paz entre el Gobierno y el Eln, el incumplimiento de la clase dominante con los acuerdos de paz, el rechazo a la explotación petrolera por parte de las comunidades locales y los conflictos patronal-sindicales han conducido a nuevos ataques contra los oleoductos del país, al bloqueo de la producción y a la incertidumbre del futuro minero-energético.


Un futuro no solo en riesgo sino además incierto, pues sin contar con una política soberana para situarse en la arena global, carenciendo de una ley orgánica minero -energética, gestionada democráticamente y sin reservas importantes del hasta ahora vital recurso energético, la dirigencia rentista del país vive de las bondades de las bonanzas prolongadas o pasajeras del petróleo, robándolas y derrochándolas a través de la caja menor y mayor de los gobiernos de turno, sin ahorrar a través de una política estratégica en conocimiento, innovación e industria que le permita trazar para el futuro próximo sendas de soberanía así como abrir ventanas para que ingresen recursos por la aplicación de una política económica sostenible que destaque lo mejor de cada una de los sectores sociales y de las regiones que integran nuestro país.

 


 

La empresa, amenazas y buenos tiempos

 

Ecopetrol S.A. es una compañía transnacional de economía mixta pública por acciones, de carácter comercial constituida en 1948 en Bogotá, casa matriz del grupo empresarial Ecopetrol, dedicada a actividades comerciales o industriales relacionadas con la exploración, explotación, refinación, transporte, almacenamiento, distribución y comercialización de hidrocarburos, sus derivados y productos, directamente o por medio de sus empresas subordinadas.


La aprobación del Decreto 1760 de 2003, promovido por la administración Uribe, generó la fractura de Ecopetrol, quedando como otro operador más. En 2006, Uribe también impulsó la aprobación de la Ley 1118 en el Congreso de la República para traspasar parte de la propiedad de Ecopetrol al capital privado. Ahora, el 11.51 por ciento de las acciones de la Empresa se cotizan públicamente en las bolsas de valores de Colombia y Nueva York. El número de acciones en circulación es de 41.116.694.690, el 88.49 por ciento de las cuales le pertenecen al Ministerio de Hacienda y Crédito Público.


A partir de las dos últimas décadas del siglo XX, la mentalidad nacional, la economía y las finanzas públicas se petrolizaron en Colombia, producto del hallazgo de significativos volúmenes de hidrocarburos y el aumento acelerado del precio de los bienes minero-energéticos en el mercado internacional. En 2013 la producción diaria del país alcanzó la cifra de 1.010.000 barriles de petróleo y en 2012 el precio llegó a 112 dólares el barril referencial Brent (gráfico 2).


La participación de Ecopetrol (de manera directa o asociada) pasó de 52 por ciento que registró a principios de la década de 1980 a 80 en los últimos años. Las utilidades anuales se elevaron de 5,3 billones de pesos en 2009 a 15,4 billones en 2011. Esta tendencia alcista en la producción y los precios permitió, de una parte, que la acción se transara en 2.045 pesos en 2007 y cinco años después en 5.410; de otra, el dividendo anual por acción fue de 115 pesos en 2008 y de 300 en 2011 (gráficos 3 y 4).

 


 

1. Al revisar el histórico de la cotización del crudo Brent desde 1987, vemos que alcanzó su precio máximo, USD 132,7, en julio de 2008 y su precio mínimo, USD 9,8, en diciembre de 1998
2. La producción de carbón en Colombia llegó a 90,8 millones de toneladas en 2017; en septiembre de 2018 la producción promedio de crudo aumentó 1,9 por ciento frente al mismo mes del año pasado, pues se produjeron 868.704 barriles de petróleo promedio por día; y la producción comercial de gas fue de 962,5 millones de pies cúbicos por día, lo que significa un crecimiento del 3,6 por ciento en comparación con 2017.

*Economista y filósofo. Consultor, escritor e investigador independiente. Integrante de los Consejo de Redacción de los periódicos Le Monde diplomatique, edición Colombia y desdeabajo.

Trump: estrangular a Irán y matar a Khashoggi

El pasado 4 de noviembre entraron en vigor unas 700 sanciones contra Irán impuestas por Estados Unidos. El sector petrolífero y la banca iraní son los blancos de la extraña política energética de Donald Trump, quien había retrasado expresamente las sanciones hasta que pasaran las elecciones parlamentarias de Estados Unidos. Su objetivo era limitar el impacto de un aumento de los precios de petróleo sobre las opiniones de los electores. Ahora, los demócratas, que también incumplieron el acuerdo nuclear con Irán manteniendo las sanciones (sólo levantaron algunas y además de forma temporal), se presentan como salvadores del mundo ante los desmanes de su peligroso presidente.


Si es cierto que John Kerry ha pedido a la República Islámica de Irán que no negocie con Trump por su “inutilidad” y aguante dos años más hasta las elecciones de 2020, lo que el político demócrata pretende entonces es algo parecido al pacto que cerró Reagan con Jomeini en 1980: a cambio de mantener retenidos a sus compatriotas en la embajada de Estados Unidos en Teherán hasta después de las elecciones presidenciales y así derrotar a Jimmy Carter, Jomeini recibiría dinero y armas.


Pero hoy, tanto la generalizada crisis económica, social y política en Irán, como la imposibilidad de ceder aún más ante un Estados Unidos —que no se conforma con menos de un Irán muerto—, coloca a sus líderes de Teherán en una situación muy difícil. Ambas partes esperan un cambio de régimen en el país del otro. Mientras, Trump ha movido una serie de fichas, más petrolíferas que militares, para conseguir sus objetivos geopolíticos: seguir reconfigurando el mapa de Oriente Próximo a la medida de los nuevos intereses de Estados Unidos.
Khashoggi, Irán y el precio del petróleo


Estados Unidos ha negociado con Rusia y Arabia Saudí para que repongan en el mercado del petróleo el millón de barriles que no pone Irán. ¡Y lo ha conseguido! Ambos países ofrecerán a los clientes de Irán 1.300.000 barriles al día. Teherán se siente traicionado por Moscú. Desconocemos cómo convenció Trump a Putin, pero sí sabemos cómo convenció a los saudíes. Así se han desarrollado cronológicamente los acontecimientos:


• 5 de julio. “¡Bajad el precio del petróleo ahora!”, ordenó Trump a los Saud, cuando el barril llegó a costar unos 85 dólares.
• 24 de septiembre. Riad se niega porque necesita dinero para las obras faraónicas del Príncipe de las Tinieblas, Mohammed Bin Salman.
• 2 de octubre. Khashoggi es secuestrado. Estados Unidos y Turquía ocultan que también había sido asesinado, mientras en secreto extorsionan a Riad.
• 3 de octubre. Trump amenaza al rey saudí: “Podría no estar [en el cargo] en dos semanas”.
• 6 de octubre. Un “impertinente” príncipe heredero saudí responde a Trump: “Arabia Saudí existía antes de Estados Unidos”. Se equivoca: el reino saudí se fundó en 1932, y al ser una colonia de los británicos primero y de Estados Unidos después, para mantener su esfera de autonomía ha utilizado sus dos poderosas cartas: el petrodólar, con el que soborna a los dirigentes mundiales y secuestra sus economías, y el terrorismo yihadista. Ni Obama ocultaba su miedo a los jeques.
• 9 de noviembre. El espíritu de Khashoggi se venga, y Riad pierde la batalla. Los precios bajan, hasta hoy que ha tocado suelo: 67 dólares.


Así, Estados Unidos fuerza a Arabia salir de la OPEP, al romper el acuerdo del cartel, y se compromete producir hasta dos millones de barriles de más.


Que Washington haya permitido a nueve países —China, India, Japón, Taiwán, Corea del Sur, Turquía, Irak, Grecia e Italia—, seguir comprando el petróleo iraní de forma temporal y en cantidades mínimas, se debe a:


1. No haber logrado un consenso mundial contra Teherán, ya que éste cumple “religiosamente” con el pacto nuclear.

2. Productores como Nigeria, Libia y Venezuela no consiguen cumplir con sus cuotas en el mercado.

3. Proteger la economía de la clase media estadounidense ante el inicio del invierno: la clase media gasta el 8% de sus rentas en gasolina, transporte, o calefacción, cuando para las familias ricas esta cifra es del 1%.

4. La dificultad real y a corto plazo de sustituir los 1,15 millones de barriles del petróleo ligero iraní para aquellos clientes que han diseñado sus refinerías para este tipo de crudo.


A cambio de esta concesión, Trump obliga a Turquía, por ejemplo, a comprar hasta el 60% de sus necesidades energéticas a compañías estadounidenses que operan en el Kurdistán iraquí; o a la India, segundo gran comprador del crudo iraní, a que pague sólo el 25% del precio de los 275.000 barriles a Irán, y que lo haga en forma de trueque: la formula Alimentos por petróleo que en Irak mató a cerca de dos millones de personas entre 1991 y 2013.


Además, para complacer a Nueva Delhi, Trump ha cancelado 300 millones de dólares en ayuda a Pakistán. Y quiere impedir tanto el desarrollo de la Ruta de la Seda Rusa, el Corredor de Transporte Norte-Sur (INSC) que uniría Rusia con Irán, India, y el Océano Índico, como la construcción del oleoducto Irán-Pakistán-India, por ser rival del proyecto estadounidense del gasoducto Transafgano (siendo uno de los motivos de la ocupación de Afganistán por la OTAN).


China, el principal comprador del petróleo iraní, ha bajado su compra a la mitad a pesar de recibir considerables descuentos, situación que terminará en una guerra de precios de consecuencias imprevisibles. Paradójicamente, el país del Sr. Xi es el principal ganador de la obsesión de Trump por Irán. Además, como cuenta la Teoría de juegos, un precio bajo del petróleo iraní hará bajar el precio de otros productores. Y un secreto: los costos de producción del barril iraní son 9 dólares frente a los 19 de Rusia, o casi los 40 dólares de Alaska.

 

Las medidas de Irán


Hay varias razones que incapacitan a Irán para organizar una resistencia patriótica ante esta guerra económica:

 

1. Su naturaleza capitalista, más bien una economía primitiva islámica de mercado centrada en el comercio, que no en la producción industrial. La burguesía compradora del país ha hecho que aumente la dependencia de la economía a las rentas del petróleo, controlada por la élite clerical-militar. Irán sufre la recesión económica más profunda de su historia reciente, con cientos de fábricas cerradas, 12 millones de parados, una inflación galopante y la mitad de la población por debajo del umbral de la pobreza, según el Banco Central iraní, a pesar de que en 2017 la renta del petróleo fue de 55.000 millones de dólares, un 45% más que en 2016.

2. Su ideología religiosa divide a los ciudadanos, a los países y pueblos de la zona en líneas sectarias, impidiendo una participación organizada de la clase trabajadora, las mujeres y los intelectuales no islamistas en la resistencia contra el imperialismo. Los dirigentes de Irán al igual que sus colegas de Estados Unidos viven en un universo de fantasía, con su vestido de rey incluido.


El parlamento iraní prevé un crecimiento negativo de la economía entre 0,5% y 2,8%. Irán debería buscar nuevos clientes para sus exportaciones, crear una bolsa de petróleo, utilizar divisas digitales, reemplazar el SWIFT (que acaba de desconectarse del Banco Central iraní) por el SPFS la alternativa rusa, y luchar contra el gobierno paralelo que opera desde el poder y exporta el petróleo y otros productos por canales no oficiales.


La amenaza de un estallido social —resultado de la profunda brecha entre los ricos y los pobres— es mayor que una agresión militar de Israel o Estados Unidos. Una élite multibillonaria ha destruido a la clase media y ha convertido a la mayoría de la población de 81 millones en pobres. Es así como la petición de Akbar Welayatí, el asesor de ayatolá Jameneí, ha encendido a los iraníes al reprocharles que debiesen aprender de los yemeníes que “vestidos con una sábana y comiendo pan seco, luchan contra el enemigo”.


¿Están comparando los dirigentes iraníes la situación del país con la de Yemen? Además, eso lo dice justamente alguien que vive en una mansión de mil metros situada al lado del Palacio Saadabad, la residencia del Sha fallecido, y que recibe los salarios de 37 cargos, según el diario Ghanun. Aun así, hasta hoy los ciudadanos en sus protestas no han pedido el derrocamiento de los ayatolás, sino una democracia económica y política. Los ayatolás, en vez de invertir miles de millones de dólares en propagar la religión y mantener a grupos islamistas por el mundo, deberían cambiar de enfoque sobre la vía de fortalecer la seguridad nacional de Irán: atender las justas reivindicaciones del pueblo. Hay trabajadores de varias fábricas, como la Empresa Nacional de Acero Ahvaz, que llevan meses sin cobrar su salario, mientras las autoridades viven en sus paraísos terrenales.

 

Un futuro inquietante


“Los accidentes son una posibilidad muy real”. El asesor en temas de Irán para la Casa Blanca Brian Hook amenaza con hundir las petroleras iraníes de forma “accidental”, con el fin de provocar a Irán y arrastrarle a una guerra bélica directa. Hay que recordar que el 3 de julio de 1988, la Armada de Estado Unidos ya derribó un Airbus iraní en el Golfo Pérsico matando a 290 personas.


Paralelamente, el Pentágono ha enviado parte de Daesh, su brazo yihadista, al Arco de Crisis en Asia Central, aumentando la tensión en la frontera entre Irán y Pakistán.


Si se alargan las sanciones, Europa, que ha sido incapaz de convencer a sus compañías (Siemens, Groupe PSA y Saipem, Total SA, etc.) para que permanezcan en Irán, abandonará esta misma floja resistencia ante las presiones de Trump, e Irán se verá forzado a elegir una de sus escasas e indeseables opciones.


Trump, que ha colocado a un militar como Secretario de Estado, sigue una diplomacia coercitiva: obedeces o te aplastaré. Su estrategia es el juego de suma cero con Irán.

 

13 noviembre 2018

Publicado enInternacional
Martes, 06 Noviembre 2018 06:42

Trump pone a prueba la resistencia de Irán

Trump pone a prueba la resistencia de Irán

Teherán tendrá que ajustar su economía a la nueva realidad que han creado las sanciones del presidente Trump. Son sanciones duras que sin duda tendrán implicaciones en la región, y probablemente en la marcha de la economía mundial


El último paquete de sanciones económicas contra Irán que ha entrado en vigor este lunes, sitúa a Irán en una posición complicada aunque numerosos expertos aseguran que la república islámica está hoy en mejor situación que nunca para hacer frente al órdago del presidente Donald Trump.


Son sanciones que abarcan campos muy distintos, como la energía, el petróleo, la banca, los transportes o la industria petroquímica, y con toda seguridad tendrán repercusiones negativas en la economía del país, aunque los líderes iraníes han recordado que han sufrido sanciones ininterrumpidamente desde la proclamación de la república islámica hace cuatro décadas.


Con la aplicación del nuevo castigo, Trump cumple una de las promesas que realizó durante la campaña electoral: acabar con el acuerdo nuclear que Barack Obama firmó con Teherán con el aval de las potencias europeas, un acuerdo sin precedentes y uno de los mayores logros de Obama, al que entonces se opusieron Israel y Arabia Saudí, dos países que ahora se consideran beneficiados con este paso.


Ciertas potencias europeas, como Alemania, el Reino Unido y Francia han garantizado que van a seguir comerciando con Irán. Este es un anuncio importante que habla de la sima que poco a poco se está abriendo entre Europa y Estados Unidos como consecuencia de las políticas unilaterales de Trump.


Teherán no ha denunciado el acuerdo nuclear de 2015, de manera que seguirá vinculado al mismo y no trabajará para expandir su programa nuclear más allá de lo acordado con Obama y con los europeos. Los iraníes muestran así el deseo de mantener abierto un cordón con Occidente a pesar del revés de la última ronda de sanciones.


Los europeos no están solos en esta guerra. Otras grandes potencias como China, India o Turquía seguirán adquiriendo petróleo iraní. Aunque un par de multinacionales chinas se han doblegado y han suspendido sus relaciones con Irán, Pequín, el primer importador de crudo iraní, seguirá importándolo al igual que India o Turquía.


Trump ha dicho que la intención de su administración es que a medio plazo Irán deje de vender completamente petróleo en los mercados internacionales. Esto podría producirse en el plazo de medio año o un año, en función de si tiene éxito o no la campaña de presión estadounidense sobre varios países que han quedado exentos de aplicar completamente las sanciones por el momento.


Si el objetivo que se ha marcado Trump públicamente es el de cero exportaciones de crudo iraní, otros miembros de su administración no esconden que el fin de las sanciones va más allá y pretende provocar un cambio de régimen, tal como ha señalado el consejero para la seguridad nacional de Estados Unidos, John Bolton.


Es una incógnita si Trump conseguirá dividir a los iraníes con las sanciones. Algunos líderes de este país han manifestado en los últimos días que más bien ocurrirá lo contrario, que los iraníes estarán más unidos para hacer frente a las decisiones unilaterales del presidente estadounidense, decisiones que han sido criticadas en el resto del mundo, con excepción de Israel y Arabia Saudí.


En el horizonte de John Bolton también se ve el deseo de Estados Unidos de crear una especie de alianza atlántica en Oriente Próximo, integrada por los países de mayoría suní y liderada por Arabia Saudí, con el apoyo de Israel, para hacer frente a Irán. Este es un deseo que los líderes suníes reaccionarios de la región vienen acariciando desde hace varios años y que ahora podría comenzar a aplicarse.


El ascendente de Irán en Oriente Próximo ha ido creciendo en cuanto a lo que tiene que ver con las minorías chiíes que hay en la región, minorías que en los distintos países donde las hay representan a los sectores más progresistas de la sociedad, algo que naturalmente choca con los intereses de Arabia Saudí e Israel.


La alianza atlántica regional que favorece Bolton tiene que ver justamente con la creciente influencia de Teherán, una potencia que no busca exportar su fundamentalismo a los grupos chiíes a los que apoya, como se ve en Siria, Yemen o Líbano, donde Hizbolá es una de las organizaciones más tolerantes de este país en los aspectos social y religioso. En principio, la influencia de Irán en Oriente Próximo no se verá entorpecida.


Una cuestión que permanece abierta es la del efecto que tendrán las sanciones en los terceros países que van a seguir comerciando con la república islámica. Especialmente interesante será ver si la administración Trump se atreve a imponer sanciones, y hasta qué punto, a China o India, o si estos países se doblegan y acaban por obedecer el dictado de Washington.


Buena parte del daño que implican las sanciones de Estados Unidos ya se está notando. Desde que en mayo último las anunció Trump, se estima que Irán ha dejado de vender un tercio del petróleo que exportaba hasta esa fecha. Pero la verdadera resistencia de Teherán se verá en los próximos meses, cuando deberá ajustar su economía a la nueva e incierta realidad que se ha creado y quizá tenga que hacer frente a desórdenes y protestas en el interior del país.

jerusalén
06/11/2018 07:56 Actualizado: 06/11/2018 10:11
EUGENIO GARCÍA GASCÓN

 

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Cinco violaciones de derechos humanos por multinacionales europeas que hacen necesario un tratado vinculante

Arranca la cuarta ronda de negociaciones para lograr un tratado vinculante sobre multinacionales y violaciones de derechos humanos. Organizaciones de todo el planeta denuncian la impunidad con la que estas empresas pueden evadir sus responsabilidades.

Esta semana se celebra en Ginebra la cuarta sesión del grupo de trabajo intergubernamental encargado de elaborar un tratado vinculante sobre empresas transnacionales y derechos humanos. Más de 100 organizaciones internacionales, movimientos sociales y representantes gubernamentales se reúnen para negociar un acuerdo que aborde las lagunas en la legislación nacional e internacional y hacer frente así a las complejas estructuras jurídicas de las empresas transnacionales, con la intención de que las compañías matriz de las grandes multinacionales sean responsables de las violaciones a los derechos humanos que realizan sus empresas subsidiarias en todo el mundo.


Una investigación coordinada por varias organizaciones civiles —como Amigos de la Tierra Francia, el Centro Europa-Tercer Mundo (CETIM) o el Transnational Institute (TNI)— revela que los argumentos para obstruir y oponerse a la elaboración de un tratado vinculante que ha realizado la Unión Europea (UE) en las negociaciones son exactamente iguales que los argumentos de los grandes lobbies industriales.


“La UE no hace más que repetir como un loro lo que dicen los lobbies empresariales internacionales en este grupo de trabajo de la ONU, con los mismos argumentos y a veces las mismas palabras. Se deben tomar medidas para proteger el proceso de la ONU de influencias corporativas dañinas", explica Juliette Renaud, de Amigos de la Tierra Francia.
El informe, llamado The EU and the corporate impunity nexus , presenta además una serie de casos de empresas europeas donde, tras los apellidos como “verdes” y “responsables”, se esconden prácticas que contradicen totalmente el discurso que utiliza la UE para defenderlas como tales. La exposición de este tipo de prácticas por parte de estas empresas europeas se ha hecho para mostrar la necesidad de que avancen las negociaciones para un tratado internacional vinculante.


“Los estudios de casos de las multinacionales europeas que hemos incluido en este informe muestran cómo prevalece actualmente la impunidad de las empresas y a las comunidades afectadas se les priva de justicia”, declara Mónica Vargas, del Transnational Institute (TNI), quien añade que “un tratado vinculante sobre las transnacionales y los derechos humanos que sea robusto será un cambio de juego en el ámbito del derecho internacional de los derechos humanos”.


LA PETROLERA SHELL Y LA PATAGONIA ARGENTINA


La holandesa Royal Dutch Shell, junto a otras empresas como Chevron, BP, Total, Wintershall y Statoil, participa en un proyecto de extracción de gas y petróleo no convencionales en la provincia Neuquén, en la Patagonia argentina. Según relata la organización Observatorio Petrolero Sur , la filial de argentina de la petrolera, Shell CAPSA, participó en la perforación de pozos en las inmediaciones del área natural protegida Auca Mahuida, violando la legislación de protectora del medio ambiente. Tampoco se tuvo en cuenta la preexistencia étnica y cultural de los pueblos indígenas de Argentina, como las comunidades mapuches afectadas, y su derecho al territorio consagrado en la Constitución argentina.


Esto llevó a las organizaciones de la sociedad civil a presentar una declaración conjunta al Comité de Derechos Humanos de la ONU en 2016 y, en 2017, a presentar otro documento al Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de la ONU. La única vez que Shell reconoció los impactos adversos de sus operaciones en una comunidad Mapuche fue cuando en la firma de un acuerdo voluntario de compensación, en el que no reconoció los derechos indígenas como tales, ignorando la Constitución del país y las denuncias ante la ONU.
las energéticas españolas y el Istmo de Tehuantepec


Las empresas españolas Iberdrola, Gas Natural Fenosa, Acciona, Renovalia y EDF están implicadas en el desarrollo del mayor corredor eólico de América Latina, que está provocando numerosos impactos en el territorio y en la población de la zona, predominantemente indígena. Según relata el Observatorio de Multinacionales en América Latina (OMAL) en el informe, el proceso de construcción del Corredor Eólico Istmo de Tehuantepec no ha garantizado el derecho al consentimiento libre, previo e informado. Asimismo, ha implicado el uso de medios ilegales para modificar la propiedad de la tierra de la comunidad y falsas promesas para engañar a la población para que firme contratos de arrendamiento de sus tierras. Además, aunque la energía eólica se considera energía limpia, este megaproyecto está teniendo múltiples impactos en el territorio, que van desde cambios en el uso de la tierra e impactos ambientales, hasta la militarización y la masculinización del territorio.


Sin embargo, a pesar de las diversas violaciones de los derechos y de las numerosas sentencias judiciales aún pendientes, las peticiones de cancelación de contratos o de suspensión de los proyectos iniciados sin consulta previa sólo han dado un resultado positivo en un pequeño porcentaje de los pocos casos.


G4S Y LOS TERRITORIOS PALESTINOS OCUPADOS


La multinacional de seguridad británica G4S se ha hecho famosa por ofertar la realización de servicios “de baja reputación” a gobiernos, tales como la detención de migrantes o el control de fronteras. Según denuncia en este informe la organización española Instituto internacional por la Acción no Violenta, Novact, este tipo de externalizaciones por parte de los Estados puede difuminar y dificultar la depuración de responsabilidades de gobiernos y las empresas privadas en las violaciones de los derechos humanos mientras se acometen estos servicios.


La empresa británica ya ha recibido varias denuncias por ofrecer a los gobiernos una manera low cost de realizar este tipo de servicios de seguridad y transferir las responsabilidades a esta, la cual se protege mediante su estructura internacional y, según Novact, “crea un entorno propicio para que se cometan violaciones de los derechos humanos”.


A través de su filial israelí, G4S se ha visto implicada en varias denuncias de violaciones de derechos humanos en los territorios palestinos ocupados. Las primeras violaciones se denunciaron en varios centros de detención gestionados por la empresa, donde los menores permanecieron en régimen de aislamiento durante días. Otra de las denuncias por el maltrato de mujeres palestinas, especialmente mujeres embarazadas, en centros de detención controlados por la compañía. Un tercera denuncia abarca todas las operaciones de G4S en territorios ocupados palestinos. A pesar de que el Punto de Contacto Nacional británico concluyó que se habían producido violaciones, no se pudieron tomar medidas legales, ya que G4S vendió la mayor parte de sus activos israelíes en 2016 a inversores locales, aunque los nuevos propietarios conservaron el equipo de gestión de G4S.
Indra, la militarización de las fronteras y Yemen


La empresa española Indra continúa su paso firme para convertirse en una de las principales empresas europeas de defensa y seguridad. Según denuncia el Centre Delàs en el informe, Indra tiene una enorme fuerza como lobby en Bruselas y participa en la elaboración de directrices estratégicas del Programa Europeo de Investigación sobre Seguridad, lo que ha dado lugar a un mayor número de contratos para la empresa española.


Cuando en 2005 se decidió reforzar el muro de la frontera marroquí en Ceuta y Melilla, Indra y otras dos empresas (ACS y Ferrovial) ganaron 8 de cada 10 euros que se destinaron al desarrollo fronterizo. Gracias, en parte, a las presiones como lobby de Indra y de otras empresas del sector, la UE destinó 2.000 millones de euros a reforzar sus fronteras exteriores entre 2007 y 2013, y solo 700 millones de euros a mejorar las condiciones de vida de los refugiados y solicitantes de asilo.


Según el Centre Delàs, el ejemplo más claro es la guerra en Yemen. Armas con componentes producidos por Indra están siendo utilizadas por la coalición saudí para bombardear objetivos civiles. La violación de los derechos humanos por parte de un país al que una empresa con participación del Estado español (un 18,7% de sus acciones están en manos de la empresa estatal SEPI) ha vendido armas, según el informe, haría cómplices a Estado y multinacional de las violaciones de los derechos humanos y los presuntos crímenes de guerra cometidos por Arabia Saudí.


SYNGENTA Y LA MUERTE DE TRABAJADORES DEL ALGODÓN EN LA INDIA


En Yavatmal, región algodonera de la India, varios trabajadores del algodón fueron envenenados mientras fumigaban entre julio y noviembre de 2017. Al menos 50 murieron y más de 1.000 enfermaron, algunos durante meses.


Syngenta, una multinacional anteriormente suiza que ahora es de propiedad china, fabrica Polo, uno de los plaguicidas involucrados en este caso. Su ingrediente activo, el diafentiurón, está clasificado como ligeramente peligroso por el Gobierno de la India y altamente peligroso por la Pesticide Action Network (PAN) India. Por ley, los fabricantes de plaguicidas, como Syngenta, deben capacitar a los usuarios y garantizarles el acceso al equipo de protección personal y al equipo médico necesario en caso de envenenamiento. Algo que, según relata en el informe la organización suiza MultiWatch, no parece haberse hecho en el caso de la India. Tampoco se ha proporcionando información en los idiomas locales sobre seguridad de uso, algo también obligado para este tipo de productos.


Una coalición de ONG presentó un informe a la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO) y a la Organización Mundial de la Salud (OMS) para denunciar a Syngenta y a otras empresas químicas con sede en la UE por violar el Código Internacional de Conducta para la Gestión de Plaguicidas, un código de aceptación voluntaria. Sin embargo, estos organismos de las Naciones Unidas no han cumplido ninguna recomendación específica y la empresa no ha sido sentada ante ningún tribunal.

Yago Álvarez
@EconoCabreado
2018-10-15 16:48:00

 

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Rebelión por el agua tóxica en Basora (Irak) que estremece al Medio Oriente

Sin el caníbal fracking –"fracturación hidráulica" que provoca estragos con su pletórica agua contaminada y sus sismos, además de constituir un fraude financiero de la Reserva Federal y la bancocracia de Wall Street y La City (http://bit.ly/2xPSYVB)–, el "agua tóxica" ha ocasionado una rebelión en Basora, tercera ciudad más importante del devastado Irak –detrás de Mosul y Bagdad– con dos millones de habitantes en el corazón de los principales yacimientos petroleros del mundo y que puede tener severas implicaciones en la geopolítica del golfo Pérsico.

Patrick Cockburn juzga que la grave crisis del "agua tóxica" de Basora, la otrora "Venecia del Golfo", puede desestabilizar a Irak.

El "agua tóxica" ha ocasionado una rebelión: cerrando Umm Qasr, principal puerto de Irak, y llegando a incendiar las oficinas del gobierno y de los partidos políticos acusados de las desgracias acuíferas que han provocado una epidemia de cólera.

Según Cockburn, los hospitales de Basora hasta principios de septiembre habían tratado 17 mil 500 personas por diarrea crónica y malestares estomacales, después de haber bebido agua contaminada. Otros manejan la cifra dantesca de 90 mil hospitalizados.

Lo absurdo radica en que las petroleras alrededor de Basora exportan más petróleo que nunca: cuatro millones de barriles al día en agosto, que equivalen a ocho mil millones de dólares al mes.

Resulta que "el agua salina se mezcla con el agua fresca, lo que la hace salobre y reduce la efectividad del cloruro que de otra forma mataría a las bacterias".

La abundancia de bacterias se debe a que el sistema acuífero no ha sido renovado durante 30 años –el tiempo de las dos guerras que libró EU– cuando las "aguas cloacales de las tuberías rotas se mezclan con el agua fresca".

Los dos principales bloques políticos de Irak todavía no forman un nuevo gobierno, lo cual ha paralizado las medidas de higiene acuífera, mientras los niveles del agua descendieron dramáticamente en la parte iraquí del río Tigris, y Turquía disminuyó el flujo del Éufrates en 55 por ciento (https://ind.pn/2C3t18I).

La tormenta es perfecta: Patrick Cockburn sentencia que Irak "es ya una de las arenas de la escalada de la confrontación de EU e Irán", mientras que "la amenaza de la epidemia del cólera en Basora y las crisis en Irak tienden a expandirse velozmente e infectar a la región entera" (https://ind.pn/2OH6chV).

Cockburn alerta que una "sequía catastrófica amenaza a Irak conforme las principales presas en los países circundantes cortan el agua de sus grandes ríos": el Tigris y el Éufrates.

Conforme "Turquía, Siria e Irán construyen presas en sus ríos, partes de Irak se están volviendo desérticas".

Según Cockburn, pese a que "Irak empieza a recuperarse de 40 (sic) años de guerras y emergencias, su existencia es amenazada por el rápido descenso de sus niveles acuíferos de sus dos grandes ríos", el Tigris y el Éufrates.

Cockburn arguye que "Irak fue en el pasado autosuficiente en alimentos y ahora importa 70 por ciento de sus necesidades".

Es increíble que la sequía de Irak sea provocada por sus vecinos (https://ind.pn/2OJeaXU) y su carencia de agua puede obligar el éxodo de cuatro millones de personas (https://ind.pn/2OLdeCa) cuando tres mil millones de dólares del gobierno han sido exiguos.

Su vecino Kuwait entregó cuatro sistemas de desalinización con capacidad de 250 galones galones cada uno, pero ha sido exiguo (http://bit.ly/2OKcugz).

The World Resource Institute (WRI) expuso imágenes satelitales de Marruecos, España, Irak e India que podrían sufrir una crisis hídrica como la que hoy padece Ciudad del Cabo, en Sudáfrica (http://bit.ly/2OKxGD7).

Según WRI, “el choque hídrico podría –si se conjuga con vulnerabilidad existente política, económica y social– precipitar una crisis que podría incluso terminar en un alzamiento político, conflicto o migraciones masivas”.

No solamente Irak es flagelada en su zona sur de Basora, sino que también es martirizada en el norte, en su reserva de Mosul que "se ha encogido en un 60 por ciento (sic) de su área desde finales de la década de los noventa".

Irak es un Edén en vías de extinción gestado por los humanos.

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