Letros construidos por participantes en mitin contra el Código de policía, Bogotá, marzo 5 de 2019.

Cada día que pasa el país mira con estupor la violencia desatada por la Policía. Las denuncias se multiplican, aquí y allá agrede y sanciona: a ciudadanos desprevenidos que compran y consumen en expendios callejeros; alguno que corre en una terminal de transporte; a otros por cuestionar un procedimiento policial… El temor crece en amplios sectores sociales ante un autoritarismo que cada día muestra un rostro más tenebroso. Es urgente una acción social que confronte esta realidad.

 

 

Son conocidas las historia padecidas en distintos países donde la “disciplina” y el “orden”, donde el acatamiento de la ley a cualquier precio, han terminado en sometimiento y silenciamiento social. En nuestro país tuvimos una vivencia de ese tipo con el mal recordado Estatuto de Seguridad durante el gobierno de Julio César Turbay Ayala (1978-1982), pensado y dirigido contra la desobediencia social y fruto del cual las cárceles quedaron repletas de luchadores populares.

Ahora tenemos el tenebroso Código de Policía, un engendro del orden inspirado por una doble realidad: 1) El afán del gobierno Santos por preparar y darle herramientas legales a los cuerpos represivos para la etapa imaginada por ellos de postacuerdo de paz (ante un escenario de mayor protesta social); 2) Responder, por parte de igual gobierno a las demandas de la Ocde para ingresar al “Club de países de las buenas prácticas”, entre ellas, una sociedad que controle la informalidad, que reprima la indisciplina, que despeje el espacio público, es decir, que disponga todo “para el óptimo desarrollo del capital”. Ideal de orden que no repara en las condiciones específicas de cada país, por lo que la realidad debe apretarse hasta que quepa en la ley.

Es una irrealidad que coloca en el centro de su disciplinamiento a los miles/millones que en el país sobreviven del rebusque y, por obvias razones, al espacio público mismo –que es el territorio por ellos ocupado para levantar el pan diario.

Acción de persecución y criminalización potenciada desde la cabeza misma del Ministerio de Defensa, ahora ocupada por quien fuera por años el director y vocero de la Federación Nacional de Comerciantes (Fenalco), permanentes instigadores de la acción represiva de la Policía en contra de quienes con sus cachivaches ocupan y tratan de sacarle algún peso a la calle.

La lógica del absurdo

El Código de Policía actual no fue pensado y redactado por civiles, fue propuesto por policías. Esta ley, conocida como la 1801, que en realidad parece ley de leyes, fue aprobada el 29 de julio de 2016, y entró en vigencia en el 2017. Curiosamente su tramite en el Senado no generó ningún ruido y pasó a “pupitrazo”, sin ningún análisis ni objeción por parte de partido alguno, cosa diferente a lo sucedido en la Cámara de Representantes, donde los partidos alternativos la confrontaron y obligaron a su revisión.

Según Alirio Uribe, en la Cámara fueron derogados y modificados 160 artículos del Código, cada uno de los cuales debió ser argumentado a los abogados y generales de la policía. Pudieron ser muchos más los artículos derogados, según Alirio Uribe, pero la presión de Juan Manuel Santos obligó a que se aprobara de una manera más rápida y simplemente se pusieron en votación de sí o no.

Como se sintió en tales trámites, y ahora es sufrido y comprobado con su imposición cotidiana, el espíritu del Código es el del autoritarismo que desea moldear y disciplinar la sociedad mediante el castigo, pretendiendo regular hasta lo más mínimo de la vida de nuestro país. Un autoritarismo piso para encausar la propagandeada “legalidad” del actual gobierno, es decir, el imperio de la norma por sobre la realidad misma. Todo un exabrupto.

Dicen en los barrios populares, donde infinidad de personas se han visto asaltados por los ahora disciplinadores, que este Código parece la caja menor de la policía, y la realidad refuerza su sentir: según la Fundación Ideas para la Paz (FIP), durante el año y medio de implementación de esta “norma de normas”, van dos millones de “medidas correctivas”, el 40 por ciento de ellas multas y apenas el 17 por ciento medidas educativas. Multas que en no pocos casos ascienden a 883 mil pesos y en otros a 282 mil. Miles de los afectados por los disciplinadores son jóvenes que estaban consumiendo alcohol o psicoactivos en espacio público. Estos, así como quienes han sufrido el látigo del establecimiento por consumir empanadas, correr en una terminal de transporte, o tratar de reírse de la “autoridad” al invitarlos a comer empanadas, así como quienes han sido reprimidos por estar vendiendo en el espacio público, han perdido en pocos segundos mucho más de lo que logran reunir en un mes de trabajo.

Hay que llamar la atención sobre esto, pues el monto del “disciplinamiento” no se compadece de lo que un trabajador sin contrato alguno reúne en un mes de trabajo. Esta desproporción evidencia que quienes redactaron la norma, los llamados “padres de la patria”, con su desproporcionado sueldo de más de 32 millones al mes, ni conocen ni se imaginan las afugias con que viven la mayoría de familias colombianas; quitarles a estas cientos de miles de pesos es condenarlas al hambre y al ahondamiento de sus sufrimientos cotidianos.

Un modelo autoritario

Desde el 2017, cuando empezó a regir el Código, se han interpuesto 144 demandas en contra de sus artículos, pues muchos de estos son verdaderos exabruptos, como el artículo 33 que autoriza a la policía para allanar viviendas sin orden de autoridad judicial, y como el capítulo de regulación a la movilización social, declarado inconstitucional por la Corte Constitucional.

Pese a esta decisión, en octubre de 2018 el actual gobierno, en cabeza de Guillermo Botero, Ministro de Defensa, estigmatizó la protesta social y exigió que fuera regulada, atreviéndose a decir, además, que las movilizaciones sociales son producto de la financiación de organizaciones armadas; es decir, las criminalizó. Acción que no pasa sin consecuencias, en un país el solo año 2018 fueron asesinados no menos de 226 líderes sociales según el reporte de Indepaz, desangre que no para en el 2019, con el asesinato registrado, en escasos dos meses, de más de 29 líderes.
La actuación de este Código de Policía desprende algunos interrogantes: ¿Nos encontramos con una institución de policiva regida por una doctrina militarista? ¿Se diferencia en algo el actuar de esta policía con el actuar de los militares? ¿Acaso debemos hablar de un cuerpo de ocupación militar en vez de policía nacional? ¿Cuál es el modelo de sociedad que pretenden y que está detrás de este Código? ¿Quiénes se benefician con el mismo? ¿Para quién está pensado realmente el espacio público en el país?

Un reto para el conjunto social
Queda claro que este Código de Policía desprende desde el interior de cada uno de sus artículos un tufillo autoritario que atenta contra las libertades a que tenemos derecho como parte del conjunto global; una acción policiva llevada a cabo, además, en una sociedad que ha sufrido por décadas la violencia y el control directo por parte de bandas paramilitares y de sus protectores en el Estado producto de lo cual el tejido social está desecho. Sumarle a esta realidad el control social y el disciplinamiento que ahora pretenden, no ayuda a sanar ese tejido desecho por décadas de violencia. Lo que requerimos en esa vía, es más libertad, más derechos cumplidos –y no en simple norma–, más diálogo, más espacios para el goce y el placer, más espacios públicos para el rebusque y para el ocio, más fraternidad, más justicia.

Como de esto no conoce el establecimiento ni sus agentes, le corresponde al movimiento social tomar cartas en el asunto, denunciar este esperpento y lograr su rechazo por el conjunto social. Un ordenamiento social alterno debe tomar cuerpo, pero el mismo debe ser diseñado, definido y controlado en su implementación por la sociedad misma, nunca por sus órganos represivos.

 

Artículos consultados


https://www.elespectador.com/noticias/nacional/estos-son-los-impactos-de-la-aplicacion-del-codigo-de-policia-en-colombia-articulo-842547
https://www.elnuevosiglo.com.co/articulos/02-2019-codigo-de-policia-blanco-de-la-demanditis
https://www.semana.com/nacion/articulo/codigo-de-policia-tiene-30-demandas/513411
https://www.elpais.com.co/proceso-de-paz/al-menos-113-lideres-sociales-fueron-asesinados-en-colombia-en-2018-onu.html 
https://www.elpais.com.co/proceso-de-paz/al-menos-113-lideres-sociales-fueron-asesinados-en-colombia-en-2018-onu.html

 

Video relacionado

https://youtu.be/OL75InlcqKk

Publicado enEdición Nº255
Letros construidos por participantes en mitin contra el Código de policía, Bogotá, marzo 5 de 2019.

Cada día que pasa el país mira con estupor la violencia desatada por la Policía. Las denuncias se multiplican, aquí y allá agrede y sanciona: a ciudadanos desprevenidos que compran y consumen en expendios callejeros; alguno que corre en una terminal de transporte; a otros por cuestionar un procedimiento policial… El temor crece en amplios sectores sociales ante un autoritarismo que cada día muestra un rostro más tenebroso. Es urgente una acción social que confronte esta realidad.

 

 

Son conocidas las historia padecidas en distintos países donde la “disciplina” y el “orden”, donde el acatamiento de la ley a cualquier precio, han terminado en sometimiento y silenciamiento social. En nuestro país tuvimos una vivencia de ese tipo con el mal recordado Estatuto de Seguridad durante el gobierno de Julio César Turbay Ayala (1978-1982), pensado y dirigido contra la desobediencia social y fruto del cual las cárceles quedaron repletas de luchadores populares.

Ahora tenemos el tenebroso Código de Policía, un engendro del orden inspirado por una doble realidad: 1) El afán del gobierno Santos por preparar y darle herramientas legales a los cuerpos represivos para la etapa imaginada por ellos de postacuerdo de paz (ante un escenario de mayor protesta social); 2) Responder, por parte de igual gobierno a las demandas de la Ocde para ingresar al “Club de países de las buenas prácticas”, entre ellas, una sociedad que controle la informalidad, que reprima la indisciplina, que despeje el espacio público, es decir, que disponga todo “para el óptimo desarrollo del capital”. Ideal de orden que no repara en las condiciones específicas de cada país, por lo que la realidad debe apretarse hasta que quepa en la ley.

Es una irrealidad que coloca en el centro de su disciplinamiento a los miles/millones que en el país sobreviven del rebusque y, por obvias razones, al espacio público mismo –que es el territorio por ellos ocupado para levantar el pan diario.

Acción de persecución y criminalización potenciada desde la cabeza misma del Ministerio de Defensa, ahora ocupada por quien fuera por años el director y vocero de la Federación Nacional de Comerciantes (Fenalco), permanentes instigadores de la acción represiva de la Policía en contra de quienes con sus cachivaches ocupan y tratan de sacarle algún peso a la calle.

La lógica del absurdo

El Código de Policía actual no fue pensado y redactado por civiles, fue propuesto por policías. Esta ley, conocida como la 1801, que en realidad parece ley de leyes, fue aprobada el 29 de julio de 2016, y entró en vigencia en el 2017. Curiosamente su tramite en el Senado no generó ningún ruido y pasó a “pupitrazo”, sin ningún análisis ni objeción por parte de partido alguno, cosa diferente a lo sucedido en la Cámara de Representantes, donde los partidos alternativos la confrontaron y obligaron a su revisión.

Según Alirio Uribe, en la Cámara fueron derogados y modificados 160 artículos del Código, cada uno de los cuales debió ser argumentado a los abogados y generales de la policía. Pudieron ser muchos más los artículos derogados, según Alirio Uribe, pero la presión de Juan Manuel Santos obligó a que se aprobara de una manera más rápida y simplemente se pusieron en votación de sí o no.

Como se sintió en tales trámites, y ahora es sufrido y comprobado con su imposición cotidiana, el espíritu del Código es el del autoritarismo que desea moldear y disciplinar la sociedad mediante el castigo, pretendiendo regular hasta lo más mínimo de la vida de nuestro país. Un autoritarismo piso para encausar la propagandeada “legalidad” del actual gobierno, es decir, el imperio de la norma por sobre la realidad misma. Todo un exabrupto.

Dicen en los barrios populares, donde infinidad de personas se han visto asaltados por los ahora disciplinadores, que este Código parece la caja menor de la policía, y la realidad refuerza su sentir: según la Fundación Ideas para la Paz (FIP), durante el año y medio de implementación de esta “norma de normas”, van dos millones de “medidas correctivas”, el 40 por ciento de ellas multas y apenas el 17 por ciento medidas educativas. Multas que en no pocos casos ascienden a 883 mil pesos y en otros a 282 mil. Miles de los afectados por los disciplinadores son jóvenes que estaban consumiendo alcohol o psicoactivos en espacio público. Estos, así como quienes han sufrido el látigo del establecimiento por consumir empanadas, correr en una terminal de transporte, o tratar de reírse de la “autoridad” al invitarlos a comer empanadas, así como quienes han sido reprimidos por estar vendiendo en el espacio público, han perdido en pocos segundos mucho más de lo que logran reunir en un mes de trabajo.

Hay que llamar la atención sobre esto, pues el monto del “disciplinamiento” no se compadece de lo que un trabajador sin contrato alguno reúne en un mes de trabajo. Esta desproporción evidencia que quienes redactaron la norma, los llamados “padres de la patria”, con su desproporcionado sueldo de más de 32 millones al mes, ni conocen ni se imaginan las afugias con que viven la mayoría de familias colombianas; quitarles a estas cientos de miles de pesos es condenarlas al hambre y al ahondamiento de sus sufrimientos cotidianos.

Un modelo autoritario

Desde el 2017, cuando empezó a regir el Código, se han interpuesto 144 demandas en contra de sus artículos, pues muchos de estos son verdaderos exabruptos, como el artículo 33 que autoriza a la policía para allanar viviendas sin orden de autoridad judicial, y como el capítulo de regulación a la movilización social, declarado inconstitucional por la Corte Constitucional.

Pese a esta decisión, en octubre de 2018 el actual gobierno, en cabeza de Guillermo Botero, Ministro de Defensa, estigmatizó la protesta social y exigió que fuera regulada, atreviéndose a decir, además, que las movilizaciones sociales son producto de la financiación de organizaciones armadas; es decir, las criminalizó. Acción que no pasa sin consecuencias, en un país el solo año 2018 fueron asesinados no menos de 226 líderes sociales según el reporte de Indepaz, desangre que no para en el 2019, con el asesinato registrado, en escasos dos meses, de más de 29 líderes.
La actuación de este Código de Policía desprende algunos interrogantes: ¿Nos encontramos con una institución de policiva regida por una doctrina militarista? ¿Se diferencia en algo el actuar de esta policía con el actuar de los militares? ¿Acaso debemos hablar de un cuerpo de ocupación militar en vez de policía nacional? ¿Cuál es el modelo de sociedad que pretenden y que está detrás de este Código? ¿Quiénes se benefician con el mismo? ¿Para quién está pensado realmente el espacio público en el país?

Un reto para el conjunto social
Queda claro que este Código de Policía desprende desde el interior de cada uno de sus artículos un tufillo autoritario que atenta contra las libertades a que tenemos derecho como parte del conjunto global; una acción policiva llevada a cabo, además, en una sociedad que ha sufrido por décadas la violencia y el control directo por parte de bandas paramilitares y de sus protectores en el Estado producto de lo cual el tejido social está desecho. Sumarle a esta realidad el control social y el disciplinamiento que ahora pretenden, no ayuda a sanar ese tejido desecho por décadas de violencia. Lo que requerimos en esa vía, es más libertad, más derechos cumplidos –y no en simple norma–, más diálogo, más espacios para el goce y el placer, más espacios públicos para el rebusque y para el ocio, más fraternidad, más justicia.

Como de esto no conoce el establecimiento ni sus agentes, le corresponde al movimiento social tomar cartas en el asunto, denunciar este esperpento y lograr su rechazo por el conjunto social. Un ordenamiento social alterno debe tomar cuerpo, pero el mismo debe ser diseñado, definido y controlado en su implementación por la sociedad misma, nunca por sus órganos represivos.

 

Artículos consultados


https://www.elespectador.com/noticias/nacional/estos-son-los-impactos-de-la-aplicacion-del-codigo-de-policia-en-colombia-articulo-842547
https://www.elnuevosiglo.com.co/articulos/02-2019-codigo-de-policia-blanco-de-la-demanditis
https://www.semana.com/nacion/articulo/codigo-de-policia-tiene-30-demandas/513411
https://www.elpais.com.co/proceso-de-paz/al-menos-113-lideres-sociales-fueron-asesinados-en-colombia-en-2018-onu.html 
https://www.elpais.com.co/proceso-de-paz/al-menos-113-lideres-sociales-fueron-asesinados-en-colombia-en-2018-onu.html

 

Video relacionado

https://youtu.be/OL75InlcqKk

Publicado enColombia
Miércoles, 24 Octubre 2018 17:22

Centros penitenciarios de control social

Centros penitenciarios de control social

Lo que gritan es muy diciente: “cállese marrano hijueputa”; “abajo, marica, ¿es qué no escucha?”; “este hijueputa es el más fastidioso de todos”; “marrano hijueputa”; “ese es el cacique, ese hijueputa es el cacique”; “ahí sí no es hombre ¿no?”; “ahí sí llora como una nena”; “ya no se cree malo ¿no?”; “sea barón, gonorrea”; “esas gonorreas casi matan al man”. Los insultos corresponden a un video que muestra a varios hombres jóvenes semidesnudos tirados en el suelo boca abajo. Uno de ellos, al que llaman Marrano, llora de dolor al ser golpeado con un palo en la retaguardia. Si uno, como espectador, sólo tuviera acceso a los audios, y no a las imágenes, podría pensar que quienes golpean e insultan, a quien por nombre le dicen Marrano, hacen parte de una banda delincuencial que cobra venganza, posiblemente por las heridas propinadas por éste a uno de los suyos. Así se escuchan y así se ven. Pero no, no son ninguna banda enemiga, el video muestra que quien golpea y quienes insultan al joven reducido es la Policía Nacional y quienes están tirados en el piso son algunos de los jóvenes del centro penitenciario El Redentor.

 

El video salió a la luz pública el 11 de octubre y desde entonces se desató un debate sobre el funcionamiento del centro reclusorio. Un debate que, sin embargo, se centró en el comportamiento de los reclusos y no en la represión de los oficiales. Pero ¿por qué? La pregunta correcta es ¿para qué? Para justificar de forma velada el comportamiento de los policías. Así lo insinúa la directora del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (Icbf), Juliana Pungiluppi, entidad encargada de proteger a los adolescentes y jóvenes: “se acude a la policía sólo cuando la situación ya está fuera de control y, pues, desafortunadamente suceden estos excesos, que nada los justifica”, aclara.

 

Pero el “nada lo justifica” ya no sirve, es sólo un accesorio para curarse en salud. Antes ya había dicho que en lo corrido del año los reclusos se han amotinado en más de 20 ocasiones y que constantemente les encuentran armas, que no son adolescentes sino jóvenes entre los 18 y 28 años. Es decir, ya deslegitimó a los reclusos. No es difícil imaginar entonces que los policías implicados compartan su lógica. No es difícil imaginar escucharlos decir “claro, ahora sí arman tremendo escándalo por los reclusos, pero ¿quién habla de los policías que los reclusos hirieron?”. Porque, como se escucha en el video, al parecer uno de los policías dice: “esas gonorreas casi matan al man”, refiriéndose a uno de los uniformados heridos.

 

Es muy posible que el motivo de la conducta de los policías haya sido precisamente esa; que, tras ver a uno de los suyos lastimado, al parecer por el joven a quien llaman Marrano, hayan actuado ciegamente, con rencor. Con esta descripción, tal y como se insinúa en medios de comunicación, es hasta muy posible que la opinión pública simpatice con los oficiales y condene a los reclusos, a pesar de ver las fuertes imágenes de estos en el piso. Sin embargo, la Fuerza Pública no es un grupo de individuos común y corriente, son una entidad, se supone, formada y capacitada para saber cómo actuar en casos de crisis. Son una institución, supuestamente, democrática y que por lo tanto sus funcionarios no deben actuar como la gente común y corriente. Por esto, no es posible justificarlos, ni mucho menos simpatizar con su conducta.

 

Ahora, si el debate estuviera encaminado en esta dirección nos estaríamos preguntando más bien por la formación y funcionamiento de la Policía, no sólo por el centro reclusorio. Aquí ganan pertinencia preguntas como: ¿en realidad los policías están formados para manejar casos como el que tratamos? Y con esto no sólo se puede hacer referencia a las estrategias de reducción y sometimiento de los reclusos, sino a la formación psicológica y emocional (hasta moral) para manejarse cuando las cosas se salen de control. ¿Se discierne con los policías la forma en que entienden a los reclusos? Esto es fundamental que lo hicieran ya que, por la naturaleza de su oficio es muy posible que la imagen que construyen sobre el delincuente en general (y el recluso en particular) esté reducida a sus características negativas, es decir, que tiendan a demonizarlos, a verlos como la escoria de la sociedad y con ello pierdan todo sentido de compasión, comprensión y entendimiento ¿Los policías tendrán, entonces, una reflexión/trabajo continuo con profesionales, por ejemplo del área de la psicología, para evitar que deshumanicen al delincuente? Estas son las preguntas que también deberían estar en el centro del debate, mucho más cuando la Procuraduría advierte que el comportamiento de los oficiales dentro del reclusorio es posiblemente sistemático.

 

Signos de crisis

 

La indignante golpiza propinada a los reclusos por parte de los oficiales, sumado al hecho de que los reclusos constantemente se están amotinando, es una muestra más de la crisis estructural del sistema penitenciario. Este es un fenómeno sobre el cual muchos estudiosos del tema han llamado la atención, pero tal vez también es uno de los más rezagados, olvidados e ignorados. Las variables de la crisis están en todas las dimensiones, comenzando por la infraestructura, como afirma la misma doctora Pungiluppi, para quien El Redentor es inadecuado e insuficiente en términos de espacio. Esta es una realidad no sólo para este reclusorio sino para la gran mayoría de este tipo de centros de reclusión con que cuenta el país. Constantemente se escucha en los noticieros los índices de hacinamiento en las cárceles, los cuales pueden sobrepasar cuatro veces su capacidad.

 

Otra variable tiene que ver con la demora en la formulación de las sentencias. Más del cincuenta por ciento de los presuntos delincuentes pasan años privados de su libertad hasta que se de una sentencia. Esta es, por un lado, una de las causas del hacinamiento, aunque no la determinante.

 

Pero el problema más relevante en términos sociales tiene que ver con los procesos de resocialización. Es bien conocido este fenómeno en la opinión pública. Se sabe que los reclusos aprenden a delinquir en los centros de reclusión tanto como en la misma calle. Una gran contradicción si se cree, como se nos dice a menudo, que la función de dichos centros es la de rehabilitar y resocializar a quienes infringen las leyes. Funciones que en realidad nunca han existido ni han estado dentro del radar de los formuladores de la política pública. En realidad, como afirma Michael Foucault, las cárceles son centros de control social, específicamente de las clases bajas y los movimientos sociales. Su función, contrario a lo propagandeado, es la de someter y destruir al disidente.

 

Sistema penitenciario: la nueva forma de esclavitud

 

La crisis estructural del sistema penitenciario no sólo es un problema de Colombia, es uno de los más importantes del mundo. En el documental Enmienda 13, de la directora Ava DuVernay (Selma, Scandal), autores como Angela Davis, Van Jones, Michelle Alexander, afirman que el sistema penitenciario en Estados Unidos es la forma como se logró perpetuar la esclavitud de la población negra a pesar de la abolición formal de la misma como sistema económico. Dichos autores muestran cómo se han transformado en el tiempo las causas del encarcelamiento. Durante el siglo XIX y parte del XX se apresaba a las personas negras que se consideraban ociosas o vagas. Luego, criminalizaban a los actores de los movimientos sociales antiracistas y a favor de los derechos civiles de las personas negras, por fomentar el caos e ir en contra de la ley. Hasta llegar a la década de los sesenta del siglo XX con el gobierno de Nixón, cuando inició la lucha contra las drogas.

 

A partir de este momento se emprendió una guerra sistemática contra los consumidores, productores y expendedores de drogas. Una política que, se sabe, tiene como objetivo el control social de la población marginal para impedir que se organicen y así fomentar el miedo de unos con otros. Este análisis que enuncia el documental es fundamental como puerta de entrada para entender nuestra propia realidad. El observatorio de niñez, del Icbf, muestra que la causa principal del encarcelamiento en adolescentes y jóvenes es el “tráfico, fabricación o porte de estupefacientes”. Un cambio radical en la política sobre el tema de las drogas, del punitivo a uno con enfoque de salud pública, sacaría a miles de adolescentes y jóvenes de los reclusorios donde se exponen a ambientes de riesgo. Sin embargo, más de diez millones de personas, sumadas a la indiferencia de otros tantos millones, eligió a un presidente que volvió a penalizar la dosis mínima. Lo cual traerá como consecuencia un incremento en el número de reclusos que nunca serán resocializados.

 

Así, su política contra las drogas es una política que alimenta la criminalidad si se entiende de esta manera: al ser un negocio ilegal, sus conflictos inherentes no se pueden resolver por medio de la justicia ¿qué significa esto? Que, si un productor sorprende a uno de sus expendedores robándole la mercancía, no recurre a la justicia para apresarlo, sino a métodos violentos, como el sicariato, propio de una economía ilegal. Legalizar el negocio reduciría el número de jóvenes y adolescentes muertos o encarcelados por asesinar.

 

Retórica oficial

 

Luego de darse a conocer el video que evidencia la brutalidad policial y sin exponer las causas que lleva a los jóvenes allí recluidos a cometer conductas por las caules pierden su libertad, la retórica oficial se ha centrado en decir que desean una gran reforma al Sistema de Responsabilidad Penal para Adolescentes –Srpa–. La directora del Icbf ha dicho, por ejemplo, que su enfoque deseado sería que la última opción para castigar a los jóvenes delincuentes sea la reclusión, que antes buscaría otras estrategias, como la labor social. Una propuesta que suena bonita ante un micrófono de un medio de comunicación, pero que no deja de ser buenas intenciones. Es difícil creer que la gran reforma se haga porque, para lograrla, se tendría primero que reformar, para empezar, la política contra las drogas. Si esto no se hace, a la par de una reforma del sistema penitenciario, los problemas estructurales continuarán. Pero, para que se de un giro de esta importancia, se requiere un tipo de gobierno radicalmente distinto al actual, uno que no utilice las cárceles como sistema de control social y la guerra contra las drogas como excusa para conseguirlo.

 

Publicado enEdición Nº251
Sábado, 06 Octubre 2018 05:36

Desapareció un jefe de Interpol

Desapareció un jefe de Interpol

La Justicia de Francia, país sede de la institución, activó ayer una investigación luego de la denuncia de la esposa de Meng. Su rastro se perdió el 29 de septiembre. China aún no se pronunció sobre el caso.

El presidente de Interpol, Meng Hongwei, está desaparecido en China desde que llegó al país a finales de septiembre y, en consecuencia, la Justicia de Francia, país sede de la institución, activó ayer una investigación luego de la denuncia de la esposa de Meng. Hasta el momento no hay información oficial. No obstante, el diario South China Morning Post, público que Meng fue arrestado al aterrizar en China y actualmente esta bajo vigilancia de la disciplina del Partido Comunista Chino. La Comisión Central para la Vigilancia de la Disciplina es el órgano policial del partido encargado de combatir casos de corrupción, lo que podría significar que el jefe de Interpol está bajo sospecha de este delito. El rotativo no ofrece más pistas sobre los posibles motivos por los que Meng, ex miembro del Gobierno considerado un peso pesado del Partido Comunista Chino, estaría siendo investigado. El diario tampoco precisa el lugar de la detención.


El rastro de Meng se perdió el pasado 29 de septiembre, cuando embarcó en un avión con destino a su país, y su familia no tiene noticias desde entonces. Su esposa, que permanece con sus hijos en Lyon, la ciudad francesa donde tiene su sede Interpol, dejó transcurrir unos días hasta que la noche del jueves oficializó la denuncia y en ese instante las autoridades le tomaron declaración. Según la ley china, la familia y los empleadores de un sospechoso detenido deben ser notificados dentro de las 24 horas de su arresto, pero hasta el momento los familiares de Meng no recibieron información sobre su ubicación.


Por su parte, Interpol se limitó a indicar que se trata de un asunto que compete a las autoridades de Francia y China, y que la continuidad de su misión está garantizada, ya que las operaciones de Interpol recaen en el secretario general, el alemán Jürgen Stock. Además, precisó que debe respetar las normas de confidencialidad estipuladas en los estatutos. Por su parte, el Ministerio de Interior francés compartió ayer en un comunicado su preocupación por la desaparición de Meng, así como por las amenazas que recibió su esposa, y señaló que puso a disposición de la familia un dispositivo policial adaptado para garantizar su seguridad. “Francia está perpleja acerca de la situación del presidente de Interpol y está preocupada por las amenazas ejercidas contra su esposa”, indicó el ministro y agregó que la mujer fue intimidada por teléfono y a través de las redes sociales. Sin embargo, hasta el momento, su contraparte china no se pronunció sobre el caso.


Medios franceses indicaron que desde la llegada al poder del presidente Xi Jinping, hace seis años, China inició una dura campaña contra la corrupción que determinó la persecución de cientos de funcionarios. Xi puso al frente de los servicios de seguridad del país a Zhao Kezhi y lanzó una purga de altos cargos procedentes de los aparatos de sus predecesores, Hu Jintao y Jiang Zemin. Entre los funcionarios detenidos se encuentran el ex ministro de Seguridad Pública y antiguo superior de Meng, y Zhou Yongkang, uno de los más hombres más poderosos del país que fue condenado a cadena perpetua por abuso de poder. En 2014, Interpol emitió “avisos rojos” de alertas internacionales para 100 personas de origen chino que viven en el extranjero. En abril del año pasado emitió una alerta dirigida a Gou Wengui, una empresario adinerado que afirmó tener evidencia de corrupción en los niveles superiores del Partido Comunista. Wengui, que fue buscado por los fiscales chinos desde 2014, tenía vínculos con Ma Jian, quien, como Hongwei, había ocupado el cargo de viceministro de seguridad y fue investigado por presunta corrupción.


Meng tiene casi 40 años de experiencia en justicia penal y vigilancia policial en este país, según indica la página web de la Interpol. Sin embargo, perdió su asiento en el comité central del Partido Comunista, el principal centro de poder de la organización, en abril de este año.


Antes de su designación como presidente de esta entidad, Meng era viceministro de la Seguridad Pública china, un departamento de enorme poder a cuyo cargo están la Policía y los servicios de espionaje. Como figura central en ese departamento, varios medios vincularon a Meng con militantes Uighurs, grupo disidente que habita las regiones del norte de China, y que el estado considera como subversivos.


El funcionario chino dejó su cargo en seguridad 2016, para entrar a Interpol en sustitución de la francesa Mireille Ballestrazzi, un cargo honorífico, pero que aun así levantó críticas en organizaciones defensoras de los derechos humanos. En este sentido, Amnistía Internacional reaccionó preocupada acusando a China de usar la Interpol para buscar disidentes y activistas de la oposición. Por su parte, Human Rights Watch consideró que China se sirve de la organización policial internacional para intimidar y detener a familiares de disidentes, y por eso le pidió una atención particular para evitar injerencias del presidente Meng. El ex ministro había desestimado los reclamos, diciendo que se adheriría a las reglas de la organización y que estaba enfocado en promover “la causa de la vigilancia policial en el mundo”. La organización restó importancia a la nacionalidad del presidente y subrayó que el mando operativo recae en el secretario general. Además, enfatizó que los estatutos de Interpol -que tiene 192 países miembros- asientan el principio la neutralidad política de sus actuaciones, como queda registrado en el artículo 3.


Interpol cuenta con siete oficinas regionales en el mundo, además de representaciones en todos los países miembros, que se suman a las que hay ante la ONU, en Nueva York, y ante la Unión Europea, en Bruselas. Al presidente de Interpol, como al resto de los miembros del Comité Ejecutivo, lo elige la Asamblea General de la organización, en la que están representados todos los Estados miembros. Las funciones de la organización responden a aplicar las orientaciones decididas por esos países y supervisar el trabajo del secretario general.

Publicado enInternacional
Sábado, 11 Agosto 2018 09:10

De policía a cazador

De policía a cazador

¿Cuál es la concepción de Derechos Humanos que rige en la Policía Nacional, y cómo es el proceso formativo que imparten a los nuevos uniformados, para que consideren que su autoridad descansa en las armas? ¿Es posible pasar de una fuerza de ocupación, como en realidad es esta institución en Colombia, a un cuerpo de control social regido por la soberanía comunitaria?

 

“Un grupo especial de comando está preparado para perseguir y matar extraterrestres cucarachas, que invaden el planeta y se esconden en cloacas y ruinas, pero en una de las persecuciones uno de los soldados más eficientes es rociado con algo en el rostro por una de las cucarachas, justo cuando el soldado está dispuesto a matarla. Sucede algo en un inicio incomprensible para él, descubre que a quien ha estado matando no son cucarachas, el spray que rociaron en su cara le ha permitido ver que son personas, mujeres y niños escondidos en esas ruinas que lo miran directamente a los ojos. Se siente aterrorizado porque ya ha matado a muchos; cuando le cuenta a su superior éste le confirma y le da la opción de aplicarle un mecanismo para olvidar o vivir con la culpa que eso implica. El oficial decide someterse al mecanismo para olvidar (serie de Netflix, “Black Mirror 3” temporada 5to episodio)”.

 

Una serie de ficción, que como siempre carga rasgos de realidad. Esa que sí vivimos en Colombia, para el caso que nos ocupa en Bogotá, en donde el pasado 15 de junio un grupo de jóvenes, después de una salida de amigos, intentan abordar un bus del servicio integrado de transporte, ingresando sin pagar a la estación de Transmilenio de la Autopista Norte con calle 142. Intento fallido, pues son vistos por un policía que hace una voz de alto no acatada por los requeridos, quienes echan a correr. Reacción lógica, mucho más cuando se es joven, pues todos temen llegar a las celdas de la mal llamada Unidad Permanente de Justicia (UPJ), espacios hacinados donde se violan casi todos los derechos humanos.

 

¿Todo normal? No. Pero sí en Colombia, un país donde la naturalización de la violencia mutó en estrategia de vida para miles de miles; un país donde la policía, militarizada, dota con armas de gran poder a sus efectivos, los mismos que las usan más para agredir que para prevenir, convirtiéndose de hecho, y de esta manera, en una fuerza de ocupación, como sucede cuando un país es invadido por otro. Naturalización de la violencia que lleva a banalizar el mal, donde no sólo se agrade por cualquier motivo, hasta por los más intrascendentes, y donde personas normales cometen actos monstruosos.

 

Es por ello que este es apenas el inicio de una triste tragedia, pues en el caso de estos jóvenes, el policía, cegado por “el cumplimiento de su deber” –proteger y hacer respetar la propiedad privada– decide perseguirlos unas ocho cuadras, pero sin poderlos capturar. ¿Hubo una motivación profunda, sentimiento de frustración o rivalidad de fuerza que lo impulsaron a demostrar su poder y autoridad? O más tenebroso aún, no fue una emoción profunda que nubló su razón, sino que su lógica secunda sus acciones.

 

Con argumentos en su cabeza que validan su proceder, el policía actúa, toma un taxi y se dirige tras los jóvenes. Ya no es policía, ahora es un cazador. Cuando llega al lugar donde se encuentran –calle 144 con carrera 46– se baja del vehículo y desenfunda su arma; por pura reacción de autoprotección los jóvenes corren de nuevo, ahora por temor al arma; un estruendo estalla y un segundo después yace en el suelo Andrés Camilo Ortiz, de 19 años de edad, uno de los jóvenes que huía del cazador urbano.

 

El susto agobia a sus compañeros, que corren con más energía, pese a lo cual uno de ellos hace un alto para intentar socorrer a quien ahora está moribundo, pero al acercarse al cuerpo alza la vista y ve que el “el paladín de la justicia” le apunta directamente; el frío recorre su cuerpo y siente que tiene que autoprotegerse, retoma la carrera. El policía, con “su trofeo” en el piso, camina de un lado a otro sin solicitar ayuda médica inmediata para el joven que siente que la vida se le va.

 

¿Un motivo para morir? Andrés Camilo nunca hubiera pensado así, mucho menos lo hubiera deseado, nunca hubiera pensado que un policía, por el simple hecho de portar un uniforme verde y un arma, llegara a asumir una simple colada a un portal como motivo para acabar con su vida, tal vez joven como él, viviendo con sus 19 años en plena primavera.

 

Pero Andrés desconocía que los agentes de la Policía Nacional son sometidos voluntariamente a una formación que acalla su conciencia, que elimina la empatía básica entre seres humanos, igual que en la historia del inicio, mecanismos de desconexión moral para ver enemigos en los otros, y considerar cada acción como un combate.

 

Las cámaras del sector registraron todo, ahí está la memoria de lo sucedido, de lo que nunca más debiera volver a ocurrir. El desenlace para Andrés Camilo Ortíz, de 19 años de edad, estudiante de tercer semestre de contaduría de la Universidad Nacional, es fatal. Un joven víctima de un policía que, reaccionó de acuerdo a procesos formativos recibidos, mentalizado como el disciplinador social, que está convencido que más que una vida, hay que proteger el “orden y la propiedad privada”, que las instituciones y las cosas son más importantes que las personas. Así, el policía formado sin un margen de autonomía y valoración ante cada circunstancia que vive y/o enfrenta, sin un aprendizaje donde resalte la vida por sobre cualquier bien privado o público, termina por considerar que ante la burla de estos jóvenes él está cumpliendo con su deber.

 

Buscando pistas

 

Juan es teniente retirado del ejército, es un conocido y amigo a quien reencuentro y le narro los hechos para entender mejor lo sucedido.

 

–Es que si los muchachos se metieron al Transmilenio sin pagar eso es una falta, pero se volvió un delito cuando se les dio la voz de alto y se echaron a correr. Me dice Juan con tranquilidad.

 

–Y ahí, el policía sí puede disparar. Agrega.

 

Esto me produce terror, porque no logro comprender la estructura de las leyes de un país donde es legal disparar a unos jóvenes por no acatar un grito de alto, cuya única falta fue querer entrar colados al sistema de transporte público, y después, por natural temor, correr al ver a la policía. Un temor donde la ética está escrita sobre simples conveniencias institucionales y sus integrantes no hacen, sobre dichas leyes, ningún discernimiento ético, sobre la valoración de la vida y de lo que puede ser catalogado o no, como delito.

 

Pienso en lo dicho por mi amigo Teniente y en el significado profundo de lo que rodea esa voz de ¡alto!, y me produce terror saber, pensar que los policías ven como enemigo y criminal a una persona que no obedece de manera inmediata sus órdenes, por lo cual pueden atentar contra su vida; policías que tienen la convicción total de que sus acciones son coherentes con la ética impartida en el entrenamiento que los prepara para su supuesta función social: proteger y servir a la comunidad.

 

En la lista de horrores que me produce el hecho y hablar de él, me horroriza la absoluta justificación y naturalidad con la que piensa un militar o policía como Juan; cuando la acción que terminó con la vida de Andrés Camilo, según la norma establecida, tiene para él una justificación, por lo cual se siente totalmente libre de culpa y bendecido por el cumplimiento del deber.

 

Dice Juan: “para mi siempre se trata de cumplir la ley del ejército y la ley de Dios, y si tengo que matar a un delincuente en un enfrentamiento pues lo hago”. Y se echa la bendición.

 

¿Ha pensado nuestra sociedad a quiénes y cómo están formando a nuestros supuestos protectores? Las consecuencias en todo caso están a la vista, indicándonos que es urgente construir otra política para la seguridad colectiva.

 

Trasfondo

 

¿Es este policía una persona intrínsecamente mala, con el potencial de matar y hacer daño a otros? ¿Es la fuerza pública un grupo de individuos malvados y violentos, sin familias y con impulsos agresivos incontrolables?

 

Para buscar luz ante este interrogante acudo al psicólogo e investigador Albert Bandura quien asegura que: “Los actos inhumanos son perpetrados por personas que en otros aspectos de sus vidas pueden ser compasivos y humanos”. En sus estudios, Bandura expone los mecanismos de desconexión moral, y parte de las respuestas a las conductas, en este caso de los uniformados que son padres, esposos, ciudadanos, a lo mejor ejemplares, pero que no tienen ningún problema ético al matar, torturar o hacer daño a quien considera como su enemigo.

 

Las personas dentro del contexto social desarrollan un marco de referencia moral que les permite identificar lo bueno y lo malo. Estas normas guían y determinan la conducta. Sin embargo para la conducta del transgresor (en este caso el policía) lo que sucede es un acomodamiento del referente ético de manera que no le incomode. Para Bandura la gente “buena” puede llegar a cometer actos crueles. Lo que hace es conectarse o desconectarse de esas normas morales, y justificar las acciones dependiendo de a quien catalogue de humano o no.

 

Para así proceder tiene varios mecanismos de desconexión moral. Las instituciones militares, religiosas, políticas, y casi cualquiera que pueda resguardarse en un ideal, usan con frecuencia estos mecanismos para validar sus actos (masacres, asesinatos, secuestros, desapariciones, genocidios) Las personas en nombre de ideales –supuestos o reales– hacen cosas para sentirse orgullosas, tener una bandera por la cual luchar les potencia valor personal, un ejemplo de siglos atrás son las Cruzadas, para aquellos caballeros matar estaba totalmente justificado, los enemigos estaban nada menos que en contra de Dios. Pero en tiempo reciente nos podemos acercar a multitud de ejemplos, entre ellos el propio fascismo, en lucha contra el comunismo, o en nuestro territorio los propios paramilitares –o sus aliados en los cuarteles– en lucha contra el “narcoterrorismo”.

 

Son “héroes” de ayer y de hoy, en cuyos casos deshumanizan al enemigo (la víctima), convirtiéndolo en un subhumano, lo que impide que lleguen a generar empatía con él, de ahí que al aludir al mismo anulen sus características humanas, identificándolo dentro de un grupo agresor, revoltoso, terrorista, insurgente, delincuente, o similar*.

 

Para así proceder, uno de los mecanismos más poderosos es la justificación moral, a partir del uso de palabras engañosas para santificar la conducta destructiva, para lo cual cada persona o institución tiene sus propios argumentos para validar sus acciones. Es común en ello el uso de lenguajes enrevesados y eufemismos, con lo cual ocultan la violencia y la agresión que despliegan a partir de ciertas políticas o medidas desplegadas, todo lo cual resume técnicas ya muy desarrolladas por los políticos que no hablan de desalojo de una población sino de reubicación, que no aluden a niveles de pobreza sino de poblaciones vulnerables.

 

Estamos, entonces, ante toda una maquinaria del poder, que requiere un abandono de la voluntad individual para someterse a la obediencia de un superior que lo es en rango, asumido, además, como tal en inteligencia. ¿Cómo discutir con alguien superior a ti? ¿Cómo discutir con quien significa el ideal de lo que quieres llegar a ser? Solo hay una máxima: Obediencia.

 

Comportamiento que de manera técnica recibe el nombre de único superior, y que lleva a la obediencia ciega, la cual tiene otras consecuencias pues cuando un subalterno es enjuiciado y argumenta que simplemente obedecía la ley lo sancionan, porque la obediencia institucional o grupal no exime del delito.

 

Responsabilidad flotante

 

Estamos ante un sistema de estructuración de mentalidades sometidas que es complejo. Los sistemas de autoridad están estructurados para que las políticas destructivas sean camufladas, disimuladas, no explícitas ni directas, pueden ser incluso ilegales –como los paramilitares en Colombia–, que les permite a quienes están en la punta de la pirámide jerárquica desentenderse de las consecuencias y negar las responsabilidades. Además que las culpas quedan diseminadas en cada fracción de la acción, lo que le resta la magnitud de terror que el hecho pudiera tener. Por ejemplo, uno da la orden, otro estructura la estrategia, otro consigue el armamento, otros realizan la acción con la convicción de que cumplen órdenes, ¿la culpa es de todos o es de nadie? La acción grupal propicia el anonimato.

 

Pero también, los mecanismos finales desplegados por el poder culpabilizan a la víctima; por supuesto, para que el sistema moral no se active se desestiman los efectos dañinos de la acción.


Todos estos recursos son potenciados por el poder al momento de formar a quienes supuestamente protegen a la sociedad, los que construyen una coraza en el cerebro de cada uno de sus funcionarios y de sus agentes. Actúan de manera violenta protegidos por tales recursos.

 

Así, al momento del disparo contra Andrés Camilo Ortiz, cuando milésimas de segundo después yace en el suelo moribundo, el “agente del orden” camina de un lado para otro, tal vez se está activando su sistema moral, para encontrar en alguno de los mecanismos antes mencionados la razón lógica de sus acciones. Finalmente, de acuerdo a su razonar, la culpa será del estudiante, que aunque no es un delincuente seguramente su conciencia –en su agonía– le dirá que se portó como tal.

 

¿Paradoja? No. Es el poder y todo su arsenal de defensa y ataque desplegado, en este caso para imponer “orden”, no importa el precio que implique lograrlo ni las consecuencias de ello.

 

* Esto es lo más tradicional, pero ahora también se habla de moralización tecnológica, ya no de personas sino que se usan términos tecnológicos o números, por ejemplo.

 

Publicado enColombia
Sábado, 28 Julio 2018 09:04

De policía a cazador

De policía a cazador

¿Cuál es la concepción de Derechos Humanos que rige en la Policía Nacional, y cómo es el proceso formativo que imparten a los nuevos uniformados, para que consideren que su autoridad descansa en las armas? ¿Es posible pasar de una fuerza de ocupación, como en realidad es esta institución en Colombia, a un cuerpo de control social regido por la soberanía comunitaria?

 

“Un grupo especial de comando está preparado para perseguir y matar extraterrestres cucarachas, que invaden el planeta y se esconden en cloacas y ruinas, pero en una de las persecuciones uno de los soldados más eficientes es rociado con algo en el rostro por una de las cucarachas, justo cuando el soldado está dispuesto a matarla. Sucede algo en un inicio incomprensible para él, descubre que a quien ha estado matando no son cucarachas, el spray que rociaron en su cara le ha permitido ver que son personas, mujeres y niños escondidos en esas ruinas que lo miran directamente a los ojos. Se siente aterrorizado porque ya ha matado a muchos; cuando le cuenta a su superior éste le confirma y le da la opción de aplicarle un mecanismo para olvidar o vivir con la culpa que eso implica. El oficial decide someterse al mecanismo para olvidar (serie de Netflix, “Black Mirror 3” temporada 5to episodio)”.

 

Una serie de ficción, que como siempre carga rasgos de realidad. Esa que sí vivimos en Colombia, para el caso que nos ocupa en Bogotá, en donde el pasado 15 de junio un grupo de jóvenes, después de una salida de amigos, intentan abordar un bus del servicio integrado de transporte, ingresando sin pagar a la estación de Transmilenio de la Autopista Norte con calle 142. Intento fallido, pues son vistos por un policía que hace una voz de alto no acatada por los requeridos, quienes echan a correr. Reacción lógica, mucho más cuando se es joven, pues todos temen llegar a las celdas de la mal llamada Unidad Permanente de Justicia (UPJ), espacios hacinados donde se violan casi todos los derechos humanos.

 

¿Todo normal? No. Pero sí en Colombia, un país donde la naturalización de la violencia mutó en estrategia de vida para miles de miles; un país donde la policía, militarizada, dota con armas de gran poder a sus efectivos, los mismos que las usan más para agredir que para prevenir, convirtiéndose de hecho, y de esta manera, en una fuerza de ocupación, como sucede cuando un país es invadido por otro. Naturalización de la violencia que lleva a banalizar el mal, donde no sólo se agrade por cualquier motivo, hasta por los más intrascendentes, y donde personas normales cometen actos monstruosos.

 

Es por ello que este es apenas el inicio de una triste tragedia, pues en el caso de estos jóvenes, el policía, cegado por “el cumplimiento de su deber” –proteger y hacer respetar la propiedad privada– decide perseguirlos unas ocho cuadras, pero sin poderlos capturar. ¿Hubo una motivación profunda, sentimiento de frustración o rivalidad de fuerza que lo impulsaron a demostrar su poder y autoridad? O más tenebroso aún, no fue una emoción profunda que nubló su razón, sino que su lógica secunda sus acciones.

 

Con argumentos en su cabeza que validan su proceder, el policía actúa, toma un taxi y se dirige tras los jóvenes. Ya no es policía, ahora es un cazador. Cuando llega al lugar donde se encuentran –calle 144 con carrera 46– se baja del vehículo y desenfunda su arma; por pura reacción de autoprotección los jóvenes corren de nuevo, ahora por temor al arma; un estruendo estalla y un segundo después yace en el suelo Andrés Camilo Ortiz, de 19 años de edad, uno de los jóvenes que huía del cazador urbano.

 

El susto agobia a sus compañeros, que corren con más energía, pese a lo cual uno de ellos hace un alto para intentar socorrer a quien ahora está moribundo, pero al acercarse al cuerpo alza la vista y ve que el “el paladín de la justicia” le apunta directamente; el frío recorre su cuerpo y siente que tiene que autoprotegerse, retoma la carrera. El policía, con “su trofeo” en el piso, camina de un lado a otro sin solicitar ayuda médica inmediata para el joven que siente que la vida se le va.

 

¿Un motivo para morir? Andrés Camilo nunca hubiera pensado así, mucho menos lo hubiera deseado, nunca hubiera pensado que un policía, por el simple hecho de portar un uniforme verde y un arma, llegara a asumir una simple colada a un portal como motivo para acabar con su vida, tal vez joven como él, viviendo con sus 19 años en plena primavera.

 

Pero Andrés desconocía que los agentes de la Policía Nacional son sometidos voluntariamente a una formación que acalla su conciencia, que elimina la empatía básica entre seres humanos, igual que en la historia del inicio, mecanismos de desconexión moral para ver enemigos en los otros, y considerar cada acción como un combate.

 

Las cámaras del sector registraron todo, ahí está la memoria de lo sucedido, de lo que nunca más debiera volver a ocurrir. El desenlace para Andrés Camilo Ortíz, de 19 años de edad, estudiante de tercer semestre de contaduría de la Universidad Nacional, es fatal. Un joven víctima de un policía que, reaccionó de acuerdo a procesos formativos recibidos, mentalizado como el disciplinador social, que está convencido que más que una vida, hay que proteger el “orden y la propiedad privada”, que las instituciones y las cosas son más importantes que las personas. Así, el policía formado sin un margen de autonomía y valoración ante cada circunstancia que vive y/o enfrenta, sin un aprendizaje donde resalte la vida por sobre cualquier bien privado o público, termina por considerar que ante la burla de estos jóvenes él está cumpliendo con su deber.

 

Buscando pistas

 

Juan es teniente retirado del ejército, es un conocido y amigo a quien reencuentro y le narro los hechos para entender mejor lo sucedido.

 

–Es que si los muchachos se metieron al Transmilenio sin pagar eso es una falta, pero se volvió un delito cuando se les dio la voz de alto y se echaron a correr. Me dice Juan con tranquilidad.

 

–Y ahí, el policía sí puede disparar. Agrega.

 

Esto me produce terror, porque no logro comprender la estructura de las leyes de un país donde es legal disparar a unos jóvenes por no acatar un grito de alto, cuya única falta fue querer entrar colados al sistema de transporte público, y después, por natural temor, correr al ver a la policía. Un temor donde la ética está escrita sobre simples conveniencias institucionales y sus integrantes no hacen, sobre dichas leyes, ningún discernimiento ético, sobre la valoración de la vida y de lo que puede ser catalogado o no, como delito.

 

Pienso en lo dicho por mi amigo Teniente y en el significado profundo de lo que rodea esa voz de ¡alto!, y me produce terror saber, pensar que los policías ven como enemigo y criminal a una persona que no obedece de manera inmediata sus órdenes, por lo cual pueden atentar contra su vida; policías que tienen la convicción total de que sus acciones son coherentes con la ética impartida en el entrenamiento que los prepara para su supuesta función social: proteger y servir a la comunidad.

 

En la lista de horrores que me produce el hecho y hablar de él, me horroriza la absoluta justificación y naturalidad con la que piensa un militar o policía como Juan; cuando la acción que terminó con la vida de Andrés Camilo, según la norma establecida, tiene para él una justificación, por lo cual se siente totalmente libre de culpa y bendecido por el cumplimiento del deber.

 

Dice Juan: “para mi siempre se trata de cumplir la ley del ejército y la ley de Dios, y si tengo que matar a un delincuente en un enfrentamiento pues lo hago”. Y se echa la bendición.

 

¿Ha pensado nuestra sociedad a quiénes y cómo están formando a nuestros supuestos protectores? Las consecuencias en todo caso están a la vista, indicándonos que es urgente construir otra política para la seguridad colectiva.

 

Trasfondo

 

¿Es este policía una persona intrínsecamente mala, con el potencial de matar y hacer daño a otros? ¿Es la fuerza pública un grupo de individuos malvados y violentos, sin familias y con impulsos agresivos incontrolables?

 

Para buscar luz ante este interrogante acudo al psicólogo e investigador Albert Bandura quien asegura que: “Los actos inhumanos son perpetrados por personas que en otros aspectos de sus vidas pueden ser compasivos y humanos”. En sus estudios, Bandura expone los mecanismos de desconexión moral, y parte de las respuestas a las conductas, en este caso de los uniformados que son padres, esposos, ciudadanos, a lo mejor ejemplares, pero que no tienen ningún problema ético al matar, torturar o hacer daño a quien considera como su enemigo.

 

Las personas dentro del contexto social desarrollan un marco de referencia moral que les permite identificar lo bueno y lo malo. Estas normas guían y determinan la conducta. Sin embargo para la conducta del transgresor (en este caso el policía) lo que sucede es un acomodamiento del referente ético de manera que no le incomode. Para Bandura la gente “buena” puede llegar a cometer actos crueles. Lo que hace es conectarse o desconectarse de esas normas morales, y justificar las acciones dependiendo de a quien catalogue de humano o no.

 

Para así proceder tiene varios mecanismos de desconexión moral. Las instituciones militares, religiosas, políticas, y casi cualquiera que pueda resguardarse en un ideal, usan con frecuencia estos mecanismos para validar sus actos (masacres, asesinatos, secuestros, desapariciones, genocidios) Las personas en nombre de ideales –supuestos o reales– hacen cosas para sentirse orgullosas, tener una bandera por la cual luchar les potencia valor personal, un ejemplo de siglos atrás son las Cruzadas, para aquellos caballeros matar estaba totalmente justificado, los enemigos estaban nada menos que en contra de Dios. Pero en tiempo reciente nos podemos acercar a multitud de ejemplos, entre ellos el propio fascismo, en lucha contra el comunismo, o en nuestro territorio los propios paramilitares –o sus aliados en los cuarteles– en lucha contra el “narcoterrorismo”.

 

Son “héroes” de ayer y de hoy, en cuyos casos deshumanizan al enemigo (la víctima), convirtiéndolo en un subhumano, lo que impide que lleguen a generar empatía con él, de ahí que al aludir al mismo anulen sus características humanas, identificándolo dentro de un grupo agresor, revoltoso, terrorista, insurgente, delincuente, o similar*.

 

Para así proceder, uno de los mecanismos más poderosos es la justificación moral, a partir del uso de palabras engañosas para santificar la conducta destructiva, para lo cual cada persona o institución tiene sus propios argumentos para validar sus acciones. Es común en ello el uso de lenguajes enrevesados y eufemismos, con lo cual ocultan la violencia y la agresión que despliegan a partir de ciertas políticas o medidas desplegadas, todo lo cual resume técnicas ya muy desarrolladas por los políticos que no hablan de desalojo de una población sino de reubicación, que no aluden a niveles de pobreza sino de poblaciones vulnerables.

 

Estamos, entonces, ante toda una maquinaria del poder, que requiere un abandono de la voluntad individual para someterse a la obediencia de un superior que lo es en rango, asumido, además, como tal en inteligencia. ¿Cómo discutir con alguien superior a ti? ¿Cómo discutir con quien significa el ideal de lo que quieres llegar a ser? Solo hay una máxima: Obediencia.

 

Comportamiento que de manera técnica recibe el nombre de único superior, y que lleva a la obediencia ciega, la cual tiene otras consecuencias pues cuando un subalterno es enjuiciado y argumenta que simplemente obedecía la ley lo sancionan, porque la obediencia institucional o grupal no exime del delito.

 

Responsabilidad flotante

 

Estamos ante un sistema de estructuración de mentalidades sometidas que es complejo. Los sistemas de autoridad están estructurados para que las políticas destructivas sean camufladas, disimuladas, no explícitas ni directas, pueden ser incluso ilegales –como los paramilitares en Colombia–, que les permite a quienes están en la punta de la pirámide jerárquica desentenderse de las consecuencias y negar las responsabilidades. Además que las culpas quedan diseminadas en cada fracción de la acción, lo que le resta la magnitud de terror que el hecho pudiera tener. Por ejemplo, uno da la orden, otro estructura la estrategia, otro consigue el armamento, otros realizan la acción con la convicción de que cumplen órdenes, ¿la culpa es de todos o es de nadie? La acción grupal propicia el anonimato.

 

Pero también, los mecanismos finales desplegados por el poder culpabilizan a la víctima; por supuesto, para que el sistema moral no se active se desestiman los efectos dañinos de la acción.


Todos estos recursos son potenciados por el poder al momento de formar a quienes supuestamente protegen a la sociedad, los que construyen una coraza en el cerebro de cada uno de sus funcionarios y de sus agentes. Actúan de manera violenta protegidos por tales recursos.

 

Así, al momento del disparo contra Andrés Camilo Ortiz, cuando milésimas de segundo después yace en el suelo moribundo, el “agente del orden” camina de un lado para otro, tal vez se está activando su sistema moral, para encontrar en alguno de los mecanismos antes mencionados la razón lógica de sus acciones. Finalmente, de acuerdo a su razonar, la culpa será del estudiante, que aunque no es un delincuente seguramente su conciencia –en su agonía– le dirá que se portó como tal.

 

¿Paradoja? No. Es el poder y todo su arsenal de defensa y ataque desplegado, en este caso para imponer “orden”, no importa el precio que implique lograrlo ni las consecuencias de ello.

 

* Esto es lo más tradicional, pero ahora también se habla de moralización tecnológica, ya no de personas sino que se usan términos tecnológicos o números, por ejemplo.

 

Publicado enEdición Nº248
Un año de la injusta persecución a mi hermana Violeta

“Aquel que en su país defiende el silencio, siempre está protegido por un aparato de represión. Por eso la lucha contra el silencio resulta tan difícil”. (Ryszard Kapuscinski)

 

En Colombia nos debatimos entre la guerra y la paz, a grosso modo, la primera implica la continuación de un régimen de castas, donde los apellidos y las cunas determinan quienes van a decidir por nosotros los de a pie; de otro lado las expectativas de paz implican que el mal gobierno acabe y exista la posibilidad de construir una democracia desde y por los de abajo, De esta forma emerge un conflicto que desata diferentes violencias.

Así el movimiento social y ambientalista de la Colombia profunda sufre amenazas y homicidios que pasan desapercibidos e impunes, por proponer una relación armónica con la naturaleza, lo cual replantea los megaproyectos de hidroeléctricas, minería y explotación de hidrocarburos, además de oponerse a la erradicación forzada de la coca, en fin, por plantear relaciones comunitarias por encima de los negocios de los terratenientes, políticos y empresarios anclados desde la época de la colonia. Se adelanta entonces un genocidio sobre el cual es inútil arrojar cifras, pues estas aumentan con el paso de las semanas y el país guarda un silencio similar a la estupidez.

Al mismo tiempo esta violencia llena de miedo al intelectual independiente, opositor al gobierno, que ve como a su alrededor se resquebraja poco a poco una educación pública cada vez más desfinanciada y respondiendo a intereses particulares; la salud como un producto que se vende a altos costos a unas grandísimas esferas; la policía con un poder extraordinario abusa del que protesta, quema barrios enteros, como en Suba Bilbao en abril de 2017, mata por la espalda, como el reciente caso del estudiante de la Universidad Nacional asesinado, solo por mencionar algunos casos.

Este conflicto se inclina hacía la guerra y se desarrolla en contra del pobre en su conjunto, una de las esferas se encuentra en los montajes judiciales, en donde se encierra y se persigue a personas con un perfil particular, defender ideas de izquierda o progresistas y por ende ser críticos del establecimiento y sus políticas. Allí se pueden identificar los casos de profesores, congresistas señalados de ser guerrilleros, usando como prueba un computador que sobrevivió a un bombardeo, estudiantes que han sido encerrados por diferentes circunstancias y profesionales que construyen patria confinados o perseguidos; se enmarca allí el caso de 13 ciudadanos acusados de pertenecer al MRP, uno de ellos absuelto, que cumplen más de un año encerrados o perseguidos, en esta condición se encuentra mi hermana Violeta Arango Ramírez, quien tiene una orden de captura y una circular azul de Interpol, que la vincula mentirosamente al MRP y al atentado al centro comercial Andina, ha sido sometida a todo tipo de escarnios y nosotros como familia hemos sido objeto de seguimientos, interceptaciones telefónicas, amenazas y extorsiones por parte de la policía.

El 24 de junio de 2017 fue allanada nuestra casa y desde entonces la situación de zozobra en la calle se hizo muy compleja, decidimos cambiar de casa, buscar más llevadera la situación y sin embargo cada día esta se hace más pesada, pues los “tiras” ni siquiera buscan disimular su presencia.

El 19 de enero de este año se hizo la primera audiencia de emplazamiento por ausencia a Violeta, sin embargo, la incapacidad de la policía para redactar un informe decente obligó a la Juez de garantías a negar la solicitud de la Fiscalía; desde entonces, y tras otras dos audiencias negativas para el ente acusador, la cosa se puso peluda para nosotros, ya que la policía ha apelado a los métodos más desdeñados para encontrar a mi hermana.

Desde correos electrónicos instando a entregar información, hasta amenazas en la calle hemos recibido la familia; pero el caso más aberrante se dio el 25 de mayo pasado, cuando agentes de la DIJIN y del GOES realizaron cuatro allanamientos simultáneos, con un factor común, la mentira y la desvergüenza, con argumentos traídos de los cabellos se involucra a personas que nada tenemos que ver con hechos que no han tenido lugar. En nuestras casas buscaban armas, explosivos y caletas que permitieran demostrar un plan para sabotear la primera vuelta presidencial “buscando beneficiar al candidato del pueblo Petro en contra del candidato Duque”, en palabras de la orden de allanamiento.

Desde aquel día, por la gravedad de lo expresado en la orden de allanamiento, estoy a la espera de un nuevo montaje y aunque siento miedo, también me he llenado de esperanza, veamos el por qué:

Al montar un nuevo caso plagado de mentiras, de testimonios que solamente han tenido lugar en la cabeza de algún “investigador” con pésima redacción, las autoridades demuestran que el “caso Andino” pende de un hilo, necesitando un nuevo “show” judicial. El montaje se está develando, lo cual dejará en vergüenza a diversas figuras públicas y políticas que aseguraron la culpabilidad de los jóvenes acusados de pertenecer al MRP y de perpetuar un acto atroz.

Entonces diremos: Maldito sea el día en que los viejos condenaron a nuestra juventud, la encerraron y la persiguieron solamente por pensar; que venga el día en que la fuerza renovada de un pueblo sometido al malvivir pueda, de la mano de los jóvenes, construir una nación digna, sin niños con hambre, sin más falsos positivos, sin senadores y concejales que compren votos, en fin a una paz real.


A mi hermana y a los amigos que me he cruzado a lo largo de mi vida les extiendo mi cariño, en donde estén los acompaño, de esta situación salimos apelando a la cadena de afectos que nos protege de la muerte, como concluye uno de nuestros textos preferidos quiero concluir yo para ti Violeta, así, sin alias y con todo mi amor:

 

“También esta noche, tierra, permaneciste firme.

Y ahora renaces a mí alrededor

Y alientas otra vez en mí

La aspiración de luchar sin descanso

Por una altísima existencia.”

Goethe

 

Publicado enColombia
Martes, 26 Junio 2018 05:59

Pistolas Taser: electricidad letal

Pistolas Taser: electricidad letal

Los Mossos ya han comenzado a utilizar las pistolas eléctricas a pesar de que algunas entidades como Amnistía Internacional o Stop Taser advierten de sus peligros. La Directa lo explica en #DocsDirecta.

 

Más de 700 personas han muerto desde 2001 en Estados Unidos después de recibir descargas de pistolas eléctricas tipo Taser, según cifras facilitadas por Amnistía Internacional. Los datos, sin embargo, no han podido frenar que, después de una primera fase de pruebas, las pistolas de descargas eléctricas hayan llegado –a pesar de la polémica y después de un discreto debate parlamentario– a Cataluña.


“Se tendrían que equiparar a las armas de fuego por su potencial lesivo”. Así define Adriana Ribas, coordinadora de Amnistía Internacional Cataluña, las pistolas eléctricas. En cambio, para Josep Miquel Milagros, de la Unión Sindical de la Policía Autonómica de Cataluña (USPAC), “es una arma no letal”, asegura. “Esto tiene que quedar muy claro”, reitera el portavoz.


El polémico debate sobre la inclusión de estas armas en Cataluña viene de una reivindicación sindical de años de los Mossos d'Esquadra. Hasta ahora, sólo las podían usar algunas policías locales. Los Mossos aseguran que las necesitan porque así tendrían algo intermedio entre las armas de fuego y las porras. Añaden que esto les serviría para poder hacer detenciones sin tener que utilizar las contenciones mecánicas o el cuerpo a cuerpo.


De hecho, una de las cuestiones que más preocupa a entidades como Amnistía Internacional, Stop Taser o Irídia es que las Taser, por el potencial lesivo que tienen, no se están equiparando a las armas de fuego. Se trata de una recomendación que el Comité Europeo Contra la Tortura ha hecho a países como el Reino Unido, equiparándolas en su legislación a una arma de fuego. En Cataluña, a pesar de las recomendaciones de las entidades, esto no se ha hecho.
Armas para torturar y maltratar


Desde el Síndic de Greuges, siguiendo las recomendaciones del Comité para la Prevención de la Tortura del Consejo de Europa y de la Comisión Contra la Tortura de las Naciones Unidas, recomiendan que no se usen nunca estas armas contra colectivos vulnerables. Esto incluye menores de edad, mujeres embarazadas y personas con cardiopatías. “¿Cómo sabe el agente de policía si una mujer está embarazada de pocos meses, si un joven tiene 17 o 19 años o si una persona tiene una cardiopatía?”, cuestiona Jaume Saura, adjunto al Síndic. Para Andrés G. Berrio, abogado de Irídia y miembro de Stop Taser, el principal problema radica en que “el policía no sabe cuál es la condición de la persona que soportará que le disparen con una Taser”. Por eso denuncia que no se están preparando protocolos de prevención suficientes y que, por lo tanto, el uso de las Taser puede acabar provocando efectos letales.


Las armas de electroshock se utilizan internacionalmente para cometer tortura y maltrato porque dejan poca marca física. Otra de las preocupaciones de las entidades es que el grupo de trabajo del Parlamento no especificó la prohibición de usarlas contra personas bajo custodia, como en comisarías. Sí que ha prohibido el uso en centros penitenciarios. Los acuerdos se tomaron en el grupo de trabajo de la cámara catalana el julio de 2016.


La principal discrepancia entre el Departamento de Interior y las entidades es el uso de pistolas eléctricas sobre personas que se encuentran en estado psicótico, ya sea por una patología o por encontrarse bajo los efectos de sustancias como el alcohol o las drogas, porque pueden no ser capaces de entender una orden. “Esta situación puede hacer que tengan más propensión a una consecuencia negativa por el hecho de la descarga”, asegura Saura. En cambio, desde el cuerpo de Mossos les reconocen que “este es el perfil para el que están pensadas estas armas”. Lo ejemplifican con el caso de Juan Andrés Benítez, muerto a manos de los Mossos d'Esquadra el octubre de 2013, después de ser reducido.


Cámaras, desfibriladores y confeti de colores


“Si un agente tiene que disparar una arma de fuego es muy posible que se lo piense dos veces, en cambio con una arma eléctrica quizás tenga más facilidad o esté más predispuesto”, cuestiona Saura. La clave, según Adriana Ribas, coordinadora de Amnistía Internacional, es que el número de pistolas eléctricas esté limitado y sea obligatoria una formación para conocer “el potencial lesivo”. Desde USPAC, sin embargo, reclaman que todas las patrullas estén dotadas de este armamento.
La legislación aprobada en el Parlamento dice que sólo las utilizarán jefes de área de servicio de los Mossos d'Esquadra, caporales con un rango específico. Por lo tanto, habrá un número concreto de pistolas, unas 130, que podrán utilizar ciertos agentes con una formación concreta. Llevarán una cámara en la solapa que grabará la actuación en vídeo, cada vehículo de la unidad policial incluirá un desfibrilador, por si la persona que recibe la descarga eléctrica tiene un paro cardíaco, y cada pistola tiene un número de serie que sale disparado en forma de confeti de colores que determina el lugar donde se ha producido la actuación.


Cómo ya avanzó la Directa, con el subterfugio “dispositivos conductores de energía” se escondió una de las licitaciones más polémicas del 2017, la de las pistolas Taser. La suculenta partida de 706.473 euros fue para la empresa Eurodistribución de Sistemas España, presidida por Andrés Manuel Soler. Se trata de 134 dispositivos que se distribuirán al conjunto de Áreas Básicas Policiales, es decir, a todas las comisarías comarcales y subcomarcales, así como a las de los diez distritos de Barcelona. También se destinarán algunas a las unidades de orden público. La partida incluye dispositivos de grabación de imagen y sonido, así como 11.000 cartuchos.

 

Por Sònia Calvó Carrió
La Directa

publicado
2018-06-25 13:41:00

fuente
Este artículo se ha publicado originalmente en la Directa.

Publicado enSociedad
Jueves, 26 Abril 2018 06:11

¿Qué sucede realmente en Nicaragua?

¿Qué sucede realmente en Nicaragua?

La historia cambia a conveniencia de quienes la gobiernan. Por eso es importante contextualizar a nivel internacional las causas que actualmente han llevado a estudiantes de distintas universidades del país a salir a las calles para reclamar sus derechos y por qué la Policía Nacional los está matando.

Luego que el Frente Sandinista de Liberación Nacional, FSLN, perdió las elecciones presidenciales de 1990, en un entorno de guerra y extrema pobreza en el país, este partido comenzó a fragmentarse, las diferencias internas causaron que muchos dirigentes e intelectuales que lucharon contra la dictadura somocista se salieran de las bases del Frente. Durante la década de los noventa el Partido desarrolló una lucha constante contra los gobiernos neoliberales, quienes entre su corrupción e inoperancia de gobernación no sacaron al país de la pobreza.


En 2007 Daniel Ortega, presidente del FSLN regresó al poder, la población necesitaba un cambio y creyeron que utilizando los símbolos de la revolución nacional podían encontrar un refugio y crear cambios positivos para el país. Al menos así fue el discurso de Ortega y su esposa Rosario Murillo, quienes hasta la fecha han gobernado a su conveniencia. Ambos se apropiaron de la simbología del sandinismo para crear bases sólidas en distintos sectores de la población. Su poder incrementó hasta desestabilizar a todo tipo de oposición. Entre ellos, diferentes grupos universitarios que se han manifestado por las acciones contradictorias de este gobierno mal llamado sandinista.


Los símbolos y discursos del gobierno se acrecentaron con los años. Rosario Murillo comenzó a promover un discurso de paz, amor y solidaridad desde una óptica homogénea que, para ella, su familia y un grupo de seguidores selectos consideraron como los símbolos de esta nueva etapa sandinista. Son estos los símbolos que hoy se esparcen por todas las calles del país con el objetivo de crear una presencia omnipresente y autoritaria, como por ejemplo los árboles de la vida (árboles de metal de 17 y 21 metros de largo y un ancho de hojas de 13 metros por 9, en material de acero, 7 toneladas de peso y 15 mil bombillos tipo led por árbol) y los mega rótulos con las imágenes de sus autoridades, los mismos contra los que la población ha canalizado su descontento en las manifestaciones recientes, en un intento de destruir los símbolos de este gobierno disque sandinista de la última década. Desde la cúpula de poder también se ha promovido un discurso tergiversado sobre las causas por las que los primeros sandinistas lucharon, actualmente dejadas en el olvido y la manipulación propagandística.


Por eso es importante aclarar que el pueblo nicaragüense actualmente no está peleando contra aquel partido sandinista que una vez puso a Nicaragua en la discusión mundial, tampoco se pelea contra una Juventud Sandinista que organizó una de las mejores cruzadas de alfabetización en la historia contemporánea. Tampoco se lucha en contra de los errores de la guerra que se cometieron durante la generación de los años 80, junto con sus dirigentes. ¿Por qué lucha hoy, entonces, el pueblo nicaragüense?


Hoy se lucha contra una familia que utiliza a su conveniencia ese pasado con discursos retorcidos que, más allá de convencer a los ciudadanos por una unidad reconciliatoria, ponen en evidencia sus políticas autoritarias que censuran cualquier tipo de diálogo distinto al de ellos. Este mes de abril de 2018, las problemáticas en Nicaragua se rebalsaron. Las decisiones arbitrarias del presidente Daniel Ortega y la vicepresidente Rosario Murillo han hecho que los estudiantes salgan a las calles pacíficamente a marchar en contra de esos errores. Las autoridades, por su parte, arremetieron con mano de hierro contra los estudiantes pensando que con el miedo iban a silenciarlos, pero más bien provocaron un giro de tuerca que tiene al país en el desenfreno total. El gobierno de Nicaragua ha olvidado las consignas de aquel partido de Carlos Fonseca Amador y los ideales que lograron que muchos países se sumaran a la causa.


Tranquilidad, una palabra que derraman las voces autoritarias que no ponen en práctica sus consignas trasnochadas. Los líderes del país expresan cierto carácter pasivo agresivo. La pregunta es, ¿por qué actuar represivamente cuando las protestas que los estudiantes de la UNI, UNA, UCA, UNAN, UNAN-LEÓN, UPOLI, además de ciudadanos y ciudadanas que no soportan la intolerancia del gobierno nicaragüense, son desestabilizadas por el abuso de poder que se vive en este país?


Esta intranquilidad por los nicaragüenses es un ejemplo, entre muchos, de no aceptar ningún tipo de represión. Almas vacías y mediocres les llamó Rosario Murillo a los estudiantes que han salido a pronunciarse desde hace semanas por las vicisitudes acontecidas en este mes de abril. Sobre todo, porque este 16 de abril de 2018 el gobierno anunció una nueva reforma del Instituto Nacional del Seguro Social que perjudica a la población trabajadora nicaragüense.


En diversos departamentos la población se ha movilizado para visibilizar su malestar, pero la opresión es la misma por la Policía Nacional y las turbas que vestían con camisas blancas llenas de mensajes solidarios, pacíficos y reconciliatorios, y ahora se disfrazan de civiles para sembrar el caos y el terror entre la población. Ellos han organizado a delincuentes que portan cuchillos, tubos, palos, piedras y cada utensilio corto punzante que pueda dañar la integridad de cualquier persona que sale a las calles a reclamar sus derechos como ciudadanos nicaragüenses. Mientras la Policía Nacional protege a delincuentes que desgraciadamente utilizan el nombre de los que una vez realmente fueron la Juventud Sandinista.


El miércoles 18 de abril las marchas autoconvocadas por estudiantes universitarios y demás ciudadanos, en distintas zonas del país, fueron asediadas y amedrentadas por los brazos represivos del Gobierno. La situación nacional se puso más compleja, al punto que diversos medios televisivos fueron censurados para que la población no se enterara de lo que estaba ocurriendo, pero fue demasiado tarde porque el jueves 19 de abril se intensificó la represión y cayeron los primeros estudiantes.


El 20 de abril aumentaron los muertos y las persecuciones a universitarios; muchos están desaparecidos. Los pobladores están encendidos, no duermen; y sus ciudades se consumen entre el incendio y el terror. Pero nadie quiere ser afectado por las autoridades que no permiten a los ciudadanos de distintos rincones del país expresar sus intrínsecos sentimientos de crítica cuando se sienten ofendidos por el despotismo descarado.


La paranoia incrementa y la búsqueda de organización es latente a nivel nacional. Hace tiempo que no se veían manifestaciones fuertes en Nicaragua. Diversos pobladores salen a las calles a cualquier hora. Pensando en esos estudiantes que duermen en casas de desconocidos o en las mismas aulas donde reciben clases para agarrar fuerzas y seguir enfrentándose contra el régimen de los Ortega Murillo. Estudiantes que deberían de estar en clases, aprovechando sus años de adolescencia para crecer y construir sus futuros, pero hoy recuerdan a los muertos que en cinco días han caído por el terror de la injusticia. Se reportan más de 30 muertos. La mayoría eran estudiantes universitarios que participaron en las protestas, civiles, policías, un niño de 15 años y un periodista. También, estos enfrentamientos han dejado a más de 200 personas heridas y varios desaparecidos.


Las autoridades de este país están asustadas al ver a su Policía Nacional desestabilizada, defendiéndose con bombas y gases lacrimógenos, armas de fuego y saqueando armerías porque no esperaban que las generaciones de los mal juzgados millennialstambién pueden construir trincheras de cemento acuerpadas con la fuerza de la ciudadanía y respaldadas por la transmisión en directo de otras manos amigas que se bifurcan en diversas redes sociales. Esos estudiantes han sido apoyados por cada poblador que sale a comprar víveres para dejar en casas de acopios y universidades, porque todas y todos estamos cansados de no poder manifestarnos cívicamente y de vivir en represión.


Por las noches habla la vicepresidente Murillo, infectada con palabras llenas de doble moral, a tratar de tranquilizar las aguas de un país revuelto que busca desterritorializar su discurso vertical. A Ortega le ha costado pronunciarse, está asustado porque este país que él ve como finca se le ha salido de control. Muchos de sus seguidores les han dado la espalda y se han enfilado con el pueblo. El presidente recubre su discurso de falacias descontextualizadas para verse nacional e internacionalmente como una víctima más de la conspiración opositora financiada, según dice él, por organizaciones estadounidenses que desean desestabilizar al gobierno. Es un presidente manipulador que ha puesto al pueblo nicaragüense como delincuente, de la misma manera que una vez Somoza y Moncada le llamaron bandolero a Sandino.


Hay algo podrido en Nicaragua, el cadáver podrido cambia cada cierto tiempo. El cadáver de nuestro presente utiliza el nombre de revolución y sandinismo, pero eso desapareció hace años, junto con la mística socialista. Los estudiantes no quieren imágenes que simbolicen el autoritarismo. En las calles han comprendido el sentido de la vida: instantánea, frágil y absurda.


La gente que sale a las calles incrementa con los días; existen varios puntos de lucha en el Pacífico, Centro y Atlántico del país. Cada estudiante, familia, iglesia, trabajadores de la empresa privada y del estado, y demás ciudadanos apoyan desde sus trincheras, expresando en sus acciones que la diversidad es el arma perfecta para combatir contra la represión cubierta de intolerancia y mediocridad al momento de gobernar.


Frente a las atrocidades que han sucedido este mes de abril y que seguirán creciendo mientras no se dé una solución concreta, los jardines de la cultura seguirán acogiendo almas primaverales que desean y fomentan justicia, crítica y desarrollo. Las palabras causan temor y en Nicaragua los tiranos rápidamente olvidan que la palabra crítica alimenta la mente y las balas disparadas desbaratan cerebros. Por eso, no podemos olvidar que cuando un estudiante muere una madre llora, una familia se desestabiliza y un pueblo grita. La violencia la activó el gobierno, las muertes de estos estudiantes que han defendido sus derechos se debe a la mediocridad de un sistema gubernamental pervertido.


Es complicado responder a la pregunta que se hace el mundo: ¿qué pasa realmente en Nicaragua? El problema no es solamente que el gobierno comunicara el 16 de abril una reforma injusta para los asegurados y que el pasado 22 de abril, fuese revocada para crear una supuesta estabilización en el país, ni que dejara que se quemara una de las reservas naturales más importantes de Centroamérica. Los problemas son varios, como el incremento de la gasolina y la electricidad, la poca inversión a condiciones dignas y de calidad para cualquier estudiante, el temor que provoca una policía que violenta a la población en cada momento del año, robándoles indiscriminadamente. La lista de injusticias aumenta al escuchar las voces de una ciudadanía nicaragüense que no encuentra una opción política que aglutine la pluralidad y diversidad de demandas actuales y dé una respuesta alternativa y coherente frente a estos acontecimientos de abuso, a un gobierno que miente y finge tranquilidad cuando el país se erosiona y se desgasta constante y violentamente.

 

Por Eduardo Flores Arróliga.
Docente de Filosofía, Universidad Centroamericana (UCA), Managua (Nicaragua)

Publicado enInternacional
Psicología, brutalidad policial y construcción de paz en Colombia

La brutalidad policial se está naturalizando en Colombia. El salvajismo, la violencia extrema, la deshumanización y la impunidad con que actúa, gran parte de las veces la Policía Nacional, están llegando a unos niveles sumamente preocupantes por los posibles efectos psicológicos, sociales y antropológicos que pueden llegar a desatar.

Lo que antes solo llegaba a través de fotos, muchas veces tras varios días de haber ocurrido, ahora, servidos de las redes sociales, lo verifican en tiempo real miles de miles, comprobando el actuar violento de los agentes del Estado en contra la población civil indefensa.

Actuar violento que tiene como telón de fondo una sofisticada trama de criminalización de la protesta social que ha llegado a límites extremos como lo sucedido meses atrás en la región de Tumaco, en donde fueron asesinados 9 campesinos que luchaban por el cumplimiento de lo pactado en La Habana sobre sustitución no violenta de cultivos1. O el triste caso del joven Nicolás Neira2, destrozado a golpes a manos de un nutrido grupo de agentes del Esmad3 cuando participaba de una marcha del Primero de Mayo en el año.

Los efectos psico-socio-antropológicos son bastante preocupantes, sobre todo en lo referido a la desaparición lenta de los referentes morales y de la legitimidad de un Estado que se supone protector de los derechos humanos. Cuando esto sucede se abren las puertas para todo tipo de violencias e impunidades y, al mismo tiempo, se cierran las posibilidades de construcción de una paz estable y duradera pues, quiérase o no, la violencia estatal da lugar a múltiples reacciones.

Dicha estrategia estatal de brutalidad policial, hace parte de las modalidades de guerra psicológica para generar miedo colectivo, tortura cotidiana y terror individual-comunitario a través de distintas expresiones de micro-fascismos, instaladas al interior de la Policía Nacional y de las Fuerzas Armadas.

El proceso de tortura psicológica con la población inicia con el desprecio y la humillación verbal. Le siguen empujones, requisas indignantes, detenciones arbitrarias y tratos inhumanos de diversa índole. Finalmente, viene el uso brutal de la fuerza física con la ayuda de instrumentos estatales como las motocicletas, patrullas y camiones blindados, con los que se embiste a la población. Por supuesto, allí también se usan armas legales –estatales– para disparar gases lacrimógenos y fusiles de largo alcance, como si se tratará de una ofensiva militar contra un enemigo externo.

Estamos ante todo un proceso formativo, con el cual han construido un delicado proceso de deshumanización: el policía no ve al ciudadano como persona, lo ve como enemigo, como objetivo a ser eliminado. Es común ver grabaciones donde los agentes disfrutan su labor de violentar y reprimir con el uso excesivo de la fuerza. A mayor violencia, mayor sentimiento del deber cumplido.

Desde la psicología pueden implementarse algunas estrategias para desmontar esta política estatal atroz y contribuir con la paz, que tanto necesita el pueblo colombiano. Veamos algunas posibilidades:

Es urgente desarrollar procesos investigativos transdisciplinarios que permitan comprender la estructuración psico-socio-antropológica de la deshumanización, llevada a cabo con agentes de la Policía Nacional. Desinstalar la brutalidad implica tener una propuesta concreta de rehumanización para los agentes policiales, en su visión de sí mismos, que ellos se conciban como servidores y vean la población como objetivo de su servicio.

Impulsar una campaña nacional de prevención psicosocial hacía la desmilitarización y desparamilitarización de la vida cotidiana. Aquí debe incluirse la desvinculación de los niños y los jóvenes del conflicto armado, tal como sucede cuando se disfraza a un niño de policía o militar. Lo mismo pasa con el uso de material bélico para campañas publicitarias dirigidas a los jóvenes, tal como sucedió con el cantante vallenato Silvestre Dangond en una de sus giras nacionales.
Otra tarea urgente para la Psicología tiene que ver con su decidido compromiso de lucha ética contra cualquier forma de tortura psicológica. De tal tenor es la detención arbitraria de alguien, mediante exceso de fuerza, aislarlo sin derecho a alimento o cobija; insultarle y asustarle con amenazas o golpes físicos. También es una tortura psicológica para la familia del detenido que queda en un limbo informativo construido por la propia Policía, para dificultar la ubicación y condiciones de la detención. Un ejemplo de primera mano sucedió durante el encuentro de Psicólogas y Psicólogos por la Paz, celebrado en Bogotá en junio de 2017, uno de los psicólogos participantes fue agredido por dos agentes de policía. Durante el altercado, el colega fue acusado de “alto grado de exaltación”, y conducido en por varios CAI con el fin de dificultar el seguimiento que inmediatamente se inició por parte de sus compañeros. El colega narró posteriormente una experiencia de terror ya que fue testigo de la violencia que los agentes ejercían sobre los “habitantes de calle”, jóvenes indocumentados o borrachos caídos en las redadas.

Acompañamiento decidido y valiente a las víctimas de brutalidad y tortura psicológica por entes policiales. Sistematizar las experiencias exitosas de acompañamiento psicosocial. Evaluar la experiencia de éxito para decodificar los elementos que la componen para incluirlos en los procesos de formación psicológica, adaptada a las realidades nacionales, como lo expresa la investigación que dio lugar al libro La Psicología como engaño4.

Todo el saber de la Psicología ser dispuesta a favor de este tipo de propósitos. Desnaturalizar la violencia y la brutalidad y vivenciar la confianza en los otros. Des-incorporar el gusto con el sufrimiento del propio hermano e inventar nuevas formas de amar, valorar y cuidar a los demás.

Esa nueva afectividad política implica desarrollar una nueva ética despatriarcal y antimachista. Una nueva pedagogía de reconocimiento efectivo de los otros como hermanas y hermanos luchadores. Una nueva psicología despatoligizante, colectiva, comunitaria y política. La brutalidad policial no es una enfermedad de quienes la practican. Es una construcción social fríamente diseñada e implementada en el cuerpo y el corazón de seres humanos que tenían la posibilidad de ser algo distinto.

La construcción de la paz en Colombia es algo que va más allá de los acuerdos con la insurgencia. Básicamente significa negarnos a seguir siendo eso que la guerra nos impuso. Supone todo un desmonte de costumbres, valores, creencias, imaginarios, mentiras, impunidades, injusticias, etcétera, producidas al calor de la guerra. La Psicología puede y debe comprometerse con dicho desmontaje y al mismo tiempo puede ayudar desde sus conocimientos a promover otros tipos de subjetividades basadas en la confianza, el respeto, la justicia social, la autonomía afectiva, intelectual y relacional.

 

* Director www.catedralibremartinbaro.org
1 https://www.telesurtv.net/news/Nueve-campesinos-muertos-y-18-heridos-en-Tumaco-Colombia-20171005-0068.html
2 https://www.colectivodeabogados.org/?10-anos-del-asesinato-de-Nicolas-Neira-Entrevista-a-Yuri-Neira
3 https://www.elespectador.com/opinion/esmad-columna-698823

 
4 Disponible de libre acceso en: www.catedralibremartinbaro.o

Publicado enColombia
Página 1 de 9