Inventar la democracia directa, organizarse en contrapoderes

Presentamos una relación detallada de la segunda ‘Asamblea de Asambleas’ de Saint-Nazaire, pero también un análisis del movimiento de los gilets jaunes: composición social y política, y conjunto de reivindicaciones y formas organizativas.

El martes 16 de abril, el presidente Macron habría tenido que presentar las “reformas” políticas y sociales con las que, tras la muy cuestionada consulta nacional del Grand Débat, pretende dar respuesta a un movimiento que sigue avanzando. No obstante, el incendio de Notre-Dame ha dado a Macron la excusa perfecta para retrasar unos días el anuncio de dichas medidas, en un intento de sortear el atolladero político en que se encuentra en este momento, a través de una contundente llamada a la unidad nacional y al redescubrimiento de la identidad del pueblo francés. En realidad, la reconstrucción de Notre-Dame y los homenajes televisivos a los magnates que han donado grandes sumas de dinero en un clima de conmoción han sido también objeto de un encendido debate político, en un país en el que las cuestiones sociales y democráticas planteadas por los gilets jaunes (chalecos amarillos) han dejado de poderse ignorar.


Desde el viernes 5 y hasta el domingo 7 de abril, a casi cinco meses del inicio de la sublevación de los gilets jaunes, más de doscientas delegaciones provenientes de toda Francia, compuestas siguiendo el principio de la paridad de género y el mandato imperativo, se reunieron en la Maison du Peuple de Saint-Nazaire para tomar parte en la segunda Asamblea de Asambleas (de ahora en adelante, AdA), tras la celebrada en Commercy los pasados 26 y 27 de enero.


On a tous un rond-point en commun (Tenemos todos una rotonda en común)


La devaluación de la democracia directa reaparece persistentemente en el debate actual a través de una serie de clichés.


Por un lado, sus detractores nos dicen que la ‘democracia directa’ sería un mero suplemento de la máquina de la representación que entraría en juego como un potencial correctivo en fases de crisis. Aquí se incluyen las diversas declinaciones débiles del término ‘participación’. En el extremo opuesto se sitúan quienes utilizan el término en modo impropio o manipulador, asociándolo a la abusada y ambigua fórmula política del populismo. En este caso la ‘democracia directa’ asumiría las características del referéndum, para ser más tarde encerrada en la camisa de fuerza de la representación (más o menos) carismática por parte de un determinado líder.


Tanto en el caso de los detractores como en el de los usurpadores, la democracia directa se considera siempre la fase adolescente de un movimiento, antes de su llegada a la edad adulta, la de la “gran política”.


En el caso de los gilets jaunes, es decir, de una “revuelta histórica” en lucha contra un “poder histérico”, las cosas son bien distintas. A estas alturas resulta evidente que los gilets jaunes se niegan a transformarse en partido y, de hecho, han rechazado cualquier oferta electoral, prefiriendo la irrupción multitudinaria en los espacios urbanos, el bloqueo de la economía y la experimentación colectiva. El rechazo a la democracia representativa se realiza en nombre de la propia democracia. Entre Commercy y Saint-Nazaire, empieza ahora a delinearse una forma precisa de expresión política del movimiento, que continúa en desarrollo.


Democracia directa asume aquí un triple valor:


a) Antes que nada, se trata del nombre común alrededor del cual se han reunido un conjunto de grupos locales, asambleas ciudadanas, casas del pueblo, comités de barrio y asambleas de banlieu que constituyen el “cuerpo” de un movimiento policéntrico y muy distribuido a nivel territorial y en las redes sociales digitales. El punto de origen, junto con una petición online, es la ocupación de la “rotonda”, el primero de una serie de círculos concéntricos que configuran una organización de tipo horizontal, la cual se desarrolla siguiendo lógicas asociativas y la pragmática del encuentro.


b) En segundo lugar, “democracia directa” es un modus operandi que la AdA ha hecho proprio, autodefiniéndose, en la inauguración de los tres días de asambleas, como una “plataforma de inteligencia colectiva”, con el objetivo de favorecer que se compartan experiencias, que se cree un mutualismo de ideas y de prácticas y que se mejore la coordinación entre grupos. El método del consenso, los grupos de trabajo y la continua descomposición y recomposición de los “círculos” de debate han permitido sustituir, en el arte de la decisión colectiva, el principio de la mayoría por el de la aglomeración de las diferencias en puntos de convergencia.


c) Por último, la democracia directa es, en el contexto político actual de Francia y Europa, un terreno de lucha, podría decirse vertical, contra Macron y su mundo, contra el desastre social y ecológico del neoliberalismo en pleno Capitaloceno. Ese enfrentamiento vertical se define en términos de asimetría. Los “Actos” del sábado se mueven así al ritmo de la proliferación de instituciones autónomas del movimiento, lo que la AdA define como “contrapoderes populares y locales”.


Por tanto, no se trata simplemente de recuperar un viejo sentido perdido de democracia directa. La AdA quiere aventurarse en el sendero del descubrimiento y la invención. El llamamiento final dice: “Frente a la mascarada del Grand Débat, frente a un gobierno no representativo y al servicio de una minoría privilegiada, nosotras construimos las nuevas formas de la democracia directa”.


La Maison du Peuple de Saint-Nazaire


La Maison du Peuple (Casa del Pueblo) de Saint-Nazaire, un edificio abandonado perteneciente al Pôle Emploi, fue ocupada el 24 de noviembre de 2018, justo una semana después del inicio de la rebelión. Algunos la definen como el “centro nervioso” de un tejido conectivo mucho más amplio que comprende tanto la ciudad de Saint-Nazaire como la banlieu que la rodea.


En los inicios del movimiento, la Maison du Peuple se convirtió rápidamente en punto de encuentro de las rotondas y párkings ocupados por los gilets jaunes de la región. Cada tarde tiene lugar una asamblea plenaria y solo el sábado se organizan conciertos, al final de cada Acto. Con el tiempo, la Maison se ha transformado en un taller de autoproducción que aloja: una serigrafía, una red de encuentro entre comedores y agricultores de la región (algunos de los cuales producen dentro de la Zone À Défendre, más conocida como ZAD) y una plataforma de comunicación digital independiente.


El llamamiento de la AdA se ha acompañado con una invitación a construir Maisons du Peuple por toda Francia: “nuestras Maisons du Peuple son lugares de vida, de solidaridad, donde el calor del colectivo nos hace dejar de sentirnos solos, donde aprendemos a escucharnos y a aceptar nuestras diferencias, y de la que no podríamos prescindir. Y no importa si estos espacios están bajo amenaza de desalojo, si éste llegara a consumarse encontraríamos otros lugares. La Maison du Peuple no es solo un edificio: se mueve al compás de nuestros propios movimientos.


En 1789 el pueblo insurrecto se reunía en los clubs y en los cafés, a principios del siglo XX, los obreros reforzaban su solidaridad en las Bourses du Travail, en 1936 y en 1968, las fábricas en huelga se convirtieron en el corazón de la lucha. Nuestras Maisons du Peuple se inscriben directamente en esa continuidad”.


Para alojar la AdA, los gilets jaunes de Saint-Nazaire realizaron inicialmente una petición al Ayuntamiento para obtener la cesión temporal de edificios públicos. Frente al rechazo del consistorio, reestructuraron por completo el espacio de la Maison du Peuple, echando abajo muros e instalando una carpa de circo en el terreno limítrofe.


La Maison du Peuple ha propuesto un método inspirado en cuatro principios:


a) Confiar en la inteligencia colectiva.


b) Recordar que ningún individuo tiene la solución perfecta, pero que en colectivo podemos encontrar una parte de la solución.
c) Aceptar que tenemos derecho a equivocarnos.


d) Saber que es necesario llegar a puntos de convergencia sin necesidad de ocultar las divergencias.


Los promotores han invitado a quince personas “facilitadoras”, cuya tarea ha sido moderar los debates y asegurar un clima “benévolo” en las asambleas plenarias. Una tarea necesaria, considerando la heterogeneidad de los puntos de vista y la diversidad de los modos de practicar la “toma de la palabra”; por no hablar de la diversidad de culturas políticas presentes. Tras una reflexión sobre la naturaleza y el funcionamiento de la próxima AdA, se ha llegado a un acuerdo general para que ésta se reúna una vez cada mes y medio, de forma que continúe y se consolide la relación de fuerzas en todo el país. La próxima AdA se celebrará antes del verano, y la siguiente, en septiembre.


Geografía social de la AdA


Dentro de la sala donde se desarrollan las asambleas plenarias hay colgado un mapa de Francia, en el que cada comité ha colocado un símbolo distintivo. El número de delegaciones ha crecido respecto a la AdA de Commercy (de 70 a 230), así como su diversidad social y territorial. En relación a su proveniencia, cada delegación ha compartido sus modos de encuentro y organización. En las zonas rurales predominan las “rotondas”, mientras en las ciudades y las zonas periurbanas, lo hacen los comités de barrio y las asambleas de banlieu. También han participado delegaciones de zonas rurales agrícolas o turísticas (principalmente del Sureste de Francia, pero también de regiones del Centro), de zonas rurales obreras (Este y Norte), de zonas periurbanas (alrededor de grandes ciudades como París o Burdeos y de las regiones occidentales del país), de ciudades medianas como Estrasburgo, Montpellier, Grenoble o Nantes, de grandes ciudades como Burdeos, Toulouse o Lyon y también de la metrópoli parisina (región de la Île de France).


La AdA de Saint-Nazaire ha mostrado que la distribución territorial de los gilets jaunes es mucho más rica y articulada de lo que quieren hacernos creer algunas lecturas mainstream fundadas en las maniqueas dicotomías del urbano-rural, de la ciudad-campo o del centro-periferia.


Lejos de ser social o geográficamente “periféricos”, resulta ahora evidente que los gilets jaunes se sitúan en el centro de la lucha por la apropiación del excedente social (“partage des richesses”, “reparto de la riqueza”), de la lucha por la revalorización del trabajo (“nous voulons vivre des nos métiers”, “queremos vivir de nuestros oficios”), de la lucha por construir resistencias a la privatización de lo existente y por la desposesión del bien común (“Fin du monde, fin du mois, mêmes responsables, même combat!”, “¡Fin del mundo, fin de mes, mismos responsables, misma batalla!”). Se demuestra así que la lucha de los gilets jaunes es inseparable de la reescritura de las actuales geografías del poder político y económico (“Réapprenons à vivre ensemble où nous habitons”, “Reaprendamos a vivir allí donde habitamos”).


No es casualidad que el movimiento, durante los últimos meses, haya debatido cada vez más sobre la temática de la vivienda, acompañándola con la práctica de la apropiación del espacio urbano. Precisamente porque los habitantes de las grandes y medianas ciudades, junto con quienes viven en pueblos pequeños mal comunicados y sin servicios públicos, se ven cada vez más empujados a establecerse en las áreas periurbanas como consecuencia de la gentrificación y de la especulación inmobiliaria, los gilets jaunes han orientado sus acciones hacia los barrios ricos de las principales ciudades francesas, obstaculizando los circuitos del consumo y del turismo.


Ahora, junto con los Actos del sábado, empieza a prefigurarse una perspectiva constituyente definida como municipalista (o comunalista), propuesta inicialmente por los gilets jaunes de Commercy, y compartida en Saint-Nazaire por un gran número de grupos. Con esta expresión se critica la organización centralista que caracteriza al Estado francés, y se exige en primer lugar un poder de decisión sobre la gestión y la organización de los servicios públicos locales y sobre las políticas urbanas y territoriales. La propuesta de Commercy destaca, además, la necesidad de construir asambleas populares permanentes y, allí donde la relación de fuerzas lo consienta, presentar listas electorales locales e independientes vinculadas al mandato imperativo. Sobre este último aspecto, el debate está aún totalmente abierto, y en el llamamiento final se ha invitado únicamente a la creación de asambleas populares locales.


“Gilets jaunes, quel est votre métier?”


Los tres días de asambleas se han desarrollado en un clima de gran entusiasmo y determinación colectiva. Y esto a pesar de que las cifras de la represión gubernamental (cuyos responsables se presentan ahora como candidatos a representar “la Europa que protege”) hayan alcanzado una dimensión inédita en el contexto de la historia francesa reciente. Pero el miedo o el victimismo no forman parte de las tonalidades emotivas de los gilets jaunes. Entre una plenaria y otra, han resonado cantos y gritos de batalla, tan alentadores como irónicos: “Gilets Jaunes, quel est le votre métier? Ahou! Ahou! Ahou!”. Este grito, que en Italia se hizo popular entre 2008 y 2010, durante la Ola [último gran movimiento estudiantil italiano, nacido bajo el cuarto gobierno de Silvio Berlusconi, N. del T.], es proferido en esta ocasión por un grupo cuya composición social es mucho más amplia e irregular: jubilados, obreros,profesores, trabajadores de plataformas digitales, parados, trabajadores del sector asociativo, funcionarios públicos, estudiantes, militantes de barrios obreros, pequeños agricultores y pequeños comerciantes.


Más que limitarnos a realizar la enésima descripción o a una clasificación de las categorías “socio-profesionales” que componen el movimiento (lo que a menudo se asocia a un abstracto “interclasismo” de los gilets jaunes), hemos preferido centrarnos en la subjetivación política, podría decirse de clase, que se ha producido en estos cinco meses de lucha. Desde ese punto de vista, se pueden extraer dos elementos claros del encuentro de Saint-Nazaire.


El primero es que los gilets jaunes entrelazan la revalorización del trabajo concreto y la revalorización de la vida en su conjunto. Así, no pierden de vista la lucha por un salario digno, pero al mismo tiempo presentan una serie de reivindicaciones que van más allá de la relación salarial: servicios públicos, pensiones, ayudas a la discapacidad, vivienda, ayudas al desempleo y a las personas sin hogar. La lucha de los gilets jaunes no se limita a denunciar el desmantelamiento del Estado social, sino que se interroga, aún solo de forma embrionaria, sobre la reinvención y la socialización de los elementos de aquél. Al mismo tiempo, el movimiento enfoca la cuestión fiscal en términos de “fin de privilegios”. “Ir a por el dinero allí donde se encuentra” significa, junto con el rechazo a los impuestos indirectos (como el llamado “impuesto sobre el carbono”), elaborar un conjunto de medidas dirigidas a buscar la igualdad fiscal siguiendo el principio de “les gros payent GROS et les petits payent PETIT” (“Que los grandes paguen MUCHO y los pequeños paguen POCO”).


También se ha debatido sobre la reintroducción del ISF (impuesto a las grandes fortunas), sobre la recuperación del fondo económico de 40.000 millones del CICE (crédito fiscal para el empleo), la tributación de las grandes empresas de Internet y de aquellas que más contaminan, la intervención contra los grandes evasores fiscales, etc. La insistencia sobre la vida y el trabajo, y la lucha por el fin de los privilegios (más que contra una genérica “casta”) dividen la abstracta homogeneidad del pueblo, demostrando que éste está compuesto por intereses fraccionados y divergentes.


El segundo elemento es que la transformación social, en el sentido de egalité, es inseparable de la transformación política. La crítica, por parte de los gilets jaunes, de la forma de gobierno de la Quinta República parte de la conciencia que el agotamiento de su constitución material es proporcional al giro autoritario de algunos de sus órganos y aparatos administrativos. En Saint-Nazaire, los gilets jaunes pretenden “funcionar”, en el plano social, como una multiplicidad de grupos que se opongan a la reorganización autoritaria de la máquina estatal (véase la ley “anti-casseurs” aprobada por el Parlamento francés). Al ponerse de manifiesto que existe una condición común de pobreza productiva, el movimiento ha empezado a dirigirse hacia una lucha por la existencia social, adquiriendo así un nuevo carácter de fuerza de choque que ataca los cimientos de la legitimidad del poder soberano.

Las reivindicaciones de los gilets jaunes se sintetizan con la siguiente fórmula: “justicia social, justicia fiscal, justicia ecológica y más democracia”. Los cuatro niveles resultan indisociables, a pesar de que los medios de comunicación sigan pidiendo continuamente al movimiento que “ponga prioridades en sus reivindicaciones”. Tal cosa no sucederá, porque no se encuentran en el marco de una negociación de tipo sectorial. El mismo Macron, por otro lado, ha hecho de la liquidación de los cuerpos intermedios una de las características de su proyecto de gobierno. Pero si los gilets jaunes no estructuran en orden jerárquico sus reivindicaciones es sobre todo porque éstas se están dirigiendo cada vez más hacia una crítica radical del sistema político y económico, haciendo de la misma “ecología” campo de una dura contienda.


La multiplicación de las luchas actuales nos invita a buscar una unidad de acción


Las propuestas presentadas por los comités locales han tenido como objetivo organizar el movimiento y consolidar sus estrategias, tanto a corto como a largo plazo. Durante el cierre de los tres días de asambleas, se han redactado, aprobado y publicado distintos llamamientos en formato texto y audiovisual.


En el marco de un llamamiento a movilizarse el 1 de mayo y a una “semana amarilla de acción”, así como a converger con el movimiento climático y las luchas por la vivienda, la perspectiva de un “movimiento social, ecologista y popular” parece reunir las distintas peticiones de justicia desde la perspectiva de una unidad de acción.


En el llamamiento dedicado a la “convergencia ecológica” se afirma que lo que está destruyendo la vida sobre la Tierra, incluida la vida humana, es la lógica de explotación infinita del capitalismo. La limitación de los recursos empuja al movimiento a preguntarse sobre la distribución de aquellos, así como sobre el control de la producción. La AdA afirma que el conocido como “impuesto sobre el carbono” es el ejemplo perfecto de un falso ecologismo punitivo que castiga a aquellos que no son responsables, o que lo son, como mucho, en una ínfima parte. Así, los gilets jaunes invitan a todas las personas que quieran acabar con el acaparamiento de lo viviente a actuar contra el sistema actual.


Se ha debatido sobre las elecciones europeas como una ocasión para denunciar el carácter antidemocrático de las instituciones de la UE y como un terreno de movilización a escala europea. Considerando el periodo electoral como un “Acto de reconquista democrática”, los gilets jaunes rechazan cualquier indicación sobre el voto, para generar una presencia en las calles durante todo el periodo electoral (se ha previsto una manifestación en Bruselas para finales de mayo o principios de junio).


Además, se ha dedicado un llamamiento a la anulación de las penas para los miles de personas encarceladas y condenadas en estos meses de vida del movimiento de los gilets jaunes, así como de otras luchas dedicas a la defensa del bien común, luchas de barrio, ecologistas o que intentan construir una democracia directa. Se insiste así en la construcción de una campaña en defensa de las libertades públicas y de los derechos fundamentales, configurándose una plataforma estatal para censar los casos de represión judicial, y apoyar su defensa en los tribunales.


A largo plazo, como ya se ha dicho, la perspectiva municipalista (o comunalista) fue propuesta por los gilets jaunes de Commercy. También ésta se ha presentado en forma de llamamiento compartido por la AdA: “Desde aquí invitamos a crear en cada comuna [unidad mínima territorial de tamaño muy variable en que se configura oficialmente el territorio francés, N. del T.], o donde sea posible, una o más asambleas ciudadanas y populares. Porque ese poder nos ha sido confiscado, como podemos constatar en diferentes ámbitos: ecologismo, privatizaciones, democracia, etc.”


El conjunto de propuestas, de instrumentos de trabajo y de llamamientos compartidos por la AdA deberá ser ahora debatido de nuevo por cada comité o asamblea local presente en Saint-Nazaire. La mención de la necesidad de «salir del capitalismo», incluida en el llamamiento final, ha provocado un encendido debate. Algunas personas han expresado su perplejidad, porque consideran que la salida del capitalismo no es una reivindicación que defender ante una contraparte, sino un objetivo de fondo que se conquista con la fuerza material de la lucha. Otras personas, aun declarándose explícitamente anticapitalistas, han señalado la exigencia de preservar la heterogeneidad del movimiento, expresando en su llamamiento solo las reivindicaciones más ampliamente consensuadas. Por último, otros grupos han afirmado que la salida del capitalismo es una consecuencia lógica de las reivindicaciones de los gilets jaunes. La propuesta ha sido aprobada y ahora deberá someterse a discusión en los comités locales, como todo lo demás.


Resulta también necesario subrayar que la “gruposidad” de los gilets jaunes va mucho más allá del conjunto de comités que se han reunido en Saint-Nazaire. La AdA se configura, por tanto, como una hipótesis de trabajo y como la expresión de una tendencia dentro del movimiento de los gilets jaunes, sin pretender representar toda su complejidad.


Esa complejidad se manifiesta en múltiples prácticas de lucha y formas de existencia política: en los “Actos” del sábado, en el uso político de las redes sociales, en la plataforma digital alternativa llamada Vrai Débat, en las asambleas ciudadanas, en los piquetes en peajes, en almacenes de la logística, sedes de Amazon y centros comerciales; en los encuentros públicos en la Bourse de Travail de París y en los Ayuntamientos de las pequeñas ciudades, en los puntos fijos de información en los barrios y en los mercados callejeros; y en la construcción de pequeños campamentos en rotondas y en plazas de las ciudades.

Por Marta Camell i Galí  / Francesco Brancaccio
Traducido por Pedro Castrillo
2019-04-22 14:48:00

Publicado enPolítica
"Los ‘chalecos amarillos’ se desarrollaron en un desierto político". Entrevista

La historia social nunca se acaba, menos aún en una sociedad como la francesa donde la idea de igualdad organiza los pilares de la narrativa nacional desde la revolución de 1789. Los «chalecos amarillos» irrumpieron desde la periferia, desde el corazón herido de una Francia a la que se llamó erróneamente «invisible». En un momento en el cual, como casi todas las sociedades occidentales, el país atravesaba una profunda crisis de representatividad, los gilets jaunes construyeron la suya en una zona de aislamiento. A lo largo de todo el territorio, empezaron ocupando las rotondas, es decir, ese lugar circular de cruce de caminos que comunica con rutas que se internan en los pueblitos, esos páramos hace mucho tiempo dejados al abandono por un Estado que cerró estaciones de trenes, escuelas, correos y bancos. De aquella soledad periurbana o perirrural saltaron a la capital francesa, ante el asombro de los analistas de París. El gobierno francés se quedó mudo y paralizado, tanto más cuanto que venía de una serie ininterrumpida de victorias rotundas contra los sindicatos y otros movimientos sociales: impuso su reforma laboral sin muchos sobresaltos y luego la reforma de uno de los mitos de Francia, la empresa nacional de ferrocarriles, la sncf.

Los «chalecos amarillos» atravesaron los intersticios de las certezas del poder y la copiosa ignorancia de los medios. Se vistieron con el chaleco fluorescente que se debe llevar obligatoriamente en los autos y ganaron una visibilidad incuestionable. Con el correr de los días, la visibilidad se tornó en legitimidad y esta, en un respaldo masivo de la población. De las rotondas, que jamás abandonaron, pasaron a París. En la capital francesa armaron uno de los revuelos sociales más intensos de que se tenga memoria. A diferencia de otros momentos de tensión social, los «chalecos amarillos» desplazaron el punto de resistencia. En lugar de los barrios populares, fueron a manifestar en el corazón de la riqueza: los Campos Elíseos y sus súper ricas avenidas adyacentes, donde están concentradas las riquezas más abultadas del mundo. El Estado se asustó. Llegó a sacar a la calle más policías que manifestantes, reprimió con una violencia inaudita, arrestó de forma preventiva, impidió a mucha gente que fuera a las manifestaciones de los sábados. La represión policial dejó, al cabo de dos meses, cientos de detenidos y heridos graves: mutilados de manos o pies, gente que perdió un ojo. En defensa de su modelo, el Estado llegó a violar las propias reglas que él mismo había fijado. Nada disuadió a los «chalecos amarillos». Aunque se fueron dividiendo entre el sector más radical que anhela derribar al gobierno en la calle y otro más moderado que aspira a convertir el movimiento en una entidad política, la insurrección amarilla persiste tanto como su mensaje original: vivimos en un sistema de acumulación demente y de exclusión radical donde se pretende que unos pocos paguen las condiciones de vida de la modernidad. No fueron de derecha ni de extrema derecha, ni tampoco de izquierda o de extrema izquierda, ni tampoco ecologistas. Objeto de múltiples intentos de manipulación y cooptación política, los «chalecos amarillos» no entregaron su fuerza y su legitimidad al mejor postor. Su aparición vino acompañada de varias invenciones sociales: no solo el chaleco, también la articulación entre las redes sociales y la realidad y esa forma inédita de haber bautizado cada manifestación de los sábados como un «acto». Una forma de decir que la gran pieza de teatro sigue en el escenario.


El sociólogo francés Michel Wieviorka ha seguido con rigor los rumbos de esta insurrección popular. Wieviorka es uno de los intelectuales más reputados de Francia. Su obra sociológica teórica se sitúa en una línea que toma en cuenta la globalización tanto como la construcción individual y la dimensión subjetiva de los actores. Con sus primeros trabajos, empezó a construir una suerte de sociología de la acción a partir de los consumidores de la década de 1970. Ello lo llevó a interesarse en los movimientos sociales y en fenómenos como el racismo, el terrorismo y la violencia. En 1989, su libro Societés et terrorisme [Sociedades y terrorismo] le valió un rápido reconocimiento internacional. Sus obras traducidas al español son: El espacio del racismo (Paidós, Barcelona, 1982); La primavera de la política (Libros de la Vanguardia, Barcelona, 2007); El racismo: una introducción (Gedisa, Barcelona, 2009); Otro mundo. Discrepancias, sorpresas y derivas en la antimundialización (fce, Ciudad de México, 2009); Una sociología para el siglo xxi (uoc Ediciones, Barcelona, 2011); La violencia (Prometeo, Buenos Aires, 2018) y El antisemitismo explicado a los jóvenes (Libros del Zorzal, Buenos Aires, 2018). Presidente entre 2006 y 2010 de la Asociación Internacional de Sociología (ais/isa), Wieviorka es actualmente director de estudios en la Escuela de Altos Estudios en Ciencias Sociales y preside el directorio de la Fundación de la Casa de las Ciencias del Hombre en París. Le entrevistó para la revista Nueva Sociedad Eduardo Febbro, corresponsal en Francia del diario argentino Página/12.


-¿Cómo definiría usted el levantamiento de los «chalecos amarillos»? ¿Acaso fue una revuelta fiscal, una revuelta ecológica o, más globalmente, la manifestación de un hartazgo general contra la desigualdad?


Ha sido un movimiento social en un contexto de crisis política y social. Es una parte de la sociedad que dice no aceptar sus condiciones de vida, que quiere pagar menos impuestos y, de alguna manera, rehúsa pagar la transición ecológica. Se ha dicho que los «chalecos amarillos» eran una suerte de Francia invisible. En realidad, era invisible solo para quienes no quisieron verla. No era en nada invisible. Muchos trabajos han demostrado la existencia de una Francia que no vive en las mismas condiciones en las que se vive en el centro de París. En este país hay muchas desigualdades sociales, hay regiones que se han convertido en desiertos. Cuando alguien vive en un lugar donde ya no hay trabajo, ya no hay servicios públicos, donde no hay escuela para los niños ni maternidad para atender los nacimientos; cuando no hay más estaciones de trenes, ni correos, en suma, cuando todo esto desaparece, la gente se dice: la vida no es posible.


Ha habido entonces una ceguera política acumulada por parte de los sucesivos gobiernos.


El problema es el tratamiento político de todo esto. No ha habido propuestas políticas pensadas seriamente para esta parte de la población. Esto empezó a gestarse a finales de los años 70, principios de los 80. Pero no es el único problema de este país. También está la problemática de los suburbios. Y todo esto nunca fue objeto de políticas fuertes. No se pensó en reabrir servicios públicos, no se pensó en tomar en cuenta a toda esa gente para la cual el automóvil es indispensable. Hay muchas familias que necesitan hasta dos automóviles. Viven lejos del lugar del trabajo. A menudo, marido y esposa viven a 50 o 60 kilómetros del lugar de trabajo. Tampoco hay escuelas para los niños y entonces tienen que ir a trabajar con el auto y también usarlo para llevar y traer a los chicos de la escuela. Todos estos problemas nunca fueron tratados de manera seria.


-Hay también dos elementos constantes que surgen con esta crisis: la ruptura, en Francia, del sistema colectivo de solidaridad, y el abismo entre la población, sus necesidades y la dirigencia política global. ¿Está de acuerdo?


Sí. Francia, como muchos otros países, vive un proceso de fragmentación. Y en este proceso desaparecen las formas de solidaridad colectiva, o se transforman en nacionalismos y repliegue sobre sí mismo. Pero esto es apenas un aspecto del problema. El otro es la crisis del sistema político. En Francia, las formas clásicas de la democracia liberal, o sea, la representación política, no funcionan más. Los partidos clásicos ya no funcionan y esto explica en mucho los problemas. La gente siente que los partidos políticos no la representan, que están lejos, que esos partidos pertenecen a un tiempo antiguo y que no son los que necesita hoy. En esta situación, el poder está desconectado de la población, sin capacidad de mediación. Pero esta crisis de la representación no atañe solo a los partidos políticos, también engloba a los sindicatos, a las asociaciones.


Estamos en un país donde las mediaciones políticas y sociales se están debilitando, donde el poder ha funcionado de manera tecnocrática. Hay poca política y mucha racionalidad que no toma en cuenta la vida de la gente. Los partidos políticos no funcionan bien. Han perdido la capacidad de plantear propuestas. Esta es la razón por la cual los «chalecos amarillos» se desarrollaron en un desierto político. No hay correas de transmisión política. Está el poder central del gobierno, el presidente, está luego el pueblo y en el medio no hay nada para llevar a cabo una mediación. El gobierno tiene la mayoría en la Asamblea Nacional, pero los diputados de su partido, La República en Marcha, fueron muy, pero muy poco inteligentes.
Mucho se ha dicho en todo el mundo que Francia volvía a marcar la pauta de la revuelta social. La izquierda radical ve en los «chalecos amarillos» la realización del sueño de una insurrección ciudadana. Sin embargo, el perfil de los «chalecos» es más complejo.


Los «chalecos amarillos» no hablan mucho de insurrección. Pero como la gente necesita tener marcadores históricos, intenta buscar algo que ligue a los «chalecos amarillos» con esas referencias. Y allí, desde luego, aparece la Revolución Francesa. Sin embargo, los «chalecos amarillos» no son un movimiento revolucionario. Sí, es cierto que se habla del presidente Emmanuel Macron y del poder como del rey Luis xvi o de su esposa María Antonieta. Sin embargo, no se trata de un movimiento revolucionario que quiere tomar el poder. Hubo mucha violencia durante las manifestaciones, pero no fueron los actores centrales quienes la desencadenaron. Son otros, son gente que vino a romper cosas y a enfrentarse con la policía, son gente que tiene ideas políticas de extrema izquierda o de extrema derecha. Admito que hubo «chalecos amarillos» que actuaron de forma violenta, pero no son el corazón del movimiento. No se trató de un movimiento que pretendiera acabar en una revolución.


Allí está la idea de que, al no ser un movimiento identificado, puede ser utilizado peligrosamente por uno u otro sector político.


En su corazón, el movimiento de los «chalecos amarillos» está diciendo: tenemos problemas sociales y queremos que el poder nos responda de manera social, o sea, queremos dinero para vivir mejor, queremos pagar menos impuestos. Son, por consiguiente, demandas sociales. Pero fuera de los «chalecos amarillos», en la extrema izquierda, se dice: «Este movimiento quiere la revolución». En la extrema derecha se dice: «Los ‘chalecos amarillos’ tienen que saber que los problemas de Francia son la inmigración, el islam y la identidad nacional». Cada sector los etiqueta con sus ideas. Pero la verdad es que los «chalecos amarillos» nunca hablaron así. Insisto: no es un movimiento político, no es un movimiento de extrema izquierda o de extrema derecha. Tal vez haya gente adentro radicalizada, más abierta a ideas extremistas, pero en ningún caso fue ese el perfil de los gilets jaunes. No tienen nada que ver con el comunismo, ni con el fascismo. Es muy difícil hacer comparaciones, y no solo históricas, sino también en el espacio de hoy. Hay gente que dice que los «chalecos amarillos» fueron un poco como en Italia, con La Liga y el Movimiento 5 Estrellas, o como en Reino Unido con el Brexit, o como los votantes de Donald Trump en Estados Unidos y como en Brasil con Jair Bolsonaro. No son comparaciones válidas. Los «chalecos amarillos» son una cosa única y muy distinta de todo lo demás.


-Hay en este movimiento algo que lo diferencia de todas las demás soluciones que los países buscaron colectivamente a través de las elecciones. ¿No han pedido un cambio de poder, que el poder cambie su forma de gobernar?


Exactamente. En Italia hay problemas del mismo tipo. La gente votó por Beppe Grillo (5 Estrellas) o a favor de la extrema derecha de Mateo Salvini. En Reino Unido los problemas también son similares, y allí la gente optó por salir de Europa. A su vez, en Brasil, los electores llevaron a Bolsonaro al poder. Entonces, lo que constatamos es que en todos esos países la respuesta a los problemas sociales fue directamente política. La gente se dijo que con cambios políticos su situación iba a mejorar. En Francia no pasó eso. Aquí, la gente dijo: «Queremos una respuesta del gobierno a nuestros problemas». Hubo una inteligencia colectiva impresionante.


Esto constituye ya una innovación en sí, pero hay más. Por ejemplo, los «chalecos amarillos» nacieron en las redes sociales, pero con un perfil y una dinámica distintos de los que se pudieron ver en otros países o en la «primavera árabe».


Hoy no se puede hablar de movimientos sociales sin tomar en cuenta las redes sociales, internet o los teléfonos móviles. Las nuevas tecnologías de la comunicación son centrales. Sin embargo, la fuerza de los «chalecos amarillos» consistió en decir: «Vamos a articular lo digital con la presencia concreta en todo el territorio nacional». Es decir, la vida concreta de actores que viven y se encuentran en cada lugar y, además, que se tornan visibles con los famosos chalecos amarillos. Entonces, se trata de un movimiento digital con, por un lado, internet y las redes sociales y, por el otro, una dimensión visible en todo el territorio. Los «chalecos amarillos» articularon las dos vertientes. Antes de los chalecos tuvimos Ocuppy Wall Street en eeuu o los indignados del 15-m en España y otros movimientos de este tipo. Ambos tienen una cierta manera de articular las redes con un lugar concreto de encuentro. Pero claro, solo un lugar de encuentro. Aquí, con los «chalecos amarillos», la ocupación, el encuentro, fue en todo el territorio nacional. Además, el mismo chaleco amarillo les dio una visibilidad muy fuerte que funcionó muy bien en la televisión. Desde este punto de vista, estuvimos frente a un movimiento muy innovador. Han sido muy visibles. Por otra parte, ha sido un movimiento horizontal. Aquí no hay ningún líder carismático. Los «chalecos amarillos», al menos hasta ahora, no quieren o no han sido capaces de promover a un líder fuerte.

-Este perfil que los caracteriza ¿no puede acaso volverse un problema, o sea, acarrear su propia extinción?


Los «chalecos amarillos» enfrentaron el problema de transformar la horizontalidad en una verticalidad de tipo político. Habrá que ver.


La lista de innovaciones es larga. Por ejemplo, incluye también la temática ecológica. La revuelta nació con una protesta contra una medida gubernamental destinada, en principio, a financiar la mal llamada transición ecológica. El Poder Ejecutivo pretendía equiparar el precio del gasoil, que es más barato, con el del combustible común.
Sí, el movimiento se desencadenó a raíz del aumento del precio de los combustibles. La gente empezó a decir que los «chalecos amarillos» estaban en contra de la transición ecológica. La verdad es un poco más compleja. Después de que estallara la revuelta, el gobierno dijo que esos impuestos eran para la protección del medio ambiente, pero la verdad es que se trató más que nada de recaudar más impuestos, muy poco se habló antes de ecología. Al mismo tiempo, los «chalecos amarillos» decían: «No estamos en contra de la transición ecológica, pero ¿por qué tenemos que pagarla nosotros?». Son un movimiento que no trata sobre la transición ecológica, no se mete con la ecología, no se opone a la transición ecológica, pero termina introduciendo la idea según la cual hay una contradicción: ¿qué queremos hacer? ¿Queremos financiar la transición ecológica o queremos ayudar a los más pobres a vivir normalmente?


-Pero toca el tema de la justicia fiscal, el famoso artículo xiii de la Declaración de los Derechos del Hombre de 1789 donde se expresa claramente que se paga según lo que se tiene. Allí aparece la noción plena de igualdad.


Ocurre que hubo una falta inicial, un pecado original cometido por el presidente Macron. Cuando llegó al poder en 2017, lo primero que hizo fue modificar el impuesto aplicado a las grandes fortunas, el isf. El gobierno inició su trayectoria política con esta medida y otras más que estaban claramente a favor de las empresas. La gente empezó a decir que el gobierno les daba mucho a los ricos, a las empresas, y al final es a nosotros a quienes nos toca pagar. Hay una idea muy fuerte de que Macron es el presidente de los ricos y de los poderosos; que es, además, un presidente arrogante, que habla de manera negativa y displicente sobre muchos temas. Por ejemplo, una vez dijo que, para la gente que no tiene trabajo, es muy fácil encontrar uno. «Basta con cruzar la calle y hay un trabajo». Tal vez, a veces, sea así para algunos, pero para la mayoría de la gente no es el caso. Hay muchos ejemplos sobre la falta de inteligencia política y sentido social de muchos integrantes del aparato de poder. El caso más extraordinario es el del presidente del grupo parlamentario del partido de gobierno, La República en Marcha. En un momento de la crisis de los «chalecos amarillos», Gilles Le Genre dijo: «Fuimos demasiado inteligentes». Eso equivale a decir que los otros eran demasiado estúpidos. En suma, son gente arrogante, gente que no sabe hacer política. Son gente que aplica la política del poder.


En este sentido, el rechazo a la arrogancia de los ricos fue muy poderoso. Jamás se había visto en Francia una manifestación en la que la gente atacara, en París, el barrio de los ricos, ni menos aún los símbolos de la nación, como el Arco de Triunfo o la Tumba del Soldado Desconocido. Esta vez sí. No fueron la Plaza de la Bastilla, la Plaza de la Nación o la Plaza de la República los escenarios de la confrontación, sino los Campos Elíseos o la Avenida Foch. No hay que olvidar que este movimiento no nació en París sino en el interior. Puede que haya gente en París con alguna simpatía o sensibilidad cercana hacia los «chalecos amarillos», pero no fue la mayoría. El corazón de los «chalecos amarillos» está fuera de la capital. En tiempos pasados, los momentos importantes, insurreccionales, con movimientos sociales fuertes, surgían en París, eran genuinos de la ciudad. Pero los «chalecos amarillos» acuden a la capital desde el interior del país para manifestar con la intención de ir lo más cerca posible del poder político. Y el poder político está en París, en los alrededores de los Campos Elíseos. El movimiento no manifestó en esos barrios porque ahí se encontraba el dinero o la riqueza, sino porque allí se encontraba, precisamente, el poder político. Y como el dinero, la riqueza y el poder político residen en los mismos lugares, los unos porque viven allí y los otros porque en esas zonas funciona, precisamente, el poder político, ocurrió lo que vimos. Al menos al principio, los «chalecos amarillos» ocuparon los barrios pudientes no como una crítica contra los ricos, sino para llegar lo más cerca posible de donde estaba el poder presidencial.


-¿Qué lecciones deja la insurrección amarilla francesa en el campo político y social?


Este movimiento significa que salimos de un mundo y entramos en otro. Significa que salimos de un tipo de sociedad y nos dirigimos hacia un perfil nuevo de sociedad. Y lo que realmente estaban diciendo los «chalecos amarillos» era precisamente esto: no queremos pagar para este cambio. No queremos ser ni los que van a desaparecer, ni los que van a empobrecerse. No nos corresponde a nosotros pagar por este cambio. Los «chalecos amarillos» plantean la pregunta clave: ¿quién va a pagar por eso?


La otra lección que aporta esta revuelta concierne a la forma misma de la insurrección: hoy ya no hay movimientos sociales importantes si no son capaces de articular lo digital, o sea, internet y las redes sociales, con la presencia concreta, física, en el terreno. Ambos son necesarios. Si un movimiento es solo virtual, no funcionará. Hacen falta las dos dimensiones: las nuevas tecnologías de la comunicación y la presencia territorial masiva. Esto es nuevo. El repertorio de las formas de acción colectiva ha cambiado. Desde luego, no son los primeros que demuestran esto, pero los gilets jaunes lo han llevado a la práctica de forma muy, muy fuerte. Hay más lecciones. Este movimiento es simpático en términos sociales. No es un azar que 70% de la población lo respalde. Sin embargo, los «chalecos amarillos» son una catástrofe en muchas otras dimensiones: ¿cómo se construirá Europa con un movimiento que obliga al gobierno a no obedecer las reglas comunes europeas en términos de presupuesto? A su manera, los «chalecos amarillos» debilitan la construcción europea. En segundo lugar, en cierta forma, los «chalecos amarillos» han sido un movimiento en favor del automóvil, lo que es contrario a la transición ecológica. Esto ocurrió en un país que era uno de los líderes en la lucha contra el cambio climático. Los «chalecos amarillos» son socialmente simpáticos y, al mismo tiempo, introducen problemas de otra naturaleza. Y estos problemas son las temáticas del futuro. Se trata de un movimiento defensivo cuyo costo consistirá en hacer que el futuro sea mucho más difícil, inclusive para los actores del movimiento. Aclaro que los «chalecos amarillos» no son antimodernos, pero sí dicen que no quieren pagar por la modernización y el cambio. Es eso.
Michel Wieviorka


Presidente entre 2006 y 2010 de la Asociación Internacional de Sociología (ais/isa), es actualmente director de estudios en la Escuela de Altos Estudios en Ciencias Sociales y preside el directorio de la Fundación de la Casa de las Ciencias del Hombre en París.

Por Michel Wieviorka
19/04/2019

 

Publicado enSociedad
La revolución 4.0 de los sábados que socaba a Francia. Chalecos amarillos*

Con una tasa récord de abstención, de votos en blanco y nulos, en mayo del 2017, Emmanuel Macron es elegido presidente de Francia. Su legitimidad moral quedó en entredicho pese a que aseguró que sería el presidente de –todos– los franceses. Pero no cumplió su promesa y después de un año y medio de política social, laboral, financiera y tributaria arrasadora para las clases pobres y media, la ira de las franceses explotó. Francia es el país número 2 en el mundo y 1 en Europa donde más impuestos se pagan (48% del PIB).

Así, ante esta realidad, el 17 de noviembre de 2018 nació espontáneamente el movimiento popular de los Chalecos Amarillos (CA) apoyado por el 70 por ciento de la población. Un tipo de rebeldía sui generis que rechaza toda participación abierta de sindicatos y partidos políticos; que ya lleva 4 meses continuos de acción/protesta, y que como respuesta del Estado recibe una violencia sin precedente en el país cuna de los Derechos Humanos.

La violencia es tan feroz que la ONU, el Parlamento y el Consejo europeo, Amnistía internacional, Reporteros sin fronteras, entre otros, condenaron al gobierno francés.

Pese a ello, Macron y sus ministros no se inmutan y cada semana los CA siguen siendo aporreados, heridos, mutilados, arrestados, multados y condenados a prisión.

 

 

 

 

Acto I - La génesis


Todo empezó a mitad de octubre 2018, por un video colocado en las redes sociales por una madre provinciana, que interpelaba al presidente Macron sobre el nuevo aumento tributario al combustible y las dificultades financieras que impiden que miles terminen de manera digna el mes. El video obtuvo más de seis millones de visitas. Unos días después, otra mujer, capitalina, gerente de una tienda de cosméticos, lanzó una petición en el mismo sentido la que recibió 225.000 firmas en unos pocos días. Al sur del país, un joven mecánico propuso la idea de colocar encima del tablero de los carros el chaleco amarillo (obligatorio) como señal de descontento. El video fue visto por más de 5 millones de personas.

Las iniciativas individuales prosiguieron. El 17 de noviembre un joven camionero creó en Facebook un grupo que llamaban a todos los conductores en rebelión a bloquear la circunvalar de París. Más allá de ellos, desde toda Francia más de 200.000 personas respondieron declarándose dispuestas a movilizarse en sus regiones. El clamor del descontento se desparramó por todo el país a velocidad 4.0.

 

 

La rebelión arranca
Y llegó el sábado 17 de noviembre. En todas las ciudades y zonas rurales, entre 300.000 y más de 1 millón de personas1, empleados, desempleados, estudiantes y jubilados, de todas las edades, condición social y tendencias políticas (incluidos los arrepentidos de Macron), se juntaron y bloquearon las glorietas, las gasolineras, levantaron las barreras de los peajes de autopistas, etcétera.

Su expresión fue grandiosa y dejó estupefacto aterrorizado al establecimiento. El día anterior, estos CA que no se conocían, se descubrieron frente a frente en la misma acción, sorprendidos de su propia temeridad dado que muchos de ellos nunca habían protestado en su vida.

El detonador
Lo que colmó el vaso fue una alza en el precio del litro de diésel (23% en los últimos 12 meses) y de la gasolina, que debía supuestamente servir a la transición energética automotriz, incremento decretado poco después de una polémica reducción de la velocidad a 80 km/hora en las vías secundarias. Reducción que para muchos franceses sirve, más que para bajar la mortalidad vial, simplemente para llenar las cajas del Estado gracias a las foto-multas.

Para los CA, la transición energética no se ve por parte alguna, lo cual aumenta su desconfianza en el gobierno. Peor aún, el Estado los presiona para que cambien sus carros por unos eléctricos que cuestan mínimo 25.000 € (más de 80 millones de pesos). ¡Un gasto imposible de cubrir!

Así, con medidas impopulares, el gobierno llenó el vaso del descontento, hasta que estalló un ¡basta ya!, un rechazo claro y categórico en contra de más impuestos. Medidas impositivas de un gobierno que al mismo tiempo suspendió el impuesto sobre las grandes fortunas, al tiempo que continúa multiplicando los regalos fiscales a los más ricos y a las multinacionales.

Desprecio clasista
No solo es la mayor carga en impuesto para unos y su reducción para otros. Desde que Macron llegó al poder no ocultó su carácter de clase, resumido en frasecitas llenas de desprecio contra ciudadanos y trabajadores: “iletradas” (a obreras de un matadero), “vagos, cínicos, galos refractarios, hay gente que no es nada” , “no tienen derecho a quejarse” (a una jubilada pobre), “si quieren trabajo crucen la calle”, (a un desempleado), etcétera. Los franceses se saturaron del profundo desprecio clasista del presidente de los ricos, lo que contribuyó al surgimiento de los CA.

 

 

Acto II – el presidente Macron


Sus 41 años cautivaron a una parte de la sociedad, así como el origen provincial de su familia, de clase media alta. La realidad es que más allá de su origen, es banquero internacional. Ingresó a la disputa política tardíamente, como alto funcionario, sin nunca haber sido electo ni tener contacto con el pueblo. Ministro de Hacienda en el anterior gobierno “socialista”, en 2016 presenta su renuncia, crea su propio movimiento y se lanza tras la presidencia con un gran y opaco apoyo financiero proveniente de la clase ultra-rica francesa y de Medio Oriente.

Una legitimidad en entredicho
Su promesa de cambio, para dejar atrás a una clase política de carrera y envejecida, y al tiempo darle paso a un gobierno joven y de total renovación, le hizo ganar la presidencia en mayo del 2017.

Sin embargo, al igual que sus antecesores, llegó al poder gracias, no a los votos de adhesión, sino a los de “rechazo” a la extrema derecha –que nuevamente había llegado a la segunda vuelta. Prueba de ello, la tasa de abstención (25,4%), votos en blanco y nulos (11,47%), cifras récord que superan incluso las alcanzadas en 1969, cuando la abstención ascendió al 31,1 por ciento

Al mes siguiente, y por idénticas razones, su partido ganó el 43 por ciento de los escaños en las elecciones legislativas.

Un presidente dios de dioses
Macron lo había declarado al principio de su campaña: “Francia necesita un jefe de Estado jupiterino”, pero la sociedad no meditó en el significado de esta afirmación, pero una vez instalados sus diputados en el Congreso, comprobó el significado real de la misma: una política jupiterina, significaba una política privarizadora, agresiva y rígida como si Francia fuera una vieja fábrica que había que transformar en “startup2” en los 5 años de su mandato. La división de poderes se fue al piso, de tal manera que para aprobar las reformas más polémicas (laboral, transporte, etcétera) y aplastar cualquier oposición, prescindió del poder legislativo y recurrió exageradamente al “decreto presidencial”.

 

Acto III - La persistencia del movimiento


Durante las primeras semanas de alzamiento “amarillo”, el gobierno enmudeció. Fue su primer y garrafal error táctico. Un silencio no gratuito, toda vez que, junto con los partidos y la clase política, estaban desconcertados y no entendían el tipo de movimiento que estaban enfrentando. Demasiado acostumbrados a negociar a puerta cerrada con los líderes de los sindicatos y partidos, buscaban desesperadamente a los representantes de los CA, pero estos, justamente, como una expresión de una nueva forma de la política de abajo, se rehusan a estructurarse.

Desorientado por la respuesta de los movilizados, el gobierno de marras no midió que mientras, al juntarse cada día en las glorietas y cada sábado para elevar su voz de protesta, los CA rompían el individualismo que divide a la gente, volvían a conversar, a intercambiar sobre sus vidas, sus realidades, sus problemas. El movimiento liberó la palabra, el pensamiento, la solidaridad y la fraternidad. A menudo con mucho humor. En esa ruptura no cabían los representantes y voceros únicos, con lo cual una posible negociación estaba truncada.

No a la recuperación
En este proceso de resistencia y denuncia de un modelo social que ahora irrespeta derechos humanos básicos, los alzados, unas y otros, descubrieron que todos están hartos de Macron, de las injusticias, de las instituciones, de la clase política de hoy y de ayer con sus estafas, sus tráficos de influencias y corrupción, sus fraudes. De ahí que exijan la renuncia del actual gobierno, negándose a los acercamientos institucionales, cualquiera sea la fuerza política o social que sirva como intermediaria pues, como en otras ocasiones, el proceso de diálogo sirve simplemente como instrumento para que unos recuperen prestigio y los realmente afectados por este sistema vean esfumadas sus reivindicaciones y el esfuerzo de meses de acción.

En Francia, como en el resto del mundo, la militancia sindical y partidista está en caída libre por múltiples razones externas pero también propias a sus estructuras y dinámicas. Asimismo están debilitándose los cuerpos intermedios (hasta las alcaldías) que contribuyen al equilibrio real entre el poder central y el pueblo. Macron quien se acostumbró a despreciarlos, al suprimir los subsidios que les permitían completar sus insuficientes ingresos (es decir, su supervivencia), está ahora enfrentando la consecuencia: ¡la ira directa del pueblo que pide su renuncia!

El boomerang de la avestruz
Pero también, los CA aprovecharon el silencio presidencial para hacer pleno uso del nuevo tiempo compartido y elaboraron su lista de reivindicaciones que ya excede a leguas el precio de los combustibles. Reivindicaciones que no tienen el color ni el tono ni la marca de la extrema derecha o izquierda, como lo difunde las campañas emprendidas por el gobierno en contra de los CA.

Además de la renuncia de Macron, los CA quieren en orden de prioridades: la instauración del referendo de iniciativa ciudadana –RIC– que sea revocatorio, constituyente, legislativo y derogatorio (80% lo apoyan). Seguido por temas como: evasión de impuestos3, justicia fiscal, finanzas públicas, vivienda, empleo, salario y jubilación; salud, transporte, sistema político, educación, medio ambiente. Demandan, como medidas inmediatas: reinstauración del impuesto sobre las grandes fortunas, justicia fiscal y social; revisión de los privilegios de los representantes elegidos y democracia directa.

Para lograrlo, y pese a las bajas temperaturas del invierno, están dispuestos a seguir ocupando las glorietas, bloquear refinerías, así como otros lugares económicamente estratégicos, a la par de hacer sentir su voz en las calles todos los sábados, ya que contrariamente a una huelga en días hábiles, esta rebelión de los sábados, día de descanso, puede perdurar por tiempo indefinido, sin que ello les implique reducción alguna de sueldo.

 

Acto IV - Tentativas fallidas por neutralizar a los CA

 

Suspensión de las alzas a la gasolina
Después del silencio guardado por parte del gobierno durante noviembre, el 5 de diciembre el ministro de la Transición energética aseguró que el presidente renuncia “en el año 2019”, a las alzas tributarias para combustibles. Los CA no le creen4. Tres días después de ello salen a la calle para el Acto III, y persisten en su exigencia de que Macron renuncie.

Miles de millones de euros
El 10 de diciembre Macron finalmente aparece, con un discurso televisado (en el cual no alude con nombre propio a los CA) y promete inyectar 10 mil millones de euros para mejorar el poder adquisitivo de los franceses a partir de enero del 2019. Demagogía: todos los incrementos salariales y reducciones de cargas sociales prometidos por él ya estaban previstos en la ley. ¡Macron solo los adelantó! Sin caer en la trampa, sin cantar victoria por estos “regalos disfrazados”, el sábado 15 de diciembre salen a la calle para el Acto V.

El Gran Debate
Entonces, el 11 de enero de 2019, en víspera del Acto IX, Macron anuncia que publicará pronto una carta pública para abrir un diálogo “sin tabúes” con los franceses, en el marco de un Gran Debate Nacional que arrancaría el 15 de enero e iría hasta el 15 de marzo.

Apenas arrancó el “gran debate”, los CA lo desacreditaron dado que no hay debate sino un cuestionario para llenar cuyos temas no reflejan los de sus reivindicaciones y en el cual las preguntas son “cerradas” y las respuestas impuestas no dan alternativa distinta a la de la política presidencial.

Además, acusan a Macron, que iniciaba una gigantesca gira nacional de promoción frente a alcaldes y ciudadanos cuidadosamente seleccionados (con discursos hasta de 7 horas) de estar haciendo campaña para las elecciones europeas de mayo –antes de la fecha legal y con el presupuesto público– y bajo el amparo del Gran Debate.

Los medios, fieles perros guardianes
Para acallar a los CA y a todos los que denuncian las maniobras políticas de Macron, éste cuenta con el apoyo incondicional de los medios escritos, radiales y televisivos, propiedad de millonarios que cohabitan y se mueven en los mismos círculos de poder que la clase política y financiera. ¡Son uña y mugre!

Es así como las campañas mediáticas de difamación contra los CA hacen eco a las denuncias gubernamentales que los acusan de todo lo posible, así como de lo imposible: extrema derecha, fascistas, antisemitas y antisionistas, homofóbicos, lepra, muchedumbre enfurecida, sediciosos, gente de inteligencia inferior, etcétera. Y al igual que el gobierno, estos monopolios mediáticos guardan un silencio cómplice sobre la feroz represión policial dirigida en contra de los CA.

 

Acto V - La deriva autoritoria

Un sociólogo advirtió que esta represión sin precedente “dejará huellas indelebles en toda una generación”. Más aún: ¡en varias! Dado que afecta de manera indiscriminada a quien esté al alcance del garrote o del tiro, manifestando o no; jóvenes, adultos, hombres, mujeres, ancianos, minusválidos. Muchos de ellos, a pesar de sus años, nunca habían protestado, siempre habían creído en el establecimiento, y producto de la violencia oficial quedaron en estado de shock. Ira y rechazo al ser aporreados y heridos, sin razón, por la cual, la voluntad de protesta y de exigencia de cambio en el Estado y en el Gobierno por parte de los CA se endureció, sin creer en ninguna de las iniciativas conciliadoras de Macron y de su gobierno, responsable de ordenar esta represión inédita. Apoyados por abogados, juristas y médicos, tratan de denunciar esta carnicería semanal. Un colectivo de médicos encabezado por un eminente neurólogo y otro de oftalmólogos denuncian que tras cada Acto les toca atender heridas “de guerra”.

Y la violencia obtiene su propósito: atemoriza y desmoviliza a una parte de los CA, es decir, de sectores cada vez más afectados por el actual sistema económico y social (más del 50 por ciento de la sociedad francesa). Entre tanto, los que continúan alzando su voz y exponiendo su integridad física gritan: “quien siembra violencia, cosecha ira”. Y otros muchos aseguran: “Ya no habrá perdón”.

A la par de ello, y como expresión de un sector social vinculado a esta ola de inconformidad, jóvenes radicales vinculados a procesos minoritarios como Blacks Blocks, antifascistas y anarquistas, enfrentan, al final de cada jornada sabatina, de manera resuelta la violencia oficial. En su convicción está presente que el cambio solo sera producto de la destrucción del actual orden establecido.

Represión policial
Son varios los cuerpos de policía movilizados desde hace varios meses para aplastar a los CA, a quienes les decomisan de manera sistemática sus protecciones: gafas, cascos, máscaras, etcétera. Uno de estos cuerpos policivos sobresale por su crueldad: la BAC –Brigada Anti Criminal–, que no tiene formación en orden público y no tendría que estar presente. Este cuerpo, como los anti-motines, esconden ilegalmente sus números de identificación pero cuentan con un arsenal muy amplio (sin respetar normas de uso) como gas lacrimógeno CM6 –de uso militar– y dos tipos de granadas subletales de defensa, utilizadas como armas de ataque y que provocan graves lesiones en quienes son blanco de las mismas, granadas conocidas como LBD40 y GLI-F4.

La LBD40 lanza una bala de caucho duro de 40 mm de diámetro a una velocidad de 90 m/s. Al golpear la cara (zona prohibida) es como recibir un bloque de concreto de 20 kg arrojado desde 1 metro de altura. La GLI-F4 es una granada con carga de 25 grs. de TNT, cuya explosión proyecta fragmentos metálicos alrededor de 30 metros. Provoca onda explosiva ensordecedora hiriente. Francia, es hoy en día, el único país europeo que se obstina en usar esta granada explosiva, bajo el supuesto de tener que ‘acabar’ con las reservas que posee de la misma.

Deriva legislativa liberticida
A la par de la violencia sin control y en ascenso, el gobierno acude a su poder legislativo para barrer el derecho constitucional a la manifestación espontánea, es así como propuso restringir el derecho a la protesta. Por ahora esta reforma lleva una primera lectura en el legislativo, lo que propició el rechazo y comunicado de 52 organizaciones destacadas de la sociedad civil.

A la par, la rama judicial –magistratura, sindicato de los abogados, etcétera–, elevaron su voz de protesta contra esta ley liberticida. Por iniciativa de Macron, de ahora en adelante, el derecho constitucional de manifestación pública, colectiva y pacífica, pasará del poder judicial al poder político que podrá hasta prohibir una manifestación mientras se está realizando. Esta ley está acompañada por muchas otras medidas sumamente restrictivas, lo que lleva a muchos a calificarla de “Patriot Act” a la francesa. Todo lo sucedido hasta ahora permite predecir que a mitad de marzo, el Senado la adoptará de manera definitiva.

Las condenas internacionales
Entre la violencia extrema contra civiles y esta polémica ley que permitirá acallar cualquier expresión opositora, a Francia le están lloviendo denuncias y condenas de todas partes, hasta desde fuera de sus fronteras.

A finales de febrero, la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de la ONU condenó a Francia por uso excesivo de la fuerza; a principio de marzo fue Michelle Bachelet, la Alta Comisionada en Ginebra, quien exigió una investigación oficial: “En Francia, los ‘Chalecos amarillos’ han estado protestando por lo que consideran una exclusión de los derechos económicos y a su participación en los asuntos públicos [...] instamos a que se investiguen urgentemente y en forma profunda todos los casos denunciados por uso excesivo de la fuerza”.

Poco antes fue el Parlamento Europeo, en donde la mayoría de sus diputados votó una resolución denunciando “el uso excesivo de la fuerza”. El 25 de febrero fue el Consejo Europeo, organización que agrupa a 47 países, quien había llamado a Francia a suspender el uso del LBD40. Y desde el principio del movimiento, los que denunciaron primero “el uso excesivo de la fuerza” fueron Amnistia International, el Defensor del Pueblo, Reporteros sin Fronteras, entre otros.

Sordera y pedantería gubernamental
Ninguna de estas denuncias o condenas inmutaron a Macron y a su gobierno, cuyo Ministro del Interior declaraba descaradamente desde hace 4 meses que “Ningún policía atacó a ningún manifestante”. Ahora dice que los problemas con las LBD40 son “una estupidez” por parte de unos policías.

En cuanto a Macron, rechaza el término “represión” y “violencia policial” y sintió la necesidad de recordar a Bachelet que Francia es un Estado de derecho.

Ofendido, sin duda, mucho más cuando oyó que Bachelet en su discurso sobre violencia en el mundo colocó a Francia entre Haití y Venezuela ¡Sic!

Estamos, por tanto, ante un poder enceguecido, sordo y decidido a cualquier despropósito para conservar sus privilegios. Los CA son conscientes de ello, y cada sábado de los que vendrán continuarán alzando su voz y demandando la renuncia de Macron, así como el cumplimiento del resto de sus exigencias.

 

* Ver informe completo, gráficos y videos en: www.desdeabajo.info
1 Tradicionalmente, en casos de manifestaciones sindicales, la cifra oficial era la mitad de la cifra dada por los sindicatos. Con los CA, bajo a la tercera, cuarta parte de lo que las decenas de videos Live en Facebook muestran de manera evidente. Tan es así que desde enero una estructura de los CA lleva su propria, estricta y detallada contabilidad nacional.
2 Una Startup es una organización humana con gran capacidad de cambio, que desarrolla productos o servicios, de gran innovación, altamente deseados o requeridos por el mercado, donde su diseño y comercialización están orientados completamente al cliente.
3 Estimada para 2018 alrededor de 100 millardos (100.000 millones) de €.
4 ¡Y tenían razón! El precio de los combustibles volvió a subir a partir de febrero del 2019.

 

Video relacionado

https://youtu.be/1z9tt2kvgK4

 

LOS HERIDOS QUE MOLESTAN

https://www.youtube.com/watch?time_continue=1&v=JZTauqHDs3I

 

 

Publicado enEdición Nº255
Minga indígena y popular. Retos y aprendizajes: El sur occidente colombiano intenta poner freno al gobierno de Duque, ¿Lograrán sus objetivos?

En medio de asesinatos sistemáticos de líderes y lideresas sociales –226 durante el 2018 y alrededor de 30 en lo corrido del 2019–, reactivación del conflicto armado, políticas económicas, ambientales, sociales y militares que afectan la vida de millones de colombianos, el pueblo indígena nasa, en unión con organizaciones sociales del departamento del Cauca, dan un empujón para superar la somnolencia imperante en amplios sectores de la sociedad colombiana, y confrontar el gobierno de Iván Duque, ¿Qué le espera a la Minga por la defensa de la vida, el territorio, la democracia, la justicia y la paz luego de más de 10 días de movilización? ¿Cuáles son las lecciones para las organizaciones y los movimientos sociales del país?


El domingo 10 de marzo miles de indígenas Nasa, agrupados en el Consejo Regional Indígena del Cauca (Cric), acompañados por campesinos del Proceso de Unidad Popular del Suroccidente Colombiano (Pupsoc), el Coordinador Nacional Agrario (CNA), y distintas organizaciones sociales, ambientales y populares de esta parte del país, decidieron darse cita en el resguardo “Las Mercedes” ubicado en la vereda “El Pital” del municipio de Caldono, Cauca, para dar inicio a la “Minga por la defensa de la vida, el territorio, la democracia, la justicia y la paz”, tras el propósito de un diálogo político alrededor de temas fundamentales para el país con el gobierno encabezado por Iván Duque.

 


La movilización fue masiva y su peso se sintió de inmediato. Con anterioridad el Cric había invitado al gobierno nacional ha llegar a este sitio para entablar el diálogo y la negociación pretendida. Tras dos días de espera, el 12 de marzo, ante más de 15 mil personas, llegó la ministra del interior, Nancy Patricia Gutiérrez, el comisionado de paz, Miguel Ceballos, el ministro de agricultura, Andrés Valencia, y otros funcionarios, con quienes se instaló una mesa de diálogo para acordar la agenda de trabajo con el presidente.


Terminada la agenda, sin el logro de acuerdos claros, que se cumplan –sin vivir los incumplimientos que hoy resaltan en infinidad de agendas firmadas en otras Mingas– en tanto comprometen a todo el gobierno, cuya cabeza se niega a dialogar en directo con las comunidades, y firmar los compromisos a que de lugar, la comunidad allí reunida insiste en la demanda de que el Presidente asuma con su presencia la negociación. Un reiterado no, es lo único que obtienen. Ante tal reiteración deciden cerrar La Panamericana (vía principal que conecta el sur del país). El peso de su decisión empieza a sentirse casi de inmediato, con la larga fila de camiones, buses y automotores que a lo largo de kilómetros, y en ambas direcciones, congestionan la autopista.

La respuesta que llega desde Bogotá es la misma de siempre: represión. El Esmad entra con toda fuerza a reprimir, pero los miles allí reunidos resisten. Los primeros choques dejan ahogados, algunos contusos menores, y la vía en igual situación.


Mientras esto sucede, delegaciones de otros pueblos indígenas y de otras organizaciones sociales llegan al sitio de concentración y potencian la Minga, entre ellas delegaciones de la Organización Indígena de Antioquia (OIA), del Comité de Integración del Macizo Colombiano (Cima), del Consejo Regional Indígena de Caldas (Cridec), del Consejo Regional Indígena del Huila (Crihu) y otros cabildos del Valle del Cauca.


¿Cuáles son los temas de diálogo que plantea la Minga?


Para las organizaciones actoras de esta Minga, la agenda de diálogo político con Iván Duque debe tocar múltiples aspectos, enmarcados ellos en cuestiones sectoriales, regionales y coyunturales de la realidad del país, entre ellos: derechos humanos (desmonte del paramilitarismo, atención y respuesta sobre los cientos de líderes y lideresas sociales asesinados y amenazados, reconocimiento del campesinado como sujeto de derechos, entre algunos de los ítems que integran este subpunto). Del mismo modo está la bandera ambiental (modelo de desarrollo actual y las políticas que afectan los páramos y zonas estratégicas de aguas en el país, la ley Zidres, el uso de glifosato y el modelo extractivo minero energético que da vía libre al Fracking en Colombia; respuesta al crimen ambiental del Río Cauca con Hidroituango, entre otras).


En cuanto a temas sociales, resaltan: el del Plan Nacional de Desarrollo, Código de Policía, la ley de financiamiento (reforma tributaria), incumplimiento a la implementación de los acuerdos firmados con las Farc, las objeciones a la Jurisdicción Especial para la Paz. De igual manera está la exigencia del cumplimiento del decreto 1811 de 2017, que fija mecanismos para el cumplimiento de alrededor de 1.500 acuerdos y renegociaciones entre los pueblos indígenas del Cauca con el Estado y que han sido incumplidos, los que a la fecha suman 3,6 billones de pesos para ser implementados y que comprenden temas de salud, educación, compra de tierras y otros.

 

 


La agenda es integral, y ante la misma el establecimiento se escuda en que las propuestas de discusión de la Minga no son de su competencia, pues para ello existe el Congreso de la República como el lugar para dar y posicionar estas discusiones; sostiene, asimismo, que los indígenas confunden sus peticiones con su ideología; se escuda el Gobierno, además, en que las exigencias de los indígenas ya están saldadas en el Plan Nacional de Desarrollo donde hay comprometido un presupuesto de 10 billones de pesos para ellos y por ejecutar durante los próximos cuatro años. Tema que increpan los indígenas al indicar que el engaño a la Mesa Permanente de Concertación con los pueblos indígenas es lo realmente realizado por el Gobierno, toda vez que en el presupuesto presentado por éste al Congreso los referidos 10 billones no tienen asignación presupuestal, por lo que están agregados en anexos, lo que quiere decir que son opcionales para su ejecución e implementación.


Tratamiento de guerra a la movilización social


La respuesta de Duque luego de su negativa a desplazarse hasta el Cauca para dialogar fue enviar al Escuadrón Móvil Anti Disturbios (Esmad), Escuadrón Móvil de Carabineros (Emcar), Policía Nacional y Ejército; helicópteros, gases lacrimógenos, papas bomba, tiros recalzados, disparos y ráfagas de fusil son los principales “negociadores” del Gobierno.

 

 


Ante tales “negociadores”, la vía Panamericana se transformó en el escenario de prolongados enfrentamientos entre el Gobierno y la Minga. Desde la madrugada de cada día comienza la pugna por el control de la vía, y cada día que pasa el escenario se pone más complicado pues ya son varios los heridos con armas no convencionales y de fuego. Aún no hay un reporte oficial de heridos, pese a que todo subió de tono con la muerte del policía Boris Alexander Benítez –adscrito al Esmad–, quien perdió la vida, según el Gobierno, producto de disparos realizados por disidencias de las Farc.


Con este antecedente, y tomando en cuenta la larga experiencia de protestas sociales y las violentas respuestas desplegadas por el establecimiento, con procedimientos paramilitares tras bastidores, no es de extrañar que esta Minga, como otras, quede estigmatizada y/o criminalizada, justificando con ello procedimientos violentos que afecten la vida de sus protagonistas.


Retos y discusiones para el conjunto del movimiento social


Aunque es claro que esta movilización se presenta en medio de la parálisis social propiciada, entre otros factores, por la persistente política autoritaria y de terror que reina en Colombia, también lo es que esta Minga prende una chispa de aliento y esperanza para superar la atomización social, pero también el miedo producido por el prolongado desangre, procesándolo, haciéndolo consciente y, por tanto, precisando canales para superarlo.


Esta Minga, por tanto, factor positivo y luz en el horizonte, invita a una reflexión al interior de las organizaciones y movimientos sociales del país, la misma que debe ser concretada sin dilaciones.

 

 


¿Elecciones o vía armada? Esta es la vieja discusión sobre el quehacer político de organizaciones, movimientos y partidos, que generalmente enmarcan todas sus fuerzas en una u otra de estas dos formas de lucha, centrando todo su quehacer alrededor de la captura del poder, en un caso, y en otro en el ascenso al gobierno. En ambos casos el Estado es el referente central, y éste es quien determina la agenda política y las acciones de quienes pretenden confrontarlo. Las consecuencias de este dilema, y la concentración de fuerzas en una y otra opción, hoy muestran su desgaste y límite.


Por un lado, quienes optaron por las armas, militarizan la política y llevan a sus activos a concentrar todas sus energías en fortalecer el aparato militar. El poder es lo real, y ese poder descansa en las armas, en el potencial de fuego que cada día debe ser mayor. Disciplina y acriticidad se imponen. Todo cuestionamiento puede terminar en un debate de fuerza y no de razones. El respeto al mando no permite el debate libre y desprevenido, por lo cual el aparato termina primando sobre la realidad, es decir, sobre el mismo entorno que pretende transformar.


En estas circunstancias, el accionar social termina condicionado o determinado por el facto fundamental –el armado–, lo que finalmente desnaturalizar la autonomía y el potencial y alcance de la protesta social.


En la lógica armada, tras el poder, por una parte (los insurgentes), y su protección, por otra (el establecimiento), se impone una lógica de acción-reacción, que no tiene límite: el Estado incrementa su aparato y accionar militar, y la contraparte no puede quedarse atrás, adquiriendo más poder de fuego y alistando más integrantes a sus filas, no importa su real consciencia de clase ni la comprensión profunda de lo que hacen y para qué lo hacen. Al final, lo que se tiene es tropa –quien haga y obedezca– pero pocos liderazgos con capacidad de Estado. No es extraño, por tanto, que ocurran desmanes, irrespeto a las decisiones de la comunidad, y que se imponga una moral y ética que no corresponden al sueño de un cambio profundo de las estructuras sociales.


Mientras esto sucede en el/los proyecto/s armado/s, quienes optan por lo electoral no recorren caminos muy diferentes, ya que todo el esfuerzo de sus organizaciones –del conjunto de su militancia– está enfocado a fortalecer la capacidad del aparato, en este caso para capturar votos. Parece una exageración, pero en este proceder político también todas las acciones de mediano plazo están predeterminadas: las elecciones, lo que termina por determinar y someter la acción social, pues más allá de sus particularidades y afanes deben garantizar el mejor resultado electoral posible.


Es una deformación de la acción política que lleva al extremo de romper las dinámicas sociales, a determinar sus ritmos, a tal punto que entre elección y elección –en época fría– con participación directa y dinámica de las comunidades las agendas de lucha social ganan tono, pero una vez llega la coyuntura electoral lo que se traía queda a un lado para poder atender la coyuntura proveniente desde el establecimiento, la misma que, supuestamente, lleva al máximo la “participación social” y, con ella, la “vida democrática”. Sin duda, todo un contrasentido.


El paso del tiempo, y las experiencias vividas en distintas partes del mundo, parecen confirmar que entre estas dos formas de lucha, al final, en su más estrictas pretensiones y procederes, no existe mucha diferencia. La captura del poder y el ascenso al gobierno, sin el debido alzamiento social, el cual debe mantenerse siempre como parte sustancial de una transformación cultural que rompa de base la razón capitalista, que rompa el Estado y el mismo gobierno, termina en lo mismo: la reconstrucción capitalista.


¿Dónde está la democracia y el poder? Con frecuencia se dice que el poder está en las calles, que es la sociedad la base fundamental de la democracia, sin embargo todo este discurso queda cuestionado cuando las acciones demuestran que la visión del poder y democracia dominantes giran en torno a las instituciones estatales, haciendo el juego a lógica de los funcionarios gubernamentales que dejan claro que “las discusiones que plantea la Minga son asuntos formales que se discuten en el Congreso de la República”.


Es una lógica no consciente pero sí producto de esa lógica de la política que pone a girar todo alrededor del Estado y el gobierno, sin preocuparse, de manera debida, por la construcción de un contrapoder que garantice autonomía a las comunidades. Desmontar esta lógica, es desestructurar la idea que el poder es el aparato –cualquiera sea– y no la misma comunidad. No hay que olvidar que el Estado es una construcción social, y así como nació así también puede –debe– morir.


Proceder dominante que no significa que a pesar de hacer contrapoder las comunidades y las organizaciones que las representen no puedan entablar periodos de negociación con el establecimiento, pero tal dinámica no es el centro de su accionar, que sí lo es la defensa y el cultivo de la vida, de lo cual no sabe el Estado ni el gobierno, artífices de la muerte –en toda la extensión de tal significado: agrotóxicos, latifundio, fracking, imposición, cárcel, etcétera.
Tal vez, de así proceder, logre romperse el círculo poco virtuoso que maniata a los movimientos sociales: movilización-negociación-incumplimiento-movilización-renegociación-incumplimiento, lo que es igual a centrar todas las fuerzas en el poder, el aparato y lo que él mismo pueda resolver, cuando la misma historia muestra que son las propias comunidades las que han construido y resuelto lo básico de todo aquello que les garantiza la vida: vivienda, sembrados, trazados de calles, protección de fuentes de agua, construcción de centros de salud, etcétera.


Estamos, por tanto, ante el reto de observar en profundidad lo realizado en el largo plazo como comunidades para resolver la vida, y las limitantes en que caemos cuando nos preguntamos por el Estado y el poder en su forma clásica. Romper esta visión invita a valorar el potencial que concentra y significa cada comunidad cuando se identifica como tal, abordando el mismo reto de la democracia, más allá de lo formal –electoral– para reivindicarla como el poder del pueblo, por el pueblo y para el pueblo.

 


Un reto que implica tejer lazos de acción entre diferentes grupos humanos y comunidades, para ir más allá del entorno donde cada una se ubica, a la par de construir entre todas y todos, producto del intercambio de ideas siempre abierto, el sentido de la vida por el cual propugnamos.


Es una estructuración-desestructuración de lo que hemos entendido por política, poder, Estado, gobierno, sociedad, etcétera, que no se logra de la noche a la mañana; es un proceso que tomará un largo tiempo, más largo aún si postergamos los primeros ejercicios en tal dirección.


Toca por ahora, revisando la agenda social que por estos días ha tomado curso en el país, cuestionarnos por qué no logramos articular de manera dinámica las múltiples agendas de los actores sociales. Es el caso del paro que también tuvo como epicentro al Cauca, en esta ocasión en cabeza de la Asociación de educadores del Cauca (Asoinca) y de la “Mesa de derechos humanos en defensa de la vida y el territorio”, con participación de los campesinos de esta parte del país reunidos en la Anuc, que desde el 25 de febrero y hasta al 9 de marzo hicieron sentir su protesta con un paro, producto del cual lograron un acuerdo sobre agricultura, tierras, vivienda urbana-rural y temas centrales para la organización sindical.


Así mismo, en las ciudades se plantearon jornadas de velatón el 6 de marzo, y los días 12 y 18 de marzo se realizaron marchas para defender la JEP; los días 19 y 20 de marzo los maestros de Fecode salieron nuevamente a las calles en un paro de 48 horas y para el 25 de abril se tiene proyectada una jornada de paro nacional a la que seguramente no asistirán los que hoy o ayer se movilizaron.


Son las realidades de una acción política desarticulada, y sin una agenda común, dependiente de una visión tradicional sobre el poder, en todas sus variables, como producto, también, de disparidad de visiones sobre el qué y cómo hacer.


Estamos ante retos mayúsculos. Las exigencias y debates que plantea la Minga tocan temas profundos del país que sin el apoyo de la mayoría nacional quedan limitados y sesgados. Resalta de ello que los movimientos sociales tienen un reto ante sí: lograr construir una respuesta que convoque y aglutine al país nacional, para el aquí y el ahora, como para el mañana, de manera horizontal, honesta, sin amarres, pedagógica, con metodologías de encuentro que hagan sentir que vale la pena estar ahí, donde se discutan los problemas y se vislumbren las soluciones para la vida digna en Colombia, y de esta manera superar esta realidad caótica que ahoga cada día a millones de connacionales.


El debate y la discusión están abiertos, ¿Cómo superar esta atomización?


Fuentes consultadas
https://www.youtube.com/watch?v=Qle2CP6Xn2M
http://www.asoinca.com/circulares/504-circular-281-historica-huelga-mesa-de-derechos-humanos-en-defensa-de-la-vida-y-el-territorio
https://www.lafm.com.co/colombia/nancy-patricia-gutierrez-dice-que-indigenas-confunden-sus-peticiones-con-sus-ideologias?fbclid=IwAR1RcQpquYVDqrygcOsz2jCF_9OGw6gWXAGegdUHilScGva1MaapCgp_Npg
https://nasaacin.org/en-que-consiste-la-minga-social-que-se-realiza-en-el-suroccidente-colombiano/
https://nasaacin.org/pronunciamiento-aclaratorio-frente-a-los-medios-de-comunicacion/
https://www.semana.com/nacion/articulo/cuanto-vale-el-paro-indigena-del-cauca/605491
https://colombia2020.elespectador.com/territorio/la-minga-indigena-le-responde-al-presidente-duque
https://www.onic.org.co/comunicados-regionales/2855-tratamiento-militar-a-la-minga-social-del-suroccidente
https://www.cric-colombia.org/portal/comunicado-a-la-opinion-publica-nacional-e-internacional-ante-ataques-indiscriminados-del-esmad-emcar-y-ejercito-nacional-contra-comuneros-as-de-la-minga-por-la-defensa-de-la-vida-el-territorio-la/
https://www.semana.com/nacion/articulo/paro-indigena-en-el-cauca-ya-causo-un-muerto-y-seis-heridos/606103

 


 

Cuadro

 

Comunicado a la opinión pública nacional e internacional ante la masacre de la guardia indígena en Dagua Valle


21 marzo, 2019

Los pueblos indígenas, organizaciones sociales, procesos populares del sur occidente colombiano concentrados en territorio ancestral de Sa’th Tama Kiwe en el Pital, Caldono, Departamento del Cauca que participan de la Minga Social por la Defensa de la Vida, el Territorio, la Democracia, la Justicia y la Paz

 

DENUNCIAMOS.

 

Ante la opinión pública nacional e internacional, defensores y organizaciones de derechos humanos nacionales e internacionales, y ante la comunidad en general, que hoy 21 de marzo de 2019 se ha presentado una masacre que deja ocho guardias indígenas fallecidos y cuatro gravemente heridos, los cuales estaban encargados de la adecuación logística para sumarse a la movilización que se adelanta en el sur occidente colombiano en el sector de la Delfina.

Teniendo en cuenta que el sitio de la Delfina era pequeño para atender a más de cinco mil indígenas que iban a llegar, las autoridades decidieron buscar otro espacio en el corregimiento de Juntas, resguardo indígena de Papitas municipio de Dagua.

En este lugar se realizó el trabajo logístico, una vez terminada las labores de adecuación del sitio, la guarida se encontraba descansando dentro de una casa cuando minutos después ocurrió una explosión aproximadamente a las 3:00 de la tarde. Según el consejero de Derechos Humanos de la ORIVAC manifestó que “presuntamente una persona lanzó un artefacto explosivo, causando la muerte de ocho guardias indígenas y dejando gravemente heridos a tres de los guardias pertenecientes al pueblo Waunan, Nasa y Embera”.

En estos momentos la comisión de derechos humanos de ORIVAC, Consejo Regional Indígena del Cauca-CRIC y organismos internacionales están en el ejercicio de verificación para identificar los cuerpos y determinar la cantidad de daños causados en materiales.

Por lo anterior, se exige al Gobierno Nacional que atienda e investigue estos lamentables hechos acaecidos en medio de la movilización y acate los estándares en el marco internacional de los derechos humanos, para garantizar el ejercicio del derecho fundamental a la protesta pacífica contenido en nuestra Constitución Política y en tratados e instrumentos internacionales de derechos humanos y que protegen los derechos de los pueblos indígenas.

Hacemos un llamado a los organismos defensores de DD.HH. nacionales e internacionales, al Alto Comisionado para los DD.HH. de la ONU, a la Comisión Interamericana de DD.HH., a la Misión de Verificación de la ONU, a la Misión de Apoyo al Proceso de Paz en Colombia de la OEA, a la Comisión Nacional de DD.HH. del Senado de la República, a la Defensoría del Pueblo y a la Procuraduría General de la Nación, para que, en el marco de sus funciones y competencias acompañen a las comunidades y familias afectadas por este hecho que enluta la Minga social del Sur Occidente Colombiano, enviamos un mensaje de solidaridad a nuestros hermanos indígenas, familiares y organización indígena ORIVAC en estos momentos difíciles.

 

Pueblos indígenas, organizaciones sociales y procesos populares

Minga suroccidente colombiano

 

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El gobierno de Macron, en la encerrona amarilla

Los meses pasan y el presidente francés Emmanuel Macron no termina de salir de la pesadilla política e institucional que surgió en noviembre de 2018 cuando estallaron las primeras manifestaciones de los chalecos amarillos. Sábado tras sábado, con mayor o menor éxito, la ola amarilla no se disuelve. El Ejecutivo empezó a respirar con alivio durante las últimas semanas cuando se notó claramente que la movilización amarilla perdía su fuerza. Pero este fin de semana la convergencia en la Avenida de los Campos Elíseos entre los chalecos amarillos y los llamados “black bloc” derivó en un nuevo episodio de escenas de violencia y destrozos espectaculares cuyos objetivos fueron los símbolos de la riqueza ostentativa: los grupos de violentos aprovecharon la manifestación de los chalecos para saquear y destruir uno de los emblemas mundiales de la opulencia y el signo distintivo de los Campos Elíseos, el restaurant Le Fouquet’s. También arremetieron contra el local central de Hugo Boss, un banco, Lacoste, Nespresso, Foot Locker, Longchamp o Zara. La gran Avenida donde se concentran los comercios más caros del planeta atraviesa uno de los barrios más acomodados de la capital francesa. Desde el principio de las manifestaciones, los chalecos amarillos hicieron de esa exquisita zona urbana su plato de resistencia. El 24 de noviembre y el primero de diciembre de 2018 hasta el Arco de Triunfo y su Tumba del Soldado desconocido fueron saqueados. El impacto de las últimas imágenes ha sido enorme y el gobierno tuvo que salir a apagar el incendio político que se le venía encima por su incapacidad de mantener el orden público. El Primer Ministro francés, Édouard Philippe, anunció que, en adelante, las manifestaciones en el barrio y en la misma Avenida de los Campos Elíseos estaban prohibidas. Luego del anuncio cayó la primera cabeza: Philippe adelantó la destitución del Prefecto de París, Michel Delpuech. 

El Jefe del gobierno le reprochó a los responsables policiales que la “estrategia” que se había elaborado en la contención de los manifestantes esta vez no se aplicó “en condiciones satisfactorias”. El problema radica en que esas “condiciones satisfactorias” implican el uso reiterado de un arma represiva, el BLD, la cual, en estos cuatro meses de protestas, dejó decenas de personas mutiladas con ojos, pies y manos arrancadas por los proyectiles BLD. El poder traslada así su gestión aproximativa de esta crisis hacia la actuación de la policía. No queda alternativa: si reprime demasiado son unos salvajes, y si no lo hace no cumple con su deber. El uso desmedido de la fuerza por parte de las unidades policiales motivó incluso una advertencia de las Naciones Unidas. El pasado seis de marzo, La Comisaria de la ONU encargada de los Derechos Humanos, la ex presidenta de Chile Michelle Bachelet, interpeló a las autoridades francesas para que se llevara a cabo una “investigación profunda sobre el uso excesivo de la fuerza”.


Toda la construcción política diseñada por la presidencia para salir de la crisis amarilla se vino abajo. El poder inventó un “debate nacional” entre los franceses durante el cual se debía discutir sobre los grandes problemas del país, entre ellos los planteados por los chalecos amarillos. Macron participó en persona y hasta la indigestión en esos debates transmitidos por la televisión. La receta pareció dar sus resultados. El “Presidente de los ricos” descendió a las arenas del pueblo al tiempo que, entre divisiones internas, cierto cansancio, infiltraciones radicales y violencia, los chalecos amarillos perdían su movimiento ascendente. Emmanuel Macron reencarnó en Francia el perfil de nuestro Domingo Faustino Sarmiento: “la espada, la pluma y la palabra”. Con la espada reprimió, con la pluma se dirigió a Francia para convocarla al debate y con la palabra instauró un diálogo con la sociedad. La invariable lógica que se instituyó en esta confrontación no varió y el gobierno vuelve a estar en la encerrona amarilla. Las manifestaciones nunca fueron extraordinariamente masivas pero si muy extendidas y violentas. El último fin de semana de vandalismos en los Campos Elíseos los Black Bloc se infiltraron entre los chalecos amarillos y repitieron las escenas que habían protagonizado el primer de mayo de 2018 en el distrito 5 de París cuando destruyeron un McDonald’s. Los Black Bloc están compuestos por activistas de la ultraizquierda y otras corrientes oriundas de horizontes políticos diversos. Aunque la gran mayoría de los chalecos amarillos no son ultra violentos, estos episodios tienen una doble consecuencia: al mismo tiempo que apuntan a la inoperancia del gobierno también empañan la imagen de los chalecos y los arrincona en el espacio público.


El poder no encuentra la salida, tanto más cuanto que, en lo esencial, no ha expuesto sus respuestas a la triple crisis que lo acecha: política, social e institucional. Ese es el diagnóstico que hacen todos los comentaristas, desde la derecha hasta la izquierda. En su último editorial, el vespertino liberal Le Monde escribió: “es la eficacia del Estado y de su jefe así como la de los poderes públicos la que está en tela de juicio”. Le Monde sugiere que, a partir de los chalecos amarillos, es “el mandato de Macron lo que está en suspenso”. Esa es la sensación que subsiste: la de una leve pero persistente sombra amarilla que perturba el sueño del gobernante, lo mantiene en “suspenso” sin que este acierte con la ventana que lo extraiga de la pesadilla.


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Los chalecos amarillos volvieron a copar París

Por decimosexto fin de semana, el movimiento de los chalecos amarillos volvió a marchar Francia en protesta contra las políticas económicas del presidente Emmanuel Macron. París ha sido el epicentro de la movilización, que tuvo réplicas en otras ciudades, como Lyon, Burdeos, Lille y Toulouse.

En la capital francesa, los manifestantes se concentraron en puntos emblemáticos, como la Torre Eiffel y el Arco de Triunfo. Un fuerte cordón policial custodió la marcha, que se extendió por más de diez kilómetros, luego de los incidentes registrados en movilizaciones anteriores. Apenas hubo algunos roces con la Policía, durante la marcha en la que se reclamó la renuncia del presidente.


A diferencia de otras marchas anteriores, la de hoy no fue particularmente numerosa. Se estima que hubo unas 40 mil personas, lejos de las casi 300 mil que llegaron a marchar al comienzo de la protesta, en noviembre, cuando el gobierno de Macron implementó un fuerte aumento en los combustibles, que luego retrotrajo.


“Seguimos protestando todos los sábados porque Macron no responde en absoluto a las demandas de los chalecos amarillos. Queremos reconstruir nuestra democracia y cambiar el sistema político", dijo Sophie Tissier, coordinadora de la protesta en la capital francesa. "Macron es despectivo y ni siquiera trata de entender que hay personas que viven en total pobreza y que hay tantas desigualdades ", agregó sobre la lucha del movimiento.


Dentro de dos semanas culminará lo que Macron definió como “gran debate nacional”. Se trata de una iniciativa que el presidente lanzó el 15 de enero para acercar posiciones durante dos meses con el fin de “transformar la ira en soluciones”. Macron dio el puntapié con una reunión masiva con 600 alcaldes que le llevaron las quejas y las inquietudes de los ciudadanos. Así ha querido canalizar la crisis desatada hace cuatro meses.


Para los observadores, la marcha de hoy bien pudo haber servido de prólogo a una gran convocatoria dentro de dos semanas, cuando termine el debate propuesto por Macron. Ese día podría volver a verse una marea humana en las calles como al comienzo de las protestas.

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El pasado12 de febrero, en el Champ de Mars de Puerto Príncipe, un manifestante haitiano llevaba una bandera venezolana en solidaridad con la revolución bolivariana. La actual insurrección en Haití es consecuencia del hambre y la ira reinantes, pero también de la traición de Jovenel Moïse a Nicolás Maduro. Daniel Tercier, Haïti Liberté

Desde hace siete días* en Haití reina el caos. Los haitianos continúan sublevados en todo el país contra el presidente Jovenel Moïse para derrocarlo por su corrupción, su arroganciasus promesas incumplidas y sus descaradas mentiras. Pero la crisis no se solucionará con la renuncia de Moïse, que según parece es inminente.


La revolución de hoy día muestra claras señales de ser tan profunda e imparable como la que hace 33 años acabó con el régimen del dictador y playboy Jean-Claude “Baby Doc” Duvalier, cuya huída de Haití a bordo de un avión de carga C-130 de la Fuerza Aérea de Estados Unidos el 7 de febrero de 1986 –después de dos meses de rebelión– en búsqueda de un exilio dorado en Francia fue el inicio de cinco años de revueltas populares.


A pesar de una feroz represión, las matanzas, unas falsas elecciones y tres golpes de Estado, esa rebelión culminó en la importante revolución política del 16 de diciembre de 1990, cuando el teólogo de la liberación y antiimperialista Jean-Bertrand Aristide fue elegido presidente abrumadoramente y después asumió el cargo el 7 de febrero de 1991, cuando declaró la “segunda independencia” de su país.


En un tiempo en que los sandinistas de Nicaragua y la Unión Soviética acababan de ser derrotados, el pueblo haitiano venció a la ingeniería electoral de Washington por primera vez en América latina después de la victoria de Salvador Allende en Chile, dos década antes. El ejemplo de Haití inspiró a un joven oficial del ejército de Venezuela, Hugo Chávez, quien adoptó el mismo guión y de ese modo dio inicio a una “marea izquierdista” de revoluciones políticas mediante triunfos electorales en Latinoamérica.


Así como Washington había alentado un golpe contra Aristide el 30 de septiembre de 1991, organizó otro similar contra Chávez el 11 de abril de 2002. Pero, en este caso, la jugada fue frustrada en dos días por el pueblo y por los soldados rasos el ejército regular de Venezuela.


A pesar de la victoria obtenida, Chávez comprendió que la revolución política de 1998 en Venezuela, que lo había llevado al poder, no podría sobrevivir sola, que la utilización por parte de Washington de su vasta maquinaria subversiva y económica desgastaría su proyecto de fundar un “socialismo del siglo XXI” en Venezuela y que para ello su revolución tendría que construir puentes que mostraran un ejemplo a sus vecinos latinoamericanos también dominados por el Tío Sam.


De este modo, utilizando la enorme riqueza del petróleo, Chávez empezó un experimento que no tenía precedentes: la Alianza PetroCaribe –lanzada en 2005– que acabó abarcando a 17 países de América Central e insulares del mar Caribe. Esta alianza aseguró derivados del petróleo a bajos precios a sus habitantes y fabulosas condiciones crediticias a los países miembros, lo que para ellos significó una importante ayuda económica en unos momentos en que el crudo se estaba vendiendo a 100 dólares el barril. En 2006, Washington castigó al pueblo haitiano por haber dado dos veces (en 1990 y 2000) su voto a Aristide con sendos golpes de Estado (en 1991 y 2004) y otras tantas ocupaciones militares con la aquiescencia de Naciones Unidas. El pueblo haitiano se las arregló para conseguir algo parecido a un empate eligiendo a René Préval (un antiguo aliado de Aristide) como presidente.


En la ceremonia de toma de posesión, el 14 de mayo de 2006, Préval ratificó el tratado del PetroCaribe lo que irritó sobremanera a Washington, como señaló Haïti Liberté en su informe de 2011 basado en cables diplomáticos secretos obtenidos por medio de WikiLeaks. Préval, después de dos años de intentos, finalmente consiguió que Venezuela le suministrara petróleo y le concediera crédito, pero Washington le advirtió de que también sería castigado. Tras el terremoto en Haití del 12 de enero de 2010, el Pentágono, el departamento de Estado y el por entonces jefe de la Comisión Provisional de Recuperación de Haití (IHRC, por sus siglas en inglés), Bill Clinton, junto con algunos lacayos de la elite haitiana,prácticamente se hicieron con el gobierno del país y en el proceso electoral –desde noviembre de 2010 a marzo de 2011– desplazaron al candidato presidencial de Préval, Jude Célestin, y colocaron a uno propio: Michel Martelly.


Entre 2011 y 2016, el grupo a las órdenes de Martelly procedió a malversar, malgastar y perder la mayor parte de los fondos del PetroCaribe, que fundamentalmente habían mantenido a flote a Haití desde su creación en 2008.


Además, Martelly usó ese dinero para ayudar a que su protegido Jovenel Moïse se hiciera con el poder en 7 de febrero de 2017. Desgraciadamente para Moïse (que llegó al poder al mismo tiempo que lo hacía Donald Trump), estaba a punto de convertirse en un daño colateral en la escalada bélica contra Venezuela.


Trump, rodeado de una pandilla de neocons anticomunistas, se apresuró a hostilizar a la república bolivariana imponiendo sanciones económicas de largo alcance al gobierno de Nicolás Maduro. Haití ya se había atrasado en los pagos que debía hacer a Venezuela, pero las sanciones de EEUU ha convertido la factura del petróleo de PetroCaribe en algo impagable (o al menos intentar una excusa aceptable); así, de hecho, la Alianza PetroCaribe acabó en octubre de 2017.


La vida en Haití, que ya era extremadamente difícil, ahora es prácticamente imposible. Cerrado el grifo del petróleo venezolano, el Fondo Monetario Internacional (FMI) le dijo a Jovenel que debía aumentar el precio del gas, y este intentó hacerlo el 6 de julio de 2018. El resultado fue un estallido popular que duró tres días; este fue el precursor de la revuelta actual.
Más o menos en ese mismo momento, un movimiento de masas empezó a preguntar qué había pasado con los 4.300 millones de dólares provenientes del petróleo venezolano que Haití había recibido en la década anterior: “Kot kòb PetroCaribe a?”, en la lengua criolla hablada en ese país (¿Dónde está el dinero del PetroCaribe?), era el grito de cada vez más miles de manifestantes. Se suponía que los fondos del PertoCaribe debían financiar la salud, la educación, la construcción y mantenimiento de las carreteras y otros proyectos sociales, pero la gente no veía que se hubiese cumplido nada de eso. Dos investigaciones del Senado realizadas en 2017 confirmaron que el dinero (el segundo informe hablaba de 1.700 millones de dólares) había sido desviado a los bolsillos de algunas personas.


Entonces, ¿cuál fue la gota que colmó el vaso? Fue la traición de Jovenel Moïse a los venezolanos después de su ejemplar solidaridad. El 10 de enero de 2019, en una votación realizada en la Organización de Estados Americanos (OEA), Haití votó a favor de una moción presentada por Washington que declara la “ilegitimidad” de Nicolás Maduro después de que él ganara en las elecciones de mayo de 2018 con más de dos tercios de los votos.


Los haitianos ya estaban enfadados por la corrupción desenfrenada, por la inflación y el desempleo disparados y frustrados después de años de promesas incumplidas y de humillación y violencia por parte de fuerzas armadas extranjeras. Pero esta espectacularmente cínica traición de Jovenel y sus compinches en un intento de ganarse el auxilio de Washington para que los rescatara de las hogueras que ardían detrás de ellos fue la gota que faltaba.


Sorprendido y paralizado por la falta de opciones –y sus propias disputas internas–, Washington está mirando con horror el previsible derrumbe de la corrompida construcción política y económica que había erigido en Haití en los últimos 28 años desde el primer golpe de Estado contra Aristide en 1991 hasta el reciente “golpe de Estado electoral que llevó a Jovenel al sillón presidencial en 2017.


Con toda seguridad, la embajada de EEUU está tratando febrilmente de improvisar una solución de emergencia con la ayuda de Naciones Unidas, la OEA, Brasil, Colombia y la elite haitiana. Pero es probable que los resultados no sean más perdurables que los conseguidos en los ochenta del siglo pasado.


Irónicamente, fue la solidaridad de Venezuela lo que aplazó durante una década el huracán político que hoy abisma a Haití.


Es adecuado destacar que la agresión estadounidense contra la revolución bolivariana de Venezuela ha dado origen a una cascada de consecuencias y reacciones no buscadas alimentadas por el profundo sentido de gratitud y reconocimiento de los haitianos por el socorro venezolano recibido; como Hugo Chávez y Nicolás Maduro han dicho a menudo, PetroCaribe fue la forma de “cancelar la deuda histórica que Venezuela tiene con el pueblo de Haití”

Por Kim Ives
Haïti Liberté

Traducción del inglés para Rebelión de Carlos Riba García

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* El original en inglés de esta nota fue publicado el 13 de febrero de 2019. (N. del T.)
Fuente: https://haitiliberte.com/haitis-unfolding-revolution-is-directly-linked-to-venezuelas/

Publicado enCrisis Venezuela
Viernes, 15 Febrero 2019 06:43

Paralizaron Puerto Príncipe

Paralizaron Puerto Príncipe

La capital permanece con las escuelas y los bancos cerrados, así como los negocios y las estaciones de combustibles, que temen más saqueos como los que se han producido en las protestas, en las que al menos nueve personas han muerto.

 

Haití entró ayer en su octavo día consecutivo de paralización y protestas en reclamo de la renuncia del presidente del país, Jovenel Moise, situación que está provocando pérdidas millonarias en diferentes sectores.


La capital del empobrecido país, Puerto Príncipe, sigue paralizada, con las escuelas y los bancos cerrados, así como los negocios y las estaciones de combustibles, que temen más saqueos como los que se han producido en estos días de protestas, en las que al menos nueve personas han muerto en los violentos disturbios.


En la exclusiva zona de Petionville, al sureste de la capital, algunos negocios se animaron este jueves a abrir sus puertas, pero el transporte público, al igual que en el resto de la capital, es prácticamente nulo, mientras la situación sigue deteriorándose.


Los 78 detenidos de la prisión de la ciudad de Aquin, una pequeña ciudad costera del sur de Haití, escaparon este martes, confirmó el portavoz de la policía nacional. Una investigación se inició para determinar las circunstancias precisas de la fuga. Según testigos, una manifestación contra el presidente Jovenel Moise se estaba realizando frente a la comisaría vecina al penal de Aquin, una ciudad de unos 100.000 habitantes.

Los promotores de las protestas anunciaron más movilizaciones para ayer, al tiempo que volvieron a rechazar cualquier tipo de conversaciones con el presidente Moise, quien permanece en silencio desde el sábado cuando hizo un llamado al diálogo. Las protestas, convocadas por el Sector Democrático y Popular, integrado por líderes de partidos de oposición y por grupos populares, se iniciaron el 7 de febrero, coincidiendo con el segundo aniversario de la llegada a la Presidencia de Moise, un empresario del sector banano que llegó al poder sin experiencia en la política.


Las manifestaciones, que han aumentado la inseguridad en esta nación caribeña y provocado un clima de caos e incertidumbre, se producen en medio de una severa crisis económica, que se agravó este año por una fuerte depreciación del gourde, la moneda oficial, y por la crisis de electricidad derivada de la escasez de gasolina.


La economía de Haití, donde más de la mitad de los 10 millones de habitantes sobrevive con menos de 2 dólares diarios, creció apenas 1,4 por ciento en 2018, una de las más bajas de la región y muy por debajo del 2,2 por ciento que se pronosticó a principios del pasado año y que después fue reducido al 1,8 por ciento. Los manifestantes también exigen justicia en las supuestas irregularidades en el programa Petrocaribe, a través del cual Venezuela suministra petróleo a este país a precios blandos.


Una auditoría presentada la semana pasada por el Tribunal de Cuentas reveló irregularidades entre 2008 y 2016 en este programa y señaló a 15 exministros y actuales funcionarios que están involucrados en este caso, así como una empresa que dirigía Moise antes de llegar a la Presidencia.


Por su parte el gobierno canadiense decidió ayer cerrar temporalmente su embajada en Puerto Príncipe frente a las protestas antigubernamentales que están sacudiendo las principales ciudades de Haití, en momentos en que un centenar de turistas de Quebec no pueden salir del país caribeño.


“Debido a la incertidumbre actual, la Embajada de Puerto Príncipe está cerrada hoy. Continuaremos evaluando la situación en los próximos días para garantizar que nuestros diplomáticos y sus familias estén a salvo”, sostuvo el Ministerio de Relaciones Exteriores de Canadá en un comunicado. Los nuevos enfrentamientos entre la policía y manifestantes opositores dejaron al menos un muerto el miércoles en Puerto Príncipe. Al menos siete personas perdieron la vida desde que comenzaron las protestas hace una. En medio de las protestas se registraron situaciones de violencia con armas de fuego y el bloqueo de varias carreteras por parte de manifestantes que instalaron barricadas.

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El presente no perdona: el gobierno Duque y los movimientos sociales

El primer semestre del gobierno Duque ha tenido a la protesta social como uno de sus protagonistas, en gran medida aunque no exclusivamente debido al paro universitario, que tras más de dos meses de movilización consiguió un acuerdo para mitigar la crisis de financiamiento de la educación superior pública. Los organizadores de esta protesta presentaron el acuerdo como una victoria. En efecto, este desenlace parcial es contraintuitivo si se tiene en cuenta el sesgo antiprotesta del gobierno, que se ha manifestado en iniciativas tendientes a “regular” este derecho y, sobre todo, en la exagerada criminalización y represión.

 

En el auge de la protesta convergen factores estructurantes del escenario político incluso desde el anterior gobierno, como el cierre del sistema político institucional y de la política electoral, cada vez percibidos como más corruptos, menos representativos e insuficientes para dar trámite a las demandas de distintos sectores sociales, aplazadas por décadas debido al conflicto armado pero ubicadas con fuerza en la agenda pública durante las negociaciones de paz. Sin embargo, quizás el principal elemento explicativo del ascenso de la protesta es la frustración de las reivindicaciones de transformación social y política, presentes tanto entre los votantes de Duque como entre los de sus opositores.

 

Los problemas del gobierno Duque no se explican principalmente por su falta de liderazgo o experiencia, como han advertido algunos analistas, sino por su carácter anacrónico: se trata de un gobierno que ha calcado sus marcos cognitivos y estrategias de lo que fueron los dos gobiernos de Uribe en un contexto radicalmente distinto.

 

La dominación por el espectáculo

 

En primer lugar, la dominación por el espectáculo: un modo de gobierno que apuesta por resolver los problemas reales del país a partir de cortinas de humo, para tapar un escándalo con otro, y de una estrategia de comunicación política que se esfuerza por vender una imagen popular del presidente. La frivolidad de Duque, quien ha tenido más tiempo para departir con personajes de la farándula, jugar pelota o cantar, que para dialogar con los estudiantes en paro o apoyar la agenda legislativa producto de la consulta anticorrupción, no es para nada accidental. Muy probablemente, si a Uribe se le hubiera dado hacer “cabecitas” con el balón o trovar, no lo recordaríamos tomando tinto encima de un caballo o nadando en un río.

 

La estrategia ha resultado ineficaz, no solo porque es una segunda parte mala, comedia más que tragedia, sino porque desde que se implementó a principios del gobierno Uribe el panorama ha cambiado: el expresidente se reeligió con mayorías y nunca tuvo una oposición con más de ocho millones de votos, lo que muestra que su liderazgo ha ido sufriendo un lento pero real descenso y que el actual gobierno no cuenta con el mismo respaldo.

 

Además, si bien el uribismo, y a su lado los sectores más retardatarios de las élites políticas y económicas, conservan el dominio de los medios de comunicación, fuentes alternativas casi inexistentes hace tres lustros, como las redes sociales virtuales, funcionan como un contrapeso muy relevante. La movilización social, el creciente descontento no son un asunto mediático: el panorama se ha transformado mucho desde cuando Uribe envió a cada uno de sus potenciales votantes una carta con los 100 puntos de gobierno, en 2002.

 

Aunque en general las redes funcionan como un terreno en disputa como cualquier otro, no es menos cierto que en muchos casos determinan la agenda informativa hasta el punto de que los medios de comunicación convencionales y tradicionales se ven obligados a replicar lo que sucede en las ellas. Medios de comunicación como RCN, anteriormente volcado totalmente a acompañar el gobierno Uribe, hoy experimenta su peor crisis. En fin, a juzgar por las encuestas, el fracaso de esta estrategia no solo ha dado por resultado un récord en lo que a la (im)popularidad de Duque se refiere sino que ha minado la del expresidente mentor.

 

Contrainsurgencia en tiempos de paz

 

Un segundo aspecto anacrónico del actual gobierno es su apuesta contrainsurgente, pues no solo es totalmente contraria a la implementación de los acuerdos de paz que la mayoría de la sociedad reclama, sino que le ha impedido hacer una lectura objetiva de la transformación experimentada en el escenario político después del acuerdo de paz.

 

Respecto de problemas como la protesta social, las garantías para la oposición y la implementación de los acuerdos de paz, el gobierno parece leer la realidad política en los mismos términos en que lo hacía la retórica justificatoria de la “seguridad democrática”: reactivando un imaginario contrainsurgente, la creencia en que existe un “enemigo interno” conspirando contra el orden social. Este imaginario tomó fuerza durante la campaña presidencial, cuando incluso líderes alternativos replicaron el discurso uribista en contra del “castrochavismo” representado por el candidato Gustavo Petro, y en la práctica significó una estigmatización a cualquier propuesta de cambio, especialmente si viene de la izquierda.

 

Ese hecho es comprensible si se tiene en cuenta que el uribismo debe su legitimidad a la guerra y, en consecuencia, necesita con urgencia reemplazar el enemigo absoluto que representó la guerrilla de las Farc. De ahí el retorno de una política antidrogas centrada en la represión, las amenazas tácitas y explícitas de guerra con Venezuela, el hecho de que más que programas para la construcción de la paz existan ambiciosos planes e inversiones militares y el sesgo anti-protesta.

 

Desde el comienzo del gobierno, tanto los discursos del Presidente como los del ministro de defensa se mostraron explícitamente contrarios a la protesta, reduciendo el ejercicio de un derecho constitucional a la generación de odio y desorden, a la afectación de terceros y acusando a las organizaciones de recibir financiación de “grupos armados”. De esa manera, el gobierno erigió la protesta en uno de esos enemigos con los que intenta usufructuar algo de legitimidad. En esta perspectiva debe entenderse el llamado a “regular” la protesta social, la exagerada represión que sufrió el paro universitario e incluso el hecho de que los asesinatos de líderes sociales (más de 30 en lo que va del gobierno) aun no se reconozcan como un problema “sistemático”.

 

Pedir una mayor “regulación” del derecho a la protesta en un contexto en donde repertorios de acción básicos como el bloqueo de vías están catalogados como conductas punibles, con altas penas y un amplio margen de interpretación que beneficia a las autoridades, solo puede catalogarse de absurdo. Esa misma consideración merece el argumento de que las protestas benefician a minorías en detrimento de los derechos de las mayorías, porque desconoce que cuando la protesta tiene lugar es debido a que determinados sectores sociales no tienen más recurso para hacerse oír, pero además está basado en una idea antiliberal de la democracia que no favorece los derechos de las minorías. Si se aceptara ese argumento, habría que prohibir o “regular” también los gremios que cabildean en función de sus intereses particulares. Pero el gobierno es consciente de que lo único que escapa a aquello que garantiza su gobernabilidad, la “mermelada”, es la protesta social y por eso hará todo lo que esté a su alcance para deslegitimarla y restringirla.

 

La escalada represiva

 

La guerra funcionó como un obstáculo insalvable para la representación de diversas reivindicaciones de resolución de los problemas estructurales que la desencadenaron –redistribución de la tierra, participación política, etc.-. Es lógico que una vez mermada la confrontación esas reivindicaciones emerjan y que lo hagan de la única manera que pueden hacerlo en un contexto de cierre del sistema político institucional: la protesta. Construir o consolidar la paz pasa necesariamente por garantizar el derecho a la protesta social, precisamente como una vía para la resolución de dichos problemas estructurales que estuvieron en la raíz de la guerra. Por esa razón, un tercer anacronismo del gobierno Duque es la descomunal represión que ha demostrado frente a la protesta, en particular frente al paro universitario.

 

Las marchas estudiantiles fueron tratadas como si fueran actos de guerra y como si sus participantes fueran insurgentes, más que ciudadanos ejerciendo un derecho. No solo fueron contrarrestadas con todo el poder de fuego del Escuadrón Móvil Antidisturbios (Esmad), que dejó una cantidad no determinada de heridos, entre ellos tres estudiantes que perdieron uno de sus ojos cada uno por causa de lo que solo puede calificarse de sevicia en el uso de las armas “de letalidad reducida”, sino que incluso fueron infiltradas por agentes de la Policía no uniformados, como si en realidad representaran una amenaza para la seguridad del Estado y el orden social. Si bien es cierto que el Esmad ya antes ha demostrado que no es un cuerpo para garantizar derechos sino para conculcarlos a la fuerza, en esta coyuntura la represión está totalmente articulada a la estigmatización de la protesta y al retorno del discurso contrainsurgente en el alto gobierno.

 

La desproporción con la que se trató la movilización universitaria no habría sido notoria de no ser por la apuesta explícita de las organizaciones estudiantiles por las manifestaciones sin violencia y los repertorios de acción lúdicos y expresivos. Inicialmente, se retomaron repertorios exitosos en la movilización de 2011 como los abrazos y la entrega de flores a los policías, apostando por evitar así la represión. El 24 de octubre de 2011 el abrazo espontáneo de policías por parte de estudiantes en una manifestación en la Plaza de Bolívar de Bogotá, sorprendió tanto a la Policía como a los medios de comunicación, hasta el punto de que la revista Semana incluyó como su portada una fotografía del suceso, y contribuyó a afincar la legitimidad y el respaldo social al movimiento estudiantil.

 

En contraste, lo que demuestra la represión en 2018 es que tanto la policía como los medios aprendieron la lección: una vez que fracasó la treta de negociar con los rectores, con la que el gobierno pretendió desactivar la movilización, se incrementó notablemente la represión y en los medios predominó el “vandalismo” y los “disturbios”, que por lo demás son ocasionados por la intervención violenta de la fuerza pública, en lugar de la información de fondo sobre las protestas y sus reivindicaciones. De manera que, si se pudiera extraer una lección para los movimientos sociales sería la necesidad de innovar en los repertorios de acción para hacer frente a la represión, cosa que no es nada fácil pues muchas veces –incluyendo el abrazo a los policías- resulta más de la espontaneidad que de la planeación estratégica.

 

Horizontes despejados

 

A corto plazo los costos para la protesta social en términos de represión no se van a reducir. Sin embargo, no es muy probable que las movilizaciones disminuyan. Paradójicamente, su disminución está en función de la capacidad que tenga el gobierno Duque para regresar al presente y reconocer los aspectos estructurantes del contexto político posterior al acuerdo de paz.

 

En la medida en que el gobierno insista, como lo ha hecho, en “volver trizas” los acuerdos de paz y en ese empeño cuente con el respaldo de la mayoría de la clase política, dejará como única alternativa para escuchar la voz de los excluidos a la protesta. Lo más probable es que la moderación de Duque llegue por la vía de la desarticulación de su coalición inicial, debido al carácter escaso de la “mermelada” con que está pegada. Pero en ese caso abriría oportunidades políticas para los movimientos sociales, que tendrían más posibilidades de encontrar aliados en el terreno social o en el político.

 

En el auge de la protesta social confluyen vectores estructurales que tarde o temprano requerirán una respuesta más allá de la represión. En el terreno sociopolítico, han salido a flote, para no sumergirse nuevamente, demandas bloqueadas durante medio siglo a causa de la guerra y que no se limitan a la implementación de los acuerdos, aunque eso puede en última instancia articularlas. La creciente desigualdad, que ubica al país en los primeros lugares del ranking hemisférico, no va a resolverse a punta de “economía naranja” o reformas tributarias regresivas. Los conflictos socioambientales tampoco se van a resolver restringiendo los mecanismos de participación y consulta a las comunidades afectadas.


Pero sobre todo existe una población mayoritariamente joven que ha empezado a experimentar una frustración ante la falta de alternativas vitales. En efecto, el 68,3 por ciento de la población del país se ubica en el rango de edades entre 15 y 64 años. Como ocurre en el campo de los movimientos sociales, la franja más joven intenta tomar el relevo generacional en los distintos ámbitos, pero se encuentran con bloqueos de distinto tipo y falta de oportunidades para desarrollar sus capacidades. Para no ir más lejos, Duque hizo campaña ofreciendo un relevo generacional que no se ve por ningún lado. Tampoco es casual que en esta coyuntura la mayor fortaleza la haya demostrado el movimiento universitario.

 

El desafío para los movimientos será armonizar el descontento social que producen esos vectores estructurales con la esfera política. Como es bien sabido, las organizaciones de los movimientos sociales tienen fuertes vínculos con organizaciones políticas y partidos de izquierda. Por esa razón, las competencias electorales y la división de los actores políticos que conllevan siempre se han traducido en la desarticulación de los movimientos sociales. El escenario ideal sería una articulación de los esfuerzos en los dos ámbitos, el social y el político propiamente dicho, pero incluso evitar que los movimientos sociales se desestructuren en función de las disputas partidistas y electorales puede crear los espacios y los incentivos para que los problemas sociales mencionados se expresen por vía de la protesta.

 

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Publicado enEdición Nº253
Domingo, 27 Enero 2019 06:13

El debate oficial no canalizó la rabia

El debate oficial no canalizó la rabia

La jornada número XI los tomó ya divididos, algunos tentados por la acción política tradicional y la idea ya asumida de presentar una lista para las elecciones europeas de mayo próximo, otros alejados del núcleo del movimiento.

 Ocuparon un día y un color: el sábado y el amarillo. Fueron llenando puntualmente el espacio público en ese día y con ese color hasta la jornada número XI. El movimiento de los chalecos amarillos volvió a desplegar este sábado su emblema y su protesta en varias ciudades de Francia: sobre todo París, Toulouse, Burdeos. Durante las fiestas de Navidad y fin de año, la movilización decayó para recuperar su pujanza el 5 de enero –50 mil manifestantes, luego el 12 y el 19 con cerca de 90 mil personas que salieron a la calle según las cifras oficiales–. La jornada número XI los tomó ya divididos, algunos tentados por la acción política tradicional y la idea ya asumida de presentar una lista para las elecciones europeas de mayo próximo, otros alejados del núcleo del movimiento y todos bajo los lentos efectos anestésicos del debate nacional organizado por el presidente Emmanuel Macron en torno a unas 30 preguntas divididas cuatro temas: poder adquisitivo, fiscalidad, democracia y medio ambiente. El debate tiene como objetivo desactivar esta gran crisis política y social. Con todo, la determinación permanece en pie. El debate nacional no canalizó la rabia popular y este fin de semana los chalecos amarillos cubrieron las calles con cerca de 70 mil personas. La represión fue feroz. En la Plaza de la República donde debía llevarse a cabo “la noche amarilla” había más policías que manifestantes. Llovieron los palos y los gases lacrimógenos para impedir que la noche parisina se vistiera de amarillo. 

Varios incidentes de cierta seriedad empañaron la marcha en la capital francesa. Grupos de fachos salieron al encuentro de algunas columnas amarillas. En la Plaza de la Bastilla, el ambiente era una mezcla muy extraña de gente caminando tranquila con sus hijos, otros que hacían compras, un montón de turistas de todas las nacionalidades que acudieron a la Bastilla para ver y filmar a los chalecos con sus teléfonos y chalecos amarillos desplegados en la Plaza en medio de varios ejércitos de policías antimotines. Los gritos “Macron Demisión”, los gases lacrimógenos y los proyectiles lanzados desde uno y otro bando volvieron a ser el ingrediente común. Los enfrentamientos dejaron varios heridos graves, entre ellos una de las figuras de los chalecos amarillos, Jérôme Rodrigues, herido en un ojo. Todas las historias comunes a media humanidad daban vueltas alrededor de la Plaza de la Bastilla. Gente que no llega a fin de mes, otros que no pueden pagar la luz o el gas, jubilados que apenas sobreviven con su pensión y matrimonios torturados por un banquero a causa de un descubierto de 150 euros. El acoso y la destrucción cotidiana del liberalismo opresor contra los más vulnerables. La rutina demoledora de un sistema infectado que se venga con los más frágiles lo que le perdona y regala a los poderosos y acomodados.


Ahora, el tema del futuro del movimiento se plantea como nunca en un momento en que las contra manifestaciones organizadas por las “pañuelos rojos” toman también la calle en defensa de Emmanuel Macron. Una de las figuras iniciales de los chalecos amarillos, Ingrid Levavasseur, decidió integrar una lista electoral amarilla de cara a las elecciones europeas de este año. Ello provocó un cisma dentro de un grupo que no se hace ninguna ilusión con los encantos desiguales de la democracia representativa. Los encontronazos a los que dio lugar el ingreso en el repudiado espacio político tradicional de Ingrid Levavasseur traducen las dos corrientes que fracturan hoy al movimiento: por un lado están quienes no renuncian a derrocar al gobierno en la calle con la repetición de las manifestaciones y mantienen una desconfianza radical hacia los representantes políticos: por el otro, los moderados. Este sector está convencido de que no se debe dejar flotando en el vacío todo e capital acumulado por los chalecos amarillos y que estos deben imperativamente comprometerse en el campo político. Uno de los líderes de los chalecos, Maxime Nicolle, alias Fly Rider, impugnó la candidatura de Levavasseur, a la que calificó de “traición”. Según Fly Rider, competir en “las elecciones europeas equivale a permanecer en el sistema actual e ingresar en un juego en el cual nosotros no fijamos las reglas. No crean que participando en las elecciones van a cambiar algo. Si ese fuera el caso, hace mucho tiempo que las cosas habrían cambiado”. Presentar una lista para las elecciones europeas de mayo de 2019 es, para el ala más radical, una triple traición: va contra la identidad fundamental del movimiento, introduce la figura del líder, algo que no existe entre los chalecos según la interpretación tradicional del término. Y, por ultimo, rompe el equilibrio horizontal de los procesos de decisiones tal y como lo conciben los chalecos. Levavasseur se lanzó sola, sin consultar con nadie y tomó a todos por sorpresa. Los opositores acusan hoy a la candidata de “estar robando los valores y la identidad del movimiento”. El sector más intransigente no cambia de hoja de ruta. Su representante más visible, el camionero Eric Drouet, estimó que la candidatura de Ingrid Levavasseur es pura y simplemente una “recuperación abyecta”. Luego convocó a un “bloqueo general” de Francia desde el 5 de febrero. Drouet es el principal adversario de todo contacto con las normas de la democracia representativa. En su pagina Facebook realizó un sondeo de opinión: de los 19 mil votantes, el 98% se opuso a que exista una lista “chalecos amarillos” en la consulta europea. La mujer, de profesión enfermera y hasta hace unas semanas extremadamente popular, puede pagar esa oposición masiva en las urnas. No es la única que ha sido puesta en la picota. Todos los demás chalecos que coquetearon con un sistema al que la mayoría repudia fueron expulsados o aislados de forma masiva. Esa es la posición contraria que defiende la futura candidata. Según explica, se “trata de ir a Bruselas para que las demandas ciudadanas sean escuchadas”.


El Ejecutivo, gracias al debate nacional, ha recuperado en los últimos 10 días un poco de popularidad. Pero basta con caminar un rato con los chalecos amarillos o acercarse a las muchas rotondas que aún ocupan para sentir una ceniza espesa, algo que no se traga, una suerte de desesperanza a la que ninguna de las tantas artimañas de la comunicación política logra, por ahora, apaciguar.
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