Imagen de un establecimiento de Washington D.C en el que se aceptan cupones ELVERT BARNES / WIKIMEDIA COMMONS

El gobierno de Trump está recortando las ayudas de los cupones de alimentos; millones de estadounidenses con pocos recursos perderán su derecho a recibirlos

Muchos estadounidenses con discapacidad o enfermos ya tienen problemas para acceder al sistema o para mantenerlos, aún con las normativas actuales

La nueva normativa excluirá a uno de cada tres beneficiarios, e impiden el acceso a las becas alimentarias que dan las escuelas públicas a 500.000 niños

 

Cuando James Fauntleroy perdió este verano su trabajo en una tienda, rápidamente se dio cuenta de que las ayudas de la seguridad social para personas con discapacidad no eran suficientes para vivir. Entonces recurrió a un sustento del que dependen muchos estadounidenses que están pasando momentos difíciles: los cupones de alimentos, también conocidos como Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria (SNAP, por sus siglas en inglés).

Al principio, Fauntleroy, de 35 años recibió una carta de aprobación que detallaba que contaría con 197 dólares al mes (177 euros) en cupones. Con eso le bastaba para alimentarse. Pero luego llegaron las malas noticias.

"A principios de septiembre recibí otra carta del Departamento de Infancia y Familias de Florida en la que me comunicaban que el monto se reduciría de 197 a 16 dólares (de 177 a 14 euros)", relata Fauntleroy, residente en Orlando, Florida.

Fauntleroy es uno de los 40 millones de estadounidenses con pocos recursos que reciben algún tipo de beneficio del Snap, un programa que el Gobierno de Trump está reformando, recortándolo y excluyendo a millones de estadounidenses. A algunas personas, especialmente aquellas con algún tipo de discapacidad, ya les costaba trabajo arreglárselas con los beneficios que tenían o estaban por caer entre las rendijas del sistema. Ahora, la normativa nueva y más estricta empeorará su situación aún más.

Para Fauntleroy –que tiene una enfermedad en el riñón–, el recorte en los cupones de alimentos es un desastre. "He tenido que abrir una cuenta [de crowdfunding] para que la gente me ayude a pagar mis gastos hasta que pueda encontrar un trabajo de media jornada. Mientras tanto, la comida es cara y además tengo que elegir ciertos alimentos que sean aptos para pacientes con diálisis en el riñón. Es muy difícil y me afecta a nivel mental y emocional", afirma.

Actualmente, depende de un servicio de transporte para personas con discapacitad que lo lleva a un centro de diálisis tres veces a la semana, y aún así tiene que cubrir unos 65 dólares al mes en copagos (58 euros), más los 135 dólares mensuales (121 euros) que le descuentan de su ayuda por discapacidad para pagar el seguro de salud. Actualmente, está buscando otro trabajo de media jornada, porque si gana más del límite de 1.200 dólares al mes (1.076 euros) le quitarían por completo esta prestación.

Sin embargo, el Gobierno de Trump está decidido a recortar los cupones de alimentos. El 5 de diciembre, el Departamento de Agricultura de Estados Unidos anunció una nueva normativa que restringirá la posibilidad de los estados de ofrecer exenciones a los requisitos de trabajo a personas "físicamente capaces" de entre 18 y 49 años, sin dependientes a su cargo.

Actualmente, sin una exención, estas personas no pueden recibir ayudas del Snap por más de tres meses en un período de tres años. Los estados podían ofrecer exenciones a estos requisitos en regiones con alta tasa de paro o insuficiente oferta laboral. Se calcula que la nueva normativa le revocará los beneficios de Snap a 668.000 personas en todo el país. Además, el término "físicamente capaz" es confuso y se presta a la interpretación de quién debe cumplir con los requisitos que determinan las agencias del estado.

La nueva medida del Gobierno de Trump excluiría a uno de cada tres beneficiarios. También se busca limitar los niveles de ingresos permitidos para ingresar al Snap al doble de la línea de pobreza, que representarían unos 50.000 dólares (45.000 euros) al año para una familia de cuatro miembros. La nueva norma también impediría que hogares con más de (2.250 dólares) 2.018 euros en activos, o (3.500 dólares) 3.140 euros para un hogar en el que viva un adulto discapacitado, reciban beneficios de ayuda alimentaria. Como resultado, se calcula que casi tres millones de estadounidenses perderán sus beneficios del Snap.

Una tercera norma recortaría más de 4.500 millones de dólares (4.000 millones de euros) del presupuesto del Snap en los próximos cinco años, afectando a una de cada cinco familias beneficiarias.

Estas nuevas normativas han recibido críticas por excluir de los beneficios a millones de estadounidenses que viven en la pobreza y por impedir el acceso a las becas alimentarias que dan las escuelas públicas a 500.000 niños.

Las dificultades de enfermos y discapacitados

Sin embargo, muchos estadounidenses con discapacidad o enfermos ya tienen problemas para acceder a los beneficios del SnapSnap o para mantenerlos, aún con las normativas actuales. Su situación, que ya es difícil, empeorará aún más.

Son personas como Virgil Garwood (37), de Woodville, Ohio, que recibía solamente 50 dólares al mes (45 euros) de beneficios del Snap mientras luchaba contra un cáncer de tiroides. Garwood recibe una ayuda por discapacidad y no puede trabajar por las convulsiones y el deterioro óseo que le generaron los tratamientos médicos y las numerosas cirugías. Con el Gobierno de Trump, los beneficios se le redujeron a solo 15 dólares (13,5 euros) al mes, aunque su situación económica no ha cambiado en nada.

"El estado donde vivo exige que los beneficiarios del Snap vayan a clases sobre nutrición adecuada, otra clase sobre economía familiar, y luego una clase que explica el programa y cómo buscar empleo. Se supone que todo el tiempo que recibes prestaciones del programa tienes que estar buscando trabajo y debes presentar pruebas de ello", explica Garwood. "Tuve que salirme del programa porque ir a las clases para mantener las prestaciones me costaba más que los 15 dólares (13,5 euros) que recibía".

Jennifer Pracht, de Winston-Salem, Carolina del Norte, cuenta con el SnapSnap para alimentar a su hija de 14 años y a sí misma desde 2012, año en que quedó discapacitada y sin poder trabajar a causa de una lesión en la columna vertebral.

"Por alguna razón, este año me recortaron los cupones a 105 dólares mensuales (94 euros). Mi situación no ha cambiado en nada como para que me reduzcan la ayuda. Pero de todas formas lo han hecho", afirma Pracht. Ahora le preocupa que haya más recortes en el futuro.

"No tengo idea de cómo haré para comprar alimentos durante todo el mes, mucho menos si pretendo que la comida sea sana. Ya no podré comprar comida sana porque es mucho más cara".

Varias personas que hablaron con The Guardian sobre su experiencia con los beneficios del Snap pidieron que no se revele su nombre o que no se publique su apellido.

Lisa, de 40 años de Michigan, comenzó a recibir beneficios del Snap en abril de 2018, mientras esperaba que se apruebe su solicitud de una ayuda por discapacidad. En octubre de 2018, fue excluida del Snap por los requisitos laborales.

"La inseguridad alimentaria ha sido una constante. Llevaba un cálculo mental de la comida que tenía en casa y para cuántos días me alcanzaba, teniendo en cuenta cuántos días faltaban para que volviera a recibir la ayuda", dice Lisa. "No es mucho dinero. Esto no se trata de gente que vive a cuerpo de rey a costa del dinero de los contribuyentes. Somos personas que intentamos sobrevivir, y ese pequeño monto de dinero es un regalo del cielo".

Una mujer de 40 años en Berwick del Sur, Maine, actualmente recibe 130 dólares al mes (117 euros) del Snap y una ayuda por discapacidad, ya que sufre el síndrome de Ehler-Danlos, una enfermedad vascular genética, además de otras enfermedades discapacitantes.

Gran parte de su ayuda por discapacidad es destinada a pagar el alquiler, ya que hace poco logró acceder a una vivienda estable tras años de luchar por salir de la indigencia. No cuenta con transporte para ir a comprar alimentos y tiene que seguir una dieta especial a causa de su discapacidad.

"Siempre tengo que separar una parte de mi ayuda por discapacidad –que es de unos 684 euros al mes– para pagar comida y transporte", dice. "Creo que 130 dólares al mes no le alcanzarían a nadie para vivir, y yo recibo el beneficio máximo, teniendo en cuenta que tengo varias discapacidades y no puedo encontrar trabajo".

Por, Michael Sainato

23/12/2019 - 21:06h

Traducido por Lucía Balducci

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Cascos azules de la ONU, brasileños y uruguayos, violaron a 2.000 mujeres y niñas en Haití

Más de 2.000 mujeres en Haití, muchas de ellas menores, han sufrido abusos sexuales por parte de las fuerzas de paz desplegadas por las Naciones Unidas (Minustah) desde 2004 hasta 2017, según un estudio realizado por las profesoras británicas Sabine Lee y Susan Bartels, de la Universidad de Birmingham.

El mismo determinó que cientos de mujeres y niñas haitianas que vivían en las cercanías de las bases de la ONU fueron abusadas sexualmente. La investigación que fue publicada en el medio académico The Conversation, se basó en 2.500 entrevistas a mujeres de Haití a las que se les preguntó cómo es ser una mujer o niña que vive en una comunidad que acoge una misión de paz.

La prensa brasileña señaló que, comandados por general Augusto Heleno, militares  brasileños abandonaron más de 200 hijos en Haití.

De  acuerdo con los testimonios, los militares y otros funcionarios de las Naciones Unidas encargados de restablecer la paz en la zona habrían mantenido encuentros sexuales incluso con niñas de 11 años, aprovechándose de la pobreza y miseria que varios años de guerra civil y catástrofes meteorológicas han provocado entre la población.

Fruto de estos abusos, muchas de las mujeres –entre las que se cuentan menores– han concebido niños que han pasado ser conocidos como los ‘Petit Minustah’, en referencia al acrónimo de la misión de paz de la ONU en Haití. Algunas fuentes hablan de que cerca de un centenar de niños concebidos tras las violaciones. Según el informe, en el 28,3 % de las 265 historias de embarazos producidas por cascos azules hubo personal uruguayo identificado y en el 21,9 % personal brasilero

Cerca de un 10 % de los entrevistados han mencionado la existencia de niños concebidos después de los encuentros sexuales que se habrían producido, mientras otros tantos hablan de que algunos funcionarios de la delegación de la ONU “ponían monedas en las manos de las niñas” o les daban comida a cambio de estos favores.

Por su parte un portavoz de las Naciones Unidas ha asegurado que desde la organización se toman muy en serio estos problemas y reconocen que al menos hay 29 víctimas y 32 niños nacidos de estos abusos sexuales. En ese sentido ha informado de que la ONU está “activamente involucrada” y actualmente garantiza que los pequeños y sus madres están recibiendo la manutención y cuidados adecuados.

El estudio ha recogido unas 2.000 entrevistas a personas que residían cerca de las bases militares que la ONU asentó en la isla desde 2004 y denuncia que la política de actuación de la ONU es “ineficaz”, puesto que de acuerdo con el sistema actual, la organización internacional no puede procesar a sus trabajadores por los atropellos cometidos durante el cumplimiento de sus labores en el extranjero.

“El entrenamiento debe ir más allá, no puede ser que vengan a un sitio, violen a una mujer y se vayan”, ha denunciado Lee, para quien la ONU debería plantear medidas disciplinarias más duras contra aquellos soldados y mandos que lleven a cabo este tipo de abusos y conductas sexuales.

Niñas embarazadas por militares brasileños y uruguayos

Entre los casos más dramáticos se registraron niñas de 11 años embarazadas. “Te daban unas monedas y a cambio te metían un bebé”, dice uno de los testimonios.  265 de estas mujeres hablaron, sin que se les preguntará directamente, sobre situaciones de abusos. Entre estas se incluían casos de niñas hasta de 11 años y en donde algunos abusos terminaron en embarazos.

Asimismo se especifica que los violadoes, eran “cascos azules” que provenían de 13 países, pero que en su mayoría correspondían a brasileños y uruguayos.

Se agrega que los militares ofrecían comida a cambio de tener relaciones sexuales y se resalta el hecho de que los miembros de las misiones de paz involucrados sólo eran sancionados con ser de vueltos a su país de origen, sin ningún otro tipo de condena.

Mientras aún resonaban los ecos de la denuncia por la violación del joven haitiano Johny Jean a manos de cinco soldados uruguayos en 2011, la ONU denunció la presunta «mala conducta» de efectivos uruguayos en la ciudad dominicana de Dajabón, donde fueron acusados de violar a mujeres, entre ellas menores de edad.

El caso más reciente tiene que ver con tres investigaciones abiertas a partir de una denuncia presentada por la ONU el 15 de octubre de 2012 ante la cancillería uruguaya.

Ante todo esto el ministro de Exteriores haitiano, Bocchit Edmond, exigió justicia para las casi 2.000 mujeres y niñas que se han visto afectadas durante las misiones de paz de la ONU entre 2004 y 2017.

Los “haitianos” en el gobierno de Bolsonaro

Los fantasmas de la masacre de Haití persiguen a los generales del G obierno de Jair Bolsonaro, la “clase haitiana” que ocupa posiciones estratégicas en Brasilia, lo que hace difícil cualquier tipo de sanción para los violadores.

Al amanecer del 6 de julio de 2005, las tropas de la Misión de Estabilización de la ONU en Haití (Minustah), lideradas por el general brasileño Augusto Heleno, llevaron a cabo una operación de «pacificación» en Cité Soleil, el barrio marginal más grande de la capital haitiana, Puerto Príncipe.

Según los testigos, unos 300 hombres fuertemente armados, comandados por Heleno, irrumpieron en el vecindario y mataron a 63 personas, dejando a otras 30 heridas. Hoy Heleno es el primer ministro de la Oficina de Seguridad Institucional (GSI), responsable de la inteligencia del Gobierno de Jair Bolsonaro.

Además de los generales Floriano Peixoto (Secretario General de la Presidencia) y  Augusto Heleno, otros tres ministros estaban en el país caribeño: los generales Ferando Azevedo da Silva (ministro de Defensa) y Carlos Alberto dos Santos Cruz  (Secretaría de Gobierno), además del capitán Tarcisio Gomes de Freitas (Infraestructura).

También cuatro secretarías estratégicas están en manos de la “clase haitiana”: el coronel José Arnon dos Santos Guerra y Freibergue Rubem no Nascimento, en el Ministerio de Justicia, el general Edson Leal Pujol, en Defensa, y el portavoz de la Presidencia general Otávio Santana do Rêgo Barros, además del general Ajax Porto Pinheiro asesor especial del presidente del Tribunal Supremo Federal (STF), Dias Toffoli.

Por Juraima Almeida

Centro Latinoamericano de Análisis Estratégico (CLAE)

Juraima Almeida es investigadora brasileña, analista asociada al Centro Latinoamericano de Análisis Estratégico (CLAE)

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Así es la desigualdad en Latinoamérica: hasta 18 años menos de esperanza de vida

Un grupo de científicos mapea por primera vez la "extrema" magnitud de las disparidades en varias ciudades de América Latina

 

Una mujer que reside en una de las zonas menos favorecidas de Santiago de Chile vivirá 18 años menos que otra mujer que viva en la misma ciudad, pero en un barrio más pudiente. La vida de esta mujer —y de muchas otras— será casi dos décadas más corta por culpa de las brutales desigualdades que sufre la capital chilena, que estos días protagoniza numerosas revueltas contra su gobierno con estas injusticias como principal argumento.

"Suponíamos que en Panamá y en Santiago las diferencias iban a ser importantes porque son dos países con mucha desigualdad y las grandes ciudades suelen representar la desigualdad de los países", reconoce Usama Bilal, "pero en el caso de Santiago de Chile nos sorprendió la magnitud del problema". Este epidemiólogo español, investigador de la Universidad de Drexel, es el autor principal de un estudio que publica The Lancet Planetary Health y que pone cifras por primera vez a la desigualdad social en seis grandes ciudades latinoamericanas que suman más de 50 millones de habitantes.

"Ahora mismo en Santiago hay protestas y en el mismo centro de esas protestas está la desigualdad social. Nosotros damos datos a la gente para que puedan probar que es real, que existe. Y que sea la sociedad la que responda si esta desigualdad es socialmente aceptable", asegura Bilal. Y añade: "Estos datos pueden empoderar a los ciudadanos para plantearle demandas a sus gobernantes".

En Santiago, dependiendo de la zona de la ciudad, las diferencias de esperanza de vida son esos dieciocho años en mujeres y nueve en hombres; en la ciudad de Panamá, de unos quince años para ambos sexos; en Ciudad de México, de once para hombres y nueve para mujeres; en Buenos Aires (Argentina) y en Belo Horizonte (Brasil), de cuatro y seis; y de cuatro y tres en San José de Costa Rica.

“Estos resultados destacan la importancia de desarrollar políticas urbanas enfocadas a reducir desigualdades sociales y mejorar condiciones sociales y ambientales en los barrios más pobres de las ciudades de Latinoamérica”, señala Ana Diez Roux, coautora del estudio e investigadora principal del proyecto SALURBAL, que estudia cómo influyen las políticas y distribuciones urbanas en la salud de los latinoamericanos.

"Viendo los mapas observamos unos patrones muy claros en algunos lugares; por ejemplo, si observas un mapa de la pobreza de Santiago, tienes prácticamente nuestro mapa de esperanza de vida de la ciudad, pero al revés", afirma Bilal. "Estos patrones que aparecen en las ciudades nos muestran que no es aleatorio ese reparto de la esperanza de vida y que ese algo determina la segregación espacial", ahonda el especialista de 33 años.

En el caso de Santiago de Chile les sorprende la magnitud de la diferencia, casi 20 años, porque son desigualdades que se suelen encontrar en unidades urbanas más pequeñas: en el ámbito del barrio y no del distrito. Sin embargo, en Madrid (España) hay diferencias de 10 años de esperanza de vida entre los barrios más privilegiados y los más desfavorecidos (solo de cuatro años entre distritos), mientras que en Buenos Aires están en torno a la mitad. "Cuando hay pocas diferencias puede deberse a que las unidades urbanas sean muy heterogéneas", avisa Bilal, de modo que la segregación no esté tan segmentada. En este estudio no pueden difundir esperanzas de vida exactas asociadas a barrios concretos por cuestiones de confidencialidad.

Brecha educativa y económica

Para analizar el impacto del nivel socioeconómico en estas diferencias, estos científicos han usado datos del nivel educativo, que les han servido de indicador claro de los recursos de cada segmento de la población, que puede explicar gran parte de esta brecha. En el caso de Santiago, la diferencia en esperanza de vida entre las áreas con mayores y menores niveles de estudios puede llegar a ser hasta ocho años para hombres y doce años en el caso de las mujeres.

“Esta es la primera vez que se mapea la magnitud extrema de las desigualdades en esperanza de vida en varias ciudades de Latinoamérica, y constituye un primer paso fundamental para poder disminuirlas o erradicarlas en un futuro”, asegura el epidemiólogo. Ha empezado con seis, pero Bilal tiene dos millones de dólares de los Institutos Nacionales de Salud de EE UU (NIH) para estudiar la salud de los habitantes de las más de 700 ciudades con más de 100.000 habitantes de EE UU y diez países latinoamericanos.

Latinoamérica es una de las regiones más desiguales del planeta, pero muchas de estas injusticias permanecen sin concretar, o desconocidas, por falta de datos concretos que los materialicen en toda su crudeza encima de la mesa. Y las ciudades son buenos laboratorios en los que estudiar estos problemas sociales que lastran la salud de la población como la peor de las epidemias. De ahí que un equipo de epidemiólogos, coordinado por Bilal, se haya decidido a poner el microscopio en la desigualdad urbana latinoamericana, donde vive el 80% de la población.

Este estudio es la prueba de concepto de que sus mediciones funcionan, por eso escogieron ciudades que tuvieran buenos datos de gran cantidad de distritos distintos (o comunas). Más adelante irán reduciendo las dimensiones de las esas células mínimas de estudio a bloques más pequeños, lo que llamaríamos una sección censal en España, por ejemplo, con datos que les permitan georreferenciar las muertes y encontrar patrones y correlaciones más claras.

Los investigadores han observado mayor diferencia dentro de las urbes que entre ellas, como explica Bilal: "Si comparamos entre las ciudades, la desigualdad es menor que dentro de ellas, por eso no suele ser muy útil cuando hablamos de la esperanza de vida de una ciudad entera, menos si hablamos de la esperanza de vida de los países".

Por JAVIER SALAS

10 DIC 2019 - 18:52 COT

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La desigualdad enturbia el tímido avance de América Latina en desarrollo humano

Argentina, Venezuela y Nicaragua registran retrocesos en el indicador de la ONU. En el resto de la región las mejoras son escasas, con la inequidad penalizando sistemáticamente

 

 El desarrollo humano avanza en América Latina, aunque a un ritmo notablemente más bajo que en el resto del mundo y menor al de las últimas décadas. Todos los países de la región salvo tres —ArgentinaVenezuela y Nicaragua, todas ellas economías inmersas en crisis económicas y políticas— mejoraron el año pasado en el índice de desarrollo humano (IDH que aglutina un buen número de variables en todos los ámbitos) publicado este lunes por Naciones Unidas. La inequidad se ceba muy especialmente con el subcontinente —la región más desigual del mundo—, corrigiendo a la baja sistemáticamente las mediciones de prácticamente todos los países del área. El IDH es una fórmula de medición del bienestar de la población mucho más completa que la renta per cápita: no se queda en los factores económicos e incluye variables como la esperanza de vida o la calidad educativa.

"Aunque las medidas de desigualdad han mejorado en muchos países de la región, los niveles siguen siendo muy altos", analiza Pedro Concencião, director del informe. "Ha habido, también, progresos en salud y en educación. Pero el ingreso tampoco ha acompañado, en especial desde 2014". BrasilMéxicoColombiaChileParaguay o Panamá son algunos de los casos más paradigmáticos de cómo las amplias diferencias de ingresos merman el progreso social. El primero, responsable de la mayor parte del incremento de la pobreza extrema en la región durante el último lustro, se deja 23 puestos en la clasificación de Naciones Unidas cuando se incorpora el factor inequidad; Chile, durante décadas tomado como ejemplo de las políticas de liberalización económica en la región e inmerso ahora en el periodo social más convulso desde el final de la dictadura de Augusto Pinochet, con un alzamiento social contra la injusticia social y la ausencia de un Estado verdaderamente protector, retrocede hasta 14 lugares; México cae 17 puestos; Colombia, 16; y Paraguay y Panamá, 14 y 13 respectivamente. En todos estos países, la métrica más común de dispersión de rentas, el coeficiente de Gini, supera —con creces, en el caso de Brasil— la media mundial y del resto de países en vías de desarrollo.

En el caso latinoamericano, el administrador del PNUD y presidente del Grupo de Naciones Unidas para el Desarrollo, Achim Steiner vincula sin ambages la reciente oleada de protestas sociales en varios países de la región —Chile, Ecuador y Colombia, entre otros— con una "sensación generalizada de descontento en la población" y con la desigualdad misma. El caso chileno es, quizá, el más claro cuando se cruzan los datos de la ONU con las reclamaciones de los manifestantes que han tomado Santiago y el resto de grandes ciudades chilenas: en un país en el que las demandas sociales apuntan claramente a la ausencia (o mala calidad) de los servicios públicos, la prosperidad —es uno de los más ricos de la región— no lo es todo y las diferencias de renta y la discriminación social pesan —y mucho— sobre el bienestar general.

 

Monográfico sobre inequidad

El PNUD suele centrar una parte importante de su análisis anual en la influencia de la inequidad sobre el índice en todas las regiones del mundo. Esta vez, sin embargo, el énfasis es mucho mayor. Los datos justifican claramente el porqué de esta mayor preocupación del organismo: mientras el avance global en pobreza extrema es indudable, apuntan los técnicos del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) —un punto en el que América Latina también ha pinchado en hueso en los últimos cinco años—, "las brechas de desigualdad siguen en niveles inaceptables". En un país de desarrollo humano muy alto, una persona de 40 años que pertenece al 1% más rico tendrá una esperanza de vida de entre 10 y 15 años más que alguien que pertenezca al 1% más pobre. Y mientras un niño nacido en el año 2000 tiene un 50% de probabilidades de estar hoy en la universidad, otro nacido el mismo año en un país de desarrollo humano bajo (como Haití, por citar un caso de la región) tiene un 83% de probabilidad de haber sobrevivido y solo un 3% de estar cursando hoy estudios superiores.

Más datos del PNUD que sustentan por qué en los últimos años el problema de la desigualdad no ha dejado de ganar peso en la escala de preocupaciones de los principales organismos internacionales: si el crecimiento económico sigue la pauta fijada por el Fondo Monetario Internacional (FMI) en su cuadro de proyecciones, el número de personas en situación de extrema pobreza en todo el mundo se mantendrá por encima de los 550 millones —más que la suma de las poblaciones de EE UU y Brasil—; si, por el contrario, cada año se lograse reducir el índice de Gini en un 1%, 100 millones de personas más saldrían de la carestía extrema. En el caso de los países emergentes, el problema de desigualdad está, en gran medida, en la incapacidad redistributiva del Estado: la posición de partida es prácticamente la misma que la de las economías avanzadas, pero a diferencia de estas últimas, los impuestos y las transferencias públicas apenas logran corregir las diferencias de renta.

Pese a la lectura habitual de la inequidad como mera medida económica, la ONU anima a ir un paso más allá. "Tenemos todavía un sentido de la desigualdad del siglo XX, únicamente vinculado a la renta per cápita", apunta Steiner. "Pero estas desigualdades económicas iniciales han dado lugar a una nueva generación de inequidad: microdesigualdades que parten de la percepción de que 'mi hijo nace en una situación de desventaja'. Y eso revela una falta de movilidad social". En América Latina, esa ruptura del ascensor social se hace especialmente evidente.

Salvo los citados casos de Argentina —que pierde dos lugares en la clasificación global pero que, pese a todo, sigue siendo el único representante latinoamericano junto con Chile entre los países con IDH muy alto—, Venezuela —que retrocede 26 puestos desde 2013, el mayor retroceso en todo el mundo y que suma su cuarta caída anual consecutiva— y Nicaragua, la evolución del indicador de desarrollo humano es positiva en la región. Con un importante pero: es la zona del mundo que registra el menor avance en este apartado desde 2010: menos del 0,5% anual, la mitad que Asia del Sur y el África subsahariana. En el lado opuesto, las mayores mejoras en 2018 se registran en Perú, que escala cuatro puestos, y en Bolivia, que ya se ha sumado al grupo de países con desarrollo económico alto y que es, de lejos, el país en el que más mejoran las condiciones de vida de sus ciudadanos en las tres últimas décadas. En ambos casos, matiza Concencião, buena parte de la mejora es achacable al crecimiento económico Dos buenas noticias, en todo caso, en un entorno marcadamente negativo por el efecto arrastre de la desigualdad sobre el desarrollo humano.

 

Por IGNACIO FARIZA

Madrid 9 DIC 2019 - 15:22 COT

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Lunes, 02 Diciembre 2019 06:35

Desigual

Desigual

En su reciente libro, titulado Capital e ideología, Thomas Piketty propone que esa investigación en torno a la desigualdad económica y social lo lleva a plantear que “la historia de todas las sociedades que han existido hasta nuestros días es la historia de la lucha de las ideologías y de la búsqueda de la justicia”.

Afirma que tiene la tentación de reformular así el famoso enunciado acerca de que dicha historia es la de la lucha de clases. Volvemos, pues, a febrero de 1848. No es claro lo que esta iniciativa aporta al conocimiento del tema, que centra buena parte del debate actual sobre la desigualdad en el capitalismo”.

Joaquín Estefanía, periodista español, expresa que la profusa investigación sobre la desigualdad realizada por el autor francés en este libro y el anterior, El capital en el siglo XXI, lanza la discusión hacia adelante, pues se enmarca en la universal Declaración de los Derechos del Hombre de 1789 y no en una u otra discutible doctrina económica.

Claro está que ideas e ideología cuentan para la historia. Cabría, entonces, recordar a Keynes: “Las ideas de economistas y filósofos políticos, tanto cuando son correctas como cuando están equivocadas, son más poderosas de lo que comúnmente se cree. En realidad el mundo está gobernado por poco más que esto. Los hombres prácticos, que se creen exentos por completo de cualquier influencia intelectual, son generalmente esclavos de algún economista difunto”.

La notoriedad de Piketty es producto de un trabajo extenso y profundo, sin duda, y resulta provocador en una situación en la que la desigualdad se ha puesto en el centro de la discusión política en muchas sociedades, incluso en países con más alto nivel de desarrollo.

El paso hacia la transformación de los acuerdos esenciales, que configuran un entorno social y económico determinado y que ahora rebasa los espacios de índole nacional, es problemático.

En una entrevista publicada en el diario El País (24/11/19), Piketty no alienta un cambio radical del sistema vigente. Dice que no puede haber una hiperconcentración del poder en un número reducido de personas y que el poder debe circular.

Reconoce que hay una evolución hacia una mayor igualdad y que aunque las disparidades han crecido desde las décadas de 1980 o 1990, son menores que hace un siglo.

De ahí parte su visión acerca de cómo incidir, por la vía de las políticas públicas y los acuerdos políticos democráticos, en una redistribución del ingreso y la riqueza.

Cabe preguntar si ese conjunto extenso de medidas son una forma de ajustar un sistema social desgastado y que genera más desigualdad y conflictos. Un ajuste del tipo del New Deal, en Estados Unidos, luego de la crisis de 1929-1933, o del surgido con el Informe Beveridge, en Gran Bretaña, en 1942. Las condiciones no son las mismas. Eso es claro.

Hay muchas aristas en el planteamiento de Thomas Piketty que indican la complejidad real que entraña su enfoque. Apunta hacia la dirección que debe tomar el capitalismo. La propiedad privada, dice, es útil para el desarrollo económico, pero sólo en un marco de equilibrios con otro tipo de derechos.

Dice que sí a la propiedad privada mientras se mantenga en lo razonable y que, colectivamente, se establezcan sus límites. Observemos que las reformas económicas en China de las últimas décadas han sido, precisamente, un modo de redefinir los derechos de propiedad con fines económicos de potenciar el crecimiento productivo y retener el control político.

Y ahí está el problema, en convenir –y cómo hacerlo– sobre lo que es o no razonable y, por tanto, admisible, como un tipo de acuerdo social que se sostenga y sea funcional. No hay criterios económicos que se den en el vacío. Tienen siempre una consideración política.

La idea que expone Piketty es que se requiere participación social en la política, pero igualmente en la economía. El asunto se ha planteado ya desde distintos frentes. Amartya Sen, por ejemplo, ubica el problema en el campo de las oportunidades. Una forma alternativa y, tal vez, más general de plantearlo sería a partir de las condiciones de acceso de distintos grupos e individuos a una multitud de cuestiones que definen lo que se puede hacer y los resultados que se obtienen en materia de riqueza y también de influencia, y cómo es que esto se reproduce consolidando en acceso y poder. El acceso, ciertamente, está más distribuido.

Una discusión como la que se ha abierto a partir de las condiciones provocadas por el llamado neoliberalismo en las tres últimas décadas, junto con las repercusiones de la crisis financiera de 2008 y los entresijos que dejó expuestos en la arena política, tiene que ver con el aspecto moral de la desigualdad.

Esto entraña serias dificultades. Dice Harry Frankfurt, en su opúsculo titulado Sobre la desigualdad, que el enfoque en la desigualdad no es en sí mismo objetable. El asunto crucial reside en reducir tanto la pobreza como la afluencia excesiva. “La igualdad económica no es un ideal moralmente persuasivo. El objetivo primario debe ser reparar una sociedad en la que muchos tienen muy poco y otros el bienestar y la influencia que conlleva la concentración de la riqueza”.

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Viernes, 29 Noviembre 2019 06:03

Botín de guerra y excusa

Botín de guerra y excusa

Es innegable que durante los 14 años del gobierno de Evo Morales ha habido una notable reducción de la pobreza a través de políticas públicas de redistribución de la riqueza. Asimismo, no se puede negar que, aunque sea de manera limitada y muchas veces simbólica, el Estado hizo un esfuerzo histórico por reconocer a la mayoría aymara, quechua y guaraní del país, transformándose en un Estado plurinacional. Pero la pregunta es: ¿sobre qué modelo económico se sustentan estas políticas redistributivas y antirracistas?

La respuesta a esta pregunta y la mejor guía para entender la situación se encuentran en las potentes intervenciones del movimiento feminista boliviano. Uno de estos grupos es Mujeres Creando. En 2017 este colectivo feminista aceptó una invitación de la bienal de arte de Bolivia para pintar un mural, siempre que pudiera llevarse a cabo en la fachada del Museo Nacional de Arte. En el centro de este “altar profano” aparecía el escudo de Bolivia con el Cerro Rico de Potosí clavado sobre la espalda de un hombre arrodillado en posición de sumisión. El pene del hombre estaba amarrado con una cadena a una pesa de oro. A los lados podía leerse: “Ni la tierra ni las mujeres somos territorio de conquista” y “No hay nada más parecido a una machista de derechas que un machista de izquierdas”.

Las feministas ponían así el dedo en la llaga –el mural duró menos de 24 horas sin ser profanado– mostrando que las políticas extractivistas del Estado no se asentaban sobre una lógica de género neutral, sino sobre una solidaridad interna entre el colonialismo y el patriarcado que transforma los cuerpos de las mujeres y la tierra en mercancía y botín de guerra. En efecto, el gobierno de Morales no sólo no modificó la lógica colonial extractiva del país, sino que amplió el extractivismo al otorgar más licencias mineras, intensificar la explotación del litio, ampliar la frontera de los agronegocios y pactar con la oligarquía que ahora lo echa del poder.

La lógica extractivista-patriarcal llega a su paroxismo con el conflicto del Territorio Indígena del Parque Nacional Isiboro Sécure (Tipnis), en 2010 y 2011. El gobierno del Mas pretendía construir una carretera que cortaría a la mitad este territorio guaraní en pleno corazón de la Amazonia para facilitar la extracción de hidrocarburos en el centro del parque y la extensión de los agronegocios. La oposición de los habitantes del territorio fue duramente reprimida por el gobierno de Morales. Una de las personas que acompañaban la marcha en defensa del Tipnis era Esther Argollo, una de las autoras del mural de Mujeres Creando. En 2017 tuve la oportunidad de entrevistarla y me describió, todavía conmocionada, la brutal represión de la policía de Morales en el pueblo de Chaparina: “Nos invadieron el campamento, nos cercaron, lanzaron gases, sacaron a los indígenas del lugar donde estábamos a patadas, a golpes, les amarraron, les taparon las bocas, tuve que correr con un niño al monte, porque… Era una señora, de las indígenas que estábamos en el campamento, era un domingo… La señora estaba con dos niños, uno se lo dio a uno de los indígenas y corrió al monte y el otro me lo dio a mí”.

UN PROYECTO NACIONALISTA EXTRACTIVISTA. 

El relato de la izquierda –golpe de Estado, Cia, Evo víctima, oligarquía racista, retorno de la Biblia al Palacio– se sutura definitivamente con la aparición del litio como botín de guerra. Bolivia cuenta con grandes reservas de litio en los salares de Uyuni y Coipasa y, en ese sentido, es totalmente plausible que la oligarquía blanca del país, en connivencia con algunas potencias extranjeras (Estados Unidos, pero también China, Rusia o Alemania), esté afilándose los colmillos para subastarse el litio.

Tras la llegada al poder de Evo Morales en 2008, los yacimientos de litio pasaron a ser una concesión de la Comisión Minera Boliviana, y se creó la Dirección Nacional de Recursos Evaporíticos, a cargo de Luis Alberto Echazú. El modo en que se realiza la transferencia de los terrenos ya es sospechoso. Tras haber recorrido todas las comunidades que se ubican alrededor del salar de Uyuni, puedo asegurar que en ninguna de ellas hubo consulta previa, libre e informada, como exige el artículo 169 de la Oit para autorizar la explotación de litio en territorio indígena. En lugar de eso, se recurrió al apoyo de una organización masista, la Federación Regional Única de Trabajadores Campesinos del Altiplano Sur (Frutcas). Pero este subterfugio legal no significa que todos los ayllus del salar estén de acuerdo con la explotación del litio. Hay comunidades como Llica que están en desacuerdo, y otras que lo aceptaron porque no veían otra opción.

Pero el asunto central es que se trataba nuevamente de un proyecto nacionalista extractivista. Los ingenieros de la planta de Llipi Llipi me explicaron en 2016 que se iba a tratar de un proyecto completamente boliviano, ejecutado con capital boliviano, recursos humanos bolivianos y cuyos beneficios recaerían en el pueblo boliviano. Cuando les preguntaba sobre los potenciales impactos ambientales que iba a provocar la extracción, no solamente por el gasto de agua sino por los residuos que iba a generar la inyección de grandes dosis de cal en el salar para separar el magnesio del litio, respondían de nuevo con el imaginario nacionalista en el que el “oro blanco” prometía sacar, una vez más, al pueblo boliviano de la miseria.

La versión de algunos líderes de Frutcas era todavía más siniestra, pues cuando pregunté a Humberto Ticona, uno de sus líderes, si no veía contradicción entre los artículos de la Constitución en defensa de la Pachamama y la extracción del litio, me respondió: “Claro, por ejemplo, ¿el litio de dónde viene? De las entrañas de la tierra. La Pachamama nos está dando una alternativa a sus hijos para poder sobrevivir”.

El último episodio de la saga se remonta a abril de 2018, momento en el que el gobierno de Evo Morales firma una acuerdo con la empresa alemana Aci Systems Gmbh para su explotación en régimen mixto con el Estado. El acuerdo ha sido finalmente revocado por las presiones de las comunidades circundantes al salar y de miembros del Comité Cívico Potosino. La negativa de las comunidades se debe, en parte, a su deseo de participar más activamente en los beneficios de la explotación, pero también a que, como me fue manifestado en múltiples entrevistas con miembros del pueblo Llica, las comunidades indígenas piensan que el salar es un ser vivo sagrado.

El gobierno de Evo Morales, con toda su retórica pachamámica, jamás se ha planteado escuchar a estas comunidades o repensar la explotación del litio para preservar un espacio sagrado y de alta biodiversidad, ni antes ni ahora; lo que estaba en juego era simplemente el modelo de explotación y la distribución de los beneficios. La izquierda internacional, que tanto se preocupa, y con razón, por la situación en Bolivia, debería escuchar a esta gente y a todos los colectivos de la sociedad civil que no están afiliados con ninguno de los caudillos en pugna, como por ejemplo, Colectivo Curva, Colectivo Ch’ixi, Comunidad Pukara, Nación Qhara Qhara, Nación Yampara, Parlamento de Mujeres, Red Unitas y Trabajadores Originarios Quechuas de la Provincia Oropeza.

Luis Martín-Cabrera. director del Programa de Estudios Latinoamericanos de la Universidad de California en San Diego.

29 noviembre, 2019

 Tomado de La Marea mediante una licencia de Creative Commons. Brecha reproduce fragmentos.

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Alicia Bárcena, secretaria ejecutiva de la Cepal

El pasado 24 de octubre conmemoramos el 74 aniversario desde la entrada en vigor de la Carta de las Naciones Unidas, el esfuerzo multilateral más articulado que el mundo haya realizado en la búsqueda de la resolución pacífica de conflictos, del desarrollo y el bienestar para nuestros pueblos.

Hoy, cuando transitamos el ineludible camino hacia el desarrollo sostenible, es más urgente que nunca reafirmar que la igualdad debe ser motor del desarrollo regional y estrategia para cerrar las brechas estructurales que se han profundizado en América Latina y el Caribe.

Vivimos un cambio de época que exige una transformación de nuestro estilo de desarrollo que se base en el fortalecimiento de la democracia, los derechos humanos, el multilateralismo, la paz, la igualdad y la sostenibilidad.

La región aún es la más desigual del orbe, y si bien la primera década de este siglo estuvo marcada por avances en la reducción de la pobreza y la desigualdad de ingreso, quedan muchas brechas por cerrar.

Los rezagos estructurales en esta segunda década han quedado más evidentes que nunca en productividad, extractivismo, evasión fiscal, abusos y corrupción. Los gobiernos han optado por medidas de austeridad con recortes en el gasto social y baja inversión, limitando además los derechos laborales. Se han transversalizado los abusos de tal manera que el tráfico de influencias entre el poder económico y el político se ha generalizado en todo el espectro ideológico.

Es necesario renovar el pensamiento y la métrica sobre las desigualdades. Es necesario medir la riqueza y no sólo la pobreza. Incorporar la desigualdad en la propiedad y no sólo en el ingreso.

En Chile, por ejemplo, con un PIB per cápita de 25 mil dólares al año, la mitad de los trabajadores recibe un sueldo inferior a 550 dólares al mes y casi todos los servicios –educación, salud, medicación, transporte, electricidad, agua, etcétera– impactan en los salarios. En términos de patrimonio, el uno por ciento más rico detenta 26.5 por ciento de la riqueza, y el 10 por ciento más rico concentra 66.5 por ciento, mientras el 50 por ciento más pobre accede a un magro 2.1 por de la riqueza del país.

Se requiere erradicar la cultura del privilegio que caracteriza a la región, abordando las renuncias fiscales y la evasión fiscal en favor de los pocos. Simplemente la evasión cuesta 340 mil millones de dólares al año en la región (6.7 por ciento de su PIB).

Se requiere abordar a fondo la igualdad de género, pues las mujeres tienen menos posibilidades de participar en el mercado laboral debido a la alta carga de trabajo doméstico no remunerado. Su tasa de actividad es 24.2 por ciento menor a la de los hombres. Abordar, también, las brechas en capacidades humanas que menoscaban el desarrollo pleno de las personas y son ineficientes: 40 por ciento de los jóvenes de 20 a 24 años no concluyeron la secundaria y persisten las desigualdades étnicas.

Reconozcamos al fin que el actual estilo dominante de desarrollo es inviable y produce un desarrollo escaso y distorsionado por tres motivos fundamentales: porque produce poco crecimiento, genera y profundiza desigualdades y es ambientalmente destructivo. Un estilo de desarrollo que alentó expectativas de movilidad social y progreso y por ello, ante su fracaso, hay gran exasperación, impaciencia y desencanto hacia la clase política, especialmente en los jóvenes.

Lo hemos dicho: la desigualdad es ineficiente, se reproduce y permea el sistema productivo. Por el contrario, la igualdad no es sólo un principio ético ineludible, sino también una variable explicativa de la eficiencia del sistema económico a largo plazo. Debemos reconocer que las desigualdades son más profundas, duraderas, inelásticas y resilientes de lo que usualmente pensamos. Esta realidad estalla hoy en malestar en los pueblos de la región y demanda a escuchar sus voces y a construir propuestas de desarrollo que los incluya a todos.

Se abre para la región la oportunidad de un quiebre civilizatorio donde se replanteen los pactos sociales con amplia participación ciudadana y con mirada a mediano y largo plazo.

Llegó la hora de la igualdad y de un nuevo estilo de desarrollo. Es hora de replantear los pactos sociales y superar un modelo económico basado en la cultura del privilegio que prioriza el interés privado sobre el público, el capital sobre el trabajo, la acumulación sobre la redistribución, el crecimiento sobre la naturaleza, los privilegios sobre los derechos, la diferenciación social sobre la igualación, las jerarquías sobre las relaciones horizontales.

Hoy Naciones Unidas y la Cepal han de redoblar sus esfuerzos para construir propuestas basadas en evidencias que permitan superar el lastre de la desigualdad y que entreguen a nuestros pueblos la dignidad que merecen.

Por Alicia Bárcena, secretaria ejecutiva de la Cepal

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El presidente de Chile pide ahora perdón y anuncia reformas, pero mantiene al Ejército en la calle

- Sebastián Piñera afirma que ha recibido "con humildad el mensaje": "Los distintos Gobiernos no fueron ni fuimos capaces de reconocer la situación en su magnitud"

- El modelo privatizado de pensiones, el precario sistema de salud o los bajos salarios son algunos de los motivos que han hecho estallar a la población chilena

- Una veintena de organizaciones sociales ha convocado una huelga general y movilizaciones para este miércoles y jueves

 

 

En el quinto día de protestas masivas en Chile, que se desarrollan bajo vigilancia militar y en las que ya han fallecido más de 15 personas, el presidente del país, Sebastián Piñera, ha anunciado reformas sociales, pero ha dejado sin atender la petición de devolver el Ejército a los cuarteles.

 

"Hemos recibido con humildad y claridad el mensaje que los chilenos nos han entregado. Es verdad que los problemas se acumulaban desde hace muchas décadas y que los distintos Gobiernos no fueron ni fuimos capaces de reconocer esta situación en toda su magnitud. Reconozco y pido perdón por esta falta de visión", ha dicho ahora Piñera en una alocución televisada a la nación.

 

El modelo privatizado de pensiones, el precario sistema de salud o los bajos salarios son algunos de los motivos que han hecho estallar a la población chilena, que desde la noche del viernes se manifiesta para exigir cambios, y son tres de los principales asuntos de la nueva agenda social de Piñera.

 

El mandatario anunció un incremento "inmediato" en un 20 % de la Pensión Básica Solidaria y de otro 20 % en el Aporte Previsional Solidario, vías por las que el Estado participa en el sistema previsional chileno, que es de capitalización individual y está administrado por empresas privadas.

 

La iniciativa, según Piñera, beneficiará en total a 1,5 millones pensionistas y se unirá a otras medidas de ayuda para los de más de 75 años, para los adultos que no se valen por sí mismos y para complementar el ahorro previsional de la clase media y las mujeres.

 

Anunció también el tratamiento legislativo de "urgencia" de un proyecto de ley para crear un seguro que garantice un techo de gasto en salud en caso de padecer "enfermedades catastróficas" y dos iniciativas para subvencionar el precio de los medicamentos.

 

Creará también un ingreso mínimo garantizado de 350.000 pesos (unos 482 dólares) que complemente el salario de los trabajadores a jornada completa cuando sea inferior a esa cantidad, mientras que rebajará las dietas de los parlamentarios y los altos sueldos de la Administración pública.

 

Para financiar estas medidas, propondrá, entre otras cosas, un proyecto de ley para aplicar un impuesto del 40 % a las rentas superiores a 8 millones de pesos mensuales (unos 11.000 dólares), mediante el cual se espera recaudar 160 millones de dólares. El coste de implementar todas estas medidas será de 1.200 millones de dólares para las arcas fiscales en 2020.

 

La oposición recibió con frialdad los anuncios del presidente. Desde su cuenta de Twitter, el diputado de izquierdas Gabriel Boric, por ejemplo, calificó las medidas como "ayudas sociales" que, aunque necesarias, no solucionan un malestar social que requiere "transformaciones estructurales".

 

La acogida a la reacción de Piñera se verá el miércoles

 

La acogida de la población a las respuestas del presiente se verá este miércoles, jornada para la que de nuevo se han convocado distintas marchas y concentraciones populares en todo el país y una veintena de organizaciones ha convocado una huelga general. Las de este martes fueron de nuevo masivas y en su mayor parte pacíficas y festivas, pero tampoco estuvieron exentas de episodios violentos.

 

Los saqueos continúan y, entre otros sucesos graves, en la ciudad de Talca (centro) se produjo un incendio de grandes proporciones en un almacén de abastecimiento, mientras que en San Pedro de La Paz (sur) un atropello múltiple se cobró la vida de al menos dos personas.

 

La presencia del Ejército en gran parte del país para controlar la seguridad y el establecimiento de toques de queda en varias ciudades y regiones también está generando tensiones. Por las redes sociales circulan vídeos de presuntos abusos por parte de los militares que han enervado aún más el ánimo de los manifestantes, a quienes la presencia de los uniformados en las calles les retrotrae a los tiempos de la dictadura de Augusto Pinochet (1973-1990).

 

De hecho, el Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) de Chile ha interpuesto querellas por denuncias de torturas y abusos de agentes de las fuerzas del Estado durante las protestas en los últimos cinco días.

 

Piñera ha dicho querer terminar con los estados de emergencia, los toques de queda y devolver a los militares a sus cuarteles, pero que no lo hará hasta que "el orden público, la seguridad y los bienes, tanto públicos como privados, estén debidamente resguardados".

 


 

El audio de la esposa de Piñera: “Vamos a tener que disminuir nuestros privilegios”  

 

Por Página12

 

La primera dama chilena se refirió a las manifestaciones y las calificó como "una invasión extranjera, alienígena".

 

En Chile comenzó a circular un audio desde el domingo en el que la primera dama Cecilia Morel le habla a una amiga sobre la situación de crisis en el país y deja algunas definiciones que causaron indignación. El diario chileno La Tercera confirmó la veracidad del audio tras chequear con fuentes de La Moneda.

 

“Amiga, yo creo que lo más importante es tratar de nosotros mantener la cabeza fría, no seguir calentándonos, porque lo que viene es muy, muy, muy grave”, comienza la nota de voz.

 

Luego expresa: “Adelantaron el toque de queda porque se supo que la estrategia es romper toda la cadena de abastecimiento, de alimentos, incluso en algunas zonas el agua, las farmacias, intentaron quemar un hospital e intentaron tomarse el aeropuerto, o sea, estamos absolutamente sobrepasados, es como una invasión extranjera, alienígena, no sé cómo se dice, y no tenemos las herramientas para combatirlas”, detalla.

 

Sobre el final deja la frase que causó más rechazo en medio de las masivas protestas contra el gobierno de su marido, Sebastián Piñera. “Por favor, mantengamos nosotros la calma, llamemos a la gente de buena voluntad, aprovechen de racionar la comida, y vamos a tener que disminuir nuestros privilegios y compartir con los demás“, dice Morel.

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China supera a EEUU en el ranking mundial de la riqueza

El banco suizo Credit Suisse publicó el Informe Anual Global de Riqueza 2019. Según el estudio, durante el año pasado, la riqueza mundial creció un 2,6%, a 360 billones de dólares, y el nivel de bienestar por adulto alcanzó el nivel récord de 70.850 dólares.

En todo el mundo, hay 47 millones de millonarios, 1,1 millones más que el año pasado. "En los últimos 10 años, la creación de nuevas fortunas se ha concentrado en China y Estados Unidos. Este año, Estados Unidos continuó manteniendo su posición de liderazgo en la creación de riqueza desde 2008: ahora el 40% de todos los millonarios en dólares del mundo vive en este país", señalan los economistas.

Sin embargo, por primera vez en la historia, China superó a Estados Unidos en términos del número de ciudadanos en el ranking del 10% mundial de personas más ricas del planeta: 100 millones de personas en comparación contra los 99 millones de ciudadanos estadounidenses. Al mismo tiempo, en Estados Unidos, el número de millonarios ha aumentado en más del 50% del incremento total: 675.000 personas.

En términos de crecimiento promedio del bienestar por adulto, Suiza ocupó el primer lugar (17.790 dólares), seguido de Estados Unidos (11.980 dólares), Japón (9.180 dólares) y los Países Bajos (9.160 dólares).

La mayor disminución se observó en Australia (en 28.670 dólares), principalmente debido al impacto del tipo de cambio. Los indicadores disminuyeron significativamente también en Noruega (en 7.520 dólares), Turquía (en 5.230 dólares) y Bélgica (en 4.330 dólares).

55.920 personas con capital privado extragrande (más de 50 millones de dólares por persona) poseen al menos 100 millones de dólares. Por su parte, 4.830 personas tienen activos netos por un valor de más de 500 millones de dólares.

Norteamérica lidera entre todas las regiones en términos del número de millonarios, 84.050 (50% a nivel mundial), mientras que en Europa hay 33.550 (20%) y 22.660 viven en la región de Asia y el Pacífico, excluyendo China e India.

Credit Suisse afirma que "a principios de este siglo, la desigualdad en la distribución de la riqueza ha disminuido en la mayoría de los países. Hoy, el 90% de las personas más pobres representa el 18% de la riqueza mundial, en comparación con el 11% en 2000. Aunque todavía es demasiado pronto para hablar de una tendencia hacia una disminución de la desigualdad en la propiedad, los datos disponibles indican que la mayor diferencia se registró en 2016 y en el futuro cercano este resultado no se repetirá"

07:45 23.10.2019URL corto

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Cientos de personas han salido a las calles nuevamente para exigir la renuncia del presidente de Haití, Jovenel Moïse, ante la actual crisis sociopolítica que vive ese país.

 Las protestas populares en Haití son un episodio de las consecuencias, cada vez más estructurales y catastróficas, de una historia de saqueo y olvido.

 

En Haití la crisis de régimen se agudiza luego de semanas de protestas ininterrumpidas. Los disturbios actuales son la culminación de más de un año de agitación y casi tres años de descontento con el actual mandatario, Jovenel Moïse. Los manifestantes se aglutinan en el Palacio Nacional, en las oficinas de la ONU y en las calles para demandar la renuncia del presidente. La crisis política no es nueva sino que condensa, cuanto menos, los dos últimos gobiernos del Partido Haitiano Tet Kale (PHTK). Su fundador, Michel Martelly (2011-2016), al igual que su discípulo Moïse, son acusados de desviar los fondos de la ayuda internacional de las dos últimas catástrofes climáticas que azotaron la isla. Como consecuencia, la población fue condenada al hambre, la pandemia y el debacle de su economía. Lucrar con la desgracia de millones de compatriotas parece ser la receta del “capitalismo del desastre”[1]. Una vez más, tal como lo hiciera en su origen como “la otredad incómoda” de la Revolución Francesa, Haití muestra que, por encima de cualquier valor universal de humanidad, para la comunidad internacional los “negocios son negocios”[2].



Haití presenta uno de los mayores niveles de inseguridad alimentaria del mundo, con más de la mitad de la población –y el 22% de los niños del país- con desnutrición crónica. Su Índice de Desarrollo Humano la posiciona entre los últimos puestos, no sólo de la región sino del mundo: 168 sobre 189 países[3]. Los indicadores de la calidad de vida de la población son apabullantes y, además, Haití debe hacer frente a las catástrofes naturales que azotan el Caribe. El Índice de Riesgo Climático Global de 2019 coloca a Haití en cuarto lugar de entre los países más afectados por los desastres climáticos anuales, ranking que encabezan Puerto Rico –donde se logró en las calles la renuncia de su gobernador[4], también acusado de malversar fondos de ayuda- y Honduras, sobre cuyo presidente pesan graves acusaciones de fraude, corrupción y narcotráfico[5].

A casi diez años del terremoto más devastador y mortífero de su historia, Haití no sólo sigue sin recuperarse de esos destrozos, sino que sufre una nueva crisis política y social que se agravó desde mediados de septiembre. En un contexto de inflación del 15%, un déficit de $89,6 millones de dólares, y una moneda (gourde) en rápida devaluación, se espera que este año la crisis humanitaria solo empeore. Sumado a esto, la crisis del suministro de electricidad, debido a la falta de gasolina, terminó por desatar el descontento social frente a una cotidianeidad desbaratada: no funcionan el transporte público, el comercio ni las escuelas.

Así, las habituales catástrofes naturales han terminado por naturalizar las consecuencias sociales de los problemas políticos, los cuales involucran a actores locales que de ningún modo lograrían sortear la crisis sin la venia de los intereses internacionales y la invisibilización de la crisis por parte de sus vecinos latinoamericanos, concentrados en la situación venezolana.

Un presidente ilegítimo, el origen de la crisis actual

Moïse llegó a la política como un outsider[6], representando a la elite agraria gracias a su rol como dirigente de Agritrans, una empresa bananera del nordeste. Su experiencia política previa era nula, pero fue escogido por Martelly (PHTK) como su sucesor. En las elecciones primarias de octubre de 2015 Moïse obtuvo el primer lugar con un 32,81%. Sin embargo, los comicios estuvieron signados por las denuncias de fraude, intimidación de votantes y protestas callejeras, por lo que finalmente fueron anulados. Martelly, con el apoyo de los Estados Unidos (EE. UU)., la Organización de los Estados Americanos (OEA) y de otros gobiernos extranjeros, quería cuanto antes resolver el traspaso del Gobierno a su sucesor. Sin embargo, los funcionarios electorales -debido a las persistentes protestas sociales y una nueva catástrofe, el paso del huracán Matthew- demoraron en tres oportunidades consecutivas una nueva votación ante la amenaza de violencia incontenible[7].

El malestar social que aglutinó al arco opositor, líderes religiosos y empresariales, así como miembros de la diáspora haitiana y organizaciones de derechos humanos, se condensó en la falta de transparencia de los procesos electorales y la necesidad de reformar el proceso de votación. Entre febrero de 2016 y febrero de 2017 se estableció un Gobierno interino a cargo de Jocelerme Privert, quien fue electo por la Asamblea Nacional para llenar el vacío de poder tras la finalización del mandato de Michel Martelly. Unas nuevas elecciones se desarrollaron en noviembre de 2016 y, a contrapelo de la coyuntura, Moïse resultó electo en primera vuelta con el 55,67% de los votos[8]. Nuevamente, la denuncia de fraude empañó unos comicios que demoraron más de un mes en ser validados.

Sumada a la escasa legitimidad de origen, el incremento de la conflictividad social y la crisis política tienen tres elementos clave: (1) la crisis del combustible; (2) un gran recambio institucional y (3) la manifiesta corrupción de sus funcionarios.

En cuanto al precio del combustible, desde 2005 el Gobierno de Hugo Chávez creó el Programa Petrocaribe, el cual permitió a Haití comprar, desde 2006, petróleo a precio subsidiado. Los fondos liberados por este beneficio permitían favorecer al desarrollo de infraestructura y programas sociales, de salud y educación. Producto del bloqueo y la crisis económica que atraviesa, en marzo de 2018 Venezuela detuvo los envíos de barriles a precio subsidiado. Sumado al fin del beneficio, el Gobierno haitiano anunció en julio del mismo año la eliminación de los subsidios a la energía. Esta impopular medida estuvo en consonancia con lo acordado en febrero de 2018 con el Fondo Monetario Internacional (FMI): un paquete de reformas estructurales a su economía, eufemismo utilizado para nombrar el ajuste. A cambio, el organismo prometió préstamos financieros por 96 millones de dólares para ayudar al país a pagar su deuda[9]. El ciclo de una nueva crisis política comenzó con el aumento del petróleo y sus derivados: 38% la gasolina, 47% el diesel y 51% el kerosene[10]. Frente a ello, la calle volvió a estallar, las protestas se masificaron y la policía reprimió, generando más muerte y más caos. Finalmente, la medida fue derogada.

Como consecuencia del ajuste impulsado por el FMI, se agudizó la crisis institucional caracterizada por un recambio permanente de funcionarios, especialmente del primer ministro, cargo que tiene como función la mediación entre el Poder Ejecutivo y el Legislativo para lograr gobernabilidad y consenso. Luego de la oleada masiva de protestas de julio de 2018, Jack Guy Lafontant presentó su renuncia. Moïse, entonces, buscó reemplazarlo con un conocido abogado y exrival presidencial, Jean-Henry Céant, intentando de esta forma lograr la unidad con la oposición. Tan sólo seis meses después, Céant fue removido. Su sucesor fue Jean-Michel Lapin, quien duró apenas cuatro meses en el cargo para finalmente presentar su renuncia proclamando la falta de acuerdo entre los actores políticos. Horas más tarde, el presidente Moïse nombró a su cuarto primer ministro, Fritz-William Michel, portador de un perfil más tecnócrata y hasta entonces funcionario del Ministerio de Economía y Finanzas. A diferencia de sus antecesores, Lapin ni siquiera consiguió la ratificación de su cargo por parte del Senado –no porque el oficialismo careciera de mayoría sino debido a los disturbios ocasionados-, por lo que formalmente todo el Gabinete carece de institucionalidad. La última intentona de lograr la designación de Lapin, en septiembre de este año, culminó con un senador del oficialismo, Jean-Marie Ralph Féthière, descargando un arma de fuego contra los manifestantes en el Parlamento con el saldo de un fotógrafo y un guardaespaldas heridos[11].

Por último, en febrero de 2019 estalló el escándalo de corrupción popularizado como #PetroCaribeChallenge. El hashtag se originó mediante un tweet que preguntaba en creole: ¿Dónde está el dinero de PetroCaribe? Desde entonces comenzaron el activismo por una auditaría colectiva y una nueva oleada de movilizaciones contra el Gobierno haitiano, acusado de malversar miles de millones de dólares provenientes del subsidio venezolano. Como corolario de la gran movilización ciudadana, a fines de mayo el Tribunal de Cuentas entregó al Senado un informe mediante el cual concluyó que al menos 14 exfuncionarios malversaron más de 3.800 millones de dólares del programa Petrocaribe entre 2008 y 2016. Sobre el actual mandatario, el informe detalla que Agritrans fue adjudicataria de contratos para construir proyectos bananeros y carreteras que jamás fueron realizados, a pesar de recibir el dinero para tales fines[12].

¿Ayuda o injerencia internacional?

¿Es Haití un Estado fallido? Desde su independencia y su primera Constitución, en 1804, Haití pasó por 30 golpes de Estado y tuvo 20 constituciones. Actualmente, vive una de sus mayores crisis sociopolíticas desde la ocurrida en su bicentenario (2004) con el golpe a Jean Bertrand Aristide, luego de que éste manifestara que Haití exigiría una reparación histórica a Francia, su exmetrópoli. Finalmente, Francia tomó la iniciativa en la solución de la crisis haitiana y forzó la dimisión de Aristide. En febrero de 2004 el mandatario abandonó Haití en un avión estadounidense, escoltado por militares de ese país. Desde entonces y hasta octubre de 2017 el país fue intervenido por la ONU (Organización de Naciones Unidas) mediante la Misión de Estabilización de las Naciones Unidas para Haití (MINUSTAH)[13]. Posteriormente, se adoptó la forma de Misión de las Naciones Unidas de Apoyo a la Justicia en Haití (MINUJUSTH), una misión que buscó estandarizar el sistema de administración de Justicia de Haití a los modelos implementados en las últimas dos décadas en la región. La MINUJUSTH garantizó un contingente policial como forma de “alivianar” el uso de la fuerza. No obstante, con la tendencia regional de militarización de las fuerzas de seguridad esto se traduce en el mantenimiento de la ocupación y la represión. La prórroga de existencia de la misión concluyó su mandato el 15 de octubre de 2019, lo que no implica que la ONU abandone Haití sino, más bien, que busque nuevas formas de injerencia[14][15].

Si bien laayuda humanitaria tiene como objetivo proporcionar alimento, asistencia sanitaria y psicológica con aprobación del Gobierno y sin violar su soberanía -especialmente frente a catástrofes naturales- en la práctica ha sido desvirtuada paraintervenir militarmentenaciones, derrocar gobiernos y apoderarse de su riqueza natural[16]. Luego del terremoto de 2010, la MINUSTAH “colaboró” con una comisión de 7 mil soldados y policías. El saldo: cientos de denuncias de abusos sexuales y una epidemia de cólera causada por quienes fueron a brindar “asistencia”[17][18].

De acuerdo al exdirector del Fondo de Asistencia Económico y Social (FAES) de Haití entre 2012 y 2015, Klaus Eberwein, sólo el 0,6% de las donaciones internacionales terminó en manos de organizaciones haitianas, un 9,6% en manos del Gobierno haitiano y el 89,8% restante fue canalizado a organizaciones no haitianas. Lamentablemente, Eberwein fue hallado sin vida con un disparo en la sien en un hotel en Miami antes de comparecer frente a una comisión anticorrupción del Senado haitiano sobre los fondos de Petrocaribe y las malas prácticas de la Fundación Clinton[19].

Los fondos se tradujeron en la proliferación de ONGs que comenzaron a proveer funciones que solía cubrir el Estado, consolidando una nueva etapa en la agenda del sistema neoliberal. Mientras las ONGs avanzaban el Estado se retraía, incidiendo tanto en la soberanía como en la autodeterminación del país[20]. La intermediación de las organizaciones permite que quienes las financian, como el Banco Mundial, el Gobierno de EE. UU. , el Fondo Monetario Internacional o empresas transnacionales, obtengan la liberación de las barreras arancelarias, lo que termina por devastar la producción interna y, por tanto, la economía del país mediante la privatización de los servicios públicos y la contratación de empresas privadas internacionales para ofrecerlos. Este mapa configura lo que la economista Naomi Klein ha denominado como “capitalismo de desastre”, que opera junto con la “doctrina del shock”. Según su tesis las crisis derivadas de catástrofes, como en el caso de Haití, habilitan oportunidades de negocios para la inversión privada, así las potencias y los intereses de las multinacionales consiguen anclarse en el territorio arrasado de la mano de las ONGs.

A modo de conclusión

El PHTK es el actual garante de los negocios del capital internacional, fundamentalmente mediante el traspaso de tierras campesinas a transnacionales estadounidenses. Para ello sólo cuenta con un escueto sector de la oligarquía local, quien se beneficia con una parte del desvío de fondos a expensas de la mayoría de la población. La exacerbación de la dependencia de la ayuda internacional combina el tradicional colonialismo con una nueva fase del neoliberalismo como gestor del desastre. La influencia norteamericana consolidó una economía haitiana predominantemente extractiva -aproximadamente 2.000 millones en depósitos minerales explotados principalmente por corporaciones estadounidenses y canadienses-[21]. Actualmente, dicha influencia es el único sostén de un presidente impopular, cuya dimisión sigue exigiendo el pueblo en sus protestas masivas.

Mientras los líderes de la oposición llaman a los manifestantes a no claudicar hasta obtener la renuncia de Moïse, la consigna se hace carne: “les estamos diciendo a las personas que viven en el área de Cité Soleil y a la población haitiana que se levanten para derrocar a este Gobierno” afirmó Francois Pericat, un participante en las protestas del 27 de septiembre a The Associated Press en alusión a un barrio pobre y sobrepoblado de Puerto Príncipe.”El presidente Jovenel Moïse no está haciendo nada por nosotros, sólo nos está matando”[22]. Moïse asumió la Presidencia un 7 de febrero, fecha emblemática que recuerda el final de casi 30 años de dictadura (1957-1986) de la familia Duvalier, François (Papa Doc) y su hijo Jean-Claude (Baby Doc), quien finalmente huyó de la isla producto de las protestas generalizadas. Luego del anuncio del cierre de la MINUJUSTH, Moïse ha afirmado que no presentará su renuncia y dice no querer tener otro 1986 [23]; sin embargo, la sublevación popular está cada vez más cerca de repetir la hazaña.

 

Por Bárbara Ester

CELAG

 

Notas:

[1] Naomi Klein, La doctrina del shock. El auge del capitalismo de desastre, Paidós, Argentina, 2008.

[2] https://www.celag.org/haiti-herida-abierta-de-america-latina/

[3] https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/Haiti%20Country%20Brief_%20August_2019.pdf

[4] https://www.celag.org/puerto-rico-afilando-cuchillos/

[5] https://www.celag.org/honduras-una-decada-de-golpes-e-inestabilidad/

[6] https://www.voanoticias.com/a/haiti-presidente-moise-investidura-trump-eeuu/3705034.html

[7] https://www.nytimes.com/es/2016/02/06/editorial-haiti-democracia-en-pausa/

[8] https://www.celag.org/informe-electoral-haiti/

[9] https://www.nodal.am/2019/10/decadas-de-neoliberalismo-neocolonialismo-e-injusticia-climatica-han-llevado-a-haiti-al-limite-por-keston-k-perry/

[10] https://pulsonoticias.com.ar/8911/el-fmi-agita-las-llamas-de-la-insurreccion-en-haiti/

[11] https://www.ap.org/ap-in-the-news/2019/ap-photographer-wounded-in-haiti-shooting

[12] https://www.bbc.com/mundo/noticias-america-latina-48711839

[13] http://www.ieee.es/Galerias/fichero/cuadernos/CE-131.pdf

[14] https://news.un.org/es/story/2019/10/1463911

[15] https://mundo.sputniknews.com/america-latina/201910161088993267-mision-de-paz-de-la-onu-concluye-mandato-en-haiti-sin-impedir-brotes-de-violencia/

[16] https://www.theguardian.com/world/2019/oct/11/haiti-and-the-failed-promise-of-us-aid

[17] https://www.celag.org/haiti-resultado-intervencion-humanitaria/

[18] https://www.nytimes.com/2017/06/26/world/americas/cholera-haiti-united-nations-peacekeepers-yemen.html

[19] http://www.resumenlatinoamericano.org/2017/08/08/hallan-muerto-a-un-funcionario-de-haiti-que-iba-a-denunciar-a-la-fundacion-clinton/

[20] https://www.bbc.com/mundo/noticias-internacional-37614689

[21] https://www.nodal.am/2019/10/decadas-de-neoliberalismo-neocolonialismo-e-injusticia-climatica-han-llevado-a-haiti-al-limite-por-keston-k-perry/

[22] https://www.nytimes.com/2019/09/28/world/americas/haiti-protests-moise.html

[23] https://www.jornada.com.mx/2019/10/16/mundo/026n4mun

Fuente: http://www.celag.org/haiti-protestas-interminables-en-una-republica-olvidada/

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