Lunes, 30 Enero 2017 06:10

"Ninguna persona es ilegal"

"Ninguna persona es ilegal"

Miles de personas se manifestaron en distintos puntos de EEUU contra la decisión del Presidente de prohibir la entrada de personas de siete países de mayoría musulmana. Una jueza de Brooklyn vetó parcialmente el decreto, mientras Trump defendió su decisión.

 

El decreto de Donald Trump para impedir el ingreso de refugiados y ciudadanos de siete países musulmanes provocó protestas durante todo el fin de semana en varios aeropuertos de Estados Unidos, impulsadas en muchos casos por las noticias de detenciones de pasajeros. También hubo una manifestación frente a la Casa Blanca.


"Díganlo alto, díganlo claro: los refugiados son bienvenidos aquí", se escuchó en el aeropuerto de Los Angeles, donde se vio un cartel que decía "Hagamos que Estados Unidos sea amable otra vez", en referencia al lema de campaña de Trump de “hacer a EEUU grande otra vez”.


Cientos de personas portaron carteles y corearon consignas contra la orden ejecutiva en los aeropuertos de Washington, Dallas, Nueva York, Los Angeles, así como en los aeropuertos internacionales del estado de Connecticut y la ciudad de Atlanta, según medios locales. También hubo manifestaciones frente a la Casa Blanca y en el centro de Boston y Nueva York.


Los manifestantes congregados en diversos aeropuertos del país festejaron la decisión de un tribunal de Nueva York que anuló parcialmente la orden ejecutiva del presidente. La jueza Ann M. Donnelly, del Tribunal del Distrito Federal de Brooklyn, bloqueó parcialmente la medida que dejó en un limbo legal a viajeros cuyos vuelos arribaron al suelo norteamericano durante el sábado.


El fallo impide que el gobierno deporte a los recién llegados que se vieron afectados por la orden presidencial, pero no se expresa sobre la constitucionalidad de las acciones de Trump. La suspensión de emergencia firmada por Donnelly permite a las personas con visas válidas que aterrizaron en los Estados Unidos permanecer en el país temporalmente.


La Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU) y otros grupos de activistas, abogados y legisladores demócratas habían presentado ayer demandas colectivas con el objetivo de limitar el veto aprobado por el presidente, a medida que aumentaba el número de detenidos y varados en los aeropuertos. La ACLU calcula que esta medida oficial afecta a entre cien y doscientas personas detenidas o en tránsito en los aeropuertos de los Estados Unidos. La organización defensora de los derechos humanos Amnistía Internacional advirtió ayer que el veto impuesto por Trump “va a tener consecuencias catastróficas”. Horas después del anuncio de esta medida xenófoba Irán comunicó que prohibirá el ingreso a su territorio de ciudadanos estadounidenses, para aplicar el principio de reciprocidad.


De todas formas, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) dijo hoy que continuará implementando las órdenes ejecutivas del presidente. "Los viajes prohibidos seguirán prohibidos" y el Gobierno de Estados Unidos "mantiene su derecho a revocar los visados en todo momento si lo requiere la seguridad nacional o la seguridad pública", indicó el DHS en un comunicado.


Ante las críticas y protestas, Trump defendió el veto temporal de entrada a ciudadanos de Irak, Irán, Libia, Somalia, Sudán, Siria y Yemen. "Para ser claro, esto no es una prohibición contra los musulmanes, como los medios han informado de manera falsa. No se trata de religión. Se trata de terrorismo y de mantener seguro nuestro país", justificó el mandatario a través de un comunicado emitido por la Casa Blanca.


Aseguró que su política es similar a la del ex presidente Barack Obama en 2011 cuando prohibió los visados para refugiados de Irak durante seis meses. Y precisó que "los siete países nombrados en la orden ejecutiva son los mismos países previamente identificados por la Administración de Obama como fuentes de terrorismo". Dijo también que "hay 40 países en todo el mundo con mayoría musulmana que no se ven afectados por esta orden" y manifestó: “Estados Unidos es una orgullosa nación de inmigrantes y continuará mostrando compasión por aquellos que huyen de la opresión, pero lo haremos mientras protegemos a nuestros propios ciudadanos y nuestras fronteras".


La orden ejecutiva firmada el viernes prohíbe la entrada de refugiados sirios de forma indefinida y suspendió temporalmente el programa de refugiados. También establece que durante tres meses los ciudadanos de varios países de mayoría musulmana (Irán, Sudán, Siria, Libia, Somalia, Yemen e Irak) no podrán ingresar a Estados Unidos, en el marco de una serie de medidas para impedir la entrada de terroristas radicales islámicos.


Hasta los senadores republicanos John McCain y Lindsey Graham advirtieron que "esta es un orden ejecutiva que manda una señal, se quiera o no, de que Estados Unidos no quiere que los musulmanes vengan a nuestro país” y por eso dijeron temer que el decreto “haga más por ayudar a reclutar terroristas que por mejorar nuestra seguridad".


Trump respondió vía Twitter y atacó a McCain y Graham por ser "débiles en inmigración". "Los senadores debería poner sus energías en el Estado islámico, la inmigración ilegal y en la seguridad en la frontera, en vez de siempre buscar empezar la tercera Guerra Mundial", escribió.

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Domingo, 29 Enero 2017 09:21

La ley tributaria al desnudo

La ley tributaria al desnudo

Año nuevo, IVA nuevo... en 2017 más tristes los días serán, con más hambre y pobreza para la clase trabajadora. Entre pitos y matracas, entre música y sonrisa, el fin de año avisa que han cargado de más tributos al pueblo. Así lo prepararon y así lo hicieron. El miércoles 28 de diciembre de 2016, las plenarias de Cámara y Senado besitos se dieron y todos cantaron, llenos de felicidad, la aprobación del proyecto de reforma tributaria (tercera durante la administración Santos).

 

Será conocida como la Ley 1819 de 2016, vigente desde el 1° de enero de 2017. La alegría por su aprobación no pudo disimularla el presidente Santos que el jueves 29 de diciembre madrugó a felicitar a su ministro de Hacienda, Mauricio Cárdenas, y al pleno del Congreso por la obediencia y genuflexión ante las tareas impuestas por el Ejecutivo.
Mayoría partidista obsecuente y pegada a la mermelada que untan en Palacio, garantía de acceso a la burocracia y al presupuesto público, indispensables para formar clientela y aspirar a una porción mayor de la torta en la próxima contienda electoral. Así actuaron. Con la excepción del Centro Democrático y el Polo, todos los demás partidos políticos que integran la “Unidad Nacional” dieron su voto afirmativo a la regresiva reforma tributaria: partido liberal, conservador, la U, Cambio Radical, asimismo Alianza Verde, Opción Ciudadana y Mais.

 

Apetito incontrolable. No escaparon a la cooptación del Ejecutivo ni el representante de los indígenas, Luis Evelis Andrade del Mais (Movimiento alternativo indígena y social), ni siquiera Jorge Iván Ospina de los Verdes (hijo del guerrillero del M-19 Iván Marino Ospina, muerto por el ejército el 28 de agosto de 1985). Santos sancionó esta reforma como ley de la república el mismo jueves 29, medida indispensable dentro de su diseño económico, de control social, explotación laboral y dependencia de los mandatos de la Ocde, las calificadoras de riesgo y los organismos multilaterales de crédito (FMI y BM).

 

Comprando conciencia...y votos. El decreto 1056 del 2016, expedido por el Gobierno, fue efectivo al momento de aceitar la maquinaria del Congreso con el fin de recibir el apoyo en bloque para las iniciativas de la administración Santos. Con este decreto se autorizó un aumento equivalente del 7,8 por ciento mensual para los miembros del Congreso, lo que se traduce en que un legislador, ya sea senador o representante, recibe actualmente una asignación equivalente a cerca de 40 salarios mínimos legales (SML), esto es, 28 millones de pesos mensuales (además, para jubilarse como congresista, basta con estar posesionado por unos días). Para el año 2017, cada uno de los 268 congresistas cuesta a los ciudadanos colombianos $1.970 millones al año, según quedó establecido en la Ley del Presupuesto General de la Nación.

 

Algo de resistencia, a pesar de faltar la protesta de la gente en la calle. Una vez aprobada esta reforma, el Polo Democrático la demandó ante la Corte Constitucional, alegando que lo aprobado afecta de forma negativa, desproporcionada, onerosa, injusta y antijurídica los principios de progresividad, la eficiencia y la equidad consagrados en el artículo 363 de la Constitución para el sistema tributario.

 

¿Simple o estructural?

 

Aupada por el Gobierno, la “comisión de expertos”, el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial, las calificadoras de riesgos, el capital financiero transnacional y la Ocde, como reforma fundamental por lo estructural, al final, luego de múltiples negociaciones entre diversos voceros del poder, simplemente quedó como más de lo mismo: menos tributos para los ricos (reducción en 10% al impuesto a la renta y la ganancia de los grandes industriales; además, antes las empresas pagaban cuatro impuestos: renta, Cree, sobretasa y riqueza, con la nueva Reforma Tributaria se redujo a uno sólo) y más cargas tributarias para los pobres (aumento del IVA del 16 al 19 por ciento, sobretasa al precio de los combustibles y más impuestos al consumo, esto es, el tributo de carácter monofásico generado por la prestación o la venta al consumidor final de bienes y servicios, como por ejemplo el servicio de telefonía móvil, la venta de algún bien corporal mueble o el servicio de expendio de comidas y bebidas preparadas).

 

Si bien el Congreso legisló en materia de penalización a la evasión de impuestos, simplemente es un canto a la bandera debido a los exagerados montos a partir de lo cual se aplica, los engorrosos trámites y las imposibles pruebas. En cuanto al artículo que aprobó la cárcel para evasores, hay que tener en cuenta que esta solo aplicaría para quienes de manera dolosa omitan activos, inventen costos o declaren información inexacta por más de $5.000 millones; pero se extinguirá la acción penal si el declarante corrige y hace los pagos.

 

De otra parte, las comisiones económicas del Congreso no acogieron la propuesta inicial del Gobierno que buscaba bajar el umbral de los asalariados que deberían declarar renta, es decir, querían ampliar la base tributaria desde ingresos superiores a 2,6 millones de pesos mensuales; por tanto, se mantiene la norma tributaria que obliga a hacer este trámite solamente a quienes tengan ingresos brutos totales en 2017 de 3,7 millones de pesos mensuales. En Colombia, únicamente el 8,1 por ciento de los asalariados recibe este tipo de ingresos o más mensuales (en el extremo inferior, el 80% de los asalariados recibe ingresos inferiores a los 2 SML)**.

 

En síntesis, de buscar ser un reajuste estructural al sistema tributario, terminó siendo una reforma muy superficial en sus pretensiones reformistas aunque sí muy gravosa para las mayorías nacionales populares y clase media: el aumento de la tarifa general del IVA del 16 al 19 por ciento se lleva de entrada el 8,6 por ciento del incremento del salario mínimo legal, teniendo en cuenta su alza del 7 por ciento decretado de manera unilateral y arbitraria por Gobierno para el año 2017.

 

Esta medida coercitiva tributaria se potencia con el alza persistente y sustancial del nivel general de precios que comenzó a sentirse desde inicios de 2017 (la inflación esperada para 2017 es de 4,5% a lo que se suma el incrementó de 0,6% por el impacto de la reforma tributaria, para un aumento del IPC de 5,1% en el total anual). En consecuencia, de manera rápida, en los primeros meses queda pulverizado el aumento del salario mínimo. Sólo el aumento del IVA de 16 a 19 por ciento, sin tener en cuenta los cambios en los impuestos al consumo, representa un incremento de 0,6 por ciento del costo de la canasta familiar que adquiere una familia promedio en Colombia. El impuesto adicional de $135 al galón de gasolina que rige a partir del 1 de enero de 2017 tiene también un efecto indexado en el sistema de costos y precios de la economía.

 

El aumento de la tarifa general del impuesto al valor agregado (IVA) en tres puntos porcentuales adicionales, consagrado por la Ley 1819 de 2016, impactará negativamente más fuertemente la canasta familiar de ingresos bajos que en la de ingresos altos, pero aún más en la de ingresos medios en razón a la proporcionalidad del ingreso que se destina a los alimentos, a la composición de la canasta familiar y la inaccesibilidad a cualquier tipo de subsidio público. La situación más grave la afronta la población desempleada, en incremento durante el último año por la situación recesiva de la economía: según el Dane, durante los meses de diciembre de 2015 a noviembre de 2016, la tasa de desempleo fue de 9,2 por ciento; en el mismo periodo del año anterior había sido de 8,9 por ciento; debido a la ausencia de ingresos y al aumento en el precio de la canasta familiar (por la sinergia entre inflación y elevación del IVA); todo, en conjunto, conduce a los desempleados a la indigencia.

 

Por si quedan dudas. Los bienes y servicios que integran la canasta familiar ya se encuentran gravados en un 60 por ciento con tarifas tributarias que van del 5 al 19 por ciento. Con la reforma, por ejemplo, el aceite de consumo en el hogar (refinados) pasó a pagar un IVA de 19 por ciento. A partir de 2017 las familias populares deberán pagar este gravamen no sólo por la comida, abarrotes y enlatados, también por la ropa, el calzado, la recreación y los útiles de aseo personal y del hogar. Sabemos que una prioridad diaria para cualquier ser humano es su aseo personal, pese a lo cual la clase dirigente decidió castigar más la higiene y pulcritud del pueblo, desde el papel y las toallas higiénicas, pasando por los jabones, los dentífricos, champús, hasta los útiles, detergentes y desinfectantes del hogar; todo lo cual se considera bienes de “lujo” para los pobres, en criterio de la clase dirigente.

 

Pero no solo esto. Contrario a la tendencia mundial, los servicios de telefonía, datos, internet y navegación móvil que excedan un valor de $44.630 pagarán impuesto al consumo del 4 por ciento sobre la totalidad del servicio; los computadores que cuesten más de $1,5 millones tendrán que pagar la tarifa general de IVA de 19 por ciento. El aumento de impuestos a la tecnología amplía la brecha digital, situación que limita el acceso al conocimiento y, sobre todo, perjudica a las clases menos favorecidas y medias. Ninguna necesidad humana, por intima que sea, escapó a la voracidad, arbitrariedad y explotación por parte de los legisladores, los gobernantes, la tecnocracia y la clase política.

 

Únicamente quedaron como bienes exentos de IVA (bienes gravados, pero con una tarifa de 0%; esto es, el producto final no es gravado, pero si se requirieron insumos con IVA, el productor debe pagar ese monto y solicitar devolución): huevos, arepas, pan, maíz y arroz. Los bienes excluidos (productos que no pagan IVA, pero que tampoco generan una devolución al productor si en algún punto de la cadena se requirió de un insumo gravado) son: papas, tomates, cebollas, zanahorias, hortalizas, frutas, verduras y agua.

 

Mientras la economía se encuentra en caída libre (en 2016 el crecimiento del PIB fue de 1,9%, mientras que en 2015 fue de 3,1%), la elevación del IVA en tres puntos significó un crecimiento relativo de este tributo del 18,8 por ciento. Las familias de estratos socioeconómicos medio y bajo tendrán que reducir su consumo de la canasta básica en 2,2 por ciento en 2017; porcentaje del gasto que transfieren ahora a la hacienda pública. Este hecho generará una caída en la demanda efectiva, por tanto, desde el punto de vista económico, el 2017 no será un año fácil: durante los próximos 12 meses no se dará la tan anhelada recuperación del crecimiento y lo esperable es que el crecimiento del PIB ronde el 2 por ciento.

 

Política tributaria abiertamente criminal e inhumana, dado los niveles de pobreza y desnutrición que antes del alza del impuesto al consumo ya padecía el pueblo colombiano. El Smlv fue aumentado en sólo el 7 por ciento quedando en $737.717 mensuales; el precio de la canasta básica familiar (para un hogar medio, compuesto por cuatro personas) aumentó a $3.342.341 mensuales en 2017 (teniendo en cuenta las bienes y servicios que demanda el hogar, la inflación del 5,8% anual en 2016 y el impacto en el nivel general de precios por efecto del aumento del IVA en 0,6 por ciento); en consecuencia, el Smlv sólo alcanza para adquirir 22,1 por ciento de la canasta básica familiar (por tanto, el hogar requiere un poco más de 4 Smlv para satisfacer la totalidad de las necesidades básicas). El Smlv para 2017 alcanza para satisfacer las necesidades esenciales de una sola persona, no para la sobrevivencia de una familia media en Colombia.

 

Maniobrando en contra de las mayorías nacionales. La reforma, pese a la propaganda oficial, no es para financiar el proceso de paz, o mejorar la calidad de vida de los ciudadanos o eliminar la pobreza, menos aún para impulsar el desarrollo nacional (afecta negativamente tanto a trabajadores como a empresarios). El fin último de la reforma tributaria es tapar el hueco por $34 billones que le dejó al Gobierno la caída del precio del petróleo (10% de sus ingresos) y el aumento en los costos de la deuda externa por causa de la devaluación desde finales de 2014. Lo proyectado con ella es mantener la planta burocrática del Estado, las infladas fuerzas armadas, calmar el apetito de la voraz clase política y alimentar el vampirismo del capital financiero, local y transnacional.

 

Con la reforma aprobada, el Estado espera extraer de los bolsillos de las familias colombianas cerca de $6 billones en el primer año de aplicación tributaria y más de $22 billones hasta el 2020. Y para lograrlo acudieron a la vía más fácil: grabar a las mayorías de hogares nacionales, proceder facilitado por la ausencia de una oposición belicosa, alternativa, con capacidad de citación y movilización nacional, una oposición que ponga en riesgo el gobierno de los mismos con las mismas, y que logre desnudar la tradicional maniobra de los poderosos: retrasar este tipo de medidas claramente antipopulares para final de año, cuando mucha gente anda de vacaciones y con la conciencia apagada. Es decir, coger a la población dormida, en este caso dedicada a fiestas y parrandas.

 

Además, como la reforma tributaria redujo algunos tributos adicionales proyectados (como la ampliación de la base tributaria o el impuesto a las gaseosas) a que aspiraba el Gobierno, los legisladores le dieron patente de corso a las administraciones territoriales para crear tributos (como el cobro por el alumbrado público) o elevar tarifas (predial, vehículos o servicios públicos domiciliares). Aumento del Smlv de sólo el 7 por ciento, inflación esperada de 5,1 por ciento, IVA del 19 por ciento, aumento y nuevos cobros por impuestos municipales, todo está servido para que la oligarquía nacional, su “guardia pretoriana”, el partido del clero y su clase política mantengan en la miseria y la dependencia (material y espiritual) a la clase trabajadora.

 

Gasto en burocracia, represión, rentismo financiero...

 

El gasto del estado colombiano equivale en 2017 a una quinta parte de la riqueza generada por la clase trabajadora, esto es, el PIB. Siete décadas atrás, en el año 1948, la participación del gasto público consolidado (totalidad de las instituciones del Estado) en el producto nacional bruto (PIB) era de 14,5 por ciento; en 1958 se elevó a 16,9 por ciento y en 2017 a 20 por ciento. Desde luego, lo esencial no es el monto o nivel simplemente numérico, sino la composición cualitativa del gasto público: las tendencias estructurales y la dinámica están resumidas en una doble relación: i) entre el gasto corriente y la inversión pública; ii) entre el gasto en desarrollo social y el gasto represivo (presupuestos especiales de fuerzas armadas, policía, inteligencia y cuerpos y aparatos civiles de represión).

 

Respecto a la primera, la relación porcentual del gasto corriente y de la inversión pública, para el año 1949 es de 69,5 contra 30,5 por ciento; en 1958 cambió a 74,5 y 25,5%, respectivamente; en 2017 el gasto corriente concentra el 84 por ciento (61% en funcionamiento y 23% en servicio a la deuda pública) y tan sólo el 16 por ciento en inversión. Esta tendencia tipifica la estructura del gasto en una hacienda pública consuntiva y señorial: la una, ascendente, en la línea del gasto simple de funcionamiento y servidumbre al rentismo del capital financiero; la otra, descendente en la línea de la inversión pública.

 

En cuanto a la segunda relación, el gasto en defensa, policía y seguridad del Estado ha representado entre el 16 y el 33 por ciento del presupuesto público nacional durante los últimos setenta años; comportamiento irregular, dependiendo de los ciclos de violencia, conflicto social y enfrentamiento armado interno. El gasto social, laboral y cultural oscila entre 30 y 44 por ciento, con tendencia a aumentar su participación debido a los altos índices de pobreza, en igual período de referencia. La fórmula maestra de la hacienda pública colombiana es, de una parte, la de Estado como estructura de poder, burocracia política, corrupción, apalancamiento del rentismo financiero y represión social y, de otra parte, la menor cantidad como empresa, como órgano eficiente de gestión y regulación y como garantista de derechos humanos que contribuya al bienestar y paz social.

 

En cuanto a la capacidad ocupacional del Estado existe una doble tendencia: expansión ocupacional y creciente gravitación en la nómina de represión y del aparato de fuerza, vigilancia, control y vigilancia ciudadana. A mediados del siglo XX, el gobierno general (totalidad de niveles) ocupaba 245.000 personas, esto es, el 4,6 por ciento de los 5,4 millones del total de empleados de la fuerza de trabajo del país; aproximadamente la tercera parte de la burocracia del Estado integraba los aparatos directa o indirectamente represivos. Para el año 2017, la nómina pública, según el Departamento Administrativo de la Función Pública, suma 1.237.558 funcionarios (62% del orden nacional y 38% del orden territorial), una concentración porcentual del 5,4 por ciento respecto a los 22,9 millones de ocupados (según el Dane); la fuerza pública está integrada por 564 mil uniformados (37,5% de la policía y 62,5% de las fuerzas militares: ejército, armada y fuerza aérea), esto es, 45,6 por ciento del total de empleos generados por los aparatos del Estado.

 

Si bien el Estado ocupa al 5,4 por ciento de la fuerza laboral colombiana, los sueldos y salarios que paga a su burocracia y fuerzas represivas equivale, en términos porcentuales, a 9,6 del total del fondo salarial nacional (30,1% del valor agregado nacional bruto). Los salarios promedios de los funcionarios públicos son de $2,5 millones; cifra que los coloca en el vértice superior de la pirámide de la remuneración a los asalariados (por encima de los ingresos salariares de $2,5 millones mensuales sólo se encuentra el 9,7% de los trabajadores colombianos; en la base, el 80% devenga por debajo de 2 SML). La nómina del sector público representa una cuarta parte de los impuestos que pagan los colombianos anualmente y equivale a 2,9 por ciento del total de la producción del país (el Producto Interno Bruto). El número de puestos de trabajo que controla y los niveles de salarios que paga le proporciona un inmenso poder a la oligarquía para manipular a la clase trabajadora y contar con una base clientelista que le garantiza reproducir la maltrecha, limitada y excluyente democracia del país.

 

Del pasado al presente

 

En resumen, la Ley 1819 de 2016 conserva en su esencia el carácter de la hacienda pública heredado de esa España oligárquica, burocrática y clerical: impuestos extorsivos sobre las clases populares y trabajadoras y una carga agobiadora que debilita o impide desarrollar el trabajo productivo, libre y creativo. Además, históricamente, incluida la reforma tributaria de 2016, nunca el Estado colombiano ha logrado que las iglesias y los terratenientes contribuyan con el pago de impuestos al fisco nacional. La estructura tributaria puede caracterizarse como una maquinaria de consumo, burocrática, politiquera, corrupta (en 2016 la corrupción sumó $23 billones) y militarista, no ajustada a resolver los problemas y necesidades del desarrollo sostenible, económico y social, pero cuya participación en el PIB va en aumento: su sistema de ingresos se caracteriza por la evasión fiscal de las clases dominantes (grupos políticos, burguesía, terratenientes, clero) y la tributación excesiva, centrada en el consumo básico de las clases medias y pobres; de parte del sistema de gastos se define por una tendencia creciente de los gastos de funcionamiento (estos tienen tres grandes componentes: nómina, gastos generales y transferencias: pago de pensiones y Sistema general de participaciones) y de servicio a la deuda pública y una tendencia errática de la inversión pública.

 

Soportando este tipo de Estado y de estructura fiscal y tributaria ingresamos al nuevo año donde, con seguridad, mucho se dirá sobre lo aprobado pero poco se alcanzará a realizar en su contra, mucho menos echarla atrás, a no ser como decisión de los jueces. Impune como fue aprobada e inconstitucional, entonces, la reforma es un llamado al conjunto de los actores sociales para que reconozcan su débil capacidad de resistencia y su necesaria y urgente coordinación de fuerzas alrededor de un proyecto social digno, democrático, incluyente y sostenible, no de otra manera podrán hacer realidad, ahora o en el futuro, sus propósitos de cambio.

 


 

* Economista político, filósofo humanista y analista existencial. Docente de la especialización en Derechos humanos de la UPTC. Integrante de los comités editoriales de los periódicos desdeabajo y Le Monde Diplomatique edición Colombia.
** En Colombia, la distribución porcentual de los hogares por nivel de ingresos, medidos en salarios mínimos legales, es: menos de 1 SML 32,4%; de 1 a menos de 2 SML 27,9%; de 2 a menos de 3 SML 14,2%; de 3 a menos de 4 SML 8,3%; de 4 a menos de 5 SML 5,4%; y de más de 5 SML 11,8%.

 

Recuadro 1


Con origen conocido pero sin final

 

El IVA es un impuesto indirecto de carácter nacional sobre el consumo, pagado por el consumidor final al momento de realizar la compra. La expresión “IVA” es la sigla del “Impuesto al valor agregado o añadido”, más conocido en Colombia como “Impuesto sobre las ventas”. Desde su creación, hasta la actualidad, ha vivido múltiples y diversas modificaciones, tanto en el número de productos a grabar y en el aumento de la tasa.

 

Fue establecido en Colombia en el año 1963, como impuesto a las ventas, con una tarifa básica del 3 por ciento. El IVA comenzó a regir desde el año 1975, creado por la ley 20631, en ese entonces solamente gravan a los productores e importadores con una tarifa del 6 por ciento. En 1983 extendió su campo de aplicación a todas las ventas, incluyendo las del comercio al detal y los servicios, tomando la forma actual de impuesto al valor agregado (IVA), la tarifa quedó establecida en el 10 por ciento. En 1990 aumentan la tarifa del IVA a 12 por ciento y amplían la base. De nuevo en 1992 la tarifa fue elevada a 14 por ciento; el impuesto entonces se convierte en un impuesto al consumo, evitando así el efecto cascada, es decir, que fuese cobrado más de una vez en la cadena de producción. Con la reforma tributaria de 1996, la tarifa de este impuesto al consumo pasa a 16 por ciento. Con la reforma tributaria de 2016 se elevó a 19 por ciento. Historia de nunca acabar, su techo: 100 por ciento del ingreso de los trabajadores, para concluir en el restablecimiento del sistema social esclavista. Actualmente un trabajador de ingreso medio transfiere obligatoriamente al fisco, mediante toda clase de impuestos, cerca de una cuarta parte de sus ingresos (sumando impuesto a la renta o retefuente, IVA, predial e impuesto al vehículo). La presión fiscal en Colombia, junto al capital, conforma el sistema de expropiación del excedente económico creado por el trabajo.

 


 

Recuadro 2

 

Una chispa para encender la pradera

 

Toda injusticia tiene un límite. Hace dos siglos largos, en la Nueva Granada fue el 4 por ciento el porcentaje con el que el Imperio español gravaba todas las transacciones comerciales. Ese gravamen fue suficiente para hacer explotar los ánimos. Rompiendo el edicto fijado en la puerta de la recaudación de impuestos, una vendedora de plaza, una mujer de 57 años de edad de nombre Manuela Beltrán, logró exaltar la inconformidad popular en contra de la dominación colonial. El 16 de marzo de 1781 se registró la insurrección del común, en El Socorro-Santander. Un mes después, el 18 de abril, fueron proclamados en El Socorro los jefes del alzamiento comunero, entre ellos José Antonio Galán. El resto de la historia es conocida, pero no el parangón entre indignidad a la que pretendían seguir sometiendo al pueblo, y la capacidad de lucha y concertación y pasividad que reinan en la actualidad ¡Cuántas manuelas y José Antonios nos hacen falta en 2017!

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“Abolir las corridas de toros porque son un espectáculo bárbaro o no civilizado es combatir un legado colonial con valores también coloniales”

Heredadas de la conquista española, las corridas de toros han tenido un esquivo camino en Latinoamérica. Desde los inicios de la conquista, las corridas tuvieron lugar casi en toda América hispana, hoy quedan solo 5 países, Colombia, Venezuela, Perú, Ecuador y México. Estos son los países que en mayor o menor intensidad mantienen las corridas de toros, aunque un gran movimiento continental las quiere prohibir. El último caso ha sido Colombia, donde por estos días se abrió de nuevo la plaza de toros en Bogotá. Ahora estamos en contacto con Iván Ávila Gaitán, politólogo, filósofo e investigador de la Universidad Nacional de Colombia, Universidad de los Andes y Universidad Minuto de Dios, quien ha escrito continuamente sobre el problema de la percepción de los animales en las sociedades modernas. Buenas noches Iván.

 

I.A.G.: Buenas noches, gracias por la amable invitación. Un saludo para ustedes y para quienes nos están escuchando.

 

Iván, hay casos como el chileno en América Latina donde ya en 1822 se prohibían las corridas de toros porque, decían entonces, hace casi dos siglos atrás, “que atentaban contra las costumbres propias de culturas civilizadas”, prácticamente el mismo argumento que hoy siguen esgrimiendo los anti-taurinos. ¿Por qué no se impuso?

 

I.A.G.: El caso chileno traduce una disputa con la corona y la necesidad de afirmar nuevos valores para los proyectos post-independentistas, pero de ninguna manera es una ruptura con los valores occidentales en general, los cuales son el verdadero legado colonial. Distinguir lo bárbaro de lo civilizado constituye una tara occidental que refuerza la dominación de los pueblos no occidentales, los animales y la naturaleza. Los países del Cono Sur (Argentina, Chile y Uruguay) pretendieron construir comunidades modernas, civilizadas, a costa de borrar violentamente a los pueblos originarios o segregarlos; el caso de los Mapuche es emblemático aquí. Lo mismo sucedió con la población racializada como negra. En conclusión, abolir las corridas de toros porque son un espectáculo bárbaro o no civilizado es combatir un legado colonial con valores también coloniales.

Esto me lleva a afirmar que, en efecto, las corridas de toros son un legado colonial, pero ¿en qué sentido? Por lo menos en dos grandes sentidos. Primero, porque refuerzan la estructura sexual y la concepción de la naturaleza occidentales. La estructura sexual occidental se ve claramente reflejada en el estereotipo del torero (hombre) viril, valiente/violento enfrentándose a la bestia/animal/naturaleza (toro) y, por ahí derecho, seduciendo (sometiendo, conquistando) a las damas (mujeres). Hay toreras, mujeres toreras, es cierto, pero eso no cambia el sentido patriarcal estructural del espectáculo. Recordemos además que la palabra “matador”, ampliamente usada en la tauromaquia, tiene una doble acepción en muchos contextos hispanoparlantes. El matador es el asesino, quien mata, pero también el seductor de mujeres. Lo mismo sucede con la palabra “conquistador”, el conquistador también es un asesino, es quien se impone violentamente sobre territorios y comunidades, y a su vez es igualmente un seductor, el que “conquista el corazón de... y lo doblega”.

Tampoco podemos olvidar que la socialización mediante la violencia es una cuestión típicamente masculina. En las corridas de toros se exhibe toda esta performance de la dominación, de la dominación de las mujeres, los animales y la naturaleza. De hecho algunos taurinos reconocen abiertamente que las corridas son una performance de la dominación y de las dinámicas de vida y muerte, pero lo que no especifican muy bien es de qué tipo de dominación y dinámicas de vida y muerte están hablando. Esto difiere, por otro lado, de los juegos indígenas, de ciertos indígenas, de cacería y co-habitación o co-modificación entre especies. No los traigo a colación como un modelo a seguir, no necesariamente, simplemente quisiera marcar el contraste entre tradiciones. En conclusión, en las corridas hay toda una política sexual en juego, que es una política colonial. Las corridas no son una actividad bárbara, sino parte de un proyecto civilizatorio occidental.

Respecto a la concepción occidental de la naturaleza, simplemente resta agregar que, en esta performance, inicialmente el hombre somete a una bestia, a un “animal bravo”, pero esa bestia representa la naturaleza en general. Ahora bien, el sometimiento de la naturaleza resulta clave en los proyectos civilizatorios, pero también en los desarrollistas y neodesarrollistas, modernizantes. Solo que ahora la dominación de los animales y la naturaleza se lleva a cabo por la vía, por ejemplo, de la ciencia: aparecen dispositivos como los zoológicos, bioterios, granjas industriales, monocultivos, etc. Reitero: las corridas son un espectáculo antropocéntrico occidental, una performance de la dominación de la naturaleza por el Hombre, y si bien a la naturaleza se la admira y teme, si bien se alude por ejemplo a la “bravura del toro” y su belleza, esto no ocurre porque se la ame, sino debido a que se la desea doblegar, poseer y superar, trascender.

En segundo lugar, las corridas de toros son un legado colonial porque constituyen una tradición defendida por sectores de hombres blancos, blanco-mestizos, adinerados y ligados a la posesión de tierra y ganado. Sectores herederos de privilegios coloniales. Sectores ligados a dinámicas de violencia y despojo, a lo que muchas y muchos autores en Latinoamérica llaman el “colonialismo interno”. Es más, la guerra en Colombia tiene todo que ver con esto, pues dichos sectores son los que han avalado la destrucción de comunidades y ecosistemas enteros para la ganadería extensiva, y en últimas para la reafirmación de privilegios de clase, raza, sexo y especie. La guerra es una guerra entre formas de vida, por eso el elemento estructurante de la guerra es la tierra: ¡la tierra es la vida misma! ¡Por eso también es que las y los animalistas no se han equivocado al articular el discurso de la paz con el de la abolición de las corridas de toros, la liberación animal y, como las compañeras indígenas dirían, la liberación de la tierra!

 

La legislación ha sido muy extraña en el caso colombiano; hay una ley de 1989 que dice que “los animales tendrán en todo el territorio nacional especial protección contra el sufrimiento y el dolor, causados directa o indirectamente por el hombre”. Sin embargo esa ley da algunas excepciones: “Quedan exceptuados (...) el rejoneo, coleo, las corridas de toros, novilladas, corralejas, becerradas y tientas, así como las riñas de gallos y los procedimientos utilizados en estos espectáculos”, que provocan obviamente sufrimiento para los animales. ¿Cómo se explica esta contradicción?

 

I.A.G.: Estas prácticas especistas y antropocéntricas son exceptuadas, formalmente, porque primó el derecho a la expresión artística y cultural sobre los deberes de protección animal. En otras palabras, estas prácticas son exceptuadas por tres razones concretas. Primero, por un uso conservador de la noción de cultura. La cultura se asumió como sinónimo de tradición invariable/invaluable, estática, de museo, aunque sabemos perfectamente hoy que la cultura es un entramado dinámico, híbrido y en constante adaptación. Segundo, por una concepción de los animales de acuerdo con la cual son objetos o propiedades que pueden ser usados como medios de expresión artística y cultural. Esto, en efecto, tiene todo que ver con la concepción occidental de la naturaleza de la cual hablé antes. En todo caso acá hay que precisar que los animales fueron declarados en Colombia recientemente seres sintientes, seres con la capacidad de sentir placer y dolor, ya no son meros objetos para el Código Civil, por ejemplo. La paradoja es que esto es puro gatopardismo, es cambiarlo todo para no cambiar nada, porque finalmente los animales terminaron, en una suerte de mezcla absurda, considerándose cosas o propiedades sintientes, pero al fin y al cabo propiedades y medios para los fines humanos, y como medios pues pueden ser medios de expresión artística y cultural. En tercer lugar, estas prácticas fueron exceptuadas por intereses muy concretos de quienes tomaron las decisiones a nivel formal. Las cortes no son espacios neutrales, que las cortes sean consideradas lugares neutrales es una falsa idea liberal, estas están compuestas por sujetos con intereses específicos que en este caso terminaron dando origen a conclusiones conservadoras.

 

Hasta ahora hay una legislación que quiere equiparar algunos derechos de los animales como derechos universales, sin embargo en todos los países cada región o municipio puede elegir si considera o no, si acepta o no, esos derechos. ¿Por qué se hace posible esa diferencia entre derechos humanos y derechos animales?

 

I.A.G.: Aquí simplemente me atrevería a aventurar una respuesta muy puntual, pero supremamente hipotética: creo que a diferencia de lo que sucede con los derechos humanos, la reivindicación de los derechos de los animales no necesariamente ha ido de la mano con una modificación de las nociones de ciudadanía y de persona; por lo que los ciudadanos y las personas, que son los verdaderos depositarios de los derechos y las decisiones, simplemente deciden si otorgar o no, condescendientemente, derechos a los animales. Aquí me parece crucial cuestionar lo que el filósofo italiano Roberto Esposito llama el “dispositivo de la persona”, que conlleva cuestionar esa potestad para decidir por la suerte del otro, pero esta es toda una discusión política y filosófica en la que ahora no puedo ahondar. En Latinoamérica hubo recientes intentos de garantizar derechos a nivel constitucional no para los animales específicamente pero sí para la naturaleza, sin embargo en la práctica los resultados han sido francamente deficientes. Yo pienso que habrá que confrontar radicalmente nuestros órdenes políticos y no sólo jurídicos para que las relaciones entre humanos y animales, y lo que se entiende por humano y por animal, cambien verdaderamente.

 

Algunos críticos dicen que la anti-tauromaquia es sólo un resabio de la protección de la especie, que a los humanos les importan sólo los mamíferos, como también los delfines o las ballenas, pero no un salmón o una trucha, que no pueden considerar cercanos a su especie.

 

I.A.G.: [Risas] Eso me causa un poco de gracia porque razones contra la tauromaquia hay miles, y efectivamente hay a quienes los moviliza un sentimiento más bien antropomórfico, es decir, esa cercanía a la especie que mencionas. Yo personalmente prefiero pensar que la necesidad de abolición de la tauromaquia está basada en un aprecio por la diferencia, por cierta afinidad con quien no es mi prójimo, próximo, vecino o semejante... Por eso para mí los movimientos ecosóficos, de liberación animal y de la tierra son tan estimulantes, porque nos obligan a pensar en la dignidad tanto del toro como del agua y de la planta o de la máquina, en las mejores de sus versiones, y por esa vía a descentrarnos radicalmente como seres humanos. La crítica de la tauromaquia puede estar dando cuenta, más bien, de verdaderas transformaciones del tejido sensible y de la configuración de nuevas formas de vida, y eso es lo que más les molesta justamente a los defensores de la especie a ultranza; ellos sienten que a medida que avanzamos, el antropo-poder, su poder de especie, se diluye, se desdibuja y acaba.

 

Ustedes en Colombia tienen una gran red antitaurina, ¿cómo ven las probabilidades de una prohibición absoluta de la tauromaquia?

 

I.A.G.: A mí la expresión “prohibición de la tauromaquia” me parece desafortunada, yo diría que no hay prohibición de nada sino estímulo a la vida, a determinadas formas de vida hoy aprisionadas en esa manifestación del dispositivo ganadero y de la máquina especista antropocéntrica que es la tauromaquia. Frente a las posibilidades de éxito, simplemente te diría que me alegro y celebro la existencia de la red, y que seguiremos luchando en pro de la vida y la materialidad de la tierra de la que somos parte. Te pido que nos desees buena suerte y te nos unas para lograrlo.

 

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Publicado enColombia
Martes, 24 Enero 2017 17:12

La ley tributaria al desnudo

La ley tributaria al desnudo

Año nuevo, IVA nuevo... en 2017 más tristes los días serán, con más hambre y pobreza para la clase trabajadora. Entre pitos y matracas, entre música y sonrisa, el fin de año avisa que han cargado de más tributos al pueblo. Así lo prepararon y así lo hicieron. El miércoles 28 de diciembre de 2016, las plenarias de Cámara y Senado besitos se dieron y todos cantaron, llenos de felicidad, la aprobación del proyecto de reforma tributaria (tercera durante la administración Santos).

 

Será conocida como la Ley 1819 de 2016, vigente desde el 1° de enero de 2017. La alegría por su aprobación no pudo disimularla el presidente Santos que el jueves 29 de diciembre madrugó a felicitar a su ministro de Hacienda, Mauricio Cárdenas, y al pleno del Congreso por la obediencia y genuflexión ante las tareas impuestas por el Ejecutivo.
Mayoría partidista obsecuente y pegada a la mermelada que untan en Palacio, garantía de acceso a la burocracia y al presupuesto público, indispensables para formar clientela y aspirar a una porción mayor de la torta en la próxima contienda electoral. Así actuaron. Con la excepción del Centro Democrático y el Polo, todos los demás partidos políticos que integran la “Unidad Nacional” dieron su voto afirmativo a la regresiva reforma tributaria: partido liberal, conservador, la U, Cambio Radical, asimismo Alianza Verde, Opción Ciudadana y Mais.

 

Apetito incontrolable. No escaparon a la cooptación del Ejecutivo ni el representante de los indígenas, Luis Evelis Andrade del Mais (Movimiento alternativo indígena y social), ni siquiera Jorge Iván Ospina de los Verdes (hijo del guerrillero del M-19 Iván Marino Ospina, muerto por el ejército el 28 de agosto de 1985). Santos sancionó esta reforma como ley de la república el mismo jueves 29, medida indispensable dentro de su diseño económico, de control social, explotación laboral y dependencia de los mandatos de la Ocde, las calificadoras de riesgo y los organismos multilaterales de crédito (FMI y BM).

 

Comprando conciencia...y votos. El decreto 1056 del 2016, expedido por el Gobierno, fue efectivo al momento de aceitar la maquinaria del Congreso con el fin de recibir el apoyo en bloque para las iniciativas de la administración Santos. Con este decreto se autorizó un aumento equivalente del 7,8 por ciento mensual para los miembros del Congreso, lo que se traduce en que un legislador, ya sea senador o representante, recibe actualmente una asignación equivalente a cerca de 40 salarios mínimos legales (SML), esto es, 28 millones de pesos mensuales (además, para jubilarse como congresista, basta con estar posesionado por unos días). Para el año 2017, cada uno de los 268 congresistas cuesta a los ciudadanos colombianos $1.970 millones al año, según quedó establecido en la Ley del Presupuesto General de la Nación.

 

Algo de resistencia, a pesar de faltar la protesta de la gente en la calle. Una vez aprobada esta reforma, el Polo Democrático la demandó ante la Corte Constitucional, alegando que lo aprobado afecta de forma negativa, desproporcionada, onerosa, injusta y antijurídica los principios de progresividad, la eficiencia y la equidad consagrados en el artículo 363 de la Constitución para el sistema tributario.

 

¿Simple o estructural?

 

Aupada por el Gobierno, la “comisión de expertos”, el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial, las calificadoras de riesgos, el capital financiero transnacional y la Ocde, como reforma fundamental por lo estructural, al final, luego de múltiples negociaciones entre diversos voceros del poder, simplemente quedó como más de lo mismo: menos tributos para los ricos (reducción en 10% al impuesto a la renta y la ganancia de los grandes industriales; además, antes las empresas pagaban cuatro impuestos: renta, Cree, sobretasa y riqueza, con la nueva Reforma Tributaria se redujo a uno sólo) y más cargas tributarias para los pobres (aumento del IVA del 16 al 19 por ciento, sobretasa al precio de los combustibles y más impuestos al consumo, esto es, el tributo de carácter monofásico generado por la prestación o la venta al consumidor final de bienes y servicios, como por ejemplo el servicio de telefonía móvil, la venta de algún bien corporal mueble o el servicio de expendio de comidas y bebidas preparadas).

 

Si bien el Congreso legisló en materia de penalización a la evasión de impuestos, simplemente es un canto a la bandera debido a los exagerados montos a partir de lo cual se aplica, los engorrosos trámites y las imposibles pruebas. En cuanto al artículo que aprobó la cárcel para evasores, hay que tener en cuenta que esta solo aplicaría para quienes de manera dolosa omitan activos, inventen costos o declaren información inexacta por más de $5.000 millones; pero se extinguirá la acción penal si el declarante corrige y hace los pagos.

 

De otra parte, las comisiones económicas del Congreso no acogieron la propuesta inicial del Gobierno que buscaba bajar el umbral de los asalariados que deberían declarar renta, es decir, querían ampliar la base tributaria desde ingresos superiores a 2,6 millones de pesos mensuales; por tanto, se mantiene la norma tributaria que obliga a hacer este trámite solamente a quienes tengan ingresos brutos totales en 2017 de 3,7 millones de pesos mensuales. En Colombia, únicamente el 8,1 por ciento de los asalariados recibe este tipo de ingresos o más mensuales (en el extremo inferior, el 80% de los asalariados recibe ingresos inferiores a los 2 SML)**.

 

En síntesis, de buscar ser un reajuste estructural al sistema tributario, terminó siendo una reforma muy superficial en sus pretensiones reformistas aunque sí muy gravosa para las mayorías nacionales populares y clase media: el aumento de la tarifa general del IVA del 16 al 19 por ciento se lleva de entrada el 8,6 por ciento del incremento del salario mínimo legal, teniendo en cuenta su alza del 7 por ciento decretado de manera unilateral y arbitraria por Gobierno para el año 2017.

 

Esta medida coercitiva tributaria se potencia con el alza persistente y sustancial del nivel general de precios que comenzó a sentirse desde inicios de 2017 (la inflación esperada para 2017 es de 4,5% a lo que se suma el incrementó de 0,6% por el impacto de la reforma tributaria, para un aumento del IPC de 5,1% en el total anual). En consecuencia, de manera rápida, en los primeros meses queda pulverizado el aumento del salario mínimo. Sólo el aumento del IVA de 16 a 19 por ciento, sin tener en cuenta los cambios en los impuestos al consumo, representa un incremento de 0,6 por ciento del costo de la canasta familiar que adquiere una familia promedio en Colombia. El impuesto adicional de $135 al galón de gasolina que rige a partir del 1 de enero de 2017 tiene también un efecto indexado en el sistema de costos y precios de la economía.

 

El aumento de la tarifa general del impuesto al valor agregado (IVA) en tres puntos porcentuales adicionales, consagrado por la Ley 1819 de 2016, impactará negativamente más fuertemente la canasta familiar de ingresos bajos que en la de ingresos altos, pero aún más en la de ingresos medios en razón a la proporcionalidad del ingreso que se destina a los alimentos, a la composición de la canasta familiar y la inaccesibilidad a cualquier tipo de subsidio público. La situación más grave la afronta la población desempleada, en incremento durante el último año por la situación recesiva de la economía: según el Dane, durante los meses de diciembre de 2015 a noviembre de 2016, la tasa de desempleo fue de 9,2 por ciento; en el mismo periodo del año anterior había sido de 8,9 por ciento; debido a la ausencia de ingresos y al aumento en el precio de la canasta familiar (por la sinergia entre inflación y elevación del IVA); todo, en conjunto, conduce a los desempleados a la indigencia.

 

Por si quedan dudas. Los bienes y servicios que integran la canasta familiar ya se encuentran gravados en un 60 por ciento con tarifas tributarias que van del 5 al 19 por ciento. Con la reforma, por ejemplo, el aceite de consumo en el hogar (refinados) pasó a pagar un IVA de 19 por ciento. A partir de 2017 las familias populares deberán pagar este gravamen no sólo por la comida, abarrotes y enlatados, también por la ropa, el calzado, la recreación y los útiles de aseo personal y del hogar. Sabemos que una prioridad diaria para cualquier ser humano es su aseo personal, pese a lo cual la clase dirigente decidió castigar más la higiene y pulcritud del pueblo, desde el papel y las toallas higiénicas, pasando por los jabones, los dentífricos, champús, hasta los útiles, detergentes y desinfectantes del hogar; todo lo cual se considera bienes de “lujo” para los pobres, en criterio de la clase dirigente.

 

Pero no solo esto. Contrario a la tendencia mundial, los servicios de telefonía, datos, internet y navegación móvil que excedan un valor de $44.630 pagarán impuesto al consumo del 4 por ciento sobre la totalidad del servicio; los computadores que cuesten más de $1,5 millones tendrán que pagar la tarifa general de IVA de 19 por ciento. El aumento de impuestos a la tecnología amplía la brecha digital, situación que limita el acceso al conocimiento y, sobre todo, perjudica a las clases menos favorecidas y medias. Ninguna necesidad humana, por intima que sea, escapó a la voracidad, arbitrariedad y explotación por parte de los legisladores, los gobernantes, la tecnocracia y la clase política.

 

Únicamente quedaron como bienes exentos de IVA (bienes gravados, pero con una tarifa de 0%; esto es, el producto final no es gravado, pero si se requirieron insumos con IVA, el productor debe pagar ese monto y solicitar devolución): huevos, arepas, pan, maíz y arroz. Los bienes excluidos (productos que no pagan IVA, pero que tampoco generan una devolución al productor si en algún punto de la cadena se requirió de un insumo gravado) son: papas, tomates, cebollas, zanahorias, hortalizas, frutas, verduras y agua.

 

Mientras la economía se encuentra en caída libre (en 2016 el crecimiento del PIB fue de 1,9%, mientras que en 2015 fue de 3,1%), la elevación del IVA en tres puntos significó un crecimiento relativo de este tributo del 18,8 por ciento. Las familias de estratos socioeconómicos medio y bajo tendrán que reducir su consumo de la canasta básica en 2,2 por ciento en 2017; porcentaje del gasto que transfieren ahora a la hacienda pública. Este hecho generará una caída en la demanda efectiva, por tanto, desde el punto de vista económico, el 2017 no será un año fácil: durante los próximos 12 meses no se dará la tan anhelada recuperación del crecimiento y lo esperable es que el crecimiento del PIB ronde el 2 por ciento.

 

Política tributaria abiertamente criminal e inhumana, dado los niveles de pobreza y desnutrición que antes del alza del impuesto al consumo ya padecía el pueblo colombiano. El Smlv fue aumentado en sólo el 7 por ciento quedando en $737.717 mensuales; el precio de la canasta básica familiar (para un hogar medio, compuesto por cuatro personas) aumentó a $3.342.341 mensuales en 2017 (teniendo en cuenta las bienes y servicios que demanda el hogar, la inflación del 5,8% anual en 2016 y el impacto en el nivel general de precios por efecto del aumento del IVA en 0,6 por ciento); en consecuencia, el Smlv sólo alcanza para adquirir 22,1 por ciento de la canasta básica familiar (por tanto, el hogar requiere un poco más de 4 Smlv para satisfacer la totalidad de las necesidades básicas). El Smlv para 2017 alcanza para satisfacer las necesidades esenciales de una sola persona, no para la sobrevivencia de una familia media en Colombia.

 

Maniobrando en contra de las mayorías nacionales. La reforma, pese a la propaganda oficial, no es para financiar el proceso de paz, o mejorar la calidad de vida de los ciudadanos o eliminar la pobreza, menos aún para impulsar el desarrollo nacional (afecta negativamente tanto a trabajadores como a empresarios). El fin último de la reforma tributaria es tapar el hueco por $34 billones que le dejó al Gobierno la caída del precio del petróleo (10% de sus ingresos) y el aumento en los costos de la deuda externa por causa de la devaluación desde finales de 2014. Lo proyectado con ella es mantener la planta burocrática del Estado, las infladas fuerzas armadas, calmar el apetito de la voraz clase política y alimentar el vampirismo del capital financiero, local y transnacional.

 

Con la reforma aprobada, el Estado espera extraer de los bolsillos de las familias colombianas cerca de $6 billones en el primer año de aplicación tributaria y más de $22 billones hasta el 2020. Y para lograrlo acudieron a la vía más fácil: grabar a las mayorías de hogares nacionales, proceder facilitado por la ausencia de una oposición belicosa, alternativa, con capacidad de citación y movilización nacional, una oposición que ponga en riesgo el gobierno de los mismos con las mismas, y que logre desnudar la tradicional maniobra de los poderosos: retrasar este tipo de medidas claramente antipopulares para final de año, cuando mucha gente anda de vacaciones y con la conciencia apagada. Es decir, coger a la población dormida, en este caso dedicada a fiestas y parrandas.

 

Además, como la reforma tributaria redujo algunos tributos adicionales proyectados (como la ampliación de la base tributaria o el impuesto a las gaseosas) a que aspiraba el Gobierno, los legisladores le dieron patente de corso a las administraciones territoriales para crear tributos (como el cobro por el alumbrado público) o elevar tarifas (predial, vehículos o servicios públicos domiciliares). Aumento del Smlv de sólo el 7 por ciento, inflación esperada de 5,1 por ciento, IVA del 19 por ciento, aumento y nuevos cobros por impuestos municipales, todo está servido para que la oligarquía nacional, su “guardia pretoriana”, el partido del clero y su clase política mantengan en la miseria y la dependencia (material y espiritual) a la clase trabajadora.

 

Gasto en burocracia, represión, rentismo financiero...

 

El gasto del estado colombiano equivale en 2017 a una quinta parte de la riqueza generada por la clase trabajadora, esto es, el PIB. Siete décadas atrás, en el año 1948, la participación del gasto público consolidado (totalidad de las instituciones del Estado) en el producto nacional bruto (PIB) era de 14,5 por ciento; en 1958 se elevó a 16,9 por ciento y en 2017 a 20 por ciento. Desde luego, lo esencial no es el monto o nivel simplemente numérico, sino la composición cualitativa del gasto público: las tendencias estructurales y la dinámica están resumidas en una doble relación: i) entre el gasto corriente y la inversión pública; ii) entre el gasto en desarrollo social y el gasto represivo (presupuestos especiales de fuerzas armadas, policía, inteligencia y cuerpos y aparatos civiles de represión).

 

Respecto a la primera, la relación porcentual del gasto corriente y de la inversión pública, para el año 1949 es de 69,5 contra 30,5 por ciento; en 1958 cambió a 74,5 y 25,5%, respectivamente; en 2017 el gasto corriente concentra el 84 por ciento (61% en funcionamiento y 23% en servicio a la deuda pública) y tan sólo el 16 por ciento en inversión. Esta tendencia tipifica la estructura del gasto en una hacienda pública consuntiva y señorial: la una, ascendente, en la línea del gasto simple de funcionamiento y servidumbre al rentismo del capital financiero; la otra, descendente en la línea de la inversión pública.

 

En cuanto a la segunda relación, el gasto en defensa, policía y seguridad del Estado ha representado entre el 16 y el 33 por ciento del presupuesto público nacional durante los últimos setenta años; comportamiento irregular, dependiendo de los ciclos de violencia, conflicto social y enfrentamiento armado interno. El gasto social, laboral y cultural oscila entre 30 y 44 por ciento, con tendencia a aumentar su participación debido a los altos índices de pobreza, en igual período de referencia. La fórmula maestra de la hacienda pública colombiana es, de una parte, la de Estado como estructura de poder, burocracia política, corrupción, apalancamiento del rentismo financiero y represión social y, de otra parte, la menor cantidad como empresa, como órgano eficiente de gestión y regulación y como garantista de derechos humanos que contribuya al bienestar y paz social.

 

En cuanto a la capacidad ocupacional del Estado existe una doble tendencia: expansión ocupacional y creciente gravitación en la nómina de represión y del aparato de fuerza, vigilancia, control y vigilancia ciudadana. A mediados del siglo XX, el gobierno general (totalidad de niveles) ocupaba 245.000 personas, esto es, el 4,6 por ciento de los 5,4 millones del total de empleados de la fuerza de trabajo del país; aproximadamente la tercera parte de la burocracia del Estado integraba los aparatos directa o indirectamente represivos. Para el año 2017, la nómina pública, según el Departamento Administrativo de la Función Pública, suma 1.237.558 funcionarios (62% del orden nacional y 38% del orden territorial), una concentración porcentual del 5,4 por ciento respecto a los 22,9 millones de ocupados (según el Dane); la fuerza pública está integrada por 564 mil uniformados (37,5% de la policía y 62,5% de las fuerzas militares: ejército, armada y fuerza aérea), esto es, 45,6 por ciento del total de empleos generados por los aparatos del Estado.

 

Si bien el Estado ocupa al 5,4 por ciento de la fuerza laboral colombiana, los sueldos y salarios que paga a su burocracia y fuerzas represivas equivale, en términos porcentuales, a 9,6 del total del fondo salarial nacional (30,1% del valor agregado nacional bruto). Los salarios promedios de los funcionarios públicos son de $2,5 millones; cifra que los coloca en el vértice superior de la pirámide de la remuneración a los asalariados (por encima de los ingresos salariares de $2,5 millones mensuales sólo se encuentra el 9,7% de los trabajadores colombianos; en la base, el 80% devenga por debajo de 2 SML). La nómina del sector público representa una cuarta parte de los impuestos que pagan los colombianos anualmente y equivale a 2,9 por ciento del total de la producción del país (el Producto Interno Bruto). El número de puestos de trabajo que controla y los niveles de salarios que paga le proporciona un inmenso poder a la oligarquía para manipular a la clase trabajadora y contar con una base clientelista que le garantiza reproducir la maltrecha, limitada y excluyente democracia del país.

 

Del pasado al presente

 

En resumen, la Ley 1819 de 2016 conserva en su esencia el carácter de la hacienda pública heredado de esa España oligárquica, burocrática y clerical: impuestos extorsivos sobre las clases populares y trabajadoras y una carga agobiadora que debilita o impide desarrollar el trabajo productivo, libre y creativo. Además, históricamente, incluida la reforma tributaria de 2016, nunca el Estado colombiano ha logrado que las iglesias y los terratenientes contribuyan con el pago de impuestos al fisco nacional. La estructura tributaria puede caracterizarse como una maquinaria de consumo, burocrática, politiquera, corrupta (en 2016 la corrupción sumó $23 billones) y militarista, no ajustada a resolver los problemas y necesidades del desarrollo sostenible, económico y social, pero cuya participación en el PIB va en aumento: su sistema de ingresos se caracteriza por la evasión fiscal de las clases dominantes (grupos políticos, burguesía, terratenientes, clero) y la tributación excesiva, centrada en el consumo básico de las clases medias y pobres; de parte del sistema de gastos se define por una tendencia creciente de los gastos de funcionamiento (estos tienen tres grandes componentes: nómina, gastos generales y transferencias: pago de pensiones y Sistema general de participaciones) y de servicio a la deuda pública y una tendencia errática de la inversión pública.

 

Soportando este tipo de Estado y de estructura fiscal y tributaria ingresamos al nuevo año donde, con seguridad, mucho se dirá sobre lo aprobado pero poco se alcanzará a realizar en su contra, mucho menos echarla atrás, a no ser como decisión de los jueces. Impune como fue aprobada e inconstitucional, entonces, la reforma es un llamado al conjunto de los actores sociales para que reconozcan su débil capacidad de resistencia y su necesaria y urgente coordinación de fuerzas alrededor de un proyecto social digno, democrático, incluyente y sostenible, no de otra manera podrán hacer realidad, ahora o en el futuro, sus propósitos de cambio.

 


 

* Economista político, filósofo humanista y analista existencial. Docente de la especialización en Derechos humanos de la UPTC. Integrante de los comités editoriales de los periódicos desdeabajo y Le Monde Diplomatique edición Colombia.
** En Colombia, la distribución porcentual de los hogares por nivel de ingresos, medidos en salarios mínimos legales, es: menos de 1 SML 32,4%; de 1 a menos de 2 SML 27,9%; de 2 a menos de 3 SML 14,2%; de 3 a menos de 4 SML 8,3%; de 4 a menos de 5 SML 5,4%; y de más de 5 SML 11,8%.

 

Recuadro 1


Con origen conocido pero sin final

 

El IVA es un impuesto indirecto de carácter nacional sobre el consumo, pagado por el consumidor final al momento de realizar la compra. La expresión “IVA” es la sigla del “Impuesto al valor agregado o añadido”, más conocido en Colombia como “Impuesto sobre las ventas”. Desde su creación, hasta la actualidad, ha vivido múltiples y diversas modificaciones, tanto en el número de productos a grabar y en el aumento de la tasa.

 

Fue establecido en Colombia en el año 1963, como impuesto a las ventas, con una tarifa básica del 3 por ciento. El IVA comenzó a regir desde el año 1975, creado por la ley 20631, en ese entonces solamente gravan a los productores e importadores con una tarifa del 6 por ciento. En 1983 extendió su campo de aplicación a todas las ventas, incluyendo las del comercio al detal y los servicios, tomando la forma actual de impuesto al valor agregado (IVA), la tarifa quedó establecida en el 10 por ciento. En 1990 aumentan la tarifa del IVA a 12 por ciento y amplían la base. De nuevo en 1992 la tarifa fue elevada a 14 por ciento; el impuesto entonces se convierte en un impuesto al consumo, evitando así el efecto cascada, es decir, que fuese cobrado más de una vez en la cadena de producción. Con la reforma tributaria de 1996, la tarifa de este impuesto al consumo pasa a 16 por ciento. Con la reforma tributaria de 2016 se elevó a 19 por ciento. Historia de nunca acabar, su techo: 100 por ciento del ingreso de los trabajadores, para concluir en el restablecimiento del sistema social esclavista. Actualmente un trabajador de ingreso medio transfiere obligatoriamente al fisco, mediante toda clase de impuestos, cerca de una cuarta parte de sus ingresos (sumando impuesto a la renta o retefuente, IVA, predial e impuesto al vehículo). La presión fiscal en Colombia, junto al capital, conforma el sistema de expropiación del excedente económico creado por el trabajo.

 


 

Recuadro 2

 

Una chispa para encender la pradera

 

Toda injusticia tiene un límite. Hace dos siglos largos, en la Nueva Granada fue el 4 por ciento el porcentaje con el que el Imperio español gravaba todas las transacciones comerciales. Ese gravamen fue suficiente para hacer explotar los ánimos. Rompiendo el edicto fijado en la puerta de la recaudación de impuestos, una vendedora de plaza, una mujer de 57 años de edad de nombre Manuela Beltrán, logró exaltar la inconformidad popular en contra de la dominación colonial. El 16 de marzo de 1781 se registró la insurrección del común, en El Socorro-Santander. Un mes después, el 18 de abril, fueron proclamados en El Socorro los jefes del alzamiento comunero, entre ellos José Antonio Galán. El resto de la historia es conocida, pero no el parangón entre indignidad a la que pretendían seguir sometiendo al pueblo, y la capacidad de lucha y concertación y pasividad que reinan en la actualidad ¡Cuántas manuelas y José Antonios nos hacen falta en 2017!

Publicado enEdición Nº231
Sábado, 21 Enero 2017 06:57

Protestas y detenidos

Protestas y detenidos

Casi cien detenidos, un par de policías heridos, negocios con vidrieras destrozadas y algunas limusinas atacadas en Washington, y miles de personas manifestándose en las principales ciudades del mundo.


Ningún muro pudo ni podrá detener las protestas contra Donald Trump. Se comprobó ayer y quedará ratificado hoy cuando cientos de miles de mujeres se lancen por las calles en 616 marchas convocadas en simultáneo por todo Estados Unidos y el resto del mundo. La ceremonia de investidura del presidente en Washington terminó con un saldo provisorio de casi cien detenidos, un par de policías heridos, negocios con sus vidrieras destrozadas y algunas limousines atacadas a piquetazos. Las movilizaciones contra el magnate, ahora transformado en gobernante del país más poderoso del planeta, también recorrieron otras geografías. La mayoría resultaron pacíficas. Las hubo en capitales como Londres, Berlín, Roma, Madrid, Tokio y Buenos Aires, así como en muchas ciudades de los cinco continentes.


Con pancartas que decían “Trump destruirá América” o “Aplastar el fascismo” como otras que sostenían reivindicaciones de género y de las minorías, miles de personas salieron a manifestarse pese al intenso frío en varias naciones del hemisferio norte. En Washington, se cruzaron en su camino con otros miles de partidarios del presidente que iban al acto central en el Capitolio. Hubo golpes, forcejeos e insultos a lo largo de la avenida Pensilvania y también en el cruce de las calles 12 y L.
Un grupo de los más organizados, ataviado de negro y con una bandera anarquista, rompió los vidrios de un café Starbucks y del Bank Of América, uno pegado al lado del otro. También la emprendieron con piquetas contra largas limousines negras que esperaban estacionadas muy cerca de la Casa Blanca. El clima de indignación contra Trump era evidente cerca de los vallados que había colocado la policía para que los manifestantes no pudieran acercarse a la jura presidencial. Durante los disturbios se lanzaron objetos frente al edificio del Club Nacional de la Prensa y se quemaron contenedores de basura. Hasta la ligó un periodista de la cadena Rusia Today. La policía intervino utilizando gas pimienta.
Las protestas habían comenzado la noche del jueves, cuando varios famosos convocaron a repudiarlo y se encontraron en Nueva York. El lugar elegido fue la plaza Columbus Circle, frente al hotel Trump, en Manhattan. Allí hubo mucho entusiasmo, selfies a destajo con los actores y personajes cuyos discursos hicieron más llevadera la espera. El cineasta Michael Moore se fotografió con Robert De Niro y Mark Ruffalo, dos representantes de Hollywood y bromeó en las redes sociales, como acostumbra. Pero ayer y ya en Washington, se puso serio delante de un camión antidisturbios: “Aquí en la inauguración. Una tragedia para la democracia”, posteó. En su discurso en Manhattan había sido uno de los más duros. Llamó a “cien días de resistencia” contra el nuevo presidente y vaticinó que “no durará cuatro años”.


Los ataques a Trump se replicaron en varias ciudades estadounidenses, pero además en el resto del mundo. Se quemaron imágenes del político multimillonario en Montreal, Canadá; las pancartas en Berlín y Madrid lo señalaron como “Peligro mundial” y le recordaron que “ningún humano es ilegal”; o apelaron al ingenio como una bandera que lucía colgada en el puente de la torre de Londres: “Construye puentes, no muros”. Un militante anarquista se encadenó al consulado estadounidense en Hong Kong, en Roma protestaron los ambientalistas, en Buenos Aires Izquierda Unida en el Obelisco, en Jerusalén los palestinos y los musulmanes de Sri Lanka le recordaron a Trump que es “Anti Slam”. La matriz de todos los mensajes era una sola: el claro rechazo contra el presidente norteamericano en su primer día de gobierno.


En las manifestaciones que siguen y están previstas, las mujeres ocuparán el lugar más destacado. Las mejicanas dieron el puntapié inicial desde la organización Boundless across borders (Sin límites a través de la frontera) que se tomaron de las manos en el puente internacional de Santa Fe, en Ciudad Juárez.


Hoy se especula en Estados Unidos que finalizará en Washington una de las dos marchas más importantes de la historia del país. Puede emparentarse en la convocatoria con la que lideró Martin Luther King el 28 de agosto de 1963. En ese momento fue en el marco de la lucha por los derechos civiles. Ahora las mujeres llegarán sobre la capital a un día de la asunción de Trump.


Allí estarán desde Teresa Shook, una abuela hawaiana y la primera que convocó a la marcha a través de un grupo de Facebook. También Linda Sarsour, la presidenta de la Asociación Árabe-Americana de Nueva York y miles de activistas. Se sumaron a la organización actrices como Scarlett Johansson, Katy Perry o Julianne Moore y aunque las movilizadas se anotaron hasta llegar a unas 200 mil, se prevé que esa cifra será superada. Sobre todo se si cuenta que al mismo tiempo se realizarán 616 marchas hermanas en otras ciudades del mundo.
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Tres muertos en los disturbios por el alza del precio de la gasolina en México
Un policía falleció en Ciudad de México y dos presuntos saqueadores en Veracruz. Centenares de personas han sido detenidas en las protestas que se extienden por todo el país

 

Las manifestaciones y saqueos registrados en México esta semana en protesta por el alza en los precios de los combustibles han causado tres víctimas mortales. Este miércoles murió un policía en Ciudad de México y en la jornada del jueves dos presuntos saqueadores fueron asesinados a tiros en las calles del puerto de Veracruz por personas que no han sido identificadas, según informa Efe. En cinco días de protestas más de 600 personas han sido detenidas.


La situación se calmó este jueves en la capital mexicana, pero el caos ha crecido en otras regiones del país.


El policía que murió este miércoles fue aplastado en un robo en una estación de servicio durante una manifestación, informó un día después la Policía Metropolitana. Las mismas fuentes informaron del arresto de 106 personas. 9.000 agentes adicionales se han desplegado en la capital, con el apoyo de 13 helicópteros y 20.000 cámaras de vigilancia. En el Estado de México, más 430 personas fueron detenidas por actos de vandalismo.


En Veracruz, dos personas murieron en unos incidentes que paralizaron la zona turística. En declaraciones a medios locales, el presidente de la Cámara Nacional de Comercio en la zona Veracruz-Boca del Río, Jesús Muñoz de Cote Sampieri, informó de que son 100 los comercios que han sido saqueados. El líder empresarial reclamó la intervención de fuerzas federales y del Ejército para frenar a los saqueadores, que han dejado daños valorados en 4,4 millones de euros. Las autoridades aseguraron que 135 personas fueron detenidas.


En Ixmiquilpan, en el Estado de Hidalgo, la policía local utilizó gases lacrimógenos, pero no logró dispersar a los manifestantes que arrojaban piedras. Según la secretaría local de Seguridad, se escucharon disparos de armas. Ocho civiles y cinco policías resultaron heridos, según las mismas fuentes, que no especificaron si fueron alcanzadas por balas.


En Monterrey, más de 10.000 personas se manifestaron pacíficamente para protestar contra los aumentos. Grupos de jóvenes, muchos enmascarados, se enfrentaron a los manifestantes y dañaron las oficinas de algunas instituciones locales. Varias personas resultaron heridas, entre ellas dos periodistas, y hubo algunas detenciones, según un portavoz oficial.


En el Estado de Cohuila, en el norte, la policía dispersó con gases lacrimógenos a cientos de manifestantes, según imágenes difundidas por el canal de televisión Milenio.


El precio de la gasolina se incrementó el 1 de enero en un 20,1% y el diésel en un 16,5%. A partir del 18 de febrero, el precio máximo fijado por el Gobierno se ajustará cada día. La ola de protestas que comenzó inmediatamente después de la entrada en vigor de los aumentos cobró impulso a partir del miércoles con bloqueos de carreteras, saqueos en tiendas y gasolineras, y actos de vandalismo. De acuerdo con el presidente de la Confederación de Cámaras de Comercio, Enrique Solana, unas 800 empresas pequeñas y medianas y 250 grandes tiendas fueron dañadas en todo México.


El presidente de México, Enrique Peña Nieto, dijo en un mensaje especial que la decisión de aumentar los precios de los combustibles en México fue una consecuencia de la subida de los precios internacionales y que se trataba de un "cambio difícil", pero necesario para asegurar la estabilidad económica. El incremento de los precios es el primer paso de la apertura a la liberalización de los precios del combustible en el mercado. Estaba prevista inicialmente para 2018, pero el Gobierno mexicano ha optado por ponerla en marcha un año antes.

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Lunes, 14 Noviembre 2016 06:36

SOS

SOS

 

Algunos dicen que es el fin de un Estados Unidos semicivilizado, otros dicen que aquí tronó el viejo sistema político bipartidista, otros creen que acaba de aparecer el diablo –"gusto en conocerte, espero que hayas adivinado mi nombre, lo que te está confundiendo es la naturaleza de mi juego"– y otros creen que no pasará nada con esta cosa fea resultado de la contienda más asquerosa en la historia moderna (dixit la gran mayoría del electorado), ya que todos –incluso el peligroso bufón anaranjado– acabarán siendo sujetados por el gobierno permanente y obligados a portarse más o menos bien.

Todos están sorprendidos. No funcionaron sus modelos, ni sus programas ni los infinitos datos con que alimentaban sus computadoras. Los expertos –politilógos, veteranos de campañas, los que entienden matemáticas y estadísticas, viejos lobos de la política y casi todo periodista– ofrecían sus espléndidos análisis de cómo era esa extraña cosa llamada "pueblo" o "electorado", de cómo se comportaba y cómo reaccionaba ante los gritos, engaños y manipulaciones de diversos irritantes llamados "candidatos". Los científicos entendían casi todo hasta que el pasado martes se mostró que no entendían casi nada.

Ahora los expertos profesionales argumentan que este es un país muy dividido, y muestran ese mapa tramposo donde ilustran dónde están los de azul (demócratas) y los de rojo (republicanos). Esa es ahora la narrativa oficial que se desea imponer por los maestros del juego político y mediatico.

Pero la división no es entre colores, de un lado y del otro, horizontal a lo largo de un mapa, sino vertical: lo que caracterizó esta contienda desde un inicio hace casi dos años es que la división es entre los de arriba y los de abajo. Esta fue una contienda de insurgencias contra las cúpulas azul y roja. La opinión pública reprobó a ambos partidos, casi todos los candidatos, y cuando pudieron votaron contra la élite política y económica tanto en las primarias como ahora en la elección general.

Al anular la opción progresista para la expresión de esa insurgencia, con Clinton y sus aliados haciendo todo lo posible para descarrilar la amenaza del socialista democrático Bernie Sanders (quien durante su campaña, y posiblemente aun ahora, es el político con el mayor índice de popularidad en este país), sólo dejaron la opción de un demagogo derechista y los infinitos adjetivos que se merece. Siempre ha existido una corriente racista y hasta fascista en este, como en casi todo país, y la campaña y ahora elección de Trump ha desatado estas corrientes como veneno por todo el país, y esto apenas empieza. Pero aún más importante es entender que no todos, y tal vez sólo una minoría de los 60 millones de los que votaron por él, forman parte de esa corriente. De hecho, muchos de ellos eran sindicalistas y demócratas y habían votado dos veces por un presidente afroestadunidense.

Por lo que sí votaron todos estos fue para derrocar lo que ambos candidatos insurgentes llamaron "un sistema amañado" al servicio de una oligarquía.

El problema, obviamente, es que el resultado expresado por Trump y su gente pone a todo el planeta en riesgo, y a los más vulnerables dentro de este país en peligro inmediato.

Los políticos y los expertos –incluidos los encargados de la campaña demócrata– aparentemente nunca apagaron sus computadoras y sus modelos para tomarse una cerveza o un whisky en una cantina y platicar con los que estaban por sacudir al mundo al expresar su hartazgo, su ira y su temor.

Matt Taibbi escribe en Rolling Stone que la “elección de Trump fue una verdadera rebelión dirigida a todos los que eran percibidos como parte del establishment... incluyendo dirigentes políticos, banqueros, industriales, académicos, actores de Hollywood, y, por supuesto, los medios. Y todos cerramos los ojos a lo que no deseábamos ver... El casi universal fracaso entre los profesionales políticos en pronosticar la victoria de Trump... reveló una ceguera cultural asombrosa”. Ahora, dice, ya es demasiado tarde, y en parte esto es consecuencia de que para los periodistas, “igual que los políticos, nuestra chamba era escuchar, pero nos la pasamos hablando... El mundo tal vez nunca nos perdone por no ver lo que se venía”.

Ahora ese resentimiento, la ira y desesperación que hay abajo, sobre todo de la clase trabajadora blanca urbana y rural, gente que sentía que había perdido todo, incluso a su propio país, ha llevado a una crisis, y la cúpula está buscando cómo manejarla. Es la cosecha en gran parte de tres décadas de un consenso cupular bipartidista de políticas neoliberales que se aplicaron al país más rico del mundo.

Las advertencias sobre las consecuencias de esto aquí se expresaron desde el gran debate trinacional sobre el libre comercio a finales de los 80, en el movimiento altermundista a finales de los 90, recientemente con Ocupa Wall Street y después en la gran insurgencia progresista sin precedente de Sanders.

Pero lo más trágico es que en lugar de una vuelta progresista, por lo menos liberal, esto ahora ha llevado –en gran parte por la arrogancia de los liberales y la falta incomprensible de una respuesta masiva de "no pasará" durante el ultimo año a esta amenaza venenosa– a una expresión de tintes fascistas. De hecho, algunas de las pancartas en las protestas en las calles llaman a "una resistencia al fascismo en Estados Unidos".

“Adiós, America” se titula el artículo del autor y académico liberal Neal Gabler en el portal de Moyers & Company. “Estados Unidos murió el 8 de noviembre del 2016... por su propia mano, vía el suicidio electoral. El pueblo optó por un hombre que ha deshecho nuestros valores, nuestra moralidad, nuestra compasión, tolerancia, decencia, sentido de propósito común... Ya no podemos simular que somos excepcionales o buenos o progresistas o unidos. No somos nada de esas cosas”.

Tal vez es hora de que los pueblos del mundo que han expresado su horror ante lo ocurrido aquí empiecen a preparar brigadas internacionales de solidaridad para apoyar la resistencia que ahora nace en estas calles contra la sombra que oscurece a este país.

 

 

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Sábado, 12 Noviembre 2016 06:24

Retoman el diálogo político en Venezuela

Retoman el diálogo político en Venezuela

Delegados del gobierno y de la Mesa de la Unidad Democrática (MUD) celebraron su segunda reunión, tras iniciar el diálogo el 30 de octubre, para evaluar avances en temas como derechos humanos, situación económica y justicia.

 

El gobierno de Nicolás Maduro y la oposición reanudaron ayer, a instancias del Vaticano, un diálogo que busca resolver la profunda crisis de Venezuela, en un campo minado al estar en disputa la continuidad del chavismo en el poder.


Delegados del gobierno y de la Mesa de la Unidad Democrática (MUD) celebraron su segunda reunión, tras iniciar el diálogo el 30 de octubre, para evaluar avances en temas como derechos humanos, situación económica y justicia, abordados en mesas separadas. El presidente Maduro, afirmó ayer que está dispuesto a mantener el diálogo emprendido con la oposición para resolver la crisis política, pero “sin bravuconerías ni ultimátums. “Yo he hecho todo lo posible e imposible para que haya diálogo de paz con la derecha y estoy dispuesto a seguir, pero sin ultimátum, sin bravuconerías’’, aseguró el mandatario en su programa radial La hora de la salsa.


La declaración se produce en la antensala de la segunda reunión de la mesa de conversaciones bilaterales, convocada con el fin de analizar los avances de cuatro mesas temáticas. El diálogo entre el gobierno y la coalición Mesa de la Unidad Democrática (MUD) fue instalado el pasado 30 de octubre con el acompañamiento del Vaticano y la Unión de Naciones Suramericanas (Unasur).


La MUD insiste en un referendo revocatorio contra Maduro -suspendido en octubre-, pero plantea como alternativa unas elecciones generales en el primer trimestre de 2017. Pero el mandatario, cuyo período finaliza en enero de 2019, reiteró que la agenda electoral ya está definida, dando a entender que no puede haber modificaciones. “En unos meses tenemos elección de gobernadores, vamos a prepararnos para ganarlas’’, sostuvo. “Queremos que esta sea una mesa de diálogo victoriosa (...), que podamos navegar las aguas de lo que queda del año 2016, los años 2017 y 2018. Naveguemos en paz’’, exhortó Maduro.


En la misma línea el número dos del chavismo, Diosdado Cabello, descartó un adelanto de los comicios presidenciales. “No hay referéndum ni hay elecciones generales, aquí lo que hay es revolución, felicidad y tranquilidad para nuestro pueblo’’, aseguró ayer ante miles de partidarios en Mérida (oeste).Otro punto planteado por la MUD es la liberación de lo que consideran presos políticos, pero Cabello rechazó que el diálogo se convierta en una ley de amnistía’’. “No puede convertir, la derecha venezolana, el diálogo en una ley de amnistía para que salgan los asesinos’’, dijo.


La oposición exigió resultados concretos del diálogo para ayer, bajo amenaza de retirarse de la mesa y retomar su ofensiva contra Maduro que incluye una marcha al palacio presidencial de Miraflores, suspendida el 3 de noviembre. Ante ello, Cabello señaló que el chavismo está preparado para contener una movilización opositora hacia Miraflores. “Si ustedes nos quieren ver en la calle, provoquen a este pueblo’’, desafió. Maduro había anunciado que el gobienro entregaría en la cita un documento con su visión de una salida a la crisis, y solicitó a la oposición no levantarse de la mesa. “Quiero que estén sentados en el proceso de diálogo que se inicia, hay que tener paciencia’’, dijo el mandatario en su programa radiofónico.


El diálogo se abrió cuando la tensión estaba al tope por la suspensión, el 20 de octubre, de un referendo con el que la MUD buscaba revocar el mandato de Maduro. De no fructificar el proceso, el conflicto podría escalar de nuevo. A la cita asistieron el enviado del papa Francisco, monseñor Claudio María Celli, y los ex gobernantes José Luis Rodríguez Zapatero (España), Leonel Fernández (República Dominicana) y Martín Torrijos (Panamá), y el ex presidente colombiano Ernesto Samper, secretario general de Unasur.


Luego de la tregua de once días, la oposición, que quiere evitar que el gobierno use el diálogo para ganar tiempo, acudió a la mesa exigiendo resultados concretos. “Venezuela es una olla de presión y la válvula, que era el revocatorio, la soldaron. La MUD busca en la mesa la solución electoral. O nos devuelven el referendo o se activa un acuerdo para adelantar elecciones’’, declaró el portavoz de la MUD, Jesús Torrealba. Sin embargo, el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) negó una acción legal que buscaba reactivar la consulta, al declarar inadmisible un recurso presentado por la MUD, según un fallo difundido ayer.


“No estoy obsesionado con elecciones, mañana eso lo decidirá el pueblo en el 2018. Resolver lo económico, esa es mi obsesión’’, declaró Maduro. Pero para la oposición un cambio de gobierno es la única salida a la devastación económica del país petrolero, agobiado por la falta de alimentos y medicinas, y una inflación que rondará este año 475 por ciento según el FMI. “Somos escépticos. Los venezolanos necesitamos señales de cambio. Estamos al límite, la situación económica es una bomba que puede explotar’’, declaró el ex candidato presidencial Henrique Capriles.


Analistas ven improbable que el gobierno acepte reactivar el referendo o adelantar elecciones. Según Luis Vicente León, presidente de Datan lisis, ello implicaría la salida del chavismo del poder, dada la impopularidad del 76,4 por ciento que tiene Maduro, según la firma Venebarómetro. “Parece que la tendencia de la oposición es negociar imposibles’’, declaró el politólogo socialista Nícmer Evans, fuerte crítico de Maduro. Para Evans la MUD cometió el error de paralizar, antes de ver logros del diálogo, la movilización en la calle, quedándose sin mecanismo de presión. “Lo demás es pedirle al otro que entregue todo (el poder) a cambio de nada’’, agregó Evans.


Además de la desactivación de las protestas, la presión internacional bajó con el diálogo, apoyado incluso por Estados Unidos. Pero la elección de Donald Trump abre ahora interrogantes sobre la actitud hacia el proceso de conversaciones. Los analistas ven más factible avanzar en otras áreas. La MUD también exige un canal humanitario de suministro de alimentos y medicinas. Además, la sustitución de autoridades electorales y de justicia -a las que acusa de oficialistas- y la restitución del Parlamento, de mayoría opositora pero declarado en desacato por la corte suprema.

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Domingo, 06 Noviembre 2016 07:07

Brasil, el golpe y el golpe dentro del golpe

Brasil, el golpe y el golpe dentro del golpe

A estas alturas, pasados casi seis meses del nombramiento de Michel Temer como presidente interino y poco más de dos de haber sido elevado a la categoría de presidente efectivo, tras el golpe institucional que destituyó a la presidenta Dilma Rousseff, el escenario político brasileño se ve cada vez más envuelto en nubarrones pesados y aciagos.


En los recientes días empezaron a ganar peso los rumores indicando que estaría en curso una nueva trama de los golpistas que elevaron Temer al poder: tumbarlo. Es decir: existen indicios clarísimos de que se acerca peligrosamente (para Temer) la hora y la vez del golpe dentro del golpe.


Hasta aquí la única demostración concreta de eficacia de parte del nuevo gobierno ha sido haber logrado un respaldo aparentemente sólido en el Congreso. Y aun así, ese respaldo sería una apuesta arriesgada: el sistema político brasileño se basa en el canje de intereses. Esa lealtad –no los principios ideológicos, éticos o políticos, sino puramente intereses– es algo muy relativo en mi país.


Del resto, Michel Temer y sus acólitos y cómplices lograron, en estos seis meses, hundir aún más un país que ya venía en muy mala racha.


La economía se desplomó de una vez, el desempleo sigue aumentando, y la tal retomada de la economía, así como de las inversiones, tan insistentemente mencionadas, siguen más lejos de la realidad que las niñas hermosas de Oaxaca de mi calle en Río de Janeiro.


Además, sigue pendiente, sobre el gobierno, la amenaza inminente de un desastre de proporciones olímpicas. Tan pronto se conozcan las denuncias del esquema de corrupción que hasta ahora sólo tuvo como blanco preferencial de una justicia parcial e injusta al Partido de los Trabajadores de Lula da Silva.


Para completar, el gobierno, como un todo, es un desastre y Michel Temer, en definitiva, no tiene la estatura moral y política para asumir el liderazgo de un país que está al borde de un precipicio oscuro.


Frente a tal cuadro, sería natural que empezasen a surgir rumores sobre la posible brevedad de su mandato. Temer no logró el tan soñado reconocimiento internacional (excepto del argentino Mauricio Macri, otro fundamentalista del neoliberalismo), enfrenta una dura resistencia de amplios sectores internos (todos, sin excepción, solemnemente ignorados o despreciados por la gran prensa brasileña) y, para completar, no logra hacer algo con que el país se mueva de su pantano. La principal resistencia no viene de los movimientos sociales o de los partidos de izquierda, sino de la juventud: hoy mismo, domingo 6 de noviembre, hay más de mil colegios de secundaria ocupados por miles de estudiantes protestando contra su gobierno. La resistencia se da lejos de las estructuras conocidas, lo que hace que sea más difícil deshacerla.


Lo que hasta hace poco eran puros rumores y especulaciones se hicieron palabra concreta.


Con la economía paralizada, sin haber conquistado legitimidad fuera de su círculo más estricto de fieles cómplices, Michel Temer está acosado.


Desde hace dos semanas empezó a barajarse el nombre del supuesto sucesor. La trama es clara: gracias al mismo Partido de la Social Democracia Brasileña PSDB), artífice del golpe que destituyó a Dilma Rousseff, corren, en el Tribunal Superior Electoral, un par de acciones pidiendo la impugnación del resultado de los comicios de 2014. Acusan a la planilla Dilma-Temer de haber cometido crímenes electorales, como abuso de poder económico y uso de recursos ilícitos para financiar su campaña.


Ahora se entra en la etapa final del juicio. Y condenar a los vencedores significa, directamente, alejar a Michel Temer de la presidencia que ocupa desde el golpe institucional alentado por el mismo PSDB: como Dilma ya fue destituida, el único reo del juicio es el actual mandatario.


Como sucesores suenan dos nombres. Uno, Nelson Jobim. Ha sido ministro de Fernando Henrique Cardoso, de Lula da Silva y de Dilma Rousseff. Fue diputado y presidente del Supremo Tribunal Federal. Más camaleónico, imposible.
El otro nombre que suena es el del mismo Fernando Henrique Cardoso, figura patriarcal del neoliberalismo fundamentalista en Brasil.


Ambos tienen características propicias: no se postularían a la relección en 2018, y circulan libremente entre los apoyadores del golpe. Y al menos hasta ahora, no aparecen en las listas de denunciados por corrupción, al contrario de siete entre cada diez acólitos de Temer.


Así es que mi país se prepara para el futuro inmediato: son altas las posibilidades de que ocurra el golpe dentro del golpe.
Mientras, Temer, sin lograr la tan ansiada legitimidad, destroza lo que tiene por delante. El acoso a los derechos individuales que conforman un Estado democrático crece día a día. Y a cada minuto aumentan las sombras que indican que un estado de excepción acecha a la vuelta de la esquina.

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Maduro y opositores se sientan a la mesa en busca de un diálogo para superar la crisis

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, y representantes de la oposición, se sentaron este domingo a la mesa en busca de un diálogo para superar la profunda crisis política que afecta al país.

Maduro, tres de sus delegados, Jesús Torrealba, secretario general de la derechista Mesa de la Unidad Democrática (MUD), y otros cuatro representantes de la oposición, se sentaron a la mesa en el Museo Alejandro Otero, ubicado en complejo cultural La Rinconada, en las afueras de esta ciudad, acompañados de los enviados del Vaticano y de Unasur, como facilitares de los acercamientos.

Había incertidumbre respecto de si la oposición acudiría a la cita, debido a que la MUD está dividida frente al diálogo. Este domingo Voluntad Popular (VP), uno de sus principales partidos, fundado por el encarcelado Leopoldo López, aseguró que al igual que otras 15 agrupaciones de la coalición, no asistieron a la reunión porque "no están dadas las condiciones".

El prelado italiano Claudio María Celli, representante del Vaticano, fue el encargado de abrir las pláticas.

"Asumo mi compromiso total y absoluto con este proceso de diálogo. A la MUD le tiendo la mano para dialogar", manifestó Maduro frente a los representantes de la oposición, en la mesa de conversaciones instalada por los facilitadores.

"Hagamos el mejor de nuestros esfuerzos para avanzar de manera sostenida y progresiva", añadió, y agradeció la presencia de la MUD antes de estrechar la mano de Torrealba. La MUD no tomó la palabra de inmediato.

Estuvieron presentes el ex presidente colombiano Ernesto Samper, secretario general de la Unión de Naciones Sudamericanas; los ex gobernantes José Luis Rodríguez Zapatero, de España, Martín Torrijos, de Panamá, y Leonel Fernández, de República Dominicana, así como la canciller venezolana Delcy Rodríguez y los funcionarios chavistas Jorge Rodríguez y Elías Jaua, entre otros.

Antes de empezar la reunión las partes cruzaron acusaciones por la convocatoria de la oposición a marchar el próximo jueves hacia el palacio presidencial de Miraflores, a lo que el chavismo respondió con un llamado a sus partidarios a reunirse en la casa de gobierno el mismo día.

Las tensiones políticas en Venezuela arreciaron tras la suspensión del proceso de referendo revocatorio que la oposición impulsa contra el mandato de Maduro, por fallos judiciales que anularon la recaudación de las firmas necesarias para activar la consulta.

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