Un grupo de los 815 desplazados en Ituango, Antioquia. CORTESÍA CCEEU

El éxodo evidencia la crítica situación humanitaria de Ituango, en el noroccidente del país, de la que el Gobierno estaba informado

Lo advirtieron en 2018, 2019 y más recientemente el 24 de enero de este año: por la disputa entre diferentes grupos armados ilegales, en Ituango, un municipio ubicado en el noroccidente de Colombia, “podría al recrudecerse la violencia en sus formas de actuación y aumentar la capacidad de intimidación contra la población civil”. La advertencia, contenida en la última Alerta Temprana que hace la Defensoría del Pueblo al Gobierno de Iván Duque, explotó este fin de semana cuando 815 campesinos temieron morir en medio de los combates armados y emprendieron la huida desde las apartadas zonas rurales hasta la plaza principal del pueblo.

En chivas, buses que son el transporte del campo en Colombia, subieron sus pocos objetos y animales y huyeron hasta el casco urbano del municipio donde pasaron la noche en un colegio y en el coliseo de la población. El secretario del Gobierno de Antioquia, Luis Fernando Suárez, confirmó que el desplazamiento es de seis veredas y que el gobierno regional hará presencia para entregar “kits de aseo, albergue y alimentación” para los campesinos que no tienen suficientes frazadas ni colchonetas. “Vamos a hacer presencia en Ituango para atender esta grave problemática de desplazamiento forzado. Queremos generar las condiciones para que estas personas puedan retornar prontamente a sus parcelas”, dijo.

Pero la realidad es más compleja. De acuerdo con Óscar Zapata, vocero de la ONG Coordinación Colombia, Europa, Estados Unidos, la presencia de disidencias de las FARC, que no se sumaron al proceso de paz, y de grupos paramilitares llamados autodefensas gaitanistas (ACG), hacen que el riesgo sea permanente. “Entre los desplazados hay niños, adultos muy mayores e incluso 13 reincorporados de las FARC que sí le apostaron a la paz. Se requiere una voluntad real para una implementación de los acuerdos de paz, una política pública para desarmar esas estructuras paramilitares. No vemos una voluntad del Gobierno por desarticular esos escenarios de guerra¨, dice Zapata desde la población.

La Defensoría del Pueblo ha confirmado el diagnóstico en sus múltiples advertencias. “Al accionar de las llamadas disidencias del Frente 36, la expansión de las AGC y el surgimiento y actuación del Frente 18 Román Ruiz - Cacique Coyará se suma el fortalecimiento militar en general de estas estructuras armadas ilegales como consecuencia de un fuerte fortalecimiento económico originado en dinámicas trasnacionales asociadas al narcotráfico internacional”, indica el documento donde advierte al Gobierno nacional y exige acciones.

En la zona hace presencia el Ejército, pero esto no ha sido suficiente para detener el avance de estos grupos armados que aprovechan la topografía de la región como corredor estratégico de droga. Para la Defensoría, las amenazas contra la población van desde desapariciones forzadas, homicidios selectivos, masacre, violencia sexual, hasta accidentes por minas y/o armas trampa y enfrentamientos con interposición de población civil.

Este no ha sido el único desplazamiento sino el más grande. En febrero pasado, 120 excombatientes de las FARC que decidieron irse del Espacio Territorial de Capacitación y Reincorporación (ETCR) de Santa Lucía (Ituango), donde aún viven muchos de ellos. La decisión tuvo relación con el asesinato continuado de exguerrilleros que le han apostado a la paz. De acuerdo con el informe al Consejo de Seguridad la Misión de Verificación de la ONU, desde la firma del acuerdo, solo en Ituango han sido asesinados 12 de ellos. A través de la Consejería de Estabilización, el Gobierno ha dicho que harán un "traslado" escalonado y "con protección de la fuerza pública en coordinación con representantes de las FARC" en los próximos meses.

Los exguerrilleros también alertaron esta crisis humanitaria. “Antes de hacer dejación de armas nosotros le advertimos al Estado que si ellos no cubrían esos espacios que íbamos a dejar seguro otros actores armados se iban a posesionar y seguía el conflicto. Es lo que ocurrió”, dijo a EL PAÍS Hermes Arrieta, desmovilizado, desde Ituango.

Si hay una población que resuma el círculo vicioso del conflicto colombiano esa es Ituango. Históricamente los civiles han sido víctimas de sucesivos grupos armados y las condiciones sociales y de accesos siguen siendo precarias. En la década de los ochenta vivieron bajo el imperio de las FARC, en los noventa sufrieron la expansión de los paramilitares, que cometieron la masacre de El Aro y La Granja, una de las más recordadas en Colombia por el desplazamiento de 700 campesinos aterrorizados. Después de anos de cruentos enfrentamientos, las FARC volvieron a imponerse en el territorio hasta 2016 cuando entregaron las armas en el marco del proceso de paz con el Gobierno de Juan Manuel Santos. Ahora, sin embargo, grupos paramilitares con nuevos nombres y disidencias vuelven a poner a los civiles en el medio. Y en Ituango creen que la cifra de 815 desplazados aumentará en los próximos días.

Por Catalina Oquendo

Bogotá 25 FEB 2020 - 03:59 COT

Publicado enColombia
Lunes, 24 Febrero 2020 05:56

Mejores y brillantes

Mejores y brillantes

El gobierno de Boris Johnson aprovecha el abultado triunfo electoral de diciembre pasado para imponer medidas para controlar la economía; redefinir los límites del Poder Judicial; acomodar las relaciones con la prensa–incluida la BBC, a la que ha puesto en la picota– y con las universidades, ambas las considera insumisas; reordenar las condiciones de la sanidad pública con sesgos privatizadores y, por supuesto, replantear de modo radical la vecindad con la Unión Europea.

En este último caso, el gobierno se propone afianzar las fronteras por medio de medidas comerciales proteccionistas y con nuevas pautas sobre la inmigración.

Como líder del tramo final del Brexit, Johnson reclamó duramente: "Retomar el control de las fronteras". Esto ocurre luego de que Gran Bretaña fue miembro de la Unión Europea desde 1973.

El asunto de la migración se posicionó de modo explícito en la disputa política de ese país desde hace más de una década. Debilitó al gobierno del laborista Brown y ahora se está consolidando políticamente.

El líder de los tories –el Partido Conservador– quiere cumplir y se propone una política migratoria que restringe la entrada de trabajadores con bajos niveles de calificación, mismos que predominan en ocupaciones como las fabriles, hoteles, restaurantes, construcción, almacenamiento y recolección agrícola, además de los que ingresan para trabajar de modo independiente.

Según la iniciativa que ya se ha propuesto, ésta se considera como una forma de resolver la severa distorsión del mercado laboral provocada por el libre movimiento de personas que existe en la Unión Europea.

La postura ha sido expresada claramente por la ministra del Interior, Priti Patel, de padres de ascendencia india y que llegaron en la década de 1960 de Uganda para establecerse como comerciantes. La cuña aprieta.

Patel lo puso así: "Queremos a los mejores y los más brillantes". Es, pues, una política laboral de selección a la carta. La tienen, con sus propios rasgos, otros países, como Australia.

Los puestos de baja calificación, según la iniciativa, habrán de llenarlos trabajadores nacionales. De tal manera, afirman desde el gobierno, se cumple la oferta hecha a los que votaron el Brexit para reducir la entrada de fuerza de trabajo desde otros países de la UE y la inmigración en general. Este último parece ser el objetivo principal.

El programa del gobierno crea un sistema en el que los inmigrantes obtengan una puntuación máxima de 70 en un esquema de requisitos prestablecidos para lograr el permiso de trabajo correspondiente.

La cuestión laboral siempre está en el centro de las realineaciones en los mercados. Habrá que ver hasta dónde llega esta postura y las disputas que habrá con las empresas y los sindicatos.

En este caso sobresale el giro a la derecha del gobierno británico. Igualmente, se verá cómo se rehace el Partido Laborista después de la debacle electoral, así como otras fuerzas políticas.

En el mercado laboral transfronterizo hay muchos casos de selección de extranjeros que se acepta recibir para trabajar legalmente. Un caso relevante en Europa ocurrió entre 1955 y 1973 con el programa de Gastarbeiter (trabajadores invitados) de Alemania Occidental, en aquella época.

De ahí hasta la constitución del área Schengen, que suprimió en 1985 los controles fronterizos internos de una serie de sólo cinco países y que ahora cuenta con 26, hay un gran trecho. Además, hay que considerar las grandes corrientes de inmigración de naturaleza muy variada que han ocurrido desde entonces. Gran Bretaña no era parte de Schengen.

El sesgo de Johnson responde a otras motivaciones. Pretende conseguir una nueva concentración de poder en un entorno que se repite actualmente con características diversas en otras partes del mundo: China, Estados Unidos y Rusia son sólo algunos ejemplos. Un patrón que entraña un verdadero cambio cultural que de una forma u otra se ha ido fraguando desde la década de 1990.

Trump se propone revalidar su presidencia, Xi ser líder vitalicio, Putin recomponer la estructura de su estricto control político. Los italianos han frenado por ahora a Salvini, en Francia sobrevuela la xenofobia de Le Pen.

Hay versiones de estos giros que indican cómo se inclina ahora el mapa político e ideológico. Cuando eso ocurre hay quienes resbalan; a muchos les ocurre por su fragilidad social, a otros por incompetencia en la lucha por el poder frente al autoritarismo y en general sucede por tolerarlo.

El caso es disminuir al otro, relegarlo, oprimirlo, discriminarlo y, si se puede, desterrarlo. Un caso que va más allá de lo anecdótico es el que protagonizó la alcaldesa del municipio de Vic en la provincia de Barcelona. Según reporta el diario Vanguardia: Se dirigió a "catalanes autóctonos", a los que reclamó que no hablen en castellano a gente que "por su acento o su aspecto físico no parece catalana". Los ciudadanos saben ahora que es una consumada antropóloga.

Publicado enInternacional
Michael Bloomberg y Donald Trump, en una imagen de archivo de 2016. En vídeo, Sanders se dirige a Bloomberg en el mitin del viernes en Nevada: "No puede comprar la presidencia". BRENDAN SMIALOWSKI (AFP) / REUTERS

Con candidatos como Bloomberg o Trump, y otros con agresivas políticas para redistribuir la riqueza, el poder político de los súper ricos marca la campaña de las elecciones de noviembre

El eslogan de la campaña presidencial de Michael Bloomberg es escueto y de una elocuencia pasmosa: “Mike lo hará”. Sacar a Donald Trump de la Casa Blanca es la prioridad de más o menos la mitad de los estadounidenses de cara a las elecciones de noviembre, y el candidato demócrata dice que “lo hará”. ¿Por qué? Porque tiene 64.200 millones de dólares para hacerlo.

Nunca en la historia una carrera presidencial ha explorado tan abiertamente las posibilidades que proporciona el dinero para alcanzar el poder político en Estados Unidos. Y sucede además cuando la mera existencia de los mil millonarios y su efecto en la sociedad constituye uno de los grandes debates ideológicos en las primarias demócratas. Dos candidatos, Bloomberg y Tom Steyer, tercero y séptimo en los sondeos, pertenecen al selecto club de los 607 estadounidenses con fortunas de más de mil millones de dólares. Y otros dos, Bernie Sanders y Elizabeth Warren, primero y cuarta, basan sus campañas en reducir las cada vez más extremas desigualdades económicas que arrastra el país, con agresivos planes fiscales para redistribuir la riqueza de esa élite.

“A eso hay que añadir que, por primera vez en la historia, el presidente que se presenta a la reelección también es mil millonario”, apunta Jason Seawright, profesor de la universidad Northwestern (Illionis), que investiga sobre las preferencias políticas de los estadounidenses ricos y su papel en la democracia. “Eso cambia el juego. En una campaña que enfrenta a Trump, Bloomberg y Sanders, la conversación sobre el dinero y la política es inevitable”.

Las elecciones de noviembre serán, de alguna manera, un referéndum sobre los multimillonarios. Los votantes podrán elegir entre deshacerse de ellos (Sanders, Warren), poner a uno al frente del país (Trump, Bloomberg, Steyer) o dejarlos más o menos como están (Joe Biden, Pete Buttigieg, Amy Klobuchar).

En el debate de los candidatos demócratas del miércoles pasado en Las Vegas, la expresión “mil millonario” se pronunció más veces que, por ejemplo, “China”, “inmigración” o “cambio climático”. Más que una nota del debate, los multimillonarios constituyen la melodía misma de la carrera. Son los candidatos y sus némesis. Son los jefes de la economía que ha creado las desigualdades que provocaron la ola populista que vive el país. Y son también, de Mark Zuckerberg a Jeff Bezos pasando por Rupert Murdoch, quienes controlan las plataformas de persuasión.

La irrupción de los millonarios en la primera línea de la política estadounidense, explica Seawright, “ha sido gradual”. “Un factor es que cada vez hay más multimillonarios”, defiende. “Desde los años 80 ha aumentado enormemente la brecha que separa a los más ricos del resto. Otro factor es que, desde que se introdujeron reformas en los sistemas de primarias en los años 70, el control que tienen los partidos políticos sobre el proceso de elección de sus candidatos es más débil”.

El 95% de los votantes demócratas considera que las desigualdades económicas son un gran problema para el país hoy, según un estudio de Pew Research. Está arriba en la lista de preocupaciones, apenas detrás del coste de la asistencia sanitaria y el cambio climático. El 55% de los demócratas que apoyan a Sanders y el 49% de los que respaldan a Warren consideran que la existencia de personas con fortunas de más de mil millones de dólares es mala para el país, mientras que el 69% de los simpatizantes de Bloomberg y el 67% de quienes apoyan a Biden consideran que no es ni bueno ni malo.

“Años de desigualdades crecientes en EE UU han acabado convirtiéndolo en un asunto central en la política”, explica David Callahan, investigador y director de Inside Philantropy, un proyecto que persigue el control y la transparencia de la filantropía a gran escala. “La desigualdad económica siempre se traslada a desigualdad política, al encontrar los ricos maneras de convertir su dinero en influencia. En una época con más personas ricas que tienen más dinero, esa élite goza de una influencia creciente”.

Los 400 estadounidenses más ricos han triplicado su porción de la riqueza del país desde los años 80, y hoy tienen más que la suma de los 150 millones de adultos que constituyen el 60% de los hogares, según un estudio del economista de Berkeley Gabriel Zucman. Cuatro de cada cinco estadounidenses apoyan subidas de impuestos a los más ricos para financiar una mayor cobertura social, similar a la que existe en la mayoría de democracias ricas. Pero esas preferencias no acaban de reflejarse en las políticas públicas. “Nuestras investigaciones muestran desde hace tiempo que los estadounidenses están a favor de medidas que redistribuyan el dinero de los más ricos”, explica Seawright. “Sin embargo, las políticas económicas sistemáticamente caen del lado de esos ricos. Hay un problema de no representación, y tiene que ver con la industria de la influencia y el lobby”.

Los multimillonarios llevan décadas marcando la política estadounidense sin necesidad de presentarse a elecciones. La explosión de la industria de la influencia en Washington ha sido espectacular. En 1971 había 175 grupos de lobby registrados. En 2019, había 11,862. La filantropía también se ha convertido en un eficaz arma de influencia política. “Gracias a las leyes laxas de financiación de campañas y a las directrices difusas para las contribuciones benéficas, los multimillonarios disponen de múltiples opciones para convertir su riqueza en influencia”, explica Callahan.

Organizaciones benéficas como la que tenía Trump hasta diciembre de 2018 se convirtieron, según denuncia la periodista Jane Mayer en su libro Dinero oscuro, en “una nueva generación de fundaciones hiperpolíticas” que “invierten en ideología como capitalistas de riesgo”. También Bloomberg lleva tiempo financiando a colectivos claves en causas progresistas, así como a campañas de congresistas y políticos locales, tejiendo una extensa red de apoyos muy valiosa para una carrera presidencial.

Mención aparte merecen los hermanos Koch, Charles y el ya fallecido David, cuyo sofisticado trabajo en la sombra durante años ha sido decisivo en la propagación de las ideas del populismo de derechas que ha llevado a Trump a la Casa Blanca. Han invertido, por ejemplo, en educación universitaria para inculcar sus ideas a las nuevas generaciones, con becas y fundaciones que financian programas e investigaciones académicas alineadas con su visión de la economía y la política.

Pero la influencia del dinero no entiende de color político, y hoy muchos de los estadounidenses más ricos financian a candidatos demócratas y causas asociadas con dicho partido. “La diferencia es que los progresistas hablan más y dan menos, y los conservadores hablan menos y dan más”, apunta Seawright.

En este contexto destaca el caso de Bernie Sanders, cuya campaña se financia exclusivamente con micro contribuciones de sus seguidores, y que se jacta de no haber recibido un solo dólar de los multimillonarios. “Si los que te dan el dinero son los ciudadanos, gobiernas para los ciudadanos. Si te dan el dinero los multimillonarios, ¿para quién gobiernas?”, preguntaba a la multitud la congresista Alexandria Ocasio-Cortez, en un mitin del senador en New Hampshire. Pero no es Sanders el único candidato que no piensa aceptar un dólar de ningún donante multimillonario. Tampoco Bloomberg lo hará. Le sobra con lo que tiene.

Por, PABLO GUIMÓN

Washington 23 FEB 2020 - 11:06 COT

Publicado enInternacional
Del robot insecto a la medusa cíborg: animales al servicio del espionaje y la investigación

En los años 70, la CIA intentó desarrollar una libélula robótica para programas de espionaje; ahora ponemos sensores y activadores en saltamontes y medusas de carne y hueso para trabajos de investigación

Un insecto clandestino. Así describió la CIA el proyecto que emprendió en abril de 1974 para crear un dron al más puro estilo de esos que hoy aún nos parecen tan avanzados y futuristas. En algunos sentidos, el insectocóptero, iba incluso más allá. El objetivo fundamental de aquella aeronave no tripulada tan adelantada a su tiempo no era repartir paquetes, ni grabar tomas aéreas, ni siquiera aspiraba a ir por ahí cerrando aeropuertos. El plan era crear una libélula capaz de hacer vuelos de al menos 100 metros e instalar sistemas de vigilancia por audio. El proyecto quedó finalmente abandonado, pues el sistema de navegación disponible en la época, guiado por láser, era apto para vuelos en línea recta y encontraba demasiados problemas en las imprevisibles condiciones del mundo real.

La simbiosis entre el reino animal y el de la tecnología no es extraña en el mundillo del espionaje. Palomas con cámaras, delfines entrenados para instalar explosivos y peces robóticos figuran en el historial de gadgets que la Agencia Central de Inteligencia ha empleado durante el último medio siglo. También probaron a implantar un micrófono en un gato, pero -20 millones de dólares más tarde- el animal se distrajo y fue atropellado por un taxi. 

Toda esta fauna de agentes secretos se ha hecho pública en un conjunto de informes desclasificados que recoge The Black Vault, un proyecto que recopila documentos de este tipo. "Desde un punto de vista técnico, hay una alta probabilidad de que los animales sean capaces de ejecutar muchas tareas útiles, si no únicas, que serán de interés para el Departamento de Defensa y la CIA. Esperamos que estas investigaciones de sistemas animales se lleven a fases más avanzadas de desarrollo", aseguraba Carl E. Duckett, el que fuera fundador y director de la división Ciencia y Tecnología de la CIA, en una carta fechada en diciembre de 1967. 

Viaje al presente

Pero la voluntad de combinar animales y nuevas tecnologías no es exclusiva del siglo pasado ni de los programas de espionaje. Un equipo de investigadores de la Universidad de Washington acaba de publicar un estudio sobre la viabilidad de emplear "biorrobots basados en insectos" en tareas de detección de explosivos. "Proponemos una solución híbrida bioelectrónica que aprovecha directamente el rico repertorio de sensores olfativos y el sofisticado marco neurológico y computacional del sistema olfativo de los insectos", explican. 

En este caso, los socios animales son saltamontes. Después de comprobar cómo la exposición a químicos explosivos activaba ciertas neuronas en estos insectos, los investigadores diseñaron un sistema para, a través de una cirugía mínimamente invasiva, poder medir sus respuestas electrofisiológicas y crear un sistema de detección. "En resumen, nuestro estudio es la primera prueba de cómo los sistemas olfativos biológicos pueden 'secuestrarse' para desarrollar una aproximación cíborg para la detección de químicos". Otro insecto que aparentemente también es apto para esta tarea es, de acuerdo con los investigadores, la cucaracha roja.

En el mar también se puede

A finales de enero, la revista Science Advances publicó un ejemplo más de esta tendencia, con las medusas como animal protagonista. El estudio, obra de dos investigadores de la Universidad de Stanford, presenta a estos animales como "uno de los vehículos subacuáticos más energéticamente eficientes" y una "potencial fuente de ventajas" para abordar los grandes retos de la robótica.

"Presentamos un robot biohíbrido que usa microelectrónica integrada para inducir el nado en medusas vivas. Las medidas demuestran que la propulsión puede ampliarse sustancialmente al controlar las contracciones del cuerpo a un rango de frecuencias óptimo más rápido que el comportamiento natural", señalan. Las medusas cíborg que resultan de este experimento nadan tres veces más rápido, mientras que el gasto metabólico del animal solo se duplica.  "Este robot usa entre diez y mil veces menos energía externa por masa que cualquier otro robot acuático reportado en la literatura", prometen.

El sistema diseñado por los investigadores aplica corrientes eléctricas periódicas para incitar contracciones musculares en las medusas. El biorrobot resultante, concluyen los investigadores, tiene el potencial para expandir las técnicas de exploración de los océanos y abre la puerta a futuras mejoras en el control de las medusas biohíbridas, así como a la incorporación de microsensores que permitan recoger información del entorno.

La demócrata Nancy Pelosi, presidenta de la Cámara de Representantes, como si fuera una vulgar trumpiana fustigó que la red 5G de Huawei permitiría a China espiar las comunicaciones de los aliados de Estados Unidos.Foto Ap

Lo peor que pueden hacer los cándidos mandatarios del mundo es tomar partido por demócratas y/o republicanos, que son las dos caras de la misma moneda cuando se trata de la "seguridad nacional" de Estados Unidos y sus intereses, como fue notorio en la Conferencia de Seguridad de Múnich (CSM) en su versión 56, donde demócratas, encabezados por Nancy Pelosi (NP) y Adam Schiff –fallidos defenestradores de Donald Trump–, se fusionaron con sus supuestos "enemigos" de la dupla "evangelista sionista" Pence-Pompeo y el secretario del Pentágono Mark Esper (ME), representantes del trumpismo, para arremeter conjuntamente contra China y la 5G de Huawei (https://bit.ly/2T5fJzw).

La amazona católica NP, desde la inmoralidad del sistema bélico de Estados Unidos, moralizó el pleito con la 5G de Huawei, que redujo a un dilema entre la "autocracia" china y la "democracia" (sic) de la "autopista de la información" (https://bit.ly/2TaC4eQ).

NP no conoce el sistema que dirige en Estados Unidos, que no es una "democracia", sino una "plutocracia prototeocrática", tanto en la fase del ayer demócrata y hoy republicano Trump como de la candidatura híbrida del ayer republicano y hoy demócrata Mike Bloomberg, con una fortuna que ya alcanzó 65 mil millones de dólares (https://bit.ly/2HOJmzP) y quien, al unísono de George Soros, lubricó la candidatura de NP.

Ni Alemania ni Francia ni Gran Bretaña –cuyo primer ministro conservador, Boris Johnson, es el gran aliado de Trump– se han doblegado a las amenazas de Estados Unidos para abandonar la 5G de Huawei.

NP, como si fuera una vulgar trumpiana, fustigó que la red 5G de Huawei permitiría a China espiar las comunicaciones de los aliados de Estados Unidos, a lo que China replicó que este último persiste en monopolizar (¿"democracia"?) el control cibernético global para perpetrar su espionaje. NP amenazó que “quienes opten por Huawei tendrán que pagar un alto precio (¿"democracia"?). Cuando le preguntaron a NP si estaba de acuerdo "con la política china del presidente Trump", respondió sin sonrojarse que "estamos de acuerdo en este punto". Y en otros más que oculta…

El diplomático chino Fu Ying preguntó a NP cuál era su explicación para que las trasnacionales de Estados Unidos que han operado en China durante décadas no hayan podido cambiar el sistema político chino y que ahora resulte que Huawei sola amenace la "democracia" de Occidente (https://bit.ly/2vRVQ6Z). ¡Touché!

Justamente, días antes, The Washing-ton Post –portavoz del establishment y propiedad de Jeff Bezos, mandamás de Amazon–reportó que la CIA espía las comunicaciones encriptadas de los gobiernos de todo (sic) el mundo desde hace cinco décadas (sic), gracias a la instalación secreta de la empresa de "seguridad" CryptoAG, en Suiza (https://wapo.st/2Pw9aVN).

Si Europa rechazara la 5G de Huawei, se quedaría secuestrada eternamente a Estados Unidos y muy rezagada frente a China.

El Secretario de Defensa ME advirtió que el mundo se encuentra ahora en la "era de competencia de las grandes potencias", por lo que “debemos pasar de los conflictos de baja (sic) intensidad y prepararnos de una vez por todas para una guerra de alta (sic) intensidad”, que es la misma perorata del reporte del Pentágono de 2018 (https://bit.ly/39TpKXd).

En forma espectacular participaron también en la CSM Mark Zuckerberg, de Facebook, y el canciller iraní, Javad Zarif, lo que puso nerviosos a tirios y troyanos.

Las diatribas de republicanos y demócratas por igual contra la 5G de Huawei va mucho más allá de una prosaica guerra "comercial" y de la defensa hilarante de "valores democráticos" inexistentes en Estados Unidos. Más bien refleja el acelerado declive de Occidente, en particular, de Estados Unidos, su otrora superpotencia tecnológica que ha sido ya rebasada en varios rubros por la panoplia hipersónica militar de Rusia y por las hazañas científicas de China, hoy puesta doblemente en cuarentena por el extraño coronavirus y por el cerco de Estados Unidos, que empezó con la contención de Barack Obama y prosigue en forma desesperada con Trump, mientras Rusia y China han codificado una "asociación estratégica", cuya envergadura secreta se ignora y ha dejado atrasado a Estados Unidos.

http://alfredojalife.com

Facebook: AlfredoJalife

Vk: id254048037

Publicado enInternacional
Bolivia confirma que las rupturas de la democracia son golpes

Desde que adoptó su nueva estrategia, la derecha latinoamericana ha tratado de enarbolar la bandera de que ha tumbado a gobiernos progresistas latinoamericanos por vías democráticas, mediante movilizaciones populares, cívicas, de la sociedad civil contra gobiernos que habrían roto la institucionalidad, cometido arbitrariedades, atentado contra la democracia.

Lo ha hecho en Brasil, tumbando al gobierno recién reelegido de Dilma Rousseff alegando arreglos presupuestarios, que no faculta, según la Constitución brasileña, a promover el impeachment de un presidente de la República. Es tan arbitraria e inconstitucional la decisión, que, hasta ahora, casi cuatro anos después, el Supremo Tribunal Constitucional, instancia máxima del Judiciario de Brasil, no ha juzgado el impeachment en contra de Dilma. Porque si abre la Constitución, no va a encontrar respaldo alguno para la mas grave decisión que un Congreso puede tomar – tumbar a una presidente recién reelegida democráticamente para el cargo por el voto popular. Entonces el trubunal aplaza su posición, como si el paso del tiempo pudiera hacer olvidar la connivencia del Judiciario brasileño con el golpe que ha roto la democracia brasileña y ha llevado al país desde los gobiernos mas virtuosos de su historia, hasta el infierno en el que vive actualmente.

La discusión de si el impeachment fue un golpe o no, es absolutamente relevante, porque denuncia aquel acto como ruptura de la democracia, de la Constitución brasileña o, al contrario, como quiere la derecha y sus voceros en los medios, se trataría de una corrección de camino, de un acto perfectamente legal y aceptable, para tumbar un gobierno que la derecha no supo derrotar por medios democráticos, habiendo sido derrotada cuatro veces de manera sucesiva.

Cuando la derecha ha derrotado a un gobierno progresista por medio de elecciones, como ha ocurrido en Argentina, teniendo que atenerse a la institucionalidad democrática, esa derecha ha sido abiertamente derrotada cuatro años mas tarde. Confirmando que, por vías democráticas, la derecha puede hasta llegar a triunfar, pero no tiene políticas que den estabilidad y apoyo popular a su visión neoliberal, inmediatamente reinstalada, cada vez que la derecha vuelve al gobierno. La democracia se revela incompatible con el neoliberalismo y así condena la derecha a la derrota__salvo que ésta apele a métodos antidemocráticos.

El caso de Bolivia es, de alguna manera, similar al brasileño. La derecha se ha mancomunado con fuerzas policiales y las fuerzas armadas, contando con los medios y con el Judiciario, para tumbar al gobierno legalmente reelegido de Evo Morales. Ha alegado ilegalidades electorales, mencionadas por la OEA, que se ha revelado  rápidamente como participe del golpe, a punto de que había propuesto nuevas elecciones, aceptadas por Morales, pero que ha abandonado aquel planteo, para sumarse a un gobierno abiertamente golpista y dictatorial.

La prueba definitiva de si aquel movimiento sería de restauración democrática o, al contrario, de ruptura de la democracia, estaría dada por las nuevas elecciones convocadas por la presidente que, sin legitimidad institucional alguna, ha asumido el gobierno. La represión a los movimientos populares, la prisión de dirigentes del MAS, las condiciones cada vez mas estrechas en que pretende que se den las elecciones en principio convocadas para mayo de este año, confirman que se ha tratado de una farsa  de movilización popular y de restauración democrática, como ha querido afirmar la derecha boliviana, sostenida por el gobierno de los Estados Unidos y sus aliados en la región.

La reciente prohibición de la candidatura de Morales al Senado boliviano, solo confirma las condiciones controladas, antidemocráticas, excluyentes, en que pretenden realizar las elecciones. Conforme la candidatura de Luis Arce, del MAS, asume el liderazgo en las encuestas, hasta la realización misma de esas elecciones se pone en peligro, pues las FF.AA. bolivianas han asumido espacios determinantes en el gobierno actual.

Bolivia camina por la vía brasileña, de la guerra hibrida, del régimen de excepción, y no la vía argentina, en que las fuerzas democráticas se han reimpuesto, porque se ha logrado mantener las condiciones democráticas mínimas para la disputa electoral.

Publicado enInternacional
La sociedad exige explicaciones sobre la implementación de sistemas de reconocimiento facial en América Latina

Mientras los gobiernos siguen ignorando las innumerables evidencias internacionales que comprueban los sesgos y fallas de las tecnologías biométricas de vigilancia, organizaciones de la región cuestionan la ausencia de compromisos con la transparencia, participación y protección de los derechos de las poblaciones afectadas.

Por todos los casos de errores y fallas  que hemos visto alrededor del mundo, nos queda claro que la implementación de sistemas de reconocimiento facial puede generar innumerables riesgos al ejercicio de derechos humanos. Sin embargo, algo de que no solemos hablar es el costo que la adquisición y uso de esas tecnologías representan en los bolsillos de las poblaciones donde estos sitemas se implementan. 

La situación es particularmente grave en América Latina: a pesar de que el argumento de la crisis económica es constantemente utilizado para explicar la disminución de inversiones en servicios básicos como educación y salud, los gobiernos siguen invirtiendo en vigilancia. Y, peor aún, invierten en tecnologías incapaces de cumplir con sus propias promesas. 

Las justificaciones en general vienen de la necesidad de mejorar la seguridad pública, planteando la posibilidad de agilizar la búsqueda de prófugos de la justicia y una identificación más eficaz de delincuentes… Pero los resultados distan de ser los esperados. En 2019, un hombre identificado a través de un sistema de reconocimiento facial estuvo seis días preso por error en Buenos Aires. Lo mismo pasó con una mujer en Río de Janeiro que fue detenida tras ser confundida con otra persona por las cámaras instaladas en algunos barrios de la ciudad, hace alrededor de un año durante el Carnaval.

Nada de eso fue suficiente para impedir que el gobierno del estado de São Paulo decidiera invertir más de 13 millones de dólares (más de 58,6 millones de reales) en la implementación de un sistema de reconocimiento facial para su red de metros. El nuevo sistema puede afectar a millones de personas que circulan diariamente en las líneas donde serán instaladas las cámaras. A pesar de esto, ni el impacto financiero ni el humano fueron considerados suficientemente relevantes para que el proceso de contratación e implementación del sistema incluyera medidas de transparencia y participación. La existencia de obligaciones de rendición de cuentas previstas en la nueva ley general de protección de datos brasileña –que entra en vigencia en agosto de este año– tampoco fue considerada. 

Lo sociedad exige explicaciones

Frente a tal situación, seis organizaciones de defensa de derechos brasileñas decidieron presentar -el último 10 de febrero- una acción judicial demandando que se transparentara la información sobre el uso, procesamiento y almacenamiento de datos biométricos, así como las medidas de seguridad que serán implementadas para garantizar la privacidad de los millones de usuarios del metro. Y tuvieron éxito. Tras la solicitud de pruebas anticipada* de la Defensoria Pública do Estado de São Paulo, Defensoria Pública da União (DPU), Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor (Idec), Intervozes, ARTIGO 19, y el Coletivo de Advocacia em Direitos Humanos (CADHu) la Companhia Metropolitano de São Paulo tiene 30 días hábiles** contados desde el 12 de febrero para entregar la información solicitada.

Estas organizaciones también han manifestado su preocupación por la falta de transparencia en torno a la adquisicón millonaria de tecnologías de vigilancia que han demostrado ser problemáticamente propensas a errores y sesgos en Brasil, así como en otras implementaciones a nivel internacional

La solicitud de pruebas presentada las organizaciones brasileñas se suma a una serie de movimientos en la región para exigir explicaciones sobre los razonamientos que justifican la compra y adopción de tecnologías de vigilancia basadas en la recolección de datos masiva, así como las medidas que serán adoptadas para mitigar los riesgos que estas implican al ejercicio de los derechos humanos. 

En Paraguay, Tedic actualmente cuestiona la inconstitucionalidad de reglamentos presentados para justificar la negativa de acceso a la información sobre un sistema reconocimiento facial que se encuentra implementando desde 2018 y sobre el cual poco se sabe. En Argentina, ADC ha iniciado una acción buscando que se determine la inconstitucionalidad de la resolución que autoriza el sistema de reconocimiento facial en la Ciudad de Buenos Aires, donde se implementaron cerca de 200 cámaras en el espacio público (incluyendo estaciones de metro y trenes).

Si bien no han sido pocos los casos donde se ha expuesto el alto índice de errores que los sistemas de reconocimiento facial han mostrado en su debut como medida de seguridad, es importante destacar que las medidas ya implementadas se han desarrollado sin mecanismos efectivos de rendición de cuentas que permitan auditar y apelar el uso de estas tecnologías en el espacio público; donde sus afectaciones terminan polarizando las brechas de desigualdad y vulnerando aún más a las personas que son perseguidas y reprimidas por parte de sus gobiernos.

Ante la implementación de mecanismos de vigilancia masiva que se anuncian como medida para incrementar la seguridad de las poblaciones donde se despliegan, es importante señalar que ninguna medida puede estar por encima de la obligación de proteger y promover el ejercicio de los derechos humanos.

Desde Derechos Digitales seguimos acompañando y apoyando las acciones tomadas por las organizaciones de Argentina, Brasil y Paraguay esperando que se traduzcan en mayores compromisos de parte de los Estados de la región y sirvan de ejemplo para otros países.

Por Jamila Venturini | 22/02/2020 

Fuentes: derechosdigitales.org

* La solicitud de prueba anticipada es un mecanismo por el cual se pide judicialmente que se generen medios probatorios antes que exista una demanda en curso.

** Traducción hecha por Access Now. 

Fuente: https://www.derechosdigitales.org/14207/la-sociedad-exige-explicaciones-sobre-la-implementacion-de-sistemas-de-reconocimiento-facial-en-america-latina/

Aceleracionismo: por un control proletario de las tecnologías de producción

En lugar de enfrentarnos al capitalismo desde un mítico exterior que ya no existe, el aceleracionismo de Alex Williams y Nick Srnicek apuesta por una apropiación común de la ciencia y la tecnología de plataforma como única forma de poder subvertir el sistema capitalista desde su interior.

 

Desde que Alex Williams y Nick Srnicek publicaron su Manifiesto por una Política Aceleracionista en 2013, la recepción del aceleracionismo por parte de los intelectuales y movimientos sociales de izquierda ha terminado por dividirse en dos posturas claramente divergentes. Por una parte están todos aquellos que lo consideran una propuesta excesivamente academicista que en realidad estaría jugando a favor del capitalismo. Entre otros, este sería el caso de filósofo y sociólogo alemán discípulo de Axel Honneth, Hartmut Rosa, según el cual la aceleración sería un fenómeno inherentemente capitalista, moderno y totalitario que únicamente puede alienarnos y desconectarnos de las experiencias vitales ligadas al mundo material.

Por la otra, existe una gran cantidad de autores y autoras que han intentado precisar y desarrollar algunas tesis aceleracionistas desde ámbitos tan variados como la estética, la teoría del conocimiento, el análisis del trabajo, la organización de clase o el feminismo, como por ejemplo son el Xenofeminismo de Laboria Cuboniks y Helen Hester, o el post-operaísmo de Bifo Berardi y Antonio Negri. Concretamente, para este último, el aceleracionismo propuesto por Williams y Srnicek mantiene afirmaciones propias del operaísmo como es la de “liberar la potencia del trabajo cognitivo dentro de la evolución del capital, [debido a que] la causa de las crisis está en la obstrucción de las capacidades productivas”. Mientras que en el caso de Hartmut Rosa, la aceleración es vinculada unilateralmente con una necesidad permanente de optimización y maximización de los procesos productivos que sería exclusivamente capitalista; aceleracionismo, post-operaísmo y xenofeminismo plantean, por el contrario, que la forma de producción capitalista no es una máquina perfecta que únicamente trabaja en su propio beneficio, sino que para obtener este último necesita liberar e implementar algunas fuerzas cruciales que pueden ser re-apropiadas por el proletariado y utilizadas en su contra. Estas fuerzas son la ciencia y la tecnología.

ACELERACIONISMO Y DESTERRITORIALIZACIÓN

Gran parte de la oposición a las propuestas de Williams y Srnicek derivan de una comprensión alterada de qué es exactamente lo que proponen con “acelerar”. Concretamente, la que ha terminado siendo la comprensión más habitual del aceleracionismo lo entiende como una exhortación a intensificar cualquier tipo de proceso capitalista existente, con la (ilusoria) esperanza de que esto llevará al sistema a un colapso definitivo que es necesario alcanzar para poder instaurar un nuevo sistema más justo y equitativo.

Frente a esta tergiversación y simplificación es necesario recordar que el origen y fundamento de la propuesta aceleracionista se encuentra en uno de los fragmentos más discutidos que Gilles Deleuze y Félix Guattari escribieron en el Anti-Edipo, cuando se preguntaron “entonces, ¿qué solución hay, qué vía revolucionaria? […] ¿Retirarse del mercado mundial como aconseja Samir Amin a los países del tercer mundo, en una curiosa renovación de la ‘solución económica’ fascista? ¿O bien ir en sentido contrario? Es decir, ir aún más lejos en el movimiento del mercado, de la descodificación y la desterritorialización. Pues tal vez los flujos no están aún bastante desterritorializados, bastante descodificados […] No retirarse del proceso, sino ir más lejos, acelerar el proceso”.

Según Deleuze y Guattari, el principal problema del capitalismo es que si bien aparenta ser una fuerza que desterritorializa y descodifica las relaciones sociales y económicas propias de las sociedades tradicionales, clasistas y heteropatriarcales, ello es debido a que únicamente lo hace con la intención de volver a re-territorializarlas y recodificarlas dentro de un sistema socioeconómico que se ajuste perfectamente a sus necesidades y objetivos. En este sentido, desterritorializa el régimen de propiedad de la tierra propio del feudalismo para reterritorializarlo bajo la primacía de la propiedad de los nuevos medios de producción, industriales y cognitivos. Del mismo modo, descodifica las relaciones sociales heteropatriarcales basadas en el parentesco para recodificarlas como relaciones laborales con asimetría de género.

Dado que este proceso de desterritorialización y posterior reterritorialización sigue funcionando de múltiples modos, lo que afirma el aceleracionismo es que hemos de incrementar o “acelerar” los procesos de desterritorialización y descodificación hasta un punto de no-retorno que impida su re-territorialización y recodificación capitalista. Desde este punto de vista, lo que hay que acelerar no es el capitalismo en sí, sino únicamente la descodificación que promueve antes de volver a recodificarla. Ahora bien, es precisamente en este punto donde el aceleracionismo se bifurca en una concepción marxista defendida por Williams y Srnicek, y otra (anarco)liberal mantenida por reconocidos antimarxistas como Nick Land, fundador en 1995 de la Unidad de Investigación de Cultura Cibernética junto a la filósofa Sadie Plant.

La principal diferencia entre ambas posturas radica en que en el caso de Land el proceso concreto a acelerar coincide directamente con el tipo de des-codificación sociosimbólica posibilitada por Internet y las plataformas digitales tal y como eran en los años 90. En cambio, en el caso de Williams y Srnicek, la aceleración de los procesos de descodificación debe ser complementada con una reapropiación común y no necesariamente estatal de las tecnologías de plataforma que posibilite una re-organización antagonista eficaz de las relaciones productivas anti-capitalistas.

ACELERACIONISMO Y MARXISMO POST-OPERAÍSTA

El aceleracionismo marxista mantiene que la tecnología promueve dos tipos de procesos dentro del capitalismo que, a diferencia de lo que mantiene Hartmut Rosa, no pueden considerarse ni idénticos, ni inseparables. La necesidad de reducir el trabajo humano necesario para realizar una tarea (el incremento de productividad) y la necesidad de incrementar continuamente la cantidad de producción total de mercancías (lo que Unabomber llamaba la auto-expansividad de un sistema). Derivado de ello, la otra gran distinción que separa al aceleracionismo marxista de la teoría crítica consiste en su consideración de la tecnología como una herramienta susceptible de incrementar exponencialmente la efectividad social del trabajo y el conocimiento con vistas al empoderamiento de sus productores frente al capital. Más específicamente, cibernética y plataformas digitales son identificadas como la infraestructura básica que posibilitaría una autogestión efectiva y común de las luchas contra el capitalismo, y cuya reapropiación debería considerarse como uno de los objetivos fundamentales de cualquier tipo de lucha anticapitalista.

El último libro de Hardt y Negri proponía reorganizar el funcionamiento de los movimientos sociales a partir de un “liderazgo emprendedor” aplicable a aquellas tareas de tipo “táctico” que no necesiten ser evaluadas por una Asamblea que se limita a tomar las decisiones estratégicas principales. El aceleracionismo de Williams y Srnicek va un poco más allá, y mantiene que una lucha realmente efectiva contra el actual capitalismo de plataforma requiere poner a jugar a nuestro favor todos los procesos de automatización, Deep Learning e Inteligencia Artificial que podamos, para que realicen un sinnúmero de tareas tácticas, logísticas y repetitivas que nos liberen de la enorme carga de gestión que requieren.

Si bien Antonio Negri tiene razón cuando afirma que “el nombre de aceleracionismo es ciertamente infeliz” debido a la ingente cantidad de confusiones a las que ha dado lugar, ello no le impidió entender la propuesta de Williams y Srnicek como “un complemento postobrerista” que renueva la consigna “no al trabajo”. Aunque los actuales repuntes de un anarco-primitivismo radical como el propuesto por John Zerzan o Theodore Kaczynski nos han acostumbrado a aceptar que todos los males provienen de la tecnología, no por ello deberíamos identificar unilateralmente a esta última con el sistema industrial capitalista tan rápidamente como hacen ellos. Nos guste o no reconocerlo, la verdad es que tal y como afirman Williams y Srnicek, desde comienzos del siglo XXI los movimientos sociales han aglutinado y articulado la acción de una cantidad cada vez mayor de personas y sin embargo, aparte de frenar algunos procesos a nivel local y en lugares concretos, la triste realidad es que la precariedad y la redistribución desigual de la renta continúan incrementándose exponencialmente a nivel global. Debido a ello, tal vez sea el momento de plantearnos seriamente la necesidad de una reapropiación profunda y de masas de aquellas tecnologías que nos empoderen lo suficiente como para poder desarticular definitivamente las relaciones sociales de producción en las que se basa el capitalismo.

En este sentido, el aceleracionismo marxista no es tanto una pulsión irracional por incrementar la velocidad de un sistema que se cree condenado a su propia autodestrucción, como un proyecto orientado a la re-configuración de las principales fuerzas que dicho sistema ha desatado para emplearlas en su propia subversión y desmantelamiento. El problema al que esto nos enfrenta y que muchas veces no nos gusta, es que mientras que la mera resistencia exterior a un sistema opresor siempre es moralmente loable aun en los casos en los que conduce inexorablemente a la derrota, la decisión de utilizar sus propios recursos como única forma viable para destruirlo siempre está abierta a la traición, voluntariamente asumida o no, de los objetivos por los que fue iniciada la lucha. La apertura a la corrupción y/o tergiversación de los fines perseguidos es algo que siempre está presente en cualquier tipo de lucha por (o empleo de) el poder. A este respecto, lo que el aceleracionismo marxista nos está pidiendo es que salgamos de nuestra cómoda esfera de seguridad moral, y no temamos utilizar aquellas fuerzas que son necesarias para poder tener siquiera la oportunidad de hacer algo efectivo y duradero a escala global.

Por Jorge León Casero

Profesor de Filosofía. Universidad de Zaragoza


publicado

2020-02-21 10:00

Publicado enCultura
Viernes, 21 Febrero 2020 06:06

"Money, money, money"..

"Money, money, money"..

Una imagen vale más que mil palabras. Finales de enero, Casa Blanca, Washington. Donald Trump y Benjamin Netanyahu dos grandes machers de la política global –el primero (todavía) bajo el impeachment, el segundo investigado por corrupción y soborno− presentan la "Tranza del Siglo", ¡ejem!, el Acuerdo del Siglo ( The deal of the century), el gigantesco y descarado plan de robo de tierras palestinas −sin que ningún palestino fuese consultado en su diseño ni presente en su estreno− disfrazado de "iniciativa de paz".

¿Qué mejor instantánea de nuestro tiempo político?

Cuando D. Yearsley había sugerido que un perfecto soundtrack para el –finalmente fallido− proceso de destitución de Trump habría sido una pieza de John Adams (bit.ly/2H0a9J6) −que de hecho tiene toda una ópera sobre el bochornoso affaire del secuestro de Achille Lauro que causó revuelo por ser "demasiado condescendiente al terrorismo palestino" (bit.ly/2GWydwa)−, yo ya empecé a imaginarme una perfecta banda sonora para el –aún pendiente (bit.ly/37MkCms)− proceso de Netanyahu. Algo mucho más plebeyo.

¿Qué tal "Money, money, money..." de ABBA?

Este, de hecho, podría ser igualmente el fondo para toda la "Tranza del Siglo". Reflejaría bien la mentalidad de sus autores: del multimillonario Trump, de su oficial "arquitecto", su multimillonario yerno J. Kushner y del gran amante de lujos, Netanyahu, ya que las principales líneas del plan parecen recortadas de uno de sus libros (bit.ly/2uLg7uW). Enfatizaría el meollo de toda esta farsa que se resume a que los palestinos por fin dejen de lado todas estas "demandas irracionales" −un Estado soberano, el fin del colonialismo israelí, etcétera− y acepten el dinero del "paquete económico" para vivir finalmente –confinados a sus bantustanes concedidos por Israel y Estados Unidos de manera tan generosa− "una vida prospera".

Puede ser con un support de Liza Minelli y su (casi) homónima canción Money, money – Money makes the world go round, the world go round...− del clásico musical Cabaret (1972), ambientando –sin casualidad diría yo− en el auge del nazismo (bit.ly/2v3zleV). Herr Trump y su naciente fascismo estadunidense (véase: J. Stanley) und Herr Netanyahu y su peculiar versión israelí (véase: Z. Sternhell) justifican bien la selección.

Sí, vivimos en un Weimar global, una entidad destinada a fracasar, pero tam-bién en un Trumpistán donde todo –incluso la dignidad− parece tener su precio.

Cualquiera que miraba con atención lo veía venir desde hace tiempo.

El buen Robert Fisk al ver la primera probadita del plan –Israel sin respetar las fronteras de 1967 se queda con toda Jerusalén (declarada "capital israelí indivisible" por Trump), todos los asentamientos ilegales (declarados "legales" por Trump) y el Valle de Jordán− remarcó que si antes la fórmula era "la tierra por la paz", ahora es “ cash por la paz, una quintaesencial solución trumpiana” (bit.ly/3bERgJz).

En la "Tranza del Siglo" –que niega la justicia a los refugiados palestinos y la igualdad a los palestinos-ciudadanos israelíes− la autodeterminación es un término económico, no político (bit.ly/2wmdX5j). Como si esta −independientemente de su forma− fuera posible bajo la ocupación que el plan, de hecho, legaliza poniéndole no más un poco de dinero encima prometiendo "prosperidad" y "gran crecimiento" al sector privado palestino, aunque –esto ya lo dijo Hanan Ashrawi que en su momento chocó fuerte con Arafat por llevar a Palestina a la tragedia de Oslo (véase: A. Shlaim, Woman of the year, en: Israel and Palestine, 2009, p. 211-223)− “pensar que los palestinos renunciaremos a nuestros derechos y libertad por una mítica ‘paz económica’, son castillos en el aire” (bit.ly/2P0c2tI).

Otra vez: cualquiera que miraba con atención lo veía venir desde hace tiempo.

Fueron los Acuerdos de Oslo (1993) firmados en el clímax del neoliberalismo –asimilado de hecho en una situación colonial por la dirigencia palestina (bit.ly/36N4Ffi)− que aparte de darle tiempo a Israel para robar más tierra, convirtieron la liberación de Palestina –bien apunta Joseph Massad, el discípulo del gran E. W. Said− en mero empoderamiento de sus empresarios y aparato de seguridad (bit.ly/2GQeheI).

De hecho fue el propio empresariado palestino que convenció a Arafat de firmar a Oslo, propagando –en coro con ideólogos estadunidenses e israelíes− las quimeras del maná neoliberal y prosperidad para todos −"Dubai en Cisjordania"/"Singapur en Gaza"−, recalentados hoy por Kushner & Company.

El Acuerdo del Siglo –en esencia un “ business plan” y la vez el “ business as usual”− es culminación de todo esto (tarde o temprano algunos sectores palestinos que se lucran de la ocupación y lazos financieros con Israel lo suscribirán).

Cualquiera que miraba con atención se acuerda también cómo el candidato Trump se declara en 2016 "neutral" (sic) en el conflicto israelí-palestino hasta que le cae el veinte que una megagenerosa donación a su campaña por un cierto magnate casinero "el rey de Las Vegas y el príncipe de Macao" que también es... el principal soporte de Netanyahu –"su dueño" decía el viejo Uri Avnery (bit.ly/2STiJ1A)− es condicionada con "tomar un partido".

Allí estamos de vuelta a nuestra imagen: dos políticos con problemas legales, en antípodas del derecho internacional, ambos en campañas de relección, con el mismo padrino financiador, presentan un plan de atraco a todo un pueblo desposeído. Zeitgeist.

Publicado enInternacional
Un golpe dentro del golpe. Proscribieron a Evo Morales en Bolivia

El Tribunal Supremo Electoral confirmó que no será habilitada la candidatura a senador del ex presidente. Los insólitos motivos esgrimidos. Evo recurrirá a la CIDH.

El que mejor lo definió fue el propio Evo Morales quien, minutos después de que el Tribunal Supremo Electoral de Bolivia confirmase que rechazaba su candidatura a senador, aseguró que "la decisión es un golpe contra la democracia. Los miembros del Tribunal saben que cumplo todos los requisitos para ser candidato. El objetivo final es la proscripción del MAS".

El rumor sobre la previsible resolución del Tribunal había tomado cuerpo hace días, pero los propios jueces fueron dando largas a comunicarla. Finalmente lo hicieron en conferencia de prensa el jueves por la noche y en ella el presidente del cuerpo, Salvador Romero, aseguró que el fallo, además, era "inapelable".

El equipo de abogados que acompaña a Evo Morales desde el golpe militar que lo desplazó de la presidencia no piensa lo mismo. El jurista argentino Raúl Pereyra ya había anticipado que si el gobierno de facto tomaba ese camino recurrirían a dos respuestas en paralelo. "En primer lugar apelaremos ante el Tribunal Constitucional de Bolivia" --aseguró--. Pero al mismo tiempo nos vamos a presentar directamente ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos", que seguramente va a tener que expedirse de manera urgente sobre el tema.

La defensa del ex presidente, compuesta también por Eugenio Zaffaroni y el español Baltasar Garzón, ya había destacado a través de un comunicado que el ex presidente de Bolivia "reúne todos los requisitos jurídicos para ser candidato a senador" en los comicios del tres de mayo.

En el texto, los letrados aseguraron que la candidatura de Morales, quien actualmente ejerce su rol como jefe de campaña del MAS desde Argentina, constituye "un valor indisputable, superior a cualquier otro" que emana "de la Constitución y del Derecho Internacinal de los derechos humanos".

"Cualquier proscripción de Evo Morales en sus aspiraciones al cargo de senador será interpretada como un eslabón más de las autoridades dictatoriales que detentan el poder en el 'Estado de no Derecho'", agrega el comunicado firmado en conjunto por los tres abogados.

El insólito argumento utilizado para proscribir la candidatura de Evo Morales es el requisito de residir en el país desde hace dos años en el caso de diputados y senadores. Romero explicó que para tomar la decisión se tuvo en cuenta aspectos como la residencia que figura en el padrón electoral del aspirante a candidato, dónde desarrolla su vida y cuál es la residencia efectiva.

Morales presentó su candidatura a senador por la región boliviana de Cochabamba, donde comenzó su carrera política como diputado en 1997 y donde votó en las sucesivas elecciones hasta los comicios del pasado octubre.

El curioso razonamiento oficial parece ser que, como fue obligado a emigrar por el golpe militar-policial, no vive desde entonces en Bolivia. Aún si Evo Morales hubiese estado dispuesto a arriesgar su vida volviendo a su país, el aparato judicial del golpismo se encargó de presentar una serie de denuncias penales en su contra que garantizan que sería encarcelado apenas ponga un pie en el aeropuerto de El Alto.

A raíz del nuevo golpe dentro del golpe, Evo Morales realizará este viernes una conferencia de prensa en Buenos Aires, en compañía de sus abogados Raúl Zaffaroni y Raúl Ferreyra. El Grupo de Puebla, formado entre otros por las principales figuras de los gobiernos de Argentina y México, ya hizo pública su preocupación por este nuevo uso de "lawfare preventivo, que persigue a los líderes y lideresas progresistas en toda Latinoamérica para evitar que estos y estas lleguen a posiciones de poder".

Publicado enInternacional
Página 1 de 258