La salud en el Plan Nacional de Desarrollo: de mal a peor**

Para revisar, analizar y proyectarnos en relación al tema de salud en el PND Duque, debemos partir del pacto por la equidad, donde plantea “la necesidad de alcanzar un consenso sobre una visión de largo plazo del sistema de salud, centrada en la atención de calidad al paciente, con cobertura universal sostenible financieramente y acciones de salud pública consistentes con el cambio social, demográfico y epidemiológico que enfrenta Colombia”.

 

Ni calidad, ni equidad financiera, ni preservación de lo público en salud

 

Para así proceder, proyecta un conjunto de medidas en el articulado de la propuesta del PND relacionadas con temas de competencias en salud por parte de la nación y de los departamentos; destinación y distribución de los recursos del sistema general de participaciones para salud; distribución de los recursos de aseguramiento en salud y de los recursos del componente de salud pública y subsidios a la oferta; pago de servicios y tecnologías de usuarios no afiliados; sostenibilidad financiera del Sistema General de Seguridad Social en Salud (SGSSS); saneamiento financiero del sector salud en las entidades territoriales; giro directo; eficiencia del gasto asociado a la prestación del servicio y tecnologías no financiados con cargo a los recursos de la UPC; incentivos a la calidad y los resultados en salud; solidaridad en el sistema de salud; integrantes del SGSSS; cotización de trabajadores independientes y exoneración de aportes.

En relación con la institucionalidad pública para la atención de la salud de la población, la propuesta del PND es totalmente débil y sigue privilegiando la red privada por encima de la red pública en salud (la que involucra los centros de salud, los hospitales de primer nivel, regionales y universitarios, que son los que atienden a los sectores más marginales, pobres y dispersos de la población en el país).

 

En los artículos

 

El artículo 56 impone a los Hospitales Públicos su sometimiento a planes de saneamiento fiscal y financiero a cargo del Ministerio de Hacienda so pena de ser liquidados; el artículo 129 destinan recursos para subsidio a la oferta de los hospitales públicos (que debe ser el tipo de oferta dominante en el sistema de salud, que quiere decir que el Estado le pasa un presupuesto anual a las instituciones para su funcionamiento, de manera directa sin ninguna intermediación), pero solo el 2 por ciento de los recursos del sistema general de participación, que es un monto totalmente insuficiente, y el artículo 135 que deja opcional la medida del giro directo, que tenía un carácter obligatorio para el régimen subsidiado y para las EPS que tiene  medidas de vigilancia especial por parte de la Supersalud, con lo que se afecta la llegada de recursos de los hospitales aumentando su inviabilidad1.

 

Más de lo mismo

 

Es evidente que vuelve este gobierno, como los anteriores, a enfatizar en la sostenibilidad financiera del sistema, un tema recurrente en el abordaje del sistema de salud colombiano, lo que realza una comprensión absolutamente limitada de la salud, plegada a la atención a la enfermedad y no comprendida en su

complejidad ligada a las condiciones en que se vive y se trabaja, lo que demanda políticas de bienestar más allá de colocar toda la carne en el asador del sistema de salud, en donde ya muchas investigaciones demuestran que solo aporta en un 11 por ciento a la construcción social de la salud.

Esta visión reducida se observa claramente en el artículo 128 sobre la destinación y distribución de los recursos del sistema general de participaciones para salud, que plantea que el 90 por ciento de estos recursos vaya al componente de aseguramiento en salud de los afiliados al Régimen Subsidiado y el 10 restante para el componente de salud pública y subsidios a la oferta.

Acá se asume que lo importante es que la gente esté asegurada, a pesar de saber que no es garantía de atención, aunque se esté afiliado. Se equipara aseguramiento a equidad, que no tiene sustento, en tanto por la vía del aseguramiento no se recibe lo que se requiere en salud de acuerdo a las necesidades individuales y a los contextos territoriales, sino de acuerdo a la capacidad de pago, que establece el paquete de servicios que se recibe. Quien paga más, recibe más, quien paga menos, recibe menos. No se recibe de acuerdo con lo que se requiere. Esto claramente no es una vía para alcanzar la equidad en salud.

Adicional a esto, colocan todo el esfuerzo financiero en la atención a la enfermedad. ¿Por qué no invertir esta fórmula?, ¿por qué no colocar el 90 por ciento de los recursos de salud de la nación a mejorar lo sanitario, lo ambiental, lo alimentario de la población?, que de así proceder, seguro, alcanzaríamos una condición mejor de salud para la población, como lo demuestran las experiencias en los países que así lo hacen.

Pero claro, hay que entender que el negocio está en el aseguramiento, el negocio está en la atención a la enfermedad; producir salud mejorando el bienestar y la vida de la gente no renta para los actores de mercado metidos en el negocio de la salud.

En relación a la propuesta de saneamiento financiero del sistema, que es una de las mayores preocupaciones, las fórmulas no son distintas a las planteadas por gobiernos anteriores: control de pagos al PBS (Plan de Beneficios de Salud) estableciendo un listado exhaustivo y topes para el pago; pago directo a las EPS, IPS y a los proveedores de tecnologías y medicamentos; inyección de recursos públicos al sistema para sanear las deudas, que fue lo que denomino Duque en su campaña como “Acuerdo de Punto Final”; y mecanismos para que sean el menor número de personas posibles las que reciban subsidios completos.

El artículo 133 correspondientes al acuerdo de punto final, pretende cargar las deudas del sistema de salud (cercanas a 10 billones de pesos), al conjunto de la población, en tanto los recursos de donde derivaran los pagos provendran del Presupuesto General de la Nación, obtenido en gran parte de los impuestos que paga la ciudadanía. Así, de nuevo vuelve y juega la fórmula ya instalada en estos contextos: salvar a las entidades privadas con los recursos públicos.

Asimismo, vuelve y aparece la propuesta de incentivos a la calidad y los resultados en salud (Art. 137), planteándose que habrá unos incentivos monetarios, de reconocimiento social y empresarial para los distintos actores del sistema de salud que demuestren calidad y resultados. Esto no opera en un sistema de salud con lógica de mercado, donde lo sustancial es la relación costo-beneficio de sus actividades, que subordina la calidad, la calidez y la garantía real del derecho a la salud.

Aparecen varias perlas en el articulado, dos para destacar: una es lo que eufemísticamente denominan solidaridad en el sistema de salud, que consiste en que los afiliados al Régimen Subsidiado, que de acuerdo con el Sisbén sean clasificados como no pobres o no vulnerables, deberán contribuir solidariamente al sistema de acuerdo con su capacidad de pago parcial, definida según el mismo Sisbén (Art. 138). La otra, es que los trabajadores independientes con ingresos iguales o superiores a un salario mínimo legal mensual vigente efectuarán su cotización sobre una base mínima de cotización del 55 por ciento del valor de los ingresos (Art. 140), por ahora lo hacen sobre el 40.

Como se observa, la propuesta del PND en salud es más de lo mismo: no hay cambio de orientación, no hay cambios estructurales, el foco sigue siendo lo financiero y no la salud de la gente, a pesar de que retóricamente hablen de calidad y de equidad. Acá la gente está para financiar el negocio, bien pagando donde no tiene que pagar, bien recibiendo menos sueldo, bien pagando más impuestos, bien subsanando los detrimentos y la corrupción de los entes privados con dineros públicos. Los que van a seguir felices son los actores de mercado que no son tocados y seguirán lucrándose a expensas de la salud y la vida de la gente.

 

Construir un real pacto social por la salud

 

Esta propuesta de PND sigue el mismo camino ya recorrido por los gobiernos anteriores, basado en diagnósticos parciales, con análisis acomodados y generando terapias incorrectas, pero útiles a los mercaderes de los asuntos de la gente que ven como negocio: los recursos naturales, la salud, la alimentación, la educación, el saneamiento.

Con lo proyectado por este PND no es posible alcanzar los objetivos trazados en materia de salud, en tanto no logra una visión consensuada y de largo plazo del sistema, ni atención centrada en calidad hacia el paciente, ni equidad financiera, ni un énfasis en la salud pública con una aproximación diferencial al territorio, tal como lo considera el mismo DNP. Una real desconexión entre el propósito y las formas de logarlo.

La propuesta del PND de realizar un gran pacto de todos por la sostenibilidad de la salud, es un planteamiento de antaño de los sectores sociales, de académicos y políticos, pero no precisamente en clave de sostenibilidad financiera del sistema de salud, sino en clave de configurar un conjunto de políticas públicas y un sistema de salud que con certeza afecten y transformen positivamente las determinaciones sociales de la salud, relacionadas como se ha dicho ya con las condiciones de vida y trabajo.

¿Será que el gobierno nacional, las EPS, la industria, los proveedores de insumos y medicamentos, los médicos, los hospitales y clínicas, si estarían dispuesto a liderar un proceso de pacto en conjunto con la academia, las organizaciones sociales, los gremios de trabajadores de la salud y el conjunto de la ciudadanía, no para como dice el Ministro de Salud “cuidar y usar adecuadamente, entre todos, el sistema de salud”, sino para configurar políticas y un sistema de salud que produzca salud y no exclusivamente atención a la enfermedad, es decir un pacto social que aborde a la salud como un derecho humano fundamental, en toda la complejidad de su contenido, y no como mercaduría?

La experiencia en todos estos años nos ha demostrado que esto es improbable y el camino trazado por la propuesta del PND, por desfortuna, lo ratifica. Una vía realmente participativa solo será posible con una amplia y fuerte movilización del conjunto de la sociedad, que reconozca que 25 años con este sistema de salud, implantado por la Ley 100, son suficientes y que requerimos una nueva forma de comprender, diagnosticar y abordar la salud en el país, una forma que enfrente las injusticias en salud y que tome en cuenta realmente las dinámicas regionales y poblacionales.

 

** Una versión previa de este articulo apareció en el Semanario Virtual Caja de Herramientas, Edición 623, 15 de febrero de 2019.
1 Corcho, Carolina (2019). La salud pública en riesgo en el Plan Nacional de Desarrollo. Revista Sur. https://www.sur.org.co/la-salud-publica-en-riesgo-en-el-plan-nacional-de-desarrollo/
** Médico Salubrista, Profesor Universidad Nacional de Colombia

Publicado enColombia
La salud en el Plan Nacional de Desarrollo: de mal a peor**

Para revisar, analizar y proyectarnos en relación al tema de salud en el PND Duque, debemos partir del pacto por la equidad, donde plantea “la necesidad de alcanzar un consenso sobre una visión de largo plazo del sistema de salud, centrada en la atención de calidad al paciente, con cobertura universal sostenible financieramente y acciones de salud pública consistentes con el cambio social, demográfico y epidemiológico que enfrenta Colombia”.

 

Ni calidad, ni equidad financiera, ni preservación de lo público en salud

 

Para así proceder, proyecta un conjunto de medidas en el articulado de la propuesta del PND relacionadas con temas de competencias en salud por parte de la nación y de los departamentos; destinación y distribución de los recursos del sistema general de participaciones para salud; distribución de los recursos de aseguramiento en salud y de los recursos del componente de salud pública y subsidios a la oferta; pago de servicios y tecnologías de usuarios no afiliados; sostenibilidad financiera del Sistema General de Seguridad Social en Salud (SGSSS); saneamiento financiero del sector salud en las entidades territoriales; giro directo; eficiencia del gasto asociado a la prestación del servicio y tecnologías no financiados con cargo a los recursos de la UPC; incentivos a la calidad y los resultados en salud; solidaridad en el sistema de salud; integrantes del SGSSS; cotización de trabajadores independientes y exoneración de aportes.

En relación con la institucionalidad pública para la atención de la salud de la población, la propuesta del PND es totalmente débil y sigue privilegiando la red privada por encima de la red pública en salud (la que involucra los centros de salud, los hospitales de primer nivel, regionales y universitarios, que son los que atienden a los sectores más marginales, pobres y dispersos de la población en el país).

 

En los artículos

 

El artículo 56 impone a los Hospitales Públicos su sometimiento a planes de saneamiento fiscal y financiero a cargo del Ministerio de Hacienda so pena de ser liquidados; el artículo 129 destinan recursos para subsidio a la oferta de los hospitales públicos (que debe ser el tipo de oferta dominante en el sistema de salud, que quiere decir que el Estado le pasa un presupuesto anual a las instituciones para su funcionamiento, de manera directa sin ninguna intermediación), pero solo el 2 por ciento de los recursos del sistema general de participación, que es un monto totalmente insuficiente, y el artículo 135 que deja opcional la medida del giro directo, que tenía un carácter obligatorio para el régimen subsidiado y para las EPS que tiene  medidas de vigilancia especial por parte de la Supersalud, con lo que se afecta la llegada de recursos de los hospitales aumentando su inviabilidad1.

 

Más de lo mismo

 

Es evidente que vuelve este gobierno, como los anteriores, a enfatizar en la sostenibilidad financiera del sistema, un tema recurrente en el abordaje del sistema de salud colombiano, lo que realza una comprensión absolutamente limitada de la salud, plegada a la atención a la enfermedad y no comprendida en su

complejidad ligada a las condiciones en que se vive y se trabaja, lo que demanda políticas de bienestar más allá de colocar toda la carne en el asador del sistema de salud, en donde ya muchas investigaciones demuestran que solo aporta en un 11 por ciento a la construcción social de la salud.

Esta visión reducida se observa claramente en el artículo 128 sobre la destinación y distribución de los recursos del sistema general de participaciones para salud, que plantea que el 90 por ciento de estos recursos vaya al componente de aseguramiento en salud de los afiliados al Régimen Subsidiado y el 10 restante para el componente de salud pública y subsidios a la oferta.

Acá se asume que lo importante es que la gente esté asegurada, a pesar de saber que no es garantía de atención, aunque se esté afiliado. Se equipara aseguramiento a equidad, que no tiene sustento, en tanto por la vía del aseguramiento no se recibe lo que se requiere en salud de acuerdo a las necesidades individuales y a los contextos territoriales, sino de acuerdo a la capacidad de pago, que establece el paquete de servicios que se recibe. Quien paga más, recibe más, quien paga menos, recibe menos. No se recibe de acuerdo con lo que se requiere. Esto claramente no es una vía para alcanzar la equidad en salud.

Adicional a esto, colocan todo el esfuerzo financiero en la atención a la enfermedad. ¿Por qué no invertir esta fórmula?, ¿por qué no colocar el 90 por ciento de los recursos de salud de la nación a mejorar lo sanitario, lo ambiental, lo alimentario de la población?, que de así proceder, seguro, alcanzaríamos una condición mejor de salud para la población, como lo demuestran las experiencias en los países que así lo hacen.

Pero claro, hay que entender que el negocio está en el aseguramiento, el negocio está en la atención a la enfermedad; producir salud mejorando el bienestar y la vida de la gente no renta para los actores de mercado metidos en el negocio de la salud.

En relación a la propuesta de saneamiento financiero del sistema, que es una de las mayores preocupaciones, las fórmulas no son distintas a las planteadas por gobiernos anteriores: control de pagos al PBS (Plan de Beneficios de Salud) estableciendo un listado exhaustivo y topes para el pago; pago directo a las EPS, IPS y a los proveedores de tecnologías y medicamentos; inyección de recursos públicos al sistema para sanear las deudas, que fue lo que denomino Duque en su campaña como “Acuerdo de Punto Final”; y mecanismos para que sean el menor número de personas posibles las que reciban subsidios completos.

El artículo 133 correspondientes al acuerdo de punto final, pretende cargar las deudas del sistema de salud (cercanas a 10 billones de pesos), al conjunto de la población, en tanto los recursos de donde derivaran los pagos provendran del Presupuesto General de la Nación, obtenido en gran parte de los impuestos que paga la ciudadanía. Así, de nuevo vuelve y juega la fórmula ya instalada en estos contextos: salvar a las entidades privadas con los recursos públicos.

Asimismo, vuelve y aparece la propuesta de incentivos a la calidad y los resultados en salud (Art. 137), planteándose que habrá unos incentivos monetarios, de reconocimiento social y empresarial para los distintos actores del sistema de salud que demuestren calidad y resultados. Esto no opera en un sistema de salud con lógica de mercado, donde lo sustancial es la relación costo-beneficio de sus actividades, que subordina la calidad, la calidez y la garantía real del derecho a la salud.

Aparecen varias perlas en el articulado, dos para destacar: una es lo que eufemísticamente denominan solidaridad en el sistema de salud, que consiste en que los afiliados al Régimen Subsidiado, que de acuerdo con el Sisbén sean clasificados como no pobres o no vulnerables, deberán contribuir solidariamente al sistema de acuerdo con su capacidad de pago parcial, definida según el mismo Sisbén (Art. 138). La otra, es que los trabajadores independientes con ingresos iguales o superiores a un salario mínimo legal mensual vigente efectuarán su cotización sobre una base mínima de cotización del 55 por ciento del valor de los ingresos (Art. 140), por ahora lo hacen sobre el 40.

Como se observa, la propuesta del PND en salud es más de lo mismo: no hay cambio de orientación, no hay cambios estructurales, el foco sigue siendo lo financiero y no la salud de la gente, a pesar de que retóricamente hablen de calidad y de equidad. Acá la gente está para financiar el negocio, bien pagando donde no tiene que pagar, bien recibiendo menos sueldo, bien pagando más impuestos, bien subsanando los detrimentos y la corrupción de los entes privados con dineros públicos. Los que van a seguir felices son los actores de mercado que no son tocados y seguirán lucrándose a expensas de la salud y la vida de la gente.

 

Construir un real pacto social por la salud

 

Esta propuesta de PND sigue el mismo camino ya recorrido por los gobiernos anteriores, basado en diagnósticos parciales, con análisis acomodados y generando terapias incorrectas, pero útiles a los mercaderes de los asuntos de la gente que ven como negocio: los recursos naturales, la salud, la alimentación, la educación, el saneamiento.

Con lo proyectado por este PND no es posible alcanzar los objetivos trazados en materia de salud, en tanto no logra una visión consensuada y de largo plazo del sistema, ni atención centrada en calidad hacia el paciente, ni equidad financiera, ni un énfasis en la salud pública con una aproximación diferencial al territorio, tal como lo considera el mismo DNP. Una real desconexión entre el propósito y las formas de logarlo.

La propuesta del PND de realizar un gran pacto de todos por la sostenibilidad de la salud, es un planteamiento de antaño de los sectores sociales, de académicos y políticos, pero no precisamente en clave de sostenibilidad financiera del sistema de salud, sino en clave de configurar un conjunto de políticas públicas y un sistema de salud que con certeza afecten y transformen positivamente las determinaciones sociales de la salud, relacionadas como se ha dicho ya con las condiciones de vida y trabajo.

¿Será que el gobierno nacional, las EPS, la industria, los proveedores de insumos y medicamentos, los médicos, los hospitales y clínicas, si estarían dispuesto a liderar un proceso de pacto en conjunto con la academia, las organizaciones sociales, los gremios de trabajadores de la salud y el conjunto de la ciudadanía, no para como dice el Ministro de Salud “cuidar y usar adecuadamente, entre todos, el sistema de salud”, sino para configurar políticas y un sistema de salud que produzca salud y no exclusivamente atención a la enfermedad, es decir un pacto social que aborde a la salud como un derecho humano fundamental, en toda la complejidad de su contenido, y no como mercaduría?

La experiencia en todos estos años nos ha demostrado que esto es improbable y el camino trazado por la propuesta del PND, por desfortuna, lo ratifica. Una vía realmente participativa solo será posible con una amplia y fuerte movilización del conjunto de la sociedad, que reconozca que 25 años con este sistema de salud, implantado por la Ley 100, son suficientes y que requerimos una nueva forma de comprender, diagnosticar y abordar la salud en el país, una forma que enfrente las injusticias en salud y que tome en cuenta realmente las dinámicas regionales y poblacionales.

 

** Una versión previa de este articulo apareció en el Semanario Virtual Caja de Herramientas, Edición 623, 15 de febrero de 2019.
1 Corcho, Carolina (2019). La salud pública en riesgo en el Plan Nacional de Desarrollo. Revista Sur. https://www.sur.org.co/la-salud-publica-en-riesgo-en-el-plan-nacional-de-desarrollo/
** Médico Salubrista, Profesor Universidad Nacional de Colombia

Publicado enEdición Nº256
La experiencia urbana y su relación territorial expandida

Más allá de identificar las tensiones permanentes de habitar la ciudad, la sociedad está llamada a cuestionarla y actuar desde la construcción –o destrucción– de paradigmas urbanos que derroten la individualidad, la desigualdad y la pobreza desde el posicionamiento de actuaciones alrededor del medio ambiente y la acción prioritaria por el ser humano.

 

Hablar de ciudad conduce a pensar, casi inmediatamente, en las características físicas del concepto, su infraestructura y la facilidad que brinda tal o cual escenario para que una persona pueda acceder a una gama de servicios diferenciados. A partir de ello sería posible decir que generalmente la ciudad se concibe como uno de los resultados de la modernización.

 

Desde las Leyes de Indias, promulgadas en Europa con el fin de regular la vida en sociedad en los territorios de América invadidos y colonizados, se impuso una visión de ciudad que debería cumplir con ciertas características físicas. La definición de un centro (plaza) que está delimitado por las instituciones que representan autoridad y poder, como la iglesia católica, las instituciones que administran justicia y los lugares de decisiones de la vida pública, así como su mantenimiento con el pasar de los años, son la expresión del intento por regularizar la vida social en medio del tránsito hacia la modernidad.



Este patrón urbano, construido desde el poder, y reglado por las instituciones, terminó por consolidarse como el método formal y ordenado de construir la ciudad. Sin embargo, esa forma impuesta que ha cambiado de acuerdo a épocas, tendencias y dinámicas globales, ha desatado en la actualidad el establecimiento de un modelo de ciudad cuyo enfoque se ha limitado a desarrollar lo físico-espacial bajo pautas de mercado que destacan fundamentalmente una imagen, por encima del desarrollo socio-espacial que humanice la ciudad y, en consecuencia, las haga sostenibles, saludables y vivibles. Las ciudades en la actualidad no dialogan con sus habitantes y están reguladas simbólicamente por aquellas instituciones dedicadas a mantener un statu quo.



En este sentido, es necesario rescatar vértices de la ciudad que han sido menguados. Se trata de un espacio fundamentalmente social, y que por ende no puede ser predeterminada de antemano ya que es producida y construida por las interacciones sociales cotidianas que se dan dentro de un contexto político, ideológico, social y cultural determinado; es por ello que hablar de ciudad nos remite a hablar también de democracia. La ciudad es, finalmente, un organismo complejo donde la imagen de felicidad no es más que un sofisma que atenúa las tensiones que la vida social produce dentro de lo urbano.

 

La cotidianidad es la vida de la ciudad

 

La vivienda, la movilidad, los servicios públicos, las infraestructuras públicas, los equipamientos, y demás aspectos característicos de las ciudades se encuentran en constante interacción y resuelven, en diferentes medidas, problemáticas asociadas a lo urbano. Sin embargo, la realidad cotidiana, manifiesta de diferentes maneras a lo largo del territorio urbano, queda desvanecida ante los ejercicios de planeación, superando rápidamente las acciones planteadas por las instituciones desde la formalidad. Esta realidad es la que se vislumbra, tornándose discusión en los escenarios públicos que la ciudad –planeada o no– permite sean permeados por la cotidianidad y las tensiones de la vida que fluye a su interior.

 

En este sentido, la vida urbana también es el encuentro entre las distintas ciudadanías o sujetos urbanos cuya mayor actividad se da en los espacios abiertos como el lugar ideal para el desarrollo y consolidación de la democracia. Es así que el espacio público, ideológicamente hablando, es utilizado como herramienta homogeneizadora de la población, bajo paradigmas como la cultura ciudadana, que establece unos “usos adecuados”, normalmente relacionados con el mero tránsito o paso de peatones, espacio que es reforzado por estructuras físicas que no incluyen lugares para la permanencia o la contemplación.

 

Habitar el espacio público en los diferentes modelos de ciudad

 

El espacio público como lugar de reunión, es un escenario que se complejiza a partir de las diferentes prácticas y usos que le dan, y en esa medida constituye un espacio de encuentro que pone de manifiesto las diferencias y consensos entre la sociedad que acude al mismo.

 

Sin embargo, por lo menos en las actuales ciudades de Latinoamérica, la concepción del espacio público es cada vez más condicionante, lo que obliga a la ciudadanía asistente a replegarse a ciertas prácticas, omitiendo la diversidad en las representaciones culturales que a éste se remiten. Este tipo de espacio público fomenta la segregación, en tanto se construyen espacios para niños (parques) y ciclistas (ciclorutas), pero pocas veces espacios donde diversos sujetos (ancianos, niños, mujeres, estudiantes y deportistas) puedan convivir y encontrarse.

 

En lugar de generar un espacio público abierto, universal y accesible, un espacio que permita construir la colectividad y afianzar la posibilidad de establecer consensos ante las tensiones que resaltan en éste, el espacio público ha terminado por ser convertido en la herramienta propicia del mercado inmobiliario para potenciar sus propuestas urbanas caracterizadas, principalmente, por ser cerradas, focalizadas, conservadoras y aisladas, evitando así que la ciudad sea un espacio generador de experiencias desde el encuentro entre diferentes actores urbanos

 

Un ejemplo concreto de este análisis es el que surge de la vivencia en la ciudad con los centros comerciales o rascacielos, donde el espacio tejido con la ciudad está estrechamente vinculado a las actividades económicas que estos ofrecen. Es así como edificios como el BD Bacatá en Bogotá, o los centros comerciales en general, son una especie de coraza que no ofrece un relacionamiento con la ciudad distinto a una experiencia de consumo, a pesar de las grandes áreas y servicios urbanos que ocupan.

 

Este es el nuevo espacio público, que reemplaza las aceras y plazas por corredores y pasillos entre una multiplicidad de almacenes, un espacio que llama al consumo y a la individualidad. Un espacio que logra estructurar un escenario silenciador de las tensiones y, en consecuencia, de la posibilidad de consensuar sobre las mismas, un espacio que actúa en contraposición a las múltiples formas de tejer el territorio desde dinámicas participativas, como destaca en acciones de mejoramiento de barrios en Medellín o Bogotá.

 

Estamos entonces ante una opción para la ciudad, la cual sigue siendo una extensa malla de relaciones físicas y sociales, y que es el enclave territorial que precisa repensar su forma y relación en torno a lo colectivo y lo común. Ciertamente, el espacio público es ese hilo conector que permite abrir el encuentro en una ciudad atiborrada de construcciones, lo cual implica que estas conexiones superen la noción meramente funcional de la circulación de sus habitantes.

 

Es decir, el espacio público debe permitir organizar la vida colectiva y la reinterpretación de la ciudad a partir del reconocimiento de las diferentes representaciones culturales y políticas de la sociedad, de manera que la experiencia en lo urbano sea un ejercicio activo de apropiación que responda a las necesidades de la comunidad, todo ello por encima de los intereses inmobiliarios o económicos del mercado.

 

A partir de esto es necesario que la sociedad cuestione, desde su experiencia urbana, cuáles son las decisiones de ciudad y qué prioridad tiene lo humano, pues el espacio urbano –tal como si fuera un organismo complejo– mantiene una dinámica relacional no solamente dentro de sí, con sus múltiples sucesos, sino hacia fuera, con el espacio rural, del cual percibe una enorme cantidad de servicios sin los cuales sería imposible soportar sus actividades.

 

¿Ciudades más allá del capitalismo?

 

En la medida en que la renta sea lo que determine la construcción de ciudad, los usos colectivos serán desechados y dejados a la deriva. Es por ello que la ciudad es el espacio predilecto para la reproducción del capitalismo, el flujo e intercambio rápido de mercancías y servicios, lo que se pone de manifiesto en la forma como es ocupa el suelo, junto con las lógicas de uso establecidos en estos. Los usos agropecuarios y ambientales o de conservación del territorio, tal como el espacio público, quedaron supeditados a las necesidades de las urbes, de manera que la expansión y el desarrollo de las ciudades suceden a expensas de estos.

 

En este sentido, es necesario enfatizar en que el sostenimiento de las ciudades está estrechamente ligado al funcionamiento de grandes zonas que no son urbanas las cuales permiten el abastecimiento de agua, alimentos y generación de energía, así como de zonas para la disposición de residuos y recepción de vertimientos, entre otros, lo cual representa una dinámica ultra funcional que está a merced de prioridades lejanas a la de fortalecer las dinámicas relacionales entre las personas, la naturaleza y los espacios que habitan, lo que genera un claro desbalance entre las ciudades y las áreas rurales necesarias para garantizar estos procesos.

 

Es en este sentido que la disputa por el territorio es un suceso expandido entre las dinámicas urbanas y rurales-ambientales, disputa reflejada en la generación de conflictos como, en el caso de Bogotá, los que están ligados a la urbanización de los Cerros Orientales y el área rural de la localidad de Usme, o de áreas protegidas como en el Parque Nacional Farallones de Cali, o la ocupación sobre espacios de ronda y su posterior inundación, como sucedió en la cuenca del río Tunjuelo en la localidad de Bosa al sur de la capital del país, o con las viviendas de alto costo en la cuenca del río Bogotá en el municipio de Chía.

 

Bajo el actual modelo económico, la ciudad consume recursos externos y territorio, invade, desplaza, niega, impone; realidad que invita a pensar en nuevas formas de planificarla, gestionarla y construirla, eliminando o disminuyendo las desigualdades territoriales que genera su desarrollo. Es por ello que el encuentro y la interacción entre las diversas ciudadanías y sujetos urbanos también implican el relacionamiento de estos con los sujetos campesinos, los habitantes y cuidadores de áreas protegidas.

 

Los espacios de borde urbano rural, que se vienen consolidando en localidades como Usme y San Cristóbal en Bogotá, por ejemplo, dan cuenta de la posibilidad del encuentro, de la viabilidad de generar espacios públicos integrales donde se armonicen los usos y prácticas urbanas, rurales y ambientales en la ciudad. Prácticas que surgen desde abajo y que reivindican el derecho a la ciudad, a una ciudad diversa e incluyente en donde la experiencia urbana sea resultado de prácticas colectivas.

Publicado enEdición Nº249
Sábado, 07 Octubre 2017 07:26

Limita el acceso a los anticonceptivos

Manifestantes antiabortistas protestando contra Obamacare en el 2012. Trump les dio el gusto.

 

Nueva medida de Trump en EE.UU. invocando razones morales y religiosas

La oposición demócrata, asociaciones de defensa de los derechos de la mujer, defensores de la planificación familiar, obstetras, ginecólogos y ciudadanos comunes salieron de inmediato a manifestar su desacuerdo con Trump.

 

El gobierno de Donald Trump limitó ayer, invocando convicciones religiosas y morales, el acceso a anticonceptivos a través de los seguros de salud, una medida que afecta a millones de mujeres estadounidenses y que asociaciones de derechos humanos se aprestan a demandar. La medida cancela una disposición de la ley de cobertura sanitaria conocida como “Obamacare’’, al ampliar la exención ya otorgada a las instituciones religiosas a todas las empresas comerciales, según una nota del Departamento de Salud de Estados Unidos. “El presidente cree que la libertad de practicar su fe es un derecho fundamental en este país’’, dijo la portavoz de la Casa Blanca, Sarah Huckabee Sanders, a periodistas. El senador republicano de Texas Ted Cruz dio la bienvenida a la medida en Facebook: “Hoy, el gobierno puso fin a una disposición que violaba la tradición de libertad religiosa de nuestro país’’.

Sin embargo, las reacciones indignadas no se hicieron esperar. La oposición demócrata, asociaciones de defensa de los derechos de la mujer, defensores de la planificación familiar, obstetras, ginecólogos y ciudadanos comunes salieron de inmediato a manifestar su desacuerdo. La etiqueta #HandsOffMyBC (No toques mi contracepción) era tendencia en Twitter el viernes, a poco de conocerse la noticia.''Estamos demandando a la administración Trump para bloquear esta medida’’, dijo en Twitter la poderosa organización estadounidense de derechos civiles ACLU.

No se dejen engañar. Ir contra el acceso al control de la natalidad de 62,4 millones de mujeres muestra el desprecio del gobierno de Trump por la salud y las vidas de las mujeres’’, señaló por su parte Planned Parenthood (PP), la mayor ONG de planificación familiar de Estados Unidos.

El Colegio Americano de Obstetras y Ginecólogos (ACOG), que se describe como “la organización profesional’’ de especialistas en salud femenina “más grande de Estados Unidos’’, también expresó decepción. “La anticoncepción es una necesidad médica para las mujeres durante cerca de 30 años de sus vidas. Mejora su salud, la de los niños y sus familias, así como de su más amplio entorno, reduciendo la mortalidad materna y mejorando su estabilidad económica’’, dijo su presidente, Haywood L. Brown. “Reducir el acceso a la anticoncepción amenaza con socavar el tremendo progreso que nuestro país ha hecho en los últimos años para reducir la tasa de embarazos no deseados’’, añadió en un comunicado.

“Esto no es nada menos que sexismo’’, afirmó por su parte el senador Bernie Sanders, excandidato a la nominación demócrata para las elecciones presidenciales de Estados Unidos. “Esta es la última expresión del total desprecio de los republicanos por la capacidad de las mujeres para controlar sus vidas’’, tuiteó.

La nueva regulación “amplía las exenciones para proteger las convicciones morales de ciertas entidades e individuos cuyos planes de salud están sujetos a un mandato de cobertura de anticonceptivos dispuesta por la Ley de Protección al Paciente y Asistencia Asequible’’, indicó el texto del Departamento de Salud. La norma introducida bajo el gobierno de Barack Obama que exigía a los empleadores “proporcionar cobertura para la anticoncepción en violación de sus creencias religiosas’’ pesaba “sustancialmente en su práctica religiosa’’, dijo el fiscal general Jeff Sessions en una circular emitida ayer. La nueva norma, que ya entró en vigor, podría afectar a millones de mujeres estadounidenses cuyos métodos anticonceptivos eran hasta ahora reembolsados por sus empleadores bajo el Obamacare, ley a la que Trump se opone ferozmente y prometió derogar.

Pero, ¿cuántas serán efectivamente afectadas? La batalla por los números estaba encendida ayer. Basando sus estimaciones en el número de empleadores que presentaron demandas contra la medida de Obama, el gobierno de Trump dice que el impacto se limitar a unas 120.000 mujeres. Pero un estudio oficial estimó hace un año que, gracias a Obamacare, 55,6 millones de mujeres se beneficiaron de medidas gratuitas de anticoncepción.

 

Publicado enInternacional
Jueves, 29 Junio 2017 10:20

Bogotá desunida y segregada

Bogotá desunida y segregada

Aunque Bogotá es la responsable de la tercera parte del ingreso de la nación, su desarrollo urbano refleja desigualdad e inequidad entre sus habitantes. De acuerdo con el Índice de Segregación Residencial (ISR), calculado desde la UPZ, Bogotá pasó de 0.73 en 2003 a 0.84 en 2010. Un proceso en el cual el mercado inmobiliario es quien decide la planificación de la capital, dejando en su avance amplias zonas excluidas. La consecuencia es una creciente limitación de la participación de sus pobladores en la construcción de su ciudad. La concreción de este derecho no puede quedar solo en manos de algunos, lo que vuelve imperioso abrir espacios para integrar y compartir con quienes sufren aislamiento.

 

Derecho versus especulación. El año anterior se vendieron en Bogotá 34 mil nuevas viviendas, un resultado 31 por ciento mayor que la cifra de 2015. Sin embargo, esta oferta no es suficiente para satisfacer la necesidad de vivienda de la ciudad que cada año produce 59 mil nuevos hogares. Desde 2015 la oferta de vivienda nueva es creciente pero el dinamismo es mayor en los estratos medios que en los bajos, fenómeno explicable ya que la vivienda en este segmento no se adquiere para satisfacer una necesidad habitacional sino como una oportunidad de negocio. Desde 2003, tanto el precio de la vivienda nueva como usada conservan una tendencia ascendente: entre 2011 y 2016 el precio de la vivienda en estratos medios se incrementó en un 42 por ciento.

 

Fenómeno contraproducente. La actividad especulativa empeora la segregación y convierte la tenencia de vivienda para hogares pobres en un objetivo inalcanzable. En zonas exclusivas existe una presión para mantener precios diferenciadores, y en zonas pobres se encarece el precio del suelo impidiendo que el Estado desarrolle soluciones de vivienda y, en consecuencia, se presenta hacinamiento y viviendas con defectuosa habitabilidad. En la gráfica se observa que las localidades capitalinas que tienen un mayor número de pobres están asociadas a una dificultad mayor en el acceso a parques o zonas verdes.

 

Bogotá es, por tanto, una ciudad poco incluyente que deja su diseño, cada vez más, en manos de una élite mientras que otros tienen que ajustarse en zonas con bastantes carencias. Lógica urbanistíca fortalecida por las mismas normas de que se dota la ciudad. De ahí que en la capital, el mejoramiento vial, las ciclorutas, los nuevos parques y andenes, no pueda seguir dependiendo de un financiamiento futuro con el pago del impuesto de valorización. Aunque a muchos les suene justo que quien tiene más paga más, con este principio se estimula la segregación porque quienes tienen menos no reciben nada, o reciben menos debido a que la dotación de sus zonas se sujeta a la posibilidad de las finanzas distritales.

 

La integración de la ciudad

 

Para adelantarse, y evitar, ciertos comportamientos humanos, con sus consecuencias para la integración urbana, se cuenta ahora con diferentes juegos e instrumentos para proyectarlos. Veamos dos de ellos, y saquemos conclusiones sobre sus posibles beneficios para los territorios que habitamos.

 

                                

 

 

Unidos ganamos: El juego de la vida

 

En los tiempos que corren los computadores facilitan los procesos para simular la conducta de las personas en un espacio como la ciudad. Con pocas reglas de interacción entre los individuos se llega a conclusiones importantes sobre las dinámicas sociales. El juego de la vida es una de las simulaciones más conocidas. Fue propuesto por el matemático John Conway en 1970. Allí se establece que los humanos en cada generación obedecen a las siguientes reglas:

 

Una persona permanece viva si tiene dos o tres vecinos inmediatos


Una persona muere por soledad si no tiene vecinos o solo tiene uno


Una persona muere por sobrepoblación si tiene más de tres vecinos


Una persona nace si a su alrededor hay tres vecinos

 

Las celdas blancas son ausencia de vida y las negras representan a las personas de una sociedad. Estas, conforme a las reglas de conducta impuestas, buscan extender su existencia, sin embargo es la interacción con los otros lo que permite configurar estructuras que los preserven o no en el tiempo. En la representación que hace la anterior figura, las personas mueren por aislamiento (E8) o por hacinamiento (C6), y permanecen con vida (C3) o se genera nueva vida (F9) por la unión entre las personas.

 

El cambio demográfico, además de estar explicado por sus variables conocidas (la natalidad, la mortalidad y las migraciones), está determinado por la cohesión del tejido social. El juego de la vida tiene tres posibles finalizaciones. Si la cooperación entre los humanos no es fuerte al cabo de un número finito de generaciones la especie desaparece. Por el contrario, los lazos y estructuras sólidas dan lugar a un crecimiento estable o creciente entre generaciones. En la gráfica se observa que las localidades bogotanas más segregadas son aquellas que tienen un mayor potencial de crecimiento, mientras que los sectores privilegiados tienden a reducirse.

 

                                                                            

                                                                          Figura 1. Izquierda: Estado inicial del juego de la vida. Derecha: Estado del juego en la segunda generación

                                                                

 

 

 

 

Segregamos, aunque no queramos

 

En 1971 Thomas de Schelling creó el modelo del vecindario acotado para explicar la exclusión en las ciudades. En este juego, pese a que cada individuo acepta convivir con miembros de un grupo diferente y su bienestar se obtiene si una parte pequeña de sus vecinos es semejante, el resultado es que la satisfacción de todos los individuos se alcanza con la conformación de guetos.

 

El deterioro en la distribución del ingreso se refleja en la segregación urbana. Si el sistema productivo no reparte con equidad la riqueza, la ciudad margina barrios por su condición socioeconómica. En las ciudades latinoamericanas son visibles las diferencias entre ricos y pobres. Las zonas de menores ingresos tienden a tener un menor acceso a parques, colegios, hospitales, medios de transporte, centros financieros y zonas de trabajo.

 

Las celdas negras representan miembros de un grupo A y las celdas rayadas al grupo B. Las personas no tienen problemas en vivir mezclados siempre y cuando se cumpla las siguientes reglas:

 

Un individuo es feliz si la tercera parte de sus vecinos tiene sus mismos atributos y no tiene porqué mudarse.


Si no ocurre lo anterior un individuo es infeliz y se debe mudar buscando su felicidad.

 

 

 

                                                                                 Figura 2. Schelling. Izquierda: Estado inicial. Derecha: Estado final (después de varias mudanzas)

 

Con las reglas anteriores las personas en las posiciones B4, B6, E4 y F7 son infelices y se mudarán de barrio. Las reubicaciones de las personas finalizan cuando en el plano todas las personas sean felices. El resultado colectivo es la segregación.

 

El precio de la vivienda y el ingreso de los hogares son las variables de mayor incidencia en la formación de zonas excluidas. Para mantener el valor de sus viviendas quienes tienen ingresos suficientes eligen vivir en zonas con baja densidad poblacional, con acceso a bienes públicos, y distante de barrios pobres, conflictivos y con riesgos de desastre natural. Por el contrario, los hogares pobres se ubican donde pueden conforme a sus posibilidades.

 


Recuadro

 

Por el derecho a la ciudad

 

La política urbana debe obedecer al bienestar social, por encima de los intereses especulativos. Cuando el Estado no puede garantizar la calidad de vida de las mayorías, se requiere de ciudadanos fortalecidos, colectivamente, que incidan en las decisiones que hoy se toman de manera centralizada.

 

En 2005 se dio a conocer la Carta mundial por el derecho a la ciudad, dirigida a fortalecer la formación de organizaciones comunitarias, juntas vecinales, juntas de acción comunal, asociaciones de vecinos, organizaciones cívicas o asambleas de copropietarios que actúen para que “las ciudades desarrollen una planificación que impida la segregación y la exclusión territorial”.

 

La influencia de este texto se dejó ver en el 2013, cuando varios residentes de Estambul organizaron manifestaciones para detener un proyecto de edificación en el parque Gezi. La Red por el derecho a la ciudad de Hamburgo integró asociaciones de barrios y colectivos de artistas y migrantes que ante cualquier iniciativa excluyente cuelgan banderas de protesta en las ventanas, organizan charlas informativas y ocupan edificios y calles. En 2009 impidieron la demolición de Gängeviertel, considerado patrimonio nacional.

 

A Bogotá le ha faltado una contundencia similar, lo sucedido en el Bronx, el incremento en las tarifas de Transmilenio, la persecución a los vendedores ambulantes, las nefastas intenciones con la reserva Van der Hammen, así lo evidencia. La falta de organizaciones fuertes en la sociedad bogotana se refleja en el claro aumento en la segregación. De acuerdo con el Índice de Segregación Residencial (ISR), calculado desde la UPZ, Bogotá pasó de 0.73 en 2003 a 0.84 en 2010.

Tomado de:

Edición N°236, junio 20 - julio 20 de 2017

Publicado enColombia
Viernes, 23 Junio 2017 16:28

Bogotá desunida y segregada

Bogotá desunida y segregada

Aunque Bogotá es la responsable de la tercera parte del ingreso de la nación, su desarrollo urbano refleja desigualdad e inequidad entre sus habitantes. De acuerdo con el Índice de Segregación Residencial (ISR), calculado desde la UPZ, Bogotá pasó de 0.73 en 2003 a 0.84 en 2010. Un proceso en el cual el mercado inmobiliario es quien decide la planificación de la capital, dejando en su avance amplias zonas excluidas. La consecuencia es una creciente limitación de la participación de sus pobladores en la construcción de su ciudad. La concreción de este derecho no puede quedar solo en manos de algunos, lo que vuelve imperioso abrir espacios para integrar y compartir con quienes sufren aislamiento.

 

Derecho versus especulación. El año anterior se vendieron en Bogotá 34 mil nuevas viviendas, un resultado 31 por ciento mayor que la cifra de 2015. Sin embargo, esta oferta no es suficiente para satisfacer la necesidad de vivienda de la ciudad que cada año produce 59 mil nuevos hogares. Desde 2015 la oferta de vivienda nueva es creciente pero el dinamismo es mayor en los estratos medios que en los bajos, fenómeno explicable ya que la vivienda en este segmento no se adquiere para satisfacer una necesidad habitacional sino como una oportunidad de negocio. Desde 2003, tanto el precio de la vivienda nueva como usada conservan una tendencia ascendente: entre 2011 y 2016 el precio de la vivienda en estratos medios se incrementó en un 42 por ciento.

 

Fenómeno contraproducente. La actividad especulativa empeora la segregación y convierte la tenencia de vivienda para hogares pobres en un objetivo inalcanzable. En zonas exclusivas existe una presión para mantener precios diferenciadores, y en zonas pobres se encarece el precio del suelo impidiendo que el Estado desarrolle soluciones de vivienda y, en consecuencia, se presenta hacinamiento y viviendas con defectuosa habitabilidad. En la gráfica se observa que las localidades capitalinas que tienen un mayor número de pobres están asociadas a una dificultad mayor en el acceso a parques o zonas verdes.

 

Bogotá es, por tanto, una ciudad poco incluyente que deja su diseño, cada vez más, en manos de una élite mientras que otros tienen que ajustarse en zonas con bastantes carencias. Lógica urbanistíca fortalecida por las mismas normas de que se dota la ciudad. De ahí que en la capital, el mejoramiento vial, las ciclorutas, los nuevos parques y andenes, no pueda seguir dependiendo de un financiamiento futuro con el pago del impuesto de valorización. Aunque a muchos les suene justo que quien tiene más paga más, con este principio se estimula la segregación porque quienes tienen menos no reciben nada, o reciben menos debido a que la dotación de sus zonas se sujeta a la posibilidad de las finanzas distritales.

 

La integración de la ciudad

 

Para adelantarse, y evitar, ciertos comportamientos humanos, con sus consecuencias para la integración urbana, se cuenta ahora con diferentes juegos e instrumentos para proyectarlos. Veamos dos de ellos, y saquemos conclusiones sobre sus posibles beneficios para los territorios que habitamos.

 

                                

 

 

Unidos ganamos: El juego de la vida

 

En los tiempos que corren los computadores facilitan los procesos para simular la conducta de las personas en un espacio como la ciudad. Con pocas reglas de interacción entre los individuos se llega a conclusiones importantes sobre las dinámicas sociales. El juego de la vida es una de las simulaciones más conocidas. Fue propuesto por el matemático John Conway en 1970. Allí se establece que los humanos en cada generación obedecen a las siguientes reglas:

 

Una persona permanece viva si tiene dos o tres vecinos inmediatos


Una persona muere por soledad si no tiene vecinos o solo tiene uno


Una persona muere por sobrepoblación si tiene más de tres vecinos


Una persona nace si a su alrededor hay tres vecinos

 

Las celdas blancas son ausencia de vida y las negras representan a las personas de una sociedad. Estas, conforme a las reglas de conducta impuestas, buscan extender su existencia, sin embargo es la interacción con los otros lo que permite configurar estructuras que los preserven o no en el tiempo. En la representación que hace la anterior figura, las personas mueren por aislamiento (E8) o por hacinamiento (C6), y permanecen con vida (C3) o se genera nueva vida (F9) por la unión entre las personas.

 

El cambio demográfico, además de estar explicado por sus variables conocidas (la natalidad, la mortalidad y las migraciones), está determinado por la cohesión del tejido social. El juego de la vida tiene tres posibles finalizaciones. Si la cooperación entre los humanos no es fuerte al cabo de un número finito de generaciones la especie desaparece. Por el contrario, los lazos y estructuras sólidas dan lugar a un crecimiento estable o creciente entre generaciones. En la gráfica se observa que las localidades bogotanas más segregadas son aquellas que tienen un mayor potencial de crecimiento, mientras que los sectores privilegiados tienden a reducirse.

 

                                                                            

                                                                          Figura 1. Izquierda: Estado inicial del juego de la vida. Derecha: Estado del juego en la segunda generación

                                                                

 

 

 

 

Segregamos, aunque no queramos

 

En 1971 Thomas de Schelling creó el modelo del vecindario acotado para explicar la exclusión en las ciudades. En este juego, pese a que cada individuo acepta convivir con miembros de un grupo diferente y su bienestar se obtiene si una parte pequeña de sus vecinos es semejante, el resultado es que la satisfacción de todos los individuos se alcanza con la conformación de guetos.

 

El deterioro en la distribución del ingreso se refleja en la segregación urbana. Si el sistema productivo no reparte con equidad la riqueza, la ciudad margina barrios por su condición socioeconómica. En las ciudades latinoamericanas son visibles las diferencias entre ricos y pobres. Las zonas de menores ingresos tienden a tener un menor acceso a parques, colegios, hospitales, medios de transporte, centros financieros y zonas de trabajo.

 

Las celdas negras representan miembros de un grupo A y las celdas rayadas al grupo B. Las personas no tienen problemas en vivir mezclados siempre y cuando se cumpla las siguientes reglas:

 

Un individuo es feliz si la tercera parte de sus vecinos tiene sus mismos atributos y no tiene porqué mudarse.


Si no ocurre lo anterior un individuo es infeliz y se debe mudar buscando su felicidad.

 

 

 

                                                                                 Figura 2. Schelling. Izquierda: Estado inicial. Derecha: Estado final (después de varias mudanzas)

 

Con las reglas anteriores las personas en las posiciones B4, B6, E4 y F7 son infelices y se mudarán de barrio. Las reubicaciones de las personas finalizan cuando en el plano todas las personas sean felices. El resultado colectivo es la segregación.

 

El precio de la vivienda y el ingreso de los hogares son las variables de mayor incidencia en la formación de zonas excluidas. Para mantener el valor de sus viviendas quienes tienen ingresos suficientes eligen vivir en zonas con baja densidad poblacional, con acceso a bienes públicos, y distante de barrios pobres, conflictivos y con riesgos de desastre natural. Por el contrario, los hogares pobres se ubican donde pueden conforme a sus posibilidades.

 


Recuadro

 

Por el derecho a la ciudad

 

La política urbana debe obedecer al bienestar social, por encima de los intereses especulativos. Cuando el Estado no puede garantizar la calidad de vida de las mayorías, se requiere de ciudadanos fortalecidos, colectivamente, que incidan en las decisiones que hoy se toman de manera centralizada.

 

En 2005 se dio a conocer la Carta mundial por el derecho a la ciudad, dirigida a fortalecer la formación de organizaciones comunitarias, juntas vecinales, juntas de acción comunal, asociaciones de vecinos, organizaciones cívicas o asambleas de copropietarios que actúen para que “las ciudades desarrollen una planificación que impida la segregación y la exclusión territorial”.

 

La influencia de este texto se dejó ver en el 2013, cuando varios residentes de Estambul organizaron manifestaciones para detener un proyecto de edificación en el parque Gezi. La Red por el derecho a la ciudad de Hamburgo integró asociaciones de barrios y colectivos de artistas y migrantes que ante cualquier iniciativa excluyente cuelgan banderas de protesta en las ventanas, organizan charlas informativas y ocupan edificios y calles. En 2009 impidieron la demolición de Gängeviertel, considerado patrimonio nacional.

 

A Bogotá le ha faltado una contundencia similar, lo sucedido en el Bronx, el incremento en las tarifas de Transmilenio, la persecución a los vendedores ambulantes, las nefastas intenciones con la reserva Van der Hammen, así lo evidencia. La falta de organizaciones fuertes en la sociedad bogotana se refleja en el claro aumento en la segregación. De acuerdo con el Índice de Segregación Residencial (ISR), calculado desde la UPZ, Bogotá pasó de 0.73 en 2003 a 0.84 en 2010.

Publicado enEdición Nº236
Vista aérea de un barrio de Mocoa, completamente arrasado por las piedras y el fango.

 

La avalancha de agua y fango, que ha provocado hasta la fecha 267 muertes en la localidad colombiana de Mocoa, podría haber sido fuertemente condicionada por factores humanos, según han venido señalando distintos expertos ambientales en los últimos días. El desbordamiento de tres ríos, que provocó una inmensa avalancha en la capital del distrito del Putumayo, enclavada en plena selva amazónica, habría sido causado por la alta deforestación, el cambio climático y la mala planificación urbanística según estos expertos.

“El 50 por ciento de los puntos calientes de la deforestación en Colombia están ubicados en la Amazonía, en donde está el departamento del Putumayo. Esa deforestación incluye la degradación de cuencas”, declara a Público Adriana Soto, ex viceministra de Ambiente y directora regional de la organización ecologista The Nature Conservancy. Para Soto, las principales causas de la deforestación en estos departamentos son la ganadería extensiva, los cultivos ilícitos, la tala indiscriminada y la minería ilegal.

“Recordemos que los bosques sirven como administradores del agua. En épocas de pocas lluvias permiten que el líquido salga de forma controlada y se evita la sequía, y en la temporada de invierno acumulan el recurso dosificando su escorrentía”, declaró al periódico El Espectador Néstor Franco, director de la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca (CAR).

 

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Ataudes apilados para cobijar a los cadáveres por la tragedia de Mocoa. /REUTERS

 

Las voces denunciando estas causas humanas de la tragedia no sólo habrían aparecido tras la avalancha, sino que varios estudios ya anunciaron el riesgo hace nueve meses, según informó la revista colombiana Semana. Estos informes advertían de que la falta de planificación urbanística en distintos municipios de la región había permitido que se construyeran viviendas en zonas de riesgo de desbordamientos fluviales en una zona caracterizada por las altas precipitaciones.

“Es un tema de uso inadecuado de los suelos que agrava este tipo de eventos. Hace nueve meses los estudios revelaban que algo como esto podía pasar”, declaró a la revista Semana Luis Alexander Mejía, director de la Corporación para el Desarrollo Sostenible del Sur de la Amazonía (Corpoamazonía).

“La gente se ha ubicado y ha construido viviendas en las rondas de los ríos y en las zonas de riesgo no mitigable y esto hace que cuando se combina el cambio climático con eventos extremos y la deforestación hace que aumente la vulnerabilidad de los elementos expuestos”, delcara la ex viceministra Soto. “La mayoría de municipios de Colombia tienen que actualizar sus planes de ordenamiento territorial para incorporar las zonas de riesgo frente al cambio climático”, añade Soto.

 

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Un coche destrozado por la riada en Mocoa. /REUTERS

 

 
Desarrollo o prevención

 

El Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales de Colombia (IDEAM) puso en alerta roja por riesgo de nuevas inundaciones a ocho departamentos del país. Esta situación de alto riesgo llega, además, en un periodo poco inusual del año, cuando la temporada de lluvias del clima tropical colombiano aún no ha comenzado.

La influencia del cambio climático en este tipo de desastres naturales es indudable para el ambientalista Rodrigo Botero, que en un artículo publicado el pasado sábado escribió: “Observamos, cómo han cambiado drásticamente los patrones de precipitación. La intensidad de los aguaceros, el volumen total por mes y por año, la frecuencia de eventos extremos es notoria. Es decir, además de la condición intrínseca (susceptibilidad de los suelos, paisajes inestables, precipitación, pendientes fuertes y largas), un uso del suelo crecientemente inapropiado, se suma una condición de cambio en los patrones de precipitación”.

El debate entre si el país debe primar el desarrollo y construcción de infraestructuras frente a la prevención de riesgos de catástrofes como la de Mocoa también estuvo presente en los medios colombianos. En una antigua entrevista de 2011 a la revista Semana reflotada en estos días en Internet, el gestor de medio ambiente colombiano Gustavo Wilches Chaux declaró: “Pensamos en obras de infraestructura en aras de la competitividad económica del país y dejamos un aspecto fundamental de la competitividad, que es tener un país capaz de aguantar los efectos del clima, la visita de un huracán, una sequía, y sobre todo capaz de mantener la convivencia entre los seres humanos”.

 

PABLO RODERO @pablorodero

 

 


 

El país

 

Colombia declara la emergencia económica y social por la avalancha de Mocoa

 

El presidente Juan Manuel Santos designa al ministro de Defensa gerente para la reconstrucción de la ciudad

 

 

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El equipo de rescatistas sigue sacando cuerpos de entre los escombros en Mocoa, al sur de Colombia. FERNANDO VERGARA AP / ATLAS

 

 

Ana Marcos


Bogotá 4 ABR 2017 - 04:51 COT

 

Mocoa, en el sur de Colombia, sigue sacando escombros de sus calles en busca de sus desaparecidos. Han pasado tres días desde que la madrugada del 1 de abril el desbordamiento de varios ríos sepultara la capital del Putumayo bajo barro, piedras y palos. La cifra de fallecidos sigue aumentando: 273. Otras 200 personas están heridas. Los desaparecidos se cuentan por centenares, pero sigue sin definirse un número a falta de un inventario definitivo. Ante esta situación, el Gobierno de Juan Manuel Santos ha decretado la emergencia económica, social y ecológica "para efectuar modificaciones y traslados presupuestales y adoptar todas las medidas necesarias para atender la emergencia", ha dicho en una declaración pública.

Para enfrentar esta tarea, el presidente colombiano ha designado como gerente del operativo de reconstrucción de la localidad al ministro de Defensa, Luis Carlos Villegas. "Ya lideró con éxito la reconstrucción del eje cafetero a través del FOREC", ha explicado Santos, en referencia al terremoto que sufrió esta zona en 1999.

El último balance presentado por el Gobierno fija como máxima prioridad la salud pública. Cientos de cuerpos siguen desaparecidos y los cadáveres esperan en una morgue improvisada a ser identificados por Medicina Legal bajo el sol de esta región amazónica. El ministro de Salud, Alejandro Gaviria, explicó sobre el terreno la necesidad de construir una sala fría, con la ayuda de generadores de electricidad, para evitar brotes y epidemias. "Se han iniciado campañas de prevención y educación", ha asegurado Santos.

Al mismo tiempo, ya está funcionando una planta de agua potable que suministra 7.000 litros de agua diarios, además del uso de carrotanques y plantas potabilizadoras. Para asegurar la provisión de agua y energía, el Gobierno diseña un plan de abastecimiento de combustible. La falta de energía tras la avalancha es una de las necesidades más acuciantes en este momento en Mocoa.

Los supervivientes de la tragedia de Mocoa duermen en varios albergues dispuestos por lo que queda de la ciudad. Se han instalado en cada uno de ellos puestos de salud. El informe del Gobierno detalle que hasta ahora se han entregado 2.000 paquetes de comida, 2.000 equipos de cocina, 2.300 de aseo, y miles de mantas y colchonetas para pasar las noches.

Juan Manuel Santos vuelve a viajar por tercer día consecutivo a la zona con el nuevo gerente del operativo y la compañía de un amplio grupo de ministros. Su esposa, María Clemencia Santos, se traslada con material humanitario a Mocoa y mantiene su trabajo con el Instituto de Bienestar Familiar en la asistencia a los menores.

 

 

Publicado enColombia
Vista de la ciudad de Bogotá (Colombia), tomada en enero de 2016.
El Informe Mundial de Ciudades 2016 dibuja un panorama crecientemente desigual y propone las líneas para las próximas décadas


 

Las ciudades bien planeadas pueden ser la solución a algunas de las grandes crisis que afronta la humanidad. Inequidad, cambio climático, informalidad o inseguridad son problemas que no podrán ser superados sin un planeamiento urbano adecuado, según el Informe Mundial de Ciudades 2016 (WCR2016, por sus siglas en inglés), que se presentó el pasado miércoles en Nueva York. Entre sus conclusiones, una es clara: “El modelo de urbanización actual es insostenible”.

 

El documento de 260 páginas es el resultado de 20 años de estudio, los que van desde la segunda a la tercera edición de la conferencia de ONU Hábitat sobre desarrollo urbano sostenible: Hábitat III, que se celebrará el próximo octubre en Quito (Ecuador) con el fin de marcar la agenda del crecimiento en las urbes para las próximas décadas.

 

La inexorable urbanización del planeta —más de la mitad de la población mundial vive en ciudades y se estima que en 2030 sean dos tercios— es a la vez una oportunidad de corregir inequidades y un riesgo, ya que también puede agravarlas. Todo dependerá de cómo se afronte este crecimiento: si es como hasta ahora, probablemente la situación de millones de personas empeorará. Pero si se hacen cambios, es posible atajar muchos problemas. Una urbanización bien dirigida “propicia el avance económico y mejora la calidad de vida de todos”, según el texto.

 

El reto es enorme, especialmente en las ciudades más grandes. En las 600 mayores urbes del mundo vive una quinta parte de la población del planeta y se genera el 60% del Producto Interior Bruto (PIB) global. En 1995 había 22 grandes ciudades y 14 megaciudades en el mundo; hoy ambas categorías se han multiplicado por dos. Convertir especialmente a estas —pero también a otros asentamientos menores— en lugares sostenibles medioambientalmente, resilientes, socialmente inclusivos, seguros y económicamente productivos debe ser el objetivo para los próximos años.

 

Conseguirlo dependerá, según el informe de ONU Hábitat, de la importancia que le otorguen las autoridades locales y nacionales al planeamiento urbano. “Esto requiere un cambio de paradigma: de la construcción básica de hogares a un acercamiento más holístico que integre marcos regulatorios, planeamiento urbano y financiero, reconocimiento de los derechos humanos y la necesidad de poner a las personas en el centro del crecimiento sostenible”, reza el WCR2106. A nivel práctico, esto se traducirá en una mayor densificación urbana y periurbana, ya que el crecimiento poblacional no puede ser directamente proporcional al de ocupación de suelo: los recursos y las infraestructuras son mucho más eficientes en las zonas compactas y pobladas que en las dispersas.

 

Para ello, según Joan Clos, director ejecutivo de ONU Hábitat, hará falta un doble acercamiento que mejore las zonas ya existentes y propicie que las nuevas cumplan estándares mínimos de calidad. El informe señala que es necesario construir 1.000 millones de viviendas de aquí a 2025 para quienes no tienen una con los requisitos mínimos de habitabilidad. Esto, calcula, costará entre 9 y 11 billones de dólares (entre 8 y 10 billones de euros).

 

El documento acusa a los gobiernos de haber sido ineficientes en los últimos 20 años, en los que los asentamientos informales se han disparado sin un marco regulatorio adecuado para controlarlos. El crecimiento ha sido “caótico y disfuncional” y se ha ampliado el abismo entre la demanda y el abastecimiento de servicios básicos. En el lado positivo —aunque han crecido en términos absolutos— la proporción de chabolas se ha reducido en estas dos décadas.

 

Es sin embargo una victoria pírrica en unas urbes cada vez más desiguales. El 75% ha incrementado su inequidad y son “demasiadas” las que han fracasado a la hora de proveer a sus habitantes de un espacio sostenible para todos. “El fiasco de las políticas urbanísticas ha sido espectacular y devastador en su impacto a hombres, mujeres y niños de muchas ciudades. La urbanización pasiva (o espontánea) se ha probado como insostenible”, añade el informe.

 

La agenda que se tendrá que perfilar de aquí a octubre debe “mirar hacia adelante y estar enfocada a resolver problemas con medios claros de implementación”, según el documento, que recoge las líneas generales sobre las que se asentará:

 

• Ha de adoptar una aproximación general de las ciudades con estrategias y acciones concretas, introduciendo mecanismos de financiación claros y formas de monitorización efectivas.

 

• La implantación de las políticas tiene que estar recogida en planes bien definidos, y no puede variar en función de agendas partidistas ni oportunismos.


• Tendrá que reforzar la relación entre urbanización y desarrollo, con el objetivo de que se conviertan en instrumentos paralelos de crecimiento sostenible.


• Debería establecer enlaces a otros acuerdos globales y agendas y estar claramente conectada con los Objetivos de Desarrollo Sostenible.


• Debe introducir cambios transformadores y promover un nuevo modelo de urbanización que sea universal y adaptable a las distintas realidades nacionales.

 

Además de esto, el WCR2016 incluye cinco principios irrenunciables: asegurar un nuevo modelo que proteja los derechos humanos y el cumplimiento de la ley; garantizar un crecimiento inclusivo; empoderar a la sociedad civil; promover la sostenibilidad medioambiental y las innovaciones que faciliten el aprendizaje y compartir el conocimiento.

 

 

 

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Estructura plan desarrollo

El anteproyecto de plan de desarrollo de la ciudad, “Bogotá mejor para todos”, coloca la felicidad en el centro. No obstante la importancia asignada a la felicidad, en ninguna parte del plan se aclara su significado. La felicidad está anclada en tres pilares: igualdad en calidad de vida, democracia urbana y construcción de comunidad. En el plan tampoco se explica la articulación entre estos pilares.

La distribución del presupuesto entre los pilares es asimétrica, y no permite entender las secuencias de causalidad que se presentan entre ellos. El 56 por ciento del presupuesto se destina a democracia urbana, el 20 por ciento a igualdad en calidad de vida, el 11 por ciento a eficiencia administrativa, 10 por ciento a desarrollo económico, 2 por ciento a construcción de comunidad, 0,6 por ciento a sostenibilidad ambiental, 0,5 por ciento a nuevo ordenamiento territorial. Estos porcentajes muestran que entre los componentes del plan no hay equilibrio. Tampoco existe una jerarquía clara.

 

De la felicidad etérea a la felicidad mediada por la capacidad de pago

 

Aunque la “felicidad para todos” recuerda a Bentham, el plan no logra introducir la dimensión multidimensional del planteamiento benthamiano.

Seguridad, subsistencia, abundancia, igualdad, esto es: mínimo de desigualdad: con estos nombres se han designado a las finalidades particulares que están próximas, en orden, a la felicidad universal y a la mayor felicidad para el mayor número de individuos Bentham 1786, p. 182 (1).

Las cuatro dimensiones mencionadas por Bentham (seguridad, subsistencia, abundancia e igualdad) tienen vínculos más o menos directos con el ingreso, pero clara-mente van más allá del ingreso. Esta perspectiva está lejos de enfoques estrechos, como los del plan de desarrollo, que identifican el principio de utilidad con la satisfacción del deseo.

Los informes de desarrollo humano reconocen la existencia de una cierta correlación entre el ingreso agregado y el índice de desarrollo humano (IDH). La relación no es perfecta y de ahí la importancia que adquieren los otros dos componentes del IDH: la educación y la esperanza de vida.

De acuerdo con la visión de Sen, la felicidad es el resultado del desarrollo de las capacidades de las personas: “[...] la atención debe centrarse en las capacidades para realizar; es decir, en lo que una persona hace o puede ser” (Sen 1985, p.i) (2).

El tema central de la propuesta utilitarista es la maximización de la felicidad del mayor número. Y para lograr este propósito la justicia comparativa juega un papel sustantivo. Los avances hacia la felicidad tienen que verse desde la óptica de la justicia comparativa. No se trata de proponer un ideal de sociedad que lleve a una discusión sobre teorías perfectas de la felicidad. El propósito es más sencillo: debe avanzarse hacia sociedades menos injustas.

La mayor expresión de la lógica utilitaria es la aceptación de que la capacidad de consumo es un buen indicador de las potencialidades del ejercicio de la libertad. Estamos de acuerdo en que no basta con tener. Y que lo más importante es el ser. Pero en el terreno operativo, y en el campo de la política pública, la capacidad de pago de los hogares termina siendo la variable más proxy de las capacidades reales. Incluso, podría afirmarse que la capacidad de pago es un proxy de la libertad. El pragmatismo subyacente a esta lógica tiene un claro contenido benthamiano. La posibilidad de la libertad de agencia tiene una relación directa con el aumento de la capacidad de pago.

Es evidente que cuando la familia destina menos recursos –en términos relativos– a la adquisición de bienes básicos, tiene mayor disponibilidad para el consumo de bienes que no son tan necesarios, y que permiten ampliar el espacio de elección de las familias. Podría afirmarse que mientras mayor sea la disponibilidad de ingresos para la adquisición de bienes no básicos, el espacio de la libertad aumenta. La reflexión sobre las capacidades terminan dependiendo –en términos operativos– de la capacidad de pago y de la disponibilidad de ingresos. Persiste la pregunta por la forma como la disponibilidad de ingresos se transforma en capacidades.

Estas consideraciones sobre la relación entre felicidad y libertad no se mencionan en el plan de desarrollo. La multidimensional de la pobreza permite ir comprendiendo la heterogeneidad de usos del ingreso, en función de los objetivos de cada persona. Cuando se supera el consumo básico, la demanda de otro tipo de bienes refleja la intencionalidad de la acción humana. El consumo del ingreso “excedente” informa sobre la forma como los individuos organizan su gasto teniendo como referente la vida que consideran buena.

Las condiciones para el ejercicio de libertad mejoran cuando el ingreso disponible aumenta. Para que la mayoría de la población eleve su capacidad de pago se requieren políticas distributivas que eliminen los subsidios de los ricos y aumenten los impuestos. Nada de esto se menciona en el plan de desarrollo que concibe la felicidad de una forma etérea.

1 BENTHAM Jeremy., 1786. “Filosofía de la Ciencia Económica”, en STARK William., 1952, ed. Escritos Económicos. Jeremy Bentham, Fondo de Cultura Económica, México, 1965, pp. 168-191.
2 SEN Amartya., 1985. Commodities and Capabilities, Oxford University Press, New York, 1999.

Publicado enEdición Nº223
Martes, 23 Junio 2015 16:32

¡A empujar las locomotoras!

¡A empujar las locomotoras!

Una frecuente confusión es observable en los comentarios y en las recientes consideraciones realizadas en el país sobre el Plan Nacional de Desarrollo (PND) 2014-2018, referidas, en general, al proyecto de Ley de expedición del Plan, hoy ya Ley aprobada por el Congreso. Vale la pena reiterarlo: se trata de dos documentos distintos. El Plan propiamente dicho, de casi 800 páginas, denominado "Todos por un nuevo país: paz, equidad y educación" trata de organizar alrededor de esos "tres pilares" los propósitos enunciados por los diferentes sectores institucionales. De suerte que si quisiéramos analizar la sustentación y las argumentaciones de lo que el presente Gobierno está entendiendo por planeación y sus objetivos para estos cuatro años es éste el documento que habría que consultar. En cambio, la ley "por la cual se expide el PND" y que lo incluye como anexo, es un documento ambicioso de reformas legislativas que con ese pretexto va más allá de su propósito explícito, la simple expedición.

 

Hay una razón, desde luego, que podría explicar la confusión. En realidad, si algo puede deducirse de este Plan es que en él renuncian a la planeación económica. En sus palabras, se trata de avanzar en la consolidación del buen curso que trae la economía colombiana, consolidación que, supuestamente, ya habrían logrado en la primera administración Santos, por lo cual ahora se trataría principalmente de adelantar las reformas necesarias. No es sorprendente. En el enfoque neoliberal basta con adecuar las instituciones para garantizar el buen funcionamiento de las reglas del mercado, es decir, en nuestro caso, a favor del modelo de desarrollo –extractivista- ya impuesto y aceptado.

 

Pero hay algo más: es un hecho que en la situación actual, el modelo, también conocido como el de las "locomotoras", enfrenta enormes dificultades, dado el desplome de los precios internacionales de las commodities, La solución que han encontrado es bastante simple: flexibilizar todas las normas y requisitos que sea posible, especialmente en materia social y ambiental, con el fin de atraer la inversión extranjera a la cual ofrecen, además, toda clase de garantías y estímulos. Es decir, un nuevo tratamiento de choque de "desregulación y seguridad jurídica", acorde, por lo demás, con las recomendaciones de la Ocde. No es extraño, por tanto, que la mayoría de los críticos y personas interesadas aludan a las reformas institucionales contenidas en la Ley ya que es aquí donde se encuentra la médula del famoso Plan.

 

El proyecto de Ley facilitaba esta aproximación. Después de la breve y obvia alusión a las generalidades, se concentra, bajo el título de "Mecanismos para la ejecución del Plan", en lo que verdaderamente le interesa, una enorme y múltiple reforma legislativa que para muchos es un grotesco artilugio para conseguir por una vía expedita lo que debiera haber sido presentado como particulares proyectos de Ley. Son 267 artículos que tocan numerosas leyes, en algunas de ellas significativas reformas. En esas condiciones es comprensible que, después de haber sentado una oposición frontal y global al Plan, en su concepción y en sus propósitos, la verdadera oposición social y política haya orientado su acción a impugnar los artículos de reforma más lesivos, para eliminarlos o modificarlos.

 

Para los movimientos sociales, sin embargo, involucra un riesgo. Las reclamaciones particulares pueden dar la idea de que se está buscando simplemente una satisfacción de intereses corporativos (o regionales), sin atender al conjunto. No son pocas las ocasiones en que se ha escuchado el habitual reclamo: "no aparecemos en el plan". Y como en la Ley incluyen el plan de inversiones públicas (presupuesto plurianual 2015-2018), es difícil deshacerse de la imagen de que todo se reduce a exigir una parte de la torta. Así las cosas, el esfuerzo termina convertido en una forma de legitimación "democrática" del Plan, como resultado de una pantomima de negociaciones que más parece un regateo. No hay que olvidar que, conforme a la ley que determina el procedimiento de aprobación (152 de 1994), el Congreso sólo puede introducir modificaciones con impactos presupuestales cuando éstas cuentan con el aval (escrito) del Ministerio de Hacienda. Lo peor de todo es que, frente a un Congreso controlado de manera absoluta por los partidos afines al Gobierno, las posibilidades de incidencia son exiguas. La forma más fácil de eludir la discusión sobre una modificación de cualquier artículo es forzar la votación en bloque de varios de ellos (a veces capítulos enteros) en la forma propuesta por el Gobierno. Sólo algunos pocos artículos, como resultado de una combinación feliz de intereses de grupos de parlamentarios, merecieron discusión, pero esto –lo único que trasciende a la opinión pública– no hace más que reforzar la idea falsa de deliberación democrática.

 

La locomotora minero-energética

 

La continuidad respecto del anterior Plan de las locomotoras (2010-2014) no es un secreto sino más bien, como ya fue anotado, un propósito explícito. Los temas son los mismos y las "locomotoras", aunque ya no se usa el término, están distribuidas en todo el texto, farragoso y repetitivo. Insisten en más de lo mismo, así le haya costado ignorar, en su sustentación, la radical modificación de las condiciones del mercado mundial con sus impactos negativos, ya evidentes, en el crecimiento económico, en la balanza de pagos y en los ingresos públicos, tal como lo están señalando al Gobierno numerosos analistas, incluidos sus partidarios. Es por eso que, más allá de los retóricos "pilares" del título, el Plan se basa realmente en las llamadas cinco "estrategias transversales" entre las que destaca la primera, "infraestructura y competitividad estratégicas". Aluden en ellas a tres de las viejas locomotoras. Aparte de la innovación y las TIC, aparecen con igual importancia la infraestructura (con el transporte) y el sector minero-energético, como adelantándose a cualquier objeción que será respondida con la previsible aclaración de que en las condiciones actuales el verdadero motor es la infraestructura.

 

De cualquier manera, es claro que el sector minero-energético sigue soñándose como el motor predilecto del "desarrollo económico". Con un argumento adicional que conviene al tono demagógico del actual Plan, esto es, su capacidad para generar recursos: "la ejecución oportuna de crecientes inversiones en el sector hará posible la financiación de los programas de gobierno orientados a la construcción de un país en paz, con mayor equidad y mejor educado" (PND, p. 175).

 

Como era de suponerse, la presentación del tema fluye a través del lenguaje de lo "políticamente correcto". No hay mención que no vaya acompañada de la aclaración sobre "la responsabilidad social y ambiental". Y repiten, una y otra vez, como un mantra, las expresiones "desarrollo sostenible" e "inclusión social". La insistencia, como suele suceder, oculta una voluntad absolutamente opuesta, tal como puede verse en los ajustes institucionales. Pero incluso en la lógica que se maneja. Los proyectos de explotación o aprovechamiento de los recursos naturales no renovables (y renovables) no solamente constituyen el objetivo (PND, p. 176) sino que son buenos en sí mismos y no admiten impugnación. Recuérdese que, por ejemplo, ya en el Código de Minas (2001) se consagraba que la minería era de "utilidad pública e interés social". La cuestión se limita entonces a reducir técnicamente los posibles impactos negativos, a mitigarlos y a buscar formas de adaptación. Para ello aluden a unos míticos "estándares internacionales" de sostenibilidad. Y cuando hablan de "riesgos socioambientales" de la minería, todo conduce, curiosamente, al problema de la minería ilegal, ilícita o informal (PND, p. 192). De ahí que la solución sea la institucionalización y la fiscalización. En cambio, dentro del propósito de creación de condiciones favorables para la inversión privada, son múltiples las referencias a los requisitos ambientales (licencias) y de consulta previa como los mayores obstáculos que habría que eliminar mediante ajustes de simplificación, aceleración y flexibilización.

 

La minería en las reformas de la Ley

 

Nos vamos a concentrar aquí en el tema de la minería que es nuestro objetivo. El punto de partida se encuentra en el propio Plan: "[...] la inexequibilidad de la ley 1382 de 2010, modificando el Código Minero, por parte de la Corte Constitucional, generó vacíos jurídicos que se intentaron solventar con la expedición de decretos cuyo objetivo era dotar de herramientas al Estado para la administración del recurso minero y para regular su relación con los titulares mineros y solicitantes de nuevos títulos; sin embargo, el Consejo de Estado decidió suspender provisionalmente dichos Decretos. Es por tal razón, que resultará prioritario la expedición de la normatividad requerida con el propósito de enviar señales inequívocas a los inversionistas privados con reglas de juego claras y estables para su actividad" (PND, p. 175).

 

Queda claro, y contrariamente a lo planteado a principios de la primera administración Santos, que no se considera problema alguno en relación con la titulación adelantada desde el 2002. Como quien dice que lo que ahora pretenden no es otra cosa que legitimar el status quo de una buena parte del territorio nacional ya titulado, otorgando nuevas y mejores garantías a los beneficiarios. A ello se dedican varios de los artículos aprobados en la Ley.

 

En efecto, bajo el argumento de que la política debe ser diferenciada, establecen (artículo 21) una clasificación. Así: "de subsistencia, pequeña, mediana y grande." La preocupación, que no es social, por los primeros dos tipos se limita a la cuestión de la formalización. Tienen en cuenta –y probablemente es así– que la mayoría se encuentran en áreas tituladas. Desde luego, no existe la menor consideración sobre el hecho de que estas explotaciones seguramente existían antes del otorgamiento del título (a personas o empresas que hicieron uso de su poder). De ahí las soluciones propuestas.

 

En el artículo 19 con el título, de aparente sensibilidad social, "Mecanismos para el trabajo bajo el amparo de un título en la pequeña minería", plantean dos soluciones: La primera es el "subcontrato de formalización minera" (con el titular, naturalmente) y la segunda, la "devolución de áreas para la formalización minera", como una contribución graciosa del titular. Es decir, el amarre de los pequeños a los grandes, en muchos casos, seguramente como etapa de transición, antes de ser desplazados, o la entrega de áreas de poco interés. Téngase en cuenta que en esta segunda modalidad las áreas cedidas pueden ser diferentes a la ocupada (reubicación). Sobra decir que en todos los casos los pequeños deberán obtener la licencia ambiental y quedar sometidos a la estricta fiscalización. En cambio, en otra parte (artículo 23) le otorgan nuevas ventajas a los grandes. Se permite la "integración de áreas, así estas no sean vecinas o colindantes, pero que pertenezcan al mismo yacimiento". Adicionalmente, en el artículo 53, facilitan las prórrogas de los contratos de concesión, hasta por treinta años, incluso en etapas de exploración la cual podrá prorrogarse por periodos sucesivos de dos años hasta completar once.

 

En el tema ambiental es clara la voluntad de agilizar y flexibilizar. En general y en particular para la minería. Hubo algunas confrontaciones en el curso de las discusiones en el Congreso, pero al final se impuso la voluntad del Gobierno. Llama la atención la consagración definitiva, de las llamadas licencias ambientales "exprés" en el artículo 179, uno de los que el PDA proponía eliminar y a pesar de las observaciones simplemente razonables de quienes argumentaban que los estudios de impacto ambiental tenían diferentes grados de complejidad y por tanto los términos debían también ser diferentes.

 

Sin embargo, una de las disposiciones más nocivas, que originó la mayor controversia y por ello fue la única que mereció alguna atención de la opinión pública, fue la referida a la minería en los páramos. En el artículo 173, paradójicamente denominado "protección y delimitación de los páramos" se admite, en el primer parágrafo, que los contratos que hayan sido otorgados antes del 9 de febrero de 2010, "podrán seguir ejecutándose hasta su terminación". Había sido rechazado por el Senado en plenaria, pero en la conciliación (doce congresistas) revivió. Curioso procedimiento democrático., evadiendo con ello, incluso, el pronunciamiento en sentido contrario del Consejo de Estado (Sala de Consulta) en marzo de este año.

 

Para hacer avanzar la locomotora

 

No cabe duda que la intención de promover la minería a como de lugar, sin tener en cuenta ni los impactos sociales y ambientales y ni siquiera su conveniencia económica, para no mencionar la soberanía sobre los recursos naturales, se mantiene intacta. Se abre, literalmente, una feria, ofreciendo lo que queda sin titular. Una muestra de ello son los artículos referentes a la delimitación de áreas de reserva para el desarrollo minero (artículo 20). Así:

 

Áreas de reserva estratégica mineras. -La autoridad minera, sobre la base de la información geocientífica (sic), "podrá delimitar indefinidamente áreas que se encuentren libres". Si cuentan con potencial minero se "otorgarán mediante proceso de selección objetiva" Una forma de subasta. El Estado (y su capacidad de investigación científica) al servicio de los inversionistas privados.

Áreas de reserva para la formalización. -En este caso la delimitación procede sobre áreas libres o devueltas para formalizar pequeños mineros.

Áreas de reserva para el desarrollo minero energético. –Con éstas delimitarán zonas por dos años, prorrogables por el mismo término, para el aprovechamiento de recursos naturales no renovables (carbón) y serán otorgadas también mediante "selección objetiva".

 

Como es lógico, delimitar áreas significa excluirlas de otros usos. Es decir, un verdadero ordenamiento territorial que ignora, entre otros, el ordenamiento ambiental pues lo único excluido, con las salvedades antes indicadas, son los páramos y los humedales sometidos hoy, como si fuera poco, a una intensa disputa alrededor de su delimitación. Ignora también el ordenamiento político administrativo. Aunque ya está claro que debería concertarse con las autoridades territoriales (y las comunidades) el Gobierno viene eludiendo esta orden (judicial) a través de decretos y, por si no fuera suficiente, lo plantea en esta Ley del Plan. Lo mismo aplican en el tratamiento de los territorios indígenas y los colectivos de la población afrodescendiente. Este ejercicio de delimitación toca también con lo dispuesto para infraestructura y en la política agraria o rural. Una de las disposiciones más peligrosas se encuentra en la definición de los llamados Proyectos de Interés Nacional y Estratégicos, PINE (artículos 49, 50 y 51) que serían declarados, discrecionalmente por el gobierno por razones de "utilidad pública e interés social". Esta disposición facilita, en las áreas involucradas (y los predios), todo tipo de operaciones de compra –forzada–, redefine las regulaciones en materia de servidumbres, agiliza el procedimiento de las licencias y permisos ambientales, y, como si fuera poco, las excluye de la Restitución de tierras despojadas.

 

En pocas palabras, si pretendiéramos una definición sintética de esta Ley de expedición del Plan de Desarrollo (y del mismo Plan) podríamos decir que es una propuesta colosal y agresiva de reordenamiento territorial, en beneficio del capital extranjero y nacional.

 

1 Es decir en los artículos del proyecto. No se tiene en cuenta que en el documento del Plan no hay sector que deje de estar involucrado. Salvo para sus beneficiarios (los grupos de capital extranjero y nacional) de modo generalmente negativo.
2 El Representante a la Cámara por el PDA, Alirio Uribe refiere que ninguno de los 34 nuevos artículos propuestos ninguno fue siquiera considerado por no contar con el aval del Ministerio.
3 Las otras estrategias son: Movilidad social; Transformación del campo y crecimiento verde; Consolidación del Estado Social de derecho, y Buen gobierno. En realidad, como se ve en la Ley aprobatoria, están al servicio de la primera. Aquí la noción de "competitividad" es fundamental. Se entiende por ella el conjunto de beneficios normativos que se otorgan a la inversión, o mejor, a los inversionistas. Es por eso que, por ejemplo, en la parte "verde" lo que se hace es una burla: una flexibilización de las normas ambientales. Lo mismo en la "transformación del campo" donde se esconde, entre otras linduras, el ajuste en la política de tierras y ordenamiento territorial para la creación de Zonas de interés de desarrollo rural, económico y social, afortunadamente contempladas en otro proyecto de Ley, es decir, para la agroindustria, que es otra de las locomotoras de tiempo atrás promocionadas. Qué no decir del buen gobierno donde el objetivo es un Estado "transparente, eficiente y eficaz" como quien dice la apoteosis del ajuste institucional neoliberal.
4 Tan evidente era el problema que el Ministro decidió a mediados de 2011 "cerrar la ventanilla" de atención a la solicitud de títulos, sin embargo, dos años después volvió a abrirse con lo cual se siguieron otorgando de manera irresponsable y presumiblemente ilegal. Fue por eso que un grupo de organizaciones presentó una acción popular ante el tribunal administrativo de Cundinamarca exigiendo su cierre porque no se habían cumplido los requisitos en ese entonces esgrimidos, especialmente los referidos a la delimitación territorial ambiental.

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