Vamos a hacer la tarea: Integrarse en la cooperación internacional

Distintos informes de Naciones Unidas muestran la realidad de América Latina y el Caribe, región que, como estudiante, se compromete a cambiar pero siempre tiene malas calificaciones. Así sucede con el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible 2030, en cuya concreción el mayor avance corresponde a la forma de medición de indicadores y la armonización de políticas públicas en cada uno de los países. A la ONU, como institución escolar, le conviene este deficiente estudiante, pues bajo la trampa del desarrollo sostenible y la cooperación internacional, puede someter las agendas de cada uno de los países para mantener el aparente equilibrio en el actual orden internacional.

 

El pasado abril se presentó el informe correspondiente al avance cuatrienal sobre el progreso y desafíos regionales en la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible en América Latina y el Caribe. El documento recoge información de varios: Fondos, Programas y Organismos especializados de las Naciones Unidas.

Recordemos que la Agenda 2030 establece diecisiete Objetivos para el Desarrollo Sostenible (ODS) que incluyen poner fin a la pobreza, garantizar seguridad alimentaria, vida sana y bienestar, educación inclusiva y de calidad, igualdad de género, agua y saneamiento, energías sostenibles, crecimiento económico sostenido, infraestructuras resilientes, reducir la desigualdad, asentamientos humanos inclusivos y seguros, consumo y producción sostenibles, combatir el cambio climático, conservar los océanos, proteger los ecosistemas, promover sociedades pacíficas e inclusivas y revitalizar la Alianza Mundial para el Desarrollo Sostenible. Una larga lista de tareas y la realidad es contundente: faltará tiempo para cumplirlos, si es que en verdad existe interés por parte de los poderes reales de cada uno de los países para hacerlos efectivos.

Para la implementación de esta Agenda, diseñaron instrumentos para el seguimiento y consecución de los ODS. Nuestra región avanzó de forma significativa en el nivel de institucionalidad e instrumentos para implementar la Agenda 2030. Casi cuatro años, desde el momento de su aprobación y hasta ahora, se ha generado información estadística necesaria para evaluar en verdad el avance de las metas. Según lo informado a la Comisión Estadística de las Naciones Unidas, trabajó en cinco ejes estratégicos: i) actualización de los niveles de disponibilidad de datos y de estándares internacionales, pero sin definir aún el desarrollo metodológico de los indicadores; ii) definición de criterios para la aplicación de las directrices y presentación de datos; iii) propuesta de indicadores provisionales con fines de monitoreo inmediato; iv) actividades relativas al desglose de datos e intercambio de metadatos estadísticos, y v) perfeccionamiento anual de los indicadores y el plan para el examen ampliado de 2030.

Estos objetivos se definen en torno a los conceptos de igualdad, sostenibilidad ambiental y convergencia productiva, por alcanzarse en democracia y en el marco de sociedades pacíficas. En tal propósito, parece ser que la guerra comercial entre Estados Unidos y China, genera preocupaciones entorno al nuevo orden global que pudiera configurarse producto de ello. Naciones Unidas no sólo señala los peligros derivados de esta confrontación, sino su preocupación por la no cooperación de todos los organismos para evitar una fragmentación del mundo del trabajo, mayor desigualdad y eventuales riesgos para las democracias establecidas. La premisa es que el sistema económico internacional se caracteriza por la tensión entre las soberanías nacionales y la necesidad de ceder cierta parte de esa soberanía para lograr, por medio de la cooperación internacional, beneficios que cada Estado no podría alcanzar actuando en soledad. En ese sentido, la tarea que la comunidad internacional tiene ante sí consiste en avanzar hacia el multilateralismo.


Desde 2016 la región comenzó a integrar la Agenda 2030 en distintas visiones, estrategias y planes nacionales de desarrollo. Sin embargo, los indicadores muestran que frente a la reducción de pobreza y desigualdad, los avances se estancaron en el último quinquenio. A partir de 2015 la pobreza y la pobreza extrema aumentaron en torno al 30 y al 10 por ciento respectivamente. Según la Cepal, en el año 2018 cerca de 182 millones de personas vivían en pobreza y 63 millones en extrema pobreza. A partir de los datos de 18 países de América Latina en 2016 (Gráfico IV.3), se estima que, si no se considerarán las pensiones de las personas mayores de 65 años, la pobreza en ese segmento podría elevarse del 15,2 al 46,7 por ciento, mientras que la pobreza extrema subiría del 4,3 al 24,2 por ciento.

 

 

La estructura económica (productiva) de la región es muy heterogénea, con peso preponderante del sector de baja productividad, con marcada desigualdad de ingresos de los hogares. El 80 por ciento de los ingresos totales de los hogares latinoamericanos proviene del trabajo, que constituye el principal motor para la superación de la pobreza y poder gozar de protección social. Asimismo, desde el punto de vista de los ingresos, el acceso a las prestaciones contributivas es muy desigual: con referencia al 2015, solamente el 6,2 por ciento de las personas de 65 años y más, que se encontraban en el primer quintil de ingreso per cápita, percibía pensiones contributivas, lo cual refleja trayectorias laborales precarias, marcadas por la informalidad, e ingresos laborales reducidos. Un tercio de la población de América Latina carece de acceso a pensiones en la vejez.

También resaltan el hambre y la desnutrición. El número de personas subalimentadas en la región se incrementó en 2,4 millones entre 2015 y 2016, alcanzando un total de 42,5 millones, equivalente al 6,6 por ciento de quienes viven en esta parte del mundo. Según estimaciones de la OIT para 2016, en América Latina y el Caribe, alrededor de 10,5 millones de niños, niñas y adolescentes se encuentran en situación de trabajo infantil, es decir, el 7,3 por ciento de la población regional con edades entre 5-17 años. Brasil, México y Perú son los países donde el trabajo infantil es más frecuente en números absolutos. Para el caso colombiano, en el 2017 la cantidad de niños, niñas y adolescentes trabajadores sumaban 796.000 registros.

Preocupa en la región, la limitada incorporación tecnológica en el sistema productivo, en zonas heterogéneas en sus estructuras productivas, que inciden para acentuar la elevada desigualdad que la misma registra, lo que expresa altos porcentajes de informalidad en el empleo total (gráfico I.12). Obviamente, los países de esta parte del mundo no han logrado transformar su estructura productiva como si lo consiguieron en las economías asiáticas exitosas. En América Latina y el Caribe, la inseguridad ha incidido en el desarrollo de una cultura autoritaria que redunda en una aceptación cada vez mayor de propuestas de “mano dura” y “tolerancia cero”. Es decir, la violencia sigue en aumento (Gráfico IV.20), cuyos efectos, según el organismo internacional, erosionan la confianza en la democracia y la convivencia social.


El documento insiste en apostarle a la cooperación multilateral. Enuncian que en el pasado fue útil para integrar la economía mundial y mitigar el riesgo de confrontaciones, y reseñan la propiciada por el régimen monetario internacional en los acuerdos de Bretton Woods de 1944. Una integración en el orden mundial de los países desarrollados, que excluye o subordinn a las economías de la periferia. No cooperar, insisten, generaría rivalidad tecnológica, tensiones geopolíticas e incertidumbre en el comercio internacional y la economía digital.

 

 

Sus observaciones recaen sobre el presupuesto público, como herramienta para la asignación de recursos y donde, en efecto, deben priorizarse políticas públicas para el financiamiento de la implementación de la Agenda 2030.

En los próximos años, los discursos de cooperación recaerán en la gestión de los ecosistemas naturales, la sostenibilidad de las ciudades, la transición energética y el cambio climático. Pero de qué nos sirve todo ello si no hemos cumplido con lo básico, si quienes dominan en nuestros países son como el estudiante vago, que quiere adelantarse en el curso pero se va tirando el año.

Publicado enColombia
Vamos a hacer la tarea: Integrarse en la cooperación internacional

Distintos informes de Naciones Unidas muestran la realidad de América Latina y el Caribe, región que, como estudiante, se compromete a cambiar pero siempre tiene malas calificaciones. Así sucede con el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible 2030, en cuya concreción el mayor avance corresponde a la forma de medición de indicadores y la armonización de políticas públicas en cada uno de los países. A la ONU, como institución escolar, le conviene este deficiente estudiante, pues bajo la trampa del desarrollo sostenible y la cooperación internacional, puede someter las agendas de cada uno de los países para mantener el aparente equilibrio en el actual orden internacional.

 

El pasado abril se presentó el informe correspondiente al avance cuatrienal sobre el progreso y desafíos regionales en la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible en América Latina y el Caribe. El documento recoge información de varios: Fondos, Programas y Organismos especializados de las Naciones Unidas.

Recordemos que la Agenda 2030 establece diecisiete Objetivos para el Desarrollo Sostenible (ODS) que incluyen poner fin a la pobreza, garantizar seguridad alimentaria, vida sana y bienestar, educación inclusiva y de calidad, igualdad de género, agua y saneamiento, energías sostenibles, crecimiento económico sostenido, infraestructuras resilientes, reducir la desigualdad, asentamientos humanos inclusivos y seguros, consumo y producción sostenibles, combatir el cambio climático, conservar los océanos, proteger los ecosistemas, promover sociedades pacíficas e inclusivas y revitalizar la Alianza Mundial para el Desarrollo Sostenible. Una larga lista de tareas y la realidad es contundente: faltará tiempo para cumplirlos, si es que en verdad existe interés por parte de los poderes reales de cada uno de los países para hacerlos efectivos.

Para la implementación de esta Agenda, diseñaron instrumentos para el seguimiento y consecución de los ODS. Nuestra región avanzó de forma significativa en el nivel de institucionalidad e instrumentos para implementar la Agenda 2030. Casi cuatro años, desde el momento de su aprobación y hasta ahora, se ha generado información estadística necesaria para evaluar en verdad el avance de las metas. Según lo informado a la Comisión Estadística de las Naciones Unidas, trabajó en cinco ejes estratégicos: i) actualización de los niveles de disponibilidad de datos y de estándares internacionales, pero sin definir aún el desarrollo metodológico de los indicadores; ii) definición de criterios para la aplicación de las directrices y presentación de datos; iii) propuesta de indicadores provisionales con fines de monitoreo inmediato; iv) actividades relativas al desglose de datos e intercambio de metadatos estadísticos, y v) perfeccionamiento anual de los indicadores y el plan para el examen ampliado de 2030.

Estos objetivos se definen en torno a los conceptos de igualdad, sostenibilidad ambiental y convergencia productiva, por alcanzarse en democracia y en el marco de sociedades pacíficas. En tal propósito, parece ser que la guerra comercial entre Estados Unidos y China, genera preocupaciones entorno al nuevo orden global que pudiera configurarse producto de ello. Naciones Unidas no sólo señala los peligros derivados de esta confrontación, sino su preocupación por la no cooperación de todos los organismos para evitar una fragmentación del mundo del trabajo, mayor desigualdad y eventuales riesgos para las democracias establecidas. La premisa es que el sistema económico internacional se caracteriza por la tensión entre las soberanías nacionales y la necesidad de ceder cierta parte de esa soberanía para lograr, por medio de la cooperación internacional, beneficios que cada Estado no podría alcanzar actuando en soledad. En ese sentido, la tarea que la comunidad internacional tiene ante sí consiste en avanzar hacia el multilateralismo.


Desde 2016 la región comenzó a integrar la Agenda 2030 en distintas visiones, estrategias y planes nacionales de desarrollo. Sin embargo, los indicadores muestran que frente a la reducción de pobreza y desigualdad, los avances se estancaron en el último quinquenio. A partir de 2015 la pobreza y la pobreza extrema aumentaron en torno al 30 y al 10 por ciento respectivamente. Según la Cepal, en el año 2018 cerca de 182 millones de personas vivían en pobreza y 63 millones en extrema pobreza. A partir de los datos de 18 países de América Latina en 2016 (Gráfico IV.3), se estima que, si no se considerarán las pensiones de las personas mayores de 65 años, la pobreza en ese segmento podría elevarse del 15,2 al 46,7 por ciento, mientras que la pobreza extrema subiría del 4,3 al 24,2 por ciento.

 

 

La estructura económica (productiva) de la región es muy heterogénea, con peso preponderante del sector de baja productividad, con marcada desigualdad de ingresos de los hogares. El 80 por ciento de los ingresos totales de los hogares latinoamericanos proviene del trabajo, que constituye el principal motor para la superación de la pobreza y poder gozar de protección social. Asimismo, desde el punto de vista de los ingresos, el acceso a las prestaciones contributivas es muy desigual: con referencia al 2015, solamente el 6,2 por ciento de las personas de 65 años y más, que se encontraban en el primer quintil de ingreso per cápita, percibía pensiones contributivas, lo cual refleja trayectorias laborales precarias, marcadas por la informalidad, e ingresos laborales reducidos. Un tercio de la población de América Latina carece de acceso a pensiones en la vejez.

También resaltan el hambre y la desnutrición. El número de personas subalimentadas en la región se incrementó en 2,4 millones entre 2015 y 2016, alcanzando un total de 42,5 millones, equivalente al 6,6 por ciento de quienes viven en esta parte del mundo. Según estimaciones de la OIT para 2016, en América Latina y el Caribe, alrededor de 10,5 millones de niños, niñas y adolescentes se encuentran en situación de trabajo infantil, es decir, el 7,3 por ciento de la población regional con edades entre 5-17 años. Brasil, México y Perú son los países donde el trabajo infantil es más frecuente en números absolutos. Para el caso colombiano, en el 2017 la cantidad de niños, niñas y adolescentes trabajadores sumaban 796.000 registros.

Preocupa en la región, la limitada incorporación tecnológica en el sistema productivo, en zonas heterogéneas en sus estructuras productivas, que inciden para acentuar la elevada desigualdad que la misma registra, lo que expresa altos porcentajes de informalidad en el empleo total (gráfico I.12). Obviamente, los países de esta parte del mundo no han logrado transformar su estructura productiva como si lo consiguieron en las economías asiáticas exitosas. En América Latina y el Caribe, la inseguridad ha incidido en el desarrollo de una cultura autoritaria que redunda en una aceptación cada vez mayor de propuestas de “mano dura” y “tolerancia cero”. Es decir, la violencia sigue en aumento (Gráfico IV.20), cuyos efectos, según el organismo internacional, erosionan la confianza en la democracia y la convivencia social.


El documento insiste en apostarle a la cooperación multilateral. Enuncian que en el pasado fue útil para integrar la economía mundial y mitigar el riesgo de confrontaciones, y reseñan la propiciada por el régimen monetario internacional en los acuerdos de Bretton Woods de 1944. Una integración en el orden mundial de los países desarrollados, que excluye o subordinn a las economías de la periferia. No cooperar, insisten, generaría rivalidad tecnológica, tensiones geopolíticas e incertidumbre en el comercio internacional y la economía digital.

 

 

Sus observaciones recaen sobre el presupuesto público, como herramienta para la asignación de recursos y donde, en efecto, deben priorizarse políticas públicas para el financiamiento de la implementación de la Agenda 2030.

En los próximos años, los discursos de cooperación recaerán en la gestión de los ecosistemas naturales, la sostenibilidad de las ciudades, la transición energética y el cambio climático. Pero de qué nos sirve todo ello si no hemos cumplido con lo básico, si quienes dominan en nuestros países son como el estudiante vago, que quiere adelantarse en el curso pero se va tirando el año.

Publicado enEdición Nº257
Duquismo, modelo de Desarrollo y política fiscal 2019-2022

Este artículo comenta las bases del Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022 “Pacto por Colombia, pacto por la equidad” y evalúa el sistema fiscal que lo soporta.

 

El artículo 339 de la Constitución Política de Colombia decreta que “Habrá un Plan Nacional de Desarrollo (PND) conformado por una parte general y un plan de inversiones de las entidades públicas del orden nacional. En la parte general se señalarán los propósitos y objetivos nacionales de largo plazo, las metas y prioridades de la acción estatal a mediano plazo y las estrategias y orientaciones generales de política económica, social y ambiental que serán adoptadas por el gobierno. El plan de inversiones públicas contendrá los presupuestos plurianuales de los principales programas y proyectos de inversión pública nacional y la especificación de los recursos financieros requeridos para su ejecución”.

 

El PND no es equivalente al Presupuesto General de la Nación (PGN). Están relacionados, pero son diferentes: el PND hace referencia al “Plan de inversiones” durante el período de gobierno presidencial y el PGN es el instrumento financiero anual del Estado que equilibra el total de ingresos públicos, según fuentes, y el total de gasto público, según funciones del Estado y beneficiarios.

 

El PGN 2019 aprobado por el Congreso tuvo un valor inicial de $258,9 billones. Con la “ley de financiamiento” (primera reforma tributaria de Duque) que entró en vigencia a partir del primero de enero de 2019, el PGN se incrementó en $7.8 billones, para un total de $266,7 billones, equivalente al 26,1 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB) de 2019. La estructura porcentual del PGN 2019 es: 61 por ciento para funcionamiento del estado, 20 por ciento para el pago de deuda pública y el 19 restante para inversión.

 

Las bases del PND del presidente Iván Duque (2018-2022), “Pacto por Colombia, pacto por la equidad”, describe el conjunto de lineamientos y programas de la política pública durante su gobierno. Este se enmarca en la ecuación: “legalidad más emprendimiento igual a equidad”. Su fundamentación se inspira en las ideologías populistas de derecha; en general, carece de sustentación teórica, consistencia lógica y evidencia histórica. Los 12 componentes y los 38 lineamientos que estructuran al mismo describen una lista general de los buenos deseos de su gobierno, pero no presentan articulación, coordinación y correspondencia con los obstáculos, identificados en las bases del PND, que limitan el desarrollo del país o los factores que aceleran el cambio social (diagrama 1).

 

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La contradicción es explicita al comparar el discurso populista de derecha del PND frente al monto, estructura y asignación real del PGN 2019 (diagrama 2). Este último expresa la inflexibilidad inercial de la hacienda pública colombiana (determinada por los poderes fácticos que definen quiénes pagan y quiénes se benefician de la carga tributaria) y su carácter corporativista, asistencial y clientelar. Las finanzas públicas son, por antonomasia, un problema de economía política. Éstas crean lazos económicos y políticos entre el Estado, las fuentes de los ingresos y los grupos privados que se apropian del gasto público. El presupuesto materializa la política pública. Las acciones gubernamentales, como lo afirmó el premio Nobel de economía 1986 James McGill Buchanan, persiguen el autointerés de políticos y cabilderos, en vez del bienestar público.

 

Los poderes de facto, la oligarquía (empresarial, financiera y terrateniente), fuerzas armadas y de policía, tecnocracia y clase política, iglesias cristianas y evangélicas, todos mantienen intactos sus privilegios coloniales. Ellos gozan de fueros especiales que se traducen, entre otros, en exenciones tributarias y apropiación generosa del gasto público.

 

En Colombia, durante la década de 1970, el total de recaudo tributario del Gobierno nacional era de alrededor del 9 por ciento del PIB. El control directo de éste para el año 2019 escala a 26,1 por ciento. De acuerdo con la Ley de Wagner, el desarrollo económico de un país impulsa presiones crecientes por parte de la sociedad a favor de un aumento del gasto público, por dos tipos de razones: i) una sociedad más desarrollada es también más compleja con un mayor número de conflictos entre sus miembros, lo que exige una mayor intervención del Estado en su solución; ii) por la caracterización de los bienes y servicios públicos como bienes superiores y elásticos (su consumo o cantidad demandada se incrementa cuando aumenta el ingreso real de la sociedad), es decir la elasticidad-renta del gasto público es mayor que la unidad.

 

Estamos ante una realidad que sorprende: en contra del poder realmente existente entre nosotros, las tres últimas generaciones de colombianos dieron vida a la profunda y rápida modernización de la economía, la sociedad y las mentalidades, pese a lo cual el Estado no se transformó ni correspondió a éstos cambios.

 

El desproporcionado crecimiento de este Estado no generó sinergia con la producción económica o la elevación de la productividad y la eficiencia, o con los resultados en términos de florecimiento humano y progreso social. La causa de esta situación es simple, por el lado de los ingresos, la política fiscal mantiene la tradición de sobreexplotar a la clase trabajadora, mediante la regresiva estrategia de imponer crecientes y abusivos tributos a los ingresos laborales, gastos (IVA a la canasta de consumo familiar) y pequeña propiedad (negocios caseros, vivienda o vehículos), y de obstaculizar el crecimiento, progreso e innovación de la pequeña y mediana empresa con impuestos y parafiscales que alcanzan hasta el 70 por ciento de sus utilidades (sin restar las deducciones y subsidios al capital o la evasión y la elusión, práctica común de algunos empresarios)1.

 

Por el lado de los egresos, la característica general son los gastos improductivos: corrupción (de acuerdo con estudios de la Procuraduría, ésta alcanza una suma igual a 32 billones de pesos al año, cerca del 4% del PIB), nóminas burocráticas sobrevaloradas (los salarios de los 1,3 millones de funcionarios públicos son, en promedio, cinco veces más altos que lo percibido por los trabajadores comunes; además, los congresista y altos mandos del Estado devengan ingresos equivalentes a 50 salarios mínimos legales al mes), captura de rentas públicas por parte de partidos políticos y los socios de sus negocios, sostenimiento de un sobredimensionado aparato militar, policivo y de justicia al servicio del Gobierno y el capital y no de la ciudadanía común, y abigarrados programas de asistencialismo populista social con fines electorales, donde los políticos pueden sacar ventajas a sus intereses personales y de grupos, los cuales, a la vez, promueven y reproducen la dependencia social, la mentalidad mendicante y el sometimiento político, en lugar de la autonomía y el trabajo productivo y digno (así, por ejemplo, el programa de transferencias monetarias condicionadas “familias en acción” cubre a 2,5 millones de hogares con hijos menores de 18 años de edad).

 

La cultura corporativista dominante hace ver a los colombianos que el éxito no deriva del trabajo o del emprendimiento, sino del clientelismo y los contactos personales: del “saber quién” en lugar del “saber cómo”. En resumen, a la política y la economía las han marcado durante mucho tiempo las prácticas poco democráticas como el “patrimonialismo”, el “corporativismo” y el “clientelismo”2.

 

Economía y finanzas públicas

 

Colombia es presa del “mito de los recursos naturales”: la idea de que lo que hace ricos a los países es lo que se encuentra bajo su suelo o en la asignación “providencial” de bienes naturales. La mentalidad extractiva de las clases hegemónicas o dominantes es parte constitutiva del legado colonial. De acuerdo con la descripción de Daron Acemoglu y James Robinson3, las instituciones económicas y políticas “inclusivas” protegen los derechos de propiedad y fomentan la innovación y el cambio tecnológicos; al contrario, las instituciones económicas y políticas “extractivas” están diseñadas para sacar ingresos y riqueza de un subconjunto de la sociedad para beneficiar al subconjunto dominante. En América Latina, afirman, las instituciones políticas y económicas extractivas de los conquistadores españoles han perdurado, condenando a gran parte de la clase trabajadora a la pobreza.

 

Durante las últimas décadas, la productividad nacional ha contribuido desfavorablemente al crecimiento económico (la productividad de los factores –capital y trabajo– es negativa durante lo corrido del siglo XXI). Las causas de este adverso comportamiento son muchas: incluyen la informalidad generalizada (dos tercios de la población económicamente activa), la baja inversión (20% del PIB), la poca pertinencia y la mala calidad de la educación, la insuficiencia del sistema de salud, la precariedad y falta de financiamiento de las políticas de ciencia, tecnología e innovación, la creciente corrupción, instituciones burocratizadas e ineficaces y una infraestructura deficiente o inexistente4. El crecimiento a largo plazo está determinado por la productividad, la que a su vez depende de la sofisticación tecnológica, el nivel educativo y las capacidades y destrezas de la fuerza laboral.

 

El crecimiento anual promedio de la economía colombiana en los últimos sesenta años alcanza un 4,1 por ciento. Durante los años 1960-1979 el ritmo anual medio de la actividad económica fue de 5,2 por ciento. Entre 1980 y 2002 el incremento anual cayó a 3 por ciento. Gracias al boom de las materias primas (petróleo y minerales), entre los años 2003 a 2014 la riqueza del país se expandió a una velocidad de 4,8 por ciento anual. Con el desplome y volatilidad de los precios de los hidrocarburos, entre 2015-2017, la economía disminuyó su cadencia a 2,3 por ciento anual. En 2018 el crecimiento fue de 2,7 por ciento y para el año 2019 se espera un crecimiento no superior a 3 (Gráfico 1).

 

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El boom de las materias primas ocultó a la sociedad colombiana grandes debilidades subyacentes en el desempeño económico. Estas son evidentes en la baja productividad de muchas de las ramas de actividad y trabajadores, el atraso tecnológico, la poca diversificación de la economía, la corrupción público-privada y en la falta de competitividad de sus empresas. Mientras en los países desarrollados se innova y se crean nuevas fábricas, en Colombia se intensifica la actividad extractiva, se multiplican los centros comerciales y proliferan las ventas ambulantes.

 

La estructura económica refleja la deformidad de los países periféricos y subdesarrollados. La macrocefalia del sector terciario (comercio, actividades financieras, seguros e inmobiliarias, comunicaciones y servicios) aporta el 66,1 por ciento del PIB; el sector primario (recursos naturales, agropecuario, silvicultura, pesca y explotación de minas y canteras) contribuye con el 12,1 por ciento; y el sector secundario (industria manufacturera, construcción, suministro de electricidad y gas, y distribución de agua) el otro 21,8 por ciento del PIB (Diagrama 2).

 

 

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Como un claro reflejo de este desempeño y estructura económica, las últimas tres generaciones de connacionales han tenido que enfrentar un alto nivel de desempleo, flexibilización y precarización de sus condiciones laborales: la tasa de desempleo es de 11 por cada 100 trabajadores en promedio anual durante los años 1960 a 2018. Durante los años 1960-1979 el porcentaje medio de la población económicamente activa sin trabajo fue de 8,9 por ciento. Entre 1980 y 2002 la tasa de desempleo se elevó a 12 por ciento. Durante el boom de las materias primas, 2003-2014, el desempleo apenas disminuyó a 10,7 por ciento, toda vez que las actividades extractivas son poco generadoras de puestos de trabajo. Durante la recesión de la economía en los años 2015 a 2017, el desempleo registró una tasa de 8,4 por ciento, si bien, la gran proporción de los ocupados permanecieron en actividades de “cuenta propia”, “trabajadores familiares sin remuneración” e informalidad. En los años 2018-2019 la tasa de desempleo vuelve a estar por encima del 9 por ciento. La fuerza de trabajo ocupada se distribuye en un 18 por ciento en el sector primario; un 19,5 por ciento en el secundario; y el 62,5 por ciento labora en el terciario (diagrama 2).

 

La explicación a la caída promedio del crecimiento económico durante los últimos sesenta años en relación con la menor tasa de desempleo y crecimiento de la fuerza de trabajo es sencilla: expresa la informalidad del mercado laboral, la menor productividad conjunta de los factores capital-trabajo y el parasitismo estatal unido al creciente gasto público improductivo.

 

La repartija del pastel

 

Distribución primaria del ingreso. El valor del Producto Interno Bruto (PIB) de Colombia para el año 2019 se estima en $1.025 billones (pesos corrientes). De acuerdo con la estructura de la distribución primaria del ingreso, el 69,4 por ciento es apropiado por los dueños del capital, patrones o empleadores (4,4% de la población ocupada según posición ocupacional) y el 30,4 por ciento por la clase trabajadora ocupada (22,3 millones de trabajadores). En impuestos netos, directos e indirectos, el sector empresarial transfiere al Estado el 20 por ciento de sus ganancias o utilidades (el ingreso neto disponible de la clase capitalista para consumo, ahorro e inversión es 49,4% del PIB) y los trabajadores otro 6,1 por ciento (a través del IVA a la canasta familiar, consumos, ingresos o impuestos a la propiedad del hogar; el ingreso disponible neto de todos los trabajadores y sus hogares para cubrir sus necesidades básicas es de sólo 24,3% del PIB). Estas dos transferencias (de los ingresos de empresarios y los trabajadores hacia el Estado) explican la apropiación del 26,1 por ciento del PIB por parte de la hacienda pública.

 

Distribución secundaria del ingreso. Uno de los problemas más graves del país, en la fase redistributiva, es la corrupción, en especial durante los procesos de contratación pública y en la ejecución de obras de infraestructura y programas sociales. Esta se ha vuelto sistemática. De acuerdo con las estimaciones conservadoras de la Procuraduría General de la Nación, producto de la corrupción endémica que acompaña al gasto público se pierde al año por lo menos el 2 por ciento del PIB (algunos cálculos llegan al 4% del mismo). La inédita consulta popular para endurecer las sanciones contra los corruptos, realizada en el país en agosto de 2018, no logró superar el umbral para ser aprobada; en consecuencia, las siete propuestas quedaron en manos del Congreso y del Presidente. Pero a nadie le interesó seguir con el tema, ni al Congreso (dominado por el Centro Democrático, partido político opositor a la consulta anticorrupción) o al presidente Duque (vocero de los partidos del establecimiento, de las iglesias evangélicas y de los sectores poblacionales de la derecha colombiana), ni a los partidos políticos del establecimiento o a la gran mayoría de la ciudadanía. La corrupción es un hecho aceptado culturalmente y parte “natural del paisaje político”.

 

Otro componente importante del gasto público son las transferencias al capital financiero nacional y extranjero vía pago de la deuda pública. En 2019, el gobierno de Duque destina el 5,3 por ciento del PIB al servicio (pago de intereses principalmente, porque postergó mediante renegociación el pago del principal o capital) de la deuda pública. El Estado gasta por encima de la capacidad fiscal (el déficit alcanza el 3,5% del PIB) el cual es financiado con aumentos de la deuda pública (alcanzó el 53% del PIB al finalizar 2018) y el aumento del índice de precios al consumidor o inflación (en 2018 fue de 3,2%) que en la práctica es otro impuesto pagado por la clase trabajadora.

 

Insaciables. Los partidos políticos conforman carteles cuyo objetivo es la captura de rentas, el control de la burocracia del Estado o el intercambio mafioso de “favores”. Esto les permite subyugar la contratación pública y sujetar al Estado a la compinchería patrimonial o partidista en lugar de a la burocracia “meritocrática” proclamada por Max Weber –el gran sociólogo alemán– como sello distintivo del Estado moderno. Todo esto conduce a que el Estado sea débil, ineficaz, despilfarrador, corrupto y contrario a los intereses públicos. En pagos a la alta tecnocracia, directores de las ramas de poder y congresistas, unido a la captura de rentas, los partidos políticos del establecimiento logran apropiarse 2,1 por ciento del PIB (adicional al 2% de la corrupción). Además, con la “Ley de financiamiento”, el presidente Duque entregó, a partir de 2019, el 20 por ciento del PGN al manejo directo y discrecional de los congresistas; revivió, de esta forma, lo que antiguamente se conocía como “auxilios parlamentarios” y después, coloquialmente, “mermelada”.

 

Debido al crónico conflicto social5, en 2019 la administración Duque asigna 4,6 por ciento del PIB a gastos de las fuerzas militares, policía y justicia. La mano dura seguirá siendo la norma, pese a lo que pudiera pensarse como reflejo del Acuerdo de paz logrado con las Farc. Según el Instituto Internacional de Estudios para la Paz de Estocolmo, Colombia es la nación suramericana que más porcentaje de su PIB destina al gasto militar.

 

Por su parte, el gasto público social y los subsidios asistencialistas concentran el 10 por ciento del PIB. A pesar de su continuo aumento desde los mandatos constitucionales de 1991, el sistema institucional social se caracteriza por su precariedad, ineficiencia, baja calidad de los servicios, corrupción, desfinanciamiento y desvió hacia los estratos socioeconómicos privilegiados (en particular los subsidios a las desmesuradas pensiones que ganan los altos exfuncionarios de las diferentes ramas del poder público, oficiales retirados de las fuerzas armadas y los ex congresistas y miembros de la clase política).

 

El apalancamiento público en favor del crecimiento económico es marginal. A las actividades de mejoramiento de la infraestructura, ciencia, tecnología e innovación, la administración Duque solo aporta en 2019 el 2 por ciento del PIB. También la dimensión ambiental es poco representativa dentro de las prioridades del Gobierno, cuenta con apenas el 0,1 por ciento del PIB.

 

La trampa de un Estado patrimonial, corporativista, asistencial y clientelista al servicio de los poderosos

 

Crecer en términos económicos cuesta, y para hacerlo por encima del necesario 5 por ciento anual el país está obligado a invertir por lo menos el 29 por ciento del PIB, en lugar de su promedio actual de 20 por ciento. El coeficiente de inversión relaciona la formación bruta de capital fijo con el PIB. La mayor transferencia de recursos privados, de empresarios y trabajadores al Estado, no genera un efecto multiplicador en la economía; al contrario, resta la capacidad de consumo, ahorro e inversión de la sociedad. Además, los crecientes impuestos que deben pagar la clase trabajadora mengua sustancialmente la demanda efectiva y afecta negativamente su calidad de vida. Estas dos situaciones debilitan la productividad, el crecimiento económico, el progreso social y el florecimiento humano. Las múltiples reformas tributarias durante las últimas tres décadas no han impulsado la inversión en las empresas, ni mejorado el bienestar de la clase trabajadora, ni fomentado el bienestar y la convivencia colectiva; al contrario han debilitado la productividad, fortalecido y profundizado al Estado clientelista, patrimonial, corrupto, belicista y corporativista.

 

Asimismo, el crecimiento de la riqueza de una sociedad requiere de instituciones económicas y políticas “inclusivas”. Además, este es impulsado por la ciencia, la tecnología y la innovación, la educación de calidad, las infraestructuras, el incremento del poder adquisitivo de las clases bajas y medias, las restricciones a la compinchería política, la exclusión de los carteles políticos lumpen, la captura de rentas y la plutocracia que distorsionan la competencia en los mercados y la implementación de regulaciones financieras que reducen las burbujas especulativas. La sociedad colombiana es inviable si sigue dependiendo de las instituciones económicas y políticas “extractivas” y “rentistas”, continúa aupando la corrupción, la acumulación violenta, las burbujas inmobiliarias y explotando una mano de obra barata, poco educada y en expansión.

 

Para que esta sentencia no sea malentendida, es necesario recordar que en las últimas tres décadas los países que más han avanzado política, económica y socialmente son los que han logrado un consenso a favor de la democracia participativa, la estabilidad macroeconómica, la continua mejora de la competitividad, la internacionalización de sus comunidades y economías, la productividad y el desarrollo sostenible, las mejoras en infraestructura, la promoción de la ciencia, la tecnología y la innovación, y la inclusión social (la importancia de eliminar la pobreza, reducir la desigualdad, promover y garantizar los derechos humanos, la justicia y la paz). Los países que se han desviado de este consenso han fracasado en diversos grados y dimensiones6.

 


 

1 Según el informe “Paying taxes 2018”, del Banco Mundial y Price wáter house Coopers (PWC), la tasa total de impuestos y contribuciones que pagan las empresas en Colombia está en 69,8 por ciento: 22,2 por ciento recaen directo sobre las ganancias; 18,6 por ciento están ligados a impuestos laborales y 29 por ciento se pagan por otros impuestos.
2 El patrimonialismo se refiere al secuestro del gobierno por poderosos intereses privados; el corporativismo es la tendencia de un grupo o sector político, empresarial, sindical, profesional o social a defender a toda costa sus intereses y derechos de grupo, sin tener en cuenta ni la justicia o la democracia, ni las implicaciones o perjuicios que puedan causar a terceros; el clientelismo define un patrón político en el que los caudillos o jefes políticos locales obtienen votos y lealtad política de grupos de seguidores a cambio de protección y acceso a los recursos del Estado.
3 Acemoglu, Daron y Robinson, James. (2013). Por qué fracasan los países. Editorial Planeta Colombiana S. A. pp. 95-98.
4 Reid, Michael. (2018). El continente olvidado. Una historia de la nueva América Latina. Editorial Planeta Colombiana S.A. Colombia, p. 50.
5 En Colombia, durante 2018 el número de homicidios volvió a aumentar a la cifra de 1.000 asesinatos en promedio cada mes. Durante el año 2016 los asesinatos habían descendido a 10.674; en 2017 se elevaron a 10.868; y en 2018 las víctimas de la violencia homicida alcanzaron la cifra de 11.600. La tasa de homicidios por 100.000 habitantes tocó un máximo de 79 en 1991; después, en al año 2016, cayó a un mínimo de 21,9; en 2017 reinició su alza al registrar un valor relativo de 22; en 2018 mantiene la tendencia creciente con 23,2.
6 Reid, Michael. (2018). El continente olvidado. Una historia de la nueva América Latina. Editorial Planeta Colombiana S. A. Colombia, p. 430.
* Economista político y filósofo humanista. Miembro de los comités editoriales de los periódicos Le Monde diplomatique, edición Colombia, y desdeabajo.

 

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Este artículo comenta las bases del Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022 “Pacto por Colombia, pacto por la equidad” y evalúa el sistema fiscal que lo soporta.

 

El artículo 339 de la Constitución Política de Colombia decreta que “Habrá un Plan Nacional de Desarrollo (PND) conformado por una parte general y un plan de inversiones de las entidades públicas del orden nacional. En la parte general se señalarán los propósitos y objetivos nacionales de largo plazo, las metas y prioridades de la acción estatal a mediano plazo y las estrategias y orientaciones generales de política económica, social y ambiental que serán adoptadas por el gobierno. El plan de inversiones públicas contendrá los presupuestos plurianuales de los principales programas y proyectos de inversión pública nacional y la especificación de los recursos financieros requeridos para su ejecución”.

 

El PND no es equivalente al Presupuesto General de la Nación (PGN). Están relacionados, pero son diferentes: el PND hace referencia al “Plan de inversiones” durante el período de gobierno presidencial y el PGN es el instrumento financiero anual del Estado que equilibra el total de ingresos públicos, según fuentes, y el total de gasto público, según funciones del Estado y beneficiarios.

 

El PGN 2019 aprobado por el Congreso tuvo un valor inicial de $258,9 billones. Con la “ley de financiamiento” (primera reforma tributaria de Duque) que entró en vigencia a partir del primero de enero de 2019, el PGN se incrementó en $7.8 billones, para un total de $266,7 billones, equivalente al 26,1 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB) de 2019. La estructura porcentual del PGN 2019 es: 61 por ciento para funcionamiento del estado, 20 por ciento para el pago de deuda pública y el 19 restante para inversión.

 

Las bases del PND del presidente Iván Duque (2018-2022), “Pacto por Colombia, pacto por la equidad”, describe el conjunto de lineamientos y programas de la política pública durante su gobierno. Este se enmarca en la ecuación: “legalidad más emprendimiento igual a equidad”. Su fundamentación se inspira en las ideologías populistas de derecha; en general, carece de sustentación teórica, consistencia lógica y evidencia histórica. Los 12 componentes y los 38 lineamientos que estructuran al mismo describen una lista general de los buenos deseos de su gobierno, pero no presentan articulación, coordinación y correspondencia con los obstáculos, identificados en las bases del PND, que limitan el desarrollo del país o los factores que aceleran el cambio social (diagrama 1).

 

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La contradicción es explicita al comparar el discurso populista de derecha del PND frente al monto, estructura y asignación real del PGN 2019 (diagrama 2). Este último expresa la inflexibilidad inercial de la hacienda pública colombiana (determinada por los poderes fácticos que definen quiénes pagan y quiénes se benefician de la carga tributaria) y su carácter corporativista, asistencial y clientelar. Las finanzas públicas son, por antonomasia, un problema de economía política. Éstas crean lazos económicos y políticos entre el Estado, las fuentes de los ingresos y los grupos privados que se apropian del gasto público. El presupuesto materializa la política pública. Las acciones gubernamentales, como lo afirmó el premio Nobel de economía 1986 James McGill Buchanan, persiguen el autointerés de políticos y cabilderos, en vez del bienestar público.

 

Los poderes de facto, la oligarquía (empresarial, financiera y terrateniente), fuerzas armadas y de policía, tecnocracia y clase política, iglesias cristianas y evangélicas, todos mantienen intactos sus privilegios coloniales. Ellos gozan de fueros especiales que se traducen, entre otros, en exenciones tributarias y apropiación generosa del gasto público.

 

En Colombia, durante la década de 1970, el total de recaudo tributario del Gobierno nacional era de alrededor del 9 por ciento del PIB. El control directo de éste para el año 2019 escala a 26,1 por ciento. De acuerdo con la Ley de Wagner, el desarrollo económico de un país impulsa presiones crecientes por parte de la sociedad a favor de un aumento del gasto público, por dos tipos de razones: i) una sociedad más desarrollada es también más compleja con un mayor número de conflictos entre sus miembros, lo que exige una mayor intervención del Estado en su solución; ii) por la caracterización de los bienes y servicios públicos como bienes superiores y elásticos (su consumo o cantidad demandada se incrementa cuando aumenta el ingreso real de la sociedad), es decir la elasticidad-renta del gasto público es mayor que la unidad.

 

Estamos ante una realidad que sorprende: en contra del poder realmente existente entre nosotros, las tres últimas generaciones de colombianos dieron vida a la profunda y rápida modernización de la economía, la sociedad y las mentalidades, pese a lo cual el Estado no se transformó ni correspondió a éstos cambios.

 

El desproporcionado crecimiento de este Estado no generó sinergia con la producción económica o la elevación de la productividad y la eficiencia, o con los resultados en términos de florecimiento humano y progreso social. La causa de esta situación es simple, por el lado de los ingresos, la política fiscal mantiene la tradición de sobreexplotar a la clase trabajadora, mediante la regresiva estrategia de imponer crecientes y abusivos tributos a los ingresos laborales, gastos (IVA a la canasta de consumo familiar) y pequeña propiedad (negocios caseros, vivienda o vehículos), y de obstaculizar el crecimiento, progreso e innovación de la pequeña y mediana empresa con impuestos y parafiscales que alcanzan hasta el 70 por ciento de sus utilidades (sin restar las deducciones y subsidios al capital o la evasión y la elusión, práctica común de algunos empresarios)1.

 

Por el lado de los egresos, la característica general son los gastos improductivos: corrupción (de acuerdo con estudios de la Procuraduría, ésta alcanza una suma igual a 32 billones de pesos al año, cerca del 4% del PIB), nóminas burocráticas sobrevaloradas (los salarios de los 1,3 millones de funcionarios públicos son, en promedio, cinco veces más altos que lo percibido por los trabajadores comunes; además, los congresista y altos mandos del Estado devengan ingresos equivalentes a 50 salarios mínimos legales al mes), captura de rentas públicas por parte de partidos políticos y los socios de sus negocios, sostenimiento de un sobredimensionado aparato militar, policivo y de justicia al servicio del Gobierno y el capital y no de la ciudadanía común, y abigarrados programas de asistencialismo populista social con fines electorales, donde los políticos pueden sacar ventajas a sus intereses personales y de grupos, los cuales, a la vez, promueven y reproducen la dependencia social, la mentalidad mendicante y el sometimiento político, en lugar de la autonomía y el trabajo productivo y digno (así, por ejemplo, el programa de transferencias monetarias condicionadas “familias en acción” cubre a 2,5 millones de hogares con hijos menores de 18 años de edad).

 

La cultura corporativista dominante hace ver a los colombianos que el éxito no deriva del trabajo o del emprendimiento, sino del clientelismo y los contactos personales: del “saber quién” en lugar del “saber cómo”. En resumen, a la política y la economía las han marcado durante mucho tiempo las prácticas poco democráticas como el “patrimonialismo”, el “corporativismo” y el “clientelismo”2.

 

Economía y finanzas públicas

 

Colombia es presa del “mito de los recursos naturales”: la idea de que lo que hace ricos a los países es lo que se encuentra bajo su suelo o en la asignación “providencial” de bienes naturales. La mentalidad extractiva de las clases hegemónicas o dominantes es parte constitutiva del legado colonial. De acuerdo con la descripción de Daron Acemoglu y James Robinson3, las instituciones económicas y políticas “inclusivas” protegen los derechos de propiedad y fomentan la innovación y el cambio tecnológicos; al contrario, las instituciones económicas y políticas “extractivas” están diseñadas para sacar ingresos y riqueza de un subconjunto de la sociedad para beneficiar al subconjunto dominante. En América Latina, afirman, las instituciones políticas y económicas extractivas de los conquistadores españoles han perdurado, condenando a gran parte de la clase trabajadora a la pobreza.

 

Durante las últimas décadas, la productividad nacional ha contribuido desfavorablemente al crecimiento económico (la productividad de los factores –capital y trabajo– es negativa durante lo corrido del siglo XXI). Las causas de este adverso comportamiento son muchas: incluyen la informalidad generalizada (dos tercios de la población económicamente activa), la baja inversión (20% del PIB), la poca pertinencia y la mala calidad de la educación, la insuficiencia del sistema de salud, la precariedad y falta de financiamiento de las políticas de ciencia, tecnología e innovación, la creciente corrupción, instituciones burocratizadas e ineficaces y una infraestructura deficiente o inexistente4. El crecimiento a largo plazo está determinado por la productividad, la que a su vez depende de la sofisticación tecnológica, el nivel educativo y las capacidades y destrezas de la fuerza laboral.

 

El crecimiento anual promedio de la economía colombiana en los últimos sesenta años alcanza un 4,1 por ciento. Durante los años 1960-1979 el ritmo anual medio de la actividad económica fue de 5,2 por ciento. Entre 1980 y 2002 el incremento anual cayó a 3 por ciento. Gracias al boom de las materias primas (petróleo y minerales), entre los años 2003 a 2014 la riqueza del país se expandió a una velocidad de 4,8 por ciento anual. Con el desplome y volatilidad de los precios de los hidrocarburos, entre 2015-2017, la economía disminuyó su cadencia a 2,3 por ciento anual. En 2018 el crecimiento fue de 2,7 por ciento y para el año 2019 se espera un crecimiento no superior a 3 (Gráfico 1).

 

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El boom de las materias primas ocultó a la sociedad colombiana grandes debilidades subyacentes en el desempeño económico. Estas son evidentes en la baja productividad de muchas de las ramas de actividad y trabajadores, el atraso tecnológico, la poca diversificación de la economía, la corrupción público-privada y en la falta de competitividad de sus empresas. Mientras en los países desarrollados se innova y se crean nuevas fábricas, en Colombia se intensifica la actividad extractiva, se multiplican los centros comerciales y proliferan las ventas ambulantes.

 

La estructura económica refleja la deformidad de los países periféricos y subdesarrollados. La macrocefalia del sector terciario (comercio, actividades financieras, seguros e inmobiliarias, comunicaciones y servicios) aporta el 66,1 por ciento del PIB; el sector primario (recursos naturales, agropecuario, silvicultura, pesca y explotación de minas y canteras) contribuye con el 12,1 por ciento; y el sector secundario (industria manufacturera, construcción, suministro de electricidad y gas, y distribución de agua) el otro 21,8 por ciento del PIB (Diagrama 2).

 

 

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Como un claro reflejo de este desempeño y estructura económica, las últimas tres generaciones de connacionales han tenido que enfrentar un alto nivel de desempleo, flexibilización y precarización de sus condiciones laborales: la tasa de desempleo es de 11 por cada 100 trabajadores en promedio anual durante los años 1960 a 2018. Durante los años 1960-1979 el porcentaje medio de la población económicamente activa sin trabajo fue de 8,9 por ciento. Entre 1980 y 2002 la tasa de desempleo se elevó a 12 por ciento. Durante el boom de las materias primas, 2003-2014, el desempleo apenas disminuyó a 10,7 por ciento, toda vez que las actividades extractivas son poco generadoras de puestos de trabajo. Durante la recesión de la economía en los años 2015 a 2017, el desempleo registró una tasa de 8,4 por ciento, si bien, la gran proporción de los ocupados permanecieron en actividades de “cuenta propia”, “trabajadores familiares sin remuneración” e informalidad. En los años 2018-2019 la tasa de desempleo vuelve a estar por encima del 9 por ciento. La fuerza de trabajo ocupada se distribuye en un 18 por ciento en el sector primario; un 19,5 por ciento en el secundario; y el 62,5 por ciento labora en el terciario (diagrama 2).

 

La explicación a la caída promedio del crecimiento económico durante los últimos sesenta años en relación con la menor tasa de desempleo y crecimiento de la fuerza de trabajo es sencilla: expresa la informalidad del mercado laboral, la menor productividad conjunta de los factores capital-trabajo y el parasitismo estatal unido al creciente gasto público improductivo.

 

La repartija del pastel

 

Distribución primaria del ingreso. El valor del Producto Interno Bruto (PIB) de Colombia para el año 2019 se estima en $1.025 billones (pesos corrientes). De acuerdo con la estructura de la distribución primaria del ingreso, el 69,4 por ciento es apropiado por los dueños del capital, patrones o empleadores (4,4% de la población ocupada según posición ocupacional) y el 30,4 por ciento por la clase trabajadora ocupada (22,3 millones de trabajadores). En impuestos netos, directos e indirectos, el sector empresarial transfiere al Estado el 20 por ciento de sus ganancias o utilidades (el ingreso neto disponible de la clase capitalista para consumo, ahorro e inversión es 49,4% del PIB) y los trabajadores otro 6,1 por ciento (a través del IVA a la canasta familiar, consumos, ingresos o impuestos a la propiedad del hogar; el ingreso disponible neto de todos los trabajadores y sus hogares para cubrir sus necesidades básicas es de sólo 24,3% del PIB). Estas dos transferencias (de los ingresos de empresarios y los trabajadores hacia el Estado) explican la apropiación del 26,1 por ciento del PIB por parte de la hacienda pública.

 

Distribución secundaria del ingreso. Uno de los problemas más graves del país, en la fase redistributiva, es la corrupción, en especial durante los procesos de contratación pública y en la ejecución de obras de infraestructura y programas sociales. Esta se ha vuelto sistemática. De acuerdo con las estimaciones conservadoras de la Procuraduría General de la Nación, producto de la corrupción endémica que acompaña al gasto público se pierde al año por lo menos el 2 por ciento del PIB (algunos cálculos llegan al 4% del mismo). La inédita consulta popular para endurecer las sanciones contra los corruptos, realizada en el país en agosto de 2018, no logró superar el umbral para ser aprobada; en consecuencia, las siete propuestas quedaron en manos del Congreso y del Presidente. Pero a nadie le interesó seguir con el tema, ni al Congreso (dominado por el Centro Democrático, partido político opositor a la consulta anticorrupción) o al presidente Duque (vocero de los partidos del establecimiento, de las iglesias evangélicas y de los sectores poblacionales de la derecha colombiana), ni a los partidos políticos del establecimiento o a la gran mayoría de la ciudadanía. La corrupción es un hecho aceptado culturalmente y parte “natural del paisaje político”.

 

Otro componente importante del gasto público son las transferencias al capital financiero nacional y extranjero vía pago de la deuda pública. En 2019, el gobierno de Duque destina el 5,3 por ciento del PIB al servicio (pago de intereses principalmente, porque postergó mediante renegociación el pago del principal o capital) de la deuda pública. El Estado gasta por encima de la capacidad fiscal (el déficit alcanza el 3,5% del PIB) el cual es financiado con aumentos de la deuda pública (alcanzó el 53% del PIB al finalizar 2018) y el aumento del índice de precios al consumidor o inflación (en 2018 fue de 3,2%) que en la práctica es otro impuesto pagado por la clase trabajadora.

 

Insaciables. Los partidos políticos conforman carteles cuyo objetivo es la captura de rentas, el control de la burocracia del Estado o el intercambio mafioso de “favores”. Esto les permite subyugar la contratación pública y sujetar al Estado a la compinchería patrimonial o partidista en lugar de a la burocracia “meritocrática” proclamada por Max Weber –el gran sociólogo alemán– como sello distintivo del Estado moderno. Todo esto conduce a que el Estado sea débil, ineficaz, despilfarrador, corrupto y contrario a los intereses públicos. En pagos a la alta tecnocracia, directores de las ramas de poder y congresistas, unido a la captura de rentas, los partidos políticos del establecimiento logran apropiarse 2,1 por ciento del PIB (adicional al 2% de la corrupción). Además, con la “Ley de financiamiento”, el presidente Duque entregó, a partir de 2019, el 20 por ciento del PGN al manejo directo y discrecional de los congresistas; revivió, de esta forma, lo que antiguamente se conocía como “auxilios parlamentarios” y después, coloquialmente, “mermelada”.

 

Debido al crónico conflicto social5, en 2019 la administración Duque asigna 4,6 por ciento del PIB a gastos de las fuerzas militares, policía y justicia. La mano dura seguirá siendo la norma, pese a lo que pudiera pensarse como reflejo del Acuerdo de paz logrado con las Farc. Según el Instituto Internacional de Estudios para la Paz de Estocolmo, Colombia es la nación suramericana que más porcentaje de su PIB destina al gasto militar.

 

Por su parte, el gasto público social y los subsidios asistencialistas concentran el 10 por ciento del PIB. A pesar de su continuo aumento desde los mandatos constitucionales de 1991, el sistema institucional social se caracteriza por su precariedad, ineficiencia, baja calidad de los servicios, corrupción, desfinanciamiento y desvió hacia los estratos socioeconómicos privilegiados (en particular los subsidios a las desmesuradas pensiones que ganan los altos exfuncionarios de las diferentes ramas del poder público, oficiales retirados de las fuerzas armadas y los ex congresistas y miembros de la clase política).

 

El apalancamiento público en favor del crecimiento económico es marginal. A las actividades de mejoramiento de la infraestructura, ciencia, tecnología e innovación, la administración Duque solo aporta en 2019 el 2 por ciento del PIB. También la dimensión ambiental es poco representativa dentro de las prioridades del Gobierno, cuenta con apenas el 0,1 por ciento del PIB.

 

La trampa de un Estado patrimonial, corporativista, asistencial y clientelista al servicio de los poderosos

 

Crecer en términos económicos cuesta, y para hacerlo por encima del necesario 5 por ciento anual el país está obligado a invertir por lo menos el 29 por ciento del PIB, en lugar de su promedio actual de 20 por ciento. El coeficiente de inversión relaciona la formación bruta de capital fijo con el PIB. La mayor transferencia de recursos privados, de empresarios y trabajadores al Estado, no genera un efecto multiplicador en la economía; al contrario, resta la capacidad de consumo, ahorro e inversión de la sociedad. Además, los crecientes impuestos que deben pagar la clase trabajadora mengua sustancialmente la demanda efectiva y afecta negativamente su calidad de vida. Estas dos situaciones debilitan la productividad, el crecimiento económico, el progreso social y el florecimiento humano. Las múltiples reformas tributarias durante las últimas tres décadas no han impulsado la inversión en las empresas, ni mejorado el bienestar de la clase trabajadora, ni fomentado el bienestar y la convivencia colectiva; al contrario han debilitado la productividad, fortalecido y profundizado al Estado clientelista, patrimonial, corrupto, belicista y corporativista.

 

Asimismo, el crecimiento de la riqueza de una sociedad requiere de instituciones económicas y políticas “inclusivas”. Además, este es impulsado por la ciencia, la tecnología y la innovación, la educación de calidad, las infraestructuras, el incremento del poder adquisitivo de las clases bajas y medias, las restricciones a la compinchería política, la exclusión de los carteles políticos lumpen, la captura de rentas y la plutocracia que distorsionan la competencia en los mercados y la implementación de regulaciones financieras que reducen las burbujas especulativas. La sociedad colombiana es inviable si sigue dependiendo de las instituciones económicas y políticas “extractivas” y “rentistas”, continúa aupando la corrupción, la acumulación violenta, las burbujas inmobiliarias y explotando una mano de obra barata, poco educada y en expansión.

 

Para que esta sentencia no sea malentendida, es necesario recordar que en las últimas tres décadas los países que más han avanzado política, económica y socialmente son los que han logrado un consenso a favor de la democracia participativa, la estabilidad macroeconómica, la continua mejora de la competitividad, la internacionalización de sus comunidades y economías, la productividad y el desarrollo sostenible, las mejoras en infraestructura, la promoción de la ciencia, la tecnología y la innovación, y la inclusión social (la importancia de eliminar la pobreza, reducir la desigualdad, promover y garantizar los derechos humanos, la justicia y la paz). Los países que se han desviado de este consenso han fracasado en diversos grados y dimensiones6.

 


 

1 Según el informe “Paying taxes 2018”, del Banco Mundial y Price wáter house Coopers (PWC), la tasa total de impuestos y contribuciones que pagan las empresas en Colombia está en 69,8 por ciento: 22,2 por ciento recaen directo sobre las ganancias; 18,6 por ciento están ligados a impuestos laborales y 29 por ciento se pagan por otros impuestos.
2 El patrimonialismo se refiere al secuestro del gobierno por poderosos intereses privados; el corporativismo es la tendencia de un grupo o sector político, empresarial, sindical, profesional o social a defender a toda costa sus intereses y derechos de grupo, sin tener en cuenta ni la justicia o la democracia, ni las implicaciones o perjuicios que puedan causar a terceros; el clientelismo define un patrón político en el que los caudillos o jefes políticos locales obtienen votos y lealtad política de grupos de seguidores a cambio de protección y acceso a los recursos del Estado.
3 Acemoglu, Daron y Robinson, James. (2013). Por qué fracasan los países. Editorial Planeta Colombiana S. A. pp. 95-98.
4 Reid, Michael. (2018). El continente olvidado. Una historia de la nueva América Latina. Editorial Planeta Colombiana S.A. Colombia, p. 50.
5 En Colombia, durante 2018 el número de homicidios volvió a aumentar a la cifra de 1.000 asesinatos en promedio cada mes. Durante el año 2016 los asesinatos habían descendido a 10.674; en 2017 se elevaron a 10.868; y en 2018 las víctimas de la violencia homicida alcanzaron la cifra de 11.600. La tasa de homicidios por 100.000 habitantes tocó un máximo de 79 en 1991; después, en al año 2016, cayó a un mínimo de 21,9; en 2017 reinició su alza al registrar un valor relativo de 22; en 2018 mantiene la tendencia creciente con 23,2.
6 Reid, Michael. (2018). El continente olvidado. Una historia de la nueva América Latina. Editorial Planeta Colombiana S. A. Colombia, p. 430.
* Economista político y filósofo humanista. Miembro de los comités editoriales de los periódicos Le Monde diplomatique, edición Colombia, y desdeabajo.

 

Publicado enEdición Nº253
Don José y las vanas políticas de la tercera edad

“El simple aleteo de una mariposa puede cambiar el mundo”. Aunque sin tal potencia, lo sucedido con don José en Medellín, despertó y proyectó ondas no solo en esta ciudad sino por todo el país.


Sin duda, don José, un campesino desplazado que se vale de una guitarra y su voz para ganarse la vida, el 7 de mayo ingresó al restaurante el Tarquino –ubicado en el barrio El Poblado de Medellín– para cantar “mamá vieja” de los Visconti. Después de su acto algunos clientes del restaurante decidieron invitarle a almorzar, pero al momento de sentarse la administración del establecimiento le pidió el favor de que comiera afuera, lo que generó la indignación de los asistentes. Valeria Lotero, artista plástica, denunciante del caso y varios comensales más, manifestaron su indignación frente a la administradora, decidiendo retirarse del lugar y denunciar en redes sociales lo sucedido, lo cual generó que las personas se manifestaran contra este caso con el numeral #YoSoyDonJosé. Sin duda, lo que le ocurrió a don José causó uno de los mayores revuelos mediático en la semana comprendida entre el lunes 7 y el domingo 13 de mayo.


En los últimos días don José aseguró que no se sintió discriminado, y señaló que la dueña del restaurante siempre ha sido buena con él: “Esa señora hace 20 años me deja cantar ahí. Yo la estimo porque es muy formal con el compañero y yo. Yo la aprecio porque nos deja trabajar ahí, estoy muy agradecido” . Después de un día en boca de todos, el restaurante Tarquino también divulgó un comunicado sobre el caso de don José en el que aseguran rechazar cualquier forma de discriminación y lamentaron el incidente del 7 de mayo.
Sin embargo el mismo alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, rechazó los hechos, y el martes 8 de mayo un g

rupo de personas se sentó afuera del local en aire de protesta, destapando sus recipientes con el almuerzo, para hacerse sentir en contra del caso; indignación que ya alcanzó dimensiones nacionales. Así mismo, el superintendente de Industria y Comercio, Pablo Felipe Robledo, puso su atención en el caso y anunció una investigación a través de su Twitter: “He pedido al Super Delegado @fidelpuentessi1 que dé inicio a indagación preliminar por lo ocurrido a José de Jesús López en el Restaurante Tarquino-Medellín. Podría configurarse violación del derecho de igualdad-no discriminación. (Art. 3 núm. 1.12 Estatuto Consumidor (Ley 1480/11)”


Más allá de que el caso se haya expandido por justas causas o por una exageración que se deriva de un malentendido, sentido que puede ser atribuido en parte a la solidaridad y en parte a la simple caridad de los más favorecidos que entre sollozos expían las culpas de sus privilegios; da pie para exponer uno de los más grandes problemas de seguridad social en nuestro país: lo referente a la vejación de las políticas pensionales y de la tercera edad.


En Colombia existen dos grandes políticas de Estado que se enfocan en la atención de las personas mayores de 60 años, quienes actualmente representan el 9,5 por ciento del total de la población de Colombia, pero según las proyecciones estadísticas, para el 2050 alcanzarán el 20 por ciento.


La primera política surge de la Ley 1151 de 2007, que determinó la obligación del Ministerio de la Protección Social, de definir y desarrollar una Política Nacional de Envejecimiento y Vejez, luego ratificada por la Ley 1251 de 2008, mediante la cual se dictan normas tendientes a procurar la protección, promoción y defensa de los derechos de las personas adultas mayores. Sus retos plantean la necesidad de superar problemas como las desigualdades sociales de la vejez, la dependencia funcional, la enfermedad, discapacidad y calidad de vida de las personas adultas mayores, erradicar el hambre y la pobreza extrema de este sector de la población, en búsqueda de un envejecimiento activo, satisfactorio y saludable como derecho de todas y todos los colombianos.


La segunda se centra en los regímenes pensionales, que a través de la Ley 100 de 1993, modificada por la Ley 797 de 2003, establece dos regímenes de pensión: el régimen público de Prima Media con Prestación Definida (RPM), manejado por Colpensiones, y el régimen de Ahorro Individual con Solidaridad (Rais), manejado por el sector financiero. Ambos regímenes están orientados a personas que trabajen en el sector formal de la economía, que además tengan una alta estabilidad laboral, que posean altos niveles educativos y que trabajen preferiblemente en las zonas urbanas, ya que del total de la población activa que tiene el país, solo el 32 por ciento logra aportar a pensión, salud y aseguradora de riesgos; y además, hoy por hoy sólo uno de cada 4 adultos mayores tiene pensión.


Pero regresemos con don José, un adulto mayor de 60 años, quién después de ser desplazado ha sobrevivido en Medellín gracias a su guitarra y su voz. Si lo quisiéramos volver una estadística, don José haría parte del 50 por ciento de adultos mayores que se encuentra por debajo de la línea de pobreza, sería también parte del 20 por ciento de adultos mayores que sobrevive exclusivamente gracias a su trabajo, y del 68 por ciento de adultos mayores que no tienen una pensión; y como trabajador, pertenece a los 14,6 millones de hombres y mujeres que se rebuscan en la informalidad, sin tener contrato ni garantías de derechos laborales.


Y es que la indignación que genera lo sucedido, que se transmite por redes sociales y se evidencia en las tendencias de Facebook y Twitter, no se manifiesta en hechos reales o tangibles; don José debe seguir viviendo del rebusque, pues su situación particular no ha cambiado a pesar de haber despertado fuertes reacciones de solidaridad (¿tal vez lástima?) por su repentina fama en diferentes medios de comunicación.
La realidad es que en Colombia los adultos mayores se ven cotidianamente sometidos a situaciones de discriminación que se han normalizado en toda la sociedad. El sistema económico que impera en el país los considera obsoletos, ya que han dejado de ser productivos para las empresas; el sistema de salud los considera una carga, pues requieren 3 veces más cuidados y atención que una persona en edad adulta; el 9,3 por ciento viven solos, a pesar de que en la mayoría de los casos tiene una familia con posibilidad de cuidarlos y acompañarlos; el 40 por ciento sufre de depresión como consecuencia de la sensación de no servir para nada y el 4 por ciento ha sufrido violencia intrafamiliar severa . Todo esto evidencia que las políticas existentes son insuficientes para atender una población que no solo es vulnerable, sino que va creciendo con el tiempo.


Si en Colombia no se da una profunda transformación del modelo económico, laboral y cultural, seguiremos viendo a más hombres y mujeres como don José, que a pesar de tener toda su vida encima, deben buscar en las calles el sustento diario, sin tener claridad de sus derechos como adultos mayores.

 

Más de 20 años

“[…] hace 20 años me dejan cantar ahí”, aseguró don José al ser preguntado por su oficio. Por su parte, una joven que ya no es estudiante de secundaria, entrevistada por un noticiero de televisión afirmó: “cuando yo iba para el colegio siempre lo veía en los buses, cantando”. Otros entrevistados, todos, confirman que don José es un campesino desplazado.


“[…] hace 20 años me dejan cantar ahí”. Sí, don José fue desplazado, pero hace más de 20 años, sin embargó nunca pudo beneficiarse de una política pública que le brindara acogida en la urbe, una política que le facilitara capacitación laboral y lo incluyera en algún plan de empleo, por lo cual tiene que rebuscarse por cuenta propia. Cuando fue desplazado tenía 40 años o un poco menos, ahora está en los 60 o algo más. Don José no solo sufrió el infortunio del desplazamiento, sino el de la exclusión estatal, no solo el de la exclusión en el restaurante-


Hay que recordar que producto de la guerra, del total de personas desplazadas desde el año 1985 hasta el día de hoy, el 8,3 por ciento tenían 60 años o más al momento de su expulsión, es decir, 599.251 adultos mayores tuvieron que abandonar sus terruños debido al conflicto.


Y frente a esto la respuesta del Estado y de las administraciones locales es insuficiente. A pesar de que según la Ley 1448 de 2011 las víctimas del conflicto armado tienen derecho a la verdad, la justicia y la reparación con garantías de no repetición, vemos que a la fecha la población desplazada que llegó a las ciudades no ha tenido las garantías para retornar a sus tierras, y tampoco les han garantizado una vida digna en los nuevos lugares que habitan. En su mayoría de los casos estas personas quedaron obligadas a engrosar los cinturones de miseria de las grandes ciudades y robustecer la cifra de las personas que viven en la informalidad laboral.

 

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