Lectura, enseñanzas y retos desprendidos de una cita deliberativa en procura de autonomía para los movimientos sociales. ¿Es posible hacer parte de los estadios oficiales a la par que impulsar una institucionalidad extra-estatal?

 

Circundada por la fuerte revitalización del movimiento estudiantil, sesionó en Bogotá los pasados 9, 10 y 11 de octubre, la Asamblea Legislativa Popular y de los Pueblos por la unidad, la vida, el territorio y la paz (ALP). Al llamado respondieron 1.300 delegados y delegadas de diferentes movimientos y regiones del país, en hermanamiento con delegaciones de organizaciones populares de Nuestra América y Europa, con el fin de adelantar un ejercicio legislativo autónomo que contribuya a la unidad estratégica del campo popular, y concertar una agenda de movilización y acción política para el 2019.

 

En la Asamblea, pese a sus pretensiones de unidad, fue notoria la ausencia de un amplio margen de organizaciones del campo popular, lo que la redujo a un evento de ciertas corrientes políticas y matrices ideológicas en proceso de reagrupamiento. No obstante la ALP marca una nueva etapa de construcción colectiva que podría ser potente si asumiera los retos de lo que implica una autocrítica sincera de su accionar histórico, una discusión sobre lo que implica el horizonte de construcción de poder popular y un llamamiento de país.

 

El largo camino del poder popular

 

En los antecedentes de esta Asamblea se encuentra como primer referente el Congreso de los Pueblos (CP), plataforma constituida en 2010 como una transición que anteponía la construcción de poder popular a la ilusoria toma del poder que había marcado por décadas los objetivos estratégicos de la vieja izquierda partidista. Tiene como antecedente, de igual manera, la irrupción del indigenismo en todo el continente, propulsor de convergencias sociales, a través de la disputa por sus derechos históricos, elevando a primera plana la construcción de autonomía en las agendas del movimiento social.

 

Es producto de ello que toman forma: la “Minga por la vida, la justicia, la alegría, la autonomía y la libertad de los pueblos”, con la participación de comunidades indígenas y campesinas, promulgando en Cali el mandato indígena y popular en 2004. La cumbre de organizaciones sociales en 2006, en contra de la arremetida de la Fuerza Pública en los territorios. La minga de resistencia social y comunitaria de 2008, formulada como una propuesta del norte del Cauca con el objetivo de ganar aliados y fuerza con la gente “caminando la palabra por el territorio nacional”. La mencionada constitución del CP en 2010, así como el Congreso de tierras territorio y soberanía en 2011, y el Congreso para la paz en 2013.

 

Desde allí y hasta hoy, en medio de estos procesos de encuentro social y popular, el CP fue perdiendo importantes integrantes, mermando así su impulso inicial, al imponerse en su accionar cotidiano viejas prácticas autoritarias, vanguardistas y sectarias que lo desgastan: el peso preponderante de las estructuras organizativas más fuertes; la exclusión de las organizaciones no afines al “camilismo”; la imposición de una lectura sobre la negociación política del conflicto armado y su adopción como núcleo de la acción principal del CP, todo ello, también, como conformación de un polo diferenciado a la matriz ideológica del “bolivarianismo” afincada en la Marcha Patriótica (MP). Así mismo, la constante subsunción a la agenda institucional sin una discusión sesuda desde la base llevaron a que se profundizaran sus contradicciones internas.


No obstante, ambas plataformas (MP y CP) tuvieron el oxígeno inyectado por la supuesta apertura del proceso de paz con las Farc, generando numerosas movilizaciones, lo que dio nacimiento en 2014 a la Cumbre agraria campesina, étnica y popular. proceso convertido en el nuevo escenario de articulación popular, logrando conquistas parciales que hoy llegan nuevamente a un momento de desgaste, en tanto su acción quedó limitada a la interlocución con el gobierno, arrancando promesas parciales que en su mayoría no han sido cumplidas.

 

En esta misma senda, después de la última gran minga nacional de finales de octubre y principios de noviembre de 2017, tomó forma la contienda electoral cuyos resultados, y reunión de fuerzas en torno a la Colombia Humana, sitúa al movimiento popular en una situación de marcado antagonismo con las tendencias más retardatarias de la élite política y económica. Es en este contexto que surge la iniciativa de la ALP, con el reto de articular el accionar alternativo, a la par que modificar el balance desfavorable que mantiene la correlación de fuerzas para el campo popular y democrático.

 

La Asamblea

 

La Asamblea Legislativa, con la intención de legislar desde la base construyendo organismos de poder popular, en la perspectiva de romper esa costumbre de alzar siempre la mirada hacia el Estado para ver cómo respondemos a sus iniciativas, potencia el acumulado de protesta, movilización y articulación mediante la síntesis de mandatos populares para el corto, mediano y largo plazo.

 

En la convocatoria, en la que participaron 47 organizaciones, se enfatizaba en que para variar la correlación de fuerzas es necesario retomar los planes de vida, los pliegos sectoriales, las propuestas temáticas, las plataformas de lucha, las propuestas de paz y la agenda de la oposición parlamentaria construida en los últimos años, para unificar una base programática que derive en la constitución de un Bloque Popular y Democrático Alternativo. Alianza de organizaciones estimulada con una hoja de ruta para la movilización, la disputa de una agenda social y el mismo estímulo a la agenda de paz –ahora congelada en La Habana–, al tiempo que la lucha institucional/parlamentaria y el desarrollo de los gobiernos propios, tanto en lo rural como en lo urbano.

 

El punto fuerte de la Asamblea fue el trabajo por comisiones, donde cada uno de los asistentes expresó su opinión, en un ejercicio de democracia participativa subyacente en la idea de los mandatos populares. Ahí los asistente deliberaron sobre temas como: Movilización, unidad y organización, comunicación, formación, educación, cultura, arte, otras relaciones de poder –anti patriarcales–, tierras y territorios, lo ambiental y minero-energético, la agenda urbana, paz y DH, guardias populares, campesinas, cimarronas e indígenas, y la cuestión internacional.

 

Cada uno de estos escenarios arrojó un conjunto de mandatos a ser socializados e implementados en los territorios; así como una agenda de confrontación al gobierno de Duque durante el 2019 que, entre otros, incluya dos ejes claves: 1. Movilización nacional durante el primer semestre, en defensa de los territorios, por la solución política al conflicto social y armado, el cese de asesinatos de líderes y defensores de DH, el desmonte el paquete normativo antipopular de reformas: pensional, laboral y tributaria, y en rechazo a la reglamentación de mecanismos de participación y el derecho a la consulta previa; 2. La articulación política y programática para la participación en las elecciones municipales y departamentales del próximo año, que permita concertar mecanismos democráticos para la definición de las candidaturas y acordar mandatos que interpreten fielmente los intereses del pueblo colombiano.

 

¿Mandatar para construir el poder popular y la unidad?

 

Como lo expresa su declaración final, la ALP, con su perspectiva de “constituirse como un órgano coordinador del poder popular con expresiones territoriales, sectoriales y temáticas, que fortalezca los gobiernos propios, los mecanismos de defensa y protección de la vida y los territorios”, podría convertirse no solo en una respuesta coyuntural a los problemas del gobierno actual, sino en un intento, que tiene que ver con dar respuesta a la pregunta histórica sobre el qué hacer metodológico en las diferentes faces de la transición hacia una sociedad más libre e igualitaria. En ese proceso ¿qué es y cómo construir poder popular?

 

Según diferentes tradiciones, se ha planteado toda una gama de exigencias durante el trayecto de cambio, lo que se conoce comúnmente como las 3 fases: 1. “fase de acumulación de fuerzas”; 2. período de enfrentamiento, contando ya con fuerza sociales en capacidad de iniciar un nuevo ordenamiento social; 3. Consolidación, sin las fuerzas enemigas a la vista, de la construcción de una nueva sociedad.

 

Fiel a este esquema, es claro que en la primera fase es necesario destacar algo que es fundamental, y es que hay un conjunto de actividades que pueden y deben ser realizadas en el seno de la actual sociedad, actividades sociales y políticas que permitan un ejercicio de participación y resolución de problemas de la población. Estas actividades deben generar, al mismo tiempo, nociones y experiencias que contribuyan con el crecimiento de la consciencia y la confianza en las propias fuerzas, proceso que devendrá en la potencia capaz de confrontar el sistema y generar las condiciones para su ruptura. Esta primera fase es la etapa de la construcción del poder popular, de un pueblo fuerte.

 

Si en palabras de la declaración política de la Asamblea lo que se pretende con los mandatos es: “construir instrumentos que permitan confrontar el sistema capitalista y el régimen de dominación, en una perspectiva de unidad estratégica, profundizando la movilización y la construcción de poder popular”, podríamos decir que la propuesta de la Asamblea es interesante si plantea una solución al empantanamiento en el que se encuentra lo popular debido al desgaste táctico de movilizaciones, acuerdos con el gobierno e incumplimiento de los mismos.

 

Pero, para que no se repita lo sucedido con el Congreso de los Pueblos, esta nueva iniciativa debe también y sobre todo, superar el obstáculo que traen consigo los diversos modelos leninistas, persistentes en la inercia histórica de la izquierda colombiana, condicionada por circunstancias de sobrevivencia de su funesta experiencia, modelos que han impedido su real reconfiguración, ajustada a los cambios del mundo contemporáneo, con autocrítica sin tapujos, dejando a un lado su discurso panfletario, dogmático, sumamente simplista y distorsionante, que no se percata de la desconexión que tiene con las amplias mayorías del país.

 

La constitución de una Comisión de Seguimiento de la Asamblea, como mecanismo organizativo en el que tengan representación los procesos y organizaciones que se articulan, debería ser un espacio de dinamización de los mandatos a nivel regional y local, que fortalezcan el gobierno propio a través de alternativas, gestionadas por y desde las mismas comunidades, con base en el fortalecimiento de las guardias de distinta índole, como brazo ejecutivo y presencia real, visible, de las capacidades organizativas de los procesos, pues es así como se expresa el poder popular, que es poder político desde una visión libertaria e igualitaria.

 

Si los mandatos y la hoja de ruta, se territorializan, y se mejoran con la participación comunitaria local, este evento podría constituir un salto cualitativo hacia la unidad estratégica de los sectores alternativos, a partir del reconocimiento de las experiencias e iniciativas de coordinación y articulación sectorial, temática, territorial y nacional ya existentes. Solamente tejiendo desde abajo, como un experimento profundo de democracia participativa y comunitaria, es que tiene sentido una articulación desde arriba, como la planteada en la materialización de un Bloque Popular y Democrático, que es lo inmediatamente propuesta por esta ALP.

Publicado enEdición Nº251
Viernes, 24 Agosto 2018 08:26

Una campaña por los márgenes

Una campaña por los márgenes

A una nueva consulta electoral se cita a la sociedad colombiana. En esta ocasión, el tema es el de la corrupción y la fecha el 26 de agosto.

 

La campaña por lograr la aprobación para esta consulta fue desplegada a lo largo de varios meses durante el año 2017, y tuvo como promotoras a las congresistas Angélica Lozano y Claudia López, con el apoyo del Partido Verde y la vitalidad de miles de impulsores que por las calles de todas las ciudades del país recogieron los millones de firmas necesarias para lograr su aval por parte del Congreso.

 

La firmeza, la vitalidad y el ardor reinantes en este período de la consulta no se sienten ahora. Es una convicción que ahora parece inexistente, faltante que resulta evidente para el conjunto social, sin que se vea mayor interés por lo que pueda suceder con esta citación. De parte del establecimiento, en especial del presidente Iván Duque, que en su momento avaló esta iniciativa, tampoco se siente compromiso alguno.

 

Es un aire frío, tal vez templado, el que desprenden los actores políticos, renovados o tradicionales, el cual no alcanza para inyectar en la sociedad colombiana la necesaria energía que permita propiciar su movilización, para romper la pasividad e intentar la ruptura de la desconfianza reinante frente a la política tradicional, a todo aquello que proviene del Congreso, la Presidencia y otros órganos e instancias del poder.

 

Es un aire falto de altas temperaturas, que, además, tropieza con la ausencia de una lectura y una explicación de fondo sobre la razón de la creciente corrupción, la misma que copa al establecimiento colombiano con el hurto de 50 billones de pesos anuales, como también sucede con todos los gobiernos de la región y de otras regiones, casi sin excepción, cuyo dinero rellena las cuentas bancarias –los Panama Papers y similares– de estos personajes y de sus encubridores.

 

Es una realidad de desfalco de lo público que alimentan las multinacionales, como actoras de primer orden, y los empresarios locales de distinto nivel, aceitando votos en variados espacios legislativos con millones de dólares para lograr uno u otro contrato, u ocultando los daños ambientales que causan con las materias primas que producen sus empresas (como la Volkswagen y otras fabricantes de carros, que esconden o tergiversan los reales niveles de contaminación que producen sus motores), o pagándoles a medios de comunicación globales y locales para que desinformen sobre los resultados que arrojan los estudios sobre calidad de vida, organismos genéticamente modificados, consecuencias acarreadas sobre los seres humanos, los animales y naturaleza en general por el uso de tóxicos como el glifosato. Igualmente, se velan los reales grados de desigualdad social que padecemos como nación, además del impacto y las consecuencias de la explotación diaria a que están sometidas las mayorías, como las razones y efectos de las guerras, así como el comercio con mujeres y hombres, la pedofilia, y otros muchos males y perversiones alimentadas por el poder.

 

La denuncia y la campaña en contra de la corrupción, sin explicaciones estructurales, es lo que tal vez les permite pensar a muchos que, así voten y se gane la consulta, todo seguirá igual. Razón, con razones: la sociedad colombiana está afectada, tal vez derrotada, por un sistema que le ha mentido una y otra vez, engañándola una y otra vez, con trampas una y otra vez, asesinándola una y otra vez, sembrando sobre el piso de la misma una estela de desconfianza difícil de superar. De ahí que una campaña por esta consulta, sin la energía necesaria, sin el calor para transmitir convicción y orden de ‘batalla’, con la vista puesta más allá de la propia consulta, en una disputa de mediano y largo plazo contra el motor de la multiplicación del fenómeno de la corrupción, difícilmente saldrá airosa.

 

Estamos así ante lo impensable: la pérdida de una consulta que en cualquier otro escenario internacional debiera fluir con toda fortaleza, sin necesidad de campaña alguna. Tal derrota, de suceder así, desnudará a nuestra sociedad como la más incomprensible de nuestra subregión y del mundo entero: no votar mayoritariamente contra la corrupción, como tampoco lo realizó contra la guerra. Si ocurre esto, ello significará un grande golpe para la autoestima de los movimientos sociales, con un mayor enconchamiento de los mismos.

 

Sin embargo, la campaña debiera ser espontánea, de conciencia, claro, siempre y cuando estuviéramos en una sociedad politizada, Pero una de las cosechas sembradas en el país por el sistema político durante las últimas décadas es la despolitización y el desinterés por lo público, incluso una siembra mucho más profunda, de apatía por lo público.

 

Tales consecuencias de desinterés y apatía se conjugan con el miedo, pues el mensaje cotidiano desde el poder es claro: quien crítica, quien denuncia, quien se interpone en los caminos del poder es reseñado de manera ilegal y enlistado dentro de los objetivos por ser “sacados del camino”. Es la barbaridad del poder que realmente existe en Colombia, uno que no admite razones ni abre vías para la participación libre y desprevenida de los millones que habitan este territorio.

 

Estamos ante un poder, concentrado en la Casa de Nariño y los partidos que lo sostienen, que en lo referente a esta consulta actúa como el bifronte: por un lado, le dice sí a la consulta anticorrupción –para no cargar los costos de la opinión pública al rechazarla–, pero, por el otro, de manera más o menos subrepticia actúa por vía contraria, para sabotearla, bloqueando de esta manera a los partidos que dicen ser sus impulsores pero que no actúan con agallas. Y para ganarse los aplausos por impulsar normas anticorrupción, las cuales, igual que las resumidas en las siete preguntas por las cuales los connacionales debieran votar masivamente el 26 de agosto, ya radicó como proyectos de ley en el Congreso Nacional.

 

Y así procede porque, como artistas del poder, como dice el refranero popular, “hecha la ley, hecha la trampa”. Es decir, saben, y así permite decirlo la existente Ley anticorrupción, como el Convenio firmado sobre el particular ante las Naciones Unidas, que el problema no es de normas sino estructural. El núcleo de esta realidad radica en un sistema que arrasó lo público, y el interés y el amor que pudiera sobrevivir con la existencia de bienes estratégicos al servicio de todos los retoños de un mismo territorio.

 

Es decir, sin un Estado que propicie el respeto y amor por lo público, sin un sentido de lo común, sin un referente de futuro que valga la pena –para una inmensa mayoría ya no hay utopía alguna que despierte acciones y comportamientos altruistas ni éticos–, entonces, ¿por qué y para qué defender y proteger los dineros que no son de nadie a pesar de ser de todos?

 

Es decir –y aquí hay que hacer énfasis–, la importancia de la consulta por desarrollarse el domingo 26 de agosto es que nos permite visualizar y comprender el neoliberalismo en su real dimensión y sus consecuencias, lo mismo que a sus promotores y defensores, como autores intelectuales y propiciadores de la realidad de la corrupción; como la cúspide de la misma. Éstos, con las normas tramitadas durante décadas en el Congreso colombiano, con las leyes que arrasaron el derecho a la salud, la educación y los servicios públicos para todos, y que ahondaron el despliegue de una economía que arroja beneficios cada vez para menos personas, como otras que hacen cada vez más difícil que la tierra sea “para quien la trabaja”. Son leyes y normas que cada vez ahogan con más impuestos o mayores tasas impositivas a quienes viven del trabajo diario, al tiempo que desmontan obligaciones para quienes amasan más riqueza, todo ello como parte de una realidad que ahora algunos denuncian y otros dicen también desaprobar: la corrupción.

 

Contra esa realidad neoliberal, con todos sus matices, quienes habitamos en Colombia debemos salir a votar el 26 de agosto. Claro que la consulta no pregunta por ello, y esa es una de las razones profundas de lo limitado de la misma; esa es la razón por la cual cualquiera puede aprobarla, pues en realidad no va más allá de la normatividad ya existente y que saben cómo burlar quienes hacen parte del establecimiento. La consulta, contrariamente a lo expresado en sus siete preguntas, contrariamente a su apariencia, no ataca al sistema socio-económico ni a sus defensores, dejándolos aparentar lo que no son y lograr que las cosas sigan como han sido hasta ahora.

 

Entonces, con la puja que se escenificará en tan pocos días, deberá empezar una disputa abierta y total contra el neoliberalismo, mal de males, levantando como indicador de una batalla frontal las banderas de otra sociedad posible, donde la democracia deje de ser formal y en verdad sea directa, radical, refrendataria.

 

Publicado enColombia
Jueves, 23 Agosto 2018 16:27

Una campaña por los márgenes

Una campaña por los márgenes

A una nueva consulta electoral se cita a la sociedad colombiana. En esta ocasión, el tema es el de la corrupción y la fecha el 26 de agosto.

 

La campaña por lograr la aprobación para esta consulta fue desplegada a lo largo de varios meses durante el año 2017, y tuvo como promotoras a las congresistas Angélica Lozano y Claudia López, con el apoyo del Partido Verde y la vitalidad de miles de impulsores que por las calles de todas las ciudades del país recogieron los millones de firmas necesarias para lograr su aval por parte del Congreso.

 

La firmeza, la vitalidad y el ardor reinantes en este período de la consulta no se sienten ahora. Es una convicción que ahora parece inexistente, faltante que resulta evidente para el conjunto social, sin que se vea mayor interés por lo que pueda suceder con esta citación. De parte del establecimiento, en especial del presidente Iván Duque, que en su momento avaló esta iniciativa, tampoco se siente compromiso alguno.

 

Es un aire frío, tal vez templado, el que desprenden los actores políticos, renovados o tradicionales, el cual no alcanza para inyectar en la sociedad colombiana la necesaria energía que permita propiciar su movilización, para romper la pasividad e intentar la ruptura de la desconfianza reinante frente a la política tradicional, a todo aquello que proviene del Congreso, la Presidencia y otros órganos e instancias del poder.

 

Es un aire falto de altas temperaturas, que, además, tropieza con la ausencia de una lectura y una explicación de fondo sobre la razón de la creciente corrupción, la misma que copa al establecimiento colombiano con el hurto de 50 billones de pesos anuales, como también sucede con todos los gobiernos de la región y de otras regiones, casi sin excepción, cuyo dinero rellena las cuentas bancarias –los Panama Papers y similares– de estos personajes y de sus encubridores.

 

Es una realidad de desfalco de lo público que alimentan las multinacionales, como actoras de primer orden, y los empresarios locales de distinto nivel, aceitando votos en variados espacios legislativos con millones de dólares para lograr uno u otro contrato, u ocultando los daños ambientales que causan con las materias primas que producen sus empresas (como la Volkswagen y otras fabricantes de carros, que esconden o tergiversan los reales niveles de contaminación que producen sus motores), o pagándoles a medios de comunicación globales y locales para que desinformen sobre los resultados que arrojan los estudios sobre calidad de vida, organismos genéticamente modificados, consecuencias acarreadas sobre los seres humanos, los animales y naturaleza en general por el uso de tóxicos como el glifosato. Igualmente, se velan los reales grados de desigualdad social que padecemos como nación, además del impacto y las consecuencias de la explotación diaria a que están sometidas las mayorías, como las razones y efectos de las guerras, así como el comercio con mujeres y hombres, la pedofilia, y otros muchos males y perversiones alimentadas por el poder.

 

La denuncia y la campaña en contra de la corrupción, sin explicaciones estructurales, es lo que tal vez les permite pensar a muchos que, así voten y se gane la consulta, todo seguirá igual. Razón, con razones: la sociedad colombiana está afectada, tal vez derrotada, por un sistema que le ha mentido una y otra vez, engañándola una y otra vez, con trampas una y otra vez, asesinándola una y otra vez, sembrando sobre el piso de la misma una estela de desconfianza difícil de superar. De ahí que una campaña por esta consulta, sin la energía necesaria, sin el calor para transmitir convicción y orden de ‘batalla’, con la vista puesta más allá de la propia consulta, en una disputa de mediano y largo plazo contra el motor de la multiplicación del fenómeno de la corrupción, difícilmente saldrá airosa.

 

Estamos así ante lo impensable: la pérdida de una consulta que en cualquier otro escenario internacional debiera fluir con toda fortaleza, sin necesidad de campaña alguna. Tal derrota, de suceder así, desnudará a nuestra sociedad como la más incomprensible de nuestra subregión y del mundo entero: no votar mayoritariamente contra la corrupción, como tampoco lo realizó contra la guerra. Si ocurre esto, ello significará un grande golpe para la autoestima de los movimientos sociales, con un mayor enconchamiento de los mismos.

 

Sin embargo, la campaña debiera ser espontánea, de conciencia, claro, siempre y cuando estuviéramos en una sociedad politizada, Pero una de las cosechas sembradas en el país por el sistema político durante las últimas décadas es la despolitización y el desinterés por lo público, incluso una siembra mucho más profunda, de apatía por lo público.

 

Tales consecuencias de desinterés y apatía se conjugan con el miedo, pues el mensaje cotidiano desde el poder es claro: quien crítica, quien denuncia, quien se interpone en los caminos del poder es reseñado de manera ilegal y enlistado dentro de los objetivos por ser “sacados del camino”. Es la barbaridad del poder que realmente existe en Colombia, uno que no admite razones ni abre vías para la participación libre y desprevenida de los millones que habitan este territorio.

 

Estamos ante un poder, concentrado en la Casa de Nariño y los partidos que lo sostienen, que en lo referente a esta consulta actúa como el bifronte: por un lado, le dice sí a la consulta anticorrupción –para no cargar los costos de la opinión pública al rechazarla–, pero, por el otro, de manera más o menos subrepticia actúa por vía contraria, para sabotearla, bloqueando de esta manera a los partidos que dicen ser sus impulsores pero que no actúan con agallas. Y para ganarse los aplausos por impulsar normas anticorrupción, las cuales, igual que las resumidas en las siete preguntas por las cuales los connacionales debieran votar masivamente el 26 de agosto, ya radicó como proyectos de ley en el Congreso Nacional.

 

Y así procede porque, como artistas del poder, como dice el refranero popular, “hecha la ley, hecha la trampa”. Es decir, saben, y así permite decirlo la existente Ley anticorrupción, como el Convenio firmado sobre el particular ante las Naciones Unidas, que el problema no es de normas sino estructural. El núcleo de esta realidad radica en un sistema que arrasó lo público, y el interés y el amor que pudiera sobrevivir con la existencia de bienes estratégicos al servicio de todos los retoños de un mismo territorio.

 

Es decir, sin un Estado que propicie el respeto y amor por lo público, sin un sentido de lo común, sin un referente de futuro que valga la pena –para una inmensa mayoría ya no hay utopía alguna que despierte acciones y comportamientos altruistas ni éticos–, entonces, ¿por qué y para qué defender y proteger los dineros que no son de nadie a pesar de ser de todos?

 

Es decir –y aquí hay que hacer énfasis–, la importancia de la consulta por desarrollarse el domingo 26 de agosto es que nos permite visualizar y comprender el neoliberalismo en su real dimensión y sus consecuencias, lo mismo que a sus promotores y defensores, como autores intelectuales y propiciadores de la realidad de la corrupción; como la cúspide de la misma. Éstos, con las normas tramitadas durante décadas en el Congreso colombiano, con las leyes que arrasaron el derecho a la salud, la educación y los servicios públicos para todos, y que ahondaron el despliegue de una economía que arroja beneficios cada vez para menos personas, como otras que hacen cada vez más difícil que la tierra sea “para quien la trabaja”. Son leyes y normas que cada vez ahogan con más impuestos o mayores tasas impositivas a quienes viven del trabajo diario, al tiempo que desmontan obligaciones para quienes amasan más riqueza, todo ello como parte de una realidad que ahora algunos denuncian y otros dicen también desaprobar: la corrupción.

 

Contra esa realidad neoliberal, con todos sus matices, quienes habitamos en Colombia debemos salir a votar el 26 de agosto. Claro que la consulta no pregunta por ello, y esa es una de las razones profundas de lo limitado de la misma; esa es la razón por la cual cualquiera puede aprobarla, pues en realidad no va más allá de la normatividad ya existente y que saben cómo burlar quienes hacen parte del establecimiento. La consulta, contrariamente a lo expresado en sus siete preguntas, contrariamente a su apariencia, no ataca al sistema socio-económico ni a sus defensores, dejándolos aparentar lo que no son y lograr que las cosas sigan como han sido hasta ahora.

 

Entonces, con la puja que se escenificará en tan pocos días, deberá empezar una disputa abierta y total contra el neoliberalismo, mal de males, levantando como indicador de una batalla frontal las banderas de otra sociedad posible, donde la democracia deje de ser formal y en verdad sea directa, radical, refrendataria.

 

Publicado enEdición Nº249
Jueves, 28 Junio 2018 09:15

El alma nacional al desnudo

El alma nacional al desnudo

El presente artículo examina el comportamiento del voto en la segunda y última vuelta para elegir presidente en Colombia, y los factores que determinan los resultados agregados. Intenta explicar la profunda fractura y antagonismo intergeneracional, clasista, ideológico, axiológico, étnico y territorial que se manifestó en estos comicios. Con base en el análisis de las relaciones entre los datos sobre la composición social y los conjuntos de abstención y votos válidos, se busca establecer la relación entre características sociales y comportamiento electoral individual.

 

Como una prolongación de una constante histórica, el proclamado derecho de la soberanía popular dio la victoria, una vez más, a las nefandas coaliciones políticas de derecha y extrema derecha, representantes del “establishment” (élite dueña del poder o clase dominante). El total del potencial electoral sumó 36,8 millones: 19 millones mujeres y 17,8 millones hombres. Iván Duque y Martha Lucía Ramírez obtuvieron 10,3 millones de votos, esto es, el 53,98 por ciento de los sufragios válidos. La alianza entre el centro y la izquierda, representados por Gustavo Petro y Ángela María Robledo, obtuvieron 8 millones de votos, 41,81 por ciento de las decisiones de los electores por candidatos. La mitad del potencial electoral no se comprometió con ninguna de las opciones políticas: abstención 47 por ciento, voto en blanco 2,2 por ciento y votos nulos o no marcados 0,8 por ciento.


Los resultados se muestran en el gráfico 1.

 

 

Marco del análisis

 

Los estudios del comportamiento electoral se fundamentan en dos métodos y dos enfoques. Los métodos son el ecológico (correlaciones entre la fuerza de los partidos en zonas geográficas limitadas y las características demográficas, culturales, ambientales y económicas de las mismas zonas), y el de encuestas o muestras representativas de individuos particulares con un amplio número de atributos sociales, ideológicos, laborales y cosmovisiones de los mismos sujetos.

Al considerar la orientación y el énfasis puesto en el estudio del comportamiento electoral se cuenta con dos enfoques: sociológico (causas de la opción de voto en la condición existencial de la persona: grupos, estratos, clases, raza, etnias, entorno geopolítico, cultura y religión) e individuales o de características personales (genéticas, psicológico-cognitivas y carácter, etaria, familia, sexo, educación y profesión).

Modelo analítico. Elinor Ostrom (1933-2012), primera mujer en recibir el Premio Nobel de Economía 2009, estudió la complejidad e incertidumbre de la realidad social a partir de la comprensión de la naturaleza y evolución de las instituciones. Con este fin, construyó el programa de Análisis y desarrollo institucional (ADI).

Las instituciones son prescripciones que los seres humanos usamos para organizar todas las formas de interacciones repetidas y estructuradas. Ostrom construyó el concepto de “situación de acción”, integrado por las siguientes variables: el grupo de participantes; las posiciones que ocupan los participantes; los resultados potenciales; el conjunto de acciones posibles; el grado de control; la información de que disponen, y los costos y beneficios que se asignan a acciones y resultados. Las normas de comportamiento reflejan las valoraciones que los individuos otorgan a acciones o estrategias. Entre los rasgos de una comunidad que influyen en los campos de acción, Ostrom resalta los valores de comportamiento aceptados en la comunidad, el nivel de entendimiento común que los participantes potenciales comparten (o no comparten y los conduce a la unidad de lo antagónico) sobre la estructura de un campo de acción particular, en qué medida existe la homogeneidad en las preferencias de quienes viven en una comunidad, el tamaño y estratificación socio-económica de la comunidad en cuestión y la profundidad de las desigualdades respecto a activos, bienes y servicios básicos entre las personas afectadas. El marco ADI ayuda a organizar las capacidades de diagnóstico, análisis y prescripción (Figura 1).

 

Análisis del voto

 

Historia. La sociedad colombiana es jerárquica, autoritaria, excluyente y tradicional. Una clase y minoría étnica sustenta y legitima su supremacía económica, política e ideológica por descender de los invasores europeos. Esta forma de violencia institucionalizada no fue quebrada con la proclamación de la independencia de Colombia del Imperio Español en 1810. Por el contrario, durante los siglos XIX y XX, llegando hasta nuestros días, la marginación racista o étnica, la opresión y explotación clasista y la criminalidad del Estado contra la población registran una presencia central como criterio de dominación económica, política, jurídica, cultural y territorial. El modelo económico se caracteriza por la expoliación de los recursos naturales, la abusiva concentración del ingreso y la riqueza, la reproducción intergeneracional de las condiciones de pobreza extrema en amplios sectores populares (mediante el control político disfrazado de subsidios al consumo) y por una situación laboral indigna e inestable y de abyecta explotación de la fuerza de trabajo (Gráficos 2 y 3).

 

       

 

Durante la Colonia y el período Republicano el poder del clero y del ejército se mantiene intacto. Las fuerzas armadas operan como “guardia pretoriana” de la clase dominante y del gran capital criollo y transnacional, fungen, en complemento, como un ejército de ocupación interna y de control del territorio nacional; constituyen, además, un poder político de facto. La iglesia católica y las sectas cristianas y evangélicas han estimulado la sumisión de la población colombiana, profundizando ésta mediante el mandamiento de la obediencia, una actitud de sacrificio, tendencias a la resignación y promoviendo personalidades sectarias, dogmáticas, reaccionarias y llenas de odio hacia el diferente o quienes cuestionen la tradición. En 2018, como prolongación de un periodo que se suponía ya superado, las variopintas ideologías religiosas se aliaron con la caterva de partidos políticos de la extrema derecha, expresión de la oligarquía lumpen, corrupta y clientelista, y les aportaron 2,5 millones de votos canalizados a través de sus propias organizaciones políticas y bases electorales.

Es una historia de rígidos controles sociales y manipulación clientelista, con el uso de la violencia más extrema, de ser necesario. “Matar comunistas no es pecado; matar comunistas es legal”, consigna oficializada por el establishment y las jerarquías de la iglesia. En ello, el principio: un ciudadano o ciudadana un voto es de reciente conquista en Colombia, consecuencia de una larga lucha social y política. En aplicación de la reforma de 1910, en 1914 fue la primera vez, desde 1860 cuando se crearon formalmente los partidos políticos, que se eligió al Presidente de la República (1914-1918) mediante sufragio directo. Sólo podían ejercer el sufragio los varones mayores de 21 años, letrados y adinerados de los grupos de poder. Ganó en aquella elección el candidato conservador José Vicente Concha; el número de votantes sumó 337.469. En 1938 fue la primera elección presidencial en la que los votantes varones no requirieron de condiciones de renta o ilustración para ejercer el sufragio, en cumplimiento de la reforma constitucional impulsada en 1936. En 1958, después de nueve años de no efectuarse comicios presidenciales en Colombia, por primera vez las mujeres participaron en la elección de Presidente de la República, gracias al derecho a sufragar mediante el Acto Legislativo Nº 3 de 1954.

En esta misma historia institucional de la política colombiana, durante el último siglo, el promedio de la abstención ha sido de 52 por ciento respecto al potencial electoral, y el voto por los candidatos de izquierda de 13 por ciento. En 2018, la cantidad de colombianos que se manifestaron en las urnas superó por vez primera al abstencionismo. El espíritu democrático y la responsabilidad cívica se fortalecieron; la participación política alcanzó 53 por ciento del potencial electoral. El fin parcial del conflicto armado contribuyó a esta evolución ciudadana. El abstencionismo cayó 12,3 puntos porcentuales respecto a las elecciones presidenciales anteriores (2014: 59,3% versus 2018: 47%).

La abstención refleja dos actitudes diferentes de la ciudadanía: una consciente y otra ocasionada por una alienación política difusa. Para la primera, el voto no pasa de ser un instrumento de legitimación del sistema y de enmascaramiento de los antagonismos reales y de los conflictos existentes en la sociedad; de hecho, las instituciones democráticas, que se encuentran en forma embrionaria, han sufrido continuas violaciones por parte de la clase dominante, fraudes y reveses.

La alienación política difusa expresa el desinterés por los problemas políticos y sociales, la gente se considera incompetente y estima inútil intervenir, existe una orientación pasiva frente a la autoridad, la identificación partidista es escasa y el sentido de eficacia política es muy limitado. Esta caracterización puede aplicarse a los grupos sociales más implicados en el abstencionismo: los más jóvenes y los más ancianos, las mujeres dedicadas a los oficios del hogar, los más pobres y los desempleados, los trabajadores informales y del sector terciario, los que viven en zonas rurales, en los cinturones de miseria de las grandes ciudades, en áreas no politizadas y en espacios sometidos a la violencia, al crimen político, al despojo y el desplazamiento forzado, y los que tienen un nivel educativo bajo.

En Colombia, la izquierda ha sido agredida y sometida a la ilegalidad, el ostracismo, el vituperio y a la exclusión de los procesos políticos. En las ocasiones en que la hegemonía dueña del poder le ha permitido participar en elecciones sólo ha obtenido una votación favorable y significativa cuando se presenta en alianza o coaliciones con partidos o movimientos de centro o liberales de izquierda: en 1922 cuando apoyó al general de la Guerra de los Mil Días, Benjamín Herrera (La victoria la obtuvo Pedro Nel Ospina, hijo del expresidente Mariano Ospina Rodríguez); en 1946 con la candidatura de Jorge Eliécer Gaitán, representante de facción socialista del partido liberal (triunfó Mariano Ospina Pérez, sobrino y nieto de expresidentes); en 1962 con el apoyo a la Anapo; en 2006 con el Polo Democrático Alternativo y en 2018 con la alianza entre los movimientos y partidos de centro e izquierda: Colombia Humana, Verde, UP y un sector del Polo. En 2018, por primera vez en la historia política, la izquierda colombiana fue opción de gobierno; por ello todas las fuerzas políticas del establishment, las más corruptas, clientelistas y mafiosas, se unieron para impedirlo.

 

Sujetos de la política

 

Los individuos están insertados en un tejido de fuerzas sociales, histórico y espacial (status racial, económico, educación, religión, familiar, residencia, etc.) y poseen caracteres (sexo y edad) que orientan hacia la participación política o apartan de la misma. El voto expresa orientaciones de valor más que un conocimiento real del proceso político y del modo como éste condiciona o afecta los intereses particulares. El comportamiento electoral refleja preferencias por partidos más que por programas.

Del potencial electoral conformado por 36,8 millones de personas de 18 y más años, el 51,7 por ciento son mujeres y el 48,3 por ciento hombres. La alienación política difusa es más alta en las mujeres que en los hombres, de acuerdo con la encuesta de Cultura Política desarrollada por el Dane en 2017. El 27 por ciento de las mujeres registra un desinterés o ignorancia en temas políticos, en esta condición se encuentra el 22,5 por ciento de los hombres. En promedio y de forma similar, el 42,5 por ciento de hombres y mujeres declaran una preferencia por las opciones políticas de centro; el 11 por ciento por la izquierda y el 20 por ciento se identifican con las opciones ideológicas de derecha. Por la fuerte relación entre sentimiento religioso y opinión política, las mujeres tienden a ser más conservadoras que los hombres. Los hombres votan a partidos de izquierda en mayor proporción que las mujeres, y lo mismo a movimientos alternativos. La diferencia de voto entre hombres y mujeres puede explicarla la diversidad de género (a diferencia del sexo que viene determinado por la naturaleza, el género se aprende, puede ser educado, cambiado y manipulado).

Por grupos etarios, aquellos en edades entre 18 y 40 años se caracterizan por el predominio de un clima de izquierda. Los jóvenes son uno de los grupos que más se abstienen de votar y registran una gran fluidez en el sufragio, esto es, la tendencia a no ligarse demasiado al sistema de partidos y a ser psicológicamente libres de desplazar su voto de un partido a otro. Los mayores de 40 años tienden a registrar una mayor identificación con las ideologías de derecha en la medida en que se hacen más viejos. En las presidenciales de 2018-2022, se manifestó una profunda grieta y conflicto ideológico intergeneracional en Colombia. En el grupo etario de 18 a 25 años se encuentra el 17,4 por ciento del potencial electoral; de 26 a 40 años el 32,6 por ciento; de 41 a 64 años el 38,3 por ciento y de 65 y más años el 11,7 restante.

Existe una relación entre posición de clase y comportamiento del voto. Este concepto clasista del voto se encuentra asociado a la idea de los partidos como expresión de las clases sociales y a la imagen de las elecciones como traducción democrática de la lucha de clases. La fuerza de trabajo en Colombia se caracteriza por la alta informalidad, bajo nivel organizativo y de conciencia de clase, insuficientes ingresos, precariedad e inestabilidad laboral. De acuerdo con el Censo Sindical 2017, realizado por el Ministerio de Trabajo, la clase trabajadora organizada en sindicatos suma 1’424.048 afiliados (55% hombres y 45% mujeres), equivalente al 6,5 por ciento del total de la fuerza de trabajo (la cifra de la población ocupada en el país es de 22,1 millones y 2,3 millones se encuentran desempleados). El 95 de los sindicalistas expresó su compromiso de voto por la alianza de centro e izquierda; en consecuencia, si todos votaron entonces contribuyeron con 1,4 millones de votos a la candidatura Petro-Ángela María Robledo.

Los más pobres de la clase trabajadora conceden sus preferencias políticas a las fuerzas políticas que controlan el poder, el presupuesto público y los programas de subsidios sociales. Esto se explica por la existencia de un subproletariado que no se encuentra todavía en condiciones de madurar una conciencia de clase. La lucha por la supervivencia se reduce en parte a la competencia por las dádivas presidenciales (reales y simbólicas), lo cual guarda un efecto nocivo para la autoestima e identidad de las personas. Resulta poco frecuente que estos sujetos o las comunidades pobres que giran alrededor de la supervivencia logren arribar al ámbito político o desarrollen proyectos emancipadores. En general son susceptibles de vender el voto y de alimentar, de esta manera, el poder de facto clientelista y de cacicazgo local; engranaje de la maquinaria política.

En el lado opuesto, el interés principal de los empresarios es proteger el capital, pagar pocos impuestos, obtener dádivas del Estado, reprimir a los trabajadores y derrotar la resistencia popular, además de poder contar con ventajas comparativas para acrecentar las ganancias. En consecuencia, votan por programas autoritarios, conservadores, represivos y excluyentes: su fidelidad es con los partidos de derecha.

En las presidenciales de 2018, el Consejo Gremial Nacional (compuesto por los diferentes gremios más representativos de los sectores: industrial, servicios, agropecuario, financiero y comercial) garantizó su apoyo político y económico a la candidatura Duque-Ramírez. Además, de forma agresiva e intolerante los medios de comunicación de masas, pertenecientes a los grandes grupos económicos y financieros, dieron el respaldo a la alianza política de extrema derecha y arremetieron en contra de los candidatos de la alianza centro-izquierda. Los grandes empresarios, en alimón con los economistas áulicos del capital y el poder, no ahorraron energías para pintar un futuro apocalíptico y de crisis económica si ganaban los comicios presidenciales las fuerzas de centro e izquierda. Además, en las pequeñas y medianas empresas, en donde el control personal del empresario es más estricto, amenazando con el fantasma del despido, los dueños obligaron a “sus trabajadores” a que votaran por el candidato de la extrema derecha. En consecuencia, las fuerzas y partidos políticos configuran sistemas estructurales que traducen o convierten directamente los intereses sociales y económicos en poder político.

 

Territorios de la política

 

En Colombia, la localización geográfica del voto es factor determinante de las fuerzas de los partidos (Ver mapa). En las presidenciales de 2018-2022, la izquierda ganó en 8 departamentos y la derecha en 24. La izquierda triunfó en las ciudades de la Costa Caribe, el Occidente y el Sur en la frontera con Ecuador, el Valle y en la Capital. Bogotá fue fundamental para el resultado electoral de Petro-Ángela María Robledo, alcanzó casi 1’900.000 (53%). En la Costa Caribe, ganó en Atlántico con el 440.103 (54%) votos, de los cuales 242.473 los consiguió en Barranquilla; también se impuso en Sucre, con 440.103 (54%). Otro de los fortines electorales de la Colombia Humana fue la región Pacífico. En Valle del Cauca, Cauca, Nariño y Putumayo, Petro y Ángela María recibieron el apoyo mayoritario de las comunidades; en el Valle el exalcalde de Bogotá obtuvo 885.289 (51%), de los cuales 446.477 los consiguió en Cali. En Nariño la alianza Centro-Izquierda también logró un apoyo mayoritario: 366.673 (63%); en Pasto el candidato de la Colombia Humana logró 115.459 (68%). El Cauca fue uno de los departamentos donde Petro sacó mayor diferencia de Duque: obtuvo 323.443 votos (65%). En la mayoría de estos territorios existe historia y memoria de luchas sociales por la tierra, por el trabajo digno, la autodeterminación, por servicios públicos y derechos humanos, y por el mismo derecho a la ciudad. En regiones de la llamada Colombia profunda, como Chocó y Vaupés, la izquierda también hizo mayoría.

El territorio colombiano registra las fracturas y antagonismos de clase, etnia y raza. La estructura agraria colombiana está estructurada por cuatro modos de producción y tipos de finca: i) latifundios ganaderos; ii) agro comerciales; iii) cafeteras, iv) minifundio. A esta estructura le corresponden las siguientes clases sociales: i) oligarquía terrateniente; ii) burguesía agro comercial; iii) clase media rural cafetera; iv) campesinado pobre, semiproletariado y pueblos originarios (indígenas y negros). Los últimos ocupan los territorios del andén pacífico, el Sur, la Amazonía y la Orinoquía. La oligarquía terrateniente, la burguesía agrocomercial y la clase media rural cafetera tienen una identidad ideológica, clasista y racial con los partidos de derecha y extrema derecha.


Bajo el principio “Paisa vota paisa”, las regiones de Antioquia y el Eje Cafetero son cuna de la hegemonía de la derecha y la extrema derecha: la influencia de las ideologías religiosas, el racismo, el individualismo capitalista, el culto al dinero y a la acumulación como sentido de vida, unido a la cultura patriarcal, provinciana y tradicional, explican esta identidad y solidaridad crónica. Otras regiones, como la frontera con Venezuela y el centro de Colombia, apoyaron significativamente la candidatura de Duque-Ramírez; en particular la xenofobia promovida por la derecha en contra del pueblo venezolano hizo mella en las zonas de frontera.

En Antioquia, Iván Duque logró 1’844.027 votos, 3,3 veces más que la alianza Centro-Izquierda; escenario similar al de la capital, Medellín, en la que obtuvo el 72,25% de los sufragios. En el Eje Cafetero, región compuesta por los departamentos de Risaralda, Caldas y Quindío, también la derecha arrasó en las urnas: en el primero, Duque obtuvo 257.267 votos, mientras que Petro consiguió 136.646; en Caldas, 283.920 votos, frente a los 121.476 de la Colombia Humana; en Quindío, 156.973, el doble de los 78.071 de Petro. El centro del país también favoreció a Duque-Ramírez: entre Tolima y Cundinamarca, el presidente electo recogió 1’037.978 votos. En Santander, Norte de Santander y Arauca, zonas fronterizas con Venezuela, tuvo a su vez gran acogida el discurso de la extrema derecha, teniendo en cuenta la cruenta presencia de la guerrilla y que durante la campaña la derecha llevó a cuestas una bandera que amenazó con que Colombia “se podía convertir” en la nación que hoy lidera Nicolás Maduro.

El mapa político también expresa el contubernio entre la avanzada de los ejércitos paramilitares, el modelo de gran hacienda, y el control de territorios por parte de los bastiones territoriales de las fuerzas políticas de derecha. En estas regiones confluyen dinámicas económicas, políticas e ideológicas, amalgamadas con el asesinato de líderes sociales y políticos de la oposición, el desplazamiento forzoso y la acumulación de tierras mediante el despojo.

 

 

En los consulados, el candidato de la derecha obtuvo el triunfo en los países norteamericanos. En los del sur (Brasil, Argentina, Cuba y Uruguay) la izquierda. En Europa y Rusia, también ganó la dupla Petro-Ángela María. En general, en el extranjero, la derecha obtuvo el 70 por ciento de los votos emitidos. La abstención de los nacionales que habitan en el extranjero alcanzó el 81 por ciento.

 

Derecha populista

 

El populismo hace parte de las ideologías de Estado en América Latina. Un rasgo esencial del populismo es su retórica dirigida a obtener el apoyo de los sectores desfavorecidos, a la par de su carácter manipulador para controlar a grupos de las clases media y popular. Pone gran énfasis en una sociedad “estado céntrica”. Sin embargo, gira esencialmente en torno a un estilo de política basado en el atractivo de personal de un líder y en la lealtad personal hacia éste, apuntalado en un elaborado sistema corporativista, clientelista y corrupto. La ideología populista es moralista, reaccionaria, conservadora y tradicional. La noción de conflicto de clases no forma parte del discurso populista. Glorifica más bien el papel del líder como protector de las masas. Tal estrategia política es mejor descrita como personalismo que como populismo. Bajo esta forma, tiene afinidades y conexiones con el fascismo. Esta es la caracterización del sistema político colombiano durante los últimos cinco períodos presidenciales; candidatos victoriosos, seleccionados, animados y controladas por el Centro Democrático bajo el liderazgo de Álvaro Uribe Vélez.

Los resultados de las elecciones presidenciales registra esta confrontación entre el ahondamiento del status quo y las nuevas fuerzas libres que se manifestaron en el campo de batalla político. El resultado de la elección del presidente de la República de Colombia (2018-2022) expresó el antagonismo entre dos cosmovisiones y proyectos de país: de una parte, la defensa del status quo, esto es, la sociedad tradicional, herencia de la conquista y el pasado colonial que se reproduce de manera violenta y excluyente hasta nuestros días; de otra, el país que aspira a integrarse la postmodernidad del siglo XXI, respetuosa de la dignidad humana, la decencia, la pluralidad y la convivencia pacífica, la libertad y la democracia, incluyente y promotora de la armonía economía-naturaleza y del conocimiento creativo asociado a la cuarta revolución industrial.

 

* Economista político, filósofo humanista y analista existencial. Integrante del comité editorial de los periódicos Le Monde diplomatique, edición Colombia y desdeabajo.

 

Publicado enColombia
Lunes, 25 Junio 2018 17:10

El alma nacional al desnudo

El alma nacional al desnudo

El presente artículo examina el comportamiento del voto en la segunda y última vuelta para elegir presidente en Colombia, y los factores que determinan los resultados agregados. Intenta explicar la profunda fractura y antagonismo intergeneracional, clasista, ideológico, axiológico, étnico y territorial que se manifestó en estos comicios. Con base en el análisis de las relaciones entre los datos sobre la composición social y los conjuntos de abstención y votos válidos, se busca establecer la relación entre características sociales y comportamiento electoral individual.

 

Como una prolongación de una constante histórica, el proclamado derecho de la soberanía popular dio la victoria, una vez más, a las nefandas coaliciones políticas de derecha y extrema derecha, representantes del “establishment” (élite dueña del poder o clase dominante). El total del potencial electoral sumó 36,8 millones: 19 millones mujeres y 17,8 millones hombres. Iván Duque y Martha Lucía Ramírez obtuvieron 10,3 millones de votos, esto es, el 53,98 por ciento de los sufragios válidos. La alianza entre el centro y la izquierda, representados por Gustavo Petro y Ángela María Robledo, obtuvieron 8 millones de votos, 41,81 por ciento de las decisiones de los electores por candidatos. La mitad del potencial electoral no se comprometió con ninguna de las opciones políticas: abstención 47 por ciento, voto en blanco 2,2 por ciento y votos nulos o no marcados 0,8 por ciento.
Los resultados se muestran en el gráfico 1.

 

 

Marco del análisis

 

Los estudios del comportamiento electoral se fundamentan en dos métodos y dos enfoques. Los métodos son el ecológico (correlaciones entre la fuerza de los partidos en zonas geográficas limitadas y las características demográficas, culturales, ambientales y económicas de las mismas zonas), y el de encuestas o muestras representativas de individuos particulares con un amplio número de atributos sociales, ideológicos, laborales y cosmovisiones de los mismos sujetos.

Al considerar la orientación y el énfasis puesto en el estudio del comportamiento electoral se cuenta con dos enfoques: sociológico (causas de la opción de voto en la condición existencial de la persona: grupos, estratos, clases, raza, etnias, entorno geopolítico, cultura y religión) e individuales o de características personales (genéticas, psicológico-cognitivas y carácter, etaria, familia, sexo, educación y profesión).

Modelo analítico. Elinor Ostrom (1933-2012), primera mujer en recibir el Premio Nobel de Economía 2009, estudió la complejidad e incertidumbre de la realidad social a partir de la comprensión de la naturaleza y evolución de las instituciones. Con este fin, construyó el programa de Análisis y desarrollo institucional (ADI).

Las instituciones son prescripciones que los seres humanos usamos para organizar todas las formas de interacciones repetidas y estructuradas. Ostrom construyó el concepto de “situación de acción”, integrado por las siguientes variables: el grupo de participantes; las posiciones que ocupan los participantes; los resultados potenciales; el conjunto de acciones posibles; el grado de control; la información de que disponen, y los costos y beneficios que se asignan a acciones y resultados. Las normas de comportamiento reflejan las valoraciones que los individuos otorgan a acciones o estrategias. Entre los rasgos de una comunidad que influyen en los campos de acción, Ostrom resalta los valores de comportamiento aceptados en la comunidad, el nivel de entendimiento común que los participantes potenciales comparten (o no comparten y los conduce a la unidad de lo antagónico) sobre la estructura de un campo de acción particular, en qué medida existe la homogeneidad en las preferencias de quienes viven en una comunidad, el tamaño y estratificación socio-económica de la comunidad en cuestión y la profundidad de las desigualdades respecto a activos, bienes y servicios básicos entre las personas afectadas. El marco ADI ayuda a organizar las capacidades de diagnóstico, análisis y prescripción (Figura 1).

 

Análisis del voto

 

Historia. La sociedad colombiana es jerárquica, autoritaria, excluyente y tradicional. Una clase y minoría étnica sustenta y legitima su supremacía económica, política e ideológica por descender de los invasores europeos. Esta forma de violencia institucionalizada no fue quebrada con la proclamación de la independencia de Colombia del Imperio Español en 1810. Por el contrario, durante los siglos XIX y XX, llegando hasta nuestros días, la marginación racista o étnica, la opresión y explotación clasista y la criminalidad del Estado contra la población registran una presencia central como criterio de dominación económica, política, jurídica, cultural y territorial. El modelo económico se caracteriza por la expoliación de los recursos naturales, la abusiva concentración del ingreso y la riqueza, la reproducción intergeneracional de las condiciones de pobreza extrema en amplios sectores populares (mediante el control político disfrazado de subsidios al consumo) y por una situación laboral indigna e inestable y de abyecta explotación de la fuerza de trabajo (Gráficos 2 y 3).

 

       

 

Durante la Colonia y el período Republicano el poder del clero y del ejército se mantiene intacto. Las fuerzas armadas operan como “guardia pretoriana” de la clase dominante y del gran capital criollo y transnacional, fungen, en complemento, como un ejército de ocupación interna y de control del territorio nacional; constituyen, además, un poder político de facto. La iglesia católica y las sectas cristianas y evangélicas han estimulado la sumisión de la población colombiana, profundizando ésta mediante el mandamiento de la obediencia, una actitud de sacrificio, tendencias a la resignación y promoviendo personalidades sectarias, dogmáticas, reaccionarias y llenas de odio hacia el diferente o quienes cuestionen la tradición. En 2018, como prolongación de un periodo que se suponía ya superado, las variopintas ideologías religiosas se aliaron con la caterva de partidos políticos de la extrema derecha, expresión de la oligarquía lumpen, corrupta y clientelista, y les aportaron 2,5 millones de votos canalizados a través de sus propias organizaciones políticas y bases electorales.

Es una historia de rígidos controles sociales y manipulación clientelista, con el uso de la violencia más extrema, de ser necesario. “Matar comunistas no es pecado; matar comunistas es legal”, consigna oficializada por el establishment y las jerarquías de la iglesia. En ello, el principio: un ciudadano o ciudadana un voto es de reciente conquista en Colombia, consecuencia de una larga lucha social y política. En aplicación de la reforma de 1910, en 1914 fue la primera vez, desde 1860 cuando se crearon formalmente los partidos políticos, que se eligió al Presidente de la República (1914-1918) mediante sufragio directo. Sólo podían ejercer el sufragio los varones mayores de 21 años, letrados y adinerados de los grupos de poder. Ganó en aquella elección el candidato conservador José Vicente Concha; el número de votantes sumó 337.469. En 1938 fue la primera elección presidencial en la que los votantes varones no requirieron de condiciones de renta o ilustración para ejercer el sufragio, en cumplimiento de la reforma constitucional impulsada en 1936. En 1958, después de nueve años de no efectuarse comicios presidenciales en Colombia, por primera vez las mujeres participaron en la elección de Presidente de la República, gracias al derecho a sufragar mediante el Acto Legislativo Nº 3 de 1954.

En esta misma historia institucional de la política colombiana, durante el último siglo, el promedio de la abstención ha sido de 52 por ciento respecto al potencial electoral, y el voto por los candidatos de izquierda de 13 por ciento. En 2018, la cantidad de colombianos que se manifestaron en las urnas superó por vez primera al abstencionismo. El espíritu democrático y la responsabilidad cívica se fortalecieron; la participación política alcanzó 53 por ciento del potencial electoral. El fin parcial del conflicto armado contribuyó a esta evolución ciudadana. El abstencionismo cayó 12,3 puntos porcentuales respecto a las elecciones presidenciales anteriores (2014: 59,3% versus 2018: 47%).

La abstención refleja dos actitudes diferentes de la ciudadanía: una consciente y otra ocasionada por una alienación política difusa. Para la primera, el voto no pasa de ser un instrumento de legitimación del sistema y de enmascaramiento de los antagonismos reales y de los conflictos existentes en la sociedad; de hecho, las instituciones democráticas, que se encuentran en forma embrionaria, han sufrido continuas violaciones por parte de la clase dominante, fraudes y reveses.

La alienación política difusa expresa el desinterés por los problemas políticos y sociales, la gente se considera incompetente y estima inútil intervenir, existe una orientación pasiva frente a la autoridad, la identificación partidista es escasa y el sentido de eficacia política es muy limitado. Esta caracterización puede aplicarse a los grupos sociales más implicados en el abstencionismo: los más jóvenes y los más ancianos, las mujeres dedicadas a los oficios del hogar, los más pobres y los desempleados, los trabajadores informales y del sector terciario, los que viven en zonas rurales, en los cinturones de miseria de las grandes ciudades, en áreas no politizadas y en espacios sometidos a la violencia, al crimen político, al despojo y el desplazamiento forzado, y los que tienen un nivel educativo bajo.

En Colombia, la izquierda ha sido agredida y sometida a la ilegalidad, el ostracismo, el vituperio y a la exclusión de los procesos políticos. En las ocasiones en que la hegemonía dueña del poder le ha permitido participar en elecciones sólo ha obtenido una votación favorable y significativa cuando se presenta en alianza o coaliciones con partidos o movimientos de centro o liberales de izquierda: en 1922 cuando apoyó al general de la Guerra de los Mil Días, Benjamín Herrera (La victoria la obtuvo Pedro Nel Ospina, hijo del expresidente Mariano Ospina Rodríguez); en 1946 con la candidatura de Jorge Eliécer Gaitán, representante de facción socialista del partido liberal (triunfó Mariano Ospina Pérez, sobrino y nieto de expresidentes); en 1962 con el apoyo a la Anapo; en 2006 con el Polo Democrático Alternativo y en 2018 con la alianza entre los movimientos y partidos de centro e izquierda: Colombia Humana, Verde, UP y un sector del Polo. En 2018, por primera vez en la historia política, la izquierda colombiana fue opción de gobierno; por ello todas las fuerzas políticas del establishment, las más corruptas, clientelistas y mafiosas, se unieron para impedirlo.

 

Sujetos de la política

 

Los individuos están insertados en un tejido de fuerzas sociales, histórico y espacial (status racial, económico, educación, religión, familiar, residencia, etc.) y poseen caracteres (sexo y edad) que orientan hacia la participación política o apartan de la misma. El voto expresa orientaciones de valor más que un conocimiento real del proceso político y del modo como éste condiciona o afecta los intereses particulares. El comportamiento electoral refleja preferencias por partidos más que por programas.

Del potencial electoral conformado por 36,8 millones de personas de 18 y más años, el 51,7 por ciento son mujeres y el 48,3 por ciento hombres. La alienación política difusa es más alta en las mujeres que en los hombres, de acuerdo con la encuesta de Cultura Política desarrollada por el Dane en 2017. El 27 por ciento de las mujeres registra un desinterés o ignorancia en temas políticos, en esta condición se encuentra el 22,5 por ciento de los hombres. En promedio y de forma similar, el 42,5 por ciento de hombres y mujeres declaran una preferencia por las opciones políticas de centro; el 11 por ciento por la izquierda y el 20 por ciento se identifican con las opciones ideológicas de derecha. Por la fuerte relación entre sentimiento religioso y opinión política, las mujeres tienden a ser más conservadoras que los hombres. Los hombres votan a partidos de izquierda en mayor proporción que las mujeres, y lo mismo a movimientos alternativos. La diferencia de voto entre hombres y mujeres puede explicarla la diversidad de género (a diferencia del sexo que viene determinado por la naturaleza, el género se aprende, puede ser educado, cambiado y manipulado).

Por grupos etarios, aquellos en edades entre 18 y 40 años se caracterizan por el predominio de un clima de izquierda. Los jóvenes son uno de los grupos que más se abstienen de votar y registran una gran fluidez en el sufragio, esto es, la tendencia a no ligarse demasiado al sistema de partidos y a ser psicológicamente libres de desplazar su voto de un partido a otro. Los mayores de 40 años tienden a registrar una mayor identificación con las ideologías de derecha en la medida en que se hacen más viejos. En las presidenciales de 2018-2022, se manifestó una profunda grieta y conflicto ideológico intergeneracional en Colombia. En el grupo etario de 18 a 25 años se encuentra el 17,4 por ciento del potencial electoral; de 26 a 40 años el 32,6 por ciento; de 41 a 64 años el 38,3 por ciento y de 65 y más años el 11,7 restante.

Existe una relación entre posición de clase y comportamiento del voto. Este concepto clasista del voto se encuentra asociado a la idea de los partidos como expresión de las clases sociales y a la imagen de las elecciones como traducción democrática de la lucha de clases. La fuerza de trabajo en Colombia se caracteriza por la alta informalidad, bajo nivel organizativo y de conciencia de clase, insuficientes ingresos, precariedad e inestabilidad laboral. De acuerdo con el Censo Sindical 2017, realizado por el Ministerio de Trabajo, la clase trabajadora organizada en sindicatos suma 1’424.048 afiliados (55% hombres y 45% mujeres), equivalente al 6,5 por ciento del total de la fuerza de trabajo (la cifra de la población ocupada en el país es de 22,1 millones y 2,3 millones se encuentran desempleados). El 95 de los sindicalistas expresó su compromiso de voto por la alianza de centro e izquierda; en consecuencia, si todos votaron entonces contribuyeron con 1,4 millones de votos a la candidatura Petro-Ángela María Robledo.

Los más pobres de la clase trabajadora conceden sus preferencias políticas a las fuerzas políticas que controlan el poder, el presupuesto público y los programas de subsidios sociales. Esto se explica por la existencia de un subproletariado que no se encuentra todavía en condiciones de madurar una conciencia de clase. La lucha por la supervivencia se reduce en parte a la competencia por las dádivas presidenciales (reales y simbólicas), lo cual guarda un efecto nocivo para la autoestima e identidad de las personas. Resulta poco frecuente que estos sujetos o las comunidades pobres que giran alrededor de la supervivencia logren arribar al ámbito político o desarrollen proyectos emancipadores. En general son susceptibles de vender el voto y de alimentar, de esta manera, el poder de facto clientelista y de cacicazgo local; engranaje de la maquinaria política.

En el lado opuesto, el interés principal de los empresarios es proteger el capital, pagar pocos impuestos, obtener dádivas del Estado, reprimir a los trabajadores y derrotar la resistencia popular, además de poder contar con ventajas comparativas para acrecentar las ganancias. En consecuencia, votan por programas autoritarios, conservadores, represivos y excluyentes: su fidelidad es con los partidos de derecha.

En las presidenciales de 2018, el Consejo Gremial Nacional (compuesto por los diferentes gremios más representativos de los sectores: industrial, servicios, agropecuario, financiero y comercial) garantizó su apoyo político y económico a la candidatura Duque-Ramírez. Además, de forma agresiva e intolerante los medios de comunicación de masas, pertenecientes a los grandes grupos económicos y financieros, dieron el respaldo a la alianza política de extrema derecha y arremetieron en contra de los candidatos de la alianza centro-izquierda. Los grandes empresarios, en alimón con los economistas áulicos del capital y el poder, no ahorraron energías para pintar un futuro apocalíptico y de crisis económica si ganaban los comicios presidenciales las fuerzas de centro e izquierda. Además, en las pequeñas y medianas empresas, en donde el control personal del empresario es más estricto, amenazando con el fantasma del despido, los dueños obligaron a “sus trabajadores” a que votaran por el candidato de la extrema derecha. En consecuencia, las fuerzas y partidos políticos configuran sistemas estructurales que traducen o convierten directamente los intereses sociales y económicos en poder político.

 

Territorios de la política

 

En Colombia, la localización geográfica del voto es factor determinante de las fuerzas de los partidos (Ver mapa). En las presidenciales de 2018-2022, la izquierda ganó en 8 departamentos y la derecha en 24. La izquierda triunfó en las ciudades de la Costa Caribe, el Occidente y el Sur en la frontera con Ecuador, el Valle y en la Capital. Bogotá fue fundamental para el resultado electoral de Petro-Ángela María Robledo, alcanzó casi 1’900.000 (53%). En la Costa Caribe, ganó en Atlántico con el 440.103 (54%) votos, de los cuales 242.473 los consiguió en Barranquilla; también se impuso en Sucre, con 440.103 (54%). Otro de los fortines electorales de la Colombia Humana fue la región Pacífico. En Valle del Cauca, Cauca, Nariño y Putumayo, Petro y Ángela María recibieron el apoyo mayoritario de las comunidades; en el Valle el exalcalde de Bogotá obtuvo 885.289 (51%), de los cuales 446.477 los consiguió en Cali. En Nariño la alianza Centro-Izquierda también logró un apoyo mayoritario: 366.673 (63%); en Pasto el candidato de la Colombia Humana logró 115.459 (68%). El Cauca fue uno de los departamentos donde Petro sacó mayor diferencia de Duque: obtuvo 323.443 votos (65%). En la mayoría de estos territorios existe historia y memoria de luchas sociales por la tierra, por el trabajo digno, la autodeterminación, por servicios públicos y derechos humanos, y por el mismo derecho a la ciudad. En regiones de la llamada Colombia profunda, como Chocó y Vaupés, la izquierda también hizo mayoría.

El territorio colombiano registra las fracturas y antagonismos de clase, etnia y raza. La estructura agraria colombiana está estructurada por cuatro modos de producción y tipos de finca: i) latifundios ganaderos; ii) agro comerciales; iii) cafeteras, iv) minifundio. A esta estructura le corresponden las siguientes clases sociales: i) oligarquía terrateniente; ii) burguesía agro comercial; iii) clase media rural cafetera; iv) campesinado pobre, semiproletariado y pueblos originarios (indígenas y negros). Los últimos ocupan los territorios del andén pacífico, el Sur, la Amazonía y la Orinoquía. La oligarquía terrateniente, la burguesía agrocomercial y la clase media rural cafetera tienen una identidad ideológica, clasista y racial con los partidos de derecha y extrema derecha.


Bajo el principio “Paisa vota paisa”, las regiones de Antioquia y el Eje Cafetero son cuna de la hegemonía de la derecha y la extrema derecha: la influencia de las ideologías religiosas, el racismo, el individualismo capitalista, el culto al dinero y a la acumulación como sentido de vida, unido a la cultura patriarcal, provinciana y tradicional, explican esta identidad y solidaridad crónica. Otras regiones, como la frontera con Venezuela y el centro de Colombia, apoyaron significativamente la candidatura de Duque-Ramírez; en particular la xenofobia promovida por la derecha en contra del pueblo venezolano hizo mella en las zonas de frontera.

En Antioquia, Iván Duque logró 1’844.027 votos, 3,3 veces más que la alianza Centro-Izquierda; escenario similar al de la capital, Medellín, en la que obtuvo el 72,25% de los sufragios. En el Eje Cafetero, región compuesta por los departamentos de Risaralda, Caldas y Quindío, también la derecha arrasó en las urnas: en el primero, Duque obtuvo 257.267 votos, mientras que Petro consiguió 136.646; en Caldas, 283.920 votos, frente a los 121.476 de la Colombia Humana; en Quindío, 156.973, el doble de los 78.071 de Petro. El centro del país también favoreció a Duque-Ramírez: entre Tolima y Cundinamarca, el presidente electo recogió 1’037.978 votos. En Santander, Norte de Santander y Arauca, zonas fronterizas con Venezuela, tuvo a su vez gran acogida el discurso de la extrema derecha, teniendo en cuenta la cruenta presencia de la guerrilla y que durante la campaña la derecha llevó a cuestas una bandera que amenazó con que Colombia “se podía convertir” en la nación que hoy lidera Nicolás Maduro.

El mapa político también expresa el contubernio entre la avanzada de los ejércitos paramilitares, el modelo de gran hacienda, y el control de territorios por parte de los bastiones territoriales de las fuerzas políticas de derecha. En estas regiones confluyen dinámicas económicas, políticas e ideológicas, amalgamadas con el asesinato de líderes sociales y políticos de la oposición, el desplazamiento forzoso y la acumulación de tierras mediante el despojo.

 

 

En los consulados, el candidato de la derecha obtuvo el triunfo en los países norteamericanos. En los del sur (Brasil, Argentina, Cuba y Uruguay) la izquierda. En Europa y Rusia, también ganó la dupla Petro-Ángela María. En general, en el extranjero, la derecha obtuvo el 70 por ciento de los votos emitidos. La abstención de los nacionales que habitan en el extranjero alcanzó el 81 por ciento.

 

Derecha populista

 

El populismo hace parte de las ideologías de Estado en América Latina. Un rasgo esencial del populismo es su retórica dirigida a obtener el apoyo de los sectores desfavorecidos, a la par de su carácter manipulador para controlar a grupos de las clases media y popular. Pone gran énfasis en una sociedad “estado céntrica”. Sin embargo, gira esencialmente en torno a un estilo de política basado en el atractivo de personal de un líder y en la lealtad personal hacia éste, apuntalado en un elaborado sistema corporativista, clientelista y corrupto. La ideología populista es moralista, reaccionaria, conservadora y tradicional. La noción de conflicto de clases no forma parte del discurso populista. Glorifica más bien el papel del líder como protector de las masas. Tal estrategia política es mejor descrita como personalismo que como populismo. Bajo esta forma, tiene afinidades y conexiones con el fascismo. Esta es la caracterización del sistema político colombiano durante los últimos cinco períodos presidenciales; candidatos victoriosos, seleccionados, animados y controladas por el Centro Democrático bajo el liderazgo de Álvaro Uribe Vélez.

Los resultados de las elecciones presidenciales registra esta confrontación entre el ahondamiento del status quo y las nuevas fuerzas libres que se manifestaron en el campo de batalla político. El resultado de la elección del presidente de la República de Colombia (2018-2022) expresó el antagonismo entre dos cosmovisiones y proyectos de país: de una parte, la defensa del status quo, esto es, la sociedad tradicional, herencia de la conquista y el pasado colonial que se reproduce de manera violenta y excluyente hasta nuestros días; de otra, el país que aspira a integrarse la postmodernidad del siglo XXI, respetuosa de la dignidad humana, la decencia, la pluralidad y la convivencia pacífica, la libertad y la democracia, incluyente y promotora de la armonía economía-naturaleza y del conocimiento creativo asociado a la cuarta revolución industrial.

 

* Economista político, filósofo humanista y analista existencial. Integrante del comité editorial de los periódicos Le Monde diplomatique, edición Colombia y desdeabajo.

 

Publicado enEdición Nº247
García Linera: “Perder a Evo Morales sería un suicidio político”


El vicepresidente de Bolivia asegura que el mandatario es "la personificación de la unificación de lo popular"

 

Inseparable compañero de Evo Morales durante los últimos 12 años, el vicepresidente de Bolivia, Álvaro García Linera (Cochabamba, 1962), no buscará una nueva reelección en 2019, pero cree que es imprescindible que lo haga Morales, cuya capacidad para “unificar a los subalternos” –dice– no puede perderse “por apego muerto a la palabra institucional de la democracia representativa”.


Pregunta. Dice que no hay contradicción entre el resultado del referendo de 2016, que no autorizó una nueva reelección del presidente, y el reciente fallo del Tribunal Constitucional, que sí la autorizó. ¿Cuál es su argumento?
Respuesta. En 2015 se planteó modificar un artículo de la Constitución, el 168, que establece un límite a la reelección de un candidato presidencial. El procedimiento constitucional exige que la Asamblea Legislativa plantee un proyecto de ley para modificar este artículo y se vaya a un referendo, el cual se organizó en 2016, el 21 de febrero. Por un mínimo margen, de 51 contra 49%, la gente dijo que no, que no había que modificar este artículo. Entonces la Asamblea, que era la encargada de aplicar el resultado del referendo, lo que hizo fue suspender la ley de modificación del citado artículo en cumplimiento de la decisión vinculante del soberano. El referendo fue ejecutado: por él no se modificó el artículo 168 de la Constitución.


Un año y medio después, surge otra iniciativa de la bancada mayoritaria de la Asamblea Legislativa que ya no toca el artículo 168, sino que plantea que no se puede establecer límites al derecho político que tienen las personas de participar en elecciones. La Constitución establece la primacía de los acuerdos internacionales sobre la propia Constitución. Entonces, se planteó al Constitucional que no debería establecerse límites para que una persona candidatee, en cumplimiento el Pacto de San José sobre derechos humanos. Y el Constitucional, que es el único intérprete de la Constitución, estableció que esto es correcto. A raíz de esta consulta de la Asamblea y de esta respuesta del Tribunal, varias autoridades actuales, entre ellas el presidente, si quieren candidatear de nuevo pueden hacerlo en 2019. De esta manera, el Tribunal Constitucional ha igualado la situación boliviana con lo que establecen otras constituciones del mundo, como la de Alemania o la de España. El único límite es el voto, que decidirá si el pueblo acepta que una autoridad vuelva o no.


P. Como teórico social, usted ha planteado una polaridad entre un “poder constituyente”, que es el poder de la gente de rehacer la sociedad, y un “poder constituido”, que es el aparato normativo y la institucionalidad establecida. Para habilitar al presidente, el MAS —el partido de Morales— acudió al Constitucional mientras dejó de lado lo dicho por el poder constituyente en el referendo. ¿No ve una contradicción entre estos eventos y la primacía que antes usted le asignaba al poder constituyente?
R. No. El poder constituyente fue la sublevación de la gente, en 2001, 2003, 2005, que se expresó en la votación por Evo, por un indio, algo inédito. Se eligió al que se consideraba descalificado, inepto, para ser autoridad. Las clases dominantes están en el poder porque pueden ejercer un mando unificado y articulan en torno a este a las clases subalternas, que por definición son clases fragmentadas. Entonces, una revolución es el momento en el que los subalternos abandonan su subalternidad porque se unifican. Lo interesante es que la persona que permite la unificación y le da cuerpo visible, palpable, es Evo. Uno como ellos, de su misma sangre, de su mismo color... Y entonces la pregunta que se hace un revolucionario es: aquel símbolo de la constitución de lo popular, aquel símbolo que expresa la ruptura de la subalternidad, ¿por qué dejarlo ir? ¿Por qué ahora? Si uno se apegara estrictamente a las formas institucionales, correspondería dejarlo ir. Pero si uno se apega al núcleo ígneo de lo popular en movimiento, de lo popular unificándose, es un gran error perder aquello que se logra cada 100 o 200 años, la unificación, en aras de una lectura digamos plana de lo institucional.


En otras palabras: la lógica del poder constituyente sigue prevaleciendo en la candidatura de Evo, porque Evo es la personificación de la unificación de lo popular.


P. ¿Esto se dará mientras Morales viva?
R. Ojo, no fue algo que hayamos buscado. Lo ideal es una renovación generacional y colectiva de estos liderazgos fuertes. Pero por la adversidad en que ha nacido nuestro poder, en estos 10 años no nos hemos preocupado del asunto. Ahora tenemos siete años para eso. El objetivo es que en 2024, cuando haya nuevas elecciones, podamos tener líderes sustitutivos de Evo y una estructura colectiva mucho más sólida que la que tenemos.


P. Las encuestas señalan que usted es el mejor candidato del MAS después de Morales. ¿Lo que dice es una renuncia?
R. No. Simplemente una reafirmación de mi ser individual e intelectual. Yo he peleado para que los indios lleguen al poder. No para que Álvaro García lo haga, porque Álvaro García no es indio. Nunca ha buscado sustituir, representar ni ha querido disfrazarse. Él sabe cuál es su condición social. Entonces no hay renuncia personal. Álvaro García jamás ha imaginado, sería un contrasentido, sería una especie de traición a mi ser revolucionario, asumir un cargo presidencial.


P. Usted escribió el libro Democracia, Estado y Nación, donde dice que la democracia no es reglas, que estas pueden cambiar con tal de que haya progresos en la igualdad. Sus rivales son partidarios de la democracia como cumplimiento de reglas y por eso han dicho que después del fallo del Constitucional el país ha entrado en un momento no democrático. Algunos incluso hablan de “dictadura”, “totalitarismo”...
R. La mayor parte de los que usan el concepto de totalitarismo ni siquiera han leído la primera página del libro de Hannah Arnedt sobre el tema (“Los orígenes del totalitarismo”). Usan la palabra como un cliché que no entienden. Otros tienen un apego meramente procedimental a lo democrático, como enseña [Norberto] Bobbio y [Giovanni] Sartori. Nosotros siempre hemos reivindicado la democracia como algo más, como la igualación de las oportunidades de las personas para decidir, para participar en los asuntos comunes. Igualación cultural y política, no solo económica, en el acceso a bienes y a oportunidades. Me encanta la definición de [Jacques] Rancière: ‘hay democracia cuando los que se considera que son incapaces de ejercer los cargos son quienes los ejercen’. Es fantástica. Por esto digo: ¡Cómo los subalternos van a dejar escapar su símbolo de unificación! Sería un suicidio político. El subalterno pasa el 98% de su historia fragmentado; cuando vive el 2% unificado, sería una locura que lo deje pasar por un mero apego muerto a la palabra institucional de la democracia representativa.

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