El fin del conflicto y la dejación de las armas por las Farc.

Con el inicio del trámite de las reformas a la Ley de Orden público (418 de 1998) para contemplar la concentración de los frentes guerrilleros, se aborda el tema de la dejación de las armas. Aspecto que debe ser considerado de manera integral en el marco de todos los acuerdos consolidados.

Imponer medidas unilaterales, como ocurre con lo del plebiscito, es bastante arriesgado, colocando en serio peligro un próximo fin de la prolongada guerra civil nacional.

Asunto grueso el de la dejación de las armas por parte de las guerrillas revolucionarias de las Farc, sus escuadras, frentes y bloques.

La materia se contempla en el tema tercero de la Agenda, referido al Fin del conflicto.

Allí se establece que habrá dejación de las armas y reincorporación de las Farc/Ep a la vida civil en lo económico, lo social y lo político, de acuerdo con sus intereses estratégicos.

Punto álgido que es objeto de debates e hipótesis de expertos, líderes religiosos y políticos.

Justamente son las armas la que explican la potencia insurgente generadora constitutiva de la actual Mesa de Diálogos de La Habana y de la agenda social, política y económica que allí se trata para superar la crisis orgánica que carcome el sistema político oligárquico nacional mediante la paz con justicia y equidad social.

De no existir las armas en las masas campesinas, organizadas como autodefensa popular, para contrarrestar y enfrentar la violencia de latifundistas, empresarios, multinacionales y aparatos bélicos estatales, durante más de 50 años, no estaríamos en la situación registrada alrededor de las conversaciones en La Habana.

Algunas apreciaciones sobre el tópico, como las del cientista político Eduardo Pizarro, conocedor profundo y serio de la violencia colombiana, se alejan, en este caso, de la necesaria objetividad, colocándose en el terreno de la propaganda y el enfoque unilateral, omitiendo, desafortunadamente, textos y contextos del actual proceso de la Habana.
Pesa, pienso yo, más su condición de asesor gubernamental de la administración Santos (http://bit.ly/23ICOqS ).

Abordar, de manera equilibrada, este ángulo de la terminación del conflicto social y armado, requiere considerar varios principios y elementos contenidos en el Acuerdo especial de La Habana
(http://bit.ly/1ntk4t5 )

Veamos los principios y reglas acogidas entre las partes.

Las conversaciones se darán bajo el principio que nada está acordado hasta que todo esté acordado. Mal se puede, entonces, presionar y exigir una dejación o entrega de las armas de manera precipitada cuando aun no hay un acuerdo definitivo de paz.

Proceso de terminación del conflicto integral y simultáneo que implica avances recíprocos y graduales de las partes. Todos ponemos, como diría Mockus. El gobierno da un paso en el sentido de lo pactado e igual debe suceder con la otra parte.

La bilateralidad es un principio esencial. Mientras el gobierno se niegue a tomar medidas contundentes para erradicar el paramilitarismo, reestructurar las fuerzas militares y policiales dejando atrás las doctrinas anticomunistas y contrainsurgentes, recortando sustancialmente el gasto público en defensa, para canalizarlo en inversión social y se deje de criminalizar la protesta social como lo hace Peñalosa y el Esmad en Bogotá, ante las justas protestas por el mal servicio de Transmilenio, es imposible demandar una dejación inmediata de las armas en poder de las guerrillas. Eso no va a suceder, porque significaría la rendición y entrega de tal destacamento popular y campesino.

En esta reflexión completa es necesario, claro está, mirar los términos de la implementación, verificación y refrendación de los pactos.

La implementación debe estar regulada por la simetría en las medidas y pasos que se adelanten.

Ya hay un importante mecanismo de verificación reflejado en la Misión política especial autorizado por el Consejo de Seguridad de la ONU, con la participación de la Celac, pero es necesario que ese monitoreo no se limite a lo estrictamente militar. Naciones Unidas no solo deben seguir las fases del cese al fuego bilateral definitivo y permanente, el proceso de concentración de dispositivos insurgentes y el destino de las armas. También, como lo sugiere Laura Gil, esa verificación debe contemplar seguimientos a la concreción de los acuerdos agrarios, sobre democracia ampliada, erradicación de cultivos ilícitos, derechos de las víctimas, justicia especial de paz, reformas del Estado, amnistías, indultos y reformas territoriales y electorales.

Gil plantea que “la ONU flexibilizó los procedimientos para Colombia. No es para menos. El espaldarazo fue tanto de Naciones Unidas al proceso de paz como del Gobierno y las Farc a un Consejo de Seguridad con un historial de misiones fracasadas. Naciones Unidas necesita mostrar el éxito de una presencia en terreno.

Y agrega propuestas muy convenientes. Sigo en la cita:

“Se necesita definir el mandato de manera clara, para que de allí se deriven actividades cuyos resultados puedan ser medibles. No puede ser tan ambicioso que no se alcance a cumplir, ni tan modesto que se vuelva irrelevante.

“Cualquiera sea el alcance de la verificación, los fondos para financiarla deben estar disponibles con rapidez. Colombia debe buscar que una proporción de los dineros del fondo de mantenimiento de paz de la ONU se gasten no solo en la operación (político/militar) de paz, sino también en programas de empleo para la reintegración.

“¿Qué papel jugarán los derechos humanos? Resultaría inconcebible una misión que no respaldara su acción en la serie de resoluciones temáticas del Consejo de Seguridad sobre protección de civiles, mujeres y niños en conflictos armados. Se requiere referencia explícita a ellas. Flaco favor se haría la ONU si dejara la cuestión de los derechos humanos por fuera de la verificación. ¿Qué sucederá, entonces, con la Oficina del Alto Comisionado de Naciones para los Derechos Humanos? (en Colombia)

“¿Quién dirigirá la misión? La norma dicta que el representante especial del Secretario General en la mesa de diálogos asuma luego el mando de la operación de paz. En este caso, se trata del francés Jean Arnault. ¿Resulta aceptable que un europeo maneje una presencia con personal en su mayoría latinoamericano? “ (http://bit.ly/1KKtYSY ).

Cierro así.

El Acuerdo especial de paz ha previsto que:

La firma del Acuerdo Final da inicio a la implementación de todos los puntos acordados, con mecanismos de implementación y verificación; sistemas de implementación, dándole especial importancia a las regiones. Para lo cual se crearan comisiones de seguimiento y verificación y mecanismos de resolución de diferencias.

Estos mecanismos tendrán capacidad y poder de ejecución y estarán conformados por representantes de las partes y de la sociedad según el caso.

Se adoptara, igualmente por las partes, un cronograma; un presupuesto; herramientas de difusión y comunicación.

Todo lo cual se complementara con un mecanismo de refrendación de los acuerdos. Bloque en el que Santos, de manera unilateral quiere imponer un plebiscito fraudulento, financiado con la venta de Isagen por 7 billones, que serán utilizados por los politiqueros oficialistas para montar otro festín de compra venta de votos, conciencias y voluntades ciudadanas.*

Qué vergüenza!

La misma politiquería de los últimos cien años, de liberales y conservadores amangualados.

Un plebiscito como el que se promueve desde la Casa de Nariño perturba gravemente el proceso de concentración de las Farc y la dejación de las armas, pues Santos sigue en su artimaña de tahúr inveterado para imponer su modelo neoliberal depredador y su sucesor enemigo de la reconciliación.

Paciencia entonces, señores asesores del gobierno. Sin sofismas y sin argucias.

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Miércoles, 13 Enero 2016 06:49

El fin del conflicto armado

El fin del conflicto armado

La Mesa de conversaciones de paz de La Habana entra a la parte final para la superación definitiva del conflicto social armado. La organización y preparación del plebiscito por la paz no, iniciativa del gobierno, en el que probablemente participaran cerca de 10 millones de ciudadanos, debe ser un escenario que permita la promoción de la Asamblea Constituyente popular y soberna

Tanto el gobierno del presidente Juan Manuel Santos como las Farc/Ep, preparan el trabajo y las condiciones para abordar el tema crucial del findel conflicto armado y el del mecanismo de refrendación de los consensos suficientes alcanzados a lo largo de los diálogos de paz.

Por supuesto son dos campos sociales ampliamente condicionados por diversas racionalidades políticas y por múltiples formas de constructivismo social discursivo en el contexto de lo que se denomina marcos de análisis o conceptos con que cada agencia aborda el diseño de un nuevo ciclo político nacional sin la feroz y letal incidencia de las armas y la violencia.

Conviene destacar que en los temas señalados se resume el principal desafío de la Mesa de diálogos. Tres años de encuentros y acuerdos entre las partes, permitieron establecer que lo más importante consiste en superar la violencia como instrumento de resolución de conflictos en la formación social, que es lo que desafortunadamente ha ocurrido durante más de medio siglo a raíz del asesinato del caudillo liberal Jorge Eliecer Gaitán, de la atroz violencia de los años 50 y de la autodefensa agraria armada ubicada en el ámbito de la acción guerrillera tanto por las condiciones especificas del antagonismo social como por las consideraciones ideológicas y tácticas que se desprenden de cierta interpretación de la teoría revolucionaria.

Igualmente es pertinente advertir que el nuevo escenario delineado para los primeros meses del año 2016 en materia de paz, se da en el marco de una exacerbada crisis económica y fiscal con los efectos inevitables en el auge de la movilización popular antisistémica y en el quiebre de la legitimidad y gobernabilidad de las castas que controlan el Estado y el Gobierno.

Por supuesto, las nuevas subjetividades políticas que surjan en el marco de la desmovilización de las Farc, tienen grandes retos para asumir. Como quiera que la hipótesis que animara su militancia política se oriente a convocar un gran bloque nacional popular como alternativa al modelo de dominación oligárquica, hay diversos problemas a resolver en la perspectiva de la construcción de un sujeto que ofrezca una nueva posibilidad de organización sociopolítica democrática y justa para la Colombia del siglo XXI. En ese sentido, una reflexión atinada debe trascender el mero análisis estructural (de estructura y superestructura) conocido, para establecer una cadena de equivalencias en la injusticia que permita establecer un "significante vacio" (¿Paz con tierra, pan, empleo, salud, techo y educación?), como punto de convocatoria popular, más allá del simple llamado de clase obrero.

Lo que hay que entender es que un cambio profundo del Estado y la nación no será el resultado de meras alianzas electorales de aparatos ni de simples y mecánicas "acumulaciones de fuerza", como lo propone el viejo esquema dogmatico y sectario de una izquierda que se quedo estancada en los años 60 del siglo XX. Una izquierda autoritaria y minoritaria que dejo de convocar a las masas empobrecidas y a las clases medias arruinadas.

La construcción de un nuevo bloque histórico que sirva de fundamento a una nueva hegemonía popular debe ser el resultado de un amplio trabajo cultural en el seno de la sociedad civil (medios de comunicación, iglesias, escuelas), para generar nuevos consensos y legitimidades.

Estos son temas para abordar en análisis más detallados y ponderados, de los que modestamente nos ocuparemos en otros trabajos que publicaremos próximamente en estas páginas, sobre los movimientos sociales y la hegemonía popular.

Por el momento digamos que el tema del fin del conflicto armado suma diversas facetas que deben ser consideradas con toda la ponderación y celeridad correspondiente.

La extinción de la guerra debe abordarse, como proceso integral y simultaneo, según el Acuerdo general de La Habana en los siguientes espacios: a) Cese al fuego y de hostilidades, bilateral y definitivo; b) Dejación de las armas. Reincorporación de las FARC-EP a la vida civil – en lo económico, lo social y lo político –, de acuerdo con sus intereses; c) El Gobierno Nacional coordinará la revisión de la situación de las personas privadas de la libertad, procesados o condenadas, por pertenecer o colaborar con las FARC EP; d) En forma paralela el Gobierno Nacional intensificará el combate para acabar con las organizaciones criminales y sus redes de apoyo, incluyendo la lucha contra la corrupción y la impunidad, en particular contra cualquier organización responsable de homicidios y masacres o que atente contra defensores de derechos humanos, movimientos sociales o movimientos políticos; e) El Gobierno Nacional revisará y hará las reformas y los ajustes institucionales necesarios para hacer frente a los retos de la construcción de la paz; f) Garantías de seguridad; g) En el marco de lo establecido en el Punto 5 (Víctimas) de este acuerdo se esclarecerá, entre otros, el fenómeno del paramilitarismo; g) La firma del Acuerdo Final inicia este proceso, el cual debe desarrollarse en un tiempo prudencial acordado por las partes.

La refrendación de un pacto general aun no se define pero las partes han planteado iniciativas puntuales que bien pueden converger en un momento determinado. Me refiero a las hipótesis del plebiscito, que ya tiene un largo camino recorrido en el Congreso de la Republica y en los sentidos que el Presidente Santos le quiere imprimir y también a la convocatoria de una Asamblea Constituyente popular y soberana, conformada mediante el recurso de acciones afirmativas que garanticen la adecuada representación de segmentos sociales afectados por el ventajismo clientelar y electoral de los gamonales de la política oficialista. No es cierto que una Constituyente con asignación de cupos específicos a los campesinos, indígenas, trabajadores, intelectuales y otras minorías, mediante acciones afirmativas, sea puro corporativismo nazifascista. Ese es un argumento trasnochado de la ultraderecha uribista que cada vez esta más arrinconada porque defiende la continuidad de la guerra.

De abrirse paso el plebiscito por la paz, como ya está ocurriendo, será inevitable utilizar los espacios de la movilización ciudadana, para explicar y promover entre los 10 millones de personas que lo votaran por el sí, las bondades de una Asamblea constituyente popular y soberna que coloque una base solida al nuevo ciclo político del post conflicto armado.

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Lunes, 09 Noviembre 2015 07:23

Paz, plebiscito y Constituyente soberana.

Paz, plebiscito y Constituyente soberana.

Las Farc y el gobierno buscan construir una fórmula de consenso para la refrendación de los acuerdos de paz. La Constituyente popular y el plebiscito se plantean como dos alternativas que bien pueden complementarse en un diseño que trascienda la formula estéril de la democracia participativa neoliberal de la Constitución de 1991.

La paz se debe legitimar y blindar contra las estrategias que pretenderá impulsar el bloque dominante oligárquico con la candidatura presidencial del Vicepresidente German Vargas Lleras.

A pesar de las acciones de sabotaje adelantadas por las Fuerzas Armadas, con sus brigadas, batallones, comandos de asalto y grupos paramilitares, para dañar el proceso de paz que se adelanta en la Mesa de conversaciones
de La Habana entre el gobierno de Santos y la delegación de las Farc, los diálogos siguen avanzando en el tratamiento de diversos asuntos que permitan llegar a un acuerdo definitivo para la terminación del conflicto social y armado.

Llama la atención la negligencia y complicidad de la Casa de Nariño y del Ministro de la Defensa frente a la nefasta acción de los militares (generales, coroneles y capitanes), quienes pretenden sacar ventajas
estratégicas de la tregua unilateral ordenada por la guerrilla desde el mes de julio del año en curso. Cualquier viraje inesperado en el proceso, para degradarlo, paralizarlo a arruinarlo, se debe atribuir a los enclaves más
recalcitrantes de las Fuerzas militares, que ubicados en el trazo del militarismo ultraderechista del fascismo, están empeñados tercamente en mantener la violencia, la guerra y destrucción de la nación y su pueblo.

Por eso tan urgente y prioritario abordar los puntos relacionados con las reformas militares, la disminución del descomunal dispositivo armado del gobierno, el recorte de las gigantescas partidas presupuestales, los
cambios democráticos en las doctrinas militares, la eliminación de las plataformas ideológicas contrainsurgentes y la erradicación de los grupos paramilitares organizados, patrocinados y financiados desde las entidades militares oficiales.

Entre los temas que han sido planteados por el gobierno como de mayor trascendencia está el de la refrendacion de los acuerdos que se consoliden en la Mesa de diálogos.

Los delegados oficialistas, así como los de las Farc, han dicho que cualquier decisión que se adopte debe ser fruto del consenso entre las partes.

Antes de que tal circunstancia cobre forma, cada una de las representaciones plenipotenciarias ha formulado por su lado, iniciativas y mecanismos que corresponden a los intereses y visiones políticas específicas.

Las Farc se inclinan por la convocatoria y funcionamiento de una Asamblea Constituyente popular y soberana
) que se encargue del diseño de un nuevo régimen yorden político en el que se incluyan los acuerdos totales alcanzados en el proceso de paz que se desarrolla desde el año 2012.

Es la ruta para legitimar y blindar los pactos ante cualquier pretensión de desconocer los consensos alcanzados; lo cual muy probablemente ocurrirá en un eventual triunfo presidencia en el año 2018, del actual
Vicepresidente de la Republica, German Vargas Lleras, a cuyo alrededor se están reagrupando todas las facciones de la ultraderecha radical partidaria de la guerra contra el pueblo.

El gobierno del señor Santos ha dicho que prefiere la refrendación de las coincidencias mediante un plebiscito contemplado en los mecanismos de participación ciudadana establecidos en la Constitución y reglamentados
mediante las leyes 134 de 1994 ) y 1757 del mes de julio del 2015 (http://bit.ly/1Mtf02v ).

Como se trata de un asunto político de la mayor trascendencia y para los efectos del debate que ya cobra auge, conviene indicar de qué se trata este instrumento.

Según el artículo 7 de la Ley 134 de 1994, el plebiscito es el pronunciamiento del pueblo convocado por el Presidente de la República, mediante el cual apoya o rechaza una determinada decisión del Ejecutivo.

Siempre y cuando la convocatoria a plebiscito que haga el Presidente de la República, satisfaga los requisitos previstos en el artículo 104 de la Constitución Nacional (Ver Sentencia C-180 de 1194 en el siguiente enlace electrónico http://bit.ly/1M0xl5t )

De acuerdo con el artículo 77 de la Ley 134 de 1994, el Presidente de la República, con la firma de todos los ministros, podrá convocar al pueblo para que se pronuncie sobre las políticas del Ejecutivo que no requieran aprobación del Congreso; excepto las relacionadas con los estados de excepción y el ejercicio de los poderes correspondientes.

El Presidente deberá informar inmediatamente al Congreso su intención de convocar un plebiscito, las razones para hacerlo y la fecha en que se llevará a cabo la votación, la cual no podrá ser anterior a un mes ni posterior a cuatro meses, contados a partir de la fecha en que el Congreso reciba el informe del Presidente. El Plebiscito no podrá coincidir con otra elección.

Efecto de la votación: El pueblo se decidirá, en plebiscito, por la mayoría del censo electoral.

Los plebiscitos no pueden modificar la Constitución.

Cuando el Presidente toma la decisión de convocar a un plebiscito debe informar las razones y la fecha en que se llevará a cabo de manera inmediata al Congreso y debe entregar a la Corte Constitucional el texto del decreto mediante el cual convoca al plebiscito para que ésta decida su constitucionalidad. La fecha decidida no puede ser anterior a un mes, pero tampoco puede fijarse para cuatro meses después de haberlo notificado al Congreso. Los plebiscitos tampoco pueden ejecutarse el día que se realicen otras elecciones.

El gobierno puede expresar su opinión sobre el plebiscito en los medios de comunicación a partir de los 20 días anteriores a la fecha en que se llevará a cabo.

Son las reglas vigentes que el proyecto de Acto legislativo sobre refrendación e implementación de los acuerdos de paz que cursa actualmente en el poder legislativo (http://bit.ly/1WHrM45 ),
intenta modificar en lo atinente al umbral para determinar que será suficiente con el número de votantes presentes el día establecido para realizar el plebiscito de la paz. No se ha dicho nada respecto de la prohibición de cambiar la constitución, que necesariamente debe darse con los acuerdos de paz en materias como la justicia, la extradición, fuerzas armadas, función social de la propiedad y la participación política de los guerrilleros con su presencia en las corporaciones de representación ciudadana.

Problemática que hace conveniente, entonces, la convocatoria de una Asamblea Constituyente popular y soberana en los términos planteados por la insurgencia revolucionaria.

Así que solo mediante el acuerdo bilateral será posible definir este crucial asunto para la paz.

Bien puede ser que un plebiscito cierre las deliberaciones y determinaciones de una Constituyente democrática que sirva de punto de partida para una nueva era de democracia ampliada y con justicia social en Colombia.

Constituyente y plebiscito deben legitimar y blindaran los acuerdos de paz si hay voluntad para terminar la prolongada guerra civil colombiana.

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Domingo, 23 Enero 2011 07:35

Exodo después de la guerra

Mientras el sur de Sudán se prepara para la declaración oficial del resultado del plebiscito por la independencia que se hará publica el próximo 14 de febrero, miles de expatriados instalados en el norte han comenzado a regresar para vivir en lo que probablemente será su propio país, pero sobre todo por miedo a una oleada de violencia. Hacia las doce del mediodía de ayer, cuando el sol calcinaba la tierra, cuatro autobuses desvencijados atiborrados de gente desgastada por los tres días de viaje desde Jartum, capital de Sudán, llegaban al centro del enorme descampado del estadio de Malakal, la ciudad más al norte del sur de Sudán.

En esta enorme explanada de pedregullo se amontonan como pueden cientos de familias provenientes del norte, que han decidido regresar a su tierra arrastrando consigo sus pocas pertenencias. El predio, cercado por una valla metálica, ya ha visto pasar a más de 45.000 personas en poco más de un mes y actualmente unos cuantos centenares de personas residen bajo el sol a la espera de ser transportadas.

“Me fui al norte hace más de veinte años por la guerra”, dice Michael Reik, de 80 años, sentado sobre una cama metálica destartalada rodeado por una montaña de bolsas, maletas y fierros. El anciano llegó hace un mes con su familia y desde entonces vive en el estadio. En las cuatro esquinas las organizaciones humanitarias han instalado letrinas que, sin embargo, no son suficientes. “El agua potable se reparte una vez al día en lugar de haber un tanque”, se queja Michelle, integrante de una ONG.

Cuando a las ocho de la mañana mujeres y hombres formaban las largas colas por separado para recibir la ración diaria de sorgo, lentejas y aceite, Michelle y su colega eran los únicos humanitarios presentes en el estadio. “Tenemos que distribuir jabones y no hay nadie aquí, el gobierno no está haciendo nada.”

En el desolado baldío donde los niños corretean entre los campamentos improvisados, mientras los hombres deambulan sin rumbo de un extremo al otro, la comida que se reparte diariamente no alcanza. “No hay comida, pero lo peor es el frío durante la noche, estos niños no están acostumbrados”, se lamentaba el anciano sentado sobre la cama metálica.

“La visión del gobierno es llevar a la gente a las zonas rurales y evitar la instalación permanente de los repatriados, por ese motivo los servicios son limitados”, dice el ministro de Sanidad del estado de Upper Nile, Stephen Lor.

Previo al plebiscito, el gobierno autónomo del sur de Sudán había ofrecido a los sudaneses del sur instalados en el norte transporte, tierra y alimentos por tres meses. Sin embargo, la penosa imagen del estadio de Malakal se repite a lo largo de los grandes pueblos del sur, donde miles de personas siguen esperando. Según estimaciones de las organizaciones humanitarias, hay dos millones de sudaneses del sur viviendo en el norte, de los cuales más de cien mil han regresado en poco más de un mes.

La portavoz de Médicos Sin Fronteras en Malakal, Lydia Geirsdottir, afirma que si las relaciones entre el norte y el sur se tensaran con la confirmación de la secesión, se produciría un desborde. “En pocos meses podría llegar más de un millón de personas.”

Por el momento al estadio siguen llegando autobuses llenos de gente que se encuentra con que el polvo, el frío y el hambre, serán inevitables. Mientras tanto a unas pocas cuadras del estadio, en una simpática clínica veterinaria con dos ambulancias de Naciones Unidas estacionadas en la puerta, una decena de soldados, tres veterinarios y cuatro asistentes bien equipados con túnicas y guantes de látex atienden pacientemente a un caballo, un burro y una cabra.

Por Jerónimo Georgi
Desde Malakal
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Miércoles, 27 Octubre 2010 06:34

Soros, a favor de legalizar la marihuana

A una semana de que en el estado de California se plebiscite por primera vez la legalización de la producción y venta de marihuana para mayores de 21 años, el multimillonario inversor George Soros hizo su aporte al debate, como cuando se trata de eventos relacionados con la reducción de daños para usuarios de drogas. Donó un millón de dólares a quienes promocionan la aprobación del plebiscito y expresó que está a favor de la legalización y fiscalización impositiva del cannabis en todo Estados Unidos, porque “permitiría ahorrar miles de millones en costos de aplicación de la ley y encarcelamientos”. Soros también aseguró, y está históricamente probado, que la prohibición de la marihuana en su país adoptivo se basó en prejuicios racistas, contra los afroestadounidenses y mexicanos, principalmente.

Los argumentos del multimillonario fueron publicados ayer en un artículo de opinión en The Wall Stret Journal. Las leyes contra la marihuana, señaló, “hoy hacen más daño que lo que aportan de bueno, ya que no han logrado prevenir que sea la sustancia ilegal más consumida en Estados Unidos y en otros países”. La situación carcelaria, agregó, ya refleja el fracaso del prohibicionismo: las fuerzas de seguridad detienen cada año a unas 750 mil personas por tener pequeñas cantidades de marihuana. “Esos arrestos suponen el 40 por ciento de todos los relacionados con (la persecución del) narcotráfico”, detalló Soros.

Por otra parte, el financiero estadounidense explicó que la represión de la tenencia de marihuana para consumo personal posibilita “desigualdades raciales” y, en ocasiones, violaciones de las libertades civiles. “Los afroamericanos no usan la marihuana más que otros estadounidenses, pero son detenidos tres, cinco o incluso diez veces más, según la ciudad, que los demás por su posesión”, argumentó Soros.

Para muchos jóvenes verse atrapados por el sistema de justicia criminal “es más dañino que la misma marihuana”, escribió el empresario, al referirse al registro de antecedentes criminales en el que quedan inscriptos por llevar a cabo lo que no implica un daño a terceros sino una elección personal e íntima. Los mayores beneficiarios de la situación actual, aseguró Soros, “son las organizaciones criminales de México y otros lugares que ganan miles de millones de dólares con ese comercio ilegal y que perderían rápidamente esa ventaja si la marihuana fuera considerada un producto legal”.

Desde el 2006 hasta ahora, la guerra contra el narcotráfico en México, según las estadísticas del gobierno de Calderón, ya provocó 30 mil muertos en ese país (en 2009, hubo 9635), principal proveedor de drogas sintéticas y de diseño en Estados Unidos, ya que la marihuana sigue exportándose, pero hubo un crecimiento record de los cultivos indoors, o bajo techo, en Norteamérica. Para Soros, la única forma de reducir “los delitos, la violencia y la corrupción que genera el narcotráfico” es legalizando la marihuana, como en su momento se hizo con el alcohol.

Soros también explicó que la prohibición del cáñamo y sus derivados, que en Estados Unidos se produjo entre 1915 y 1933, según los estados, “no se basó en la ciencia o en la salud pública, sino en los prejuicios y la discriminación en contra de los inmigrantes de México, que la fumaban”. El empresario propuso, además, como política pública “invertir en una educación más efectiva” entre los jóvenes para prevenir el abuso de las sustancias, ya que “las detenciones y encarcelamientos son inefectivos”.

Los argumentos que presentó el magnate para legalizar el cannabis son similares a los que llevaron, según él, “a la Comisión Latinoamericana sobre la Democracia y las Drogas, integrada por los ex presidentes Fernando Henrique Cardoso, de Brasil; César Gaviria, de Colombia, y Ernesto Zedillo, de México, a incluir la despenalización de la marihuana entre sus recomendaciones de política antidrogas”. Ayer, Soros contribuyó con un millón de dólares a la campaña para la legalización de la marihuana en California, a votarse el próximo 2 de noviembre.

Según una encuesta del diario Los Angeles Times y la Universidad del Sur de California, publicada la semana pasada, la Proposición 19 (así se llama el proyecto de legalización) es rechazada por una diferencia mínima: el 51 por ciento de los votantes está en contra. El resultado del plebiscito es vinculante. “No resolverá todos los problemas relacionados con las drogas –comentó Soros sobre la legalización de la marihuana–, pero sí sería un gran paso adelante en el tema.”
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Domingo, 14 Marzo 2010 07:44

Cómo Islandia congeló a sus acreedores

“Qué dicha para todos los hombres, Islandia de los mares, que existas.
Jorge Luis Borges

Hace una semana los islandeses decidieron no pagar a inversores de Gran Bretaña y Holanda unos 3700 millones de euros. Esa deuda, que el Parlamento había aprobado honrar en votación dividida (33 a 30) fue desautorizada en un referéndum por el 90 por ciento del electorado. El 14 de octubre de 2008, cuando se precipitó la crisis –ese día la Bolsa cayó un 77 por ciento–, este pueblo de mansos pescadores pasó sin escalas de vivir una especie de islandian way of life a la peor de las pesadillas. Súbditos de las reinas Isabel y Beatriz, muy ávidos buscadores de oportunidades, depositaron sus dineros en la banca de esta isla de los géiseres y perdieron todo cuando explotó la burbuja financiera. La abrumadora mayoría de los 320 mil islandeses que se inclinó por el “no” canalizó así su hastío contra el mismo sistema, ahora desacralizado, que antes les había permitido tener una expectativa de vida de 80 años y ocupar el ranking de sexta nación más rica de la OCDE.

Andri Snaer Magnason, un activista islandés, explica aquel pasado –no tan pasado– esplendoroso: “En 2002 el gobierno decidió doblar nuestra producción de energía, lo que provocó un boom inmobiliario y la llegada de mucho dinero del extranjero a nuestra economía”. Es autor del libro Dreamland: un manual de autoayuda para una nación asustada, best-seller en su país. “Antes de la crisis –dice Magnason– el 80 por ciento de los jóvenes islandeses aspiraba a convertirse en un banquero millonario y ahora eso ya no pasa.” Al contrario: marcharon durante los últimos dos años y aún lo hacen todos los sábados frente a la sede del gobierno, en Reykjavik, la capital. Sus protestas no se han detenido.

La saga de un par de magnates islandeses da cuenta de cómo se pulverizó la bonanza económica de esta nación con paisaje lunar donde la propia Nasa envía a sus aspirantes a astronautas para aclimatarse. Uno de ellos, Jon Asgeir Johannesson, en apenas un puñado de años adquirió varias de las más exclusivas tiendas británicas y danesas, al frente del grupo inversor Baugur. Otro, Bjorgolfur Gudmundsson, se apropió con dinero fresco (en Islandia la moneda es la corona) del club inglés West Ham, el mismo que contrató a Carlos Tevez y Javier Mascherano cuando llegaron al fútbol europeo desde Corinthians de Brasil.

El destacado periodista Ezequiel Fernández Moores escribió una nota muy ilustrativa sobre el último tema en octubre de 2007. Conoce Islandia y recuerda: “En aquel momento todos mandaban a sus hijos a estudiar al continente. Allá todos o casi todos se conocen entre sí, tenían un estándar de vida medio, casas nórdicas sin grandes lujos y cada uno hacía lo que se le daba la gana”. Eso ya no es posible. Las largas e ininterrumpidas noches que van de noviembre a enero, parecen haberse extendido en un plano simbólico al resto del año. La segunda isla más grande de Europa, que tenía un PBI semejante al de nuestra provincia de Santa Fe, ya no es lo que era. Pero intenta comenzar su reconstrucción sobre otras bases y otras voces.

Voces del Pueblo se llama el movimiento que encabeza un grupo de intelectuales y personalidades de la cultura que horadaron el poder político de la coalición conservadora-socialdemócrata, derrumbada por la crisis. Sus integrantes bloquearon el Congreso, se enfrentaron con la policía y cuentan con la simpatía de los trabajadores que, históricamente, siempre estuvieron ligados a los socialdemócratas. Niklas Svensson, un autor de formación marxista, escribió un artículo el año pasado en el que sostiene: “La deuda externa de Islandia no la ha contraído la población islandesa. La deuda no es el resultado de comprar automóviles de lujo o invertir en servicios públicos. Es el resultado de la especulación de una minúscula camarilla dentro de la población, que ahora huye del país a sus lujosas casas en el extranjero”. Cualquier semejanza con otras naciones del planeta es pura coincidencia.

Contra las deudas que pretenden cobrarles, los bancos que colapsaron (Kaupthing, Landsbanki y Glitnir), la falta de transparencia en el sistema financiero y la clase dirigente, los islandeses empezaron a agruparse. Primero fueron unos cientos, después un par de miles y en las movilizaciones más grandes, llegaron a reunir cinco mil personas. Un número más que respetable si se toma en cuenta la población del país.

Con su posición inequívoca en el referéndum, decidieron desembarazarse del lastre que les hubiera causado pagar la deuda con los acreedores ingleses y holandeses a razón de 40.000 euros por familia y en quince años, a un interés del 5,5 por ciento. La inminencia de otro problema –un eventual bloqueo de Inglaterra al ingreso islandés a la Unión Europea– todavía se discute en las calles de Reykjavik. Aunque parece que a los islandeses no los arredra la moneda por el suelo, la baja del consumo y los cortocircuitos con sus políticos. No consideran que sea justo pagar por la quiebra que provocaron otros. La primera ministra, Johanna Sigurdardottir, (ver aparte) dijo que el resultado de la votación le saldría “caro” a la nación que tanto cautivó a Borges.

Parece la metáfora de la más conocida película que transcurre en Islandia, 101 Reykjavik, que se centra en la vida de Hlynur (Hilmir Snaer Gudnason), cuya vida disipada sólo gira en disfrutar y ser irresponsable. Pero el personaje cambia cuando se entera de que Berglind (Hanna Maria Karlsdottir), su madre, mantiene una relación íntima con Lola, una profesora de flamenco (Victoria Abril), de la cual él también es su amante esporádico.

La explosión de la burbuja capitalista sorprendió a los islandeses por la noche y entre sábanas. Cuando despertaron, se dieron cuenta de que no querían repetir ese sueño. Cambiaron como Hlynur, e instruidos como son (tienen la mayor cantidad de libros publicados por cápita del planeta) y guiados por la fuerza de sus volcanes y aguas surgentes, decidieron que no pagarían la deuda contraída por sus banqueros.

Por Gustavo Veiga
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La Corte Suprema le dio un último envión a la campaña para anular la Ley de Caducidad en Uruguay. Por primera vez en la historia de ese país, el máximo tribunal declaró inconstitucional la norma para el caso de Nibia Sabalsagaray, después de que lo hicieran el Ejecutivo y el Congreso. A seis días del plebiscito, la decisión del Supremo suma argumentos a favor de terminar con la amnistía que impide enjuiciar a militares y policías responsables de las violaciones a los derechos humanos durante la última dictadura (1973-1985).

La única central sindical, PIT-CNT, y organizaciones defensoras de los derechos humanos impulsaron la consulta del próximo domingo –que se realizará junto a las presidenciales– para que los uruguayos decidan si anulan la polémica norma, promulgada en 1986 y ratificada en un plebiscito en 1989. Raúl Olivera, miembro de la Comisión de Derechos Humanos de PIT–CNT, no oculta su satisfacción por el fallo de la Corte. “Si bien la inconstitucionalidad de la ley es en relación con un caso, también abre la puerta para que se revisen otros”, dijo a Página/12. Lo que señala Olivera es correcto. La decisión de los jueces sienta jurisprudencia y facilita la presentación de nuevas demandas.

El proceso hacia la inconstitucionalidad comenzó cuando el presidente Tabaré Vázquez, del centroizquierdista Frente Amplio, excluyó el caso de Sabalsagaray de la Ley de Caducidad y permitió su investigación. El pasado febrero, las dos cámaras del Parlamento entregaron a la Corte Suprema su dictamen a favor de declarar inconstitucional dicha norma. Ayer, cuatro de los cinco jueces del tribunal pusieron su granito de arena por un cambio en las instituciones del país.

Nibia Sabalsagaray, entonces militante del Centro de Estudiantes del Instituto de Profesores Artigas, fue detenida en 1974 y trasladada al cuartel del Batallón de Ingenieros N° 5. Un día después, los militares entregaron a sus familiares su cadáver en un ataúd cerrado y con la prohibición de abrirlo, afirmando que se había suicidado. Sin embargo, sus allegados no creyeron la versión oficial del “ahorcamiento”. El hoy intendente frenteamplista del departamento de Canelones, Marcos Carámbula, era estudiante de medicina y le faltaban seis meses para obtener el título cuando fue llamado por la familia para que observara el cuerpo de la joven, ante la negativa de las autoridades de permitir una nueva autopsia. Carámbula pudo determinar que Sabalsagaray murió a causa de los golpes que había recibido.

El referéndum contra la ley, que fue convocado después de que sus detractores reunieran 300.000 firmas para pedir su anulación, cuenta con el apoyo del oficialista Frente Amplio, mientras que los partidos Nacional (blanco) y Colorado se muestran partidarios de mantener la norma tal y como está. El votante deberá colocar una boleta rosada por la anulación y ninguna si no lo cree así. Según un sondeo de la encuestadora Interconsult conocido ayer, el 47 por ciento de los consultados afirma que votará por anularla, el 40 por ciento que no pondrá la papeleta rosada y el 13 por ciento no sabe o no contesta. Para ganar el plebiscito se necesita el 50 más uno de los votos. Según Olivera, los sondeos no son representativos. Por un lado, el electorado más conservador no manifiesta su voto y, por otro lado, hay una gran cantidad de votantes que vienen de Argentina que están a favor de la derogación de la ley y no son tenidos en cuenta. El líder sindical se queja de la poca difusión que tuvo la campaña en los medios de comunicación, mientras subraya que hoy se hará el gran cierre con una movilización en Montevideo. Se eligió un día simbólico, como cada 20 de mayo de las últimas dos décadas. Por eso, el lema es “el último 20 con leyes de impunidad”.
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