El retorno forzado de los migrantes venezolanos 

En un contexto de bloqueo económico, baja del precio del petróleo e hiperinflación

La gestión acertada, junto con la situación sanitaria de varios países de la región y episodios de discriminación, ha impulsado el regreso de 18 mil  venezolanos y se espera que lleguen más.

 

Comienza la séptima semana de cuarentena en Venezuela y la curva de la pandemia se mantiene aplanada: 325 casos confirmados, 137 personas recuperadas y 10 fallecidas. El pronóstico apocalíptico vaticinado por un sector de la oposición y por Estados Unidos no se cumplió, el gobierno ha desplegado una política acertada, en particular si se lo analiza respecto a los países vecinos.

Solo quedan pocas veces que digan lo contrario, y esas voces son de quienes desean y empujan la tragedia como estrategia golpista de acceso al poder político.

La gestión acertada, junto con la situación sanitaria de varios países de la región y episodios de discriminación, ha impulsado el regreso de venezolanos al país. Alrededor de 18 mil han ingresado por tierra por los tres principales estados fronterizos con Colombia, Zulia, Táchira y Apure, y se espera que lleguen más en los próximos días.

El retorno comenzó desde el primer día de la cuarentena y se ha mantenido a diario. Se trata en su gran mayoría de gente de bajos recursos. La respuesta del gobierno ha sido poner en marcha un despliegue médico y logístico para recibir de forma gratuita a quienes regresan, lo que ha fortalecido su imagen.

Así como existe un consenso mayoritario sobre la política anti pandemia, también lo hay acerca del cuadro económico que vuelve a arrojar niveles de preocupación altos con la cuarentena, los precios petroleros que se mantienen bajo, y el bloqueo económico que volvió a escalar.

El Departamento del Tesoro de Estados Unidos, prohibió a las cinco grandes empresas petroleras norteamericanas restantes en Venezuela, en particular Chevron, extraer y comerciar petróleo en el país. El gobierno de Donald Trump sumó así otro golpe, articulado a las sanciones a PDVSA, a empresas que comercien crudo venezolano, y la prohibición de envío de gasolina al país.

La combinación de dificultades cotidianas es triple: desabastecimiento de gasolina, aumento del dólar paralelo y el oficial -que aumenta a una velocidad inferior, pero cercana al primero- y el aumento de los precios.

Esta situación generó escenarios de protestas en zonas periféricas del país, centralmente campesinas, pesqueras, mineras, dependientes de la gasolina para su funcionamiento. Si bien la oposición intentó maximizar públicamente la dimensión de las protestas y en algunos casos desencadenarlas, la aparición de estos episodios indicó la existencia de una escalada de las dificultades materiales.

El gobierno decidió tomar medidas ante ese cuadro y anunció la venta supervisada de productos de tres grandes empresas marcadoras de precios de forma especulativa -en particular del oligopolio Empresas Polar- la ocupación por 180 días de un consorcio oleaginoso, y el establecimiento de precios acordados para 27 productos.

Se trató del regreso de medidas que habían sido dejadas de lado durante más de un año, como el anuncio de regular precios. Los últimos tiempos estuvieron marcados por la liberación cambiaria, la restricción de emisión monetaria, y la circulación del dólar que se convirtió en la moneda de marcaje de precios y de uso diario en la calle para muchos sectores.

La oposición se opuso a las medidas, afirmó que volverá el desabastecimiento, al igual que dejó entrever la respuesta de Polar, que declaró que “la medida atenta contra el abastecimiento de alimentos”. El chavismo, por su parte, apoyó la decisión en vista de la impotencia/impunidad ante el aumento de precios.

La duda que atraviesa a muchos es si esta vez se logrará mantener el abastecimiento y los precios acordados, en vista de la imposibilidad de garantizarlo en oportunidades anteriores. La otra gran pregunta: ¿cómo lograr precios accesibles para quienes viven en bolívares?

Esta incertidumbre se asienta en el hecho de que las estructuras de costos de productores y comerciantes son de hecho en dólares, y los precios acordados se relacionan con el dólar oficial. Un aumento del oficial -como ha sido la tendencia- impactaría en los precios en bolívares y se reducirán los ya devaluados ingresos en moneda nacional.

La apuesta de la estrategia norteamericana es que no exista solución, y el conjunto de presiones económicas y de operaciones armadas encubiertas acorralen hasta el punto de generar un quiebre en el ámbito de la dirección civil o militar.

Para eso Elliot Abrams, encargado norteamericano en el plan hacia Venezuela, ha tomado un rol de exposición mediática y actualización de la “propuesta” norteamericana donde, según afirma, lo único no negociable es la salida de Nicolás Maduro del gobierno. La Fuerza Armada Nacional Bolivariana, repite/promete, puede mantenerse en sus cargos durante el tiempo de transición.

El chavismo se encuentra así ante un escenario a tres tiempos: la pelea contra la pandemia, el bloqueo y crisis económica, y la estrategia de derrocamiento norteamericano en ofensiva. La oposición nacional, y en particular Juan Guaidó, ya casi no tienen incidencia.   

Publicado enInternacional
Una bomba a punto de estallar: la pandemia en las periferias urbanas de América Latina

Cuando la pandemia de coronavirus se interne en los barrios populares de las grandes ciudades latinoamericanas, estará ingresando por vez primera en un mundo desconocido de pobreza profunda, hambre crónica, infra-viviendas sin agua y desocupación estructural, en sectores ya afectados por el dengue y la tuberculosis. Puede tener efectos terribles.

 

La tremenda situación que vive la ciudad de Guayaquil, con cadáveres abandonados en las calles o los trapos rojos en las ventanas de las casas colombianas del municipio periférico de Soacha, son muestras palpables de un abandono estatal de siglos.

Hasta ahora la pandemia se detuvo en países y regiones donde el Estado está presente, pese a los errores y desvaríos de algunos mandatarios, y donde la pobreza en modo alguno tiene los alcances que conocemos en las favelas brasileñas y en las villas argentinas, por ejemplo.

La Universidad Federal Rural de Rio de Janeiro, que tiene un largo trabajo en la Baixada Fluminense, la región más pobre de la ciudad compuesta por una decena de municipios y tres millones de habitantes, sostiene que "se registra una falta histórica de datos y de indicadores específicos que permitan formular políticas para enfrentar su dramática realidad social".

No es un tema menor ya que los Estados desconocen, literalmente, cuántas personas viven en los barrios más pobres, qué necesidades tienen y por eso están muy lejos de poder hacer algo eficiente.

La citada Universidad sostiene que el coronavirus llegó primero a los estratos más acomodados, como en toda la región, pero que en pocos días "todo indica que ganará una dinámica mucho más agresiva en las periferias urbanas". El razonamiento es muy sencillo: si en los países más desarrollados la pandemia desbordó los sistemas de salud, al punto que no hay claridad en cuanto al número de infectados y de muertos, en los barrios más pobres causará estragos.

Mientas la Organización Mundial de la Salud (OMS) recomienda ocho camas de hospital cada mil habitantes (en Brasil es de 2,2), en algunos municipios de la Baixada Fluminense, como Seropédica e Itaguaí, hay apenas 0,3 a 0,8 camas cada mil habitantes.

Desde la favela Maré, en Rio de Janeiro, Timo Bartholl explica a Sputnik las dificultades para lavarse las manos en zonas donde no hay agua, donde la población necesita salir a vender para poder comprar alimentos, porque casi todos son informales. Los pequeños grupos de activistas, como Roça que procesa cerveza artesanal y ahora entrega canasta de productos orgánicos a las familias, intentan paliar la absoluta ausencia de las instituciones estatales.

"Las dinámicas de la favela para enfrentar una ocupación militar violenta o un virus, no son tan diferentes", dice Timo del otro lado del teléfono. Ahora se suspendieron las ferias agroecológicas de los campesinos, con lo que la posibilidad de acceder a alimentos frescos de calidad se complica. Una de las grandes dificultades en la favela son los varones, que se creen inmunes. Porque cada varón es un pequeño Bolsonaro, autoritario, violento, que mira al resto desde arriba.

En Paraisópolis, una de las mayores favelas de Sao Paulo, la comunidad transformó 420 pobladores en "presidentes de calle" para que cada uno haga el seguimiento de 50 viviendas. Cuando se identifica un caso de coronavirus, se les ofrece orientación y se les pide quedarse en la casa. Si el enfermo agrava, se le busca una ambulancia.

También hacen un seguimiento de las familias que perdieron el empleo. La presidenta de la Asociación de Mujeres, Elizandra Cerqueira, explica que "sólo en comunidad vamos a poder superar este desafío, ya que las personas aquí trabajan por día, en servicios y mantenimiento, y ahora ya no tienen ingresos".

Paraguay

En los Bañados de Asunción, la capital paraguaya, donde viven 100.000 personas en situación de extrema precariedad agravada por las inundaciones estacionales del río Paraguay, los vecinos instalaron decenas de ollas populares porque el Estado se demoró casi tres semanas en enviar víveres, siempre insuficientes.

Giovanna Minardi, una joven que forma parte de la Coordinadora de Lucha por la Tierra, explica que "las familias no están trabajando porque en su mayoría somos informales, reciclamos o somos vendedores ambulantes, albañiles, las mujeres son despenseras o trabajadoras domésticas y nos piden que nos quedemos en casa, pero entonces no tenemos qué llevar a la mesa".

Las vecinas, porque en su inmensa mayoría son mujeres, gestionan once ollas populares en siete barrios del Bañado Sur. Cada una da de comer a un promedio de 100 a 180 familias, dando prioridad a niños y ancianos. "No se mantienen ni por el Estado ni por la politiquería sino por el apoyo de gente trabajadora, de gente de afuera del barrio que recoge alimentos desde hace más un mes", dice Giovanna.

Argentina

En la periferia de la ciudad de Buenos Aires, donde el Estado dice haberse volcado desde la crisis de 2002, la situación es grave, porque además las autoridades no conocen la realidad. En algunas villas como la 21, en el barrio porteño de Barracas, los movimientos sociales territoriales y las parroquias se están organizando para reclamar alimentos y para distribuirlos cuando llegan.

En la Villa 21, el padre Carlos Olivero señala a Sputnik que los curas villeros (sacerdotes que viven en las villas), el Hogar de Cristo y una decena de organizaciones como la Confederación de Trabajadores de la Economía Popular (CTEP), el Movimiento Popular La Dignidad, el Movimiento Evita, Barrios de Pie, el Frente Darío Santillán y otros, "estamos articulando ejes de organización y de demanda comunes".

La participación de las iglesias locales y de los movimientos sociales, fue la forma que encontraron de hacer llegar la ayuda a cada familia en las villas, que viven en callejones desconocidos incluso para los trabajadores sociales del Estado y hasta para la policía.

"El gobierno no entiende la situación de los barrios populares, no estaba y difícilmente pueda estar", sentencia el padre Carlos.

Me parece necesario reflexionar que la mentada ausencia del Estado, se relaciona no sólo con la escasez material de alimentos y de recursos sanitarios, sino con un algo más que es el momento de clarificar.

El primero, que las autoridades "tienen plan para la población en general, no para los pobres", como señala el padre Carlos. Esto nos indica que se acercan a la pobreza desde su cultura institucional y de clase media, o sea una mirada plagada de prejuicios. Por ejemplo, el "quédate en casa" no funciona en estos barrios, donde se amontonan diez personas en viviendas precarias que se llueven, sin agua, heladas ahora que llega el invierno y un horno en el verano.

Por eso triunfó el lema "quédate en el barrio", que responde a la lógica comunitaria de los pobres, que no tienen calefacción o aire acondicionado, ni internet ni una computadora por persona. Por eso apelan a los movimientos y a los curas villeros.

17:52 GMT 15.04.2020URL corto

Publicado enInternacional
Un grupo de migrantes venezolanos camina hacia la frontera de su país procedentes de Colombia. En vídeo, el éxodo de los migrantes. FOTO: FERNANDO VERGARA (AP) | VÍDEO: REUTERS

El fenómeno, incipiente frente a un éxodo de millones de personas, saca a la luz el debate sobre la atención a los migrantes en Colombia

Una migración masiva, miles de personas sin apenas recursos y los efectos de una pandemia que en todo el mundo golpea con mayor fuerza a los más vulnerables. El cóctel es la premisa de un fenómeno numéricamente incipiente, aunque significativo porque pone de manifiesto el debate sobre la atención a los migrantes venezolanos. Los reportes desde la porosa frontera entre Colombia y Venezuela, cerrada desde mediados de marzo como parte de los esfuerzos para contener el coronavirus, dan cuenta del retorno de más de un millar de personas, aunque según el chavismo son casi 4.000. Decidieron desandar sus pasos y regresar a su país, pues las medidas de aislamiento obligatorio decretadas por el Gobierno de Iván Duque hasta el 26 de abril les impiden ganarse la vida en las ciudades colombianas que los acogían.

Se trata de personas que habían optado por emigrar ante el colapso económico y de servicios que se agravó en Venezuela desde que Nicolás Maduro sucedió a Hugo Chávez, en 2013, y que no pueden ser atendidas por las autoridades colombianas. Al menos medio centenar de buses coordinados por gobernaciones, alcaldías y asociaciones de migrantes los han transportado en la última semana desde distintos lugares como Bucaramanga o Soacha –que colinda con Bogotá– hasta la ciudad de Cúcuta, fronteriza con el Estado Táchira. Incluso desde ciudades tan distantes como Pasto, la capital del departamento de Nariño que limita con Ecuador, en el otro extremo del país. Este jueves más de 300 migrantes fueron retenidos a la salida de la capital, que como el resto del país se encuentra en estricto régimen de confinamiento. En varias carreteras colombianas se observan grupos de caminantes, decididos a hacer a pie y autostop el largo trayecto hasta la frontera.

El número de retornados, que de momento es muy contenido frente a las abrumadoras cifras del éxodo venezolano, se enfrenta a un aumento si la comunidad internacional no incrementa su financiación para apoyar la respuesta del Gobierno colombiano ante la crisis sanitaria, ha advertido el Consejo Noruego para Refugiados (NRC). “Es algo que no hemos visto antes. Por supuesto, hay muchos más venezolanos que se quedan. No conocemos los números precisos”, explica a este periódico Dominika Arseniuk, directora del NRC en Colombia. Además de los siete cruces oficiales, a lo largo de la frontera de más de 2.200 kilómetros abundan los pasos ilegales conocidos como trochas. “Para muchos venezolanos no es seguro volver. La situación en Venezuela no ha cambiado y sigue empeorando. Entonces nosotros esperamos que los venezolanos que han venido a Colombia puedan quedarse, pero para esto necesitamos ayudarles a sobrevivir este periodo muy difícil para ellos”.

Colombia es por mucho el principal destino de una diáspora de casi cinco millones de venezolanos que huyeron de su país. Los que ahora retornan son una muy pequeña porción de los radicados en el país vecino, más de 1.825.000 hasta el 29 de febrero según los datos difundidos por Migración Colombia. En la última semana se abrió un corredor humanitario para cerca de 2.000 retornados, una cifra que palidece incluso frente a los más de 30.000 que pudieron regresar en los días siguientes al cierre de la frontera el pasado 14 de marzo, o a los más de 50.000 que cruzaban cada día la línea limítrofe antes de la pandemia.

Sin embargo, la emergencia sanitaria y las consecuentes medidas de aislamiento obligatorio han sacado a la luz el espinoso asunto de la atención a los venezolanos en Colombia. La prensa ha registrado la expulsión de familias migrantes de pensiones que no pueden pagar en plena cuarentena nacional. Muchos de los venezolanos afincados en Colombia forman parte de las franjas más vulnerables de la sociedad, y cerca de nueve de cada diez alimenta las filas de la informalidad. “Muchos ya han vuelto, muchos quieren volver y muchos que se quedan en Colombia también se han encontrado en situación de calle”, resume Arseniuk. Pese al gran esfuerzo de Colombia, algunos incluso regresaron a su país quejándose de malos tratos recibidos. Dentro de Venezuela, la noticia ha sido recibida con cierta incomodidad ante la posibilidad de que estén infectados, aunque el aparato chavista intenta sacar rédito político del fenómeno.

Política de acogida

Bajo una enorme presión, Colombia ha mantenido una política de acogida y flexibilidad migratoria elogiada internacionalmente, y busca continuarla pese a la contingencia de la Covid-19. A pesar de esos esfuerzos, los recursos con insuficientes. El Gobierno ha pedido con insistencia mayor cooperación de los organismos multilaterales. Lanzado en noviembre de 2019, el plan de ayuda regional de la ONU para responder a una inédita crisis migratoria que precede al coronavirus ha recibido apenas el 3% de los fondos solicitados.

“Ha sido una situación que ha puesto a prueba nuestras capacidades, aun así, se ha logrado responder frente a las circunstancias. Hace falta mucho, pero el compromiso del Gobierno por acoger e integrar a los migrantes no desfallece”, ha dicho Felipe Muñoz, gerente presidencial para la frontera. Su despacho coordina ahora mismo diversas acciones como la entrega de 200.000 bolsas de alimentos en 40 municipios del país para población migrante o reforzar –con el acompañamiento de Acnur– la capacidad del hospital de Maicao, otra de las poblaciones fronterizas más impactadas.

En tiempos de crisis, el origen de los fondos para ayudarlos con alimentación o auxilios de arrendamientos se ha convertido en un punto de fricción entre el Ejecutivo de Duque y algunos mandatarios locales. La reciente “peregrinación”, como la llamaron las autoridades en Cúcuta, capital del departamento de Norte de Santander, fue desordenada. Allí temen que cualquier embudo de personas en la frontera, justo en medio de las medidas de aislamiento obligatorio, sería el peor escenario posible y un potencial foco de contagio.

Colombia tiene hasta este viernes casi 2.500 casos confirmados de coronavirus y contabilizó 80 muertes. Venezuela reporta oficialmente 175, con 9 fallecidos. Muchos de estos emigrantes viven de lo que producen diariamente. Desesperados ante los problemas económicos y episodios de xenofobia, sin estatus legal, han decidido regresar como llegaron, tres años atrás. Sin lujos y, a menudo, caminando. Después de haber contemplado en silencio la brutal diáspora de personas que abandonó Venezuela por los pasos fronterizos con Colombia a partir de 2016 –rumbo también a Ecuador, Perú y Chile–, la jerarquía chavista ha reseñado con alborozo, aunque con cierta discreción, el retorno de estos días. Regresan a un país quebrado económicamente, metido en un conflicto político interminable y con una infraestructura sanitaria en ruinas.

Tan pronto cruzan la frontera, los retornados son recibidos por efectivos militares para ser interrogados. El canciller, Jorge Arreaza, informó a través de Twitter: “Estamos registrando y coordinando el regreso de miles de compatriotas desde Colombia. Todos son evaluados clínicamente y se les realizan pruebas de despistaje del coronavirus. Muchos están de tránsito, rumbo a los puestos fronterizos”. Esta semana el chavismo colocó una etiqueta en las redes cuyo llamado era “Bienvenidos a casa” para colocar en relieve esta inusual circunstancia.

Freddy Bernal, miembro de la dirección nacional del Partido Socialista Unido de Venezuela, que actúa como “protector” del Estado fronterizo de Táchira –un cargo al margen de la Constitución que tiene en sus manos todo el poder político del cual carece la actual gobernadora electa, militante de la oposición– declaró que “a todos los venezolanos que por alguna circunstancia deciden volver a su patria, aquí en casa les estamos esperando”. “Con disciplina y consciencia les invitamos a cumplir las medidas sanitarias recomendadas (…) No están solos, su patria venezolana, presidida por Nicolás Maduro, está lista para recibirlos con amor y darles atención y abrigo”, insistió. Declaraciones similares han hecho en estos días miembros de las Fuerzas Armadas. En un intento por contrarrestar los devastadores efectos para la reputación del Gobierno de un éxodo sin precedentes, Maduro ya había comenzado a organizar el plan ”Vuelta a la Patria” que ha hecho retornar, en avión, unas 10.000 personas.

Bogotá / Caracas - 11 abr 2020 - 19:21 COT

Publicado enInternacional
Coronavirus: Para la OIT se perderán 195 millones de puestos de trabajo

"Los trabajadores se enfrentan a una catástrofe"

La destrucción de empleos superará a la de la crisis financiera de 2008-2009.  La paralización de actividades en el mundo afecta al 81 por ciento de la fuerza laboral.

 

El coronavirus reducirá en un 6,7 por ciento las horas laborales a nivel mundial en el segundo trimestre de 2020, lo que equivale a 195 millones de empleos a tiempo completo, según el último informe de la Organización Internacional del Trabajo (OIT). "Esto supera con creces los efectos de la crisis financiera de 2008-9", agrega el organismo. "Los trabajadores y las empresas se enfrentan a una catástrofe, tanto en economías desarrolladas como en desarrollo. Tenemos que movernos rápido, decisivamente y juntos. Las medidas correctas y urgentes podrían marcar la diferencia entre supervivencia y colapso", aseguró este martes el director general de la OIT, Guy Ryder.

La interrupción de la actividad que genera la pandemia está impactando en las horas de trabajo y en los ingresos del sector laboral. Las medidas de paralización total o parcial ya afectan a casi 2700 millones de trabajadores; es decir, a alrededor del 81 por ciento de la fuerza de trabajo mundial, de acuerdo a cálculos del organismo.

"Más de cuatro de cada cinco personas (81 por ciento) en la fuerza laboral global de 3,3 mil millones son actualmente afectados por el cierre total o parcial del lugar de trabajo", remarca. La OIT estima que 1250 millones de trabajadores y trabajadoras, equivalente al 38 por ciento de la población activa mundial, están empleados en sectores que afrontan una grave caída de la producción y un alto riesgo de desplazamiento de la fuerza de trabajo.

Entre los sectores clave figuran el comercio minorista, los servicios de alojamiento y de comidas y las industrias manufactureras. "Se prevén grandes reducciones en los Estados árabes (8,1 por ciento, equivalente a 5 millones de trabajadores a tiempo completo), Europa (7,8 por ciento, o 12 millones de empleos) y Asia y el Pacífico (7,2 por ciento, 125 millones)", señala el comunicado del organismo con sede en Ginebra.

Especialmente en los países de ingreso bajo y de ingreso mediano, los sectores más afectados tienen una elevada proporción de trabajadores en el empleo informal y de trabajadores con un acceso limitado a los servicios de salud y a la protección social. En el comunicado de del informe, el organismo no hace referencia en particular a la situación de Argentina, pero los sectores afectados por la paralización de actividades se repiten en el país en relación a la situación internacional. "Sin medidas apropiadas a nivel político, los trabajadores corren un alto riesgo de caer en la pobreza y de tener mayores dificultades para recuperar sus medios de vida durante el periodo de recuperación", advierte.

En cuanto a la pérdida de nivel de ingresos en los diferentes grupos, la caída se dará especialmente en la clase media de países de altos ingresos (7,0 por ciento, 100 millones de trabajadores a tiempo completo). Los sectores de mayor riesgo incluyen servicios de alojamiento y alimentación, fabricación, venta minorista y actividades comerciales y administrativas.

Dentro de los 1250 millones de trabajadores empleados en sectores identificados de alto riesgo de despidos y reducciones de salarios y horas hay variaciones también a nivel regional. En las Américas, el 43,2 por ciento del empleo está "en situación riesgo"; en Asia y el Pacífico, el 37,9 por ciento; en África, el 26,4 por ciento; en Estados Árabes, el 33,2 por ciento y Europa y Asia Central, el 42,1 por ciento.

Publicado enSociedad
La renta básica deja de ser una utopía

La pandemia lleva a diversos países a ensayar planes de transferencias directas no universales para compensar la reducción en los ingresos de sus ciudadanos

En su punto álgido, todas las crisis parecen llamadas a cambiar el mundo. La Gran Recesión de 2008 iba a ser la de la refundación del capitalismo. La de deuda soberana del sur de Europa, la que sentaría las bases de una nueva Unión más solidaria. Y esta, la del coronavirus, “escribirá un nuevo mundo con otras reglas”, según apuntaba la semana pasada el comisario europeo de Mercado Interior, Thierry Breton. Lo más probable es que, como en las dos ocasiones anteriores, ese axioma se lo acabará llevando el viento y el giro de timón se quedará en apenas buenas palabras.

Sin embargo, lejos de los discursos altisonantes y fuera de los grandes focos, algunas ideas hasta ahora consideradas de nicho comienzan a enraizar: la renta básica (universal o no), una suerte de garantía de ingresos a los ciudadanos por el mero hecho de serlo, ha sumado más adeptos en apenas unos días que en años, dando un salto exponencial en el debate público y presentando una sólida candidatura en el menú de posibles soluciones para salir del atolladero económico y social de la pandemia. Y, algo aún más importante, empieza a calar en el terreno de los hechos, con distintos Gobiernos poniendo en marcha sus versiones propias de esta herramienta para combatir una recesión que ya es, en palabras de la directora gerente del FMI, Kristalina Georgieva, “tan mala o peor como la de 2009”.

Estados Unidos, un país en el que el debate sobre la renta básica quedaba recluido a ámbitos académicos relativamente estancos y a propuestas electorales minoritarias, como la del excandidato demócrata a la nominación presidencial Andrew Yang, ha dado un primer y decisivo paso en esa dirección: dará a sus ciudadanos 1.200 dólares (unos 1.100 euros) de una tacada, una cuantía que se reduce gradualmente para quienes ganan más de 75.000 dólares al año y que solo deja fuera a aquellos que ingresan 99.000 dólares o más. El objetivo, según la Casa Blanca, es tratar de paliar la merma de ingresos y asegurar lo esencial. “Los fundamentos son idénticos [a lo que propongo]: es una transferencia directa a individuos y hogares”, ha reconocido Yang en declaraciones a la radio pública NPR. “La gran diferencia es que yo sugiero que sea a perpetuidad, como un derecho básico de ciudadanía para cubrir las necesidades básicas y el paquete de estímulos está diseñado para durar solo unos meses”.

En paralelo, Brasil acaba de anunciar un esquema de pagos —en este caso, mucho más lejos de la universalidad— de casi 115 euros mensuales (la mitad del salario mínimo) durante un trimestre para 60 millones de trabajadores informales. Y España ultima estos días una renta mínima que, parece, estará en el entorno de los 440 euros al mes, en línea con la ayuda aprobada la semana pasada para los trabajadores temporales que se queden sin empleo por el parón económico desatado por el virus y con lo que propuso la autoridad fiscal (la Airef) el verano pasado. El objetivo será, de nuevo, proteger a los colectivos más vulnerables. En otros países europeos, como el Reino Unido, el “ingreso universal de emergencia” también ha irrumpido en la Cámara de los Lores y en la de los Comunes, pero aún no ha permeado en el tan conservador como heterodoxo primer ministro, Boris Johnson.

¿Por qué una renta básica y por qué ahora? Sus cada vez más numerosos defensores ven en ella una herramienta útil para contener la emergencia social que sufren quienes de la noche a la mañana se han quedado sin ingresos. Y, añaden los paladines de la idea, sería también una herramienta útil para reactivar la demanda cuando se puedan ir levantando las cuarentenas.

Hasta ahora, en el Viejo Continente la contingencia se ha abordado con ayudas por colectivos y, como en Italia, hasta con bonos alimentarios para tratar de rebajar la creciente tensión social en el sur del país. Pero en América Latina y en el resto del bloque emergente, donde la informalidad (personas que trabajan, pero son totalmente invisibles para el Estado) alcanza cotas infinitamente más altas que en Occidente, la gestión de la crisis está siendo y será mucho más complicada.

“En estos países, que todavía están en una fase inicial de la pandemia, la renta básica debe aplicarse tan rápidamente como sea posible: no puedes comprar jabón ni tener agua limpia sin el dinero necesario para ello, y es más sencillo transferirlo directamente a la gente que organizar un esquema complejo de subsidios”, apunta Guy Standing, profesor de la Escuela de Estudios Orientales y Africanos de la Universidad de Londres y autor de La renta básica: un derecho para todos y para siempre (Editorial Pasado y Presente).

Todos los esquemas diseñados o puestos en marcha desde el inicio de la pandemia están, sin embargo, pensados para desaparecer tan pronto baje la marea, como destaca Philippe van Parijs, profesor de la Universidad Católica de Lovaina (Bélgica). “Tienen un propósito útil y pueden ser la mejor herramienta disponible, pero son intrínsecamente temporales”, recalca el quizá mayor embajador global del concepto.

“Muchos de los que la criticaban, ahora la defienden”

La renta básica no ha dejado de ganar enteros con el paso de los años ante el avance de la desigualdad y la merma del Estado de bienestar. Pero no es, ni mucho menos, una idea nueva: empezó a sonar, aunque en círculos muy reducidos, en el siglo XVIII y en su travesía ha logrado reunir en torno a sí a economistas de extracción ideológica tan diversa como John Kenneth Galbraith, Milton Friedman o James Meade, entre otros. Y ha cautivado a pensadores separados por dos siglos como Thomas Paine (1737-1809) y Bertrand Russell (1872-1970). Nunca, sin embargo, ha estado tan cerca de convertirse en realidad como hoy. “Creo en el utopismo oportunista. Las crisis pueden proporcionar oportunidades para grandes avances y debemos aprovechar el impulso”, anima Van Parijs, coautor de Ingreso básico. Una propuesta radical para una sociedad libre y una economía sensata (Editorial Grano de Sal).

La vertiente universal del ingreso básico —la más interesante, pero también la más compleja por los costes que lleva asociados— está atrayendo un interés mayor en un momento de indefinición económica, como reconoce Louise Haagh, del departamento de Ciencias Políticas la Universidad de York (Reino Unido). “Está quedando patente el fallo de nuestro sistema tanto para responder específicamente a esta crisis como, más en general, para ofrecer una seguridad económica real”, apunta por correo electrónico. “Es solo una pieza del puzle, pero al menos sería un intento serio de reconocer los derechos y el estatus económico de todos”. También Standing ve un cambio de patrón: “Muchos políticos, economistas y medios de comunicación, que en el pasado han sido hostiles a la idea, ahora la defienden”.

El coste de un ingreso básico permanente y no únicamente de emergencia varía, y mucho, entre latitudes. La renta mínima propuesta en España por el hoy ministro de Seguridad Social, José Luis Escrivá, cuando estaba al frente de la Airef costaría 3.500 millones de euros si se descuentan los solapamientos con otros programas sociales y reduciría la pobreza en entre un 46% y un 60%. Una solución más ambiciosa, como una renta básica auténticamente universal y permanente de algo más 620 euros al mes por residente, supondría una carga de casi 190.000 millones anuales, algo menos del 18% del PIB, según calculó en 2017 el servicio de estudios del BBVA. Para ponerla en marcha, tanto en países europeos como emergentes, habría que empezar por librar “un combate frontal contra la evasión y la competencia fiscal [entre territorios], y repensar el objetivo de la austeridad”, incide Haagh, presidenta de la Red Global de Renta Básica (BIEN, por sus siglas en inglés).

En Latinoamérica, una región atravesada por la desigualdad y la pobreza, y donde, por tanto, su sentido se multiplica, entregar a todos los hogares el equivalente al umbral de pobreza tendría un coste para el erario equivalente al 4,7% del PIB, según un reciente estudio de la Cepal, el brazo de la ONU para el desarrollo económico del subcontinente. “No costaría tanto y daría seguridad económica en un momento de enorme incertidumbre”, remarca la secretaria ejecutiva del organismo, Alicia Bárcena. “Esta crisis nos invita a repensar la economía, la globalización y el capitalismo. Se requieren soluciones innovadoras y la renta básica es una de ellas”. La utopía está más cerca que nunca de convertirse en realidad.

 

Por Ignacio Fariza

Madrid - 06 abr 2020 - 02:49 COT

Publicado enSociedad
https://okdiario.com/curiosidades/como-transmite-dengue-793073/fotos/como-transmite-dengue-contagio-b-2?pid=793073

Con 87 muertes confirmadas por dengue y otras 261 clasificadas como probables, así como decenas de enfermos por igual causa, terminó el 2019. El 2020 arranca con cifras que indican a todas luces que las medidas de intervención y control adelantadas por las autoridades sanitarias no son suficientes para superar el brote que enfrenta el país desde inicios del 2019.

Como si el tiempo no transcurriera, como si fuera una novedad, el dengue de nuevo es noticia en Colombia, noticia de enfermedad y muerte, de ausencia de una política pública que erradique las causas que propician su reincidencia y multiplicación.

Los datos del Instituto Nacional de Salud sorprenden. De acuerdo a este Instituto, el 20191 cerró con 127.553 casos de dengue, de los cuales el 50,7 por ciento (64.716) fueron clasificados como dengue con signos de alarma y 1,1 por ciento (1.406) como dengue grave. El sistema de vigilancia en salud pública nacional captó la ocurrencia de 261 muertes clasificadas como probables, de las cuales 87 fueron confirmadas.

En lo corrido del año 20202, se han registrado 16.406 casos, 8.853 (54,0%) con signos de alarma y 183 (1,1%) de dengue grave y 31 muertes probables, con lo cual la tendencia es claramente creciente. Del total de casos notificados al sistema, el 60,8 por ciento (9.973) se concentra en 7 entidades territoriales: el distrito de Cali y los departamentos de Tolima, Valle del Cauca, Huila, Cesar, Santander y Meta. Solo dos entidades territoriales se encuentran dentro del valor esperado respecto al promedio histórico (Quindío y Norte de Santander), las demás entidades territoriales se encuentran en situación de alerta o en brote (ver Gráfica).

 


En las líneas de color muestran el comportamiento histórico esperado del dengue. La línea de color rojo indica la zona de brote. La gráfica muestra que desde inicios del año anterior el número de casos observado por semana epidemiológica se ha mantenido por encima de la zona de brote.

 


 

El dengue más que un mosquito, una enfermedad de la pobreza

El dengue es una enfermedad absolutamente prevenible, de transmisión vectorial, es decir trasmitida por un vector que en este caso es un zancudo llamado Aedes aegypti3, el cual produce entre otras dengue, que tiene dos modalidades: el clásico y el grave. El primero es un cuadro general de malestar, fiebre y fuerte dolores óseos, el cual no coloca en riesgo vital a la persona que lo adquiere; el segundo, además de esta sintomatología produce hemorragias severas que comprometen la vida de la persona.

Si bien se conocía que por el ciclo natural de la enfermedad el 2019 traería un incremento en el número de casos (ciclo interepidémico –cada tres años), desde hace un año en el país fueron activadas las alertas para fortalecer las acciones de prevención, atención, vigilancia y control del dengue y se lanzó la campaña “Córtale las alas al dengue”, pero las cifras muestran que no se avanza en su control.

Las acciones de intervención y control en salud pública, y específicamente del dengue, requieren de un importante esfuerzo intersectorial que logre enfrentar las condiciones sociales y ambientales que determinan el proceso salud enfermedad de las poblaciones humanas y con ello el mejoramiento de la calidad de vida; pero ¿qué de esto se queda solo en el “discurso”?

A pesar que el sector salud, en sus análisis, incorpora la idea de los determinantes sociales y ambientales de la salud, las acciones de control del dengue se concentran en entenderlo solo como una enfermedad infecciosa, cuyo comportamiento depende de la interacción del huésped y el vector, lo que coloca en el centro de las acciones de control la destrucción de criaderos y formas adultas del vector, dejando de lado las precarias condiciones en las cuales vive un alto porcentaje de la población, y que, precisamente, son las que favorecen el ciclo natural de la enfermedad.

Si bien la intervención de estas condiciones de vida, el acceso a servicios públicos y saneamiento básico, al mínimo vital de agua, la posibilidad de contar con una vivienda digna, entre otros, no son competencia directa del sector salud, no es claro su liderazgo para articular y movilizar de manera efectiva otros sectores a pesar de conocer a profundidad el comportamiento de la enfermedad y los determinantes que la favorecen.

Hasta tanto las políticas gubernamentales y la acción institucional no afecte realmente las condiciones de pobreza de amplios grupos poblacionales en el país, mientras la gente viva en condiciones de saneamiento precarias y se alimente mal, el dengue seguirá prevaleciendo y haciendo sus estragos.

 

El dengue y la crisis del sistema de salud

 

Si bien el Instituto Nacional de Salud indica que en 2019, el 79,3 por ciento de los pacientes con dengue grave fueron hospitalizados y en 2020 el 96,7 por ciento, ante la grave crisis del sistema de salud, no es suficiente mostrar las cifras y dejar fuera del análisis elementos clave como la accesibilidad y disponibilidad de los servicios de salud, la oportunidad y la calidad de la atención y en general, la garantía del derecho fundamental a la salud.

Recientemente, se presentaron los resultados del primer monitoreo nacional que realizó la Defensoría del Pueblo a los servicios de urgencias en varias ciudades del país4, el cual resalta la sobreocupación de los servicios que pueden llegar hasta el 244 por ciento y rangos de espera que alcanzan las nueve horas tan solo en el triage5, con lo cual la situación de estos servicios pone en riesgo la adecuada atención en salud.

La Defensoría identifica como problemas críticos en los servicios de urgencias, entre otros aspectos, la sobreocupación de los servicios, que lleva a los pacientes a una deshumanizada y agobiante espera en sillas, pasillos y hasta en el suelo, a lo que se suma una dotación insuficiente en términos de talento humano, infraestructura, equipos, entre otros; las barreras de acceso a los usuarios, el trato deshumanizado y en general la ausencia de un modelo de atención integral; situaciones atravesadas por la baja resolutividad de las Eapb (las anteriores EPS), que obliga a los pacientes a consultar por eventos o situaciones que debieron ser resueltas y garantizadas en otros niveles de atención; la crisis hospitalaria y la crisis laboral en el sector salud que lleva a que el talento humano no cuente con vinculación formal con adecuada remuneración.

 

Débil estrategia de salud pública para enfrentar el dengue

 

En la intervención de control de las enfermedades transmitidas por vectores, se resalta la importancia del actuar individual y colectivo y el protagonismo de la comunidad para transformar el entorno y generar condiciones que no favorezcan la producción y desarrollo de criaderos del vector mediante acciones sencillas de recolección de inservibles, manejo adecuado de basuras y depósitos de agua y saneamiento de la vivienda, en este sentido el plan de intervenciones colectivas-PIC, en el ámbito local, debería complementar los planes intersectoriales para el control del dengue.

El plan de intervenciones colectivas6 está compuesto por intervenciones de promoción de la salud y gestión del riesgo, enmarcadas en las estrategias de los planes de salud territorial y cuyo objetivo es impactar positivamente los determinantes sociales de la salud. Estas acciones, según lo define la norma, deben ser contratadas por instituciones con capacidad técnica y operativa garantizando la continuidad y oportunidad de las intervenciones y deberían contribuir al desarrollo de capacidades individuales y colectivas a través del curso de vida, para la transformación de los entornos en los cuales se desarrolla la vida y aumentar con ello el impacto en salud de las políticas públicas.

Las cifras y resultados actuales en relación al control del dengue, son un claro reflejo del impacto de las acciones colectivas en el país. En general, en los municipios y departamentos, no se logra una contratación oportuna que garantice la continuidad de las acciones; éstas son ejecutadas por instituciones sin capacidad técnica y operativa y en lo local se concentran en charlas y actividades repetitivas que no promueven el cambio de conducta ni la movilización social.

En el control de las enfermedades infecciosas en general y en particular en el control del dengue, al parecer, son pocas las lecciones aprendidas, persiste el imaginario del control centrado en el vector, el liderazgo del sector salud para movilizar otros sectores es pobre, las acciones colectivas por elementos de tipo estructural y de implementación tienen un bajo impacto y la crisis hospitalaria y en general del sistema de salud, favorecen los desenlaces negativos. La tendencia epidemiológica de la enfermedad muestra que estamos lejos del control de este brote en el país.

Es una realidad que debe llegar a su fin, toda vez que la sociedad no debe aceptar la situación del dengue como hecho natural: no es natural que la gente viva en condiciones de pobreza, en medio de unas muy precarias condiciones de saneamiento básico, que coma mal, que no sea atendido o mal atendido por el sistema de salud y que muera por condiciones evitables. Debe ser éticamente inaceptable que la gente siga muriendo en el siglo XXI por una enfermedad totalmente prevenible.

 

1 Instituto Nacional de Salud. Informe de evento, 2019. Disponible en: https://www.ins.gov.co/buscador-eventos/Informesdeevento/DENGUE%20PE%20XIII%202019.pdf
2 Instituto Nacional de Salud. Boletín Epidemiológico Semanal. Semana Epidemiológica 05, 2020. Disponible en: https://www.ins.gov.co/buscador-eventos/BoletinEpidemiologico/2020_Boletin_epidemiologico_semana_5.pdf
3 El mosquito Aedes aegypti es el vector responsable de la transmisión de los virus responsables del dengue, la fiebre amarilla, chikunguña, la fiebre de Zika y el Virus Mayaro.
4 El triage, o protocolo de intervención es un método de selección y clasificación de pacientes empleado en la medicina de emergencias y desastres. Evalúa las prioridades de atención, privilegiando la posibilidad de supervivencia, de acuerdo con las necesidades terapéuticas y los recursos disponibles.
5 Dramática radiografía de los servicios de urgencias en Colombia. Periódico El Tiempo. Edición del 10 de febrero de 2020. https://www.eltiempo.com/salud/servicio-de-urgencias-en-colombia-informe-de-la-defensoria-del-pueblo-sobre-situacion-del-pais-460304.
6 Resolución 518 de 2015

* Médica Epidemióloga MSc(c) en Salud Pública. Las opiniones expresadas por la autora son de índole personal y no comprometen las instituciones donde labora.
** Mauricio Torres-Tovar, Médico PhD(c) en Salud Pública, profesor Departamento de Salud Pública, Universidad Nacional de Colombia

 

Publicado enEdición Nº265
https://okdiario.com/curiosidades/como-transmite-dengue-793073/fotos/como-transmite-dengue-contagio-b-2?pid=793073

Con 87 muertes confirmadas por dengue y otras 261 clasificadas como probables, así como decenas de enfermos por igual causa, terminó el 2019. El 2020 arranca con cifras que indican a todas luces que las medidas de intervención y control adelantadas por las autoridades sanitarias no son suficientes para superar el brote que enfrenta el país desde inicios del 2019.

Como si el tiempo no transcurriera, como si fuera una novedad, el dengue de nuevo es noticia en Colombia, noticia de enfermedad y muerte, de ausencia de una política pública que erradique las causas que propician su reincidencia y multiplicación.

Los datos del Instituto Nacional de Salud sorprenden. De acuerdo a este Instituto, el 20191 cerró con 127.553 casos de dengue, de los cuales el 50,7 por ciento (64.716) fueron clasificados como dengue con signos de alarma y 1,1 por ciento (1.406) como dengue grave. El sistema de vigilancia en salud pública nacional captó la ocurrencia de 261 muertes clasificadas como probables, de las cuales 87 fueron confirmadas.

En lo corrido del año 20202, se han registrado 16.406 casos, 8.853 (54,0%) con signos de alarma y 183 (1,1%) de dengue grave y 31 muertes probables, con lo cual la tendencia es claramente creciente. Del total de casos notificados al sistema, el 60,8 por ciento (9.973) se concentra en 7 entidades territoriales: el distrito de Cali y los departamentos de Tolima, Valle del Cauca, Huila, Cesar, Santander y Meta. Solo dos entidades territoriales se encuentran dentro del valor esperado respecto al promedio histórico (Quindío y Norte de Santander), las demás entidades territoriales se encuentran en situación de alerta o en brote (ver Gráfica).

 


En las líneas de color muestran el comportamiento histórico esperado del dengue. La línea de color rojo indica la zona de brote. La gráfica muestra que desde inicios del año anterior el número de casos observado por semana epidemiológica se ha mantenido por encima de la zona de brote.

 


 

El dengue más que un mosquito, una enfermedad de la pobreza

El dengue es una enfermedad absolutamente prevenible, de transmisión vectorial, es decir trasmitida por un vector que en este caso es un zancudo llamado Aedes aegypti3, el cual produce entre otras dengue, que tiene dos modalidades: el clásico y el grave. El primero es un cuadro general de malestar, fiebre y fuerte dolores óseos, el cual no coloca en riesgo vital a la persona que lo adquiere; el segundo, además de esta sintomatología produce hemorragias severas que comprometen la vida de la persona.

Si bien se conocía que por el ciclo natural de la enfermedad el 2019 traería un incremento en el número de casos (ciclo interepidémico –cada tres años), desde hace un año en el país fueron activadas las alertas para fortalecer las acciones de prevención, atención, vigilancia y control del dengue y se lanzó la campaña “Córtale las alas al dengue”, pero las cifras muestran que no se avanza en su control.

Las acciones de intervención y control en salud pública, y específicamente del dengue, requieren de un importante esfuerzo intersectorial que logre enfrentar las condiciones sociales y ambientales que determinan el proceso salud enfermedad de las poblaciones humanas y con ello el mejoramiento de la calidad de vida; pero ¿qué de esto se queda solo en el “discurso”?

A pesar que el sector salud, en sus análisis, incorpora la idea de los determinantes sociales y ambientales de la salud, las acciones de control del dengue se concentran en entenderlo solo como una enfermedad infecciosa, cuyo comportamiento depende de la interacción del huésped y el vector, lo que coloca en el centro de las acciones de control la destrucción de criaderos y formas adultas del vector, dejando de lado las precarias condiciones en las cuales vive un alto porcentaje de la población, y que, precisamente, son las que favorecen el ciclo natural de la enfermedad.

Si bien la intervención de estas condiciones de vida, el acceso a servicios públicos y saneamiento básico, al mínimo vital de agua, la posibilidad de contar con una vivienda digna, entre otros, no son competencia directa del sector salud, no es claro su liderazgo para articular y movilizar de manera efectiva otros sectores a pesar de conocer a profundidad el comportamiento de la enfermedad y los determinantes que la favorecen.

Hasta tanto las políticas gubernamentales y la acción institucional no afecte realmente las condiciones de pobreza de amplios grupos poblacionales en el país, mientras la gente viva en condiciones de saneamiento precarias y se alimente mal, el dengue seguirá prevaleciendo y haciendo sus estragos.

 

El dengue y la crisis del sistema de salud

 

Si bien el Instituto Nacional de Salud indica que en 2019, el 79,3 por ciento de los pacientes con dengue grave fueron hospitalizados y en 2020 el 96,7 por ciento, ante la grave crisis del sistema de salud, no es suficiente mostrar las cifras y dejar fuera del análisis elementos clave como la accesibilidad y disponibilidad de los servicios de salud, la oportunidad y la calidad de la atención y en general, la garantía del derecho fundamental a la salud.

Recientemente, se presentaron los resultados del primer monitoreo nacional que realizó la Defensoría del Pueblo a los servicios de urgencias en varias ciudades del país4, el cual resalta la sobreocupación de los servicios que pueden llegar hasta el 244 por ciento y rangos de espera que alcanzan las nueve horas tan solo en el triage5, con lo cual la situación de estos servicios pone en riesgo la adecuada atención en salud.

La Defensoría identifica como problemas críticos en los servicios de urgencias, entre otros aspectos, la sobreocupación de los servicios, que lleva a los pacientes a una deshumanizada y agobiante espera en sillas, pasillos y hasta en el suelo, a lo que se suma una dotación insuficiente en términos de talento humano, infraestructura, equipos, entre otros; las barreras de acceso a los usuarios, el trato deshumanizado y en general la ausencia de un modelo de atención integral; situaciones atravesadas por la baja resolutividad de las Eapb (las anteriores EPS), que obliga a los pacientes a consultar por eventos o situaciones que debieron ser resueltas y garantizadas en otros niveles de atención; la crisis hospitalaria y la crisis laboral en el sector salud que lleva a que el talento humano no cuente con vinculación formal con adecuada remuneración.

 

Débil estrategia de salud pública para enfrentar el dengue

 

En la intervención de control de las enfermedades transmitidas por vectores, se resalta la importancia del actuar individual y colectivo y el protagonismo de la comunidad para transformar el entorno y generar condiciones que no favorezcan la producción y desarrollo de criaderos del vector mediante acciones sencillas de recolección de inservibles, manejo adecuado de basuras y depósitos de agua y saneamiento de la vivienda, en este sentido el plan de intervenciones colectivas-PIC, en el ámbito local, debería complementar los planes intersectoriales para el control del dengue.

El plan de intervenciones colectivas6 está compuesto por intervenciones de promoción de la salud y gestión del riesgo, enmarcadas en las estrategias de los planes de salud territorial y cuyo objetivo es impactar positivamente los determinantes sociales de la salud. Estas acciones, según lo define la norma, deben ser contratadas por instituciones con capacidad técnica y operativa garantizando la continuidad y oportunidad de las intervenciones y deberían contribuir al desarrollo de capacidades individuales y colectivas a través del curso de vida, para la transformación de los entornos en los cuales se desarrolla la vida y aumentar con ello el impacto en salud de las políticas públicas.

Las cifras y resultados actuales en relación al control del dengue, son un claro reflejo del impacto de las acciones colectivas en el país. En general, en los municipios y departamentos, no se logra una contratación oportuna que garantice la continuidad de las acciones; éstas son ejecutadas por instituciones sin capacidad técnica y operativa y en lo local se concentran en charlas y actividades repetitivas que no promueven el cambio de conducta ni la movilización social.

En el control de las enfermedades infecciosas en general y en particular en el control del dengue, al parecer, son pocas las lecciones aprendidas, persiste el imaginario del control centrado en el vector, el liderazgo del sector salud para movilizar otros sectores es pobre, las acciones colectivas por elementos de tipo estructural y de implementación tienen un bajo impacto y la crisis hospitalaria y en general del sistema de salud, favorecen los desenlaces negativos. La tendencia epidemiológica de la enfermedad muestra que estamos lejos del control de este brote en el país.

Es una realidad que debe llegar a su fin, toda vez que la sociedad no debe aceptar la situación del dengue como hecho natural: no es natural que la gente viva en condiciones de pobreza, en medio de unas muy precarias condiciones de saneamiento básico, que coma mal, que no sea atendido o mal atendido por el sistema de salud y que muera por condiciones evitables. Debe ser éticamente inaceptable que la gente siga muriendo en el siglo XXI por una enfermedad totalmente prevenible.

 

1 Instituto Nacional de Salud. Informe de evento, 2019. Disponible en: https://www.ins.gov.co/buscador-eventos/Informesdeevento/DENGUE%20PE%20XIII%202019.pdf
2 Instituto Nacional de Salud. Boletín Epidemiológico Semanal. Semana Epidemiológica 05, 2020. Disponible en: https://www.ins.gov.co/buscador-eventos/BoletinEpidemiologico/2020_Boletin_epidemiologico_semana_5.pdf
3 El mosquito Aedes aegypti es el vector responsable de la transmisión de los virus responsables del dengue, la fiebre amarilla, chikunguña, la fiebre de Zika y el Virus Mayaro.
4 El triage, o protocolo de intervención es un método de selección y clasificación de pacientes empleado en la medicina de emergencias y desastres. Evalúa las prioridades de atención, privilegiando la posibilidad de supervivencia, de acuerdo con las necesidades terapéuticas y los recursos disponibles.
5 Dramática radiografía de los servicios de urgencias en Colombia. Periódico El Tiempo. Edición del 10 de febrero de 2020. https://www.eltiempo.com/salud/servicio-de-urgencias-en-colombia-informe-de-la-defensoria-del-pueblo-sobre-situacion-del-pais-460304.
6 Resolución 518 de 2015

* Médica Epidemióloga MSc(c) en Salud Pública. Las opiniones expresadas por la autora son de índole personal y no comprometen las instituciones donde labora.
** Mauricio Torres-Tovar, Médico PhD(c) en Salud Pública, profesor Departamento de Salud Pública, Universidad Nacional de Colombia

 

Publicado enColombia
Jueves, 27 Febrero 2020 05:32

Parasite no es fantasía

Parasite no es fantasía

Una vez al año, trecientos profesores surcoreanos son llevados en autos con ventanas ciegas a un lugar desconocido en la montaña a definir las preguntas del examen anual que rinden 548.000 aspirantes universitarios del que saldrá un ranking nacional: un 4% de alumnos entrará a las tres mejores universidades del país. Esos selectos docentes permanecen un mes incomunicados sin internet ni teléfono. Su misión es secreta por contrato, so pena de ir dos años a la cárcel: salvo la esposa o marido, nadie deberá saber en los siguientes años que ese profesor ha confeccionado esas preguntas.

Antes de comenzar la reclusión voluntaria, un detector de metales garantiza que no ingresen dispositivos electrónicos. Un batallón de servicios secretos del Estado controla que nadie salga ni entre del lugar durante el mes y queman in situ toda la basura para que no sea posible revisar bollos de papel buscando las codiciadas preguntas que se digitalizan un día antes de ir a la imprenta: de allí salen en camiones y la TV lo transmite en vivo.

En una sociedad marcada por la cosmovisión confuciana, la educación es un gran símbolo de status y la posibilidad más cierta de ascenso social. Este tema es el punto de partida del guion de la premiada película Parasite de Bong Joon-ho: un joven de clase baja va a darle clases particulares de inglés a una adolescente de familia rica quien --como casi todo coreano-- vive con una espada de Damocles clavada de nombre Suneung, ese examen que dura ocho horas y veinte minutos donde se define el futuro de casi todo coreano. La película pone de relieve los daños colaterales del Milagro Coreano que generó un desarrollo económico frenético, mientras crecía una desigualdad estratosférica con familias como la del docente de Parasite viviendo en subsuelos que fueron refugio antimisiles (los ricos tienen sus propios búnkeres pero preventivos).

Desde el jardín de infantes, muchos niños son entrenados para vencer y reciben clases de inglés. A tal punto escaló la psicosis educativa que el Estado debió promulgar una ley prohibiendo que los pequeños aprendan inglés antes que coreano. El día del Suneung la bolsa de comercio abre dos horas más tarde y una campaña nacional invita a no sacar el auto a la calle para que el tránsito fluya. Si un estudiante se retrasa 5 minutos no entra y pierde un año de su vida. Se habilita un call center para rezagados y una flota de vehículos policiales que salen con la sirena a rescatar dormilones (algunos duermen en un hotel cercano y se recomienda que el día anterior todos hagan el viaje a modo de prueba). El tránsito se corta 200 metros a la redonda de cada sede y los vuelos se suspenden durante los 40 minutos del examen oral de inglés.

Esa misma tarde se revelan las respuestas del multiple choice y cada quien intuye si sirvió sacrificar la infancia y la adolescencia casi completas para entrar a una buena universidad: lo logran con 490 puntos sobre 500. Algunos tienen más posibilidades: es el caso de los hijos de la familia rica de Parasite que contrata docentes privados en casa en lugar de mandarlos a institutos con aulas de 20 alumnos.

La ONG coreana Mundo lo dice sin eufemismos: “los jóvenes pasan de 70 a 80 horas semanales estudiando y están entre los peores en los ranking mundiales de felicidad y salud mental; su creatividad y sociabilidad están sofocadas”. Muchos adolescentes se levantan antes de las 6 a.m. y los fines de semana también van a institutos de apoyo. Un estudio del Centro de Prevención de Enfermedades de Corea concluyó que los alumnos de secundaria duermen en promedio 5,5 horas por noche y el 83% de los chicos de 5 años asisten a clase extracurricular 5,2 veces por semana. En 2003, el Comité por los Derechos de los Niños de la ONU declaró: “la naturaleza altamente competitiva de este sistema educativo obstaculiza el desarrollo de los niños en su completo potencial”.

Mantener un hijo en Corea del Sur cuesta entre 300.000 y 400.000 dólares hasta que se gradúa en la universidad. Los exitosos en esta carrera social tampoco la tienen fácil: un ingeniero en programación raso en Samsung trabajando 12 horas de lunes a viernes --y unas horas los sábados e incluso domingos-- gana 3000 dólares al mes en una ciudad como Seúl donde un departamento de 80 m² cuesta medio millón de dólares.

Los niveles de stress de la juventud son altos y una suma de 1500 alumnos de primaria, secundaria y terciario se suicidan por año, la mayoría por presiones en el estudio y la soledad derivada del mismo. La debacle trágica en que deriva la frustración de la familia pobre en Parasite es la manera en que explotó en esa “verosímil” ficción la olla de presión coreana, por lo general bien contenida por el confucianismo.

Todo esto comenzó, al menos, durante la dinastía coreana Joseon --siglos XIV a XIX-- que elegía sus funcionarios a través de un riguroso examen y abrazó al confucianismo como ideología de Estado: desde allí permeó a la base social. Según el filósofo chino Confucio, en lo más alto de la escala social se ubicaban los ilustrados, los únicos preparados para gobernar con justeza y honestidad. El cosmos regido por el Tao en el Este de Asia se compone de dos fuerzas complementarias en armonía, donde el hombre es la única disonancia. Confucio propuso máximas virtuosas buscando que ese hombre armonizara con el cosmos y sus semejantes. El primer paso era el respeto sagrado de la autoridad del gobernante y las leyes en pos del equilibrio social. Esa obediencia conservadora debía extenderse a todas las relaciones de la pirámide social: el respeto de los menores a los mayores (“sabios seres del crepúsculo”), de la mujer al hombre, de los hijos a los padres y del campesino al intelectual.

El confucianismo reflejó un modo de pensar colectivo que viene de la cultura del arroz y su trabajo comunitario. El trasfondo es que el individuo no debe rebelarse y tendrá siempre que cumplir bien su rol, siguiendo los rigores productivos y aceptando toda desigualdad y jerarquía. Y tiene que renunciar a su individualidad en función del grupo como totalidad. Todo esto ha sido naturalizado al nivel de un ancestral inconsciente colectivo: por eso es tan difícil cuestionárselo. Cada persona se reduce a un engranaje que, si se sale del curso, será punida por su entorno social. Así funcionan estas sociedades autoreguladas: “clavo que sobresale se hunde de un martillazo”. Si la mayoría acepta que el objetivo central de la vida --y de la nación, ese grupo mayor-- es el progreso vía el estudio para entrar a una compañía tecnológica, todos deben intentar lo mismo. Ese modo de pensar allanó el terreno para la fase hiperproductiva del capitalismo tigreasiático con el soldado corporativo como punta de lanza.

El precio de diferenciarse de la masa --y de no subirse al curso del río social-- implica resignarse a vivir en los subsuelos de la sociedad como la desempleada familia Kim en la película, a riesgo de terminar nadando en una cloaca. Su salvación parece ser parasitar ingeniosamente y sin escrúpulos a una familia rica hipersensible al olor a pobre, e incluso a otros desclasados que no lograron ser parte del exitoso “gran colectivo confuciano” que es Corea del Sur.

Julián Varsavsky es coautor con Daniel Wizenberg del libro Corea, dos caras extremas de una misma nación (Ediciones Continente).

Publicado enInternacional
Manifestación contra el desmantelamiento de Obamacare en Los Ángeles en 2017 Flickr | Molly Adams

Un 60% de los ciudadanos culpa al Gobierno como responsable por no ofrecer una sanidad gratuita o de bajo coste para aquellos que lo necesitan

Ocho millones de estadounidenses han tenido que abrir alguna campaña de crowdfunding para ellos mismos o algún miembro de su familia para poder pagar tratamientos o facturas médicas y otros 12 millones dicen haber iniciado campañas para terceras personas. Son los datos que se desprenden de la última encuesta del Centro Nacional de Investigaciones y Opinión de la Universidad de Chicago.

La encuesta, realizada en noviembre del año pasado, refleja también que uno de cada cinco estadounidenses reconoce que ellos o algún miembro de su familia han contribuido a alguna campaña de recaudación de fondos para afrontar gastos médicos.

En relación a la persona a la que va dirigido el dinero que donan, un 46% reconoce hacerlo con amigos, un 24% para familiares, un 23% decide ayudar a conocidos y un 14%, a compañeros de trabajo. Además, más de un tercio de los estadounidenses ha enviado dinero a personas que no conocía personalmente.

Preguntados por el nivel de responsabilidad del Gobierno de Estados Unidos para ofrecer una sanidad gratuita o de bajo coste para aquellos que lo necesiten, tres de cada cinco cree que es gran o muy responsable por ello, seguido de los hospitales y clínicas médicas (47%), organizaciones benéficas (44%) y médicos (38%). Por el contrario, el 14% de los estadounidenses opina que la Administración tiene poca o ninguna responsabilidad. Además, cuatro de cada diez encuestados atribuyen alguna responsabilidad a los familiares y amigos.

Según un estudio publicado en febrero de 2019, anualmente alrededor de 530.000 personas se declaran insolventes por las deudas médicas. El estudio muestra que incluso la Affordable Care Act (ley de asistencia sanitaria asequible) –un hito de la Administración Obama conocido como Obamacare– que tenía como objetivo conseguir precios asequibles en materia sanitaria tampoco ha logrado reducir esas deudas.

Otros informes han contabilizado que uno de cada seis estadounidenses dice contar con una factura médica sin pagar en su historial. En 2017, esa deuda ascendió hasta los 81.000 millones de dólares, y un 47% de la misma supone cantidades superiores a 600 dólares por persona, de acuerdo con el estudio publicado por Urban Institute.

Según estos mismos estudios, tener un seguro médico de cobertura baja aparece citado como uno de los principales motivos de esas quiebras. Un problema que ni republicanos ni demócratas se ponen de acuerdo para solucionar. Además, Donald Trump siempre ha tenido entre sus planes al frente de la Administración debilitar el Obamacare facilitando que los estados puedan desvincularse de algunos requisitos de la ley y dejar de ofrecer seguros médicos más baratos, lo que podría empeorar la situación de la sanidad estadounidense. Aunque ha pospuesto su derogación para después de las elecciones de noviembre.

Y es que la cuestión de los seguros médicos también ha entrado de lleno en la campaña electoral de cara a las presidenciales. Los demócratas tienen cada uno un plan diferente para solucionar el problema: mientras que los más progresistas, Bernie Sanders y Elizabeth Warren prometen crear un sistema de salud público y universal, Joe Biden, exvicepresidente en la era Obama, y más conservador, pretende reformas parciales de la actual normativa.

Por Álvaro García Hernández

23/02/2020 - 21:09h

Publicado enInternacional
Casi 500 millones de personas no tienen suficiente trabajo en el mundo, informe de la OIT

La Organización Internacional del Trabajo, OIT, presentó recientemente su informe “Perspectivas Sociales y del Empleo en el Mundo: Tendencias 2020”, en el que presenta cifras y analiza la situación del trabajo en el planeta.

Lo que más llama la atención de este informe, es el hecho de que hay 188 millones de desempleados, hay 165 millones que quieren trabajar más horas pagas, y 120 millones vinculadas marginalmente al mundo del trabajo.

El estudio fue presentado el pasado 20 de enero en Ginebra, Suiza, sede de la OIT. Durante el evento el Director General de la OIT, Guy Ryder, dijo textualmente:

Para millones de personas es cada vez más difícil construir vidas mejores basadas en sus trabajos. La persistencia y amplitud de la exclusión y de las desigualdades relacionadas con el trabajo, les impide a estas personas encontrar un trabajo decente y forjarse un futuro mejor. Esta es una conclusión extremadamente preocupante, que tiene repercusiones graves y alarmantes para la cohesión social”.

En ese sentido, el informe resalta el aumento de las protestas sociales en 7 de las 11 zonas en que la OIT divide al mundo. Asegura el estudio que estas protestas tienen que ver, en parte, con las grandes desigualdades que se presentan en los países y que siguen sin resolverse.

“El mensaje cabal de este informe es que los objetivos de lograr el pleno empleo y elevar el nivel de vida en todo el mundo, son tan esenciales hoy en día como siempre” , dice el resumen del estudio publicado en la web de la OIT .

Cuatro mensajes fundamentales

El informe plantea que hay que reflexionar críticamente sobre la idoneidad de los métodos y conceptos en el mundo del trabajo, e introducir cambios de ser necesario. En este punto formula la pregunta de si es fiable mirar la tasa de desempleo para ver el mal funcionamiento del mercado laboral. “Tenemos que entender si las personas en edad de trabajar pueden o no desarrollar todo su potencial en el trabajo” agrega el documento.

La OIT dice que su estudio pretende estar a la altura del desafío que implica tener acceso a nuevos datos para mejorar la comprensión del mundo del trabajo. Presenta 4 ejes fundamentales, a saber:

  1. Es muy probable que la disminución del crecimiento y la falta de inclusión social perjudiquen la capacidad de los países de menores ingresos para reducir la pobreza y mejorar las condiciones de trabajo.
  2. La tasa de subutilización de las personas en edad de trabajar es mucho mayor que la tasa de desempleo en el mundo.
  3. En el mundo falta trabajo decente, entendido éste como contar con un lugar de trabajo seguro, con acceso a la protección social y la posibilidad de afiliarse a un sindicato. En la economía informal este problema es más acentuado.
  4. Prevalecen importantes desigualdades en el acceso al trabajo y en la calidad del mismo. Por ejemplo, en lo que tiene que ver con edad, sexo y ubicación geográfica.

Cambiar las formas de medición

La forma cómo se mide el mundo del trabajo hoy, debe cambiar, plantea el informe de la OIT, organismo que está incorporando otras mediciones para poder adoptar políticas que contribuyan al mejoramiento de empleo y con ello de la calidad de vida de los trabajadores.

En ese sentido, Carlos Julio Díaz, analista de la Escuela Nacional Sindical, considera que las mediciones realizadas no son un fiel reflejo de los indicadores del mundo del trabajo. “Es necesario no solamente revaluar los indicadores que se utilizan en el mundo del trabajo, sino también la métrica que se utiliza para medir la economía” . Coincide con el informe de la OIT cuando dice que el desempleo no está tan asociado al crecimiento económico sino a la desaceleración del sector manufacturero.

En el mundo los sectores que más crecen son los servicios y los financieros, los cuales aportan a la economía, pero poco al empleo, asegura el documento de OIT.

Cómo aparece Colombia

El informe de la OIT distingue 4 denominaciones para las economías del mundo: países de altos ingresos, países de ingresos medios altos, países de ingresos medios bajos, y países de bajos ingresos. Colombia está en el segundo grupo, de ingresos medios altos, junto a otras economías como las de Brasil, China, México, Perú, entre otras.

Colombia hace parte de la región “Latinoamérica y Caribe”, una de las 11 zonas en que la OIT divide a los países del mundo. Según el informe, se estima que para este año 2020 en esta región habrá 291.5 millones de trabajadores, lo que representa un aumento de 3.4 millones en comparación con el 2019.

De la misma manera, en esta región se estima que habrá un total de 67 millones de personas subutilizadas laboralmente. La tasa de desempleo, estimada para la región en 8.1%, se mantiene en el mismo nivel del año anterior.

Publicado enSociedad