La comunicación en la era de internet

Cada avance tecnológico suscita un sueño utópico y una pesadilla distópica. La invención de internet hacia 1990 generó expectativas entusiastas. Su propio comienzo fue utópico. Su creador Tim  Berners-Lee se negó a registrar las patentes que lo hubieran hecho multimillonario, para ponerlas a disposición de la humanidad. Un dispositivo al principio apropiado por el complejo militar industrial como red  subterránea invulnerable al ataque atómico, devino instrumento aparentemente a disposición de todos para el libre intercambio de mensajes y conocimientos. Si en la era que vivimos el bien más preciado es la información, un canal que prometiera multiplicarla y comunicarla de manera prácticamente gratuita y universal parecía puerta abierta hacia Utopía.

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Esta  perspectiva optimista fue prontamente clausurada. Así como todos los bienes a disposición de la humanidad –tierra,  aguas,  minerales,  organismos biológicos- no tardaron en ser acaparados, internet no demoró en caer bajo el poder y los planes de los operadores. La red concebida para transmitir mensajes no tardó en encontrar quien quisiera hacerse dueño de éstos  y a través de ellos de sus emisores. En la actualidad, cerca del 70% del PIB global es producido por el sector terciario (finanzas, investigación, educación, publicidad, informática, entretenimiento) que a su vez se maneja mediante la Red. Desde el siglo pasado, Estados Unidos desarrolló el sistema de espionaje Echelon para decodificar ofertas en las licitaciones y hacer que las ganaran las empresas estadounidenses. La información, como la plusvalía, es expropiada de la sociedad  que la crea, y tiende a concentrarse en un número cada vez menor de manos. Dominar la Red es dominar la economía.

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Todo control sobre la economía deviene control social. Internet y las  redes acumulan membrecías que superan con mucho a las ciudadanías de muchos de los Estados soberanos. A principios de 2021, usan internet 4.660 millones de personas: el 59,5% de la población mundial. Emplean teléfonos celulares 5.200 millones, el 66,6% de los habitantes del planeta. Están atrapadas en las redes sociales 4.200 millones de personas: el 53,6% de los terrícolas. En estas redes, sólo Facebook junta 2.740 millones de seres; You Tube, 2.291; Whats App, 2.000. Los usuarios de internet invierten en ella  en promedio seis horas  y 54 minutos diarios: la duración usual de una jornada de trabajo (https://marketing4ecommerce.net/usuarios-de-internet-mundo/). Estas desmesuradas clientelas son mercados inconmensurables que incesantemente aportan a sus operadores datos invalorables y reciben a cambio publicidad y propaganda.

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Imaginemos que un servicio postal por el mero hecho de transmitir correspondencia se atribuyera el derecho de abrir todas las cartas que transmite y de utilizar su contenido libremente. Tal servicio no tardaría en ser denunciado como  inadmisible instrumento de tiranía y en perder la totalidad de sus usuarios. Tal es el caso de internet. Desde los primeros tiempos, primero los gobiernos, y luego los operadores de la Red se atribuyeron abusivamente ambos privilegios. Hoy en día, el usuario puede tener la casi seguridad de que todos sus mensajes son abiertos, escrutados y utilizados para sus propios fines por las organizaciones que los transmiten y sus cómplices. Programas de análisis de contenido detectan la presencia de ciertas palabras o construcciones claves y alertan a mecanismos de vigilancia que aplican estrechos controles sobre los emisores del mensaje. En un avance del cerco, los canales instalan en los computadores de los usuarios cookies, programas espías que informan detalladamente sobre el contenido de los ordenadores y de los mensajes que emiten. Estos mecanismos acercan a todos los usuarios de internet a un mundo de control total, frente al cual parece un juego de niños la televisión de dos vías imaginada por George Orwell, que no sólo transmitía imágenes al espectador, sino que además vigilaba todos los actos de éste.

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El espionaje emplea todo tipo de dispositivo capaz de registrar información. Edward Snowden decidió desertar de los servicios de inteligencia estadounidenses cuando advirtió que éstos espiaban los teléfonos, y que el número de dispositivos de espionaje dedicados a vigilar ciudadanos estadounidenses era mayor que el de los aplicados contra el resto del mundo. Ya es casi imposible abrir una página web sin que ésta nos informe que usa cookies para servirnos mejor –en realidad, para espiarnos mejor- y que el mero hecho de utilizar la página equivale al consentimiento para alojar un espía en el aparato del cual depende nuestra comunicación con el mundo. Algunas, de manera inocente, nos piden de entrada la clave de nuestro correo electrónico, que es como solicitarnos a la vez la llave de la casa, del auto y de la caja fuerte. Pero nuestros llamados servidores ya las tienen: en realidad somos sus sirvientes. Las páginas web, las redes sociales se atribuyen explícita o implícitamente  el derecho de utilizar para sus propios fines todos los contenidos que los usuarios hagan circular en ellas. Es como si un servicio postal se atribuyera la propiedad de cuantos mensajes y objetos le fueran confiados. Fácil es comprender lo que esto significa en un mundo donde el bien económico fundamental es la información. Apropiarse de la información es apropiarse del mundo. 

Por Luis Britto García | 29/03/2021

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Miércoles, 17 Marzo 2021 06:24

Que no te oculten la luz del Sol

Que no te oculten la luz del Sol

Fuera de los iniciados, muchos intuyen que los males de este mundo recaen en el capitalismo, y su fe ciega en el progreso. Por ahí va. Y otros, primero Dios, que todo irá mejor cuando el socialismo sea realidad. Ídem anterior. Pero otros andan inquietos porque Bill Gates se propone tapar el sol para acabar con el calentamiento global.

Al impetuoso plutócrata poco le importa investigar si su filantropía incluye preocupación alguna por la persecución y creciente número de asesinatos de los defensores del medio ambiente.

A cargo de geoingenieros de Harvard, el proyecto empezará en junio y se llama Experimento de perturbación controlada estratosférica. O sea, vaciar en la atmósfera toneladas de carbonato de calcio "no tóxico (sic), que permitan atenuar la luz solar y así enfriar el planeta" (sic).

¿Tendrá éxito? Porque antes, el fundador de Microsoft podría ser citado para declarar luego del fallo de la Sala Penal de Apelaciones de Chincha y Pisco (departamento de Ica, Perú), que en la segunda semana de enero aseguró que "el Covid-19 fue una invención de las élites criminales a escala mundial".

Después de trascender a la opinión el contenido del auto del tribunal, la Oficina de Control de la Magistratura abrió una investigación preliminar a los magistrados que suscribieron la referida resolución ( Página 12, Buenos Aires, 12/1/21).

Aceleración de la tecnología. Crecimiento exponencial de las fake news. Sinsentido de la ideología neoliberal. Abruma. ¿Cómo lidiar con esto? Las tecnologías digitales, asienta el escritor Nicholas G. Carr, "están acabando con nuestra paciencia", así como la decreciente cobertura científica en los periódicos.

En "las redes", segundo a segundo, ganan las "noticias" que nos dejan turulatos. En septiembre pasado, por ejemplo, frente a la caída de 97.5 por ciento en sus vuelos internacionales impuestos por la pandemia, una compañía aérea de Australia, Quantas Airways, ofreció vuelos "a ninguna parte" (sic). Siete horas sobrevolando "lugares bellos e interesantes", y retorno del avión al punto de partida.

La iniciativa fue emulada por otras firmas. Pero si usted ha viajado en avión, entenderá mi duda en cuanto a la posibilidad de gozar del paisaje. En primer lugar, incómodo. Porque el personal a bordo está militarizado por "razones de seguridad", y te ordena volver al sillón. ¿Cómo gritar "¡ohhh!", yendo en la cabina de un lugar a otro? Y si el precio de esta gran alegría va de 787 a 3 mil 787 dólares, gracias.

Razonablemente, los ambientalistas se treparon a la lámpara: vuelos a "ninguna parte" que emiten contaminación de carbono sin justificación, etcétera. El año pasado el sector aéreo emitió 915 millones de toneladas de CO2 en todo el mundo. Lo que equivale a 2 por ciento del total. Aunque se prevé que las emisiones bajen… ¡gracias al Covid-19! Y luego, claro, le echamos la culpa a los chinos por paladear sopa de murciélago.

De veras… cuesta lidiar con "tanta información". Ni le cuento de la protagonizada por la pareja veneciana que zarpó en su navío desde la isla italiana de Lampedusa. Su objetivo: demostrar que la Tierra es plana. Entonces, se adentraron en el Mediterráneo, "en busca del final del planeta".

Obvio: se perdieron. Felizmente, un marino solitario que navegaba por esas aguas les enseñó a utilizar la brújula. Perdón… ¿estamos en 2020 o en la época de los celtas que, al menos, sabían orientarse por las estrellas? Los terraplaneros llegaron a buen puerto. Y allí, para su desgracia, las autoridades sanitarias le impusieron a la pareja dos semanas de cuarentena. ¡Horror! ¡Dictadura ­mundial!

Quiero seguir, pero… mejor no. Porque en diciembre pasado el ex jefe de seguridad espacial de Israel, Haim Eshed, declaró al Jerusalem Post que "los extraterrestes son reales", que Donald Trump tiene un pacto con una "federación intergaláctica", y que “los objetos voladores no identificados han pedido no publicar que están aquí… la humanidad no está lista” (sic).

De librarla, Bill y Melinda deberían saber que el Sol, posiblemente, ya tiene dueño. O dueña. La gallega Ángeles Durán, quien en noviembre de 2010 inscribió su adquisición en el registro de propiedad de Salvaterra de Miño (Pontevedra).

A La Voz de Galicia, Ángeles recordó: “Hay un convenio internacional por el que ningún país puede ser dueño de los planetas, pero no vincula a los ­particulares… (aunque) hay un estadunidense que escrituró casi todos los planetas y la Luna. Pero no el Sol”. (Afp, 26/11/10). Estoy pensando, seriamente, en abrir una pizzería.

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PATRICIA BOLINCHES

Google pone en marcha cursos de seis meses de duración y los anuncia como alternativa a carreras de cuatro años. La presencia de empresas multinacionales y bancos en la educación superior se hace cada vez más patente mientras la privada gana espacio.

 

Kent Walter, vicepresidente de asuntos globales de Google, anunciaba este verano la puesta en marcha en Estados Unidos de nuevos cursos de unos seis meses que “ayudarán a obtener calificaciones en campos laborales de alto crecimiento y bien remunerados sin necesidad de un título universitario”. En sus ofertas de trabajo, el gigante tecnológico los valoraría como equivalentes a una titulación oficial de cuatro años, explicitaba el directivo. “Teníamos que desembocar necesariamente en este resultado”, critica Carlos Fernández Liria, filósofo y profesor en la Universidad Complutense de Madrid (UCM). “Si se pone la universidad al servicio de una sociedad que le demanda empleabilidad, si se trata de sustituir títulos por una especie de currículum a base de certificados que dan fe de certezas, habilidades y competencias, está claro que Google iba a hacerlo mejor que nosotros”, expone.

Para el docente, es resultado del proceso de reforma del sistema universitario que tiene su origen en el Plan Bolonia. “La infraestructura de la universidad clásica se desmoronó casi sin darnos cuenta. Ahora, la unidad de investigación e incluso de docencia acaba siendo un grupo de investigación muy flexible, que en realidad quiere decir muy inestable, que debe venderse mercantilmente quiera o no”. Dicho proceso se inició hace 20 años, un plazo que coincide con el momento al que alude Montserrat Galcerán, catedrática en Filosofía y promotora de la Universidad Nómada, para enmarcar el capitalismo cognitivo, un sistema por el que “todo aquello que inicialmente no era mercantilizable, como el conocimiento, la educación o las relaciones humanas, pasó a serlo”.

El mercado socava

Según Galcerán, la entrada de las empresas en la universidad se ha producido en distintas etapas y se ha materializado de diversas formas. Empezó con la gestión de los carnés universitarios por parte de empresas privadas como el Banco Santander. “Esto le daba acceso a datos del profesorado y el alumnado: nombre, edad, sexo... pero también cuándo estaba y cuándo no, qué libros sacaba, cuánto dinero gastaba”.

Después llegó el patrocinio de estudios: este banco —que presume de haber invertido en la educación superior 119 millones de euros en 2019— ofrece préstamos para cursar educación superior y miles de becas anuales para movilidad, investigación, prácticas o cursos, además de estar presente de otras formas: “Cuando entré en la universidad y se celebraron las jornadas de bienvenida, además de los puestos de información de la propia universidad, había uno del Santander en el que te ofrecían hacerte una tarjeta bancaria con ellos”, recuerda Luiza Velizaroba, antigua alumna de la Universidad Carlos III de Madrid (UC3M), que estudió, subraya, a través de una beca financiada a partes iguales por antiguos alumnos de la institución y grandes empresas como Inditex, Coca Cola o PwC.

La presencia del Banco Santander se deja notar de más formas: el Presidente del Consejo Social —organismo pensado para representar a instituciones cercanas a la universidad y servir de nexo con la sociedad— de la UC3M ocupa el puesto de Vicepresidente y Consejero de la institución bancaria. A ello se suma la creación, en 2015, del Instituto de Big Data Financiero (IBiDat) a manos de la universidad pública madrileña y la entidad bancaria: “Se está formando a empleados de empresas y otorgándoles a las mismas mayor control en determinados campos, como puede ser el Big Data, usando el trabajo de investigadores de universidades públicas”, subraya Iria Fernández, miembro del sindicato Estudiantes en Movimiento.

El IBiDat recoge en su web una cantidad de proyectos importantes, matizando que “algunos están financiados por cuerpos públicos y otros ejecutados en colaboración con diferentes empresas”. “Es el gran truco de Bolonia”, insiste Fernández Liria, “si la iniciativa privada invierte en algo, se demuestra que eso tiene interés mercantil, así que el Estado invierte también”, destinando recursos públicos, sostiene, a beneficios privados.

Las empresas fueron avanzando y empezaron a patrocinar cátedras, áreas de conocimiento completas. Pepe Galindo, profesor en la Universidad de Málaga en el área de Lenguajes y Sistemas Informáticos, investiga este fenómeno: “El problema es cuando una empresa muy contaminante tiene una cátedra sobre sostenibilidad” afirma, haciendo alusión a la Cátedra Ecoembes en la Politécnica de Madrid, que para él es uno de los casos más sangrantes. “Ecoembes está conformado por multitud de empresas como Nestlé, Coca Cola, Mercadona, El Corte Inglés... todos los grandes supermercados. Dedican la cátedra a alabar las ventajas del reciclaje, pero en realidad lo que quieren es que el sistema de usar y tirar siga funcionando, que es lo que a ellos les viene bien”, sentencia. 

De hecho, la mercantilización de la universidad toma formas más evidentes a través de otras estrategias. Para Iria Fernández, un ejemplo sería la subcontratación de servicios: “La universidad no recurre a cooperativas de trabajadores, sino a grandes empresas como Eulen, lo que resulta en derechos laborales muy perjudicados”, ejemplifica. Pero más allá de estas externalizaciones, el caso más evidente de privatización de la enseñanza superior es el auge de las instituciones de educación superior de titularidad privada.

Desigualdad

El número de estudiantes matriculados en grados de privada aumentó en el curso 2019-2020 un 22% con respecto al 2015-2016, y mientras en 2015 un 32,5% de los matriculados en estudios de máster estaba en centros privados, en 2019 el porcentaje subía al 41%. Iria Fernández lo vincula con la cuestión de la empleabilidad: “Muchas de las universidades privadas están enfocadas a administración de empresas, marketing, finanzas… Y realmente son agencias de colocación en las que pagas 20.000 euros al año para que cuando acabes tu carrera, y te dejes ahí un dinero que una familia de extracción popular jamás podrá costearse, tengas trabajo en una empresa”.

Según el último informe del Alto Comisionado contra la pobreza, las familias de quintil más alto invierten en educación 3.000 euros al año mientras la familia de quintil más bajo apenas llegan a los 400. A pesar de ello, recientemente estalló la polémica al dictar el Tribunal Constitucional que el estudiantado de universidades privadas sí debían recibir becas públicas, en contra de la orden dictada por la Generalitat Valenciana que limitaba este derecho a alumnado de instituciones públicas o de titulaciones privadas sin oferta pública.

Omnipresencia tecnológica

Seda F. Gürses, doctora en Ciencias de la Computación en la Universidad Católica de Lovaina (Bélgica), sostiene que la crisis sanitaria ha supuesto el momento que las empresas tecnológicas estaban esperando para convertir la educación superior en un mercado más. El problema con estas herramientas es que no están orientadas al mundo educativo, sino al empresarial. Zoom o Microsoft Teams cuentan con mecanismos de vigilancia para controlar si las personas empleadas son eficientes o si atienden a sus tareas, y esas herramientas se están implantando ahora en el sistema educativo: “Les estamos dando la imagen a los universitarios de que la vigilancia es natural”, denuncia Marcos Sánchez-Elez, profesor de informática en la UCM.

Empresas como Telefónica alaban este tipo de dinámicas: “El grupo escolar cuenta para ello con aplicaciones que controlan la asistencia de los alumnos (...). Disponen de cámaras de vídeo para grabar constantemente lo que sucede en las aulas desde múltiples ángulos, con el fin de capturar las expresiones faciales, registrar su forma de hablar, el vocabulario, qué cosas les llaman más la atención. El análisis de toda esa información proporciona una comprensión integral de cada alumno (...)”, expone en su web.

Para Gürses, el verdadero interés de las tecnológicas en la educación superior es convertir la universidad en un mercado: estas empresas han invertido mucho dinero en su infraestructura y ahora buscan un retorno. “Necesitan ser tratadas como algo más que proveedoras de servicios, quieren ser un actor predominante en nuestras organizaciones, instituciones, fábricas… Crecer en todos esos mercados para poder continuar el negocio, han convertido a la universidad en su mercado”, sentencia, a la vez que defiende que la tendencia no se produce solo en la universidad, sino también “sobre la salud, el trabajo, la administración de las organizaciones y las instituciones en general”.

También está el problema añadido de los códigos de conducta. Las universidades cuentan con códigos deontológicos establecidos pero, al ponerse en manos de empresas privadas, asumen automáticamente sus términos de uso. Gürses menciona dos ejemplos concretos. Discord es un sistema de mensajería muy utilizado por gamers —jugadores en línea—, una comunidad muy masculinizada y también canal de comunicación de supremacistas blancos: “Cuando algunas universidades han llevado a sus estudiantes a Discord, los han llevado a un espacio que permite la cultura del acoso”, especialmente contra mujeres y personas racializadas. “Por supuesto la empresa se exime de toda responsabilidad”, cuenta Gürses.

Otro ejemplo ocurrido durante la pandemia ha sido en la Universidad de Arizona, en Estados Unidos. Una profesora realizaba un seminario por Zoom con 150 estudiantes cuando el grupo de comenzó a recibir comentarios racistas e imágenes pornográficas. “Como Zoom no cuenta con políticas de privacidad, integridad o deontológicas con las que contaría una universidad, no se hacen responsables y dicen que no es cosa de la empresa. Si esto ocurriera en una universidad, se podría tomar medidas”, sentencia la investigadora belga. Sin embargo, Gürses remarca la existencia de alternativas, como la universidad Osnabrück, en Alemania, que ha creado su propia infraestructura basada en herramientas libres no privativas y establecido sus propios términos. La implantación de Eduroam, la red de internet pública y gratuita para el estudiantado, es considerada otro logro.

Revertir el modelo

Más allá de la cuestión tecnológica, Carlos Fernández Liria incide en el punto de inflexión que supuso el Plan Bolonia en el panorama universitario actual: “Desarrollaron toda una ofensiva para cargarse la universidad y convertirla en una escuela de formación profesional que prima la empleabilidad, es decir, una fábrica de mano de obra barata para las empresas”. El Ministerio de Universidades prepara un Real Decreto que podría poner freno a la proliferación de centros privados que refleja las consecuencias del modelo al que se refiere el filósofo.

La orden pretende corregir el peso de másteres en algunas universidades y dotar de mayor protagonismo a los estudios de grado, además de exigir unos mínimos de investigación y docencia. A día de hoy, más de un tercio de instituciones privadas con el título de universidad incumple alguno de los requisitos. Sobre si el decreto servirá para corregir la deriva de la educación superior, unos son más optimistas que otros. Estudiantes en Movimiento ve elementos positivos en el texto, pero lo valora como poco ambicioso y hace alusión a la falta de financiación. Fernández Liria muestra cautela con el decreto y se reconoce pesimista: “Todas las luchas de la clase trabajadora que se han materializado en instituciones o leyes tardan 50 años en conquistarse y se pierden en cinco minutos de traición, despiste o relajamiento”.

Para él, la universidad pública era una conquista de la clase trabajadora, el derecho a tener estudios superiores, pero se perdió. La privada sigue siendo un problema en tanto que acentúan, considera, las desigualdades sociales; mientras, ve los certificados de Google como el culmen de la perversión del panorama formativo. Para Luiza Velizaroba, la clave para impulsar estos cambios y revertir el modelo está en que la sociedad y la comunidad universitaria mantengan la presión: “Yo no creo tanto que sea posible como que lo vayan a hacer posible”, concluye la joven. 

Genoveva López

@genolomo

Lis Gaibar

@LisGaibar

21 ene 2021 06:00

 

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Carlos Fernández Liria, filósofo y profesor de la Universidad Complutense de Madrid.


El filósofo y profesor titular en la Universidad Complutense de Madrid (UCM) Carlos Fernández Liria analiza la progresiva conversión de las instituciones de educación superior de enseñanza a través del punto de inflexión que supuso el Plan Bolonia.

 

Carlos Fernández Liria es claro en lo que respecta a su posición sobre el Plan Bolonia, cuyas bases en España quedarían aprobadas por decreto en octubre de 2007, pero que empezó a fraguarse en 1999. El curso académico 2008-2009 sería el primero, hasta la actualidad, en implantar los nuevos grados —casi todos de cuatro años de duración— que dejarían progresivamente aparcadas las licenciaturas y diplomaturas, y que dificultarían todavía más el acceso a la educación superior del estudiantado con familias de extracción popular: progresiva subida de tasas, sistema de horquillas, exigida presencialidad que dificultaba trabajar al mismo tiempo para generar ingresos... 

Más allá de los condicionantes a corto plazo que generaba el Plan Bolonia, que ya advirtieron grupos de estudiantes y profesores que se opusieron frontalmente a él, para Carlos Fernández Liria el proceso abrió la puerta a la mercantilización de la Universidad y redujo la esencia de la misma a una fábrica de mano de obra para el capitalismo. Mientras cada vez más empresas se insertan en la enseñanza superior y el Ministerio de Universidades prepara un real decreto con el que poner freno a las instituciones de titularidad privada que no cumplen unos requisitos mínimos de enseñanza e investigación, Fernández Liria se remonta a las movilizaciones de la juventud a principios del siglo XXI: “Se demuestra que tenían toda la razón”, defiende. 

¿Cuáles han sido las consecuencias más importantes de la implantación del Plan Bolonia en la universidad española?
Lo más importante fue la desintegración de todas las estructuras universitarias hasta sustituir lo que eran las cátedras vitalicias, que era una gran infraestructura de investigación y de docencia, y los departamentos, las facultades y las áreas quedaron en realidad suplantadas por un mosaico de pequeños grupos de investigación que tienen que venderse cada tres años para poder recibir financiación. Y, por supuesto, cuanta más financiación externa tienes, es decir cuanto más interés mercantil tienes, más prospera tu grupo de investigación.

De alguna forma se puede decir que la infraestructura de la universidad clásica casi sin darnos cuenta se desmoronó y actualmente la unidad de investigación e incluso de docencia acaba siendo un grupo de investigación muy flexible, que en realidad quiere decir muy inestable, que tiene que venderse mercantilmente quiera o no. Porque dicen: “Nada te obliga a estar en el mercado”, claro que no, lo que pasa es que no recibes financiación. Hay grupos, como el mío [Departamento de Metafísica y Teoría del Conocimiento], que no puede investigar nada porque no interesa mercantilmente. Nos dan financiación, pero menos de 5.000 euros para tres años, con eso no da para nada. 

La cuestión mercantil a la que hace referencia también se puede ver en otras iniciativas de universidades públicas, como las Cátedras: algunas llevan el nombre de Inditex, Repsol o Ecoembes, por ejemplo. ¿Cómo interfieren las empresas en las universidades?
Aceptamos un chantaje que no teníamos por qué haber aceptado, que era el de competir con la iniciativa privada, con las universidades privadas y con las cátedras de iniciativa privada. La cátedra Repsol, la cátedra Inditex… Desde el momento en el que descompusimos nuestras titulaciones en pequeños grados y pequeños másteres, empezamos a competir con el mundo privado sin poder evitarlo de ninguna manera.

La Universidad Europea se ha quejado porque hacemos competencia ilegítima al tener unos másteres con unos precios demasiado baratos, y yo no diría que son demasiado baratos, un máster de un año como el que tenemos nosotros que cuesta 3.000 y pico euros si no tienes asignaturas pendientes no me parece barato, pero en la Universidad Europea los másteres de un año ascienden a 12.000 euros. Ahora mismo hemos aceptado competir con universidades privadas, nos hemos rebajado a tener que hacer eso, y se nos acusa de competencia desleal.

Con las cátedras pasa lo mismo, una cátedra de un gran interés académico tendrá financiación en la medida en que los grupos de investigación ligados a ella puedan demostrar que tiene interés mercantil, y de eso dependerá el que haya más o menos becarios, profesores ayudantes, y que esa cátedra crezca o no crezca. Eso hace que una cátedra que, a lo mejor no ha tenido ninguna iniciativa académica interna, como la de Repsol, puede tener una financiación pública inmensa precisamente porque hay una iniciativa privada interesada en ello.

Con los beneficios que eso conlleva para la empresa.
Es que este es el gran truco de Bolonia: si la iniciativa privada pone 10 euros, se demuestra que eso tiene interés mercantil y el Estado pone otros 10 euros, si no pone 100 euros y tres becarios. Esto conlleva que una empresa privada que ha invertido 10 euros en enseñanza universitaria va a recibir dinero público para pagarse sus becarios que, en realidad, van a ser sus trabajadores en prácticas, es decir, trabajadores gratis pagados por el Estado, es decir, pagados por otros trabajadores.

Yo siempre dije que Bolonia lo que pretendía era poner en la universidad un aspirador de dinero público para la empresa privada. No se trata solo de que tengas que conseguir financiación externa, es que cuando consigues financiación externa, es decir privada, esa empresa privada va a recibir una gran cantidad de dinero público, va a aspirar dinero público o a conseguir becarios que trabajen para esa empresa pagadas por los impuestos de otros trabajadores.

¿La universidad no estaba mercantilizada antes del Plan Bolonia?
Pues mucho menos. No lo suficiente, por lo visto. Es muy instructivo, lo llevo diciendo desde hace 15 años, leer el documento Una universidad al servicio de la sociedad que sacó el Círculo de Empresarios. Hay que ver lo mucho que se quejaban de que la universidad no favorecía la empleabilidad para las empresas, de que el modelo era rígido, de que había que terminar con el modelo de universidad europeo y sustituirlo por un modelo de universidad más flexible de tipo anglosajón que fuera capaz de tener un diálogo permanente con el mundo empresarial.

Estaríamos mercantilizados, había montones de chiringuitos privados que estaban haciendo su agosto, pero ni mucho menos al nivel que quería la patronal. Y, de hecho, lo consiguieron y fue lo que implementaron desde entonces: toda una ofensiva para cargarse la universidad europea y modernizarla. Para convertir la universidad en una escuela de formación profesional primando siempre la empleabilidad, lo que quiere decir convertirla en una fábrica de mano de obra barata para las empresas. 

Parece que la expansión de las universidades privadas en España preocupa al Ministerio de Universidades actual, a juzgar por el Real Decreto que prepara y que exige a las universidades de nueva creación, y a las actuales en un plazo de cinco años, que cumplan un mínimo de calidad de docencia e investigación. ¿Será suficiente?
En algún momento he dicho que me parecía lo único bueno que había hecho Castells, poner freno a la privada para que no sean consideradas universidades si no lo son. Pero soy bastante pesimista, una vez entras en una dinámica tan competitiva donde la única evaluación universitaria es la cantidad de papers que puedas producir y las oposiciones ya prácticamente no existen, nos convertimos una fábrica de producir artículos en revistas científicas que nadie va a leer.

Esta distancia de la Academia con la sociedad, tan criticada por algunos sectores, ¿no es la misma que está siendo utilizada por iniciativas privadas? En verano, Google anunció unos cursos de seis meses duración, de momento en Estados Unidos, que fueron presentados por la propia multinacional como, literalmente, una alternativa a titulaciones de cuatro o cinco años.
Desembocamos necesariamente en este resultado, porque si tú pones a la universidad a competir con otras universidades para buscar la empleabilidad, y la empleabilidad es lo único que te interesa, pones la universidad al servicio al del mercado con la excusa de ponerla “al servicio de la sociedad”. ¿No podemos hacerlo al revés, quiero decir, que la universidad esté orgullosa de algo que realmente sea una universidad? Porque eso también me parece bastante sensato, algunos dicen que es idealista, pero eso era lo que teníamos.

Antes la universidad tenía que ser una verdadera universidad, pero no al servicio de la sociedad, sino de la investigación científica, de la verdad, para que la sociedad pudiera estar muy orgullosa de tener una universidad. Esa era la lógica que imperaba hasta Bolonia, cuando ese lema envenenado, que lo compró todo el mundo, y sobre todo lo compraron los sociólogos. Pero la universidad no tiene por qué estar al servicio de la sociedad, todo lo contrario, tiene que estar al servicio del interés científico. Esto solamente lo decíamos desde las facultades de filosofía.

Si tú pones la universidad al servicio de la sociedad y esa sociedad es una sociedad basura, vas a tener una universidad basura

Esto engancha con el tema de Google, ¿no?
Es que si tú pones la universidad al servicio de la sociedad y esa sociedad es una sociedad basura, vas a tener una universidad basura, y si encima lo que demanda la sociedad a la universidad es empleabilidad, pues ya está, Google lo va a hacer mejor. Al final vas a tener una universidad de Google que va a hacer mucho mejor lo que nosotros hemos intentado hacer a trancas y barrancas a pesar de que era un disparate intentar hacerlo: sustituir los títulos por una especie de curriculum hecho a base de certificados que dan fe de certezas, habilidades y competencias.

Pues así llega Google y dice: si se trata de formar en una competencia, yo propongo un cursillo de unos meses muy baratos y certifico que este señor tiene esa competencia, destreza o habilidad. Y dirás: “Bueno, pero no son títulos oficiales”, pero ¿a quién le va a importar, si las empresas lo que quieren es que tengas esa habilidad, esa competencia? De alguna forma hemos firmado nuestra sentencia de muerte. No hemos conseguido suprimir los títulos porque había una especie de inercia feudal, como decían, pero lo intentamos a toda costa. Pero hemos intentado un disparate, porque al final se ha adelantado Google, que lo va a hacer mucho mejor.

Ese es el problema, hemos hecho una apuesta suicida por competir donde no podíamos competir, en vez de hacer una universidad digna de ser llamada así, y que la sociedad se apañe con su mercado laboral basura, porque además hay algo que conviene no olvidar, y es que detrás de los títulos universitarios había colegios profesionales, convenios colectivos, derechos laborales... Una universidad donde ya no tienen importancia los títulos es una sociedad en la que ya no tienen importancia las legislaciones laborales y los sindicatos, así que lo que tienes es emprendedores que no tienen detrás a un sindicato, sino que son empresarios de sí mismos que tienen que negociar con el culo al aire en el mercado en entrevistas de trabajo privadas.

Hablando de introducirse en el mercado laboral, varios rankings concluyen que egresados universitarios de instituciones privadas encuentran antes trabajo que de las públicas, pero algunos expertos hacen aquí mención a la agenda de contactos derivada de este tipo de educación o a la clase social de quienes pueden permitirse estos estudios.
Claro, es que si nos ponemos a competir en eso no lo vamos a conseguir. En todos los documentos que nos venían por parte de los círculos de empresas, la patronal y en última instancia la Organización Internacional del Comercio, nos decían que la célula del mundo universitario debería ser una corporación docente-empresarial, una unidad de investigación, docencia y empresa. Que lo ideal sería que las empresas dijeran lo que necesitaban y que eso se convirtiera en un departamento universitario y lo gestionara la propia empresa, de tal manera que tú podías entrar como estudiante en ese sitio y salir con puesto trabajo en esa misma empresa. Si se trata de conseguir eso, lo va a hacer mucho mejor el mundo privado. Lo malo fue cuando las autoridades académicas accedieron a competir contra él, esa apuesta suicida, porque nunca lo vamos a conseguir, lo conseguirán solo algunos departamentos que tengan interés empresarial.

¿Estamos a tiempo de cambiar algo de esto?
Hay gente joven que espero que esté para hacer algo, pero yo soy pesimista porque lo que he visto es que todas las conquistas de la clase trabajadora que se han materializado en instituciones y en leyes tardan 50 años en conquistarse y se pierden en cinco minutos de traición, despiste o relajamiento para mantenerlas. Y te cuesta otros 50 años reconquistarlo. La universidad pública era una conquista de la clase trabajadora, el derecho a poder tener estudios superiores, y también se nos decía entonces que no necesitamos tanta masa sobrecualificada, pero la gente por pobre que sea tiene derecho a estudios superiores, y el Estado debe garantizárselo.

Eso lo hemos perdido cada vez más con Bolonia, porque el Plan Bolonia no era el Plan Bolonia sino una reconversión económica de la universidad, porque se multiplicaron por tres, por cuatro o por cinco las tasas universitarias; cada vez es más difícil pagar estudios. Volver a tener una universidad como tuvimos yo creo que va a costar 50 años de lucha. Ya costó 10 años de lucha contra Bolonia la resistencia, al final se perdió, pero no me cabe duda de que el resultado hubiera sido mucho peor si no se hubiera resistido, porque de hecho en España conseguimos que los grados duraran cuatro años y no tres, recordemos el 3+2: precios públicos —multiplicados por cuatro, eso sí— para tres años y luego dos a 12.000 euros. A pesar de ese logro, fue una gran pérdida de la lucha de clases, una enorme derrota la que sufrimos con el Plan Bolonia.

David F. Sabadell / Lis Gaibar

@LisGaibar

16 ene 2021 07:05

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Consecuencias de que el agua cotice en el mercado de futuros

El uso del agua en California ha pasado a cotizar desde el lunes en el mercado de futuros. Una vuelta de tuerca más en la financiarización y privatización del agua.

 

Se rumoreaba desde hace un par de meses y, esta semana, el momento llegó. Desde el lunes, el agua ya es un producto que cotiza y se comercia en los mercados de futuros. Los incendios desatados en California, uno de los estados norteamericanos con una mayor industria agrícola, y la escasez de agua que están provocando han servido de excusa perfecta para llevar este bien tan básico al mercado de futuros de materias primas y convertirlo en un producto especulativo.

Su valor, que en California se ha duplicado en el último año, se marcará en el índice Nasdaq Veles California Water (NQH2O), que se basa en el precio de los derechos del agua en el mercado de futuros de varias zonas de California y que funciona desde 2018. La cotización actual del bien es de 486 dólares por acre pie, lo que equivale a unos 1,4 millones de litros. El mercado de futuros consiste en poder negociar el valor de un bien en una fecha futura, lo que, según los defensores de este tipo de mercados, ayuda a asegurar precios futuros, hacer más eficiente el mercado del agua y a que los agricultores o municipios no tengan problemas en el futuro para abastecerse de agua, protegiéndose así de los vaivenes de los mercados. 

Pero esa defensa del mercado de futuros hace aguas por todas partes si vemos lo que ha ocurrido en otras ocasiones con los productos básicos que se han postrado a los pies de los especuladores. Uno de los ejemplos más recientes y devastadores fue el incremento de los precios de alimentos básicos durante la crisis financiera de 2008. Cuando las bolsas se hundieron en los años posteriores a la caída de Lehman Brothers, los inversores que huían de los circuitos financieros e inmobiliarios buscaron productos seguros donde invertir sus capitales. El mercado de futuros de alimentos básicos, como el trigo o el maíz, atrajo enormes cantidades de dinero que compraban estos productos básicos en forma de futuros, lo que provocó que los precios pactados fueran cada vez más altos debida a la enorme demanda, lo cual a su vez provocó una subida generalizada de los precios de los alimentos en todo el planeta, causando hambrunas y millones de muertes en los países del sur global.

Uno de los ejemplos más claros es el del aceite de palma, según explica la periodista e investigadora Laura Villadiego, del proyecto Carro de Combate. “Se calcula que en la Bolsa de Malasia se intercambia cada tonelada de aceite de palma producida unas cinco veces antes de llegar a su comprador final y, según la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), el 98% de los contratos de futuros nunca llegan a materializarse, son puras herramientas de especulación”, lamenta Villadiego. Esos movimientos puramente especulativos tienen un impacto sobre los precios, “que se traslada después a los agricultores que producen aceite de palma”. Cuando los precios suben, explica, “se abren más plantaciones, unas veces a costa de bosque primario y, otras veces, a costa de otras materias primas, muchas veces cultivos para la alimentación básica de la población”, y cuando los precios caen, “todos arruinados”.

¿Qué supone la entrada del agua en el mercado de futuros?

Que el agua esté a la merced de los mercados, que se financiarice su valor y su comercio, lo convierte “en una inversión financiera potencial y se analice desde el punto de vista de rentabilidad-riesgo”, explica a El Salto Luís Flores, especialista en mercados bursátiles e integrante de Ecologistas en Acción. Además, al ser un bien cada vez más escaso, “su precio en el medio-largo plazo solo puede subir”, lamenta, ya que desde el punto de vista del inversor es una apuesta clara y segura, como ya ocurrió con las tierras cultivables y otros alimentos básicos anteriormente. El impacto de que coticen ahora solo afectará a las zonas de California y a los derechos de aprovechamiento del agua a los que se refieren estos nuevos futuros pero, alerta Flores, “se marca una tendencia muy preocupante”. 

La especulación sobre el agua no en nueva esta semana, “solo hay que ver las fluctuaciones del precio del índice sobre el que se lanzan ahora estos futuros”, argumenta Flores. El NQH2O subió un 227% durante el primer semestre del año y caído un 31% en lo que llevamos del segundo semestre. “Probablemente, los futuros contribuyan a incrementar esa volatilidad”.

Coincidiendo con Villadiego, Flores defiende que la teoría de que los futuros pueden servir para mitigar los riesgos de los productos a los que están vinculados es muy distinta de lo que acaba ocurriendo en la mayoría de los casos. “La realidad demuestra exactamente todo lo contrario, los futuros se convierten en una herramienta especulativa donde el ‘músculo’ para hacer la apuesta más grande es capaz de mover el precio de los futuros en un sentido u otro. Y los futuros son precisamente los esteroides para ese músculo, ya que permiten hacer apuestas disponiendo de solo un porcentaje mínimo de los fondos que se quieren apostar”.

Mercados en busca de inversiones seguras

Al igual que ocurrió tras 2008 con los mercados ávidos de encontrar inversiones seguras, en esta nueva crisis los bancos centrales han inundado de dinero a los mercados con la intención de mantener y reflotar la economía ante la crisis del covid-19. Este exceso de capital y unos mercados bursátiles han llevado a los “valores refugio”, como el caso del oro, a máximos históricos. Los inversores desconfían de las bolsas pero tienen mucho capital que han conseguido a un interés muy bajo por parte de esos bancos centrales y necesitan encontrar un lugar seguro y que reporte beneficios.

La tendencia sobre el derecho del agua de California, en caso de extenderse a otros países, convertiría al agua en uno de esos lugares seguros a los que redirigir capitales y a la especulación con el bien básico

En ese contexto, la tendencia que marca la noticia sobre el derecho del agua en California, en caso de extenderse a otros países, convertiría al agua en uno de esos lugares seguros a los que redirigir esos capitales, que deberían servir para reconstruir la economía y salir de la crisis, a la especulación con el bien básico. “A partir de ahora, los futuros sobre agua son para estos grandes inversores una alternativa más en la que invertir y solo por ello, el precio de los futuros, del índice al que se ligan y por tanto del agua, debería subir”, argumenta Flores.

Un paso más para privatizar el agua

El caso California no arranca esta semana. La sequía que sufrió el estado entre 2012 y 2016 fue acompañado de cambios legislativos para privatizar el uso del agua. “Esto es solo una nueva vuelta de tuerca a ese proceso”, dice Liliana Pineda, miembro de Attac y la Plataforma Contra la Privatización del Agua. “Cuando se habla de derechos del agua, se habla de derechos privados, ya que el agua pública no es un bien titularizable”, argumenta Pineda, “y no debería serlo”, matiza. Según ella, lo que se intenta es que los municipios intercambien concesiones sobre agua por dinero en lo que tacha de un “chantaje a los ayuntamientos que necesitan ese dinero para meterlo en ladrillo o pagar deudas a que titularicen, y por lo tanto privaticen, el uso del agua”.

Esa nueva vuelta de tuerca a la que se refiere Pineda es la privatización de bienes y servicios públicos básicos que llevamos sufriendo las últimas décadas. “Es una vuelta de tuerca al proceso de financiarización de todo lo común”, dice la activista, “una tendencia a la privatización que, en caso de avanzar y extenderse a otros países, podría hacer el agua más susceptible por parte de las administraciones públicas”. Además, estos procesos de titularización y comercialización “afianzan los modelos de gestión privada y son un espaldarazo a la gestión pública del agua”.

“La ONU considera el agua un derecho humano, España todavía no ha traspuesto ese mandato”, lamenta Pineda, por lo que se debería paralizar todo proceso de convertirlo en un bien bursátil especulativo. Desde la Red de Agua Pública o la Plataforma contra la Privatización del Agua piden exactamente lo contrario a lo que ha sucedido esta semana en California: “Tiene que haber una mayor inversión pública y no por los cauces bursátiles”. “Cuando entra en el mercado de futuros no sabemos en manos de quién está el agua, puede estar en manos de un fondo buitre en un paraísos fiscal que no tiene ningún interés más que ganar dinero”, lamenta Pineda.

Por Eduardo Luzzatti / Yago Álvarez Barba

@EconoCabreado

10 dic 2020 06:00


 El agua ya cotiza en Wall Street, un paso más para que un derecho humano se convierta en mercancía

El agua de California se ha convertido en un elemento más para invertir dentro de los mercados a futuros bursátiles. La financiarización de este recurso hace saltar las alarmas a expertos, que ponen las crisis agroalimentarias de 2007 y 2008 como referencia de lo que pueda pasar en el futuro. 

madrid

09/12/2020 22:52

alejandro tena

En 1995, el exvicepresidente del Banco Mundial, Ismail Serageldin, afirmaba que las guerras que marcarán el futuro del siglo XXI girarán en torno a la disponibilidad del agua. Quizá la humanidad no se encuentre aún en ese escenario, pero los pasos hacia la mercantilización de este bien –considerado un derecho humano desde 2010 por la ONU– son cada vez mas grandes. Tanto, que esta semana el agua comenzó a cotizar en los mercados a futuro de Wall Street. Un hecho histórico que pone a esta materia prima, fundamental para la vida, al mismo nivel que el oro o el petróleo. 

Este tipo de inversiones a futuro no suponen la necesidad de suministro de agua, sino que son contratos financieros que vendrán determinados por el precio medio semanal de las principales cuencas de California. De esta forma, el índice NQH20 marcará el precio de esta nueva mercancía y servirá, según los expertos, de referencia mundial. Si bien, desde sectores económicos como Bloomberg o la compañía de mercados CME Group han vinculado esta decisión con una supuesta protección y flexibilidad del agua de cara al escenario de escasez y sequía –condicionada por la crisis climática–, otros sectores alertan de las posibles repercusiones que puede tener la entrada de este líquido en Wall Street.

Pedro Arrojo, relator de las Naciones Unidas para el Derecho al Agua y al Saneamiento, explica a Público que esta "mercantilización de las excedencias de los derechos concesionales del agua nos lleva al sanctasanctórum de los mercados especulativos". Se trata de los mismos mercados, dice el economista de la ONU, que "han trabajado con la alimentación y han producido hambrunas internacionales, quebrando economías nacionales por especulaciones a futuro con cuestiones básicas de la vida que afectan a los derechos humanos".

Sin embargo, la llegada de este recurso a los mercados no es una sorpresa, sino el resultado de una gestión hidrológica que se remonta a los inicios de la década de los años ochenta del siglo XX, que vino condicionada por las sequías intensas de 1976 y 1977 en California. En estos momentos se implementaron los mercados de agua en el estado norteamericano del oeste. La escasez de recursos hídricos propició que los derechos de agua a corto plazo fueran traspasados a manos privadas. Incluso durante la segunda mitad de los años noventa, que estuvieron marcados por lluvias abundantes, estas prácticas fueron comunes. Fue a comienzos del siglo XXI cuando empezaron a crecer los acuerdos de derechos de agua a largo plazo, lo que podría ser el germen de los mercados a futuro que esta semana han irrumpido en Wall Street. En este momento, la Imperial Irrigation Distrit compró una gran cantidad de derechos de agua a las empresas concesionarias de Los Ángeles y San Diego, teniendo que llegar estas ciudades a pagar a esta compañía en momentos de sequía, para poder abastecer los mínimos requeridos para el consumo urbano. Es decir, en tres décadas los derechos de agua pasaron paulatinamente de lo público a lo privado.

"Esta clase de acuerdos puede convertir a las ciudades en cautivas de los proveedores privados, al mismo tiempo que los únicos beneficiarios son los aguatenientes que destrozan la industria auxiliar agrícola y a sus trabajadores. Por no hablar de los efectos negativos en los ecosistemas por los que dejan de pasar esas aguas", expone Luis Babiano, gerente de la Asociación Española de Operadores Públicos de Abastecimiento y Saneamiento (Aeopas). "El sudeste de la península ibérica guarda muchas semejanzas con California y esto ha hecho que siempre se la observe como un referente. En este sentido hemos seguido algunas pautas mercantiles en nuestra legislación inspirados en este modelo", alerta, señalando que, por el momento, España se ubica en un sistema público con cierta participación privada.

Pero, ¿qué ocurrirá si el agua llega a los mercados financieros a nivel mundial? "Si se globaliza la especulación del agua como se ha hecho con el sistema agroalimentario, pasaremos de tener un bien común a tener una commodity (mercancía). Ahora, con la entrada en bolsa de California, se da un paso más en esa lógica que ya se venía gestando. Primero se pasa de estar en un ámbito público a un ámbito público-privado y, después, se da el salto a la especulación absoluta", opina Mirene Begiristain, profesora de Economía de la Universidad del País Vasco.

La cotización del agua en los mercados de futuro por el momento afecta sólo a las cuencas californianas, pero abre una vía de mercantilización nunca antes vista. Desde determinados sectores económicos favorables a esta iniciativa señalan que, al ser únicamente los excedentes de agua los que cotizarán en Wall Street, se fomentará un consumo eficiente y se hará frente a supuestos despilfarros. Sin embargo, se abre el riesgo de que la gran parte de los contratos a futuro sean comprados por inversores ajenos a sectores agrícolas, lo que fomentará que haya un juego de compraventa. Según el experto en transición ecológica, Luis González Reyes, sólo el 2% de los futuros que son bienes básicos terminan siendo entregados, el 98% se venden y revenden como activos financieros especulativos. En el caso del agua, las escasas infraestructuras para el transporte complican aún más que la compra de futuros se haga con la intención de poder hacer uso de ellos, tal y como advierte Babiano.

Las crisis alimentarias ya mostraron los efectos de la financiarización global de recursos básicos para la vida. Tanto es así que la especulación en los mercados a futuros tuvo un papel importante en la subida de precios de las crisis agroalimentarias de los años 2007 y 2008. Todo ello, se vio agravado por la coyuntura de cambio climático y su incidencia en determinados cultivos, así como la apuesta firme por los agrocombustibles que desplazaron la producción de alimentos hacia otras zonas, tal y como se recoge en una publicación de la FAO (Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura)

Arrojo, como relator de la ONU, muestra su preocupación por el paso adelante que ha dado el estado californiano y, de hacerse global, asemeja los riesgos a los experimentados con la financiarización de los recursos alimentarios. "No es el debate que teníamos instalado", dice, en relación a la situación que se vive en zonas de Europa como España, donde las disputas giran todavía entre unos derechos del agua puramente públicos frente a los mixtos con concesiones privadas. "Si esto continúa, se acaba todo. No existirá el interés general, sino el interés del mercado, donde el león se come al cordero", reflexiona.

Babiano, por su parte, explica que la mercantilización de este derecho humano podría abrir la puerta a una "triple variable" que transforme el agua tal y como se conoce. Por un lado, la accesibilidad estará marcada por la rentabilidad económica. En segundo lugar, la asequibilidad quedará condicionada a las fluctuaciones de los mercados, lo que generaría, según el experto, un descontrol de precios a largo plazo. El tercer factor es la "concentración de poder" en los mercados y el desplazamiento de lo público y la idea de bien común como principio básico de toda gestión hídrica.

"Estas son las semillas de la mercantilización de los bienes esenciales. Ahora se anuncia en California, pero esto irá evolucionando poco a poco. En un principio se nos presenta la participación privada como un mecanismo de flexibilidad, luego se empieza a cuestionar la esencia de lo público, como ocurre ahora [en España], y se termina entrando en los mercados, que es lo máximo", detalla el gerente de Aeopas, quien reclama que España deje de mirar hacia el modelo californiano para reconvertir nuestro sistema: impulsar la gobernanza en la gestión del agua, eliminar cánones concesionales, considerar el agua un derecho humano y "volver al espíritu público de la ley aguas de 1985".

Un derecho humano que no se cumple

A pesar de que el acceso al agua es un derecho humano desde 2010, en el mundo hay alrededor de 700 millones de personas de 43 países que sufren escasez de este recurso. Los efectos de la emergencia climática son cruciales para entender este fenómeno que, según la ONU, aumentará en los próximos años. Se estima que dentro de cinco años habrá 1.800 personas viviendo en zonas del mundo afectadas por estrés hídrico, es decir, en lugares donde la demanda de agua sea superior a su disponibilidad. Esto podría desembocar en una crisis migratoria sin precedentes que afecte a cerca de 250 millones de personas residentes en países africanos.

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Una médica organiza resultados de pruebas rápidas de Covid-19, ayer en el macrokiosco de Salud, en la Casa de Cultura Jaime Sabines, alcaldía Álvaro Obregón.Foto Cristina Rodríguez

Hace un año expuse que Google, Facebook y Microsoft, tres gigantes de Silicon Valley, exhortaban, mediante su segmento del Consejo de Innovación de Defensa, que preside el israelí-estadunidense Joshua Marcuse, a que el Pentágono controle la inteligencia artificial (IA), lo cual la militariza(ba) de facto en forma discrecional”, además de la inquietante “militarización de la salud predictiva (sic) que usará la IA para el análisis de las historias clínicas, la clasificación de la imagenología o scanning médicos, la mitigación del síndrome de estrés postraumático y la prevención del suicidio (https://bit.ly/39Tkeac)”.

Desconcierta que el Financial Times ( FT, 7/12/20), portavoz del misántropo y caníbal globalismo financierista controlado por la dupla Rothschild/George Soros, arremeta contra la "penetración del Big Tech en la industria de la salud que crea temores a la privacidad clínica". Nick Couldry y Ulises Ali Mejias, coautores de Los costos de la conexión: cómo los datos colonizan la vida humana y se apoderan de ella para el capitalismo (https://amzn.to/33VO0rc)” –a quienes da cabida en forma asombrosa el globalista FT–, fustigan la incursión de Amazon en el "mundo médico" y las implicaciones de acceso a los datos clínicos de los usuarios sobre "los más íntimos detalles de nuestras vidas" por los gigantes de Silicon Valley: GAFAM (Google/Apple/Facebook/Amazon/Microsoft), donde el "medio son los datos personales y el objetivo es el valor económico extraído de ellos".

En forma "filantrópica", Amazon anunció que lanzaría su propia farmacia con 80 por ciento (¡megasic!) de descuento en las prescripciones ( FT, 17/11/20). ¡Vaya proceder "samaritano" del GAFAM! Según los autores de marras, esta inverosímil "generosidad" oculta el objetivo más valioso de la inversión a largo plazo de Amazon:"ganar acceso" a los datos clínicos de los usuarios. ¡George Orwell se quedó corto!

Los autores comentan que los datos médicos constituyen una "frontera abierta (sic)" donde se posiciona el GAFAM para "explotar (sic)" y cuya parte “más vulnerable son los datos relacionados con la salud recogidos fuera de la relación médico/paciente mediante dispositivos de entrenamiento y fitness, así como las características en los asistentes digitálicos personales” –tales como Echo (bocina inteligente) de Amazon. ¿Quién se atreverá a proteger los datos clínicos del género humano?

De la captura de la intimidad genética del género humano a su comercialización y, luego, a su ineludible bursatilización, sólo queda un paso que con la mano en la cintura cruzarán los "maestros del universo" del GAFAM.

Desde hace un año Google había sido denunciada de haber accedido en forma secreta a las historias clínicas de decenas de millones de personas en 21 estados de EU, donde se asociaron con sus locales "sistemas de salud", según el Wall Street Journal (https://on.wsj.com/3oB0GM4). Los autores concluyen que los datos clínicos representan "un nuevo poder (sic) para influir y controlar (sic) a la sociedad" mediante un permisivo "libre comercio de los datos": un "nuevo colonialismo del Big Data" y un "nuevo mundo de explotación cuyas desigualdades tendrán consecuencias por los siglos venideros".

El mandamás de Amazon es Jeff Bezos, quien, además, controla The Washington Post, vinculado a la CIA (portal europeo DeDefensa dixit). Los principales accionistas de Amazon son los cuatro connotados gigabancos: Vanguard Group, BlackRock, SSgA y Fidelity, con una capitalización de mercado de 1.6 millones de millones de dólares, que acaba de empatar con Microsoft. A mi juicio, Bezos es un vulgar prestanombre del Deep State/Pentágono y su ciberbancocracia. ¿Lo es también Bill Gates de los Rothschid (https://bit.ly/37JCH6p)?

Para que el FT, carente de todo escrúpulo bioético, se subleve contra el control de los datos clínicos del género humano, quizá signifique que el Big Tech y el Pentágono se alistan a dominar la anglósfera financierista de los banqueros Rothschild y su instrumento: el megaespeculador Soros.

¿Quién ganará el pleito intraglobalista?

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Los futuros del agua comenzarán a comercializarse en Wall Street a partir de esta semana en medio de temores de que el recurso natural pueda escasear

Los contratos serán lanzados por CME Group Inc, que asegura que los futuros ayudarán a los usuarios del agua a gestionar el riesgo y alinear mejor la oferta y la demanda.

 

Los futuros del agua comenzarán a comercializarse en Wall Street a partir de esta semana en medio de crecientes temores de que este recurso natural pueda escasear en la mayor parte del mundo, según informó este lunes Bloomberg.

Esta semana, la empresa estadounidense CME Group Inc lanzará contratos vinculados al agua al contado de California, un mercado de 1.100 millones de dólares. De acuerdo con la compañía, los futuros ayudarán a los usuarios del agua a gestionar el riesgo y alinear mejor la oferta y la demanda.

Los contratos, los primeros de su tipo en EE.UU., fueron anunciados en septiembre, cuando la costa oeste del país fue devastada por el calor y los incendios forestales. Según Bloomberg, están destinados a "servir como protección para los mayores consumidores de agua de California contra la subida de los precios y como indicador de escasez para los inversores de todo el mundo".

Los futuros se liquidarán financieramente, en lugar de requerir la entrega física real de agua, y se basarán en el Nasdaq Veles California Water (NQH2O), un índice de referencia establecido para los precios del agua en ese estado norteamericano. 

CME Group no identificó a los posibles participantes del mercado, pero señaló que la bolsa recibió noticias de  productores agrícolas de California, agencias públicas de agua y servicios públicos, así como de inversores institucionales como gestores de activos y fondos de cobertura.

"2.000 millones de personas viven ahora en naciones plagadas de problemas con el agua, y casi dos tercios del mundo podrían enfrentar escasez de agua en solo cuatro años", declaró el jefe global de índice de acciones y productos de inversión alternativos de CME Group, Tim McCourt. "La idea de gestionar los riesgos asociados al agua sin duda está cobrando mayor importancia", subrayó. 

Publicado: 7 dic 2020 03:13 GMT

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La primera nave tripulada de Estados Unidos en viajar a la Estación Espacial Internacional desde el fin de la era de los transbordadores, hace una década, amerizó ayer en la costa de Pansacola, Florida, con los astronautas de la NASA Bob Behnken y Doug Hurley. Fue una misión que se llevó a cabo de forma conjunta entre la compañía privada SpaceX y la agencia espacial estadunidense. Los cuatro paracaídas de la cápsula Crew Dragon Endeavour se desplegaron suavemente para el regreso. Foto Afp. Agencias

Washington. La primera nave espacial tripulada de Estados Unidos en viajar a la Estación Espacial Internacional (ISS) desde el fin de la era de los transbordadores, hace una década, regresó exitosamente este domingo a la Tierra con dos astronautas de la NASA a bordo.

La misión, llevada a cabo de forma conjunta por la compañía privada SpaceX y la NASA, demuestra que Washington vuelve a tener capacidad para enviar cosmonautas y traerlos de regreso. Los cuatro paracaídas principales de la cápsula Crew Dragon Endeavour, de SpaceX, se desplegaron y quedaron flotando después de que la nave, con los astronautas Bob Behnken y Doug Hurley, amerizara en la costa de Pensacola, Florida, a las 14:48 tiempo local (18:48 GMT), tal cual estaba programado. Es el primer amerizaje de una tripulación espacial estadunidense desde la misión Apollo-Soyuz de 1975.

Hurley, el piloto, expresó al regresar: Es realmente nuestro honor y privilegio participar en esta misión.

En nombre de los equipos de la NASA y SpaceX, bienvenidos de nuevo al planeta Tierra y gracias por volar con SpaceX, respondió Mike Heiman, de la empresa privada, causando un estallido de risas en la sala de control.

Varios botes civiles invadieron la zona de amerizaje, mientras un barco de recuperación aceleró hacia la cápsula carbonizada superficialmente y la llevó a bordo.

La apertura de la escotilla se retrasó brevemente, mientras un equipo trabajaba para detener una fuga de vapor de combustible del cohete. Una hora después del amerizaje, los cosmonautas salieron de la cápsula para ser transportados en helicóptero a la costa y luego en avión a Houston, donde se reunirán con sus familias. Estamos entrando en una nueva era de los vuelos espaciales tripulados en la que la NASA ya no es la compradora, propietaria y operadora de todas las herramientas, explicó el administrador de la agencia espacial, Jim Bridenstine, a la prensa.

Es sólo el inicio: estamos empezando el viaje de llevar a gente de forma regular hacia y desde la órbita terrestre baja, a la Luna, y por último a Marte, declaró Gwynne Shotwell, presidenta de SpaceX.

El presidente Donald Trump, que había viajado a Florida para el lanzamiento de la cápsula hace dos meses, elogió el regreso exitoso.

Es maravilloso tener a los astronautas de la NASA de vuelta en la Tierra tras una muy exitosa misión de dos meses. ¡Gracias a todos!, escribió en su cuenta de Twitter.

Desde el último vuelo de un transbordador espacial en 2011, Estados Unidos había tenido que apelar a la colaboración de Rusia para ese propósito.

La fase final de esta operación conjunta entre la NASA y la compañía del excéntrico empresario Elon Musk afrontó hasta último momento temores por el riesgo de la tormenta tropical Isaías, que bordea la península de Florida y que había hecho descartar el lugar original para el amerizaje.

La misión también supone una gran victoria para SpaceX, que Musk fundó en 2002 y ha superado a Boeing, principal competidor en la carrera espacial comercial.

En plena pandemia de coronavirus, Jair Bolsonaro avanza con la privatización del agua

El Senado le allanó el camino

 

El Senado de Brasil aprobó el miércoles un proyecto oficialista que allana el camino para privatizar las empresas estatales de agua y saneamiento. El presidente Jair Bolsonaro había pedido al Congreso prioridad para la iniciativa, a pesar de la pandemia del coronavirus, bajo la excusa de que atraerá más inversión privada al sector que se encuentra en un estado de precariedad.

El proyecto de ley, que había sido aprobado la Cámara baja en diciembre, fue sancionado por una votación de 65 a 13 en el Senado. La iniciativa, que el presidente firmará en las próximas horas, pondría un recurso público vital en manos privadas, en momentos en que muchos países o ciudades lamentan haber privatizado sus sistemas de agua

El saneamiento era el último sector importante de infraestructura en Brasil que no había sido privatizado. Bolsonaro, que impulsó una agenda radical de reformas de libre mercado, celebró su aprobación.

De acuerdo al mandatario, el proyecto tiene como objetivo brindar un mejor servicio a los 35 millones de brasileños que carecen de agua potable y 100 millones cuyas aguas residuales se vierten sin tratar, dijeron sus impulsores. "Casi la mitad de la población de este país carece de saneamiento básico", dijo el principal patrocinador del proyecto, el senador Tasso Jereissati del partido de centro derecha PSDB.

La votación fue resultado de una sesión remota debido a la pandemia de coronavirus, que ha resaltado la urgencia de abordar los problemas de saneamiento para los pobres en el país.

El país tiene el segundo mayor número de casos y muertes por covid-19 en el mundo, después de Estados Unidos. Muchos brasileños carecen de acceso a lo más básico necesario para prevenir el contagio: agua limpia para lavarse las manos.

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El paciente del millón de dólares o cómo pagar la factura más alta por un tratamiento de covid-19

Un ciudadano de Seattle, Michael Flor, de 70 años, recibe una factura récord de más de 1,1 millones de dólares por su tratamiento de covid-19 tras pasar 62 días ingresado. Más de 250.000 norteamericanos han sido hospitalizados por el virus y se enfrentarán a facturas que podrán dejarlos en la ruina aunque tengan un seguro médico.

 

El 4 de marzo, en Seattle, Michael Flor, de 70 años, salió pronto del trabajo y se fue a casa. Tenía una tos fea. Él no le dio importancia, pero su mujer le insistió para ir a urgencias; sólo cinco días antes Seattle había registrado el primer muerto del país por covid-19. En el hospital dio positivo e ingresó en UCI. Permaneció ingresado 62 días, casi la mitad de ellos enchufado a un respirador. El 5 de mayo salió entre aplausos, aún en silla de ruedas y con una camiseta de Supermán. Pero vivo. Así que a primeros de junio llegó a su casa la factura de la atención médica recibida. "La abrí y me dije. ¡Host** p**a!", cuenta Flor al Seattle Times. La factura era un documento de 181 páginas en la que se detallaban casi 3.000 conceptos con sus cantidades correspondientes. La suma total hacía, exactamente, 1.122.501,04 dólares; es decir, 992.744 euros.

Esta vez, la suerte ha estado de su lado y Flor se va a librar de pagar nada, o eso le ha asegurado su compañía médica. Pero según un estudio de la Universidad Johns Hopkins, ése no va a ser el caso de muchos de las hasta ahora más de 250.000 personas que han sido hospitalizadas en Estados Unidos por covid-19. "La Ley HEROES que propuso la Cámara de los Diputados [en mayo] habría exigido que todos los seguros médicos que un trabajador tiene a través de su empleador cumplieran con la exención de gastos deductibles anuales y copagos tanto en las pruebas como en el tratamiento de la covid-19, sin embargo, el Senado [de mayoría republicana] se opone a ello", explica a la web Medical Press Cheryl Fish-Parcham, directora de acceso a la salud de Families USA, una organización de consumidores de la salud.

Flor se va a librar de pagar nada o casi nada porque, al tener más de 65 años, su seguro de salud le viene a través de los fondos de Medicare, un programa público. Así que la compañía de salud de Flor le ha asegurado que, al estar bajo Medicare, para él no habrá deducibles ni copagos esta vez. El problema para los más de 250.000 personas que han pasado por un hospital en Estados Unidos es que sus facturas dependerán de si están acogidos a un programa de salud público como Medicare (para mayores de 65 años) o si la empresa para la que trabajan y a través de la cual tienen su seguro médico ha llegado a ese acuerdo con la compañía de salud privada.

Según el estudio de la Johns Hopkins, el 60% de las personas aseguradas en Estados Unidos tiene un seguro que proviene de un acuerdo entre su empresa y una compañía médica privada. Dichos seguros no están obligados por ley a retirar deducibles ni copagos. Depende de la voluntad de la empresa en cada caso. Flor tuvo la suerte de que su seguro estaba cubierto por los fondos públicos de Medicare, que sí tenía esa condición acordada. "Pero si uno trabaja para una compañía de cierto tamaño y ésta es la que le provee a uno el seguro médico, tus copagos y gastos deducibles dependerán de tu empleador", asegura Matthew Eisenberg, uno de los autores del estudio de la Johns Hopkins.

El gasto sanitario anual que, como promedio, uno ha de asumir en Estados Unidos en su seguro médico asciende a 1.655 dólares, según un estudio de la Fundación de la Familia Kaiser, que alerta de que hace una década esta cantidad era de 826 dólares. Si uno tiene ese deducible anual y un copago del 20%, quiere decir que los primeros 1.655 dólares de las facturas médicas las asume uno en su totalidad y, a partir de esa cantidad, el seguro le cubre el 80% de las facturas y el resto va a cuenta del asegurado. Bajo esas condiciones, una factura como la que recibió Flor implicaría pagar más de 200.000 dólares.

El problema de esto es doble. Por un lado, la covid-19 ha desatado una crisis económica devastadora en Estados Unidos y ha dejado por el momento más de 45 millones de parados, de los que 27 millones habrían perdido su seguro médico (que tenían a través de su empleador); por otra parte, en cuanto a las personas que no han perdido su empleo y siguen trabajando, las empresas para las que trabajan, en medio de esta crisis galopante, podrían ser reacias a acordar el levantamiento de los copagos y gastos deducibles con las compañías médicas que cubren a sus empleados. En el caso de los autónomos, la situación es casi peor: depende de la voluntad de las aseguradoras médicas (o de posibles acuerdos que alcancen con el gobierno federal o los gobiernos estatales) para reducir o levantar del todo esos copagos.

Eisenberg alerta en su estudio de que esta situación es especialmente preocupante en los jóvenes. A menudo, éstos, al estar sanos, contratan seguros médicos con un deducible anual muy alto, lo que abarata mucho el coste del seguro. De este modo, si tienen cualquier percance menor pero improbable, se arriesgan a asumir ellos el coste en su totalidad de una factura menor, pero sí que estarían cubiertos para episodios más graves o urgentes de salud, como una apendicitis o romperse un hueso en un accidente, que suelen acarrear facturas más altas, de decenas de miles de dólares.

Sin embargo, la covid-19 ha está rompiendo los moldes de lo que es una factura elevada. Según la Fundación de la Familia Kaiser, sólo estar cuatro días en la UCI enchufado a un ventilador cuesta una media de 88.000 dólares. Los altos deducibles y los copagos "pueden fácilmente arruinar a una familia", alerta a la web Medical Press el director en la Fundación del Programa sobre Mercados Sanitarios, Matthew Rae, que concluye: "Y una de las cosas que sabemos sobre las deudas médicas es que una cantidad relativamente pequeña puede meter a la gente en una espiral hacia abajo".

Por este motivo, ya el pasado 1 de mayo 32 diputados demócratas introdujeron en el Congreso una propuesta de ley para que todas las facturas de las pruebas y los tratamientos de la covid-19, incluyendo la de personas en situación irregular, se paguen con fondos públicos mientras dure la pandemia. La norma aún espera a ser debatida y votada en las dos cámaras del Congreso, si bien tiene su mayor escollo en el Senado, de mayoría republicana y la que deberá darle, si procede, su aprobación final.

La norma, denominada Ley Plan de Crisis Medicare, fue promovida por los congresistas Pramila Jayapal y Joe Kennedy y secundada por otros 30, todos demócratas, entre ellos, Alejandra Ocasio-Cortez, Adriano Espaillat o Tulsi Gabbard, excandidata demócrata a liderar el partido en las últimas primarias. Senadores como Bernie Sanders le han dado su apoyo público.

Sin embargo, uno los mayores fiascos que ha sufrido la propuesta llegó el pasado 15 de mayo, cuando la Cámara de los Diputados votó a favor del nuevo paquete de ayudas por la covid-19, dotado con 3 billones de dólares. Dicho paquete contó con el voto en contra de más de una docena de demócratas progresistas, entre ellos, la propia Jayapal, puesto que no incluyó, a pesar de la enorme dotación económica propuesta, la cobertura sanitaria médica universal y gratuita por covid-19.

Jayapal denunció en un comunicado que el paquete de ayudas propuesto por la Cámara de los Diputados "no garantiza una atención sanitaria asequible y accesible para toda la población. Más de 27 millones de personas han perdido su seguro médico porque perdieron su trabajo", recordó, "y se suman a los 87 millones de personas que ya estaban sin seguro o con seguro insuficiente. Ahora, más que nunca, la gente necesita saber que su acceso a la atención médica está garantizado". De momento, casos como el de Flor siguen siendo la excepción de confirma la regla.

 

24/06/2020 09:04

Manuel Ruiz Rico

@ManuelRuizRico

Publicado enInternacional
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