Lunes, 04 Enero 2021 07:29

Aquí no ha pasado nada

Aquí no ha pasado nada

Una de las grandes virtudes que tiene Cien años de soledad es la de servir como arquetipo de situaciones históricas que se repiten en América Latina porque los mecanismos y las trampas del poder siguen siendo las mismas. Derecha o izquierda. Da lo mismo.

Después de la masacre de trabajadores bananeros en huelga, que deja 3 mil muertos, los cadáveres son acarreados en 200 vagones de carga y echados al mar como banano de rechazo. Pero "la versión oficial mil veces repetida y machacada en todo el país por cuanto medio de divulgación encontró el gobierno a su alcance, terminó por imponerse: no hubo muertos, los trabajadores satisfechos habían vuelto con sus familias".

Y mientras tanto, bajo el toque de queda, los soldados "derribaban puertas a culatazos, sacaban a los sospechosos de sus camas y se los llevaban a un viaje sin regreso. Era todavía la búsqueda y el exterminio de los malhechores, asesinos, incendiarios y revoltosos". Y para quienes preguntaban por sus familiares desaparecidos, la respuesta era: "en Macondo no ha pasado nada ni está pasando ni pasará nunca. Éste es un pueblo feliz".

A partir de abril de 2018 se dieron en Nicaragua protestas de jóvenes desarmados reprimidas a balazos en las calles, con saldo de más de 300 muertos y decenas de heridos. Una masacre documentada por organismos internacionales de derechos humanos, expulsados luego del país, de la que existen innumerables testimonios en videos y fotografías, y de la cual dio cuenta la prensa en el mundo. Centenares acabaron en las cárceles y más de cien mil salieron huyendo del país, según datos de ACNUR.

Apenas han pasado dos años. Pero este diciembre, durante un acto de presentación de credenciales de 12 embajadores, Daniel Ortega negó que semejante masacre haya ocurrido. En Nicaragua no ha pasado nada ni está pasando ni pasará nunca. Este es un pueblo feliz.

Peor, ocurrió lo contrario. Malhechores, asesinos, incendiarios y revoltosos salieron a las calles para derrocar al gobierno democrático. Igual que en Macondo. "Aquí vino la protesta armada de fusiles, de escopetas, de destrucción y quema de los hospitales, destrucción de las escuelas y quema de las escuelas, todo lo que se había logrado construir en beneficio de los pobres, en beneficio del pueblo".

¿Y los informes de las comisiones de derechos humanos? "Tanto los de Naciones Unidas como los de la OEA se dedicaron a hacer entrevistas donde sin ninguna fundamentación acusaban a la policía, al Frente, de haber matado a ciudadanos que habían fallecido en los hospitales por otras razones".

¿Y las listas de muertos? Inventadas. ¿Y los centenares de heridos? Nunca existieron. ¿Y los presos? Son reos comunes, delincuentes, traficantes de drogas. ¿Y los 100 mil exiliados? Se fueron por gusto.

Como en Macondo aquel lejano 6 de diciembre de 1928, la paz reina en todo el territorio. Quienes fueron asesinados en las calles por tiros de metralla y fuego de francotiradores con fusiles Catatumbo de fabricación venezolana murieron de muerte natural, en sus casas o en los hospitales o no se murieron nunca y se han escondido de la vista pública sólo para desprestigiar a la autoridad constituida.

Lo que estos revoltosos hacían era enlistar a los muertos como víctimas propias: "ellos mismos filmaban el momento de la captura, filmaban el momento que los estaban rociando de combustible, filmaban el momento que les daban fuego y estaban ardiendo y lo pasaban por las redes".

"Malhechores, asesinos, incendiarios y revoltosos", señala la autoridad militar que impone el orden en Macondo tras la masacre que nunca existió. Y la primera dama de Nicaragua declara: "desgraciadamente cuando decimos que la historia se repite, tenemos que reconocer que los traidores son plaga, son comejenes, hongos bacterias que se reproducen". Y también son vampiros chupasangre, tóxicos, rastreros, satánicos.

La falsificación de la realidad es de vieja data. No hay nada nuevo bajo el sol, ni siquiera las realidades alternativas. El poder absoluto, que busca ser un poder para siempre, establece sus propias falsedades como verdad y aplica una gruesa capa de alquitrán para borrar los hechos, escribiendo encima un nuevo relato con la ambición de que llegará a ser creído como único verdadero. Y el lenguaje erizado de epítetos que descalifican, niegan, rebajan, tampoco es ninguna novedad.

Lo recordaba al leer hace poco un escrito del juez Baltasar Garzón, cuando habla del fascismo de derecha en España. Porque también hay un fascismo de izquierda, y los lenguajes son similares. Dice Garzón que se divide "a la población entre buenos y malos, entre patriotas y traidores, convirtiendo al adversario político en enemigo. Una vez que está claro quién es quién, viene el proceso de deshumanización del contrincante, tildándolo de rata, escoria, garrapata, piojo o peste". O cucarachas, dice el juez Garzón. Humanoides.

 

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Mueren decenas de agricultores en las protestas de India

LEYES AGRÍCOLAS EN INDIA

Según cifras oficiales al menos 25 manifestantes han muerto en las tres semanas de protestas, mientras que el primer ministro, Narendra Modi, ofrece "muy humildemente" mantener más conversaciones para romper

 

Al menos 25 personas murieron, varias de ellas debido al frío punzante, durante las tres semanas de protesta de los agricultores y agricultoras en las fronteras de la capital india, dijo la policía, mientras el primer ministro Narendra Modi ofrece "muy humildemente" mantener más conversaciones con el granjeros protestando.

El líder campesino Darshan Pal le dijo a Al Jazeera que “el número de muertos podría llegar a 35”. Dijo que murieron en la lucha contra las “leyes negras [agrícolas]” que erosionarán sus ingresos y ayudarán a las grandes corporaciones.

Al menos cinco agricultores murieron en accidentes cuando se dirigían a unirse a las protestas, dijo Ashutosh Mishra, portavoz del Comité de Coordinación de All India Kisan Sangharsh.

Los agricultores, muchos de ellos en sus sesenta años o más, han estado desafiando el duro invierno del norte de la India para acampar al aire libre con sus tractores y remolques estacionados parachoques contra parachoques.

Las olas de frío que azotan el norte de la India con temperaturas que caen en picado a tres o cuatro grados por la noche han empeorado la situación, dijo Mishra.

Modi ’Humildemente dispuesto a hablar’

Decenas de miles de agricultores, en su mayoría de Punjab y Haryana, han estado estacionados en varias carreteras en las fronteras de Nueva Delhi desde fines de noviembre para exigir la revocación de las nuevas leyes destinadas a flexibilizar las normas que rigen sobre precios, almacenamiento y comercialización de cultivos.

Los agricultores advierten que las empresas privadas se beneficiarán y dictarán las condiciones para actividad agropecuaria. Y temen que el gobierno deje de comprarles granos como el trigo y el arroz a un precio mínimo garantizado.

Modi defendió el viernes las leyes e invitó a los agricultores que protestaban a más conversaciones, a pesar de que varias negociaciones no lograron romper el enfrentamiento.

Después de una serie de reuniones previas con los ministros de Modi, los manifestantes han dicho solo la anulación oficial de las tres leyes podrá cambiar su posición.

El viernes, en declaraciones a los agricultores del mayor estado productor de trigo del país, Madhya Pradesh, Modi dijo que "no debería haber motivo de preocupación" y repitió la posición del gobierno de que los agricultores tendrían asegurado un precio.

"Las modernas instalaciones disponibles para los agricultores de las principales naciones también deberían estar disponibles para los de la India, no se puede retrasar más", dijo.

"Aún así, si alguien tiene alguna aprensión, y en interés de los agricultores del país y para abordar sus preocupaciones, estamos muy humildemente dispuestos a hablar sobre todos los temas".

Rakesh Tikait, un líder campesino, dijo después del discurso de Modi que el primer ministro estaba tratando de privatizar la agricultura para beneficiar a las empresas y no a ellas.

Un gran conflicto obrero

El Gobierno de Modi ha venido desarrollando un fuerte perfil nacionalista, xenófobo y racista hacia musulmanes, paquistaníes y, también aprovechando la confrontación con China, para intentar soldar una unidad nacional reaccionaria para avanzar el un ataque sobre los trabajadores. Modi aprovechó la pandemia para avanzar en los planes de liberalización del campo y con leyes laborales de corte neoliberal. El coronavirus a su vez ha golpeado fuertemente en India ubicándolo como segundo a nivel mundial en cantidad de casos y fallecidos.

Las explosivas manifestaciones muestran la dificultad que enfrenta el gobierno indio para aprobar reformas económicas en un sector donde hay enormes intereses capitalistas. También es un ejemplo de una tendencia emergente en la que el gobierno del primer ministro Narendra Modi se ha metido en problemas después de aprobar leyes importantes unilateralmente

La protesta de agricultores y agricultoras contra las nuevas leyes agrícolas se ha convertido en un conflicto obrero de gran magnitud contra el gobierno de Narendra Modi, dándole continuidad a la huelga más grande del mundo que paralizó la producción de 250 millones de trabajadores.

el estancamiento.

La Izquierda Diario // Agencias

Con información de Al Jazeera.

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Plaza “Dignidad” se llena en Santiago de Chile celebrando un año del estallido 

A una semana del plebiscito constitucional

Hace un año comenzó un movimiento social sin precedentes en la historia reciente del país trasandino que, tras una sangrienta represión y la tozudez del gobierno de Piñera, terminó llevando a referéndum la Carta Magna de Pinochet. Al final de la tarde, encapuchados comenzaron a armar barricadas y generar desmanes sin que la policía interviniera. 

 

Ni la pandemia, ni la represión policial que terminó hace dos semanas con un chico lanzado al río Mapocho ni los llamados del gobierno a “ser responsables” ante el plebiscito del 25 del octubre —donde se decidirá cambiar la Constitución establecida por Pinochet en 1980— impidieron que se llenara esta tarde el sector de Plaza Italia, histórico centro de protestas y manifestaciones en Santiago de Chile.

La zona, frontera simbólica entre las comunas acomodadas y los sectores más populares, fue rebautizado como “Plaza de la Dignidad” por los manifestantes que exactamente hace un año comenzaron el llamado “Estallido Social”. Una serie de protestas, paros nacionales, cabildos ciudadanos, memes en redes sociales o colectivos feministas como Las Tesis lograron alterar el programa de gobierno, los planes de la clase política y a la elite chilena muy cómoda con la herencia de la dictadura. Algo que también dejó decenas de muertos, violaciones a los derechos humanos y más de 500 jóvenes heridos por carabineros que, mostrando su rostro más salvaje, dispararon balines directo al rostro de los manifestantes.

Hasta las 19:00 la manifestación había sido pacífica, con cantos como “el pueblo unido jamás será vencido”, banderas mapuche (curiosamente la bandera chilena ha terminado siendo asociada a la derecha y su particular concepto de patriotismo), algunos en bicicleta y otros con parlantes entonando canciones-himno como “El baile de los que sobran” del grupo pop de los `80 Los Prisioneros. También había carteles que dicen “Renuncia Piñera”. La multitud incluso fue capaz de abrirse espacio para que pasara “el bus del pueblo”, una antigua micro (colectivo) amarillo que ha sido uno de los clásicos de las protestas. La policía se mantenía a distancia y el gobierno monitoreaba desde la Moneda el lugar que se comenzó a llenar desde las 10:00 de la mañana.

Sin embargo, como en un guión que se viene dando desde la gran movilización estudiantil de 2011, grupos de encapuchados comenzaron a armar barricadas y generar desmanes sin que la policía interviniera y —lo más notable— en el horario en que comienzan los noticieros centrales de TV.

Una dinámica violenta que hace que los manifestantes vayan desocupando el recinto y provocando a otros tanto contra los encapuchados como la policía. Esta vez no fue la excepción: la parroquia de carabineros y la iglesia La Asunción fueron atacadas y parcialmente quemadas, al mismo tiempo que comenzaban saqueos (frustrados) en locales aledaños a la plaza. Hasta el cierre de esta edición Piñera y su equipo siguen reunidos.

¿El final de la herencia pinochetista?

Así, el próximo domingo los chilenos deberán elegir entre la opción “Apruebo” (para cambiar la constitución) o “Rechazo” (para mantenerla). Hasta hoy no hay ninguna encuesta que señale el triunfo de esta última. Según el sondeo Data Influye, un 69% votará la primera opción, mientras que sólo un 18% se inclinará por el rechazo, siendo además esta elección la que tendría la mayor participación ciudadana desde el plebiscito de 1988 donde ganó el “No” a Pinochet.

“Lo de Chile fue una revuelta social con rasgos revolucionarios”, dice el filósofo chileno Ricardo Espinoza autor de libros como NosOtros: manual para disolver el capitalismo (Morata, 2020). “Llamarlo solamente estallido encubre algo importante: el chileno era un pobre y desgraciado sujeto individual, egoísta y competitivo que hacía todo por competir y tener éxito en el mundo-mercado. Un zombie y mercancía al mismo tiempo. Un muerto viviente que ahora se conviertió en el único sujeto revolucionario posible para estos tiempos: lo que yo llamo el NosOtros: volverse uno dentro de un colectivo. Con ello la matriz misma del capitalismo quedó trizada y pudimos comenzar a destruir ese infierno capitalista del Chile pre-octubre y que ni la pandemia detuvo”.

La otra pregunta que contendrá esta votación es quien redactaría la Constitución y que pueden votar incluso quienes “rechazan”. Hasta hoy siempre ha ganado la “Convención Constituyente” (155 ciudadanos elegidos por la ciudadanía) frente a la “Convención Mixta” (86 parlamentarios y sólo 86 ciudadanos elegidos). Este plebiscito se conoce como “de entrada”. Luego vendría las elecciones de ciudadanos que integrarán la convención —ya sea mixta y constituyente— el 11 de abril de 2021, para luego dar paso a la redacción de la Constitución con un plazo de nueve meses, renovable por tres más. Finalmente hará un plebiscito ratificatorio “de salida” durante 2022. Si gana el "rechazo" se mantendría la Constitución de 1980.

Sin embargo, analistas políticos como Montserrat Nicolás plantean dudas frente al proceso que se decidió el 15 de noviembre, donde el PC se restó y se comenzó a hablar de una “cocina política” que bloqueó lograr el objetivo principal de las marchas: una convención constituyente. “Esto no nació de la clase política porque por décadas se esperó respuestas de ella y en vez de eso entregaron migajas. Fue al revés: no es que se haya aceptado a regañadientes la idea de un referendo, sino es un intento de secuestro del proceso constituyente. que esperan que funcione como píldora de dormir y que acabe con la agitación social. Ese famoso pacto se firmó de espaldas a la sociedad y sin metodologías. Ahí está la trampa”.

El alza del pasaje que despertó a Chile

Al principio del “Estallido” no se hablaba de cambiar la constitución. Los sectores de derecha o de oposición, incluso, hablaban de “nuevo pacto social”. Una semana antes, el gobierno de Sebastián Piñera anunció un alza de $30 pesos del pasaje del metro (subte) equivalente a unos 0,10 pesos argentinos en los horarios clave como el de 7:00 a 8:59 y 18:00 a 19:59. La cifra podría parecer menor, pero ante un panorama de alzas y sobre todo, el “consejo” del entonces ministro de economía Juan Andrés Fontaine de levantarse más temprano (“Quien madruga puede ser ayudado a través de una tarifa más baja”) la rabia se tradujo en evasiones masivas del metro, liderada por escolares que decidieron no pagar el pasaje y saltar las barreras de seguridad del metro, siendo reprimidos por carabineros mientras el subsecretario del interior Rodrigo Ubilla amenazaba a la ciudadanía con protestar así “no es la forma”.

Todo explotó la tarde del también llamado “18-O”: Santiago estaba repleta de carabineros en las puertas del metro, carros lanza aguas apuntando a la Biblioteca Nacional —una de las salidas más concurridas— y los primeros enfrentamientos con manifestantes. Ya a las 20:00 el aire era irrespirable debido a los gases lacrimógenos lanzados por carabineros y por la TV se anunciaba el incendio de varias estaciones del metro, un hecho aún no resuelto y que mueve a sospechas considerando su moderno sistema de cámaras de vigilancia y lo oportuno del hecho para contener el malestar social.

Más confuso estaba el presidente que fue visto comiendo pizza en el sector alto de Santiago para luego más tarde volver a La Moneda y decretar Estado de Emergencia (que se extendería por nueve días) llamando a los militares a tomarse las calles. Aunque Piñera repitiera que Chile estaba “en guerra” ante “un enemigo poderoso”, la gente increpaba a los militares y seguía protestando en pleno toque de queda. El mejor resumen de la actitud del gobierno de esa noche la dio el diario italiano Il Corriere Di la Sera: “Chile se quema y él comiendo pizza”.

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Dos semanas de protestas en Costa Rica contra el plan del ajuste del Gobierno y el FMI

La relativa calma de Costa Rica se rompió hace más de dos semanas, con protestas, marchas y bloqueos en casi todo el país que han obligado al Gobierno de Carlos Alvarado a retroceder en su acuerdo con el FMI. Nada indica que la situación vuelva a la “normalidad” deseada por el gobierno, todo lo contrario, existen una tensa situación y un clima de agitación social y política.

 

Desde el pasado 30 de septiembre, el país está envuelto en marchas en la capital así como protestas y bloqueos en decenas de rutas y poblados en el interior del país y puestos fronterizos estratégicos, en los que cada día han venido participando cientos y miles de personas. El foco central ha sido contra el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI) y sus medidas de ajuste, que el gobierno de Carlos Alvarado buscó implementar en acuerdo con las cámaras empresariales. Alvarado, por la fuerza de las protestas, el 4 de octubre, se vio obligado a retroceder suspendiendo el acuerdo con el organismo internacional, por el momento.

Transcurridas las semanas nada indica que la situación en el país centroamericano vuelva a la calma, o por lo menos las cosas no tendrán la pasividad en que venían transcurriendo. Luego de meses de las restricciones por la pandemia en los que el gobierno nacional aprovechó para avanzar en una serie de medidas antipopulares como autorizar los despidos, los contratos parciales y las reducciones salariales, todo para seguir garantizando los negocios de los capitalistas y las corporaciones financieras, y el empobrecimiento mayor de sectores de la economía informal, la clase trabajadora y mayorías populares dijeron basta. Es de recordar que hace apenas dos años, en el 2018, el país se vio sacudido por importantes movilizaciones nacionales que culminaron en una huelga general contra el paquete de medidas de ajuste fondomonetarista.

Desde mediados de septiembre el Gobierno estaba en negociaciones con el FMI para poder acceder a un préstamo de US$1.750 millones con el supuesto argumento de “estabilizar las finanzas del país”, pero todo dentro de un plan en el que se estarían acordando privatizaciones (“venta de activos” como elegantemente le gusta decir), reducir el “gasto público” (léase recortes las instituciones públicas así como en sectores esenciales como educación y salud, presupuestos para la vivienda del pueblo pobre, despidos en el área pública, etc.), y explícitamente con el objetivo de garantizar los negocios de los empresario en un país donde gran parte del presupuesto se va en pagar la deuda externa y donde grandes empresarios no pagan impuestos o encuentran miles formas para evadirlos con la vista gorda del Estado, o donde grandes empresas transnacionales ubicadas en las zonas francas no pagan un solo centavo de impuestos.

En estas dos semanas la tensión ha venido en aumento con enfrentamientos entre policía y manifestantes, con un balance de más de un centenar de heridos y otras tantas personas detenidas. Buscando destrabar la situación, en los últimos días el Gobierno ha implementado una estrategia de negociar con los representantes de cada zona, donde en algunas áreas tienen reclamos particulares, pero al mismo tiempo que los reprime.

A la par de esto, y luego de un marcha atrás “por ahora” del acuerdo con el FMI, el pasado domingo, Carlos Alvarado, y el presidente de la Asamblea Legislativa, Eduardo Cruickshank, convocaron a un proceso de “diálogo multisectorial”, pero donde se seleccionan con quienes se sentarán a negociar. Pero aún esto está lejos de conseguir la calma que buscan pues los que realmente están en las calles no están presentes en dicha “mesa de diálogo”, y más que todo busca una especie de “consenso nacional”, esperando que pase el peor momento e intentar nuevos ajustes apenas la correlación de fuerzas lo permita.

Una crisis económica, alto desempleo, desigualdad social y aumento de la pobreza

La economía de Costa Rica atraviesa por uno de sus peores momentos de los últimos 40 años, con un déficit fiscal para este año que el gobierno prevé que sea cercano al 10% del Producto Interno Bruto, una deuda del 70 % del PIB y una caída económica del 5% del PIB. La pandemia de covid-19 no hizo más que agudizar esta crisis en un país donde el turismo es uno de sus principales ingresos y que vio cómo el desempleo se disparó del 12% al 24% en pocos meses y tras la llegada del coronavirus producto de las políticas gubernamentales, alcanzando niveles más alarmantes entre la juventud y las mujeres trabajadoras.

De los 11,4 billones de colones que el Gobierno presentó de presupuesto para 2021, 4,8 billones son para pagar deuda y 2,1 billones de colones corresponden exclusivamente a intereses de deuda. A la vez 54,9% del presupuesto del gobierno tiene como fuente la deuda. De tal manera que se adquiere deuda para pagar más deuda, a los mismos organismos financieros internacionales, y a costas de los intereses apremiantes del pueblo trabajador costarricense.

En Costa Rica los niveles de informalidad son altos, existiendo también una desigualdad bastante alta agravada durante los largos meses de la pandemia, con fuertes aumentos en los niveles de pobreza. Así, y de acuerdo a informaciones oficiales que fueron publicados este jueves, la pobreza en Costa Rica se incrementó en 5,2 puntos porcentuales para situarse en el 26,2 % en el 2020, la cifra más alta que se ha registrado desde el año 1992. La Encuesta Nacional de Hogares, aplicada en julio pasado por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC), detalla que el 26,2 % de pobreza equivale a 419.783 hogares, para un aumento de 83.888 con respecto al 2019, año en que el porcentaje fue de 21 %.

La pobreza extrema en el 2020 alcanzó el 7 %, es decir 112.987 hogares, lo que supone un incremento de 1,2 puntos porcentuales con respecto al 2019 cuando fue del 5,8 % o 93.542 hogares. En la zona urbana la pobreza llegó al 26,4 % y en la rural al 25,5 %, lo que supone incrementos de 6,6 y 1,3 puntos porcentuales, respectivamente, con respecto al año pasado. Según el organismo oficial, la subida de la pobreza ha sido provocada por la caída del 12,2 % en los ingresos de los hogares. En cuanto al concepto de salario, la caída fue del 13,8 %, y en los ingresos independientes del 35 %, a causa de los cierres de actividades económicas que se implementaron durante la pandemia de la covid-19.

El curso de las protestas contra el FMI y contra las políticas gubernamentales

Uno de los sectores que dieron inicio a la ola de bloqueos y protestas fue el llamado Movimiento Rescate Nacional (MRN) aprovechando el descontento por abajo, sobre todo en los sectores de interior del país y zonas rurales, pequeños productores agrarios, pobladores de pequeñas ciudades, pero que también tenía por atrás a importantes sectores del campo como la cámara del arroz, para solo poner un ejemplo.

Los dirigentes del MNR arrancaron con demanda general de “no más impuestos” (misma que hasta ese momento impulsaba la derecha opositora al plan del gobierno y fuertes grados de nacionalismo) y contra FMI, buscando englobar tanto a sectores populares o pequeños productores golpeados por la situación como con determinados sectores de empresarios que se niegan a los impuestos; de allí que, con un matiz populista de parte de una dirección que representa a un sector patronal, como lo expresa su principal portavoz José Miguel Corrales, en las protestas se colaban también posiciones negacionistas ante la pandemia y carteles contra el “socialismo”, como si el Gobierno del PAC tuviera algún atisbo de esto.

Pero la situación se fue agudizando por el fuerte descontento por abajo, siendo que el movimiento que se había despertado amenazaba desbordar a la dirección del MRN, y de tal manera que, uno de sus principales dirigentes, José Miguel Corrales, un octogenario dirigente político oriundo del clásico partido patronal PLN (Partido Liberación Nacional) llegó a pedir el cese de los bloqueos y hasta llegó a pedir disculpas ante la magnitud de la movilización y la preocupación de que la situación se le fuera de las manos.

Es que comenzaron a desatarse fuerzas que no podían controlar, al tiempo que los principales sindicatos nacionales comenzaban a protagonizar importantes marchas sobre todo en la capital del país llevando a que la clase trabajadora costarricense entrara en la escena política nacional, pudiendo tejerse una gran alianza obrera y popular. Una situación a la que le teme el Gobierno de Alvarado y que le hacía recordar las grandes movilizaciones del 2018, pero también asustaba a la dirección del MNR.

Es que sectores de trabajadores y trabajadoras, agobiados por los padecimientos de la situación agravados durante la pandemia, han estado en diversos puntos de bloqueo, con fuerte presencia de sectores populares y pequeños productores. La pandemia ha significado un deterioro muy grande en las condiciones de vida de millones de personas trabajadoras y sus familias, despidos, suspensiones y reducciones salariales para empleados públicos; acoso y ajuste para los trabajadores tanto públicos como privados.

Por ello es que frente a esta situación las organizaciones sindicales más importantes del país llamaron a la movilización, siendo que durante buena parte de la pandemia dejaron pasar los despidos. Se tenían que reubicar frente al descontento que existe en el país. Así el pasado martes 6 de octubre, convocaron a una importante marcha en la capital del país, recorriendo una de las arterias más importantes de San José, el Paseo Colón hasta llegar a la Asamblea Legislativa. Ahora las consignas no eran solamente de “no más impuestos” en general, sino de que los ricos y las grandes empresas se les impongan impuestos y que se exima al pueblo de más gravámenes como el reaccionario impuesto al IVA, además de Fuera el FMI, contra los ajustes y las privatizaciones.

Pero a pesar de los llamados a levantar los bloqueos por parte de algunos dirigentes del MNR, el descontento en el interior sigue su curso, y si se empiezan a levantar no es por falta de energías sino por el papel de esta dirección. Fue lo que se observó en la marcha en la capital del país convocada por el MNR y que desembocara en la Casa presidencial, el pasado lunes 12 de octubre, donde el Gobierno de Carlos Alvarado a través del Ministro de Seguridad, Michael Soto, ordenaron la represión, donde resultaron heridas varias personas y por lo menos 30 detenidos. Se habló incluso de infiltración por parte de la propia policía nacional.

Como señalara Esteban Fernández, dirigente de Organización Socialista (organización integrante de la FT-CI), “un Gobierno que reprimiendo intenta ganar lo que ha perdido en el campo político. La orientación hacia el FMI está siendo duramente cuestionada en la calle y seguramente habrá un cuestionamiento más profundo aún en los próximos meses”. Además señaló “totalmente esperable la infiltración de parte de los cuerpos policiales, lo vienen haciendo de tiempo atrás.”

Este miércoles los sindicatos APSE, UNDECA y ANDE se concentraron frente al Aeropuerto Juan Santamaría, luego de realizar caravanas desde la cercana ciudad de Alajuela y de San José. Para este lunes 18 de octubre se esperan nuevas movilizaciones mientras algunos bloqueos continúan en el interior. Los sindicatos planean nueva marcha en San José, la capital del país. Así lo hicieron saber representantes sindicales de la Asociación de Profesores de Segunda Enseñanza (APSE).

Como indica también Esteban Fernández, en Costa Rica “es fundamental mantener la pelea, ampliarla y consolidarla, para ello se hace necesario organización. Por eso es que es necesario que las organizaciones sindicales convoquen a un Encuentro Nacional de Trabajadores llamando a los sectores populares, donde se pueda unificar un pliego de reivindicaciones de conjunto de la clase trabajadora y el pueblo pobre, así como un plan nacional de acciones contra las medidas de Alvarado y los partidos patronales.” Se hace necesario más que nunca una gran movilización nacional ya de la clase trabajadora y los sectores explotados como parte de un plan de lucha levantando un programa para que sean los ricos y los empresarios los que paguen la crisis y para derrotar los planes del Gobierno y del FMI.

Por Milton D'León

Caracas @MiltonDLeon

Jueves 15 de octubre | 23:45

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"La actuación de Carabineros no habría sido posible si el Ejecutivo hubiese ejercido un adecuado control sobre la institución", dijo Erika Guevara, directora para las Américas de Amnistía Internacional.

Amnistía Internacional sostiene que esta conducta forma parte de "un patrón constante e histórico"

 

La organización exhortó al Gobierno a que investigue a la fuerza, cuyos altos mandos "habrían omitido deliberadamente tomar todas las medidas a su alcance" para prevenir las represiones. También señalan la ausencia de sanciones disciplinarias y el apoyo a la institución por parte del Gobierno de Piñera. 

A un año del estallido de las protestas sociales en Chile, Amnistía Internacional (AI) pidió a la Fiscalía chilena que investigue a los altos mandos del cuerpo policial de Carabineros por "permitir" que se cometieran violaciones a los derechos humanos. El presidente del país trasandino, Sebastián Piñera, convocó a una comisión para reformar la fuerza de seguridad.

"Tenemos elementos de convicción de que dichos mandos, a pesar de tener conocimiento de las graves violaciones a los derechos humanos que estaban cometiendo sus subalternos, habrían omitido deliberadamente tomar todas las medidas a su alcance para prevenirlas", dijo Erika Guevara, directora para las Américas de Amnistía Internacional.

Según Guevara, "lejos de ser hechos aislados cometidos por funcionarios actuando por cuenta propia”, los actos de violencia hacia los manifestantes que salieron a las calles hace casi un año “se habrían cometido en base a una política cuyo fin último era desalentar la protesta social".

La organización no gubernamental realizó una investigación en la que señala al director general de Carabineros, Mario Rozas -cuya renuncia ha sido solicitada por la oposición en innumerables ocasiones-, así como al subdirector, Diego Olate, y al director de Orden y Seguridad, Ricardo Yáñez, como responsables de avalar la conducta de los agentes de la fuerza policial chilena.

Los integrantes de Amnistía Internacional señalaron que, a pesar de que existía un informe interno de Carabineros que mostraba la peligrosidad de los balines antidisturbios como herramienta para dispersar marchas y de las alertas de diversos organismos de derechos humanos, la institución nunca llegó a prohibirlos y tardó más de un mes en limitar su uso.

El 18 de octubre de 2019 estalló una ola de protestas, en principio encabezadas por estudiantes de Santiago de Chile y que luego se extendieron a otras ciudades y sectores sociales. Las manifestaciones son las más grandes que vio el país desde el fin de la dictadura que encabezó Augusto Pinochet (1973-1990), que dejaron una treintena de muertos y miles de heridos.

Los Carabineros reprimieron las protestas sociales iniciadas el año pasado con balines antidisturbios disparados hacia el rostro de los manifestantes. Las imágenes de jóvenes con los ojos ensangrentados tras recibir disparos de perdigones y bombas lacrimógenas en el rostro dieron la vuelta al mundo y provocaron también críticas de Naciones Unidas.

De acuerdo al Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH), 460 personas resultaron con traumas oculares y dos de ellas quedaron totalmente ciegas.

El informe de Amnistía Internacional denuncia que la ausencia de sanciones disciplinarias y el apoyo a la institución por parte del Gobierno permitió que agentes involucrados en violaciones de derechos humanos "permanecieran en sus puestos" y "alentó la repetición de violaciones debido a la impunidad imperante".

"La actuación de Carabineros no habría sido posible si el Ejecutivo hubiese ejercido un adecuado control sobre la institución y, por ende, también se tienen que lindar todas las responsabilidades administrativas, políticas e incluso penales hasta el más alto nivel del Poder Ejecutivo", aseguró Guevara.

El accionar represivo de la fuerza de seguridad continúa hasta hoy. A principios de octubre, un miembro de Carabineros arrojó a un manifestante, Anthony Araya, al Río Mapocho provocándole heridas de gravedad.

Las marchas contra el Gobierno y la desigualdad social se suspendieron al inicio de la pandemia para respetar las medidas sanitarias, pero en las últimas semanas el pueblo chileno volvió a salir a las calles. El 25 de octubre se celebrará un histórico plebiscito para reformar la Constitución -la que está vigente es la que dejó Pinochet- y el Gobierno de Piñera espera que la medida apacigüe la protesta social.

Según Amnistía Internacional, los abusos de Carabineros forman parte de "un patrón constante e histórico que pone en evidencia la necesidad de realizar una reforma estructural y profunda de la fuerza policial".

La semana pasada, Piñera convocó a una comisión especial integrada por expertos independientes, que en un plazo de 90 días deberán presentar una propuesta de reforma estructural de Carabineros

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Sábado, 03 Octubre 2020 05:48

Rebelión en la provincia

La escasez de bienes y servicios básicos persiste en Venezuela. AFP, FEDERICO PARRA

Las protestas por comida y combustible en el interior venezolano

 

Desaparecidas de Caracas las grandes marchas de la oposición y las contramanifestaciones oficialistas, una miríada de protestas en pequeños pueblos, caseríos y capitales de provincia demanda servicios esenciales para sobrevivir. Sus habitantes piden agua, electricidad, alimentos, gas para cocinar, acceso a la salud y, sobre todo, gasolina.

 

Se temía y ocurrió: Víctor Rivero, de 20 años, murió baleado la tarde del 30 de setiembre en Cariaco, pueblito de pescadores en el noreste venezolano que mira al mar Caribe. Fue cuando policías y vecinos chocaron al ser interceptado un camión con alimentos, quizás para saquearlo, quizás sólo para expresar la rabia y el hartazgo de la gente en el clima de escasez que ya lleva años y domina la cuarentena por la covid-19.

Una oleada de protestas recorre el Interior desde agosto y se intensificó en setiembre. Hubo 76 sólo el lunes 28 –aunque apenas 16 el miércoles 30–, casi todas pacíficas, y 94 por ciento de ellas en reclamo por malos servicios, según la ONG Observatorio Venezolano de Conflictividad Social (OVCS).

Una triple caracterización poseen estas demostraciones callejeras, dijo esta semana a la prensa Marco Ponce, conductor del OVCS. Las motivan la falta de suministros esenciales, como agua, cilindros de gas para poder cocinar, electricidad –al cabo de apagones por horas y hasta días–, las bolsas de alimentos subsidiados que esperan las familias más pobres y, sobre todo, gasolina, sin la cual es imposible el transporte de pasajeros, salir a «resolver el día» o acarrear los alimentos hasta los mercados en un país carente de ferrocarriles y donde casi toda la movilización es a base de automotores.

Además, son movilizaciones espontáneas, pequeñas, vecinales las más de las veces, ayunas de convocatoria, conducción o acompañamiento político, y se registran con fuerza en pueblos pequeños, caseríos, incluso, en zonas que durante años han sido bastiones del oficialismo, leales a los liderazgos del fallecido expresidente Hugo Chávez (1999-2013) y su heredero Nicolás Maduro.

«LA GENTE YA NO AGUANTA MÁS»

En Santa María de Ipire, un poblado perdido en las centrales llanuras del Orinoco, una marcha de vecinos, al usual grito de «el pueblo unido, jamás será vencido», obligó a las autoridades locales a liberar a los cabecillas de la protesta el martes 29. Al amanecer del miércoles 30 llegaron refuerzos policiales y militares para controlar las calles y desestimular cualquier concentración.

En Yaracuy, una zona a pocas horas en auto al noroeste de Caracas, varias poblaciones protestaron durante cuatro días en reclamo de gasolina, gas y otros servicios: quemaron neumáticos y el vehículo de una alcaldía y protagonizaron pedreas contra la Policía que costaron la detención de 30 manifestantes. Varios de ellos serán enjuiciados.

En los últimos días de setiembre, mientras a las pequeñas ciudades cercanas a la capital –esas sí con tradición de protesta– se enviaban refuerzos policiales y de la militar Guardia Nacional, se multiplicaban protestas en poblados y hasta caseríos de zonas del Interior tradicionalmente agrícolas.

Ponce sostiene que la nueva ola de malestar «se debe a la exasperación de la gente, que ya no aguanta más, porque la cuarentena impuesta por la covid-19 le dificulta salir y trasladarse a resolver el día a día, sin servicios esenciales y mientras el ingreso cada vez se derrumba más: ya el salario mínimo en Venezuela equivale a menos de un dólar al mes».

Al despuntar octubre el salario mínimo oficial en Venezuela es de 400 mil bolívares mensuales, mientras que la tasa de cambio oficial es de 436 mil por dólar. Varias consultoras económicas estiman que el ingreso medio de los trabajadores oscila entre 20 y 30 dólares mensuales, menos de la mitad del valor de la canasta alimentaria básica.

Las fallas de electricidad abarcan prácticamente todo el país y ya alcanzaron a Caracas, una suerte de burbuja en cuanto a suministro de servicios. En la populosa barriada de Petare, al este de la capital, hay viviendas y comedores populares forzados a cocinar con leña, por la falta del gas en cilindros del que dependen la mayoría de hogares. Las bolsas con comida –principalmente harina de maíz, arroz y pasta– que el gobierno mensualmente vende a familias pobres con subsidio de hasta 90 por ciento, cada vez demoran más en llegar y el mal estado de la red hídrica tiene a más de 80 por ciento de las comunidades, de todos los estratos sociales, con problemas de acceso al agua potable (véase «Vida miserable», Brecha, 7-VIII-20).

PARCHES Y REPRESIÓN

Ese telón de fondo alimenta las protestas, unas 6 mil en lo que va del año según el OVCS. La mayoría se inicia con cierre de vías, luego pasan a concentraciones y, en algunos sitios, han llegado a marchas que, prohibidas formalmente por la cuarentena, a veces son disueltas de forma violenta. Las consignas y las improvisadas pancartas dan cuenta de que en algunos casos hay un cierto grado de organización vecinal, pero, en general, no hay ni presencia ni mucho menos conducción por parte de las organizaciones políticas.

Capítulo aparte merece el tema de la escasez de gasolina, ya sobre el lugar común de que se registra en un país que fue durante un siglo un gran exportador de petróleo y aún posee las que quizá sean las mayores reservas de crudo del planeta. Casi no se manufactura ese combustible en las destartaladas refinerías, a lo que se añade el embargo contra el Estado dispuesto por Washington desde hace dos años, que deja a la industria petrolera sin insumos ni repuestos. Apenas si el gobierno ha podido traer algo de gasolina desde el remoto Irán, uno de sus países aliados (véase «Un cóctel imprevisible», Brecha, 7-VIII-20).

La escasez de gasolina genera enormes colas, que se prolongan por muchas horas y hasta por seis días, con transportistas y usuarios particulares llenos de angustia, rabia y desesperación (véase «Aguafuertes maracuchas», Brecha, 20-XII-19). Pero también muestran la cara de la respuesta gubernamental que disuelve las protestas: cuando llega el combustible a la estación de servicio y se surten los vehículos, se desinflan la rabia y la protesta. Otro tanto ocurre cuando falta la bolsa de comida o el gas para cocinar en una comunidad: el gobierno puntualmente provee el suministro y la protesta pierde aliento, reemplazada por la esperanza de que quizás se regularice el servicio. Cuando el gobierno no puede satisfacer el reclamo, entonces la protesta se sofoca con la represión a cargo de las fuerzas de seguridad y, a veces, de grupos civiles armados partidarios del oficialismo, llamados «colectivos».

SILENCIO OFICIAL

El líder formal de la oposición, Juan Guaidó, presidente del Parlamento (desconocido por el resto de los poderes del Estado) y «presidente legítimo de Venezuela», según Estados Unidos y otro medio centenar de gobiernos, ha llamado a intensificar la protesta. Mientras, el gobierno y sus medios de comunicación, que dominan el espectro radiotelevisivo, han puesto sordina a los reportes sobre las demostraciones, sus motivos y sus desenlaces.

Por ello, la muerte de un manifestante en un altercado en un pueblo remoto, que dejó también un policía herido, pasa desapercibida, aunque, según la organización humanitaria Provea, sea el quinto deceso en una protesta en lo que va del año. Parece apenas una anécdota en un panorama crítico de derechos humanos: en lo que va de 2020, según la alta comisionada de las Naciones Unidas para la materia, Michelle Bachelet, las fuerzas de seguridad han abatido a más de 2 mil personas, lo que indica un patrón de ejecuciones extrajudiciales.

Por ahora, las protestas no han impactado la pugna por el poder, mientras el oficialismo convoca a elegir un nuevo Parlamento el 6 de diciembre. La oposición, con la mayoría de sus partidos y dirigentes intervenidos o proscritos, anuncia que no participará, pues considera que se trata de una «farsa» para concentrar aun más poder en manos de Maduro y las Fuerzas Armadas que lo respaldan. Entretanto, las condiciones de vida en los hogares son cada día más precarias y, en ese caldo de cultivo, las protestas, sin duda, continuarán.

Humberto Márquezdesde Caracas 
2 octubre, 2020

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Jueves, 24 Septiembre 2020 06:28

Contundente varapalo de la Justicia

Contundente varapalo de la Justicia

La sentencia de la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia de Colombia publicada ayer reconoce el uso excesivo de la violencia por parte de la Fuerza Pública y reclama del Gobierno su neutralidad, el respeto por la ciudadanía y la garantía del ejercicio del derecho a la protesta pacífica.

En un acto histórico, la Justicia saca los colores al Poder Ejecutivo de la República de Colombia por su negligencia en el respeto de los derechos y libertades públicas y por su tácito respaldo a la violenta actuación de las fuerzas de seguridad, a las que reclama mesura y que cumplan sus funciones de mantenimiento del orden sin violar las libertades y los derechos.

La sentencia STC7641-2020 de fecha 22 de septiembre de 2020 da respuesta a la demanda planteada por 49 ciudadanas y ciudadanos contra el  presidente de la República, los ministros de Defensa e Interior, la Alcaldía Mayor de Bogotá, el director general de la Policía, el comandante general de  la Policía Metropolitana de la capital del país, la Defensoría del Pueblo y la Procuraduría General de la Nación solicitando “la protección de sus prerrogativas a la protesta pacífica, participación ciudadana, vida, integridad personal, debido proceso, ´no ser sometidos a desaparición forzada`, y a las libertades de expresión, reunión, circulación y movimiento, presuntamente amenazadas por las autoridades accionadas”.

En un documento preciso y exhaustivo de ciento setenta y una páginas, la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia, con Luis Armando Tolosa Villabona como magistrado ponente, ordena a las personas y entes encausados que “en lo sucesivo, se abstengan de incurrir en conductas como las que dieron lugar a esta acción”, dictaminando que los demandados deberán “dentro de las cuarenta y ocho (48) horas siguientes a la notificación de la presente decisión, insertar y facilitar la descarga del contenido completo y legible de este pronunciamiento, en la parte principal de sus respectivas páginas web y redes sociales, en un lugar visible y fácilmente identificable”.

Con esta sentencia la Justicia le exige al Gobierno y a la Fuerza Pública el respeto de la ley y de los derechos y las libertades públicas consagradas en la Constitución Política de 1991.

Para la sala, y eso que en el fallo ahora emitido no se han tenido en cuenta los trágicos sucesos de los días 9 y 10 de septiembre ya que la tutela sobre la que se pronuncia el alto tribunal fue presentada con anterioridad, existen elementos comunes de un uso equivocado de la fuerza para ejercer el control de las movilizaciones.

Adelanta la necesidad de establecer protocolos que se deberán recoger en un “Estatuto de reacción, uso y verificación de la fuerza legítima del Estado, y protección del derecho a la protesta pacífica ciudadana”, algo que, de alguna manera, viene a dar la razón a la petición de la alcaldesa de Bogotá de la necesidad de reestructurar el cuerpo de Policía para adaptarlo a un verdadero sistema democrático y desvincularlo de su carácter militar.

La sentencia ordena que desde ya se suspenda el uso de las escopetas calibre 12 manejadas por los Escuadrones Móviles Antidisturbios de la Policía Nacional (ESMAD); que el Gobierno Nacional sea neutral, incluyendo la no estigmatización de las protestas y sus protagonistas; que se conforme una “mesa de trabajo” para reestructurar las directrices del uso de la fuerza, y que el ministro de Defensa presente disculpas por los excesos que se han venido registrando desde la movilización del 21 de noviembre de 2019.

En su repaso a las actuaciones de la Policía, la sala revisa, entre otras muchas acciones excesivas, el caso del estudiante Dilan Cruz, fallecido a manos del Esmad por disparo de “arma no letal” en noviembre de 2019, determinando la sentencia que “no se evidencia que fuera necesario utilizar el arma larga para disuadir o evitar una antijuricidad de carácter relevante, irremediable, inminente e impostergable para salvaguardar un bien jurídicamente tutelado haciendo uso de ese instrumento para herir al ciudadano”.

La Sala termina afirmando que “una nación que busca recuperar y construir su identidad democrática no puede ubicar a la ciudadanía que protesta legítimamente en la dialéctica amigo–enemigo; izquierda y derecha, buenos y malos, amigos de la paz y enemigos de la paz, sino como la expresión política que procura abrir espacio para el diálogo, el consenso y la reconstrucción no violenta del Estado Constitucional de Derecho”.

Aceptando la tutela y disponiendo que se remita el expediente a la Procuraduría General de la Nación y a la Fiscalía General de la Nación para que inicien las investigaciones correspondientes y que rindan informes mensuales a la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá sobre el avance de las actividades desplegadas para el cumplimiento de los fines establecidos en la sentencia.

Toda una llamada de atención al Gobierno, con su presidente y su ministro de Defensa a la cabeza, y a sus fuerzas de seguridad para que respeten a la ciudadanía y sus derechos democráticos.

23 Sep 2020

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París: hubo detenidos e incidentes en la protesta de Chalecos Amarillos

Los manifestantes volvieron a las calles francesas

Las fuerzas de seguridad reprimieron con gases lacrimógenos a los presentes.  

 

Al menos 193 personas fueron detenidas en una protesta de los "chalecos amarillos" para exigir cambios en el sistema político francés de Emmanuel Macron, en lo que fue la primera manifestación tras el parate por las restricciones de la pandemia y el receso de verano.

Las fuerzas de seguridad reprimieron con gases lacrimógenos a los manifestantes que incendiaron mobiliario urbano para dificultar el paso de los vehículos en el noroeste de París. Antes del comienzo de la movilización en el centro de la Ciudad Luz, los uniformados habían detenido a 154 manifestantes.

Las detenciones se debieron sobre todo a la requisa de objetos peligrosos, como martillos, destornilladores, palos de metal y barras de madera, pero también botellas de alcohol y caretas, según varias fotos compartidas por la Prefectura de Policía de la capital en Twitter.

La intención de las autoridades era evitar que la movilización ingresara a la zona de los Campos Elíseos, donde preveían destrozos a los locales de la reconocida avenida parisina. La Policía, que realizó un fuerte operativo, publicó en redes sociales fotografías de cuchillos, máscaras y un arco incautados a los manifestantes.

Los chalecos amarillos, surgidos en el otoño de 2018 tras el aumento a los impuestos a los combustibles, denuncian que "las injusticias sociales y fiscales no dejan de crecer" en Francia. Con el correr de los días y la violencia que se desató en las protestas, fue virando hacia un movimiento más amplio de rechazo a las políticas de Macron.

En respuesta, el mandatario anunció un paquete de medidas con un costo de más de 10.000 millones de euros con el objetivo de cumplir algunas de las demandas de los chalecos amarillos, como aumentar el salario mínimo y reducir los impuestos a los jubilados.

El líder opositor de izquierda Jean-Luc Mélenchon felicitó a "los insumisos presentes en la manifestación de los chalecos amarillos", en un mensaje en Twitter en el que apeló a la calma.

"Reforcemos el rechazo de la violencia porque el prefecto (de la Policía de París, Didier) Lallament está esperando que haya incidentes para lanzar la maquinaria de noquear y encarcelar. Que sea absolutamente pacífica", escribió el que fuera candidato presidencial en 2017 por el partido Francia Insumisa.

Las concentraciones se sucedieron en las principales ciudades del país, como Burdeos, Toulouse y Marsella, mientras en París varios miles de personas salieron a la calle en un contexto poco favorable a las multitudes por la fuerte circulación del coronavirus en Francia, donde ayer se registraron más de 9.000 contagios.

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Viernes, 11 Septiembre 2020 10:14

Colombia, lava ardiente

Foto: Juan BARRETO / AFP

Septiembre 10. día dos. La explosión volcánica del 9 de septiembre, que le recordó al país la existencia de un intenso conflicto social, estructural, pendiente de resolución, mantiene su ebullición. Las evidencias de la lava, con cenizas, piedras, casquillos de bala, esparcidas por varios sectores de Bogotá, ciudad donde impactó con mayor fuerza, pueden apreciarse sin dificultad por varios de sus barrios.

Aunque desde el alto gobierno, apoyado por los medios oficiosos tratan de calmar al volcán en ebullición, regando agua fría por todos sus contornos, minimizando la violencia cotidiana que ejerce sobre grandes capas sociales, justificando los procederes de la injusticia gubernamental, lo cierto es que el volcán, aunque de día recobra tranquilidad, al llegar el crepúsculo expulsa de nuevo la rabia contenida. En Bogotá, cerca a decenas de CAIs, se congregan numerosas personas que a lo largo del día arengan contra la policía, recordándoles que son “asesinos”. El ambiente es tenso, y con el paso de las horas, la lava salta de nuevo por el aire, estallido de rabia acumulada por tanta violencia y humillaciones sufridas a diario por cientos de excluidos a manos de la policía; violencia también propiciada por las negaciones de que son objeto por parte de la banca, el gran comercio, los gobiernos de todo tipo.

 

 

Pero ahora la lava impacta más allá de Bogotá. Como fuego ardiente que es, cargada de energía, baja por el país para dejar evidencia de su calor vital, incluso, en ciudades como Cali, Medellín, Manizales, Ibagué, alrededor de gran parte de la Sabana de Bogotá (Fusagasugá, Madrid, Chía, El Rosal, Soacha), y otras ciudades menores del interior del país.

Expulsada por el volcán Colombia, montaña con grandes rocas en todos sus alrededores, ahora removidas por el intenso calor, así como sus aguas y tierras internas que como magma quema o deteriora todo lo que toca, en ello buses de Transmilenio, sedes bancarias, supermercados adscritos a grandes cadenas, CAIs motos y patrullas de la policía. Claramente es energía desbordada, impactando contra todo aquello que identifican como parte del poder, de los ricos, de la injusticia. Su fluir, hacia la sima, no busca la puerta del gobierno.

En su afán para contenerla, con métodos que el poder colombiano siempre ha utilizado aunque sin reconocerlo, algunos agentes del Esmad, más civiles camuflados a su alrededor, accionan no solo sus armas antidisturbios, sino también las no permitidas por las convenciones internacionales para contener este tipo de energías, acción registrada por las redes sociales que transmiten los momentos en los cuales los civiles (que también las usan) entregan armas cortas a los uniformados las que una vez accionadas van dejando un río de heridos (209 en todo el país, algunos graves) y hasta 11 muertos reconocidos por la institucionalidad. Las edades de quienes fueron batidos por los homicidas, así como los sitios y la manera como fueron impactados, testimonian la espontaneidad de los sucesos. Realidad reforzada por el afán de saquear, de lograr algo para la casa, ¿o tal vez son provocadores? Solo el tiempo despejará la nube de polvo que por ahora cubre la montaña Colombia.

Protestas en Villa Luz, 10 de septiembre de 2020, Inaldo Pérez-RCN Radio

 

En este bullir de energía volcánica, y de quienes pretenden contenerla, quienes disparan, como lo registran las redes sociales, seguramente piensan como el Coronel aquel que un 5 de noviembre de 1985, en medio del combate por el control del Palacio de Justicia, cuando le preguntaron por su misión, no dudó en responder: “defender la democracia, maestro”. Una defensa en la cual, no importa que hagan todo lo contrario, reventando por sus varios costados la montaña que dicen proteger.

Actúan como lo hace el poder por doquier, que en su afán por prolongar los beneficios de quienes lo usufructúan, desatan todo su potencial para atemorizar, para desmovilizar, para producir caos, para generar miedo. La muerte, las heridas sobre decenas de cuerpos, las golpizas sobre otros muchos, las detenciones de cientos, no son más que su marca, el sello del autoritarismo, de la violación de los derechos humanos, del irrespeto a la vida, del odio contra la diferente, del convencimiento que los embarga que la injusticia es natural.

Son fuerzas accionadas para lo que realmente fueron constituidas: para defender el poder, en todas sus expresiones y manifestaciones. Dicen que se someten en cada ciudad a la autoridad de turno, pero es la simple formalidad, esas fuerzas, policiales, civiles o uniformadas, junto con todo el aparataje militar, son parte sustancial del mismo poder que protegen y no se someten sino a su mando inmediato, la autoridad civil es para mofarse de ella, pese a lo cual esa autoridad es incapaz de denunciar tal evidencia, para educar a la ciudadanía, para insistir en la necesidad que la sociedad misma se haga poder y controle todo aquel aparataje que se coloca por fuera de su control.

El volcán mantendrá su ebullición, tal vez con menor potencia, para irse apagando. Algún día dejará salir de nuevo toda su energía, y tal vez en esa ocasión el poder, a pesar de toda su brutalidad, no logre contenerla.

 

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Miembros de la comisión electoral se preparan en Minsk para la jornada anticipada de las elecciones presidenciales en Bielorrusia. EFE/EPA/TATYANA ZENKOVICH

El régimen está en modo supervivencia y decidido a reprimir las protestas, incluso si tiene que derramar sangre en las calles

 

En el barrio residencial de Minsk donde me encuentro escribiendo este artículo se oye el incesante pitido de los cláxones de los coches. El sonido expresa la protesta popular en la capital de Bielorrusia contra Alexander Lukashenko y su deseo de permanecer en el poder, sumando otro mandato presidencial a un gobierno que cumple ya 26 años.

El domingo, cuando la Comisión Electoral Central anunció los resultados provisionales que indicaban un "elegante triunfo" de Lukashenko, con casi el 80% de los votos, la gente salió a las calles a defender sus votos por la candidata de la oposición, Svetlana Tikhanovskaya, que oficialmente sólo obtuvo alrededor del 10%.

Mientras los números oficiales dan una clara victoria a Lukashenko, sondeos independientes realizados a pie de urna revelaron resultados llamativamente diferentes: le daban casi el 80% de los votos a Tikhanovskaya y menos del 10% al presidente en funciones. La diferencia entre ambos recuentos, sumado a que a los observadores independientes se les prohibió quedarse en los centros de votación, generaron reacciones sin precedentes en el país.

Decenas de miles de personas se reunieron en las calles de Minsk, unidos por una simple consigna: "¡Vete!". En respuesta, los siloviki  –fuerzas de seguridad especiales del Estado– dispersaron las multitudes de forma violenta, arrestando a unas 3.000 personas la primera noche e hiriendo a cientos de manifestantes. Algo especialmente llamativo es que se realizaron protestas a lo largo y ancho de todo el país. Esta no es la reacción de un pequeño grupo de progresistas carente de representación.

Hace dos días que está bloqueado el acceso a internet. Ni siquiera funcionan bien los métodos alternativos, como las VPN (esto ya había sucedido la noche de las elecciones en 2010 y esporádicamente durante la campaña electoral de 2020). El lunes por la tarde los manifestantes ––muchos de ellos confiando en información encriptada por la aplicación Telegram– seguían intentando tomar las calles. Gracias a momentos de conectividad, se pudieron leer informaciones en Telegram que advertían que estaban entrando a la ciudad camiones militares y equipo militar adicional.

El plan de Lukashenko para permanecer en el poder se está desmoronando. En un discurso reciente ha advertido a toda la nación que no piensa "entregar el país". Tanto él como los otros miembros de su Gobierno saben que si dejan el poder ahora, serán perseguidos por las numerosas violaciones a los estándares democráticos y a los derechos humanos que han cometido, como el referéndum inconstitucional que permitió a Lukashenko presentarse como candidato a presidente de forma ilimitada; la desaparición de opositores en los años 90; y el encarcelamiento de todo aquel que se atreviera a cuestionar su autoridad, entre otras. Además, el pueblo se sentiría libre de analizar lo que ha sucedido en los últimos 26 años. El régimen está en modo supervivencia: están decididos a reprimir las protestas, incluso si tienen que derramar sangre en las calles.

Aunque Lukashenko todavía tiene poder sobre el aparato represivo del Estado –como ha demostrado la imagen de los siloviki metiendo manifestantes desarmados en camiones a plena luz del día– y sigue teniendo influencia sobre los empleados del sector público que trabajan en las comisiones electorales, ya hay señales de grietas dentro del sistema.

Varios centros de votación, tanto en Bielorrusia como fuera del país, informaron que sus recuentos de votos daban un triunfo de Tikhanovskaya sobre Lukashenko. La propia Tsikhanouskaya declaró a Associated Press que su equipo tenía pruebas de que hay muchos centros de votación "donde la cantidad de votos a [su] favor multiplicaba los votos a favor del otro candidato".

Algunas informaciones indican que la noche del domingo la policía apareció en algunos centros de votación y obligó a las comisiones a informar los resultados 'correctos'. Además, aunque muchos de los siloviki que estaban ayer en las calles reprimieron a los manifestantes, otros se negaron a participar en la represión. Estos son hechos sin precedentes en el país.

Otro motivo de inspiración para los manifestantes y aquellos que se oponen al régimen desde dentro (en las comisiones electorales y la policía) es la creciente consolidación de la sociedad civil. Los bielorrusos, aquellos que viven en el país y los de la diáspora, ya han metido la mano en el bolsillo para colaborar colectivamente con las personas detenidas y reprimidas.

Estamos en un punto de inflexión. Lukashenko tiene pocas opciones, más allá de aferrarse al poder, lo cual abre la puerta a más violencia estatal contra el pueblo. Al mismo tiempo, nunca antes ha habido este tipo de protestas contra lo insoportable que es la vida bajo el régimen de Lukashenko. Incluso si logra reprimir las protestas de los próximos días, la sociedad bielorrusa ya ha despertado hacia una lucha por la libertad que ha llegado para quedarse.

Por Katsiaryna Shmatsina investigadora del Instituto Bielorruso de Estudios Estratégicos.

11 de agosto de 2020 22:07h

 

Traducido por Lucía Balducci

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