Miércoles, 26 Octubre 2016 09:56

Ejercicio de Cronopolítica

Ejercicio de Cronopolítica

Caracterizar cualquier gobierno tiene un doble propósito: a) reconocer el campo de opciones establecido por la coyuntura para la toma de decisiones y, b) reconocer las restricciones que limitan ese campo de opciones. Al caracterizar el gobierno de Juan Manuel Santos es necesario tener en cuenta esta dialéctica. En la globalización es necesario atender de modo especial las condiciones internacionales en las cuales tiene que actuar el gobierno. Sobre este aspecto presento las siguientes consideraciones sobre el gobierno de Santos y de Uribe.

 

La elección de Uribe en el 2002 tuvo como horizonte el acontecimiento del 11 de septiembre de 2001. La necesidad de un castigo a quienes organizaron el acto suicida contra las torres gemelas en Nueva York, fue asumido por la ciudadanía internacional como un sencillo acto de justicia. La intervención contra el gobierno de los talibanes en Afganistán tuvo un respaldo internacional sin reservas.

 

Sin embargo, el gobierno de Bush asumió el reconocimiento como un respaldo para cometer desafueros sin antecedentes en la historia reciente. El peor de ellos fue la invasión de Iraq. Se apeló a burdas mentiras para justificar esa decisión bélica. La expectativa de alcanzar una victoria rápida y un control político de largo plazo en Oriente Medio no se cumplió, y en un lapso relativamente breve el gobierno se empantanó con esa aventura.

 

Así las cosas, lo que fue un respaldo internacional casi unánime se convirtió en un rechazo creciente. El campo de opciones creado por el acontecimiento del 11 de septiembre paulatinamente se fue transformando en un campo de restricciones. El gobierno de Bush, en esas condiciones, tuvo que enfrentar sin éxito la crisis de la burbuja inmobiliaria de 2007 y el efecto en cadena que afectó todo el sistema financiero norteamericano, expandiéndose hasta la comunidad económica europea en el 2010.

 

Los republicanos perdieron la confianza de los norteamericanos, situación que derivó en el relevo presidencial. Los demócratas, contra todos los pronósticos, ganaron con un candidato de raza negra, gobierno de nuevo tinte que tuvo que enfrentarse a una crisis sistémica sin antecedentes. La guerra contra el terrorismo heredada de Bush, se convirtió en un lastre de difícil superación en el corto plazo. Las medidas extremas de carácter económico tomadas por Bush también pesaron como un yunque que le colgó a Obama restricciones muy fuertes para desarrollar su política.

 

Por último, así como el 11 de septiembre de 2001 fue un punto de inflexión en la política internacional, el 15 de abril del 2010 se produce otro punto de inflexión. Ese día colapsó en el Golfo de México la plataforma petrolera llamada “Macondo”, acontecimiento sin antecedentes en la historia de la humanidad, y de consecuencias hasta ahora impredecibles, que desbordó al gobierno de Obama y a la British Petroleum, propietaria de ese complejo de explotación petrolera.

 

Sucesos, políticas globales y locales, crisis e intentos de recuperación, todos los cuales van conjugando un sentimiento de impotencia que se apodera de los norteamericanos. El éxito como experiencia valorativa fundamental en es cultura está en crisis, situación que aprovechan los republicanos. Sara Palin, su candidata a la vicepresidencia en la campaña del 2008, levanta la bandera del racismo y la xenofobia y llama a recuperar el orgullo de potencia hegemónica.

 

 

Los republicanos, directos responsables de esta crisis, se presentan entonces como salvadores y en la lógica de buscar un chivo expiatorio convierten el asunto de la inmigración en un problema que puede profundizar la crisis sistémica en curso. La problemática de los migrantes puede llegar a tocar las premisas mismas de la nación norteamericana al actualizar acontecimientos que se daban por definitivamente clausurados, como las anexiones de territorios de México llevadas a cabo en el siglo XIX.

 

Sucesos que no pasan sin dejar huella social. Por ejemplo, la crisis económica empobreció a millones de norteamericanos, desatando un crecimiento acelerado de la delincuencia y el consumo de sustancias sicotrópicas. Con coletazos. La política republicana de guerra contra el narcotráfico se tornó irrelevante. En este contexto, el informe de los expresidentes Zedillo, Gaviria y Cardozo sobre el narcotráfico, adquiere una importancia sin antecedentes.

 

Un forastero en la casa

 

Esta dinámica macro engloba el proceso político colombiano de lo que podemos llamar el intervalo Uribe, quien en el 2002 logró canalizar los sentimientos de impotencia y de rabia por el colapso de los esfuerzos de paz en el Caguán. Fue así como Uribe Vélez pasó de ser un candidato marginal, apoyado por sectores de extrema derecha con nexos con las autodefensas, a convertirse en presidente.

 

Triunfo con claras consecuencias. Las Farc fueron responsabilizadas por el fracaso del Caguán, y de insurgentes con finalidades políticas pasaron a ser caracterizados como terroristas puros. El pulso de ocho años entre el gobierno de Uribe y la dirección de las Farc gravitó como asunto decisivo en las decisiones gubernamentales. El grupo uribista fue paulatinamente mostrando una pretensión inesperada: restaurar las formas culturales, sociales y políticas que acompañaron el proceso centenario de la Constitución de 1886; tarea restauradora que llevó a la primera reelección, e intentar una segunda reelección. En sus presupuestos temporales el uribismo se planteó un proceso que debía prolongarse hasta el año 2019 para culminar la tarea de desmontar la Constitución de 1991.

 

Los desafueros de tal Gobierno, guardadas las especificidades nacionales, son del mismo tipo que las llevadas a cabo por Bush. En el caso criollo, el cristalizado más evidente de esos desafueros fue la creación de lo que algunos llamaron la formación de un para-estado, para acallar toda oposición. Pero así como en Norteamérica la lucha contra el terrorismo se fue convirtiendo en razón de los abusos totalitarios, un verdadero campo de restricciones a las libertades individuales y derechos colectivos, así también sucedió en Colombia.

 

Uribe, que había logrado modificar la Constitución para hacerse reelegir en el 2006, fracasó en su intento de imponer una segunda reelección: 2010-2014. En el debate electoral, el candidato del uribismo, el actual presidente Juan Manuel Santos, tuvo que enfrentar una dura crítica del legado de su antecesor. En el curso de la campaña se creó una situación política que puso en peligro su elección. La llamada ola verde mostró un horizonte distinto para la ciudadania, pero ese acontecimiento no pudo transformarse en opción de gobierno. Antanas no tuvo la pericia política de Obama.

 

El candidato uribista y hoy presidente, Juan Manuel Santos, logró superar la amenaza creada por la ola verde. Santos entendió que el deslinde respecto del gobierno de Uribe tenía como premisa las nuevas condiciones internacionales. En su propuesta de gobierno redujo a un segundo plano la lucha contra el terrorismo, resaltando como idea fuerza de su futuro gobierno la búsqueda de la prosperidad económica, teniendo en cuenta los recursos de la bonanza minera. Uribe confrontó a Santos, planteando que las Farc representaban el mayor peligro terrorista para la seguridad continental, y acusó al gobierno de Chávez de ser aliado de esa guerrilla y del Eln.

 

Santos, una vez posesionado, puso en marcha una política internacional de distancia frente a la doctrina de Bush, e incluso del gobierno de Obama. Tomó dos decisiones de fondo: recomponer las relaciones diplomáticas con el gobierno de Chávez, y adelantar su primera gira internacional por Europa. En su reciente intervención ante la ONU, planteó un protagonismo estatal en política internacional sin antecedentes en la historia reciente del país.

 

Tener en cuenta tales hechos era indispensable para poder establecer las opciones y restricciones del aún Gobierno Santos y, en consecuencia, poder definir con mayor precisión sobre cuales asuntos ejercer la oposición y las políticas por respaldar.

 

Septiembre de 2010

 

Enero 9 de 2012, retomo el ejercicio de cronopolítica. En el curso del año 2011, el expresidente Uribe y su grupo asumieron que Juan Manuel Santos los traicionó, valoración que muestra el carácter primitivo de la llamada doctrina uribista. En los últimos días del año 2010, el calificativo de traidor adquirió vehemencia especial. El personaje encargado de sostener tal acusación fue el excomisionado de paz Luis Carlos Restrepo.

 

Los uribistas consideran que la política global sigue funcionando con arreglo a la lógica impuesta por el expresidente Bush después de los acontecimientos del 11 de septiembre de 2001. La doctrina uribista, como la califica José Obdulio Gaviria, es incapaz de captar y valorar los contundentes acontecimientos en curso: la llamada Primavera Árabe, el surgimiento de los indignados en España, la profundización de la crisis económica en Europa, el movimiento ocupa Wall Street en Estados Unidos y las movilizaciones y paros generales en Inglaterra, Portugal e Italia.

 

Esta falta de visión frente a los hechos es altamente significativa y la oposición, que de allí se deriva al gobierno de Santos, está destinada al fracaso. Situación altamente preocupante para quienes pertenecemos al Polo, no por la ceguera de los uribistas, sino por la que evidenció una y otra vez, la dirección del PDA, con una incompetencia total en el ejercicio de la oposición. Los resultados de las elecciones lo dejaron en una situación de extrema debilidad. Sin embargo, en el discurso se afirma que todo se debe a una conspiración contra el Polo. No existe una sola línea escrita por esa dirección que busque avanzar en una valoración sensata de lo ocurrido, y de las tareas por emprender. La convocatoria del Comité Ejecutivo a la Conferencia Programática es de una pobreza insuperable. Se requiere, pues, un cambio de rumbo, y la conferencia programática y el posterior Congreso del Polo son dos escenarios para producirlo. Pero es necesario un horizonte distinto al propuesto por el Comité Ejecutivo.

 

Septiembre 1 de 2012

 

El 26 de agosto el Gobierno y las Farc-ep firmaron un documento guía para iniciar conversaciones en busca de la paz. El título: “Acuerdo general para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera". La noticia, si bien sorpresiva, resulta inteligible si se tienen en cuenta las decisiones políticas tomandas por el presidente Santos. Los uribistas han levantado el fantasma del Caguán.

 

 

 

 

Febrero 6 de 2016

 

Los presidentes Santos y Obama celebraron los quince años del Plan Colombia, acordado por Clinton y Pastrana en 1999. Era el momento político más singular de la historia contemporánea. Manuel Marulanda Vélez, jefe histórico de las Farc, había sido una persona definitiva en la elección del presidente Andrés Pastrana. El proyecto de una solución negociada al conflicto armado y la perspectiva de la paz había volcado el respaldo ciudadano a favor de Pastrana. La consecuencia de ese acontecimiento político fue la negociación del Caguán. La negociación fracasada se resolvió cuatro años después con la elección de Álvaro Uribe.

 

Para entonces (septiembre de 1998) Álvaro Vásquez, dirigente del Partido Comunista, escribió un documento titulado: “Sobre el conflicto armado y su solución política” (borrador de trabajo) y con un subtítulo: “En la antesala del Caguán”, el cual es pertinente retomar con el favor del paso del tiempo.

 

El autor enfoca, desde la teoría política de Marx y Lenin, los posibles desenlaces de esa negociación. Sobre la salida política anotó: “No se parte de cero. Ya la burguesía ha recorrido, bajo la presión múltiple de la opinión, del crecimiento de la guerrilla y de los repetidos fracasos de los cuerpos militares, un contradictorio camino que ha desembocado en la conveniencia de la negociación. A su vez, un sector de la clase dominante considera que es posible hacer determinadas concesiones”. Y agregaba: “De allí que hayan surgido sobre todo propuestas de financiación de la paz. Fondos de paz, ayudas de gobiernos amigos, colaboración de las Naciones Unidas, nuevo Plan Marshall para Colombia, etcétera, son algunas muestras de la preocupación de ciertos dirigentes empresariales y estatales con vistas a las soluciones sociales. Pero todas ellas tienen una intención contrainsurgente. Sin condenar esas iniciativas, lo principal hay que buscarlo en la calidad de los posibles acuerdos en cuanto a los cambios políticos incluyendo la propia política económica del sistema”.

 

Reconocidas esas condiciones generales de la negociación, en un parágrafo titulado: “Opciones del movimiento armado”, escribió lo siguiente: “Sintetizando sus opciones podrían concretarse las siguientes:

 

a) priorizar la lucha armada y avanzar por esa vía como única opción.
b) consolidar el dominio de determinadas zonas que sirvan de bases territoriales a una larga confrontación.
c) buscar un acuerdo con el sistema para arrancarle en esta etapa, determinadas posiciones y logros”.

 

Decía sobre cada una de las opciones, y lo que llamó modelos que las sustentaban, lo siguiente: “El primero es el modelo cubano; el segundo (una forma a mayor plazo y en varios periodos del primero) es el modelo chino o vietnamita; el tercero se asemeja a los modelos surafricano o centroaméricano”.

 

¿Cuál de esas opciones asumir? La decisión, sostenía, “[...] sólo puede ser el resultado de un análisis maduro que rebase los enfoques militares y tenga en cuenta el porvenir de todo el movimiento popular, como las condiciones nacionales y externas”.

 

Establecidas estas premisas, planteó lo siguiente sobre la primera opción: (priorizar la lucha armada y avanzar por esa vía como única opción): “En nuestra experiencia, el movimiento armado, que cuenta con un largo periodo de desarrollo, y que ha pasado por diferentes etapas, incluyendo las negociaciones, los ceses de fuego, las treguas, etcétera, aún cuando ha tenido avances cada vez más significativos, está lejos de un desenlace definitivo inmediato. Tampoco puede decirse que ha logrado imponer un poder revolucionario completo en un determinado territorio, como el de las zonas liberadas en Vietnam, o las llamadas zonas fronterizas de la revolución china. En cambio, la experiencia colombiana se caracteriza por su duración y por la extensión del conflicto a prácticamente todo el territorio nacional, lo que la diferencia de otras formas, incluyendo la cubana.

 

En la prolongación del enfrentamiento actual es necesario tener en cuenta, además de las aspiraciones revolucionarias, otros factores. Uno de ellos es la fatiga de la población por la confrontación. Otro es la dificultad para atraer a las posiciones políticas de la lucha armada a diversos sectores progresistas. La influencia política del movimiento guerrillero no avanza en la proporción en que sería necesario para tender un puente sólido entre las guerrillas y el resto de la población. Está bastante generalizada la tesis de que la lucha social y política no tiene que ver con la armada. Es decir, hay un cierto grado de distanciamiento de las luchas sociales del movimiento guerrillero. Mientras las guerrilla decretó la abstención, no sólo aumentó la votación sino que la repercusión de una tal actitud no fue significativa”.

 

Sobre la segunda opción, señaló: “En cuanto al modelo chino-vietnamita, caracterizado por la dominación creciente de un territorio importante, exigiría que la organización guerrillera pasara a crear la base de poder en tal territorio, realizar una reforma agraria decidida por los campesinos, se establecieran órganos de poder y se elaborara una estrategia para defender las posiciones territoriales, organizando dentro de sus fronteras la vida social y laboral. Una tal variante implicaría un enorme gasto de energías tanto militares como políticas”. Y concluía: “Esta formulación tiene varios puntos débiles: implicaría un difícil equilibrio con el poder nacional, que trataría de hegemonizar la situación; dependería también de la financiación nacional en lo fundamental; estaría expuesta a los cambios políticos generales; y seguramente que no tendría capacidad de expansión y de arraigo permanente. En la práctica, congelaría un determinado momento de la situación, cuyo cumplimiento y respeto serían inviables para el gobierno y las guerrillas”.

 

La tercera opción se presentaba así: “La negociación en las condiciones actuales, podría lograr posiciones y beneficios democráticos, avances en la integración del poder, reconstrucción del movimiento obrero y popular, desarrollo y fortalecimiento de la alianza progresista, diversificación de la organización en todos sus aspectos y acumulación de fuerzas para nuevos desarrollos revolucionarios. Desde luego sería necesario un nivel de seguridad y garantías para los cuadros revolucionarios y modificaciones estructurales del ejército y la policía”. Y agregaba: “El proyecto político de una salida democrática y popular a la crisis nacional no podrá lograrse en Colombia, en ésta etapa, por la sola acción del movimiento guerrillero. Tal proyecto implica la acción de masas en todas sus posibilidades, las alianzas de los diversos frentes de la lucha social y revolucionaria, el surgimiento de un tipo de organización popular, cualquiera sea el nombre que se le dé, que trabaje con un programa de profundos cambios y que logre atraer a la lucha a las masas en su conjunto”. En conclusión decía: “Por eso, parece más racional y efectiva una formulación que mantuviera la idea de la pluralidad de poder en nuevas condiciones de amplitud democrática y que permitiera a los sectores obreros y populares luchar en el futuro por posiciones y hegemonía en el conjunto nacional”.

 

Clausurada la experiencia del Caguán, esta elaboración conceptual muestra cómo la opción que se impuso y fracasó fue la de un incipiente modelo vietnamita o chino de cerco de la ciudad por el campo.

 

Ahora que la élite celebra los quince años del Plan Colombia, tenemos que esa conmemoración se presenta al mismo tiempo como la condición de un nuevo plan que Obama llamó “Paz Colombia”. Es una situación parecida a la presentada al inicio de la negociación en el Caguán, cuando se hablaba de una especie de Plan Marshall para la paz, pero ahora como remate de un proceso de negociación exitoso.

 

Esta declaración de Obama hay que valorarla desde una visión retrospectiva de la política exterior de los Estados Unidos, y del modo como ella ha influido en el diseño de la política exterior de los gobiernos colombianos. Finalizada la Segunda Guerra Mundial, Truman presidente de los Estados Unidos y Churchill, primer ministro de Inglaterra, declararon la llamada Guerra fría. El asesinato de Gaitán (9 de abril de 1948) se interpretó en clave de Guerra Fría: una conspiración del comunismo internacional. La participación del ejército colombiano en la guerra de Corea (1950-1952) fue una consecuencia del alineamiento del gobierno de Laureano Gómez con la política exterior norteamericana.

 

El acontecimiento de la caída de Batista (31 de diciembre de 1959) y la instalación de un gobierno dirigido por Fidel Castro en Cuba, llevó al presidente Eisenhower a una política de intervención que fue avalada por los gobiernos del Frente Nacional (1958-1974). La guerra contra las drogas declarada por Nixon llevó a la fundación de la DEA en 1973, agencia federal que terminaría por convertirse en un recurso intervencionista en la definición de la política del gobierno colombiano. El último movimiento de ese proceso histórico fue el alineamiento del gobierno de Álvaro Uribe (2002-2010) con el de Bush (2000-2008) y su guerra contra el terrorismo.

 

El gobierno de Barack Obama (2008-2016) desarrolló los lineamientos de una nueva política exterior de los Estados Unidos. En ese diseño, el cierre del ciclo de la Guerra Fría es un propósito que tiene en el restablecimiento de relaciones diplomáticas con Cuba, su punto culminante. Asimismo, el gobierno de Obama planteó que el daño causado por los actos terroristas no puede asumirse como actos de guerra. El terrorismo es un tema de inteligencia, de policía y de intervenciones militares acotadas. La política de guerra contra las drogas está siendo revaluada.

 

La clausura de esas tres políticas de guerra: contra las drogas, contra el terrorismo y contra el comunismo, es un proceso gubernamental que todavía no se constituye en política del Estado norteamericano, pero que crea un campo de opciones privilegiadas en el desarrollo de las negociaciones para la terminación del conflicto armado en Colombia. La clausura de esas tres guerras crea premisas inéditas para la tarea de construcción de una paz estable y duradera en nuestro país, con el impacto que ese hecho tendrá para todo el continente americano.

 

 

 

 

Octubre 2 de 2016

 

El No gana el plebiscito contra todos los pronósticos. ¿Y qué se hace en esos casos? Esta fue la pregunta de un joven pariente en una reunión familiar. ¿A quién echarle la culpa y a quién atribuirle la victoria? Claro: a Santos y a Uribe.

 

Aquí es necesario que recordemos algunos acontecimientos. El expresidente Uribe decidió, desde que fue público el inició de la negociación con las Farc, enfrentar con beligerancia esa opción. Su tesis central –ampliamente difundida y conocida por cualquier persona con una mínima información del proceso en Colombia y en el exterior–, sostenía que no debía negociarse con bandidos y narcotraficantes. La tarea del ejército era eliminarlos y esa tarea estaba prácticamente cumplida cuando él respaldó a Juan Manuel Santos para que lo reemplazara en la presidencia. La iniciativa de negociar para superar el conflicto armado, y construir una paz estable y duradera, la presentó como una traición y una entrega de la república a un enemigo a punto de ser eliminado.

 

Esa retórica la mantuvo durante los primeros dos años de la negociación, pero luego fue matizando su postura. Uribe comenzó a pregonar que él también quería la paz y que quienes lo acompañaban eran amigos de la paz pero no a cualquier costo. El viraje fue cristalizando en la tesis de que la negociación era un tratado de concesiones inadmisibles a las Farc. La razón de esas concesiones inconcebibles era el deseo insensato del Presidente de pasar a la historia o de ganarse el Premio Nobel de Paz, y esa debilidad presidencial era hábilmente manipulada por los jefes de las Farc, a quienes calificaba del mayor cartel de narcotraficantes. Luego enriqueció su retórica con el pronóstico de una inminente sustitución de la democracia por el castrochavismo. En los días en que el acuerdo, producto de las negociaciones, llegaba a su elaboración final, incorporó en el arsenal de sus alegatos que la ideología de género y la homosexualidad se convertirían en política de estado, maltratando los sentimientos religiosos de las diferentes iglesias y cambiando la definición eterna de la familia.

 

El partido de Uribe, el Centro Democrático, asumió esa retórica con una vehemencia y una perseverancia sorprendente. En las semanas que precedieron al 2 de octubre, día de las elecciones, agregó a su retórica que en los acuerdos se establecía una policía política y una justicia parcializada para perseguir a la “gente de bien”. La jurisdicción especial para la paz se caracterizó como un golpe de estado a la Constitución de 1991, y así lo proclamó el expresidente Andrés Pastrana quien se sumó al uribismo. El compromiso con la verdad, la justicia y la reparación que sostiene la jurisdicción especial, fue tergiversada por el uribismo y presentada como una herramienta policíaca contra las libertades ciudadanas. Al final, el alegato de Uribe y de sus seguidores, concluyó en que el acuerdo era un contrato entre los jefes guerrilleros de las Farc y un señor llamado Juan Manuel Santos, en consecuencia un papel sin valor ninguno. Las personalidades políticas y los representantes de las instituciones que asistieron en Cartagena a la firma del acuerdo, contemplaban desconcertados las declaraciones de los uribistas y con discreción de huéspedes evadían un juicio negativo y saludaban con esperanza el casi seguro triunfo del Sí en el plebiscito.

 

La valoración del acuerdo como un acontecimiento espurio fue asimilado por sectores que durante el periodo 2014-2017 se sintieron lesionados con la política económica del presidente Santos: los campesinos paperos, los cafeteros agrupados en dignidad cafetera, los camioneros que sostuvieron un paro durísimo, los taxistas que rechazan el servicio Uber y que asumieron que serían expropiados para beneficiar a guerrilleros desmovilizados, los pequeños y medianos propietarios que creyeron que iban a ser sometidos a una expropiación por la dictadura castrochavista que seguiría después de firmado el acuerdo.

 

La derrota del Sí, fue alimentada por las mentiras del expresidente Uribe y por el malestar de quienes sintieron que el presidente Juan Manuel Santos no atendía sus intereses y, al contrario, los lesionaba. El triunfo de Uribe parece inexplicable pero existen antecedentes de líderes como él. Hanna Arend en un texto titulado La mentira en política. Reflexiones sobre los documentos del Pentágono, planteó la siguiente tesis: “El mentiroso que puede salir adelante con cualquier número de mentiras individualizadas, hallará imposible imponer la mentira como principio. Esta es una de las lecciones que cabe extraer de los experimentos totalitarios y de la aterradora confianza que los líderes totalitarios sienten en el poder de la mentira, en su habilidad, por ejemplo, para reescribir la Historia una y otra vez con objeto de adaptar el pasado a la “línea política” del momento presente o para eliminar datos que no encajan en su ideología”.

 

La experiencia que estamos viviendo en Colombia con un personaje como Álvaro Uribe, muestra que el experimento que él intentó en sus dos gobiernos, y que ahora nos presenta como la opción frente al acuerdo, es de una gravedad extrema.

 

Retornemos a la pregunta de nuestro joven pariente: ¿Qué se puede hacer en estos casos? Movilizarse y promover la discusión democrática para impedir que la mentira en la política se consolide como principio. Esa tarea es condición para poder defender el acuerdo logrado y para asumir con alegría la obra de construir una paz estable y duradera con verdad, justicia y reparación. Afortunadamente la coyuntura internacional nos es favorable. El interés que hoy existe sobre el futuro del proceso de paz en Colombia está vinculado con la posibilidad de clausurar un conjunto de guerras hoy agotadas.

 

En la sociedad planetaria en proceso de configuración es posible decir No a la Guerra Fría y Sí a la diplomacia entre los Estados para resolver los conflictos. No a la guerra contra las drogas y Sí a políticas de salud pública que prevengan y reparen el daño que causan las adiciones. No a la guerra contra el terrorismo y Sí a políticas de seguridad humana que neutralicen los atentados de terrorista desesperados que se proclaman mártires.

Miércoles, 26 Octubre 2016 09:22

Plebiscito por la paz, antagonismo traumático

Plebiscito por la paz, antagonismo traumático

El plebiscito y sus resultados arrojados el pasado 2 de octubre, obligan a una reflexión sobre lo acontecido. Una reflexión a partir de sus cifras, pero también desde la historia y el futuro del país.

 

La cotidianidad de las cuatro últimas generaciones de connacionales ha transcurrido en medio de un costoso, cruento y doloroso conflicto interno bélico.

 

Según el registro oficial de la Unidad para las Víctimas de la Presidencia de la República, los mártires de esta guerra civil suman ocho millones durante el período 1985-2015. Los datos institucionales referencian 260.000 asesinatos, 45.000 desaparecidos, 6,8 millones de desplazados por la violencia y el despojo de 4,2 millones de hectáreas a los pobladores pobres del campo. Además de los campesinos y pueblos indígenas y afros, la guerra afectó de manera directa a comunidades populares urbanas, defensores de derechos humanos, sindicalistas, líderes populares, ambientalistas, militantes de partidos de izquierda e intelectuales demócratas.

 

El más reciente cálculo del Global Peace Index, realizado por el Institute for Economics and Peace (IEP) muestra que el impacto económico de la violencia en Colombia ha crecido 53 por ciento desde 2008 hasta alcanzar los US$139.481 millones en el año 2015, equivalente al 30 por ciento del Producto Interno Bruto, constituyéndose en el séptimo país en el mundo donde más impacto negativo de carácter económico, político, social, cultural y ambiental, ha tenido la violencia dentro de su territorio.
El 2 de octubre de 2016, la sociedad colombiana tenía la posibilidad histórica de terminar, a través de un plebiscito, con una buena parte de la confrontación armada e iniciar la construcción de una paz duradera y sostenible. La renuncia generalizada a la violencia como forma de hacer política requería el compromiso de la sociedad.

 

En esta consulta, la única pregunta a la cual deberían responder los colombianos con un Sí o un No era la siguiente: “¿Apoya usted el acuerdo final para terminar el conflicto y construir una PAZ estable y duradera?”.

 

El triunfo del “Sí” refrendaría democráticamente los acuerdos de paz, ordenando al Gobierno y demás entidades del Estado a tramitar las normas necesarias para implementarlos. Con la victoria del No se malograría el proceso seguido durante los últimos seis años (2 exploratorios y 4 de negociación) y obligaría al Gobierno y la insurgencia a entrar en una compleja renegociación con los sectores ultraderechistas del país. Con los resultados que favorecieron el No, Colombia se sumió en la incertidumbre; encrucijada que no la resuelve ni el otorgamiento del premio Nobel de Paz al presidente Juan Manuel Santos (2010-2018), concedido por el Comité Noruego y que le será entregado el 10 de diciembre de 2016.

 

Dos pruebas debía superar el plebiscito en las urnas para ser vinculante: i) ganar por mayoría simple el Sí; ii) superar el umbral aprobatorio del 13 por ciento del censo electoral, esto es, alcanzar como mínimo cuatro millones y medio de votos.

 

Votantes y territorios

 

El total de población habilitada para participar en este plebiscito sumaba 34.899.945 (51,7% mujeres y 48,3% hombres). El número de votantes que se abstuvieron de ejercer su derecho político sumó 21.833.898 (ver recuadro 1: La constante), esto es, 62,6 por ciento. El 37,4 por ciento que acudió a las urnas se distribuyó de la siguiente forma: votos inválidos (votos no marcados y nulos) 257.189 (0,7%); votos por el Sí, 6.377.482 (18,3%); votos por el No, 6.431.376 (18,4%) (Ver gráfico 1 y mapa 1).

 

 

 

 

En las 33 entidades territoriales del país (sumando a Bogotá como Distrito Capital y “Consulados”, esto es, los 203 puestos de votación donde los 600 mil colombianos habilitados que viven en el exterior podrían votar) el Sí ganó en 20 (60,6%) y el No en 13 (39,4%). En resumen, como siempre sucede en la exánime democracia colombiana, la reducida pero poderosa, agresiva y organizada oligarquía extremo-derechista impuso su voluntad e intereses, con mentiras, manipulaciones y amenazas, a las mayorías nacionales. Del lado opuesto, una exageración de los beneficios que traería para las mayorías la aprobación de los acuerdos, fue la nota más destacada (Ver recuadro 2: La cultura política de los colombianos, 2015).

 

De las 33 entidades tomadas como referencia para el análisis, once (33,3%) concentran en conjunto el 70.6 por ciento del total de sufragios posibles al contar, cada una con más del 3 por ciento de las personas habilitadas. De estas, en cinco ganó el No: Antioquia, Cundinamarca, Norte de Santander, Santander y Tolima; en seis ganó el Sí: Bogotá D.C., Atlántico, Bolívar, Córdoba, Nariño y Valle del Cauca. Como tendencia general, con la excepción del distrito capital y el Valle del Cauca, se observa que en las regiones donde tradicionalmente hay más alto “desarrollo” económico son las que votaron en mayor proporción por el NO (Ver cuadros 1 A y 1 B).

 

 

 

 

 

 

Antagonismo traumático

 

El número de votos válidos en el plebiscito por la paz sumó 12.808.858. Con la mínima diferencia de 53.894 sufragios (0,2% respecto al total de votantes habilitados), el No resultó triunfador.

 

El empate técnico no obedece a un relativismo cultural, según el cual la percepción del conflicto social depende de la pertenencia del observador a uno u otro grupo, en favor o en contra de refrendar los acuerdos Gobierno-insurgencia. La división entre las dos percepciones «relativas» implica una referencia oculta a una constante, a un núcleo traumático, un antagonismo fundamental que la sociedad colombiana es incapaz de simbolizar, explicar o asimilar, un desequilibrio crónico en las relaciones sociales que impide que la ciudadanía se estabilice en un todo armonioso. Las diferentes percepciones expresadas en el plebiscito, incluidos quienes se abstuvieron de acudir a las urnas, son tres intentos mutuamente excluyentes de lidiar con este antagonismo traumático, de sanar la herida histórica mediante el consenso democrático de construir colectivamente una estructura simbólica equilibrada, incluyente y justa. Lo «Real» no es el fenómeno expresado en los resultados del plebiscito por la paz, sino el núcleo traumático del histórico antagonismo entre clases sociales1 que distorsiona la visión del individuo frente a quienes, de una parte, tienen intereses en prolongar una guerra de la cual obtienen réditos y, de otra, a los que defienden el anhelo de paz con igualdad, democracia, trabajo digno, justicia social y soberanía2.

 

Los estudios que emprendió el economista, historiador, escritor y político socialista colombiano Antonio García Nossa (1912-1982) sobre la movilización insurreccional de los comunes de labriegos libres, artesanos, obreros de manufactura, peones y clases medias en 1781, coloca de presente este núcleo traumático o antagonismo fundamental de la sociedad colombiana. En la insurrección de Los Comuneros se encuentra, según García, embrionariamente, esta trama de la historia contemporánea, entendida como un contrapunto dialéctico entre la movilización popular orientada hacia la ruptura y superación –consciente o inconsciente– de las estructuras hispano coloniales de dominación y dependencia –modernizadas sólo a partir de la Primera Guerra Mundial (1914-1918) y de la subsiguiente integración a la metrópoli norteamericana– y la acción defensiva-ofensiva de las familias conservadoras, castas, burócratas, curas fanáticos, militares, políticos mafiosos, intelectuales fascistas y profesionales derechistas, oligarquías o clases dominantes; en el sentido de conservar aquellas estructuras (estrategia conservadora) o de promover la desarticulación o aplastamiento de la organización y movilización popular y de la clase trabajadora por medio de la violencia institucionalizada (estrategia contrarrevolucionaria)3.

 

Democracia exánime

 

La mayoría de la población apta para participar en el plebiscito por la paz, 63 de cada 100, se abstuvo de participar; expresión de la grave crisis de la democracia liberal colombiana. Este tipo de democracia que nació con las revoluciones burguesas de los siglos XVIII y XIX en Europa y América, en su esencia, deja la soberanía popular relegada a una mera función electiva que le otorga poder exclusivo de gobierno a las oligarquías y a la representación de políticos profesionales. Al eliminarse la participación directa en la toma de decisiones (quedando sometida simplemente a una voluntad de cada proceso electoral), el pueblo termina perdiendo todo contacto inmediato con la solución de sus problemáticas, para dejarlas en manos de una minoría –clase política– de la sociedad, ajena también a esos problemas sociales populares y laborales. En esencia, no existe en Colombia una forma de gobierno democrática, pero es tal el peso de la ideología que la sociedad se cree el “cuento” que esta parodia de democracia es “la más antigua y sólida del continente”.

 

En este plebiscito, 20 de las 33 entidades territoriales del país (sumando a Bogotá y “Consulados”) registran niveles de abstención superiores al promedio nacional: 71,7 por ciento. Con la excepción de Arauca y Caquetá, la mayoría de la población votante lo hizo por la opción del Sí en estas entidades de alta abstención (Ver cuadros 1A y 1B).

 

En la capital del país, con el 15,9 por ciento del potencial de sufragantes, ganó el Sí al sumar 1.423.612 votos (25,7% respecto al total distrital). El Distrito Capital concentra una alta proporción del voto libre, informado y consciente de Colombia. Independiente del estrato socio-económico, en todas sus localidades el porcentaje de abstención fue inferior al promedio nacional y mayoritariamente ganó el Sí. Sólo en tres localidades, las que concentran la población que vive bajo condiciones de extrema pobreza y los desplazados por la violencia, ganó el No: Bosa, Ciudad Bolívar y Usme (Ver mapa 2).

 

 

Este fenómeno combinado de rechazo y abstención, en sus localidades más excluidas y pobres, se explica por ocho razones: i) el resentimiento en contra de las políticas antipopulares y neoliberales del gobierno Santos; ii) las mentiras y manipulaciones publicitadas desde las campañas por el No (en particular sobre los supuestos y exagerados beneficios económicos que recibirían los excombatientes); iii) la incomprensión referente a la figura jurídica y al contenido del plebiscito; iv) ignorancia política; v) desesperanza aprendida, en cuanto la persona se siente indefensa, cree no tener control sobre la situación y piensa que cualquier cosa que haga será inútil; vi) considerar que el plebiscito era una continuidad del enfrentamiento Santos-Uribe; vii) apego a una cultura que ha permeado desde arriba a todas las capas sociales de solucionar los problemas mediante la violencia y el exterminio; viii) El odio contra la insurgencia, producto de una intensa guerra política desplegada por años, así como por los errores propios de ésta y que afectaron a sectores populares.

 

Razones que atraviesan a la sociedad colombiana en su conjunto, no sólo a los sectores populares, Hay que agregar que si bien la juventud estaba a favor del Sí, esta mostró su animadversión de acudir a las urnas; a deshoras hizo conciencia del error, tratando de borrarlo con postreras movilizaciones en favor de la paz. La izquierda, apática, indecisa y autista, poco hizo en favor de una concientización social y masiva en favor del SÍ y, peor aún, nunca ha logrado ofrecer una propuesta realista, positiva, incluyente y constructiva de futuro a la sociedad colombiana.

 

De los 600 mil nacionales habilitados para votar en el extranjero sólo lo llevó a cabo el 13,9 por ciento, reflejando un alto desafecto por los destinos del país natal por parte de quienes están arraigados en tierras foráneas. Con la excepción de Estados Unidos, en los demás consulados ganó la preferencia por el Sí (44.801 votos por el Sí y 37.995 votos por el No).

 

En los seis departamentos que integran la región Caribe (Atlántico, Bolívar, Cesar, Córdoba, la Guajira y Magdalena) tres de cada cuatro potenciales votantes se abstuvo. En todas estas entidades territoriales fue prevalente el voto por el Sí. La razón de esta alta abstención fueron dos: i) el impacto del huracán Matthew: las intensas lluvias impidieron que los ciudadanos salieran a votar; ii) las maquinarias políticas no se utilizaron para movilizar a los electores; como no estaba en juego las elecciones de los “caciques” políticos, no operó el tradicional clientelismo y la compra de votos.

 

Los departamentos que más han sufrido la inclemencia de la violencia efectivamente fueron los que mayor apoyo dieron al plebiscito. En nueve de las regiones más afectadas por el conflicto armado, con mayor pobreza y menos institucionalidad, ganó el voto por el Sí: Amazonas, Chocó, Cauca, Nariño, Putumayo, Guainía, Guaviare, Vaupés y Vichada. No obstante, en estos departamentos el nivel de abstención promedio fue del 68 por ciento.

 

En uno de los principales centros agrícolas, industriales, comerciales y financieros del país, el Valle del Cauca, ganó el apoyo a la refrendación de los acuerdos de paz entre el Gobierno y las Farc-Ep por parte del 18,6 por ciento del potencial de ciudadanos habilitados; el No fue refrendado por el 16,9 y la abstención alcanzó el 63,9 por ciento. En la capital, Cali, votaron 589.451 ciudadanos, el 54,3 lo hicieron por el Sí y el 45,7 por el No. En otros centros importantes de la economía y el turismo del país, Boyacá y San Andrés, igualmente salió triunfador el SÍ, aunque con escaso margen.

 

En 13 entidades territoriales el rechazo a los acuerdos del Gobierno con la insurgencia fue mayoritario: Antioquia, Arauca, Caldas, Caquetá, Casanare, Cundinamarca, Huila, Meta, Norte de Santander, Quindío, Risaralda, Santander y Tolima. Allí el nivel de abstención registró un promedio de 10.1 puntos porcentuales por debajo del promedio nacional: 52,4 por ciento. Es importante señalar, de una parte, que en toda la zona centro de Colombia la insurgencia ha operado como un ejército de ocupación y sus acciones más negativas (secuestro, extorsión y afectación de la infraestructura) han sido dirigidas en contra del empresariado agrícola medio y grande, como también, en no pocos casos, contra el campesinado y pueblos rurales. Existe, por tanto, en estas regiones, un resentimiento directo muy grande con las Farc que obviamente fue aprovechado por los promotores del No.

 

Pero de otra parte, y no menos importante, los rezagos de la república señorial, el latifundio ganadero, las economías extractivas dominadas por empresas transnacionales, una clase media rural fundamentada en el tipo patriarcal y católico de la familia antioqueña, la vigorosa influencia conservadora del partido del clero que subyuga la conciencia popular, el principio crematístico para medir la funcionalidad de toda actividad social fundamentado en el individualismo egoísta y la contra ética del “fin justifica los medios”, y el escalamiento del paramilitarismo como poder político, social y cultural en la mayoría de municipios que integran estas regiones afectadas por la guerra, explican estos resultados adversos al fin del conflicto armado y a la construcción de la paz.

 

En una de las principales ciudades de Colombia, Medellín, 431.173 ciudadanos votaron en favor del No (63%) y 253.548 por el SÍ (37%). Una ciudad bonita, con buena infraestructura y tecnológicamente avanzada, la economía moderna y un nivel educativo más elevado, no son suficientes para hacer evolucionar y transformar civilizadamente la mentalidad colonial, las creencias y formas de vida atávica, y el espíritu patriarcal, violento y de vindicta.

 

Se ha dicho que los extremos se tocan. En el departamento de Arauca, con arraigada presencia del Eln, ganó la opción por el No (30.274 votos). Por el Sí votaron 28.653 ciudadanos. Se abstuvieron 115.537 ciudadanos, el 65,4 por ciento, influenciados por el rechazo del Eln al proceso de negociación Gobierno- Farc-Ep. El Eln afirma que “los anhelos de paz con equidad, justicia social y soberanía tal como lo requieren las mayorías, exige la unión de todas y todos quienes buscamos una Colombia donde el pueblo y la nación sean partícipes y protagonistas de las nuevas construcciones; sin tal protagonismo popular y social, no es posible el logro de la paz”4. En consecuencia, el inicio de la negociación del fin del conflicto armado entre el Gobierno y el Eln, el próximo 27 de octubre en Quito, pondrá otro ritmo a la complejidad y encrucijada que enfrenta la sociedad actualmente y abrirá un espacio donde se exprese democráticamente la sociedad, paralelo a la negociación elitista y a puerta cerrada entre el Gobierno y los partidos ultraderechistas.

 

Al desagregar los resultados del plebiscito, encontramos que la tendencia del departamento de Arauca la define –como es de esperarse– el municipio con mayor potencial electoral, en este caso Arauca, capital, la cual tuvo como resultados un 34,9% (8.159 votos) por el Sí y un 65,1% (15.191 votos) por el No. Los datos sobre presencia de los grupos insurgentes en este departamento han demostrado que la intensidad del conflicto armado se ha concentrado en municipios como Saravena, Fortul, Arauquita, y Tame, municipios en los que el SI ganó (en Saravena ganó el No), corroborando que los territorios en los que más se ha vivido la guerra y por ende los principales beneficiarios del acuerdo, ganó la opción para la implementación de los acuerdos. En Cravo Norte y Puerto Rendón, con presencia paramilitar y base económica latifundista y ganadera, triunfó el No.

 

Odio y actitud psicótica

 

El odio sobredeterminó los resultados del plebiscito por la paz. El odio es una pasión que lleva a hacer daño a alguien o desearle mal. Esta fue la principal motivación de las campañas por el No, al impugnar los acuerdos de paz.

 

Pero además de éste, entre los líderes de estos movimientos de ultraderecha política-religiosa-empresarial-militar predomina la actitud psicótica: la de un autoproclamado salvador que imagina que su ley interior es la Ley para todo el mundo. Para que el mundo siga sus preceptos, el “Mesías” recurre a construcciones paranoicas, al complot de fuerzas ocultas: el centro de la publicidad por el No buscaba generar el miedo de las masas ante la amenaza “castrochavista” o la entrega del Estado a los “terroristas encabezados por Timochenko”.

 

También los líderes de los partidos ultraderechistas son megalómanos (condición psicopatológica caracterizada por fantasías delirantes de poder, relevancia, omnipotencia y por una henchida autoestima), no conciben un proceso de transformación social sin su dirección y liderazgo, de lo contrario patean el tablero sin reparar en costos de vidas, económicos y sociales.

 

No obstante, detrás del odio y de las formas de hacer la política, está el tema de intereses de clases o fracciones de clase que quieren a toda costa evitar políticas económicas, sociales y democráticas que los afecten (redistribución de tierras, impuestos a la propiedad, etc.) y además prevenir que puedan surgir gobiernos que desarrollen políticas progresistas y cercanas a determinadas formas de izquierda democrática o socialistas.

 

De la Apen (1935) al Mur (2016)

 

La violencia es un método consuetudinario empleado por las clases dominantes en Colombia para el ejercicio político y para oponerse a cualquier reforma social o apertura democrática que afecte sus intereses. El crimen y la impunidad son facilitados por el sectarismo político que practican.

 

Así, por ejemplo, las reformas impulsadas durante el gobierno de Alfonso López Pumarejo, elegido en 1934, incluían nuevas formulaciones del derecho de propiedad, un replanteamiento de las relaciones entre el Estado y la Iglesia, y una serie de medidas modernizadoras en el campo social y político que pretendían dar solución a la crisis económica de 1929 y a los graves conflictos rurales y obreros de la década de 1920. Para neutralizar estas reformas, se creó la Apen (Asociación Patriótica Económica Nacional) en marzo de 1935, movimiento político formado por terratenientes, latifundistas, industriales, financieros, intelectuales, altos políticos y veteranos de las guerras civiles colombianas. Fue creado para oponerse abiertamente al movimiento de masas campesino y, sobre todo, para arrasar con la política de Alfonso López Pumarejo. La Apen tuvo una actividad intermitente hasta los años 1940, enlazándose con el período histórico conocido como “La Violencia5.

 

La historia se repite. En agosto de 2016, dieron vida al Movimiento de Unidad Republicana en contra de los acuerdos de paz Gobierno Nacional-Farc-EP y del plebiscito que refrende popularmente los acuerdos. Hacen parte de este movimiento dos expresidentes de la República, exalcaldes, dirigentes políticos (en su mayoría de los partidos Centro democrático, Conservador y Liberal), empresarios (sobresale Ardila Lule, dueño de RCN y zar de las bebidas edulcorantes), ganaderos, militares retirados, dueños de medios de comunicación (principalmente los periódicos de Medellín), dirigentes de gremios agropecuarios, alta jerarquía de la iglesia católica (en especial, Monseñor Libardo Ramírez Gómez, presidente del Tribunal Eclesiástico Colombiano), intelectuales y columnistas defensores de la derecha nacional, entre otros. En general, esta oposición que recoge la ultra derecha político-religiosa-empresarial-militar-intelectual de Colombia enarbola las banderas de la defensa de Dios, patria, familia, propiedad y tradición.

 

El No, campaña de mentiras, miedo y amenazas

 

El excandidato a la alcaldía de Medellín y gerente de campaña por el No del Centro Democrático, Juan Carlos Vélez, confesó, en entrevista con el periódico La República, que “apelamos a la indignación, queríamos que la gente saliera a votar verraca (de mal genio)”, por ejemplo “la imagen de Santos y ‘Timochenko’ con un mensaje de por qué se le iba a dar dinero a los guerrilleros si el país estaba en la olla, la publiqué en Facebook y tuvo un alcance de seis millones”.

 

La profundización de esta campaña fue mandar el mensaje direccionado para ‘sacar la piedra de los electores’, por estrato y ubicación geográfica, afirmó el excandidato del Centro Democrático: “En emisoras de estratos medios y altos nos basamos en la no impunidad, la elegibilidad y la reforma tributaria, mientras en las emisoras de estratos bajos nos enfocamos en subsidios”; “en cuanto al segmento en cada región utilizamos sus respectivos acentos: en la Costa individualizamos el mensaje de que nos íbamos a convertir en Venezuela; y aquí (Antioquia y Eje Cafetero) el No ganó sin pagar un peso. En ocho municipios del Cauca pasamos propaganda por radio la noche del sábado centrada en víctimas”.

 

La campaña por el No costó cerca de $1.300 millones que aportaron 30 personas naturales y 30 empresas. Los principales financiadores de esta sucia campaña (estrategia de la “clínica del rumor”, la llaman los asesores políticos) fueron entre ellas la Organización Ardila Lülle (RCN, Win, Postobón, Atlético Nacional, Heineken), Grupo Bolívar (Seguros Bolívar, Davivienda, Codiscos), Grupo Uribe (Mango, Sprit, Naf Naf París, Chevignon, Americanino), Grupo Corbeta (AKT, Alkosto, K-Tronik, Foton, Castrol), cuyos presidentes y propietarios respectivamente son Carlos Ardila Lüle, José Alejo Cortes, Manuel Santiago Mejía Carlos Gilberto Uribe y la familia Díaz, los tres últimos empresarios antioqueños cercanos al expresidente Álvaro Uribe. La organización Ardilla Lule, propietaria de RCN (radio y televisión), desde el canal de televisión su directora, Claudia Gurisatti, fue una de las principales críticas de los acuerdos y compulsiva promotora de la campaña del No.

 

En paralelo, los líderes del Centro Democrático llamaron en su auxilio a las iglesias cristianas y evangélicas, para adoctrinar a sus creyentes en contra de los acuerdos de paz entre la insurgencia y el gobierno. En particular atacaron el enfoque de género de los acuerdos de paz y desinformaron con los riesgos que enfrenta la familia y las instituciones ante las políticas que promueven las libertades de identidad sexual.

 

Los resultados del plebiscito muestra la fuerza de los grupos de extrema derecha en Colombia, su capacidad para conectarse con un amplio segmento social, realidad que realza, al mismo tiempo, la incapacidad de la izquierda para comprender sus formas de ser, su enraizamiento cultural y sus capacidades, más allá de su ser violento. Además, se ponen de presente las fracturas y conflictos entre las fuerzas de las clases y fracciones de clase; en concreto entre el latifundismo premoderno y las ideologías de extrema derecha que representan el Centro Democrático y el Partido Conservador, de una parte, y la oligarquía modernizante y transnacional que representa el santismo, de otra parte.

 

 

 

 

Miedo a la verdad

 

Las Naciones Unidas han indicado que en los procesos de paz debe respetarse plenamente el derecho de las víctimas a la verdad, a la justicia y a obtener reparación y garantías de no repetición. La verdad consiste en el reconocimiento que la sociedad y las instituciones hacen acerca de las violaciones cometidas, las víctimas perjudicadas por ellas y los responsables de tales hechos. El derecho a la justicia permite el reconocimiento de las víctimas; las respalda en sus reclamos y exigencias, las protege y reestablece formalmente sus derechos. La reparación es el mecanismo fundamental para hacer justicia a las víctimas y evitar la repetición de las violaciones; mediante la reparación se identifica el daño, se reconoce a las víctimas, se les protegen sus derechos y se busca anular los efectos de las violaciones que han sido cometidas.

 

El principal miedo que tiene la ultraderecha en Colombia es que se conozca la verdad; esto es, que un día nuestra sociedad y la opinión pública mundial conozcan la verdad sobre los autores del genocidio ocurrido en el país durante los últimos sesenta años. Los líderes de estos partidos políticos, movimientos sociales, iglesias, militares y grupos paramilitares, intelectuales de derecha, burócratas, empresarios, empresarios, dueños de los medios de comunicación y representantes de las transnacionales buscan por todos los medios enterrar la verdad y evitar ser juzgados por crímenes de lesa humanidad.
En particular, como lo afirmó el exalcalde de Bogotá Gustavo Petro: “El gran temor de Álvaro Uribe es que los militares que están incursos en delitos en medio del conflicto confiesen ante el Tribunal Especial. Uribe le tiene pavor a que los militares hablen y los lleva a un sacrificio, les pide que no vayan al Tribunal Especial, que se quite ese organismo y que vayan a la justicia ordinaria, con lo cual los está es condenando literalmente a la Corte Penal Internacional. Solo porque él no quiere que hablen”.

 

Los artículos 5º y 7º del Estatuto de la Corte Penal Internacional –aprobado en Colombia por la Ley 742 de 2002– incluyen estos crímenes entre las conductas punibles sobre las cuales ejerce su competencia ese alto tribunal. Un crimen de lesa humanidad es el que por su carácter especialmente grave ofende no sólo a la víctima, sino a toda la familia humana.

 

El Punto 5 del acuerdo de paz contiene el tema de “Víctimas”. Desde el Encuentro Exploratorio de 2012 entre el Gobierno Nacional y las Farc-Ep, se acordó que el resarcimiento de las víctimas debería estar en el centro de cualquier acuerdo. En el firmado, crean el Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición, que contribuye a la lucha contra la impunidad combinando mecanismos judiciales que permiten la investigación y sanción de las graves violaciones a los derechos humanos y las graves infracciones al Derecho Internacional Humanitario, con mecanismos extrajudiciales complementarios que contribuyan al esclarecimiento de la verdad de lo ocurrido, la búsqueda de los seres queridos desaparecidos y la reparación del daño causado a personas, a colectivos y a territorios enteros.

 

El filósofo griego Aristóteles solía decir que “No basta decir solamente la verdad, más conviene mostrar la causa de la falsedad”.

 

 

 

 

La encrucijada

 

Colombia se encuentra ante una situación difícil o comprometida en que hay varias posibilidades de actuación; sus actores sociales y políticos alternativos parecieran no saber cuál de ellas escoger. Esta es una de las encrucijadas decisivas de su historia, que requiere buscar una gran confluencia por la paz y la solución negociada al conflicto bélico interno, que implique justicia social y una novedosa y protagónica participación de su ciudadanía en el diseño y definición de su presente y futuro inmediato, y mucho más allá.

 

Es importante impedir un acuerdo excluyente, entre las oligarquías que han conducido históricamente al desastre de país que tenemos. No es posible, en pleno siglo XXI, otro Frente Nacional para el beneficio de las clases dominantes. Su sociedad democrática (en particular la clase trabajadora, los movimientos sociales, los defensores de derechos humanos, la intelectualidad orgánica y los partidos políticos de izquierda) debe enfrentar, de manera decidida, al sector minoritario alineado con las ideologías de extrema derecha y las lógicas de guerra y exclusión, con sus fines deshumanizantes y sus actividades explotadoras del trabajo nacional y depredadoras y rentistas de la riqueza territorial mediante el modelo neoliberal que arbitraria y violentamente impusieron al país. Pero estos núcleos sociales demócratas también deben enfrentar al conjunto de la clase dominante que encabeza el actual modelo económico, político y social dominante en nuestro territorio, a partir del cual se excluye a las mayorías de los beneficios de su trabajo y esfuerzo, criminalizando sus protestas e inconformidad. Es necesario que estos núcleos democráticos, conciten el favor mayoritario del país en pro de un emplazamiento al gobierno de turno, a partir del cual quede claro que la paz sin justicia económica, y sin transformar el modelo de acumulación no es soportable en el tiempo. Impedir que la anunciada reforma tributaria sea aprobada sería el primer reto de este emplazamiento.

 

En los acuerdos de paz firmados, con el ánimo de consolidar aún más las bases sobre las que se edificaría la paz y la reconciliación nacional, una vez realizado el plebiscito que debía refrendar política y popularmente estos acuerdos, se comprometían a convocar a todos los partidos, movimientos políticos y sociales, y a todas las fuerzas vivas del país a concertar un gran Acuerdo político nacional, encaminado a definir las reformas y ajustes institucionales necesarios para atender los retos que la paz demande, poniendo en marcha un nuevo marco de convivencia política y social. Con la crisis política generada por los resultados del plebiscito, este compromiso y propósito es más necesarios que nunca.

 


 

* Economista político y filósofo humanista. Docente de la especialización en Derechos humanos de la UPTC. Integrante de los comités editoriales de los periódicos desdeabajo y Le Monde diplomatique edición Colombia. Integrante del Centro interdisciplinario de Derechos sociales y desarrollo, Cartagena de Indias.
1 No obstante, dentro de cada uno de los grupos del Sí y el No están presentes una variedad de estratos socioeconómicos unidos por factores ideológicos principalmente.
2 Zizek, Slavoj; (2016). Contragolpe absoluto. Para una refundación del materialismo dialéctico. Ediciones Akal, España, p. 111.
3 García, Antonio; (1981). ¿A dónde va Colombia? Tiempo americano editores Ltda., Colombia, p. 16.
4 Revista Insurrección N° 549
5 Conflicto que causó 300.000 asesinatos y el desplazamiento forzoso de más de dos millones de personas, equivalente casi a una quinta parte de la población total de Colombia, que para ese entonces alcanzaba los 11 millones de habitantes La superación de este período se realizó a través de un pacto de élites conocido como "Frente Nacional", vigente en Colombia entre 1958 y 1974, caracterizado por el reparto del poder entre las oligarquías y la exclusión política de los sectores populares.

“Vivir en las calles de la indignación”*

En medio de la desatada crisis de gobernabilidad –y tal vez, de régimen– en que entró el país con el resultado del plebiscito, el grito que gana audiencia por todo el país, grito sin adjetivo, desnudo, con fuerza inusitada: es ¡paz!, ¡queremos paz! ¡Acuerdo ya!

 

En marchas que una y otra vez avanzan –a ritmo frenético– en diversidad de ciudades, pero también, en declaraciones que producen encuentros de los más diversos matices, la exigencia es idéntica: “queremos paz”, “queremos acuerdo ya”. La vía de la solución política se impone. Nunca, votar es todo.

 

Reclamo tan desnudo que hace creer que en el país del Sagrado Corazón de Jesús, todo el mundo entiende igual por paz. Que todo el mundo es apéndice del presidente Santos y le hace la segunda para que imponga su visión sobre la paz, que es la de su clase y élite: esa que brinda porque tras los Acuerdos –con una y con las otras insurgencias–, los banqueros y mercachifles tengan terreno libre para ampliar sus negocios y hacer imposiciones políticas a sus anchas. Nada más nefasto, y más despolitizante para la conciencia popular que admitir un coro a una sola voz con el Palacio de Nariño, el Capitolio y los grandes Gremios.

 

Tal vez en las pocas semanas de campaña plebiscitaria, y los días que siguieron hasta bien entrado octubre, miles, millones de connacionales, mujeres y hombres, jóvenes y adultos, tal vez han construido, favorecidos por las marchas y declaraciones, una idea, que la paz es una: el silencio de los fusiles. Más, como sabe cualquier estudiante de primer semestre de ciencias sociales, la paz, positiva, es mucho más que el silencio de la pólvora.

 

La paz corresponde con un modelo otro en lo económico, lo social y lo político. Y en este último componente, paz es la expresión de una democracia ampliada, plena, con decisiones en todo territorio, en la cual, el factor fundamental es la dignidad de cada ser humano, en sus entornos y comunidades.

 

“Que en ningún hogar se escuche el llanto de un bebé por causa de hambre”, pero también, que ningún niño, joven o adulto esté infeliz porque no puede ingresar a clase –por no tener con que pagar los ‘derechos’ de estudio–, o que alguien tenga que suplicar atención a la puerta de un hospital, por sólo citar unos pocos ejemplos. Injusticia y esencia material del actual régimen de cosas que el liberalismo redujo en su factor político, de manera vulgar, a un voto cada tanto tiempo.

 

También, cualquier estudiante de primeros cursos sabe que la democracia es y exige, para ser plena, mucho más: debe pulsar, además de la garantía a esa dignidad ya relacionada, la participación activa de todos los integrantes de un conjunto social de manera plena y vital. Es decir, sin temer “el destino anticipado de los ángeles” por aquello que diga o calle, sintiéndose sujeto de su presente y su devenir, así como integrante pleno de derechos de un conglomerado social dado. Democracia viva. ¿Existirá otra vía para romper el persistente desinterés y/o desconfianza con respecto a lo público, que como tal expresa en nuestro caso la persistencia del abstencionismo?

 

Conglomerado de base y urgencias, que sabe que la razón de la tensión entre quienes acaparan la riqueza, y quienes desean que la realidad sea distinta, descansa en el hecho de la acumulación y apropiación de lo producido por todos, por parte de unos pocos. Tensión que tiene solución en la redistribución de la riqueza colectiva, garantizando que cada cual dé según sus capacidades, y cada cual reciba según sus necesidades. Igualdad. He aquí un bello reto cada vez más significante y cada vez más posible de hacer realidad, sustento de una democracia no reducida ni vulgarizada en el acto de voto, que elige pero nada decide.

 

Democracia plena y viva, que no puede tornarse cuerpo mientras por doquier la riqueza no sólo tiende a, sino que es evidente su concentración cada vez mayor en menos manos, y por proyección, en la concentración del poder político. Democracia plena y viva, deformada cada día por el creciente autoritarismo que cubre a todos los países.

 

Autoritarismo traslapado tras cámaras de video, chuzadas de teléfono de todo tipo, vigilancia permanente, coerción disfrazada, y otras coacciones más. Y cuando las cosas parecen salirse de mano, pues simplemente negada por el garrote y el disparo, en nuestro caso del Esmad, del policía sin casco, del soldado, del agente de inteligencia, o simplemente y común, del paramilitar. La democracia no puede ser o vivir cubierta por el miedo: o somos libres o simplemente no existe. La libertad admite, propicia y protege el debate abierto, la desobediencia, la protesta, la inconformidad.

 

Es necesario, entonces, que en este conjunto de expresiones callejeras, de manifestaciones multitudinarias, y más allá de estas, en lo micro y cotidiano, haya luz y diferencia acerca de la ‘paz’ que persigue el establecimiento y la paz que le sirve a las mayorías sociales. Por tanto, debe ganar espacio la idea-fuerza de que sin democracia plena, radical, directa, plebiscitaria, las mayorías nunca verán realizada, como suceso cotidiano, la libertad, la igualdad, la dignidad, la justeza y la felicidad... Y para llegar allá, nos toca dejar el miedo.

 

Ese miedo y temor que pulsa en lo más superficial y más profundo de nuestro tejido social, legado y sembrado por décadas de violencia oficial. Toca entonces, hacer cadena y emprender actividades colectivas para anticipar persecuciones y superar el temor a la muerte selectiva o colectiva, y arriesgar nuestra tranquilidad en la calle, pero también, en el sitio de trabajo, de formación, de esparcimiento, o cualquier otro.

 

Que la democracia otra, la no liberal, sí es posible y necesaria. Viable, y que descansa en el soporte colectivo creado por la revolución técnico-científica –o cuarta revolución industrial como también la denominan. Portón más que evidente, para que los bienes creados en el curso de la existencia humana, creación potenciada hasta el asombro en las últimas décadas, que además deben ser colectivos –como también debe serlo todo lo prodigado por la naturaleza, como el agua, el aire y otra multitud de sus recursos–, resulten suficientes, y todos los seres que habitamos este planeta vivamos, sin necesidad de depradar ni excluir a nadie.

 

¡Otra democracia, sí!, decimos algunos activistas y militantes sociales y de una política alternativa de las ambiciones personales y de grupo. ¡Otra democracia, sí!, posible de reconocer y proyectar en medio de las demandas de paz y respecto a los acuerdos hoy en curso. Grito a ganar y poner como adjetivo de una paz mayúscula. Paz que el discurso oficial, de no ser así, terminará por reducir a instrumento para acumular y excluir más. Además, para impedir la conjugación de fuerzas sociales en pro de otro país sin demora: para el aquí y ahora.

 

* Expresión de Boaventura de Sousa Santos en Cartas a la izquierda.

Publicado enEdición Nº229
Reza un grafiti: “No sólo de paz vive el hambre...”

El Nobel a Santos aplazó cambios de gabinete que estaban listos. En Colombia la paz arma lío, “preocupa, el discurso del Sí arranca con limitaciones de audiencia”, advirtió un artículo, en nuestra edición anterior. Visto en profundo, el resultado del plebiscito ya suma dos capítulos: en 2014, Santos también perdió la primera vuelta. Ahora repite, con desprestigio y crisis en el poder. A su vez, la izquierda deja desnuda, una grieta con la gente. Con distancia en la opinión, ¿desde 1991 o 2002?, el actor insurgente lleva a cuestas, un ancho margen de impopularidad. Y la abstención indica, el desprestigio de la politiquería, pero no significa un triunfo con eje organizable.

 

Cómo ...remendar el temporal retorcimiento/de un entorno popular, voto silvestre/permeable a la derecha
y su contagio.
Cómo ...nutrir afinidades que trastoquen el asueto/y liviano aumento de las bases,/sin acople ni grosor de mayorías auténticas.
(Turbulencia y víspera. O.R.R.)

 

Hace poco, en mayo de 2014, Óscar Iván Zuluaga venció al Presidente en la primera vuelta, de su reelección. Sin sacar aprendizajes ni acudir al [...] análisis más exacto, objetivamente comprobable, de la correlación de las clases y de las peculiaridades concretas de cada momento histórico*, la izquierda y el activismo salieron del paso. Con la idea fija, de que la reelección victoriosa de Santos, tuvo como artífices del momento definitivo: a la izquierda y “la paz con Mesa en La Habana”, a galope en el supuesto “tenemos pueblo, mayoría”. Convencido en esta hipótesis, el círculo cercano de Gustavo Petro hizo lobby para reclamar un ministerio. Y no faltaron espontáneos, como en las corridas. Más que con retardo, como por no dejar, Clara López, con soporte en la imagen del Polo, resultó Ministra del Trabajo. Ante el «No» del Plebiscito, flota una pregunta en el ambiente: En su consistencia y dinámica, ¿qué mejoró en la izquierda y sus partidos, desde aquel junio 2014? El resultado adverso al Sí, ¿es sólo una sorpresa secundaria o, hay debilitamientos?

 

En este marco, inconformes de Colombia votaron por el No, y también, inconformes dijeron Sí. Otros inconformes, anularon su voto o no respondieron al llamado institucional. Situación ésta del país, de la correlación política y su desventaja, en que ningún inconforme es superior a otro, aunque por ahora..., no existe un liderazgo suficiente, legítimo y con potencialidad para convocar a todos. Sin tomar el toro por los cachos, Iván Orozco –intelectual, activista y exfuncionario nacional de los derechos humanos– anticipaba en sus conversaciones, que las encuestas “ponían en ventaja al Si, para bajar la guardia de los activistas por la paz”. En verdad, estamos en ausencia de un sujeto social, con iniciativa de gobierno y de poder propio.

 

Plebiscito y crisis de desprestigio del poder

 

Timochenko dijo a Caracol el 12 de octubre: “fue hasta bueno que hubiera sucedido esto... ayuda a corregir la metodología y a presentar sencillo el objetivo de paz”.

 

De poco sirvió el carrerón final en la Mesa (Ver: “Acuerdo final Gobierno-Farc” con interrogantes, editorial de la edición anterior). Cuando los festejos de Nueva York, Cartagena y La Habana aún no apagaban luces, ante el atónito de muchos, hace años no ocurría en Colombia la coyuntura o momento buscado por la izquierda: una crisis de gobernabilidad con efectos en el prestigio del régimen y la cohesión del bloque de poder.

 

Momento que asomó en la tarde del domingo 2 de octubre, cuando el Presidente quedó grogui y habló al país, acompañado del equipo de negociadores con las Farc. Fue patente que decían cualquier cosa para calmar las aguas. Sabían que el triunfo del No, ponía en aumento una crisis de gobernabilidad. En efecto, las medidas por aplicar ante su proyectado triunfo, quedaron postergadas en lo económico, político, militar e internacional. Es el caso, de una reunión en Cartagena que Santos suspendió. Nada menos que con el Fiscal de Estados Unidos, un delegado del Departamento del Tesoro, otros cuatro fiscales de esa nacionalidad y, el Fiscal Martínez Neira, que tenía el propósito de detallar la forma de encausar a las Farc por lavado de activos..

 

Crisis de gobernabilidad con agrietamiento del régimen. Obvio, cuando la contraparte uribista ganó más espacio para atravesar palos al gobierno. Fácil ante la incertidumbre en el qué hacer y la mayor pérdida de la imagen oficial, por efecto de la alta abstención y el desconocimiento a la gestión del Gobierno en La Habana. Con ofensiva en el nuevo escenario, saltó el Centro Democrático con imagen de cogobernar con respecto al conflicto y actor de ‘diálogo nacional’. Asumió un tono conciliador ante el país y las mismas Farc. Una iniciativa de amnistía para la guerrillerada y un “no queremos la guerra...”. Proceder que despreviene a una parte del país, y que obligó a Santos a radicalizarse.

 

Así, el Gobierno anunció que el cese de fuegos iría sólo hasta el día 30. Su efecto fue el que buscó Santos: hacer creer que al fin de mes, las hostilidades prenderían de nuevo sus fogonazos y sollozos. Con esta jugada, el Centro Democrático queda de nuevo con el balón en su cancha: debe concretar sus negativas y reformas con los Acuerdos de La Habana. Y no solo esto. También tiene que favorecerlas en el Congreso, para que las negociaciones Gobierno-Farc no lleguen a romperse. Temor que aborda a la opinión pública y señalaría un culpable, ya no tanto en las Farc –cuña que Santos usa para apretar a su otrora jefe y aliado.

 

Situación y factores de crisis, percibidos con preocupación y puntualidad por parte de la comunidad internacional y su debate por valijas, y por la ONU –bajo presión de tiempo, 8 de noviembre, día de la elección en Estados Unidos– no ajeno al acomodo último, o, a la acción de mantener el Premio Nobel.

 

Rectificación necesaria por parte de la izquierda

 

...no sólo con angostas atarrayas y tarimas/de oradores con oficio/y cada grupo aparte,/granizo y goterones escarlatas/sin soldador de todos los fragmentos,/añade otro difícil. (Turbulencia...)

 

En este tire y afloje con efectos hacia 2018, irrumpen los jóvenes bajo un interrogante más de fondo, ¿palpita en la nueva generación la decisión de ir hasta donde sea necesario? De inmediato exigen que la paz no quede refundida y haya respeto al cese bilateral de fuegos. Queja en común, con los impulsores del Sí. ¿Y qué es necesario, desde un sentido de ruptura de la naturaleza oligárquica del régimen y su intento de legitimar otro peldaño de 20-30 años? Ahondar la crisis del propio régimen, es la respuesta.

 

Tomar iniciativa en procesar con emplazamientos locales y cabildos y plazas tricolores, la exigencia de demandas que vayan más allá de los propios Acuerdos –en su caso, quienes aúpan el No, demandan revisarlos–, como son: 1. congelar el paquete legislativo de la reforma tributaria, 2. defender un aumento del salario mínimo –equitativo con necesidades básicas–, 3. levantar la bandera de un “estatuto de oposición” con garantías para la autonomía de los movimientos sociales, atento a formas de corrupción y cooptación, y 4. poner en marcha acciones de alerta –informativas y de neutralización social– frente al riesgo latente de una contraofensiva de los poderes nacionales y sus afirmaciones regionales con instrumentos de derecha extrema. Un desafío que de conjunto –ante las incapacidades de la izquierda–, parece un tanto distante.

 

Infortunadamente, parece más predecible que los sectores oligárquicos, aun con la fractura del bloque de poder que cruza, se salgan con la suya, y conjuguen un acuerdo que les tranquilice las aguas.

 

Paz ingenua..., Paz tricolor..., paz blanca (política) de Mesas..., paz de militante..., etcétera., y la paz que busca Colombia, tiene adjetivos. En todo caso, hacen falta territorios con un ordenamiento nuevo, inclusión y tiempo; para avanzar de manera cierta, en una paz mayúscula, de creación colectiva e integración primera del mapa colombiano.

 

Con el Eln en Mesa, queda en la calle y en debate abierto, un itinerario de participación social para lograr una paz mayúscula, con ¡Otra democracia, Sí!

 

Cómo salir de esta ...larga defensiva y despego con el pueblo/que postergan/la inmediata alternativa.
(Turbulencia...)

 

* Cartas sobre táctica. V.I. Lenin. p. 5, primer párrafo. Editorial Progreso. 1972

 


 

Recuadro 1

 

 

 


 

Recuadro 2

 

 

 

Publicado enEdición Nº229
“La izquierda social y política debe formar un solo contingente...”


Larga y polémica es su trayectoria. Hace parte del Comité Ejecutivo de la Central Unitaria de Trabajadores, CUT, desde su fundación el 17 de noviembre de 1986, cuando fue elegido secretario general. Según Pedraza, “la paz, debe estar en las calles, en las plazas públicas y en los foros donde quiera que haya debate [...] no dejar solo en la opinión, el interés de los partidos que controlan esta nación”.

 

El logro de una paz mayúscula, la crisis política, económica y social ofrece ocasión no sólo para discursos y cálculos particulares. Es momento para promover una conciencia del trabajador y del obrero, con alcance en su condición de ciudadano, de habitante. Un reto y panorama frente al cual responde:

 

desdeabajo (da). El voto mayoritario del No en el plebiscito, desató una crisis del régimen político. ¿Cómo ve la CUT, esta situación?
Luis Aeljandro Pedraza (LAP). Consideramos dos cosas: de una parte, la desinformación que el Centro Democrático trabajó en su campaña tuvo éxito. En el activismo social no hicimos las denuncias oportunas. De otra, si bien la decisión es democrática, el porvenir del país queda de nuevo en manos del establecimiento y de la derecha. Por eso, llamamos a las organizaciones sociales en Colombia –a través del Comando Nacional de Organizaciones Sociales– a fortalecer la movilización, la protesta y la exigencia a la participación en los asuntos de futuro inmediato. Futuro que no quede solo en manos de los partidos, especialmente los tradicionales; que están buscando un acuerdo para mantener el control del poder y el futuro de la nación.

 

da. El presidente Santos llamó a reunió con el Centro Democrático, ¿por qué no, a los comités de impulso del Sí?
LAP: El establecimiento mira a los movimientos sociales, los tiene como patio trasero para recurrir a ellos cuando el poder está en riesgo del control del Estado. Sinembargo, cuando se trata de tomar decisiones de gran trascendencia, siempre hacen mesa solos, con sus instrumentos de control de la nación: los partidos políticos que representan, obvio, a los gremios económicos o industriales, contexto general del modelo. Por esa razón, nosotros consideramos que nuestra presencia activa por la paz es imprescindible –no propiamente en la Mesa de La Habana– sino desde el punto de vista de la opinión y del contraste a la reacción.

 

da. Este es el foco y aspecto fundamental por el cual atraviesa el país, pero, el final de año está cerca, ¿cómo procederá la CUT respecto al salario mínimo próximo?
LAP: Desde el comienzo de la campaña del plebiscito, sin detrimento de la paz, tomamos la decisión de no olvidar que hay graves problemas en el mundo del trabajo, y para la subsistencia del movimiento sindical. Incluso, acerca de la presencia de organizaciones sociales haciendo valer no solo su representación, sino el cumplimiento de las agendas que duermen en el escritorio del Estado. Por esa razón, reactivaremos acciones de movilización en el sector minero energético, con el planteo de una huelga de la CUT por intermedio de la USO...

 

da. ...la ADE y el sector de la educación plantean una movilización...
LAP. ...claro, por el incumplimiento del gobierno a los trabajadores estatales y se avecina otra negociación de salario, ya se cumplió el periodo anterior; pero además, el tema de la salud es un asunto apremiante. También tuvimos la reunión nacional de organizaciones sociales que determinó un paro nacional para finales de octubre.

 

da. ¿Es posible articular estas movilizaciones en una sola, que recoja todas las reivindicaciones de los sectores, o eso es imposible?
LAP. Efectivamente, con los quince puntos que el presidente Santos no ha atendido. Reúne los asuntos de los estudiantes que exigen una reforma educativa y el fortalecimiento de la inversión del Estado en la educación pública. La agenda de maestros y maestras por sus derechos vulnerados con tendencia a desaparecer, como son el tema de la salud y el de la calificación. Éste último, acordado para mejorar las políticas pedagógicas, y no, en relación con la pretensión del gobierno, que era una calificación para botar a los trabajadores de la educación dependientes del Estado y reemplazarlos por los contratos de servicios.

 

da. ¿Sólo una agenda de reivindicaciones de estudiantes, maestros?
LAP. También, el tema del transporte pesado. Los camioneros incluyeron sus puntos, y en este momento, vuelve a tomar fuerza –por el incumplimiento que el gobierno les hizo– un plan de organización para irse a un nuevo paro nacional. Está asimismo, el tema de la Cumbre Agraria que hizo un paro, con unos acuerdos que nos dicen también fueron incumplidos. Es decir, hay convergencia plena en la posibilidad de una acción unificada, y no compartimentada, como pasó una vez se constituyó el Comando Nacional de Organizaciones Sociales. Aunque se preveía el paro de los camioneros y se respetó su dinámica autónoma, la Cumbre Agraria ya traía un proceso de organización...

 

da. Por aparte, cada sector puso la hora cero.
LAP. La diferencia que hubo con dos eventos, nos indica que tenemos que unificarlos en una sola movilización, un sólo paro nacional por los quince puntos que nos integran a todos. Ya el proceso es técnico y metodológico, de cómo cada sector trabaja sus temas con el gobierno. Cada sector tiene un criterio profesional de su oficio. Es decir, los camioneros saben cuáles son sus problemas y cómo y hasta dónde tratarlos y negociar; los educadores igual; los campesinos y los indígenas igual.

 

da. Si el gobierno trabaja por sectores, ¿provocaría la individualización de las marchas o de los procesos?
LAP. No. Dentro del movimiento de organizaciones sociales debemos habilitar un mecanismo que impida la separación y fisuras por medio de las cuales el gobierno pueda intervenir para desarticular la gran convergencia social, “unidad de acción” en torno al pliego.

 

da. Un documento de la Organización por la Cooperación de la Economía Solidaria, Ocde, dice que el salario mínimo en Colombia es el más alto de la región, ¿qué piensa la CUT?
LAP. ¿Qué es el más alto?, ¡falso! Colombia es el segundo país de mayor inequidad en América Latina. Circunstancia vergonzosa que es causante, precisamente, de la precariedad del salario mínimo y de los salarios convencionales. Por esa misma razón la CUT planteó en 2015 un incremento del 14 por ciento.

 

da. ¿Un porcentaje, con base en cuáles factores?
LAP. La caída del peso y valorización del dólar, junto con la caída de los valores del petróleo, hacen que la inflación reciba un coletazo alrededor del 9 por ciento. Nosotros planteábamos el 9 por ciento más cinco puntos de indexación. Esos cinco puntos, en razón a los estudios que hicimos con la Universidad Nacional y el equipo del doctor Giraldo que indicaban, que en el último quinquenio el salario mínimo perdió cinco puntos. El tema no se puede considerar comparando el número de dólares que conciernen al salario de cada nación. Mejor, debe reflejar la real capacidad y poder adquisitivo de ese salario. Para el caso, en Uruguay puede ser un salario mínimo en dólares similar al que tenemos en Colombia, pero allá la capacidad adquisitiva del salario mínimo es absolutamente superior a la nuestra.

 

da. ¿Por cuál motivo?
LAP. Por el tipo de modelo económico y de plan de desarrollo social que tienen, que es radicalmente opuesto al nuestro. Allá, especialmente en el gobierno de Mujica, se democratizó la economía de tal forma que hay una redistribución con ejemplo para América Latina y para el mundo, así sea un país pequeño. En el caso nuestro, la tendencia es a concentrar más la riqueza en unos pocos capitalistas, a costa, de incrementar más la miseria social.

 

da. Bajo el proyecto del gobierno: bajan las importaciones, el salario pierde capacidad adquisitiva, ¿cuál propuesta hará la CUT frente a esta crisis del modelo?
LAP. Está vigente el trabajo de movilización social que desarrollamos en conjunto con las demás organizaciones sociales, con más fuerza ahora, después el plebiscito. Siempre hemos planteado que el gobierno tiene que renegociar los tratados de libre comercio, y no seguir en la línea de priorizar los intereses de las multinacionales. De priorizar, los intereses de los grandes grupos económicos de la nación y considerarnos consumidores, frente a una realidad en la que Colombia dejó de ser país productor de alimentos. Pasó a ser un país importador. Eso tiene 8 millones de campesinos desplazados a centros urbanos. Independiente de reconocer que los factores de violencia y abandono del estado, contribuyeron a ese desplazamiento.

 

da. El Gobierno está arrodillado ante la Ocde.
LAP. Por supuesto, acata las directrices a favor de ese círculo de privilegiados, sin importarle profundizar las brechas de inequidad social, la antidemocracia en el desarrollo de la tenencia de la tierra, sin otra política que la prevista en los Acuerdos de La Habana. Así las cosas, la pequeña y mediana industria desaparece...

 

da. Es muy grave...
LAP. ...para la tesis neoliberal del gobierno, los pequeños y medianos empresarios deben alcanzar capacidad no solo económica sino administrativa para hacerse competitivos. Deben hacerlo sin ningún compromiso oficial para financiar ese tipo de política, y los pequeños y medianos empresarios no tienen recursos. Por tanto, su tendencia es a desaparecer. Mientras tanto, las grandes asociaciones industriales, como la Andi, aprovechan. Los grandes industriales han absorbido los renglones productivos que tenía la pequeña y la mediana industria. Eso genera una mayor informalidad en el mundo del trabajo, porque los pequeños comerciantes, pequeños productores de insumos para la industria nacional, desaparecieron convertidos en una informalidad a manera de política de subsistencia.

 

da. El escenario político pasa entre dos acciones: de una izquierda en autocrítica, que se recomponga y salga a liderar este proceso o, que siga igual, sin abrir perspectiva...
LAP. Anhelamos un camino común, de unidad de la izquierda. Independiente de las diferentes concepciones respecto al porvenir del país. Nosotros no podemos seguir contribuyendo al desorden del país con la dispersión de la izquierda. Tenemos que construir una corriente fuerte con capacidad de neutralizar e incidir en los asuntos que el establecimiento nos está imponiendo. Es decir, ser verdadera alternativa con concepción de poder.

 

da. ¿Cómo, cuándo domina la inercia de plegarse al establecimiento, con la idea de obtener cargo en un “gobierno de coalición”?

LAP. No podemos seguir cayendo en la falacia de que la izquierda es un elemento negativo para la construcción de la democracia y para la construcción de equidad social. En Colombia tenemos que formar un solo contingente, con presencia capaz de movilización oportuna, en el Congreso y en los centros donde toman las grandes decisiones. Contribuir de este modo, a la construcción de una democracia real. No en la restringida, sometida al criterio y capricho de dos antagonistas por el poder. En este caso, Santos representante de la alta aristocracia y lo más emblemático de la burguesía colombiana, y Uribe que siempre mantiene una concepción caudillista, con tendencia igual o peor que Santos en materia de conducción del estado.

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Martes, 25 Octubre 2016 16:15

La alegría de no ver

La alegría de no ver

“Si la contradicción es el pulmón de la historia, la paradoja ha de ser,
se me ocurre, el espejo que la historia usa para tomarnos el pelo”.

Eduardo Galeano

(El libro de los abrazos)

 

La semana comprendida entre el tres y el nueve de octubre de éste año, la llamada opinión pública colombiana sufrió otro de los no pocos ataques de ciclotimia que acostumbra experimentar. Del abatimiento del lunes tres –con lloros públicos incluidos– por la derrota del No en el plebiscito realizado para refrendar los acuerdos entre el gobierno y la guerrilla de las Farc, pasó a la más exaltada euforia el viernes siete, cuando anunciaron la concesión del Premio Nobel de paz al presidente Juan Manuel Santos, por llegar a los acuerdos cuya refrendación había sido negada en las urnas. Del lado de los promotores del No sucedió lo contrario, y de un regocijo inesperado pasaron a una mal disimulada inquietud asustadiza por la reacción, tanto interna como externa, a lo que la mayoría de los inefables comentaristas, consideró un sinsentido histórico.

 

Luego de tales arranques emocionales, lo que seguramente nos espera, en un lapso relativamente breve, es el uniforme reposo de la indiferencia, y que en un agudo calambur santanderista los detentadores del poder cambien algo para que todo siga igual, en aplicación de esa archiconocida estrategia gatopardista, en la que las élites colombianas han adquirido una destreza sin par.

 

Más que las especulaciones sobre las razones que movieron a los del Sí o a los del No, o si las explicaciones del defenestrado Juan Carlos Vélez sobre las estrategias de los victoriosos negadores de los acuerdos, son muestra de que poseen un conocimiento agudo de nuestra pobreza y mezquindad mentales, llama la atención la rapidez con la que los voceros del poder encontraron argumentos para concluir que todos buscamos lo mismo, y que en realidad lo que el país había probado es que nos encontramos en el mejor de los mundos posibles, y que el camino a seguir es un pacto por arriba de los mismos con las mismas.

 

La declaración del Consejo Nacional Gremial a raíz de los resultados del plebiscito son, en ese sentido, un monumento más a la creencia de que en Colombia, mejor, imposible: “fue una jornada que enaltece a Colombia, donde una vez más se ha demostrado la fortaleza de sus instituciones democráticas y republicanas. [...] Se debe asumir este resultado reconociendo que todos los que votaron, tanto por el Sí como por el No, desean la paz”. Y más adelante, citando frases de Uribe: “queremos aportar a un gran pacto nacional. Nos parece fundamental que en nombre de la paz no se creen riesgos a los valores que la hacen posible: la libertad, la justicia institucional, el pluralismo, la confianza en el emprendimiento privado, acompañado de una educación universal, de calidad, como cabeza de la política social”. Y para rematar: “Este gran acuerdo nacional debe, además, orientarse a preservar la estabilidad macroeconómica y fiscal. Colombia ha demostrado históricamente una gran responsabilidad en el manejo de su economía y de sus finanzas públicas. Tenemos la certeza de que en la actual coyuntura se preservarán estos valores que nos han dado un amplio reconocimiento internacional”.

 

Queda explícito en la declaración, como no podía ser de otra manera, dos cosas, de un lado, ese afán acomplejado de que lo importante es cómo nos miran desde afuera, y, del otro, que en el autoelogio del manejo macroeconómico no exhiben como argumento ningún resultado positivo para las personas, sino el orgullo de la obediencia a la ortodoxia y un llamamiento a la inmovilidad que parece encarnación del “alma colombiana”, y que normalmente es disfrazado con el eslogan de que “lo principal es la estabilidad”. Una estabilidad en la que las archi-citadas cifras de los 200 mil muertos del conflicto en los últimos años, los cuatro millones de desplazados internos y los 500 mil exiliados políticos, o las más de seis millones de hectáreas robadas a los campesinos, son simples notas al margen que no manchan su abigarrada mitología del sedicente buen-hacer y bien-estar de los colombianos.

 

El discreto encanto de la felicidad

 

Que Juan Manuel Santos, el mismo que acaba de ser galardonado con el Premio Nobel de paz, fuera el titular del ministerio de Defensa cuando el país sufrió, entre otros hechos de violencia oficial, la mayor intensidad de ejecuciones extrajudiciales por parte de los militares −eufemísticamente conocidas como “falsos positivos”-, el uso fraudulento del símbolo de la Cruz Roja en el rescate de Ingrid Betancur, incurriéndose en el delito de perfidia, y el bombardeo inconsulto a territorio ecuatoriano, sin olvidar, claro está, que el personaje fue relacionado con maniobras para derrocar el gobierno de Ernesto Samper en la década de los noventa del siglo pasado, es una paradoja más en este enrevesado país, en el que lo único extraño es que los hechos ficcionales de Cien años de soledad no adquieran realidad material ante nuestros ojos.

 

Entre los sucesos paradójicos de nuestro discurrir –aunque pueda parecer de poca monta–, bien vale la pena traer a colación que todos los años ocupamos un lugar destacado en las clasificaciones de los países más felices. Hecho que, al parecer, fue corroborado este año por mano propia, con la encuesta sobre el tema de la oficina de Planeación Nacional. Sin embargo, los resultados que uno supone debían ser destacados y recibidos con alborozo por los responsables de la gestión de lo público, quedaron envueltos en un vergonzante murmullo (casi silencio), quizá por el antagonismo que representan frente a la realidad de la vida material de los colombianos.

 

Uno de los muy pocos columnistas que aludió a la encuesta fue Antonio Caballero, quien centró sus críticas en el seguidismo de este tipo de “investigaciones”, y en la banalidad de los resultados (revista Semana, 21-08-2016). Citando a Simón Gaviria, director de Planeación –delfín, hijo de expresidente–, el mencionado columnista comenta: “La Ocde, explica [refiriéndose a las explicaciones de Gaviria], mide su felicidad tanto en términos económicos como en términos filosóficos: los de la eudaimonía de Aristóteles, que en griego antiguo quiere decir ‘plenitud del ser’, o, más brevemente, ‘felicidad’. Y en lo que a eudaimonía toca, nosotros ganamos: ‘Se evidencia –dice Gaviria– que Colombia tiene niveles de satisfacción con la vida por encima de los países de la Unión Europea”. Y prosigue Caballero “La imbecilidad no tiene barreras lingüísticas”. Para concluir, que los resultados son: “Obviedades previsibles. Que es mejor ser rico que pobre, etcétera. O a veces revelaciones sorprendentes: que la gente en Colombia es más feliz los lunes por la mañana que los viernes por la tarde. En todo caso, nimiedades”

 

Y en buena medida tiene la razón, pues muchos de los resultados en realidad son nimiedades, como que los adultos mayores pensionados son más felices y satisfechos que los no pensionados, o que los ocupados lo son más que los desocupados. Como, igualmente, es cierto que buena parte de las “conclusiones” son “obviedades”, como que las mujeres están más insatisfechas que los hombres, pues en un país machista no es extraño que quienes soportan dobles jornadas de trabajo y sufren discriminación, muestren mayor insatisfacción y niveles de depresión. Y si bien no es ningún descubrimiento que este país es sexista, por ello no deja de ser preocupante que nadie haya dicho, luego de conocerse los resultados de la encuesta, que “hemos comprobado objetivamente que en Colombia existe discriminación de género”, de forma análoga a como fue resaltado en los pocos titulares inspirados por el tema que “hemos comprobado que somos felices”.

 

La encuesta también muestra que “Las personas que se autorreconocen como pertenecientes a un grupo étnico tienen menores niveles de felicidad y satisfacción que los que no se autorreconocen como pertenecientes a un grupo étnico”, en otra comprobación de un hecho sabido, el del racismo, que pese a nuestro profundo mestizaje es exacerbado contra los indígenas, por ejemplo, que según la encuesta, cuando están fuera de sus territorios ancestrales, son los más infelices en nuestro país. Siguiéndolos en infelicidad los afrodescendientes.

 

Pero, lo que no parece tan obvio, es que sean los varones del estrato uno los que son más felices entre todos, y que los jóvenes clasificados en ese estrato lo sean más que los de los estratos cinco y seis, en un país en el que el 54,28 por ciento de los ocupados (11,6 millones de personas) gana menos o el equivalente a un salario mínimo, y el 67 por ciento de las familias tiene al menos una persona con mínimo una deuda, muy por encima del porcentaje promedio de América Latina (55 por ciento), según estudio de la consultora Kantar Worldpanel.

 

Asimismo es llamativo –aunque también parezca obvio–, que “Las personas que se enteran sobre la situación del país se encuentran más preocupadas y deprimidas”, pues esto conduce a preguntarse si, de ser válidos y representativos los resultados de la encuesta, ¿no será que la causa de nuestra felicidad es la ceguera sobre nuestra propia realidad?

 

La ceguera interesada

 

Aún menos divulgados y discutidos que los “obvios”, aunque no poco sorprendentes resultados de la encuesta sobre felicidad, fueron los de la aplicación del test de tamizaje de funciones frontales, empleado por la neurosicóloga Diana Matallana, para medir la capacidad de los colombianos para reconocer emociones en los otros.

 

En ese test, que hizo parte de la Encuesta sobre salud mental de 2015, y que reseñó el periodista Juan Camilo Maldonado Tovar en junio de éste año (El Espectador, 12-06-2016, versión electrónica), sólo el 19,7 por ciento de los colombianos puede reconocer los rostros que expresan miedo, el 21,8 por ciento los que muestran asco y el 27,4 por ciento los que tienen señales de tristeza. Y, lo que es más inquietante, tan sólo el 40 por ciento de los que participaron en la encuesta manifestaron tristeza o molestia por la agresión que sufría una persona mostrada en una foto.

 

Por lo contrario, el 91,5 por ciento identificó, sin duda, las expresiones de alegría y el 65,9 por ciento las de quienes no estaban especialmente emocionados, en una preocupante muestra de una ceguera sesgada hacía las situaciones negativas que, de ser significativa, haría de la “colombianidad” una identidad de lo insensible. Si sumamos a esto el afán mostrado de mirar hacia otros lados –mirar paja en ojo ajeno antes que viga en el propio, según el adagio popular–, tenemos que concluir que nuestro estancamiento político, por ejemplo, puede ser producto de una percepción deformada de nuestra realidad que nos muestra rosado lo que es negro.

 

La inercia y la aversión a los cambios ha alcanzado niveles que en su justificación rozan con la esquizofrenia. En el afán de velar la realidad para confundir, los analistas oficiosos mezclan a Putin, Trump, Maduro, Evo Morales, Marine Le Pen, Correa, Lula, en una mixtura a la que le asignan el nombre de populismo, con el fin de evitar cualquier diferenciación y poder situar, del otro lado, a los representantes del statu quo, para validarlos como la única posibilidad “seria”. Pues bien, el literato colombiano Héctor Abad, luego de hacer el mencionado ejercicio de mixtura, al comentar los resultados del plebiscito sobre los acuerdos entre el gobierno colombiano y las Farc, nos regala la siguiente joya argumentativa: “En realidad parecemos un pueblo muy adaptado al mundo contemporáneo, globalizado, y en el mismo trending topic de la Tierra: la insensatez democrática. [...].

 

En Colombia, como en el mundo entero, la lucha democrática se juega entre una clase política vieja y cansada (bastante sensata, tan corrupta como siempre y desprestigiada por decenios de feroz crítica nuestra, de los “intelectuales”) contra otra clase política menos sensata, más corrupta que la tradicional, pero cargada de eslóganes y payasadas populistas” (El País de España, 3-10-2016). Allí es inequívoca la afirmación que la “insensatez democrática”, para los cultores del pensamiento único, consiste en no apoyar –con el voto, por ejemplo–, a la clase de los “corruptos sensatos”, acuñando un eslogan que seguramente le agradecerán, entre otros, Santos, Temer, Macri y los dirigentes de Partido Popular de su amada España, para sólo nombrar unos pocos.

 

Avanzaríamos un poco más, si además del calificativo de corruptos, fueran reconocidos para nuestra élite social y política los adjetivos de cruenta, ladina y negacionista pues, no son pocos los que rechazan la existencia de un conflicto armado, por ejemplo, y con ello la de desplazados por ese conflicto, a los que califican de “migrantes”. Son los mismos que justifican las ejecuciones extrajudiciales con el argumento de “que no estarían recogiendo café”. Si por ejemplo, aquellos que apoyaron el No por estar en desacuerdo con la justicia transicional y la ausencia de penalización con cárcel para los jefes insurgentes dijeran, “preferimos la guerra a la inexistencia de penas de privación de la libertad para los comandantes”, daríamos un paso en el sinceramiento de sus intereses y nos evitaríamos esguinces y manierismos hipócritas como los de que “todos queremos la paz”.

 

Ahora, el asunto asume un cariz más grave para los intereses del común si los resultados de la encuesta sobre la felicidad de los colombianos en realidad muestran que las clases subordinadas también están permeadas por el negacionismo, y que la mayor felicidad de los varones de estrato uno es consecuencia de que pese a su pobreza objetiva no la reconocen y son “no pobres subjetivos”.

 

Entonces, dado que la superación de una determinada situación empieza por su reconocimiento, la lucha contra la pobreza a través de la organización social obliga a los movimientos alternativos a un ejercicio titánico de comprensión y transformación cultural de las percepciones, como hasta ahora no ha tenido lugar. Por eso, sin pretender entrar en el campo de los analistas de las razones del voto por el Sí o por el No, creo que vale la pena hacernos preguntas como ¿Una parte importante del 65 por ciento de los que optaron por abstenerse en el plebiscito, no votaron porque desconocen la realidad y la gravedad de los efectos del conflicto sobre el conjunto de la sociedad? O, en caso de reconocerlos ¿son incapaces de sentir empatía por el sufrimiento de las víctimas? Independientemente de la pertinencia de las preguntas y del sentido de las respuestas, lo cierto es que la tarea de propugnar por un país más equitativo y solidario pasa por una interpretación más rigurosa del imaginario social de los grupos subordinados.

Publicado enEdición Nº229
Quince tesis ácratas sobre el Estado y el sufragio

Tras el sonado plebiscito que el pasado dos de octubre pretendía refrendar el acuerdo de paz al que llegaron el gobierno nacional y las Farc, quisiera proponer una serie de tesis amplias sobre el Estado y el sufragio. Estas tesis constituyen el producto de un pensamiento práctico, de un pensamiento siempre en curso, que se alimenta de la situación concreta en la que tiene existencia, sin, por supuesto, convertirse jamás en una dimensión de la vida meramente accesoria o instrumental. El dos de octubre voté por primera vez, no por falta de edad o condiciones para hacerlo antes, mi “abstención” más bien expresaba una intensa actividad política de la cual lo que viene son solo unos pocos trazos a vuelo de pájaro.

 

1. En un proceso de votación, sea cual fuere, se llama constantemente a “tomar una decisión informada”, pero no se llama a informarse sobre cómo nuestras emociones son movilizadas, y mucho menos se informa acerca de la carga afectiva de cualquier razonamiento (¡¿acaso existe algo así como la Diosa Razón, pura y bella en sí misma?!). Peor aún, quienes movilizan y condensan las emociones, esas mismas que se usan instrumentalmente en un claro desprecio del cuerpo frente al entendimiento, son personajes nefastos que creen ser muy especiales en esta vida, que creen y dicen sin “pudor” alguno –lo que me conduce a repudiarlos más– que lo hacen todo por “la gente”. Pacato altruismo ególatra y personalista.

 

2. Nos tienen en este juego, nos plantean este juego de “vida” o “muerte”, en cada elección. Acá hay toda una dimensión biopolítica, de gobierno sobre los cuerpos-emociones y la vida de las poblaciones, lánguidamente explorada, que por otro lado se conecta con fenómenos como los totalitarismos que han caracterizado nuestra modernidad-colonialidad. No olvidemos que tanto la dictadura del proletariado como la democracia liberal y el fascismo, en sus diversas vertientes, no cesan de apelar al pueblo y a la sabiduría popular, lo cual no les impide hablar del pueblo, al mismo tiempo, como una entidad inconsciente o bruta (o “en bruto”, a saber, “natural”). “Pueblo-razón (consciente) versus pueblo-cuerpo (inconsciente, irracional, emocional)”, en las cesuras/suturas de esos dos pueblos se juega todo. ¿Cómo contribuir a desactivar, en cada coyuntura, esta máquina infernal (quizás sería más adecuado decir “celestial/infernal”)?

 

3. Llamar “abstencionistas” a quienes optan por no votar es ya tomar partido, significa suponer que quien no vota lo debería hacer, es definirlos negativamente. Definir negativamente algo es uno de los grandes procedimientos de subordinación que caracterizan al pensamiento occidental dominante.

 

4. La abstención generalizada y recurrente priva de cualquier legitimidad a un régimen que se hace denominar demo-liberal, es como una teocracia formalmente instituida con una mayoría de base atea: sencillamente absurdo y escandaloso. Lo que habría que preguntarse, pues, es: ¿cómo se sostiene y reproduce, en esas condiciones, un régimen entero?, ¿por qué los medios y las grandes instituciones insisten en darle relevancia a un aparato ilegítimo?

 

5. La fórmula “1 individuo=1 voto; mayorías=condensación de votos”, expresa la operación básica del biopoder moderno-colonial, a saber, producir y gobernar totalidades (sujeto-masa, poblaciones) e individualidades. El pastor debe ocuparse tanto del rebaño como de las ovejas.

 

6. El Estado se levanta, mínimamente, sobre pueblos compuestos por individuos, es decir, sobre la fragmentación de flujos tecno-bio-físico-sociales. La diferencia es leída bajo el prisma de la identidad: la identidad nacional que divide pueblos, la identidad que divide individuos y colectivos, la identidad que separa la comunidad política de la vida meramente natural. El Estado carga en su seno la posibilidad infinita de políticas de la identidad (sectoriales, enfoques diferenciales, etcétera), de proliferación de demandas ad infinitum, sin que los problemas vitales sean resueltos. De ahí que para muchas comunidades indígenas el problema no sea si los derechos de los animales y la naturaleza, o de las “minorías”, son posibles, sino el de cuál es la mejor manera de componer las relaciones socio-naturales existentes, cómo con-vivir mejor teniendo en cuenta que el vivir-con socio-natural es un hecho ontológico.

 

7. El Estado no es neutral, aunque la neutralidad, el poder ser utilizado a conveniencia de cualquiera o representar adecuadamente los intereses de la gente, es su primer gran efecto ideológico. El Estado está condicionado (aunque no determinado absolutamente) por la formación tecno-bio-físico-social a la cual pertenece. En una formación patriarcal capitalista occidental y antropocéntrica, el Estado es, primariamente, patriarcal capitalista occidental y antropocéntrico, aunque también está condicionado y esculpido por las demás fuerzas no hegemónicas que componen la susodicha formación, de ahí que no sea pura o mera dominación. No obstante, su papel es, ante todo, el de fijar y reproducir la formación tecno-bio-físico-social en la que tiene existencia. Esto aplica tanto para el Estado como para el derecho.

 

8. El deseo de con-vivir allende el Estado no constituye una robinsonada, la única robinsonada la constituye el Estado mismo. El Estado se presenta, siempre y en primer lugar, como una verdadera entelequia, es decir, como una entidad soberana, in-condicionada, que posee su principio de acción y fin en sí mismo. En otras palabras, el Estado se presenta, ese es otro de sus grandes efectos ideológicos, como un poder absoluto, in-condicionado y auto-determinado, donde someterse al derecho internacional es un acto puramente voluntario y jamás vinculante en términos coercitivos. Así, declarando su absoluta independencia, se prefigura el terreno para una continua tensión y posibilidad de guerra en el escenario internacional.

 

9. El Estado trasluce los mismos defectos del Hombre occidental: proyecta una falsa independencia, pero también es “intrínsecamente” violento y posesivo. Tiende hacia el colonialismo interno y el externo.

 

10. En el ámbito estatal la politicidad de los seres y sujetos “carentes” de lenguaje y racionalidad (logos) se plantea como nula, o, a lo sumo, secundaria o derivada. El Estado es un tipo de comunidad política que se levanta sobre el desprecio de “discapacitados”, “niños”, “dementes”, “animales”, “plantas”, etcétera. Esta moderna comunidad política continúa siendo, como en la época de Aristóteles, hace más de dos mil años, una comunidad erigida sobre esclavos presuntamente irracionales.

 

11. El Estado, aunque condicionado, posee autonomía relativa. Esto implica que puede ser impugnado por sí mismo. El Estado engendra un tipo particular de clase, la denominada “clase política”. Los intereses de la “clase política”, en un sentido amplio, resuenan con los étnico-raciales, sexuales, de especie, de clase económica, religiosos, etcétera. Sin embargo, ninguna “lucha de clases” puede reducirse a otra. En otros términos: la lucha contra el Estado, contra la división entre gobernantes/gobernados, y contra esa específica manera de organizar la autoridad colectiva, no está subordinada a otras luchas.

 

12. No hay peor violencia, a nivel macropolítico, que la de: a) normalizar la existencia del Estado-nación (prefiero llamarlo Estado-pueblo) y b) pretender implantar esa particular organización étnica (blanca, occidental) de la autoridad colectiva a lo largo y ancho del globo.

 

13. Culpar, en cualquier situación, a los lastimosamente llamados abstencionistas por tal o cual “mal”, es promover activamente un régimen del terror encubierto. Implica, no solo querer privar de toda fuerza, afirmación y vitalidad al “abstencionista”, sino, fuera de eso, endeudarle con responsabilidades incumplidas que en ningún momento quiso adquirir (al peor estilo que caracteriza la cristiana moral occidental).

 

14. Votar, considerando las tesis anteriores, es sencillamente una actividad insustancial. Si es insustancial, no me importa que votes o no votes, importa más todo lo que se hace constantemente más acá o más allá del voto. El voto es algo así como el grado más bajo y básico de politicidad. El voto está, hoy, ligado a una visión estrechísima de la política, e indirectamente ha contribuido a “despolitizar” (operación imposible) la vida en su totalidad. La vida “política” parece reducirse a la temporada de elecciones o el escándalo mediático del momento.

 

15. El voto, como el Estado y el derecho, está condicionado por la formación tecno-bio-físico-social a la cual pertenece, mas no puede ser reducido a mero instrumento de dominación.

 

Posdata: Voté SÍ... Bajo idénticas circunstancias, lo volvería a hacer, y como nos gusta decir a los de nuestra rara especie: ¡Muerte al Estado y viva la anarquía!

Publicado enEdición Nº229
Psicongénesis de la ambición presidencial

Por más que sea un tributo a su pueblo y a las víctimas del conflicto armado. La nación colombiana no celebró este segundo Nobel. La enorme abstención, y los seis millones y medio que dijeron no en el plebiscito, desestiman el galardón. Sí quedará para la posteridad un nombre: Juan Manuel Santos, representante de la oligarquía criolla, cuya forma de gobernar está soportada en discursos reforzados y, sobretodo, en alianzas, espurias y traiciones. He aquí el perfil del hoy Presidente-Nobel.

 

La desconfianza por los Premios Nobel responde a que en muchas ocasiones están influenciados e instrumentalizados por innovaciones y descubrimientos que ayudan o refuerzan al modelo económico imperante. Contradicciones de esta distinción, pues el mismo Alfred Nobel fabricaba cañones y dinamita, o que Gandhi nunca obtuviera un Premio de estos, precisamente el otorgado al señor Santos. Hasta la nominación contemporánea con Obama, que posibilitó titulares como: “Nobel de paz envía tropas a Iraq”. Entonces, este Nobel representa el apoyo de la comunidad internacional a los acuerdos con las insurgencias. Es un reconocimiento mundial para que el nominado lo reciba con humildad y con noble gesto done el recurso a las víctimas. Pero, ¿qué merito hizo para recibirlo?

 

Cuna de oro

 

Fácil al nacer en cuna oligarca, y portar el apellido de abuelos y tatarabuelos de familias presidenciales. Su padre, Eduardo Santos, estuvo por más de 36 años al frente del periódico más importante del país. Extraño evidenciar que en la adolescencia pasó por muchos colegios, incluyendo el San Carlos, de donde salió el petardo de Andrés Pastrana. Quizás el muchachito Santos se estaba saliendo de las manos por lo cual fue enviado, por una familia liberal y con solo 16 años, como cadete a la Escuela Naval de Cartagena, proceso que duró dos años. Dicen quienes lo conocen que se volvió más metódico y adquirió disciplina, pero que no le quitó lo megalómano y egocéntrico que es. Su gusto por las biografías demuestra su gran narcicismo que justifican sus allegados como confianza en el poder. También dicen que hoy realiza 45 minutos de actividad física antes de comenzar el día. Cuentan que por alguna época practicó yoga, hasta pararse sobre la cabeza en la cama.

 

Enviado al extranjero se formó en la Universidad de Kansas en economía y administración de empresas, conocimientos que pondría en práctica al representar durante nueve años al país ante la Organización Internacional del Café (1972-1981). Los resultados de su gestión son tres Pactos cafeteros. Incluso fue Secretario de la embajada en Londres. Durante este mismo tiempo realizó su maestría en Economía y desarrollo en London School of Economics. Conoció el discurso de la Tercera vía que proclamaba su director, el sociólogo Anthony Giddens. Quizás la frase que más aprendió a citar “El mercado hasta donde sea posible, el Estado hasta donde sea necesario”. También perfilaría su formación con una maestría en Administración Pública en Harvard y, posteriormente, una beca The Fletcher School of Laws and Dimplomacy Universidad Tuffs. Entre algún conocimiento tecnócrata, el lobby y sus contactos, haría algo por su ambición de sobresalir.

 

En 1981 regresa a su tierra natal como subdirector del periódico de su familia, donde siempre trabajó en el área editorial, predestinado a reemplazar a su padre, hasta que en 1993 César Gaviria lo llevaría a ocupar la reciente cartera de Comercio Exterior. Participó, por tanto, de la implementación en Colombia de la política neoliberal, llamada eufemísticamente “apertura económica”. Cuentan que para esta época los periodistas se quejaban por las órdenes que impartía para darse más popularidad, incluso llegó a publicar una autoentrevista para tan influyente medio. El poder económico y mediático da sus frutos: es nombrado como Designado presidencial, un cargo sin funciones precisas pero muy apetecido y con gran poder político a nivel vicepresidencial. Nombramiento para el cual avanza en acuerdos con Eduardo Maestre, Rodolfo González y Rodrigo Garavito, “honorables” senadores posteriormente condenados por el proceso 8000. Durante estos años aprendió la necesidad de estar siempre tranzando con los poderosos.

 

De su primera gestión pública el mayor mérito fue promover el cambio de hora frente al apagón ¡Eso es mucho estudio!

 

Una vez terminada la época de Gaviria, aprendería el truco de presionar mordazmente para conseguir un cargo de notoriedad. Con Samper le ofrecieron la embajada de Venezuela, pero el humilde Santos quería Washington. Ante la negativa se quedó en las toldas liberales bajo la figura de un triunvirato o liderazgo compartido. Crea su fundación “Buen gobierno” que se presenta como Centro de pensamiento, pero que se convertirá en la sede de su campaña personal. Con el desplante a Samper y la crisis del proceso 8000, busca acercamientos con Raúl Reyes en Costa Rica a quien acabaría unos años después con la operación Fénix.

 

En medio de la crisis de gobernabilidad que sobrelleva Samper, proyecta con Carlos Castaño y Víctor Carranza una transición, la cual pasaría por la renuncia del Presidente y la convocatoria a una Constituyente, proceso abortado pues la información llegó a la Casa de Nariño; acuerdo justificado como la búsqueda de una salida a la crisis política y no como conspiración para un golpe de estado. No sin razón dicen todo los que le conocen, que no tiene ningún problema para sentarse con quien sea para gobernar. Su participación dentro del gobierno Uribe Vélez así lo confirmaría. Dijo en su tiempo Mancuso que se reunió dos veces con él y que expresaba simpatías por el modelo paramilitar en Córdoba, pero rechazó el comando del Bloque Capital porque no sabía sobre esas cosas.

 

Trabajando con Álvaro Leyva en la sala situacional de la ONU en Bogotá, le sonó la idea de la paz, acomodándola con prontitud a su discurso. Según Pastrana, él es responsable de la zona de distención, Santos lo niega y señala a Pastrana de desmemoriado. Lo cierto es que Juan Manuel trabajó como jefe de verificación de esa zona, pero pronto saldría porque expresaba que “eso estaba sin coordinación”. Una vez más arrecia con críticas, hasta lograr con acuerdos ser el ministro de Hacienda y Crédito Público desde el cual promueve la ley de transferencias, la ley de pensiones y la reforma tributaria. Sería la primera vez que Santos y Uribe se enfrentan públicamente, en ese entonces por las partidas regionales denunciadas como auxilios parlamentarios; ambos tenían intereses por los recursos en disputa, soporte del control del clientelismo.

 

Tercera vía

 

Desempolvaría sus libros, y aplicado el recetario neoliberal, se acuerda de la Tercera vía. Ahora con discurso alternativo, como camino intermedio y pragmático entre el socialismo y neoliberalismo. Con sus apuntes universitarios resuelve la tensión en la economía de mercado entre la justicia social del Estado y el liberalismo de libertades individuales. Santos no sólo expresó públicamente ser un dirigente comprometido con esta ideología, sino que este modelo es aplicable a Colombia: “las buenas ideas no tienen fronteras entre países industrializados y subdesarrollados”, declaró. Además, proclamó que el glorioso partido Liberal era su constituyente. La apropiación del tema llevó a nuestro Nobel a publicar su primer libro en 1999: “Tercera vía, una alternativa para Colombia”, reflexión alimentada con la experiencia socialdemócrata de Tony Blair. Pero este discurso no tiene una definición operativa ni clara, y fácilmente se confunde con el clientelismo.

 

Su tiempo como servidor público mostró su capacidad para pasarse por la faja principios propagandeados por la Tercer vía como: distribución equitativa las riquezas, la igualdad de oportunidades, la responsabilidad y la solidaridad.

 

Inconsecuencia con los principios, pero “pragmatismo” con lo público. Así quedó demostrado al restablecer ministerios suprimidos por Uribe, y centralizar diversidad de instituciones en una sola, concentrando poder y capacidad clientelar. El Departamento Administrativo para la Prosperidad Social es la prueba de ello, al reunir en el mismo a la Agencia nacional para la superación de la pobreza, el Icbf, Acción Social, y Familias en Acción, con la centralización del 31 por ciento de la inversión total de la política social, para una cobertura de 11 millones de personas. Un instrumento que le ayudó a su reelección presidencial. Proceso en el cual también contribuyó la Unidad para la Atención y Reparación de Victimas, que además le permitió recaudar recursos de cooperación internacional. Por su compromiso con el modelo neoliberal impulsará las locomotoras mineras, sin justicia social e con amplio impacto ambiental. El reconocimiento del movimiento social tiene que ser por vía impuesta, pues su desprecio por el mismo no tiene límites: “ese tal paro agrario no existe”, así lo hizo patente.

 

Santos, y su espíritu de paz

 

En su momento, como era su costumbre, hizo oposición a Álvaro Uribe Vélez, en tanto su candidato era Horacio Serpa; quizás la presidencia de la colectividad roja estaba prometida. Pero cuando vio truncada su aspiración, por el retorno de César Gaviria, opta por fundar su propio partido así para lograrlo tuviera que aliarse con Uribe. En 2005, a pesar de escribir una columna “Ojo con jugar con candela”, decía que el desacuerdo con la reelección no era por Uribe, sino por razones institucionales que fueran reiterativas. El también reelegido sentenciaba: “las instituciones deben prevalecer no las personas”.

 

Al nuevo partido llegan politiqueros de todas las regiones y nefastos legados. El sustenta la necesidad del mismo como parte del impulso a la Tercera vía en Colombia, partido que tiene razón de ser en tanto la necesidad de “llenar el espacio que dejaban los partidos tradicionales atascados con viejos paradigmas”. Hoy es evidente que el difundido legado de la Tercera vía, nunca intentó ser retomada ni aplicada en Colombia, cayendo en crisis antes de ser derrotada por la realidad, como en Europa. La lección es simple: el capitalismo no admite caminos intermedios. Sin embargo la gestión del nuevo partido, y su importante presencia en el Congreso, le sirve para ser nombrado como ministro de Defensa del gobierno Uribe, cargo en el cual propinó duros golpes a las Farc, sucesos que le servirían para publicar su segundo libro, el mismo que un Nobel de Paz desearía esconder: “Los años horribles de las FARC”, donde describe grandes logros militares al bombardear a Domingo Biojó, Negro Acacio y Mono Jojoy, el campamento de Raúl Reyes, mintiendo al país al señalar que todo se hizo desde la frontera colombiana.

 

En el libro se jacta del éxito de la operación Jaque y de la frase lapidaria pronunciada en diciembre de 2007: “Anuncio el Annus horribilis de las FARC”, casi como dedicatoria: “Nada de esto se hubiera podido lograr sin el liderazgo de Álvaro Uribe Vélez, un mandatario que siempre ha tenido claro –como los romanos cuando inventaron la república– que la seguridad es la primera condición de desarrollo”. Para esos años ya conocía bien –por la oficina de la alta Comisionada para los derecho Humanos–, las denuncias sobre las ejecuciones extrajudiciales. Pese a ello dejó pasar el tiempo hasta que se desató el escándalo. Nunca reconoció responsabilidad alguna por lo sucedido, a pesar de ser la cabeza del Ministerio acusado; la solución: purgarlo con la salida de 27 oficiales, incluidos tres generales, debilitando así los cuadros cercanos de Uribe.

 

Componendas, clientelismo, maniobras, silencio consciente, acuerdos, apariencia y traición. El curso en política tradicional, enmarcada en el neoliberalismo simple y llano, y en la más amplia instrumentalización de todo aquel que llegue a su sombra, ya estaba realizado.

 

La campaña para la presidencia en el 2010 así lo verificaría: en una primera instancia acusa, incluso a Rodrigo Pardo de reunirse con las Farc, todo ello para evitar la reelección de Uribe y para desviar la atención de sus listas al Congreso, filtradas por paramilitares. La traición al propio Uribe no tardaría. En la campaña lograría el apoyo de 9 millones de personas, bajo las palabras “La continuidad de las políticas de Uribe están en juego. No podemos reelegirlo otra vez ¡Pero vamos a reelegir la Seguridad Democrática, la cohesión social y la confianza inversionista! Sobre estos tres pilares avanzaremos hasta la prosperidad democrática para todos”.

 

Esas palabras quedaron atrás cuando se distanció de Uribe, reclamando el poder oligárquico sobre la emergente mafia y sus aliados terratenientes. Consciente de la necesidad de abrir todo el país a la inversión del capital internacional, no tardó en entablar contactos y negociación con las Farc, dinámica que le ha servido, incluso, hasta para encubrir su mediocre gestión al frente del país.

 

Mediocridad que no logró ocultar, y así lo supo el pasado 2 de octubre, cuando la bandera de la paz se vio afectada por un país que no lee ni perdona. Pero a Santos eso no le importa, Ya sus aliados internacionales, los mismos que determinaron el destino de Colombia a lo largo de los últimos cien años, incluida la guerra que la marcó durante las últimas cinco décadas, se movieron con todo para impedir el total reacomodo de Uribe, y él ahora ya es Nobel de Paz, quedando además para la memoria nacional como Presidente por dos periodos, Presidente que enfrentó y logró descolocar a los llamados sectores emergentes, así como a sus aliados en todos los campos.

 

¿Qué sigue ahora? ¿Referente y consultor internacional? ¿Algún cargo de representación en la amplia agenda multilateral? ¿Actor tras bambalinas para garantizar, tras los acuerdos pertinentes, el ascenso de Germán Lleras a la presidencia? ¿Tranzar con todos y con nadie a la vez? ¿A quién venderá en esta ocasión?

 

Ya el tiempo indicará el punto preciso sobre este particular. Por ahora toca decir que este Nobel nos recuerda qué es el poder cuando reposa en un individuo, cómo opera cuando no está sometido a las reglas colectivas, cómo son sus implicaciones a todo nivel, al tiempo que nos enseña sin ambajes cómo opera la política oligárquica en Colombia.

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El voto evangélico clave en la victoria del ‘no’ en el plebiscito de Colombia

El líder de las iglesias protestantes calcula que dos millones de fieles votaron en contra del Acuerdo de Paz

“Jesucristo es el único que puede traer la paz que tanto anhelamos”. El mensaje que envió el 28 de septiembre el futbolista colombiano Daniel Torres a través de su cuenta de Facebook resultó ser premonitorio, además de viral. El 2 de octubre a las 17.00 de la tarde, Colombia rechazó en el plebiscito los acuerdos de paz negociados durante cuatro años con la guerrilla de las FARC en La Habana. El presidente Juan Manuel Santos perdió contra los efectos del huracán Matthew que impidió que muchos votantes salieran a votar. No consiguió frenar el mensaje del expresidente Álvaro Uribe, principal opositor al proceso. Y fue incapaz de convencer a los 10 millones de evangélicos que hay en el país, según cálculos del Ministerio del Interior, de que lo pactado no ponía “en peligro a la familia tradicional”.


Algo más de 12 millones de colombianos acudieron a las urnas, más de seis mostraron su disconformidad con lo pactado. “No tengo cifras oficiales, pero si salieron a votar cuatro millones de evangélicos, posiblemente la mitad de ellos rechazara los acuerdos”, dice Edgar Castaño, presidente de la Confederación Evangélica de Colombia. “El 99% de nuestros fieles dijo ‘no”, asegura Héctor Pardo, asesor del Consejo Evangélico de Colombia y representante de la Confederación de Libertad Interreligiosa (Confilerec). Dos días después del plebiscito, estos dos pastores estaban sentados con el presidente Santos y una delegación de colectivos religiosos en la Casa Nariño para acercar posiciones sobre los acuerdos con las FARC.


A los grupos cristianos de Colombia no les gusta la política del Gobierno en lo relativo a derechos sociales como el matrimonio entre homosexuales, la adopción para parejas del mismo sexo, la ley del aborto y las iniciativas educativas incluyentes. Además, consideran que los pactos con la guerrilla privilegian a la comunidad LGTBI. “Tienen sus derechos, pero no pueden primar sobre los del resto”, opina Pardo. El pastor aclara que su voto fue en conciencia, no político. “En las misas explicamos los acuerdos para que los fieles entendieran la posición del ‘no”. Y con base a esta interpretación consideran que el punto sobre enfoque de género va en contra de sus principios aunque en el propio texto se especifique que es “un tema de igualdad para que hombres, mujeres, homosexuales, heterosexuales y personas con identidad diversa, participen y se beneficien en igualdad de condiciones” de lo pactado.


“Los cambios que reclaman son precisiones. Vamos a sacar todo aquello que amenace a la familia, que amenace a la iglesia y vamos a buscar una frase, una palabra, que no le dé temor a los creyentes”, dijo el presidente a la salida del encuentro con los líderes religiosos. “Nos ha dicho que cree en la familia”, aseguró en ese momento Castaño.


Los evangélicos, explican ambos pastores, trabajan desde entonces en dos mesas temáticas para presentar un documento el próximo 20 de octubre. Un equipo de expertos se encarga de los temas de educación y familia para salvaguardar sus principios en los acuerdos. “La Iglesia tiene una tarea importante: poner los valores del Reino en el país y construir”, dicen. En paralelo, demandan el reconocimiento de sus víctimas y que se incluya la libertad religiosa. “Esperamos que las propuestas lleguen a la mesa de La Habana y ojalá tengamos un representante”, plantea Pardo.


El poder de estos creyentes fue infravalorado en las encuestas que apostaron por la victoria del ‘sí’ en el plebiscito. “Estamos presentes en los sectores políticos, culturales, económicos y sociales del país”, recuerda Pardo y pone como ejemplo las multitudinarias manifestaciones que protagonizaron el pasado agosto.


Miles de creyentes salieron a las calles de distintas ciudades de Colombia en contra del “adoctrinamiento hegemónico en identidad del género” que, en opinión de los creyentes, estaba ejerciendo el Ministerio de Educación. “Se nos unió hasta la Iglesia Católica”, dice el pastor. Aunque esta institución se mantuvo neutral durante la campaña y pese a que más de 100 líderes religiosos manifestaron su apoyo al proceso de paz, al día siguiente de la votación del referendo, cuando el país aún despertaba, Gina Parody, titular de la cartera, dimitió.


Este malestar transformado en poder fáctico que no previó el Gobierno durante la campaña del plebiscito, fue recogido por Uribe. El exmandatario hizo de la defensa de la familia tradicional uno de sus argumentos electorales, consciente del granero de votos que hay en las 6.000 iglesias evangélicas del país.


El 26 de septiembre, cuando la comunidad internacional se reunió en Cartagena para la firma de la paz con las FARC, el político congregó a cientos de personas para mostrar su rechazo, entre ellas, el pastor Miguel Arrázola, importante figura evangélica en la ciudad y apoyo habitual del uribismo. Y esta misma bandera la volvió a ondear en su reunión con Santos tres días después del plebiscito: “Hemos presentado nuestras preocupaciones por los valores de la familia”.


“Nosotros no apoyamos a Uribe, ni al procurador Ordóñez, ni a Santos ni a las FARC”, dice Pardo al mismo tiempo que reconoce la cercanía del Centro Democrático, el partido del expresidente, con sus ideas. “Queremos vivir en armonía y el Gobierno tendrá que ceder, pero el pueblo no. Y las FARC tienen que entenderlo”, concluye Castaño.

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“El acuerdo es válido por ser humanitario”

El ex presidente colombiano y actual secretario de Unasur dice que el acuerdo firmado entre Santos y las FARC fue depositado en Ginebra y ya es parte del sistema de la ONU para proteger a poblaciones civiles. Explica por qué rige y cuál es su plan.


Cabeza de Unasur desde 2014, ya anunció que no se postulará a la reelección. Ernesto Samper aceptó quedarse en el cargo hasta enero mientras los países logran consenso sobre un sucesor. “Quiero volver a Colombia a trabajar en la paz”, dijo a Página/12 durante una visita a la Argentina.


–¿Festejó el otorgamiento del Nobel de la Paz al presidente Juan Manuel Santos?


–Sí, claro. Ayuda a fortalecer el proceso de paz.


–¿También lo merecían las FARC?


–Por supuesto. Hubiera sido un estímulo para otros procesos de negociación pendientes en el mundo.
–¿Cuál fue su reacción personal ante el resultado del plebiscito?


–Una mezcla de desilusión, de sorpresa, de desconcierto... Fue una especie de Brexit a la colombiana. Por eso luego de conocerse el resultado hubo una marcha del silencio para pedir la paz. De alguna manera confirma que el hecho fue sorpresivo.


–¿Por qué ganó el No?


–Mi interpretación es que mientras que el voto por el Sí fue propositivo, claro, transparente y con un sentido, el voto por el No reunió una cantidad heterogénea de comportamientos negativos. La gente no votó en contra de la paz sino en contra de muchas situaciones.


–¿Castigó a Santos por la situación económica, por ejemplo? ¿O porque ya va por su segundo período y a veces hay desgaste?


–Perfectamente son posibles ésas y otras hipótesis. Yo advertí en su momento sobre el peligro de que el plebiscito fuera un plebiscito sobre el gobierno de Santos. Pero también era malo que fuera un plebiscito sobre las FARC, porque no pensemos que las FARC están primeras en el ranking de popularidad, ¿no? Era paradójico: había que lograr un acuerdo de dos partes y luego que el voto no se quedara en la valoración de cada parte sino del acuerdo.


–Luego del Mayo francés de 1968 Charles De Gaulle convocó a un referéndum para rediseñar las regiones (la verdad, para legitimarse) y lo perdió. Después renunció y dijo que a los plebiscitos los carga el diablo. ¿Pasó lo mismo con el de Colombia?


–Sí. Se convirtió en un plebiscito electoral. Fue entendido como una consulta sobre si el votante estaba a favor o en contra del gobierno.


–¿Hay alternativa?


–Sí, hay. Según disposiciones constitucionales, como el plebiscito es vinculante no puede ser el Presidente quien envíe al Congreso los proyectos necesarios para implementar el acuerdo. Pero sí pueden tomar la iniciativa grupos de organizaciones sociales o de parlamentarios, y el Congreso podría aprobarlos sin reparos constitucionales. La decisión de las FARC, en la cual coincidió el gobierno, de pactar los acuerdos como el desarrollo de protocolos de la Convención de Ginebra en el marco del derecho internacional humanitario, les da a estos acuerdos la validez de un tratado internacional humanitario. El acuerdo es válido porque es humanitario. Es un tipo especial de tratado con especial protección. Para firmar esos acuerdos no fue necesario el permiso del Congreso. Los tratados humanitarios están por encima de cualquier consideración interna. La tesis que hemos sostenido algunos es que si se acepta que dos partes en conflicto puedan hacer cualquier acuerdo sobre humanización del conflicto –es decir sobre la protección de la sociedad civil– y esto tiene una especial protección internacional, con mucha más razón alcanza al acuerdo para terminar un conflicto.


–¿Por qué con más razón?


–Porque es la humanización definitiva. Los acuerdos, además, fueron depositados como tratados humanitarios en Ginebra, dentro del sistema jurídico de las Naciones Unidas.


–En términos jurídicos, ¿ese hecho de haber depositado los acuerdos está por encima del plebiscito?


–Sí, porque es el acuerdo de dos partes de un conflicto que se acogen a las normas del derecho internacional humanitario para aliviar la situación de la población civil inocente. Además, el derecho internacional humanitario está contenido en la Constitución colombiana. Esto explica por qué Álvaro Uribe, en declaraciones públicas hechas el miércoles, discutió la existencia de un tratado internacional en términos del derecho internacional humanitario. Él sabe bien cuál es el punto más vulnerable de sus argumentos. Yo no tengo dudas de que existe ese tratado, que en su momento fue avalado por la Fiscalía General.


–Entonces, ¿Santos debería dejar que avancen en el Congreso con el acuerdo diversas organizaciones sociales y grupos parlamentarios, abarcando naturalmente parlamentarios suyos?


–Los voceros del No insisten obcecadamente en puntos que son no negociables: las FARC no los aceptarían. Uribe dice: “No estoy de acuerdo en que no paguen con la cárcel”. Pero parte de los elementos esenciales del tratado es que la gente pueda dejar las armas y hacer política, lo cual sería obviamente imposible si esa gente tuviera que pagar con penas privativas de la libertad. ¿Quién firmaría su salida del monte para ir a meterse a una cárcel ocho o 20 años?


–¿Un eventual avance en el Congreso no irritaría de modo virulento al pueblo colombiano después del plebiscito?


–No, porque la gente no votó contra la paz y mucho menos aprobó la guerra. Ni siquiera Uribe habló abiertamente contra la paz. Fue más bien un voto castigo.


–Ese escenario que para usted es deseable, ¿cuánto tiene de posible?


–Hay que entender bien que el gobierno colombiano está obligado a cumplir con el acuerdo humanitario y que el Congreso sí tiene facultades para convertir esos acuerdos en leyes con validez constitucional. Se podría hacer un gran pacto para que pudieran presentar esos proyectos de ley los miembros de la sociedad civil y los legisladores. Eso tendría mayoría en el Congreso. No pasaría lo de Guatemala, donde el Congreso negó los acuerdos y luego igual los pusieron en vigencia.


–El plebiscito no era obligatorio según la Constitución.


–No, pero era difícil sacar adelante los acuerdos de La Habana porque no hubo antes una participación activa de la sociedad civil. Hubo situaciones mediáticas de participación, que no es lo mismo. Eso explica los sondeos previos, según los cuales el 80 por ciento estaba con la paz y al mismo tiempo el 80 por ciento no quería darles nada a las FARC a cambio de la paz. No hubo una pedagogía política sobre la paz. Fallamos. No nos dimos cuenta del trabajo mezquino pero eficaz que convenció a mucha gente con frases como ésta: “Lo que le van a dar a la guerrilla es lo que no le van a dar a usted”. La pedagogía es clave. La historia mundial revela que a mayor participación de la sociedad civil habrá luego mayor solidez de la paz.


–Los acuerdos de paz tenían gran legitimidad internacional ya antes del Nobel para Santos. Solo para hablar de Sudamérica, debe ser el único tema donde había convergencia entre Michel Temer, Lula, Mauricio Macri y Cristina Kirchner.¿Este factor ayuda?


–Y fuera de Sudamérica hay que sumar a favor de la paz el gobierno de los Estados Unidos, el Vaticano, el sistema de Naciones Unidas que ejecutaría el acuerdo... No le veo mayor problema a la política interna colombiana. Está mal interpretar el voto del No como un voto en contra de la paz. Fue más un sindicato de odios que otra cosa.


–El gobierno de Hugo Chávez y después el de Nicolás Maduro se comprometieron con el proceso de paz de Colombia. ¿Unasur sigue comprometida con las negociaciones dentro de Venezuela?


–Unasur sigue impulsando el diálogo entre los venezolanos. Hemos estado trabajando para que el Vaticano envíe su representante a acompañar la tarea de los ex presidentes que ya están ayudando. La búsqueda del diálogo fue incluso más útil que el diálogo mismo porque ya se han encontrado la oposición y el gobierno. Y hay frutos. El diálogo hasta evitó que algunos países que preferirían medidas más drásticas las lograran. Espero que pueda concretarse en los próximos días la negociación alrededor de tres temas. El primero, el rechazo a la violencia como forma de proselitismo político. El segundo, una comisión de verdad y justicia que permita resolver el problema de los detenidos o los presos judiciales.


–¿Leopoldo López está comprendido?


–Claro. Son personas detenidas en relación con hechos políticos de violencia como los que se llamaron “guarimbas”. A este asunto hay que buscarle una salida institucional.


–¿Y el tercero?


–Está claro no solo en Venezuela sino en todos los países donde hay continuidad del poder que los mecanismos tienden a concentrarse. Hay que producir un reequilibrio de las instituciones.


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