La privatización y los derechos humanos al agua potable y al saneamiento

El pasado 21 de octubre, Leo Heller, anterior Relator especial sobre los derechos humanos al agua potable y al saneamiento presentó a la Asamblea General de Naciones Unidas su informe sobre los derechos humanos y la privatización de los servicios de agua y saneamiento, en el que rompe con la pretendida equidistancia imperante hasta ahora en el marco de los derechos humanos entre la gestión púbica y la privatización, que defiende que lo que importa son los resultados de la prestación de los servicios, independientemente del modelo de gestión.

En el informe, Heller pone en evidencia que la gestión privada presenta riesgos relevantes para el disfrute de los derechos humanos al agua potable y al saneamiento que son la consecuencia de la combinación de tres factores: la maximización de los beneficios, el monopolio natural de los servicios y los desequilibrios de poder. La consecución del máximo beneficio en la prestación de los servicios lo relaciona con la disminución de los costos -los laborales o las inversiones, entre otros-, el aumento de los ingresos -por ejemplo, mediante el aumento de las tarifas-, o, lo que es normal, con ambos a la vez. Por su parte, el hecho de que los servicios de abastecimiento y saneamiento, tal y como están configurados, constituyen un monopolio natural en el que no es posible la competencia -algunas autoras lo califican como un fallo del mercado-, y que, en el caso de privatizarlos, se configura una situación de captura de los servicios por un único operador en condiciones, en general, de una clara asimetría de poder, al enfrentar administraciones locales con potentes empresas, en muchos casos multinacionales.

Los riesgos de la privatización derivados de la combinación de los tres factores se concretan, según el informe, en la no utilización del máximo de los recursos disponibles, poniendo en cuestión la asequibilidad, el estado de funcionamiento de los servicios y su propia sostenibilidad, el acceso a la información, la participación, la transparencia y la rendición de cuentas. En definitiva, se pone en peligro los principios de no discriminación y universalidad sintetizados en la determinación de no dejar a nadie atrás.

La asimetría de poder se manifiesta también en la influencia que el lobby de empresas privadas tiene en los foros de decisión, lo que le permite acceder directamente a las autoridades decisorias a todos los niveles, ejerciendo así presión sobre ellas en defensa de sus intereses empresariales y de sus planteamientos ideológicos, estrechamente alineados con las políticas neoliberales. De esta forma, la privatización fue impulsada desde finales del siglo pasado y primeros de éste por el Banco Mundial (BM) y el Fondo Monetario Internacional (FMI) a través de condicionalidades incorporadas a los créditos que concedían a los países en desarrollo; fue tal la presión que en 2002 y 2003, el 100% de los créditos concedidos por el BM llevaban incorporadas condicionalidades de privatización. Más recientemente, y en plena crisis financiera de 2008, el FMI y la Unión Europea condicionaron la financiación del rescate financiero de Portugal y Grecia a la ejecución de sendos programas de privatización.

Las presiones de los lobbies del agua privada no solo se han dirigido a favorecer las privatizaciones, sino también a impedir las remunicipalizaciones, incluso en los casos en los que las concesiones hubieran finalizado; entre los 311 casos de remunicipalización que se han identificado a nivel mundial entre 2000 y 2019, son significativos los de Paris, Valladolid y Terrassa, en los que se ejercieron presiones de todo tipo, incluso legales, para obstaculizarlos.

La asimetría de poder se ha puesto en evidencia recientemente con la agresiva e ignominiosa campaña realizada por AquaFed -el lobby internacional privado del agua-, que ha intentado desacreditar personalmente a Leo Heller y al propio informe, a través de sendas cartas dirigidas a la presidenta del Consejo de Derechos Humanos y a la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, sin que hayan tenido resultados apreciables. Esta campaña ha tenido la puntual contestación de seis relatores especiales y expertos independientes actuales y anteriores de Naciones Unidas en un artículo de opinión en el que manifiestan su posición crítica ante la mercantilización de los servicios públicos relacionados con los derechos humanos, como son los de salud, educación, vivienda, agua y saneamiento, entre otros, en tanto que excluye a los sectores sociales más empobrecidos y puede dar lugar a violaciones de los derechos humanos. Estos posicionamientos reflejan que el informe de Leo Heller ha puesto en la palestra el tema de la privatización en el contexto de los derechos humanos y que se ha abierto un debate que ha llegado para quedarse.

Por su parte, los movimientos sociales, que han protagonizado durante décadas la oposición a la privatización del agua e impulsado los procesos de remunicipalización, reconocen en el informe de Heller una buena parte de sus análisis y diagnósticos; en este sentido, más de cien organizaciones sociales internacionales han apoyado a Leo Heller y puesto en valor la seriedad y validez de su informe en un manifiesto específico que responde frontalmente a  las descalificaciones de AquaFed y denuncia sus intentos de injerencia en los procesos de toma de decisiones en Naciones Unidas.

Frente a la privatización defienden la gestión pública respetuosa con los derechos humanos al agua potable y al saneamiento, que configuran los nuevos modelos de gestión democráticos basados en sus principios definitorios de acceso consecuente a la información, la participación activa, libre y significativa de la ciudadanía, la transparencia y rendición de cuentas y la sostenibilidad social, económica y medioambiental.

Por Miriam Planas, Gonzalo Marín y Luis Babiano

Miriam Planas y Gonzalo Marín son miembros de la Red Agua Pública (RAP). Luis Babiano es Gerente de la Asociación Española de Operadores Públicos de Abastecimiento y Saneamiento (AEOPAS)

05/11/2020

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En las protestas contra Lenin Moreno coincidieron sectores urbanos, campesinos e indígenas. Fluxus Foto

76 de los 91 préstamos que el FMI ha negociado desde el inicio de la pandemia de coronavirus llegan vinculados a demandas de profundos recortes en servicios públicos y políticas que benefician a las corporaciones por encima de las personas.

 

El enorme trastorno económico causado por la pandemia de covid-19 ofrece una oportunidad única para alterar radicalmente la estructura de la sociedad, y el Fondo Monetario Internacional (FMI) está utilizando la crisis para implementar medidas de austeridad cuasi permanente en todo el mundo.

76 de los 91 préstamos que ha negociado con 81 países desde el inicio de la pandemia mundial en marzo han llegado vinculados a demandas de que los países adopten medidas como profundos recortes en los servicios públicos y las pensiones, medidas que indudablemente conllevarán privatizaciones, congelaciones o recortes salariales, o el despido de trabajadores del sector público como médicos, enfermeros, profesores y bomberos.

Principal animador de las medidas de austeridad neoliberal en todo el planeta durante décadas, el FMI ha empezado recientemente (de forma discreta) a admitir que estas políticas no han funcionado y generalmente crean problemas como pobreza, crecimiento desigual y una desigualdad aún peor. Además, tampoco han conseguido traer el prometido crecimiento económico que se suponía que iba a contrarrestar estos efectos negativos. En 2016, describió sus propias políticas como “promocionadas en exceso” y anteriormente resumió sus experimentos en América Latina como “todo dolor, sin beneficios”. Así, sus propios informes afirman explícitamente que sus políticas no funcionan.

“El FMI ha hecho sonar la alarma sobre una gran intensificación de la desigualdad tras la pandemia. Pero está conduciendo a los países a pagar los gastos de la pandemia mediante recortes de austeridad que alimentarán la pobreza y la desigualdad”, dice Chema Vera, director ejecutivo interino de Oxfam International. “Estas medidas podrían dejar a millones de personas sin acceso a la sanidad o ayuda económica mientras buscan trabajo, y podrían frustrar cualquier esperanza de recuperación sostenible. Al adoptar este enfoque, el FMI está cometiendo una injusticia a sus propias investigaciones. Su cabeza debe empezar a hablar con sus manos”.

Oxfam ha identificado al menos 14 países que espera que congelen o recorten de forma inminente los salarios y puestos de trabajo del sector público. Túnez, por ejemplo, solo tiene 13 médicos por cada 10.000 personas. Cualquier recorte a su ya exiguo sistema sanitario lo debilitaría en su lucha contra el coronavirus. “Si la gente no se puede permitir el testeo y el cuidado del covid-19 y otras necesidades sanitarias, el virus seguirá expandiéndose sin control y más gente morirá. Los gastos corrientes en sanidad eran una tragedia antes de la pandemia, y ahora son una sentencia de muerte”, añade Vera.

Un caso práctico del FMI

Ecuador es un ejemplo perfecto de las consecuencias del FMI. Anteriormente dirigido por el Gobierno radical de Rafael Correa, que hizo de la reducción de la pobreza una prioridad, condenó al FMI y a su organización hermana, el Banco Mundial, y dio asilo a disidentes occidentales como Julian Assange, el país ha sido dirigido por Lenin Moreno desde 2017. Moreno comenzó inmediatamente a deshacer el legado de Correa, incluso intentando procesarle. En 2019, bajo órdenes del FMI, Moreno redujo el presupuesto sanitario nacional en un 36% a cambio de un préstamo de 4.200 millones de dólares del FMI, un movimiento que provocó enormes protestas nacionales que amenazaron con hacer descarrilar a su Gobierno.

Los resultados fueron casi apocalípticos cuando la ciudad más grande del país, Guayaquil, se convirtió en el centro mundial del coronavirus, con cadáveres abandonados en las calles durante días mientras los servicios estaban saturados. La ciudad sufrió más muertes que Nueva York en su pico, y con mucha menos infraestructura para tratar el problema. Aunque el número oficial de casos en el país es bajo, la tasa de mortalidad ha estado entre las más altas del mundo, lo que sugiere que los servicios han estado completamente colapsados.

A principios de este mes, Moreno anunció un nuevo acuerdo por 6.500 millones de dólares con el FMI, que ha aconsejado a su Gobierno dar marcha atrás en los aumentos de emergencia en el gasto sanitario, detener las transferencias de efectivo para aquellos incapaces de trabajar debido al virus y recortar los subsidios de combustible para los pobres.

En la crisis, oportunidad

El FMI también interfiere directamente con la política interna de naciones soberanas. En marzo, se negó a hacer préstamos al Gobierno venezolano debido a la “falta de claridad” sobre quién estaba al mando, sugiriendo que el democráticamente electo Nicolás Maduro tendría que dimitir antes de que consideraran hacer préstamos al país. Al mismo tiempo, sin embargo, el autodeclarado presidente y figura de la oposición Juan Guaidó anunció que había asegurado un compromiso de 1.200 millones de dólares de la organización con la condición de que Maduro dimita y permita que un “Gobierno de emergencia” tome el control del país. Una encuesta realizada el mismo mes por una empresa de encuestas simpatizante descubrió que solo el 3% de los venezolanos apoyaba a Guaidó.

En la crisis siempre hay oportunidad. Para muchos, la pandemia es una oportunidad de reorientar la economía alejándose del consumo de masas y hacia un sistema más sostenible ecológicamente. Para el FMI, sin embargo, se está utilizando para impulsar más privatizaciones y medidas de austeridad que invariablemente enriquecen a los ricos y debilitan a los pobres y a los indefensos. Parece que, si la organización se sale con la suya, serán los pobres quienes paguen por la pandemia, mientras los ricos prosperan.

MPN

Artículo publicado originalmente en Mint Press News. Traducido para El Salto por Eduardo Pérez.

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Agonía ecuatoriana con disfraz de “recuperación”

Entre mediados de marzo e inicios de octubre de 2020 en el Ecuador fallecieron más de 37 mil personas por encima del promedio histórico registrado los cinco años anteriores según información del Registro Civil.

Estamos llamados a repensarlo todo […] Es eso, o esperar a que la tragedia permanente sea nuestra “nueva normalidad”

Tragedia y abandono

Ese es quizá el impacto más duro –hasta el momento– dejado tanto por la pandemia del coronavirus (COVID-19) como por una crisis estructural sin precedentes y exacerbada por la indolencia e irresponsabilidad de quienes históricamente han gobernado al país. Y mientras los fallecidos en exceso siguen aumentando, la pandemia y la crisis se combinan con casos de corrupción por doquier, una mayor miseria y violencia en las calles (incluyendo zonas del Ecuador que literalmente se mueren de hambre), la persistencia del narcotráfico y del crimen organizado… En definitiva, el país va quedando reducido cada vez más a un pedazo de tierra sin futuro.

En medio de un momento tan crudo, las medidas económicas del gobierno de Lenín Moreno siguen llevando a que el Estado abandone a la población más vulnerable. Muestra de ello es toda una serie de ajustes antipopulares que incluyen: una reforma laboral que ha creado enormes incertidumbres; la sumisión de la planificación económica y las finanzas públicas a dictámenes fiscalistas guiados sobre todo por los intereses de los acreedores de la deuda externa; recortes, liquidación de empresas públicas, privatizaciones (aquí puede incluirse el intento deventa del Banco del Pacífico en condiciones nada claras); y hasta la liberalización –aún parcial– de los precios de los combustibles, tema que motivó la potente protesta social de octubre de 2019.

Rumbo a la liberalización total de los combustibles

Justo la liberalización de los precios de los combustibles ejemplifica la forma de hacer política económica del gobierno morenista: a las patadas y sin estudios serios de sus potenciales impactos. En agosto de 2018 se eliminó el subsidio de la gasolina súper sin aclarar los posibles efectos económicos de la medida. Para octubre de 2019 se buscó eliminar el subsidio de todos los demás combustibles de forma abrupta, sin analizar los impactos sobre todo para sectores vulnerables como los pequeños productores agrícolas, por ejemplo. La lucha social temporalmente detuvo el proceso, pero con la pandemia del coronavirus el gobierno continuó con las reformas. Para mayo de 2020 se retiró el subsidio a las gasolinas extra y diésel y se liberó parcialmente su precio, rigiéndolo a un “sistema de bandas” que permite su fluctuación en un margen de +/- 5%. Finalmente, a septiembre de 2020vía decreto 1158 el gobierno liberó la importación de derivados de petróleo por parte del sector privado, al cual se le concedió más libertades para definir los precios de comercialización de varios combustibles, exceptuando gasolinas del sector automotriz y gas licuado de petróleo (GLP) de uso doméstico, de uso vehicular (taxis) y de uso agrícola.

Para ninguna de estas etapas de liberalización progresiva de precios de los combustibles el gobierno morenista ha publicado algún análisis serio que fundamente sus decisiones y defina a los posibles sectores afectados. Por si no fuera suficiente, en el decreto 1158 de septiembre de 2020 el gobierno también dispuso que se facilite la infraestructura pública para el negocio privado de “la importación, recepción, transporte y almacenamiento, y despacho de combustibles”, a cambio de una “tarifa razonable” (ver decreto 1158, disposición general cuarta). Es claro que esa “tarifa razonable” será aquella que garantice una rentabilidad privada que nacerá de aprovechar al máximo la infraestructura pública disponible. Aquí cabe pensar que, si se iba a permitir que el sector privado entre en el negocio de importar combustibles, lo mínimo que se debía exigir es que ese sector invierta en la mejora y la ampliación de la infraestructura existente en un monto considerable, o incluso exigir que el sector privado use su propia infraestructura. Pero en tiempos de un Estado en abandono y de un gobierno indiferente, hasta eso es mucho pedir.

Cabe aclarar que el punto no es defender ciegamente el subsidio a los combustibles que, se debe reconocer, es una medida con varios problemas cuando se adopta de forma generalizada y sin un análisis serio. El punto es que medidas económicas tan importantes no deberían tomarse a las patadas, sin estudios rigurosos y de manera antidemocrática. Y en el caso de los combustibles hablamos de un tema estratégico para el país por su incidencia múltiple (transporte, energía, medio ambiente, producción, etc.) y cuyo manejo debería acoplarse a una planificación integral de mediano y largo plazo, no a los caprichos y a las urgencias fiscales de uno u otro gobierno.

 ¿Deuda para la “recuperación?

Y si hablamos de urgencias fiscales que tiran por la borda cualquier planificación, no puede olvidarse a la deuda. En efecto, los problemas estructurales de la economía ecuatoriana (entre los que puede incluirse a los propios límites creados por la dolarización) han generado una grave dependencia del país en un endeudamiento externo creciente. Tal dependencia ha sido más que evidente en 2020: entre enero y agosto, el saldo de deuda externa se ha mantenido estancado en casi 42 mil millones de dólares (máximo histórico). Ese estancamiento de la deuda, junto con la caída de ingresos petroleros y de recaudación tributaria en tiempos de pandemia, han generado problemas de liquidez como la interrupción en la cadena de pagos sobre todo del sector público. En concreto, la sequía de dólares ha llevado a que el gobierno de Moreno acumule retrasos que, hasta agosto, se estimaban en más de 4 mil millones de dólares.

Tan crítica se volvió la situación que a inicios de octubre de 2020 el Fondo Monetario Internacional (FMI) otorgó al país un crédito excepcional de 6.500 millones de dólares a una tasa de 2,9% de interés a 10 años plazo más cuatro años de gracia, de los cuales 2 mil millones fueron desembolsados de inmediato. De hecho, entre la deuda adquirida con el FMI más los recursos provenientes de otros multilaterales (e incluso desde China), el gobierno de Lenín Moreno espera recibir hasta diciembre de 2020 unos 7.150 millones de dólares. A su vez, con “bombos y platillos” el gobierno morenista anunció que los primeros recursos obtenidos de ese nuevo endeudamiento externo se usarían precisamente para “recuperar” la cadena de pagos que ha quedado interrumpida a causa de la pandemia y la crisis: se igualaría el pago de sueldos públicos; se pagaría a 17 mil pequeños proveedores con los que se mantienen deudas menores a 500 mil dólares; se cumpliría con parte de la deuda a gobiernos seccionales; se pagarían las liquidaciones a más de 3 mil extrabajadores de las empresas públicas; entre otros pagos pendientes.

Paradójicamente el anuncio del gobierno de Moreno sobre el destino de los primeros desembolsos de la nueva deuda externa denota un manejo muy similar al criticado manejo correísta que sería investigado en su momento: el uso de endeudamiento público para financiar gasto corriente, cuando la Constitución establece en su artículo 290, numeral 3, que con  endeudamiento  público  se  financiarán  exclusivamente programas  y  proyectos  de  inversión para  infraestructura,  o  que tengan  capacidad  financiera  de  pago”. Es decir, con endeudamiento público solo debería financiarse proyectos de inversión pública (los cuales debían formar parte de una planificación económica), pero tanto el correísmo como el morenismo terminaron rebasados por la realidad de un país sin planificación y que se asfixia si le quitan el respirador artificial de la deuda.

Un ajuste para largo

A más de anunciar una “recuperación” sostenida desde la deuda, el gobierno Morenista ha anunciado que hasta el primer trimestre de 2021 esperaría que 500 mil familias se sumen al millón de hogares que acceden a programas de bonos y asistencia social. Aunque el gobierno intentó presentar ese dato como un logro, la realidad es que semejante cifra muestra que la crisis económica del Ecuador se vuelve crónica, con familias que no llegan a cubrir ni su subsistencia mínima. Si a ese dato se suma la estimación oficial de que en junio de 2020 solo 16,7% de trabajadores alcanzaron un “empleo adecuado” (básicamente un empleo con un ingreso laboral mayor al salario básico), que en el segundo trimestre de 2020 la economía ecuatoriana sufrió una caída interanual de 12,4%, y que la pandemia del coronavirus ha puesto al Ecuador entre los países con los niveles más altos de excesos de fallecimientos por tamaño de población, puede intuirse que el futuro del pueblo ecuatoriano es dantesco y que la supuesta “recuperación” económica más parece el disfraz de una cruel agonía.

Pese a tan duro momento, el morenismo no duda en consolidar su drástico ajuste económico. Prueba de ello es el anuncio gubernamental de alcanzar como meta un superávit global para todo el sector público no financiero de 0,6% del Producto interno Bruto (PIB) para 2022. Considerando que en 2020 el propio gobierno estima un déficit de 8,3% del PIB, ¿cuán drástico será el ajuste de 2021 para intentar alcanzar una meta que, por cierto, sin duda forma parte del acuerdo alcanzado con el FMI? La combinación de un ajuste severo, un colapso de la economía y del empleo y una pandemia que no cede, hacen pensar que las incertidumbres seguirán en el ambiente por muchos años más. Para colmo, recién en 2025 se espera que el peso de la deuda pública respecto al PIB sea menor al 57% (hace años quedó hecho trizas el techo legal del 40%), de modo que el ajuste y la deuda van para largo.

¿Cómo cambiar de raíz un futuro tan complejo y desolador? Ojalá quien escribe supiera la respuesta, pero sinceramente no la tiene. De hecho, quizá nadie tenga una auténtica respuesta, al menos si seguimos entrampados en los límites de la economía: una seudociencia cargada de pretensión de conocimiento, pero ignorante (¿a propósito?) de las necesidades reales de los excluidos del mundo que sufren entre el hambre y la pandemia (con muy pocas excepciones). Ante tiempos cada vez más extremos, estamos llamados a repensarlo todo, incluyendo nuestra forma de comprender y de hacer economía. Es eso, o esperar a que la tragedia permanente sea nuestra “nueva normalidad”.-

Por John Cajas-Guijarro | 06/10/2020

John Cajas-Guijarro: Economista ecuatoriano: https://uce-ec.academia.edu/JohnCajasGuijarro

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La “Ley Antibloqueo” de Maduro: un infame salto adelante en el entreguismo nacional y las privatizaciones

UNA LEY ESCANDALOSA

Con ese aparatoso nombre se trata de legitimar una política aperturista, muy lejos de cualquier medida contra las sanciones de Estados Unidos. Incluso se plantea la reversión de “nacionalizaciones” del período de Chávez.

 

El Gobierno de Maduro ha presentado la llamada “Ley Antibloqueo”. Un aparatoso nombre para dar toda una cobertura “legal” a una política más ofensiva en el plano aperturista que viene teniendo el Gobierno que lejos está de cualquier medida contra las sanciones de Estados Unidos, incluso plantea la reversión de “nacionalizaciones” llevadas adelante durante el período de Chávez. Y para “protegerse” le dan rango de ley al secretismo en los negocios de la entrega nacional.

En esta nueva “Ley” al que le dan rango constitucional, como ya es costumbre en el Gobierno, en los preámbulos la presentan con frases al estilo de “la plena soberanía sobre todas sus riquezas y recursos naturales”, “el pleno disfrute de los derechos humanos del pueblo venezolano” y el “goce de los derechos laborales y sociales de las y los trabajadores”. Justamente todo lo contrario en sus objetivos reales. Fue lo mismo que se hizo cuando lanzaron el brutal paquetazo de agosto del 2018 que significó un ataque en toda la línea contra la clase trabajadora y las mayorías populares bajo el nombre de “el Plan de Recuperación Económica, Crecimiento y Prosperidad”.

La misma ha sido presentada ante la fraudulenta Asamblea Nacional Constituyente, donde el poder real lo tienen el Gobierno, pues es un lugar donde no se delibera absolutamente nada y se vota todo lo que determinan las altas camarillas del chavismo gobernante junto a las Fuerzas Armadas, y por tanto se sabe con antelación su aprobación.

Esta “Ley” ni es “antibloqueo” menos aún que defienda “la plena soberanía”, estando en las antípodas de cualquier medida antiimperialista contra las sanciones de Washington, pero que se usa como pretexto para todo un curso entreguista y privatizador que ya vienen tomando desde hace algunos años, y que entre sus principales leyes iniciadoras está la llamada “Ley de Inversiones extranjeras”, para abrirse luego con una serie de leyes en el sector petrolero de entrega a transnacionales. Y en esto justamente comparten con la oposición, solo que unos en clave de ser el que controla la entrega para buscar una sobrevida y el otro de apertura abierta de la mano del imperialismo.

En la nueva “Ley”, que no pretendemos aquí tomar en su totalidad sino en sus puntos más gruesos, en su Capítulo II referido a “Medidas de equilibrio macroeconómico, comercial y de inversiones”, ya arranca afirmando que “Cuando resulte necesario para superar los obstáculos o compensar los daños que las medidas coercitivas unilaterales y otras medidas restrictivas o punitivas generan (…) el Ejecutivo Nacional autorizará la desaplicación de determinadas normas legales, para casos específicos”. Agregando que se hará cuando “tal desaplicación es indispensable para la adecuada gestión macroeconómica, la protección e impulso de la economía nacional, la estabilidad del sistema productivo y financiero locales, la captación deinversión extranjera, sobre todo a gran escala” (negritas nuestras). ¿Qué es lo que se quiere indicar con la “desaplicación de normas legales”? No puede dejar de entenderse como la abierta anulación de normas y leyes preestablecidas (incluyendo las orgánicas), incluso contenidas en la propia Constitución del país, para su avanzada económica eliminando todo tipo de obstáculo “legal”. Lo que de paso, es bien decirlo, no es nuevo, solo que ahora le dan “rango constitucional” a la anulación de facto a un sin número de leyes cuando bien le convenga a las camarillas gobernantes, como explicamos más adelante.

Acelerando el curso aperturista y entreguista

En la parte referida a la “Optimización de la gestión empresarial” de dicha Ley, es partir donde salen a relucir los verdaderos objetivos. En el Artículo 24 se indica que “El Ejecutivo Nacional podrá modificar los mecanismos de constitución, propiedad, gestión, administración y funcionamiento de empresas públicas o mixtas, tanto en el territorio nacional como en el exterior (…)”. Para intentar “cubrirse” de cierta “constitucionalidad” para este salto agregan que esto se hará “sin prejuicio del artículo 303 de la Constitución”. Un artículo que indica que “Por razones de soberanía económica, política y de estrategia nacional, el Estado conservará la totalidad de las acciones de Petróleos de Venezuela, S.A., o del ente creado para el manejo de la industria petrolera (…)”. Pero es que PDVSA como empresa puede seguir existiendo y lo será seguramente, pero ya siendo una empresa irrelevante en manos del Estado frente al paso de la explotación y producción petrolera a manos de transnacionales y operadores locales; así “cumpliendo” supuestamente con dicho dictamen constitucional, pueden avanzar en una mayor privatización real de la industria petrolera nacional. En otras palabras, lo de “sin prejuicio” no pasa más que de un eufemismo del mayor de los descaros.

Para complementar, en su Artículo 25 se indica en cuanto a “Operaciones de administración” que “(…) se podrá elaborar e implementar operaciones de administración de pasivos, así como de administración de activos, mediante las operaciones disponibles en los mercados nacionales e internacionales (…)”. Y en su Artículo 26 que “(…) el Ejecutivo Nacional diseñará e implementará mecanismos excepcionales de contratación, compra y pago de bienes y servicios (…)”. Aunque el Gobierno de Maduro ya viene avanzando desde hace varios años en eso de “modificar los mecanismos de constitución, propiedad, gestión, administración y funcionamiento de empresas públicas o mixtas” (como lo hemos explicado aquí), lo nuevo está, como lo hemos venido afirmando, es que lo elevan a rango constitucional y de Ley abriéndose el camino para sus políticas económicas.

Como hemos explicado, en medio del colapso económico Venezuela se ha transformado en la gran oportunidad para aumentar el saqueo por parte de las grandes transnacionales, e incluso de grupos económicos locales, en todo un proceso que se ha abierto hacia lo que no puede llamarse sino la privatización de la industria petrolera, solo que ahora buscan dar saltos mayores. En un extenso artículo de inicios de febrero hemos dado cuenta toda una serie de iniciativas y leyes que en los últimos seis años han venido marcando este curso aperturista en el sector petrolero, gasífero y petroquímico.

Un camino más abierto a la privatización y reversión de empresas “nacionalizadas”

En lo que dice respecto a “Impulso a la inversión privada”, es donde se concentra ya no solo en el curso aperturista sino también privatizador, incluyendo la vuelta atrás de medidas que se habían tomado previamente en el marco de “nacionalizaciones” o “expropiaciones”. En las primeras líneas del Artículo 27 reza que el Ejecutivo “(…) podrá autorizar e implementar medidas que estimulen y favorezcan la participación, gestión y operación parcial o integral del sector privado nacional e internacional en el desarrollo de la economía nacional (…)”, y pasa a determinar que “Cuando dichas medidas impliquen la gestión u operación de activos se encuentren bajo administración del Estado venezolano como consecuencia de alguna medida administrativa o judicial restrictiva de alguno de los elementos de la propiedad, se respetarán los derechos de quien demuestre ser su legítimo propietario conforme a la legislación vigente, procurando priorizar su participación en la respectiva alianza o a través de acuerdos con el Estado para la restitución de sus activos cuando ello implique la pronta puesta en producción de dichos activos mediante un plan debidamente sustentado.” (Subrayados nuestros).

Con todas las letras establecen directamente el camino a “restituir” a “su legítimo propietario”, empresas que incluso fueron pagadas hasta con creces en períodos anteriores. Pero en este Capítulo de la Ley no es que se refiera a aquellas pequeñas empresas que de una u otra forma fueron afectadas por alguna determinación gubernamental, es el camino abierto a la privatización de grandes empresas que fueron “nacionalizadas” o “expropiadas” pero que fueron indemnizadas. Pudiendo ser retomadas por empresarios extranjeros y locales en ese proceso que llaman “restitución de sus activos”, con la sola estipulación de que “implique la pronta puesta en producción”, sin hacer mención alguna a los fuertes pagos que se hicieron cuando se compraron las mismas.

Para esto seguramente empezando por las transnacionales petroleras que han demandado al Estado nacional cuando se avanzó en el régimen de las empresas mixtas. Pero no solo esto, sino también con empresas de gran calado como la industria siderúrgica, sectores eléctricos, y otras compañías de gran calado hoy bajo la órbita estatal. Dicho sea de paso, esto es algo que ya se viene operando, como ha sido el caso de los establecimientos de cadenas de supermercados, como “Éxito”, y que hoy son entregados al sector privado, sin saberse ni en qué marco ni condiciones, pero que pasan al sector privado.

Para complementar esta parte, y de manera que se establezca el principio de “la mano del mercado”, se tiende a eliminar o se elimina directamente, la interferencia del Estado en la economía. Así en su artículo 28, se dictamina que “(…) se autoriza al Ejecutivo Nacional el levantamiento de restricciones a la comercialización para determinadas categorías de sujetos, en actividades estratégicas de la economía nacional (…)”. Se sabe que con el término de “determinadas categorías” entrarían las que consideren a bien establecer. En otras palabras, la vía al laissez faire para los negocios de las grandes empresas transnacionales o de capitalistas nacionales.

Y hasta la propia jurisprudencia nacional en lo que se refiere a la cuestión de eventuales litigios con empresas internacionales van desapareciendo. En la parte referida a las “Garantías para la inversión”, en el Artículo 31 se dictamina que “La República y sus entes podrán acordar con sus socios e inversionistas, por el plazo establecido contractualmente, cláusulas de protección de su inversión, a los fines de generar confianza y estabilidad.” Agregándose que “Siempre que se hayan agotado los recursos judiciales internos disponibles y se haya pactado previamente, la República Bolivariana de Venezuela podrá participar y hacer uso de otros mecanismos de solución de controversias.” Es decir, ni si quiera se hace mención ni se especifica en todo este artículo, a fin de que los llamados “inversionistas” (las transnacionales que vienen a hacer sus negocios) tengan “confianza y estabilidad”, que eventuales “controversias” serán resueltas en tribunales venezolanos, sino abiertas a serlo en el rapaz arbitraje internacional, como los que se determinan dirimiendo en Nueva York, por ejemplo.

Una descarada e insólita garantía “legal” del “secreto” para la entrega, privatizaciones y la corrupción

Y para darles mayor “seguridad” a los negocios a los capitalistas, se establece en la parte referida al “Régimen transitorio sobre reserva, confidencialidad y de divulgación limitada de información”, el mayor de los secretos de las negociaciones que se establezcan o véngase a acordar, abriendo el camino, ya no solo de corrupción como indican muchos observadores críticos de esta Ley, sino al curso entreguista sin el más mínimo control, siendo que se trata de riquezas del Estado o de activos existentes en el territorio nacional o en el extranjero, u otros negociados oscuros, cuando se supone que deben ser de la mayor “transparencia pública”. Se busca amparar con una “Ley” la opacidad en todo lo que hace a la entrega nacional. En otras palabras, se establecen leyes, para hacer “legales” todo tipo de entreguismo y componendas, ventas de activos en forma oscura, y a la corrupción.

Así vemos que en el Artículo 34 se dictamina que “Se crea un régimen transitorio en materia de clasificación de documentos de contenido confidencial y secreto destinado a proteger y asegurar la efectividad de las decisiones tomadas por el Poder Público venezolano (…)”, y se agrega que “Las máximas autoridades de los órganos y entes de la Administración Pública Nacional, central y descentralizada, por razones de interés y conveniencia nacional, podrán otorgar el carácter de reservado, confidencial o de divulgación limitada a cualquier expediente, documento, información, hecho o circunstancia, que en cumplimiento de sus funciones estén conociendo, en aplicación de esta Ley Constitucional”. Rematando en el Artículo 35 con que “Se prohíbe el acceso a documentación que haya sido calificada como confidencial o reservada, así como tampoco podrán expedirse copias simples ni certificadas de la misma”.

Ni en la década de los 90, de mayor avance neoliberal, se tomaban tanta “prevenciones” elevándolas a “Ley”. El argumento de que Washington no se “entere” no es más que un burdo argumento e insólito subterfugio. De manera “silenciosa”, y hay que aclarar, para usar esa expresión de Maduro, se han venido tomando decisiones económicas y políticas de grandes consecuencias para la nación bajo el mayor de los secretismos, solo que ahora legalizan el secretismo para los grandes negociados. Y es que hay que tomar en cuenta que ya no se trata solo de la profundización de severos ajustes contra las amplias mayorías de la población trabajadora, que han sido acompañado por las fuerzas de poder económico empresarial y capitalista de todo linaje, sino decisiones que implican grandes cambios que llevan a una mayor dependencia del país.

Anulando Leyes orgánicas anteriores de un plumazo

Y para que no quede ningún espacio abierto a Leyes anteriores que contravengan el actual curso político y económico, pasan a abolir de facto las preexistentes. Así en lo referente a las “Disposiciones transitorias”, en la segunda disposición se dictamina directamente que “Quedan suspendidas las normas que colidan con lo dispuesto en esta Ley Constitucional, la cual siempre tendrá aplicación preferente incluso respecto de leyes orgánicas y especiales que regulen las materias que tratan dichas disposiciones, aún ante el régimen derivado del Decreto mediante el cual se acuerda el Estado de Excepción y de Emergencia Económica en todo el territorio Nacional”.

Es decir, todas las otras Leyes orgánicas existentes, como la Ley de Hidrocarburos entre muchas importantes del país, son eliminadas de un zarpazo por simple orden gubernamental, pues sabemos que la actual Asamblea Nacional Constituyente, órgano más fraudulento si los hay, no es más que un instrumento de las camarillas gobernantes para sus fines políticos, y carece en absoluta de la más mínima deliberación de cualquier parlamento burgués aunque sea para cubrir las apariencias.

Es clave luchar y enfrentar todo este entreguismo, nuevo saqueo y curso privatizador

Como vemos, en este rápido recorrido de esta “Ley”, se trata de una de las leyes más antinacionales que hasta el momento el Gobierno de Maduro ha venido estableciendo, y que deja al país a la deriva de la rapacidad capitalista internacional y nacional, y de una burocracia estatal –incluyendo la militar- antiobrera y antipopular con intereses materiales propios. Es un andamiaje al entreguismo y al curso privatizador como no se había visto. Por eso, no por casualidad, titulábamos un artículo a principios de año como que estábamos en la puerta de “Nuevo “gran viraje” donde solo ven la apertura depredadora como “salida” a la catástrofe y ruina del país.

En fin, con esta Ley, y usando de pretexto las sanciones imperialista –que hay que rechazar con todas las fuerzas–, mientras la arrolladora catástrofe continúa afectando dramáticamente la vida de millones, llevando su situación a extremos y una economía con caídas destructivas, factores de poder operan para llevar adelante brutales cambios en el país, incluso de carácter estructural, donde se avanza en poner a la nación venezolana en una mayor relación de dependencia y de vulnerabilidad con el mundo económico y financiero mundial.

En el país hay un colapso brutal, una destrucción de industrias claves, que tienen que ver con las propias políticas del Gobierno y que las sanciones imperialistas han venido a agravar ahogando más la situación, pero la salida pasa por tomar toda una serie de medidas antiimperialistas y anticapitalistas ante esta ruina haciéndose realmente el país soberano de todos sus recursos y rompiendo todas las ataduras y compromisos que mantienen al sujeción del país a intereses de potencias extranjeras, y no el mayor de los entreguismos y curso privatizador que toma el Gobierno de Maduro que seguramente la oposición de derecha debe estar aplaudiendo. Esto implicaría claramente sustentado en una gran movilización obrera y popular donde los trabajadores tomen el destino del país en sus manos.

La clase obrera, así como las grandes mayorías populares deben rechazar con todas las fuerzas esta ofensiva. Es clave luchar y enfrentar todo este entreguismo y nuevo saqueo, tanto por la política del actual Gobierno de Maduro como por la de la oposición de derecha. Es una de las grandes tareas de la clase trabajadora, además de hacerle frente a los brutales ataques en sus condiciones de vida que viene sufriendo. Se trata de una ofensiva política y económica que de la mano de las transnacionales redoblarán las cadenas sobre el país y, con particular énfasis, sobre el pueblo trabajador.

Por Milton D'León

Caracas @MiltonDLeon

Sábado 3 de octubre | 17:12

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Lunes, 21 Septiembre 2020 06:08

Milton Friedman a 50 años

Milton Friedman a 50 años

Por distintas circunstancias éste es un momento oportuno para repensar la idea propuesta por Milton Friedman hace exactamente 50 años en un artículo publicado en la revista del New York Times. Se trata de "La responsabilidad social de la empresa es incrementar sus ganancias".

El de Friedman (1912-2006) es un caso de interés y relevante en cuanto al contexto histórico y el ambiente político-social en que se generan las ideas y logran progresar hasta convertirse en predominantes. Su influencia se gestó en un proceso largo de formulación de principios de una teoría económica con un alto impacto en el diseño e implementación de las políticas públicas que, en buena medida, se asentó en la mayor parte del mundo.

En 1964, durante la campaña por la presidencia de Estados Unidos del senador republicano Barry Goldwater, uno de los economistas en su equipo de asesores era Friedman. En un artículo publicado en marzo de ese año se cita que era considerado un hombre "brillante" y "enormemente articulado", pero también "completamente irresponsable" y que "no ofrece ningún consejo que alguien seguiría". Las cosas fueron muy distintas.

Desde entonces Friedman se oponía a la existencia de los sindicatos; la regulación gubernamental de los negocios; las funciones de la Reserva Federal, al sistema de salud "Medicare", que consideraba un desvarío socialista y al "Nuevo Trato" de Roosevelt del que decía que fue un error. En resumidas cuentas: menos gobierno y menos impuestos eran la fórmula más adecuada de encauzar la economía.

La historia de Friedman y la "escuela de Economía de Chicago", de la que se convirtió en representante indiscutible, expresa el desenvolvimiento de la confrontación que surgió entre lo aquí podría, por conveniencia, denominarse como el pensamiento libertario planteado por Friedman en su libro Capitalismo y Libertad de 1962 y el liberalismo de raíz keynesiana. Desde lo años 1980, la primera tendencia ha sido ideológicamente predominante.

En medio de las controversias que desató la formulación de Friedman sobre el funcionamiento de las empresas, enfocadas en acrecentar sus ganancias (https://cutt.ly/ufKrIQB), ésta consiguió establecerse progresivamente como la verdad acerca de que no sólo las ganancias son esenciales para la supervivencia de un negocio, sino incluso es lo único que importa.

En todo caso, las ideas de Friedman y la escuela de Chicago se posicionaron de modo cada vez más firme en el debate económico y político. Incidieron decisivamente en la definición del sistema de producción, financiamiento y distribución. De modo práctico esa misma visión se aplicó de modo brutal en Chile desde 1973 y se estableció de manera decisiva, paralela y gravosa con los gobiernos de Thatcher en Gran Bretaña (1979-1990) y Reagan en Estados Unidos (1981-1989).

La ideología concentrada en la obra de Friedman, desde aquella querella en torno al objetivo esencial de la ganancia en las empresas y la separación de lo que concierne al orden económico versus el orden político, encajó con precisión en la formación del orden neoliberal.

En su esencia, el neoliberalismo concibe las relaciones sociales en términos de la competencia y a los ciudadanos como consumidores que ejercen sus preferencias en el mercado, donde se sanciona la ineficiencia. Las ventajas que así se obtienen se confrontan con la ineficacia de la planificación estatal.

El término se acuñó en 1938 en París y se definió la ideología que lo sustentó. Ahí asentó la influencia de sus dos pensadores seminales Frederick Hayek y Ludwig von Mises que concebían las políticas intervencionistas de Roosevelt y las del estado de bienestar británico como formas de colectivismo, asimilables al comunismo e incluso al nazismo. En el fondo ése es el meollo de la controversia neoliberal: el papel del individuo a la manera de El manantial de Ayn Rand o de la misma Thatcher que afirmaba que la sociedad no existe, sólo los individuos.

En 1947, a instancias de Hayek, se creó la Sociedad Mont Pèlerin (una aldea Suiza) para debatir sobre el destino del liberalismo clásico y la resistencia que debía armarse en contra del "intervencionismo" estatal y la planeación, ya fuera de índole marxista o keynesiana.

Entre sus fundadores estaba Friedman. Con esto pretendo apuntar a la manera en que las ideas de tanto raigambre se van configurando, insisto, hasta convertirse en modelo de un cierto orden social con un papel que pretende ser muy definido para lo privado (como es el de las ganancias de las empresas) y el Estado, que no debe intervenir, aunque lo hace todo el tiempo, aunque sea por omisión, como es el caso de la desregulación lo más amplia posible. Caso en cuestión, por ejemplo, el del sector financiero.

La lectura del ensayo cincuentenario de Friedman exhibe la fuerza y la resistencia de esas ideas, cuando menos hasta la crisis de 2008, por el severo impacto redistributivo que ha tenido y la fuerte intervención gubernamental que ha propiciado en la asignación de los recursos financieros. Al cuestionamiento de las políticas neoliberales se ha sumado ahora el efecto de la pandemia. Alternativas sustentables están aún en proceso en el mejor de los casos.

No olvidemos la advertencia de Keynes: "Las ideas de economistas y filósofos políticos, tanto cuando aciertan o yerran, son más poderosas de lo que comúnmente se piensa. En efecto, el mundo está regido por poco más que eso. La gente práctica, que piensa que está exenta de toda influencia intelectual, es usualmente esclava de algún difunto economista". Seguramente lo aplicaría a sí mismo.

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Con la mira puesta en la minería, la NASA convocó a empresas privadas a extraer muestras de la superficie de la luna. Imagen: AFP

El objetivo es estudiar la posible explotación minera

 

Donald Trump puso en marcha un plan para desarrollar la minería en la superficie lunar. Decidió avanzar pese a la ausencia de consenso internacional y jurisprudencia sobre cómo administrar y compartir los recursos extraterrestres.

La NASA lanzó el jueves un llamado a licitación sin precedentes: convocó a empresas privadas a que extraigan muestras de superficie luna para poder estudiarlos en la Tierra. 

"¡La NASA busca comprar suelo lunar a proveedores comerciales! Es hora de establecer una regulación para la extracción y comercialización de recursos espaciales", tuiteó el administrador de la NASA, Jim Bridenstine. 

Estados Unidos pretende liderar la explotación de recursos, principalmente la minería, que se encuentren en suelo o subsuelo de asteroides y de la Luna, en el marco de una política alentada del presidente Donald Trump.

El mandatario estadounidense emitió en abril un decreto en ese sentido pese a la ausencia de consenso internacional y jurisprudencia sobre cómo administrar y compartir los recursos extraterrestres.

Los tratados espaciales existentes no son precisos para determinar la explotación de recursos fuera de la Tierra. La NASA invita a las empresas a presentar sus propuestas para extraer "pequeñas" muestras de piedras lunares o de polvo que cubre la superficie del satélite como así también información, imágenes del lugar y sus respectivas locaciones para registrar en una base de datos. 

Las muestras lunares pasarían luego a ser propiedad de la NASA, que sería el "único" dueño del material. El 80% del importe que establezca el contrato se abonará contra la entrega de las muestras.

El llamado a ofertas se enmarca en un nuevo modelo económico que comienza a ganar fuerza en la agencia espacial estadounidense y que consiste en tercerizar el desarrollo y funcionamiento de las misiones a través de contratos con empresas espaciales privadas.

En esa línea, la NASA suscribió un acuerdo con SpaceX, que se encarga del transporte de carga y astronautas a la Estación Espacial Internacional.

Hace tiempo que la NASA volvió a poner la mira sobre la luna. A partir del Programa Artemis, la agencia espacial de Estados Unidos invita también a la colaboración y comercialización de información e imágenes del satélite de la tierra con el objetivo de que "la primera mujer y el próximo hombre aterricen en la Luna en 2024". La intención será luego usar la Luna como punto de partida para embarcar hacia viajes más lejanos: "Dar el siguiente gran salto y mandar astronautas a Marte", comunicó el sitio oficial estadounidense.

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Miércoles, 10 Junio 2020 06:13

Ecuador: ajuste en medio de la pandemia

Ecuador: ajuste en medio de la pandemia

Lenín Moreno lleva adelante un enorme recorte del gasto público

El presidente entró en su último año de mandato con una crisis económica agravada por la política ortodoxa. Dejará como herencia recortes de salarios y eliminación de empresas estatales.

 

El presidente Lenín Moreno entró en su último año de mandato en medio de una profunda crisis económica a la que se sumó la llegada del coronavirus. “Nuestra economía es frágil y se debate entre la vida y la muerte y no podemos ponerla en mayor riesgo", sostuvo el mandatario. De esa manera justificó un recorte de más de 4 mil millones de dólares en el presupuesto. El mismo implicó la reducción de la jornada laboral y salarios para miles de trabajadores. Además, facilitó los despidos en el sector privado con indemnizaciones ridículas. En paralelo, y como para dejar en claro sus prioridades, el gobierno siguió pagando millones de deuda externa. “Se estima que van más de 1.300 millones de dólares pagados a organismos internacionales, en algunos casos en maniobras que fueron vedadas a la opinión pública”, sostuvo en diálogo con PáginaI12 el economista Andrés Arauz, ex presidente del Banco Central de Ecuador. Ante este panorama el lunes pasado volvieron las movilizaciones en todo el país convocadas por la Central Unitaria de Trabajadores (CUT)

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El pueblo puede esperar

 

El diagnóstico de Moreno es que su país está enfrentando la peor crisis económica de la historia. Por eso debe recortarse el gasto público. En los programas de noticias del establishment se habla de “un estado excesivo” que es necesario achicar. La crisis del coronavirus le vino como anillo al dedo para emprender el ajuste. A mediados de mayo anunció que reduciría la masa salarial del Estado en 980 millones de dólares. Por otro lado eliminaría siete empresas públicas, entre ellas la aerolínea de bandera TAME. Además defendió la aprobación en la Asamblea Nacional de la Ley de Apoyo Humanitario. Moreno dijo que permite establecer acuerdos entre empleador y empleado a fin de mantener puesto de trabajo y evitar que las empresas quiebren. Sin embargo, en lo que va de la pandemia ya se perdieron más de 150 mil empleos.

Ante este hecho las organizaciones sindicales decidieron romper las medidas de aislamiento y salieron a las calles el lunes pasado. Sin muchas vueltas, lo que reclamaron al gobierno es que vete la Ley Humanitaria. “Establece medidas regresivas que violan derechos constitucionales de los trabajadores. Por eso hemos salido a decirle al gobierno que no estamos de acuerdo con esas reformas”, sostuvo Richard Gómez, presidente de la CUT, al noticiero de la cadena Ecuavisa. Ante la pregunta de si este momento histórico de crisis no justificaban los recortes Gómez pidió diferenciar a las grandes empresas del resto. “Hay grupos que hasta hace unos meses sacaron del país cientos de millones de dólares y ahora despiden compañeros con cinco, diez y hasta quince años de antigüedad. Les han pagando indemnizaciones absurdas. Lo que hay ahí es viveza criolla”, indicó el líder sindical. Privados y gobierno siguen vaciando las arcas del Estado, algo que para una economía dolarizada como la de Ecuador, que no puede emitir moneda, es casi una herida de muerte.

 

Honrarás tus deudas

 

Pese que a en el país había consenso político para evitar el pago de la deuda la administración Moreno siguió desembolsando. Lejos de cortarle el chorro a los organismos internacionales el presidente dijo que son sus aliados. Y sostuvo que el endeudamiento va a ser el salvavidas para encarar la crisis del país. El ministro de Economía y Finanzas Richard Martínez, expresidente del Comité Empresarial Ecuatoriano, había anunciado pagos por casi 800 millones de dólares en concepto de deuda. Sin embargo una investigación del Observatorio de la Dolarización descubrió desembolsos por casi mil millones que el gobierno no había dado a conocer. “A partir de las estadísticas que publica el Banco Central pudimos ver que se pagó 865 millones de dólares de capital,  71 millones de dólares en intereses y comisiones, por concepto de deuda externa, a Goldman Sachs, Credit Suisse e ICBC Standard Plc”, informó Arauz. La maniobra formó parte de una apuesta financiera muy riesgosa hecha por Martínez. Y le salió mal. “Préstamos que originalmente eran por 48 y 54 meses terminaron siendo por 19 y 17 meses. Mientras que el gobierno se atrasó con servidores públicos, provincias, proveedores del Estado, seguridad social, a quien sí pagó de manera puntual, e incluso adelantada, fue a los bancos de Wall Street, con los que perdió la apuesta especulativa”, sostuvo el economista.

La comunidad educativa fue la primera en salir a las calles durante la pandemia. El gobierno había propiciado recortes que alcanzaban los 100 millones de dólares para las universidades. Pese a que la Corte Constitucional resolvió que el gobierno debía dar marcha atrás con la medida, Moreno sostuvo el ajuste. “Debo lamentar la actitud de quienes niegan su aporte solidario al país. (...) Ante el déficit fiscal tendrán el 10 por ciento menos que el año pasado”, sostuvo el presidente. También pidió a las regiones que aún no normalizaron sus actividades que lo hagan. El gobierno puso en funcionamiento un sistema de semáforos para salir de la cuarentena por el coronavrius. Las autoridades reclamaron que todo el país entre cómo mímino en el color amarillo. Ecuador tiene el mayor índice de contagio por millón de habitantes en América Latina. Hasta el momento 43.378 personas contrajeron allí la enfermedad y 3.642 murieron. 

A los reclamos de los universitarios se les sumaron los estatales de todo el país y ahora las entidades obreras. El recuerdo del estallido social de octubre del año pasado está latente en el gobierno. Tal vez por eso el 29 de mayo el ministerio de Defensa sacó el Acuerdo 179. Este regula el uso de la “fuerza letal” en “disturbios internos” para las Fuerzas Armadas. El Defensor del Pueblo de Ecuador Freddy Carrión pidió que se derogue la Resolución. “Primero por que de acuerdo a nuestra Constitución las FFAA no tienen facultad para controlar el orden interno. Eso es competencia de la policía. En segundo lugar, la protesta social no puede ser tomada como amenaza al orden interno, y por lo tanto facultar a las FFAA para que usen fuerza letal. Estamos hablando de armas de fuego que afectarían el derecho a la integridad y a la vida", sostuvo en diálogo con este diario el Defensor. Para el letrado no es casualidad que ante las medidas de fuerzas acordadas por los trabajadores el gobierno emita este tipo de resolución. "En este contexto de manifestaciones se debe garantizar el Derecho a la protesta social. Inclusive en nuestro país el Derecho a la resistencia figura como un Derecho Humano”, explicó Carrión. Ante la negativa del ministro de Defensa de dar un paso atrás con la normativa, el letrado presentó una demanda de inconstitucionalidad a la Corte Suprema de Ecuador.

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El renombrado filósofo y disidente Noam Chomsky en su oficina del Instituto Tecnológico de Massachusetts, en septiembre de 2016 (MARTIN BIALECKI / PICTURE ALLIANCE VIA GETTY IMAGES)

Entrevista a Noam Chomsky sobre la pandemia

El Covid-19 ha tomado el mundo por asalto. Hay cientos de miles de personas infectadas (posiblemente muchas más que los casos confirmados), la lista de muertes crece exponencialmente y las economías capitalistas se han estancado, lo que hace prácticamente inevitable una recesión global.

La pandemia había sido anticipada mucho antes de su aparición, pero las acciones tendentes a prepararse para esa crisis se restringieron a causa de los crueles imperativos de un orden económico en el que “la prevención de una catástrofe futura no produce beneficios”, señala Noam Chomsky en esta entrevista exclusiva para Truthout. Chomsky es profesor emérito de lingüística en el Instituto Tecnológico de Massachusetts (MIT) y profesor laureado en la Universidad de Arizona, autor de más de 120 libros y de miles de artículos y ensayos. En esta entrevista argumenta que el propio capitalismo neoliberal es responsable de la respuesta inadecuada de Estados Unidos ante la pandemia.

C.J. Polychroniou: Noam, la epidemia de la nueva enfermedad del coronavirus se ha propagado a la mayor parte del planeta, y Estados Unidos tiene ya más casos que cualquier otro país, incluyendo China, donde se originó el virus. ¿Cree que es una evolución sorprendente?

Noam Chomsky: La escala de la plaga es sorprendente, impactante diría yo, pero no su aparición. Ni el hecho de que Estados Unidos esté teniendo la peor respuesta ante la crisis.

Los científicos llevan años avisando de la aparición de una pandemia, insistiendo en ello desde la epidemia de SARS de 2003, causada también por un coronavirus, para la cual se desarrollaron vacunas que no pasaron de la fase preclínica. Ese era el momento de empezar a poner en práctica sistemas de respuesta rápida que nos prepararan para otra epidemia y guardar la capacidad de reserva que pudiera necesitarse. También se podrían haber puesto en marcha iniciativas para desarrollar defensas y modos de tratamiento para una probable reaparición de un virus relacionado.

Pero los avances de la ciencia no son suficientes. Tiene que haber alguien que tome decisiones. Y esa opción se ve obstaculizada por la patología del orden socioeconómico contemporáneo. Las señales del mercado eran evidentes: la prevención de una catástrofe no produce beneficios. El gobierno podría haber intervenido, pero lo impide la doctrina imperante: “el gobierno es el problema”, nos dijo Reagan con su sonrisa radiante, lo que significaba que es preciso delegar la toma de decisiones, aún más, al mundo empresarial, comprometido con la obtención de beneficios y libre de la influencia de quienes deberían preocuparse por el bien común. Los años siguientes inyectaron una dosis de brutalidad neoliberal al orden capitalista sin restricciones y a la retorcida forma de mercado que desarrolla.

La gravedad de la patología se pone en evidencia a través de uno de sus fallos más dramáticos (y letales): la falta de respiradores, que constituye uno de los principales cuellos de botella a la hora de enfrentarse a la pandemia. El Departamento de Salud y Servicios Sociales anticipó el problema y contrató a una pequeña empresa para que fabricara respiradores baratos, fáciles de usar. Pero intervino la lógica capitalista. La empresa fue adquirida por una gran corporación, Covidien, que marginó el proyecto y “en 2014, sin haber entregado ningún respirador al gobierno, la dirección de Covidien comunicó a funcionarios del instituto [federal] de investigación biomédica su deseo de rescindir el contrato, según tres antiguos funcionarios federales. Los directivos se quejaron de que el contrato no era lo bastante beneficioso para la compañía”.

Es una verdad que no admite duda.

Pero entonces intervino la lógica neoliberal, que dictó que el gobierno no podía intervenir para salvar el enorme fallo del mercado que ahora está creando el caos. Tal y como argumentó muy diplomáticamente el New York Times, “la paralización de la iniciativa que pretendía crear un nuevo tipo de respirador barato y de fácil uso pone de manifiesto los peligros de subcontratar a empresas privadas proyectos con grandes implicaciones de salud pública; su foco en la obtención del máximo beneficio no siempre está en consonancia con el objetivo del gobierno: estar preparado para una futura crisis”.

Dejando a un lado la reverencia ritual al bondadoso gobierno y a sus loables objetivos, el comentario no deja de tener razón. Podríamos añadir que el foco en el máximo beneficio tampoco está “siempre en consonancia” con la esperanza de “supervivencia de la humanidad”, tomando prestada la frase de un informe eliminado del JPMorgan Chase, el mayor banco de Estados Unidos, en el que se advertía de que “la supervivencia de la humanidad” estaba en peligro de seguir el rumbo actual, al que contribuía las inversiones del propio banco en combustibles fósiles. Así que Chevron canceló un proyecto de energía sostenible rentable porque obtenía más beneficios destruyendo la vida en la Tierra. ExxonMobil ni se planteó una inversión de ese tipo porque antes habría realizado cálculos de rentabilidad más precisos.

Y era totalmente lógico, según la doctrina neoliberal. Como nos explicaron en su día Milton Friedman y otras luminarias neoliberales, la tarea de los directivos de las grandes empresas es maximizar los beneficios. Cualquier desviación de esta obligación moral destruiría los cimientos de la “vida civilizada”.

En todo caso, nos recuperaremos de la crisis del Covid-19, pagando un precio importante y posiblemente terrible, especialmente para la población más pobre y vulnerable. Pero no nos recuperaremos del deshielo de la banquisa polar y de otras consecuencias devastadoras del calentamiento global. También en este caso la catástrofe será producto de un fallo del mercado, en este caso de proporciones verdaderamente demoledoras.

La Administración actual había sido ampliamente informada de la probabilidad de una pandemia. De hecho, el pasado octubre tuvo lugar un ejercicio de simulacro a alto nivel. Durante todos sus años como presidente, Trump ha reaccionado de la manera a la que nos tiene acostumbrados: retirando la financiación y desmantelando cualquier parte relevante del gobierno e implementando regularmente las instrucciones de sus amos corporativos para eliminar las regulaciones que dificultan los beneficios y salvan vidas –y dirigiendo la carrera hacia el abismo de la catástrofe medioambiental, con diferencia su mayor crimen; de hecho el mayor crimen de la historia si consideramos las consecuencias.

A principios de enero ya había poca duda de lo que estaba ocurriendo. El 31 de diciembre China informó a la Organización Mundial de la Salud (OMS) de la propagación de síntomas similares a los de la neumonía de causas desconocidas. El 7 de enero, China informó a la OMS de que los científicos habían identificado el origen de la enfermedad como un coronavirus y habían conseguido secuenciar el genoma, que pusieron a disposición del mundo científico. A lo largo de enero y febrero, la inteligencia estadounidense intentó captar la atención de Trump de todas las formas posibles sin conseguirlo. Los funcionarios informaron a la prensa de que “no conseguían convencerle de que hiciera nada a ese respecto aunque las luces de alarma estaban encendidas”.

Pero Trump no permaneció callado. Emitió una serie de declaraciones confiadas informando al público de que el coronavirus no era más serio que una tos; que tenía todo bajo control; que estaba manejando la crisis a la perfección; que era muy grave pero que él ya sabía que era una pandemia antes que nadie; y así sucesivamente, con todo el repertorio de lamentables afirmaciones. La técnica está bien diseñada, como la práctica de ir soltando mentiras tan deprisa que el propio concepto de verdad desaparece. Pase lo que pase, Trump está seguro de que sus leales seguidores le defenderán. Cuando disparas flechas al azar, alguna tiene que dar en el blanco.

Para rematar este impresionante record, el 10 de febrero, con el virus recorriendo el país de punta a punta, la Casa Blanca publicó su propuesta de presupuesto anual, que amplia aún más los fuertes recortes en todas las principales partidas sanitarias responsabilidad del gobierno (de hecho, en prácticamente cualquier cosa que pueda ayudar a la gente) al tiempo que incrementa la financiación de lo que realmente importa: el ejército y el muro [con México].

Una consecuencia de esto es el escandaloso retraso de las pruebas y lo limitado de estas, muy por debajo de otros países, lo que imposibilita el uso de estrategias de seguimiento de los contagios que han evitado que la epidemia se descontrole en las sociedades funcionales. Incluso los mejores hospitales carecen de suficiente equipamiento básico. Estados Unidos es en estos momentos el epicentro de la crisis.

Este ejemplo es apenas una pequeña muestra de la malevolencia trumpiana, pero lamentablemente ahora no tenemos más espacio para profundizar.

Aunque resulta tentador echar la culpa a Trump de la desastrosa respuesta ante la crisis, si queremos prevenir futuras catástrofes, es preciso que miremos más allá de su figura. Trump asumió el poder en una sociedad enferma, afligida por 40 años de neoliberalismo profundamente enraizado.

La versión neoliberal del capitalismo lleva en vigor desde los tiempos de Reagan y Margaret Thatcher. No debería hacer falta detallar sus funestas consecuencias. La generosidad de Reagan con los superricos tiene una relevancia absoluta en la crisis actual, cuando se prepara un nuevo rescate. Reagan se apresuró a levantar la prohibición de los paraísos fiscales y otros mecanismos destinados a trasladar la carga fiscal al público, además de autorizar la recompra de acciones –un mecanismo para inflar el valor de las acciones y enriquecer a la dirección de las empresas y a los muy ricos (que poseen la mayor parte de las acciones) al tiempo que se debilita la capacidad productiva de la compañía.

Estos cambios en la regulación tienen enormes consecuencias, del orden de decenas de billones de dólares. Por lo general, las reglas se han diseñado para beneficiar a una pequeña minoría mientras el resto tiene que luchar por mantenerse a flote. De esa manera hemos llegado a tener una sociedad en la que el 0,1 por ciento de la población posee el 20 por ciento de la riqueza y la mitad de abajo tiene un patrimonio neto negativo y vive a base de endeudarse un mes tras otro. Mientras los beneficios crecían y los salarios de los grandes directivos se disparaban, los salarios reales se han estancado. Como muestran los economistas Emmanuel Saez y Gabriel Zucman en su libro The Triumph of Injustice, los impuestos son básicamente planos en todos los grupos de renta, excepto en el más elevado, donde descienden.

El sistema sanitario privado (y con ánimo de lucro) estadounidense es desde hace tiempo un caso de escándalo a escala internacional, pues tiene un coste que duplica al de otras sociedades desarrolladas y uno de los peores resultados. La doctrina neoliberal le asestó otro golpe al introducir en él medidas empresariales de eficiencia: servicio bajo demanda y falta de reservas para contingencias. A la menor alteración, el sistema se viene abajo. Lo mismo ocurre con el frágil orden económico forjado sobre los principios neoliberales.

Este es el mundo heredado por Trump, el objetivo de su ariete. Aquellos interesados en reconstruir una sociedad viable a partir de las ruinas que queden tras la crisis actual harían bien en prestar atención al aviso de Vijay Prashad: “No volveremos a la normalidad, porque la normalidad era el problema”.

Sin embargo, incluso ahora, con el país en mitad de una emergencia de salud pública distinta de cualquier cosa que hayamos visto en mucho tiempo, al público estadounidense se le sigue diciendo que la sanidad universal no es una propuesta realista. ¿Es el neoliberalismo el único responsable de este punto de vista típicamente estadounidense sobre la salud?

Es una historia compleja. Para empezar, durante mucho tiempo las encuestas mostraban actitudes favorables hacia la sanidad universal, a veces incluso un fuerte apoyo. En los últimos años de la era Reagan, en torno al 70 por ciento de la población pensaba que la Constitución debería garantizar los cuidados sanitarios y el 40 por ciento pensaba que de hecho ya era así –asumiendo que la Constitución era la depositaria de todo lo que es evidentemente correcto. Las encuestas mostraban un gran apoyo al derecho a la sanidad universal, hasta que comenzó la ofensiva de propaganda de las compañías, advirtiendo de la enorme carga fiscal que eso supondría, algo parecido a lo que hemos visto recientemente. Entonces el apoyo popular desapareció.

Como suele ocurrir, la propaganda tiene un elemento de verdad. Los impuestos subirán, pero los gastos totales descenderán bruscamente, como muestran los datos de países comparables. ¿Cuánto? Hay algunas estimaciones interesantes. Una de las principales revistas médicas del mundo, The Lancet de Reino Unido, publicó recientemente un estudio que estimaba que la implantación de la sanidad universal en Estados Unidos “probablemente supondría un ahorro del 13 por ciento en el gasto sanitario nacional, equivalente a más de 450.000 millones de dólares anuales (según el valor del dólar en 2017)”. El estudio continuaba afirmando:

“Todo el sistema podría financiarse con un menor desembolso que el que contraen las empresas y las familias que pagan las pólizas sanitarias junto con las partidas asignadas por el gobierno. Este cambio a una sanidad de un solo pagador beneficiaría especialmente a los hogares de menores ingresos. Además, estimamos que el acceso a los cuidados sanitarios para toda la población estadounidense salvaría más de 68.000 vidas y 1,73 millones de años de vida cada año, en relación con la situación actual”.

Pero los impuestos tendrían que subir. Y parece que muchos estadounidenses prefieren gastar más dinero siempre que no sea en impuestos (aunque por otro lado eso suponga la pérdida de decenas de miles de vidas cada año). Este es un indicador sintomático del estado de la democracia estadounidense, según la percibe la gente; y, desde otra perspectiva, de la fuerza del sistema doctrinario diseñado por el poder empresarial y sus lacayos intelectuales. El ataque neoliberal ha intensificado este elemento patológico de la cultura nacional, pero las raíces son mucho más profundas y se pueden observar en muchos ejemplos. Se trata de un tema que merece la pena investigar más.

Algunos países europeos están gestionando la propagación del coronavirus mejor que otros, pero parece que los que han tenido más éxito en esta tarea se sitúan fuera del universo occidental (neo)liberal. Hablamos de Singapur, Corea del Sur, Rusia y la misma China. ¿Cree que este dato nos aporta información sobre los regímenes capitalistas occidentales?

Ha habido diferentes reacciones frente a la propagación del virus. China parece haberla controlado, al menos por ahora. Al igual que los países de su periferia, incluyendo a democracias no menos dinámicas que las occidentales, que tomaron muy en serio los primeros avisos. La mayor parte de Europa retrasó la toma de decisiones, pero algunos países actuaron con presteza. Alemania parece mantener el record global en cuanto a baja mortalidad, gracias a la reserva de instalaciones sanitarias y capacidad de diagnóstico y a la respuesta inmediata. Lo mismo parece ocurrir con Noruega. La reacción de Boris Johnson en Reino Unido fue vergonzosa. Pero los Estados Unidos de Trump van a la cola.

Sin embargo, la diligencia con que actuó Alemania con su población no se extendió más allá de sus fronteras. La Unión Europea ha demostrado estar cualquier cosa menos unida. No obstante, las sociedades europeas enfermas podrían pedir ayuda al otro lado del Atlántico. La superpotencia cubana está lista para ayudar una vez más con médicos y equipo. Mientras tanto, su vecino yanqui se ha dedicado a retirar la asistencia sanitaria a Yemen, donde ha contribuido a crear la mayor crisis humanitaria del mundo, y utiliza la oportunidad que le presenta la devastadora emergencia sanitaria para endurecer sus crueles sanciones y asegurar el máximo sufrimiento de sus supuestos enemigos. Cuba es su víctima más prolongada, desde los tiempos de las guerras terroristas y el estrangulamiento económico de Kennedy, aunque milagrosamente ha conseguido sobrevivir.

A propósito, debería ser extremadamente perturbador para los estadounidenses comparar el circo montado por Washington con los informes serenos, comedidos y objetivos de Angela Merkel sobre cómo manejar la epidemia.

Las distintas maneras de responder a la crisis no parecen depender de si el país es una democracia o una autocracia, sino de si su sociedad es funcional o disfuncional –lo que en la retórica de Trump se resume como “países de mierda”, como el que él mismo se esfuerza en crear bajo su mandato.

¿Qué piensa del plan de rescate económico del coronavirus, valorado en 2 billones de dólares? ¿Es suficiente para prevenir otra posible gran recesión y ayudar a los grupos más vulnerables de la sociedad estadounidense?

El plan de rescate es mejor que nada. Ofrece un alivio limitado a algunos de los que lo necesitan desesperadamente y contiene fondos suficientes para ayudar a los verdaderamente vulnerables: las lastimosas corporaciones que acuden en tropel a papá Estado, con el sombrero en la mano, ocultando sus copias de Ayn Rand* y suplicando una vez más que el sector público las rescate tras haber pasado sus años gloriosos amasando inmensos beneficios y ampliando estos con una orgía de recompra de acciones. Pero no hay de qué preocuparse. La caja negra será supervisada por Trump y su Secretario del Tesoro, en quienes se puede confiar que serán justos e imparciales. Y si deciden ignorar las demandas del nuevo inspector general y del Congreso, ¿quién va a evitarlo? ¿El Departamento de Justicia de Barr? ¿Un impeachment?

Deberían haberse diseñado mecanismos para que la ayuda llegue a quienes la necesitan, a los hogares, más allá de la miseria que parece habérseles asignado. Eso incluye a las personas trabajadoras que tenían verdaderos empleos y al enorme precariado que malvivía con empleos temporales e irregulares, pero también a otros: a quienes ya habían tirado la toalla, los cientos de miles de víctimas de “muerte por desesperación”** –una auténtica tragedia americana–, los sin techo, los presos, todos los que habitan viviendas tan inadecuadas que no es posible el aislamiento y el almacenamiento de comida, y muchos otros que no son difíciles de identificar.

Los economistas políticos Thomas Ferguson y Rob Johnson lo han explicado llanamente: Mientras la sanidad universal que es común en otros lugares se considere algo inalcanzable en Estados Unidos, “no hay ninguna razón por la que se deba aceptar un seguro único financiado por las empresas” Estos autores hacen un compendio de maneras sencillas de superar esta forma de robo corporativo.

Como mínimo, la práctica habitual de rescatar con dinero público al sector empresarial debería exigir como contrapartida la estricta prohibición de recompra de acciones, una participación importante de los trabajadores en la gestión de la empresa y el final de las escandalosas medidas proteccionistas de los mal llamados “acuerdos de libre comercio”, que garantizan enormes beneficios para las grandes farmacéuticas mientras aumentan el precio de los medicamentos mucho más de lo que sería razonable. Como mínimo.

Esta entrevista ha sido editada para facilitar su lectura.

  1. de T.: *Filósofa y escritora rusa que obtuvo la nacionalidad estadounidense y que defendía el egoísmo racional, el individualismo y el laissez faire y rechazaba el altruismo y el socialismo.

**Chomsky hace aquí referencia a la “epidemia” de suicidios de trabajadores en EE.UU. (del orden de 150.000 cada año), y a un libro de Anne Case y Angus Deaton, ganadores del Nobel de Economía en 2015 y autores del libro Deaths of Despair and the Future of Capitalism, al que cita indirectamente el filósofo.

Por C.J. Polychroniou | 06/04/2020 | Noam Chomsky

Traducido para Rebelión por Paco Muñoz de Bustillo

Fuente: https://truthout.org/articles/chomsky-ventilator-shortage-exposes-the-cruelty-of-neoliberal-capitalism/

El presente artículo puede reproducirse libremente siempre que se respete su integridad y se nombre a su autor, a su traductor y a Rebelión como fuente del mismo.

Publicado enSociedad
Sendero de las Sendero de las Mariposas: así privatizarán los Cerros Orientales

El modelo de operación del Sendero de las Mariposas fue puesto, por fin, como información pública para los interesados desde el 27 de enero de 2020. Este documento base para la solicitud de licencia ambiental que cursa en estos momentos en el Anla, fue redactado por la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca y demuestra la forma como funcionará y operará el Sendero de las Mariposas en los Cerros Orientales de Bogotá, una pieza clave en la información solicitada desde hace varios años por las comunidades y que en reiteradas oportunidades había sido negada.

Privatización de los Cerros Orientales

En primera medida el documento señala que el trazado del Sendero será de 102 Km atravesando las localidades de Usme, San Cristóbal, Santa Fe, Chapinero y Usaquén; pasando por alrededor de un 70 por ciento de predios privados y un 30 por ciento públicos, los cuales en ambos casos deberán ser negociados para su adquisición. Esto presenta tres inconvenientes: por un lado, se crea la inquietud sobre la compra de viviendas en los barrios populares por los que el Sendero atraviesa en la franja de adecuación, donde la especulación inmobiliaria se acrecentará aún más en los Cerros, ya que el proyecto se presentará como el gran atractivo turístico para Bogotá y eso será un atractivo para las grandes empresas de la construcción.

Por otro lado, está la capacidad de carga, uno de los temas más evitados por la administración de Peñalosa y los diseñadores del proyecto, quienes con pocos argumentos respondían las solicitudes de información. El documento muestra que el tránsito de personas aumentará en un 200 por ciento, pues se calcula que el sendero tendrá un ingreso de alrededor de 13.500 personas diariamente, lo que hará inviable la preservación ecosistémica, aumentará los incendios forestales, expandirá la ciudad informal al oriente y además corrobora que el objetivo central de este proyecto es turístico, pasando por encima la protección ambiental.

El tercer punto y más controversial se relaciona con las tarifas que tendrá el ingreso a los Cerros Orientales, la cual oscila entre los 1.200 pesos para los nacionales y hasta los 8.500 para extranjeros, eliminando cualquier uso común de los Cerros por parte de los habitantes de Bogotá. El proyecto parece más una boutique comercial que un proyecto de protección contra los incendios de los Cerros, pues fuera de contar con dotaciones complejas para locales comerciales también tendrá puntos de wifi y cafeterías.

Un proyecto de esta envergadura es cercano a los 250 mil millones de pesos, mientras que los barrios aledaños al proyecto exigen atención e inversión estatal en temas como servicios públicos básicos, legalización integral, mitigación del riesgo, centros de salud y centros educativos.

Un reto por encarar

Es importante movilizarse y exigir a Claudia López que retire la solicitud de licencia ambiental de la Anla, tal como lo prometió en su campaña. También se proyecta un encuentro interlocal de quienes habitan los Cerros Orientales para buscar detener este proyecto lesivo para la ciudad. Por eso convocamos a la Reunión distrital de Cerros Orientales en el marco de la declaración de emergencia climática en Bogotá, que se llevará este 18 de abril desde las 2:00 de la tarde en la sede Vivero de la Universidad Distrital, para discutir desde las comunidades el futuro del Sendero de las Mariposas.

 


 

 

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Publicado enEdición Nº266
Coronavirus y la otra pandemia: el desmantelamiento de la salud en el mundo

El verdadero motivo de alarma, en Occidente por lo menos, es el desborde de los servicios sanitarios. La posibilidad de que mueran muchas personas por no tener acceso a hospitales abarrotados se convertiría en una crisis política que los Gobiernos buscan eludir con medidas draconianas de aislamiento forzado.

Más que la gravedad de la pandemia de coronavirus, preocupa el elevado nivel de contagio en poco tiempo, que es la causa del desborde del sistema sanitario. Si se prolongara durante dos años, como prevén algunos expertos, pero no hubiera grandes picos de internación, la situación sería menos grave.

En síntesis, el nudo del problema está en los sistemas de salud, que se han venido deteriorando como consecuencia de las políticas neoliberales de reducción de gastos sociales y privatización de servicios. Un somero repaso de las cifras de camas por habitante en diferentes países, pone al descubierto la crisis del sistema de salud.

Los cambios se aceleraron a raíz de la crisis de 2008. En 2006, la Unión Europea tenía 574 camas cada 100.000 habitantes, pero en 2017 la cifra había caído a solo 504 camas. Una disminución del 12%.

En la parte más alta de la gráfica, figura Alemania con 800 camas en 2017 (830 en 2016), el único país europeo que cumple con las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud, de no menos de 800 camas cada 100.000 habitantes.

No es casualidad que Alemania presente en este momento uno de los niveles más bajos de muertos por infectados: 24 entre 9.257 infectados a fecha de la publicación de este artículo, apenas el 0,26%, diez veces menos que China y treinta veces menos que Italia, que supera el 7%.

Italia se sitúa en uno de los lugares más bajos de la tabla europea: en 2006 tenía 399 camas cada 100.000 personas y en 2017 cayó a solo 318, un descenso estrepitoso del 20%. Países mucho más pobres como Rumanía y Polonia, incrementaron las camas por habitante de 674 a 689 y de 647 a 662, respectivamente.

Bulgaria que tiene un PBI por habitante cuatro veces más bajo que Italia, aumentó su disponibilidad de camas en más del 18% en el mismo período. Datos generales que enseñan que la salud no depende mecánicamente de la riqueza de un país, sino de que sus autoridades la consideren un servicio o un negocio.

En América Latina, la disposición de camas muestra una situación aun peor. Cuba marcha a la cabeza con 520 camas cada 100.000 habitantes, seguida por Argentina con 500. A muchísima distancia le sigue Uruguay, con 280 camas, Brasil y Chile con 220. Una lista que se cierra con Haití, Honduras, Venezuela y Nicaragua, con menos de cien camas.

 

Privatización, la otra pandemia

 

La privatización de los servicios es otro dato fundamental, ya que aumenta la desigualdad en el acceso a la salud. En España la sanidad privada representa ya más del 30% del gasto sanitario, algo que se traduce en mayor opacidad y menor transparencia, según la Federación de Asociaciones para la Defensa de la Sanidad Pública (FADSP).

Según la misma organización, Madrid es la región que lidera los índices de privatización, así como el porcentaje de camas privadas sobre el total (27,7% en Madrid versus 5,1% en La Rioja). En la privada los datos enseñan sobre la utilización de estudios caros, como las pruebas diagnósticas de imagen. Un informe del sindicato UGT asegura que "en los últimos cuatro años, el porcentaje de inversión en la privada multiplicaba por tres el de la pública".

Una inversión de carácter especulativo, ya que no impidió que la crisis del coronavirus tenga su foco principal en la capital española, con el 44% de los contagios del país y el 72% de los muertos, al 17 de marzo.
Madrid destina elevadas sumas a la "atención especializada", cara y con resultados dudosos, mientras "destina muy poco a la Atención Primaria, que requiere de una inversión fuerte y urgente porque es el primer peldaño de la sanidad", según Marciano Sánchez Bayle, presidente de la FADSP.

En Italia, en diez años se perdieron 70.000 camas hospitalarias, se cerraron 359 departamentos y numerosos hospitales pequeños fueron abandonados. Entre 2009 y 2018 el gasto en salud creció 10%, frente a 37% de la OCDE.

Entre enero y febrero, el sector sanitario español perdió 18.320 trabajadores, en plena expansión del coronavirus. Además, los sindicatos del sector denuncian abuso de la contratación de interinos y la precariedad en el empleo, mientras las condiciones de trabajo son cada vez más duras.

 

Estados Unidos, líder mundial en desmantelamiento de la salud

 

Podríamos establecer una geopolítica del desmantelamiento de la salud y de la crisis sanitaria. Uno de los epicentros sería Estados Unidos, según el sociólogo y urbanista Mike Davis.

"La temporada de gripe de 2018, por ejemplo, superó a los hospitales de todo el país, mostrando la escandalosa escasez de camas hospitalarias después de 20 años de recortes de la capacidad de hospitalización en aras al beneficio".

Davis destacada los cierres de clínicas privadas y la escasez de personal, impuestos por la lógica de mercado, que "han devastado los servicios sanitarios en las comunidades más pobres y zonas rurales, trasladando la carga a hospitales públicos infradotados y clínicas para veteranos".

Los servicios de urgencias están sobrecargados, por lo que asegura que su país se enfrenta a un "Katrina sanitario", en referencia al huracán que arrasó la ciudad de Nueva Orleans en 2005.

Davis nos recuerda que "nada menos que 380.000 pacientes de residencias de ancianos mueren cada año debido al incumplimiento por parte de estas entidades de los procedimientos básicos de control de infecciones".

Como sabemos, Estados Unidos es el país referente en la privatización de la salud. Davis denuncia que las grandes empresas farmacéuticas dejaron de invertir en el desarrollo de nuevos antibióticos y antivirales.

"Los medicamentos para el corazón, los calmantes adictivos y los tratamientos de la impotencia masculina encabezan la lista de los más rentables, pero no los destinados a combatir las infecciones hospitalarias, las nuevas enfermedades y las tradicionales patologías tropicales".

Por eso vaticina que "dentro de un año puede que admiremos retrospectivamente el éxito de China en la contención de la pandemia, pero que nos horroricemos ante el fracaso de EEUU".

22:11 GMT 17.03.2020(actualizada a las 22:14 GMT 17.03.2020) URL corto

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