Sábado, 31 Marzo 2018 09:49

Aires de renovación sindical

Aires de renovación sindical

Desde el 28 de febrero, las diferentes organizaciones sindicales del sector público, a lo largo y ancho del país, presentaron sus pliegos de exigencias regionales y municipales ante la respectiva administración de sus entidades, en cumplimiento de los Decretos 1092 de 2012 y 160 de 2014, que regulan los procedimientos de la negociación colectiva al interior de las entidades del Estado. Estas negociaciones no solo tienen el fin de mejorar sus condiciones laborales, sino que también buscan posicionar temas de la agenda social, ante el reiterativo incumplimiento del Gobierno sobre los acuerdos pactados años anteriores.

 

En este marco la Federación nacional de trabajadores del estado, los servicios públicos y la comunidad (Únete) en alianza con el periódico desdeabajo y la campaña “otra democracia es posible”, están consolidando espacios de reflexión al interior del sindicato y sus afiliados, quienes discuten en colectivo sobre las herramientas conceptuales que podrían ayudar a caracterizar mejor las estrategias, análisis y oportunidades que debe tomar la organización a la hora de plantear el trámite de sus demandas y, por tanto, la administración de sus conquistas. Aquí algunos de los ejes hasta ahora abordados:

 

Estructura de oportunidad política

 

Esta categoría hace parte, junto con la dimensión subjetiva, y la estructura organizativa, de las tres dimensiones que propone la “agenda clásica” de estudio sobre los movimientos sociales (McAdam, Tarrow, Tilly, 2005). La EOP se refiere a las características catalizadoras del contexto en que tiene lugar la acción colectiva y designa las dimensiones que la promueven o la inhiben. Comprende tanto la estructura política institucional como las relaciones informales de poder en un sistema político y puede usarse como una serie de variables independientes para explicar el origen, la forma o el impacto de actores sociales en disputa.

 

Para autores como McAdam* sería parte de la EOP: “1. El grado de apertura política del sistema político institucionalizado. 2. La estabilidad o inestabilidad de la alineación entre las élites 3. La presencia o ausencia de aliados entre las élites, 4. La capacidad de cooptación del estado y su propensión a la represión.” dichos elementos son importantes a tener en cuenta a la hora de caracterizar los actores en una negociación, pues conocer sus intenciones, su fuerza y la orientación de sus propuestas se hace crucial para poder navegar por el tablero de las relaciones de poder entre las condiciones laborales de los trabajadores y los intereses de los empleadores. Por ejemplo para el caso de los trabajadores estatales que deben negociar con gerentes y administradores puestos a titulo de cumplir con la agenda de ciertos partidos políticos.

 

El análisis de coyuntura y la identificación de alternativas

 

Partimos de la premisa de que la realidad social es todo un conjunto de fenómenos que versan entre la colaboración y el conflicto –de los cuales nuestra propia acción forma parte–. Conocer estos fenómenos es posible, y de ellos se deriva una fuerza material en la sociedad que permite actuar con mayor eficacia en momentos determinados. A estos momentos marcados por acontecimientos significativos es a lo que llamamos coyuntura.

 

El objetivo del análisis de coyuntura es el de ser un instrumento de trabajo que permita conocer de mejor manera cuál es la correlación de las fuerzas sociales y cómo se expresan. De esta manera se pueden orientar mejor visiones y planes de acción que contribuyan con el desarrollo de los intereses del movimiento popular, suponiendo al menos un manejo pormenorizado de la historia específica de nuestro país (económico-social, política y cultural) la cual ha moldeado lo que llamamos estructura, y de las instancias en que se juegan dicha historia en el presente, lo que llamamos coyuntura.

 

Las acciones a desarrollar en el análisis de coyuntura radican en hacer un estudio de la situación actual, donde se determinen los actores en escena, los protagonistas, su proyecto, sus aliados, sus opositores y los dispositivos o prácticas que ponen en juego; así se pueden mostrar las distintas alternativas que pueden ofrecer las tendencias de su desarrollo, con el animo de que se puedan definir tareas políticas específicas al interior de estas coyunturas.

 

Vale la pena aclarar lo que implica la identificación de alternativas, ya que lo alternativo es un concepto que sirve de herramienta para organizar el trabajo de proyección y delimitar un campo problemático. Las alternativas son la lupa y la brújula que hace posible el reconocimiento de hechos, problemáticas, actores que no serían visibles sin esta categoría y se definen en torno a aquellos elementos potenciales de ser activados en el marco de las luchas contra prácticas y discursos hegemónicos.

 


Por ejemplo: como expresó una compañera del taller, en el pliego de exigencias de la secretaria de planeación distrital, puede incluirse un punto que favorezca la lucha por un plan de ordenamiento territorial (POT) alternativo, formulado y organizado entre el sindicato de la entidad y organizaciones sociales o instituciones de la sociedad civil que trabajen el tema, de tal forma que se pueda trascender del pliego laboral al pliego político y aprovechar las instancias de negociación colectiva para posicionar al sindicato frente a la sociedad, así como articularse con otros actores sociales, en una visión de renovación sindical. Por esto el análisis de coyuntura y la identificación de alternativas a potenciar son herramientas complementarias a la negociación colectiva y en muchos sentidos colaboran con aumentar su eficacia.

 

Negociación colectiva y autonomía

 

La negociación colectiva, junto con la huelga y la organización sindical, son instrumentos de los trabajadores en la consecución y gestión de sus intereses. Puede ser que en determinados momentos colabore en la conquista de derechos por mejores condiciones de trabajo y de vida de los trabajadores, pero también puede significar pérdidas, gracias a que depende de la correlación de fuerzas en que se de la negociación. La negociación colectiva puede ser una herramienta artífice de justicia social, siempre y cuando sea asumida en el marco de una lucha más general, proyectada y en solidaridad con otros actores, hecho que implica una reflexión sobre los contenidos de la negociación, sus limites, sus potencialidades y el ámbito social al cual puede ampliar su cobertura.

 

Para esto, autores como Gianibelli, (2013) caracterizan dos sistemas generales de negociación colectiva, según el grado o las maneras de formalización que alcanzan tanto los procedimientos de la negociación, como los acuerdos producidos. Por un lado los sistemas dinámicos donde el proceso de negociación se hace de manera cotidiana y permanente, con muy poca intervención estatal, dejando el efecto y los diseños del acuerdo a las partes en conflicto, donde el rol del sujeto sindical parte en gran medida sobre la base de la propia administración de las demandas y las condiciones laborales. Algunos ejemplos de este sistema son el modelo británico de abstención legislativa o el italiano de ordenamiento intersindical.

 

Los sistemas estáticos –más comunes en América Latina– en donde la negociación colectiva está fuertemente permeada en su alcance normativo por el régimen estatal y en el que existe una fuerte separación entre el tiempo de la negociación y el de la administración de los acuerdos, por lo regular delegando la gestión al aparato legislativo y dando primacía a la fuerte normativa extensa al convenio colectivo. Este modelo intervencionista trae profundos efectos en la autonomía colectiva de la organización sindical que entrega la efectividad de lo acordado a la norma.

 

A partir de estos sistemas es preciso distinguir cuatro elementos a tener en cuenta a la hora de actuar en la negociación colectiva. 1. La estructura 2. Los sujetos 3. La vigencia y 4. Los efectos. La primera hace referencia a las reglas que ordenan la negociación y los niveles en que se distribuyen las competencias de negociación, el grado de centralización sectorial o de rama, las relaciones de poder que conllevan, así como la conexión entre ellos que determinan las condiciones favorables o desfavorables del armazón sobre el que se sostiene la negociación. La segunda que hace referencia a los sujetos que están facultados para la negociación, los cuales deben de pasar por un test de representatividad, la mayoría de las veces condicionados por la legislación estatal, o por los estatutos de la organización sindical.

 

Con respecto a la vigencia es de resaltar que una intervención heterónoma en el caso latinoamericano también es de aprovechar, pues la norma también puede garantizar ciertos derechos, habilitando ciclos de expansión para sumar conquistas y/o resguardando en momentos de retracción en una correlación de fuerzas desfavorable. Por ultimo, los efectos que pueden ser medidos a través de la eficacia que tanga la organización de tramitar y administrar las conquistas alcanzadas, de manera que se logren extender los alcances del convenio.

 

Vale decir que en Colombia existen tres tipos de acuerdos en la negociación colectiva: la convención colectiva de trabajo (art. 467 de la Constitución), el pacto colectivo (art. 481) y el contrato sindical (art. 482). A los trabajadores del estado les corresponde la primera, y en este sentido son un sujeto privilegiado dentro de las disputas económico-laborales en el país; ser conscientes de estos privilegios hace imperiosa la necesidad de la lucha y la solidaridad con otros sectores. Una lucha que puede sacar el máximo provecho de sus herramientas de disputa, la negociación colectiva y el análisis de coyuntura.

 

* 1999, citado por Edwin Cruz 2016, 1999, p. 14.

 

Publicado enEdición Nº244
Sintrametro, en la mira por las fallas técnicas del Metro de Medellín

El Metro de Medellín ha tenido un inicio de año difícil. Las fallas técnicas en la prestación del servicio despertaron un grado de insatisfacción hasta ahora no visto entre sus usuarios. El origen de las fallas son un misterio, sin embargo, el Sindicato del Metro de Medellín, en busca de mejorar las condiciones laborales y ofrecer un mejor servicio de transporte, recibió como respuesta por parte de la gerencia que son los trabajadores sindicalizados los responsables de estas dificultades.


Durante los meses de febrero y marzo, diversos comunicados de prensa advirtieron sobre las fallas en las estructuras de las cateranarias del Metro justo en los horarios de mayor congestión; los protocolos de seguridad y control aplicados por la empresa en esos momentos no son los más adecuados, en muchas ocasiones los usuarios no tienen derecho a la devolución de los pasajes, en repetidas situaciones son obligados a bajarse de lo trenes y caminar por los carriles hasta llegar a alguna estación, además de soportar la congestión que se forma en las estaciones.


Tras el telón


Desde el 2013, empleados del Metro de Medellín decidieron sindicalizarse y conformar a Sintrametro, buscando mejorar sus condiciones laborales y a su vez el servicio de transporte en los distintos sistemas integrados como MetroCables, MetroPlus, tranvía y buses intermunicipales. Un servicio que funciona desde las 4:00 am hasta las 11:00 pm con un número de usuarios desconocido, porque en la medida que expanden su megaproyecto más crece la demanda, lo que requiere que sus empleados cuenten con condiciones de trabajo dignas que los motive a tener un mejor desempeño.


Sin embargo, hace 40 días que los empleados sindicalizados presentaron su pliego de peticiones (ver imagen) ante la gerencia y la junta administrativa del Metro, pero el pasado 23 de marzo la mesa de negociaciones se levantó sin ningún acuerdo y con la posibilidad latente de llevar el caso a un Tribunal de Arbitramento, pues Sintrametro no cuenta con la opción de huelga dado que el Metro está catalogado como servicio público esencial –caso similar al de los pilotos de Avianca–. Lo grave del asunto son las insinuaciones por parte de la gerencia de Tomás Elejalde Escobar, responsabilizándolos en parte por las fallas técnicas presentadas por el sistema en las últimas semanas.


Imagen 1: Pliego de peticiones de Sintrametro.

 

 

 

La cantidad de fallas técnicas que puede llegar a presentar un sistema de transporte como el Metro de Medellín son incontables y muchas no previsibles, sin embargo, la junta administrativa de la empresa ha demostrado negligencia al no tomar las medidas necesarias para no solo prestar un servicio eficiente sino, además, para no poner en riesgo la vida de sus usuarios, pues no se sabe qué tan seguro puede ser el sistema en momentos de crisis.


La presidenta de Sintrametro, en entrevista con la Escuela Nacional Sindical de Medellín, afirmó que “la Administración está siendo irresponsable con este tema. En los últimos días se han dado cantidades de fallas en el Sistema Metro, y ante eso hemos visto que el gerente Tomás Elejalde ha hecho salidas en falso. No solamente culpa a los trabajadores sino a los usuarios del sistema. Quienes vienen siguiendo este tema se dan cuenta que el gerente siempre soslaya el problema, no ha querido aceptar que la falla está en la falta de repuestos, de señalización y la disminución de personal, hay sobrecarga laboral. Eso nos preocupa. Aunque también creo que los ciudadanos de Medellín no creen en las acusaciones que nos hace, porque finalmente somos los que, cuando hay fallas técnicas, hacemos posible que el sistema se restablezca de manera rápida”.


Mientras tanto, los usuarios siguen dudando frente a la efectividad de usar el metro para transportarse, pues durante las últimas semanas muchos han llegado tarde a sus destinos, entre ellos sus puestos de trabajo, el que puede perderse por este tipo de contingencias. Sintrametro espera convocar a asamblea la próxima semana para determinar cuáles son las acciones a seguir para ganar su lucha.

Publicado enColombia
Viernes, 23 Junio 2017 17:10

Aula abierta

La contundencia del paro magisterial sorprendió a propios y extraños. Por todo el país, día a día, desde el pasado 12 de mayo –un día después de la declaración del cese de actividades–, calles y avenidas de distintas ciudades son ocupadas por miles de quienes tienen por trabajo formar a las nuevas generaciones.

 

En todas y cada una de esas actividades, masivas por demás, resalta el entusiasmo y la disposición de todas las personas allí reunidas: mujeres y hombres, adultos y jóvenes, agitando sus propósitos, denunciando al gobierno, entonando sus consignas con energía, en no pocas ocasiones cantando, brincando, hablando con la gente para explicar las razones de su lucha, cubriendo extensos recorridos para garantizar con sus cuerpos, voz e imagen, un testimonio fiel de su decisión de conmover a todo el país ante un reto que es nacional: garantizar la financiación plena y oportuna de una educación de calidad.

 

La continuidad de sus acciones, la decisión de estar en la calle, resume un mensaje nítido: para enfrentar al gobierno no son suficientes razones –el poder es sordo–, hay que imponerlas.

 

Han salido, entonces, miles a dar lo mejor de sí, a dictar su mejor clase, en una aula abierta a la cual concurre todo el país. Ejemplo y testimonio también para sus educandos, para sus familias: ningún derecho lo conceden y garantizan sin lucha, sin resistencia. O lo que es igual: todo problema público tiene solución siempre y cuando lo enfrentemos como un solo cuerpo.

 

Al tablero

 

Decidirse por un aula abierta no es fácil, como no lo es sostenerla, pero las circunstancias así lo obligan: la crisis financiera del sector, la precariedad del servicio de salud, el estrés y el acoso laboral, la jornada única, la insuficiencia alimentaria ofrecida a quienes estudian, entre otras razones, son parte del conjunto de razones que, acumuladas y sin resolución efectiva por el ente oficial, obligaron al magisterio colombiano a escribir con letra mayúscula: ¡YA NO MÁS!

 

Circunstancias de precariedad laboral y educativa, que para el caso de Bogotá ya habían llevado a la Asociación Distrital de Educadores (ADE) a marcar el 17 de mayo como el día cero para iniciar el cese de labores. Otros sindicatos seccionales, como la Asociación de Institutores de Antioquia (Adida) y la Asociación de educadores de Cundinamarca (Adec), también habían tomado la irrevocable decisión de un paro, aunque aún no le habían marcado fecha.

 

En otras seccionales también estaba la inquietud sembrada, circunstancia que llevan a Fecode, la Federación que agrupa al gremio magisterial, a convocar para el 8 de mayo con carácter urgente su Junta Nacional, la misma que reúne las 32 filiales que la integran, y en la cual toman la determinación de un paro indefinido del sector a partir del 11 del mismo mes. Las banderas del mismo, ya enunciadas, tienen sus razones y alternativas de solución:

 

Las materias

 

Financiación de la educación


Como se recordará, a partir del Acto Legislativo 01 de 2001 fue creado el Sistema General de Participaciones (por el cual se giran los recursos para educación, salud, saneamiento básico y agua potable), reemplazando al Situado Fiscal que era la fuente de recursos para la educación.

 

Esta medida, creada con criterio transitorio, dura hasta este año, dejando en el limbo no solamente la educación, sino también la salud, el saneamiento básico y el agua potable. Ante ello el magisterio exige, como solución, la aprobación de un nuevo Acto Legislativo que resuelva de manera definitiva la financiación de la educación, con recursos suficientes.

 

Las condiciones en el puesto de trabajo


El trabajo formativo de las nuevas generaciones no es tarea sencilla, es exigente. El trabajo no se reduce a la presencia en el salón de clase, a repetir saberes y propiciar repeticiones como loros. No. La labor formativa implica un esfuerzo preparativo extraclase, pensar qué se construye, cómo y con quién se construye, cómo motivar, etcétera, pero también un esfuerzo posclase, de evaluación, para estimular que los procesos de formación tengan consecuencia lógica con la realidad de la nación.

 

Esto es lo más evidente, pero también están todas las tensiones desprendidas de la convivencia, de las necesidades de todo tipo que portan las personas jóvenes, las que en no pocas ocasiones llevan a contradicciones y tensiones intensas entre quien forma y quien es objeto de este proceso. Tensiones que también se desprenden de las difíciles situaciones económicas (pobreza) en que viven quienes estudian, pues las problemáticas familiares también llegan a los colegios.

 

Entonces, no es raro que quien forma, tras 5, 10 o más años de labor, soportando situaciones extremas, atendiendo día a día 40 y más estudiantes, llegue a situaciones de estrés.

 

De esta dinámica, asociada a los tiempos cambiantes que vivimos, cada vez más complejos y exigentes, se deriva un estrés profesional –laboral–, endémico. Los cuadros depresivos y de angustia cubren a centenares de mujeres y hombres dedicados a la docencia. El cuadro de salud es tal que en medicina laboral les incapacitan hasta por seis meses, y sin planes de rehabilitación ni de recuperación de la salud les decretan su pensión por invalidez. ¿Qué hacer con esta realidad, que no le sirve al país ni a quien padece el problema? La verdad es que el magisterio requiere encontrarle solución a la problemática que origina esta situación.

 

Una vía preventiva para ello, para impedir llegar al extremo, es la aprobación de un modelo de año sabático para quien cumpla cinco o diez años de labor constante, por medio del cual no sólo toma aire quien trabaja en la docencia sino que también se adentra en procesos de formación constante, oxigenación que sin duda redundará en mejores capacidades formativas para sus educandos.

 

Acoso laboral


Esta es una realidad poco denunciada pero real, propiciada en parte por la expedición de normas, lineamientos y de política educativa, que de ninguna manera favorecen la labor educativa.

 

Salud


Este tema resume con toda claridad la precariedad que a todo nivel vive la educación en nuestro país. Lo que debiera concretar un derecho humano fundamental quedó reducido a la suplica permanente ante la entidad contratada para que atienda al paciente.

 

A pesar de que la salud tiene que estar vigilada y garantizada desde el gobierno nacional a través del Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, con dineros aportados por el patrón y el magisterio, administrados a través de un contrato de fiducia, los afanes económicos del gobierno terminan por someter a crisis este derecho al desviar los recursos reunidos para cubrir con ellos otras obligaciones como cesantías y pensiones; de igual manera, el interés de ganancia de quienes son contratados para prestar el servicio, con su afán de lucro, terminan por privilegiar una mayor ganancia a prestar un buen servicio.


Las soluciones se han planteado de muchas formas y el gobierno a través de sus tres representantes en el Consejo Directivo del Fondo, no resuelve. La salida definitiva, es asumir en forma directa el servicio médico asistencial para el magisterio y sus familias, eliminando los contratos. En las regiones son los secretarios y secretarias de educación, quienes deben vigilar que estos servicios se presten con oportunidad y efectividad, para que haya prevención de las enfermedades y se cumpla con lo establecido en salud laboral.

 

Jornada única


Debe aclararse, ante todo, que Fecode no se opone a esta Jornada, mal podría hacerlo pues la misma surge de un acuerdo alcanzado en el año 1993, cuando se firmaron los aspectos centrales de la Ley General de Educación –luego convertida en la Ley 115/94–, en la cual queda consagrada esta Jornada.

 

Pero la Jornada única no puede decretarse sin garantizar condiciones básicas para que docentes y estudiantes la aprovechen en las mejores condiciones: edificaciones y dotación adecuada, espacios físicos ajustados a la demanda de centenares de estudiantes que requieren alimentación balanceada para lo cual las autoridades correspondientes deben destinar los recursos necesarios para construir y dotar restaurantes dentro de los colegios, y así garantizar desayuno y almuerzo balanceados, además de los refrigerios; áreas amplias, bien dotadas, con acompañamiento permanente, para que no terminen saturados por la extensa permanencia en un solo lugar; pero también salario profesional, para que el magisterio ejerza su labor con pleno reconocimiento del esfuerzo que realiza.

 

Sin así garantizarlo, este reto no es factible de ser concretado. Pero, además, es necesario resaltar que a esta Jornada no puede llegarse por la vía de los estímulos que las Secretarías de Educación ofrecen a las rectorías, bien sea por la valoración de calidad o de eficiencia, u otro tipo de reconocimientos, ni a través de imposiciones procedentes desde el Ministerio de Educación, pues ello no resuelve el problema ya planteado; lo que hacen las autoridades educativas al así actuar es reducir el hecho educativo a una simple concentración de estudiantes en un espacio físico, lo cual no promete como resultado final nada más que desastres.

 

Algunas lecciones

 

  1. 1. Asiste el magisterio colombiano a un cambio generacional que propicia la potenciación energética que ahora se ve. Si bien este cambio no es total, sí es evidente que una generación de docentes está cerrando su ciclo y el relevo ya está tomando sus banderas. Llevar a cabo este proceso de manera armoniosa es condición fundamental para que el gremio gane en fortaleza así como en la concreción de una nueva visión sobre el hecho educativo.
  2. El magisterio se reafirma en la concepción de que si no es luchando, peleando, haciendo un cese de actividades, no se logra conquista alguna.
  3. En el proceso vivido hasta ahora logramos una mayor unidad en el gremio, la cual podrá ahondarse si el acuerdo final está a la altura de las demandas levantadas por la base magisterial.
  4. Un talón de Aquiles. Aún no logra el magisterio reconstruir redes organizativas y solidarias con el conjunto de la comunidad educativa, hacerlo sería la condición para ahondar una labor formativa que supere el salón de clase y toque las condciones de vida de nuestras sociedades.

 

Esta precariedad tiene expresión en el formalismo que hoy comportan los consejos estudiantiles y otras instancias de participación de estudiantes. Hay que estimular su constitución y existencia, pero también hay que garantizar su autonomía, actividad permanente y, con ello, su politización.

 

Al terminar de escribir esta nota, en una fase de la negociación que ha llevado a la delegación de Fecode a concentrarse durante varios días con el Ministerio del ramo, sin que éste ceda en sus política económicas y de otros órdenes; acompañada la delegación magisterial desde las calles por marchas y mítines por todo el país, una realidad brilla por su nitidez: El Magisterio colombiano no se rinde... ¡carajo!

Publicado enEdición Nº236
Viernes, 23 Junio 2017 17:03

Para aprender y proyectar

Para aprender y proyectar

Una negociación intensa. Esa ha sido la marca que resalta de la discusión del pliego de solicitudes presentado por los estatales a su patrón. El factor Fecode contribuyó de manera sustancial a ello, sin duda, llevando al Gobierno a un terreno resbaladizo, y propiciando que los trabajadores busquen la calle como principal escenario para presionar un resultado favorable en sus demandas.

 

En ese ambiente, donde se presentan paros de 24, 48 y 72 horas de algunos sectores de los estatales, se alcanza el acuerdo del incremento salarial, no sin vivir prolongadas discusiones sobre los derechos de los trabajadores y la situación económica del país, para acordar un incremento salarial del IPC causado en el 2016 (5,75%) más un 1 por ciento. Logro agridulce que refleja una correlación de fuerzas que aún no es favorable para los contratados. Falta mucha labor educativa y organizativa para que así sea.

 

En todo caso, la dinámica ganada en la negociación refleja con claridad el criterio con el cual llegamos algunos sectores a esta negociación: encararla con el reto de superar anteriores experiencias, donde el Gobierno impuso criterios o firmó acuerdos que luego incumplió. Con esa claridad por parte de los delegados de los trabajadores, fue instalada en marzo la mesa para la concertación, debiendo parar la misma el 6 de abril por una tutela interpuesta por otras organizaciones sindicales que exigían participación en la negociación. El 25 de mayo la mesa retoma actividades, proyectadas según la ley para veinte días hábiles, los cuales resultaron insuficientes, acordando una prórroga de 8 días que terminan el 17 de junio.

 

Ampliación de tiempos que denota la dificultad afrontada para abordar el pliego, mucho más cuando la representación de los trabajadores corre a cargo de diversidad de organizaciones (Cut, Cgt, Ctc, Únete, Fenaltrase, Utradec, Fecotraservipúblicos), sin afinidad de objetivos y criterios para encarar la defensa de sus representados.

 

Como siempre, ante la opinión pública el único punto que ventila el Gobierno es el concerniente al salario mínimo, sin aclarar aspectos sustanciales en la negociación como superación de la informalidad contractual, ampliación de nómina, política de género y otros.

 

De la negociación afrontada en el 2017, y con el criterio de sacar lecciones de la misma que sirvan como aprendizaje al conjunto del movimiento sindical y social, resumimos en 4 aspectos las principales temáticas por apropiar.

 

Criterios mínimos para los pliegos de solicitudes

 

  1. Los pliegos de peticiones deben ser elaborados con la participación del conjunto de asociados, implementando para ello talleres y llevándolos a asamblea general para su aprobación. Hay que actuar así porque aún predomina el viejo método de que dos o tres elaboran los pliegos y son pocos quienes los aprueban.
  2. Cuando los pliegos de peticiones sean unificados, es decir de varios sindicatos, los mismos deben ser aprobados por asambleas de cada uno de los sindicatos y por una asamblea conjunta.
  3. Los pliegos deben contener aspectos económicos, culturales, laborales, administrativos y políticos, definidos con precisión en tiempo, modo y lugar. Así hay que proceder pues por lo general son muy genéricos y a veces son abstractas, lo cual le quita fuerza a la negociación.

 

¿Cómo debe funcionar la comisión negociadora?

 

La experiencia es que la comisión negociadora de los trabajadores es muy desigual, integrada por compañeros que nunca han estado en una comisión de estas –son delegados por primera vez para enfrentarse a una negociación macro como ésta.

 

Para evitar improvisaciones, la experiencia enseña que deben definirse previamente los perfiles para quienes la conformen, garantizando dirigentes que tengan, por lo menos un buen nivel: técnico y académico, y con conocimiento del desarrollo de los puntos centrales de la negociación.

 

Y para preparar el relevo directivo, en la comisión negociadora debe garantizarse un equilibrio entre compañeros con experiencia y quienes están en un proceso de desarrollo y aprendizaje.


Al respecto, de la negociación del presente año, hay que destacar lo siguiente:

 

  1. Persisten los desniveles pronunciados entre los negociadores de los trabajadores –en información, conocimiento, prácticas y experiencia.
  2. Garantizando la asistencia de dirigentes ya forjados y otros en proceso formativo, debe certificarse que unos y otros posean conocimiento básico de la estructura del Estado y las competencias de cada una de ellas, para que puedan interpelar en la discusión que tienen que ver con el funcionamiento de todo el Estado colombiano.

 

De igual forma, deben tener conocimiento del presupuesto nacional, departamentales y municipales, es decir, que conozcan cómo se aprueban, ejecutan, modifican, cuándo hay un traslado de rubro, etcétera; además, es fundamental tener capacidad técnica mínima en estos aspectos. Otro elemento es conocer la política económica del Gobierno, sus características y deficiencias.

 

Un aspecto que no debe repetirse: la negociación aún en curso tuvo dificultades en la mesa central de negociación por cuanto no había precisión en los objetivos fundamentales perseguidos; nos tocó hacer una discusión sobre la marcha y precisarlos. También debe tenerse claridad de la metodología, los espacios y los cronogramas de la negociación, porque de ello depende el ritmo de la negociación. En la negociación que encaramos en un primer momento el gobierno impuso el ritmo, lo que por fortuna corregimos a tiempo, reencausándolo.

 

Este descuadre pudo tomar formar porque en las primeras de cambio la coordinación entre los negociadores no fue la mejor, prevaleciendo protagonismo, prevenciones, rivalidades, las que en ocasiones afloraron en medio de la negociación; por fortuna pudimos superar este desfase a través de la discusión colectiva y estableciendo unos voceros, garantizando que esos tuvieran un manejo metodológico definido, donde la participación descansara en todos y no únicamente en el vocero.

 

Otra experiencia importante: el manejo de la información. En esta oportunidad fuimos oportunos en la expedición de boletines sobre cada negociación, el whatsapp y otro medios fueron utilizados, permitiendo que los trabajadores y los dirigentes sindicales del resto del país tuvieran un conocimiento efectivo del desarrollo de la negociación, lo que facilitó la programación y realización de los mítines, plantones y posteriormente los paros, y desarrollar el gran paro del magisterio colombiano, y los paros del sector estatal de 24, 48, 72 horas, e incluso algunos indefinido acompañando a Fecode.

 

No puede dejarse pasar que en la negociación se definió que el principal instrumento de lucha de los trabajadores, para acompañar la discusión del pliego, era la movilización, de tal forma que pudiéramos ir a las calles, ubicarnos en ellas, presionando la negociación al tiempo que ampliábamos hacia la sociedad en general el contenido de nuestras demandas.

 

Experiencias sindical y política

 

  1. 1. Logramos denunciar y afectar ante la opinión pública la política económica neoliberal del Gobierno, se descascaró el carácter demagógico y represivo de Juan Manuel Santos.
  2. Logramos demostrar ante la opinión pública la justeza de nuestras peticiones, así lo reflejaron las encuestas realizadas en televisión y en radio, donde la opinión fue ampliamente favorable a las peticiones de los trabajadores; el impacto que esto generó en los medios los llevó a ser más prudentes en el manejo de la información, obligándose a brindarnos algunos minutos para exponer nuestras ideas.
  3. Las movilizaciones del magisterio y los estatales estimularon a otros sectores para la lucha a nivel nacional; el Comando Nacional Unitario, integrado por las centrales y la federaciones estatales, entre ellas Únete, desarrollaron actividades de coordinación a nivel nacional y a nivel territorial.
  4. En relación con el salario: se firmó un acuerdo parcial del salario para el sector público, de la inflación causada en el 2016 (5,75%) más un 1 por ciento sobre el IPC. La forma y el método como se logró el acuerdo, generó críticas internas en la bancada de los trabajadores negociadores, al considerar Únete que el momento en que esto ocurrió no era el mejor ya que le generaba un vacío a Fecode; sin embargo, al imponerse la lógica de la mayoría debimos firmar el acuerdo parcial de salario.

 

Pendientes

 

  1. 1. Tras lograr una prorroga de ocho días, continúa la negociación en medio de paros y de la movilización, la cual termina el 16 o el 17 de este mes. El 8 de junio, por ejemplo, los trabajadores de la Aeronáutica Civil lograron (tres organizaciones filiales de Únete) afectar el tráfico en más de 15 aeropuertos del país, y se preparan para concretar nuevas jornadas de protesta y movilización durante esta semana.
  2. Alcanzamos avances en la política de género: de 21 puntos alcanzamos 19.
  3. Seguimos negociando y están pendientes de resolución la inmensa mayoría de puntos del pliego presentado. Hay que destacar el incumplimiento del acuerdo colectivo vigente para los años 2013- 2015, no cumplido en un 60 por ciento por el Gobierno (en materia de derechos, administrativo, garantías).
  4. La Carrera Administrativa: estamos discutiendo la necesidad de que en el sector público se apruebe un escalafón de la administración pública, que permita que los trabajadores, teniendo en cuenta su antigüedad, su mérito, su desarrollo en la formación y capacitación, puedan ascender de manera automática –en la actualidad no tienen derecho a ascenso, la planta de personal está congelada en relación con la estructura del empleo público.
  5. También planteamos la necesidad de hacer un pacto sobre trabajo digno y decente en la administración pública, aplicando los criterios y condiciones establecidos por la OIT para ello.
  6. En el punto de derechos y garantías sindicales, estamos negociando el derecho a un programa de televisión para los trabajadores, dirigido por las centrales; también está el punto concerniente a los permisos sindicales, con modificación del decreto 160 (que reglamenta el derecho de negociación a los empleados públicos, modificación que debe ser concertada entre el Gobierno y los trabajadores)
  7. Exigimos, asimismo, que la Ministra de Educación derogue la directiva 037, mediante la cual ordenó el no pago de los salarios de los docentes, y que el Alcalde de Bogotá le de desarrollo al pliego presentado por la ADE, del cual no han atendido ni una sola petición.

 

* Presidente de la Unión de trabajadores del Estado y los servicios públicos

Publicado enEdición Nº236
Pulso Gobierno vs. Cumbre Agraria: ¿Un solo vencedor?

En Colombia ninguna conquista social se logra sin lucha. Es más, toda conquista social demanda más de un jornada de protesta, pues el Gobierno –mejor, el poder– es experto en dilatar, hacer propaganda, distraer, confundir, dividir y...

 

Para el movimiento social de la ruralidad colombiana, empezado a gestar en medio de estas luchas, y transformado en parte en la Cumbe Agraria, Campesina, étnica y popular (Cacep), no es diferente. A pesar de sus potentes movilizaciones de los últimos tres años, en especial la prolongada entre el 19 de agosto al 12 de septiembre de 2013, y de lo suscrito al momento de levantar todas y cada una de las protestas, ahora le toca salir de nuevo al ruedo.

 

La Cacep, conformada por 13 procesos de la ruralidad, fue reconocida como interlocutora de la política púbica mediante el decreto 870 de 2014, firmado por el entonces ministro del interior Aurelio Iragorri Valencia, quien creó un escenario de negociación denominado Mesa Única Nacional (MUN), conformada por: Ministro del Interior o delegado, Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, Ministerio de Minas y Energía, Ministerio de Hacienda y Crédito Público, Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, y 35 voceros de la Cacep.

 

Esta mesa centró su discusión alrededor de los 8 puntos del pliego de exigencias de la Cacep, Mandatos para el buen vivir: Tierras, territorios colectivos y ordenamiento territorial, Economía propia contra modelo de despojo, Minería, energía y ruralidad, Cultivos de coca, marihuana y amapola, Derechos políticos, Garantías, víctimas y justicia, Derechos sociales, Relación campo-ciudad y, Paz, justicia social y solución política.

 

La mesa fue instalada hace dos años y 10 meses, y pese al paso del tiempo sus avances son pocos. Por ello, luego de los constantes incumplimientos y dilaciones por parte del gobierno nacional, la Cacep rompió la mesa de negociación y convocó en el 2016 a la Minga Nacional Agraria, para levantarla fueron suscritos el 13 de junio los “Acuerdos de Santander de Quilichao”, comprometiendo una vez más al gobierno nacional a cumplir con los compromisos suscritos y ofrecer garantías a la Cacep para seguir conversando y negociando el Pliego de exigencias.

 

Dicen que “al perro no lo capan sino una vez”, pero no es cierto. Por ser así, el 8 de marzo de 2017, por falta de garantías e incumplimientos, vuelve a presentarse un pulso entre la Cacep y el gobierno nacional; esta vez la acción de protesta tomó como centro de su acción el Ministerio del Interior, en pleno centro de Bogotá.

 

¿Acción desesperada? o ¿Rabia condensada?

 

Ante el constante asesinato –suman 150 entre 2016-2017, 30 de ellos en lo corrido del 2017–, persecución y amenaza de líderes y lideresas del movimiento social, el aumento de la presencia paramilitar en varias regiones y el incumplimiento, dilación y falta de seriedad con la Mesa Única Nacional –el gobierno no envía a las sesiones de negociación funcionarios con poder de decisión–, la comisión política de la Cacep decidió declararse en sesión permanente dentro de la sede del Ministerio del Interior, hasta tanto no se hicieran presentes: el Presidente Juan Manuel Santos, Ministro del Interior en su calidad de coordinador de la mesa, Ministro Aurelio Iragorri como cabeza del gabinete de agricultura y desarrollo rural; El Ministro de Hacienda Mauricio Cárdenas; Ministro de Minas y Energía, el Procurador General de la Nación, el Defensor Nacional del Pueblo, Fernando Carrillo Flórez, y el Fiscal General de la Nación Néstor Humberto Martínez. Esta exigencia fue enviada a través de una carta formal que contiene 13 consideraciones, así como 8 exigencias y propuestas.

 

Las consideraciones expuestas tienen que ver con que luego de pasados 2 años y 10 meses desde la creación de la MUN (Decreto 870/2014) no se ha avanzado en los temas gruesos, pues la negociación se centró en temas mínimos de aclimatación en torno a garantías y derechos humanos –incumplidos, como es evidente–, al tiempo que el gobierno impone leyes que van en contravía de los acuerdos alcanzados en la MUN, como las Zidres o el nuevo Código de Policía, entre otras.

 

La Cacep considera que las comunidades rurales no solo han sido víctimas de la guerra, sino que existen experiencias y propuestas desde los territorios que contribuyen a la paz, las mismas que el gobierno nacional niega, desconociendo la posibilidad de su participación en los espacios de diálogo, negociación e implementación que se adelantan con las insurgencias armadas. En lo que respecta a la implementación normativa del Acuerdo Final, la Cacep considera que a través de la vía rápida (Fast track) están imponiendo una serie de modificaciones legales que desconocen las propuestas y exigencias presentadas por las organizaciones rurales, dejando en el vacío el objetivo mismo de la Mesa Única Nacional, medidas que apuntalan una política pública favorable a la agroindustria y el extractivismo.

 

Las exigencias y propuestas presentadas por la Cacep, versan sobre: 1) mecanismos rápidos, ágiles y efectivos para las garantías individuales y colectivas para la vida e integridad de las comunidades, sus líderes y lideresas; 2) Evaluación exhaustiva, con el Presidente y su gabinete, para establecer una agenda de negociación y una ruta eficaz de cumplimiento de los acuerdos; 3) traslado de la MUN de Bogotá a otras regiones del país; 4) debate público de control político sobre el estado de cumplimiento de los acuerdos suscritos; 5) reconocimiento constitucional y legal del campesinado como sujeto de derecho; 6) conocer y participar del proceso de implementación normativa por la vía rápida (Fast track) de los acuerdos entre Farc-Ep y Gobierno y, 7) garantías para participar de forma autónoma, amplia y vinculante, a propósito del proceso de negociación que se adelanta entre el Gobierno y el Ejército de Liberación Nacional.

 

La respuesta inmediata del Ministro del Interior Juan Fernando Cristo, el día 8 de marzo, fue enviar a Luis Ernesto Gómez, su joven viceministro para la participación e Igualdad de derechos, quien pese a su actitud jovial y aparente sencillez (porta corbata y usa tenis), se mostró intransigente y despreciativo ante las propuestas que recibió. En su papel de negociador este funcionario solo reaccionó con amenazas de represión, insistiendo en desalojar el edificio –envió un grupo de la fuerza disponible de la Policía Nacional a la entrada del Ministerio a la espera de la orden de entrar a desalojar–; negó el ingreso de alimentos para las 47 personas que se encontraban dentro del Ministerio, cortó el agua de los baños y afectó la señal de internet, queriendo así imposibilitar la comunicación pública sobre lo que acontecía dentro del recinto. Cabe resaltar que la Defensoría del Pueblo y Naciones Unidas no estuvieron presentes durante toda la jornada, solo acompañaron un par de horas, se retiraron a las 7 de la noche, comprometiendo su palabra que regresarían, lo que no hicieron sino hasta el día siguiente pero por presión de la Cacep y parlamentarios amigos.

 

Negociación de papel

 

A las 5 de la mañana del día 9 de marzo, el ambiente se tensó, fuera del edificio estacionaron 13 motos, un camión y dos camionetas de la Policía Nacional; la orden era desalojar el edificio a las 9 de la mañana. La única persona autorizada para entrar al edificio fue el senador Iván Cepeda –finalmente logran ingresar el senador Alberto Castilla y el representante Alirio Uribe– como garante y enlace directo con el ministro Cristo. Luego de un largo tire y afloje entre las partes se acuerda –en borrador– la cita con el ministro Cristo en su despacho, a la que asistirían 13 representantes de la comisión política de la Cacep. Una vez iniciada la reunión en cuestión los demás miembros de la Comisión allí presentes se retirarían del piso 11 del Ministerio.

 

Arrogancia y cinismo. Antes de confirmar la reunión planteada, Cristo y Santos se reúnen, luego de lo cual el viceministro Luis Ernesto Gómez regresa al piso 11 y le plantea a la Cumbre que para llegar a la reunión con el Ministro del interior debía construirse una agenda para la negociación; la Cumbre insistió en que eso ya estaba en la carta enviada el día anterior, pese a esto la Cacep, en un gesto de buena voluntad accede a construir con el Viceministro una acta y declaración conjunta que contiene 3 puntos:


1. Garantías y protección individuales y colectivas: Se acuerda que el Viceministerio de participación e igualdad de derechos, y la dirección de derechos humanos del Ministerio del Interior, realizarán una evaluación del funcionamiento de la subcomisión de derechos humanos y de las misiones de verificación, entregando un informe sobre la aplicación del protocolo y la adopción de medidas de investigación, prevención y protección de acuerdo al reglamento y actas suscritas en Santander de Quilichao relacionadas con el tema; además que el Ministerio del Interior oficializará el 21 de marzo de 2017 la respuesta al derecho de petición entregado por la comisión de derechos humanos de Cumbre Agraria y que el Gobierno convocará a la Fiscalía General de la Nación para que presente un informe sobre el estado de las investigaciones por violaciones sistemáticas a los derechos humanos, con especial atención de los asesinatos de líderes, lideresas y defensores de derechos humanos. Finalmente, realizar una priorización que brinde garantía y protección individual y colectiva de las comunidades y sus territorios, creando instrumento de reacción inmediata. 

 

2. Mesa Única Nacional, evaluación, seguimiento y cumplimiento: Se acuerda la realización anticipada (la Cumbre propone 10 días) de la reunión de balance del proceso de negociación llevado entre las partes, con el Presidente de la República, prevista inicialmente para el mes de junio de 2017. Asimismo, el Ministro se compromete a gestionar y coordinar reuniones sectoriales con los ministros competentes para el cumplimiento de los acuerdos con la Cumbre Agraria, todo ello dentro de un término no mayor a un mes. Además, el Ministro del Interior se compromete a participar en un Debate de Control Político sobre el estado de cumplimiento de los acuerdos suscritos entre el gobierno nacional y la Cumbre.

 

 3. Participación en la construcción de paz: Se manifiesta que las propuestas presentadas por la Cumbre Agraria son una contribución de la sociedad a la construcción de una paz con justicia social; en tal sentido el gobierno nacional se compromete a incorporar los acuerdos suscritos en la Mesa Única Nacional en el marco de implementación normativa de los acuerdos de paz –Acuerdo Final– con base en el principio de Profundización de la democracia y “construir sobre lo construido”. De igual manera, el Ministerio del Interior promoverá la participación de la Cumbre Agraria en la Comisión de Seguimiento, Impulso y Verificación a la Implementación del Acuerdo Final; y, finalmente, el gobierno nacional brindará garantías a la participación autónoma, amplia y vinculante, a propósito del proceso de negociación que se adelanta entre el Gobierno y el Ejército de Liberación Nacional, así como el gobierno nacional garantizará la implementación del Capítulo Étnico de los Acuerdos de Paz.

 

Todos estos puntos son trabajados en la tarde y parte de la noche del día 9 de marzo junto al viceministro del Interior, el que los trasmite al ministro Cristo, el cual dice, a través de un nuevo funcionario pues el Viceministro no regresa, que el documento trabajado “no esta a su medida”. ¿A la medida de sus intereses? Ante esta respuesta, los voceros de la Cacep deciden, a altas horas de la noche, abandonar la sede del Ministerio.

 

Así culminó la sesión permanente la Cacep, cuyos propósitos no fueron logrados. Conscientes de ello ahora inicia la preparación de una nueva gesta, para poder encarar en mejores condiciones un nuevo pulso con el gobierno: vendrá la movilización y minga por los derechos, la vida y la paz, como lo confirmaron sus voceros en rueda de prensa. Amanecerá y veremos.

 

¿Seguir por la misma vía? O ¿Inventar otras formas?

 

Lo sucedido en el Ministerio del Interior demuestra una cosa: El gobierno nacional solo escucha a la Cacep en la movilización, y simplemente firma actas de acuerdo para quitarse los problemas de encima.

 

Despertar del adormecimiento. Es momento para que la Cacep retorne a sus orígenes: las regiones, las comunidades y las organizaciones con base territorial. Solo allí podrá tener claro qué se quiere con cada acción y así replantear los alcances de las “vías democráticas”. Es allá, en el territorio, donde está su fuerza, y este nuevo pulso que se viene únicamente podrá salir airoso si la Cacep se mueve desde abajo hacia arriba. Es un momento para que la Cacep se reconsidere completamente, para dejar los diálogos ineficaces; es momento de encontrar y construir caminos de unidad para lograr un movimiento fuerte que consiga levantar de nuevo la voz y la razón de las comunidades agrarias.


Así hay que obrar, mucho más si recordamos la cercanía de la campaña electoral, y con ello que dentro de pocos meses el gabinete ministerial empezará a entregar las llaves de sus despachos a sus nuevos inquilinos.

 

Ante todo esto es procedente preguntar: ¿Cómo garantizar que en esta nueva ocasión el gobierno sí cumpla, a pesar de ir ya de salida? O, por el contrario, ¿No negociar más con el establecimiento? ¿Empezar a consolidar experiencias concretas de autonomía en todos los ámbitos (económico, educativo, social, cultural, etc.)? ¿Crear un movimiento cuya esencia sea el anticapitalismo? ¿Por dónde encausar los mayores esfuerzos?

 

Los interrogantes son mayúsculos, y es hora de encararlos.

Publicado enEdición Nº233
HACIA UNA MINGA NACIONAL, AGRARIA, CAMPESINA, ÉTNICA, POPULAR Y URBANA

De los paros agrarios de 2013 y 2014 surgió la Cumbre Agraria, campesina, étnica y popular; de la Cumbre sale ahora el Paro de 2016. La Cumbre ha sido una confluencia de diferentes procesos organizativos sociales y políticos tan diversa como su nombre lo indica - múltiples organizaciones, de amplitud y fortaleza bastante desigual - y al mismo tiempo una Mesa institucionalizada de interlocución con el Gobierno. La Cumbre va a probar ahora su capacidad de convocatoria. Se han acercado otros sectores de fuera de la Cumbre. Los transportadores de carga, por ejemplo. Y el Comando Unitario, formado por las Centrales Sindicales y otros movimientos urbanos, incluyendo sectores estudiantiles, que impulsaron la movilización del pasado 17 de febrero.El momento que atraviesa el país pareciera propiciarlo.

 

 
En la coyuntura de las negociaciones del fin del conflicto armado

 

Es cierto que se avecina el acuerdo definitivo entre el gobierno y las FARC y se viene anunciando, aunque otras tantas veces aplazado, el inicio de las conversaciones con el ELN. En ese sentido el futuro luce promisorio. Sin embargo – y esa es una contradicción fundamental – mientras que el gobierno, con la aquiescencia de los negociadores de las FARC, anuncia que el “modelo económico y social no se toca”, los movimientos sociales exigen que, si se está decidiendo el país del futuro, como se proclama en forma reiterada, ellos mismos y en general la población trabajadora deberían estar participando, justamente en ese cambio. Pero, adicionalmente, el modelo está ahora en crisis y sus consecuencias afectan principalmente a los sectores populares. Y, como si fuera poco, las medidas emprendidas o anunciadas por el gobierno para conjurarla, “ajuste inteligente” las llama, apuntan a descargar sobre esos mismos sectores el costo de la recuperación económica. No es de extrañar entonces que los objetivos de las organizaciones se orienten ahora a presionar al gobierno para arrancarle al menos algunas reivindicaciones fundamentales.

 

De todas maneras, las incertidumbres y las urgencias de los procesos de negociación, pesan demasiado sobre cualquier iniciativa que se pretenda tomar, sobre todo teniendo en cuenta la heterogeneidad de la actual confluencia. Es de considerar seriamente la reacción amenazante del Uribismo frente al último acuerdo tomado en la Habana respecto al llamado blindaje jurídico de los Acuerdos con las FARC. Para algunos esto puede hacer retroceder a Santos y en ese sentido no se debe contribuir a debilitar su gobierno que ya se encuentra en un porcentaje muy bajo de aceptación, por lo menos en las encuestas de opinión. Es por eso que algunas corrientes políticas, con presencia en las organizaciones sociales de la Cumbre, aún se muestran indecisas, considerando que una confrontación, que además podría ser utilizada por el Uribismo, sería inoportuna. Desde luego, existe la posición opuesta. Es justamente la presencia en las calles, poniendo de presente la necesidad de una transformación social y por lo tanto política, la única que podría asegurar un rumbo seguro al desenlace de las negociaciones del conflicto militar. Sólo bajo presión, el gobierno y, en general las clases dominantes, admitirían una redefinición de las condiciones en las cuales se desarrolla la vida del país. Es necesario un mensaje claro, una notificación. Quienes así piensan, calculan además que es el único marco que posibilitaría una negociación con el ELN en vista de que éste viene poniéndole mucho más énfasis a las reformas, por la vía de un amplio diálogo social, que a las garantías para una eventual “reinserción” en la forma de movimiento político.

 

Hay que decir que hasta el momento las vacilaciones y la indefinición no se han resuelto.

 
 
Entre las promesas y los incumplimientos

 

Una fuerza social, sin embargo, se ha mostrado absolutamente segura desde el principio. Se trata del movimiento indígena, encabezado por la ONIC. En particular, las organizaciones del pueblo Nasa en el suroccidente del país. Se trata, para ellos, de la continuidad de un levantamiento que viene, para mencionar sólo la última etapa histórica, desde, por lo menos, la famosa “Minga” de 2008. En la búsqueda de consolidar una autonomía política con ejercicio completo de gobierno propio, se ha venido avanzando en la recuperación de tierras, la ampliación de los territorios indígenas y en el reconocimiento de los territorios ancestrales. De hecho, a su movilización, anunciada para finales del mes de mayo, eje de lo que la Cumbre en general viene considerando como un Paro Nacional, la han considerado un hito más en su lucha por la “liberación de la madre tierra”.

 

Es por todo esto que el énfasis de lo que podría llamarse su “pliego de peticiones” está en el reclamo sobre los incumplimientos del gobierno de los acuerdos logrados en movilizaciones pasadas. Han quedado pendientes varias exigencias en materia de titulación y desarrollos normativos y administrativos en cuanto a territorios ancestrales. Se incluyela implementación del Parágrafo 3 del artículo 5 de la ley 1753 de 2015 (Plan nacional de Desarrollo), especialmente en lo relacionado con la asignación de un presupuesto. No se trata, por lo tanto,de una impugnación del modelo de desarrollo en su conjunto, o de una reforma estructural de carácter nacional, sino de un respeto por la autonomía de los pueblos para decidir en sus territorios si rechazan los elementos de tal modelo o lo aceptan parcialmente.

 

La posición frente a los procesos de negociación es por ello diferente de la de otros movimientos sociales y coherente en un todo con su enfoque de autonomía. No sólo no se plantean disyuntiva alguna en relación con la oportunidad política de la movilización sino que reivindican frente al gobierno, la insurgencia y la sociedad, en cualquier caso, una participación efectiva de la Comisión Étnica para la Paz y la defensa de los derechos territoriales en los Diálogos de la Habana, con el fin de garantizar, en los acuerdos que se adopten,las debidas salvaguardas para los derechos étnicos territoriales. Lo mismo se aplicaría para las eventuales negociaciones con el ELN.

 

En este orden de ideas, para el movimiento indígena, la decisión que se ha tomado en la Cumbre Agraria, y las similares que se puedan adoptar por parte de otros movimientos, incluso urbanos, es ante todo una forma de acompañamiento a su propia minga. Un acompañamiento en el que, naturalmente, cada quien puede plantear sus propias reivindicaciones. Así, la fuerza conjunta, multiplicada, representará un beneficio para todos simultáneamente. Semejante enfoque político, pese a su respetabilidad, plantea numerosas inquietudes. Dado que en la Cumbre Agraria se encuentran otros procesos sociales organizados, de naturaleza étnica como el afrodescendiente, o como el movimiento campesino que viene exigiendo, precisamente, su diferenciación como sujeto social y político, con jurisdicción territorial, se configura una tendencia a transformar esta propuesta de confluencia, en una “coalición de pueblos”, en el sentido étnico del término.¿Es esto lo que frente al modelo y su crisis, o mejor, frente al capitalismo, está requiriendo el pueblo colombiano?

 

 
De los objetivos y el contenido de la acción

 

Fácil es entender, en consecuencia, por qué el asunto del Pliego de Peticiones tiende a convertirse en algo confuso. Pliego se le llamó también al extenso conjunto de reivindicaciones que desde el 2014 caracterizó la existencia de la Cumbre Agraria (recuérdese que siempre se debe agregar: campesina, étnica y popular) y comenzó a desarrollarse a través de mesas temáticas de negociación (o interlocución) con el Gobierno. Proceso largo, tedioso e indefinido que justamente ha llevado en este momento a hablar de incumplimiento por parte del gobierno. Pero si aquí llueve en otros lados no escampa. El movimiento sindical de febrero pasado que intentó llamarse paro, levantó igualmente un extenso “pliego” en donde se combinaban exigencias de diferente naturaleza y alcances. Por supuesto, si nadie se sorprendió de semejante producto fue porque nunca se pensó en serio que aquello iba a negociarse. Al fin y al cabo se reducía a una jornada de protesta limitada en el tiempo; de un día para ser redundantes.

 

Al momento de escribir estas líneas hay ya, para este paro o minga nacional, un borrador de lo que se podría llamar un pliego. Se han seleccionado, siguiendo los modelos anteriores ya mencionados, siete ejes temáticos: ordenamiento territorial; modelo minero energético; economía propia; derechos humanos; reforma tributaria y costo de vida; incumplimiento de acuerdos; comunicaciones y derecho a la información. Se recomendó distinguir puntos de largo plazo y puntos inmediatos, pero luego de una consulta, que se elogió por lo amplia, ya van más de noventa puntos. Como de costumbre, todo el mundo insiste en sintetizar seleccionar, priorizar, pero en las intervenciones lo que aparecen son nuevos puntos, “esos sí imprescindibles”. Todos quedan contentos, esa es la idea, pero puede, de inmediato, asaltarnos una inquietud: ¿En realidad guardan coherencia? ¿Son verdaderamente compatibles entre sí? Basta examinar un caso elemental, el del primer eje temático. ¿Existe una propuesta de ordenamiento territorial para el país? ¿O, más bien, se trata de la constatación de que cada fuerza social, étnica o no, exige territorio propio?

 

Desde un punto de vista práctico podría decirse que se está confundiendo “Plataforma de Lucha” con “Pliego de peticiones”. La primera podría ser extensa y vendría bien como base de acuerdo y existencia de una confluencia como la Cumbre Agraria, campesina, étnica, y popular que ahora trata de extenderse a otros movimientos sociales. Pero el segundo corresponde a los objetivos de una acción concreta. Eso, aparentemente, es lo que se está planteando para el 29 de mayo. Y debe ser muy preciso. Sobre todo si se tiene en cuenta que la acción se está pensando con carácter indefinido, es decir hasta obligar al gobierno a una negociación. Y sobre todo si, como se ha dicho, se pretende lograr una serie de reivindicaciones inmediatas que abran el camino para ulteriores transformaciones y contribuyan a la acumulación de fuerzas.

 

No obstante, la anterior observación, pese a su sensatez, peca de ingenua; lo que está en juego es otra cosa. Al parecer no se trata de un objetivo unificado, político, de carácter nacional, que interpele el gobierno y lo obligue a satisfacer ciertamente reivindicaciones individuales pero a través de un cambio de su política global. Evidentemente, no. Para el movimiento indígena encarnado en la ONIC, el conjunto de sus reivindicaciones es limitado y muy preciso; como se dijo tienen un enfoque de autonomía; frente a los demás lo único que recomiendan es hacer otro tanto. Para una corriente como el Congreso de los Pueblos, aunque seguramente es el pensamiento de otros más, se trata de garantizar la fuerza y la amplitud de la movilización mediante la “inclusión” de las reivindicaciones de todos y cada uno. Es así como aspiran al transcrecimiento; al paso de una cumbre “agraria” a una cumbre que sea también popular y urbana. Nuevamente la vieja idea del “Paro Cívico Nacional”. Y el pliego como agregación de las aspiraciones inmediatas de todos los sectores.

 

Es evidente, entonces, que carece de sentido nuestra inquietud acerca de la operatividad. En realidad lo que se busca es una movilización nacional de protesta; una demostración de fuerza popular. Pero, ¿estamos en capacidad de movilizar al conjunto de la población rural y urbana?¿O por lo menos una fracción significativa? La respuesta parece ser negativa. Importa entonces el mensaje que desde los sectores activos se lleva al conjunto de la opinión popular. En este sentido el razonamiento que se está manejando es profundamente despolitizador. (y no es un vicio nuevo sino muy viejo en Colombia) Refuerza la idea de que los grupos sociales sólo se mueven por intereses inmediatos y egoístas. Lo único que vale es lo que toca la barriga. No es posible plantear reivindicaciones políticas y menos si son de carácter general o global. Es por eso que, a pesar de los desastres innegables de la funesta ley 100 de salud, este es el momento en que no hemos podido consolidar un verdadero movimiento nacional que lleve a su derogación.

 

En la línea en que estamos avanzando va a ser, en consecuencia, una acción política muy importante en el contexto de las negociaciones de paz, pero poco significativa en materia de resquebrajamiento del modelo que nos aplasta. Ni siquiera será una minga en el verdadero sentido del término porque no se trata de una obra de beneficio común. Marchamos todos en el mismo sentido pero cada uno por sus propios objetivos.

 

 

Publicado enColombia
Otra multinacional que se niega a negociar pliego de los trabajadores, en huelga desde hace 10 días

Desde el 13 de octubre los trabajadores de la planta de Goodyear en Yumbo, Valle del Cauca, se encuentran en cese de actividades por efecto de la huelga decretada por el sindicato en respuesta a la intransigencia de esta multinacional a dar solución a su pliego petitorio.

Durante 22 años Goodyear de Colombia estuvo en paz laboral, manteniendo un diálogo con el sindicato y negociando sus convenciones colectivas a 2 y 5 años. Pero esta vez cambió esa dinámica y sentó su negativa a atender los puntos medulares del pliego que le presentó Sintraincapla, un sindicato nacional de rama de la industria del caucho y el plástico que en Goodyear aglutina a 174 de los 245 trabajadores de planta.

"Goodyear está más interesada en imponer un nefasto contra-pliego que en darle solución a las necesidades de sus trabajadores, razón por la cual nos vimos en la obligación de declarar la huelga tras agotar el plazo de arreglo directo y la prórroga", señaló Julio César Molina, presidente de Sintraincapla; huelga que fue votada por casi el 100% de los trabajadores sindicalizados.

No obstante, el sindicato aclaró que aún en medio de la huelga está en disposición de dialogar y llegar a un acuerdo que permita la reactivación de la producción en la planta de Yumbo. Pero hasta ahora la empresa no ha tendido ningún puente de acercamiento, pese a la mediación que han hecho el Viceministro de Trabajo, Enrique Borda, y la dirección territorial de esta entidad en el Valle.

Los argumentos de la empresa para negarse a negociar son escasos, dijo Molina, pues se trata de una empresa boyante que nada se vería afectada si atiende el pliego presentado por los trabajadores.

En efecto, tras el cierre de la planta de la multinacional francesa Michellin el año pasado, también en el Valle del Cauca, Goodyear quedó como la única productora de llantas en Colombia, lo que, según el presidente de Sintraincapla, le ha favorecido porque le permitió ganar mayor participación en el mercado del país.

Los puntos medulares del pliego de peticiones que la empresa se ha negado a negociar, tienen que ver con el monto del incremento salarial, que se empeña en no subir del 4.5%; con mejorar los auxilios para el bienestar de los trabajadores y sus familias; y con la estabilidad laboral mediante la mejora de la tabla de indemnización cuando la empresa quiera prescindir de los servicios de los trabajadores.

Este último punto está relacionado con la planta que Goodyear piensa instalar en México para producir 6 millones de llantas al año, lo que, según Molina, genera el temor de que absorbería la producción en Colombia y ocurra lo mismo que a los trabajadores de Michellin, que perdieron sus empleos por el cierre de la planta. De hecho los pedidos que la empresa no ha podido atender por motivo de la huelga, los está supliendo con la producción de la planta de Brasil.

Otro punto que denuncia el sindicato es la intención de la empresa de marcar diferencia entre los trabajadores en cuanto a las garantías convencionales. "Hay un grupo de temporales que debe vincular formalmente, pero quiere hacerlo bajo condiciones salariales y prestacionales menores de las que tienen los trabajadores de planta, y quiere que el sindicato le avale eso. Y nosotros no podemos avalar que trabajadores que realizan las mismas funciones tengan ingresos diferentes", explicó Molina.

El directivo informó que siguen firmes en la huelga y en la toma de la planta de Yumbo, de la que tienen el control y el mantenimiento de las instalaciones y los equipos a fin de que la huelga transcurra dentro de los cauces legales, al tiempo que hizo un llamado a la opinión pública y organizaciones sindicales y sociales para que brinden apoyo a su causa.

 

Publicado enColombia
Miércoles, 25 Febrero 2015 06:23

Los maestros se tomarán Bogotá

Los maestros se tomarán Bogotá

El presidente de Fecode anunció que el jueves 26 de febrero los docentes radicarán su pliego de peticiones y si no ven resultados, se irán a paro indefinido porque "Llegó la hora de cumplir".

 

Una rueda de prensa fue el escenario organizado por Fecode para que su presidente, Luis Alberto Grubert, explicara los motivos de los docentes para la movilización del próximo jueves 26 de febrero. En ésta, los maestros –y los sindicatos estatales– presentarán sus pliegos de peticiones al Gobierno Nacional, con el objetivo de que sus problemas se tengan en cuenta en el Plan Nacional de Desarrollo (PND).


"Nos preocupa cómo en el Plan de Desarrollo, donde se diseña el programa de gobierno del Presidente Santos, dice: 'Se recoge las recomendaciones de la Ocde'. Uno pensaba que recogía lo que él, en su campaña, proclamó y daría las soluciones a los problemas que aquejan al país", dijo el vocero de los docentes ante los medios de comunicación.


En diálogo con desdeabajo, Luis Alberto Grubert, precisó su valoración sobre el pliego de peticiones y los incumplimientos del Gobierno:


"El Gobierno ha cumplido a medias el tema de las deudas, pero ya paralizó el pago de estas. No ha cumplido con acordar nuevos criterios para hacer la reubicación docente; no ha cumplido con que el servicio médico asistencial se preste como reza en el contrato; no ha cumplido con concertar con Fecode una política educativa. Además, no ha cumplido con que se visibilice que somos el sector más victimizado y que las escuelas se deben respetar como territorio de paz. Hoy podemos decir, que en materia de derechos humanos el Gobierno con el magisterio se rajó."


Un salario para sobrevivir


La nivelación salarial es uno de los puntos más importantes. Ellos afirman que un docente gana $665.380, por lo cual se requiere de una pronta intervención del Gobierno Nacional. Este punto ya fue discutido en los acuerdos del año pasado, lo que sigue es definir cuánto subirá el salario y poner fechas para su cumplimiento.


"El salario enganche de los demás profesionales está en 1.800.000 - 1.900.000. Aquí tenemos un profesional que después de haber ido dos veces a la Universidad y de 30 años de experiencia laboral tiene un salario de 2.700.000. Creemos que no es justo. El mismo Presidente (Santos) lo reconoce", le dijo Grubert a desdeabajo.

 

Una solución estructural

 

En el tema de la política educativa, Fecode exige el congelamiento de la privatización en el sector, el final de los convenios y de la tercerización laboral de maestros, y que todas las construcciones para la educación sean administradas por el Estado.


Grubert le dijo a desdeabajo que "(...) dar becas sigue marchitando la posibilidad de financiar la universidad pública. Es que en este país egresan más de 500 mil bachillere al año y al hablar de 10.000 becas –preguntó– ¿qué pasa con los otros 490 mil?".
Pero estos no son los únicos puntos que los inquietan. Además de señalar como tema prioritario la nivelación salarial, la nueva iniciativa de jornada única es otro aspecto que requiere intervención inmediata por parte del Estado.


"Bienvenida, la queremos, la apoyamos, pero la jornada única tiene unos requerimientos y ahí movemos los recursos para que se pueda implementar de verdad" señaló el presidente de la organización magisterial.


Para Fecode, el tema de la alimentación escolar debe tratarse de manera diáfana, dejando claro los espacios para que los niños realmente se beneficien de ella, para lo cual es claro que son necesarias más edificaciones, más personal administrativo y, también, saber cómo se modificará su jornada laboral y su salario.


¿Cómo ascender?


Según información de Fecode, este tema implica tres aspectos: i) nuevos criterios para el ascenso de los maestros cobijados por el Decreto-Ley 1278; ii) un reconocimiento salarial a los profesores de grado 14 que obtengan otros estudios y, iii) la dignificación de la posición de los maestros indígenas por medio de sus salarios.


Para ellos es urgente precisar cómo pueden ascender los docentes, debido a que la evaluación de competencias ya no se realiza. Pero también, agilizar en el Congreso la aprobación del Estatuto Único Docente.


Salud y seguridad


En la rueda de prensa, Grubert señaló que "Los maestros somos afectados porque el servicio de salud que se nos presta tiene grandes falencias. Fallan, tanto los operadores como el Gobierno. Pero, el responsable es el Gobierno porque es él quien debe generar obstáculos o barreras para que no se den fallas en la prestación del servicio médico asistencial para los maestros y sus familias".


La calidad del servicio está ligada a otra situación que para él, según le expresó a desdeabajo, es preocupante: la seguridad de los docentes. "Además de las amenazas y los asesinatos, nos están extorsionando en casi toda la geografía. (...). Yo diría que son grupos armados de diversa índole, pero que convirtieron al magisterio en su objetivo para recaudar dineros de manera regular".


A grandes rasgos, estas son las motivaciones –junto a la presión del tiempo límite para la aprobación del PND–, del gremio para marchar el próximo 26 de febrero. El pliego de peticiones se radicará en el Ministerio de Educación y ahí iniciarán el recorrido hasta la Plaza de Bolívar a las nueve de la mañana.


"En Bogotá vamos a tratar de concentrar 40 mil educadores pero en el resto del país, en todas las capitales departamentales, habrán movilizaciones. Esperamos movilizar más de 200 mil maestros", afirmó Grubert.

Publicado enColombia