La importancia de llamar las cosas por su nombre

Es claro que la carta de Iván Márquez y Oscar Montero, dirigida a la Comisión de Paz del Senado y fechada el 22 de septiembre, no recibió la atención que merecía. Y no por sus graves denuncias o sus afirmaciones desconsoladoras en relación con la burla a que ha sido sometido el Acuerdo de Paz, cosas que casi todo el mundo sabía, sino porque marca una gruesa línea divisoria en la trágica historia de esta ilusión de “posconflicto” y paz.

 

La carta nos presenta una imagen descarnada de lo que fue la última etapa de la negociación y de lo que se ha conocido como implementación de los acuerdos, incluyendo el gobierno de Santos, aspecto éste de la mayor importancia pues referirse a la política del actual gobierno, enteramente previsible, tiene poco sentido; al contrario, lo que la carta nos invita a preguntarnos es cómo fue posible que el país votara en su mayoría por semejante mandato. Es cierto que termina haciendo un llamado, no exento de desesperación, a salvar el Acuerdo de Paz, y que da a entender que de ninguna manera volverían a empuñar las armas, pero deja en claro que estamos frente a un verdadero fracaso, así, con todas sus letras, lo cual debe preocupar no tanto a ellos mismos como excombatientes, sino al resto del país. Se trata de la reacción unánime del establecimiento en contra de lo que se nos hizo pensar era el cierre histórico de una larga etapa de nuestra existencia como sociedad.

 

En efecto, la reacción ha provenido no solamente del actual Ejecutivo y el partido gobernante, el Centro Democrático, abanderado desde el principio de una cerrada oposición, sino del legislativo, mayoritariamente comprometido con el desmantelamiento del Acuerdo, así como del poder judicial, manipulado por el retorcido Fiscal, incluyendo las altas Cortes. La verdad es que todos los círculos del poder económico y social, oscilaron, desde el principio, entre el ataque desembozado y la aceptación tibia; prevalidos de su control sobre los medios masivos de comunicación, lograron imponer su propia versión que no era otra que la fórmula de rendición en la forma sibilina de “sometimiento a la justicia” encubierta bajo una hipócrita reivindicación de los “derechos de las víctimas”. No se trata solamente de las alternativas políticas y de vida que se ofrecieron para las antiguas Farc. La carta señala, de manera franca y sencilla, que ni la Justicia especial y transicional se orientó a lograr una generalizada rendición de cuentas, ni puede esperarse del mecanismo de conjunto adoptado un asomo de verdad. Nada, pues, que pudiera parecerse a un balance histórico, punto de partida de una promisoria nueva etapa.
Márquez y Montero, ubican la “falla estructural” en la decisión prematura de dejar las armas, única garantía de cumplimiento. Una explicación válida, sin duda, desde el punto de vista operativo, pero insuficiente en términos políticos. El interrogante angustioso que ahora nos asalta es saber si, en verdad, existían condiciones históricas para un acuerdo de terminación del conflicto armado. Ayer con las Farc y hoy con el Eln. Nos hemos acostumbrado, en los últimos tiempos, a pensar con el deseo. Es cierto que en Colombia no existe ya una situación de guerra revolucionaria, pero de ahí a pensar que tal constatación basta para dar por terminado un conflicto enraizado en la dinámica social y política hay un larguísimo trecho. Las relaciones de poder que lo propiciaron continúan vigentes. Es ahí donde parece encontrarse una profunda equivocación. Siempre se pensó que el calado de las transformaciones sociales, económicas y políticas indispensables dependía de la propia negociación y de la correlación de fuerzas allí expresada. No pocos han insistido en que no es mucho lo que se podía esperar y que era de un insensato maximalismo andar exigiendo imposibles. Ello se repite ahora en relación con el Eln. Pero el orden de los factores es tal vez al contrario. Tampoco podía ni puede confiarse el resultado de las negociaciones a un acto de fe en el establecimiento, en el que lo que hace falta son pruebas de voluntad de paz de parte y parte. Lo que han demostrado los acontecimientos es que mientras se mantengan intactas las relaciones de poder, basadas en relaciones socioeconómicas bastante conocidas y confirmadas una y otra vez en el sistemático plan de exterminio de líderes y liderezas sociales, es una ilusión acariciar la idea de un borrón y cuenta nueva.

 

Para algunos se trata solamente de una fracción dominante, especialmente violenta y derechista encarnada en el uribismo, confiando en la existencia de una burguesía democrática y nacionalista, o por lo menos sensata, que la pudiera poner en su sitio. La verdad es que la cúpula financiera que detenta la hegemonía, una vez más demuestra que no tiene ningún escrúpulo en sostenerla, en aras de conservar el status quo. Es lo que se expresa en el gobierno de Duque. No sólo abandonan la pretensión de surtir algunas modificaciones en el orden rural; no sólo incumplen las ofertas para los excombatientes, sino que buscan una brutal y sórdida venganza.

 

A propósito de lo cual, es encomiable la posición de numerosas personas que insisten en las bondades de la paz, como si ello bastara para crear un clima de opinión favorable a los acuerdos logrados y por concertar. No pocos insisten, incluso, y en una sobreestimación de los aspectos culturales, en que, siendo el conflicto un resultado de la intolerancia, se trata de exigir el respeto por las diferencias y en llamar, como si estuviésemos en una nueva época, al perdón y la reconciliación. Es encomiable pero equivocado. Esta carta nos llama la atención sobre un hecho doloroso pero incontrovertible: la negociación y el verdadero acuerdo no constituyen un punto de partida sino un punto de llegada.

 

En este orden de ideas no queda otra cosa que persistir en el esfuerzo de modificar las relaciones de poder existentes. Desde el movimiento social y político. No puede ser – queda claramente establecido– un resultado de negociaciones en el conflicto armado. Y cabe una advertencia: lo peor de la política del actual gobierno no es su empeño en volver trizas el Acuerdo, expresión que se volvió popular y nos ha llevado equivocadamente al terreno de rescatar lo bueno que se encuentre entre las trizas. Lo peor es que así, coloca al movimiento popular en la tarea única y obsesiva de tratar de defender el Acuerdo de Paz; mientras tanto, continúa con su programa de fondo. Opera como un distractor. La verdad es que Duque no se dedica simplemente a destrozar lo hecho por Santos; su intención no es simplemente reactiva sino claramente propositiva; lo que busca es crear las condiciones para facilitar el despliegue del viejo modelo económico y político. Incluso en lo que parece simple corrección de las reformas acordadas, por ejemplo en materia institucional, política y judicial. Va más hacia adelante. En este sentido, aquello que reclamamos como la tarea indispensable en relación con las aspiraciones de solución política del conflicto armado, la modificación de las relaciones de poder, se identifica nítidamente con las exigencias de la coyuntura.

 

Un desafío es fundamental. Como es bien sabido, el movimiento social colombiano se ha levantado en los últimos años en un ámbito territorial, en resistencia frente a las amenazas y desastres de lo que conocemos como modelo extractivista. Es en ese ámbito en el que el establecimiento busca remover las trabas institucionales que se le han venido presentando. Trabas que se han convertido, a su vez, en instrumento y objetivo de la resistencia popular. Un ejemplo es el reciente y funesto fallo de la Corte Constitucional con respecto a las Consultas Populares. A todo ello se agregan las amenazas que se ciernen sobre las condiciones de vida en general, por ejemplo en materia tributaria o sobre el sistema pensional.

 

En estas circunstancias, no cabe duda, entonces, que el movimiento popular está obligado a replantear la dinámica institucionalista que ha adoptado en los últimos tiempos. No es fácil pero hay que intentarlo. Quizás haya que empezar por entender que las instituciones no son un medio sino un blanco. Hay que cambiarlas a golpes de realidad. No nos va a llegar de la paz o de una aparente democracia participativa. Pero hay que entenderlo y asumirlo; hay que remover los hábitos consagrados. Tal vez convenga recordar el eslogan de una antigua revista: “atreverse a pensar es empezar a luchar”.

 

Edición completa desdeabajo Nº 251, octubre 20 - noviembre 20 de 2018

https://www.desdeabajo.info/ediciones/itemlist/category/345-edicion-n-251.html

 

 

Publicado enColombia
La importancia de llamar las cosas por su nombre

Es claro que la carta de Iván Márquez y Oscar Montero, dirigida a la Comisión de Paz del Senado y fechada el 22 de septiembre, no recibió la atención que merecía. Y no por sus graves denuncias o sus afirmaciones desconsoladoras en relación con la burla a que ha sido sometido el Acuerdo de Paz, cosas que casi todo el mundo sabía, sino porque marca una gruesa línea divisoria en la trágica historia de esta ilusión de “posconflicto” y paz.

 

La carta nos presenta una imagen descarnada de lo que fue la última etapa de la negociación y de lo que se ha conocido como implementación de los acuerdos, incluyendo el gobierno de Santos, aspecto éste de la mayor importancia pues referirse a la política del actual gobierno, enteramente previsible, tiene poco sentido; al contrario, lo que la carta nos invita a preguntarnos es cómo fue posible que el país votara en su mayoría por semejante mandato. Es cierto que termina haciendo un llamado, no exento de desesperación, a salvar el Acuerdo de Paz, y que da a entender que de ninguna manera volverían a empuñar las armas, pero deja en claro que estamos frente a un verdadero fracaso, así, con todas sus letras, lo cual debe preocupar no tanto a ellos mismos como excombatientes, sino al resto del país. Se trata de la reacción unánime del establecimiento en contra de lo que se nos hizo pensar era el cierre histórico de una larga etapa de nuestra existencia como sociedad.

 

En efecto, la reacción ha provenido no solamente del actual Ejecutivo y el partido gobernante, el Centro Democrático, abanderado desde el principio de una cerrada oposición, sino del legislativo, mayoritariamente comprometido con el desmantelamiento del Acuerdo, así como del poder judicial, manipulado por el retorcido Fiscal, incluyendo las altas Cortes. La verdad es que todos los círculos del poder económico y social, oscilaron, desde el principio, entre el ataque desembozado y la aceptación tibia; prevalidos de su control sobre los medios masivos de comunicación, lograron imponer su propia versión que no era otra que la fórmula de rendición en la forma sibilina de “sometimiento a la justicia” encubierta bajo una hipócrita reivindicación de los “derechos de las víctimas”. No se trata solamente de las alternativas políticas y de vida que se ofrecieron para las antiguas Farc. La carta señala, de manera franca y sencilla, que ni la Justicia especial y transicional se orientó a lograr una generalizada rendición de cuentas, ni puede esperarse del mecanismo de conjunto adoptado un asomo de verdad. Nada, pues, que pudiera parecerse a un balance histórico, punto de partida de una promisoria nueva etapa.
Márquez y Montero, ubican la “falla estructural” en la decisión prematura de dejar las armas, única garantía de cumplimiento. Una explicación válida, sin duda, desde el punto de vista operativo, pero insuficiente en términos políticos. El interrogante angustioso que ahora nos asalta es saber si, en verdad, existían condiciones históricas para un acuerdo de terminación del conflicto armado. Ayer con las Farc y hoy con el Eln. Nos hemos acostumbrado, en los últimos tiempos, a pensar con el deseo. Es cierto que en Colombia no existe ya una situación de guerra revolucionaria, pero de ahí a pensar que tal constatación basta para dar por terminado un conflicto enraizado en la dinámica social y política hay un larguísimo trecho. Las relaciones de poder que lo propiciaron continúan vigentes. Es ahí donde parece encontrarse una profunda equivocación. Siempre se pensó que el calado de las transformaciones sociales, económicas y políticas indispensables dependía de la propia negociación y de la correlación de fuerzas allí expresada. No pocos han insistido en que no es mucho lo que se podía esperar y que era de un insensato maximalismo andar exigiendo imposibles. Ello se repite ahora en relación con el Eln. Pero el orden de los factores es tal vez al contrario. Tampoco podía ni puede confiarse el resultado de las negociaciones a un acto de fe en el establecimiento, en el que lo que hace falta son pruebas de voluntad de paz de parte y parte. Lo que han demostrado los acontecimientos es que mientras se mantengan intactas las relaciones de poder, basadas en relaciones socioeconómicas bastante conocidas y confirmadas una y otra vez en el sistemático plan de exterminio de líderes y liderezas sociales, es una ilusión acariciar la idea de un borrón y cuenta nueva.

 

Para algunos se trata solamente de una fracción dominante, especialmente violenta y derechista encarnada en el uribismo, confiando en la existencia de una burguesía democrática y nacionalista, o por lo menos sensata, que la pudiera poner en su sitio. La verdad es que la cúpula financiera que detenta la hegemonía, una vez más demuestra que no tiene ningún escrúpulo en sostenerla, en aras de conservar el status quo. Es lo que se expresa en el gobierno de Duque. No sólo abandonan la pretensión de surtir algunas modificaciones en el orden rural; no sólo incumplen las ofertas para los excombatientes, sino que buscan una brutal y sórdida venganza.

 

A propósito de lo cual, es encomiable la posición de numerosas personas que insisten en las bondades de la paz, como si ello bastara para crear un clima de opinión favorable a los acuerdos logrados y por concertar. No pocos insisten, incluso, y en una sobreestimación de los aspectos culturales, en que, siendo el conflicto un resultado de la intolerancia, se trata de exigir el respeto por las diferencias y en llamar, como si estuviésemos en una nueva época, al perdón y la reconciliación. Es encomiable pero equivocado. Esta carta nos llama la atención sobre un hecho doloroso pero incontrovertible: la negociación y el verdadero acuerdo no constituyen un punto de partida sino un punto de llegada.

 

En este orden de ideas no queda otra cosa que persistir en el esfuerzo de modificar las relaciones de poder existentes. Desde el movimiento social y político. No puede ser – queda claramente establecido– un resultado de negociaciones en el conflicto armado. Y cabe una advertencia: lo peor de la política del actual gobierno no es su empeño en volver trizas el Acuerdo, expresión que se volvió popular y nos ha llevado equivocadamente al terreno de rescatar lo bueno que se encuentre entre las trizas. Lo peor es que así, coloca al movimiento popular en la tarea única y obsesiva de tratar de defender el Acuerdo de Paz; mientras tanto, continúa con su programa de fondo. Opera como un distractor. La verdad es que Duque no se dedica simplemente a destrozar lo hecho por Santos; su intención no es simplemente reactiva sino claramente propositiva; lo que busca es crear las condiciones para facilitar el despliegue del viejo modelo económico y político. Incluso en lo que parece simple corrección de las reformas acordadas, por ejemplo en materia institucional, política y judicial. Va más hacia adelante. En este sentido, aquello que reclamamos como la tarea indispensable en relación con las aspiraciones de solución política del conflicto armado, la modificación de las relaciones de poder, se identifica nítidamente con las exigencias de la coyuntura.

 

Un desafío es fundamental. Como es bien sabido, el movimiento social colombiano se ha levantado en los últimos años en un ámbito territorial, en resistencia frente a las amenazas y desastres de lo que conocemos como modelo extractivista. Es en ese ámbito en el que el establecimiento busca remover las trabas institucionales que se le han venido presentando. Trabas que se han convertido, a su vez, en instrumento y objetivo de la resistencia popular. Un ejemplo es el reciente y funesto fallo de la Corte Constitucional con respecto a las Consultas Populares. A todo ello se agregan las amenazas que se ciernen sobre las condiciones de vida en general, por ejemplo en materia tributaria o sobre el sistema pensional.

 

En estas circunstancias, no cabe duda, entonces, que el movimiento popular está obligado a replantear la dinámica institucionalista que ha adoptado en los últimos tiempos. No es fácil pero hay que intentarlo. Quizás haya que empezar por entender que las instituciones no son un medio sino un blanco. Hay que cambiarlas a golpes de realidad. No nos va a llegar de la paz o de una aparente democracia participativa. Pero hay que entenderlo y asumirlo; hay que remover los hábitos consagrados. Tal vez convenga recordar el eslogan de una antigua revista: “atreverse a pensar es empezar a luchar”.

Publicado enEdición Nº251
Cruz Roja advierte de que el acuerdo de paz en Colombia no bastará para acabar con la violencia

El Comité Internacional de la organización pide un mayor esfuerzo en materia humanitaria


En Colombia todavía no se puede hablar de posconflicto. A pesar de la firma del acuerdo de paz, la población civil, sobre todo de las zonas más pobres e históricamente marginadas, sigue sufriendo el drama de los familiares desaparecidos, el miedo a los restos de explosivos que siguen regados por sus caminos y la violencia armada en zonas controladas por grupos irregulares. El panorama es puesto sobre la mesa por el Comité Internacional de la Cruz Roja en Colombia en su informe anual sobre la situación humanitaria en este país, en donde el durante el 2016 el organismo detectó al menos 838 infracciones al Derecho Internacional Humanitario.

Christoph Harnisch, jefe de la delegación, reconoce el momento histórico que está viviendo Colombia tras la salida de las FARC del conflicto armado, pero subraya la preocupación por otros fenómenos que obstaculizan un proceso de paz completo en el país. “La firma del acuerdo de paz no será suficiente para acabar con la violencia en Colombia”, repite al señalar que 18.671 personas fueron afectadas por el incumplimiento de normas humanitarias el año pasado. De estas, el 40% se trató de mujeres y mejores y tuvieron como escenario los departamentos que durante décadas han sido violentadas. Chocó, Antioquia, Norte de Santander y Caquetá aparecen marcadas en el mapa en rojo. Desplazamiento, violencia sexual, tortura, homicidios en personas protegidas. “Todavía no se ha visto el beneficio de la implementación del Acuerdo de Paz en varias zonas del país. Colombia debe aceptar esta realidad”, reflexiona Harnisch. Para la CICR, la reconfiguración de otros actores armados marca una geografía de violencia cambiante y llena de incertidumbres. Preocupa la muerte de líderes sindicales, que, según cifras de organizaciones no gubernamentales, supera los 74 desde el año pasado. “Nos preocupa el contexto de miedo en el que se vive en algunas zonas. Todavía no se puede hablar de paz”, dice.


Los enfrentamientos entre fuerzas estatales y grupos armados, además de las acciones de los ‘combos’ y pandillas, ponen en evidencia, dice el informe, “que mantener la promesa de la paz será un camino largo durante el 2017”. El Chocó aparece como una de las regiones que más requiere atención. Los espacios que han sido desocupados por las FARC empiezan a ser invadidos por otros grupos armados. Es una población que además vive la tragedia de estar sola, casi desamparada. Sus fuentes de agua están contaminadas por la minería, tiene pocas alternativas frente a la producción de droga, sufre de hambre, padece de enfermedades, camina por senderos contaminados de explosivos. El jefe del CICR en Colombia llama la atención sobre la importancia de no dejar esos territorios olvidados. “Lo importante no son solo las zonas veredales, a donde llegan las FARC, sino también las que dejan. ¿Qué va a pasar allí?”, pregunta.


Las cifras alertan. En 2016, 29 personas fueron registradas como desaparecidas por día (10.610 en total), pero podría ser mayor porque en muchos casos las familias no tuvieron acceso a las autoridades o el temor de denunciar las silenció. Con la campaña #Aquífaltaalguien, el organismo internacional ha acompañado a personas que buscan a sus desaparecidos. En un año fueron recuperados y entregados 17 cuerpos, 230 familias recibieron apoyo sicológico, 36 pudieron reencontrarse con parientes de los que no tenían señales, además 460 bóvedas comenzaron a utilizarse en el cementerio de Buenaventura para sepultar los cuerpos de personas no identificadas. “Aún queda mucho trabajo por delante”, advierte el CICR, que también toca el doloroso capítulo de la violencia sexual.Con el trabajo de campo constataron que hay un elevado desconocimiento entre las víctimas sobre cómo reaccionar ante una violación. “Existen pocas denuncias como consecuencia de la falta de un ambiente protector y confidencial que brinde garantías a las víctimas para buscar apoyo, pero además es un reflejo del elevado índice en materia judicial”, se lee en el informe.


La CICR insiste en que aún queda un largo camino por recorrer y que poco se podrá avanzar si no se atiende y se pone freno a la constante violación de derechos humanos que persiste. “Nos preocupa la vinculación de menores de edad y la violencia sexual en zonas afectadas por la violencia armada”, reitera Christoph Harnisch.

Publicado enColombia
Culminó el primer Foro Nacional Financiero por la Paz de la Uneb.   Ideas, posiciones, aprendizajes.

Son 260.000 asesinatos, 45.000 desaparecidos, 6.8 millones de desplazados, 2.800 sindicalistas asesinados, infinidad de robos, torturas, violaciones, los que obligan a frenar el conflicto armado en Colombia. La manifiesta corresponsabilidad en esta tragedia por parte del sistema financiero colombiano obliga a pensar en soluciones desde el mismo sector que antes que víctima ha sido victimario por su activo papel en el empobrecimiento y sometimiento de la ciudadanía al capital financiero, así como por su activa labor en pro de la acumulación y el incremento de la desigualdad en el país. El Primer Foro Financiero por la Paz convocado por la Uneb, valioso escenario para el intercambio de ideas y posiciones de actores que conciben de forma diferente el desenvolvimiento del sector financiero en el post acuerdo.

 

 

Entre los días 19 y 20 de mayo se llevó a cabo el Primer Foro Nacional Financiero por la Paz en Bogotá. En el centro de convenciones G12 se reunieron líderes de sindicatos, de cooperativas, representantes de ONG's, ministros, parlamentarios, analistas políticos y académicos, para reflexionar en torno a la consecución y la construcción de la paz en Colombia. Alrededor de mil, fueron los participantes en el evento.

 

La Unión Nacional de Empleados Bancarios (Uneb) convocó este foro en búsqueda de consolidar otro escenario en el contexto de sus luchas por “[...] una política pública financiera democrática e incluyente que oriente el ahorro público de manera ‘virtuosa’ hacia el desarrollo sostenible del país, en provecho de los usuarios, promoviendo los derechos de los trabajadores, el bienestar de las familias y una economía fundamentada en los principios de justicia, igualdad y solidaridad”. A partir de la interpretación de las instituciones y del mismo sector financiero como “corresponsables del conflicto colombiano”, el foro buscó generar propuestas orientadas al periodo del post acuerdo en el que se propone un cambio de rol, una participación dinámica y asertiva del sector en el macro proceso social que comenzará a germinar una vez hayan sido pactados los acuerdos.

 

 

Diversos participantes, heterogéneas opiniones.

 

Sofía Trinidad Espinoza Ortiz, presidenta de la Uneb abrió el evento en la mañana del 19 de mayo con la ponencia principal de la jornada. Empezó por endilgar responsabilidades al proceso de financierización: “[...] está correlacionado con el período de mayor conflicto en la época moderna de Colombia. Los efectos generados por este proceso son factores determinantes en la guerra que se ha desarrollado en el país: el quebrantamiento del aparato productivo, los altos índices de intermediación, la exclusión crediticia, la concentración del ingreso, el aumento del desempleo y la pobreza, la exclusión, el alza en los homicidios y la precarización de los mercados de trabajo”.

 

Es por esta responsabilidad manifiesta que, según lo pronunciado por Sofía Espinoza: “En consecuencia, el sector financiero colombiano no puede estar ajeno a las preocupaciones y los retos orientados a lograr que las víctimas del conflicto colombiano conozcan la verdad de lo sucedido, reciban una respuesta o reparación integral y establecer una serie de medidas para garantizar el fin de los atropellos a la dignidad humana y prevenir o evitar que estos se vuelvan a cometer”. Y vincula a esta respuesta un proceso amplio de consulta y participación que debe ser llevado a cabo entre todos los ciudadanos y sectores sociales afectados e involucrados en el sistema financiero.

 

Esa verdad que debe ser conocida implica escandalosas cifras de afectados: ocho millones de víctimas (solo entre 1985 y 2015), 260.000 asesinatos, 45.000 desaparecidos y 6.8 millones de desplazados. A las que se suman el desangre y el sufrimiento de compatriotas producidos por grupos económicos locales y transnacionales, expoliadores de recursos naturales, latifundistas agropecuarios y propietarios del capital financiero.

 

En relación con estos últimos actores, precisó Sofía Espinoza en su intervención: “[...] el proceso de “financiarización” –iniciado en la década de 1970, potenciado por el modelo neoliberal en los años 1980 y consolidado durante la última década del siglo XX– ha contribuido al encumbramiento de la violencia, a debilitar la tasa de inversión productiva y a promover instituciones económicas extractivas, aumentar a la vez, la inflación, el desempleo, la precarización del mercado de trabajo y la flexibilidad laboral; ha conducido, también, a que los ingresos del trabajo progresen menos que las utilidades del capital, a llevar hasta los extremos la concentración de la riqueza y el ingreso, ha obstaculizado la reducción de la pobreza y la exclusión, despojado de sus viviendas a las clases populares y medias, animado la corrupción, la especulación, la cultura mafiosa y el lavado de activos, exacerbando los conflictos sociales, políticos, económicos y ambientales, y, de manera continua, desequilibrado las finanzas públicas y a la vez ha restado recursos a las políticas públicas de carácter social”.

 

Carlos Raúl Yepes, expresidente de Bancolombia, también trajo sus opiniones al foro donde fueron bien recibidas a pesar del perfil empresarial del orador. El empresario es integrante de la Agencia Nacional de Reintegración, del Departamento de Prosperidad Social, miembro de la junta directiva de Reconciliación Colombia, ha sido integrante de la Comisión de Paz e interlocutor en La Habana con los miembros plenipotenciarios de las Farc. Trayendo a colación estas afiliaciones y participaciones, el orador quiso resaltar su interés particular por el desarrollo de temas sociales en el país y su autoridad como exbanquero para hablar de rol del sector financiero en el escenario del post acuerdo.

 

Una de las propuestas de Yepes se basa en la implementación de una “Banca más humana” basada en los valores de respeto y confianza que fundamentaron el proyecto en Bancolombia, banco que limó asperezas con la sociedad interconectándose con los intereses de sus clientes. El esquema de “cobranza digna”, mediante el cual el banco empezó a aproximarse de una manera digna a los clientes para cobrar sus obligaciones, es una de las nuevas formas de esta banca. Los bancos deben tener un mejor trato con los clientes, propender por el crédito a bajos costos, por el desarrollo social, humano, económico, por la reintegración de excombatientes, por el cese de la guerra y por asumir con entusiasmo la nueva era de posibilidades que se abre.

 

A diferencia de Yepes, cooperativizar antes que financierizar fue la propuesta de Oswaldo Gómez Castaño, Gerente General de la Cooperativa Confiar. Señaló en su intervención: “Para el sector cooperativo de ahorro y crédito financiero, es relativamente fácil apostar [...] por el propósito de construir la paz [...] el papel de las cooperativas es servir a la comunidad, promover el ahorro en la ciudadanía y no el endeudamiento irresponsable [...] uno de los problemas más serios del sector financiero son los créditos de consumo que de alguna manera aumenta la capacidad adquisitiva de los/as ciudadanos/as, pero que en últimas no promueve la movilidad social y mucho menos disminuye la brecha social en el país que sigue siendo en América Latina el país más desigual después de Haití”.

 

Gómez Castaño se mostró desconfiado por el rol del sector financiero en el periodo del post acuerdo: “Además nos genera preocupación, cuando de manera insistente [...] los gobernantes de este país –en cabeza del presidente de la República– dicen que el modelo (financiero) no está en discusión. [...] Modelo en el que a partir de una falsa igualdad donde todos los pobres tenemos la posibilidad de acceder a teléfonos celulares –así no tengamos minutos– y no seamos sujetos de derecho a la educación, sino sujetos de créditos para poder estudiar”.

 

Similar posición tuvo la Jefa de Educación de la Cooperativa del Magisterio, Amanda del Socorro Rincón, para quien la alternativa al sector financiero tiene que ver con la cooperativización: “En los últimos 25 años “[...] se ha propuesto la economía solidaria y el cooperativismo en particular como un componente muy importante de la economía, la propiedad, las formas de generar riqueza y satisfacer necesidades, al elevarse al rango constitucional el principio del pluralismo [...] económico; reconociéndose, promoviéndose y protegiéndose institucionalmente tres formas de propiedad: estatal o pública, la privada capitalista y la solidaria o autogestionaria. Años caracterizados también por una expansión notable y una crisis profunda en el subsector de ahorro y crédito financiero [...]el propósito de las organizaciones solidarias del sector financiero [...] es contribuir al desarrollo del ser humano [...] se para la guerra pero el pueblo colombiano sigue con las mismas necesidades y los mismos sufrimientos”.

 

Clara López Obregón, Ministra de Trabajo, también estuvo presente en el evento, portando una elegante chaqueta azul que venía anunciando el distanciamiento discursivo y político de los tintes “amarillos” que se habían superpuesto a sus juveniles tonos rojos. La Ministra dirigió unas palabras de estímulo a la participación de los sindicatos en el proceso de paz, prosiguió señalando los “beneficios económicos” de la paz estimados por el DNP en 1.1 y 1.9 puntos porcentuales adicionales anuales de crecimiento del PIB, marco en el que se mueve lo que ella denomina la posible “contribución del sector financiero” al proceso de implementación de los acuerdos y de la ampliación de la presencia del Estado en Colombia, exigida en el post conflicto.

 

Llevar al Estado a todo el territorio nacional fue uno de los ejes centrales del discurso de la Ministra del Trabajo: “Llevar al Estado a todos los confines implica llevar todos los servicios públicos, complementar lo que ha sido la presencia de la Fuerza Pública como única presencia estatal en muchos municipios de Colombia con la inversión pública, la inversión social en infraestructura, en carreteras, en llevar los puestos de salud, las aulas, las escuelas, los continentes de ingenieros, de trabajadores sociales, de trabajadores de la salud [...]”.

 

Pero el Estado no irá solo. Según clara López, “[...] esa presencia del Estado tiene que ir acompañada de una presencia de la política empresarial y de la política financiera para complementar los servicios públicos con los servicios económicos básicos para la generación de empleo y de empleo en el campo, de ahí que la bancarización se constituye en uno de los elementos clave, porque uno no pude pensar que va a tener un desarrollo económico efectivo en los campos sin una inclusión financiera, con la profundidad que se requiere, que es no solamente cuentas bancarias, cuentas de ahorro, sino, principalmente, acceso al crédito productivo”. Inclusión financiera, democratización del crédito y enfilar las ramas productivas en el agro para generar condiciones son las herramientas que propone para fundamentar una base material real para construir una economía viable para el sector campesino y empresarial. Crédito y ahorro en el sistema financiero, herramientas fundamentales para López Obregón, así como la ampliación de la cobertura bancaria en la ruralidad, claves en el proyecto del post acuerdo.

 

Con abucheos y consignas contra la nueva reforma tributaria fue recibido el ministro de hacienda y crédito público, Mauricio Cárdenas. El Ministro señaló la importancia de que en todos los municipios del país exista cobertura financiera garantizada por la existencia de al menos un corresponsal bancario, el hecho que el 75 por ciento de la población adulta tuviera algún producto bancario, la expansión del microcrédito, la aparición de un nuevo tipo de intermediario financiero orientado al segmento informal de la población (sociedades especializadas en depósitos y pagos electrónicos). Este es, según el Ministro de Hacienda, el país que encontrará “la paz”, un “país donde la agenda de inclusión financiera ha sido exitosa”.

 

El post acuerdo traerá consigo grandes posibilidades, según Cárdenas: “La paz no solo va a mejorar la calidad de vida de todos los colombianos, nos va a dar la seguridad, nos va a permitir que tengamos una sociedad en mayor armonía, una sociedad más prospera, una sociedad que al mismo tiempo va a lograr que podamos tener un país donde se protegen más todos los derechos humanos, además de eso la paz va a tener un gran rédito económico, un gran beneficio económico, nosotros tenemos cálculos de que con la paz el ingreso de los colombianos va a aumentar en como mínimo un 1% adicional por año por encima de lo que ha sido el crecimiento vegetativo del país en las últimas décadas”.

 

Los motivos por los que va a registrarse este crecimiento económico, de acuerdo al Ministro son: 1. vamos a poder aprovechar mejor sectores de la economía que han estado deprimido (sector agropecuario, turismo). 2. La paz va a permitir que haya más inversión, “Hay muchos inversionistas que están esperando que esto se dé para volcarse sobre Colombia, para venir a hacer inversiones sobre Colombia”. “¿Cuál es el papel del sistema financiero en todo esto?”, pregunta Mauricio Cárdenas.

 

En consonancia con López Obregón, el Ministro cree en financiarizar, en la utilidad de este sistema para irrigar recursos a las zonas afectadas por el conflicto (víctimas y desmovilizados), la utilidad del mismo sistema como asegurador del crédito de las personas, en sus palabras: “[...] la forma en la que podemos mejorar las condiciones de vida de millones de compatriotas que viven en zonas afectadas por el conflicto donde hay grandes necesidades económicas es asegurando el acceso al crédito [...] lo primero que tenemos que hacer en el proceso de implementación de los acuerdos de paz, de reivindicación de los colombiano en esa zona es ofrecerles crédito, convertirlos en sujetos de crédito en condiciones que sean atractivas [...], la agenda de paz es la agenda de acceso al crédito [...]”. Destacarlo, darle cada vez más importancia, buscar las respuestas del post conflicto en el sistema financiero, es la propuesta del Ministro de Hacienda y Crédito Público.

 

Julián Arévalo, asesor del alto comisionado de paz, boga por la modificación de las condiciones territoriales para evitar los ciclos de violencia en que nos hemos visto como sociedad. Para cerrar los ciclos de violencia hay que impulsar las transformaciones territoriales donde la ciudadanía juegue un papel fundamental. El asesor manifestó, “Aquí no se trata, como se dice en algunos textos, de llevar el Estado al territorio y de imponer cosas en ellos, sino que tiene que ser la ciudadanía la que activamente lidere estos cambios en los territorios”.

 

Lo dicho en La Habana, corresponde, según Arévalo, al “qué” de la implementación, pero es en las comunidades donde se decide el “cómo”, se está apostando a unas transformaciones en los territorios a partir de espacios de participación ciudadana. Se espera que esta participación ciudadana contribuya junto a los replanteamientos en la relación del Estado con los ciudadanos, de la misma manera que a la construcción de confianzas en los territorios a consolidar lo que ha sido denominado conceptualmente como “paz territorial”. Al menos en términos discursivos, esta posición proporcionaría la posibilidad de que los habitantes de los espacios de paz y reintegración decidieran sobre un eventual proceso de reintegración o no. Está por verse.

 

En la tarde del 19 de mayo, habló el analista político mexicano Alfredo Jalife Rahme. Se refirió al contexto financiero internacional al que se articulan los países latinoamericanos: “El mundo no sale de la crisis financiera de 2008. De la mano de los créditos internacionales están los intereses geopolíticos. En el mundo hay 13 bancos de Wall Street que controlan la mayor parte de las trasnacionales del mundo y a la vez controlan a los países en vías de desarrollo. Por eso cuando vemos de cuales instituciones llegan las ayudas para este acuerdo de paz, vemos que todas son manejadas por E.U; entendemos que la paz es patrocinada por ellos. Los países de Sur América están entrando en un neo-monroísmo neoliberal. Debido a la inexperiencia financiera, los países latinoamericanos pierden contra las potencias, y así seguirá siendo en un mundo regido por el modelo financiero, a menos que adquieran mejores conocimientos”.

 

También hizo lo propio con el sector financiero local en el periodo del post cont acuerdo: “El rol a desempeñar por parte del sector financiero es [debería] hacer veeduría por el buen uso de la riqueza nacional, evitar que continúe el enriquecimiento de la plutocracia, evitar que el dinero siga siendo manejado únicamente por la banca tradicional. En ese contexto de paz promotor de la inversión extranjera se corren grandes riesgos con el deterioro del patrimonio público porque, al fin y al cabo, lo que buscan al invertir es apropiarse de las empresas nacionales. En el caso de Ecopetrol, para poder solventar el déficit es necesario que vendan parte de sus activos, la joya de la corona: Refinería de Cartagena. y obviamente la minería, especialmente el oro y de igual forma la agricultura”.

 

Serias preguntas del analista mexicano a la tesis de la bancarización y financiarización en sectores emergentes y zonas de paz propuestos por empresarios y el Gobierno colombiano, realidad que pretende ser incuestionable, estrategia univoca e irrefutable para el crecimiento económico y el desarrollo en los años venideros. Pero, opina Jalife que la naturaleza del sector financiero es predatoria, están acostumbrados a ganar el mayor margen, acumular excesivamente, a crecer indefinidamente, y así seguirá siendo en cualquier otro periodo y en cualquier otro contexto donde tengan participación.

 

El Representante a la Cámara por el Polo, Alirio Uribe, hizo algo de memoria. Citando a Joseph Stiglitz –Premio Nobel de economía se cuestionó: “¿Cómo es posible que en Colombia, en el marco de un conflicto armado, se mantuviera una tasa de crecimiento del PIB del 5 por ciento. Tuvimos un modelo de desarrollo criminal, el crecimiento económico se daba de la mano de la violencia del desplazamiento, del asesinato, de la violación de mujeres, de masacres; un modelo de desarrollo de la mano de la violencia y del despojo. [...] el sector financiero tuvo, durante eta época de conflicto utilidades billonarias, de ahí que los índices Gini para medir la desigualdad en la distribución de la tierra y de la riqueza sean mayores del 50 por ciento”. El modelo económico colombiano está centrado en la extracción de materias primas, la concentración del sector agroindustrial y en la financiarización de la economía”.

 

El mismo sector económico que pretenden argumentar como el redentor del post acuerdo, fue el que se enriqueció por cuenta del sufrimiento de los colombianos. Así lo ilustró Uribe: “Se creó un concepto de banca central pensando en la inflación y no en la creación de empleo; en un esquema para aumentar las tasas de interés, no para incrementar el poder adquisitivo de los colombianos, sino para aumentar la rentabilidad financiera de los bancos. Allí se hicieron reformas a la salud para hacer del derecho a la salud y a la seguridad social un negocio jugoso para el sector financiero”.

 

León Valencia, analista político e investigador, también hizo presencia en el foro financiero convocado por la Uneb. Valencia no se refirió al sector financiero, manifestó sentirse contento porque los sindicatos del sector financiero hayan llegado a la conclusión de que va a haber un acuerdo de paz, de que es importante empezar a hablar de post conflicto, que es importante hablar de futuro. Sin embargo hizo duras críticas al sindicalismo colombiano: “Nosotros hicimos una investigación sobre el sindicalismo asesinado: 2.800 sindicalistas, gente vinculada al sindicalismo muerto en este conflicto, asesinado en este conflicto. En los años 90 y a principios de este siglo la Escuela Nacional Sindical hizo la estadística, teníamos, nosotros, los sindicalistas colombianos, el 63% de los sindicalistas muertos en el mundo. Es una vergüenza para le país, pero es una vergüenza para el sindicalismo que no sea interlocutor de las negociaciones de La Habana, es una vergüenza eso que no sea un interlocutor privilegiado, que no haya estado presente para reivindicar la memoria de todos los que han muerto en el sindicalismo colombiano, que solo se haya dispuesto a construir la memoria del sindicalismo en Colombia”.

 

Además recordó otros de los objetivos de los sindicatos: “Tenemos derecho a construir democracia, a participar en política, tenemos derecho a ser algo distinto en este país. Esa es la causa principal de las muertes, pero ¿eso no está ligado a la lucha sindical? ¿Acaso la lucha por la democracia no es una lucha sindical? ¿Acaso la lucha sindical es una lucha solo por los salarios? No, la lucha por la democracia es la principal tarea del sindicalismo, la participación política es la principal tarea del sindicalismo, ahora en el post conflicto hay que salir a ganarle a la ultraderecha el plebiscito, hay que salir a ganarle la refrendación, a construir partido político a las guerrillas que vienen a la vida civil”.

 

 
La realidad en pugna.

 

Entre las lecciones del Primer Foro Nacional Financiero por la Paz desarrollado en Bogotá se encuentra el reconocimiento del periodo del post acuerdo como un periodo histórico al que estamos a punto de desembocar, periodo con realidades en pugna por la contraposición de posiciones que versan sobre la estrategias que deben implementarse para reconfigurar escenarios locales cuando comiencen a implementarse los acuerdos de La Habana y posiblemente los propios con la guerrilla del Eln.

 

La estrategia del Gobierno y de sectores afines es clara: su punta de lanza, la profundización de la bancarización y financiarización del país a partir de la penetración en zonas esquivas al capital financiero, el incremento de los negocios de la banca a partir de la proliferación de créditos blandos en el escenario del post acuerdo, el neoliberalismo económico y político basado en la trasferencia de responsabilidades sociales a los ciudadanos y el subsecuente apoyo a las estrategias de emprendimiento en los mismos.

 

Por otra parte se anteponen a este discurso los de quienes hacen memoria de las responsabilidades, así como explican el funcionamiento y las ambiciones propias del funcionamiento del sector financiero local, regional y mundial. La alternativa al paradigma de la bancarización y financiarización se encuentra en la cooperativización, en la proliferación de las economías solidarias, en una mayor participación de las asociaciones sindicales en la construcción de paz y país.

 

Estrategias contrapuestas que no parecen querer negociar axiomas y fundamentos. La diferencia de poderes y de intereses es evidente entre las posición del Gobierno y la posición de Ong, cooperativas, sindicatos, académicos, políticos y analistas. Postura que tiene la ventaja evidente de construir una alternativa sobre el reconocimiento de los vicios intrínsecos al funcionamiento del sistema financiero nacional (corresponsable del conflicto armado en Colombia), el mismo que ahora pretende usarse para solucionar las conflictividades sin depurar los algoritmos de sus operaciones de ganancia y acumulación.

 

 

 

Publicado enColombia