(Des)Alegría de leer los acuerdos Gobierno/Farc-ep

Tanto el Presidente como las Farc-Ep manifestaron públicamente que acataban el fallo de la Corte... Es importante que lo hagan no sólo de labios para afuera. Y más importante, que la propia Corte Constitucional lo haga respetar, pues, ya está siendo violado a través de la publicidad oficial, desde el mismo día que se promulgó la sentencia C-379 que dejó claramente establecido que el plebiscito no era sobre el derecho fundamental a la paz, que ya tenemos todos los colombianos, sino sobre el gobierno de Juan Manuel Santos, y más exactamente, sobre una política suya plasmada en los acuerdos de La Habana.

En su parte pertinente, la sentencia de la Corte señala en la pagina 327: “Debe resaltarse que el objetivo del plebiscito especial no es someter a refrendación popular el contenido y alcance del derecho a la paz, sino solamente auscultar la voluntad del electorado sobre la decisión política contenida en el Acuerdo Final, esto es, un documento específico. Habida cuenta el tenor literal del artículo 1º, así como la imposibilidad que a través de un plebiscito se modifique la Constitución, es evidente que el derecho en comento no sufre modificación alguna en razón de la decisión popular expresada en dicho mecanismo de participación. Esto más aun cuando, como se ha señalado, los derechos fundamentales tienen una naturaleza contra mayoritaria, que los excluye de las decisiones de mayorías políticas eventuales...”.

Además, podríamos agregar que por otra razón que ahora reiteramos: el derecho a la paz es mucho más amplio que la mera cesación parcial de un conflicto armado, pues, no es sólo la falta de violencia física sino también la ausencia de violencia social y económica en las relaciones sociales; y no es posible la paz si no existe, coetáneamente, el respeto y realización plena de los derechos civiles, políticos, económicos, sociales, culturales, en los términos en que lo prescribe la ONU: “Considerando que la libertad, la justicia y la paz (resalto nuestro) en el mundo tienen por base el reconocimiento de la dignidad intrínseca y de los derechos iguales e inalienables de todos los miembros de la familia humana”.

Queda claro que la pregunta del plebiscito no puede ser entonces, si se vota por la paz o no; ni ninguna otra expresión que directa o indirectamente se refiera a la paz, ya que estaría violando la sentencia de la Corte Constitucional, y por lo mismo, sería inconstitucional, pudiendo la Corte exigir que se modifique la pregunta, ya que conserva la competencia para vigilar que su fallo se cumpla estrictamente como ella lo ordenó.

Dejando esto claro, la pregunta pertinente podría ser: “¿Aprueba la política del Presidente plasmada en los acuerdos de La Habana?”, u otra similar; pues, todas las que se refieran positiva o negativamente, directa o indirectamente al derecho a la paz, quedaron prohibidas.

Por esta misma razón es que, al día siguiente del fallo de la Corte (19 de agosto), toda la publicidad que está haciendo el gobierno nacional para inducir el voto por el SÍ (a la paz), es inconstitucional e ilegal; como inconstitucional e ilegalmente están actuando los medios de comunicación que así lo están transmitiendo.

Es importante también que se dé cumplimiento a otro aparte de la sentencia que dice: “143.5. ...Asimismo, la Corte insiste en que una condición necesaria para la protección de la libertad del elector es evitar que sea coaccionado. Subrayamos el término porque, en cierta forma, decirle a la gente que “la paz es mejor que la guerra”, se le está coaccionando a que vote SÍ, que en la publicidad del gobierno el sí, equivale a la paz.

Como estas violaciones de la sentencia C-379 son un hecho notorio, que por lo mismo no necesita prueba, le pedimos a los magistrados que leen periódicos y revistas, escuchan radio y ven televisión, que asuman su competencia con el fin de evitar que los medios de comunicación y el gobierno sigan desinformando a la sociedad civil, ya que ésta debe recibir información veraz e imparcial, como lo ordena el artículo 20 de la constitución colombiana...

Y más importante: si la pregunta que formule el Presidente viola la sentencia y la constitución, que lo obliguen a modificarla, pues, como dijera Manuel Gaona, ese insigne magistrado inmolado en el palacio de justicia: “lo que la Carta ordena a la Corte es que guarde la Carta y no que le haga la corte a quienes violan la Carta. En otras palabras, agrego yo, que haga respetar la constitución y que no sea cortesana de quienes la violan.

Una primera mirada

Una primera mirada a los acuerdos nos muestra que hay muchas palabras para engañar y pocas verdades o, como dice el pueblo, “mucho hueso y poca carne; mucho humo y poco fuego”.

Por ejemplo, desde el punto de vista formal, es en muchos aspectos ambiguo, confuso y contradictorio con la premisa fundamental del Presidente cuando advirtió que “nada está acordado hasta que todo esté acordado”. Pues bien, en muchos párrafos se acuerda “que en el futuro acordaran”, como en el tema del catastro... Y en la cuestión agraria, el gobierno opina una cosa: ... “esa transformación debe contribuir a reversar los efectos del conflicto y a cambiar las condiciones que han facilitado la persistencia de la violencia en el territorio”; en tanto que las Farc opinan otra... “dicha transformación debe contribuir a solucionar las causas históricas del conflicto, como la cuestión no resuelta de la propiedad sobre la tierra”...

En otros temas importantes simplemente no se acuerda nada: por ejemplo, no hay una fecha exacta para la entrega a la sociedad civil de los niños y niñas que fueron reclutados para la guerra, con clara violación del derecho internacional humanitario.

Descubriendo el agua tibia

Más simpático resulta ver que en los acuerdos se incluyan como nuevos una serie de temas y de normas que ya existen en el ámbito jurídico colombiano, a manera de “reciclaje jurídico”, en un lenguaje confuso y ambiguo. Pero además, con el agravante de que lo manifestado por el gobierno es contradictorio con lo manifestado por las Farc-Ep.

Por ejemplo, el gobierno afirmó al momento mismo de sentarse a la mesa de negociaciones que el modelo económico no estaba en juego; era un inamovible, como se dijo en los medios. Y después de la firma, el Presidente reiteró que estos acuerdos no atentan contra la propiedad privada. Si esto es así, la conclusión es que nunca habrá reforma agraria, ya que, en materia de tierras, todos sabemos, y así lo reiteran todos los estudiosos de la ciencia económica, que la tierra es un bien limitado, y en el caso colombiano, delimitado en su propiedad. O sea que para darle tierra los que no tienen, hay que quitársela a los que la tienen. Por otro lado, en ninguna parte del acuerdo se dice cuál será el límite de la propiedad agraria, lo que deja abierta la puerta para el latifundio, y si esto es así, muchos campesinos seguirán sin tierra.

Los mecanismos de los que se habla en el tema agrario, ya existen en el derecho colombiano; no son nuevos: el fondo de tierras ya existe; otra cosa es que la ley no se haya cumplido, y frente a un Presidente que todo lo firma pero que todo lo incumple, pocas esperanzas tenemos de que ahora sí cumpla, obligando a la sociedad civil a realizar permanente paros, como el primer agrario que no se dignó ver sino cuando lo tenía enfrente pidiéndole la renuncia.

El otro componente denominado en los acuerdos como ‘formalización de la propiedad rural’ (7 millones de hectáreas), se obtendrán básicamente de la titulación o adjudicación de baldíos, y este mecanismo es más viejo que el anterior, ya que está contemplado en la legislación colombiana desde el Código Civil del Estado de Cundinamarca; el mismo Código Civil del señor Andrés bello, hace más de ¡160 años! Son los mismos bienes fiscales adjudicables del Estado, destinados precisamente a ser adjudicados a los campesinos sin tierra. ¡Qué larga injusticia: una guerra de 52 años para que se aplique el código civil del señor Andrés bello!

Nuevos privilegios

¿Ideología de género? Ni siquiera, lo que a raíz del reciente debate de las cartillas para la educación de los niños se denominó por algunos como la ideología de género, es nuevo en nuestra sociedad, pues, viene de los años 60 y en nuestro sistema jurídico se superó con la constitución de 1991, en normas como el artículo 1 sobre el pluralismo, el artículo 13 sobre la libertad y el artículo 16 sobre el libre desarrollo de la personalidad. Por eso tampoco son nuevas las menciones directas e indirectas que se hacen a la denominada ideología de género en el acuerdo.

Por ejemplo, en la página seis, referida al tema cuatro sobre drogas dice: ... “Para construir la paz es necesario encontrar una solución definitiva al problema de las drogas ilícitas... para lo cual se promueve una nueva visión que dé un tratamiento distinto y diferenciado al fenómeno del consumo, al problema de los cultivos de uso ilícito y a la criminalidad organizada asociada al narcotráfico, asegurando un enfoque general de derechos humanos y salud pública, diferenciado y de género.”. Este punto del acuerdo, no sólo aplica la denominada ideología de género, sino que refleja también la ambigüedad de los acuerdos; su falta de claridad, pues, no se entiende qué relevancia puede tener que el consumidor de drogas sea hombre o mujer, transgénero o bisexual; o que diferencia fundamental, relevante, tenga el hecho de que el traficante de drogas también sea lo uno o lo otro.

Otro ejemplo de la denominada ideología de género se encuentra en la página 21 que dice: “1.3.2.1. Salud: con el propósito de acercar la oferta de servicios de salud a las comunidades —niños, niñas, mujeres, hombres, personas con pertenencia étnica, personas con orientación sexual e identidad de género diversa y en condición de discapacidad—,...”.

En síntesis, podemos afirmar que la denominada ideología de género, que tanto se menciona en los acuerdos, tampoco es nueva en la sociedad colombiana, pues, tiene ya más de medio siglo y cerca de un cuarto de estar constitucionalizada.

La nueva impunidad y su transformación

Lo que sí es absolutamente nuevo es la impunidad que se concede a los agentes del Estado que cometieron delitos atroces contra la población civil, y que no pagarán ni un día de cárcel. Y el beneficio que se lo otorga aún a aquellos que paguen cárcel, pues, sólo pagarán hasta 20 años, cuando la ley vigente en Colombia es de 60 años.

Más escandalosa es la impunidad extendida a los denominados terceros, incluidos los empresarios, que desde la sombra, sin dar la cara, financiaron la guerra contra los derechos de la sociedad civil: la muerte, la desaparición forzada, la tortura, la violencia sexual, el despojo de la tierra de los campesinos, etcétera, a quienes el Presidente de la República les prometió (en la reciente asamblea de la ANDI) que si votaban el SÍ, les iba a conceder, en palabras del propio presidente un “tremendo beneficio”: el beneficio de la impunidad total al transformarlos de victimarios en víctimas, con lo que las verdaderas víctimas, la sociedad civil, tendrán que ¡indemnizar a sus victimarios!.

Los privilegios

La igualdad ante la ley -que se presume- se puede romper de dos maneras: discriminando hacia abajo: privando a alguien de algo que se da a los demás; o hacia arriba: dándole a alguien algo que no se da a los demás. Esto es lo que se denomina privilegios.

Discriminaciones y privilegios rompen la igualdad. Hay que reconocer que los negociadores de las Farc-Ep, lograron una garantía de privilegios para ellos y sus seguidores, como los siguientes:

1). La preferencia de sus seguidores en la adjudicación o reparto de los 10 millones de hectáreas de tierra; los subsidios y créditos integrales para la compra.

2). A sus militantes se les concede en dinero 8 millones de pesos al inicio y 2 millones de pesos más al terminar la concentración (página 66 y 67 de los acuerdos); una renta básica equivalente al 90% del salario mínimo durante 24 meses y después de esta fecha, por tiempo ilimitado y por sumas también ilimitadas, si el reinsertado se dedica a estudiar. Y durante esos 24 meses también se les pagará los aportes para salud y pensión. Todos estos recursos, son entendidos como un mínimo, ya que en la propia página 68 de los acuerdos se dice expresamente que esto no es incompatible con otros recursos (¿?).

La defensa que hace el gobierno de la parte económica del acuerdo es muy pobre, ya que el ejemplo que pone para justificarlos, es el operativo realizado contra Raúl Reyes que, en palabras del propio gobierno, costó cerca de 25.000 millones de pesos, y esto sería aceptable, si por otro lado el propio gobierno no estuviera diciendo que a pesar de la paz, el gasto militar no va a disminuir sino que va a aumentar.

La sociedad civil no tendría reparos en aceptar los costos de la reinserción, si el gasto militar disminuyera; pero si no disminuye, como lo afirma el gobierno, la sociedad civil sabe que “no hay almuerzo gratis”; que todo lo pagamos con nuestros impuestos y que ahora, paradójicamente, nos pondrán a pagar más impuestos, en virtud de la paz, que en la desgracia de la guerra.

3). En el campo político obtienen un régimen de transición de ocho años que les garantiza un mínimo de cinco senadores y cinco representantes, y como es por dos períodos, al menos 20 congresistas ; y en las zonas que tradicionalmente han dominado las Farc, la creación de 16 circunscripciones electorales especiales para la elección de representantes a la Cámara, lo que les garantiza por lo menos otros 16 representantes, de donde se concluye que durante ocho años tendrán mínimo 36 congresistas , mucho más que el Polo Democrático o el Partido Verde al cabo de sus ya largos años de participación en la vida democrática.

En estas circunscripciones electorales especiales se borra un principio fundamental del derecho electoral democrático: un hombre un voto, ya que el acuerdo permite que en esos territorios, los ciudadanos tengan más de un voto al mismo tiempo, lo que rompe la igualdad con el resto de los colombianos y constituye otro privilegio, pues, el acuerdo dice en su página 48: “ Los candidatos y candidatas serán elegidos por los ciudadanos y ciudadanas de esos mismos territorios, sin perjuicio de su derecho a participar en la elección de candidatos y candidatas a la Cámara de Representantes en las elecciones ordinarias en sus departamentos.”. Es decir, podrán votar al mismo tiempo por la lista de las Farc y por alguna otra lista de los demás partidos tradicionales.

4). En varias oportunidades el gobierno nacional, cínicamente, ha manifestado que la corrupción de las conciencias, por medio de lo que él ha denominado la ‘mermelada’, no iba a disminuir, sino que iba a aumentar; y en un símil descarado y desafortunado, dijo que la diabetes en Colombia aumentaría porque el gobierno seguiría dando más mermelada...

En efecto, a las Farc-Ep como que les llega la miel de abeja “quien la prueba no la deja”. El nuevo partido político de las Farc, además de la personería jurídica, se le otorga para su funcionamiento, entre la fecha del registro y el 19 de julio de 2026, “una suma equivalente al 10% anual de la apropiación presupuestal para el funcionamiento de los partidos y movimientos políticos... Por otra parte, con el fin de contribuir al financiamiento de la difusión y divulgación de su plataforma ideológica y programática (Página 63), se le asignará un 5% anual de la apropiación presupuestal para el funcionamiento de los partidos y movimientos políticos entre la fecha del registro y el 19 de julio de 2022.

También se le crea un Centro de Pensamiento y Formación Política, que recibe otro 5%, para un total de 20% anual: Para el funcionamiento del Centro, el Gobierno Nacional destinará, con cargo al presupuesto general de la nación, un monto anual igual al asignado para la difusión y divulgación de la plataforma ideológica y programática arriba mencionada, hasta el 19 de julio de 2022.” (pág. 65).

Así tenemos que, si el presupuesto anual para el funcionamiento de los partidos y movimientos políticos es cercano a los 40.000 millones de pesos, esto quiere decir que cada año tendrán 8.000 millones de pesos para gastar, sin contar con los dineros que reciban por la reposición de votos, y que en el caso del nuevo partido, tendrá el privilegio de recibir anticipos, y el privilegio de no pagarlos, como deben hacerlo los otros partidos políticos: “En el caso de las campañas al Senado, recibirán financiación estatal anticipada equivalente al 10% del límite de gastos fijados por la autoridad electoral; iii) la financiación estatal previa no estará sujeta a devolución, siempre y cuando los recursos asignados hayan sido destinados a las finalidades establecidas en la ley.”(pág. 63); adicionalmente, se les permite participar en el nuevo canal de televisión que se crea. (Página 49 de los acuerdos).

Todo esto sería aceptable, si se le otorgara igualmente a otros grupos humanos; si no constituyera un privilegio para 14.000 personas (son las cifras que han dado las partes del acuerdo y que el gobierno ha repetido en varias oportunidades: cerca de 6.500 hombres armados y cerca de 7.500 milicianos); para hacerlo breve, si, según los datos estadísticos actuales, los indígenas constituyen el 3.4 % de la población, esto es cerca de 1’500.000 colombianos; y los afrodescendientes cerca del 10.6 % de la población, esto es, 4’500.000 colombianos, ¿cuánta representación política, cuánto dinero y cuanto acceso a los medios de comunicación deberíamos entregarles? ¿Si el voto en blanco sacó en las elecciones pasadas para el parlamento andino 3 millones y medio de votos y para la elección presidencial cerca de 1 millón de votos, cuánta representación política, dinero y acceso a los medios de comunicación deberíamos entregarle para que barriera con todos los partidos políticos y, ahí si de verdad, se estructura un nuevo Estado colombiano? ¿Cuánta representación política, dinero y acceso a los medios de comunicación debemos darles a los demócratas colombianos que son amigos de la paz, pero no de la paz extremadamente imperfecta de Santos, sino de la paz con justicia social; esto es, con derechos para todos?

La paz no se construye, como en los acuerdos de La Habana, cuando la minoría de privilegiados de una sociedad le otorga privilegios a un discriminado, para hacerlo otro privilegiado más, y manteniendo discriminada a la mayoría de la sociedad civil. La verdadera paz se construye acabando todos los privilegios y todas las discriminaciones que existan en una sociedad; concediendo derechos iguales a todos con el fin de construir una familia humana, donde todos seamos iguales en derechos.

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Fin de folio: Debemos comenzar el 2 de octubre por no votar el SÍ de Santos o el NO de Uribe, sino por una asamblea constituyente con derechos para todos.

Publicado enColombia
Miércoles, 31 Agosto 2016 08:26

Plebiscito, actores y escenarios

Plebiscito, actores y escenarios

Parece una pesadilla, pero no es: en Colombia la posibilidad de poner punto final a una parte del conflicto armado, que carga el país desde décadas atrás, no logra consenso social. Voces contrarias sobre este particular, saltan por doquier. El diálogo de La Habana, construido mediante una metodología que negó la consulta extensa y la participación al conjunto social, ahora la concita, con el fin de que opine en las urnas.

La citación a un Plebiscito por la paz, que en cualquiera otra sociedad no levantaría dilema, aquí desató una reacción contraria. Repercusión que revela una polarización en la cual conviven y controvierten 48 millones de habitantes. Tal vez no sea para menos, tal vez sea para mucho más.

Los 60 o más años de guerra interna no pasan en vano, y la factura nos llega a todos. Sobretodo, a quienes han liderado la guerra, con todos sus coletazos, a los mismos que hoy pasan su factura. Un coletazo que más llama la atención, es la prevención, incluso el odio, que despierta la guerrilla fariana entre amplias capas sociales; inclusive en sectores populares. Otro, es la derechización de la sociedad.

En algún momento durante los gobiernos uribistas, tuvo audiencia la tesis de que si bien el propietario del Ubérrimo, no había logrado derrotar en el campo de batalla a este grupo insurgente, sí lo hizo en el escenario político: restarle apoyo social. La «guerra política» liderada desde el establecimiento, logró su propósito. Una tesis confirmada hoy, de bulto, en la polarizada reacción social ante un acuerdo de paz con esta guerrilla, que no implique penas de cárcel para sus comandantes.

Deseo de venganza, eso es, el sentir que respiran distintos sectores sociales.

Como parte de la polarización social fraguada desde las altas esferas del establecimiento, el hoy Presidente, años atrás Ministro de Defensa, artífice de bombardeos teledirigidos contra los mandos de esta guerrilla, encabeza ahora un sector de los grupos dominantes. Mismos que pugnan por vincular al país en forma más amplia, en la agenda financiera internacional; y que aprovechan la coyuntura para arrinconar su contraparte agraria tradicionalista (Uribe). Santos intenta menguarle al máximo, su apoyo social. Su propósito es evidente: derrotarlo y dejarlo sin opciones para la disputa electoral del 2018.

En esta disputa en las alturas del poder y del establecimiento, entre viejos y nuevos poderes e intereses, el país real, el mayoritario, queda en el medio. Chivo expiatorio de causas ajenas, que en esta ocasión evidencia la ausencia de un proyecto de país alternativo. De un diseño que motive a las mayorías a votar por el final de esta parte de la guerra interna, pero, como vehículo y tránsito en el avance en construir un país diferente: sin uribismo ni santismo. Y sin ningún otro ismo, que implique a las viejas o nuevas castas que desde hace más dos siglos, someten y llevan a la miseria a millones de connacionales.

 

A la medida del Gobierno

 

“Como anillo al dedo”, preciso, de acuerdo a los requerimientos del Gobierno, fue aprobado el plebiscito por la Corte Constitucional. Entre lo dispuesto por el alto Tribunal, quedó establecido que el umbral mínimo para que el Sí venza son 4’396.625 votos, el 13 por ciento del actual censo electoral, que hoy suma 33’820.625 connacionales en edad de votar. ¿Podría pedir más el Gobierno?


Ante el histórico comportamiento abstencionista en Colombia, no hay quien corra riesgos. Mucho más, cuando –lo sabe la cabeza del Ejecutivo– las maquinarias clientelares no saldrán a buscar votos, pues no está en juego, su poder inmediato. Así, en estas elecciones no rige la Ley 134 de 1994 que estipula la aprobación de plebiscitos “por la mayoría del Censo Electoral”, es decir, casi 17 millones de electores.

La decisión de la Corte estipula que sólo podrá votarse Sí o No. El voto en blanco no sumará. Por eso, quienes son contrarios al Sí tendrán que salir a conseguir sus votos, lo cual asegura que el umbral será cubierto con creces. Es más. El fallo del alto Tribunal estipula que el resultado del plebiscito solo obliga al Presidente. Así, las otras ramas del poder quedan libres para proceder, a favor o en contra de los acuerdos en La Habana. Todo un escenario para disputas, continuidades o sorpresas. Este fallo de la Corte responde sin ambigüedades la pregunta, ¿para qué el poder?

Desde mucho antes de conocerse el concepto de la Corte Constitucional sobre el plebiscito, era público que un basto sector social estaría por el No. Conocido el fallo, sin perder tiempo, emprendieron campaña. Alguien podría decir que están en campaña desde mucho antes, desde cuando la cabeza más visible de ese sector habitaba la Casa de Nariño. Y no yerra. Es una disputa a fondo.

 

Por qué las Farc despierta tantos odios, prevenciones y animadversiones

Son muchos años de guerra. De episodios en los cuales estuvieron comprometidas tres generaciones. Guerra asumida por capas del campesinado, como única alternativa para sobrevivir. Perseguidos, señalados, criminalizados, sobrevivieron a centenares de ataques, entre los cuales resaltan en parte de la memoria popular, la ofensiva militar contra Marquetalia, El Pato, Guayabero (1964...), y luego, Casa Verde (1991). En este siglo, la ofensiva con blanco en sus frentes del suroriente del país.

En su desenvolvimiento como estructura militar, las Farc ganaron cuerpo para pasar de unas pocas escuadras, integradas como autodefensa ante chulavitas y el mismo Ejército oficial, hasta autodefinirse como organización guerrillera y acumular en la meta de “Ejército del Pueblo”. Entre el origen y una y otra estructura y mando, trascurrieron 30 años. En ese tránsito de simple sobrevivencia a cuerpo militar con capacidad ofensiva y de copamiento de “unidades enemigas”, sumaron miles de combatientes. Un colectivo humano por alimentar, formar, dotar, y potenciar. ¿Cómo resolver la economía de guerra que exigían estos contingentes con miles en fila? ¿Cómo asumir la relación con la población habitante de un espacio dado? ¿Cómo garantizar el control del territorio?

En la solución del primer interrogante, el apoyo espontáneo y solidario de sus bases sociales fue insuficiente. Entonces, optaron por otras vías: el secuestro y el boleteo o vacuna, que mal ejecutados terminaron afectando a sectores que no eran propiamente ni enemigos del pueblo ni oligarcas. Dicho recurso que debía ser selecto, terminó extendiéndose. Afectó a cientos y miles de víctimas. Algunas sometidas a tal procedimiento, de manera directa o sobre su entorno familiar, a veces, en varias ocasiones. Muchos perdieron su capital de trabajo. No pocos, terminaron muertos en cautiverio.

Así mismo, en ese desarrollo de cuerpo militar para la defensa, a cuerpo para el ataque, el copamiento y control territorial apareció como una necesidad. Situación que les impuso obligar a numerosas familias al abandono de su casa, tierra y pertenencias. Máxime, cuando algunas de esas familias terminaban asociadas a bandas paramilitares o aliadas del ejército oficial. Pero también, como expresión desviada del militarismo que terminó por ganar espacio en su estructura. La imposición y fuerza a punta de fusil, fue la manera como resolvieron contradicciones con pobladores, y litigios con otras guerrillas que hacían presencia en ciertos territorios. El autoritarismo y la rivalidad ganó espacio entre comunidades y amigos. Así el odio encubó y previno a cientos de campesinos, simpatizantes y militantes de diversidad de organizaciones que sufrieron esa imposición y hegemonía fariana.

¿Son los costos de la guerra?, eso dice el manual de un conflicto de guerra irregular. Más no puede leerse así, tal realidad. En su configuración y ejemplo, un cuerpo revolucionario debe izar siempre y en toda acción, una ética humana y de justicia. Precisar una lectura correcta de los sujetos sociales contra los cuales emprenda una acción. Tal vez, el desarrollo deforme de este cuerpo militar, en el que lo militar tomó el mando de lo político, llevó a la despolitización de una parte de sus integrantes. Ese expediente y un conjunto de errores de todo tipo, terminaron por presentar a esta guerrilla –en diversas partes del territorio– como enemigos del pueblo en vez de amigos. Hablando a través del fusil la política perdió su capacidad de enamorar. Es el desgaste que causa una guerra tan prolongada.

Equivocación, delictuosidad que aprovechó y potenció el establecimiento, mediante una calculada guerra política, además de militar. Guerra política que terminó por enrocar la realidad: de amigas del pueblo, Farc pasó en muchas partes a ser considerada como enemigo, hasta el punto que hoy, muchos apuestan al No en el plebiscito. Acción que asumen, para vengar perjuicios injustos y dolores sufridos.

Deuda de reparación, de 50 años y un poco más de guerra. Ya lo habían enseñado otras experiencias internacionales: Sin una escalada de intervención militar extranjera en penetración profunda y tropas de combate, las guerras deben ser de duración rápida, y con alternativa visible de «gobierno en armas», de lo contrario entran en desgaste.

 

 

 
Escenarios que rondan esta coyuntura electoral plebiscitaria

 

Otra vez, el “mal menor”

Tuvo postura cuando unos y otros unieron esfuerzos para vencer a Uribe, eligiendo a Santos. El país sigue feriado al capital global. Su plan económico está orondo como diseño de negocios, y aunque llaman a confrontarlo, ‘el voto a Santos’ no creció unas fuerzas opositoras suficientes. Ahora, ante el plebiscito, el argumento es igual: unirse contra el uribismo... ¿Desde cuál proyecto de país? ¿Alguien, desde la izquierda y desde los sectores alternativos, estará por el No? Claro que no. Todos comprenden la necesidad de acabar con la guerra. Sinembargo, la diferencia radica en: ¿hacia dónde dirigir el país? ¿Con cuáles sectores sociales como aliados por el renacer nacional?. Sucede no solo en Colombia.*

Transcurridas varias décadas de crisis de la izquierda, y las varias coyunturas electorales, acá y en los cerca de doscientos países que conforman el concierto internacional, la política de andarle al paso a las coyunturas oficiales, no permite a un proyecto autónomo avanzar por senda segura. Más allá del miedo, lo único que le permitirá a los sectores alternativos salir airosos de una o de otra coyuntura, es izar su proyecto de país. Con su enunciado, conversar con la sociedad, batiéndose en liderazgo de diversos territorios, para despejar dudas ante unos y otros. En el camino por superar la exclusión, el desconocimiento y la negación de sus derechos, darle cuerpo al país que requieren las mayorías.

Camino con tinte propio. Camino con sueño de justicia. Camino con modelo económico alternativo. Camino con visión internacional integradora entre los de abajo. Camino con eje ambiental, transversal, de género, que alimenten todo su qué hacer con visión de largo plazo, pero con medidas inmediatas que remedien en algo, la pesada carga de pobreza desde siempre que cargan los ninguneados.

Es definitiva, el mal menor termina fortaleciendo a otros, a “los de siempre”, a cuya cola –paradójicamente– arrastran su accionar, aquellos que pretenden otra realidad.

* Acaeció recientemente en Perú, cuando liberales y progresistas, tradicionales y de izquierda, llamaron a detener la llegada a la presidencia del fujimorismo. El miedo caló y eligieron a Pedro Pablo Kuczynski, el “mal menor”. Hoy, quienes desde la izquierda lideraron tal campaña, llaman a enfrentar por neoliberal, al recién ungido. Ganaron para perder.

A su vez, había sucedido en Francia con Sarkozy. En Italia con Berlusconi. ‘Lobos’ derrotados luego de sus nefastos gobiernos, y reemplazados por liberales y socialistas, que a pesar de sus discursos, poco se diferenciaron de sus contendores. El “mal menor” tampoco funcionó allá. Ahora juega “todos contra Trump” en los Estados Unidos. La candidata Hillary, “demócrata” menos mala, poca o ninguna alternativa ofrece a los empobrecidos de ese país. A los millones de migrantes, a los excluidos por negros, a los trabajadores por horas, etcétera. Allá, la “mejor opción” resulta buena, sólo para el capital financiero. El “mal menor” es opción de “realismo político”. Es la preferencia de los pragmáticos, que ya no quieren oír ni discutir de utopías. Colombia no escapa de tal lógica.

 


 

Con el SI, ¿vendrá una Constituyente?

 

Desde la izquierda una medida como esta, siempre ha sido vista con buenos ojos. Tanto porque algunos sectores valoran la Constitución del 91 como neoliberal, pero también la ponderan como el espacio ideal, y reflejo preciso, del nuevo estado de fuerzas a nivel nacional. ¿Demasiado optimismo?

No miden de manera atinada estos sectores, en su afán reformista, el estado real de las fuerzas para garantizar mayorías dentro de tal escenario. No hay que olvidar que una elección de Constituyente, por obligación abierta a todos los temas, es una confrontación de fuerzas. Como tal, quien más ascendencia social tenga, y quien cuente con más recursos de todo orden a su disposición, podría ser quien termine como mayoría a su interior. No ponderar esta realidad sería actuar como el brujo que hace su hechizo sin saber la contra. Es decir, actuar así sería jugar a soltar fuerzas incontrolables, las cuales pueden dar al traste con los pocos o muchos logros reunidos en la Carta del 91. Podría terminar actuando de manera contraria, a las necesidades de las mayorías de Colombia.

* Personajes como Horacio Serpa sustentan que en los próximos meses serán aprobadas, producto de los acuerdos con las Farc, un conjunto de reformas que, sumadas a las adecuaciones sufridas por la Carta del 91 durante sus 25 años de existencia, más los desarrollos que en diversas temáticas y realidades experimenta el mundo, ameritan la aprobación de una nueva Constitución. Aprovechar las elecciones del 18 para realizar tal citación puede ser el mecanismo. Luis Fernando Velasco, saliente presidente del Congreso, ve posible su convocatoria, ante la realidad de la Justicia y la necesidad de abocar una reforma estructural para la misma. Roy Barreras, senador delegado por el Ejecutivo para los diálogos en La Habana, no la descarta. Armando Benedetti, otro vocero del establecimiento, ante la tumbada del “Tribunal de aforados” por parte de la Corte Constitucional, ve que la única vía para reformar la Justicia, es una Constituyente. En twitter opinó: “[....] veo venir la aplanadora de una Asamblea Nacional Constituyente”.

Dadas estas declaraciones, cabe entrever que en las alturas del poder, el tema va más allá de los pasillos y las conversaciones de ocasión. Tal vez, esta alternativa aún no alcanza todo el énfasis, por considerar que no es el momento adecuado. ¿Qué proyectan sobre el particular en las oficinas del Ejecutivo? ¿Cuáles son sus cálculos de tiempo y de conveniencia política? ¿Tendría sentido citar una Constituyente para abordar un solo y único tema? La disputa de intereses y poderes dentro del establecimiento, y más allá del mismo, abrirá espacio para otro conjunto de temáticas. Tal vez, los que imponga la correlación de fuerzas entre el establecimiento y los sectores alternativos.

 


 

Incertidumbre ante la polarización política

 

Las campañas por el Sí y el No, las encabezan dos sectores del poder desde siempre dominante. Resultan divididos, por la dinámica que debiera tener la economía y lo político, así como lo militar y la agenda internacional. En realidad encabezan dos visiones con énfasis diferentes, acerca del control del Estado, de cómo operar su poder, pero con valoraciones afines sobre los enemigos que deben derrotar.

La coyuntura es la oportunidad para que el sector que ahora encabeza el Gobierno, trate de someter a sus viejos amigos o aliados, parte de los sectores emergentes del empresariado, legal e ilegal, sectores proclives al uso de la fuerza, a la violencia y la barbarie como vía para lograr el control territorial. A la vez, por la extensión de ideas retrogradas y tradicionalistas, que no caben, dentro de un Estado autodefinido como secular.

Más allá de quién venza en esta confrontación, la misma será la apertura para el enfrentamiento –¿final?– que llevarán a cabo en el 2018, donde se jugarán a fondo por el predominio de los modelos de régimen político que defienden. En esta disputa, el resto de la sociedad, la mayoría, de no contar con proyecto propio, quedará reducida a un simple objeto. Ente movilizado y utilizado más allá de sus intereses, en contra de los mismos, los cuales solamente podrá defender si es sujeto de su historia. Hay que estar atentos y saber actuar. Dicen por ahí, “en río revuelto ganancia de pescadores”. 

 

Posición del Eln

Un Plebiscito entre dos aguas*

“[...] los relojes de los políticos de los partidos tradicionales, apenas marcan tiempos de 4 años, más allá de los cuales dejan de funcionar. Por esto, Santos se afana en meter en este lapso toda la gestión de gobierno, así quede mal embutida. De aquí proviene el acelere del actual Plebiscito, en el cual los colombianos deben pronunciarse sobre el proceso de paz en desarrollo; cuando aún no se ha firmado un Acuerdo Final con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia y el gobierno mantiene congelada la negociación con el Ejército de Liberación Nacional.

“[...]con este Plebiscito exprés no queda bien hecha la paz

“Muchos dicen que el afán de Santos es ganarle el pulso al ex presidente Uribe [...]. Riña que polariza a las elites gobernantes y detrás de ellas, imponen una polarización creciente al conjunto de la sociedad. De esta forma, quienes voten por el Sí en el Plebiscito serían asimilados como aliados de Santos, mientras que quienes voten por el No serán vistos como seguidores de Uribe. Estratagema que pinta todo de blanco y negro, cuando la realidad colombiana es más compleja y muy distinta a la desfiguración, que pretenden imponernos.

“El Plebiscito es otra artimaña publicitaria, que intenta ser presentado como sinónimo de la Paz. [...] mediante el Plebiscito se refrendará sólo el desarme de las Farc, pero aún estamos muy lejos de alcanzar la paz, ya que se mantienen todas las causas que originaron el conflicto.

“[...] la táctica escogida por Santos de primero pactar con una guerrilla, para enseguida imponerle tales acuerdos a la otra; a la vez que con el Plebiscito saca buenos réditos políticos, para luego si descongelar estos diálogos. (Es una) maniobra que cuestiona la voluntad de paz del gobierno [...] el Plebiscito convocado, se halla ‘entre dos aguas’, pues mientras Uribe trata de hundirlo, Santos busca sacarlo a flote. En un drama, que merece llamarse de paz incompleta, y por esta vía, nunca llegará a ser ni justa ni duradera”.

* Tomado: editorial revista Insurrección Nº 504.

Por la Paz, la resistencia continúa*

“[...] ante el congelamiento impuesto por el gobierno a la mesa con el Ejército de Liberación Nacional, y ante la próxima firma de un acuerdo definitivo de dejación de armas de las Farc, nos vemos en la obligación de expresar que no compartimos la esencia de estos acuerdos.

Se evidencia que el objetivo principal de la comandancia de Farc, es convertirse en una organización legal, aceptando unos acuerdos que exculpan al Estado de su responsabilidad en el desarrollo de la guerra sucia y el Terrorismo de Estado, a la vez que deforman los fundamentos esenciales del Derecho a la Rebelión. Así, el gobierno niega la naturaleza política del alzamiento armado y mantiene intacto el régimen oprobioso de violencia, exclusión, desigualdad, injusticia y depredación. [...] negoci(a) asuntos sociales sin tener en cuenta a los sectores afectados; (y) la justicia transicional evita el enjuiciamiento al Estado por su culpabilidad en el genocidio [...].

“[...] En la actualidad, lo que está en el orden del día no es un Plebiscito para desarmar a una organización guerrillera, sino la necesidad de construir una paz verdadera, pues de poco servirán unos acuerdos parciales si continúa el conflicto social y armado”.

* “Declaración de la Dirección Nacional y el Comando Central, del Ejército de Liberación Nacional”. Agosto 5 de 2016

 

 

 

 

 

 

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Partido Socialista de los Trabajadores (PST)

 

Ni por el SÍ de Santos, ni por el NO de Uribe, por una Asamblea Constituyente

 

“Santos va a convocar un plebiscito sobre el acuerdo que está negociando con las Farc, próximo a firmarse. Los trabajadores y sectores populares debemos fijar una posición sobre ese plebiscito. Este mecanismo de “consulta” es de todos el más antidemocrático, porque no permite opinar y solo le da al votante dos opciones: SI o NO.

Votar por el SÍ significa apoyar al gobierno de Santos y el acuerdo con las Farc, cuyo contenido de fondo es respaldar sus planes económicos y políticos que favorecen fundamentalmente a los terratenientes, a los empresarios y a las multinacionales, en desmedro de la situación de los trabajadores y los pobres. Por eso no debemos apoyar el SÍ.

Votar por el NO significa el rechazo a que se termine el conflicto armado que ha producido muerte, desplazamiento y expropiación de la tierra al campesinado pobre, entre otros crímenes. Uribe y su sector se decidió por la opción del NO para lograr más impunidad para sus crímenes, al pretender que se negocie otro acuerdo más benévolo para sus intereses. El NO representa la negativa a entregar las tierras usurpadas y la negativa a que las Farc se integren a la vida política legalmente con garantías democráticas. Por eso la del NO es una opción que tampoco debemos apoyar.

La abstención en general significa indiferencia. En este caso en particular, puede ser una forma de expresar el rechazo a Santos y a Uribe, o pretender golpear el umbral para que no alcance la aprobación como lo había contemplado Uribe. Pero no debemos quedarnos simplemente en el rechazo. Debemos proponer una alternativa. Gane el Si o gane el NO, la negociación con las Farc seguirá adelante, porque ya manifestaron que no volverán a la lucha armada y negociarán para reintegrarse a la actividad política legal [...] en realidad, el cese del conflicto no está en juego como nos quieren hacer creer.

Por las consideraciones antes señaladas proponemos [...] la convocatoria de una Asamblea Nacional Constituyente libre, amplia, democrática y soberana, conquistada mediante la movilización y la lucha, cuyos diputados constituyentes sean los dirigentes de las luchas y conflictos, no los que detentan el poder económico y político mediante un proceso electoral controlado por ellos.

Esa Constituyente, con ese carácter, puede discutir y legislar sobre los problemas sociales más sentidos por la clase trabajadora y los pobres”.

 

 

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Sábado, 27 Agosto 2016 14:16

Plebiscito, actores y escenarios

Plebiscito, actores y escenarios

Parece una pesadilla, pero no es: en Colombia la posibilidad de poner punto final a una parte del conflicto armado, que carga el país desde décadas atrás, no logra consenso social. Voces contrarias sobre este particular, saltan por doquier. El diálogo de La Habana, construido mediante una metodología que negó la consulta extensa y la participación al conjunto social, ahora la concita, con el fin de que opine en las urnas.

La citación a un Plebiscito por la paz, que en cualquiera otra sociedad no levantaría dilema, aquí desató una reacción contraria. Repercusión que revela una polarización en la cual conviven y controvierten 48 millones de habitantes. Tal vez no sea para menos, tal vez sea para mucho más.

Los 60 o más años de guerra interna no pasan en vano, y la factura nos llega a todos. Sobretodo, a quienes han liderado la guerra, con todos sus coletazos, a los mismos que hoy pasan su factura. Un coletazo que más llama la atención, es la prevención, incluso el odio, que despierta la guerrilla fariana entre amplias capas sociales; inclusive en sectores populares. Otro, es la derechización de la sociedad.

En algún momento durante los gobiernos uribistas, tuvo audiencia la tesis de que si bien el propietario del Ubérrimo, no había logrado derrotar en el campo de batalla a este grupo insurgente, sí lo hizo en el escenario político: restarle apoyo social. La «guerra política» liderada desde el establecimiento, logró su propósito. Una tesis confirmada hoy, de bulto, en la polarizada reacción social ante un acuerdo de paz con esta guerrilla, que no implique penas de cárcel para sus comandantes.

Deseo de venganza, eso es, el sentir que respiran distintos sectores sociales.

Como parte de la polarización social fraguada desde las altas esferas del establecimiento, el hoy Presidente, años atrás Ministro de Defensa, artífice de bombardeos teledirigidos contra los mandos de esta guerrilla, encabeza ahora un sector de los grupos dominantes. Mismos que pugnan por vincular al país en forma más amplia, en la agenda financiera internacional; y que aprovechan la coyuntura para arrinconar su contraparte agraria tradicionalista (Uribe). Santos intenta menguarle al máximo, su apoyo social. Su propósito es evidente: derrotarlo y dejarlo sin opciones para la disputa electoral del 2018.

En esta disputa en las alturas del poder y del establecimiento, entre viejos y nuevos poderes e intereses, el país real, el mayoritario, queda en el medio. Chivo expiatorio de causas ajenas, que en esta ocasión evidencia la ausencia de un proyecto de país alternativo. De un diseño que motive a las mayorías a votar por el final de esta parte de la guerra interna, pero, como vehículo y tránsito en el avance en construir un país diferente: sin uribismo ni santismo. Y sin ningún otro ismo, que implique a las viejas o nuevas castas que desde hace más dos siglos, someten y llevan a la miseria a millones de connacionales.

 

A la medida del Gobierno

 

“Como anillo al dedo”, preciso, de acuerdo a los requerimientos del Gobierno, fue aprobado el plebiscito por la Corte Constitucional. Entre lo dispuesto por el alto Tribunal, quedó establecido que el umbral mínimo para que el Sí venza son 4’396.625 votos, el 13 por ciento del actual censo electoral, que hoy suma 33’820.625 connacionales en edad de votar. ¿Podría pedir más el Gobierno?


Ante el histórico comportamiento abstencionista en Colombia, no hay quien corra riesgos. Mucho más, cuando –lo sabe la cabeza del Ejecutivo– las maquinarias clientelares no saldrán a buscar votos, pues no está en juego, su poder inmediato. Así, en estas elecciones no rige la Ley 134 de 1994 que estipula la aprobación de plebiscitos “por la mayoría del Censo Electoral”, es decir, casi 17 millones de electores.

La decisión de la Corte estipula que sólo podrá votarse Sí o No. El voto en blanco no sumará. Por eso, quienes son contrarios al Sí tendrán que salir a conseguir sus votos, lo cual asegura que el umbral será cubierto con creces. Es más. El fallo del alto Tribunal estipula que el resultado del plebiscito solo obliga al Presidente. Así, las otras ramas del poder quedan libres para proceder, a favor o en contra de los acuerdos en La Habana. Todo un escenario para disputas, continuidades o sorpresas. Este fallo de la Corte responde sin ambigüedades la pregunta, ¿para qué el poder?

Desde mucho antes de conocerse el concepto de la Corte Constitucional sobre el plebiscito, era público que un basto sector social estaría por el No. Conocido el fallo, sin perder tiempo, emprendieron campaña. Alguien podría decir que están en campaña desde mucho antes, desde cuando la cabeza más visible de ese sector habitaba la Casa de Nariño. Y no yerra. Es una disputa a fondo.

 

Por qué las Farc despierta tantos odios, prevenciones y animadversiones

Son muchos años de guerra. De episodios en los cuales estuvieron comprometidas tres generaciones. Guerra asumida por capas del campesinado, como única alternativa para sobrevivir. Perseguidos, señalados, criminalizados, sobrevivieron a centenares de ataques, entre los cuales resaltan en parte de la memoria popular, la ofensiva militar contra Marquetalia, El Pato, Guayabero (1964...), y luego, Casa Verde (1991). En este siglo, la ofensiva con blanco en sus frentes del suroriente del país.

En su desenvolvimiento como estructura militar, las Farc ganaron cuerpo para pasar de unas pocas escuadras, integradas como autodefensa ante chulavitas y el mismo Ejército oficial, hasta autodefinirse como organización guerrillera y acumular en la meta de “Ejército del Pueblo”. Entre el origen y una y otra estructura y mando, trascurrieron 30 años. En ese tránsito de simple sobrevivencia a cuerpo militar con capacidad ofensiva y de copamiento de “unidades enemigas”, sumaron miles de combatientes. Un colectivo humano por alimentar, formar, dotar, y potenciar. ¿Cómo resolver la economía de guerra que exigían estos contingentes con miles en fila? ¿Cómo asumir la relación con la población habitante de un espacio dado? ¿Cómo garantizar el control del territorio?

En la solución del primer interrogante, el apoyo espontáneo y solidario de sus bases sociales fue insuficiente. Entonces, optaron por otras vías: el secuestro y el boleteo o vacuna, que mal ejecutados terminaron afectando a sectores que no eran propiamente ni enemigos del pueblo ni oligarcas. Dicho recurso que debía ser selecto, terminó extendiéndose. Afectó a cientos y miles de víctimas. Algunas sometidas a tal procedimiento, de manera directa o sobre su entorno familiar, a veces, en varias ocasiones. Muchos perdieron su capital de trabajo. No pocos, terminaron muertos en cautiverio.

Así mismo, en ese desarrollo de cuerpo militar para la defensa, a cuerpo para el ataque, el copamiento y control territorial apareció como una necesidad. Situación que les impuso obligar a numerosas familias al abandono de su casa, tierra y pertenencias. Máxime, cuando algunas de esas familias terminaban asociadas a bandas paramilitares o aliadas del ejército oficial. Pero también, como expresión desviada del militarismo que terminó por ganar espacio en su estructura. La imposición y fuerza a punta de fusil, fue la manera como resolvieron contradicciones con pobladores, y litigios con otras guerrillas que hacían presencia en ciertos territorios. El autoritarismo y la rivalidad ganó espacio entre comunidades y amigos. Así el odio encubó y previno a cientos de campesinos, simpatizantes y militantes de diversidad de organizaciones que sufrieron esa imposición y hegemonía fariana.

¿Son los costos de la guerra?, eso dice el manual de un conflicto de guerra irregular. Más no puede leerse así, tal realidad. En su configuración y ejemplo, un cuerpo revolucionario debe izar siempre y en toda acción, una ética humana y de justicia. Precisar una lectura correcta de los sujetos sociales contra los cuales emprenda una acción. Tal vez, el desarrollo deforme de este cuerpo militar, en el que lo militar tomó el mando de lo político, llevó a la despolitización de una parte de sus integrantes. Ese expediente y un conjunto de errores de todo tipo, terminaron por presentar a esta guerrilla –en diversas partes del territorio– como enemigos del pueblo en vez de amigos. Hablando a través del fusil la política perdió su capacidad de enamorar. Es el desgaste que causa una guerra tan prolongada.

Equivocación, delictuosidad que aprovechó y potenció el establecimiento, mediante una calculada guerra política, además de militar. Guerra política que terminó por enrocar la realidad: de amigas del pueblo, Farc pasó en muchas partes a ser considerada como enemigo, hasta el punto que hoy, muchos apuestan al No en el plebiscito. Acción que asumen, para vengar perjuicios injustos y dolores sufridos.

Deuda de reparación, de 50 años y un poco más de guerra. Ya lo habían enseñado otras experiencias internacionales: Sin una escalada de intervención militar extranjera en penetración profunda y tropas de combate, las guerras deben ser de duración rápida, y con alternativa visible de «gobierno en armas», de lo contrario entran en desgaste.

 

 

 
Escenarios que rondan esta coyuntura electoral plebiscitaria

 

Otra vez, el “mal menor”

Tuvo postura cuando unos y otros unieron esfuerzos para vencer a Uribe, eligiendo a Santos. El país sigue feriado al capital global. Su plan económico está orondo como diseño de negocios, y aunque llaman a confrontarlo, ‘el voto a Santos’ no creció unas fuerzas opositoras suficientes. Ahora, ante el plebiscito, el argumento es igual: unirse contra el uribismo... ¿Desde cuál proyecto de país? ¿Alguien, desde la izquierda y desde los sectores alternativos, estará por el No? Claro que no. Todos comprenden la necesidad de acabar con la guerra. Sinembargo, la diferencia radica en: ¿hacia dónde dirigir el país? ¿Con cuáles sectores sociales como aliados por el renacer nacional?. Sucede no solo en Colombia.*

Transcurridas varias décadas de crisis de la izquierda, y las varias coyunturas electorales, acá y en los cerca de doscientos países que conforman el concierto internacional, la política de andarle al paso a las coyunturas oficiales, no permite a un proyecto autónomo avanzar por senda segura. Más allá del miedo, lo único que le permitirá a los sectores alternativos salir airosos de una o de otra coyuntura, es izar su proyecto de país. Con su enunciado, conversar con la sociedad, batiéndose en liderazgo de diversos territorios, para despejar dudas ante unos y otros. En el camino por superar la exclusión, el desconocimiento y la negación de sus derechos, darle cuerpo al país que requieren las mayorías.

Camino con tinte propio. Camino con sueño de justicia. Camino con modelo económico alternativo. Camino con visión internacional integradora entre los de abajo. Camino con eje ambiental, transversal, de género, que alimenten todo su qué hacer con visión de largo plazo, pero con medidas inmediatas que remedien en algo, la pesada carga de pobreza desde siempre que cargan los ninguneados.

Es definitiva, el mal menor termina fortaleciendo a otros, a “los de siempre”, a cuya cola –paradójicamente– arrastran su accionar, aquellos que pretenden otra realidad.

* Acaeció recientemente en Perú, cuando liberales y progresistas, tradicionales y de izquierda, llamaron a detener la llegada a la presidencia del fujimorismo. El miedo caló y eligieron a Pedro Pablo Kuczynski, el “mal menor”. Hoy, quienes desde la izquierda lideraron tal campaña, llaman a enfrentar por neoliberal, al recién ungido. Ganaron para perder.

A su vez, había sucedido en Francia con Sarkozy. En Italia con Berlusconi. ‘Lobos’ derrotados luego de sus nefastos gobiernos, y reemplazados por liberales y socialistas, que a pesar de sus discursos, poco se diferenciaron de sus contendores. El “mal menor” tampoco funcionó allá. Ahora juega “todos contra Trump” en los Estados Unidos. La candidata Hillary, “demócrata” menos mala, poca o ninguna alternativa ofrece a los empobrecidos de ese país. A los millones de migrantes, a los excluidos por negros, a los trabajadores por horas, etcétera. Allá, la “mejor opción” resulta buena, sólo para el capital financiero. El “mal menor” es opción de “realismo político”. Es la preferencia de los pragmáticos, que ya no quieren oír ni discutir de utopías. Colombia no escapa de tal lógica.

 


 

Con el SI, ¿vendrá una Constituyente?

 

Desde la izquierda una medida como esta, siempre ha sido vista con buenos ojos. Tanto porque algunos sectores valoran la Constitución del 91 como neoliberal, pero también la ponderan como el espacio ideal, y reflejo preciso, del nuevo estado de fuerzas a nivel nacional. ¿Demasiado optimismo?

No miden de manera atinada estos sectores, en su afán reformista, el estado real de las fuerzas para garantizar mayorías dentro de tal escenario. No hay que olvidar que una elección de Constituyente, por obligación abierta a todos los temas, es una confrontación de fuerzas. Como tal, quien más ascendencia social tenga, y quien cuente con más recursos de todo orden a su disposición, podría ser quien termine como mayoría a su interior. No ponderar esta realidad sería actuar como el brujo que hace su hechizo sin saber la contra. Es decir, actuar así sería jugar a soltar fuerzas incontrolables, las cuales pueden dar al traste con los pocos o muchos logros reunidos en la Carta del 91. Podría terminar actuando de manera contraria, a las necesidades de las mayorías de Colombia.

* Personajes como Horacio Serpa sustentan que en los próximos meses serán aprobadas, producto de los acuerdos con las Farc, un conjunto de reformas que, sumadas a las adecuaciones sufridas por la Carta del 91 durante sus 25 años de existencia, más los desarrollos que en diversas temáticas y realidades experimenta el mundo, ameritan la aprobación de una nueva Constitución. Aprovechar las elecciones del 18 para realizar tal citación puede ser el mecanismo. Luis Fernando Velasco, saliente presidente del Congreso, ve posible su convocatoria, ante la realidad de la Justicia y la necesidad de abocar una reforma estructural para la misma. Roy Barreras, senador delegado por el Ejecutivo para los diálogos en La Habana, no la descarta. Armando Benedetti, otro vocero del establecimiento, ante la tumbada del “Tribunal de aforados” por parte de la Corte Constitucional, ve que la única vía para reformar la Justicia, es una Constituyente. En twitter opinó: “[....] veo venir la aplanadora de una Asamblea Nacional Constituyente”.

Dadas estas declaraciones, cabe entrever que en las alturas del poder, el tema va más allá de los pasillos y las conversaciones de ocasión. Tal vez, esta alternativa aún no alcanza todo el énfasis, por considerar que no es el momento adecuado. ¿Qué proyectan sobre el particular en las oficinas del Ejecutivo? ¿Cuáles son sus cálculos de tiempo y de conveniencia política? ¿Tendría sentido citar una Constituyente para abordar un solo y único tema? La disputa de intereses y poderes dentro del establecimiento, y más allá del mismo, abrirá espacio para otro conjunto de temáticas. Tal vez, los que imponga la correlación de fuerzas entre el establecimiento y los sectores alternativos.

 


 

Incertidumbre ante la polarización política

 

Las campañas por el Sí y el No, las encabezan dos sectores del poder desde siempre dominante. Resultan divididos, por la dinámica que debiera tener la economía y lo político, así como lo militar y la agenda internacional. En realidad encabezan dos visiones con énfasis diferentes, acerca del control del Estado, de cómo operar su poder, pero con valoraciones afines sobre los enemigos que deben derrotar.

La coyuntura es la oportunidad para que el sector que ahora encabeza el Gobierno, trate de someter a sus viejos amigos o aliados, parte de los sectores emergentes del empresariado, legal e ilegal, sectores proclives al uso de la fuerza, a la violencia y la barbarie como vía para lograr el control territorial. A la vez, por la extensión de ideas retrogradas y tradicionalistas, que no caben, dentro de un Estado autodefinido como secular.

Más allá de quién venza en esta confrontación, la misma será la apertura para el enfrentamiento –¿final?– que llevarán a cabo en el 2018, donde se jugarán a fondo por el predominio de los modelos de régimen político que defienden. En esta disputa, el resto de la sociedad, la mayoría, de no contar con proyecto propio, quedará reducida a un simple objeto. Ente movilizado y utilizado más allá de sus intereses, en contra de los mismos, los cuales solamente podrá defender si es sujeto de su historia. Hay que estar atentos y saber actuar. Dicen por ahí, “en río revuelto ganancia de pescadores”. 

 

Posición del Eln

Un Plebiscito entre dos aguas*

“[...] los relojes de los políticos de los partidos tradicionales, apenas marcan tiempos de 4 años, más allá de los cuales dejan de funcionar. Por esto, Santos se afana en meter en este lapso toda la gestión de gobierno, así quede mal embutida. De aquí proviene el acelere del actual Plebiscito, en el cual los colombianos deben pronunciarse sobre el proceso de paz en desarrollo; cuando aún no se ha firmado un Acuerdo Final con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia y el gobierno mantiene congelada la negociación con el Ejército de Liberación Nacional.

“[...]con este Plebiscito exprés no queda bien hecha la paz

“Muchos dicen que el afán de Santos es ganarle el pulso al ex presidente Uribe [...]. Riña que polariza a las elites gobernantes y detrás de ellas, imponen una polarización creciente al conjunto de la sociedad. De esta forma, quienes voten por el Sí en el Plebiscito serían asimilados como aliados de Santos, mientras que quienes voten por el No serán vistos como seguidores de Uribe. Estratagema que pinta todo de blanco y negro, cuando la realidad colombiana es más compleja y muy distinta a la desfiguración, que pretenden imponernos.

“El Plebiscito es otra artimaña publicitaria, que intenta ser presentado como sinónimo de la Paz. [...] mediante el Plebiscito se refrendará sólo el desarme de las Farc, pero aún estamos muy lejos de alcanzar la paz, ya que se mantienen todas las causas que originaron el conflicto.

“[...] la táctica escogida por Santos de primero pactar con una guerrilla, para enseguida imponerle tales acuerdos a la otra; a la vez que con el Plebiscito saca buenos réditos políticos, para luego si descongelar estos diálogos. (Es una) maniobra que cuestiona la voluntad de paz del gobierno [...] el Plebiscito convocado, se halla ‘entre dos aguas’, pues mientras Uribe trata de hundirlo, Santos busca sacarlo a flote. En un drama, que merece llamarse de paz incompleta, y por esta vía, nunca llegará a ser ni justa ni duradera”.

* Tomado: editorial revista Insurrección Nº 504.

Por la Paz, la resistencia continúa*

“[...] ante el congelamiento impuesto por el gobierno a la mesa con el Ejército de Liberación Nacional, y ante la próxima firma de un acuerdo definitivo de dejación de armas de las Farc, nos vemos en la obligación de expresar que no compartimos la esencia de estos acuerdos.

Se evidencia que el objetivo principal de la comandancia de Farc, es convertirse en una organización legal, aceptando unos acuerdos que exculpan al Estado de su responsabilidad en el desarrollo de la guerra sucia y el Terrorismo de Estado, a la vez que deforman los fundamentos esenciales del Derecho a la Rebelión. Así, el gobierno niega la naturaleza política del alzamiento armado y mantiene intacto el régimen oprobioso de violencia, exclusión, desigualdad, injusticia y depredación. [...] negoci(a) asuntos sociales sin tener en cuenta a los sectores afectados; (y) la justicia transicional evita el enjuiciamiento al Estado por su culpabilidad en el genocidio [...].

“[...] En la actualidad, lo que está en el orden del día no es un Plebiscito para desarmar a una organización guerrillera, sino la necesidad de construir una paz verdadera, pues de poco servirán unos acuerdos parciales si continúa el conflicto social y armado”.

* “Declaración de la Dirección Nacional y el Comando Central, del Ejército de Liberación Nacional”. Agosto 5 de 2016

 

 

 

 

 

 

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Partido Socialista de los Trabajadores (PST)

 

Ni por el SÍ de Santos, ni por el NO de Uribe, por una Asamblea Constituyente

 

“Santos va a convocar un plebiscito sobre el acuerdo que está negociando con las Farc, próximo a firmarse. Los trabajadores y sectores populares debemos fijar una posición sobre ese plebiscito. Este mecanismo de “consulta” es de todos el más antidemocrático, porque no permite opinar y solo le da al votante dos opciones: SI o NO.

Votar por el SÍ significa apoyar al gobierno de Santos y el acuerdo con las Farc, cuyo contenido de fondo es respaldar sus planes económicos y políticos que favorecen fundamentalmente a los terratenientes, a los empresarios y a las multinacionales, en desmedro de la situación de los trabajadores y los pobres. Por eso no debemos apoyar el SÍ.

Votar por el NO significa el rechazo a que se termine el conflicto armado que ha producido muerte, desplazamiento y expropiación de la tierra al campesinado pobre, entre otros crímenes. Uribe y su sector se decidió por la opción del NO para lograr más impunidad para sus crímenes, al pretender que se negocie otro acuerdo más benévolo para sus intereses. El NO representa la negativa a entregar las tierras usurpadas y la negativa a que las Farc se integren a la vida política legalmente con garantías democráticas. Por eso la del NO es una opción que tampoco debemos apoyar.

La abstención en general significa indiferencia. En este caso en particular, puede ser una forma de expresar el rechazo a Santos y a Uribe, o pretender golpear el umbral para que no alcance la aprobación como lo había contemplado Uribe. Pero no debemos quedarnos simplemente en el rechazo. Debemos proponer una alternativa. Gane el Si o gane el NO, la negociación con las Farc seguirá adelante, porque ya manifestaron que no volverán a la lucha armada y negociarán para reintegrarse a la actividad política legal [...] en realidad, el cese del conflicto no está en juego como nos quieren hacer creer.

Por las consideraciones antes señaladas proponemos [...] la convocatoria de una Asamblea Nacional Constituyente libre, amplia, democrática y soberana, conquistada mediante la movilización y la lucha, cuyos diputados constituyentes sean los dirigentes de las luchas y conflictos, no los que detentan el poder económico y político mediante un proceso electoral controlado por ellos.

Esa Constituyente, con ese carácter, puede discutir y legislar sobre los problemas sociales más sentidos por la clase trabajadora y los pobres”.

 

 

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Publicado enEdición Nº227
Colombia abre una nueva era al lograr un acuerdo de paz con las FARC tras 52 años de guerra

El presidente Santos anuncia que el plebiscito para refrendar los acuerdos será el 2 de octubre

 

Colombia ha logrado pasar una de las páginas más trágicas de su historia reciente. El Gobierno y las FARC culminaron las negociaciones de paz tras casi cuatro años de conversaciones en La Habana, poco más del 7% del tiempo que ha durado el conflicto entre la guerrilla y el Estado. Una guerra camino ya del olvido después de 52 años, cerca de ocho millones de víctimas, 220.000 muertos, 45.000 desaparecido, desplazados... Con el anuncio oficial del acuerdo final solo quedará la firma definitiva y la refrendación de lo pactado en un plebiscito que se celebrará el próximo 2 de octubre.


"Hoy hemos llegado a la meta. La firma de un acuerdo final con la guerrilla de las FARC es el fin del conflicto armado. La mejor forma de ganarle a la guerra fue sentándonos a hablar de la paz". De esta forma se expresaba el jefe negociador del Gobierno, Humberto de la Calle, nada más anunciarse el pacto definitivo con la guerrilla (texto íntegro). Pese al rostro cansado, después de las jornadas maratonianas de los últimos días, De la Calle dio, sin duda, el discurso más pedagógico y esperanzador de los cuatro años de negociaciones: "Probablemente todos hubiéramos querido algo más. Nosotros mismos en la mesa hubiéramos querido algo más. Pero el acuerdo logrado es el acuerdo viable, el mejor acuerdo logrado posible". "Termina la guerra con las armas y comienza el debate con las ideas", prosiguió su contraparte en las FARC, Iván Márquez.


El fin de las negociaciones de la última confrontación de la Guerra Fría del mundo se comenzó a conocer por Twitter. “El día se acerca”, se leía en un mensaje difundido la noche del martes desde sendas cuentas del Alto Comisionado para la Paz y las FARC. El texto acompañaba una foto en la que se mostraba a los negociadores sonrientes. Ya está, fue la sensación.

El optimismo se propagó y acto seguido fue sacudido por un halo de prudencia. Extraoficialmente, fuentes de ambos lados aseguraban que las negociaciones habían concluido. Sin embargo, quedaban algunos detalles técnicos, relativos sobre todo a la redacción del texto, por concretarse. En ningún caso, aseguraban estas fuentes, los flecos pendientes ponían en peligro el acuerdo. Solo pedían esperar para hacerlo oficial. El anuncio se produjo pasadas las seis de la tarde de Colombia. Acto seguido, en una alocución al país, el presidente anunció que el plebiscito se celebrará el 2 de octubre. "Hoy comienza el fin del sufrimiento, el dolor y la tragedia de la guerra", recalcó el mandatario.


Este viernes se cumplirán cuatro años desde que el Gobierno y las FARC firmaron el acuerdo que establecía las bases de las negociaciones que se han desarrollado desde entonces en La Habana. Solventado el apartado de justicia y acordado el cese bilateral del fuego, el final de la guerra, faltaba por negociar las condiciones de la amnistía de los guerrilleros, su futura participación en política y cómo se abordaría su reincorporación a la vida civil. La pasada semana, el presidente colombiano apremió a su equipo negociador para que destrabase estos puntos y lograr un acuerdo definitivo lo más pronto posible. Después de jornadas maratonianas como no se recuerdan en todo el proceso, con reuniones de hasta 18 horas, todos los aspectos sustanciales quedaron finiquitados.


La consulta a la que se comprometió Santos ha marcado los últimos días de las negociaciones. La urgencia del mandatario no era baladí. El presidente necesitaba tener el acuerdo definitivo para llevarlo al Congreso y poder convocar el referéndum de los acuerdos. Finalmente, se producirá el 2 de octubre. Santos quería que la consulta no se demorase más allá de la primera quincena de octubre para evitar que se solape con la reforma tributaria prevista. Las primeras encuestas no garantizan una victoria para el sí y el mandatario teme que una subida de impuestos sea contraproducente a la hora de votar.


Las FARC, por su parte, llevarán el acuerdo final a un congreso interno, lo que se conoce como Décima Conferencia, en la que las bases guerrilleras darán el visto bueno a lo negociado en La Habana desde 2012. Este acto, cuya logística ya se está preparando entre las filas guerrilleras, se celebraría en las próximas semanas y contará con la presencia de un millar de miembros de las FARC entre jefes y mandos medios. Será entonces cuando la guerrilla más antigua de América Latina proclamará que renuncia al alzamiento armado y que iniciará la transición a un movimiento político.


Hace cuatro años se pensó que el proceso de paz duraría unos pocos meses. Las negociaciones fueron más complejas de lo previstas. Nunca han logrado despojarse de un manto de incertidumbre, en buena parte por el hermetismo con el que se han llevado. La popularidad hacia las conversaciones entre los colombianos ha sido siempre baja si se compara con el objetivo que se buscaba. La guerra entre el Gobierno y las FARC ha durado 52 años. En cuatro, solo cuatro para muchos, más de cuatro para tantos otros, ambas partes han logrado sentar las bases acabar con la violencia de la guerrilla, iniciar su tránsito a la vida política e iniciar el camino para reducir la abismal distancia entre el campo y la ciudad.


Para cerrar este capitulo de la historia, sin embargo, aún quedan varias páginas. El anuncio de que se hayan concluido las negociaciones, de que, en definitiva, hay un acuerdo de paz, no significa que este se vaya a firmar aún. La rúbrica final –que el presidente anuncio que se haría en Colombia- se prevé realizar antes del plebiscito, en un acto multitudinario, con la presencia de la mayoría de jefes de Estado posibles. El objetivo es dar un impulso al sí en la consulta a los colombianos.

Nadie atina a aclarar qué ocurrirá si el país decide no apoyar la paz o los partidarios no logran los votos necesarios: el 13% del electorado. Tampoco es descartable que la firma se produzca una vez refrendados los acuerdos. Si por algo se ha caracterizado este proceso también es por la cantidad de veces que los plazos se han incumplido. Cuando se consigan dar estos pasos se pondrá poner punto final. Colombia comenzará entonces a escribir el epílogo de esta historia. A partir de un título de solo tres letras: paz.

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Viernes, 12 Agosto 2016 08:18

Plebiscito y emociones.

Plebiscito y emociones.

La legitimación y refrendación de los acuerdos de paz pactados en la Mesa de diálogos de La Habana, no es un asunto de discursos, narrativas y pedagogías imposibles y tóxicas.

 

Ganar el apoyo del pueblo para la paz y la vida tiene que ver más con una interpelación sincera de las emociones, los afectos, los cuerpos, los hábitos y de la multitud.

 

Aunque no es tan evidente para muchos, en la apertura democrática propiciada por el proceso de paz hay una intensa confrontación para la constitución de una nueva hegemonía nacional y popular. El Plebiscito no es ajeno a dicha dinámica.

 

Todo pareciera indicar que el discurso y las narrativas podrían ser el centro de la disputa entre el SI y el No en el plebiscito por la paz que se realizara en próximas semanas. Para que triunfe el SI se necesitan buenas narrativas repetidas claramente, se sugiere (http://bit.ly/2b8uCe5 ). Es lo que justifica el realce de la pedagogía de la paz y las campañas gubernamentales de propaganda en los medios masivos de comunicación. Todos demandan mayor pedagogía de los acuerdos de La Habana. El pueblo poco conoce de los consensos y permanece indiferente al fin de la guerra, se afirma.

 

Según Antonio Gramsci, el poder es un centauro: mitad coerción, mitad legitimidad. El Estado mantiene su dominación por medio del consenso de los dominados. Y sólo allí donde no se logra el consenso, se recurre a la represión. El poder, por tanto, no sólo es un asunto de fuerza, sino sobre todo de hegemonía: persuasión, convencimiento, creencia, seducción. En este enfoque, la lucha ideológica se vuelve fundamental: deslegitimar la explicación dominante del mundo, provocar su descrédito, proponer una nueva explicación (http://bit.ly/2biC3Ah ).

 

Hegemonía es hoy un concepto de moda en el debate político contemporáneo.

 

La lucha ideológica se desarrolla ahora en los platós de televisión donde se produce la opinión pública. Se trata de arruinar la legitimidad del relato que protegía al régimen de la violencia y ofrecer una nueva explicación y un nuevo pacto social de paz que se gane el consenso de la “mayoría social”.

 

Pero la cosa planteada en estos términos no es tan obvia, ni suficiente.

 

Para otros el Plebiscito es una cita ciudadana en la que florecen mil posibilidades para saturar la atmósfera política con los imaginarios de generosidad y de progreso, asociados con una paz negociada.

 

El punto clave para estas posibilidades radica precisamente en el hecho de si la firma de los acuerdos va a estar rodeada de sentimientos, simbolizables en representaciones positivas. A partir de las cuales llegue a levantarse una ola duradera de actitudes y percepciones esperanzadoras. En el sentido de que, en alguna medida, la vida puede ser mejor para los colombianos. De que sean posibles –como ya se está demostrando- una disminución sensible de la violencia; y no tantos miedos creados; y menores rencores de nivel subalterno.

 

En principio, la misma firma de la paz debiera traer una inmediata reorientación en las actitudes, las que ahora serían más favorables a consignar el SÍ respecto del Acuerdo. Que este flujo de nuevas reacciones en los individuos no se disipe pronto, dependerá de la eficacia simbólica con las que las fuerzas de la paz enfrenten la coyuntura (http://bit.ly/2aiBIx2 ).

 

La trascendencia de las emociones.

 

Colocados en este plano, las emociones se tornan esenciales en la movilización popular en favor de la paz y la vida. El odio, el miedo, la vergüenza, la esperanza son otros referentes en lo que se sugiere como un modelo post hegemónico.

 

Las emociones, los afectos, los cuerpos, los hábitos y la multitud serán elementos claves para alcanzar el consentimiento de los colombianos en el Plebiscito que se realizara para validar la paz. No todo será oratoria espectacular ni frases de cajón llenas de ridiculez.

 

Hay que entender que la clave del cambio social por la paz, hoy, no es solo la ideología, sino las emociones, los cuerpos, los afectos y los hábitos.

 

Hay que considerar que las emociones están presentes en todas las fases y aspectos de la movilización social; motivan a los individuos, se generan en la multitud, se expresan retóricamente y dan forma a los objetivos manifiestos y latentes de los movimientos. Las emociones pueden ser medios, también fines, y otras veces fusionan ambos; pueden favorecer o dificultar los esfuerzos de movilización, las estrategias y el éxito de los movimientos. La cooperación y la acción colectiva siempre han ofrecido la oportunidad de pensar la acción social de una forma más integral; el retorno de las emociones es la última fuente de inspiración para ello.

 

Durante las dos últimas décadas el péndulo intelectual ha oscilado desde las teorías estructurales hacia las teorías culturales sobre los movimientos sociales. Estas incluyen la motivación para la acción, el sentido de los acontecimientos para los participantes políticos, los dilemas estratégicos y procesos de toma de decisiones, y la necesidad de una teoría de la acción que complemente la teoría del contexto estructural desarrollada en los 70’s y 80’s. Prácticamente todos los modelos culturales y los conceptos usados hoy (por ejemplo: marcos, identidades, narrativas) estarían mal encuadrados si no admitieran explícitos mecanismos causales de tipo emocional. Aunque, sin embargo pocos de ellos efectivamente lo hacen.

 

Las emociones representan una forma de tratamiento de la información, a veces más veloz que nuestra mente consciente.

 

J. Beasley-Murray ha cuestionado la prelación del discurso en la constitución del orden social y la comprensión 'discursivista' de la hegemonía, muy basada en la capacidad de articulación comunicativa de los intelectuales. Y no sólo. A partir de un minucioso acercamiento a los movimientos políticos latinoamericanos del siglo XX (el peronismo, los movimientos de liberación nacional, etc.), propone otra lectura de lo que hace y deshace el orden de las cosas, de lo que sostiene la dominación y de lo que anima la protesta y rebelión (http://bit.ly/2baPPYi ).

 

Esa idea (de que "la ideología es el principal campo de batalla") implica que la tarea política más urgente es la de educar a la gente, mostrarles que las cosas no son cómo aparecen. Por eso los proyectos de hegemonía son siempre esencialmente proyectos pedagógicos y la teoría de la hegemonía otorga tantísima importancia y centralidad a los intelectuales. Es un error histórico de la izquierda dogmática y del liberalismo anacronico.

 

Más allá de la condescendencia implícita, lo que presupone esta actitud es que lo que cuenta en el fondo es la opinión y el saber. En ese sentido no se puede menos que estar de acuerdo con lo que dice Slavoj Zizek: en general, la gente ya sabe, sabe que el trabajo es una esclavitud, sabe que los políticos son unos mentirosos y los banqueros unos ladrones, que el dinero es una mierda y los ricos no lo son por una virtud propia, que la democracia liberal es un fraude y que el estado reprime más que libera, etc. Todo eso es parte del sentido común actual. Y aun así, cínicamente, actuamos como si estas ficciones fueran verdaderas.

 

Lo cual sugiere que la “lucha ideológica”, no sólo no tiene la centralidad que tenía antes, sino que en realidad nunca la tuvo. La lucha por la hegemonía siempre funcionó como una distracción o una cortina de humo que oscurecía poderes y luchas más fundamentales.

 

Sin embargo, la política no tiene tanto que ver con la ideología, como con la disposición de los cuerpos, su organización y potencias.

 

Para entender esto, se proponen los conceptos de afecto, hábito y multitud.

 

Afecto.

 

Un afecto es el índice de la potencia de un cuerpo y del encuentro entre cuerpos. Cuanta más potencia tiene un cuerpo, más afectividad tiene, es decir, más capacidad para afectar y ser afectado. A la vez, los encuentros entre cuerpos se pueden dividir en buenos y malos encuentros: los buenos son los que aumentan la potencia de un cuerpo y se caracterizan por la producción de afectos positivos (como la alegría); los malos son los que disminuyen la potencia de cuerpo y se distinguen por la presencia de afectos negativos (como la tristeza). Deleuze hace una distinción importante entre afecto y emoción: mientras que el sentimiento es privado y personal, el afecto es una intensidad impersonal, colectiva.

 

Habito.

 

En segundo lugar, el hábito es un concepto elaborado por Bourdieu. Se pueden pensar los hábitos como “afectos congelados”. Son los encuentros cotidianos, rutinarios, de los cuerpos, sobre los cuales ni siquiera pensamos la mayor parte del tiempo, hasta el punto de que son casi completamente inconscientes. Son disposiciones corporales e inconscientes. Pero, a pesar o quizá gracias a esto, los hábitos tienen sus propias potencias. Y podemos diferenciar también entre hábitos buenos (por ejemplo, los que ayudan a constituir lo común, la comunidad) y hábitos malos (los auto-destructivos, los que nos restan potencias).

 

Multitud.

 

Por último, está la multitud (Negri) como el afecto en acción. Una red de cuerpos en conexión.

 

En términos abstractos, pero al mismo tiempo muy concretos y materiales, hay que pensar la política, no tanto como la misión de educar a los demás y explicarles cómo son las cosas, sino como el arte de facilitar encuentros y formar hábitos que construyan cuerpos colectivos más potentes (multitudes). De construir otras formas de sincronizar y orquestar cuerpos y ritmos; otras lógicas prácticas y encarnadas. No nos conformamos con el capitalismo porque nos convenza una trama ideológica súper-coherente y persuasiva, sino por los afectos y los hábitos (como el consumo, etc.).

 

Una lectura más cuidadosa del fenómeno peronista, por ejemplo, muestra que su éxito, cuando lo hubo, vino precisamente de su capacidad para movilizar y desmovilizar cuerpos -en la plaza, en las urnas- y de convertirse en hábito.

 

Claro está que una lectura equivocada de un razonamiento posthegemonico sugiere que el lenguaje no cuenta. Pero es obvio que un discurso (en el sentido de un discurso político, pero también de una conversación entre amigos, un eslogan gritado en una manifestación, un libro leído en una biblioteca, etc.) puede ser un acontecimiento y tocar los cuerpos.

 

Pero, según Deleuze, Félix Guattari o Michel Foucault, no se explica un texto a través de lo que representa o significa, sino del modo en que funciona.

 

Lo más interesante está en otro lado o por debajo, en el discurso como forma de organizar y sincronizar la intuición, el instinto y el afecto.

 

No hay que poner mucha fe en el proceso de enseñanza. Como dijo Freud, la pedagogía, por su propia naturaleza, es una de las “profesiones imposibles”.

 

Está claro que la enseñanza y el aprendizaje dependen muchísimo de los afectos: desde la humillación ritual de estudiante que carece de “capital cultural” hasta las posibilidades de transformación que promete el profesor apasionado.

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¿Fracasará el Sí en el Plebiscito de la paz?
Son varios los errores los que explican el desplome del SI en el Plebiscito de la paz convocado arbitraria y unilateralmente por la elite política de la Casa de Nariño, desconociendo el Acuerdo especial de agosto del 2012, entre las Farc y el Estado.

 

¿Cuál es el afán de hacer un Plebiscito en 6 semanas, bajo la conducción de una desacreditada clase política de gamonales corruptos y desconociendo a la sociedad civil y a los movimientos sociales y populares?

 

¿No será el momento de proyectar la Asamblea Constituyente de la paz, soberana y popular?

 

La legitimación de la paz mediante el Plebiscito que se ideo el señor Santos a su manera, no parece convencer a la mayoría de los colombianos según lo indican las más recientes encuestas sobre las votaciones por el SI o el No en la fecha que se establezca en su momento para definir este delicado tema que produce grandes tensiones y controversias.

 

La frialdad e indiferencia de millones de personas es la nota más sobresaliente en la cultura política de los colombianos frente a los avances del proceso de paz y la eventual realización de una refrendación.

 

La Revista Semana publicó una encuesta de Ipsos para RCN Radio y Televisión, La F.m. y Semana en la que se evidencia que la mayoría de los colombianos están afectados por el derrotismo y el escepticismo. Solo tres de cada diez personas tienen esperanzas en que los diálogos de paz lleguen a buen término, y siete de cada diez sienten que las cosas van por mal camino (http://bit.ly/2aSmsXZ) .

 

Por primera vez los ciudadanos que afirman que votarían No al plebiscito con el que se busca refrendar los acuerdos de paz son más que los que votarían por el Sí. Mientras en junio el 39 por ciento señalaba que votaría No, ahora, cuando la convocatoria al plebiscito es una realidad, la cifra de los opositores asciende al 50 por ciento. En cuanto al número de personas que respaldan el Sí, en las últimas seis semanas esta cifra pasó del 56 al 39 por ciento, es decir, 17 puntos. El número de indecisos se duplicó, al pasar del 5 al 11 por ciento (http://bit.ly/2aSmsXZ) .

 

¿Cómo explicar esta tendencia coyuntural de la ciudadanía?.

 

Mi reflexión intenta dar respuesta a tal cuestión en los siguientes términos:

 

Primero. El lanzamiento del Plebiscito por la paz por parte de la Casa de Nariño, es un acto unilateral y precipitado que afecta negativamente una decisión de la magnitud implicada en el proceso para terminar la guerra. Aún están pendientes un gran cumulo de asuntos en la Agenda de conversaciones de La Mesa de La Habana, que requieren más tiempo y ponderación como las reformas del Estado, la convocatoria de la Asamblea Constituyente, las garantías sociales, políticas y jurídicas para las Farc, la eliminación del latifundio ganadero, la amnistía y el indulto, la revisión de los TLC, la reformas militares y la superación de los esquemas neoliberales que afectan el bienestar de la sociedad. Estos temas no se pueden evacuar a las patadas y consensuarlos demanda meses que bien pueden extenderse hasta el segundo semestre del 2017, momento en que ahí sí debería convocarse una consulta popular y una Constituyente para sentar las bases sólidas de la paz.

 

Segundo. El desconocimiento de la sociedad civil y de los movimientos sociales y populares independientes de las cúpulas feudales, en la refrendación de la paz, es otro craso error en la alocada campaña plebiscitaria que se promueve desde las altas esferas oficiales.

 

Tercero. Colocar la campaña del plebiscito en cabeza del artífice de la implantación del neoliberalismo en Colombia en los años 90 del siglo XX, y el responsable del más reciente ciclo de la guerra en Colombia por el bombardeo de los campamentos de la Uribe en 1990, es otra monumental metida de patas de los organizadores del plebiscito santista.

 

Cuarto. Dejar el Plebiscito en manos de las maquinarias clientelares de las organizaciones politiqueras del oficialismo (liberales, U, CR, conservadores y seudoizquierdistas con olor paramilitar), artífices del más descomunal saqueo de los presupuestos estatales, mediante el sistema de las regalías y los cupos indicativos, es una afrenta desproporcionada a las nuevas generaciones de colombianos que repudian las cúpulas de gamonales. El Plebiscito lo maneja Santos y la comparsa de Gaviria como si se tratara de una de esas campañas en las que prevalece la compra venta de sufragios, la lechona, el cemento, el ladrigo y el soborno, desconociendo la potente opinión pública y el voto independiente.

 

Quinto. Pretender capitalizar la paz para las campañas presidenciales del 2018, mediante el realce de los nombres preferidos del señor Gaviria.

 

Sexto. Querer imponer la paz mediante la propaganda y una distorsionada pedagogía que confunde en vez de convencer.

 

Séptimo. Desconocer que la paz es fundamentalmente una construcción emocional que convoca con la esperanza, la convivencia, el perdón y no con el miedo, la amenaza y la corrupción.

 

Octavo. Ligar la paz a la imagen de Santos y sus desacertadas políticas prioritarias como la reforma tributaria, la ley zidres, la megaminería y la exportación de 5 mil soldados para que sigan en la masacre de Afganistán.

 

Lo cierto es que aun la nación no está preparada para ese equivocado plebiscito que se quiere imponer de manera irracional.

 

Se necesita que este tema de la refrendación de los acuerdos se consensue adecuadamente en el marco de la Mesa de conversaciones de paz en La Habana, sin imponer formulas caprichosas.

 

Nota. A estas alturas el que va a resultar más favorecido con el umbral del 13% en el plebiscito es el No de la ultraderecha uribista, bien escasa en votos y acogida ciudadana con sus propuestas de guerra y más violencia este umbral le cae como anillo al dedo.

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Ante un Plebiscito politiquero, la Asamblea Constituyente de la paz es la salida.
Va de mal en peor el Plebiscito de la paz. La corrupción politiquera lo asalto y extorsiona para obtener más partidas presupuestales que paran en los bolsillos de los poderosos gamonales bipartidistas y parapolíticos.

 

Las mayorías ciudadanas repudian este atraco y miran con desconfianza la famosa pedagogía de la paz. Las mismas mentiras de siempre. Por la vía de la paz regresaremos al pasado siniestro de guerra y robo del Estado.

 

Voy a votar el Sí por la paz y la vida en el Plebiscito. Tengo la certeza que el No de la guerra que promueve la ultraderecha fascista será repudiado por la mayoría de los colombianos que rechazan la violencia y el terror.

 

Sin embargo, esa decisión no me impide ver la descomunal desviación que se está dando en el proceso del Plebiscito por la paz.

 

La vieja clase politiquera, la que habita en los espacios legislativos, la misma que ha organizado potentes maquinarias clientelares y politiqueras para realizar el saqueo y despojo del Estado, ha protagonizado el más vulgar asalto de las banderas del Plebiscito para acomodarlas a sus planes de reproducción y continuidad enquistada en el aparato estatal.

 

Tan letal como la violencia es la corrupción. Ya conocemos las cifras de los daños de la guerra e igual vamos conociendo los datos del saqueo al Estado mediante la mermelada petrolera, los cupos indicativos, la contratación fraudulenta en las 4G y las vías terciarias, lo de Reficar, lo de los PAE, lo de Fonade (entregado al paramilitarismo costeño http://bit.ly/2axIPQT ), lo de los niños de la Guajira, lo de la salud y lo del Fondo de Prestaciones del Magisterio.

 

Este descarado atraco le cuesta anualmente a los colombianos cerca de 13 billones de pesos, que se embolsillan senadores, ministros, gerentes, directores de institutos descentralizados, representantes, gobernadores, diputados, alcaldes, concejales, contratistas y gestores de proyectos de inversión.

 

Razón tiene quien le está proponiendo a la sociedad que la prioridad política de las mayorías ciudadanas es salirnos de esta banda delincuencial.

 

Pero está difícil.

 

Esa camarilla de nuevos multimillonarios se trepo en el Plebiscito, con Opción ciudadana parapolítica incluida (http://bit.ly/2avXz2z ), con el fin de renegociar un nuevo ciclo de repartija y apropiación del excedente canalizado en las planillas presupuestales.

 

Mal mensaje desde la cúpula oficial.

 

No habrá pedagogía, ni propaganda que contrarreste esta deriva hacia la cloaca politiquera. La pedagogía es un ejercicio imposible e inocuo si se ignoran las emociones, los afectos, los cuerpos y la multitud.

 

Don Cesar Gaviria, repudiado por los de su misma cuerda pero para negociar partidas fiscales, escoge reunirse con las fichas liberales gobernantes del Atlántico y Bolívar para sobreaguar y fortalecer los enclaves clientelares de una desueta armadura electorera (http://bit.ly/2aFPPgh).

 

Los otros, todos en masa, se van a Cali, a orquestar su farsa de la paz http://bit.ly/2ay3IeI).

 

Definitivamente así, el horizonte de la democracia ampliada se llena de nubarrones cada día más. La paz se degrada como consecuencia de la piratería del gamonalato oficialista.

 

Entre tanto Santos se desploma con su tenebrosa reforma tributaria hecha a la medida del FMI.

 

Razón tiene la delegación plenipotenciaria de las Farc en La Habana al afirmar que si triunfa el No, la negociación y el dialogo para poner fin al conflicto sigue adelante. Esa es una decisión respaldada en la convicción (http://bit.ly/2auYvqB ).

 

Este cuadro es el que hace necesaria la previsión y la decisión de una Asamblea Constituyente por la paz como herramienta imprescindible para superar la guerra y corrupción, y construir una paz que sea la esperanza para todo el pueblo colombiano.

 

La paz no puede ser otro artefacto postizo en manos de las fichas conocidas del desastre ético que arrastra la política de las elites dominantes.

 

La paz tiene que ser un mensaje de esperanza, de ilusión, de justicia, de equidad y utopía para millones de seres humanos azotados por la pobreza, el desempleo, la violencia y el timo de los estafadores especializados en recuas electoreras.

 

El Plebiscito de los gamonales es la Colombia del pasado, la de la guerra.

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Viernes, 29 Julio 2016 07:23

Plebiscito, Corte y Derechos

Plebiscito, Corte y Derechos


(Para el análisis de algunos temas sobre el plebiscito y el reciente fallo de la Corte Constitucional, nos remitimos, a falta de la sentencia, al comunicado de prensa de la propia Corte)

 

 
Normas y fallos a la medida

 

En el afán de correr, sin saber siquiera para dónde, pero siempre con el fin de obtener un resultado favorable, así sea sin un norte jurídico, en vez de utilizar los mecanismos institucionales ya existentes, el gobierno de turno ha decidido buscar atajos creando normas “especiales” a su medida, y ha obtenido de la corte constitucional (CC), también sentencias “especiales” a su medida, desconociendo la CC su propia jurisprudencia anterior sobre leyes estatutarias, que tal como están diseñadas en nuestra constitución, tienen control previo y definitivo de constitucionalidad, por lo que no es posible volver sobre ellas, ni siquiera para enmendar los “errores”, pues, constituyen cosa juzgada constitucional.

 

Cosa es de volverse locos: por la vía de la norma especial y de la excepción a la regla general, la excepción se está convirtiendo en regla general, y la regla general se ha convertido en excepción.

 

Esto es lo que ha sucedido con el umbral “especial” del plebiscito. La regla general, ley 134 de 1994, en su artículo 80 (que no fue declarado inconstitucional en la sentencia C-180 de 1994), dice: “Efecto de votación. El pueblo decidirá, en plebiscito, por la mayoría del censo electoral”. Esta norma, a mi juicio, lo que quiere decir es que, si el censo electoral es de 34’729.241, la mayoría debería ser de 17’364.621 a favor del SÍ; en cambio, con la norma especial hecha a la medida, sólo se necesitan 4’514.802 votos, cuatro veces menos de lo legal, es decir, 12’849.818 votos, que le regaló la Corte al gobierno.

 

Pero éste no es el único regalo que le ha hecho la CC al Presidente: cuando éste buscaba el atajo por el camino del referendo, el Congreso expidió la ley “especial” estatutaria 1745 del 2014, recurriendo a la argucia de pegar la votación del referendo a las elecciones parlamentarias de ese año, es decir, a las votaciones de la clase política, cosa también prohibida por la ley 134, en su artículo 39, parte final donde dice: (...) “la votación no podrá coincidir con ningún otro acto electoral”.

 

La argumentación de la CC para hacer estos fallos a la medida del gobierno, se ha construido básicamente sobre dos premisas falsas: a) el “supremo valor de la paz” y b) que la constitución no tiene normas expresas sobre esos temas.

 

La primera premisa es una falacia, ya que nuestra constitución no tiene ningún “valor supremo”, ni un único valor; y como toda sociedad pluralista, tiene también pluralidad de valores: libertad, justicia, igualdad, seguridad, dignidad, paz, etcétera.

 

Si bien es cierto que la paz es un derecho fundamental, y no un gracioso regalo del gobierno y las Farc, existen otros derechos fundamentales (artículos 11 a 40 de la constitución), como el derecho al buen nombre, a la honra, a la libertad de conciencia, de pensamiento y de opinión, entre muchos otros, todos tan igualmente derechos humanos fundamentales como el de la paz, que tampoco pueden ser desconocidos, so pretexto de la paz.

 

Y eso de que la constitución no tiene normas expresas, como dice la propia CC, aparte de las normas que ya hemos señalado, repasemos estas otras:

 

- El preámbulo, que en ejercicio del poder soberano establece que el marco jurídico será democrático y participativo;

- El artículo 1º, que establece que Colombia es un Estado social de derecho democrático, participativo y pluralista;

- El artículo 2º, que es un fin esencial del Estado facilitar la participación de todos en las decisiones que los afectan y en lavida económica, política, administrativa y cultural de la nación;

- El artículo 3, (el principal entre todos estos), que establece que la soberanía reside exclusivamente en el pueblo, del cual emana el poder público);

- El artículo 40, que le da a todo ciudadano el derecho fundamental a participar en la conformación, ejercicio y control del poder político y en ejercicio de él, y para hacerlo efectivo, tomar parte en elecciones, plebiscitos, referendos... Y otras formas de participación democrática.

 

 

La Corte viola principio democrático

 

Debemos mirar si se puede considerar “decisión del pueblo”, la decisión de una minoría, o es necesaria la participación de la mayoría, como se establece en la ley 134, atrás citada, para que sea verdaderamente democrática.

 

Desde Aristóteles (La Política), se sabe que una de sus cualidades fundamentales es que todos los ciudadanos decidan todos los asuntos del Estado: “En la democracia, es propio que todos los ciudadanos decidan de todos esos asuntos”; “Forzosamente tiene que ser soberana la muchedumbre, y lo que apruebe la mayoría, eso tiene que ser el fin y lo justo (lo que beneficie a la mayoría)”...

 

El ideal democrático sería que todos decidieran lo mismo (unanimidad), pero como en toda sociedad existe pluralidad de valores, es muy difícil lograr la unanimidad, y en consecuencia, la democracia se expresa por medio de la participación de las mayorías y de las minorías de todos los que conforman el cuerpo electoral estimado en 34’729.241 ciudadanos aptos para votar. La mayoría de ese cuerpo electoral es la mitad +1; esto es, 17’364.622 votos. Para que una decisión fuera verdaderamente democrática debería tener, por lo menos, ese número de votos a su favor.

 

Se podría discutir si es válida en una verdadera democracia que la decisión la adopte un número menor de la mitad +1 del cuerpo electoral. Y se podría aceptar, en gracia de discusión, pero con una condición sine qua non: que la participación alcance por lo menos la mitad +1 del cuerpo electoral.


Cualquier otra fórmula quedaría basada en una minoría, resultando por ende, antidemocrática, como sería el caso del plebiscito regido por un umbral especial del 13 por ciento.

 

Por eso es que en muchos países, para garantizar el principio democrático, se exige que participe por lo menos la mitad + 1 de integrantes del censo electoral (umbral). En Colombia, con una ley especial, y mediante un fallo especial de la corte constitucional, se ha bajado extremadamente el umbral, corriendo el riesgo de que sea una minoría la que apruebe o rechace el acuerdo de La Habana que daría paso a la construcción de una paz estable y duradera.

 

No hay duda de que ese umbral del 13% (37 por ciento más bajo de lo que exige una verdadera democracia), quedó muy lejos de la norma general. Ese es otro regalo que le ha hecho la Corte al gobierno de turno, olvidando que si la constitución en varios artículos define el Estado como democrático, la verdadera democracia exige que toda decisión sea tomada con la participación de por lo menos la mitad +1 de los miembros del cuerpo electoral.

 

Hace cerca de un año, la CC había aceptado esta tesis en la sentencia C-150 DE 2015, al encontrar constitucional la ley estatutaria 1757 de 2015, que en su artículo 41, establece: ... “La decisión del pueblo será obligatoria en todo mecanismo de participación democrática cuando... “haya participado más del cincuenta por ciento (50%) del censo electoral vigente”. Como se ve, hace apenas un año la corte dijo cosa distinta a la que dice hoy: La regla establecida en el literal a) demanda la participación de la mayoría del censo electoral. Esta disposición, que regula el mínimo de participación, debe complementarse con el actual artículo 79 de la Ley 134 de 1994, encontrado exequible en la sentencia C-180 de 1994 y en el que se estableció que la decisión se adoptará por la mayoría del censo electoral. Se trata entonces de dos reglas complementarias.

 

 
Orden público

 

La Corte vuelve a repetir la tesis falaz del exfiscal Montealegre, de que siendo el Presidente el responsable del orden público, puede él decidir nuestro futuro a nuestras espaldas. Se le olvida a la Corte que hace más de 2.500 años los griegos atenienses crearon la democracia, el poder y la soberanía del pueblo, como dijera Aristóteles : “La democracia es la forma en que la soberanía del pueblo está por encima de las Leyes”; y que hace más de 230 años las revoluciones burguesas (americana y francesa), trasladaron la soberanía del gobernante al gobernado, de modo que el gobernante no es más que un empleado a sueldo de los gobernados, y que los hombres dejaron de ser súbditos, para convertirse en ciudadanos con derechos.

 

Se olvida también que al haberse establecido en la constitución del '91 la soberanía popular, en reemplazo de la soberanía nacional, trajo profundas consecuencias jurídico y políticas, pues, ahora somos ciudadanos soberanos con derechos: cada uno de nosotros es titular de una fracción de la soberanía, y también la tenemos cuando nos reunimos en el cuerpo electoral, a diferencia de la soberanía nacional, donde los individuos no son titulares de la soberanía y solo la tiene la reunión de estos con fines políticos: el denominado cuerpo electoral.

 

Tampoco es cierto, como afirma la Corte, que como el Presidente es responsable del orden público, es el dueño de la paz y puede imponernos el modelo de paz que él quiera. El Presidente de la República y la CC (que le hace la corte en este tema), no permiten que se presente otra visión de la paz; una visión alterna con justicia social y con derechos humanos, sino que dentro de ese contubernio pretenden mantener un sistema con violencia social, política y económica sobre el pueblo colombiano; sin desarrollo y sin ampliación de los derechos civiles, económicos y sociales de los más pobres que en realidad es una guerra: la guerra sistemática y cotidiana de Santos contra los derechos del pueblo; su guerra social y económica contra el pueblo.

 

Mi derecho fundamental a la paz no está constitucionalmente condicionado por el orden público. Al contrario, yo puedo ejercerlo en cualquier momento contra cualquier gobierno como éste que tradicionalmente ha sido su más grande violador; o contra cualquier otro sujeto público o privado que pretenda violarnos el derecho a la paz. Constitucionalmente, como derecho fundamental, es un derecho irrenunciable y no podemos desprendernos de él, aunque quisiéramos; es de aplicación inmediata, y ni siquiera el legislador puede restringir su núcleo esencial, mucho menos el gobierno.

 

De todo lo dicho sobre este tema, podemos inferir que, teniendo cada uno de nosotros su derecho a la paz, es constitucionalmente legítimo que cada uno pueda tener una visión de la paz distinta a la de Uribe y a la de Santos, una paz con justicia social y con derechos humanos plenos, que no se respetan, ni ahora en este gobierno de Santos ni antes en el de Uribe

 

 
El derecho al voto


Como cada uno de nosotros, a la luz de la soberanía popular consagrada en el artículo tercero de nuestra constitución, tenemos una fracción de la soberanía, en consecuencia, también el voto es un derecho que podemos ejercerlo o abstenernos de ejercerlo (abstención); y si decidimos ejercerlo, podemos ejercerlo legítimamente por una u otra visión de paz en un plebiscito, un referendo o una constituyente votando SÍ o NO, en Blanco o abstenernos, porque nadie puede impedirme que yo ejerza mi soberanía como quiera.

 

Como consecuencia de la fracción de soberanía que tenemos cada uno de los ciudadanos, el voto es un derecho, y por lo mismo, no se nos puede privar del derecho de elegir y ser elegidos, o de participar en las decisiones sobre nuestro destino; podemos darle órdenes a nuestros representantes e imponerle obligaciones; el gobernante tiene el deber de rendirnos cuentas periódicas de su gestión y, en el evento en que no estemos de acuerdo con lo que hace, o haya incumplido sus promesas electorales, podemos revocarle el mandato, llámense Presidente o congresista, o cualquier otro nombre que se le dé al elegido.

 

Por esta razón, es absurda la decisión de la Corte que sólo le permite a los titulares de la soberanía ejercerla de tres maneras: votar SÍ o NO o abstenerse. Un órgano constituido como la CC, no le puede impedir al pueblo soberano que ejerza su soberanía como él quiera. La Corte, en su afán de abrirle el atajo a Santos, al permitirle un umbral del 13%, le regaló el 37% de la abstención al gobierno, y quiso también, en una jugada a tres bandas, regalarle los votos de los demócratas que queremos la paz, pero que tenemos una visión de la paz distinta a la de santos, menos imperfecta, con más derechos, con justicia social, al no permitirnos una casilla para votar por la paz con derechos; por la constituyente que permitiera consagrarlos, y crear las instituciones para realizarlos. Nos toca decirle a la Corte, que vamos a ejercer nuestro derecho soberano, votando por esas opciones de derechos, o por otras; sabemos que al votar por los derechos, nos anularan el voto, pero que tendrán que contarlo; y que si gana el voto nulo, vamos a ejercer nuestro derecho soberano para reclamar una paz distinta, una paz con justicia social plena de derechos.

 

 

Zarpazos constitucionales


la Corte Constitucional, en su fallo excepcional y a la medida sobre la norma excepcional y a la medida de Santos, no sólo cambia su jurisprudencia, le regala el 37% del umbral, nos quita nuestro derecho fundamental a la paz; nos expropia nuestra fracción de soberanía al quitarnos el derecho de votar por la paz con derechos y por la constituyente o en blanco; permite que las minorías decidan por las mayorías, con lo que viola todas las normas sobre democracia que están en la constitución; sino que además, “blinda” al presidente ante una eventual derrota, al manifestar que si pierde su visión de la paz, nada le pasa, queda vivito y coleando, como si no hubiera perdido, y lo que es más grave, que no tiene que cambiar su política o visión de la paz, con lo que lo exime de toda responsabilidad jurídica y política; lo deja más inmune que a Pinochet, quien a pesar de ser un dictador declarado, tuvo que dejar el poder cuando perdió su plebiscito.

 

Como si fuera poco, la Corte le permite a la cohorte del Presidente, esto es a todos sus funcionarios públicos, que hagan política bajo el disfraz de la opinión, con lo que coloca en posición de privilegio la visión del gobierno y, como todo privilegio, rompe la igualdad en la competencia de las otras visiones sobre la paz. Privilegio perverso por cuanto la visión del gobierno, tiene lo que no tenemos quienes tenemos una visión de la paz con justicia social: esto es, contratos para repartir, puestos para dar, becas para entregar, obra pública para inaugurar; presupuesto del Estado para gastar, medios de comunicación oficiales y privados, fuerza pública para intimidar y organismos de seguridad para vigilar a quienes piensan distinto sobre la paz. Todo esto se le permite, sin que tenga que aplicarse la inocua e inicua ley de garantías.

 

Es tan contradictoria la decisión de la CC que no existe ninguna correspondencia lógica entre las premisas del fallo y la conclusión a la que se llega en este tema. La premisa fundamental por la cual la propia Corte se sustrae ella misma (y de paso al Congreso) de la decisión del plebiscito, es porque se trata de un acto exclusivamente político: “La Corte consideró que estos efectos tienen un carácter exclusivamente político, dice en el comunicado. Pues, bien: si es un acto exclusivamente político, toda opinión que se emita sobre él, a favor o en contra, es también política y los funcionarios públicos que participen, estarían participando en una actividad política y haciendo política. En qué quedamos: ¿es un acto de opinión o es un acto político?

 

 
Transparencia democrática


Si en la democracia, la soberanía es del pueblo, y el soberano es el titular del poder constituyente, que crea los órganos constituidos: Legislativo, Ejecutivo y Judicial, el pueblo debe saber siempre qué hacen esos órganos constituidos; debe poder mirarlos permanentemente; observarlos en su actuar; vigilarlos... Con razón, Norberto Bobbio define la democracia, como el gobierno del poder público en público; y como consecuencia, uno de los principios fundamentales del Estado constitucional es que la publicidad sea la regla, y el secreto, la excepción.

 

Se infiere de la definición de Bobbio, la necesidad de que el poder público de la justicia, actúe en público, de frente al pueblo y vigilado por éste, con mayor razón en cuanto que en cada proceso que se tramita ante la justicia, están de por medio los derechos fundamentales de los ciudadanos.

 

Por esta razón, los jueces deben ser capaces, honestos y, lo que es más relevante, imparciales e independientes. Sobre todo, esta última característica debe estar presente en todos, sin excepción, puesto que es la garantía de los derechos de los ciudadanos. Si los jueces no tienen independencia y autonomía, los ciudadanos no cuentan con las garantías de que alguien defenderá sus derechos cuando se los violen los poderosos. Cuando el Estado de derecho hace a los jueces independientes e imparciales, no es con el fin de otorgarles un gracioso privilegio a ellos sino una rigurosa garantía a los ciudadanos: la garantía de que si uno de sus derechos le ha sido violado por un poderoso, no importa que su poder sea económico, militar o político, ese poderoso puede ser llevado ante un juez independiente e imparcial que, mirando los hechos y las pruebas de la violación, condena al violador poderoso y restablece el derecho del humilde.

 

 

Reforma a la Corte Constitucional


En realidad, la imparcialidad o la independencia de los jueces se puede quebrar de distintas maneras: a veces por corrupción o politiquería; por amistad o enemistad, y a veces por temor.

 

Como a veces esa imparcialidad trata de ser doblegada por la descarada intervención de poderes constituidos externos a la propia Corte, como fue el caso de la intervención presidencial con motivo de la conmemoración de los 25 años de la Corte Constitucional pidiendo que se le aprobara el plebiscito, precisamente, con el fin de hacer más independiente a la CC es que proponemos algunos temas de reforma de ella:


Primero.- Que se le quite al Presidente de la República la facultad de ternar tres magistrados de la CC, para evitar su injerencia externa e interna.

Segundo.- Como la democracia es el gobierno del poder público en público; de frente al público, y por otro lado, todo poder constituido debe dar cuenta de su gestión al poder constituyente del pueblo soberano, proponemos que las deliberaciones y las decisiones de la Corte Constitucional se tomen en público, como se hace en otros países, como México, donde la Corte Suprema sesiona de cara al público.


Tercero.- Que se abra un libro, como en la Corte Suprema de los Estados Unidos, donde los magistrados deben anotar los nombres de todas las personas que les hablen sobre algún tema sometido a su competencia, y establecer como causal de destitución, el no registrar inmediatamente el hecho.


Cuarto.- Que en la página web de la Corte, y en algún lugar de la Secretaría General, se registre la familia nuclear (esposo-a o compañero-a permanente; hijos del magistrado o magistrada, con sus yernos o nuera si los tuvieren), con la información sobre su actividad laboral y especialmente, si es funcionario público, dónde trabaja y cómo se vinculó a la administración pública.


Quinto.- Que se asigne un porcentaje del presupuesto nacional, por derecho propio, para la Corte Constitucional, y para toda la rama judicial, similar a lo que se hizo en el plebiscito de 1957 en materia de educación, de manera que la rama judicial deje de mendigar ante el gobierno central cada año los recursos para su normal funcionamiento.

 

Con estas y con otras propuestas que habrá que debatir, podremos fortalecer la independencia de la Corte Constitucional y, por esa vía, garantizar mejor los derechos de todos los colombianos.

 

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Solicitud de aclaración de información errónea o malintencionadamente falsa

 

Bogotá, 28 de julio de 2016
Compañeros
Periódico Desde Abajo
Señor Director

Apreciados compañeros.


Reciban nuestro más cordial y revolucionario saludo; deseándoles éxitos en el desarrollo de sus actividades, las cuales valoramos en gran medida.


En artículo “Para cuándo y cuántos votos por el plebiscito de la paz”, divulgado en su edición digital, en el enlace
http://www.desdeabajo.info/colombia/item/29338-para-cuando-y-cuantos-votos-por-el-plebiscito-de-la-paz.html?platform=hootsuite firmado por el señor Horacio Duque, en el subtítulo “La campaña política por el SI”, se hace la siguiente afirmación:

 

“En este sector se está construyendo una gran plataforma por el plebiscito en la que confluirán sectores como el Polo Social (la tendencia política de la Ministra Clara López), partidos como la ASI, Mais, verdes, Fecode, la CUT, Pst y la CGT.”


Comprendemos que las afirmaciones erróneas o malintencionadamente falsas que puedan hacerse en un artículo firmado no son responsabilidad directa del periódico y menos aún del Director.


En comunicación separada, de la cual ustedes tendrán conocimiento, nos dirigiremos al autor del señalado artículo para solicitarle que realice las aclaraciones a las cuales está obligado. No existe por parte de nuestro partido ninguna declaración, participación en reunión, comunicado público o acuerdo con otros partidos o fuerzas en el cual afirme su disposición a respaldar el SI en el plebiscito que seguramente será convocado por el Presidente de la República.


Consideramos sí que es una obligación política de Desde Abajo, dado el carácter democrático de la publicación, permitir que nuestro partido aclare y exprese en sus páginas cuál es la posición y campaña política que desarrollará en torno al plebiscito. En esa campaña no le haremos el juego al gobierno de Santos respaldándolo con un llamado a votar por el SI; pero tampoco nos opondremos a un proceso de negociación de una organización guerrillera para incorporarse a la lucha política legal llamando al NO. Si bien consideramos como de enorme importancia el mencionado plebiscito no consideramos que en él estén en juego los intereses y derechos de la enorme mayoría de los explotados y oprimidos del país. Por ello, defenderemos una opción completa y radicalmente distinta: la exigencia de convocatoria de una Asamblea Constituyente, plena y soberana, en la cual se discutan la totalidad de los problemas que aquejan a millones, incluyendo, por supuesto, una salida verdaderamente democrática para que las organizaciones guerrilleras abandonen su accionar.


Esta solicitud para aclarar en sus páginas nuestra posición bien podría concretarse a través de una entrevista a uno de los voceros públicos de nuestra campaña “Ni por el SI, ni por el NO; por Constituyente. Anule su voto” o de un artículo firmado. Dejamos en manos de ustedes la opción que consideren más conveniente.


En espera de su respuesta.

 

Atentamente,

 

Comité Ejecutivo
Partido Socialista de los Trabajadores – PST.

 

 

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“¿Viva la paz, viva la paz?” ¡Viva la paz!


El proceso de paz ha llegado a buen puerto, así sea como ese proceso desangelado, enclaustrado, ajeno, que ha venido siendo impulsado de forma paradojal por una sumatoria de debilidades de quienes lo han venido asumiendo directamente incluso como oposición, y en un escenario nacional de enormes precariedades de la imaginación política, pleno de ladinismos y desconexionesentre la gente urbana, la juventud y el campo, de arrogancias de los agentes del desarrollo extractivista, de implacables cinismos empresariales, y de heroísmos y tenacidades campesinas;donde a punta de incredulidades apenas se escucha, o mejor, se alcanza a sentir el respirar profundo del león dormido de la opinión, tímidamente convocado de antemano para la refrendación de lo pactado,con el mínimo umbral electoral, en una medianía política necesaria pero patética que acuña e institucionaliza en el mayor momento constituyente de fundar ese bien público por excelencia, la paz, con base en la constante histórica de la abstención...


Y el himno nacional del siglo XIX...¡ahí! (Cuán ridículo sonó y se vio en esa austera ceremonia de La Habana del 23 de junio pasado). Y el chiste patéticamente bueno: “Cesó la Uribe noche”. Y el inconsciente colectivo convocado plenamente hasta en la circunstancia geográfica, cuando se ha hecho realidad aquel juego infantil que rezaba: “De La Habana viene un barco cargado de...”, y ya todos podemos gritar: de Paz.


La colombianidad plena, como quien dice... Pero afortunadamente y por primera vez,no trágica.(Aunque el discurso de Timochenko – ¡quénombre anacrónico!–faltaba en el párrafo de arriba sobre el escenario, la palabra Anacronismos,estuvo cargado de alusiones al asesinato de cuatro jóvenes esa semana en Barrancabermeja, a la violencia presente en las regiones, a la detención provocadora del reinsertado Carlos Arturo Velandia).


Pero en fin, una fiesta, sí, estamos de fiesta y no nos estamos matando al mismo tiempo, y además estamos diciendo que no queremos ni debemos matarnos más. Una fiesta de colombianos sin llanto y sin tragedia. (Aunque sigue siendo tragicómica, pues los resentidos siguen vociferando y amenazando –esperamos que su debilidad sea proporcional a su estilo desencajado de los últimos meses–, o porque las manipulaciones de siempre ya son más que evidentes (cfr. Claudia López en el set de RCN, el mismo día).


En fin, aún con una escritura a la cual se le imponen los paréntesis y los guiones, los adjetivos y los signos de admiración o de interrogación, los suspensivos,podemos decir que aquí está otra vez entre nosotros la Esperanza.Sin duda se ha vuelto a levantar y a encender en el país el pabilo de la esperanza, así aflore la paradoja también en el sentimiento, pues de inmediato se hace inevitable preguntar(se): ¿Esperanza en qué?


Tal vez esperanza porque al empezar a faltar en el escenario nacional ese elemento de lo que ya es una identidad colectiva, el conflicto armado (al menos en el origen campesino del mismo,puesfaltaría, otra vez,¿faltarían cinco pa’l peso?, el componente de ese conflicto que tuvo un origen diferente en sectores de la clase media, en la lucha estudiantil, en la radicalización mesiánica y religiosa, presentes en el nudo aún por desatar del ELN); y porque quizás por primera vez en la historia del país en una coyuntura decisiva como ésta, se le conocen todas las caras a los “enemigos agazapados de la paz” (ya se sabe públicamente quiénes son los ideólogos, los financiadores, los sicarios, los líderes, los candidatos y los candidotes); ahora sí podremos, podríamos, debemos, deberíamosencontrarun camino real de transformación de esa otra paradoja nacional: ¡somos conservadores y acomodados hasta en la forma de cambiar!


Y podremos, podríamos, dar un mentís a la sátira decimonónica del Tuerto López que se hizo eco de ese otro momento en el primer tercio del siglo XX, cuando se intentó dejar atrás “La Guerra de los Mil Días”, en un momento como este en el cual intentamos dejar atrás una “guerrilla” de 52 años!:


Fabulita


"¡Paz nobis!" Wilson

"¡Viva la paz, viva la paz!"
Así
trinaba alegremente un colibrí
sentimental, sencillo de flor en flor...
Y el pobre pajarillo
trinaba tan feliz sobre el anillo
feroz de una culebra mapaná.

Mientras que en un papayo
reía gravemente un guacamayo
bisojo y medio cínico:
-¡Cúa, Cúa!

 

 

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