Martes, 11 Agosto 2020 05:38

Lecciones de la historia

"El caso brasileño fue muy particular. El giro económico de Rousseff, en su segundo mandato, es una de las claves para entender su derrocamiento", apunta Diego Rubinzal.  ________________________________________ Imagen: EFE

Los daños autoinfligidos. La experiencia brasileña

La menor desigualdad fue producto de la mejora de los ingresos laborales y de las transferencias estatales a los sectores más postergados entre 2002 y 2014. El cambio de régimen de política económica generó una recesión económica innecesaria en 2015.

 

El neoliberalismo se adueñó del tablero mundial tras el colapso del socialismo real. América latina no fue ajena a esa oleada. En los dos países más importantes del Cono Sur, los presidentes Carlos Menem y Fernando Henrique Cardoso fueron alumnos ejemplares del Consenso de Washington. Sin embargo, “nada es para siempre” como enseña la canción de Fito Paez.

La crisis social provocó la salida anticipada de varios gobiernos (Argentina, Ecuador, Bolivia). Esa fue la antesala del ascenso al poder de una variopinta centroizquierda regional.

Más allá de las diferencias, el “giro a la izquierda” se tradujo en mayor inclusión social. Según datos de la Cepal, el coeficiente de Gini disminuyó del 0,547 a 0,491, entre 2002 y 2014. A su vez, la brecha entre el diez por ciento que más y menos gana se redujo de 43 a 39 veces. La menor desigualdad fue producto de la mejora de los ingresos laborales y de las transferencias estatales a los sectores más postergados.

Un dato no menor fue que se consolidó esa tendencia a contramano de lo que ocurría a escala mundial. En otras palabras, la reducción de la brecha de desigualdad latinoamericana coexistió con mayor inequidad a escala global. A pesar de esos logros, la mayoría de esos gobiernos perdió apoyo popular con el paso del tiempo. Los motivos son multicausales e incluyen patrones comunes (por ejemplo: el lawfare) y específicos de cada país.

Por ejemplo, el caso brasileño fue muy particular. El giro económico de Rousseff, en su segundo mandato, es una de las claves para entender su derrocamiento. La historia comenzó con la designación del ortodoxo Joaquim Levy como ministro de Hacienda. Esa decisión generó fuertes resistencias internas en el Partido de los Trabajadores (PT). Sin embargo, la política de “austeridad” impulsada por el ex banquero fue defendida por Lula aduciendo que esa estrategia había arrojado buenos resultados en el tramo inicial de su primer gobierno. Sin embargo, el contexto internacional era incomparable.

Lo que ocurrió después fue muy predecible. El cambio de régimen de política económica generó una recesión económica innecesaria. El daño autoinfligido desplomó los índices de popularidad de Dilma. El clima estaba servido para la maniobra destituyente encabezada por Michel Temer.

¿Por qué el gobierno del PT cayó en esa trampa?. Responder ese interrogante no es una mera curiosidad histórica sino fuente de aprendizaje para el futuro. En "Conflicto distributivo y fin de la 'breve Edad de Oro' de la economía brasileña", los profesores de la Universidad de Rio de Janeiro Franklin Serrano y Ricardo Summa plantean que hubo una “revolución indeseada” (para los capitalistas) en el mercado laboral en Brasil entre 2004 y 2014. Eso fue resultado del fuerte aumento del salario mínimo, la creación de empleo y el empoderamiento sindical. En el período 2005-2015, la participación salarial aumentó un promedio de 1,2 puntos porcentuales anual, según las estimaciones de los economistas Saramago, Medeiros y Freitas.

“El giro neoliberal en la política económica de 2015 estuvo relacionado con las consecuencias de la “revolución indeseada” en el mercado de trabajo. Parece que ocurrió en la breve edad de oro brasileña algo en parte similar a lo que sucedió al final de la larga edad de oro de los países centrales: una reacción política a la intensificación del conflicto distributivo, que finalmente llevó a la adopción de políticas de austeridad. Además, existía la diferencia de que los capitalistas aquí confiaban en el apoyo de los trabajadores de mayores ingresos, enojados con la reducción de la desigualdad salarial y el costo creciente del trabajo en los servicios domésticos”, explican Serrano y Summa. El desenlace es conocido. Ceder a las presiones costó muy caro.

* Director Regional de la AFIP Santa Fe.

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Vendedor ambulante de gasolina en la ciudad de Maracaibo. VENEZUELA AFP, LUIS BRAVO

Venezuela, el otrora emporio petrolero, se ha convertido en el país con la población más pobre de América del Sur. Para millones de personas, la vida cotidiana es un drama que apenas deja espacio o fuerza para temas que, como la política, aparecen como sofisticados y distantes.

 

Natalia es trabajadora doméstica, Hilario es fontanero y Gladys es empleada en un salón de belleza. De las 14 millones de personas que trabajan en Venezuela, ellos son parte del 58 por ciento que labora en el sector informal de la economía: en cada jornada deben «resolver el día», y la cuarentena por la pandemia de covid-19, impuesta desde marzo, no ha hecho sino agravar penurias y preocupaciones que venían de antes.

«Hay que salir a resolver. Si no trabajo, no como, y si no nos mata el virus, nos mata el hambre», dijo a Brecha el cincuentón Hilario, en tono grave, como si acabara de inventar la frase, repetida como un mantra en incontables realidades de los países del Sur. Es el sostén principal de una familia de nueve miembros, con tres generaciones entre madre, tío, esposa, cuñada, hijos y ahijado.

SALARIO

La familia vive en las afueras de Caracas y se sostiene con el ingreso de Hilario, empleado en una ferretería por el equivalente a seis dólares mensuales, sus extras como fontanero (unos diez o 12 dólares cada fin de semana, si aparecen trabajos) y la esporádica venta de limones y huevos de algunas gallinas que mantienen las mujeres de la casa.

El salario mínimo oficial en Venezuela equivale, al despuntar de agosto, a 1,50 dólares mensuales, más un aporte estatal por alimentos de otro 1,50. Con tres dólares se puede comprar un quilo de carne o de queso, o tres quilos de harina de maíz, o un cartón con 30 huevos, o medio quilo de café… Obviamente, ya ningún trabajador se conforma con ese sueldo, pero la mayoría no gana mucho más: es la base de la escala salarial en la administración pública (un maestro y una enfermera pueden llegar a ganar tres o cuatro salarios mínimos) y el monto mensual que se entrega a los pensionados.

Esos números pueden contrastarse con el costo de la canasta alimentaria básica para una familia de cinco personas, que en junio alcanzó un valor de 200 dólares, según el Centro de Documentación y Análisis para los Trabajadores, una oficina de asuntos laborales que hace esa medición mensual desde hace más de una década. La Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura estimó que al cierre de 2019 un tercio de la población de Venezuela –9,3 de sus 28 millones de habitantes– estaba en situación de inseguridad alimentaria y necesitaba asistencia.

COMIDA

Natalia tiene 44 años, dos hijos y dos hijas, de entre 12 y 22 años. Los padres de los muchachos –uno mecánico, otro albañil, ambos ya separados de ella– se fueron a Colombia y Ecuador. Ella hace trabajo doméstico a destajo. Antes de la covid-19, laboraba para cuatro familias distintas, en diferentes días, por una paga equivalente a entre dos y tres dólares diarios, más la comida. Ahora, con el temor de sus clientes al contagio, sólo dos casas la llaman, con menos frecuencia. Dos de sus expatrones la ayudan con algo de efectivo y alimentos.

Es beneficiaria de un programa de bonos con el que el gobierno auxilia a familias pobres, generalmente equivalente al ingreso mínimo mensual. También lo es de la bolsa de alimentos (harina, pasta, arroz, azúcar, aceite, granos, a veces pollo o leche en polvo) que el gobierno vende a las clases populares con un 80 o un 90 por ciento de subsidio. Recibe esa bolsa, llamada Comité Local de Abastecimiento y Producción (CLAP), cada 30 o 45 días y consume el contenido en diez o 12 días.

«Tengo miedo de que pasen semanas y meses, y esto siga, sin poder conseguir comida; de que mis hijos se desesperen y den algún mal paso; de que alguno se enferme con ese virus. No tenemos ningún seguro, los hospitales públicos no sirven, no podemos comprar medicinas, mi hijo menor no tiene zapatos…», nos dijo.

En la casa de Natalia se come carne, de segunda, una vez a la semana o cada 15 días. Los huevos son la principal proteína. La arepa (un bollo de maíz, emblema nacional) con margarina, plátanos fritos, pasta y algo de queso o granos con arroz es lo más usual. La Federación de Ganaderos señala que el consumo de carne per cápita en Venezuela era de 20 quilos al año en la década pasada y ahora se ha reducido a ocho.

AGUA

Natalia alquila una casita a medio construir en un barrio de viviendas informales, muchas insalubres, en la ladera de un cerro en el noroeste de Caracas. Tiene tubería para el agua, pero el líquido llega unas pocas horas… al mes. Sus hijos varones bajan y suben por la ladera varias veces por semana para llenar unos bidones en alguna casa afortunada, la que ese día haya recibido el servicio en el vecindario.

Según datos oficiales y del Programa Mundial de Alimentos, el 96 por ciento de la población venezolana tendría acceso al agua potable. Pero una coalición de ONG ambientalistas se dirigió al organismo a fines de 2018 para pedirle una rectificación: hay tuberías, pero el estado calamitoso de los acueductos, las plantas de tratamiento y los sistemas de distribución, y los cortes de electricidad, que impiden bombear el agua, hacen que el servicio corriente llegue sólo al 18 por ciento de los hogares.

LUZ

Gladys atiende un salón de belleza en Maracaibo, la calurosa capital petrolera de Occidente. Con la cuarentena casi no llegan clientas, y a menudo un apagón impide prestar el servicio. Ya casi no tiene ingresos. En su familia –de padres ancianos, un hermano que trabaja en la contaduría y una hermana que es madre soltera de dos pequeñuelos–, hacen malabares con la bolsa CLAP, los bonos y las pensiones, y en ese clima tórrido lidian con los cortes de agua y los apagones súbitos, que funden electrodomésticos, dañan la comida del refrigerador e inutilizan los ventiladores, lo que los obliga a dormir al ras del suelo para soportar el calor. Contó: «Manifestamos muchas veces. Votamos en favor de la oposición, pero eso no ha dado resultado: las autoridades son sordas, la política no resuelve estos problemas. Lo que queda es encomendarnos a la Chinita», como coloquialmente llaman a la virgen de Chiquinquirá, patrona regional del rito católico.

Venezuela tiene una infraestructura eléctrica con una capacidad nominal para generar 34 mil megavatios hora, la mitad de ellos en la gran represa hidroeléctrica de Guri, en el sureste, y una demanda estimada entre 18 mil y 20 mil megavatios hora. Con el desplome de la economía y la cuarentena, la demanda efectiva es de menos de 12 mil, pero aun así no se cubre, dada la inutilización de plantas y redes, deterioradas al cabo de años sin inversión, sin mantenimiento y con corruptelas en las compras y la gestión.

REMESAS

Alfredo Infante, sacerdote jesuita, es párroco de La Vega, una populosa barriada obrera en el suroeste de Caracas. Contó a Brecha: «El año pasado una cantidad importante de personas, hasta de las más humildes del barrio, lograron resistir el impacto de la hiperinflación e incluso comenzaron a independizarse de la CLAP, gracias a las remesas que recibían de los familiares que han emigrado. Esa ventaja se ha caído con las cuarentenas y ahora, con grupos comunitarios, debemos buscar alimentos para auxiliar a las familias que literalmente casi no tienen qué comer».

La proyección oficial del censo de 2011 arrojaba para Venezuela una población de 32,2 millones de habitantes, pero en la actualidad debe de rondar los 28 millones. Las agencias de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) para la migración y los refugiados calculan un éxodo de 5,1 millones de personas, sobre todo en los últimos cinco años, con la mayoría de sus integrantes en los estratos económicos bajos y con Colombia, Ecuador, Perú, Brasil, Argentina y Chile como principales países de acogida, más gente de clase media que fue a Estados Unidos y Europa.

En 2019 casi un tercio de quienes se quedaron manejó algún ingreso en dólares, dijo a Brecha el economista Asdrúbal Oliveros, director de la firma Ecoanalítica. Las remesas de centenares de miles de migrantes –unos 90 dólares mensuales enviados a sus familias– inyectaron al país unos 3.500 millones de dólares, un flujo que ahora se ha desplomado, en el marco de la crisis global económica y sanitaria.

Un resultado de este fenómeno es que en la actualidad Caracas y otras ciudades muestran burbujas de abundancia, con bodegones que ofrecen alimentos y otros productos importados –después de que en 2018 comenzó a desmantelarse el draconiano control de cambios que rigió durante los 15 años previos–. Pero a esos productos sólo accede una minoría muy reducida que dispone de las divisas para comprarlos y aún soportando la hiperinflación que se desató en 2017.

La inflación en Venezuela fue del 862 por ciento en 2017, del 130.060 por ciento en 2018, del 2.585 por ciento en 2019 (7.980 por ciento en alimentos) –según el estatal Banco Central– y del 508 por ciento en el primer semestre de 2020 –según la comisión económica del Parlamento–. En ese contexto, ni siquiera tener un puñado de dólares –aún con la apreciación constante de la divisa– permite a los más pobres adquirir los productos esenciales.

COMBUSTIBLES

Por el humilde barrio La Peña, en la ciudad de Barquisimeto, nudo carretero y de la agroindustria en el centro-oeste, la semana pasada transitaba un camión cargado con troncos y escombros de desecho. Un piquete de pobladores lo detuvo. El conductor accedió a que los vecinos tomasen los maderos, en medio de algarabía, entre burlas, risas y el grito irónico: «¡Llegó el gas, llegó el gas!». Llevaban semanas sin conseguir cilindros de gas para cocinar y sencillamente alimentaban sus fogones con leña. En algunos edificios residenciales de ciudades de provincia, las parrillas originalmente dispuestas en áreas comunes para hacer asados familiares los fines de semana ahora se usan para cocinar –con leña, por turnos– la comida cotidiana. Venezuela es el quinto país del mundo con mayores reservas de gas y a mediados de la década pasada acarició la idea de tender un gasoducto hasta el Río de la Plata.

La gasolina es un dolor de cabeza, está severamente racionada, en algunos expendios se vende a 50 centavos de dólar el litro y en otros, subsidiada, a 2,5 centavos. Las colas para surtir el parque automotor –reducido de cuatro a 2,5 millones de autos– duran horas en Caracas y días en expendios de provincia. Las refinerías venezolanas, con capacidad nominal para procesar 1,3 millones de barriles (de 159 litros) por día, destilan sólo unos pocos cientos de miles, y el país se abasteció parcialmente en las últimas semanas con importaciones desde Irán (véase en este número la nota «Un cóctel imprevisible», de Ociel Alí López). Pesan las sanciones impuestas por Estados Unidos a los negocios de la estatal Petróleos de Venezuela. Los policías y los militares que vigilan las estaciones de servicio son objeto de denuncias de corruptelas y arbitrariedades, y arrestan a quienes fotografíen o filmen las colas para comprar combustible, incluidos los periodistas.

SEGURIDAD, SALUD…

Hay más problemas en la cotidianidad, como el transporte público, la tramitación de documentos, la recolección de basura, la criminalidad y la inseguridad personal. Infante, que palpa este asunto en la peligrosa barriada donde oficia, expuso que las pequeñas bandas de delincuentes del pasado, «especializados» (ladrones en las puertas de bancos o comercios, carteristas, secuestradores, pequeños distribuidores de drogas), han sido reemplazadas por megabandas que controlan o tratan de controlar, con decenas de integrantes bien armados y ramificaciones en las cárceles, porciones de territorio donde actúan con soltura, dominan a la población y hasta imparten una especie de justicia privada.

La salud era un tema ya antes de la pandemia. Entre quienes migraron hay más de 30 mil profesionales de la salud, según sus gremios. Organizaciones de médicos conducen encuestas en las que se señala que en los principales hospitales no sólo fallan los equipos y faltan insumos y medicamentos esenciales, sino que tienen servicios intermitentes de agua y electricidad. Abundan las historias de pacientes que deben llevar productos como guantes, gasas, algodón, alcohol y hasta jabón y desinfectante para ser atendidos en los hospitales públicos. Y, fulminados los seguros debido a la hiperinflación, en las clínicas privadas los precios son sencillamente prohibitivos.

POBREZA

El panorama general es de pobreza. Una encuesta anual de tres universidades sobre las condiciones de vida, con cuestionarios respondidos por 9.900 hogares, concluyó que Venezuela ya es el país más pobre de América del Sur. Los parámetros de la existencia cotidiana la asemejan a algunos países del África subsahariana.

Si se atiende el criterio de ingresos que pauta el Banco Mundial, que ubica en la pobreza a los habitantes con menos de 5,50 dólares diarios y en la pobreza extrema a los de menos de 1,90 dólares, el 94 por ciento de la población de Venezuela está en la pobreza general y el 76 por ciento en la pobreza extrema. Si, en cambio, se considera la «pobreza multidimensional», que combina ingreso, acceso a servicios públicos, empleo, vivienda y calidad de vida, en 2019 la pobreza alcanzó al 64,8 por ciento de los 6,5 millones de hogares, un salto de más de 24 puntos con respecto al 39,3 por ciento de hogares pobres encontrados en 2014.

El descontento y la conflictividad social están a flor de piel, pero no hay un puente con la acción política. «Reducidas sus condiciones de vida, la gente protesta, pero, a la vez, desarrolla estrategias de supervivencia para resolver su vida diaria y en eso se le van todas las energías. El ejercicio ciudadano de los derechos políticos sucede en las sociedades que tienen un mínimo piso que permite pensar en la política. En Venezuela la supervivencia comporta un gasto de energía muy grande, aunque la situación se mantenga como una bomba de tiempo», opinó Infante.

REPRESIÓN

El 3 de agosto, el activista deportivo Deivis Pacheco grabó y difundió en las redes sociales un video que muestra a bomberos empujando su camión en la ciudad de Valera (centro-oeste), porque el vehículo, debido a la generalizada escasez, se quedó sin gasolina. Por ello fue detenido y está en libertad condicional desde el 5 de agosto, pero quedó procesado con base en la Ley Constitucional contra el Odio, por la Convivencia Pacífica y la Tolerancia, dictada por la Asamblea Nacional Constituyente, que integran sólo oficialistas.

El 13 de julio, con base en la misma ley, fue detenido el profesor universitario Nicmer Evans, quien en 2014 rompió con el oficialista Partido Socialista Unido de Venezuela y ahora lidera el grupo izquierdista Movimiento por la Democracia y la Inclusión. Evans conduce, además, el portal de información y opinión Punto de Corte, con duras críticas al manejo de las políticas gubernamentales en el marco de la pandemia.

Si acciones como estas se desarrollan en el campo de la expresión y la opinión, en el de la vida en las calles y los barrios la situación es mucho más áspera y letal. Un informe que la alta comisionada de la ONU para los derechos humanos, la expresidenta chilena Michelle Bachelet, presentó en julio de este año dio cuenta de que las fuerzas policiales abatieron a 1.324 personas en operaciones de seguridad durante los primeros cinco meses de 2020, principalmente mediante las Fuerzas de Acciones Especiales de la Policía Nacional, seguidas de la Policía judicial y la militarizada Guardia Nacional.

«Venezuela vive una emergencia humanitaria compleja y el gobierno no ha manejado la epidemia como una emergencia sanitaria ni como una oportunidad para apreciar deficiencias en las políticas públicas y emprender las rectificaciones necesarias, a fin de construir un sentimiento de comunidad nacional. En su lugar, prevalece el fin político de controlar la sociedad», comentó a Brecha el sociólogo Rafael Uzcátegui, coordinador de la organización de derechos humanos Provea, surgida a finales del siglo XX de la mano de exiliados de las dictaduras del Cono Sur. Según Uzcátegui: «Estamos a tiempo de producir las rectificaciones necesarias, y, aunque el panorama es sombrío, se trata de situaciones impredecibles. La historia de América Latina muestra que los pueblos siempre encuentran la manera de saltar los diques».

Por Humberto Márquezdesde Caracas 
7 agosto, 2020

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"El derecho a la vivienda debería ser un derecho mundial"

Lidera el Movimiento sin Techo del Centro 

Habla de la actualidad de Brasil, el gobierno de Jair Bolsonaro, la discriminación racial, el movimiento al que pertenece y los efectos de la pandemia en la población indígena.

 

A Janice Ferreira se la conoce mucho más por su apodo, Preta. Acusada de extorsión en la toma de viviendas, pasó 108 días detenida en la prisión de Santana, en San Pablo. “No vino contra mí el Estado y su poder judicial, fue el Estado en tanto especulador inmobiliario”, comenta. Orgullosa de su condición de mujer negra con formación universitaria y luchadora social, lidera el Movimiento sin Techo del Centro (MSTC). A los 35 años ya tiene unas cuantas cicatrices por la vida que lleva en constante pelea contra las injusticias. Su perfil viene de familia. Carmen, su madre, también es referente de las personas sin vivienda que viven en las calles o alternan entre un alquiler imposible de pagar y el riesgo latente de ser desalojadas. Las dos fueron encarceladas aunque con una diferencia. El proceso contra la mamá de Preta terminó con su absolución y su hija  en libertad. Desde la capital paulista dialogó con Página/12 sobre la actualidad de Brasil, el gobierno de Jair Bolsonaro, la discriminación racial, el movimiento al que pertenece y los efectos de la pandemia sobre la población de las comunidades quilombolas e indígenas. La clase más sumergida de su país.

-¿Nos puede explicar cómo ha sido su militancia en el Movimiento sin Techo?

- Soy militante de la lucha por la moradia (en portugués hogar, vivienda, una palabra que repetirá a lo largo de toda la entrevista) y del MSTC. Me formé en Publicidad y trabajo en la cultura con música, cine, arte… soy cantora, actriz y ahora escritora. Acabo de terminar un libro que saldrá antes de fin de año y se llama Mi carne, diario de una prisión. Todas son cosas que veo con naturalidad. Yo fui criada en hacer lo que me gusta.

-¿Desde qué edad comenzó a involucrarse en las luchas sociales?

-Milito desde los 14 años, tengo 35 y me comprometí con el Movimiento sin Techo. Soy una persona excluida de la sociedad y entonces milité por eso. Y lo hice para que otras personas no pasaran lo que yo pasé, cuando se me negó el derecho a la moradía y ahora soy una negra que lucho por los derechos constitucionales. Porque acá en Brasil estamos en las mismas condiciones que en la década del ’60, en 1964, cuando se produjo el golpe de la dictadura militar.

-¿Cómo se compone su familia?

-Nosotros somos ocho hermanos, cuatro hombres y cuatro mujeres. Yo vivo en el centro y todos viven acá en San Pablo y todos están unidos a esta causa donde ocupamos viviendas por necesidades. Solo mi padre y la parte de su familia siguen en San Salvador de Bahía.

-¿El Movimiento que usted integra es social y políticamente amplio o está identificado con algún sector en especial?

-Es un movimiento amplio que cuida de las personas que necesitan su casa independientemente de su condición social y de su credo. Es un movimiento muy diverso que lucha por las garantías constitucionales. No nos ocupamos solamente de conseguir una casa; también de la salud, la educación y de temas judiciales de quienes están dentro del MSTC.

-¿Cuántas personas estiman ustedes que no tienen techo en San hablo o en todo Brasil?

- (NdelaR: en 2018 un estudio señalaba que había 6,9 millones de familias sin techo y 6 millones de inmuebles vacíos en todo Brasil). Acá en San Pablo no sé cuántas son las personas sin techo porque aumentan gradualmente como los predios deshabitados. No tengo ninguna referencia. Pero así como hay 86 mil predios vacios, la cantidad de gente en las calles es bien mayor. Falta voluntad política para resolver el problema de la vivienda, para hacer un programa sobre el tema. Más esto pasa también por la especulación inmobiliaria. Porque si tú no tienes el dinerinho para pagar el alquiler vas a la calle y el problema de la especulación inmobiliaria es un problema del mundo todo, no es solo de San Pablo. El derecho a la vivienda debería ser un derecho mundial. Las personas se quedan sin casa porque la especulación inmobiliaria se está comprando todo.

-¿Se identifican ustedes con el movimiento Okupa que surgió a mediados de la década del ‘80?

-Sabía sobre ese movimiento pero la verdad es que nosotros tomamos predios desocupados, cien por ciento vacíos hace más de veinte años, ociosos, donde no se cumple la función social de la propiedad y donde unos derechos dejan de estar garantidos. Los movimientos sociales quieren pagar por un hogar pero no existen políticas públicas que, es importante recordar, deben hacerse efectivas para que la población pueda tener esas viviendas a un precio justo. Queremos que se den años de gracia para pagar pero parece que no es interesante liberar esos predios para los trabajadores populares o de baja renta porque existen grandes empresas que quieren comprarlos para transformarlos en apartamentos lujosos o minúculos para vender por un precio que un trabajador pobre o de baja renta no consiga comprar. Por eso el movimiento tiene la obligación de denunciar esta especulación inmobiliaria y por eso se nos criminaliza. Prueba de eso es que yo fui presa 108 días sin haber cometido crimen alguno.

-¿Cómo es afectada la población negra de Brasil en esta problemática? ¿Tiene más dificultades por cuestiones raciales que la población blanca o mestiza?

-Ahí ve la gente el problema racial, cuando se afecta el derecho a la moradia. Desde la época de la esclavitud que se está arrastrando y al Estado no le interesa que una mujer negra tenga estudios superiores, un diploma, porque ese acceso es negado y lo señalan las estadísticas. A mí me pasó esa discriminación cuando un empresario me pagó mi pasaje de avión y GOL no me dejó viajar porque la tarjeta de crédito no era la mía. Porque era de un hombre blanco, de Bélgica, hicieron especulaciones sobre dónde había comprado ese pasaje y no conseguí viajar y tuve que comprar otro con mi dinero, porque una mujer negra no puede viajar en Brasil si adquirió el pasaje con una tarjeta que no es de ella. Eso es el racismo en este país. Es un cáncer.

-¿Le hizo juicio por eso a la compañía?

-No, no quise gastar energía en eso, tengo muchas cosas a qué dedicarme.

-¿Las condiciones de movimientos como el MSTC empeoraron con el gobierno de Bolsonaro?

-Es un gobierno dictatorial, totalitario, fascista, racista, machista, que excluye y gobierna para una torcida organizada. Usted ve ahí la ayuda a la población índígena siendo negada por el presidente con un veto. Las personas de esas poblaciones indígenas y de las quilombolas no son gente para él. No es el presidente de la república, el presidente debe gobernar para todos, para toda la población del país. Bolsonaro gobierna para los ricos, ellos están muy bien. El hijo de él se vio envuelto en el asesinato de Marielle Franco. Bolsonaro nos mandó la Policía Federal para aprehendernos a nosotros, Bolsonaro junto al gobernador de San Pablo Joao Doria. Bolsonaro, Doria y Witzel el gobernador de Río de Janeiro, son tres asesinos, tres genocidas y hoy que estamos viviendo la pandemia el presidente le niega derechos a una parte de la población.

-¿Adhiere a la denuncia internacional contra Bolsonaro por genocidio?

-Sí. Absolutamente. Un presidente que no obliga a las personas a usar tapabocas es justamente para matar a esas personas, a la población carcelaria. Un presidente que firma un veto para que la población indígena y quilombola no tenga atención médica durante una pandemia mundial es un asesino. Un presidente de la República que sabe que está infectado con Covid-19 y está en la calles conversando con las personas, es un asesino. No son opiniones, son hechos.

-¿Cómo siguió lo que pasó en EEUU con el asesinato de George Floyd y la respuesta que generó en la población?

-Yo creo que en Brasil debemos valorizar nuestras luchas porque acá, cada 23 minutos, muere un George Floyd. Cada 23 minutos un joven negro es asesinado.

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Sábado, 01 Agosto 2020 05:57

Crisis y desigualdad en la pospandemia

Crisis y desigualdad en la pospandemia

El mes de julio nos deja dos informes que proporcionan insumos interesantes, aunque preocupantes, para pensar la crisis económica que ya tenemos encima, y el mundo pospandemia.

Uno es de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal) que titula Enfrentar los efectos cada vez mayores del Covid-19 para una reactivación con igualdad: nuevas proyecciones. El otro es de la confederación de organizaciones no gubernamentales Oxfam, fundada en Reino Unido y con oficinas centrales en Nairobi, Kenia, que tiene un título significativo: ¿Quién paga la cuenta? Gravar la riqueza para enfrentar la crisis de la Covid-19 en América Latina y el Caribe.

El informe de la Cepal define el mundo al que estamos entrando como una crisis sincrónica de alcance mundial. Su cálculo de caída del PIB global es de 5.2 por ciento, llegando a 7 en las economías desarrolladas (las previsiones para Estados Unidos son de un decrecimiento de 6.5 por ciento del PIB y para la Unión Europea es de 8.7). Como contraste, China “sólo” crecerá 1 por ciento.

Asimismo, el volumen del comercio mundial de bienes disminuirá en 2020 entre 13 y 32 por ciento, y hay dos indicadores a los que tenemos que poner especial atención: el turismo se verá reducido entre 60 y 80 por ciento, la peor serie desde 1950 –cuando comenzaron los registros–, y para el sector energético el pronóstico es una caída de 39.3 por ciento.

La contracción económica producida por la pandemia tendrá como consecuencia un descenso del PIB per cápita regional de 9.9 por ciento, que se va a traducir en pasar de 26 a 44 millones de personas desempleadas. Por comparar, durante la crisis económica de 2008 el desempleo se incrementó de 6.7 a 7.3 por ciento en 2009, mientras la previsión actual es pasar de 8.1 a 13.5 por ciento.

El resultado de lo anterior va a ser que 45 millones de latinoamericanos van a incrementar las estadísticas de pobreza, pasando de 185 millones a 231 millones, es decir, 37.3 por ciento de la población de la región. Al mismo tiempo, la pobreza extrema se incrementará en 28 millones de personas, equivalente a 15.5 por ciento de la población en Latinoamérica.

Como posible solución paliativa a esta crisis económica, pero sobre todo social, la Cepal propone una fuerte respuesta en materia de política fiscal alineada con la necesidad de fortalecer los sistemas sanitarios, apoyar los ingresos de los hogares y proteger la capacidad productiva, y una política monetaria expansiva favorecida por la baja inflación. Todo ello con tres líneas de acción: 1. Un ingreso básico de emergencia como instrumento de protección social enfocado a las personas en situación de pobreza, con el objetivo de sostener el consumo; 2. Un bono contra el hambre para personas en situación de extrema pobreza que complemente el anterior, y 3. Apoyo a las empresas para que no se pierdan empleos.

Por su parte, el informe de Oxfam hace especial énfasis en que América Latina va a ser la región del planeta con la contracción económica más grande, y la recuperación más lenta. En 12 meses, vamos a retroceder 15 años en todo lo avanzado en la lucha contra la pobreza y la desigualdad.

Pero al mismo tiempo, y así como se calcula que la región va a terminar 2020 con más de 40 millones de nuevos desempleados y más de 50 millones de nuevos pobres, desde que comenzó la pandemia tenemos 8 mil nuevos millonarios en América Latina. Oxfam calcula que la riqueza de estas nuevas élites económicas ha crecido 17 por ciento desde mediados de marzo, equivalente a 48 mil 200 millones de dólares, lo que a su vez representa 38 por ciento del total de medidas de estímulo aprobadas por los gobiernos latinoamericanos.

Es por ello que la condición de América Latina como región más desigual del planeta se va a agudizar en la pospandemia, con el agravante de que una buena parte de la inversión extranjera directa en la región (hasta 20 por ciento, uno de cada cinco dólares) entra o sale vía paraísos fiscales.

Oxfam hace también un análisis muy interesante en torno al debate sobre la deuda, y sentencia: El recurso de mayor endeudamiento público puede dar un alivio temporal, que arrastrará, sin embargo, consecuencias y lastrará el desarrollo de las generaciones futuras.

Aunque en el próximo artículo seguiremos analizando la cuestión de la deuda y reforma fiscal como posibles soluciones a la crisis y a la pandemia, es necesario resaltar que en el ámbito financiero la deuda mundial supera ya los 255 billones de dólares, 322 por ciento del PIB mundial, por lo que las posibles alternativas para enfrentar esa crisis deben pasar por más Estado, pero no necesariamente por más deuda.

Pero más allá de soluciones, el horizonte debe ser el mismo que hemos planteado en artículos anteriores, y que Oxfam sintetiza así: Es momento de que quienes concentran la riqueza, quienes han tenido grand”es beneficios durante estas últimas décadas y las grandes empresas que están generando importantes ganancias en medio de la crisis, contribuyan mucho más al esfuerzo de todos y todas”. Es decir, que la crisis la paguen los ricos.

* Politólogo vasco-boliviano, especialista en América Latina.

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Domingo, 02 Agosto 2020 18:30

Cuando el melodrama es nuestra historia

Personas en situación de calle en el centro de París. AFP, CHRISTOPHE ARCHAMBAULT

A propósito del ciclo de conversatorios “El general Naranjo”: entre la ficción, la realidad y la falsedad histórica. Un debate necesario, realizado entre el 8 y 10 de julio, organizado por el Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo, la fundación Carlos Pizarro y el periódico desdeabajo, reaviva la pregunta por los usos políticos del pasado y las luchas por la memoria cuando estas transitan por los medios de comunicación.

 

Tal vez es en la última década que los colombianos acudimos a un cambio en las narrativas de las series de televisión, me refiero a cierto boom o fijación con las adaptaciones telenoveladas de personajes que se han instalado en la historia del país y que van desde los siniestros Pablo Escobar, Carlos Castaño o “Popeye”, pasando por artistas como Joe Arroyo y Rafael Orozco, hasta sujetos más caricaturizados en las versiones audiovisuales como Luis Eduardo Díaz, más conocido por “La gloria de Lucho”.

Resalta como una constante en la mayoría de estos relatos la fusión de la realidad con la ficción, que en primera medida puede explicarse desde la construcción narrativa del clásico melodrama latinoamericano (los amores imposibles, los conflictos de clase, la bondad de los menos favorecidos, la necesidad de un antagonista), pero que sin lugar a dudas genera cierto nivel de debate entre aquellos que son expuestos desde sus vínculos directos como familiares y allegados con los relatos y sus protagonistas; familiares y allegados que demandan la reivindicación del derecho a la verdad –que una sociedad como la nuestra requiere–, más cuando la historia no logra posicionarse como una prioridad en las políticas que delimitan los currículos escolares y, por tanto, no alcanza a cobrar su dimensión de producción de referentes simbólicos para la comprensión de lo que somos y de lo que nos ha sucedido como sociedad.

El debate se intensifica cuando aludimos a una representación ficcionada de un pasado violento claramente identificable en la historia reciente del país y que, aunque puede estar resuelto en los fallos judiciales y en los acercamientos a una verdad histórica, aún actúa como un elemento sensible e irreconciliable en términos de las disputas por la memoria que intentan posicionar una versión particular de ese pasado no resuelto. Es el caso de “El general Naranjo”, la serie producida en el 2019 por FOX Telecolombia y que el Canal Caracol acaba de presentar en la televisión nacional.

Basada en el libro “El general de las mil batallas” de Julio Sánchez Cristo, se anunció en Colombia bajo la promesa de ser “la historia contada desde el lado de los buenos”, una historia para acompañar las noches de los fervorosos televidentes de este canal, pero que terminó siendo una versión bastante cuestionable de la historia de la Colombia de las dos últimas décadas del siglo pasado y las que van de este, con una clara intención de posicionar en la opinión pública una representación particular del pasado reciente de la violencia política en el país, de sucesos como la toma del Palacio de Justicia en 1985, que en ese entramado de ficción y realidad confunde y tergiversa los hechos investigados y documentados en fallos judiciales, libros y otras producciones culturales sobre este acontecimiento, estableciendo una versión ya recurrente en informativos y series de televisión que relacionan la toma del Palacio con una alianza entre el entonces M-19 y el cartel de Medellín, caso que al parecer en el libro de Sánchez Cristo no se relata como en la novela.

La disputa por la memoria

Estamos ante un tema que no es menor. La memoria en América latina ha significado la posibilidad de conservar los proyectos políticos de una clase. La memoria también ha sido el mecanismo por el cual se mantienen vivos aquellos hombres y mujeres vinculados a las luchas populares, que hoy ya no están pero que se convierten en inspiradores de colectivos y organizaciones. En el Cono Sur las maneras como se nombran y se explican los procesos de violencia política establecen el campo de las luchas por la memoria de los diversos actores involucrados.

Cuando estas representaciones del pasado se ponen en público y logran cierto grado de prevalencia en la sociedad, no solo están manteniendo “algo” que vale la pena recordar, sino que como lo plantea Eugenia Alier (2010), se constituyen en pasados-presentes, en la medida que permiten la construcción de unas identidades, referentes de acción y objetos de las luchas memoriales en las calles, en los centros educativos, en los medios de comunicación; con la pretensión de convertirse en las versiones socialmente legitimadas y apropiadas por la mayoría. Pero estas memorias también son un proyecto de futuro, pues permiten plantear un horizonte posible a partir de ese reconocimiento de un pasado particular y la proyección de las transformaciones necesarias en la idea de la no repetición o de lo que “no nos puede volver a pasar”.

Es por eso que no puede reducirse esta interpretación de la historia de Colombia, planteada en el argumento de cada capítulo del “General Naranjo”, a un requerimiento de la narrativa propia de las series de televisión y, por tanto, pasar por alto cada una de las “imprecisiones” históricas allí contenidas, pues sus efectos no son de poca monta ni en el presente ni en el futuro de nuestro ser nacional.

Si el alcance de las luchas por la memoria está en la construcción del sentido, es necesario pensar qué es lo que hacemos con los pasados que construimos desde estas series, a qué grupos o personas les interesa volver hegemónica estas interpretaciones y cómo estas memorias, elaboradas desde la lógica del entretenimiento, contribuyen al afianzamiento de un modelo social a la medida de quienes detentan el poder.
Pero la memoria no solo tiene implicaciones analíticas, también es una demanda social, de ahí la importancia de su articulación con la verdad y la reparación (justicia). Las experiencias en Argentina, Chile y Uruguay nos muestran que es importante el reconocimiento público de las memorias y su validación social, por ser el punto de partida para el enjuiciamiento de quienes perpetraron los ciclos de violencia. En estos países surgieron comisiones de investigación, y aunque les ha costado muchos años han logrado avances en ese sentido.

La particularidad histórica de Colombia complejiza esta pretensión, pues tal como lo plantea el debate sobre estas series televisivas, estamos disputando las memorias al tiempo que se recrudecen los ejercicios de violencia política. De ahí los interrogantes: ¿Cómo disputar un pasado que no acaba de pasar?, ¿o un pasado que es presente y que limita la emergencia de todas las versiones y de todas las voces?

Finalmente, propongo una problematización de lo que implican estas memorias del entretenimiento con su inestable búsqueda entre el acontecimiento y la ficción; una realización que, a partir de sus tramas melodramáticas y esa interconexión con las memorias de la violencia, logra captar la atención de la audiencia en tanto que ocupan el mismo espacio público y son canalizadas por las pantallas sin el cuestionamiento de sus espectadores.

De otro lado, corresponde pensar la manera de vincular experiencias desde las organizaciones sociales que estén produciendo sus memorias en lógica de lucha con estos relatos de los medios convencionales, para disputar en el escenario de lo público con otras representaciones del pasado, a través de lenguajes que reconozcan los intereses y preferencias de las mayorías hoy cautivadas por “caines”, “naranjos” y “capos”.

 

Referencia:
Allier Montaño, E. (2010). Batallas por la memoria. Los usos políticos del pasado reciente en Uruguay. Montevideo: Instituto de Investigaciones Sociales unam/Editorial Trilce.

 

El General Naranjo: Entre la ficción, la realidada y la flalsedad histórica
julio 2020

Responsabilidad social en los medios de comunicación
(incluso en la ficción)
Julio 8 de 2020

Consecuencias, la distorsión de la memoria desde la televisión
Julio 9 de 2020

Narrativas, verades judiciales y verdad histórica
Julio 10 de 2020

 

Publicado enEdición Nº270
Las pandemias que no se combaten en América Latina

¿Hay vacuna para la pobreza? ¿Existe remedio para la evasión de capitales? ¿Se puede luchar contra el hambre? ¿Son viables una vivienda digna y una educación pública de calidad? Estas son algunas preguntas sobre las cuales reflexionar en medio de una hipersensibilización sobre las consecuencias humanas del Covid-19. Mientras los pobres mueren de enfermedades menos espectaculares, causas de la pobreza, y para las cuales hay cura como el sarampión o la difteria, la carrera por ver quién patenta primero la vacuna contra el Covid-19 concentra la atención mundial. No nos engañemos, a sus promotores les mueve la codicia. El beneficio económico. Detrás no hay causa humanitaria, interés por el bien común o preocupación social. Para saber de qué hablamos, baste señalar que mil 600 millones de personas, es decir, 22 por ciento de la población mundial, no reciben atención médica, sin olvidar los 115 millones, menores de cinco años, afectados por desnutrición crónica. A lo cual debemos sumar los 700 niños muertos diariamente por diarrea. Según Manos Unidas, organización nada proclive a la exageración, en 2020 se podría haber evitado la muerte de 5.4 millones menores de cinco años. Sin embargo, el hambre, la falta de condiciones higiénicas, la explotación infantil, el desempleo, la trata de mujeres no son considerados pandemia. Morir por esas causas es algo "natural". La necropolítica hace su aparición como forma de organización social del capitalismo. Achille Mbembe, teórico que acuñó el concepto, señala que el poder de la muerte y la política de la muerte, refleja "los diversos medios por los cuales, en nuestro mundo contemporáneo, las armas se despliegan con el fin de una destrucción máxima de las personas y de la creación de mundos de muerte, formas únicas y nuevas de existencia social en las que numerosas poblaciones son sometidas a condiciones que le confieren el estatus de muertos vivientes".

La pandemia del Covid-19, y de todas las demás, evidencia la condición de muertes vivientes en las calles de Quito, Lima, Santiago, Bogotá, Río de Janeiro o Sao Paulo. Los cadáveres abandonados en las calles, producto de una desarticulación del sistema sanitario, convertido en negocio para las empresas de capital riesgo, atentan contra la dignidad humana. Los gobiernos que han privatizado la salud, quebrado el sistema sanitario, desprotegiendo a sus ciudadanos, son responsables. Aplican la necropolítica como arma de guerra. Y lo seguirán haciendo con o sin vacuna contra el Covid-19. Así ocurre con otras enfermedades donde el tratamiento es propiedad de una empresa. La pobreza, desnutrición o falta de higiene no son negocio. A las farmacéuticas les tiene sin cuidado su erradicación. No realizan investigación básica, sólo aplicada y con fines de rentabilidad. En este caso, hablamos de beneficios estratosféricos, que engrosarán la fortuna de empresarios, especuladores y consejos de administración. De esta pandemia unos pocos saldrán con los bolsillos llenos. La economía de mercado se encargará de ello. Con sólo pensar en la posibilidad de vender 2 mil millones de dosis para restablecer el equilibrio entre el virus y la inmunidad de rebaño, las ganancias serán obscenas. Siempre ha sido igual. Basta ver el tratamiento contra la hepatitis C. Su costo aproximado es de 1.5 euros y la dosis se vende por alrededor mil euros. Otro tanto ocurre con la vacuna contra la meningitis, del laboratorio británico GlaxoSmithKline, cuya inversión en I+D fue de 300 millones de euros. En tres años de comercialización (2015-2018) han obtenido beneficios por mil 200 millones. ¿Y para el tratamiento de Covid-19?, mientras no existe una vacuna, el Remdesivir es un paliativo que reduce el tiempo de recuperación, en otros términos, libera antes una cama de hospital. Su costo de producción, según los especialistas, no supera los cinco euros, la empresa lo vende en2 mil euros. A la hora de promover una investigación de cualquier enfermedad, la medida se realiza en términos de costo-beneficio.

Médicos Sin Fronteras, en un estudio de 2018, señaló que una vacuna o medicamento, en un país pobre cuesta 68 veces más que en uno desarrollado. No se discute la necesidad de encontrar una vacuna contra el Covid-19. Pero su distribución y venta no está pensada para toda la población. Los millones de ciudadanos que han soportado el confinamiento bajo el hambre, recurren a las ollas comunes, la solidaridad de clase y la resistencia para hacer frente a la pandemia. La crisis humanitaria no está en Venezuela, está en países donde el hambre, la evasión de impuestos, la pobreza, la desigualdad y la explotación se han cronificado, son pandemia y no interesa combatirlas.

Publicado enSociedad
¿Donaciones o lavado de imagen? Columna censurada 
El pasado martes 21 de julio nos enteramos que esta columna que sería difundida en el espacio de opinión del portal informativo Pulzo.com no fue publicada y se nos informó que nuestras columnas entrarían en un periodo de p  rueba por abordar "temas políticos" y no de derechos humanos. A continuación la damos a conocer, y en breve ampliaremos los detalles de este preocupante hecho de censura.
 

Las afectaciones a los derechos humanos en tiempos de pandemia han sido poco discutidas, a pesar de su importancia. La privatización de la salud pública y la desatención de la población por parte de gobiernos negacionistas, han afectado el derecho a la salud de millones de personas. Al manejo de la pandemia efectuado por los gobiernos de Brasil y Estados Unidos solo le cabe un adjetivo: catastrófico. A lo anterior, se suman las consecuencias de las medidas que procuran contener el virus. Las medidas de cuarentena, aunadas a la incertidumbre en la economía mundial, generan un riesgo de grave retroceso en los derechos sociales. Hoy millares de personas sufren inseguridad para garantizar alimentación, trabajo y vivienda.

En ese contexto, las donaciones se convierten en un elemento de solidaridad social para la crisis y la incertidumbre. Frente a Estados desmantelados por las reformas neoliberales y ante la negativa de implementar una renta básica, o un ingreso mínimo de emergencia para la población, la solidaridad ciudadana activa nuevas redes de afecto y cuidado compartido. En estos tiempos de pandemia, las donaciones han sido una práctica que ha aliviado necesidades y tejido apoyo mutuo.

Sin embargo, hoy tenemos buenas razones para mirar ciertas donaciones con sospecha. A nuestro juicio, algunos donativos no cumplen con el objetivo de ayudar, incluso pueden agravar los problemas que ya estamos viviendo o pueden ser resultado de una agenda que no es precisamente humanitaria.

El pasado 2 de julio la empresa transnacional Nestlé hizo entrega de desayunos en Bogotá y Medellín, que incluían comestibles ultraprocesados. Dicha donación tuvo un amplio despliegue publicitario en las redes de la Alcaldía Mayor de Bogotá. Algo similar ocurrió a finales de abril, con la entrega de 11 mil bebidas azucaradas y 16 mil comestibles de paquete por Pepsi Co; entrega que fue inicialmente publicitada en las redes sociales de la Secretaría de Desarrollo Económico, pero posteriormente tales publicaciones fueron borradas.

En una carta enviada a la alcaldía de Bogotá por el Colectivo de Abogados “José Alvear Restrepo”, expresamos que “organismos como UNICEF hoy recomiendan no aceptar donaciones de productos con altos contenidos de grasas saturadas, azúcar o sal por considerarlos ‘comestibles no saludables’. Las donaciones en especie de las empresas de bebidas y alimentos son aceptables cuando contienen únicamente alimentos saludables, preferiblemente producidos por productores locales. Productos como dulces, papas de paquete, embutidos, ‘comida chatarra”, o bebidas azucaradas como las gaseosas, no cumplen con las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud –OMS- sobre dietas saludables, por lo que entre otras medidas se ha buscado que dichos productos contengan sellos frontales de advertencia, y su promoción puede afectar el consumo de alimentos locales”.

Tales recomendaciones tienen mayor relevancia en este momento, pues la evidencia científica señala que el consumo excesivo de comida chatarra genera enfermedades no transmisibles, como la diabetes o la hipertensión, y que las personas que padecen tales enfermedades hoy son más propensas a enfermar de gravedad en caso de verse infectadas por el Covid 19. Por tales razones, en países como Uruguay el Ministerio de Desarrollo Social estableció un Protocolo para la evaluación de donaciones de alimentos que busca evitar, precisamente, las donaciones de comida chatarra e incentivar las donaciones de alimentos reales, nutritivos, producidos por campesinos locales.

La carta también señala una preocupación por la publicidad realizada con recursos públicos de estas donaciones: “A nuestro juicio, las instituciones públicas deben abstenerse de participar en ejercicios de ‘marketing asociado a causas’, en programas de donación impulsados por compañías que produzcan comestibles no saludables, y deben evitar a toda costa convertir las donaciones en oportunidades para que las marcas que donan hagan publicidad, o para que desarrollen estrategias de lavado de imagen”.

Vale la pena recordar que una empresa como Nestlé, una de las compañías transnacionales más grandes del mundo, ha sido acusada de vulnerar derechos humanos en varias ocasiones. En 1977 fue duramente cuestionada por impulsar una agresiva campaña publicitaria para vender sustitutos de leche materna en regiones del sur global que no contaban con agua potable; a la postre, la irrupción de estos productos generó un desestimulo a la lactancia materna, así como el desmejoramiento de la nutrición de los niños y niñas, e incluso un aumento de los fallecimientos infantiles. Esta compañía también es una de las mayores distribuidoras de agua embotellada del mundo, mientras varios de sus ejecutivos han afirmado que el agua no es un derecho humano. No es una casualidad que se opongan al derecho al agua, pues la compañía ha sido acusada en varias ocasiones de acaparamiento de ese bien común, así como de fomentar la violencia antisindical en Colombia. Sobre el asesinato de Luciano Romero, trabajador de esa compañía y dirigente sindical, aún hay mucho por aclarar.

Insistamos en que “recurrir a personal del Distrito, usar las redes sociales de sus entidades o emplear los canales públicos de prensa para favorecer campañas de lavado de imagen de empresas privadas genera un claro conflicto de interés que los servidores públicos deben evitar, en cualquier caso, en aras de garantizar transparencia y defensa de lo público”.

Finalmente, recordamos las palabras del periodista español Antonio Maestre, quien expreso que “una donación si se hace pública ya no es donación, solo marketing”. En algunos casos tales donaciones ya no son marketing, sino una clara campaña de lavado de imagen. Campañas que, por cierto, pueden ser muy funcionales a la hora de bloquear políticas de salud pública que buscan prevenir enfermedades, salvar vidas y proteger derechos.

 

Por Soraya Gutiérrez Argüello, Vicepresidenta Colectivo de Abogados “José Alvear Restrepo”

 

Publicado enColombia
Grafiti en la Comuna 13.- QUERALT CASTILLO

La Comuna 13, en Medellín, se abre camino a través del hip-hop, los grafitis y el arte popular. Las calles angostas donde se escondían antaño los sicarios de Pablo Escobar se han convertido ahora en una exposición al aire libre.

 

Estefany Riosco sonríe y pregunta a todo el que pasa si quiere un choricito. Lleva una camisa muy colorida estampada, un delantal de flores y un turbante rojo anudado a la cabeza. Aparenta más edad de la que en realidad tiene. 36 años y seis hijos, de 20,18,14,11,16 y el bebé, de 4 años. Hoy, ninguno de ellos la acompaña en el puesto, pero se ha traído a un sobrinito que, paciente, espera que su tía termine la jornada para poder volver a casa.

Llegó a la 13 cuando tenía ocho años, procedente del Chocó, un departamento colombiano en la zona del Pacífico y tan pronto la Comuna empezó a levantar cabeza, montó un puesto de chorizos, en el que también vende "obleas, solteritas, cerveza, agua, arepitas, arepitas con queso. Todo, vendo de todo". No resulta difícil arrancarle una sonrisa y a primera vista parece una mujer de pocas palabras. Pocas y concisas, sin embargo: "Aquí vivimos mucha violencia y gracias a Dios ya todo está calmadito".

Escuchar las historias que se esconden tras las calles empinadas, serpenteantes y angostas de la Comuna 13, en Medellín, capital antioqueña y "Ciudad de la eterna primavera" –ahora también conocida por ser el lugar de nacimiento de J. Balvin–, es escuchar historias de balaceras, desaparecidos, menores armados, muertes y narcotráfico. Es hablar de luchas de poder, de sicarios de Pablo Escobar y de enfrentamientos entre guerrillas y paramilitares. Convertida en uno de los epicentros de la violencia durante los años ochenta y noventa, esta Comuna lucha ahora por quitarse el estigma de encima.

Violencia y Operación Orión, los estigmas de la 13

Nació la Comuna 13 como lo hicieron las dieciséis restantes en Medellín: a causa de la migración del campo a la ciudad de personas que escapaban de la violencia de las FARC, el ELN y las operaciones paramilitares y del Estado. Personas que llegaron, muchas procedentes del Urabá antioqueño, con lo puesto a una urbe que parecía prometerles una vida más tranquila. No fue así. La pobreza en los ochenta y los noventa supuso el caldo de cultivo perfecto para que la 13 se convirtiese en la cuna de los sicarios de Escobar. La ecuación parecía fácil: dinero y ascenso social a cambio de vasallaje. Pero nunca nada es tan sencillo: las guerras entre facciones se cobraron miles de vidas y los desaparecidos aún se cuentan por decenas. La muerte de Escobar, el 2 de diciembre de 1993, no hizo nada más que empeorar las cosas: las luchas por el control de los diferentes barrios se saldaron con unos niveles de violencia incluso peores que durante la época Escobar y la 13 entró en una espiral a la que pocos le veían salida.

"Empezaron a surgir las redes del microtráfico, personas que controlaban el tema del narcotráfico en el ámbito local, de la ciudad y en los barrios. Empezaron a dar guerra: los de la FARC empezaron a dominar unas partes, los el ELN otras. En realidad, había cuatro o cinco grupos de guerrillas. A inicios de los dos mil, esas bandas empezaron a disputarse los territorios. Había fronteras invisibles y quien pasaba esas fronteras era asesinado. La guerra explotó", explica Jesús David Sáenz, técnico de la Agencia de Cooperación e Inversión de Medellín (ACI).

En 2002, Álvaro Uribe, expresidente de Colombia, decidió atajar la situación a la brava. Entre el 16 y el 17 de octubre de 2002 se llevó a cabo en la 13 la intervención militar urbana más grande de la historia de Colombia, la Operación Orión. El número de muertos baila según a quién se le pregunte: 80 ciudadanos heridos, 17 homicidios a manos de policía y ejército, 71 personas asesinadas por los paramilitares, 12 personas torturadas, 92 desapariciones forzadas y 370 detenciones arbitrarias. Sobre las detenciones arbitrarias, las torturas, las desapariciones y las ejecuciones extrajudiciales llevadas a cabo por las fuerzas del estado con la colaboración de grupos paramilitares poco se sabe aún. A pesar de la Operación Orión y otras tantas que se sucedieron, lo cierto es que "entre el año 2000 y el 2012 el Estado no tuvo apenas control sobre esas zonas", reconoce Sáenz.

Escaleras y 'grafitours'

Los grupos de turistas empiezan a amontonarse a eso del mediodía, móvil en mano. Desde hace unos años la Comuna 13 se ha convertido en un spot instagrameable de primer orden gracias a las decenas de grafitis que adornan aquellas calles serpenteantes donde antes corría la sangre. Las escaleras mecánicas, inauguradas en 2011, han transformado el barrio de Las Independencias, uno de los 19 que conforman la Comuna y se han convertido en un referente de urbanismo social. "Las escaleras para la paz" son un proyecto novedoso que, ciertamente, ha hecho disminuir el nivel de violencia en el barrio, ha atraído a turistas y ha mejorado notablemente la vida de sus residentes, ya que la accesibilidad les ha permitido tener una vida un poco más cómoda. De hecho, el sistema teleférico en la ciudad, la segunda más grande de Colombia, construido en 2004, ha permitido, en los últimos años, unir diferentes comunas periféricas, hasta el momento prácticamente inaccesibles, con el centro de la ciudad, hecho que ha mejorado la calidad de vida de la gente.

Las escaleras se enmarcan dentro del programa de Proyectos Urbanos Integrales (PUI), que son intervenciones en el espacio público que tienen un impacto zonal, gracias a su enfoque destinado a solucionar problemas de movilidad, centralidad, encuentro, medio ambiente, espacios públicos recreativos y deportivos. Formaron parte del Plan de Desarrollo 2008- 2011 para mejorar la calidad de vida de los residentes de la ciudad. "Éramos una ciudad que a causa de la violencia estaba cerrada al mundo, no venía nadie a Medellín porque les daba temor. La Comuna 13 es una victoria sobre lo que fue el pasado de la violencia y toda la época oscura de Medellín", dice Sandra Milena Ospina D’Alleman, subdirectora de Posicionamiento de la ACI.

Además de las escaleras, la inversión en cultura también ha sido un elemento clave en el lavado de cara de la 13. Los numerosos grafitis que adornan las calles de la Comuna se han convertido en un reclamo turístico importante y los grupos de turistas que reservan grafitours se ha multiplicado de manera exponencial en los últimos años. John Alexander Serna es conocido como Chota 13 (El Chota) y es uno de los artistas locales más reconocidos. Nacido y criado en la 13, empezó a pintar grafitis a los 16. "Queríamos recuperar los espacios y que a través del color cobrasen vida, así como recuperar la memoria. Los muros cuentan cosas y detrás de ellos hay una serie de personajes. Cuentan quiénes son (...) Los que más me inspira para pintar es la resistencia de la gente". Además de grafitis, El Chota pinta en acrílico sobre lienzo y monta exposiciones.

Mira la gentrificación de reojo: "Hemos pensado en los peligros de que la Comuna se haga popular, pero mientras sea la comunidad la que se lleve los beneficios, todo estará bien. Lo más duro sería que el café del barrio fuera arrasado por Starbucks. Si vienen empresas externas a quitarnos lo que hemos construido, esto se pondrá complicado", asegura.

***
Ese del tatuaje es Kase O. ¿Tan famoso es aquí?
Es mi maestro.

El Rapza tiene 23 años y prepara su actuación en un callejón. En estos días actúa en un bar por el que se suceden los turistas, la gran mayoría gringos, en busca de un frapuccinos y jugos de frutas exóticas para aminorar el calor. Tatuado hasta la médula, destaca, entre todos los tatuajes, uno de Kase O en el antebrazo. El zaragozano, máximo exponente del hip-hop en España, estuvo un tiempo viviendo en Medallo, mientras preparaba su último disco, El Círculo. "Hay un antes y un después en mi vida, desde que lo conocí. Estuvo viviendo en una finca, en las afueras de Medellín. Lo conocí en un evento en un teatro. Cuando lo vi, no lo reconocí porque tenía mucha barba. Me lo presentaron y cantamos juntos. Lo seguía desde hace tiempo".

No miente, el Rapza. En Tutorial, uno de los temas de El Círculo, Kase O canta: "¡Basta ya de Farsa, el Rapza viven en la 13 y sin ir de gangsta te da lecciones de humildad! Y no solo él, hay procesos en Colombia que te erizan la piel. Paz para Henry y su escuelita, en una vista aprendes más de hip-hop que con el puto Bambaataa. Es más, paz para que los que se ocupan de esos que nadie se acuerda, ellos tienen mi respeto, no artistillas de mierda".

En el documental que muestra el paso de Kase O por Medellín también aparece el Rapza. "Lo que más me inspira es el rap y los raperos malos, la guerra, la corrupción, la maldad de los humanos, son cosas que se salen de mi conocimiento, mi comprensión y tengo que manifestarme ante esto. Aquel día te di una chapa bastante seria, co. Te quería abrir la cabeza. Jugar y no caer siempre en la caja. Esta es la primera que has hecho con este concepto", le dice el zaragozano al colombiano. El Rapza canta mientras Ibarra escucha, asiente y sonríe.

Dice que tiene pendiente ir a España. Nacido y criado en la 13, su vida ha dado un giro radical, "antes nunca hubiésemos podido estar aquí hablando tú y yo. Imposible". La guerra entre pandillas le arrebató parte de la familia. "Llevo toda la vida rapeando. En la guerra asesinaron a miembros de mi familia, así que me fui un tiempo del barrio, pero volví". Ahora es uno de los raperos más prominentes de la escena hiphopera de la Comuna.

La sombra de la gentrificación amenaza

El aumento del turismo en la 13, sin embargo, mantiene vigilantes a sus residentes. La gentrificación es una amenaza real y los comuneros ya empiezan a sentir como acecha. "¡Ah sí, el arriendo, los servicios, todo es costosito! Ya como esto cogió un poquito de valor, pues ya la gente se aprovecha, cosa que no me parece", asegura Estefany, la del puesto de choricitos, preguntada por los alquileres. Ella no paga nada por tener el puestecito y cada día lo monta y lo desmonta. "Mira, vivo en esa casa azul que está ahí con ropita", señala. El tejado es de uralita. La vendedora espera que sus hijos puedan tener un futuro más cierto que el suyo: "La idea es que estudien y no pasen el trabajo que paso yo; que lleguen a ser alguien en la vida y sigan adelante, porque usted sabe que para que se acabe la pobreza, tenemos que estudiar. Estudiando es como se acaba la pobreza".

Alejandra tiene 25 años y un puesto de pulseras y abalorios (desde hace un año y medio), a unos metros del puesto de Estefany. Es clara con el proceso que se vive en la 13. "El arriendo por acá es supremamente costoso. Esto es a causa del turismo, y la gente, que se toma atribuciones que no debe por eso. El aumento del turismo en la zona ha afectado a alguna gente y ha favorecido a otra, como a mí", reconoce.

La popularización de la 13 también ha favorecido a La Crew, un grupo de b-boys que baila para recoger unas monedas y que nació a partir de unos proyectos participativos que se llevaron a cabo en la Comuna 13. "Se dieron unas clases durante un mes y cuando terminaron todos nos quedamos un poco huérfanos. ¿Qué vamos a hacer con lo que aprendimos? Y aquí estamos, representando a la Comuna 13". El que habla es Scooby, uno de los integrantes del grupo. La Crew empieza sus actuaciones a las 9:30 de la mañana y suele terminar sobre las 18:00. También actúa en teatros, actos privados y escuelas. Scooby reconoce cómo la inversión por parte del Ayuntamiento en proyectos participativos y de fomento de la cultura, ha conseguido darle una vuelta a la Comuna: "El cambio ha sido muy grande y la cultura aquí es importante porque aleja a las personas de pensar en algo malo. Ya sea a través de los grafitis o la música o el baile, te alejas de lo malo. La Crew ha salvado a varios compañeros", dice. A pesar de su corta edad, tan sólo tiene 20 años, Scooby sabe bien de qué habla.

Si bien la vida en la 13 ha cambiado considerablemente, El Chota reconoce que "aún hay pelados en las esquinas que forman parte de las bancrín [bandas criminales]" y el problema de la violencia no está del todo resuelto. Los grafitours se suceden y los turistas sonríen mientras posan al lado de grafitis realmente espectaculares. Cuando lleguen al hotel, subirán la foto a Instagram. La mayoría, sin embargo, visita la 13 en grupo y apenas se encuentran turistas que vayan por libre. El estigma continúa y a la 13 aún le queda camino para quitárselo de encima, pero parece que, gracias al baile, la pintura, el hip-hop y otros procesos culturales, los jóvenes cada vez tienen unos referentes más sanos. Ahora faltará que Starbucks pase de largo.

 

19/07/2020 08:33

Por Queralt Castillo Cerezuela

@qc_Cerezuela

Publicado enColombia
La ONU advierte de que el covid-19 acelerará la transferencia del poder económico y político a las élites ricas

El relator de pobreza de la ONU denuncia la autocomplacencia de las instituciones internacionales en la lucha contra la desigualdad.“El mundo se encuentra en una encrucijada existencial que involucra una pandemia, una profunda crisis económica, cambio climático devastador, desigualdad extrema y un movimiento que desafía la prevalencia del racismo en muchos países”, con estas palabras el relator saliente de extrema pobreza de la ONU, Philip Alston, enmarca su informe El lamentable estado de la erradicación de la pobreza.

Alston, que durante los próximos días presenta en Ginebra sus conclusiones y su informe sobre España, habla de la negligencia de longa data en el abordaje de la pobreza por parte de Gobiernos, economistas y defensores de los derechos humanos. Y subraya la “escandalosa falta de ambición” para erradicar la pobreza.

Para Alston, la autocomplacencia de las instituciones internacionales, especialmente acentuada por las fórmulas del Banco Mundial para medir la disminución de la pobreza, han dado lugar a una década perdida, ya antes del covid-19, en la lucha contra la desigualdad. El resultado neto, sugiere Alston, es que la reducción de la pobreza nominal solo se debe a la disminución de las carencias materiales en un único país: China.

Se proyecta que la pandemia sume 70 millones de personas a las cifras actuales de extrema pobreza. Más de 250 millones de personas están en riesgo de hambre aguda, señala el informe.

Para Alston, la respuesta, lejos de atajar el problema, lo está exacerbando, ya que los gobiernos continúan invirtiendo dinero en prácticas represivas y sistemas de prisiones, “al tiempo que priva a las comunidades pobres de los derechos básicos, como la atención médica decente, vivienda y educación”.

“Si se hubieran establecido suelos de protección social, los cientos de millones de personas que han quedado sin atención médica, alimentos y vivienda adecuados, y la seguridad básica se habrían salvado de algunas de las peores consecuencias”, explica Alston en su informe. En cambio, lo que denomina “las presiones interminables para promover la consolidación fiscal”, es decir, el control de déficit, deuda y las rebajas de impuestos para los más pudientes, han llevado a los sistemas de protección social “más cerca de los modelos del siglo XIX en lugar de las aspiraciones de finales del siglo XX”, explica el ya exrelator de la ONU. 

Cuando eso se combina con “la próxima generación de políticas de austeridad posteriores a Covid-19, la transferencia dramática del poder económico y político a las élites ricas que ha caracterizado los últimos cuarenta años se acelerará, momento en el cual el alcance y la profundidad de la pobreza global serán incluso más políticamente insostenibles y explosivos”, concluye Alston.

8 julio 2020

Publicado enEconomía
Demandamos todo el sistema tributario ante la Corte Constitucional

Junto a un grupo de reconocidos economistas y constitucionalistas del país, le solicitamos a la Corte Constitucional que declare la inconstitucionalidad del Estatuto Tributario, y por ende de todo el sistema tributario, por no cumplir con los principios constitucionales que aseguran que este redistribuya el ingreso, sea equitativo y sea eficiente a la hora de recaudar.

 

Presentamos ante la Corte Constitucional una demanda solicitando declarar el actual Estatuto Tributario inexequible por no cumplir con los principios de progresividad, equidad y eficiencia tributaria consagrados en el artículo 363 de la Constitución Política de Colombia. Si bien consideramos que el Estatuto Tributario es inconstitucional, también le solicitamos a la Corte que le de tiempo al Gobierno y al Congreso para expedir uno nuevo sin afectar la situación fiscal del país.

Colombia es uno de los países con mayor desigualdad de ingresos de la región y del mundo. Si bien esta brecha se ha disminuido paulatinamente en los último 20 años, los niveles de desigualdad presentes son inaceptables en cualquier sociedad democrática. Los recursos con los que cuenta el Estado para disminuir la pobreza y financiar bienes y servicios públicos para igualar las oportunidades de los colombianos, son muy pocos, especialmente en tiempos de pandemia.

Es por esto que junto a un grupo de reconocidos economistas y constitucionalistas del país, le solicitamos a la Corte Constitucional que declare la inconstitucionalidad del Estatuto Tributario, y por ende de todo el sistema tributario, por no cumplir con los principios constitucionales que aseguran que este redistribuya el ingreso, sea equitativo y sea eficiente a la hora de recaudar.

Esta demanda le da una herramienta al Congreso y al Gobierno para que enfoquen el manejo económico de la crisis generada por el COVID-19, con criterios de justicia distributiva y progresividad tributaria. Esto no sólo conciliaría nuestro sistema tributario con los principios constitucionales de progresividad, equidad y eficiencia sino que evitaría que la crisis incremente la desigualdad y la pobreza. También es un llamado para que en el trámite del marco tributario colombiano, se tomen decisiones sensibles al contexto, a los efectos de la pandemia y a las necesidades de la población, en especial de los sectores más desfavorecidos y afectados. 

En ese sentido, expusimos a la Corte Constitucional las razones y evidencia para demostrar que en el país el ejercicio impositivo no disminuye la desigualdad de ingresos, y que esta falta de progresividad no se compensa con la priorización del cumplimiento de otros principios constitucionales, pues el sistema tributario impone tarifas diferentes a contribuyentes con las mismas características (equidad tributaria) y es ineficiente a la hora de recaudar, lo que facilita la evasión y elusión de impuestos (eficiencia tributaria).

¿Por qué demandamos todo el sistema tributario? 

Teniendo en cuenta que la Corte Constitucional ha señalado que el principio de progresividad, en conjunto con los principios de equidad y eficiencia, “constituyen los parámetros para determinar la legitimidad del sistema tributario y (…) se predican del sistema en su conjunto y no de un impuesto en particular”[1], es necesario hacer un análisis integral del sistema tributario colombiano para verificar con la evidencia producida hasta el momento si los impuestos en el país cumplen con estos tres principios en su conjunto. 

Esto quiere decir que para la Constitución, no basta con que un impuesto en particular no cumpla con estos principios para que sea inconstitucional, sino que debe ser todo el conjunto de impuestos que rompan estos principios para que pueda ser declarado inexequible.

El sistema tributario colombiano no disminuye la desigualdad y no cumple con principios de justicia tributaria

A partir del análisis de las tarifas efectivas de tributación de las personas naturales y jurídicas en Colombia y de las investigaciones que estudian la tributación de las personas con mayores ingresos del país, mostramos ante la Corte Constitucional que: 

  1. El sistema tributario colombiano no disminuye los niveles de desigualdad de ingresosmedidos a través del índice de Gini.
  2. Las personas naturales y jurídicas que pertenecen al 10%, 1% y 0,1% de mayores ingresos en Colombia, pagan en impuestos una proporción menor de sus ingresos que el resto de la población colombiana, por lo que el sistema tributario no cumple con el principio constitucional de progresividad tributaria.

Estos resultados provienen del diseño institucional y normativo del Estatuto Tributario, y no de una falta de aplicación de las normas, su incumplimiento o una mala interpretación.

Una vez demostrada la violación del principio de progresividad, presentamos evidencia que demuestra que la falta de progresividad del sistema tributario colombiano no se justifica con el argumento de que este privilegia el cumplimiento de los otros dos principios establecidos en el artículo 363 de la Constitución, los de eficiencia y equidad tributarias.

El sistema tributario colombiano no es equitativo

El principio constitucional de equidad tributaria se refiere a la equidad tributaria horizontal, es decir, que contribuyentes con la misma capacidad de pago y las mismas características, deben pagar lo mismo en impuestos. Sin embargo, el sistema tributario colombiano – como consecuencia de la proliferación de regímenes especiales que  se derivan de los múltiples beneficios y tratamientos especiales en materia tributaria que se encuentran en el Estatuto Tributario – grava de manera diferenciada a personas naturales con las mismas características y nivel de ingresos, y a empresas con la misma actividad económica y tamaño similar.

La consecuencia de esto es que personas que tienen el mismo nivel de ingresos, paguen en impuestos cantidades diferentes dependiendo si los ingresos provienen de actividades laborales (salarios, honorarios…etc) o si provienen de la tenencia de capital (dividendos, renta de inmuebles…etc). En el caso de las empresas, la evidencia muestra que la tarifa efectiva de tributación de empresas de un mismo sector y con tamaños similares es muy distinta entre empresas, ya sea porque se encuentran en una zona franca o porque acceden a distintos beneficios tributarios específicos.

El sistema tributario colombiano no es eficiente

El principio de eficiencia tributaria busca principalmente que se logre el mayor nivel de recaudo tributario posible con el menor costo, y que el diseño del sistema tributario no facilite o estimule la evasión y elusión tributaria. Esto implica que la recaudación sea sencilla para la DIAN y que los niveles de evasión sean relativamente bajos.

En nuestra demanda argumentamos que, por un lado, la multiplicidad de regímenes tributarios especiales que nacen de los más de 250 beneficios tributarios que existen actualmente, hacen que el sistema tributario sea muy complejo, lo que tiene impactos considerables en la eficiencia del recaudo. Al mismo tiempo esta complejidad facilita la evasión y elusión de tributos, tal y como se muestra con los estudios de evasión que se han hecho para Colombia en los últimos años.

Por otro lado, presentamos cómo la productividad del recaudo del IVA, uno de los impuestos más sencillos de recoger, es muy baja en comparación con países similares de la región y del grupo de países de la OCDE, lo que permite argumentar que el principio de eficiencia tributaria no se cumple en Colombia.

La pandemia por COVID-19 refuerza la necesidad que el sistema tributario sea progresivo, equitativo y eficiente

La pandemia del coronavirus ha exacerbado nuestras injusticias y desigualdades estructurales. Para mitigar los impactos del virus y de las medidas de confinamiento – que se concentran principalmente en la población de menores recursos – el país debe adoptar una serie de medidas fiscales redistributivas que sean lo suficientemente robustas para que el Estado pueda garantizar efectivamente los derechos de todos sus ciudadanos, especialmente los derechos de las personas más vulnerables.

Sin embargo, producto del sistema tributario actual, el país tiene muy pocos recursos públicos disponibles para poder implementar políticas acordes a las necesidades de la emergencia generada por el COVID-19. Es imperativo entonces que se lleve a cabo una reforma estructural del Estatuto Tributario que asegure el cumplimiento de sus principios constitucionales, reduciendo así la desigualdad de ingresos y elevando considerablemente el recaudo de impuestos.

Tenemos la posibilidad de salir de esta crisis con una sociedad más desigual e individualista, o por el contrario, con una sociedad más igualitaria, solidaria y justa. Esto depende mucho de la decisión de tener un sistema tributario que lo permita.

¿Quienes firman la demanda?

Vivian Newman

Rodrigo Uprimny

Luis Jorge Garay

Jorge Enrique Espitia

Clara Leonor Ramírez

Leopoldo Fergusson

María Margarita Zuleta

Salomón Kalmanovitz

Víctor Javier Saavedra

María Fernanda Valdés

Amaranto Daniels

Carlos Julio Salgado

Consuelo Corredor

Jorge Iván González

Juan Camilo Cárdenas

Valentina Rozo Ángel

Fernando Barberi Gómez

Astrid Martínez Ortíz

Catalina Botero

Mauricio García Villegas

Esteban Hoyos Ceballos

Andrés Abel Rodríguez

Magdalena Correa Henao

Maryluz Barragán

Mauricio Albarracín

Alejandro  Rodríguez Llach

Alejandro Jiménez

[1] Corte Constitucional. Sentencia C-643 de 2002. M.P. Jaime Córdoba Triviño. Ver Corte Constitucional. Sentencia C-815 de 2009. M.P. Nilson Pinilla Pinilla. Corte Constitucional. Sentencia C-397 de 2011. M.P. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub. Corte Constitucional. Sentencia C-615 de 2013. M.P. Luis Ernesto Vargas Silva. Corte Constitucional. Sentencia C-100 de 2014. M.P. María Victoria Calle Correa. Corte Constitucional. Sentencia C-260 de 2015. M.P. Gloria Stella Ortiz Delgado.

Por: Dejusticia | Mayo 27, 2020

Publicado enColombia