Carlos Ruiz Encina: "En Chile se está gestando un gran cambio histórico"

A un mes de uno de los movimientos sociales más extraordinarios de la historia de Chile, el investigador analiza las causas de la protesta, las demandas de la calle tras décadas de promesas incumplidas y la resistencia del gobierno de Sebastián Piñera para tomar medidas a la altura.

 

Carlos Ruiz Encina es sociólogo, doctor en Estudios Latinoamericanos de la Universidad de Chile, y Presidente de la Fundación Nodo XXI, centro de pensamiento ligado al Frente Amplio (FA). En diálogo con Página/12, Ruiz Encina explica por qué era previsible que la calle explotara como lo hizo, quiénes son los nuevos actores sociales en el marco de este "gran cambio histórico", y las agendas de corto y largo plazo. La mercantilización de la vida, la urgencia de evitar "las provocaciones de la derecha y aferrarse a la democracia", y su preocupación ante las masivas violaciones a los derechos humanos.

--El 18 de octubre último estalló la crisis política y social más profunda de las últimas décadas en Chile. ¿Sorprendió la magnitud de las manifestaciones que le siguieron o era previsible que en algún momento sucediera algo semejante?

--Sí y no a la vez. Por un lado, tengamos presente que anteriormente se dio una serie de manifestaciones con más de un millón de personas contra el sistema de pensiones, tuvimos el 8 de marzo más grande de todo América Latina, y la marcha del orgullo gay, que fue gigantesca. Hay un malestar que viene en crecimiento desde 2006, desde la marcha de los estudiantes en adelante. Por otro, hay cierta elite chilena conservadora que sí dice “fuimos sorprendidos”. En realidad, lo que sucede es que no han querido ver. Al mismo tiempo es cierto que se trata de una dimensión completamente nueva; esto no es la simple sumatoria de lo anterior. Se terminaron de articular ciertas demandas, como las demandas por la soberanía de las pensiones y las luchas por la soberanía y el control del agua, en contra de su privatización. Nuestra vida social cotidiana es de las más privatizadas, mientras el nivel de incertidumbre es enorme: la tasa de rotación de los empleos es altísima, la protección de servicios estatales es completamente inexistente, etc. Como decía un cartel por ahí: “no son treinta pesos, son treinta años”. Esto limpia todos los gobiernos para atrás. Los fondos del gasto social estatal se entregan a concesionarios privados que ofrecen estos servicios. Clínicas privadas, universidades privadas... Es el sistema neoliberal del voucher que terminó creando un capitalismo de servicio público. Este tipo de privatización en el resto de América Latina no existe. Todos conocen sobre privatizaciones de telefonías y líneas aéreas, pero no de servicios sociales. Es importante que esto se sepa para comprender por qué la gente explotó como lo hizo.

--En virtud de la envergadura de los acontecimientos, ¿puede considerarse un cambio de clivaje en Chile, en el sentido de un antes y un después en su historia?

--Chile no vuelve atrás. Hasta aquí fue el tiempo en que las reformas neoliberales gozaron de algún nivel de imposición por la fuerza, y que gozaban de cierta efectividad. En este momento la desobediencia civil ha rebasado todo ese tipo de marco y no hay vuelta atrás. En Chile se está gestando un gran cambio histórico. Y uno de los sujetos que empieza a tomar forma es una suerte de nuevo pueblo chileno, que no es el pueblo del siglo XX, no es el pueblo de los obreros industriales y de la clase media desarrollista; esos sectores fueron desmantelados por la transformación neoliberal. Este es el pueblo que engendró el neoliberalismo, y de alguna manera su propio engendro se empezó a poner de a pie. Si en este país fue donde nació el neoliberalismo es posible que sea también en este país donde primero se lo sepulte. Es claro que desde que se generó la transición a la democracia funcionaba mucho en Chile el temor a lo que se llamaba "la regresión autoritaria". De alguna manera eso contenía las protestas. El modelo económico de Pinochet no se modificó en la transición; se hizo una reforma del sistema político pero no del sistema económico. Al contrario, las privatizaciones se profundizaron. Esta cuestión está arrasando con moros y cristianos. Hoy en las marchas no hay banderas de ningún partido. Hay una sociedad que se quiere hacer ver, porque la política estuvo muy encerrada. La distancia entre política y sociedad es muy grande. La participación electoral ronda el 40%. Los segundos gobiernos de Michelle Bachelet y Sebastián Piñera han tenido un respaldo de menos del 25% del total del electorado potencial. No hay grandes mayorías políticas. Y en ese gigantesco divorcio entre política y sociedad fue apareciendo todo esto. La última encuesta de la Universidad de Chile indica un respaldo del 83% de la población a la protesta. La gente explotó más allá de ser de izquierda o derecha. Hasta hay gente de acuerdo con Pinochet que hoy sale a protestar.

--¿Y esto por qué?

--Porque terminaron convirtiendo en mercancía cosas de nuestra reproducción de la vida cotidiana. La vejez es una mercancía en este momento. Entonces ya nadie sabe qué tipo de vejez va a tener. Te venden mucho acerca de nuevas clases medias, pero basta que alguien se enferme para que caiga tres o cuatro estratos. Tal grado de volatilidad genera en el individuo una gran crisis de incertidumbre.

--Estos nuevos modos de manifestación exigen nuevos modos de representación. ¿Qué debería revisar la izquierda para volver a ser la referente política de muchas de estas demandas?

--La izquierda tiene que dejar atrás algunas fórmulas del siglo XX. Hoy estamos lidiando, por un lado, con una demanda de derechos sociales universales, que implica poner más Estado en ciertos puntos; por otro, el mismo individuo está pidiendo una mayor autonomía individual. En este punto, la izquierda históricamente no ha sabido lidiar con las demandas de autonomía individual. Para decirlo bien autocríticamente, el precio a pagar por la igualdad en el siglo XX era sacrificar la libertad. Eso hoy no funciona; tenemos una sociedad distinta. Además, de alguna manera, el ciclo capitalista neoliberal en Chile cambió toda la estructura de clases. Ya no está la vieja clase obrera industrial -por eso es que no se ven sindicatos en las marchas, ni tampoco está la vieja clase media desarrollista, porque todo eso ha sido desmantelado y expulsado del Estado. Tenemos que hablarle a otro pueblo y a otro panorama social. El desafío de la izquierda es apropiarnos del presente, de esta nueva geografía social que está explotando con sus demandas, con sus nuevos factores culturales, y no seguir más bien en una especie de repliegue identitario en una cueva donde los que se reúnen son los convencidos de siempre. Hoy hay que salir a la calle. Necesitamos una nueva izquierda para un nuevo pueblo.

--En diversos sectores y países Chile gozaba de buena reputación económica internacional. De alguna manera, la protesta social desnudó la fuerte desigualdad social y le sacó el disfraz al "oasis" defendido por Piñera.

--La paradoja chilena, que confunde afuera, plantea lo siguiente: al mismo tiempo que disminuye la pobreza aumenta la desigualdad. Es cierto que disminuyó la pobreza y que ya no es la de niños sin zapatos. Pero creció la desigualdad en paralelo. Hay un sector que se apodera de todo ese crecimiento de una manera brutal. Y contra eso se está rebelando esta historia. La oposición que se crea entre este nuevo pueblo y esta nueva neo-oligarquización neoliberal es distinta al conflicto social que hayamos podido tener en el siglo XX. El "oasis" de Piñera es uno en el que está su casa y la de sus vecinos. Hay un nivel de mercantilización y privatización de la vida que, en nombre de la libertad que nos trajo el neoliberalismo, nos terminó robando la soberanía y el control de nuestras propias vidas. La Concertación no privatizó, pero concesionó. Los gobiernos de la Concertación fueron simplemente neoliberales. En Chile no existe nada público hace ya mucho tiempo. Y entonces, en esa distancia entre política y sociedad, la situación explota con estos niveles que han sido advertidos de inorganicidad política. Aquí es donde empieza a ocurrir algo interesante, que tiene que ver con la aparición de un enjambre de nuevas coordinadoras.

--¿Coordinadoras en tanto nuevos actores sociales?

--Diferentes a los viejos actores sociales. Me refiero a las coordinadoras de la soberanía del agua, de las pensiones, las distintas coordinadoras feministas, etc. Coordinadoras que responden a nuevos focos de conflicto propios de este siglo de expansión capitalista de fines del siglo XX. Chile es un laboratorio, por el nivel extremo al que han llegado estas cosas. Se empiezan a constituir nuevas formas de organización para responder a esas cuestiones. Se verá en qué medida madurarán o no como los grandes actores sociales de este período, pero es indiscutible que son quienes más efectividad tienen para llamar a las marchas. En cambio, las viejas centrales sindicales en este momento no movilizan a nadie. Lo que ocurre en las calles es impresionante. Chile ya despertó. Las versiones más lucidas del empresariado deberían darse cuenta de que si quieren paz social eso tiene un costo y tienen que meterse las manos en el bolsillo. En algunos sectores empresariales esa discusión está transcurriendo, pero todavía no hay una claridad con cómo enfrentar esta situación. El sistema de presiones que se expresa arriba de la figura presidencial es tremendo. Piñera pasó de decir que escuchó al pueblo a decir que estábamos en guerra.

--Se habla de 22 personas fallecidas, más de 2 mil heridos y 6 mil detenidos. ¿Hay registros de esto?

--Es muy preocupante. Recién ahora se están construyendo los registros de lo ocurrido. Tenemos una delicada situación con los derechos humanos. Las cifras que se manejan a este respecto son muy dispares e indeterminadas. Los casos más emblemáticos en el último tiempo son los de pérdida de visión; un alto número de jóvenes víctima de trauma ocular por el uso de balines disparados directamente a la cara. Hay una cosa conservadora contra la adolescencia que es brutal. Se habla también de violaciones masivas a muchachas jóvenes en cuarteles policiales y centros de detención. Lamentablemente la sociedad ha tenido que pagar un costo muy grande para empezar a sacarse de encima una Constitución que va para 40 años.

--Sobre este último punto, el jueves 14 se llegó a un acuerdo parlamentario para una nueva Constitución. ¿Cómo cree que seguirá todo a partir de este anuncio?

--Lo que queda claro es que el pueblo chileno no está pidiendo ser representado sino que está exigiendo participar. Por lo tanto, el tema de una nueva Constitución tiene que llevar a formas de participación muy relevantes. El cómo no es secundario. La oferta presidencial apunta más bien a una especie de reforma constitucional encerrada en el Parlamento. De modo que es muy difícil que así vayan a resolver los instintos de movilización popular. El gobierno continúa con una defensa cerrada del modelo socioeconómico, de las ventajas y privilegios que establece para una casta muy pequeña. Eso deja las cosas en muy mal pie para poder vislumbrar avances hacia cualquier acuerdo social mayor. Es necesario avanzar también en una agenda de corto plazo, más allá de una agenda de mediano plazo.

--¿Qué cuestiones debería atender cada una?

--Por un lado, hay una agenda de mediano plazo, que es sobre la que se está insistiendo y que tiene que ver en el fondo con deshacernos de la Constitución que nos heredó Pinochet. Transformar esa Constitución significa una discusión sobre cómo cambiar el modelo de desarrollo, el tipo de inversión extranjera, y cómo construir derechos sociales sobre ciertas cosas mercantilizadas de la vida, entre otros puntos. Pero una nueva Constitución no va a estar operando en el corto plazo; hay que avanzar pero sabiendo que es de mediano plazo. Y habrá que buscar los mecanismos participativos, en medio de la crisis de legitimidad de las instituciones políticas, que permitan dar garantías de modificar ese camino. Por otro lado se necesita una agenda corta, en la que se atiendan cuestiones muy concretas como la cuenta de la gente a fin de mes, los precios de los medicamentos, el acceso a los ahorros de los fondos de pensión... Porque en nombre de la libertad no nos dejan acceder a nuestros fondos de pensiones. Hay 37 mil enfermos terminales que no tienen acceso a sus fondos de pensiones de ahorro. Se trata de abrir un nuevo ciclo histórico, con un cambio de modelo de desarrollo, con una reforma al sistema de Estado y un cambio de régimen político. En torno a esa posibilidad de liderar un horizonte para ese ciclo histórico es donde van a tener que madurar ciertos liderazgos políticos. Ahí se va a probar realmente cuál empieza a ser la izquierda del siglo XXI.

--Con la aprobación de Piñera en un 13%, ¿cómo imagina los meses venideros del gobierno?

--Su situación es muy precaria. Un régimen político tan marcadamente presidencialista como el chileno está en este momento con una figura presidencial muy débil; el panorama es de un régimen presidencialista sin presidente. Algunos días atrás anunció la promulgación de más leyes represivas, con formas de detención mucho más arbitrarias de las que ya teníamos, un repliegue autoritario que no facilita llegar a un diálogo. De momento la situación es muy cerrada. Quedan no pocos intersticios para aventuras más autoritarias, sobre todo de sectores más de ultraderecha. No creo que pueda haber una hegemonía muy larga de ese tipo de aventuras, pero sí puede haber una situación de dos o tres semanas muy negras. De ahí que la protesta social tenga que ser muy responsable, porque tiene que entender que la única vía para resolver sus problemas, sus intereses sociales, es la democracia. Cierto empresariado no la está defendiendo y el presidente tampoco. Nosotros somos los que tenemos que evitar las provocaciones de la derecha y aferrarnos a la democracia.

--Señala que hoy la defensa de la democracia en Chile está en manos del pueblo. En paralelo, en la últimas horas se perpetró un golpe de Estado en Bolivia.

--De manera muy clara, hay que condenar cualquier aventura golpista. En América Latina sabemos a un precio muy alto lo que eso significa. La injerencia militar, y en particular esas oligarquías racistas que hay en Bolivia, son condenables de manera irrestricta. A esto añadiría, y lo haría como un reclamo a las fuerzas progresistas y de izquierda en general, que tenemos que reflexionar acerca de por qué pasan estas cuestiones. Una reflexión que no existió, por ejemplo, sobre lo sucedido en Nicaragua. Cómo se terminan desvirtuando ciertos procesos de transformación popular. En el caso boliviano hay un ensanchamiento y una mayor complejidad de la alianza social sobre la que se sostenía el proyecto de transformación que no fue adecuadamente incorporada en los últimos años en términos políticos y de participación. Por lo tanto ahí se produce también cierta dosis de resquebrajamiento de esa alianza social de sustento político, y esto lo aprovechan el militarismo, las oligarquías racistas y la que nunca falta en América Latina, la injerencia extranjera. 

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Iraq se fusiona finalmente en un soplo revolucionario. Entrevista

Tácticas inéditas, enfrentamientos internos en el ámbito chiita, debilitamiento del prisma confesional, amplitud de la represión...La investigadora Loulouwa al-Rachid vuelve a las manifestaciones revolucionarias que sacuden Iraq desde hace un mes.

Entre los países que las han conocido este año 2019, Iraq es donde al mismo tiempo la represión ha sido más sangrienta y la protesta más sorprendente: manifestantes chiitas se enfrentan a un poder mayoritariamente chiita, revuelta de adolescentes en vertiente táctica de los juegos de video, papel central de los conductores de triciclos motorizados, sacudida de las visiones confesionales y étnicas normalmente adoptadas cuando se analiza el país…

Para la investigadora Loulouwa al-Rachid, especialista en Iraq y hasta hace poco vinculada al Carnegie Middle East Center (Beirut), la situación inédita, prerrevolucionaria, supone choques múltiples y flagrantes del régimen forjado en 2003 después de la caída de Saddam Hussein y amenaza el statu quo, tanto dentro del país como en sus fronteras, con mayor fuerza de la que se benefician sólo unos pocos.

La entrevista la realizó Joseph Confavreux.

¿Es inédita la actual movilización en Iraq?

Sí y no. Iraq experimenta ciclos constantes de manifestaciones de mayor o menor alcance, más o menos duraderas y se conoce como un país de revueltas. En el imaginario colectivo, es un país en ebullición constante, indomable e ingobernable. Iraq ha conocido manifestaciones en 2011, otras explosiones en 2015, en 2017 y durante el verano de 2018 en Basora. Sobre lo único que están de acuerdo los iraquíes, es que viven en un país de intifada desde al menos 1920 y el levantamiento nacional contra el mandato británico, cuya represión, con los primeros bombardeos aéreos en la historia del país implicó miles de muertos.

Así pues, cada rebelión se inscribe en un continuum revolucionario. La cólera, su rapidez de propagación, la virulencia de los manifestantes, el coraje de luchar, aunque les cueste la vida, la denuncia de la corrupción: todo eso ya estaba presente en los movimientos previos, pero sin duda no con la intensidad que se ha visto desde principios de octubre.

Sin embargo, este levantamiento es inédito; ante todo porque ha estallado donde menos se le esperaba. Normalmente, estalla en el sur, en Basora, ciudad muy afectada en términos sanitarios y socioeconómicos. Pero a partir del levantamiento del verano de 2018, el gobierno mejoró el aprovisionamiento eléctrico en esta segunda gran ciudad del país para “comprar” la paz social. En esta ocasión, el conflicto estalló en Bagdad, más concretamente en el cinturón de pobreza que rodea la capital, precisamente en Sadr City. Este arrabal, edificado a finales de 1950 para alojar a los campesinos venidos a la ciudad, reúne hoy casi la cuarta parte de los habitantes de la capital. A partir de allí la revuelta se extendió a las grandes ciudades del centro (Nadjaf, Kerbala, et.) y sur del país (Nassiriyya y Basora).

Este levantamiento también es inédito porque implica olvidar las visiones confesionales o étnicas que se mencionan siempre al hablar de Iraq. Hoy el conflicto surge con bases estrictamente socio-económicas. La parte de los sunnitas que rechazaban el orden político posterior a 2003 no existe. En su lugar aparecen manifestantes chiitas que se enfrentan a un poder manejado por la mayoría chiita. Los kurdos y los sunnitas quedan como espectadores no sin cierta satisfacción de ver como los chiitas se destruyen entre sí, aunque también tengan quejas contra el poder central.

Además, es la primera vez que las mujeres tienen tanta visibilidad en la plaza Tahrir. Eso muestra que desde 2003 la sociedad iraquí se mueve, pese a la losa de plomo del conservadurismo impuesto por el islamismo chiita en el poder o el salafismo de las regiones sunnitas. Se ven mujeres jóvenes, sin velo y en pantalones, mezclarse en las manifestaciones sin temor al acoso sexual. Lo que muestra a la vez evoluciones ocultas sobre el papel de la mujer, y que vivimos un momento de cambio en los marcos sociales habituales que se tambalean.

Finalmente, otro elemento es la vuelta al escenario de órganos constituidos, de los sindicatos, que estaban en coma. Los médicos, los obreros del sector petrolero, los profesores han llamado a la huelga general, lo que es nuevo. Los trabajadores del puerto de Basora llaman a bloquear lo que supone el pulmón económico del país, decisivo en este caso dado que la mayor parte de los productos de primera necesidad se importan por allí. Es como si toda la sociedad iraquí se fusionara finalmente en un soplo revolucionario.

¿También es inédita la amplitud de la represión?

Sí, sobre todo si la comparamos con Argelia movilizada desde hace meses sin que haya ni un muerto. En Iraq, el balance es terriblemente pesado, con más de 250 muertos y 8.000 heridos en un mes. Además de la represión directa de las manifestaciones con tiros y gases lacrimógenos, se producen campañas de arrestos; de desapariciones de intelectuales y militantes.

Y sin embargo estamos en un país que teóricamente es democrático. Se han celebrado desde 2005 varias campañas electorales, con cierto grado de pluralismo y de alternancia política, así como libertad de prensa. En Iraq como en Líbano, no nos enfrentamos a un dictador como en Egipto, o a una institución todopoderosa, el ejército, como en Argelia; sin embargo, tanto los manifestantes iraquíes como libaneses quieren “la caída del régimen”.

La razón es que, a pesar de esta fachada democrática, el régimen está en un callejón sin salida y se muestra incapaz de asegurar un mínimo de regulación socio-económica. Por supuesto la explicación es la gran corrupción de las élites dirigentes y las administraciones públicas, pero hay que entender que esta corrupción equivale a un sistema bien engrasado de depredación de los recursos públicos a gran escala; el dinero de la renta petrolera se desvía en provecho de una oligarquía dispuesta a defender sus privilegios al coste de una represión brutal y sanguinaria. Si quiere preservar el statu quo, el régimen apenas tiene otra opción que convertirse en régimen autoritario y represivo, imitando a sus homólogos árabes.

La particularidad de Iraq es que nos encontramos con un Estado que reprime, ¡pero que afirma no conocer a los agentes de su represión! Las fuerzas armadas -policía, ejército, tropas anti-motines y anti-terroristas- afirman que no es en su seno donde se encuentran los francotiradores que disparan sobre los manifestantes. La comisión de investigación sobre la violencia contra los manifestantes fue incapaz de señalar a los culpables. Aún no se sabe a quien obedecen los hombres uniformados, a veces de negro, otras de verde, que se han visto actuando.

Subraya que se trata de un conflicto interno del mundo chiita. ¿A qué se refiere y qué implica esto?

El levantamiento tiene innegablemente rasgos chiitas. A partir de la gran manifestación del 1 de octubre, reprimida sangrientamente, las manifestaciones han continuado, pero no obstante siempre han marcado una tregua para respetar la marcha del Arbain. Esta importante fiesta religiosa chiita señala el final del duelo del martirio del imán Hussein, que implica la marcha a pie a la ciudad santa de Kerbala, donde lo mataron. A lo largo de las carreteras que convergen en Kerbala, los habitantes, las familias acomodadas en particular, abren sus puertas y alimentan a los peregrinos, exactamente como lo han hecho esta vez, llevando ollas enormes de alimentos a los manifestantes de la plaza Tahrir.

Desde luego, en esta revuelta juvenil, hay elementos que se repiten en otros países árabes: el empobrecimiento masivo de la población, infraestructuras lamentables, una tasa de desempleo astronómica...Podríamos aplicar este marco de referencia socio-económica al Líbano, Sudán, Egipto, al Rif marroquí, a Argelia. Pero en cada país, la revuelta se inscribe en un texto distinto; en una trama nacional concreta; por ejemplo, en Argelia, la manifestación del 1 de noviembre inscribe la revuelta popular alineada con la guerra de independencia contra Francia, como la voluntad de liberarse de un régimen militar percibido como extraño a la sociedad.

En Iraq existe esta problemática concreta del chiismo, llegado al poder después de 2003 favorecido por el derrocamiento de Sadam Hussein por los norteamericanos. ¿Qué ha hecho de este poder? Es un fracaso total con todas las letras. La clase política dominante chiita no ha sabido hacer funcionar socio-económicamente el país ni el nuevo régimen político; ni elaborar un proyecto nacional consensuado. Me temo, que si hoy hiciéramos un sondeo, una aplastante mayoría de iraquíes, integrando todas las confesiones, no dejarían de preferir la vuelta del antiguo régimen frente a lo que viven hoy…

Ahora bien, detrás de la movilización popular actual, se leen, entre bastidores, las intensas rivalidades del mundo político chiita que es un mundo plural, ideológica, cultural y económicamente: está atravesado por una violente lucha de clases que se niega en nombre de la unidad y defensa del chiismo.

¿Cuáles son las fuerzas rivales en el seno del mundo chiita iraquí?

Hay, ante todo, los islamistas del poder, vueltos del exilio en 2003, que lo monopolizan desde todos los engranajes políticos. Mayoritariamente han salido de las grandes formaciones políticas como el partido Al-Dawa (La llamada Islámica) consideran que tienen una legitimidad histórica: el precio de la sangre vertida frente a la dictadura de Sadam Hussein. Al-Dawa ha dado al país varios primeros ministros (Nouri al-Malikj y Haider al-Abadi). Son islamistas “moderados” que sobresalen en el pragmatismo y la política, “política”; hoy no pueden pretender ninguna dirección moral, tanto les ha corrompido el poder y la renta petrolera. Forman más bien una élite solo preocupada por el desmembramiento del poder y por sus prebendas.

Al lado de esto, desde 2003 ha emergido otro islamismo chiita en el interior. Es un chiismo populista y miliciano. Su componente más sólido está encarnado por Moqtad al-Sadr, que tiende ampliamente a la demagogia, con escasa experiencia de poder y de escenarios internacionales, pero que puede vanagloriarse de representar a los desheredados.

También hay todas las otras milicias armadas que han proliferado en el país en nombre de la lucha contra el Daesh, hasta el punto de convertirse en instituciones. Es la llamada “movilización popular”. Estas milicias poseen una legitimidad religiosa ya que dicen haber nacido de una fatwa religiosa del ayatolá Sistani, que representa la más alta autoridad religiosa del chiismo iraquí. Hoy reclaman su parte de la tarta, con tanto más vigor al estar coronados con la victoria contra el Estado islámico. Ideológicamente están próximos a Irán y se consideran sobre todo un modelo de los Guardias de la revolución iraníes.

Las últimas elecciones legislativas de 2018, han cambiado las cartas, dado que la corriente sadrista y la de la movilización popular han entrado con fuerza en el parlamento, hasta el punto de constituir respectivamente, el primero y el segundo bloque. Este chiismo armado tiene un pie en el poder y otro fuera. Controla ministerios y núcleos administrativos lucrativos, pero se presenta como virgen de la corrupción del poder y amenaza romper la baraja en cualquier momento, si no obtiene una mayor parte del pastel.

La cuestión central hoy en Iraq radica en la salida de esta relación de fuerzas entre dos chiismos políticos, a veces aliados, a veces enfrentados.

Lo que sorprende, cuando se ven las manifestaciones en Iraq, es la extrema juventud de los manifestantes y el hecho de que, entre los muertos y los heridos solo se ven habitualmente caras de adolescentes...

Esta revolución es una revolución de jóvenes e incluso de muy jóvenes, llegados de los márgenes desheredados de la sociedad. En efecto, entre 15-25 años, a menudo adolescentes, son los actores principales de la revuelta. Buen número de entre ellos han tenido que transformarse en cabezas de familia, con padres muertos, desaparecidos o huidos por la violencia y las sucesivas guerras. Trabajan en la economía informal para alimentar a toda la familia. Según el Banco Mundial, el 60% de los iraquíes son menores de 25 años y su tasa de desempleo supera el 40%.

Pero esta movilización es sorprendente más allá de las condiciones socio-económicas en que están los jóvenes. Así, los héroes de este levantamiento son los conductores de triciclos que transportan diariamente paquetes y trabajadores a jornal, en la construcción y el comercio, venidos de los arrabales. Mientras que, a los ojos de muchos iraquíes, encarnan los bajos fondos y las clases peligrosas, acusados de acosar a sus hijas y de comportarse como delincuentes que embotellan las ciudades, han estructurado la movilización distribuyendo agua a los manifestantes y haciendo servicios de ambulancia.

Otro aspecto sorprendente es la forma en que estos jóvenes contemplan su entrada en el escenario político como un juego de video. Se les denomina la “generación PUBG” por el nombre de un juego de video que tiene millones de adeptos en Iraq, Players Unknown’s Battlegrounds. El jugador es lanzado en paracaídas sobre un campo de batalla desconocido y ha de espabilarse para encontrar víveres y armas. En la forma como se desplazan, como erigen barricadas, los jóvenes manifestantes se inspiran en los que juegan diariamente. En abril 2019, el Parlamento iraquí, que no se corta un pelo en legislar sobre lo que sea, ya había votado una ley prohibiendo estos juegos de video que incitan a la violencia. Pero como el gobierno iraquí no tiene ninguna capacidad de acción, la prohibición se quedó en letra muerta, aunque fue apoyada por los clérigos chiitas.

¿Qué se puede decir del “campo de batalla” de los jóvenes revolucionarios?

Como en el juego PUBG, hay que tomar una fortaleza; a saber, la “zona verde”. Esta se encuentra, respecto a la plaza Tahrir, que constituye el epicentro de la revuelta, al otro lado del Tigris, pasado el puente de la República, Esta zona verde, fuertemente vigilada, concentra los lugares del poder: el Parlamento; los ministerios; la sede del Consejo de Ministros y prácticamente todas las embajadas extranjeras, las de Irán y Francia aparte. Se ha convertido en una ciudad dentro de la ciudad, con hoteles de lujo, clubs de deporte, inmunizada respecto al resto de la sociedad iraquí.

Lo que es interesante, es que a la entrada del puente, un edificio denominado el “restaurante turco”, cuya historia y la forma actual de explotación explican muchas cosas sobre lo que es Iraq. Este edificio de 14 plantas construido en 1983, debía ser un gran centro comercial que nunca nació, aunque se instaló un restaurante panorámico turco en la última planta, con una vista dirigida sobre el Tigris y la plaza Tahrit. Fue duramente bombardeado en 1991, durante la guerra del Golfo, reconstruido después, antes de ser nuevamente bombardeado por los norteamericanos en 2003.

En esta ocasión el edificio fue totalmente abandonado, mientras circulaba el rumor de que había sido contaminado con sustancias radiactivas, Pero en el momento de la primavera árabe de 2011, las fuerzas del orden del gobierno de Maliki ocuparon el edificio y los francotiradores dispararon desde los pisos vacíos sobre los manifestantes contribuyendo a ahogar en su inicio el levantamiento.

Para evitar que la historia se repita, a principios de este mes de octubre, el primer objetivo de los manifestantes fue ocupar este edificio. Los jóvenes fueron allí, escalaron las fachadas y lo han convertido en cuartel general de la revolución ondeando pancartas y banderas iraquíes. La forma en que los revolucionarios se refieren a dicho edificio es muy significativa. Algunos lo denominan “los jardines colgantes de Babilonia”, en referencia a los racimos humanos sentados en los pisos sin barandillas, con las piernas colgando en el vacío. Esta referencia permite acercarse a la historia de Mesopotamia, la de un Iraq cuna de civilizaciones.

Otros lo llaman “Jabal Uhud”, nombre tomado de la hagiografía islámica, dado que el monte Uhud, situado al norte de Medina, fue el lugar donde se reagruparon los primeros musulmanes que libraron batalla a los herejes y con los que se identifican los jóvenes alzados.

Iraq siempre ha oscilado entre estos dos polos de identidad nacional: ¿se insiste en Mesopotamia para superar las divisiones étnicas y confesionales o sobre la religión, con el peligro de atizar las tensiones entre sunnitas y chiitas?

A esto se añade una minoría que se manifiesta mediante la expresión “intifada oktober”. Pero la expresión oktober no existe en el árabe iraquí, en el que el mes de octubre jamás se ha llamado así. La referencia por tanto se ha hecho directamente a la revolución de octubre de 1917, muestra del hecho de que Iraq fue el país que antes tuvo el Partido Comunista más potente del mundo árabe.

Por lo que se refiere a los eslóganes, dos son los dominantes: “Salgo para ejercer mis derechos” y “Quiero una patria”. Más allá de la denuncia de la corrupción y de las injusticias sociales, se vuelve a la identidad de Iraq y sus componentes: el pasado mesopotámico, el islam, el islamismo, el viejo fondo revolucionario marxistizante, las relaciones con el entorno regional, empezando con Irán…

¿En qué condiciones es probable una salida de la crisis? ¿Cuál puede ser ante todo el papel de Moqtada al-Sadr, a la vez encabezando un poder miliciano y del primer bloque parlamentario?

Actualmente hay en Iraq una negación de la profundidad de la crisis, y que tiene tal entidad que resulta difícil mirarla de cara. No basta con anunciar algún desbloqueo de fondos como pueden calmarse las cosas. El sistema político en realidad está huérfano de toda capacidad de actuación. El gobierno no tiene el monopolio de la violencia legítima y ha perdido su palanca financiera, considerando el coste de la guerra contra el Daesh y la caída del precio del petróleo desde 2013-2014.

Cuando Maliki era primer ministro, el precio del barril se situaba por encima de los 100 dólares y el gobierno aun podía tratar de comprar la paz social a golpe de subvenciones y de creación de empleos en la función pública, cuyo tamaño se multiplicó por cuatro desde 2003. Actualmente, está obligado a recurrir al endeudamiento para financiar sus gastos, principalmente militares. La deslegitimación de ese poder es tal que se oye a ciertos manifestantes apelar a una tutela internacional, o cuando menos a elecciones controladas por las Naciones Unidas, que desembocarían en una nueva Constitución.

En ese contexto, un elemento clave será la variable Moqtada al-Sadr, que es el principal aguafiestas del sistema lo que lo dice todo, que es conocido por sus cambios de aliados; un día puede incitar a sus tropas a quemar la bandera iraní y al día siguiente estar en Teherán al lado de los altos dignatarios iraníes. Es el chiquillo turbulento del sistema imposible del Iraq post-baasista. El mismo está dividido entre la matriz del islam político chiita y una iraquidad a la que le cuesta transformar en una fórmula de gobierno. Así, acaba de ordenar a sus partidarios retirarse de la plaza Tahrir, después de haberles impulsado a hacerlo. Ha llamado a dimitir al primer ministro, antes de cambiar de criterio.

Moqtada, cuyo padre fue un dignatario religioso muy popular, asesinado por el régimen de Saddam en 1999, tiene una capacidad de movilización inmensa, que heredó, pero que corre el riesgo de dilapidar, de la forma en que Saad Hariri, en Líbano, malgastó la herencia económica y política de su padre asesinado.

Desde 2003, Moqtada al-Sadr lo ha intentado todo. Al comienzo llamó a tomar las armas contra la ocupación norteamericana, envió tropas contra el gobierno de Maliki, contra el clero encabezado por el ayatolá Sistani...Posteriormente ha terminado por adoptar una posición legalista y reformista, con un bloque parlamentario y ministerios, pero entonces ha vivido lo que les había sucedido a otros partidos de gobierno: corrupción, cambios de alianzas, compromisos...Esto debilitó su credibilidad y la solidez de su organización.

Haga lo que haga Moqtada, en ese contexto de tensiones internas en el mundo chiita, no habrá solución mientras no se aborden las injusticias sociales y las infraestructuras. La sociedad iraquí se halla fuertemente polarizada entre cinturones de pobreza y de pequeñas y grandes burguesías urbanas que se benefician de los empleos en la función pública y los circuitos de redistribución de renta. Por su parte, la clase política dirigente, ha amasado fortunas inmensas y se apoya en los dirigentes religiosos, que se sitúan también en posiciones de ambigüedad, unas veces llamando a la calma y otras sosteniendo a los jóvenes chiitas rebeldes. Los clérigos chiitas, que también son una institución económica y financiera, tienen todo que perder con la tabla rasa de una cólera popular que también los toman como objetivo, por haber sido cómplices del sistema.

¿Cuáles son los escenarios posibles?

La única capacidad de actuación que todavía tiene el régimen, es bloquear todo cambio auténtico. Y no veo tampoco que incluso un cambio del primer ministro pueda bastar para hacer volver a sus casas a los manifestantes convencidos de hacer tabla rasa. Podemos imaginarnos que la represión vencerá a los entusiastas revolucionarios; podemos imaginar que la situación permanezca equilibrada; incluso que la represión aumente el peligro de una guerra civil entre chiitas en una sociedad donde todo el mundo está armado. Bagdad concentra, como ninguna otra ciudad del país, fuerzas armadas, regulares o no. Si la situación se escapa de control en la capital, habrá que esperar un baño de sangre, de cuyo potencial ha dado muestras las primeras semanas de manifestaciones.

El futuro dependerá también de Irán, que trata de arbitrar las cosas para mantener un statu quo concreto forjado por los norteamericanos, pero del que se aprovecha sobremanera. En efecto los iraníes están muy presentes en la economía y la sociedad iraquíes. Irán no puede desinteresarse de Iraq, porque es una palanca de influencia regional, con un suministro de combatientes susceptibles de intervenir en Siria o en otras partes; un país petrolero; una salida para la exportación de sus productos y un sistema bancario que le permite, por su intermediación, zafarse del yugo de las sanciones norteamericanas. Pero Iraq es también para ellos, una cuestión de política interna.

Kerbala y Nadjaf constituyen importantes centros religiosos con clérigos venidos del conjunto del universo chiita. El ayatolá Sistani, él mismo de origen iraní, que encabeza a los clérigos de Nadjaf, representa un chiismo apolítico, más liberal, preparado para jugar el papel de la democracia representativa, que propone otro modelo diferente al de la República Islámica de Irán, donde los clérigos están a la cabeza del Estado. Así pues, Irán se encuentra constreñido a arbitrar entre diferentes facciones chiitas iraquíes, para evitar un vuelco hacia una guerra entre chiitas que sólo podría perjudicarle.

Es usted especialista en Iraq, pero vive actualmente en Beirut. Se oyen eslóganes del tipo: “Bagdad, Beirut, el mismo combate. ¿Es algo más que un eslogan?

Se habían oído eslóganes de este tipo en 2015, cuando los libaneses se movilizaban diciendo: “You Stink”, (Apestáis, NdT) dirigidos a la clase política incapaz de gestionar la crisis de las basuras, y al mismo tiempo había un inicio de movilizaciones en la plaza Tahrir de Bagdad. Siempre es bueno para la moral de los manifestantes, de ambas partes, insertarse en un continuum revolucionario, aunque sea virtual y se circunscriba a las redes sociales.

Pero, por una parte, no existen contactos reales entre los manifestantes de Beirut y los de Bagdad; por otra, hay una territorialización clara y neta de esas dinámicas, en cada país. En Iraq, las manifestaciones se dan en Bagdad y las grandes ciudades chiitas, nada en el Kurdistan o en las provincias sunnitas destruidas y traumatizadas. Si ya es difícil unir Bagdad a Mosul, aún los es menos con Beirut.

Por Loulouwa al-Rachid

15/11/2019

investigadora especializada en Iraq y vinculada al Carnegie Middle East Center (Beirut)

Fuente:

https://www.mediapart.fr/journal/international/101119/l-irak-fusionne-enfin-dans-un-souffle-revolutionnaire

Traducción:

Ramón Sánchez Tabarés

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El líder supremo de la revolución iraní, el ayatolá Ali Khamenei

El líder supremo de la revolución iraní, el ayatolá Ali Khamenei, ha respaldado las medidas del gobierno de Teherán para incrementar el precio de la gasolina que esta semana han causado disturbios en distintos puntos del país.

El bloqueo impuesto por Estados Unidos contra Irán está empezando a hacer daño y muy posiblemente la situación económica continuará deteriorándose en un futuro próximo, algo que puede conducir a una mayor inestabilidad interior y también en el conjunto de Oriente Próximo.

Se ha de decir que la inestabilidad en Oriente Próximo no causa ningún temor a Estados Unidos e Israel, las potencias hegemónicas que promueven la inestabilidad allá donde pueden, no solo por la venta masiva de armas sino también porque beneficia a sus objetivos estratégicos.

«Algunas personas sin duda están preocupadas por esta decisión», dijo Khamenei, «pero el sabotaje y los incendios son obra de hooligans y no de nuestro pueblo. La contrarrevolución y los enemigos de Irán siempre han apoyado el sabotaje y la quiebra de la seguridad, y van a continuar haciéndolo».

La policía antidisturbios se enfrentó en los últimos días a los manifestantes en Teherán y en otras localidades, unas protestas que en algunos casos fueron violentas.

El precio de de gasolina ha subido un 50 por ciento, de 10.000 riales a 15.000 riales el litro, es decir unos diez céntimos de euro. Además, la adquisición de este líquido se ha racionado y las compras adicionales de gasolina costarán a 30.000 riales el litro, es decir unos 20 céntimos de euro.

En las protestas han muerto varias personas, según admitió Khamenei, y se ha destruido propiedad privada y gubernamental en distintas localidades.

Aunque inicialmente tenían un carácter económico y denunciaban la carestía de la vida, las protestas pronto han adquirido tintes políticos.

Según Khamenei, el incremento del precio de la gasolina fue recomendado por expertos económicos y se debe aplicar, pero el líder supremo añadió que las autoridades no deberían aplicar el incremento de los precios a otros productos.

La medida del gobierno indica a las claras que la situación económica es delicada y no hay que descartar que tenga repercusiones políticas. Las sanciones podrían conducir a un endurecimiento de las condiciones de vida en el país, y también al endurecimiento de las condiciones políticas.

Por Eugenio García Gascón

18 noviembre 2019

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Sábado, 16 Noviembre 2019 05:55

El acuerdo político no llevó paz a la calle

Una manifestante es llevada detenida por la policía chilena en Santiago.  ________________________________________ Imagen: EFE

El 20 de abril se vota por si o por no a una nueva constitución y de qué manera estará integrada la convención constituyente.  Pero sigue la movilización callejera y la represión.

El gran acuerdo nacional parlamentario anunciado a las 3 de la mañana de ayer para escribir una nueva constitución en Chile es, hasta ahora, la única respuesta de peso en los mas de 28 dias de estallido social. El presidente de Chile, Sebastián Piñera, al principio largó una declaración de guerra, luego un congelamiento de tarifas, después un aumento de pensiones, la anulación del incremento tarifario del subte y hasta un recambio total de su gabinete. Nada de eso detuvo las manifestaciones. 

El anuncio de madrugada tampoco. Ayer seguian llegando de a miles a la Plaza de la Dignidad. Siguen los gases, los camiones hidrantes, las piedras, las barricadas, la pintadas, los cánticos y las comparsas. Antonia es una joven estudiante q lleva un pañuelo verde para protegerse de los gases y una cacerola y una cuchara y dice que ¨la propuesta de una nueva constitución es un buen paso pero que no se habla de la vulneración a los DDHH ni de la necesidad de justicia.¨

La forma en la que se redactará la nueva carta magna encierra dudas y desconfianzas. El partido Comunista fue el único que no firmó el acuerdo. La sociedad también desconfía de una solución elaborada por una clase política duramente cuestionada. Dice Ineés, una mujer de 59 años que movia una bandera mapuche en la enorme marcha de ayer, q la propuesta parlamentaria ¨no tiene nada que ver con las demandas sociales del pueblo, q ellas no están en la constitución y q necesitamos q nos mejoren el sistema de educación y de jubilaciones y pensiones¨.

Al mediodia de ayer el gobierno tapizó el piso de la plaza con sabanas blancas, las estatuas y monumentos también, en señal de ¨la pagina en blanco¨ que proponen para escribir una nueva constitución. Un sospechoso contraste a la arrebatada declaracion de guerra al ¨enemigo poderoso¨. Por eso hay desconfianza. Luego de unas horas quitaron las sabanas blancas por temor a q los manifestantes q llegaban las prendieran fuego. 

Pero, ¿cual es la propuesta? Llamar a un plebiscito para el 20 de abril (no obligatorio) donde se vote por si o por no a una nueva constitución y de qué manera estará integrada la convención constituyente. Para ello proponen una integración de 50 por ciento de delegados parlamentarios de todos los partidos políticos y 50 por  ciento de delegados ciudadanos o, la otra opcion, 100 % de delegados ciudadanos constituyentes. Cualquiera sea la formula ganadora (50 y 50 o 100 por ciento) los constituyentes deberán ser votados en la elección ya programada de medio termino en octubre y, a partir de ese mes, tomar 9 meses extensibles a 11 para escribir la nueva constitución que luego será puesta a disposición de lo que llaman Plebiscito de salida, y que será de voto obligatorio. Todo lo que se escriba en la nueva carta magna deberá tener la aprobación de los dos tercios de los constituyentes. La constitución nueva estaría terminada como para el 2021, un extenso tiempo para una sociedad apremiada y dispuesta a encontrarse con soluciones mas veloces.

 Es cierto que sepultar la constitución pinochetista es un gran paso de este proceso pero pareciera q los tiempos propuestos no sintonizan con el hastío y la premura de la sociedad. Matias dice que ¨es una propuesta para el pueblo pero sin el pueblo ¨ y reconoce que ¨puede descomprimir algo pero no soluciona nada ¨ . Mientras tanto ingresa a la plaza un enorme perro de cartón llamado ¨el mata paco¨ , un perro negro que, en las revueltas diarias, ataca a los policias sin temor y se ha vuelto el emblema de la lucha en las calles. Hay hasta un documental sobre el perrito. 

Los musicos se juntan y siguen tocando ¨el derecho de vivir en paz ¨ y los manifestantes saltan y saltan al grito de ¨el que no salta es un paco¨ y ¨Chile despertó ¨. Las distancias entre la clase política y la invasión alienigena que describiera la esposa del presidente Sebastián Piñera en un mensaje de wassap que se filtró hace 25 dias, parecieran no encontrar la sutura que devuelva la paz y la normalidad a las calles. 

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Miércoles, 13 Noviembre 2019 06:27

Piñera no puede frenar la protesta en Chile

Imágen satelital de la masiva marcha que ayer copó el centro de Santiago. Imagen: AFP

Al paro general y las masivas movilizaciones que se replicaron en distintos puntos del país, Piñera les respondió anunciando un aumento del cuerpo de carabineros.

Con un discurso de urgencia desde el Palacio de La Moneda, el presidente de Chile Sebastián Piñera se mostró decidido a endurecer su postura frente al conflicto social. Al paro general y las masivas movilizaciones que se replicaron en distintos puntos del país, Piñera les respondió anunciando un aumento del cuerpo de carabineros en las calles, y la presentación de querellas contra los manifestantes que generen disturbios. La única concesión del presidente fue la convocatoria a un plebiscito ciudadano tendiente a la reforma de la Constitución, una de las principales demandas de los manifestantes y la oposición chilena. Más temprano, Piñera había celebrado un acuerdo con la oposición que le permitirá implementar reformas tributarias. La jornada cerró con un desplome del peso chileno del 3,1 por ciento, y una baja en La Bolsa de Comercio de Santiago del 1,57 por ciento.

Pasadas las 10 de la noche, Piñera destacó los fundamentos de lo que llamó un acuerdo “por la paz, por la justicia y por una nueva Constitución”. Su primer anuncio tuvo que ver con el aumento de carabineros en las manifestaciones: “Hemos establecido la posibilidad de reintegración a Carabineros y a la PDI de todas aquellas personas que hayan tenido un retiro reciente y un servicio destacado”, destacó, amparado en los incidentes registrados durante el día en distintas regiones del país.

En la misma línea, informó que su gobierno presentará querellas contra aquellos manifestantes que generaron disturbios durante las movilizaciones que tuvieron su inicio el pasado 18 de octubre. “He instruido al Ministerio del Interior que presente querellas por Ley de Seguridad del Estado contra aquellas personas que han incitado o promovido la comisión de graves delitos”, expresó.

También se refirió a un acuerdo por la justicia, cuyo contenido no quedó demasiado claro: “Todos los chilenos tenemos que unirnos en torno a un acuerdo por la justicia, para poder impulsar todos juntos una robusta agenda social”.

A la vez, Piñera anunció que daba inicio al proceso de reforma constitucional. “Todos los chilenos tenemos que unirnos en torno a un acuerdo por una nueva Constitución, dentro del marco de nuestra institucionalidad democrática”, expresó.

En los últimos días, Piñera había anunciado que se encontraba dispuesto a iniciar un proceso de reforma, pero no se había manifestado a favor de un plebiscito. Esta vez, propuso la participación ciudadana: “Un plebiscito ratificatorio para que los ciudadanos no solo participen en su elaboración, sino que tengan la última palabra en el pacto social que Chile necesita”. Todavía no quedó claro si el plebiscito derivaría luego en una Asamblea Constituyente, como piden los manifestantes y todo el arco opositor chileno, o en un Congreso Constituyente, que es hasta ahora la postura oficial.

“La grave situación que vive nuestro país exige con urgencia dejar de lado todas las pequeñeces y actuar con grandeza, generosidad y patriotismo”, cerró su discurso Piñera. El presidente había empezado el día celebrando un acuerdo con la oposición que le permitirá aplicar una reforma tributaria. Gracias a esa medida, su gobierno recaudaría unos dos mil millones de dólares, destinados a financiar parte de los anuncios sociales realizados por el presidente días atrás.

Paro general con movilización

La jornada había arrancado con barricadas en varios puntos de Santiago y una multitudinaria marcha que reunió a decenas de miles de personas en la popular Plaza Italia, culminó una nueva jornada de protestas en Chile, a 26 días del inicio del conflicto. Se produjeron serios incidentes y enfrentamientos entre manifestantes y carabineros, que volvieron a reprimir la protesta con carros hidrantes, gases lacrimógenos y balas de goma.

Por la mañana, los cortes de calle impedían el paso de vehículos en algunos accesos a Santiago. La capital del país fue el escenario de una marcha que convocó a 80 mil personas de acuerdo a cifras oficiales. Los manifestantes avanzaron sobre la céntrica avenida Alameda, escenario de varias movilizaciones.

Flameando banderas chilenas y de los gremios que convocaban al paro, los manifestantes se agruparon en Plaza Italia, epicentro de las protestas desde el estallido social del 18 de octubre. Desde allí la movilización recorrió varias cuadras hasta la sede de la Central Unitaria de Trabajadores (CUT). Cuando los manifestantes pasaron por el frente del Palacio de la Moneda se registraron enfrentamientos con carabineros. También se produjeron incidentes y saqueos en Valparaíso. Más temprano, la Corte de Apelaciones de esa ciudad había aceptado un recurso de amparo presentado contra Carabineros, calificando como ilegal el accionar de los policías implicados, que balearon un adolescente de 16 años en una de las manifestaciones. La manifestación se nutrio de miles de chilenos que habían respondido a una convocatoria a hacer una huelga general de la llamada Mesa Social. Dicha agrupación reúne a más de un centenar de organizaciones sociales, entre ellas la Asociación Nacional de Empleados Fiscales, el Colegio de Profesores, trabajadores de la salud pública, empleados portuarios y de aeropuertos. Las escuelas públicas se sumaron al paro y gran parte de los privados también. La mayoría de las universidades permanece sin actividades desde el inicio del conflicto. Ni siquiera el mercado financiero le dio buenas noticias a Piñera. Durante la jornada del martes, el peso chileno se desplomó 3,1 por ciento y alcanzó su valor mínimo histórico, de 783,82 unidades, mientras que la Bolsa de Comercio de Santiago cerró con una caída del 1,57 por ciento.

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La oposición chilena rechaza plan de Piñera para nueva Constitución

Santiago. La oposición chilena rechazó ayer el anuncio del gobierno para un Congreso constituyente que formule una nueva Carta Magna que sea ratificada en un posterior plebiscito, lo que se suma a los fallidos intentos por calmar el estallido social que ya lleva 25 días.

Los puntos de disenso, incluso entre algunos congresistas oficialistas, radican en que el mecanismo propuesto por el presidente Sebastián Piñera estará a cargo de los congresistas en ejercicio, que en general tienen muy baja aprobación ciudadana, y en la realización de un plebiscito al final del proceso y no antes para conocer las demandas ciudadanas.

La vocera de gobierno, Karla Rubilar, afirmó ayer: "nuestro camino no es la asamblea constituyente... pero debe ser con participación activa", en un virtual portazo a la exigencia de la oposición de que sea una asamblea elegida democráticamente la que redacte una nueva Carta Magna para luego disolverse.

El anuncio fue hecho la noche del domingo por el ministro del Interior, Gonzalo Blumel, luego de una reunión de Piñera con algunos ministros y parlamentarios de su coalición Chile Vamos. Agregó que el proceso tendrá "amplia participación" ciudadana.

El gobierno hizo ayer nuevos anuncios. El ministro de Hacienda, Ignacio Briones, informó de un acuerdo con la oposición que destrabó la discusión del presupuesto para 2020, que considera una rebaja del precio de las tarifas del transporte público para adultos mayores y medidas para reprogramar el financiamento a los estudiantes morosos de una deuda que miles universitarios contrajeron, con altos intereses, con la banca privada. La rebaja para los ancianos y la revisión de las deudas con la banca eran uno de varios puntos exigidos por años por la oposición.

La Constitución chilena se convirtió en el segundo texto más comprado la última semana, según el informe semanal del periódico El Mercurio.

La Constitución chilena, que privatizó los servicios básicos, creó sistemas de educación y salud a los que se puede acceder según el poder adquisitivo y consagró el libre mercado, fue impuesta por la dictadura de Augusto Pinochet (1973-1990). La Carta Magna vigente dice que una reforma de su texto debe ser aprobada por los dos tercios de los congresistas.

Al atardecer, unas 2 mil personas se reunieron en una céntrica plaza de la capital, la misma que el 25 de octubre congregó a más de 1.2 millones de personas. La situación terminó como se ha hecho costumbre, con pequeños grupos de encapuchados que se enfrentaron con la policía, que a su vez dispersó a todos con chorros de agua y abundantes gases lacrimógenos.

El 18 de octubre un alza en la tarifa del Metro detonó incendios y ataques en la mayoría de sus estaciones y centenares de saqueos a supermercados seguidos por multitudinarias protestas por un amplio abanico de demandas que van desde mejoras en la educación, la salud y las pensiones hasta una nueva Constitución.

En los comienzos de la crisis Piñera anunció un paquete de leves mejoras sociales a las pensiones básicas, cuyo monto es de 146 dólares mensuales, y propuso proyectos para rebajar los millonarios sueldos de los congresistas y un alza en los impuestos de quienes ganan más de 11 mil dólares al mes, pero no logró atenuar las protestas.

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Sábado, 09 Noviembre 2019 06:14

El derecho de vivir en paz

Pintada en una pared de Santiago de Chile, año 2008. Imagen: Andrés Osojnik

Lo que pasa en Chile está más visto que contado. No cesan los relatos visuales escalofriantes, a su vez documentos sobre la represión descontrolada que castiga a hombres, mujeres, ancianos, niños, estudiantes, discapacitados; que castiga sin relación entre el balazo y el castigado. Lo que pasa en Chile nos envía también a nosotros al recuerdo de las épocas más oscuras y salvajes del siglo XX. Lo que vemos además nos reconfirma que la pelea con los grandes medios no fue un episodio argentino de la década pasada, sino que se trata de un dispositivo de blindaje que existió siempre, pero hace poco que tenemos conciencia colectiva de que los grandes medios, cuando se concentraron, fue para ser una pata más del neoliberalismo.

Los medios no sólo han actuado sólo contra los chilenos: le han ocultado al mundo qué había atrás de aquello a lo que le hacían propaganda. Y seguimos sin ver nada de Haití, seguimos sin coberturas sobre el genocidio por goteo en Colombia, no tenemos idea de lo que pasa en Africa. El nuevo intento de golpe en Bolivia se hizo visible también por las redes, en videos movidos, mostrando una de las escenas más bárbaras y asquerosas que puedan concebirse, con la alcaldesa de Vinto retenida por la turba de la derecha, vejada, golpeada, teñida de rojo. El odio es profundo y está acicateado, estimulado y otra vez quieren muertes. Y uno piensa, mientras escucha a los chilenos cantar de a miles El derecho de vivir en paz, que sí, que basta ya, que se traguen su odio y que se calmen, que a veces se gana y a veces se pierde, y que si pierden que soporten, como acabamos de hacer en la Argentina, a gobiernos que detestan. Pero la derecha no soporta no ganar. Y derroca, invade, injuria, encarcela, censura, miente, roba, mata.

Sin embargo, lo que pasa en Chile no viene sólo con el olor de la opresión, sino también con el perfume de las primaveras. Por muy poco menos que esto la prensa mundial habló de la primavera árabe, que terminó siendo su propio reverso. Y es una confesión de parte que los medios hoy no hablen de la primavera chilena: ven vándalos donde, cuando a sus mandantes les convenía, veían pueblos rebelándose contra la tiranía. Entendámoslo: el neoliberalismo es una forma de tiranía.

Lo que pasa en Chile viene con el olor turbio de la opresión, pero también con el perfume de aquella resistencia que, como en Chile nunca fue reivindicada institucionalmente, reaparece ahora con una fuerza acojonante. Ver tocar ante una multitud a la Sinfónica de Chile los temas de Víctor Jara es un fenómeno de renacimiento. Lo reprimido, lo aplastado, lo hundido a sangre y fuego por la vara de la normalidad de los militares y la elite, retoma su énfasis en un pueblo que hoy es otro y es el mismo. Eso es un pueblo, una cadena transgeneracional que conserva el fuego de su identidad encendido aun en las peores circunstancias. Hay varias generaciones que no son contemporáneas a Víctor Jara. Pero la cultura popular también tiene sus clásicos, que son los que en cualquier latitud, en cualquier idioma y en cualquier época expresan lo que necesita cantar el pueblo para hacer comunión con sus emociones. Y uno ve pibes de secundario cantar sus letras y entonar sus melodías, y ve y escucha un Te recuerdo Amanda que son ellos mismos, que son los de antes y los de ahora y serán los de mañana. La identidad chilena que fue condenada guardó sus íconos y sus tótems. Guardó su espíritu.

Decían que la historia había muerto. En uno de los lugares donde anclaron esa idea fue en Chile. Que la historia había muerto significaba que habían implantado un orden inmodificable. Y a ese orden le llamaron, desde entonces, “normalidad”. Atrás quedaban los crímenes de Pinochet. Como en España los de Franco. Durante décadas los impulsores del fin de la historia nos aturdieron con los magníficos atributos del Pacto de la Moncloa y con la Concertación chilena. El modelo exitoso que nunca acercaba el foco a la población de Chile sino que mostraba planillas con números. Cada tanto las revueltas eran tan grandes, especialmente las de los estudiantes y las de los mapuches, que teníamos noticias pero luego se apagaban, porque había vuelto la “normalidad”.

Esa normalidad incluye y siempre incluyó el abuso de poder. Chile hasta ahora ha sido un gran abuso, como lo han sido los últimos cuatro años argentinos. Somos pueblos abusados por elites. Están convencidas de su supremacía. No hay supremacía posible si no se aplasta a otro. Y el otro de las elites es el 99 por ciento de la población. Pero al parecer hay una sincronía histórica que nos hace vivir a muchos pueblos al mismo tiempo un despertar de lo que parecía la vigilia y era un ensueño, un folleto, una cáscara, la publicidad de un producto que éramos nosotros mismos, vendidos como trabajadores baratos.

El Chile que vemos muestra a un gobierno y unas fuerzas de seguridad cometiendo a los ojos del mundo un monstruoso delito de lesa humanidad contra todo el pueblo chileno. Se pueden pretextar asesinatos diciendo que fueron enfrentamientos, se pueden justificar represiones salvajes diciendo que hubo vándalos, pero allá ya son más de veinte las denuncias comprobadas de violaciones a mujeres y homosexuales detenidos. Es algo que no es nazismo ni fascismo pero que pertenece a esa familia de regímenes de bajos instintos morales: es el neoliberalismo defendiéndose en el poder.

La dignidad, la claridad conceptual y la conciencia política con la que el pueblo chileno ha salido a la calle tienen mucho que ver con haber preservado, como vemos, la memoria. No tuvieron juicios a genocidas, como aquí, pero preservaron la cultura que les dejó esa generación, y con Víctor Jara hoy cantan los vivos y los muertos.  

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Viernes, 08 Noviembre 2019 06:44

Destellos de antagonismo en América Latina

Manifestación esta semana en los alrededores del Palacio de la Moneda en Santiago de Chile / Foto: Afp, Rodrigo Arangua

Hay que festejar la renovada emergencia antagonista que hace frente a la derechización en Ecuador y en Chile y parece cubrir el vacío dejado por el progresismo. En este sentido, la irrupción de las protestas multitudinarias parece corresponder a la lógica de un momento específico de la estructura y las relaciones de poder: contra las derechas emergentes, más allá o más acá del progresismo desgastado y derechizado. Por lo tanto, visto que se trata de un escenario difuso, aun con sus diferencias nacionales, no hay que excluir que aparezcan fenómenos similares en otros países y que, una vez más, se dé cierto grado de sincronía latinoamericana en los procesos políticos.

Podemos constatar que, si la variable son los colores de los gobiernos, la constante, aunque se manifieste de forma intermitente, sigue siendo la capacidad de lucha e insubordinación de las clases subalternas latinoamericanas. En efecto, si bien las revoluciones pasivas progresistas cayeron por derecha, no han estado ausentes, en particular en los años posteriores a 2013, movilizaciones populares de tinte antineoliberal. En este sentido, el antagonismo no sólo ha estado latente, sino que se ha manifestado, aunque sea de forma esporádica e inorgánica –para usar adjetivos gramscianos–. La capacidad de irrupción que siguen conservando y utilizando las clases subalternas se presenta bajo algunos formatos que ameritan ser brevemente registrados, a la luz del impactante retorno a escena de esta modalidad disruptiva de la política latinoamericana.

En lo temporal, se configuran como episodios que rompen y rebasan las rutinas de la conflictividad ordinaria y cotidiana, de la que, a la vez, se nutren. La intensa brevedad del antagonismo concentrado en estas irrupciones tiene su límite y su prueba de fuego no tanto en la duración, sino en el impacto y la capacidad de modificación de la correlación de fuerzas. Al mismo tiempo, en lo espacial, en lo que tiene que ver con la amplitud social, las irrupciones se montan sobre las prácticas y la acumulación de experiencias y la formación de tejidos sociales y comunitarios, pero se vuelven multitudinarias en la medida en que se amplían a sectores no organizados, cuya politización y capacidad de movilización pueden ser preexistentes y latentes o generarse al calor del conflicto. En todo caso, la activación de franjas no organizadas de las clases subalternas confiere el carácter masivo y le permite un impacto.

AUTONOMISMO VERSUS HEGEMONISMO

Al mismo tiempo, ambas dimensiones de este formato antagonista que se expande y contrae han sido identificadas como problemáticas en tanto que, en el reflujo de la marea, la evaluación de los saldos es objeto de distintas interpretaciones. Señalo dos de ellas, que configuran la antinomia de la política latinoamericana de las últimas décadas: la autonomista y la hegemonista.

En extrema síntesis, la autonomista enaltece la capacidad de lucha y de organización desde abajo y, por lo tanto, atribuye un valor absoluto a todo tipo de manifestación de conflictividad que sea expresión y que refuerce las capacidades y las reservas de politización, organización y autodeterminación, poniendo en segundo plano o, incluso, desconfiando radicalmente del saldo en términos de modificación de los equilibrios en el sistema político partidario o institucional. La hegemonista, por el contrario, valora este tipo de manifestaciones sólo en tanto sacudan equilibrios estáticos y permitan dilatar la influencia y la capacidad de articulación de un polo o una fuerza política que intervenga en la disputa por el poder estatal, ya sea en forma directa o delegada, es decir, expresión de los movimientos y los sectores populares o sólo en nombre de ellos.

Bajo estos prismas, el fin del ciclo progresista y el retorno del formato del antagonismo de irrupción vuelven a colocar, mutatis mutandi, cuestiones que fueron surcando los debates a partir del inicio del milenio. Valorar los movimientos en su espontaneidad relativa y su efecto simbólico y experiencial de organización desde abajo o lamentar su incapacidad de mantenerse en el centro del escenario y de producir resultados contundentes y tendencialmente irreversibles antes de refluir en la normalización sistémica. Posturas que no son antitéticas en sentido estricto, pero configuran énfasis que dislocaron posturas que tienden a enfrentarse. El valor coyuntural de la irrupción se tradujo y sigue traduciéndose en distintos lenguajes políticos y se proyecta de maneras, a veces, contrastantes en la mediana duración.

CAMBIO DE COYUNTURA

La distancia entre una y otra perspectiva se achica cuando las derechas están en el gobierno y se ensanchan cuando partidos o movimientos progresistas lo ocupan o están en condición de hacerlo. En este sentido, un dato histórico y político ha cambiado respecto a los años noventa y principios de los dos mil, ya que el fin del momento progresista, salvo –por el momento– el caso mexicano, arroja la existencia desgastada o la simple sobrevivencia de las fuerzas que fueron protagonistas del ciclo gubernamental. Cabe entonces preguntarse qué tanto estos son percibidos o pueden presentarse como alternativos a las derechas o a sí mismos, es decir, capaces de superar sus límites y contradicciones o, más sencillamente, ser aceptados como mal menor frente a derechas manifiestamente reaccionarias e incapaces de instituir una dinámica hegemónica, como ha sido el caso en Argentina en las recientes elecciones. Qué tanto, en estas condiciones, en medio de una derechización epocal y cultural, desde las clases subalternas latinoamericanas, pueden constituirse, sostenerse y expandirse dinámicas que, si bien no desdeñen el impacto en el plano institucional, se sostengan principal y fundamentalmente en una labor de construcción de contrapoderes, de un recurso de mayor duración y consistencia.

Lo que podemos registrar, una vez más, es que la conflictividad latinoamericana puede volverse incandescente y, a esta temperatura, hasta los metales más duros se vuelven moldeables. Como ocurrió en los años noventa y a inicios del siglo XXI, pueden forjarse experiencias y escenarios inesperados. Nada lo garantiza, pero, una vez más, nadie se lo esperaba.

 

Por Massimo Modonesi

8 noviembre, 2019

Tomado de Desinformémonos.org por convenio.

*Historiador y sociólogo; profesor de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Unam.

 

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▲ Un manifestante con el disfraz del Chapulín Colorado se aleja de los enfrentamientos con carabineros en un barrio de Santiago. Las protestas se intensificaron ayer en el país sudamericano. Transportistas bloquearon calles en rechazo al cobro de peaje en tramos de la capital del país y estudiantes levantaron barricadas. Se ordenó el cierre de varias estaciones del Metro y muchos comercios fueron vandalizados.Foto Afp
 

Santiago. La movilización social se recrudeció ayer en buena parte de las ciudades de Chile, con los estudiantes (universitarios y de secundaria) manifestándose por miles a lo largo del país, a la vez que los transportistas bloquearon las carreteras urbanas de la capital exigiendo la derogación de los peajes diferenciados por tramos y horarios que cobran las concesionarias privadas.

La jornada de protesta, la número 20, puso de manifiesto una vez más la incapacidad del gobierno para recuperar la iniciativa política y restablecer la normalidad y el orden, pese a que el presidente Sebastián Piñera ha intentado ganar protagonismo, luego de días de ausencia pública, mediante la promoción de su denominada agenda social, un conjunto de medidas paliativas que unánimemente la oposición, y también algunas voces desde el oficialismo, se reconoce como del todo insuficiente para contener las protestas.

La expresión del fracaso del gobierno fue el ingreso anteayer de la policía a un liceo de niñas, en cuyo interior efectuó disparos de escopeta que dejaron a dos menores con impactos de perdigones en las piernas, escenas de violencia que fueron grabadas. La fiscalía ordenó ayer la detención del mayor a cargo del pelotón y también se informó que 14 carabineros serán formalizados por delitos de tortura y abusos sexuales durante las protestas.

El presidente concretó ayer el envío al Parlamento de un proyecto de ley para incrementar en 16 por ciento el salario mínimo, que pasaría de 301 mil pesos (420 dólares) a 350 mil (490). Descontadas las cotizaciones previsionales y de salud, el sueldo mínimo quedaría en 290 mil pesos (400 dólares, aproximadamente). Insuficiente, dijeron de inmediato desde el mundo sindical y la oposición, que exigen fijarlo en torno a 500 mil pesos (700 dólares).

En ciudades como Iquique, Antofagasta, Chillán, Curicó, Viña del Mar, Quilpué, Temuco, Punta Arenas y, evidentemente, Santiago; los estudiantes salieron a las calles a manifestarse, bloqueando calles, levantando barricadas y enfrentándose incesantemente con los carabineros (policía).

En la capital, en los dos días previos, la policía había estado impidiendo que el sector de las plazas Italia y Baquedano –donde confluyen las avenidas Alameda, Providencia y Vicuña Mackenna–, punto neurálgico de la protesta social, fuera ocupado por los manifestantes, como ocurrió en las últimas dos semanas, y apenas observaba que comenzaban a reunirse, actuaba para espantarlos. Pues bien, en respuesta, ayer los estudiantes cambiaron el escenario y se trasladaron a las aledañas comunas de Providencia y Las Condes, de las más pudientes del país, y en sus calles escenificaron el descontento: decenas de comercios fueron vandalizados y saqueados, el mobiliario de los establecimientos y los señalamientos de la vía pública fueron arrancados y utilizados para formar barricadas y como combustible para encender hogueras. La intensidad de los enfrentamientos y el aire enrarecido por el lanzamiento continuo de bombas lacrimógenas, forzó al cierre de importantes estaciones del Metro, causando el enojo y el caos entre quienes intentaban movilizarse. La sede de la ultraderechista Unión Demócrata Independiente (UDI), localizada en la calle Suecia, fue atacada y sufrió múltiples destrozos en sus vidrieras y mobiliario.

Mientras todo esto ocurría en la zona oriente de la capital –el llamado barrio alto, en referencia a su poderío económico– y forzada la policía a desplazarse hasta allá, otros manifestantes se reagruparon en Plaza Italia y la recuperaron para su causa.

A las ocho de la noche (hora local) el Metro de Santiago cerró sus operaciones y de manera paulatina desapareció todo el transporte público.

Mientras todo esto sucedía desde el mediodía y hasta caer la noche, un caos automovilístico se produjo en las autopistas urbanas y de acceso a Santiago, con centenares de camioneros circulando a paso de tortuga. También en esas carreteras hubo bloqueos.

Las concesionarias privadas de autopistas, que en 20 años de operación aumentaron en términos reales en más de 40 por ciento las tarifas por transitar, se han vuelto un blanco predilecto de las movilizaciones –junto con las administradoras de fondos de pensiones, el símbolo de la apropiación del ahorro previsional de los chilenos para ponerlo al servicio de los grandes grupos económicos, y también del fracaso del sistema de ahorro individual–, pues en buena medida encarnan a los ojos de los chilenos movilizados la expresión del abuso y del mercantilismo del modelo económico.

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Miércoles, 06 Noviembre 2019 06:11

Haití: Ocho semanas en las calles

Haití: Ocho semanas en las calles

Este 4 de noviembre inició la octava semana de protestas en Haití en contra de la administración de Jovenel Moïse. Según datos de la Oficina de la ONU para los Derechos Humanos, se contabilizaban la semana pasada 42 muertos y 86 heridos.

La misma ONU da cuenta de la represión gubernamental ante las masivas movilizaciones que han desencadenado una importante crisis política. La mayoría de los fallecidos son por herida de bala y entre ellos se encuentra un periodista que cubría las movilizaciones. Impotente, la normalmente intervencionista Organización de las Naciones Unidas (ONU) se limitó a denunciar su preocupación y a pedir a las partes encontrar una solución.

Las protestas iniciaron a mediados de septiembre debido a una fuerte escasez de combustible que rápidamente se convirtió en una oleada de reclamos sociales en contra del gobierno que mantiene a la población con 60% bajo la línea de pobreza y sin un plan real que resuelva la crisis estructural que se profundizó tras el terremoto de 2010, el cual fue aprovechado por el imperialismo estadounidense para militarizar el aeropuerto internacional desplegando marines para así ser el regulador de esta posición estratégica.

Las protestas mantienen bajo múltiples barricadas ciudades principales como Puerto Príncipe, Pétion Ville y Delmas. Al contrario de la ONU, que busca una salida negociada con sectores de oposición, el movimiento popular en las calles exige la dimisión de Moise y sus parlamentarios, castigo a corruptos, plan contra la crisis y menos intervención neoliberal.

La crisis socio política que se desató en el país ha llevado a miles a tomar las calles y enfrentar la represión del gobierno, el cual se niega a dimitir y que también se ha aislado políticamente al buscar pretender acordar con la oposición una salida que mantenga al Estado junto a sus instituciones intactos, pero sin cederle espacios de interlocución.

Para ello nombró una Comisión de Diálogo con siete de sus funcionarios gubernamentales la cual entró rápidamente en crisis al dimitir cuatro de ellos ante la insistencia pública de que no va a dimitir.

La oposición "democrática" se endurece ante las masas

"La lucha se realizará con disciplina, orden y convicción. No será una batalla contra el pueblo, sino una batalla con el pueblo y para el pueblo", anunció la bancada opositora de Haití.

Con este discurso que hizo el lunes 4 la organización Alternativa Consensual para la Refundación de Haití respondió ante la posibilidad de la caída del gobierno mediante la protesta y el creciente riesgo de que los partidos de oposición se vean rebasados por la revuelta popular. Así fue como disfrazaron su llamado a un toque de queda a partir de las 19:00; escudándose en evitar mayor número de muertos, pero que en realidad tiene como finalidad paralizar, atemorizar y reprimir a los manifestantes que desacaten y así mostrarse como una mediación susceptible de entrar en negociaciones con el gobierno.

A este esfuerzo por mantener el régimen y desarticular las movilizaciones en las calles se sumó la Red Nacional de Defensa de los Derechos Humanos, que pidió qué las dirigencias llamaran a protestar de manera pacífica respetando la propiedad privada.

Estos nuevos discursos de la oposición demuestran que los dirigentes están buscando desviar las protestas hacía sus propios intereses de poder, pactando con el gobierno afín al imperialismo yanqui, tratando de acallar con un bozal las demandas urgentes de la población y buscando una salida auspiciada por las mismas instituciones que hoy mantienen al país en crisis.

Es por eso que está semana será importante para tener una idea de hacía a donde van las movilizaciones y su capacidad para rebasar a los esfuerzos de las dirigencias "opositoras" que pretenden frenarlas. En estos momentos críticos, los haitianos podrían sorprender con organismos de auto organización que busquen romper con la respuesta represiva del gobierno avalada por el toque de queda opositor.

Lo que sucede en Haití, no es caso aislado, forma parte de un segundo ciclo de revueltas y jornadas revolucionarias traídas por la crisis del 2008, que hoy tiene como uno de sus epicentros a varios países de América Latina.

Al igual que esos países, el proceso de lucha que viven las masas empobrecidas haitianas debe reflejarse en un desarrollo de la organización independiente de las mismas, empezando por impulsar asambleas y organizaciones propias, para la discusión de los verdaderos problemas que pasan por detener inmediatamente la relación de subordinación del país a los intereses extranjeros, echando abajo al gobierno lacayo del imperialismo y el FMI sin ninguna confianza en los "opositores" del toque de queda.

Por Alejandro Razett

Miércoles 6 de noviembre

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