Crónicas del temor, y de la esperanza (1)

Bogotá. Marzo 19, a dos horas de iniciar el simulacro.

Las luces ya no son las mismas, su intensidad ahora es tenue. Parece irreal pero a pesar del calendario asegurarnos que es jueves, día laboral, la intensidad de la ciudad se apaga. Los carros, a pesar de no dejar de rodar, notoriamente son muchos menos, y en los buses parece transportarse un fantasma. Las tiendas y almacenes, unos sí otros no, han cerrado sus cortinas y dejado de atender. En otras, con puertas entreabiertas, la gente hace fila para poder ingresar.

El ambiente de los días previos ya lo anunciaba. No del día anterior, ni del anterior, sino los de una semana atrás, durante los cuales, día tras día las calles se iban vaciando de gente, y la sensación de irrealidad lo iba cubriendo todo. En los medios de comunicación minuto a minuto anuncian el avance sin cesar de lo que habrá de llegar. Tal vez por ello, advertida, la gente se carga de resignación. Los que han dejado de salir, refugiados en sus casas –como a la espera de un bombardeo–, en su respuesta no ocultan el temor a la calle, acción con la creen evadir el blanco ante el invisible enemigo.

También el rostro de la gente ha mutado. De aquellos despejados, cubiertos solamente por las señales de afán y angustia, hemos llegado a las caras que parecen indicar que vivimos en medio de una enfermedad mal oliente, una de la cual nadie quiere respirar lo insano y lo sano. Son rostros sin personalidad, a pesar de sus cuerpos buscar realzar su identidad con tatuajes, ahora esa fortaleza ya no importa, dando paso a la uniformidad de la tela que cubre narices y bocas.

Son caras en las que se refleja la desorientación. No por desconocer a dónde van sino por no saber que llegará, a pesar de lo cual ahora lo más notorio son pasos cortos, lentos, como señalando la imposibilidad de huir.

El ruido de la urbe también ha menguado, como el peso del aire cargado de monóxido de carbono que ahora no está saturado de Acpm sino de temor, de miedo, que es un olor que puede estar cargado de tantos aromas como personas habitan en esta parte del mundo.

Todo es distinto, la niebla no cae sobre la ciudad, pero sí la bruma del no se qué llegará. ¿Tal vez la muerte? Nunca nos dijeron que la parca tomara este cuerpo, siempre nos la dibujaron de formas las más diversas, casi siempre violenta, pero nunca con el no cuerpo que ahora toma.

La noche cae y de las discotecas, tabernas, tiendas y otros negocios de licores o similares no sale la música de siempre. El silencio parece oprimir la conciencia con una barra de temor. Los pocos carros que cruzan pueden ir tan veloces o tan lentos como deseen. Y en los centros culturales la risa cedió el espacio a una mueca de espanto. ¿Qué vendrá?

Es 20 de marzo y en pocas horas toma el mando un simulacro de vida contra la muerte. Eso se supone pues en verdad nadie puede asegurar, ciento por ciento, que la vida se imponga sobre la muerte desocupando espacios y haciendo todo lo contrario que siempre ordenó el capital: trabajar y trabajar, circular y circular, intercambiar, consumir. Ahora, de manera lenta, cada día con mayor lentitud, se impone el no hacer, el no circular, el no extender el brazo para saludar… ¿Será que así es como se apaga un sistema social y económico para alumbrar a otro, aún sin cuerpo definido?

Tal vez, nadie sabe. Lo que muchos sí creen saber es que el sistema que hoy da señales de crisis, ya no podrá continuar siendo el mismo. Aunque todos sabemos, que pese a las señales de su mala salud aún no se ha formado el sepulturero que logre cubrirlo con sus paladas de futuro.

Más allá, en la conciencia de cada cual, sin haber tejido los indispensables lazos de fraternidad, cada uno espera, que una vez pasados estos meses de pesadilla, todo vuelva a la “normalidad” para encender las luces de la ciudad.

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Sábado, 21 Marzo 2020 05:53

La ciudad y la peste

La ciudad y la peste

Bocaccio la tenía clara cuando los personajes de su Decamerón huyen de ciudades y pueblos y se aíslan en el campo. No se lavan, que en esa época no era costumbre, pero cuentan cuentos, dan un ejemplo de picaresca italiana, celebran con sus historias la vida urbana de la que acaban de escapar. El libro, como el Diario del año de la peste de Daniel Defoe, es un ejemplo de la paradoja que el contagio nos impone, que nuestra mayor creación cultural, la ciudad, nos pueda matar simplemente por vivir en una.

La situación ya es algo de cajón en cualquier película apocalíptico/viral, sea de pandemias o de zombis. La mortandad en las ciudades es enorme y los protagonistas huyen al campo, a la casa tan aislada en el lago, al pueblito de los abuelos, la chacra de un amigo. El campo tiene agua de pozo, faroles, animales para cazar, alacenas llenas y sobre todo la posibilidad de alejar al otro, aunque sea a balazos.

La ciudad, en cambio, es el otro y su seducción es la cantidad de gente con la que uno puede vivir. La masa urbana ofrece el anonimato de hacer todas las macanas posibles y empezar de nuevo pasando de Belgrano a Balvanera. Y también la comunión de la manifestación, del recital, del teatro o simplemente de las calles llenas de personas para mirar, para hablar, para sentirse rodeado. Hace años, un inmigrante muy pobre me explicó por qué era negocio venirse a Buenos Aires, bancarse la explotación y la discriminación por su cara morocha y su acento. Simple, dijo el hombre, yo vengo del campo y acá hay cines, hay donde salir, hay mujeres para conocer, hay restaurantes. Hay ciudad.

En la ciudad se vive uno arriba de otro, uno al lado de otro. Se viaja con contacto físico, se va de la mano por la calle y se sabe que siempre, sea la hora que sea, hay alguien. Esta masividad, esta compañía constante, es su gloria y su alienación, y las ciudades están hechas para esto, desde el ancho de las veredas hasta el sistema de agua corriente. Todo presupone mucha, mucha gente, parques como tapizados de humanos los domingos, estaciones de trenes que hacen fluir humanidades, autopistas sobredimensionadas para la hora pico, gente, gente y más gente.

Por eso nos conmueven las fotos de ciudades vacías, desoladas porque falta lo más importante, la gente que las ocupen. Parecen fantasmas, algo antinatural y peligroso, lugares algo grotesco donde sobra espacio, vereda, edificio, parque. Si se ve la foto de una aldea, un pueblo pequeño o una casa de campo, es hasta natural que no haya nadie. Se asume que los habitantes están en casa, ocupados con sus vidas, y no se espera necesariamente verlos afuera. Esto es lo antinatural en la imagen de la ciudad vacía, que justamente su razón de ser es llenarse, desbordarse, mezclarnos, juntarnos.

Cuando las inventamos hace milenios, inventamos prácticamente todo lo que concebimos como cultura. Con la ciudad aparecen desde la escritura hasta los impuestos, los espectáculos, la literatura, el ágora, los talleres especializados, el negocio, el restaurante. Los políticos atenienses hacen populismo en las plazas y los dictadores apalean a manifestantes. Más allá de los cambios inmensos en esos miles de años, reconocemos lo que pasa en Uruk y en Babilonia, porque una ciudad es una ciudad.

La mayoría de los humanos vivimos hoy en ciudades, sean de cristal o de cartón, vivimos vidas urbanas. Es por eso es que este coronavirus, más allá de miedo que le cause a cada uno, es tan desconcertante, porque nos ataca justamente por nuestro estilo de vida urbano. La proximidad, lo gregario, el río humano, son sus vectores, su ganancia, su estrategia. La prevención es anticiudad, es aislamiento, distancia mínima de un metro, quedarse en casa, cerrar todo lugar de encuentro, cancelar la vida cultural.

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Un grupo de los 815 desplazados en Ituango, Antioquia. CORTESÍA CCEEU

El éxodo evidencia la crítica situación humanitaria de Ituango, en el noroccidente del país, de la que el Gobierno estaba informado

Lo advirtieron en 2018, 2019 y más recientemente el 24 de enero de este año: por la disputa entre diferentes grupos armados ilegales, en Ituango, un municipio ubicado en el noroccidente de Colombia, “podría al recrudecerse la violencia en sus formas de actuación y aumentar la capacidad de intimidación contra la población civil”. La advertencia, contenida en la última Alerta Temprana que hace la Defensoría del Pueblo al Gobierno de Iván Duque, explotó este fin de semana cuando 815 campesinos temieron morir en medio de los combates armados y emprendieron la huida desde las apartadas zonas rurales hasta la plaza principal del pueblo.

En chivas, buses que son el transporte del campo en Colombia, subieron sus pocos objetos y animales y huyeron hasta el casco urbano del municipio donde pasaron la noche en un colegio y en el coliseo de la población. El secretario del Gobierno de Antioquia, Luis Fernando Suárez, confirmó que el desplazamiento es de seis veredas y que el gobierno regional hará presencia para entregar “kits de aseo, albergue y alimentación” para los campesinos que no tienen suficientes frazadas ni colchonetas. “Vamos a hacer presencia en Ituango para atender esta grave problemática de desplazamiento forzado. Queremos generar las condiciones para que estas personas puedan retornar prontamente a sus parcelas”, dijo.

Pero la realidad es más compleja. De acuerdo con Óscar Zapata, vocero de la ONG Coordinación Colombia, Europa, Estados Unidos, la presencia de disidencias de las FARC, que no se sumaron al proceso de paz, y de grupos paramilitares llamados autodefensas gaitanistas (ACG), hacen que el riesgo sea permanente. “Entre los desplazados hay niños, adultos muy mayores e incluso 13 reincorporados de las FARC que sí le apostaron a la paz. Se requiere una voluntad real para una implementación de los acuerdos de paz, una política pública para desarmar esas estructuras paramilitares. No vemos una voluntad del Gobierno por desarticular esos escenarios de guerra¨, dice Zapata desde la población.

La Defensoría del Pueblo ha confirmado el diagnóstico en sus múltiples advertencias. “Al accionar de las llamadas disidencias del Frente 36, la expansión de las AGC y el surgimiento y actuación del Frente 18 Román Ruiz - Cacique Coyará se suma el fortalecimiento militar en general de estas estructuras armadas ilegales como consecuencia de un fuerte fortalecimiento económico originado en dinámicas trasnacionales asociadas al narcotráfico internacional”, indica el documento donde advierte al Gobierno nacional y exige acciones.

En la zona hace presencia el Ejército, pero esto no ha sido suficiente para detener el avance de estos grupos armados que aprovechan la topografía de la región como corredor estratégico de droga. Para la Defensoría, las amenazas contra la población van desde desapariciones forzadas, homicidios selectivos, masacre, violencia sexual, hasta accidentes por minas y/o armas trampa y enfrentamientos con interposición de población civil.

Este no ha sido el único desplazamiento sino el más grande. En febrero pasado, 120 excombatientes de las FARC que decidieron irse del Espacio Territorial de Capacitación y Reincorporación (ETCR) de Santa Lucía (Ituango), donde aún viven muchos de ellos. La decisión tuvo relación con el asesinato continuado de exguerrilleros que le han apostado a la paz. De acuerdo con el informe al Consejo de Seguridad la Misión de Verificación de la ONU, desde la firma del acuerdo, solo en Ituango han sido asesinados 12 de ellos. A través de la Consejería de Estabilización, el Gobierno ha dicho que harán un "traslado" escalonado y "con protección de la fuerza pública en coordinación con representantes de las FARC" en los próximos meses.

Los exguerrilleros también alertaron esta crisis humanitaria. “Antes de hacer dejación de armas nosotros le advertimos al Estado que si ellos no cubrían esos espacios que íbamos a dejar seguro otros actores armados se iban a posesionar y seguía el conflicto. Es lo que ocurrió”, dijo a EL PAÍS Hermes Arrieta, desmovilizado, desde Ituango.

Si hay una población que resuma el círculo vicioso del conflicto colombiano esa es Ituango. Históricamente los civiles han sido víctimas de sucesivos grupos armados y las condiciones sociales y de accesos siguen siendo precarias. En la década de los ochenta vivieron bajo el imperio de las FARC, en los noventa sufrieron la expansión de los paramilitares, que cometieron la masacre de El Aro y La Granja, una de las más recordadas en Colombia por el desplazamiento de 700 campesinos aterrorizados. Después de anos de cruentos enfrentamientos, las FARC volvieron a imponerse en el territorio hasta 2016 cuando entregaron las armas en el marco del proceso de paz con el Gobierno de Juan Manuel Santos. Ahora, sin embargo, grupos paramilitares con nuevos nombres y disidencias vuelven a poner a los civiles en el medio. Y en Ituango creen que la cifra de 815 desplazados aumentará en los próximos días.

Por Catalina Oquendo

Bogotá 25 FEB 2020 - 03:59 COT

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Migrantes guatemaltecos cruzan México en caravanas camino a Estados Unidos. Imagen: AFP

La normativa de "carga pública" entra en vigor en Estados Unidos

El nuevo reglamento puede darle un vuelco al sistema de migración actual hacia uno basado en criterios como ingresos, edad o la capacitación del inmigrante.

 La posibilidad o no de convertirse en una "carga pública" como beneficiario de ayudas gubernamentales es desde este lunes un requisito que deberán sortear los inmigrantes que soliciten un visado a EE.UU. o deseen obtener su tarjeta de residencia permanente, conocida como "green card".

Después de meses de una intensa pulseada judicial y en pleno año de elecciones, la Administración del presidente Donald Trump empezará a aplicar la norma de "carga pública", que puede darle un vuelco al sistema de migración actual hacia uno basado en criterios como ingresos, edad o la capacitación del inmigrante.

La medida entró en vigor en todo el país en tanto siguen en proceso las apelaciones pendientes y después de que el viernes pasado el Tribunal Supremo levantara una exclusión que estaba vigente para Illinois. El Supremo había dejado antes sin efecto fallos judiciales en contra de esta normativa emitidos por tribunales de los estados de Nueva York, California, Washington y Maryland.

La norma no se aplicará a quienes soliciten la ciudadanía ni se será retroactiva. También excluye a refugiados, asilados, a personas con amparos migratorios como el Estatus de Protección Temporal (TPS, en inglés) o a quienes posean cierto tipo de visados que se conceden a víctimas de violaciones de derechos humanos, entre otros.

INMIGRACIÓN FRENTE A CARGA PÚBLICA

Si bien la Ley de Inmigración y Nacionalidad de 1952 establece que un extranjero que solicite un visado o el ajuste de estatus migratorio "es inadmisible" en caso de que un oficial consular o un fiscal considere que puede convertirse en carga pública, los expertos advierten que la vuelta de tuerca que ha dado la Administración de Trump puede cambiar el sistema de migración del país.

A la luz de la nueva reglamentación, un inmigrante legal será definido como "carga pública" si recibe "uno o más beneficios públicos" durante más de 12 meses en un periodo de 3 años. Pero este concepto también se tendrá en cuenta para determinar quiénes podrían llegar a necesitar en el futuro algún tipo de asistencia.

Shelby Gonzales, directora de políticas de inmigración del Centro sobre Presupuesto y Políticas Prioritarias, indicó que esta normativa cambiará "radicalmente" el sistema de inmigración estadounidense "a uno que solo da la bienvenida a aquellos con medios suficientes". No obstante, advirtió que la norma es tan confusa y compleja que "las personas que no tienen nada que temer" tras su implementación, "se mantendrán alejadas de los programas de beneficios públicos".

TRUMP MIRA HACIA ADENTRO Y PONE TRABAS A LOS DE AFUERA

Para Aaron Reichlin-Melnick, asesor del American Immigration Council, el cambio que trae esta regulación es que el concepto de "carga pública" afectaba únicamente a quienes eran dependientes de subvenciones financieras, pero ahora abarca los planes de ayuda de alimentos, de salud y vivienda, que, en su mayoría, se otorgan a quienes ya poseen su permiso de residencia.

Este requisito por ahora afecta a los que pidan residencia permanente o busquen cambiar su estatus pero, alertó, se aplicará en un futuro a los que soliciten un visado. "La regla es casi como una prueba de riqueza", agregó el experto, quien apuntó que con esto se determinará quiénes pueden venir al país: "Las personas que ya tienen mucho dinero, que ya tienen educación, ya tienen trabajo y hablan inglés".

Reichlin-Melnick señaló que la norma puede afectar a quienes migren por razones familiares, como es el caso de cónyuges, padres o hijos. "El presidente quiere transformar nuestro sistema basado en la familia, en un sistema de mérito", sentenció.

CAPACIDAD FINANCIERA BAJO LUPA

Para determinar si una persona puede obtener la residencia permanente, extender su estadía o ser admitida en el país, se tendrán en cuenta aspectos como la edad -lo que puede excluir a menores o ancianos-, salud, estatus familiar, activos, recursos, situación financiera, educación y capacitación.

La firma Boundless explica en su web que el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) planea imponer requisitos financieros no solo al patrocinador sino también al solicitante, al que se le puede llegar a pedir un nivel de ingreso familiar o el equivalente en activos por encima de lo establecido hasta ahora. Esta "prueba de riqueza", anticipa Reichlin-Melnick, puede resultar en la llegada de "más personas de países de Europa y menos de Centroamérica, de África y otros que tienen más pobreza".

Samantha Artiga, directora del proyecto de políticas de disparidades de la Kaiser Family Foundation, coincidió en que la mayoría de personas que buscan su residencia o emigran al país de forma regular "son parientes inmediatos de ciudadanos estadounidenses o tienen patrocinadores familiares". En ese sentido, consideró que la norma puede "aumentar las barreras a la reunificación familiar y conducir potencialmente a la separación de las familias".

"Si el Departamento de Seguridad Nacional -explicó- niega a un individuo una tarjeta verde y pierde el permiso para permanecer en EE.UU. debido a una determinación de carga pública, puede tener que dejar a otros miembros de la familia, como un cónyuge o hijo que sea ciudadano o que tiene estatus de residente permanente, en EE.UU." Artiga consideró probable que esta norma derive en una baja en la participación de familias inmigrantes en programas de beneficios, lo que puede afectar a niños nacidos en el país. 

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 Un indígena guaraní fuma una pipa junto a un árbol talado por desarrolladores en Sao Paulo. Andre Penner AP

La norma propuesta debe ser aprobada por el Congreso y enfrenta el rechazo de los pueblos originarios y los ambientalistas, quienes la consideran "genocida"

El presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, anunció esta semana que presentará un proyecto de ley en el Parlamento que permitiría la explotación de recursos en tierras indígenas protegidas. La iniciativa —que incluye la minería, la extracción de petróleo y gas, la construcción de hidroeléctricas y la exploración de tierras para agricultura, ganadería y el extractivismo forestal— será enviada al Congreso para su tramitación, donde se enfrentará al rechazo de la comunidad indígena y de los ambientalistas, que califican la propuesta de “genocida”. La Constitución de Brasil prevé la minería en estas reservas, pero hasta el momento no se ejecuta porque prescinde de un desarrollo normativo que la regule y además debe contar con la aprobación de la población indígena. Por estas causas, no hay declarada ninguna mina oficial en las 619 áreas indígenas localizadas en el país, aunque esté probada la existencia ilegal de decenas de ellas, principalmente en la región amazónica, donde mineros que practican la actividad de forma ilícita han asesinado a indígenas de la región.

El proyecto de Bolsonaro también prevé que se permita la exploración de tierras de los pueblos originales para el turismo, la agricultura, la ganadería o el extractivismo forestal. Y sugiere que el Parlamento consulte a los indígenas sobre su propuesta, pero que se les impida ejercer su derecho a veto, una solicitud que iría en contra de la Constitución del país.

El presidente, que anunció la incitativa durante la celebración de sus 400 días en el poder, presionó al Legislativo para que apruebe su propuesta y declaró que, si pudiera, encerraría a los ambientalistas en la Amazonia. “Este gran paso depende del Parlamento, que sufrirá la presión de los ambientalistas. Esos del medio ambiente”, dijo con su habitual estilo de desprecio a los defensores de la naturaleza. “Si un día pudiera, los encierro en la Amazonia, ya que les gusta tanto el medio ambiente, así dejan de molestar a los amazónicos aquí desde dentro de las áreas urbanas”, señaló.

En su discurso alegó que los indígenas son “seres humanos”. “Exactamente iguales que nosotros. Tienen corazón, sentimientos, tienen alma, deseos, y son tan brasileños como nosotros”, añadió. La frase refuerza la idea del actual Gobierno —que evoca al pasado de la dictadura militar— de que los indígenas deben “integrarse” a la sociedad no indígena.

Según el comunicado emitido por el Ministerio de la Casa Civil, las comunidades indígenas afectadas por la industria minera percibirían indemnizaciones de las empresas que exploten las áreas y se contaría con consejos de vigilantes que estarían compuestos únicamente por indígenas. El texto prevé también que los indígenas puedan explorar las áreas en las que residen. El pasado enero, el Ministerio de Minas y Energía brasileño ya había realizado una reunión para presentar el proyecto a todos los embajadores europeos en Brasilia y dejar claro que Bolsonaro va a insistir en su objetivo.

Entidades vinculadas a las comunidades indígenas protestaron contra la medida y recordaron que Bolsonaro está obligado a respetar los derechos constitucionales de los indígenas, incluido el de mantener las particularidades de sus modos de vida. La ONG Observatorio do Clima advirtió a los presidentes de la Cámara de Diputados, Rodrigo Maia; y del Senado, David Alcolumbre, de que rechazarían este tipo de propuestas. “Esperamos que cumplan sus palabras y no acepten este proyecto genocida. Ambos se habían comprometido a no someter a votación aquellas propuestas que amenazasen a los bosques ni a los pueblos tradicionales. Es hora de poner a prueba esa determinación”, escribió la asociación en una nota.

Desigualdad

Para estas poblaciones, la explotación económica traerá como consecuencia la desigualdad en las comunidades, la devastación forestal acelerada y la desaparición de especies nativas del planeta. El último informe de la ONU, de 2019, sobre la velocidad con la que las especies se están extinguiendo —una de cada ocho está amenazada—, subraya que esta destrucción de la naturaleza es más lenta en las tierras donde viven los pueblos indígenas.

El proyecto de exploración de áreas indígenas no es el único punto del Gobierno de Bolsonaro que preocupa a los indigenistas. Las últimas semanas, su gestión fue objeto de varias críticas por haber designado al exmisionero evangélico Ricardo Lopes Dias como nuevo coordinador de indígenas aislados. En un comunicado, el Consejo Indigenista Misionario (CIMI) afirmó que el presidente ha dejado de respetar la existencia libre de los pueblos indígenas y que fomenta el genocidio de dicha población.

Por Afonso Benites

Brasilia 6 FEB 2020 - 22:36 COT

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Miércoles, 27 Noviembre 2019 06:30

Bill Gates, agricultor africano

Bill Gates, agricultor africano

A partir de los años 1960 la revolución verde permitió incrementar de manera importante los rendimientos (toneladas por hectárea) de ciertos cultivos clave, en especial trigo y arroz, en algunas regiones de India. Esos aumentos se debieron a un paquete tecnológico que incluía el uso de semillas de alto rendimiento, insumos agroquímicos y, por supuesto, inversiones en irrigación. El crecimiento de los rendimientos puede atribuirse casi por igual al empleo de semillas mejoradas, fertilizantes e irrigación.

Estos son los beneficios que tanto impresionaron a Bill Gates. Desgraciadamente, Gates no leyó con atención las señales que estaban en el campo en toda África. El mensaje era claro: no es que la revolución verde hubiera pasado de largo a África. Simple y sencillamente, había fracasado.

Entre 1980 y 2004 el Consejo Consultivo de Centros de Investigación Agrícola Internacional (Cgiar) invirtió 160 millones de dólares anuales en transformar y modernizar la agricultura en África. Con esas inversiones no es posible afirmar que la revolución verde simplemente había ignorado al continente africano. La realidad es mucho más compleja e interesante. Pero Bill Gates prefiere configurar otra narrativa más a su gusto.

La revolución verde vino acompañada de varios problemas graves. Sin los insumos de agroquímicos y la irrigación, los rendimientos no podían aumentar y las semillas maravilla se quedaban sin rendir sus frutos. Por ese motivo los beneficios fueron para los agricultores más privilegiados. De hecho, muchos de los campesinos más pobres perdieron sus tierras al no poder enfrentar el peso del endeudamiento para pagar los insumos. Esto condujo a una mayor concentración de la tierra. Por el lado de la huella ecológica, la revolución verde y sus insumos químicos dejaron cuerpos de agua contaminados, suelos maltratados por la falta de rotación de cultivos y una fuerte erosión genética. En India había alrededor de 30 mil variedades de arroz utilizadas en la producción antes de la revolución verde. En la actualidad, la cosecha en ese país se produce a partir de unas 10 variedades.

Con este saldo es difícil imaginar que alguien quisiera repetir la experiencia en África. Pero en 2006, la Fundación Gates lanzó su iniciativa “Alianza para la revolución verde en África” (Agra). Su objetivo: duplicar los rendimientos e ingresos de más de 30 millones de hogares rurales en el continente para 2020. En estos días se ha dado a conocer una investigación de Tim Wise (Universidad de Tufts y Small Planet Institute), en la cual se demuestra que después de 10 años de inversiones multimillonarias las metas de la iniciativa Agra están lejos de ser alcanzadas. El análisis examina información a escala nacional para los 13 países cubiertos por Agra y también evalúa datos a nivel hogar en tres de ellos: Malawi, Zambia y Mozambique. (Este importante documento está disponible en afsafrica.org).

Wise demuestra que existe poca evidencia de que Agra esté en camino de hacer realidad sus objetivos sobre rendimientos e ingresos. Cuando se encuentran señales de progresos en esos rubros eso se debe a la existencia de programas gubernamentales de subsidios para la adquisición de insumos: la difusión del paquete tecnológico de Agra no se llevaría a cabo sin esos subsidios.

Se puede pensar que buscar una solución tecnológica para cualquier problema es el sesgo natural de una persona con la formación de Bill Gates. Pero quizás hay algo más profundo. En 2010 la Fundación Gates invirtió 23 millones de dólares en la compra de 500 mil acciones de Monsanto, el gigante de las semillas transgénicas y los agroquímicos como el glifosato. Desde entonces la postura respecto de los transgénicos ha sido ambigua, pero hoy se sabe que Agra también incluye ese tipo de semillas en sus programas de difusión tecnológica.

Lo más grave de Agra es que deja de lado otro tipo de trayectorias tecnológicas que son más eficientes para el manejo de agua, suelos y recursos genéticos. Por ejemplo, técnicas de permacultura y agroecología ya son aplicadas en muchas regiones de África y han demostrado ser más eficientes y menos agresivas con el medio ambiente.

Estas técnicas conservan la agrobiodiversidad y son además intensivas en trabajo, lo que permite crear y conservar empleos en el medio rural y proporcionan una mayor soberanía en las decisiones de los agricultores sobre la mezcla de producto y las técnicas de producción.

Organizaciones como Vía Campesina y la Alianza para la Soberanía Alimentaria en África son dos ejemplos de organizaciones que buscan construir desde abajo opciones que son tecnológicamente sanas y socialmente responsables. A final de cuentas, Bill Gates prefiere buscar la solución que desea el capital: apropiarse del proceso productivo campesino y convertirlo en un espacio de rentabilidad.

Twitter: //twitter.com/@anadaloficial" target="_blank">@anadaloficial

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El proyecto de Vaca Muerta, basado en el contaminante método del fracking, amenaza los acuíferos, territorios indígenas y parques naturales de la Patagonia argentina.

Al mismo tiempo que el rechazo popular está haciendo retroceder en terreno europeo la polémica técnica del ‘fracking’, las multinacionales del viejo continente multiplican la inversión en proyecto de fractura hidráulica en países empobrecidos.

 

Mientras el fracking lleva en espera o prohibido en gran parte de Europa, las empresas del continente parecen tener pocos remilgos en utilizar estas técnicas en América Latina. Concretamente, en el yacimiento de Vaca Muerta, en la patagonia argentina, siete empresas europeas operan en la formación de gas, según el Observatorio Petrolero Sur (Opsur). Las tres más importantes provienen de los países europeos que primero se posicionaron contra el fracking: Francia, Alemania, Holanda y Reino Unido y que hoy son algunos de los países embajadores de la causa medioambiental. Las críticas al proceso de externalización de las sociedades occidentales parece hacerse más eco en la ONU, que después de 15 años de discusiones, podría aprobar este año un Tratado vinculante de regulación de las trasnacionales.

¿EL ‘FRACKING’ EN EUROPA ES COSA DEL PASADO?

La técnica extractiva de hidrocarburos no convencionales con agua, químicos y arenas lleva paralizada, adormecida o prohibida por algo menos de diez años en casi todos los países europeos.

Gracias a las advertencias de diferentes activismos, investigadores y organismos medioambientales el fracking es una técnica muy poco utilizada en suelo europeo. Lo que no está tan claro es si la regulación europea está interesada en prohibir esta técnica en otros suelos como, por ejemplo, en Vaca Muerta, la primera reserva latinoamericana de hidrocarburos no convencionales.

Junto a la crisis de Ucrania y los conflictos geopolíticos en Oriente Medio, el suministro de gas y petróleo peligraba en Europa, por lo que en la primera década del siglo y animados por el “éxito de la técnica” en EE UU, comenzaron las primeras exploraciones en territorio inglés, polaco, español, alemán y francés.

Los resultados preliminares fueron positivos para la mayoría de estos países. De hecho, según Michel Barron, director de la consultora Eurasia Group, las reservas estimadas de gas y petróleo esquisto en territorio europeo podrían suponer un 80% de las que existen en el país que lidera esta técnica: Estados Unidos.

Aún con el “potencial” energético de gas y petróleo esquisto en las rocas de pizarra europeas, las dificultades geológicas de extracción, los impactos socio-ambientales y los altos costes económicos, hicieron que el fracking fuera prohibido o paralizado en casi toda Europa.

En 2011, Francia fue el primer país del mundo en prohibir la técnica. Unos años más tarde se sumaron Alemania, Bulgaria, Italia, Suiza, República Checa. Reino Unido paralizó las extracciones y España lo prohibió por regiones o lo hizo imposible a través de requisitos que se lo ponían muy difícil al fracking.

‘FRACKING‘ SÍ , PERO FUERA

 

A partir de las dificultades que se fueron encontrando en Europa, las empresas con casa matriz en el continente emprendieron un nuevo viaje hacia el sur global.

En torno al 2010 empresas como la francesa Total Austral, Wintershall, Shell, Equinor, Gazprom o PAE empezaron sus andanzas no convencionales en la explotación masiva de Vaca Muerta.

Si bien la mayoría de estas empresas ya tenían presencia en el país desde la última dictadura cívico-militar en Argentina, a partir de la primera década de este siglo fueron ampliando su interés por el fracking que en sus países estaba prohibida por los impactos en el medioambiente y en la salud de la población.

Este sendero se facilitó con la liberalización del mercado de los hidrocarburos que se produjo en 2015 cuando asumió el Gobierno de Mauricio Macri. “Desde la cartera de Energía se implementaron políticas tendientes a la liberalización del sector: tarifas energéticas acopladas a las fluctuaciones del mercado, dolarización de los precios de la energía, flexibilización y precarización laboral, apertura de la exportación de hidrocarburos, entre otras”, confirman desde el Observatorio Petrolero Sur.

Unido a esto, varios ex ejecutivos petroleros comenzaron la carrera política con el actual Gobierno. Es el caso de Juan José de Aranguren, que pasó de CEO de Shell Capsa a Ministro de Energía y Minería de la Nación.

Según el informe de los investigadores del OPsur Martín Álvarez y Hernán Scandizzo para el boletín Ejes, son siete las empresas europeas que tienen actividad en la reserva de Vaca Muerta: la francesa Total, la alemana Wintershall, la anglo-holandesa Shell, Equinor (antes Statoil) de Noruega y la rusa Gazprom Rusia. También PAE, que es parcialmente controlada por la británica BP, y Phoenix Global Resources, firma a la que están vinculados dos empresarios argentinos —Daniel Vila y José Luis Manzano—, pero que tiene casa matriz en el Reino Unido y participación mayoritaria del holding suizo Mercuria.

En el informe se destaca a la alemana Wintershall vinculada comercialmente con la rusa Gazprom, que hoy es una de las principales proveedoras de gas de la UE. Y sobre todo la francesa Total Austral, el quinto grupo petrolero del mundo, con presencia en más de 130 países, y que desde 2010 se convirtió en la segunda productora de gas de Argentina, en la empresa europea con mayor superficie acumulada en Vaca Muerta, y en la tercera en términos generales, detrás de las empresas nacionales YPF y GyP.

La presencia de Wintershall, Shell o Total Austral, como empresas de “fuerte identificación” con países como Alemania, Holanda, Reino Unido y Francia dejarían de manifiesto aspectos paradójicos en la gestión y control de las economías de estos países.

Según el informe de Ejes, Total Austral no solo desarrolla su actividad de fractura hidráulica (fracking) en la formación de Vaca Muerta, sino que además opera en un área natural protegida, Auca Mahuida, zona de preservación de especies y yacimientos arqueológicos y de valor histórico para el pueblo Mapuche, que lleva dando la batalla desde hace ya tiempo contra las extracciones. Las localidades cercanas a los pozos de extracción se vieron afectadas por esta situación, sobre todo aquellas familias que vivían principalmente de la tierra y de la ganadería, su actividad económica empeoró y muchas tuvieron que emigrar hacia centros urbanos. Otras familias campesinas lograron negociar alguna contrapartida económica con la empresa en cuestión.

Desde la Dirección de Áreas Naturales Protegidas de la provincia de Neuquén ya advirtieron en su día que no se autorizarán los pozos de perforación no convencional dentro de la zona protegida. Incluso en 2014 se llevó a la junta de accionistas de Total Austral en París. “Allí se cuestionó que mientras en el país de origen de la empresa el fracking está prohibido, la compañía no solo la aplica fronteras fuera sino peor aún, en un área natural protegida”, afirman Martín Álvarez y Hernán Scandizzo en su informe para Ejes.

AVANCES QUE ESPERAN A 2019

¿Qué dice la normativa de la UE sobre las empresas cuya actividad es ilegal en el país de origen?

Actualmente no existe ningún mecanismo eficaz que actúe a nivel global para controlar a las megacorporaciones, de hecho estas pueden eludir con facilidad legislaciones nacionales a través de complejos entramados societarios.

La Comisión de Desarrollo Sostenible del Eurolat, Asamblea Parlamentaria entre América Latina y Europa, aprobó un documento con fuertes críticas a esta técnica, sin embargo no votó positivamente la recomendación de una moratoria al fracking en ambos continentes. Esta Asamblea es la mediación más importante entre las dos regiones, los informes que se emiten desde ahí no son vinculantes, pero sus recomendaciones son utilizadas para blindar algunas decisiones geopolíticas.

Parece que el escenario más favorecedor para la prohibición del fracking en Vaca Muerta y en otros lugares del mundo, corre a cargo de la ONU. Gracias a décadas de discusiones y movilizaciones, las organizaciones sociales consiguieron que en 2017 empezaran las negociaciones en este organismo multilateral para elaborar un tratado vinculante que obligue a las empresas trasnacionales a cumplir con los derechos humanos. Un año más tarde comenzaba la cuarta ronda para sacar adelante este instrumento jurídico. En esta ocasión se pudo elaborar un borrador que algunas organizaciones como el Observatorio de Multinacionales de América Latina (Omal) califican de insuficiente y poco exhaustivo.

La Campaña Global para reivindicar “la soberanía de los pueblos, desmantelar el poder de las empresas transnacionales y poner fin a la impunidad”, sostiene que 2019 parece ser el año clave. Entre el 14 y el 18 de octubre tendrá lugar la quinta Sesión del Grupo de Trabajo Intergubernamental de composición abierta (OEIGWG) en Ginebra para lograr un tratado que sea jurídicamente vinculante que regule la actividad de las trasnacionales en suelos que tienen escasa normativa socio-ambiental. Este tratado no solo regulará el fracking en Vaca Muerta, es un acuerdo que obligará a la actividad de las empresas trasnacionales a cumplir una serie de principios y requisitos de acuerdo con la Declaración de los Derechos Humanos.

¿Qué capacidad tendrá este Tratado respecto a las legislaciones nacionales? ¿Cómo y por quién se juzgarán las infracciones y delitos? Son muchas las preguntas puestas encima de la mesa. Las organizaciones ambientales y colectivos sociales lo ven como un claro avance para mitigar las injusticias que suceden en comunidades, bosques y territorios con escasa regulación socio-ambiental.

EXTERNALIZAR COSTES Y CERRAR BENEFICIOS

Escribía el sociólogo Stephan Lassenich en un artículo de opinión publicado por El País, que las sociedades occidentales habían racionalizado las prácticas extractivas y las asimetrías socio-ecológicas y económicas hacia regímenes transnacionales políticos: el FMI, la OMC, hasta el Acuerdo de París. A través de su poderío militar y sus posiciones geopolíticas “ha sido posible construir una estructura socioeconómica que solo funciona a costa de terceros”. A esto se llama externalización. Quiere decir que una vez que los recursos humanos, naturales y sociales ajenos son utilizados por estas sociedades, los costes económicos, ecológicos y sociales son exteriorizados.

“De esta manera se reserva la productividad de este modelo de reproducción para las economías más competitivas, mientras que la destructividad es procesada por las economías más vulnerables”, continúa el sociólogo. Y para evitar que las repercusiones negativas puedan recaer en las propias sociedades externalizadoras cierran su espacio económico y social.

Este proceso en el que nos encontramos es visible en Vaca Muerta. Una vez utilizados los recursos naturales, el beneficio viaja hacia el país de origen, mientras que en los suelos de la cuenca neuquina los derrames contaminan la tierra y los cultivos, las placas tectónicas se mueven y los gases de efecto invernadero ascienden a la atmósfera. Mientras que desde el G7 o el Acuerdo de París se reprocha a “los países periféricos” por sus prácticas poco limpias, los países occidentales en muchos casos serían sus promotores.

Ante esta situación el Tratado vinculante que se firmaría en Ginebra podría reducir estos costes, la pregunta sería si se lograrían incluir términos exhaustivos que puedan aplicarse a nivel jurídico o el Tratado seguiría insistiendo en artículos generales que podrían posibilitar vacíos legales en beneficio de las corporaciones, como se denuncia desde OMAL.

En el momento de escribir este artículo, la Corporación para la Inversión Privada en el Extranjero (OPIC) de EE UU respaldó con más de 400 millones de dólares a dos empresas petroleras en Vaca Muerta.

Por Andrea Ana Gálvez

@Ana_Gaher


publicado

2019-09-27 06:00

Publicado enMedio Ambiente
El flujo migratorio desde Centroamérica hacia EU no se detendrá

A pesar de los operativos mexicanos para detener la migración centroamericana de los países del llamado Triángulo Norte –El Salvador, Honduras y Guatemala– atendiendo a las instrucciones de la administración Trump, este flujo continuará por razones estructurales que ahí están, y que no se modificarán con esos operativos.

Ninguno de los países involucrados cree que esa es la solución, lo saben perfectamente. Cualquier persona medianamente informada sabe que detener a los migrantes sólo los desvía. Eso no quiere decir que los operativos mexicanos, que deberían avergonzarnos, son anodinos, responden a la dimensión política del proceso y no a la dimensión social y económica que es la que realmente está detrás del mismo. Para su campaña de relección Donald Trump requiere que el tema esté vivo y demostrar que él está deteniendo a los migrantes. México, también en una agenda política que nada tiene que ver con los migrantes, se presta a hacer ese trabajo.

Los migrantes centroamericanos no le importan positivamente a nadie. En las naciones de salida incluso se ve con buenos ojos que cientos de miles de sus jóvenes abandonen el país. Eso aligera tensiones sociales, además de que enviarán dólares. México, en lo general, los usa políticamente; construye una relación con su poderoso vecino, mostrando que los puede detener y algún día derivar en beneficios comerciales.

El gobierno mexicano busca que las cosas no empeoren y, en lo particular, enriquecer la agenda político-personal de los actores involucrados, pues se atraen reflectores cuando se presentan como éxitos la detención de miles de migrantes. La dimensión de derechos humanos, que alguna vez tuvo un papel relevante, ha desaparecido ante lasubordinación frente a Estados Unidos. Muchas organizaciones y liderazgos con activismo en el tema, son ahora cercanos al gobierno mexicano o sus empleados. Estados Unidos, como ya dijimos, sobredimensiona su utilización política.

El flujo migratorio desde Centroamérica hacia Estados Unidos no se detendrá, por lo menos durante un tiempo. Las razones son relativamente sencillas y se pueden resumir en cuatro o cinco. Exceso de jóvenes en la región en busca de oportunidades, pobreza extrema, violencia, falta de jóvenes en Estados Unidos y la presencia de redes sociales y familiares en Estados Unidos que funcionan como facilitadores de la migración.

Los datos abundan y me parece increíble que quienes de una u otra manera están involucrados en la gestión del proceso, los ignoren. Me parece además perverso, por decir lo menos, que con toda esa información alguien crea que la Guardia Nacional mexicana deteniendo migrantes resolverá el problema de fondo.

El grupo de edad de 15 a 24 años en el que se concentra la migración, representa para los países involucrados alrededor de 21 por ciento de la población (en México andamos en 18 por ciento). En Estados Unidos, ese grupo poblacional es apenas 13 por ciento. Esta nación sabe que necesita jóvenes para realizar los trabajos rudos y de baja calificación y en un futuro no muy lejano, para pagar las pensiones de los estadunidenses que se retirarán y dejarán de producir. De la violencia y pobreza extrema en América Central no hay ni siquiera necesidad de aportar información, y en cuanto a las redes sociales y familiares que ya están en Estados Unidos sólo aportaré un dato: uno de cada cinco salvadoreños vive en Estados Unidos. Para ellos la migración es un proceso de reunificación familiar y social.

En esta lógica, la idea de inyectar recursos en la región es buena, pero no nos engañemos, no está ocurriendo, y no ocurrirá mientras en Estados Unidos el discurso antimigrante siga siendo rentable políticamente. Estados Unidos no va a poner un dólar para el desarrollo de la región. Lo que México y los países centroamericanos plantean suena bien, pero es poco realista y finalmente, como ocurrió en México, la salida de centroamericanos la detendrá la demografía. ¿O de verdad alguien cree que la salida de mexicanos se detuvo por mejores oportunidades de desarrollo?

¿No se puede hacer nada entonces? ¿Habrá que esperar tranquilamente 10 o 15 años para que haya menos jóvenes en la región?

Por supuesto que no. Quienes están involucrados en la gestión del tema o no les interesa la comunidad migrante, y varios presidentes mexicanos me lo han dicho explícitamente o usan el tema políticamente en su agenda personal. Sólo los migrantes verán por ellos mismos y para ello se requiere que se organicen, que pesen políticamente como grupo, en México y en Estados Unidos, que voten en las elecciones de ambas naciones, que quienes pueden se hagan ciudadanos en Estados Unidos y participen electoralmente. Son, como dice una colega, una especie de tigre dormido. Es el momento de despertar.

* Presidente de Mexa Institute

www.mexainstitute.org

Twitter: @mexainstitute

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"No nos queda mucho tiempo", el grito de una comunidad hondureña a punto de ser sumergida por el mar

Eric Pineda sirve pescado con arroz en un modesto restaurante frente a la playa, un negocio que se enfrenta a una destrucción inminente.

El reciente aumento de la marea ya inundó el bar de al lado, del que solo quedan los escombros de color rosa. En los dos últimos años varios negocios entre el de Pineda y el Océano Pacífico han sido destruidos por el mar. "Cada año el océano se acerca más y aumenta de nivel. Creo que tenemos uno, quizá dos años, hasta que el agua nos lleve también a nosotros. No queda mucho", describe Pineda, de 24 años.

La arena dorada de las playas ayudó a transformar esta comunidad de pescadores en el Golfo de Fonseca en un prometedor destino turístico. Hoy, apenas quedan unos metros de playa y el aumento de la marea y el nivel del mar ha borrado del mapa carreteras, viviendas y negocios.

La población local estima que se pierde aproximadamente un metro de suelo al año y eso significa que la comunidad al completo estará pronto bajo el agua. El mismo destino aguarda a otras comunidades del pacífico hondureño donde tanto población como tierra desaparecen velozmente. 

Durante los últimos años, millones de personas han huido de la pobreza extrema, el colapso de las instituciones y la violencia desatada en América Central. De entre todos los factores que expulsan a la población, hay uno que ha quedado desatendido: los conflictos por los recursos naturales han aumentado por la expansión de la actividad empresarial y el cambio climático.

El nivel del mar aumenta en todo el planeta pero en esta región hay un factor más que ayuda a que aumente la degradación costera: amplias franjas de manglar costero han sido devastadas para abrir espacio a las camaroneras que se multiplican incluso dentro de espacios naturales protegidos. Gran parte del camarón hondureño se exporta a Estados Unidos y Reino Unido donde se venden grandes superficies como Waitrose, Sainsbury's o Marks & Spencer.

Dina Morel, responsable de Coddeffagolf, una organización local centrada en el conservacionismo marino cree que "la industria destruye amplias extensiones de manglar mientras promete desarrollo y crea, en realidad, muy pocos empleos. Al mismo tiempo aumenta la pobreza al restringir el acceso de los pescadores locales a los recursos pesqueros".

Según Morel, las camaroneras se instalan con autorización en zonas protegidas. Las violaciones de la leyes de protección del medio ambiente rara vez son castigadas por las autoridades, que a menudo comparten intereses con una industria que proporciona grandes beneficios. "Las consecuencias de perder un ecosistema tan importante son claras: vulnerabilidad medioambiental, inseguridad alimentaria y descomposición social, factores que llevan a la migración forzada", explica el biólogo Víctor Bocanegra. 

Los manglares son necesarios para la supervivencia de costas sanas y resilientes. Los robustos árboles que los caracterizan protegen la tierra de tormentas e inundaciones y contribuyen a disminuir la erosión a través de la estabilización de sedimentos que afirman sus densas y fuertes raíces. Son actores fundamentales de la biodiversidad marina en tanto proporcionan comida, agua limpia, refugio y seguridad para peces e invertebrados como cangrejos, langostas y gambas. 

Para beneficiarse de este proceso de simbiosis natural, se han abierto grandes camaroneras en entradas del océano que una vez fueron refugio seguro para recibir los flujos de las mareas. Y esas instalaciones interfieren con el flujo natural del mar provocando aumentos en la marea y que los impactos de las tormentas fluyan hasta sumergir las comunidades a pie de playa.

Un refugio en movimiento

En la playa de Cedeño, Ariana Tees, de 70 años, fríe el pescado que trae su marido, Manuel, de 67, en una cocina improvisada bajo una lona a pocos metros del mar. Aquí es donde viven, trabajan, comen y duermen, el refugio que cada mes deben colocar unos metros más atrás a medida que el océano penetra en la tierra.
"Por supuesto que estamos asustados", reconoce Tees. "Pero no tenemos otro lugar al que ir y el gobierno no nos protege. Ni un muro pone", critica. 

Manuel, que pesca desde niño, agrega que "cada año hay menos pescado y las mareas no tienen donde ir así que el agua pasa por aquí buscando una salida. Hemos llegado a despertarnos en plena noche rodeados de agua". Hace una pausa y concluye: "Estamos jodidos".

La industria del camarón en el sur de Honduras data de la década de los años setenta pero creció de manera exponencial en los noventa. Como resultado de ese crecimiento sin freno aparente, a partir del año 2000 varios manglares que cubrían una extensión superior a los 600 kilómetros fueron designados zonas protegidas.

Pese a eso y según Coddeffagolf, la mitad de los manglares de la zona fueron destruidos entre el año 2000 y el año 2010 en su mayor parte debido a las concesiones pesqueras en el golfo, aprobadas antes del decreto de protección. Nadie sabe con exactitud la extensión de las zonas protegidas que aún permanece intacta pero las imágenes por satélite sugieren que la situación es crítica.

La extensión de la zona deforestada se ve desde la cima de una montaña en San José de las Conchas, unos 30 kilómetros al norte de Cedeño. El panorama solo ofrece ya unas cuantas líneas estrechas de aquel manglar protegido atrapadas entre lagunas artificiales para el cultivo del camarón y el océano turquesa.

Los habitantes del pueblo dicen que las empresas camaroneras construyen en secreto, tras anillos sucesivos de manglar que protegen sus instalaciones de la vista y que solo una vez levantadas, solicitan los permisos. Las cifras de ventas sugieren que el negocio se expande: las exportaciones de 2018 ascendieron a 216 millones de dólares (casi 194 millones de euros), una cifra que esperan aumente en un 20% en 2019.

Escasos programas de reforestación

FundeSur, una fundación para el desarrollo social creada por la industria camaronera en 2014, afirma que invierte 0,04 dólares (0,036 euros) por cada kilo de camarón exportado en proyectos relacionados con salud, educación y medioambiente. Sin embargo, los programas de reforestación son escasos y requieren de años de cuidados para garantizar manglares resistentes. Tras numerosas peticiones, FundeSur no quiso aportar su punto de vista para este reportaje.

Nelson Martínez, activista de Guapinol, una comunidad cercana que resultó seriamente afectada por un aumento de la marea hace tres años, insiste en que "hay más deforestación que reforestación y es evidente, cualquiera puede verlo. A menos que se salve el manglar, Guapinol también desaparecerá".

Como estrecha lengua de tierra atrapada entre los océanos Atlántico y Pacífico, América Central es una región muy vulnerable a la emergencia climática global.
Entre 1998 y 2017 Honduras fue el segundo territorio más afectado por fenómenos climáticos extremos como inundaciones, tormentas, sequías o incendios según el Índice de Riesgo Global, que clasifica Puerto Rico como el lugar más afectado.

El Huracán Mitch, la tormenta más devastadora y mortal de los últimos dos siglos en América, que golpeó Honduras en 1998, dejó un saldo de más de 8.000 muertos y millones de afectados que perdieron tierras y hogares. Hizo retroceder al país más de 50 años en su desarrollo y lanzó la primera ola migratoria después de la guerra fría desde América Central a Estados Unidos.

Pero la inversión en mitigación y adaptación a los impactos del clima a través de la reforestación o la protección ante inundaciones no avanza. Solo el 0,5% del presupuesto del gobierno de Honduras está destinado a protección del medioambiente. Se ha visto reducido desde el 1,2% que se gastaba en 2010 según Hugo Noé Pino, analista que fue Ministro de Hacienda y Gobernador del Banco Central.

Desde el golpe de estado de 2009, el incremento de los megaproyectos relacionados con agua, embalses, minas o plantaciones de palma africana, han alimentado conflictos sociales, represión y migraciones. Berta Cáceres, defensora del medioambiente y ganadora del premio Goldman a la defensa del medioambiente, fue asesinada en marzo de 2016 en represalia por liderar la oposición a la construcción de una planta hidroeléctrica en el río Gualcarque, fuente acuífera, alimenticia y medicinal del pueblo Lenca.

"El principal conector entre cambio climático y políticas públicas es la gestión del agua, las decisiones políticas sobre quienes tienen prioridad a la hora de recibir agua de calidad", explica el profesor Raúl Pacheco-Vega, especialista en políticas medioambientales del CIDE (Centro de Docencia e Investigación Económica).

En Honduras, el resultado de esta interacción alrededor del uso del agua es claro: cada año durante la temporada de lluvias, un sinnúmero de comunidades se quedan sin suministro, muere gente y se registran daños en carreteras, puentes y escuelas. Se trata de un ciclo de destrucción ambiental que aumenta la pobreza y provoca movimientos migratorios cuando las familias comienzan a buscar comida, agua y seguridad.

En octubre, seis personas murieron después de dos días de lluvias torrenciales que provocaron deslaves de tierra y que el río Choluteca se desbordara. Marcovia, a unos 20 kilómetros tierra adentro desde Cedeño se inundó y sus habitantes tuvieron que evacuar la localidad. Poco después, cientos de personas del departamento de Choluteca se unieron a la caravana migrante que se aventuró rumbo norte a través de México y hasta la frontera de los Estados Unidos.

Medio millón de hondureños han sido detenidos por las autoridades mexicanas y estadounidenses desde octubre de 2006. Los motivos del flujo migratorio son complejos pero en esta zona del planeta, el factor medioambiental es importante.

Pedro Landa, del Eric, una organización de la Compañía de Jesús que investiga y defiende los derechos humanos afirma que no se ha tomado nota de las lecciones que dejó el Huracán Mitch. "Desde el golpe de 2009, el Estado ha caído gradualmente bajo control de políticos mafiosos que no tienen ningún interés en garantizar el suministro de agua o el desarrollo económico de la población. Solo piensan en ellos mismos", sentencia.

Por Nina Lakhani - Cedeño, Choluteca

07/08/2019 - 20:51h

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Colombia: ¿Cuántos y cómo somos? ¿Dónde estamos?

El Dane reveló, a principios del mes de julio de 2019, los datos oficiales del Censo de población y vivienda realizado durante 2018. De acuerdo con la entidad encargada de las estadísticas oficiales de Colombia, 48’258.494 es la cifra de las personas que habitamos el territorio nacional, un registro superior al estimado por la misma entidad en noviembre del 2018: 45,5 millones; pero mucho menos de los 50 millones que vaticinaban las proyecciones con base en el censo de 2005.

 

La polémica va para largo. La oficialización, el pasado 4 de julio, de las cifras arrojadas por el Censo Nacional de Población y Vivienda (Cnpv-2018), motivó de inmediato su crítica por parte de funcionarios territoriales, como la gobernadora del Valle y el de Bolívar, así como el director de planeación de Bogotá y los alcaldes de Soacha y Cartagena. Según estos, el tamaño de la población que les establece el Censo en su jurisdicción es inferior a los registros oficiales de sus propias entidades.

La inconformidad no es casual: a menores cifras de población por departamento o municipio, menores serán los dineros que les transferirá el gobierno nacional para salud, educación, vivienda, servicios públicos, empleo, vías y demás asignaciones de subsidios y acceso a programas sociales. Otras voces críticas se sumarán con el paso de los días a esta inconformidad, toda vez que el impacto del Censo extenderá sus efectos en toda la gobernabilidad territorial.


Pero la polémica también se prolongará ya que aún falta por saber dónde habitan 4.094.077 de connacionales que no fueron censados pero sí identificados global y regionalmente de su existencia por la Encuesta de Calidad de Vida a cargo también del Dane. Viene ahora, por tanto, la realización de una evaluación de cobertura en todos los municipios del país, para saber en qué lugares están estas personas no empadronadas.
 
Las 4,1 millones de personas excluidas del censo fueron identificadas con la “Encuesta de calidad de vida” realizada entre octubre y diciembre de 2018, que no solo caracterizó la forma en que viven las personas en el país sino que sirvió de medición poscensal, pues en ella se les preguntó a los hogares si habían sido censados, “es a partir de ahí que podemos establecer la omisión”, señaló el director del Dane, Juan Daniel Oviedo. Según el funcionario, la omisión censal fue de 8,5 por ciento, cifra significativamente alta pues el promedio simple de la omisión en los censos ronda el 5 por ciento. Este ajuste, que hasta ahora se hizo a nivel nacional, debe replicarse también por ciudades. En Bogotá, por ejemplo, se censaron 7,2 millones de habitantes, pero aún no se sabe en realidad cuántas personas más viven en la capital. Lo cierto es que difícilmente ese número alcanzará las proyecciones que vaticinaban 8,1 millones de habitantes para 2018 (diagrama 1).

 

 



Por otra parte, el próximo 30 de septiembre saldrá al público la base de datos anonimizada (permite acceder a las respuestas en detalle, pero protegiendo la identidad de los encuestados) y las proyecciones para 2019, pues el censo se hizo con corte a 2018. Los resultados del censo modificarán a su vez otras operaciones estadísticas del Dane, como la gran encuesta integrada de hogares, que es la base para calcular el desempleo.

Una vez que se tengan todos los resultados oficiales, más las encuestas de hogares adaptadas al nuevo censo, todas las metas que usan valores absolutos poblacionales tienen que cambiar como, por ejemplo, la de pobreza monetaria, analfabetismo, tasa de homicidios, PIB per cápita, o número de médicos por habitante.

Con la nueva fotografía del país no solo se renovarán indicadores sociales en materia de salud, educación, empleo, vivienda o movilidad, entre otros, sino que también se podrán reasignar entre las regiones los recursos del Sistema General de Participaciones (SGP) o del Sistema General de Regalías (SGR). En general, cambiarían todos los indicadores que tengan como denominador común la población.

De manera adicional, el nuevo retrato de Colombia 2018 también tendrá repercusiones en la implementación de los Acuerdos de Paz porque habría que revisarse la asignación de recursos hacia los municipios que hacen parte de los priorizados para el posconflicto (municipios Pdet). Incluso, también podría afectar a la representación política en la Cámara de Representantes que depende de la cantidad de población de cada departamento.



¿Cuántos somos?

El Censo Nacional de Población y Vivienda 2018 (Cnpv) es la operación estadística más compleja e importante que hace el país, conducto por medio del cual se recoge información de las personas, hogares y viviendas en todo el territorio colombiano. Su propósito es el de establecer cuántos somos, dónde estamos y cuáles son las principales características socio-demográficas de la población residente habitual en Colombia.

El operativo comenzó en enero de 2018 con 41.097 encuestadores; la recolección de datos terminó en octubre del mismo año. Su realización costó $403.000 millones. El Cnpv 2018 abarca la totalidad del territorio nacional, correspondiente a 32 departamentos, 1.101 municipios, 20 áreas no municipalizadas y el Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina.

Tratando de calmar las demandas de información arrojada por este Censo, en octubre de 2018 el director del Dane, Juan Daniel Oviedo, daba razones para explicar que la población de Colombia podría estar alrededor de 43,8 millones, cifra que sorprendió a todo el mundo por encontrarse bastante lejos de los 50 millones proyectados de acuerdo con la información del censo de 2005. En noviembre, la cifra defendida con argumentos técnicos fue 45,5 millones; al dato inicial se le sumaron 329.093 personas que habitan lugares especiales de alojamiento como, entre otros, los 123.434 presos (tanto hombres como mujeres) que hay actualmente en el país, según el reciente  censo de la población carcelaria realizado por el Inpec1. En julio de 2019, el Dane brinda nuevas razones para explicar que en realidad somos 48,2 millones, cifra resultante de cruzar los datos del censo con los de la encuesta de calidad de vida de 2018, y con la cual estamos más cerca de las proyecciones de 50 millones (Gráfico 1).

 



Es decir, como buen prestidigitador el director del Dane sacó de su sombrero, al igual que brotan conejos, 2,8 millones de personas adicionales entre noviembre de 2018 y julio de 2019, con el fin de aplacar la exasperación que provocaron las primeras cifras.

Frente al censo del 2005, cuando se realizó el último empadronamiento, la población pasó de 42’888.592 personas a 48’258.494 en 2018, esto es, en los trece años hubo un incremento de 5’369.902 habitantes; el crecimiento relativo intercensal fue de 12,5 por ciento (equivalente a un aumento poblacional promedio anual de 0,96 puntos porcentuales).



¿Dónde estamos y cómo somos?


Las características estructurales y la ubicación de la población también cambiaron en el tiempo de publicación de los diferentes reportes oficiales del Dane (cuadro 1). Las cifras definitivas muestra una tendencia hacia la concentración urbana de la población, el abandono de las grandes ciudades y la conurbanización resultante de la emigración hacia los municipios circundantes a las capitales, el cambio en la estructura por edades con propensión al envejecimiento, el fin del “Bono demográfico”, la concentración de la población joven en zonas periféricas y atrasadas del país, la reducción en el tamaño de los hogares (cada vez hay menos niños) y la adquisición de un rol protagónico mayor de la mujer en la sociedad.

 

Cuadro 1. Resultados del Cnpv-2018 según estructura y ubicación poblacional


Género

Las mujeres siguen siendo el género predominante dentro del total nacional, con una participación de 51,2 por ciento; el restante 48,8 por ciento corresponde a los hombres. En el conteo del 2005, las mujeres eran el 51 por ciento de la población y los hombres, el 49 por ciento.


Urbanización

En las cabeceras municipales habita el 77,1 por ciento de connacionales. La población rural que representa el 22,9 por ciento restantes, se distribuye, de una parte, en un 7,1 por ciento en centros poblados y, de otra, el 15,8 por ciento que vive en zonas rurales dispersas. De acuerdo con los resultados del Censo de 2005, el 76 por ciento correspondía a los habitantes de las cabeceras; 5,6 por ciento a los centros poblados y 18,4 por ciento a la población rural dispersa.


Envejecimiento


Desde 2005 se alertó por el ritmo rápido de envejecimiento de la población colombiana. En cuanto a su composición a 2018, un 9,1 por ciento corresponde a mayores de 65 años de edad (cerca de tres puntos porcentuales más que en el 2005, cuando representaban el 6,3 por ciento); 13,3 por ciento tienen más de 60 años; población entre los 14 y 28 años (juventud) 26,1 por ciento; 22,6 por ciento son menores de 15 años, y el 8,5 por ciento tiene menos de 5 años. El Cnpv-2018 corroboró el aumento en los índices de envejecimiento del país; significa que por cada 100 personas menores de 15 años hay 40,4 mayores de 65; en 2005 era de 20,5 personas por cada 100. El índice de envejecimiento para los mayores de 60 es de 58,6 por ciento. En resumen, hay menos población joven de la que creíamos tener y estamos envejeciendo mucho más rápido que antes, generando consecuencias económicas, fiscales, sociales y psicológicas (Gráficos 2 y 3).

 

Gráfico 2. Distribución departamental del índice de juventud, 2018

 

 

Gráfico 3. Índice de envejecimiento (mayores de 65/60 años como fracción de menores de 15 años)


En departamentos como Quindío el índice de envejecimiento llega a ser de 72,2 adultos mayores por cada 100 menores de 15 años de edad; a este grupo pertenecen también Caldas y Risaralda, con índices de envejecimiento de 67 y 60 por ciento, respectivamente. Por el contrario, los departamentos con mayor cantidad de menores de 15 años de edad son Amazonas, Putumayo y Guainía.

El envejecimiento es una tendencia mundial y Colombia no ha escapado a ella. Según la publicación inglesa “The Economist”, en 2019 la población mayor de 65 años va a ser de mayor tamaño que la población menor de cinco años en el promedio de todos los países. En consecuencia, el país debe implementar una política pública acorde con esta realidad e incluyente de tal población. Es evidente la necesidad de apurar unas políticas de asistencia y atención en salud, seguridad y protección social universal que proporcionen calidad de vida y vida digna a las personas en esta etapa de la existencia.

En Colombia el 74 por ciento de los adultos mayores no tiene pensión y padece depresión. Según un estudio de la Universidad de La Sabana,  lo anterior deja en vilo a la mayoría de la población mayor, pues su falta de acceso al sistema pensional la convierte en una población vulnerable. De hecho, ya son vulnerables a varias enfermedades que requieren de un trato especial. Adicionalmente, al menos el 20 por ciento de los colombianos de 80 o más años de edad (unas 150.000 personas de esa edad, según las cuentas de la Asociación Colombiana de Administradoras de Fondos de Pensiones y de Cesantía, Asofondos), tiene que seguir trabajando porque no acumuló las 1.300 semanas de trabajo para pensionarse y no cuenta con ahorros o apoyo familiar para sobrevivir.

De otra parte, tener una menor población joven, pero con mayor acceso a la educación superior, plantea retos en el modelo educativo, así como en materia de oportunidades laborales dignas, las cuales deben responder a las nuevas necesidades de los jóvenes en cuanto a su preparación, expectativa de ingresos, calidad del trabajo y ubicación espacial. En 2018, el porcentaje de desocupación para las personas de 18 a 28 años, según el Dane, se situó en 17,7 por ciento; las estadísticas indican que las mujeres son quienes presentan un mayor índice de desocupación: el número de hombres jóvenes desocupados fue 13,7 por ciento, y para las mujeres del 23 por ciento. Adicionalmente, 29 por ciento de los jóvenes no estudian ni trabajan, esto es, los llamados Ninis


Los resultados permiten evidenciar que en gran parte la condición de discapacidad y dificultad para realizar ciertas actividades cotidianas está asociada con el fenómeno de envejecimiento, de hecho es la principal causa. El 7,1 por ciento de la población que respondió al censo dijo presentar alguna dificultad funcional para realizar sus actividades diarias. La prevalencia en los hombres es de 6,8 por ciento y en mujeres de 7,5.



Repoblamiento


Las ciudades y cabeceras municipales albergan cada vez un mayor volumen de habitantes. El 77,1 por ciento de los habitantes del país ocupan esas zonas, según el Dane, y si bien la diferencia no es mayor frente al 76 por ciento del 2005, es claro que se mantiene la migración interna de las zonas rurales y rurales dispersas hacia los centros urbanos en busca de mejores oportunidades educativas, sociales, económicas, laborales y de seguridad, lo que plantea, de una parte, la necesidad de apurar una reforma laboral que combata la informalidad y proporcione condiciones de oferta acorde a la nueva realidad del país y, de otra, aumentar la oferta de vivienda de interés social, en un marco de desarrollo urbano sostenible, incluyente, democrático y a escala humana. En las principales ciudades, laboran de manera precaria e informal más de 5 millones de personas.

Bogotá está a la cabeza del escalafón con el mayor número de pobladores, cerca de 7,2 millones. Le sigue Medellín, con 2,4 millones, mientras que Cali cuenta con 1’822.871 personas. En Bogotá, la población contada aumentó 5,6 por ciento, incremento que reporta el mayor aporte al aumento en la población censada en todo el país, pues pasó de 6,8 a 7,2 millones de habitantes contados.

Sin embargo, el Distrito Capital registra como una ciudad “altamente expulsora de población” hacia municipios aledaños como La Calera, Funza, Madrid, Cota, Chía, Zipaquirá, Cajicá, Mosquera, Tocancipá, Sopó y Gachancipá, considerados parte del área metropolitana de Bogotá y donde se evidencian crecimientos de la población de dos dígitos al comparar las cifras de 2005 con 2018. En efecto, la conurbanización2 de la “Gran Bogotá” recoge municipios como Soacha, Sibaté, La Calera, Fusa, Mosquera, Madrid, Cota, Chía, Cajicá, Zipaquirá y otros cuantos ubicados sobre la autopista Norte que son utilizados por miles de personas para pernoctar, pero trabajan en la capital; esta realidad se comprueba al detallar que el departamento de Cundinamarca ya tiene 2’792.877 de personas (cuando en 2005 apenas eran 2’280.037), la inmensa mayoría de las cuales se concentran en los pueblos conectados con el Distrito. Según cifras de la más reciente “Encuesta de Percepción Ciudadana de Sabana Centro Cómo Vamos”, 25 por ciento de las personas vivieron en Bogotá antes de llegar a la subregión, la mayoría se trasladaron, de hecho, por motivos laborales, económicos, ambientales, de movilidad, habitacionales y familiares.

En conjunto, el peso de las capitales dentro de la población censada en todo el país tuvo una pequeña reducción, pues pasó de 46,8 a 45,9 por ciento entre el 2005 y el 2018. Casi la totalidad de esa reducción se explica por el menor tamaño de la población de Cali, en donde se contaron 1,8 millones de personas, frente a 2,1 millones 13 años atrás. Entre tanto, en Cartagena se bajó de 895.000 personas contadas en el censo anterior a 888.000 el año pasado. Y en Pereira, de 428.000 a 410.000. En cambio, en Inírida, capital de Guainía, la población casi se duplica en 13 años, con un aumento de 92 por ciento; algo parecido ocurrió en Mitú, Vaupés, y Puerto Carreño, Vichada, con 63 y 53 por ciento (ver mapa).

 

 


Hogares y vivienda

El número de viviendas3 creció más rápido que el de los propios hogares4. Mientras que en estos 13 años los hogares aumentaron en 700.000 para sumar 14,2 millones en 2018, el número de viviendas se incrementó en 3,1 millones hasta alcanzar las 13,5 millones de unidades. Muchos hogares que habitaban en inquilinatos o en las casas paternas se fueron a vivir independientes y otros han decidido vivir solos, tendencia cultural y sociológica fuerte que se observa en las grandes ciudades y realidad que corresponde no sólo a jóvenes sino también a población adulta y vieja.

El 96,3 por ciento de todos esos hogares cuentan con servicio de energía eléctrica, 3 puntos porcentuales más que los del 2005. También ha aumentado el acceso al agua potable (86,4%) y al alcantarillado (76,6%), casi que en las mismas proporciones en estos 13 años. Pero el mayor avance ha sido en acceso al gas natural, pues hoy 7 de cada 10 hogares cuentan con este servicio, mientras que en 2005 eran solo 4 de cada 10, según el Dane, que también advirtió que el 81,6 por ciento de los hogares tienen acceso a la recolección de basuras y el 43,3 por ciento cuentan con internet.

Y si bien hoy siguen siendo más las familias que viven en casas (6 de cada 10), las que prefieren los apartamentos van en alza, pues mientras que en el 2005 cerca del 25 por ciento los habitaban, hoy esa cuota ronda el 33 por ciento. También es revelador el crecimiento de los hogares unipersonales, pues hoy son el 18,5 por ciento frente al 11,1 por ciento del 2005.


Mujeres y desigualdad social

Según el censo, el porcentaje de hogares encabezados por mujeres pasó en el período intercensal 2005-2018 de 29,9 a 40,7 por ciento, mientras la jefatura masculina disminuyó de 70,1 a 59,3 por ciento5. Esto quiere decir que cuatro de cada diez hogares están encabezados por mujeres, uno más que en 2005. Las mujeres tienen mayores niveles de alfabetización que los hombres; y las entidades territoriales con mayor proporción de mujeres son, a la vez, las que tienen niveles más altos de desarrollo (Gráficos 4 y 5).

 

Gráfico 4. Distribución de la población censada por sexo a nivel departamental, 2018

 

Gráfico 5. Empoderamiento de la mujer: jefatura de hogar según sexo



No obstante, el propio Dane ha establecido que las mujeres al frente de sus hogares viven en peores condiciones. La ECV registra que el 77,7 por ciento de ellas no tienen cónyuge, por lo tanto, no hay otro proveedor de ingresos para las familias y deben asumir las cargas domésticas y laborales al mismo tiempo, cosa que no suele suceder con la mayoría de hogares con jefatura masculina. Adicionalmente, en 2018 se encontró que la incidencia de la pobreza es más alta en los hogares con jefatura femenina, con 21,7 por ciento, frente al 18,5 en los de jefatura masculina.

Si bien las cifras indican que las mujeres están más educadas, la realidad es que se emplean menos que los hombres. Para el trimestre febrero-abril de 2019, la tasa de desempleo para las mujeres fue 14,0 por ciento y para los hombres 8,7 por ciento. A ello se suma la brecha salarial de 20 por ciento entre hombres y mujeres que cumplen las mismas funciones, según el Ministerio de Trabajo.

Las cifras del censo también revelaron que con un mayor nivel educativo se incrementa la edad promedio en que las mujeres están dispuestas a tener hijos; aquellas que tienen educación preescolar, primaria o ninguna, deciden ser madres a los 25 años, en promedio; esta edad va en aumento a medida que registran un mayor grado de escolaridad, con 29 y 31 años en niveles de formación superior o de posgrado. El número de nacimientos también registró cambios importantes en relación con el acceso a la educación: aquellas con pocos o nulos estudios tienen en promedio 3,5 hijos, mientras las que alcanzaron un posgrado tienen 1,5.

Si bien es indudable que las mujeres ocupan un papel protagónico en las dinámicas sociales y económicas del país, las cifras del Dane permiten concluir que las condiciones en que vive buena parte de esta población todavía distan de ser un ejemplo de empoderamiento femenino. Los avances en materia de alfabetización, equidad de género en las empresas o reducción en el número de hijos con relación al tipo de formación de la madre indican además que las mejoras todavía suelen ser para aquellas que están más preparadas o tienen los recursos para acceder a un tipo de vida distinto (Gráfico 6).

 

Gráfico 6. Alfabetismo por sexo


 
¿A qué se dedica la gente?


Los cambios demográficos y en la situación socio-económico de los hogares se reflejan en las conductas disruptivas en cuanto a la ocupación durante los últimos trece años. En 2018, la población que trabaja representa el 46,6 por ciento mientras que en 2005 era de apenas el 39,8. El 51 por ciento de la población se encuentra ocupada; por sexo, los hombres se encuentran ocupados en el 66,1 por ciento y las mujeres el 37,4. También se encuentra más proporción de gente buscando trabajo: 2,8 por ciento en 2005 y 5,4 en 2018. El porcentaje de población estudiando aumentó de 17,6 por ciento a 18,1 durante los últimos trece años. La población que se dedica a los oficios del hogar se redujo de 21,5 por ciento a 19,0 en el período intercensal. Otra expresión del proceso de envejecimiento de la población es el crecimiento relativo que registra la población jubilada: pasó de 2,3 por ciento en 2005 a 3,6 en 2018 (Gráfico 7).

 

Gráfico 7. Ocupación según principal actividad económica realizada la semana anterior

 



Por último, una vez que se tramite el proyecto de ley para oficializar las cifras del recién conocido Censo de Población y Vivienda 2018, las proyecciones que se estipularon en el Plan Nacional de Desarrollo del gobierno de Iván Duque serán sujetas a revisión, tal y como se determina en las bases del mismo.



1    Lugar Especial de Alojamiento (LEA): Es una edificación o parte de ella en la cual habita un grupo de personas, generalmente no parientes, que participan de una vida en común por razones de procesos de rehabilitación, carcelaria, estudio, trabajo, culto religioso, hospitales, disciplina militar, labores administrativas, entre otras.
2    Una conurbación es una región que comprende una serie de ciudades, pueblos grandes y otras áreas urbanas que, a través del crecimiento poblacional y su crecimiento físico, se fusionan.
3    Vivienda (Unidad de uso vivienda): Espacio independiente y separado, habitado o destinado para ser habitado por una o más personas. Independiente, porque tiene acceso directo desde la vía pública, caminos, senderos o a través de espacios de circulación común (corredores o pasillos, escaleras, ascensores, patios). Las personas que habitan una unidad de vivienda no pueden ingresar a la misma a través de áreas de uso exclusivo de otras unidades de vivienda, tales como dormitorios, sala, comedor, entre otras. Separada, porque tiene paredes u otros elementos, sin importar el material utilizado para su construcción, que la delimitan y diferencian de otros espacios.
4    Hogar: Es una persona o grupo de personas, parientes o no, que ocupan la totalidad o parte de una vivienda; atienden necesidades básicas con cargo a un presupuesto común y generalmente comparten las comidas. También constituyen un hogar las personas que se asocian para vivir bajo el mismo techo, aunque no compartan las comidas. Los empleados del servicio doméstico y sus familiares, los trabajadores y sus familiares forman parte del hogar siempre y cuando duerman en la misma vivienda donde trabajan.
5    Jefe o jefa de hogar: es el residente habitual que es reconocido por los demás miembros del hogar como jefe o jefa, teniendo en cuenta los siguientes criterios: la persona de mayor edad, el que mayor aporte económico le hace al hogar o el que goce de mayor respeto entre los miembros del hogar.
*    Escritor e investigador independiente. Integrante del comité editorial de los periódicos Le Monde diplomatique, edición Colombia, y desdeabajo.

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