Honduras San Pedro Sula Foto: DW.

Cientos de personas migrantes comenzaron a caminar este miércoles 30 de septiembre por la noche desde San Pedro Sula -en el norte de Honduras- hacia la frontera con Guatemala, usando una ruta migratoria muy transitada en tiempos del COVID-19.

Durante semanas, se convocó -desde las redes sociales- a una nueva caravana de migrantes que saldría desde una estación de autobuses de San Pedro Sula el 1 de octubre. Sin embargo, la mayoría de las personas que se reunieron el miércoles decidieron no esperar y partieron en la oscuridad de la noche con mochilas y, muchos, con mascarillas. Los grupos se encaminaron rápidamente a lo largo de la carretera, algunos recibiendo la ayuda de conductores, mientras otros continuaron caminando hacia la frontera con Guatemala.

Esta caravana avanza solo dos semanas después de que Guatemala reabriera sus fronteras, tras mantenerlas selladas durante meses para frenar la propagación del coronavirus. Varios Gobiernos de la región dieron a conocer que estaban pendientes: la agencia de inmigración de México dijo en un comunicado que haría cumplir la migración "segura, ordenada y legal” y que no haría nada para promover la formación de una caravana de migrantes.

Por su parte, la Embajada de Estados Unidos en Honduras aseguró -a través de su cuenta en Twitter- que la migración a Estados Unidos era más difícil que nunca en este momento y más peligrosa debido al COVID-19. Pero los factores de expulsión que impulsan a las personas migrantes de Centroamérica no han disminuido durante la pandemia.

La salida del nuevo grupo el miércoles por la noche recordó a una caravana de migrantes que se formó hace dos años -poco antes de las elecciones de mitad de período en Estados Unidos- que se convirtió en un tema electoral con una retórica antiinmigrante. En los últimos años, las personas migrantes irregulares centroamericanas comenzaron a viajar en grandes grupos buscando seguridad y, en algunos casos, evitando el costo de traficantes.

1 octubre 2020

(Con información de DW)

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Salario Cero: El "valor" del Salario mínimo, Bono Alimentación y Pensión es esquivalente a 0.88$ mensuales

29 de septiembre de 2020.- El salario mínimo en Venezuela, establecido en Bs 400.000 llega al valor de cero literalmente. El equivalente de esta cantidad  es de 0,88 dólares mensuales, según la cotización de la moneda estadounidense para este 29 de septiembre.

Muchas han sido las voces que se levantan en contra de este duro golpe que ha recibido la clase trabajadora en Venezuela, en la que millones de empleados públicos se encuentran literalmente despedidos de manera indirecta y que se expresan en las redes sociales.

"La desaparición del salario es la destrucción del trabajo como hecho social, lo que ocasiona a la par de la miseria y el hambre, la desestructuración de la sociedad toda. Por eso en los hospitales el déficit de enfermeras, en las escuelas y liceos el déficit de docentes y así en cada institución se puede notar las consecuencias del despido indirecto y masivo de los trabajadores de la administración pública nacional", así lo manifiesta Zuleika Matamoros en su cuenta twitter. Matamoros es integrante de la organización política Marea Socialista quienes an introducido un recurso de amparo ante el TSJ exigiendo el cumplimiento del Art. 91 de la Constitución de la  República Bolivarina de Venezuela.

Artículo 91 "Todo trabajador o trabajadora tiene derecho a un salario suficiente que le permita vivir con dignidad y cubrir para sí y su familia las necesidades básicas materiales, sociales e intelectuales. Se garantizará el pago de igual salario por igual trabajo y se fijará la participación que debe corresponder a los trabajadores y trabajadoras en el beneficio de la empresa. El salario es inembargable y se pagará periódica y oportunamente en moneda de curso legal, salvo la excepción de la obligación alimentaria, de conformidad con la ley. El Estado garantizará a los trabajadores y trabajadoras del sector público y del sector privado un salario mínimo vital que será ajustado cada año, tomando como una de las referencias el costo de la canasta básica. La ley establecerá la forma y el procedimiento".

Así, los bonos de alimentación y el "valor" de la pensión es de esta suma que no cubre tan siquiera 1Kg de harina de maiz. Lo que ha traido como consecuencia el exponencial empobrecimiento de la población. Ante el silencio de las centrales obreras, las redes sociales han servido de medios de difusión del descontento ante tal situación.

"Ya como todos sabemos 1$ vale más q todo el salario d un venezolano en 1 mes,si la gente, el pueblo se queja o protesta salen los ultra borregos a decir que: 1.-  Esos son escuálidos 2.-  Es que estamos bloqueados 3.-  Están dividiendo 4.-  No dicen nada. ¡Bueno todos a luchar por nuestro salario!" Así lo expresó Jesús Superlano quien se indentifica en la red social twitter como Diputado del estado Lara, revolucionario, contra el reformismo y la burguesía revolucionaria.

"Todo trabajador merece una justa remuneración para poder cubrir sus gastos y los de su núcleo familiar, y eso lo dice la Constitución en su Art.91, el salario debe cubrir la Canasta Básica Familiar"  Expresó Whirmelis Villalobos quien es periodista egresada de la LUZ

Solo basta revisar un poco el twitter para enterarse de la opinión de trabajadores que se an visto en la obligación de emigrar hacia otras actividades económicas de la mermada economía informal para poder darle alimento a sus familias.

Mientras el valor del salario mínimo en Venezuela es de 0,88 dólares para este 29 de septiembre. El valor de la Canasta Alimentaria para el mes de agosto, según CENDA es equivalente a 177 dólares. Mientras que CENDAS FVM ubica la Canasta Alimentaria para el mismo periodo en 270$. El valor de la Canasta Básica se calcula al doble del valor de la Canasta Alimentaria.


Ya como todos sabemos 1$ vale más q todo el salario d un venezolano un 1 mes, si la gente, el pueblo se queja, o protesta salen ls ultra borregos a decir que:

1 Esos son escuálido

2 Es que estamos bloqueados

3 Están dividiendo

4 No dicen nada

Bueno todos a luchar por nuestro salario

Por: Aporrea | Martes, 29/09/2020 09:25 AM

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Miércoles, 23 Septiembre 2020 05:32

La desigualdad y la muerte en los Estados Unidos

La desigualdad y la muerte en los Estados Unidos

La pandemia está exarcebando un problema horrible en los Estados Unidos, la desigualdad social. En 2018, un estudio del banco central del país, la Reserva Federal, encontró que el cuarenta por ciento de los norteamericanos no tienen para pagar un gasto inesperado de 400 dólares. Para 2019, siete de cada diez no llegaban a tener mil dólares ahorrados, un aumento de la pobreza relativa del 58 por ciento en apenas un año.

Y entonces, una pequeña criatura llamada coronavirus apareció en escena, bailando y saltando, y creando una catástrofe social.

En un año normal en Estados Unidos, 800.000 personas son desalojadas cada mes. Para julio de este año, se estimaba que ya eran entre seis y siete millones. Donald Trump firmó una ley, diciendo: “No quiero que nadie sea desalojado y con esta ley voy a solucionar el problema casi completamente, o tal vez completamente”. La firma fue en su lujoso club de golf en Bedminster, Nueva Jersey, frente a un grupo de socios que habían pagado 350.000 dólares para entrar y siguen pagando anualidades altas.

Pero no era una ley lo que el presidente firmaba sino un decreto, que no hizo absolutamente nada para proteger a los inquilinos, ni siquiera extendía la más bien débil moratoria de cuatro meses a los desalojos. Eran generalidades biensonantes que dejaban el tema en manos del secretario de Estado, Steven Mnuchin. Que era presidente de un banco que se encargó de echar a más de cien mil personas que no pudieron pagar sus hipotecas por la crisis de 2008.

El mismo día en que Trump firmaba su decreto, el 24 de julio, vencía la ayuda económica de 600 dólares por semana votada por el Congreso, con Trump y los republicanos negándose a extenderla. El argumento es que tanta plata hace que la gente no quiera volver a trabajar, lo que implica admitir que los veinte millones de trabajadores que recibieron la ayuda no llegan a ganar eso. Hay que destacar que, considerando los precios norteamericanos, ganar 600 a la semana coloca al trabajador por debajo de la línea de pobreza… A principios de septiembre, Trump terminó firmando otro decreto asignando 300 dólares. Pero todavía nadie vio ni uno de esos cheques.

Un nuevo segmento de los noticieros televisivos es el bloque dedicado al hambre en Estados Unidos. Son imágenes de gente haciendo cola para recibir alimentos en iglesias o centros de ayuda. El problema aumentó porque el gobierno Trump hizo cada vez más complicado recibir ayuda por desempleo o alimentar, y porque las escuelas cerradas significan que tantos chicos no reciben su desayuno y almuerzo gratuitos.

El salario mínimo sigue siendo exactamente el que era en 2009, 7,25 dólares la hora. En los once años en que los trabajadores no recibieron aumento, los bonos de los brokers de Wall Street subieron exponencialmente. Si el salario hubiera seguido la misma evolución, cada hora se pagaría 33,51 dólares.

Las muertes por covid-19 en Estados Unidos ya están llegando a las 200.000, a un ritmo de mil por día. Los medios reflejan la cantidad de ciudadanos que no pueden pagar un funeral, ni siquiera un entierro, de un ser querido. Es un rasgo de la disparidad social: el dueño de Amazon Jeff Bezos ganó en un excelente día en julio 13.200 millones de dólares, diez veces lo que costaría pagar el entierro de todas las víctimas del virus en todo el país.

El índice GINI, que mide la desigualdad social en una escala de que va de 0 (el mejor grado) a 10, califica a Estados Unidos como el país desarrollado de lejos más desigual. En 2018, le dio un puntaje de 4,14, lo mismo que a la Argentina de Macri y peor que el 3,96 de Uruguay. Lo más notable es que hace cuarenta años, en 1980, EE.UU. tenía un GINI de 3,46. Es un caso único de caída en la equidad social desde que existe el índice.

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Miércoles, 02 Septiembre 2020 05:40

¿Por qué repunta Bolsonaro?

¿Por qué repunta Bolsonaro?

A pesar de la cantidad de muertes y de la pésima gestión de la pandemia de covid-19, la aprobación de Jair Bolsonaro crece. No solo mantiene la fidelidad de sus votantes duros, sino que recibe la aprobación de parte de la población más pobre del Nordeste, a la que ha dirigido programas sociales de emergencia. Los cambios en la estrategia bolsonarista y los errores de la oposición progresista explican mucho de lo que está sucediendo en Brasil.

 

Las últimas encuestas de diferentes institutos de opinión pública son claras: la popularidad de Jair Bolsonaro es la mayor desde que asumió su mandato. Si bien se plantea una duda metodológica muy pertinente, y es que la pandemia ha obligado a que todas estas encuestas se realicen por teléfono y esto dificulta mucho el acceso a la población brasileña más empobrecida, lo cierto es que las más de 120.000 personas muertas parecen no pasarle factura al presidente de Brasil. ¿Cómo es esto posible?

 

Fieles, críticos y arrepentidos

 

Para entender las razones por las que 57,8 millones de brasileños votaron por Bolsonaro, dividimos a sus votantes en dos categorías: votantes radicales, que hoy en día constituyen entre 10% y 15% de su base de apoyo, y votantes moderados, la gran mayoría de su base electoral. Los primeros, el núcleo duro bolsonarista, son fundamentalmente hombres blancos, de clase media-alta, del sur-sureste del país y de entre 25 y 45 años. Tienen una adhesión emocional y psicológica absoluta a Bolsonaro y a su proyecto, no solo en lo político, sino también en lo vital, lo que significa compartir su visión del mundo violenta, racista, LGBT-fóbica y machista. Pero ¿por qué muchos de los más moderados aún continúan confiando en un presidente tan abyecto?

Bolsonaro representa una tendencia política antisistémica y antipartidista. Así, su imagen se constituye como la del outsider, como el único político honesto que, genuinamente, quiere luchar contra un sistema corrupto. Al día de hoy, uno de los legados más problemáticos de la operación Lava Jato es una intensa criminalización de la política que caló hondo fundamentalmente en las clases medias tradicionales brasileñas, que compartían la visión del entonces juez Sérgio Moro como el héroe anticorrupción. Gran parte del público fiel a Bolsonaro continúa manteniendo su apoyo no tanto porque confía plenamente en el presidente o porque está totalmente satisfecho con su gestión, sino porque no reconoce otra alternativa política o electoral viable justamente por entender que el sistema en su conjunto está intrínsecamente corrompido. Bolsonaro todavía es visto por este público como honesto y auténtico.

Para entender cómo se comporta su base electoral moderada, emprendimos junto con Camila Rocha una investigación en la que clasificamos a este electorado en tres categorías: fieles, críticos y arrepentidos. Veamos los argumentos de cada grupo. Además de la honestidad, los argumentos que los más fieles repiten cuando justifican su apoyo son muy recurrentes: a) «en comparación con los 14 años de gobiernos petistas, Bolsonaro aún no ha tenido tiempo de gobernar»; b) «el Partido de los Trabajadores (PT) dejó el país destruido política, económica y socialmente, por lo que recomponerlo no es una tarea fácil»; c) «cuando Brasil empezó a encarrilarse, llegó la pandemia y todo se detuvo»; d) «Bolsonaro hace todo lo posible por mejorar la situación del país, pero la persecución permanente que sufre por parte de la prensa, los políticos de oposición y el Tribunal Supremo [unos de los principales enemigos de presidente] hacen que no consiga gobernar».

Sin embargo, es entre la clase media y alta más «lavajatista» donde Bolsonaro perdió más adhesión. Esta población recibió como un duro golpe la dimisión del ministro Moro, a cargo de la cartera de Justicia y Seguridad Pública, el 24 de abril de 2020, tras acusar a Bolsonaro de interferencia política en el nombramiento del director de la Policía Federal a fin de proteger a sus hijos de las investigaciones llevadas a cabo sobre ellos. A su vez, los hijos de Bolsonaro son uno de sus mayores problemas. Varios procesos pesan sobre los tres que tienen representación política. Sobre Flávio Bolsonaro, senador por Río de Janeiro, pesan acusaciones de realizar transacciones financieras ilegales por valor de 1,2 millones de reales (más de 200.000 dólares). Sobre Carlos Bolsonaro, concejal por Río de Janeiro, pesan dos acusaciones: la primera por nombramiento de cargos fantasma en su gabinete y la segunda, la más importante en este momento, por ser uno de los supuestos coordinadores de la campaña de noticias falsas a través de millones de mensajes ilegales durante la campaña electoral. La misma acusación de coordinar el esquema masivo de noticias falsas pesa sobre Eduardo Bolsonaro, diputado federal por San Pablo. Esta última investigación sobre fake news electorales es la que más preocupa en Brasilia, ya que el Tribunal Supremo Electoral ha abierto un proceso de impugnación de la candidatura Bolsonaro-Mourão sobre la base de esta investigación.

Además de la frustración por la salida de Moro y de su visión negativa de los hijos del presidente, quienes votaron por Bolsonaro y ahora están decepcionados o arrepentidos presentan los siguientes argumentos: a) «Bolsonaro no cumple con el decoro que su función exige, es excesivamente violento, autoritario, histriónico en su forma de conducir el gobierno y con sus polémicas continuas causa gran inestabilidad»; b) «la gestión de Bolsonaro de la pandemia de covid-19 es irresponsable e inhumana, no se preocupa ni por los enfermos ni por los muertos».

Podemos decir que los dos factores principales para el debilitamiento de Bolsonaro eran el covid-19 y las sospechas de corrupción que involucraban a sus hijos. La mayoría de los brasileños considera que su comportamiento frente a la pandemia denota falta de carácter y humanidad. En paralelo, el 18 de mayo de 2020, Fabrício Queiroz, ex-asesor de Flavio Bolsonaro y sospechoso de ser su testaferro, fue arrestado después de pasar un año escondido en una casa propiedad del abogado de la familia Bolsonaro. Según Datafolha, 64% de los brasileños cree que Bolsonaro conocía el paradero de Queiroz todo este tiempo.

En las últimas semanas, parece que Bolsonaro y sus asesores entendieron este mensaje de su base más desencantada y cambiaron su estrategia: han hecho desaparecer a sus hijos del espacio público y de las redes sociales y han «domesticado» a un Bolsonaro que está más moderado que en los inicios de su presidencia. Como consecuencia de este giro estratégico en su comportamiento, su popularidad ha vuelto a crecer. Sobre los más de 110.000 muertos por la pandemia y las críticas a su gestión, Bolsonaro también tiene una estrategia clara: la culpa de estos números y de la crisis económica que se avecina no la tiene él, la tienen los gobernadores de los estados y los alcaldes que no siguieron sus recomendaciones de que la gente pudiera salir a trabajar, decretaron confinamientos que solo algunos cumplieron y, de esta forma, no lograron atajar la pandemia y agravaron la crisis económica. Parece que esta reciente táctica también puede estar comenzando a funcionar.

En paralelo, la popularidad de Bolsonaro comienza a aumentar entre los más pobres, a causa, fundamentalmente, de una ayuda de emergencia de 600 reales (112 dólares) mensuales que recibirán durante la pandemia y que es esencial para la supervivencia de millones de brasileños. Por otro lado, Bolsonaro comienza a invertir políticamente en el Nordeste, la región más empobrecida del país y feudo electoral histórico del lulismo. Sabe que si se gana a las clases populares con ayudas económicas, se allanaría el camino hacia la reelección. Los datos impresionan: 65,3 millones de brasileños están recibiendo la ayuda y un tercio de ellos están en la región Nordeste. No hay que olvidar que parte del apoyo popular a Luiz Inácio Lula da Silva se basó en este tipo de transferencias de ingresos.

El problema es que este ingreso no puede ser para siempre, y el neoliberal ministro de Economía Paulo Guedes, el nexo con el empresariado y el capital nacional e internacional, ya está insistiendo en que es incompatible con sus políticas de ajuste presupuestario y fiscal. ¿Serán capaces Guedes y Bolsonaro de llegar a un acuerdo para mantener a lo largo del tiempo algún flujo de ingresos (aunque sea de valor menor a 600 reales) que garantice el apoyo de los más pobres pero, al mismo tiempo, de continuar con los planes privatistas y las reformas (tributaria y administrativa serían las próximas) para mantener satisfechos a los dueños del dinero? Veremos.

No debemos olvidar que Bolsonaro mantiene la fidelidad de los principales obispos de las mayores iglesias evangélicas pentecostales y neopentecostales, como la Iglesia Universal del Reino de Dios y la Asamblea de Dios. Los más pobres componen el mayor contingente de estas iglesias, por lo que su apoyo es un factor muy importante para entender la adhesión popular al bolsonarismo. Por eso, el presidente brasileño continúa apostando por un conservadurismo religioso que se pauta por la dinámica de la moralización y la cristianización de la vida pública y privada. Temas como el rechazo al aborto y el combate al feminismo son explotados con gran crédito moral por figuras del gobierno como la ministra de Mujer, Familia y Derechos Humanos, la pastora Damares Alves.

 

El impeachment se aleja

 

Si la nueva estrategia bolsonarista basada en la combinación de su propia moderación, el ingreso de emergencia y la culpabilización de alcaldes y gobernadores por la pandemia continúa funcionando, el ex-capitán puede reforzarse como una alternativa viable para las próximas elecciones presidenciales de 2022, no solo entre los leales, sino también entre un buen número de partidarios críticos que parecen estar mejorando sus perspectivas y lo votarían de nuevo, especialmente contra el PT. El antipetismo sigue siendo bastante fuerte entre la población. Además, el PT ha dado algunos pasos que han desencantado a su propia base, como por ejemplo la elección de Jilmar Tatto como candidato a la alcaldía de San Pablo en las próximas elecciones municipales de noviembre de 2020. Su nombramiento levantó muchas críticas entre los afiliados, bastantes de los cuales han migrado hacia una candidatura que parece irradiar más entusiasmo: la de Guilherme Boulos, el líder de los «sin techo», postulado por el Partido Socialismo y Libertad (PSOL).

Pero el problema no es solo el PT, sino también la ausencia de un nombre fuerte que aglutine el campo de la centroderecha y la derecha moderada y que consiga arrebatar votos a Bolsonaro. Se barajan diversos nombres, como el del gobernador de San Pablo João Doria, el del propio ex-juez Moro y el del conocido presentador de televisión Luciano Huck, pero de momento nada está definido.

En el plano institucional, la posibilidad de un impeachment, que llegó a parecer plausible en los meses anteriores, está diluida. Bolsonaro cuenta, además, con el apoyo de amplios sectores de las Fuerzas Armadas. Es el gobierno más militarizado de la historia brasileña, con 11 ministros militares y casi 3.000 cargos gubernamentales ocupados por personas procedentes de las Fuerzas Armadas. Estas se han beneficiado enormemente de su presencia en el gobierno, con una buena reforma de las pensiones aprobada al mismo tiempo que se realizaba una reforma antipopular y regresiva de las pensiones para los civiles, y con un aumento del presupuesto militar en un momento de restricciones en otras áreas. Bolsonaro también está negociando su estabilidad con el poderoso presidente de la Cámara de Diputados, Rodrigo Maia, quien tiene en su poder nada más y nada menos que 47 pedidos de impeachment diferentes, y con un grupo de partidos políticos llamado el centrão, que reúne a unos 200 diputados (de 513 en total) que no tienen una identidad ideológica específica y, por tanto, se venden al mejor postor. Están vinculados a prácticas clientelistas y corruptas, pero tienen el poder de equilibrar la gobernabilidad del país.

El hecho de que un impeachment se vea ya muy lejos también influye positivamente en la percepción de la población del gobierno de Bolsonaro, porque se entiende que este está pasando por un momento de mayor estabilidad y que el presidente está siendo capaz de mantener la gobernabilidad incluso en contextos como el actual.

¿La popularidad de Bolsonaro seguirá subiendo? ¿Será capaz de mantener su nuevo giro estratégico? De momento parece que mantener la moderación le va a costar mucho. En los últimos días ya protagonizó una nueva polémica al responder con tono amenazante a un periodista que le preguntaba por sospechas de corrupción en el caso Queiroz «Qué ganas de reventarte la boca a golpes». Las elecciones municipales de noviembre próximo serán importantes para que el campo bolsonarista y el democrático midan fuerzas, pero lo cierto es que Bolsonaro continúa alimentándose de que mucha gente indefinida políticamente no llega a confiar en los proyectos políticos de la izquierda. Urge que el PT y el resto de los partidos democráticos se coloquen como alternativas viables, porque de lo contrario corremos el riesgo de que Bolsonaro se mantenga tranquilo en el poder a pesar de los más de 100.000 muertos y de los múltiples retrocesos que está comandando.

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Martes, 11 Agosto 2020 05:38

Lecciones de la historia

"El caso brasileño fue muy particular. El giro económico de Rousseff, en su segundo mandato, es una de las claves para entender su derrocamiento", apunta Diego Rubinzal.  ________________________________________ Imagen: EFE

Los daños autoinfligidos. La experiencia brasileña

La menor desigualdad fue producto de la mejora de los ingresos laborales y de las transferencias estatales a los sectores más postergados entre 2002 y 2014. El cambio de régimen de política económica generó una recesión económica innecesaria en 2015.

 

El neoliberalismo se adueñó del tablero mundial tras el colapso del socialismo real. América latina no fue ajena a esa oleada. En los dos países más importantes del Cono Sur, los presidentes Carlos Menem y Fernando Henrique Cardoso fueron alumnos ejemplares del Consenso de Washington. Sin embargo, “nada es para siempre” como enseña la canción de Fito Paez.

La crisis social provocó la salida anticipada de varios gobiernos (Argentina, Ecuador, Bolivia). Esa fue la antesala del ascenso al poder de una variopinta centroizquierda regional.

Más allá de las diferencias, el “giro a la izquierda” se tradujo en mayor inclusión social. Según datos de la Cepal, el coeficiente de Gini disminuyó del 0,547 a 0,491, entre 2002 y 2014. A su vez, la brecha entre el diez por ciento que más y menos gana se redujo de 43 a 39 veces. La menor desigualdad fue producto de la mejora de los ingresos laborales y de las transferencias estatales a los sectores más postergados.

Un dato no menor fue que se consolidó esa tendencia a contramano de lo que ocurría a escala mundial. En otras palabras, la reducción de la brecha de desigualdad latinoamericana coexistió con mayor inequidad a escala global. A pesar de esos logros, la mayoría de esos gobiernos perdió apoyo popular con el paso del tiempo. Los motivos son multicausales e incluyen patrones comunes (por ejemplo: el lawfare) y específicos de cada país.

Por ejemplo, el caso brasileño fue muy particular. El giro económico de Rousseff, en su segundo mandato, es una de las claves para entender su derrocamiento. La historia comenzó con la designación del ortodoxo Joaquim Levy como ministro de Hacienda. Esa decisión generó fuertes resistencias internas en el Partido de los Trabajadores (PT). Sin embargo, la política de “austeridad” impulsada por el ex banquero fue defendida por Lula aduciendo que esa estrategia había arrojado buenos resultados en el tramo inicial de su primer gobierno. Sin embargo, el contexto internacional era incomparable.

Lo que ocurrió después fue muy predecible. El cambio de régimen de política económica generó una recesión económica innecesaria. El daño autoinfligido desplomó los índices de popularidad de Dilma. El clima estaba servido para la maniobra destituyente encabezada por Michel Temer.

¿Por qué el gobierno del PT cayó en esa trampa?. Responder ese interrogante no es una mera curiosidad histórica sino fuente de aprendizaje para el futuro. En "Conflicto distributivo y fin de la 'breve Edad de Oro' de la economía brasileña", los profesores de la Universidad de Rio de Janeiro Franklin Serrano y Ricardo Summa plantean que hubo una “revolución indeseada” (para los capitalistas) en el mercado laboral en Brasil entre 2004 y 2014. Eso fue resultado del fuerte aumento del salario mínimo, la creación de empleo y el empoderamiento sindical. En el período 2005-2015, la participación salarial aumentó un promedio de 1,2 puntos porcentuales anual, según las estimaciones de los economistas Saramago, Medeiros y Freitas.

“El giro neoliberal en la política económica de 2015 estuvo relacionado con las consecuencias de la “revolución indeseada” en el mercado de trabajo. Parece que ocurrió en la breve edad de oro brasileña algo en parte similar a lo que sucedió al final de la larga edad de oro de los países centrales: una reacción política a la intensificación del conflicto distributivo, que finalmente llevó a la adopción de políticas de austeridad. Además, existía la diferencia de que los capitalistas aquí confiaban en el apoyo de los trabajadores de mayores ingresos, enojados con la reducción de la desigualdad salarial y el costo creciente del trabajo en los servicios domésticos”, explican Serrano y Summa. El desenlace es conocido. Ceder a las presiones costó muy caro.

* Director Regional de la AFIP Santa Fe.

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Vendedor ambulante de gasolina en la ciudad de Maracaibo. VENEZUELA AFP, LUIS BRAVO

Venezuela, el otrora emporio petrolero, se ha convertido en el país con la población más pobre de América del Sur. Para millones de personas, la vida cotidiana es un drama que apenas deja espacio o fuerza para temas que, como la política, aparecen como sofisticados y distantes.

 

Natalia es trabajadora doméstica, Hilario es fontanero y Gladys es empleada en un salón de belleza. De las 14 millones de personas que trabajan en Venezuela, ellos son parte del 58 por ciento que labora en el sector informal de la economía: en cada jornada deben «resolver el día», y la cuarentena por la pandemia de covid-19, impuesta desde marzo, no ha hecho sino agravar penurias y preocupaciones que venían de antes.

«Hay que salir a resolver. Si no trabajo, no como, y si no nos mata el virus, nos mata el hambre», dijo a Brecha el cincuentón Hilario, en tono grave, como si acabara de inventar la frase, repetida como un mantra en incontables realidades de los países del Sur. Es el sostén principal de una familia de nueve miembros, con tres generaciones entre madre, tío, esposa, cuñada, hijos y ahijado.

SALARIO

La familia vive en las afueras de Caracas y se sostiene con el ingreso de Hilario, empleado en una ferretería por el equivalente a seis dólares mensuales, sus extras como fontanero (unos diez o 12 dólares cada fin de semana, si aparecen trabajos) y la esporádica venta de limones y huevos de algunas gallinas que mantienen las mujeres de la casa.

El salario mínimo oficial en Venezuela equivale, al despuntar de agosto, a 1,50 dólares mensuales, más un aporte estatal por alimentos de otro 1,50. Con tres dólares se puede comprar un quilo de carne o de queso, o tres quilos de harina de maíz, o un cartón con 30 huevos, o medio quilo de café… Obviamente, ya ningún trabajador se conforma con ese sueldo, pero la mayoría no gana mucho más: es la base de la escala salarial en la administración pública (un maestro y una enfermera pueden llegar a ganar tres o cuatro salarios mínimos) y el monto mensual que se entrega a los pensionados.

Esos números pueden contrastarse con el costo de la canasta alimentaria básica para una familia de cinco personas, que en junio alcanzó un valor de 200 dólares, según el Centro de Documentación y Análisis para los Trabajadores, una oficina de asuntos laborales que hace esa medición mensual desde hace más de una década. La Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura estimó que al cierre de 2019 un tercio de la población de Venezuela –9,3 de sus 28 millones de habitantes– estaba en situación de inseguridad alimentaria y necesitaba asistencia.

COMIDA

Natalia tiene 44 años, dos hijos y dos hijas, de entre 12 y 22 años. Los padres de los muchachos –uno mecánico, otro albañil, ambos ya separados de ella– se fueron a Colombia y Ecuador. Ella hace trabajo doméstico a destajo. Antes de la covid-19, laboraba para cuatro familias distintas, en diferentes días, por una paga equivalente a entre dos y tres dólares diarios, más la comida. Ahora, con el temor de sus clientes al contagio, sólo dos casas la llaman, con menos frecuencia. Dos de sus expatrones la ayudan con algo de efectivo y alimentos.

Es beneficiaria de un programa de bonos con el que el gobierno auxilia a familias pobres, generalmente equivalente al ingreso mínimo mensual. También lo es de la bolsa de alimentos (harina, pasta, arroz, azúcar, aceite, granos, a veces pollo o leche en polvo) que el gobierno vende a las clases populares con un 80 o un 90 por ciento de subsidio. Recibe esa bolsa, llamada Comité Local de Abastecimiento y Producción (CLAP), cada 30 o 45 días y consume el contenido en diez o 12 días.

«Tengo miedo de que pasen semanas y meses, y esto siga, sin poder conseguir comida; de que mis hijos se desesperen y den algún mal paso; de que alguno se enferme con ese virus. No tenemos ningún seguro, los hospitales públicos no sirven, no podemos comprar medicinas, mi hijo menor no tiene zapatos…», nos dijo.

En la casa de Natalia se come carne, de segunda, una vez a la semana o cada 15 días. Los huevos son la principal proteína. La arepa (un bollo de maíz, emblema nacional) con margarina, plátanos fritos, pasta y algo de queso o granos con arroz es lo más usual. La Federación de Ganaderos señala que el consumo de carne per cápita en Venezuela era de 20 quilos al año en la década pasada y ahora se ha reducido a ocho.

AGUA

Natalia alquila una casita a medio construir en un barrio de viviendas informales, muchas insalubres, en la ladera de un cerro en el noroeste de Caracas. Tiene tubería para el agua, pero el líquido llega unas pocas horas… al mes. Sus hijos varones bajan y suben por la ladera varias veces por semana para llenar unos bidones en alguna casa afortunada, la que ese día haya recibido el servicio en el vecindario.

Según datos oficiales y del Programa Mundial de Alimentos, el 96 por ciento de la población venezolana tendría acceso al agua potable. Pero una coalición de ONG ambientalistas se dirigió al organismo a fines de 2018 para pedirle una rectificación: hay tuberías, pero el estado calamitoso de los acueductos, las plantas de tratamiento y los sistemas de distribución, y los cortes de electricidad, que impiden bombear el agua, hacen que el servicio corriente llegue sólo al 18 por ciento de los hogares.

LUZ

Gladys atiende un salón de belleza en Maracaibo, la calurosa capital petrolera de Occidente. Con la cuarentena casi no llegan clientas, y a menudo un apagón impide prestar el servicio. Ya casi no tiene ingresos. En su familia –de padres ancianos, un hermano que trabaja en la contaduría y una hermana que es madre soltera de dos pequeñuelos–, hacen malabares con la bolsa CLAP, los bonos y las pensiones, y en ese clima tórrido lidian con los cortes de agua y los apagones súbitos, que funden electrodomésticos, dañan la comida del refrigerador e inutilizan los ventiladores, lo que los obliga a dormir al ras del suelo para soportar el calor. Contó: «Manifestamos muchas veces. Votamos en favor de la oposición, pero eso no ha dado resultado: las autoridades son sordas, la política no resuelve estos problemas. Lo que queda es encomendarnos a la Chinita», como coloquialmente llaman a la virgen de Chiquinquirá, patrona regional del rito católico.

Venezuela tiene una infraestructura eléctrica con una capacidad nominal para generar 34 mil megavatios hora, la mitad de ellos en la gran represa hidroeléctrica de Guri, en el sureste, y una demanda estimada entre 18 mil y 20 mil megavatios hora. Con el desplome de la economía y la cuarentena, la demanda efectiva es de menos de 12 mil, pero aun así no se cubre, dada la inutilización de plantas y redes, deterioradas al cabo de años sin inversión, sin mantenimiento y con corruptelas en las compras y la gestión.

REMESAS

Alfredo Infante, sacerdote jesuita, es párroco de La Vega, una populosa barriada obrera en el suroeste de Caracas. Contó a Brecha: «El año pasado una cantidad importante de personas, hasta de las más humildes del barrio, lograron resistir el impacto de la hiperinflación e incluso comenzaron a independizarse de la CLAP, gracias a las remesas que recibían de los familiares que han emigrado. Esa ventaja se ha caído con las cuarentenas y ahora, con grupos comunitarios, debemos buscar alimentos para auxiliar a las familias que literalmente casi no tienen qué comer».

La proyección oficial del censo de 2011 arrojaba para Venezuela una población de 32,2 millones de habitantes, pero en la actualidad debe de rondar los 28 millones. Las agencias de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) para la migración y los refugiados calculan un éxodo de 5,1 millones de personas, sobre todo en los últimos cinco años, con la mayoría de sus integrantes en los estratos económicos bajos y con Colombia, Ecuador, Perú, Brasil, Argentina y Chile como principales países de acogida, más gente de clase media que fue a Estados Unidos y Europa.

En 2019 casi un tercio de quienes se quedaron manejó algún ingreso en dólares, dijo a Brecha el economista Asdrúbal Oliveros, director de la firma Ecoanalítica. Las remesas de centenares de miles de migrantes –unos 90 dólares mensuales enviados a sus familias– inyectaron al país unos 3.500 millones de dólares, un flujo que ahora se ha desplomado, en el marco de la crisis global económica y sanitaria.

Un resultado de este fenómeno es que en la actualidad Caracas y otras ciudades muestran burbujas de abundancia, con bodegones que ofrecen alimentos y otros productos importados –después de que en 2018 comenzó a desmantelarse el draconiano control de cambios que rigió durante los 15 años previos–. Pero a esos productos sólo accede una minoría muy reducida que dispone de las divisas para comprarlos y aún soportando la hiperinflación que se desató en 2017.

La inflación en Venezuela fue del 862 por ciento en 2017, del 130.060 por ciento en 2018, del 2.585 por ciento en 2019 (7.980 por ciento en alimentos) –según el estatal Banco Central– y del 508 por ciento en el primer semestre de 2020 –según la comisión económica del Parlamento–. En ese contexto, ni siquiera tener un puñado de dólares –aún con la apreciación constante de la divisa– permite a los más pobres adquirir los productos esenciales.

COMBUSTIBLES

Por el humilde barrio La Peña, en la ciudad de Barquisimeto, nudo carretero y de la agroindustria en el centro-oeste, la semana pasada transitaba un camión cargado con troncos y escombros de desecho. Un piquete de pobladores lo detuvo. El conductor accedió a que los vecinos tomasen los maderos, en medio de algarabía, entre burlas, risas y el grito irónico: «¡Llegó el gas, llegó el gas!». Llevaban semanas sin conseguir cilindros de gas para cocinar y sencillamente alimentaban sus fogones con leña. En algunos edificios residenciales de ciudades de provincia, las parrillas originalmente dispuestas en áreas comunes para hacer asados familiares los fines de semana ahora se usan para cocinar –con leña, por turnos– la comida cotidiana. Venezuela es el quinto país del mundo con mayores reservas de gas y a mediados de la década pasada acarició la idea de tender un gasoducto hasta el Río de la Plata.

La gasolina es un dolor de cabeza, está severamente racionada, en algunos expendios se vende a 50 centavos de dólar el litro y en otros, subsidiada, a 2,5 centavos. Las colas para surtir el parque automotor –reducido de cuatro a 2,5 millones de autos– duran horas en Caracas y días en expendios de provincia. Las refinerías venezolanas, con capacidad nominal para procesar 1,3 millones de barriles (de 159 litros) por día, destilan sólo unos pocos cientos de miles, y el país se abasteció parcialmente en las últimas semanas con importaciones desde Irán (véase en este número la nota «Un cóctel imprevisible», de Ociel Alí López). Pesan las sanciones impuestas por Estados Unidos a los negocios de la estatal Petróleos de Venezuela. Los policías y los militares que vigilan las estaciones de servicio son objeto de denuncias de corruptelas y arbitrariedades, y arrestan a quienes fotografíen o filmen las colas para comprar combustible, incluidos los periodistas.

SEGURIDAD, SALUD…

Hay más problemas en la cotidianidad, como el transporte público, la tramitación de documentos, la recolección de basura, la criminalidad y la inseguridad personal. Infante, que palpa este asunto en la peligrosa barriada donde oficia, expuso que las pequeñas bandas de delincuentes del pasado, «especializados» (ladrones en las puertas de bancos o comercios, carteristas, secuestradores, pequeños distribuidores de drogas), han sido reemplazadas por megabandas que controlan o tratan de controlar, con decenas de integrantes bien armados y ramificaciones en las cárceles, porciones de territorio donde actúan con soltura, dominan a la población y hasta imparten una especie de justicia privada.

La salud era un tema ya antes de la pandemia. Entre quienes migraron hay más de 30 mil profesionales de la salud, según sus gremios. Organizaciones de médicos conducen encuestas en las que se señala que en los principales hospitales no sólo fallan los equipos y faltan insumos y medicamentos esenciales, sino que tienen servicios intermitentes de agua y electricidad. Abundan las historias de pacientes que deben llevar productos como guantes, gasas, algodón, alcohol y hasta jabón y desinfectante para ser atendidos en los hospitales públicos. Y, fulminados los seguros debido a la hiperinflación, en las clínicas privadas los precios son sencillamente prohibitivos.

POBREZA

El panorama general es de pobreza. Una encuesta anual de tres universidades sobre las condiciones de vida, con cuestionarios respondidos por 9.900 hogares, concluyó que Venezuela ya es el país más pobre de América del Sur. Los parámetros de la existencia cotidiana la asemejan a algunos países del África subsahariana.

Si se atiende el criterio de ingresos que pauta el Banco Mundial, que ubica en la pobreza a los habitantes con menos de 5,50 dólares diarios y en la pobreza extrema a los de menos de 1,90 dólares, el 94 por ciento de la población de Venezuela está en la pobreza general y el 76 por ciento en la pobreza extrema. Si, en cambio, se considera la «pobreza multidimensional», que combina ingreso, acceso a servicios públicos, empleo, vivienda y calidad de vida, en 2019 la pobreza alcanzó al 64,8 por ciento de los 6,5 millones de hogares, un salto de más de 24 puntos con respecto al 39,3 por ciento de hogares pobres encontrados en 2014.

El descontento y la conflictividad social están a flor de piel, pero no hay un puente con la acción política. «Reducidas sus condiciones de vida, la gente protesta, pero, a la vez, desarrolla estrategias de supervivencia para resolver su vida diaria y en eso se le van todas las energías. El ejercicio ciudadano de los derechos políticos sucede en las sociedades que tienen un mínimo piso que permite pensar en la política. En Venezuela la supervivencia comporta un gasto de energía muy grande, aunque la situación se mantenga como una bomba de tiempo», opinó Infante.

REPRESIÓN

El 3 de agosto, el activista deportivo Deivis Pacheco grabó y difundió en las redes sociales un video que muestra a bomberos empujando su camión en la ciudad de Valera (centro-oeste), porque el vehículo, debido a la generalizada escasez, se quedó sin gasolina. Por ello fue detenido y está en libertad condicional desde el 5 de agosto, pero quedó procesado con base en la Ley Constitucional contra el Odio, por la Convivencia Pacífica y la Tolerancia, dictada por la Asamblea Nacional Constituyente, que integran sólo oficialistas.

El 13 de julio, con base en la misma ley, fue detenido el profesor universitario Nicmer Evans, quien en 2014 rompió con el oficialista Partido Socialista Unido de Venezuela y ahora lidera el grupo izquierdista Movimiento por la Democracia y la Inclusión. Evans conduce, además, el portal de información y opinión Punto de Corte, con duras críticas al manejo de las políticas gubernamentales en el marco de la pandemia.

Si acciones como estas se desarrollan en el campo de la expresión y la opinión, en el de la vida en las calles y los barrios la situación es mucho más áspera y letal. Un informe que la alta comisionada de la ONU para los derechos humanos, la expresidenta chilena Michelle Bachelet, presentó en julio de este año dio cuenta de que las fuerzas policiales abatieron a 1.324 personas en operaciones de seguridad durante los primeros cinco meses de 2020, principalmente mediante las Fuerzas de Acciones Especiales de la Policía Nacional, seguidas de la Policía judicial y la militarizada Guardia Nacional.

«Venezuela vive una emergencia humanitaria compleja y el gobierno no ha manejado la epidemia como una emergencia sanitaria ni como una oportunidad para apreciar deficiencias en las políticas públicas y emprender las rectificaciones necesarias, a fin de construir un sentimiento de comunidad nacional. En su lugar, prevalece el fin político de controlar la sociedad», comentó a Brecha el sociólogo Rafael Uzcátegui, coordinador de la organización de derechos humanos Provea, surgida a finales del siglo XX de la mano de exiliados de las dictaduras del Cono Sur. Según Uzcátegui: «Estamos a tiempo de producir las rectificaciones necesarias, y, aunque el panorama es sombrío, se trata de situaciones impredecibles. La historia de América Latina muestra que los pueblos siempre encuentran la manera de saltar los diques».

Por Humberto Márquezdesde Caracas 
7 agosto, 2020

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"El derecho a la vivienda debería ser un derecho mundial"

Lidera el Movimiento sin Techo del Centro 

Habla de la actualidad de Brasil, el gobierno de Jair Bolsonaro, la discriminación racial, el movimiento al que pertenece y los efectos de la pandemia en la población indígena.

 

A Janice Ferreira se la conoce mucho más por su apodo, Preta. Acusada de extorsión en la toma de viviendas, pasó 108 días detenida en la prisión de Santana, en San Pablo. “No vino contra mí el Estado y su poder judicial, fue el Estado en tanto especulador inmobiliario”, comenta. Orgullosa de su condición de mujer negra con formación universitaria y luchadora social, lidera el Movimiento sin Techo del Centro (MSTC). A los 35 años ya tiene unas cuantas cicatrices por la vida que lleva en constante pelea contra las injusticias. Su perfil viene de familia. Carmen, su madre, también es referente de las personas sin vivienda que viven en las calles o alternan entre un alquiler imposible de pagar y el riesgo latente de ser desalojadas. Las dos fueron encarceladas aunque con una diferencia. El proceso contra la mamá de Preta terminó con su absolución y su hija  en libertad. Desde la capital paulista dialogó con Página/12 sobre la actualidad de Brasil, el gobierno de Jair Bolsonaro, la discriminación racial, el movimiento al que pertenece y los efectos de la pandemia sobre la población de las comunidades quilombolas e indígenas. La clase más sumergida de su país.

-¿Nos puede explicar cómo ha sido su militancia en el Movimiento sin Techo?

- Soy militante de la lucha por la moradia (en portugués hogar, vivienda, una palabra que repetirá a lo largo de toda la entrevista) y del MSTC. Me formé en Publicidad y trabajo en la cultura con música, cine, arte… soy cantora, actriz y ahora escritora. Acabo de terminar un libro que saldrá antes de fin de año y se llama Mi carne, diario de una prisión. Todas son cosas que veo con naturalidad. Yo fui criada en hacer lo que me gusta.

-¿Desde qué edad comenzó a involucrarse en las luchas sociales?

-Milito desde los 14 años, tengo 35 y me comprometí con el Movimiento sin Techo. Soy una persona excluida de la sociedad y entonces milité por eso. Y lo hice para que otras personas no pasaran lo que yo pasé, cuando se me negó el derecho a la moradía y ahora soy una negra que lucho por los derechos constitucionales. Porque acá en Brasil estamos en las mismas condiciones que en la década del ’60, en 1964, cuando se produjo el golpe de la dictadura militar.

-¿Cómo se compone su familia?

-Nosotros somos ocho hermanos, cuatro hombres y cuatro mujeres. Yo vivo en el centro y todos viven acá en San Pablo y todos están unidos a esta causa donde ocupamos viviendas por necesidades. Solo mi padre y la parte de su familia siguen en San Salvador de Bahía.

-¿El Movimiento que usted integra es social y políticamente amplio o está identificado con algún sector en especial?

-Es un movimiento amplio que cuida de las personas que necesitan su casa independientemente de su condición social y de su credo. Es un movimiento muy diverso que lucha por las garantías constitucionales. No nos ocupamos solamente de conseguir una casa; también de la salud, la educación y de temas judiciales de quienes están dentro del MSTC.

-¿Cuántas personas estiman ustedes que no tienen techo en San hablo o en todo Brasil?

- (NdelaR: en 2018 un estudio señalaba que había 6,9 millones de familias sin techo y 6 millones de inmuebles vacíos en todo Brasil). Acá en San Pablo no sé cuántas son las personas sin techo porque aumentan gradualmente como los predios deshabitados. No tengo ninguna referencia. Pero así como hay 86 mil predios vacios, la cantidad de gente en las calles es bien mayor. Falta voluntad política para resolver el problema de la vivienda, para hacer un programa sobre el tema. Más esto pasa también por la especulación inmobiliaria. Porque si tú no tienes el dinerinho para pagar el alquiler vas a la calle y el problema de la especulación inmobiliaria es un problema del mundo todo, no es solo de San Pablo. El derecho a la vivienda debería ser un derecho mundial. Las personas se quedan sin casa porque la especulación inmobiliaria se está comprando todo.

-¿Se identifican ustedes con el movimiento Okupa que surgió a mediados de la década del ‘80?

-Sabía sobre ese movimiento pero la verdad es que nosotros tomamos predios desocupados, cien por ciento vacíos hace más de veinte años, ociosos, donde no se cumple la función social de la propiedad y donde unos derechos dejan de estar garantidos. Los movimientos sociales quieren pagar por un hogar pero no existen políticas públicas que, es importante recordar, deben hacerse efectivas para que la población pueda tener esas viviendas a un precio justo. Queremos que se den años de gracia para pagar pero parece que no es interesante liberar esos predios para los trabajadores populares o de baja renta porque existen grandes empresas que quieren comprarlos para transformarlos en apartamentos lujosos o minúculos para vender por un precio que un trabajador pobre o de baja renta no consiga comprar. Por eso el movimiento tiene la obligación de denunciar esta especulación inmobiliaria y por eso se nos criminaliza. Prueba de eso es que yo fui presa 108 días sin haber cometido crimen alguno.

-¿Cómo es afectada la población negra de Brasil en esta problemática? ¿Tiene más dificultades por cuestiones raciales que la población blanca o mestiza?

-Ahí ve la gente el problema racial, cuando se afecta el derecho a la moradia. Desde la época de la esclavitud que se está arrastrando y al Estado no le interesa que una mujer negra tenga estudios superiores, un diploma, porque ese acceso es negado y lo señalan las estadísticas. A mí me pasó esa discriminación cuando un empresario me pagó mi pasaje de avión y GOL no me dejó viajar porque la tarjeta de crédito no era la mía. Porque era de un hombre blanco, de Bélgica, hicieron especulaciones sobre dónde había comprado ese pasaje y no conseguí viajar y tuve que comprar otro con mi dinero, porque una mujer negra no puede viajar en Brasil si adquirió el pasaje con una tarjeta que no es de ella. Eso es el racismo en este país. Es un cáncer.

-¿Le hizo juicio por eso a la compañía?

-No, no quise gastar energía en eso, tengo muchas cosas a qué dedicarme.

-¿Las condiciones de movimientos como el MSTC empeoraron con el gobierno de Bolsonaro?

-Es un gobierno dictatorial, totalitario, fascista, racista, machista, que excluye y gobierna para una torcida organizada. Usted ve ahí la ayuda a la población índígena siendo negada por el presidente con un veto. Las personas de esas poblaciones indígenas y de las quilombolas no son gente para él. No es el presidente de la república, el presidente debe gobernar para todos, para toda la población del país. Bolsonaro gobierna para los ricos, ellos están muy bien. El hijo de él se vio envuelto en el asesinato de Marielle Franco. Bolsonaro nos mandó la Policía Federal para aprehendernos a nosotros, Bolsonaro junto al gobernador de San Pablo Joao Doria. Bolsonaro, Doria y Witzel el gobernador de Río de Janeiro, son tres asesinos, tres genocidas y hoy que estamos viviendo la pandemia el presidente le niega derechos a una parte de la población.

-¿Adhiere a la denuncia internacional contra Bolsonaro por genocidio?

-Sí. Absolutamente. Un presidente que no obliga a las personas a usar tapabocas es justamente para matar a esas personas, a la población carcelaria. Un presidente que firma un veto para que la población indígena y quilombola no tenga atención médica durante una pandemia mundial es un asesino. Un presidente de la República que sabe que está infectado con Covid-19 y está en la calles conversando con las personas, es un asesino. No son opiniones, son hechos.

-¿Cómo siguió lo que pasó en EEUU con el asesinato de George Floyd y la respuesta que generó en la población?

-Yo creo que en Brasil debemos valorizar nuestras luchas porque acá, cada 23 minutos, muere un George Floyd. Cada 23 minutos un joven negro es asesinado.

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Sábado, 01 Agosto 2020 05:57

Crisis y desigualdad en la pospandemia

Crisis y desigualdad en la pospandemia

El mes de julio nos deja dos informes que proporcionan insumos interesantes, aunque preocupantes, para pensar la crisis económica que ya tenemos encima, y el mundo pospandemia.

Uno es de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal) que titula Enfrentar los efectos cada vez mayores del Covid-19 para una reactivación con igualdad: nuevas proyecciones. El otro es de la confederación de organizaciones no gubernamentales Oxfam, fundada en Reino Unido y con oficinas centrales en Nairobi, Kenia, que tiene un título significativo: ¿Quién paga la cuenta? Gravar la riqueza para enfrentar la crisis de la Covid-19 en América Latina y el Caribe.

El informe de la Cepal define el mundo al que estamos entrando como una crisis sincrónica de alcance mundial. Su cálculo de caída del PIB global es de 5.2 por ciento, llegando a 7 en las economías desarrolladas (las previsiones para Estados Unidos son de un decrecimiento de 6.5 por ciento del PIB y para la Unión Europea es de 8.7). Como contraste, China “sólo” crecerá 1 por ciento.

Asimismo, el volumen del comercio mundial de bienes disminuirá en 2020 entre 13 y 32 por ciento, y hay dos indicadores a los que tenemos que poner especial atención: el turismo se verá reducido entre 60 y 80 por ciento, la peor serie desde 1950 –cuando comenzaron los registros–, y para el sector energético el pronóstico es una caída de 39.3 por ciento.

La contracción económica producida por la pandemia tendrá como consecuencia un descenso del PIB per cápita regional de 9.9 por ciento, que se va a traducir en pasar de 26 a 44 millones de personas desempleadas. Por comparar, durante la crisis económica de 2008 el desempleo se incrementó de 6.7 a 7.3 por ciento en 2009, mientras la previsión actual es pasar de 8.1 a 13.5 por ciento.

El resultado de lo anterior va a ser que 45 millones de latinoamericanos van a incrementar las estadísticas de pobreza, pasando de 185 millones a 231 millones, es decir, 37.3 por ciento de la población de la región. Al mismo tiempo, la pobreza extrema se incrementará en 28 millones de personas, equivalente a 15.5 por ciento de la población en Latinoamérica.

Como posible solución paliativa a esta crisis económica, pero sobre todo social, la Cepal propone una fuerte respuesta en materia de política fiscal alineada con la necesidad de fortalecer los sistemas sanitarios, apoyar los ingresos de los hogares y proteger la capacidad productiva, y una política monetaria expansiva favorecida por la baja inflación. Todo ello con tres líneas de acción: 1. Un ingreso básico de emergencia como instrumento de protección social enfocado a las personas en situación de pobreza, con el objetivo de sostener el consumo; 2. Un bono contra el hambre para personas en situación de extrema pobreza que complemente el anterior, y 3. Apoyo a las empresas para que no se pierdan empleos.

Por su parte, el informe de Oxfam hace especial énfasis en que América Latina va a ser la región del planeta con la contracción económica más grande, y la recuperación más lenta. En 12 meses, vamos a retroceder 15 años en todo lo avanzado en la lucha contra la pobreza y la desigualdad.

Pero al mismo tiempo, y así como se calcula que la región va a terminar 2020 con más de 40 millones de nuevos desempleados y más de 50 millones de nuevos pobres, desde que comenzó la pandemia tenemos 8 mil nuevos millonarios en América Latina. Oxfam calcula que la riqueza de estas nuevas élites económicas ha crecido 17 por ciento desde mediados de marzo, equivalente a 48 mil 200 millones de dólares, lo que a su vez representa 38 por ciento del total de medidas de estímulo aprobadas por los gobiernos latinoamericanos.

Es por ello que la condición de América Latina como región más desigual del planeta se va a agudizar en la pospandemia, con el agravante de que una buena parte de la inversión extranjera directa en la región (hasta 20 por ciento, uno de cada cinco dólares) entra o sale vía paraísos fiscales.

Oxfam hace también un análisis muy interesante en torno al debate sobre la deuda, y sentencia: El recurso de mayor endeudamiento público puede dar un alivio temporal, que arrastrará, sin embargo, consecuencias y lastrará el desarrollo de las generaciones futuras.

Aunque en el próximo artículo seguiremos analizando la cuestión de la deuda y reforma fiscal como posibles soluciones a la crisis y a la pandemia, es necesario resaltar que en el ámbito financiero la deuda mundial supera ya los 255 billones de dólares, 322 por ciento del PIB mundial, por lo que las posibles alternativas para enfrentar esa crisis deben pasar por más Estado, pero no necesariamente por más deuda.

Pero más allá de soluciones, el horizonte debe ser el mismo que hemos planteado en artículos anteriores, y que Oxfam sintetiza así: Es momento de que quienes concentran la riqueza, quienes han tenido grand”es beneficios durante estas últimas décadas y las grandes empresas que están generando importantes ganancias en medio de la crisis, contribuyan mucho más al esfuerzo de todos y todas”. Es decir, que la crisis la paguen los ricos.

* Politólogo vasco-boliviano, especialista en América Latina.

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Domingo, 02 Agosto 2020 18:30

Cuando el melodrama es nuestra historia

Personas en situación de calle en el centro de París. AFP, CHRISTOPHE ARCHAMBAULT

A propósito del ciclo de conversatorios “El general Naranjo”: entre la ficción, la realidad y la falsedad histórica. Un debate necesario, realizado entre el 8 y 10 de julio, organizado por el Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo, la fundación Carlos Pizarro y el periódico desdeabajo, reaviva la pregunta por los usos políticos del pasado y las luchas por la memoria cuando estas transitan por los medios de comunicación.

 

Tal vez es en la última década que los colombianos acudimos a un cambio en las narrativas de las series de televisión, me refiero a cierto boom o fijación con las adaptaciones telenoveladas de personajes que se han instalado en la historia del país y que van desde los siniestros Pablo Escobar, Carlos Castaño o “Popeye”, pasando por artistas como Joe Arroyo y Rafael Orozco, hasta sujetos más caricaturizados en las versiones audiovisuales como Luis Eduardo Díaz, más conocido por “La gloria de Lucho”.

Resalta como una constante en la mayoría de estos relatos la fusión de la realidad con la ficción, que en primera medida puede explicarse desde la construcción narrativa del clásico melodrama latinoamericano (los amores imposibles, los conflictos de clase, la bondad de los menos favorecidos, la necesidad de un antagonista), pero que sin lugar a dudas genera cierto nivel de debate entre aquellos que son expuestos desde sus vínculos directos como familiares y allegados con los relatos y sus protagonistas; familiares y allegados que demandan la reivindicación del derecho a la verdad –que una sociedad como la nuestra requiere–, más cuando la historia no logra posicionarse como una prioridad en las políticas que delimitan los currículos escolares y, por tanto, no alcanza a cobrar su dimensión de producción de referentes simbólicos para la comprensión de lo que somos y de lo que nos ha sucedido como sociedad.

El debate se intensifica cuando aludimos a una representación ficcionada de un pasado violento claramente identificable en la historia reciente del país y que, aunque puede estar resuelto en los fallos judiciales y en los acercamientos a una verdad histórica, aún actúa como un elemento sensible e irreconciliable en términos de las disputas por la memoria que intentan posicionar una versión particular de ese pasado no resuelto. Es el caso de “El general Naranjo”, la serie producida en el 2019 por FOX Telecolombia y que el Canal Caracol acaba de presentar en la televisión nacional.

Basada en el libro “El general de las mil batallas” de Julio Sánchez Cristo, se anunció en Colombia bajo la promesa de ser “la historia contada desde el lado de los buenos”, una historia para acompañar las noches de los fervorosos televidentes de este canal, pero que terminó siendo una versión bastante cuestionable de la historia de la Colombia de las dos últimas décadas del siglo pasado y las que van de este, con una clara intención de posicionar en la opinión pública una representación particular del pasado reciente de la violencia política en el país, de sucesos como la toma del Palacio de Justicia en 1985, que en ese entramado de ficción y realidad confunde y tergiversa los hechos investigados y documentados en fallos judiciales, libros y otras producciones culturales sobre este acontecimiento, estableciendo una versión ya recurrente en informativos y series de televisión que relacionan la toma del Palacio con una alianza entre el entonces M-19 y el cartel de Medellín, caso que al parecer en el libro de Sánchez Cristo no se relata como en la novela.

La disputa por la memoria

Estamos ante un tema que no es menor. La memoria en América latina ha significado la posibilidad de conservar los proyectos políticos de una clase. La memoria también ha sido el mecanismo por el cual se mantienen vivos aquellos hombres y mujeres vinculados a las luchas populares, que hoy ya no están pero que se convierten en inspiradores de colectivos y organizaciones. En el Cono Sur las maneras como se nombran y se explican los procesos de violencia política establecen el campo de las luchas por la memoria de los diversos actores involucrados.

Cuando estas representaciones del pasado se ponen en público y logran cierto grado de prevalencia en la sociedad, no solo están manteniendo “algo” que vale la pena recordar, sino que como lo plantea Eugenia Alier (2010), se constituyen en pasados-presentes, en la medida que permiten la construcción de unas identidades, referentes de acción y objetos de las luchas memoriales en las calles, en los centros educativos, en los medios de comunicación; con la pretensión de convertirse en las versiones socialmente legitimadas y apropiadas por la mayoría. Pero estas memorias también son un proyecto de futuro, pues permiten plantear un horizonte posible a partir de ese reconocimiento de un pasado particular y la proyección de las transformaciones necesarias en la idea de la no repetición o de lo que “no nos puede volver a pasar”.

Es por eso que no puede reducirse esta interpretación de la historia de Colombia, planteada en el argumento de cada capítulo del “General Naranjo”, a un requerimiento de la narrativa propia de las series de televisión y, por tanto, pasar por alto cada una de las “imprecisiones” históricas allí contenidas, pues sus efectos no son de poca monta ni en el presente ni en el futuro de nuestro ser nacional.

Si el alcance de las luchas por la memoria está en la construcción del sentido, es necesario pensar qué es lo que hacemos con los pasados que construimos desde estas series, a qué grupos o personas les interesa volver hegemónica estas interpretaciones y cómo estas memorias, elaboradas desde la lógica del entretenimiento, contribuyen al afianzamiento de un modelo social a la medida de quienes detentan el poder.
Pero la memoria no solo tiene implicaciones analíticas, también es una demanda social, de ahí la importancia de su articulación con la verdad y la reparación (justicia). Las experiencias en Argentina, Chile y Uruguay nos muestran que es importante el reconocimiento público de las memorias y su validación social, por ser el punto de partida para el enjuiciamiento de quienes perpetraron los ciclos de violencia. En estos países surgieron comisiones de investigación, y aunque les ha costado muchos años han logrado avances en ese sentido.

La particularidad histórica de Colombia complejiza esta pretensión, pues tal como lo plantea el debate sobre estas series televisivas, estamos disputando las memorias al tiempo que se recrudecen los ejercicios de violencia política. De ahí los interrogantes: ¿Cómo disputar un pasado que no acaba de pasar?, ¿o un pasado que es presente y que limita la emergencia de todas las versiones y de todas las voces?

Finalmente, propongo una problematización de lo que implican estas memorias del entretenimiento con su inestable búsqueda entre el acontecimiento y la ficción; una realización que, a partir de sus tramas melodramáticas y esa interconexión con las memorias de la violencia, logra captar la atención de la audiencia en tanto que ocupan el mismo espacio público y son canalizadas por las pantallas sin el cuestionamiento de sus espectadores.

De otro lado, corresponde pensar la manera de vincular experiencias desde las organizaciones sociales que estén produciendo sus memorias en lógica de lucha con estos relatos de los medios convencionales, para disputar en el escenario de lo público con otras representaciones del pasado, a través de lenguajes que reconozcan los intereses y preferencias de las mayorías hoy cautivadas por “caines”, “naranjos” y “capos”.

 

Referencia:
Allier Montaño, E. (2010). Batallas por la memoria. Los usos políticos del pasado reciente en Uruguay. Montevideo: Instituto de Investigaciones Sociales unam/Editorial Trilce.

 

El General Naranjo: Entre la ficción, la realidada y la flalsedad histórica
julio 2020

Responsabilidad social en los medios de comunicación
(incluso en la ficción)
Julio 8 de 2020

Consecuencias, la distorsión de la memoria desde la televisión
Julio 9 de 2020

Narrativas, verades judiciales y verdad histórica
Julio 10 de 2020

 

Publicado enEdición Nº270
Las pandemias que no se combaten en América Latina

¿Hay vacuna para la pobreza? ¿Existe remedio para la evasión de capitales? ¿Se puede luchar contra el hambre? ¿Son viables una vivienda digna y una educación pública de calidad? Estas son algunas preguntas sobre las cuales reflexionar en medio de una hipersensibilización sobre las consecuencias humanas del Covid-19. Mientras los pobres mueren de enfermedades menos espectaculares, causas de la pobreza, y para las cuales hay cura como el sarampión o la difteria, la carrera por ver quién patenta primero la vacuna contra el Covid-19 concentra la atención mundial. No nos engañemos, a sus promotores les mueve la codicia. El beneficio económico. Detrás no hay causa humanitaria, interés por el bien común o preocupación social. Para saber de qué hablamos, baste señalar que mil 600 millones de personas, es decir, 22 por ciento de la población mundial, no reciben atención médica, sin olvidar los 115 millones, menores de cinco años, afectados por desnutrición crónica. A lo cual debemos sumar los 700 niños muertos diariamente por diarrea. Según Manos Unidas, organización nada proclive a la exageración, en 2020 se podría haber evitado la muerte de 5.4 millones menores de cinco años. Sin embargo, el hambre, la falta de condiciones higiénicas, la explotación infantil, el desempleo, la trata de mujeres no son considerados pandemia. Morir por esas causas es algo "natural". La necropolítica hace su aparición como forma de organización social del capitalismo. Achille Mbembe, teórico que acuñó el concepto, señala que el poder de la muerte y la política de la muerte, refleja "los diversos medios por los cuales, en nuestro mundo contemporáneo, las armas se despliegan con el fin de una destrucción máxima de las personas y de la creación de mundos de muerte, formas únicas y nuevas de existencia social en las que numerosas poblaciones son sometidas a condiciones que le confieren el estatus de muertos vivientes".

La pandemia del Covid-19, y de todas las demás, evidencia la condición de muertes vivientes en las calles de Quito, Lima, Santiago, Bogotá, Río de Janeiro o Sao Paulo. Los cadáveres abandonados en las calles, producto de una desarticulación del sistema sanitario, convertido en negocio para las empresas de capital riesgo, atentan contra la dignidad humana. Los gobiernos que han privatizado la salud, quebrado el sistema sanitario, desprotegiendo a sus ciudadanos, son responsables. Aplican la necropolítica como arma de guerra. Y lo seguirán haciendo con o sin vacuna contra el Covid-19. Así ocurre con otras enfermedades donde el tratamiento es propiedad de una empresa. La pobreza, desnutrición o falta de higiene no son negocio. A las farmacéuticas les tiene sin cuidado su erradicación. No realizan investigación básica, sólo aplicada y con fines de rentabilidad. En este caso, hablamos de beneficios estratosféricos, que engrosarán la fortuna de empresarios, especuladores y consejos de administración. De esta pandemia unos pocos saldrán con los bolsillos llenos. La economía de mercado se encargará de ello. Con sólo pensar en la posibilidad de vender 2 mil millones de dosis para restablecer el equilibrio entre el virus y la inmunidad de rebaño, las ganancias serán obscenas. Siempre ha sido igual. Basta ver el tratamiento contra la hepatitis C. Su costo aproximado es de 1.5 euros y la dosis se vende por alrededor mil euros. Otro tanto ocurre con la vacuna contra la meningitis, del laboratorio británico GlaxoSmithKline, cuya inversión en I+D fue de 300 millones de euros. En tres años de comercialización (2015-2018) han obtenido beneficios por mil 200 millones. ¿Y para el tratamiento de Covid-19?, mientras no existe una vacuna, el Remdesivir es un paliativo que reduce el tiempo de recuperación, en otros términos, libera antes una cama de hospital. Su costo de producción, según los especialistas, no supera los cinco euros, la empresa lo vende en2 mil euros. A la hora de promover una investigación de cualquier enfermedad, la medida se realiza en términos de costo-beneficio.

Médicos Sin Fronteras, en un estudio de 2018, señaló que una vacuna o medicamento, en un país pobre cuesta 68 veces más que en uno desarrollado. No se discute la necesidad de encontrar una vacuna contra el Covid-19. Pero su distribución y venta no está pensada para toda la población. Los millones de ciudadanos que han soportado el confinamiento bajo el hambre, recurren a las ollas comunes, la solidaridad de clase y la resistencia para hacer frente a la pandemia. La crisis humanitaria no está en Venezuela, está en países donde el hambre, la evasión de impuestos, la pobreza, la desigualdad y la explotación se han cronificado, son pandemia y no interesa combatirlas.

Publicado enSociedad