Uno de los cocaleros heridos en Cochabamba, lugar de resistencia al golpe.  Imagen: EFE

Con la narrativa de la amenaza de "grupos violentos locales y extrajeros" legitiman la represión

El ministro Murillo dijo que la autoproclamada presidenta Jeanine Añez no había podido viajar a su departamento natal, Beni, por las amenazas contra ella. “La presidenta es un objetivo militar, nuestras familias son un objetivo militar”.

 

Arturo Murillo, ministro del gobierno de facto de Bolivia, es el encargado de construir una de las narrativas más peligrosas del golpe de Estado: la del enemigo interno. Su discurso ha venido en un proceso de señalamiento que cuenta con dos elementos centrales, por un lado, fabricar un enemigo imaginario y peligroso, y por el otro, victimizarse.

Esa construcción escaló un nuevo paso el día lunes cuando Murillo señaló que la autoproclamada presidenta Jeanine Añez no había podido viajar a su departamento natal, Beni, por las amenazas contra ella. “La presidenta es un objetivo militar, nuestras familias son un objetivo militar”, dijo.

El enemigo que toma forma en el discurso del gobierno de facto estaría conformado por varios elementos: grupos subversivos internos, grupos armados extranjeros, bandas narcotraficantes bolivianas y mexicanas e integrantes de la Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia. Usarían “armas de grueso calibre”.

El gobierno de facto busca así victimizarse y legitimar la acción represiva, tanto de la Policía Nacional Boliviana como de la Fuerza Armada Bolivia. Esta última tuvo un despliegue en tres pasos. En primer lugar, salió a las calles a militarizar ciudades y carreteras, luego fue exenta de responsabilidad penal en las operaciones, y finalmente este lunes le fue aprobada una partida adicional de 4 mil 800 millones de dólares.

La construcción del enemigo interno busca otro objetivo más: negar la responsabilidad en las muertes. Así Murillo negó que hayan 24 asesinados, a pesar de que ese número haya sido proporcionado por la Defensoría del Pueblo, dijo que solo existían 9 muertos, de los cuales 2 había sido asesinados con tiros de frente con calibre no convencional, es decir que no usa las fuerzas de seguridad del Estado.

Por lo tanto, el gobierno de facto sería objeto de un ataque armado para desestabilizarlo que tendría en su autoría intelectual a las fuerzas del Movimiento Al Socialismo (MAS), es decir del proceso de cambio que tiene a Evo Morales en su dirección.

Morales, quien se encuentra asilado en México, se refirió a la situación represiva del país, y denunció que intentan “culparnos por las 24 muertes causadas por su “presidenta” autonombrada en 5 días”.

También declaró, en una entrevista a la cadena Al Jazeera, que busca volver para terminar su mandato que culmina el 22 de enero del 2020: “Está bien, todo por la vida, por la democracia, retiro mi candidatura, pero deberían dejarme terminar mi mandato (…) estoy buscando una forma legal de volver y estar con la gente que resiste la dictadura, el golpe”, afirmó.

Esa resistencia ha continuado su proceso de crecimiento en lugares de visibilidad, como La Paz, El Alto, Cochabamba, así como en carreteras del país, ciudades intermedias y pueblos. Es un levantamiento encabezado por diferentes movimientos que piden que Añez renuncie a lo que nunca le correspondió por la Constitución.

La respuesta del gobierno de facto, además de la represión y los asesinatos, ha sido la de descalificar las protestas: “Hay bloqueos en varios puntos del país, pero no hay demandas, ¿cuáles son las demandas?, no entiendo”, afirmó Murillo.

Junto con este escenario sigue sobre la mesa una de las cuestiones centrales: el llamado a elecciones. El discurso golpista sostiene que el gobierno de Añez es únicamente transitorio, y que sólo ha venido para “pacificar” y convocar a “elecciones libres”.

La forma de convocatoria a esas elecciones y las condiciones de participación son lo que está siendo objeto de debate. El gobierno de facto cuenta con el problema de la mayoría parlamentaria del MAS, una piedra de tranca para avanzar en la designación de nuevas autoridades del Tribunal Supremo Electoral.

Sin embargo, la decisión que pareciera tomarse, sería conformar un “órgano electoral interino elegido por consenso”, según apareció en la propuesta presentada por el ex presidente boliviano Tuto Quiroga. En esa propuesta Evo Morales no podría presentarse.

La necesidad electoral ha sido enunciada también por Carlos Mesa, quien pidió públicamente que se hiciera el llamado y que el MAS reconozca al gobierno de facto.

Esa desembocadura electoral es una necesidad por dos razones. En primer lugar, porque el golpe de Estado busca presentarse como institucional y democrático, y, por lo tanto, parte de esa construcción demanda una salida por los votos. En segundo lugar, porque la presión de las movilizaciones conforma un cuadro que el golpismo no logra controlar.

Un ejemplo de esta situación es la ciudad de La Paz, donde se presentan dificultades de abastecimiento de alimentos. La cuestión temporal es uno de los factores determinantes, y el gobierno de facto, los poderes reales del golpe de Estado saben que resultaría difícil mantener esta situación de autoproclamación por un tiempo prolongado. Buscan, antes de convocar a elecciones, haber generado todas las condiciones de persecución y proscripción que necesitan. 

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 "Lamentablemente no se acataron protocolos policiales: hubo uso excesivo de la fuerza, abusos, delitos y no se respetaron derechos", admitió el presidente de Chile. Desde que prendieron las protestas sociales el 18 de octubre, las cifras ofi ciales indican que hay 23 muertos, más de 6 mil 300 detenidos y 2 mil 391 heridos (41 por balazos, 964 por perdigones y 909 por golpizas y gases lacrimógenos). Ayer marcharon en Santiago más de 200 que perdieron alguno de sus ojos. Foto Ap. Aldo Anfossi, Especial para La Jornada

Santiago. El presidente Sebastian Piñera reconoció que la policía (Carabineros) pasó por encima de sus propios límites durante la represión de las manifestaciones, que suman cuatro semanas en Chile, y que se han cometido violaciones a los derechos humanos.

"Lamentablemente, a pesar del firme compromiso para proteger los derechos humanos, en algunos casos no se respetaron los protocolos (policiales), hubo uso excesivo de la fuerza, abusos o delitos y no se respetaron los derechos de todos", admitió Piñera la noche del domingo, después de cinco días de total ausencia pública.

En el mes transcurrido desde que prendieron las protestas (18 de octubre), las cifras oficiales indican que hay 23 muertos, cinco de ellos por disparos de uniformados; más de 6 mil 300 detenidos (759 menores de edad) y 2 mil 391 heridos (41 por balazos, 964 por perdigones, de las cuales 222 tienen heridas oculares, y 909 por golpizas u otro). El Instituto Nacional de Derechos Humanos ha presentado 384 acciones judiciales.

La víctima mortal más reciente se contó el sábado 16, cuando Abel Acuña, de 29 años, aparentemente sufrió un paro cardiaco en la Plaza Italia. Hay evidencia gráfica de que cuando los paramédicos buscaban rescatarlo para llevarlo a un hospital, su esfuerzo fue abiertamente perjudicado por la policía. El Colegio Médico y el Servicio de Atención Médica de Urgencia confirmaron que las fuerzas especiales "agredieron" al equipo médico con "chorros de agua, gas lacrimógeno y disparos con armas antidisturbios, lo que retrasó la reanimación del paciente". La socorrista que atendía fue herida en una pierna y Abel falleció 15 minutos después.

La violencia policial ha sido implacable y abiertamente animada por la oficialidad superior. Apenas el miércoles 13 se filtró un audio, reconocido como auténtico, en el cual la máxima autoridad de carabineros, general Mario Rozas, hablando a la tropa, promete impunidad. "Tienen todo el apoyo, todo el respaldo, de este general director. ¿Cómo lo demuestro? A nadie voy a dar de baja por un procedimiento policial. Aunque me obliguen, no lo voy a hacer", dijo, desatando los aplausos. Carabineros después aclaró que se refería a decisiones sin un previo sumario interno.

Pero la presidencia de Piñera quedará marcada por la represión con que respondió a la movilización social. La actuación policiaca y del ejército comenzó a ser escrutada en terreno por observadores del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos y de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

La semana pasada, en Quito, comisionados de la CIDH reprendieron a representantes del gobierno chileno que justificaban la violencia del Estado.

El presidente, sabedor del riesgo que corre, se comprometió a que todos los casos "sigan siendo investigados para que en función del mérito de la causa puedan ser conocidos y juzgados". Además de disculparse y ofrecer condolencias, aseguró que dará asistencia "para que la Fiscalía y tribunales cumplan con su función de investigar y hacer justicia".

Prometió que "no habrá impunidad ni con los que hicieron actos de inusitada violencia ni con aquellos que cometieron abusos".

También reconoció que el martes 12 estuvo a un tris de sacar al ejercito nuevamente a la calle.

Para mañana y el miércoles se anuncia una segunda huelga general, convocada por la Mesa del Sector Público, que agrupa a 16 gremios.

Las manifestaciones entran en su quinta semana y si bien su masividad se redujo, siguen fuertes y lejos de terminar, pese a que el viernes 15 un arco de fuerzas políticas suscribieron un pacto para abrir un camino legal hacia una convención constituyente que redacte una nueva Carta Magna.

Sectores opositores que se excluyeron del pacto y también desde la ciudadanía, temen que el requisito de que los acuerdos y normas sean aprobados por dos tercios de los delegados convencionales frustre el objetivo de terminar con los enclaves autoritarios incorporados a la Constitución pinochetista para consagrar inamovible el modelo neoliberal.

Pero quienes defienden el pacto, sostienen que la nueva Constitución se redactará desde una "hoja en blanco", lo cual significa que en aquellas materias sin sumar dos tercios de aprobación, no prevalecerá el contenido actual, sino que se legislarán después en el Parlamento y que podrán aprobarse por mayorías simples y no con quórums calificados, como ocurre actualmente.

En la sociedad civil también se expresan urgencias respecto de que la convención constitucionalista sea representativa de la diversidad social, y que no sea acaparada por la clase política, cuyas principales representaciones (Parlamento y partidos) tienen más de 90 por ciento de rechazo y desconfianza ciudadana.

Fuerzas muy poderosas conducen todo en la aventura golpista

El gobierno trucho está matando sin ningún reparo. Estas horas son decisivas. Todo puede suceder

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Para Trump, las colonias israelíes no violan el derecho internacional

Estados Unidos ya no considera que las colonias israelíes en territorios palestinos sean "incompatibles con el derecho internacional", anunció este lunes el secretario de Estado, Mike Pompeo, en un cambio en la política exterior estadounidense.

La declaración coloca a Washington en desacuerdo con prácticamente todos los países y con las resoluciones del Consejo de Seguridad de la ONU, y se produce justo cuando el centrista Benny Gantz intenta formar un gobierno para reemplazar al primer ministro Benjamin Netanyahu, un aliado cercano del presidente Donald Trump.

"Después de estudiar cuidadosamente todos los aspectos del debate legal, este gobierno está de acuerdo (...) [en que el] establecimiento de asentamientos civiles israelíes en Cisjordania no es, en sí mismo, incompatible con el derecho internacional", dijo Pompeo.

"Afirmar que el establecimiento de asentamientos civiles es incompatible con el derecho internacional no ha funcionado. No ha avanzado la causa de la paz", dijo Pompeo.

Hasta ahora la política estadounidense se basaba, al menos en teoría, en una opinión legal emitida por el Departamento de Estado en 1978 que decía que el establecimiento de asentamientos en los territorios palestinos capturados una década antes por Israel iba en contra del derecho internacional.

El cuarto convenio de Ginebra sobre las leyes de la guerra prohíbe explícitamente el traslado de civiles a los territorios ocupados.

Si bien Washington siempre ha solido vetar las medidas del Consejo de Seguridad contra Israel, el anterior presidente Barack Obama, exasperado con Netanyahu, permitió en sus últimas semanas en el cargo la aprobación de la Resolución 2334 que calificó los asentamientos israelíes como una "violación flagrante" del derecho internacional.

Pompeo dijo que Estados Unidos rechaza actualmente el enfoque de la administración Obama, aunque negó que se estuviera dando luz verde a Israel para construir más asentamientos.

La medida seguramente se interpretará como un impulso para Netanyahu, que está luchando por mantenerse en el poder tras no poder formar un gobierno de coalición.

Pompeo negó tal motivación. La presente resolución, dijo, "no está relacionada con nada que tenga que ver con la política interna en ningún lugar de Israel".

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El golpe de Estado y los escenarios de impotencia critico-práctica

Si se escinden los planos característicos del análisis político (de uno que contenga una perspectiva de clase) y se establecen jerarquías absolutas más que estratégicas, se corre el riesgo de delinear distintos escenarios de impotencia crítico-práctica.

Desde hace ya algunos años, muchos y muchas intelectuales-militantes se anclaron en las condiciones imperantes en el sistema interestatal, revindicaron su especificidad, las absolutizaron y las blandieron como excusa para justificar el bloqueo sistemático de toda práctica emancipatoria radical, auto-afirmativa y no institucionalizada por parte de los Estados administrados por gobiernos dizque progresistas. Ciertamente, las razones geopolíticas no pocas veces fueron esgrimidas para justificar proyectos neo-desarrollistas (extractivismo incluido) y la integración subordinada de las organizaciones populares y los movimientos sociales a los esquemas ministeriales. Peor todavía: estas razones, desvirtuadas en grado máximo, han servido (y sirven) para justificar alianzas y acuerdos con los futuros verdugos. Son razones pragmáticas que hacen que los y las intelectuales-militantes pierdan rigor crítico y que la izquierda se torne “sistémica”.

Ahora bien, desde espacios políticos que podríamos catalogar como “anarco-exóticos” –no se nos ocurre otra designación, por ahora– desde extrañas configuraciones que combinan ultra-izquierdismo con formalismo liberal-republicano, desde algunos esencialismos identitarios (étnicos, de género, etc.), el dogmatismo que desdeña la relevancia de las razones geopolíticas y las condiciones imperantes en el sistema interestatal, también incurre en la misma escisión, propone igualmente jerarquías absolutas más que estratégicas y delinea su propio escenario de impotencia crítico-práctica.

Consideramos que el antiimperialismo y las condiciones imperantes en el sistema interestatal absolutizadas jamás deberían erigirse en la excusa para justificar las políticas que pretenden la “erradicación” o el control vertical y estatal de la lucha de clases y que conspiran contra la autonomía popular. En concreto: las políticas antiimperialistas sólo pueden sostenerse en políticas anticapitalistas. El anticolonialismo es incompatible con el extractivismo y la proliferación de multinacionales. Comunizar y privatizar son prácticas antagónicas aunque puedan convivir por un tiempo. Sin la “desestructuración” del universo material, simbólico y represivo de las clases dominantes y sin la construcción de un contra-universo propio de los y las de abajo, será imposible consolidar el poder popular.

Un gobierno “popular” y “antiimperialista” puede oponerse a la instalación de una base militar estadounidense, puede promover una redistribución del ingreso más justa y avances en diversos órdenes. Pero si al mismo tiempo le abre las puertas al capital financiero y a las grandes corporaciones; si resguarda los privilegios de las clases dominantes y las elites; si pretende la subordinación de los espacios de autogestión económica, autogobierno (y autodefensa) del pueblo al viejo Estado y a la institucionalidad burguesa, corre el riesgo de tornarse conservador, o de ser derrocado por coaliciones reaccionarias en las que, indefectiblemente, se destacarán sus ex aliados. En toda la historia de Nuestra América, en la vieja y en la reciente, abundan los ejemplos.

Ahora bien, abrigamos la certeza de que en Bolivia difícilmente existirán las condiciones más adecuadas para debatir estos y otros asuntos sin la reposición de Evo Morales y Álvaro García Linera al frente del gobierno del Estado plurinacional.

Luego, la lucha de clases, las luchas identitarias, la autonomía popular, jamás deberían erigirse en excusas para relativizar el hecho imperial y para negar el peso propio de las condiciones imperantes en el sistema interestatal. Un gesto que no ha escaseado entre algunos y algunas intelectuales-militantes de izquierda críticos y críticas del progresismo que, en estos días, en torno al golpe de Estado en Bolivia, están sosteniendo posiciones de una superficialidad manifiesta y que lindan con el delirio y/o la aberración.

¡Cómo si no existiera el terrorismo global de Estado, una voluntad hegemónica imperialista y unipolar, en fin: contrainsurgencia estadounidense alimentada en la creencia de un excepcionalismo estadounidense!

¡Cómo si no existiera una estrategia centrada en destruir todos los focos de resistencia de los y las de abajo, las luchas contra-hegemónicas y por la autodeterminación y el poder popular!

¡Cómo si las limitaciones del gobierno de Evo Morales alcanzaran para negar los avances populares en planos materiales y simbólicos muy significativos!

¡Cómo si la estabilidad de algunas estructuras claves del sistema de dominación capitalista y patriarcal y las insuficiencias de una izquierda estatalista en el gobierno, justificaran la instalación de una dictadura abiertamente pro-imperialista, racista, patriarcal y clasista!

¿Por qué la incapacidad del gobierno del Movimiento al Socialismo (MAS) para defender las posiciones adquiridas por pueblo pobre, trabajador, campesino e indígena de Bolivia es presentada cuasi como un aval al golpe de Estado cívico-militar-policial?

No deja de ser sintomático que se reconozcan esas conquistas solamente a la hora de destacar la incapacidad del gobierno del MAS para defenderlas.

¿Acaso alguien supone que el neofascismo y esta nueva “cruzada extirpadora de idolatrías” en curso generará mejores condiciones para la sincronía entre el espíritu y la realidad?

Es un tremendo error no captar el significado más profundo del golpe de Estado y creer que ha sido derrocada una figura menor y circunstancial en la historia boliviana.

Paradójicamente, la relativización del hecho imperial en nombre de la lucha de clases, de las luchas identitarias y de la autonomía; la negación del peso propio de las lógicas del sistema interestatal en nombre de unos fragmentos de realidad romantizada o de hipotéticos procesos puros e incontaminados, está colocando a estos y estas intelectuales-militantes por fuera de los combates más sustanciales –y reales–, condenándolos y condenándolas a la insignificancia. O, peor aún, los y las está ubicando del lado de las clases dominantes y, claro está, del Imperio, que ya ha comenzado a exhibir grados de impudicia desfachatados y algo extemporáneos en sus procedimientos.

Lamentablemente, una pasmosa falta de timing político-histórico, una fidelidad a los conceptos más que a los sujetos, un pánico a los espectros estalinistas que pretenden contrarrestar con puros formalismos, un afán de no manchar sus bellas almas con el apoyo a un gobierno que consideran “deficiente e incompleto”, conspira a la hora de la activa solidaridad con el pueblo pobre, trabajador, campesino e indígena de Bolivia.

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Varios manifestantes, en las inmediaciones de la Universidad Politécnica de Hong Kong, el 18 de noviembre de 2019. THOMAS PETER (REUTERS) / VÍDEO: ATLA

 El Gobierno autónomo insinúa por primera vez la posibilidad de aplazar las elecciones municipales previstas para este fin de semana

El cerco de la policía a la Universidad Politécnica de Hong Kong no da señales de abatirse pese a los choques de gran fiereza que han ocurrido en las últimas 24 horas. Varios centenares de jóvenes permanecen rodeados en el campus, cada vez más exhaustos y con unos avituallamientos que disminuyen. Los agentes de policía que acotan la zona, aparentemente convencidos de que tienen allí atrapados a los manifestantes más radicales, insisten en que detendrán a todo aquel que se encuentre dentro. Desde hace una semana impiden la entrada y, sobre todo, la salida, a cualquiera que no demuestre una razón profesional para estar en la zona acotada.

La policía parece haber adoptado en las últimas horas la táctica de esperar a que el cansancio, el aislamiento y la falta de suministros vayan haciendo mella entre los estudiantes y que los últimos acaben por entregarse. Ello después de haber advertido de que responderá con fuego real si los estudiantes utilizan “armas letales” en su defensa de la universidad. El lunes, un agente había sido herido en un gemelo por la flecha lanzada por uno de los manifestantes.

"El asedio de la policía contra la Universidad Politécnica es la confrontación más violenta hasta el momento en las protestas de Hong Kong. Al crear un cerco y disparar gas lacrimógeno y balas de plástico contra quienes intentan escapar, la Policía de Hong Kong nuevamente agita las llamas de la violencia, cuando deberían intentar apagarlas", ha indicado Amnistía Internacional.

Cada intento de los estudiantes por abrir una brecha por la que salir, o cada maniobra de distracción de sus simpatizantes desde fuera, recibe como respuesta una lluvia de rondas de gas lacrimógeno y de balas de plástico. Los jóvenes responden con el lanzamiento de adoquines y cócteles Molotov.

Por la mañana, un intento de los estudiantes de salir en masa acabó con unos pocos que lograron escapar; otros, detenidos; la mayoría, en retirada a cubierto ante un aire cargado de sustancias lacrimógenas. A lo largo del día se repitieron escaramuzas similares, todas con el mismo resultado. Según la policía, ha detenido a 51 personas con chalecos reflectantes que los identifican como administradores de primeros auxilios o prensa. Aunque, según su versión, los primeros desconocen cómo suministrar la asistencia más básica y los reporteros carecen de acreditación (no necesaria para ejercer antes de que comenzaran los cinco meses de protestas contra el Gobierno y en favor de la democracia). Desde el inicio de las manifestaciones, la cifra de arrestos ya roza los 4.500.

Esta tarde salían en ambulancia una veintena de jóvenes que necesitaban hospitalización, bien por heridas o bien por hipotermia después de haber quedado empapados por el agua de los cañones con los que la policía ha intentado abrirse paso.

Entre los jóvenes rodeados en la Politécnica podrían encontrarse hasta un centenar de alumnos de secundaria, según han puesto de relieve un grupo de directores de instituto que reclaman que se les permita sacar a sus estudiantes del cerco. La policía insiste en que todo aquel que salga de la zona será detenido y acusado de provocar disturbios, un cargo que puede acarrear hasta 10 años de prisión. Varias docenas de padres han organizado una sentada en uno de los puntos de control de la policía para pedir la liberación de sus hijos.

Soldados

Este fin de semana, por primera vez desde que comenzaron las movilizaciones en junio pasado, soldados del cuartel del Ejército Popular de Liberación chino (EPL) salieron a las calles de Hong Kong públicamente para limpiar algunos de los destrozos dejados por los encontronazos. Según afirma este lunes el periódico South China Morning Post, esos soldados pertenecen a unidades de élite experimentadas en Tíbet y Xinjiang, donde se han llevado a cabo contundentes campañas de represión contra las minorías tibetana y uigur.

La aparición de los soldados en las calles, aunque en ropa deportiva y en un área extremadamente limitada, ha causado una fuerte polémica en Hong Kong. Los simpatizantes de los manifestantes apuntan que el principio “un país, dos sistemas” que rige la antigua colonia británica prohíbe que las tropas chinas participen en tareas internas hongkonesas —aunque sean, aparentemente, tan inocuas como retirar adoquines— si no lo pide expresamente el Gobierno local. Algo que este Ejecutivo no ha hecho, según han precisado sus portavoces. Preguntado sobre la presencia de esas tropas, un portavoz de Defensa chino, Wu Qian, indicó en Bangkok (Tailandia) que “restablecer el orden” en las calles de la antigua colonia británica “es la tarea primordial”.

Máscaras

Los manifestantes sí se han apuntado un importante triunfo legal y moral. El Alto Tribunal de Hong Kong ha declarado inconstitucional la ley que prohíbe llevar máscaras en actos públicos o contra las órdenes de la policía, impuesta desde el 4 de octubre. “Las restricciones que impone a los derechos fundamentales […] van mucho más allá de lo que es razonablemente necesario”, han indicado los jueces, que han dado así la razón a los legisladores de la oposición pandemócrata que habían interpuesto un recurso contra la medida.

La policía ya ha anunciado que dejará de exigir el cumplimiento de la norma, muy polémica —y muy poco respetada— desde su nacimiento el pasado 4 de octubre. Para aprobarla sin pasar por el Legislativo autónomo, el Gobierno local invocó una vetusta ley de la era colonial que concede poderes extraordinarios al ministro principal en casos de grave amenaza nacional.

La tensión, agravada desde que la semana pasada los manifestantes declararan una campaña para multiplicar los incidentes de protesta, ya amenazaba con ensombrecer las elecciones municipales previstas para el fin de semana, en las que se espera un fuerte voto de castigo al gobierno local que encabeza Carrie Lam: una encuesta que publicaba el periódico Mingpao en octubre solo concedía al bloque pro-Pekín un 6% de los votos.

Este lunes, por primera vez, el Ejecutivo fue explícito sobre la posibilidad de aplazarlas, una posibilidad que los manifestantes siempre han temido. Según la cadena de televisión RTHK, el secretario para Asuntos Constitucionales, Patrick Nip, ha subrayado que los incidentes de la última semana han hecho “menos probable” la celebración de los comicios el día previsto. Precisamente, una de las demandas de los estudiantes esta última semana exigía garantías de que no se aplazaría la cita con las urnas. Posponerla podría elevar aún más los niveles de violencia de los últimos días.

Por Macarena Vidal Liy

Pekín 19 NOV 2019 - 03:55 COT

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Un miembro de Hezbolá reacciona mientras dispara un arma en el oeste de Qalamoun, Siria. REUTERS / Omar Sanadiki

El presidente de EEUU ha reconocido que la presencia de las tropas de Washington en el nordeste del país obedece a intereses petroleros. Coincidiendo una vez más con los intereses de Israel, Trump prefiere que el dinero se lo queden los kurdos antes que el gobierno de Damasco.

Hace solo unos meses el presidente Donald Trump anunció la inmediata retirada de las tropas estadounidenses de Siria, pero poco después revertió la decisión empujado por sus aliados. Si al principio dijo que la misión de las tropas americanas, la erradicación del Estado Islámico, había concluido, solo unos días más tarde se desdijo y aseguró que seguía vivo el peligro de los yihadistas en la zona. 

La presencia militar de Estados Unidos en el nordeste de Siria tiene poca justificación si se considera que el Estado Islámico no representa ningún peligro de entidad para la estabilidad regional. El problema de fondo es muy distinto: Washington no quiere que el gobierno de Damasco extienda su presencia allí por varios motivos. 

Aunque el primer ministro Benjamín Netanyahu no abrió la boca cuando Trump manifestó su intención de abandonar Siria, un gran número de políticos israelíes, y americanos afines a Israel, pusieron el grito en el cielo. Su argumento principal era que Washington no debía abandonar a sus aliados, tanto en referencia a los kurdos como en referencia a los propios israelíes. 

Aunque la capacidad productiva de los pozos petrolíferos de Siria no es excepcional, representa una fuente no despreciable de ingresos para los kurdos, y los israelíes también prefieren que ese dinero vaya a parar a bolsillos kurdos antes de que termine en manos de los gobernantes de Damasco. 

La revista Newsweek ha indicado que la presencia de los militares estadounidenses ha dejado de responder a la misión que Washington adujo cuando desplazó sus tropas a Siria, añadiendo que ahora "se parece más a las acusaciones que los críticos han hecho a Washington respecto a su política en Oriente Próximo: invadir y ocupar con el fin de controlar los recursos naturales". 

El propio Trump declaró no hace mucho tiempo que el Estado Islámico había sufrido una derrota completa y que le interesaba perder de vista los costosos conflictos de Oriente Próximo que no tienen principio ni fin. No obstante, a la postre, el presidente ha sucumbido a los intereses políticos y energéticos de sus aliados, unos intereses que, en el caso de la producción de petróleo siria, apenas representan una gota de agua en el océano. 

Evgeny Buzhinskiy, un exgeneral y experto ruso citado por Newsweek, considera que la historia "ha probado que todas las interferencias de Estados Unidos solo han conducido al desastre, no a nuevas democracias, no a nueva prosperidad, no a nada nuevo con excepto de la violencia, los refugiados, las víctimas y cosas por el estilo. Libia, Irak e incluso Yugoslavia después de bombardeo de Estados Unidos…" no se han convertido en “zonas de paz y prosperidad”. 

Buzhinsky apostilla que Washington se presenta a sí mismo como defensor de la ley internacional, pero su comportamiento en Oriente Próximo muestra que no es tal defensor. "Cuando el presidente Trump dijo Me gusta el petróleo y voy a proteger los campos de petróleo que legalmente pertenecen al gobierno sirio, eso, por supuesto, no tiene nada que ver con la ley y las normas internacionales". 

La única realidad contrastable es que Trump ha sacado las tropas del norte de Siria pero enseguida ha enviado personal militar a la zona rica en petróleo que controlan los kurdos en detrimento del gobierno de Damasco. Y se da la paradoja, que en realidad no es tal paradoja, de que los kurdos, aliados de Estados Unidos e Israel, han acabado pidiendo ayuda al presidente Bashar al Asad, enemigo de Estados Unidos e Israel, y que incluso le están vendiendo petróleo. 

El verdadero interés de Israel, y por ende de Estados Unidos, es aislar a Asad, y si para ello los americanos tienen que mantener una presencia militar en el Kurdistán con el fin de bloquear la llegada de las tropas sirias, no se lo han pensado mucho. La identidad última de los intereses de Estados Unidos se llama Israel, y esto no ha cambiado un ápice desde la llegada de Trump a la Casa Blanca hace casi tres años. 

Las revueltas de Siria que se iniciaron en marzo de 2011 fueron espoleadas vivamente por el entonces embajador americano en Damasco. Robert Ford recorrió el país de arriba abajo incitando a las revueltas desde antes que estas comenzaran. Y resulta que ahora Ford denuncia que la política de Trump, más transparente que la de ningún otro presidente, alimenta las críticas de aquellos que sostienen que Estados Unidos solo está interesado en el petróleo de Oriente Próximo. 

En este contexto, parece obvio que la presencia de los americanos va a continuar en el nordeste de Siria, quizás indefinidamente, con independencia de la derrota del Estado Islámico, puesto que la justificación de esa presencia no son los yihadistas sino los mismos intereses que han movido las políticas desestabilizadoras de otros presidentes americanos y que, a diferencia de ellos, Trump no oculta.

jerusalén

19/11/2019 07:24 Actualizado: 19/11/2019 07:24

EUGENIO GARCÍA gascón

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Carlos Sánchez Berzain, uno de los nombres en la trastienda golpista.

El sitio Behind Back Doors anticipó el golpe basándose en 16 audios de opositores

Carlos Sánchez Berzain, Mandred Reyes Villa, Gonzalo Sánchez de Lozada y Mario Cossío son los nombres que aparecen en un informe de octubre que prenunciaba el golpe. 

 

Evo Morales tenía razón. El 23 de octubre denunció que estaba en marcha un golpe de Estado, dieciocho días antes de que se consumara. La movida para derrocarlo se gestó adentro y afuera de Bolivia. En el exterior, todos los caminos conducen a Estados Unidos y en particular a Miami. Esa ciudad siempre respiró al ritmo de las conspiraciones. Los decanos de esos complots fueron los cubanos anticastristas. Les siguieron los venezolanos antichavistas. Ahora se conjuraron los enemigos del presidente exiliado en México. Pero todos interactúan entre ellos, con la bendición de la OEA. Carlos Sánchez Berzain es uno de los nombres que aparece más visible en esta trama. Fue ministro de Gonzalo Sánchez de Lozada y ambos escaparon a EE.UU después de la llamada guerra del gas. El 27 de octubre pasado se lo vio en un acto en una calle miamense junto a la actual ministra de Comunicación del régimen golpista, Roxana Lizárraga. La misma que denunció en La Paz días después a periodistas argentinos por “hacer sedición”. El Instituto Interamericano por la Democracia del que es director ejecutivo el ex funcionario prófugo, opera financiado con fondos de la USAID, la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional.

Sánchez Berzain no está solo. Hombre de fortuna incomprobable y columnista habitual de Infobae, fue acompañado en su cruzada por Manfred Reyes Villa, un excandidato a presidente de Bolivia que también vive asilado en EE.UU. Capitán retirado del ejército, fue condenado en 2016 a cinco años de prisión en Cochabamba – departamento al que gobernó entre 2005 y 2008– por enriquecimiento ilícito. La lista de connotados golpistas civiles en Estados Unidos es más amplia y se mixtura con oficiales retirados que se reúnen en la autodenominada Coordinadora Nacional Militar. Estos se encuentran en su país, como otros civiles que armaron el golpe desde adentro.

El 8 de octubre pasado, cuando todavía no se habían realizado las elecciones en Bolivia, el sitio Behind Back Doors (Detrás de la puerta trasera) anticipó el golpe de Estado en marcha ubicándolo entre fines de 2019 y marzo de 2020.

Su información, basada en dieciséis audios tomados durante diferentes reuniones a distintos protagonistas de esta conjura, tuvo relativa repercusión hasta que se produjo la destitución de Evo. El analista internacional mexicano, Alfredo Jalife Rahme, tradujo el material de Behind Back Doors al castellano y lo difundió. El domingo 10 empezó a replicarse en las redes sociales y a llegar a los medios. Así aparecieron los nombres de Sánchez de Lozada, Sánchez Berzain, Reyes Villa y Mario Cossío, un exgobernador de Tarija y expresidente de la Cámara de Diputados condenado a seis años de prisión por enriquecimiento ilícito. A diferencia de los tres primeros se exilió en Paraguay.

Sánchez Berzain fue el más activo de todos. Apareció en cuánto foro pudo volcar su tesis de una conspiración castro-chavista a escala continental en la que por supuesto incluye a Evo. El 25 de julio pasado el Instituto Interamericano por la Democracia que lidera organizó una actividad donde lo presentó Norberto Spagnaro, un residente argentino de Miami. Coordinador de la campaña del macrismo en esa ciudad de la Florida, le cedió la palabra para que hablara sobre Argentina y la política regional. El orador que cerró la jornada fue el periodista Alfredo Leuco. Su tema fueron las elecciones que se venían en nuestro país.

La organización que lidera el exministro de Sánchez de Lozada es un mosaico de nacionalidades. Pero su pensamiento es bastante uniforme. Postula todo lo que huela a neoliberalismo, se alinea sin fisuras con las políticas hemisféricas de Estados Unidos y junta a ciertos personajes que parecen sacados de la Guerra Fría. Su integrante argentino más notorio es Guillermo Lousteau Heguy, el padre de Martín Lousteau, ex secretario de Turismo de la dictadura cívico-militar entre 1981 y 1982. El directorio del Instituto también cuenta con los cubanos Armando Valladares y Carlos Alberto Montaner, dos propaladores del anticastrismo más rabioso. El primero estuvo preso en Cuba, devino en embajador de EE.UU ante la comisión de Derechos Humanos de la ONU y hasta hoy no pudo desligarse de una imputación por estafas con un desarrollo inmobiliario en España.

Los audios que divulgó Behind Back Doors atribuyen a Reyes Villa haber ventilado que el golpe era promovido por los senadores de EE.UU Marco Rubio, Bob Menéndez y Ted Cruz. La nómina se completa con la representante por Florida, Ileana Ros-Lehtinen, quien preparó el terreno en el Congreso estadounidense para la interrupción del orden constitucional en Bolivia. Trató a Morales de “matón” en la Cámara Baja, le cuestionó su “retórica antimperialista”, las expulsiones de “todas nuestras agencias: DEA, USAID y al embajador de EE.UU” y dijo que “el pueblo de Bolivia necesita nuestra ayuda”. El gobierno de Evo la acusó de injerencista el año pasado.

El informe de Behind Back Doors conocido el 23 de octubre también mencionó que “funcionarios del Departamento de Estado acreditados en el país, como Mariane Scott y Rolf A. Olson, se han reunido con funcionarios diplomáticos de alto nivel de Brasil, Argentina y Paraguay, a fin de organizar y planificar acciones de desestabilización contra el gobierno boliviano, como además de entregar los fondos estadounidenses a la oposición”. La pista brasileña lleva hasta el canciller de ese país, Ernesto Araujo, quien recibió al líder golpista Luis Fernando Camacho en mayo, según reveló la revista Forum.  Al dirigente del Frente Cívico cruceño lo llaman en Bolivia el “Bolsonaro” local por sus posturas racistas y ultramontanas. Su comportamiento medieval no alcanza a disimular otro motivo clave de su destacada participación en la asonada. Su acaudalada familia perdió el negocio del gas en Santa Cruz cuando el gobierno derrocado lo nacionalizó.

El protagonismo de Camacho está lejos del perfil bajo que mostró otra pieza clave en el complot para derrocar al gobierno de Evo. Se trata de Erick Foronda Prieto, un periodista boliviano que trabajó para la embajada de EE.UU en La Paz por casi veinte años. La denuncia de Behind Back Doors le atribuyó “un papel importante en la obtención de información de políticos y periodistas en el país, con el objetivo de satisfacer el interés de Estados Unidos”. Además “se convirtió en una persona de confianza y estableció estrechos vínculos con el antiguo embajador de los Estados Unidos, Phillip Goldberg” expulsado en septiembre de 2008. El informe le otorgó a Foronda Prieto un rol fundamental durante la campaña del No a la reelección de Morales en el referéndum de febrero de 2016. Evo lo perdió en medio de una campaña de fake news que le atribuyeron la falsa paternidad de un hijo con la menor Gabriela Zapata. Ella misma desmintió la noticia. Pero el daño ya estaba hecho.

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Un vehículo policial arde en un puente de la Universidad Politécnica en Hong Kong, este domingo. ANTHONY KWAN (GETTY IMAGES) / VÍDEO: ATLAS

Un policía, herido por el impacto de una flecha. Los manifestantes lanzaron cócteles molotov y los antidisturbios emplearon gases lacrimógenos y cañones de líquido

El plan de las autoridades de Hong Kong de reabrir el túnel más importante de la ciudad derivó este domingo en uno de los choques más graves de los cinco meses de protesta en la ciudad. Tras una batalla campal entre los estudiantes atrincherados en la Universidad Politécnica y la policía, que advirtió de que usaría munición real si los primeros no dejaban de lanzar cócteles molotov y otros objetos, los cuerpos de seguridad bloquearon los accesos al campus. Ya en la madrugada de este lunes, los manifestantes prendieron fuego a la entrada principal para cortarles el paso. Alrededor de 60 personas fueron arrestadas en el Museo de Ciencia, cerca del campus universitario, según informó la emisora RTHK.

“Si no dejan de atacar a la policía con armas letales, los agentes no tendrán más remedio que usar la mínima fuerza, incluyendo munición real en respuesta”, había indicado horas antes el cuerpo en un vídeo publicado en Facebook. Un agente resultó herido el domingo en una pierna por una flecha. Estados Unidos condenó el uso injustificado de la fuerza en Hong Kong y pidió a Beijing la protección de la libertad. 

Durante todo el día, la policía usó gases lacrimógenos y cañones de agua desde los que disparaban tinta azul con el objetivo de identificar con más facilidad a los manifestantes. En la noche del sábado, en el campus de la Politécnica, los fuegos iluminaban el cielo. Eran cócteles molotov, algunos lanzados con enormes tirachinas. Ya entonces, la policía utilizó gases lacrimógenos para tratar de empujar a los manifestantes hacia espacios abiertos. “La violencia policial ha sido desmesurada. Los manifestantes han reaccionado a las acciones de la policía. Estoy dispuesto a ir a la cárcel. Estamos luchando por Hong Kong”, indicó Joris, un ingeniero civil de 23 años, en el patio de la universidad, la última ocupada y usada para bloquear el túnel Cross-Harbour, construido bajo el agua y que une la península de Kowloon (en el sur de Hong Kong) con la isla, que también forma parte del territorio.

Los agentes trataron de desalojar el túnel, pero los manifestantes se refugiaron tras paraguas (uno de los símbolos de la protesta) y prendieron fuego entre escombros, lo que generó pequeñas explosiones. La policía recurrió a una nueva táctica de dispersión: un “aparato acústico de larga distancia”. Según la agencia Reuters, un sonido muy agudo salía, al menos, de un coche policial.

Los enfrentamientos se producen un día después de que soldados chinos dejaran brevemente sus cuarteles en Hong Kong para ayudar en las tareas de limpieza y desmantelar las barricadas de los manifestantes, tras una semana de caos y violencia, marcada por la muerte de un hombre de 70 años, que fue golpeado en la cabeza con un ladrillo cuando trataba de despejar la calle, según indicó la policía.

Las salidas del Ejército chino en la antigua colonia británica son excepcionales. Los militares se mantienen generalmente en un discreto segundo plano.

“Soldados del Ejército Popular de Liberación en Hong Kong ayudaron a los residentes a despejar las carreteras y fueron aplaudidos por los vecinos”, indicó el Ejército chino en la red social Weibo. La televisión de Hong Kong mostró a unos 100 hombres haciendo reparaciones y recogiendo escombros antes de regresar al cuartel. Un portavoz del Ejecutivo de Hong Kong precisó que no se había solicitado la ayuda de las tropas chinas en la zona, sino que lo hicieron por “iniciativa propia”.

Agencias

Hong Kong 18 NOV 2019 - 05:16 COT

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BLOQUEO CONTRA EL PUEBLO. La policía boliviana bloqueó ayer la carretera Sacaba-Cochabamba para evitar que los partidarios del presidente en el exilio Evo Morales lleguen a la sede del gobierno. Las autoridades reconocieron que han muerto ocho civiles en las manifestaciones.Foto Ap

Mas allá del abordaje sociologista ultra-reduccionista sobre el golpe de Estado policiaco/militar/mediático en Bolivia, con bendición de Estados Unidos y la OEA–con sede en Washington y cuyo 60 por ciento de su presupuesto es financiado por Washington–, surgen sus profundas razones en el análisis geopolítico multidimensional que trasluce un litio-golpe (https://bit.ly/2NQomfI).

Desde el 8 de octubre, Behind Back Doors explayó los preparativos del golpe de Estado, con coartada de fraude electoral (https://bit.ly/35iR27h), para derrocar al gobierno anti-neoliberal de Evo Morales con la ayuda de los evangelistas (20 por ciento de la población).

Dejo de lado la mórbida personalidad del líder cívico de Santa Cruz, el gasero-financiero Luis Fernando Camacho, miembro de la logia Los caballeros del Oriente y exhibido como narco-lavador en los Panama Papers, junto al fascista peruano Mario Vargas Llosa (https://bit.ly/2qlJOAf). También soslayo la todavía más vulgar personalidad de la proclamada presidenta Jeanine Áñez, elegida por ocho diputados sin quorum: entronizada por el ejército y con una Biblia evangelista en la mano, cuyo sobrino Áñez Dorado libra una condena por narcotráfico en Brasil (https://bit.ly/357y7vW).

Dos meses antes del golpe, Ivanka, asesora e hija de Donald Trump, visitó Jujuy (Argentina), frontera con Bolivia, y pletórica en litio, donde prometió 400 millones de dólares para las rutas del litio (https://bit.ly/33TsTDZ). El 75 por ciento de las reservas globales de litio se encuentran en el triángulo Bolivia/Chile/Argentina que son motivo de la codicia geoestratégica de las superpotencias debido a su uso para las baterías de los carros eléctricos y los teléfonos inteligentes.

La firma del gobierno de Evo Morales con China de un contrato por mil millones de dólares para explotar el litio indispuso a Estados Unidos, con quien la nación asiática libra una guerra comercial (https://bit.ly/33UkH6l).

A las trasnacionales mineras anglosajonas de Estados Unidos y Canadá, que controlan a la OEA, les indispuso todavía más el lanzamiento del carro eléctrico Quantum de fabricación totalmente boliviana: una asociación de la estatal Yacimientos de Litio Bolivianos (YLB) con Quantum Motors, de Cochabamba (https://bit.ly/2KqNury).

El golpe de estado abre de par en par a las mineras anglosajonas el Salar de Uyuni en Bolivia, la primera reserva global de litio (https://bit.ly/2KtSMCn). Según Common Dreams, el golpe viene menos de una semana después de que Evo Morales frenó (sic) el acuerdo para la extracción de litio con la firma alemana Acisa debido a semanas de protestas en la región de Potosí –cuya población exigía menos desventajas– que contiene “entre 50 y 70 por ciento de las reservas mundiales de litio en el Salar de Uyuni (https://bit.ly/2OklGpD)”.

El gobierno antineoliberal de Evo Morales había ya molestado a las trasnacionales gaseras/petroleras/acuíferas, debido a su exitosa nacionalización del gas/agua/electricidad/mineras/ telecomunicaciones, lo cual le procuró el segundo mayor crecimiento económico de todo el continente americano frente al artificial primer lugar de Panamá, especializado en el blanqueo financiero.

Hace dos años Stratfor publicó, la CIA en las sombras de las trasnacionales, y advertía el “empoderamiento de la revolución global del litio (https://bit.ly/32U3B72)” cuando la demanda de baterías de litio-iónico continuará a crecer, mientras Bolivia podría perder (sic) su oportunidad la próxima década para llenar las brechas del abastecimiento global del litio.

¿El pesimismo de Stratfor, en referencia a Bolivia hace dos años, se debía al gobierno nacionalista y anti-neoliberal de Evo Morales? En 20 años la producción de litio se ha triplicado y se espera que se duplique su demanda en 2025. Una cosa es tener las mayores reservas del mundo, el caso de Bolivia, y otra cosa es exhibir su producción, donde vienen a la cabeza Australia, Chile, Argentina y China. También hace un año, Laura Millán Lombrana de Bloomberg, aseveraba el casi imposible (sic) sueño del litio de Bolivia (https://bloom.bg/2QrsjJu). Ahora sus golpistas neoliberales pueden cumplir el sueño posible de las trasnacionales mineras anglosajonas.

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Domingo, 17 Noviembre 2019 06:16

Licencia para matar y salir impune en Bolivia

En Cochabamba, ciudadanos rodean los féretros de los muertos en la represión de Sacaba. Imagen: AFP

Tras la masacre de Cochabamba, la presidenta ilegal le dio inmunidad a las FF.AA.

El decreto 4078 aprobado por Añez deslinda de responsabilidad penal a los militares que participen en “los operativos para el restablecimiento del orden interno”.

Fueron nueve muertos y ciento quince heridos en la ya denominada masacre de Cochabamba. “Hubo un acto de represión, no ha existido un enfrentamiento”, informó el representante de la Defensoría del Pueblo para Sacaba, Cochabamba, Nelson Cox. Todos los fallecidos presentaron disparos en la cabeza o el tórax, añadió.

Son así un total de 24 muertos en Bolivia, según declaró la Defensoría del Pueblo. Esas cifras grafican lo que se ha vivido en el país a partir del golpe de Estado concretado el pasado domingo cuando el presidente Evo Morales y el vicepresidente Álvaro García Linera fueron obligados a renunciar.

La escalada represiva y de muerte a escalado forma vertiginosa y el anuncio del sábado anticipa que aumentará. En efecto, fue conocido el decreto 4078, aprobado por el gobierno de la autoproclamada presidenta Jeanine Añez, que deslinda de responsabilidad penal a los militares que participen en “los operativos para el restablecimiento del orden interno y la estabilidad pública”.

El decreto establece que las Fuerzas Armadas podrán “hacer uso de todos los medios disponibles que sean proporcionales al riesgo de los operativos”.

El conocimiento de la orden dada por el gobierno generó reacciones adversas por parte de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). De esta manera, cinco días después del anuncio de la Fuerza Armada Boliviana (FAB) de salir a las calles, se hizo oficial la autorización para proceder a actuar con impunidad.

“Es una carta blanca de impunidad para masacrar al pueblo”, escribió Evo Morales desde su cuenta de Twitter.

La presencia de la FAB en las carreteras del país y calles de las principales ciudades comenzó el lunes por la noche, luego de que la Policía Nacional Boliviana (PNB) pidiera el refuerzo militar en vista de los levantamientos, en particular el ocurrido en la ciudad de El Alto.

A partir de esa noche comenzaron a sobrevolar aviones y helicópteros militares, y las tanquetas se hicieron presenta a diario en las inmediaciones de la Plaza Murillo, donde se encuentran la sede de gobierno y el poder legislativo. Bolivia pasó a estar de facto en un estado de sitio.

Esta situación de escalada se vio agravada por las declaraciones de Añez, quien aseguró que enfrentan acciones desestabilizadoras de “grupos subversivos armados”. De esta manera los tres elementos centrales han sido puestos en marcha: el operativo militar, su respaldo legal y su justificación narrativa. La masacre de Cochabamba fue su implementación.

En ese marco tuvo lugar la reunión entre el enviado de Naciones Unidas, Jean Arnault, y Añez. Arnauld explicó en sus declaraciones que se reunirá con todos los líderes y actores, para abordar dos cuestiones centrales: la “pacificación” de la crisis y la “convocatoria de elecciones libres a los cuales todos los actores están comprometidos”.

La cuestión electoral también fue abordada en una rueda de prensa dada por los presidentes de las cámaras de Senadores, Eva Copas, y de diputados, Sergio Choque, ambos del Movimiento Al Socialismo (MAS). Allí anunciaron que convocarán a una sesión de la Asamblea Plurinacional el día martes para tratar la convocatoria a nuevas elecciones.

Una de las respuestas al anuncio vino por parte Oscar Ortiz, actual senador, ex candidato presidencial, quien afirmó que la convocatoria “busca desestabilizar la transición democrática” y, agregó, que “el MAS busca la convulsión”.

El tema electoral es una de las variables centrales de la actual situación. Quienes encabezan el golpe de Estado y actual dictadura anunciaron desde el inicio que existirá una convocatoria a elecciones presidenciales. Para eso es necesario la elección de nuevas autoridades del Tribunal Supremo Electoral (TSE), que necesita un acuerdo dentro del ámbito legislativo.

Aún no se sabe si existirá el acuerdo para el TSE o si el gobierno de facto buscará otro camino por encima de la Constitución. Mientras tanto avanza en uno de sus objetivos centrales: perseguir a dirigentes políticos, sociales, forzar al asilo, asesinar de manera selectiva o en escenarios como la masacre de Cochabamba.

El plan golpista es llegar a elecciones habiendo diezmado las fuerzas del proceso de cambio, de los movimientos sociales que han tomado las calles, del MAS, y ha anunciado, a través del decreto de impunidad, que avanzará en ese plan. Cuenta, para sostenerse, con la FAB, la PNB, la clase política y empresarial que busca una restauración y una revancha, así como de la protección político-diplomática norteamericana.

La situación en Bolivia se encuentra en horas oscuras: sin Estado de derecho, con autorización para la FAB de matar, dirigentes y periodistas amenazados, perseguidos, un gobierno de facto que multiplica amenazas, y un manto de silencio que intenta invisibilizar lo que sucede.   

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