Viernes, 17 Abril 2020 06:45

La sumisión de las masas

Manifestación el 16 de junio de 2019 en Hong Kong / Foto: Afp, Héctor Retamal

Del auge global de las protestas al silencio de la cuarentena.

 La pandemia le hace sombra a la política, y en todo el mundo la gente se queda en casa. De las protestas masivas de los últimos dos años no queda ni el eco en las calles vacías, y en la reclusión doméstica se decidirá si a la salida nos espera el amansamiento mundial o un futuro diferente.

Hace casi un siglo un ensayista español inició, en el diario El Sol, la publicación de una serie de artículos que, compilada en un libro bajo el título de La rebelión de las masas,dio a José Ortega y Gasset fama perdurable. En la actualidad, la pandemia global de covid-19 ha mostrado, en un par de meses, con qué facilidad se puede confinar a las poblaciones de continentes enteros, bajo el equivalente del estado de sitio, las medidas de seguridad o el toque de queda, como prefiera usted llamarle a eso que le dicen cuarentena. Tras dos años de protestas –por las causas más variopintas– en todo el mundo, las metrópolis están calladas, las calles desiertas, las manifestaciones prohibidas, y miles de millones de humanos permanecen recluidos dócilmente en sus viviendas donde la televisión repite sin pausas las cifras tremendas y crecientes de la pandemia.

A la calle, que ya es hora.

De acuerdo con un informe del Centro para Estudios Estratégicos Internacionales de Washington (Csis, por sus siglas en inglés), “las protestas masivas globales alcanzaron un cenit histórico hacia fines de 2019, al concluir una década en que habían crecido a una tasa anual del 11,5 por ciento, con la mayor concentración de actividad en Oriente Medio y en el norte de África, y la tasa de incremento más rápida en África al sur del Sahara”. El año pasado hubo protestas en Hong Kong y Santiago de Chile, en Haití, Beirut y Barcelona, en Harare, India, Ecuador, Colombia, España, Sudán, Irán y Francia, con manifestaciones antigubernamentales en 114 países, 37 de ellos recorridos por las multitudes airadas en tan sólo los meses finales de 2019.

El Csis recordó que esas protestas –cuya frecuencia y magnitud eclipsaron períodos históricos recientes similares como el del fin de la década de 1960, y el comprendido entre mediados de la de 1990 y comienzos de la de 2000– llevaron a que los jefes de gobierno renunciaran, u ofrecieran hacerlo, en Líbano, Irak, Bolivia, Argelia, Sudán y Malta. Para aplacar el ímpetu y la movilidad de las multitudes, los gobiernos apagaron Internet en India, Pakistán, Siria y Turquía.

“También el tamaño de las protestas en 2019 fue notable”, añadió el informe. “El 16 de junio, casi 2 millones de ciudadanos de los 7,4 millones de Hong Kong marcharon por las calles, y en el clímax de las protestas en Santiago de Chile, el 25 de octubre marcharon 1,2 millones de personas, casi la cuarta parte de la población de la ciudad, de 5,1 millones”, apuntó el Csis.

La ira de las masas no se nutrió tan sólo de lo que, en términos muy laxos, podría llamarse “izquierda”: los populistas autoritarios que han medrado en Europa central y del sudoeste se las arreglaron para sobrevivir a protestas en República Checa, Montenegro, Serbia, Polonia y Hungría. Y tampoco se limitó a las quejas y repudios a los gobiernos: hay que recordar la variedad y extensión de las demostraciones relacionadas con el cambio climático y la protección ambiental. En la última semana de setiembre, más de 6 millones de personas por encima de husos horarios, culturas y generaciones salieron a las calles en todo el mundo exigiendo acciones concretas y rápidas para lidiar con una creciente catástrofe ambiental. Más de 1 millón de personas marcharon por las calles de Italia, con movilizaciones similares en Argentina, Colombia, Brasil, España y Holanda, y en Nueva Zelanda más del 3,5 por ciento de la población se unió a las marchas.

Y, de pronto, la pandemia

Un coronavirus que en tres meses ha infectado a más de 2 millones de personas, y ha causado la muerte de 134 mil –según las cifras oficiales, porque las reales pueden ser bastante más altas– extinguió las protestas callejeras. En un mundo donde el 57 por ciento de los 7.800 millones de humanos vive en ciudades pequeñas, medianas o grandes, cada apartamento, cada casa se ha convertido en una celda donde cada uno vive solo o convive con unos pocos familiares o amigos, encerrados por el temor de siquiera aproximarse a otras personas.

Y las ciudades se han silenciado, el aire se libró de la contaminación de los motores, y en muchas partes del mundo los animales silvestres, que se las han arreglado para sobrevivir, escondidos, en parques y bosques cercanos, se pasean ahora por las anchas avenidas donde los semáforos dan paso u ordenan alto para un tránsito que no existe.

El freno abrupto a la rebelión de las masas tiene un antecedente cercano. En la década de 1990, cuando arremetió impetuoso el cuento de los “tratados de comercio libre”, se inició un movimiento que intentaba frenar la globalización o, al menos, domesticarla. Al frente de las protestas estuvieron los sindicatos –sí, todavía existían los sindicatos– y los estudiantes, y también los empresarios y granjeros que supieron avizorar la destrucción que se aproximaba para las industrias, las agriculturas y las culturas locales. Fue una década de luchas populares contra la versión neoliberal de la Organización Mundial del Comercio, luchas que tuvieron su confrontación emblemática en la batalla de Seattle, en 1999.

Por varios años, el centro de Washington, la capital de Estados Unidos, fue el escenario de protestas en las que iban codo a codo los anarcos vestidos de negro y las religiosas católicas que ayudaban a inmigrantes, los veteranos de las protestas contra la guerra de Vietnam y jovencitas/os de género arcoíris, granjeros sureños blancos y militantes urbanos negros, cristianos, musulmanes, judíos, budistas, carapálidas de ojos azules de la más tradicional aristocracia protestante y morenitos aindiados centroamericanos. Las protestas continuaron y crecieron al iniciarse la nueva década, enriqueciéndose en el discurso que vinculó la globalización con la contaminación ambiental, el uso tóxico de combustibles fósiles y el cambio climático.

Y, de pronto, 11 de setiembre de 2001. Las movilizaciones mundiales contra la globalización se disolvieron en la propaganda gubernamental y en la obsesión social de la “guerra contra el terrorismo”. El enemigo entonces actuaba oculto, de manera solapada, podía estar en cualquier parte. Se aprobaron leyes y se adoptaron prácticas que violaron las normas de las sociedades democráticas. Se encarceló a inocentes, se torturó a sospechosos y se mató a cientos de miles de civiles. Y las masas no protestaron.

El enemigo ahora ataca solapado, puede estar en cada otro ser humano que se nos aproxime, en cualquier parte. Y nos hemos impuesto todos los cortes a nuestra libertad individual que los expertos en salud recomiendan, y los gobiernos aplican, y quedamos absortos, aburridos o espantados frente al televisor que nos repite, incesantemente, los horrores allá, afuera, y la plaga que les cae a quienes no se atienen a las órdenes.

La pausa.

El encierro planetario está teniendo consecuencias económicas, sociales y de salud tanto mental como física. Por ahora, todos estamos más preocupados por conseguir comida, proteger la salud y sobrevivir entre cuatro paredes que por la desmovilización masiva de las campañas políticas, las reivindicaciones laborales, las igualdades de géneros, la defensa de especies amenazadas o la limpieza de los mares.

Pero qué se cuece en las hornallas de hogares sobrehabitados depende tanto del tiempo que esto dure como de los ingredientes que se vayan acumulando. “El vuelco profundo que está operando en mí, y que puede estar operando en ti también, es que no veamos este como un tiempo de cuarentena, sino como el tiempo en la crisálida”, escribió en marzo el gurú motivacional Kirk Souder.

La pandemia de covid-19 ha validado varios de los argumentos con los que tres décadas atrás se levantaban las voces que advertían sobre la globalización. La urbanización acelerada, el incremento en números y distancias de los viajes de enormes cantidades de turistas, los desplazamientos de tropas a miles de quilómetros de su país de origen y los éxodos de refugiados y migrantes han facilitado la propagación rápida de nuevos virus, transmitidos desde los animales que criamos y explotamos en instalaciones industriales para el consumo o que destruimos casi hasta el borde de la extinción.

La interconexión de las industrias por sobre fronteras y continentes y la interdependencia de las redes de distribución de alimentos y otros productos han llevado a una estructura socioeconómica que, además de facilitar la transferencia de riqueza hacia los que ya la tienen, es frágil y vulnerable a fenómenos naturales o pestilencias. La pausa en la que estamos todos atrapados ahora es una bofetada esclarecedora para que consideremos cuánto de lo que consumimos es necesario y cuánto es puro entretenimiento, gasto innecesario, derroche y chiches electrónicos y digitales prescindibles.

La respuesta chambona de la mayoría de los gobiernos, sea cual sea su ideología, consolida la desconfianza hacia las instituciones y dirigentes políticos que dio energía a las protestas de 2019. En el caso particular de Estados Unidos, la respuesta desorganizada e insuficiente del gobierno –sazonada por la torpeza, ignorancia y desvaríos de un presidente que por semanas negó que hubiese un problema– ha clarificado el debate sobre la necesidad de un sistema nacional de salud pública, y la incapacidad de un sistema de salud controlado por empresas privadas. ¿Cómo es posible que en el país más rico del mundo ahora nos enteremos de que hay menos de 1 millón de camas de hospital disponibles para una población de más de 327 millones de personas? ¿Cómo es que en Estados Unidos nadie sabía cuál era el inventario de mascarillas o pulmotores disponibles para encarar una pandemia?

En una referencia a Taiwán, Nueva Zelanda y Alemania, la Cnn notó esta semana que los gobiernos que mejor han respondido a la pandemia están encabezados por mujeres, lo que enriquece la reflexión sobre las aptitudes y calificaciones de más de media humanidad para compartir las responsabilidades.

En un artículo para la revista Jacobin, de Nueva York, Meagan Day escribió que “en los países que están paralizados económicamente, estos tiempos de pandemia son un intervalo breve en una era de inquietud”. “Cuando esto pase, probablemente veremos protestas en una escala que jamás imaginamos”, añadió. “El desempleo en Estados Unidos posiblemente sobrepasará los niveles de la Gran Depresión, y seguramente le seguirá la inestabilidad política. Si la pandemia empieza a causar devastación mayor en África y América del Sur, donde las protestas ya se estaban intensificando a un ritmo jamás visto en la historia humana, esta pandemia actuará como un fósforo en un polvorín.”

Aunque puede esperarse, con cierto grado de certidumbre, que a la pandemia le seguirán tiempos agitados en todo el mundo –y más revueltos cuando llegue la segunda ola de coronavirus–, la incógnita es qué rumbo tomarán las masas. En el miedo medra el autoritarismo, pero en la crisálida también habita la esperanza.

17 abril, 2020

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Ineficaz emergencia carcelaria contra coronavirus en Colombia

A pesar de la protesta pacífica llevada a cabo por la población carcelaria a nivel nacional el pasado 6 de abril, reclamando sus derechos a la salud y a la vida, el gobierno nacional no agiliza el decreto para deshacinar prisiones y así evitar un alarmante riesgo de contagio en estos centros del oprobio. Por el contrario el director general del Inpec, general Norberto Mujica, autorizó que personas con “alto perfil delincuencial” que están en Uri (Unidades de reacción inmediata) y estaciones de policía sean enviadas a las cárceles.

La población carcelaria continúa exigiendo sus derechos frente a la pandemia del coronavirus. No temen volver a protestar, a pesar de la masacre sufrida el pasado 23 marzo que dejó 23 reclusos muertos a manos del Inpec y más de 80 lesionados. Y a pesar de la intimidación y castigo a que han sido sometidos, con traslados a cárceles lejos de sus familiares, y con requisas cada vez más frecuentes y la intimidación que se padece en medio de ellas.

Es así como durante la semana que inició el 6 de abril, llevaron a cabo cacerolazos, desobediencias y huelgas de hambre en un total de 24 cárceles. Siguen exigiendo al gobierno nacional y al Ministerio de Justicia medidas inmediatas para reducir el 52 por ciento de hacinamiento que reina en las cárceles del país, precisamente uno de los factores de riesgo para contraer el letal virus Covid-19, sumado a lo cual está el precario servicio de agua con que abastecen muchas prisiones del país, asi como sus antihigiénicas instlaciones, la mala calidad del servicio médico ofrecido a su interior, para solo relacionar algunos de los factores que agobian la vida de quienes pasan sus días a la sombra y que facilitarían la rápida reproducción del virus.

Sobre esta situación, Gavino Silva, encargado del área carcelaria del Equipo Jurídico Pueblos, comentó que los reclusos exigen medidas inmediatas frente a la pandemia porque “Los presos ven con bastante preocupación cómo se está expandiendo el virus en el país. Sienten que muy pronto les va a llegar. Los guardias del Inpec están entrando sin tapabocas y sus medidas de seguridad sanitaria son bajas. Ellos pueden estar ingresando el virus a las cárceles. Comentan (los presos) que el gobierno decretó una emergencia carcelaria, después de la masacre de los 23 presos, que para lo único que ha servido es para reprimirlos y empezar a trasladarlos”.

El director general del Inpec, Norberto Mujica, y la ministra de justicia Margarita Cabello, decidieron decretar la emergencia carcelaria por temas de salud y orden público, pero lo único realizado a gran escala es evitar las visitas a los presos y realizar jornadas de aseo en las cárceles. Esto no quita de raíz el alto riesgo de propagación del virus, ya que las medidas impuestas o recomendadas a lo largo del país para evitar la propagación del virus en los lugares de encierro no es posible implementarlas: guardar distancia entre personas –dos o tres metros–, asearse las manos con frecuencia no superior a las tres horas, usar gel y desifectantes, evitar contacto directo con metales, usar mascarillas y de ser posible guantes.

Pero el decreto de la emergencia carcelaria proyectado desde hace algunas semanas para reglamentar la excarcelación y deshacinar prisiones, para evitar un contagio masivo, no ha pasado de su borrador, sigue engavetado en discusiones entre entes gubernamentales. La pandemia no da espera y una crisis de salud pública en cárceles está en riesgo de estallar. La última discusión sobre el borrador del decreto corrió por cuenta de las objeciones presentadas por la Fiscalía General de la Nación a cargo de Francisco Barbosa, quien dijo que la adopción de medidas de deshacinamiento serían innecesarias porque no reducen el riesgo de propagación del SARS-Cov-2, así como llevar a los reclusos a sus sitios de vivienda sería trasladarle una pesada responsabilidad a su familia.

Ante estas objeciones, la Comisión de Seguimiento de la Sociedad Civil a la Sentencia T-388 de 2013* se manifestó en un carta abierta. Sobre ello Gloria Silva, integrante de esta Comisión, en entrevista con desdeabajo contó: “La fiscalía plantea que la ley ordinaria ya tiene una serie de medidas para poder acceder a estas excarcelaciones, lo que plantea la Comisión es que esas medidas no cumplen con el propósito de deshacinar de manera rápida las cárceles en frente del corona virus. Si fuera así no estuviéramos con este problema de hacinamiento”.

Una evidente falta de voluntad política por parte del gobierno nacional para resolver esta problemática, como también queda manifiesta en las objeciones interpuestas por la Fiscalía para utilizar las medidas de sustitución existentes en el ordenamiento legal (la reclusión domiciliaria u hospitalaria para personas con enfermedades graves, bien sean sindicadas o condenadas), lo que nos lleva a preguntarle a Gloria, ¿qué pasa entonces con los sindicados que son casi 38.000?

“Prisión domiciliaria se le puede aplicar a sindicados y condenados pero existe un régimen de exclusiones que impide la salida de muchos. El decreto se vuelve más restrictivo que hasta la misma ley ordinaria, por ejemplo, el delito de rebelión está excluido cuando en la ley ordinaria no. La ley plantea la detención domiciliaria u hospitalaria para personas con enfermedades graves, pero lamentablemente existen aún muchas personas con este tipo de patologías privadas de la libertad. Pero también hay un régimen de exclusiones que se mantiene en el borrador del decreto, que es bastante restrictivo y complicado” contestó la abogada.

¿Qué tipo de exclusiones hay en el decreto?

“Hay un trato discriminatorio. Por ejemplo, están excluidos delitos como hurto calificado y agravado. ¡Y la mayor parte de la población carcelaria está por hurto! Está excluido el delito de robo de ganado: el abigeato ¿Cuántas personas habrán condenadas por abigeato?, o también delitos como porte o tráfico de estupefacientes, donde muchas de quienes permanecen presas son personas pobres que hacen parte de la primera línea de producción y procesamiento de las drogas”, explicó la abogada Gloria Silva que hace parte de esta Comisión reconocida por la Corte Constitucional y cuyas recomendaciones son tomadas en cuenta por la misma para contrastar información.

La más reciente jornada de protesta pacífica realizada por los presos no tuvo mucha cobertura en medios, ni tampoco despertó el interés del gobierno para agilizar el decreto para una inmediata solución a la población carcelaria. Tal vez esto signiica que, como ya es norma en Colombia, solo los sucesos con sangre merecen la atención del poder, así como de los medios oficiosos de comunicación. Ojalá no estén esperando que las circunstancias lleven a otra masacre, para así darle vía libre al decreto, o que el virus desate una emergencia de salud y muerte entre barrotes para ahí sí tratar de remediar lo que ya no tendría solución.

El problema del deshacinamiento de las cárceles del país, uno de las circunstancias estructurales que la misma Corte Constitucional ha declarado como parte de la violación sistemática de derechos humanos de la población reclusa, no es asiumido por parte del gobierno nacional como una prioridad por superar. Un gobierno indolente, violento, que en el caso de la pandemia en curso incurre en evidentes contradicciones con sus medidas de cuarentena. Es así como el número de contagiados día tras día aumenta y más tarde que temprano llegará a las cárceles. El momento oportuno para evitar la propagación del virus es ahora.

*Recordemos que con esta Sentencia la Corte Constitucional declaró por segunda vez el estado de inconstitucionalidad en las cárceles del país e identificó que allí existe una violación sistemática de los derechos humanos.

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Cárcel Nacional Modelo, Bogotá

De momento, se desconoce la cantidad de heridos o si se han registrado muertos.

En al menos 10 cárceles de Colombia, los reos protestan este sábado por las medidas tomadas para afrontar la crisis por la pandemia de coronavirus.

En las ciudades de Bogotá, Jamundí, Cómbita e Ibagué se produjeron
protestas, incendios y enfrentamientos. De momento, se desconoce la cantidad de heridos o si se han registrado muertos.

Vecinos del sector de Bogotá donde se encuentra ubicada la cárcel La Modelo comentan en en redes sociales que se oyen balaceras. En redes sociales se han publicado videos desde el interior del penal en los que se ve a reclusos gritando "vamos para la calle".

Estos sucesos ocurren después de que el Movimiento Nacional Carcelario exigiera en un comunicado mejoras en las condiciones de las cárceles y rechazara las actuales medidas para enfrentar al coronavirus.

"Ante la alerta de salud que se ha generado en el país en los últimos días respecto a la pandemia de coronavirus, las personas privadas de la libertad alzamos la voz en rechazo de las políticas y acciones poco efectivas que ha tomado el INPEC y las entidades de gobierno en las cárceles de Colombia", reza el comunicado, citado por El Espectador.

El mismo día, el Gobierno del país suramericano confirmó la primera muerte por coronavirus. Se trata de un taxista de 58 años que murió en la ciudad de Cartagena.

El presidente, Iván Duque, decretó el pasado viernes que a partir del próximo martes la República entrará en "aislamiento total obligatorio" para frenar la propagación del nuevo coronavirus, que hasta el momento ha infectado a 210 personas.

22 mar 2020

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El presidente colombiano Iván Duque, durante una conferencia de prensa.Raúl Arboleda / AF

El Congreso pospone sus sesiones y las protestas contra el Gobierno quedan en suspenso

Bogotá - 19 mar 2020 - 19:04COT

l presidente de Colombia, Iván Duque, acabó el año pasado asediado por las protestas en las calles, su baja aceptación en las encuestas y una oposición al alza. La segunda quincena de marzo se anticipaba como un momento decisivo para un Gobierno sediento de gobernabilidad, que ha remodelado su Gabinete en busca de aplacar el descontento popular y alcanzar las mayorías que le han sido esquivas en el Congreso. Pero la crisis del coronavirus ha puesto en cuarentena a los manifestantes, trastocado la agenda política y eclipsado el más reciente escándalo de supuesta corrupción electoral.

Todas las fechas juiciosamente marcadas por los analistas políticos en el calendario se han ido cayendo. O más bien, las ha ido tumbando el avance de la pandemia, con 108 casos confirmados de Covid-19 en Colombia hasta este jueves. Esta semana, por ejemplo, estaba programado el regreso del Congreso. Las expectativas sobre el reinicio de la legislatura, con una agenda que debería incluir reformas de calado, eran considerables. Sin embargo, el presidente del Senado, Lidio García, anunció el aplazamiento de las sesiones legislativas hasta el próximo 13 de abril, “con posibles prórrogas supeditadas a las medidas que se sigan tomando frente a la emergencia sanitaria en que se encuentra nuestro país”.

La decisión no dejó a todos satisfechos. “Trabajar de forma virtual si es posible”, reclamaba sin negar la crisis sanitaria el senador Juan Luis Castro, un médico cirujano de la opositora Alianza Verde. Le pedía a los presidentes de ambas cámaras “que se implementen de la forma más rápida posible los debates online o las sesiones virtuales. Más que nunca Colombia necesita un Congreso trabajando”. El Legislativo, con su ejercicio de control político, quedó en suspenso.

Las implicaciones son notorias en ambas orillas. La respuesta de Duque a la inédita oleada de protestas desatadas desde las marchas del 21 de noviembre fue lanzar lo que llamó una gran “conversación nacional”, que concluyó el domingo. Para el Gobierno se trataba de construir políticas de largo plazo, aunque diversos sectores lo veían como una estrategia para diluir el malestar social que no atendía la amalgama de reclamos de los manifestantes –que incluían implementar el acuerdo de paz o mayores recursos para la educación pública, entre muchos otros–. En cualquier caso, la crisis del coronavirus opacó el interés en las conclusiones de ese diálogo que el Gobierno se proponía traducir en proyectos legislativos sobre empleo, medio ambiente o lucha contra la corrupción. Sin sesiones legislativas, cualquiera de esas iniciativas se vería ahora mismo represada.

La estrategia de la Presidencia, con una aprobación que según la última medición de Gallup apenas alcanza el 23%, no aplacó el descontento. El llamado Comité Nacional del Paro había convocado una gran jornada de manifestaciones para hacerse sentir el 25 de marzo en todo el país. Sin embargo, los esfuerzos por evitar la propagación, que incluyen medidas como prohibir congregaciones de más de 50 personas, obligaron a replantear esa convocatoria. Ya no habrá marchas ni movilizaciones sino un cacerolazo desde los hogares acompañado de múltiples mensajes en redes sociales, según anunció el comité que agrupa a centrales obreras y organizaciones estudiantiles.

Duque ha aprovechado que las movilizaciones amainaron este año para concretar, a cuentagotas, la largamente esperada remodelación de su Gabinete. Mantuvo los principales ministerios en la órbita del Centro Democrático, el partido de Gobierno fundado por el expresidente Álvaro Uribe, su mentor político, pero remató los cambios con un gesto de apertura a otros partidos. Al Gabinete llegaron los conservadores, el Partido de la U y especialmente Cambio Radical, que se quedó con la cartera de Salud, en cabeza del médico Fernando Ruiz Gómez, quien ha debido afrontar la crisis.

En esa naciente coalición, Cambio Radical –el partido del exvicepresidente Germán Vargas Lleras, otrora férreo crítico de Duque– se antojaba como el fiel de la balanza para garantizarle al Gobierno las mayorías necesarias en el Congreso para echar andar las reformas política, a la salud y la justicia que ha prometido. Además de las sensibles reformas sobre asuntos laborales y pensionales, que en alguna medida fueron detonantes de las manifestaciones. A Duque, que ya cumplió año y medio en el poder, se le agota el tiempo para dejar la impronta de su Gobierno. El pulso legislativo con la oposición, en cualquier caso, quedó postergado.

Como en otros países de la región, el Ejecutivo ha ordenado en estas semanas de vértigo el cierre de sus fronteras terrestres, fluviales y marítimas; restringido el ingreso de extranjeros al país; cancelado los eventos y reuniones de más de 50 personas; suspendido clases en colegios y universidades; ordenado el aislamiento de los mayores de 70 años. Por momentos, la oposición pareció conceder a Duque una tregua para lidiar con la emergencia sanitaria. Claudia López, la alcaldesa de Bogotá, llegó a mostrarse solidaria con el mandatario en tiempos de crisis.

Pero la presión para cerrar también la frontera aérea, y el aeropuerto El Dorado de Bogotá en particular, volvió a elevar la tensión. A los llamados de la alcaldesa por redoblar controles en la terminal se sumó una carta de 71 congresistas que pedían restringir los vuelos. “¿Si tenemos unos colombianos que están tirados en un aeropuerto los dejamos allá?”, se preguntó Duque el martes en una entrevista con la emisora Blu Radio al reiterar que no pensaba cerrar el espacio aéreo. Sin embargo, este jueves anunció que suspendía durante 30 días la llegada de vuelos internacionales de pasajeros.

El presidente terminó además agriamente enfrentado con los alcaldes por un confuso decreto que cuestionaba los toques de queda que habían decretado algunos y el simulacro de aislamiento previsto para el fin de semana en Bogotá, que al final sigue en pie. “Permitan que las autoridades en cada región tomen sus propias medidas”, opinó el exvicepresidente Vargas Lleras, en teoría nuevo aliado del Gobierno. El tono del debate ilustra el cambio de prioridades de la agenda política.

Otro efecto inesperado del coronavirus ha sido eclipsar escándalos que en otras condiciones concentrarían la atención pública, como ocurre con la investigación por presunta compra de votos para favorecer la campaña presidencial de Duque. El caso implica al narcotraficante José Guillermo Ñene Hernández, asesinado en un atraco en Brasil y vínculado al uribismo. La Corte Suprema incluso abrió una investigación formal contra el expresidente Uribe. “Nunca le pedí al señor Hernández ningún recurso para mi campaña, ni tampoco hay aportes del señor Hernández a mi campaña”, ha dicho Duque. Al final de la entrevista de este martes con Blu Radio, el mandatario declinó amablemente referirse de nuevo al escándalo: “Yo no dejo de contestar preguntas, [pero] dejemos por hoy en el coronavirus que es el tema inmediato”.

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Postales feministas desde Chile, Fotos de mazurquica

Una marcha motera feminista en Egipto, gases lacrimógenos en Turquía, detenciones en Kirguistán, ataques ultras en Pakistán y pañuelos por el aborto en Argentina son algunas de las principales postales del 8M.

 

Chile: un 8M contra el Gobierno de Piñera

 

De Chile ha salido recientemente el canto feminista más potente a nivel internacional en los últimos meses. La interpretación de Las Tesis de Un violador en tu camino se ha repetido hoy en buena parte del mundo y, como no, aquí también. En esta ocasión, delante de La Moneda, el palacio presidencial. El 8M en Chile ha llevado el sello del estallido social que vive el país desde el pasado 18 de octubre. Miles de mujeres se han congregado en la rebautizada Plaza Dignidad de Santiago. El aborto libre, seguro y gratuito y el fin a todo tipo de violencia machista han sido las demandas más coreadas, que se han mezclado con los gritos contra el Gobierno y la represión policial.

Las mujeres que cada viernes apoyan las protestas, como las brigadistas que atienden a los heridos o las 'mamás capucha', que llegan a la 'zona cero' para repartir comida a los jóvenes que se enfrentan directamente con la policía en primera línea, han cobrado un especial protagonismo este domingo. Texto: Meritxell Freixas.

 

Kirguistán: atacadas por radicales y luego detenidas

 

En Kirguistán, los ultras machistas y la policía apenas han dado tiempo a las manifestantes a desplegar las pancartas que tenían preparadas para la marcha. Primero, un grupo de encapuchados ha atacado con huevos la concentración convocada por la organización feminista Bishkek Feminist Iniciatives contra la violencia machista. Poco después llegó la policía y se llevó detenidas a unas 90 participantes cuando cantaban Un violador en tu camino, según ha informado la organización.

"Estuvimos en la comisaría unas dos horas y media", ha informado la portavoz del grupo. Tras anotar los datos de las activistas, la policía ha liberado a las mujeres. Según la portavoz, se trata de la primera vez que una marcha de mujeres en Kirguistán acaba con sus participantes en comisaría, ya que los actos convocados por las feministas en los últimos ocho años nunca habían sido interrumpidos de una forma tan abrupta. La portavoz relaciona lo ocurrido con la "radicalización" de una parte de la sociedad "que está en contra de los derechos de la mujer". La Policía ha informado que la concentración no estaba autorizada para poder garantizar su seguridad, lo que llevó a "diversas provocaciones e infracciones del orden público".


Argentina: pañuelazo por el aborto frente a la catedral

El movimiento feminista argentino ha celebrado este domingo un 'pañuelazo' por el derecho al aborto frente a la catedral de Buenos Aires. Al mismo tiempo, a unos kilómetros, en la Basílica de Luján, uno de los principales templos del país, la Conferencia Episcopal había organizado una misa para mostrar su rechazo a la interrupción del embarazo.

La semana pasada, el presidente Alberto Fernández anunció ante la Asamblea Legislativa el envío de un proyecto de ley para legalizar el aborto tras el último rechazo en el Senado, en agosto de 2018.


Colombia: sororidad feminista en Bogotá

"Por ellas es la lucha, de esto se trata", exclama la joven colombiana de la fotografía, apelando a la coherencia. La sororidad feminista era eso. Ayudar a limpiar una pintada a la trabajadora que, en su Día de la Mujer, no pudo cambiar los guantes de látex y la fregona por la pancarta. Una acción minúscula que causó la sonrisa cómplice de sus compañeras de protesta, "por las que no tuvieron el privilegio de salir a reivindicar sus derechos".

"Mujer trabajadora, esta es tu lucha", fue el lema de la masiva marcha que recorrió el centro de Bogotá (Colombia) y que este año terminó con una gran fiesta popular en uno de los barrios más pobres de la capital colombiana. "¿Quiénes son?", se preguntaba una vendedora ambulante del barrio, observando con incredulidad pasar a miles de mujeres jóvenes: las de los torsos al descubierto, las enmascaradas, las de las pañoletas verdes y moradas, las de la wiphala indígena, las madres con sus hijas. "Somos las nietas de las brujas que no pudieron quemar", coreaban ellas, como si hubieran escuchado su pregunta. Texto: Marina Sardiña.


Francia: unión del feminismo clásico y el joven en París

Rozan las dos de la tarde, todo el vagón se baja en Plaza d'Italie, se aglomeran las pancartas y se empiezan a escuchar los primeros lemas: "Somos valientes, estamos orgullosas, el feminismo radical entra en cólera". Esto acaba de empezar, cuentan muchas a medio camino entre el entusiasmo y la rabia. Piden cambios profundos y, algunas, la dimisión del presidente Emmanuel Macron. Francia es uno de los países con más asesinatos machistas de Europa. Las manifestantes portan pancartas con el nombre y la edad de cada una de las asesinadas este año.

Aparcando sus diferencias, el feminismo clásico, heredero de mayo del 68, y activistas más jóvenes y radicales han tomado este domingo las calles de París consolidando una presencia que aumenta a pasos agigantados desde 2018. Las más jóvenes y radicales no esperaron al 8M y el sábado por la noche celebraron su propia marcha, que acabó con represión policial y gases lacrimógenos. Texto: Marta Maroto



Egipto: la marcha de moteras feministas en El Cairo

En un país donde no están permitidas las manifestaciones y las mujeres suelen viajar en moto como pasajeras, sentadas de lado, con las piernas cerradas y agarradas a hombres que conducen, una decena de mujeres con chupas de cuero y rosas en la mano acompañadas por otros 15 moteros han realizado este sábado una concentración a lomos de sus harleys para reivindicar los derechos de las mujeres."Llevamos celebrando el Día Internacional de la Mujer desde hace cinco años, cada año vamos a un sitio diferente de la ciudad y conducimos todas juntas", cuenta Angy Ghattas, responsable de Harley Davidson en Egipto.

"Las mujeres egipcias son especiales, han sobrepasado el nivel de lo que está o no permitido", señala Hanna Sharawi, una de las moteras que ha participado este sábado en la concentración. "Las nuevas generaciones están cambiando, visten diferente, se quieren a sí mismas y creo que ha llegado la hora del cambio", añade. El recorrido este año ha comenzado en el centro de El Cairo, pasando por diferentes zonas de la capital egipcia como la plaza Tahrir, y ha terminado en el barrio de Zayed, a las afueras de la ciudad, dónde las motoristas se han reunido con sus familias, han comido shawarma y han terminado el evento al son de la música latina. Texto: Esther Alaejos

Turquía: gases lacrimógenos en Estambul

En Estambul, la policía antidisturbios ha intervenido con gases lacrimógenos y cargas contra una marcha feminista que pretendía manifestarse en la céntrica calle Istiklal, tradicional lugar de concentraciones cívicas. Desde el mediodía, los agentes habían rodeado tanto la avenida como la adyacente plaza Taksim con vallas metálicas e impedían el acceso para evitar que grupos feministas desplegaran pancartas en esta zona.

Sin embargo, más de 5.000 activistas se han reunido por la tarde en una calle cercana y han marchado hacia la zona blindada, derribando una valla, a lo que la policía ha respondido con cargas, gas y forcejeos para empujar al grupo nuevamente calle abajo. "La calle es nuestra" y "nunca cederemos la calle a los hombres", gritaban algunas.

Entre los eslóganes, aparte de la pancarta de "lucha feminista contra el patriarcado", destacaban mensajes contra el matrimonio de menores; contra la obligación de cuidar de marido, casa y niños; y de solidaridad con las mujeres inmigrantes. Otras dos concentraciones diferentes se han celebrado sin incidentes por la ciudad.
Postal Pakistán


Pakistán: las piedras no pueden con las manifestantes

Una breve lluvia de piedras provocada por el sector religioso más ultra no ha logrado frenar a las manifestantes feministas en Islamabad, capital de Pakistán, aunque han provocado varios heridos. Con el eslogan "Mi cuerpo, mi elección", la Marcha Aurat (mujer, en urdu) ha levantado ampollas en Pakistán desde su inicio en 2018, pero este año los sectores más misóginos de la sociedad habían multiplicado sus amenazas.

A pocos metros de la marcha y separados por varios cordones policiales y una valla se celebraba una contramanifestación. "El cuerpo es de Alá, la decisión es de Alá", rezaba un póster como respuesta al eslogan feminista. En uno de los peores países del mundo para ser mujer, centenares de mujeres iniciaron las protestas con marchas nocturnas el sábado. Las organizadoras de la marcha han dedicado la protesta a las "feministas que construyeron los cimientos" para anular una parte esencial de las llamadas Ordenanzas Zina, una normativa aprobada por el Parlamento nacional sin debate previo en 1979 que convertía la violación en un delito de adulterio punible hacia la mujer con una sentencia de muerte.

 

Fotografías: Marta Maroto / Meritxell Freixas / Esther Alaejos / Marina Sardiña /

 


España

El Salto diairo

 

 

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Chile

 

Más postales feministas desde Chile
 
Fotos de mazurquica.
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 Multitudinaria marcha en Santigo de Chile por el 8 de marzo. Foto: ATON

La Coordinadora 8M de Chile hizo un positivo balance de las multitudinarias marchas que se realizaron en Santiago y en otras ciudades del país por la conmemoración del Día Internacional de la Mujer.

De acuerdo a la organización, alrededor de 3,5 millones de mujeres marcharon en todo el país, dos millones de las cuales lo hicieron en Santiago, expresó la vocera Alondra Carrillo.

"Calculamos que dos millones de mujeres marcharon por la Alameda el día de hoy, llegaron desde distintos puntos de Santiago a movilizarse en este espacio y durante toda la jornada se han desarrollado movilizaciones en otras regiones que nos hacen estimar la cifra en aproximadamente en tres millones y medio de mujeres que han estado en la calle en esta jornada en todo Chile", dijo la vocera.

Además, cuestionó los datos de Carabineros que cifró en apenas 150 mil las personas que participaron de la protesta y dijo que, a su juicio, no se trata de un error.

"Es absurdo y todo el mundo lo ha hecho notar, pero no es un error, Carabineros no lo dice a modo de equivocación, lo dice para intentar negar lo que está ocurriendo y lo que está ocurriendo es que la revuelta popular sigue su curso y sigue su curso con la potencia del movimiento feminista. Este 8 de marzo lo que hace es reabrir la revuelta popular que se inauguró el 18 de octubre y que ha puesto en tela de juicio la forma en que se organiza Chile, la vida cotidiana", planteó Carrillo.

Críticas por la represión de Carabineros

La dirigenta además cuestionó el actuar de la Policía, acusando que hubo represión en diversos puntos de la marcha que se desarrolló por Alameda durante la jornada.

"Hubo represión en la Plaza de la Dignidad, hubo represión en Universidad Católica, donde se gaseó con gas pimienta a las manifestantes. El INDH declaró que estaban gravemente afectadas por el uso de este mecanismo disuasivo", aseveró.

"Además, se intentó cortar la marcha a la altura de U. de Chile y de La Moneda y en Los Héroes, o sea, Carabineros intervino en múltiples puntos con gas lacrimógeno, con gas pimienta, con agua del 'guanaco'. La represión fue tan brutal como lo ha sido todos estos meses", agregó.

Asimismo la Coordinadora reiteró el llamado a la huelga general feminista para este lunes 9 de marzo.

"Hemos compartido más de 100 formas de adherir a la huelga, la idea es que todas podamos mostrar nuestra adhesión de la forma que podamos con toda la radicalidad que sea posible. Si es posible para, paramos; si es posible organizarnos en los territorios para socializar este trabajo no remunerado que hacemos en la casa, la idea es que lo hagamos", aseveró.

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Las mujeres y su lucha en defensa del ambiente

Hace cuatro años en su casa asesinaron a balazos a Berta Cáceres. Tenía 44 años. Durante una década encabezó en Honduras la lucha contra la empresa Desarrollos Energéticos, empeñada en construir la represa Agua Zarca en el río Gualcarque, sagrado para la cultura lenca. La noticia del crimen dio la vuelta al mundo y obligó a las autoridades hondureñas a investigar a los asesinos intelectuales y materiales. Un alto ejecutivo de dicha empresa, Roberto Castillo, fue arrestado por participar en la planeación del crimen. Otros 10 implicados fueron detenidos, entre ellos integrantes del ejército. Un equipo internacional de abogados afirmó que el asesinato de Cáceres lo planearon durante meses y que involucraba a empleados de la compañía, personal de su seguridad y agentes del Estado.

Berta era maestra y en 2015 fue galardonada con el Premio Medioambiental Goldman. Durante su vida recibió numerosas amenazas y protestó contra los asesinatos de otros luchadores sociales. En julio de 2017, la empresa anunció que como “gesto de buena voluntad” suspendía la construcción de la represa. Los ejecutivos de más alto rango de la hidroeléctrica son miembros de la poderosa familia Atala Zablah, ligada al gobierno y las finanzas internacionales. Ello explica por qué sólo siete sicarios fueron condenados por el crimen. Los peces gordos, siguen libres. Honduras es el país más mortífero en el planeta para activistas ambientales. Le siguen Brasil, Filipinas y Colombia. El año que mataron a Berta, asesinaron a dos integrantes de su asociación y a otros 11.

Casi 10 por ciento de las víctimas por causas ambientales son mujeres, en especial indígenas. Son las más vulnerables a la violencia que patrocinan los intereses económicos coludidos con la clase dirigente en América Latina, Asia, África y Oceanía. El número de asesinadas crece cada año y los que movieron las manos criminales gozan de impunidad en la mayoría de los casos.

Por ejemplo, Emilsen Manyoma, en Colombia, quien defendió los derechos de su comunidad frente a proyectos agrícolas y mineros; en Filipinas, y también por minería, Leonela Tapdasan; y en Guatemala, Laura Vásquez. Es común calificar a muchas defensoras del ambiente como terroristas. Sólo luchan pacíficamente por la integridad de las tierras donde viven.

Es lo que sucede en Brasil, donde sicarios al servicio de los consorcios agroexportadores, mineros, hidráulicos y madereros, actúan impunemente en la Amazonia. La última década fueron asesinados unos 300 defensores medioambientales; en la mayoría de las veces se trató de indígenas, entre ellos decenas de mujeres. Apenas 14 casos fueron juzgados. El asedio se agravó con la llegada al poder del ultraderechista Jair Bolsonaro.

Las mujeres han logrado trascender fronteras por defender la naturaleza: la inglesa Ingrid Newkirk, fundadora de Personas para el Trato Ético de los Animales. Dian Foosey, cuyo trabajo en Ruanda y Congo en pro de los gorilas de montaña se plasmó en la película Gorilas en la niebla. La Nobel de la Paz Wangari Maathai, impulsora de la reforestación en Kenia y de puestos de trabajo para las mujeres. La hindú Vandana Shiva, defensora de la biodiversidad y la bioética. Jane Goodall, estudiosa de los chimpancés en Tanzania. La canadiense Sheila Watt-Cloutier, defensora del pueblo Inuit y el Ártico. O la costarricense Xinia Herrera, por conservar la biodiversidad de su país.

En México las mujeres destacan en la formación de los primeros grupos ecologistas, desde Baja California hasta la Península de Yucatán. Las autoridades al servicio de los intereses empresariales las han combatido y, con frecuencia, descalifican sus luchas por el agua limpia y los bosques; por denunciar los daños que causa la minería y la ocupación caótica de la franja litoral. Las matan, como a Betty Cariño, Juventina Villa y Fabiola Osorio. Fundamentales para conservar la biodiversidad y la seguridad alimentaria, las mujeres que viven en el medio rural de México padecen una profunda desigualdad y son víctimas del patriarcado tradicional. Ellas requieren apoyo prioritario. No lo olvidemos hoy y siempre.

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Estudiantes participan del mochilazo en una estación del centro de la capital chilena.

Empezaron las clases y crecen las protestas en Santiago y el interior

Bajo el lema “Mochilazo estudiantil” agrupaciones estudiantiles organizaron saltos a los molinetes en el subte de Santiago. También cortaron las calles en varios puntos de la ciudad.

Los estudiantes secundarios chilenos volvieron a ponerse al frente de las protestas en Chile. Bajo el lema “Mochilazo estudiantil” organizaron nuevos saltos a los molinetes del subte de Santiago durante la jornada del miércoles y el jueves. También cortaron las calles en varios puntos de la ciudad. Las protestas, que coinciden con el inicio de las clases en Chile, se replicaron en varios puntos del país como Valparaíso y Concepción. En paralelo se produjo la quema de un colectivo y ataques a una comisaria.

El regreso a las aulas estuvo marcado por convocatorias a nuevas jornadas de protestas. La Asociación de Estudiantes Secundarios (ACES) y la Coordinadora Nacional de Estudiantes Secundarios (Cones) fueron algunas de las organizaciones que llamaron a marchar. Las críticas al gobierno de Sebastián Piñera estuvieron en el centro de los reclamos. Las banderas y carteles con el lema “Fuera Piñera” se repitieron en varias concentraciones y cortes de calles. Los adolescentes manifestaron su hartazgo con el modelo educativo comercial que desde hace décadas impera en Chile. También exigieron un acceso universal a la educación superior.

En enero pasado se organizaron en todo el país las Pruebas de Selección Universitaria (PSU). Este es un examen de nivelación pago, necesario para poder ingresar en la educación universitaria. En ese momento las agrupaciones estudiantiles organizaron boicots para impedir que se tomen las pruebas. Como respuesta el gobierno inició procesos judiciales contra decenas de alumnos. Durante la jornada del jueves los adolescentes también reclamaron el cierre de esas causas. “Tenemos que mantener la lucha en todo el país. Junto a diversos sectores del pueblo seguimos luchando por cambiar el modelo de mercado y que tengamos esa vida digna por la que tanto hemos peleado”, publicó en redes sociales la ACES.

Las estaciones del subte fueron otra vez el blanco de las manifestaciones. Los estudiantes se juntaron en grupos cerca de las bocas del metro de Santiago. En algunas de ellas fueron recibidos por carabineros que les impidieron el paso. En otras, decenas de estudiantes bajaron corriendo hasta las estaciones donde saltaron masivamente los molinetes. Muchos de ellos se sentaron en los andenes, lo que generó la interrupción de algunas líneas. También hubo marchas en la avenida Alameda, la principal arteria de la ciudad, y otras calles céntricas, provocando cortes en el tráfico. Los alumnos del Instituto Nacional, uno de los centro de estudiantes más combativos de Santiago, extendieron en la calle una gran bandera con el lema “Los ricos ponen las armas y los pobres ponen los muertos”. Columnas de carabineros llegaron hasta el lugar y dispersaron a los estudiantes.

Por otro lado, una tensa jornada de manifestaciones se vivió en la madrugada del jueves en Puente Alto, al sur de Santiago. La Comisaría 20 de carabineros fue atacada según informó el comandante Claudio Hermosilla, de la Prefectura Cordillera. “Fue violentamente atacada por estos estudiantes que andaban de uniforme con elementos contundentes, extintores, con clara intención de provocar daños y lesiones al personal que estaba trabajando“, dijo el Comandante al sitio ElDesconcierto. Dos funcionarios de Carabineros resultaron heridos en los enfrentamientos. Uno de ellos quedó internado en el hospital institucional, según confirmaron desde la institución policial. En la misma comuna hubo otros choques entre manifestantes y la policía. Un micro del sistema público de transporte fue incendiado. También saquearon una tienda de celulares. El saldo fue de 16 personas detenidas, cinco de ellas menores de edad.

A su vez, el gobierno de Chile cuestionó la decisión de la Justicia de liberar a 43 detenidos por los disturbios del martes en Santiago. "El esfuerzo policial por detener a estos violentistas y proteger a los vecinos debe ir acompañado de sanciones rigurosas. Apelaremos esta decisión y seguiremos trabajando para recuperar el orden público", escribió el ministro de Interior, Gonzalo Blumel, en Twitter. En total 62 personas habían sido detenidas por los enfrentamientos con Carabineros durante una protesta en la Plaza Italia, la denominada zona cero del estallido social. De ellas, 44 habían pasaron a disposición judicial pero el Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago decidió liberarlas. Las críticas a Piñera por el accionar represivo de su policía siguen a la orden del día. Sin embargo el gobierno intensificó en las últimas semanas la presencia de carabineros en las calles de Chile.

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Jueves, 05 Marzo 2020 07:14

Juventud, generación neoliberal

Periódico desdeabajo, 21 de noviembre de 2019.

Como es conocido, a bebidas de distinto tipo, tanto para conservarlas como para garantizar sabor y consistencia, les incorporan gas. Pero en otros casos es la propia fermentación de sus compuestos el que lo genera –es el caso de bebidas con base en frutas o algunos granos, como el maíz–.

Como muy seguramente lo hemos experimentado una y otra vez al abrir estas bebidas, en unos casos se derrama si la misma ha sido batida previamente, en otros casos sucede de similar manera sin necesidad de batirse, por el simple hecho de liberar aquello que tapona el líquido, el cual desborda aquello que lo guarda como en un feliz estallido libertario.

Exactamente eso fue lo sucedido el pasado 21N con un sector de la juventud colombiana, y segmentos de otras generaciones: estallaron, dejando a un lado el recipiente estatal que las contenía y creía controlarlos. Unos y otros habían acumulado a lo largo de tres décadas los insumos y componentes que potenciaron su desborde. Para el caso de la generación neoliberal, nacida en los años 90 del siglo pasado, que no conoció el remedo de Estado de bienestar que por estas tierras tomó cuerpo por algunas décadas, soportando con los gobiernos de Gaviria, Samper, Pastrana, Uribe, Santos y Duque, privatizaciones, negación de derechos, desempleo, bajos salarios, cobro por el “derecho” a estudiar, estímulo a la acción individual como garantía de éxito –tropezado con la evidencia de las reiteradas negaciones de un régimen económico y político que desecha a las mayorías–, cansancio con un discurso lleno de promesas y cargado, además, de violencia y de incumplimientos reales con sus gobernados, y otro cúmulo evidente de mal gobierno que terminaron por generar tanto gas que al final rompieron el empaque de apariencia conformista que los caracterizaba, hasta sobrepasar las tapas o tapones, corchos y alambres, que en forma de legitimidad y hegemonía oficial han dispuesto sobre unos y otros.

Para el caso de otros miles de miles que también coparon calles, más adultos que los ya referidos, en su mayoría conocedores de los beneficios de un empleo fijo y bien o regularmente remunerado, concitados a la resistencia por los anuncios de reforma laboral y pensional que desde ahora les anuncia más años de trabajo, más cotizaciones, menos estabilidad laboral, desmejoramiento de las condiciones laborales, etcétera.

Unos y otros se encontraron en la protesta aliados por la necesidad, en un caso de gozar lo que no han conocido hasta ahora y en otro de no perder lo conocido hasta ahora.

Una protesta intensa pero que fue perdiendo fuerza. No es de extrañar. Como sucede con los envases rebasados por el líquido, la cantidad que primero salta es notoria, para ir mermando poco a poco, hasta dejar de fluir. Cuánto dure este proceso depende del tipo de líquido, del tamaño del recipiente, de cuánto haya sido batido, etcétera.

En el caso colombiano, la cantidad del mismo se tomó varias semanas en efervescencia, en una primera instancia con sorprendente abundancia para luego seguir su proceso natural de agotamiento, en lo cual incidió tanto la maniobra oficial de promesas y violencia “ejemplarizante”, como la incapacidad de los sectores alternos para prever lo sucedido y disponer medidas para conducir la feliz ebullición que sobrepasaba el envase estatal, así como la época navideña o de vacaciones con su dispersión de gentes por todas partes .

Como ocurre con frecuencia con los sectores alternos, tanto en nuestro país como en el mundo en general, no se contó con la capacidad requeridad para anticipar los hechos y, por lo tanto, no se contó con las disposiciones necesarias para enrutarlos. Tardíamente se pretendió hacerlo, y por ello fue constituido un Comité Nacional de Paro, el cual no ha logrado posicionar una lectura común de lo sucedido y de aquello por venir, ni una conducción común para las energías desbordadas.

Como parte de una acción política, también común en el mundo entero, posterior a los hechos, la Conducción ha pretendido que el gas siga presionando la salida de líquido de manera igual, superior o parecida a su estallido inicial, lo cual no ocurre, por múltiples circunstancias, entre ellas porque el gas ya no tiene tanta potencia como para conservar la dinámica del desfogue inicial o, simplemente, porque el envase no es agitado de la manera adecuada para que arroje el líquido que contiene, o tal vez porque el líquido ya es insuficiente.

En cualquiera de estas circunstancias lo que aconseja la realidad es que, si la pretensión es que continúe saliendo líquido pues hay que inyectarle más gas, y eso demanda tiempo, así como procesos armónicos, tanto químicos como naturales. No proceder así es actuar cargados de buenos deseos, y así lo evidencia el hecho de batir y no lograr lo pretendido.

Una realidad similar es la que tenemos con el 21N y la generación que lo protagonizó. No saldrá en iguales proporciones a las iniciales hasta tanto no vuelva a cargar el gas requerido que la lleve a romper el tapón con el cual pretenden someterla de nuevo. Es decir, estamos ante una evidente realidad que demanda, más que definir fechas de paros, buscar el reencuentro con la sociedad toda, y dentro de ella con la generación neoliberal, buscando darle más potencia a lo que habrá y deberá de suceder en un tiempo no distante en el país. Una dinámica que demanda una acción pedagógica, desplegada en los territorios donde habita estos sectores, para discutir entre el conjunto social la realidad de la vida que se padece y el qué hacer para transformarla.

Un proceso que no es mecánico, pues no implica no desplegar acciones directas hasta cuando no exista conciencia de lo que está sucediendo y de lo que debe trascender en tiempo dado; pero sí demanda una dinámica de tensión y organización social en tiempo determinado, con pretensiones más sensatas, menos voluntaristas, conscientes de que una ruptura social debe darse como efecto directo de la acción mayoritaria de aquellos a quienes las organizaciones del cambio dicen representar

Es decir, como dijera alguien que sí sabía de anticipar realidades revolucionarias: hay que dar un paso atrás antes de atrevernos a dar dos pasos adelante.

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Por violaciones a los DD.HH. durante las protestas en Chile. Bachelet llama a fijar responsabilidades

La Alta comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, realizó una intervención ante el Consejo de Derechos Humanos en que aseguró que en Chile y Ecuador existe "una necesidad de garantizar que se fijen responsabilidades por las violaciones a los derechos humanos perpetradas durante las protestas”. También apuntó a que se “atienda” la razón de éstas que es la “desigualdad”, informó el portal de noticias chileno La Tercera.

En un informe en que analizaron ante el Consejo de la ONU las distintas amenazas en el mundo en esta materia, sostuvo que su oficina, que envió misiones de investigación tras las protestas, ya realizó recomendaciones para investigar y juzgar las violaciones de derechos humanos en esos dos países desde octubre de 2019 (fecha del estallido social en Chile).

La exmandataria chilena también mostró su preocupación por la actual situación de Bolivia. En su intervención recordó que la crisis política que afecta a esa nación se saldó "con al menos 35 muertos y 800 heridos, la mayoría de ellos en operaciones del ejército y la policía”.

a oficina que encabeza Bachelet en la ONU envió una delegación al país entre el 30 de octubre y el 22 de noviembre, que elaboró un lapidario informe presentado el 13 de diciembre donde se constataron “violaciones graves de los derechos humanos” durante el estallido.

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