Miércoles, 27 Noviembre 2019 14:58

El retorno de los motines de subsistencia

El retorno de los motines de subsistencia

La regresión de los salarios, el trabajo precario, tener que soportar sobre los hombros un peso cada vez mayor del financiamiento del Estado por el aumento de los impuestos, el encarecimiento de los servicios públicos y la negación de la educación y la salud como derechos básicos, han llevado a los pueblos a levantarse espontáneamente.
La incertidumbre sobre la subsistencia no puede seguir siendo la norma de vida.

 

“Un fantasma recorre el mundo”: el fantasma de las revueltas populares espontáneas. El recorrido del espectro comenzó el 17 de octubre de 2018 en París, con una convocatoria por medios digitales para protestar por el alza en el precio de los combustibles, la pérdida en el poder adquisitivo del salario y una carga fiscal creciente sobre los sectores con menores ingresos. Las protestas, que ya completan más de un año, han sobrepasado tan sólo en la capital francesa, más de cincuenta manifestaciones saldadas con once muertes relacionadas con los eventos, 24 ojos perdidos por perdigones disparados por la policía, una mano arrancada con explosivos, y más de tres mil condenados –mil de ellos condenados a prisión–, entre otros destrozos provocados por la represión. El nombre del movimiento, un poco extraño y carente de referentes: los chalecos amarillos.

En América Latina, las mismas causas fueron la chispa que el tres de octubre de éste año incendiaron, primero, la capital ecuatoriana, y luego el resto del país con un saldo no menos trágico: entre cinco y diez muertos, 500 heridos y al menos 1.000 detenidos, luego de diez días de refriegaque obligaron al gobierno a poner en suspenso las medidas que motivaron el gesto insurreccional. Pero, la cereza que coronó el pastel, fue la sorprendente reacción del pueblo chileno, qué iniciada con las protestas de los estudiantes por el alza en el precio del transporte público, rápidamente asumió el carácter de una revuelta popular de gran envergadura, cuyo saldo ha sido de al menos veinte muertos, 600 heridos y cerca de 6.000 detenidos. El estallido popular en este país es aún más significativo, por haber sido Chile el conejo de laboratorio donde la escuela económica conocida como los Chicago Boys ensayó el conjunto de políticas que angostaron, a lo ancho del planeta, la vida de los asalariados hasta los mínimos niveles de subsistencia, para de esa forma darle salida al capital, luego de la crisis de los setenta del siglo pasado, que había puesto en cuestión las tasas de acumulación.

Como una funesta coincidencia de los simbolismos, debe recordarse que fue José Manuel Piñera, hermano mayor del actual presidente, Sebastián Piñera, quién como ministro de la dictadura militar de Augusto Pinochet puso en marcha las reformas anti-populares que por más de cuatro décadas rigieron la economía de aquel país, y cuyos efectos acumulados condujeron al estallido social reciente. El hermano menor, intentando redondear la siniestra obra de su familiar, terminó colmando la paciencia del pueblo chileno que busca como meta sacudirse la pesada herencia.

Pero, las protestas también han tenido lugar en ciudades como Puerto Príncipe, Beirut o Bagdad, en una reedición de los Motines de Subsistencia de los siglos XVII, XVIII y XIX, de los que quizá el más trascendente fue la “Marcha sobre Versalles”, en el que las vivanderas de los mercados parisinos sitiaron el palacio real y obligaron a María Antonieta y a Luis XVI a regresar a la capital francesa a asumir sus responsabilidades, consolidando el levantamiento que dio forma definitiva a la Revolución Francesa. Ya no es el precio del pan la chispa sino el de los combustibles, así como la regresión en las condiciones de la seguridad social y el entender que el financiamiento del Estado ha sido volcado sobre los hombros de los sectores populares, pero, eso no le quita que sean verdaderos motines de subsistencia en versión actualizada, pues su motivación son las extremas condiciones de angustia con las que la mayoría de la población enfrenta la cotidianidad.

 

El camino hacía los límites

 

Más allá de las críticas que puedan hacerse a conceptos como el de sociedad post-industrial, o a ciertas conclusiones derivadas de afirmar el fin de la etapa industrialista del capitalismo, lo cierto es que el innegable dominio de la ocupación en el sector servicios, que en promedio en el mundo ocupa el 50 por ciento de los trabajadores contra el 14 por ciento en las manufacturas –en los países de altos ingresos esos porcentajes son de 74 y 13 por ciento respectivamente–, obliga a considerar las consecuencias de ese hecho, así como de los cambios en la estructura de la fuerza laboral industrial, tanto al interior de los países, como si la miramos globalmente.

La automatización y la robotización son, sin duda, dos de los factores centrales que explican la disminución de la participación relativa de la fuerza de trabajo en la producción de los bienes manufacturados. Para el caso de los países del centro capitalista, además, debe sumarse el proceso de deslocalización, iniciado con fuerza en la década de los ochenta del siglo pasado, que buscó a través de la externalización de un componente importante del proceso de fabricación de bienes, no sólo disminuir costos al usar mano de obra de los países periféricos, sustantivamente más barata, sino debilitar la resistencia interna de los trabajadores, al descomponer o eliminar las unidades productivas que aglomeraban un número considerable de obreros convencionales. La búsqueda de nivelar por lo bajo los salarios, que aún continúa, ha tenido en esa estrategia uno de sus puntales más importantes.

De otro lado, al interior de los países, la subcontratación (conocida como outsourcing, por su acepción en inglés) de las actividades menos automatizables, hizo de la tercerización, como también se le conoce, un mecanismo que descargó de responsabilidades laborales a las grandes empresas y contribuyó a la informalización y precarización de un gran número de trabajadores, pues las pequeñas empresas subcontratistas escapan, en mayor medida, a los controles estatales. En el informe de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) del 19 de octubre de este año, sobre autoempleo y pequeñas y medianas empresas –titulado en español como Lo pequeño importa–, ese organismo muestra como en el mundo cerca del 70 por ciento del empleo lo proveen ese tipo de unidades productivas. En los países de bajos ingresos, las empresas de menos de 50 trabajadores proveen el 40 por ciento de la ocupación, el autoempleo el 54 por ciento, mientras que tan sólo el seis por ciento es cubierto por empresas de mayor envergadura. En los países de medianos ingresos el autoempleo (60 por ciento) y el empleo en pequeñas empresas (30 por ciento) representan la casi totalidad de la ocupación, siendo la magra cifra del 10 por ciento el ofertado por las grandes empresas; mientras que en las naciones de altos ingresos, las pequeñas empresas ocupan casi la mitad de la población asalariada (47por ciento), el autoempleo el 11 por ciento y las grandes empresas menos de mitad de la provisión laboral (42 por ciento)–en Colombia, según el Dane, el autoempleo es 43,6 por ciento–. Este proceso, que quiso ser maquillado con el pomposo nombre de “industrias en red”, facilitó la individualización de la contratación y limitó el horizonte político de la clase trabajadora que empezó a tener mayores dificultades para poder articular convergentemente acciones de lucha por sus derechos, limitando su alcance y posibilitando al capital imponer sus condiciones sin apenas resistencia. Acá, lo pequeño no es hermoso.

El debilitamiento estructural de la clase trabajadora tuvo quizá su mayor reflejo en el declive de las tasas de sindicalización de los países más industrializados.En EU la afiliación a los sindicatos va en caida de forma importante, pasando de representar 20,1 por ciento en 1983 a 10,6 en la actualidad. En Alemania y Japón, las otras dos potencias industriales capitalistas, la cifra apenas supera el 17 por ciento en la actualidad, y en Corea del Sur es tan sólo del 9 por ciento, según datos de la Confederación Sindical Internacional (CSI). Esto no es más que el reflejo de la des-colectivización de la relación capital-trabajo, que ha colocado al trabajador individual a negociar de forma aislada con las grandes corporaciones, en una situación de desigualdad cuyos resultados son la precarización de sus condiciones. La informalidad ahora es lo normal; su porcentaje actual a nivel mundial es del 61 por ciento de trabajadores en esa condición, mientras que tan sólo el restante 39 de asalariados están cubiertos con las pocas garantías que las reformas laborales no han abolido para los contratos convencionales (en Colombia la informalidad es del 48 por ciento).

La desregulación del trabajo, que incluye la llamada flexibilización laboral, va acompañada de un traslado de la carga fiscal desde las empresas a los trabajadores. En EU la tasa impositiva a las compañías pasó del 32,1 por ciento en 1952 a 10,8 en 2015; en Europa, del 41 por ciento de 1983 quedó reducida en 2015 al 22, mientras que el impuesto al valor agregado (IVA), pagado esencialmente por la gente del común pasó, en ese período, de 16,1 a 19,2 por ciento. En EU la tasa impositiva marginal, aplicable a los ingresos más elevados, de 70 por ciento en 1980 descendió al 40 en 2010, mientras que en Alemania de estar en 90 por ciento, a fines de la década del cuarenta del siglo pasado, es hoy del 45 por ciento, como lo destaca Thomas Piketty en su libro El capital en el siglo XXI. Además, como lo reseña Oxfam en su informe de 2018, el economista Gabriel Zucman estima que los multimillonarios esconden alrededor de seis billones de dólares en paraísos fiscales, eludiendo al menos 200 mil millones en pagos de impuestos. Esto ha tenido como resultado una concentración de la riqueza sin antecedentes, hasta el punto que en la actualidad las 42 personas más ricas del planeta poseen el equivalente de lo que suman los activos de los 3.700 millones de personas con menor riqueza en el mundo, según datos de la empresa de servicios financieros Credit Suisse. Oxfam calcula que en el 2017 el 82 por ciento de la riqueza creada fue apropiado por el uno por ciento de los más ricos.

 

Las clases trabajadoras al borde del abismo

 

El aumento de la dispersión locativa de los trabajadores de un mismo sector –tal el caso de conductores, empleados de los comercios minoristas, docentes, médicos, etcétera– propiciada por el continuo crecimiento del sector servicios, las facilidades para la deslocalización internacional y el predominio de las pequeñas empresas, fueron algunos aspectos de la piedra de toque que facilitó al capital reducir al mínimo los derechos de los trabajadores. Que estos empiecen a ser considerados como “prestadores de servicios independientes”, desligados de sus colegas de labor, ha llevado en la actualidad a hacer posible la existencia de empresas sin apenas trabajadores presenciales, como en el caso de la llamada “industria de plataforma”, cuya actividad central es ser coordinadora informatizada de actividades. El avance de la economía gig, también conocida como economía colaborativa, o economía de los freelance, ocupa predominantemente trabajadores jóvenes que aportan sus conocimientos y habilidades a empresas por horas o días sin que medie un contrato.

En el imaginario ideologizado, entonces, lo que quiere presentarse es el fin del trabajo como actividad subordinada, y justificar así el avance de la eliminación de éste como sujeto de derechos. La subordinación moderna de los trabajadores queda basada, de esa forma, en lo que Robert Castel denominó el ascenso de las incertidumbres: la inseguridad sobre el mañana como instrumento de sujeción en el presente, pues los derechos económicos positivos son, de hecho, eliminados. Según la CSI, el 60 por ciento de los países tienen prohibiciones de sindicalización en algunos sectores de la economía, el 83 por ciento ha vulnerado el derecho de huelga y el 82 han violentado la negociación colectiva, todo bajo el argumento que los derechos de los trabajadores son contrarios a la buena marcha de la sociedad, y de que tal marcha no es otra cosa que la ampliación de la riqueza apropiada por el capital.

El avance del capital a costa del trabajo, es innegable. Según el Fondo Monetario Internacional el pago a los trabajadores en los países desarrollados, de representar 55 por ciento del PIB en 1972 fue reducido a 40 en la actualidad, mientras que en los países emergentes y los subordinados, de 50 por ciento en 1994 pasó en el presente a 37. El estancamiento de las salarios medios y bajos tuvo en el divorcio presentado entre las mejoras en la productividad y los aumentos en las remuneraciones al trabajo, una de las causas más importantes, y desde 1972 sigue ensanchándose. El salario por semana en Estados Unidos, cuyo promedio actual es de 746 dólares, sería hoy de 1.377 dólares si las remuneraciones hubiesen aumentado en la misma proporción que lo hicieron hasta 1972 respecto de las mejoras en la productividad, lo que indica, sin equívocos, que ésta última ha sido apropiada en su práctica totalidad desde esa fecha por los capitalistas.

Pero, de otro lado, a partir de las crisis de los setenta, la brecha al interior de las mismas remuneraciones salariales ha ido en aumento, dejando a la gran masa de trabajadores sin mando en unas condiciones cada vez más desventajosas, puesto que mientras en la década de los setenta del siglo pasado la relación del salario entre gerentes y trabajadores era de 45 a 1, es hoy de 794 a 1. Y, lo que es aún más preocupante, al interior de los mismos trabajadores no directivos la brecha también es enorme, pues según la OIT mientras que la remuneración en el decil más bajo es de 266 dólares anuales (750.000 pesos colombianos mensuales, aproximadamente) en el noveno decil es de 36.903 dólares (10 millones de pesos mensuales aproximadamente, es decir, 133 veces más). Esto ha llevado a una fragmentación de la clase trabajadora que hoy ya no está dividida entre trabajadores de “cuello blanco” (empleados) y trabajadores de “cuello azul” (obreros) sino entre trabajadores con derechos y trabajadores precarios que ahora son la inmensa mayoría.

Para completar el cuadro, el encarecimiento de algunos consumos básicos ha limitado aún más las condiciones vitales de los grupos subordinados. La privatización de los servicios públicos domiciliarios, y los de salud y educación, por ejemplo, convertidos en mercancías, y por tanto anulados como derechos, fueron convertidos en bienes plenos para unos pocos, amplificando la monumental disparidad social que experimentamos. La deuda estudiantil en EU, por ejemplo, suma 1,6 billones de dólares, el doble que hace diez años y afecta ya a 44 millones de personas, que dados los bajos salarios percibidos quedan hipotecadas prácticamente de por vida. En Colombia, la cartera del Icetex es de alrededor de cinco billones de pesos distribuidos entre 700.000 deudores, en una espiral creciente de acreencias a la que empiezan a sumarse como prestamistas los bancos privados. En cuanto a los servicios públicos, basta señalar como ilustración que el precio medio de la energía que cobran las empresas privadas en los 34 países de la Ocde es 23,1 por ciento mayor que el de las empresas públicas, lo que ha obligado a que en la última década 235 municipalidades hayan re-estatizado el servicio.

El multimillonario Warren Buffet, al expresar que "Hay una guerra de clases, de acuerdo, pero es la mía, la de los ricos, la que está haciendo esa guerra, y vamos ganando", dejaba claro que los resultados de la concentración económica es producto de una ofensiva consciente y no de “los automatismos del mercado” o de la “correcta asignación de recursos”, argumentos clásicos del cretinismo de los profesionales de la economía convencional. Debe ponerse en primer plano, entonces, como lo planteaba ya la economía clásica, que la estructura de la distribución del ingreso es un resultado de la correlación de fuerzas entre las clases y no un dato técnico, y que es definida en el espacio de la política. Recoger el guante del desafío que los Buffet lanzan, parece una tarea demorada por parte de los movimientos sociales si bien, vistos retrospectivamente, tanto el movimiento de los Indignados como Occupy Wall Street podrían considerarse como escaramuzas, y los recientes motines de subsistencia como movimientos de avanzada que empiezan a responder. Es, pues, el desarrollo de formas organizativas ágiles y pertinentes una tarea urgente a desarrollar.

En Colombia, la reciente visita del Secretario General de la Ocde, José Ángel Gurría, para presentar al gobierno un informe sobre la situación del país, muestra que para la burocracia internacional los motines de subsistencia no son aún motivo de alarma, pues el funcionario recomendó, entre otras cosas, reducir los costos laborales no salariales, el valor del registro de empresas, revisar el “elevado” salario mínimo y aumentar la edad de jubilación. Aunque, para ser justos, lo del “elevado” salario mínimo y el aumento en la edad de jubilación, son también viejos argumentos de nuestra tecnocracia ultraliberal, defendidos, entre otros, por funcionarios criollos como el inefable Alberto Carrasquilla –el mismo de los bonos de agua–, qué en la Ley de Financiamiento, declarada inexequible por la Corte Constitucional, en nombre de las posiciones más ultraderechistas, quiso aprobar una reducción a las empresas en el impuesto a la renta así como exonerarlas de pagar el IVA a los bienes de capital, ahorrándoles casi seis billones de pesos. Quizá, los tecnócratas confían en la pasividad de los movimientos sociales colombianos, pero, en eso también confiaba Piñera, y si “Chile despertó”, ¿será que dura mucho nuestro adormilamiento?

 

Publicado enEdición Nº263
Miércoles, 27 Noviembre 2019 10:46

Chile: cómo se dañó la fiesta

Chile: cómo se dañó la fiesta

En las últimas décadas, Chile se ha convertido en un modelo a seguir por otros países de latinoamérica y el mundo. Con un PIB per cápita que sobrepasa los 25 mil dólares, se cumple sin embargo el adagio del poeta Nicanor Parra: “Hay dos panes. Usted se come dos. Yo, ninguno. Consumo promedio: un pan por persona”. Una gran mole de lucrativos negocios descansaba sobre una fractura social. El cimiento podía romperse. Y se rompió.

 

Martes 8 de octubre

 

Cuatro días después de que el Ministerio de Transportes anunciara una nueva alza para este año de la tarifa del Metro de Santiago, el presidente Sebastián Piñera brindaba una entrevista a la televisión y decía: "En medio de esta América Latina convulsionada veamos a Chile, nuestro país: es un verdadero oasis, con una democracia estable" 1 . Aunque probablemente no lo sabía en ese momento, el día anterior, lunes 7 de octubre, se había desarrollado en la Estación Universidad de Chile un evento en apariencia insignificante: una jornada de evasión para responder a esta alza, convocada por estudiantes del Instituto Nacional --el colegio público más antiguo de Chile.

"Los estudiantes del Instituto webiando otra vez", probablemente pensó el alcalde de Santiago, Felipe Alessandri ese lunes. Aunque había allanado varias veces el colegio durante el año persiguiendo a estudiantes "violentistas" y había introducido el humo de las lacrimógenas dentro de los salones en plena clase, no había logrado extinguir el foco de desorden. Este mismo tratamiento lo había extendido a una decena de colegios (a cargo de la municipalidad desde la época de Pinochet), pero lo único que había logrado era instalar escenas de persecución en las calles de la comuna y a acostumbrar a los vecinos a las pedreas y al humo de las bombas lacrimógenas.

Según la versión de un portal noticioso digital2, fue una página de Instagram de estos estudiantes (que anuncia en su presentación "molestamos a fuerzas especiales [equivalente al Esmad de Colombia] pk nos sitiaron") la que llamó a la primera jornada de evasión masiva y la que luego fue documentando cada jornada sucesiva.

Lo que podría haber sido una nueva sucesión de manifestaciones de estudiantes y de la respectiva persecución violenta por parte de Carabineros enviados por el Alcalde fue sobrepasando el radio de la comuna de Santiago, hasta que el martes 15 de octubre se produjo una gigantesca jornada de evasión masiva y violenta represión, que terminó con el cierre de varias estaciones del metro. Ese día la situación "se instaló como preocupación en La Moneda [Palacio de gobierno] y en las policías. Entre el 7 y el 15 de octubre se registraron 52 casos de evasiones masivas"3.

El jueves 17 la espiral evasión-represión-más evasión-más represión se había extendido a toda la red del metro. Se cerraban estaciones, pero los pasajeros tumbaban las puertas, y se producían serios incidentes y destrozos tanto fuera como dentro de muchas estaciones. En varias de las estaciones terminales se producían grandes manifestaciones y enfrentamientos con carabineros. Aunque por dos semanas las acciones de represión no habían surtido efecto y a la inversa había producido una respuesta mayor, desde el Palacio de Gobierno Rodrigo Ubilla, subsecretario del Interior, declaró que los evasores "son violentistas" y "grupos de delincuentes que se coordinan a través de las redes sociales"4, y amenazó a los padres de los evasores con hacerlos responsables de los daños, implicando tácitamente que esos “delincuentes” eran estudiantes.

En un comunicado, los trabajadores del metro emplazaron al gobierno "a no abordar este problema desde un punto de vista delictual"5, y el presidente del Sindicato propuso que "las estaciones no se cierren, porque eso genera un mayor descontento y mayores niveles de violencia contra otros trabajadores"6. Ubilla contestó: "Aquel que legítima la violencia y la delincuencia tiene una posición condescendiente con esos grupos"7.

Desde la mañana del viernes 18, diversas personalidades políticas comenzaron a cerrar filas detrás del gobierno, declarando que "la evasión es delincuencia" y llamando "a ser muy duro" con los "violentistas", mientras el Fiscal Nacional, Jorge Abott, denunciaba que "delincuentes son los que están dirigiendo las evasiones"8. La política que había empleado el alcalde de Santiago tenía plena continuidad en las distintas esferas del Estado. El sindicato del Metro advertía: "el gobierno está apagando el fuego con bencina [gasolina]"9.

El despliegue de las Fuerzas Especiales y sus procedimientos no lograron apagar el fuego, sino que efectivamente lo alimentó. En el curso del día se sucedieron los choques, abaleos con perdigones, incendios, lacrimógenas y finalmente al caer la tarde, barricadas en la Alameda (principal avenida de Santiago) y en las afueras de varias estaciones importantes. Se produjeron incendios en varias estaciones y saqueos en algunos locales comerciales. Saldo del día: todo el sistema del metro fuera de servicio, 77 estaciones afectadas. El sistema del metro terminó por colapsar y se anunció que no funcionaría durante el fin de semana.


En la noche del viernes el gobierno decretó estado de emergencia en la región de Santiago, trasladó de emergencia personal de carabineros de otras zonas a la capital y sacó al ejército a las calles. Aunque era difícil escalar aún más la situación, el gobierno lo logró, pues esta medida "pacificadora" consiguió que el fin de semana la protesta y la represión se intensificaran. Con ríos de gente en las calles, los disturbios se esparcieron por toda la ciudad y se extendieron a Valparaíso y Viña. Aunque el sábado el jefe de zona en Santiago decidió decretar toque de queda, los saqueos en supermercados, bodegas y farmacias se produjeron por centenares, acompañados de incendios en trenes y estaciones del metro, y se produjeron las primeras muertes.

Los funcionarios del gobierno, los políticos, los periodistas, miraban pasmados la televisión: El oasis del multimillonario presidente Sebastián Piñera ardía.

 

Domigo 20 de octubre

 

El domingo 20 de octubre el presidente se dirigió por televisión a la ciudadanía anunciando sombríamente que "estamos en guerra contra un enemigo poderoso, implacable, que no respeta a nada ni a nadie y que está dispuesto a usar la violencia y la delincuencia sin ningún límite"10. No se trataba ya de estudiantes-delincuentes, sino del enemigo de una guerra.

En el transcurso de ese día empezó a circular por redes un audio de la esposa del presidente, Cecilia Morel, que muestra con mayor transparencia la sensación que se había apoderado del gobierno: "lo que viene es muy, muy, muy grave. Adelantaron el toque de queda porque se supo que la estrategia es romper toda la cadena de abastecimiento, de alimentos, incluso en algunas zonas el agua, las farmacias, intentaron quemar un hospital e intentaron tomarse el aeropuerto, o sea, estamos absolutamente sobrepasados. Es como una invasión extranjera, alienígena, no sé cómo se dice, y no tenemos las herramientas para combatirla. Por favor, mantengamos nosotros la calma y llamemos a la gente de buena voluntad que aprovechen de racionar la comida, y vamos a tener que disminuir nuestros privilegios y compartir con los demás"11.

¿Qué podía explicar el incendio del oasis? Sólo un poderoso, inescrupuloso y desalmado enemigo, que había logrado tomar por sorpresa al gobierno y a las fuerzas de policía.

El anuncio del presidente, sin embargo, parece haber sido la señal para que la acción de este enemigo se multiplicara. El ataque a este "enemigo poderoso" y sus huestes, utilizó balas, perdigones, bombas lacrimógenas, gas pimienta, propinó palizas y tomó cientos de prisioneros, le produjo varias bajas fatales y centenares de heridos en pocos días, pero sólo logró que su acción de protesta se extendieran a todo el país, con movilizaciones, cacerolazos y desafíos abiertos al toque de queda.

El relato de un cerebro escondido moviendo los hilos de la protesta no lograba explicar la fuerza y la decisión de las movilizaciones y protestas. Quizás el gobierno no captaba un factor decisivo y evidente: la indignación.

Una brecha se abrió desde el exterior cuando llegó una versión alternativa que rompía la uniformidad del discurso del gobierno. El periódico conservador inglés The Economist publicó ese domingo una nota sobre las protestas en Chile, diciendo que "la respuesta del gobierno fue inepta" y explicando que los chilenos "no sólo están enojados por el precio del transporte. Pagan un montón por el sistema de salud y generalmente tienen que esperar largos períodos para ver un doctor. La educación pública es pobre. Las pensiones, manejadas por firmas privadas bajo un sistema establecido por el régimen de Pinochet, son bajas. La creciente inequidad aviva el enojo"12. Otros periódicos y otras voces empezaron a sumarse.

Desesperado por una situación completamente fuera de control, el gobierno decidió explorar esta veta que se salía del cauce de lo que había sido hasta ahora su política invariable, y el martes 22, el presidente declaró por televisión: "Es verdad que los problemas se acumulaban desde hace muchas décadas y que los distintos gobiernos no fueron ni fuimos capaces de reconocer esta situación en toda su magnitud. Reconozco y pido perdón por esa falta de visión"13 y anunció una "agenda social", que en realidad consistía en lo fundamental en una serie de subsidios del Estado a los menos favorecidos.

Las palabras conciliatorias, sin embargo, no fueron acompañadas por los actos correspondientes en las calles: los militares continuaron patrullando y el toque de queda no fue retirado, se multiplicaron las denuncias por la violación de los derechos humanos: disparos de perdigones a los ojos con estallido ocular, detenciones arbitrarias, torturas, palizas sistemáticas (una de ellas, con resultado fatal). Una violencia desmedida que no se dirigía a los saqueadores, sino a los manifestantes. Según el Instituto Nacional de Derechos Humanos (Indh)14, 585 heridos (302 por armas de fuego: balas, perdigones y balines) y 2948 detenidos (318 de ellos, menores de edad), que se agregaban a los 19 muertos que reportaba Carabineros.

Cada acto de represión, de arbitrariedad, cada paliza, cada herido, en vez de lograr disuadir a los que protestaban, echaba más leña a la hoguera y daba más motivos y decisión para responder. Y no eran precisamente unos pocos “violentistas” los que respondían: el viernes 25 se desarrolló la concentración más grande de que se tenga memoria en Chile —comparable sólo con la que despidió al régimen cívico-militar—, estimada en 1.2 millones de personas sólo en Santiago.

 

Viernes 25 de octubre

 

"La multitudinaria, alegre y pacífica marcha hoy, donde los chilenos piden un Chile más justo y solidario, abre grandes caminos de futuro y esperanza. Todos hemos escuchado el mensaje. Todos hemos cambiado"15 (trino de Sebastián Piñera, 25 de octubre).

Como por arte de magia, al día siguiente de la marcha, sábado 26 de octubre, se levantó el toque de queda en todo el país y los militares comenzaron a regresar a sus cuarteles. El enemigo poderoso e implacable había desaparecido, al menos temporalmente, de las declaraciones oficiales. Millones de personas en las calles exigían otra aproximación.


Para hacerlo, se anunció un nuevo gabinete. Dos de estos nombramientos simbolizan un cambio de estilo: el ministerio del Interior, personaje de rancia estirpe pinochetista, fue reemplazado por el juvenil Gonzalo Blummel, quien cuando comenzaba la nueva administración había anunciado "menos Excel y más Word". Cecilia Pérez, la vocera encargada de repetir el relato de que las evasiones y protestas eran dirigidas por delincuentes, fue sustituida por Karla Rubilar, quien había expresado su “emoción” con la marcha del 25.

Entre el 8 y el 25 de octubre, algo más de dos semanas, Chile había pasado de ser un oasis a un país en una sombría guerra y luego nuevamente a un país con futuro y esperanza, según su presidente. Brillaba el sol nuevamente.

Lo que ha sucedido entre ese viernes y el momento de escribir este reporte (14 de noviembre) hace ver este camino de esperanza más bien como una tupida selva, en particular porque debajo de los cambios abruptos en el tono del discurso del gobierno se sigue percibiendo la persistencia de una política inmemorial de las élites en Chile: el desprecio a esa “masa influenciable y vendible” a la que se refería Eliodoro Matte hace más de un siglo. El tratamiento a la protesta de esta “masa” con brutales medidas policiales, es sólo su corolario.Con esta arraigada forma de pensar no es raro que sólo hayan podido ver la evasión del Metro como obra de “delincuentes”. Es natural que hayan buscado frenéticamente un cerebro extranjero (o alienígena) detrás del estallido popular. No era concebible para ellos que la masa actuara con voluntad propia.

En una entrevista otorgada a El País de España el 7 de noviembre16, el presidente Piñera reafirmaba su concepto de Chile como oasis y atribuía el estallido social al… “malestar del éxito”. Este éxito del modelo chileno creó, según el presidente, una clase media amplia, pujante. “No supimos entender que había un clamor subterráneo de la ciudadanía [o sea, de esta clase media] por lograr una sociedad más justa, más igualitaria, con más movilidad social, más igualdad de oportunidades, menos abusos”. Este descubrimiento no explica, sin embargo, que las principales medidas anunciadas, sean básicamente subsidios para los menos favorecidos, o sea, precisamente para los que no forman parte de la clase media. La única respuesta concreta del gobierno para esta “clase media” que quiere una sociedad más justa y se moviliza políticamente son los perdigones en los ojos, que ya han dejado con pérdidas oculares a más de 200 jóvenes en Santiago, o sea, tratamiento de guerra, que sigue hasta la fecha de hoy aunque “hayamos cambiado”. 2.500 heridos, según la Cruz Roja o 7.000 lesionados, según el Ministerio de Salud, no expresan una transformación en el tratamiento policial a la protesta.

Por otro lado, sigue el presidente, “hemos visto una ola de violencia, de destrucción, provocada por grupos criminales organizados”. “Hay algo nuevo, distinto a lo que teníamos hace un mes atrás”. “Aquí hubo intervención de gobiernos extranjeros”. O sea, dos semanas después de las declaraciones “hemos escuchado” y “se abren caminos de futuro”, el presidente confiesa que no cree que el estallido que tiene hoy a su gobierno en la cuerdo floja corresponda a una auténtica voluntad de esa masa que él también considera “influenciable y vendible”.

En una situación ingobernable, en que la economía comienza a caer en picada, el camino que abre el gobierno para salir de su crisis se dirige a buscar acuerdos con una clase política desprestigiada deseosa de “reencauche”, que renueven la gobernabilidad perdida.

Si las élites no se desprenden de este enfoque profundamente clasista —que llevan en realidad incorporado a su ADN— el camino para comprender que se enfrentan a una masa que no es “influenciable y vendible” será largo y escabroso. Y es este aprendizaje el que se abre hoy para Chile.

 


 

La indignación

Es normal que desde arriba se lean los eventos sociales desde las estadísticas, la economía o la sociología. Y es natural entonces que las explicaciones del estallido que circulan por los medios masivos mencionen la profunda desigualdad, los bajos salarios, las pensiones de hambre, etc., escuchando e interpretando en clave económica a los manifestantes.

Desde abajo, sin embargo, desde la alegría y la rabia de la calle, la voz de los manifestantes expresa indignación: “No son 30 pesos, son 30 años”. No son ingresos y gastos, es tiempo de vida, es vida.

 

¿Qué provoca esta indignación?

La lista es muy larga, pero si se rastrea entre las consignas, carteles, comentarios, incluso memes y bromas que se vuelcan a la calle, se pueden encontrar hilos que por lo general terminan en la Constitución vigente.
Esta Constitución, ideada en dictadura y luego defendida y ratificada en los sucesivos gobiernos posteriores, tiene un núcleo duro, que es un principio ordenador, no sólo del orden jurídico, sino de la vida política, social y económica chilena. En terminología académica, se le llama “principio de subsidiariedad”, pero en la vida cotidiana lo que se percibe es aquello que le da sentido a este principio: el predominio del criterio del lucro. En los términos establecidos en la Constitución, el Estado es subsidiario, o sea, el objeto de la organización estatal es apoyar o complementar la acción privada. Y esta acción es regulada por el mercado. De esta forma, el Estado garantiza que nada obstaculice el acceso a la salud, la educación, la seguridad social… brindada por particulares, que se guían por la búsqueda de ganancias.

Este es el principio básico sobre el que se constituyó lo que se conoce como “modelo chileno”, y que es fuente de inspiración de las políticas económicas de moda en Colombia, Latinoamérica y el mundo. Y cuando el criterio del lucro es el punto de vista con el que se aborda la vida social y las relaciones con los demás, el resultado es una sociedad como la chilena: donde los empleos son precarios; los salarios, bajos; la educación y la salud, mercancías (y entonces, estudiantes y enfermos, “clientes”); los recursos naturales, “nichos” de negocios (y entonces, saqueados sin misericordia)… y los cargos públicos, por supuesto, la oportunidad de oro para enriquecerse.

El lucro, convertido en el eje de la vida social, como modelo económico, y el Estado para protegerlo, como ordenamiento constitucional, son el núcleo de este modelo, y los manifestantes lo comprenden muy bien. Porque han sentido en los huesos esta lógica interna del modelo, la propuesta de una Asamblea Constituyente que replantee las cosas desde cero se ha convertido en su principal reivindicación.

Por supuesto, los beneficiarios del modelo y sus operadores ya maniobran para apoderarse de esta aspiración y controlar la puesta en práctica de algo que ya ven inevitable.

 


1 https://www.mega.cl/nacional/278153-sebastian-pinera-chile-oasis-latinoamerica-democracia.html

2 Ellibero.cl: “Las evasiones masivas partieron por un meme”, por Bastián Garcés, 18 de octubre. https://ellibero.cl/actualidad/las-evasiones-masivas-en-el-metro-de-santiago-partieron-por-un-meme/
La Tercera, 17 de octubre.

3 https://www.latercera.com/nacional/noticia/evasiones-masivas-metro-superan-las-50-policia-dispone-uso-fuerzas-especiales/866137/amp/

4 Ibídem.
5 Cooperativa.cl: “Trabajadores de Metro por evasiones masivas: esto no se resuelve cerrando estaciones”, 17 de octubre.
https://m.cooperativa.cl/noticias/pais/transportes/metro/red-de-metro-en-alerta-ante-nueva-jornada-de-evasiones-masiva/2019-10-16/183559.html

6 https://www.latercera.com/nacional/noticia/evasiones-masivas-metro-superan-las-50-policia-dispone-uso-fuerzas-especiales/866137/amp/

7 ibídem.

8 https://m.cooperativa.cl/noticias/pais/transportes/metro/red-de-metro-en-alerta-ante-nueva-jornada-de-evasiones-masiva/2019-10-16/183559.html

9 https://www.chvnoticias.cl/trending/presidente-del-sindicato-de-trabajadores-de-metro-el-gobierno-esta-apagando-el-fuego-con-bencina_20191018/

10 https://www.df.cl/noticias/economia-y-politica/actualidad/cronologia-de-una-crisis-los-hitos-que-han-marcado-el-peor-momento-del/2019-10-27/004116.html

11 https://www.puranoticia.cl/noticias/nacional/filtran-audio-de-cecilia-morel-en-el-que-asegura-que-lo-que-viene-es/2019-10-21/233040.html

12 http://lanacion.cl/2019/10/21/the-economist-de-londres-critico-respuesta-inepta-y-discurso-divisivo-de-pinera/

13 https://elpais.com/internacional/2019/10/23/america/1571801980_305291.html

14 https://twitter.com/inddhh/status/1187544227045097473?s=08

15 https://twitter.com/sebastianpinera/status/1187887888069025794?s=20

16 https://elpais.com/internacional/2019/11/09/actualidad/1573313845_751195.html

 

Publicado enEdición Nº263
El arsenal y los 142 millones de dólares para la tropa de élite de Colombia

Las protestas en Colombia suman ya cinco días consecutivos con la muerte de Dilan Cruz, un estudiante de 18 años que murió a raíz del impacto de un proyectil de gas lacrimógeno. Por ello, la polémica hoy se centra sobre las fuerzas represivas colombianas.

En el quinto día consecutivo de protestas los colombianos acusan a los agentes del Escuadrón Móvil Antidisturbios (Esmad), de la muerte del joven Dilan Cruz, el joven que falleció este lunes. La indignación crece en las calles por sus prácticas represivas al vivo grito de "lo mataron".

La ministra del interior, Nancy Patricia Gutiérrez, calificó la muerte de Cruz como "un accidente" y aseguró que "el Esmad siempre actúa respetando los Derechos Humanos".

¿Qué es el Esmad?

El cuerpo de élite que hoy causa polémica en la calles de Colombia surgió en 1999 y, de acuerdo con el ministerio de Defensa su único objetivo era apoyar a la policía cuando el orden público se torna incontrolablerevela un documento consultado por el diario El Tiempo.

Sus efectivos suman 3.876 integrantes, de los cuales 3.770 son hombres y 106 son mujeres. Están organizados en 24 escuadrones dispersos por todo el país con una mayor presencia en la capital Bogotá, donde operan 3 escuadrones compuestos por 565 militares.

Barranquilla es otra de las zonas donde los militares del Esmad están presentes, con 190 efectivos. Le sigue Cúcuta, con 188 y Medellín, con 139. Al final de la lista está la zona de Valledupar, una localidad ubicada al nororiente de la costa Atlántica colombiana y donde sólo existe la presencia de 136 uniformados, de acuerdo con el medio colombiano.

¿Qué armas tiene el Esmad a su disposición?

Según el ministerio de Defensa, el presupuesto anual destinado a esta tropa élite supera los 142 millones de dólares, lo que sugiere que están armados hasta los dientes. Y así lo refleja el propio documento consultado por El Tiempo.

Para los operativos antidisturbios, la fuerza cuenta con

  • 108 tanquetas  (48 son lanza agua y 60 para el transporte)
  • cinco vehículos lanza agua, adquiridos en 2019 cada uno por un valor de 425. 000 dólares,
  • lanzadores de proyectil múltiple, evaluado cada uno en 118.000 dólares,
  • varios tipos de cartuchos eléctricos de gas y de aturdimiento, como marcadoras y esferas de paintball,

Los cartuchos de gas son de 40 milímetros y al ser activados generan una dispersión de humo y gas CS por un periodo mínimo de 30 segundos. Cada cartucho expulsa submuniciones a través del lanzador a una distancia mínima de 120 metros y tiene un valor de 13,58 dólares.

El documento oficial explica que estas armas "son elaborados con materiales metálicos de alta resistencia, su funcionamiento puede ser a través de acción doble o acción sencilla de acuerdo a las destrezas del operativo, y la apertura del cañón se da a través de oscilación basculante".

También advierte que "la culata del lanzador se adquiere de color naranja, con el propósito de ser identificado como un equipos menos letal".

Los efectivos utilizan un protector corporal antimotín que cuesta cerca de 500.000 dólares. También utilizan escudos antimotines, de 71 dólares cada uno, cascos de 110 dólares y camisetas balísticas con un alto grado de protección valoradas en 380.000 dólares.

De acuerdo con el diario colombiano, el ministerio de Defensa envió estos datos al Congreso de la República para un debate de control político sobre el área de educación.

03:15 27.11.2019(actualizada a las 03:17 27.11.2019)URL corto

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Human Rights Watch denuncia "graves violaciones a los derechos humanos" en Chile

También informó 341 denuncias de torturas y 74 querellas por abusos sexuales. "Carabineros obligaron a detenidos, incluidos niños y niñas, a desvestirse y hacer sentadillas totalmente desnudos en comisarías”, denuncian.

Human Rights Watch (HRW) aseguró que en Chile se cometieron "graves violaciones a los derechos humanos" en el último mes. Las principales conclusiones del informe presentado el martes ratifican el uso excesivo de la fuerza en las calles y los abusos en las detenciones. En ese sentido, la ONG exige una "reforma urgente" de Carabineros y una auditoría que determine los riesgos que implica el uso de escopetas en manifestaciones. También cuestionan la cifra oficial de 23 muertos durante las protestas que empezaron el 18 de octubre. El informe surge del trabajo de campo realizado por HRW en las últimas semanas, incluyendo entrevistas a más de 70 personas. Se trata del tercer llamado de atención al gobierno de Sebastián Piñera, después de los informes presentados por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y Amnistía Internacional.

"Factores como el uso indiscriminado e indebido de armas y escopetas antidisturbios; los abusos contra personas detenidas mientras estaban a disposición de las autoridades y sistemas de control internos deficientes facilitaron que se produjeran graves violaciones de los derechos de muchos chilenos", expresó José Miguel Vivanco, director para América de HRW, según recoge el documento.

La organización entrevistó a más de 70 personas durante dos semanas de investigación en Santiago y Valparaíso entre víctimas, agentes policiales y autoridades. El organismo dice haber recolectado "pruebas consistentes" de que el cuerpo policial de Carabineros "utilizó la fuerza de manera excesiva en respuesta a las protestas e hirió a miles de personas, con independencia de si habían participado en hechos violentos o no".

Los abusos y las graves lesiones sufridas por cientos de manifestantes ocurrieron en gran medida, según HRW, "debido a falencias estructurales para asegurar una adecuada supervisión y rendición de cuentas por las actuaciones de carabineros". Por esa razón llamó al gobierno a emprender una "urgente reforma policial".

El organismo señala que una cuestión particularmente alarmante es "el uso de escopetas que disparan perdigones en forma indiscriminada y que, dependiendo de la distancia, pueden herir gravemente a aquellos que se encuentren dentro de su amplia zona de impacto".

Las escopetas antidisturbios causaron más de 220 lesiones oculares documentadas por el INDH. El Ministerio de Salud reportó que 16 personas perdieron la visión total en un ojo y que 34 sufrieron heridas graves que podrían resultar en pérdida de visión total o parcial. El organismo señala que el uso de estas escopetas "debería suspenderse en forma indefinida en todas las circunstancias hasta que autoridades idóneas e independientes lleven a cabo una amplia auditoría para determinar los riesgos que entrañan".

Agentes del cuerpo de Carabineros detuvieron hasta el momento a más de 15 mil personas y, según HRW, la fuerza "cometió abusos contra algunas de ellas. Numerosos detenidos afirman haber sido golpeados brutalmente. Otra de las acusaciones más frecuentes fue que carabineros obligaron a detenidos, incluidos niños y niñas, a desvestirse y hacer sentadillas totalmente desnudos en comisarías", práctica prohibida en los protocolos de la fuerza desde marzo de 2019.

En ese sentido, los agentes de Carabineros son más propensos a obligar a desnudarse a mujeres y niñas que a hombres, según estadísticas del INDH y entrevistas realizadas por HRW. "Una abogada chilena de derechos humanos nos contó de un caso en donde, a pesar de que hombres y mujeres habían sido detenidos en las mismas circunstancias, carabineros obligaron a desvestirse únicamente a las mujeres. También mencionó otros casos en que carabineros tocaron los genitales de las mujeres tras obligarlas a quitarse la ropa", expresa el informe.

Por último, el documento plantea diferencias respecto al recuento oficial de víctimas fatales. Mientras el gobierno chileno contabiliza hasta el momento un total de 23 fallecidos desde el inicio de las protestas el pasado 18 de octubre, HRW da cuenta de que la Fiscalía está investigando 26 muertes. Entre esos casos se encuentra el de un manifestante que murió después de recibir una presunta paliza de carabineros en la calle. Se menciona también el caso de otro manifestante con una afección cardíaca que “murió al no poder recibir atención de emergencia adecuada, debido a que algunos carabineros emplearon armas contra manifestantes y profesionales de la salud que lo estaban atendiendo".

 

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La movilización del 25 de noviembre fue la despedida para Dilan Cruz

El 25 de noviembre una ola llena de alegría, solidaridad, sororidad y resiliencia se tomó las calles de la ciudad de Bogotá. Desde las 4:30 de la tarde el Parque Nacional se convirtió en el lugar de encuentro de miles de mujeres dispuestas a entusiasmo y vitalidad el Día internacional de la no violencia contra las mujeres, día en el que, además, se conmemoran la vida y lucha de las tres mariposas dominicanas Patria, Minerva y María Teresa Mirabal asesinadas en 1960 a manos del dictador Rafael Leonidas Trujillo.

 


Poco a poco la Carrera Séptima se fue colmando de colores diversos, con los morados y violetas –representando la fuerza de los feminismos– destellando con mayor intensidad. Pañoletas, banderas, carteles, pancartas y cuerpos desnudos expresaban mensajes rechazando las violencias de todo orden que desde tiempos inmemorables las afecta, violencia que en tiempos de capitalismo neoliberal comporta especificidades que la distinguen de otras épocas, pero que continúa conservando particularidades en lo económico, político, simbólico, psicológico, físico, político, laboral, entre otras de sus manifestaciones cotidianas.


Una ola que se contagió de otras mareas


Esta movilización, a pesar de su motivo original, se encontró en esta ocasión con una movilización inédita en Colombia. Las fuerzas sociales que se desataron en la ciudad y el país desde el 21 de noviembre con el llamado al Paro Nacional alimentaron como cauces de agua al mar de las mujeres, posibilitando con ello una jornada multitudinaria.

 


Lo multicolor de los colores también se impuso en las formas de sumarse a esta jornada, así como los cánticos entonados. Es así como miles de personas salieron a las calles con cacerolas en mano y gritando consignas que, aunque sin perder de vista el motivo de la movilización del 25, iban agregando múltiples problemáticas e inconformidades que la sociedad colombiana padece a diario, por tanto, no fue extraño escuchar gritos en reclamo de una educación de calidad, en contra de la represión policial, en contra el gobierno de Iván Duque, entre algunas de las más entonadas.

 


Esta movilización se desató como continuación de un fin de semana festivo, en donde desde las barriadas donde habitan sectores populares, pero también medios y altos, se realizaron los denominados cacerolazos en las cuadras y calles de toda la ciudad. El barrio histórico del 20 de Julio al Suroriente de la ciudad (barrio popular), por ejemplo, fue la muestra de una fiesta popular. Igual el barrio La Soledad (clase media) donde un animado mitin se transformó en jolgorio, evidencia de que la lucha contra un gobierno de apariencias y violencias ocultas, aunque muchas veces evidente, puede ser desnudado en sus pretensiones con la fuerza del cántico, la danza, el gozar del cuerpo, el compartir sonrisas y la hermandad del sentido común.

 


Por su parte en el Suroriente bogotano, desde las 6 de la tarde del sábado 23 de noviembre, cientos de habitantes de la localidad de San Cristóbal se reunieron en la plazoleta de la emblemática iglesia del 20 de Julio. Madres cabeza de familia, abuelas/os, niñas, niños, jóvenes y adultos fueron llegando con cacerolas que después de una hora ya eran un rugido de inconformidad. Los tambores de las batucadas, la danza, el fuego, los malabares y cintas acompañaron la alegría popular y motivaron la permanencia de la comunidad en un mitin prolongado por más d tres horas.


De igual manera, en la mañana del domingo 24 de noviembre la ciclovía (espacio para la recreación y el deporte en Bogotá) se convirtió en una nueva jornada de movilización que para el caso de la localidad de San Cristóbal sirvió como jornada preparatoria de la movilización del lunes 25.

Un 25 para la memoria


La inmensa ola de personas que desafío de nuevo la noche bogotana, cargada de frío, cruzó cerca del Hospital Universitario San Ignacio, lugar en donde se encontraba entre la vida y la muerte Dilan Cruz, atacado de manera brutal –como es característico de su actuar– por el Escuadrón Móvil Anti Disturbios (Esmad) el sábado 23.


A la entrada del hospital, miles de personas gritaban su nombre y lo animaban a seguir luchando por mantenerse con vida. No fue suficiente. El trauma sufrido en su cabeza fue fatal.


La marcha traspasó las puertas del San Ignacio y llegó la noticia de que Dilan había empeorado, fue el momento en el que aquel joven se empezaba a despedir tanto de sus seres queridos, como también de las personas que lo recordaron frente al hospital.


Culminó la conmemoración del Día internacional de la no violencia contra las mujeres y fue pública la noticia del deceso de Dilan. A Dilan lo acompaño en su último día el mar de la esperanza, el mar que busca otra realidad en esta Colombia herida. A Dilan lo acompañó en su muerte el calor de las mujeres que con su grito de dignidad van creando otra sociedad posible.

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Decenas de miles de personas han salido a la calle para protestar contra las reformas impuestas por la OCDE, especialmente en Bogotá. Natalie Sánchez

El toque de queda de la noche del viernes 22 de noviembre no frenó la ola. Por cuarto día consecutivo, miles de colombianos salieron a las calles para protestar contra las políticas del Gobierno neoliberal de Iván Duque.

Este movimiento inédito, al igual que los otros que estallaron en la región, echa sus raíces en malestares profundos alimentados por un sistema económico destructivo y excluyente. Pero estas protestas surgen también a tres años de la firma del acuerdo con las FARC, en medio de una prometida paz que todavía se demora en llegar.

“¡Qué viva el paro nacional!”, “¡Duque renuncia!”, “¡Primero salud y educación!”, estos fueron algunos de los lemas que se escucharon en Bogotá y otras partes de Colombia. La protesta no perdió aliento desde el jueves 21 de noviembre, cuando centenares de miles de personas se movilizaron en todo el país.

Este rechazo masivo de la política del presidente conservador Iván Duque fue inicialmente convocado por sindicatos, partidos de oposición, ONG y una miríada de organizaciones sociales. Entre los puntos de partida de la movilización, figura una reforma laboral y de pensiones que se están cocinando en el marco de las exigencias de ajustes de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos​ (OCDE).

Con el pretexto de reducir la informalidad, forma de sustento para la mayoría de los trabajadores colombianos, el Gobierno insta a una mayor “flexibilización” del mercado e llegó incluso a plantear un “salario mínimo diferencial” para los jóvenes, en un país donde su monto no alcanza los 220€ mensuales. El partido de Duque, el Centro Democrático, dirigido por el exmandatario Álvaro Uribe, radicó un proyecto que permitiría contratar por horas a los colombianos que tienen entre 18 y 28 años, pero también a los que siguen trabajando después de la edad legal de jubilación. Una edad que podría cambiar a raíz de los llamados de la OCDE a remodelar un sistema de pensiones, que todavía goza de un fondo público, aunque está lejos de proteger a todos los que lo necesitarían.

De las condiciones laborales en las ciudades al rechazo de la guerra sin fin el campo

En un país entre los más desiguales del mundo, ubicado en el puesto 90 en una clasificación de la ONU que se basa sobre el índice de desarrollo humano y el coeficiente GINI, entre otros indicadores, esta voluntad del Ejecutivo de incentivar más precariedad despertó el descontento social, lo cual no sorprende al vivir semanas de 48 horas mal pagas debido a un sistema de redistribución casi inexistente, en una coyuntura en la que cabría mencionar el peso de unos servicios públicos deficientes.

Iván Duque tendrá seguramente que atender estas demandas durante la “Conversación Nacional” que prometió impulsar para apaciguar la crisis, pero las peticiones laborales están lejos de ser el único factor que llenó las calles de Colombia.

La llegada de Duque a la jefatura del Estado marcó el regreso del ‘uribismo’ al poder, esta tendencia ultraderechista encarnada por Álvaro Uribe Vélez, quien gobernó al país entre 2002 y 2010, en medio del auge del paramilitarismo y la guerra permanente contra la guerrilla. Un período de repetidas crisis humanitarias en la regiones periféricas afectadas por el conflicto armado, que produjo millones de desplazamientos forzados y durante el que el Estado perpetró crímenes de lesa humanidad. Así calificó la justicia el actuar de altos rangos militares que ordenaron asesinar civiles para luego hacerlos pasar por guerrilleros, cumpliendo así con la cuota establecida por la cúpula que instauraba también primas financieras por cada “enemigo” dado de baja. Una política que cobró la vida de hasta más de 10.000 inocentes conocida con el nombre de ‘falsos positivos’.

En mayo pasado, The New York Times reveló la existencia de órdenes internas del Ejercito que podrían hacer vislumbrar el regreso de estas violaciones. La investigación pone en evidencia la presión ejercida sobre los soldados para incrementar el número de criminales o insurgentes capturados, o abatidos, en medio de una aceptación tacita de víctimas civiles. El Gobierno rechazó categóricamente estos señalamientos, que llegaron poco después del estallido de otro escándalo, que implicó la muerte de un ex-guerrillero.

Desmovilizado e integrado en el proceso de paz, Dimar Torres, murió a causa de los disparos de militares en un retén del noreste colombiano. En los últimos tres años, son cerca de 150 los excombatientes de las FARC que resultaron muertos en su intento de regreso a la vida legal.

Tres años de proceso de paz titubeante

La ‘paz’, firmada en su versión definitiva el 24 de noviembre de 2016, luego de que el primer acuerdo pactado entre el Estado y la guerrilla fuera rechazado en las urnas, está aun lejos de concretarse. Los veedores internacionales evalúan en un 40% el avance de la implementación del texto, con puntos positivos, como las políticas reintegración de los excombatientes, pero también con rezagos mayores, en particular en lo que concierne a la seguridad en los territorios.

En la mayoría de los epicentros del conflicto, el Estado no llegó donde las FARC hacían presencia, dejando así vía libre a grupos mafiosos, neoparamilitares o a la ultima guerrilla activa, el Ejercito de Liberación Nacional (ELN). Las lideresas y líderes campesinos, indígenas, comunitarios o gremiales terminaron siendo el principal blanco de la reconfiguración de la zonas sensibles. La Defensoría del Pueblo estima acerca de 500 los líderes sociales asesinados desde 2016.

En un clamor inédito para mejorar la suerte de los territorios olvidados, las principales ciudades de Colombia marcharon repetidas veces en los últimos dos años para denunciar esta matanza y la impotencia de las autoridades para frenarla. En una primicia del movimiento actual, además de las organizaciones de defensa de los derechos humanos, los jóvenes hicieron crecer masivamente estas manifestaciones.

Tras una enésima falla en la acción de seguridad del Gobierno, Guillermo Botero, ministro de Defensa, renunció a principios de noviembre. Se le reprocha haber ignorado las señales enviadas en cuanto a la presencia de menores reclutados forzosamente por disidentes de la FARC en un campo que bombardeó el ejército. En este operativo, que fue una respuesta a la creación de una “nueva guerrilla” dirigida por el exlíder Iván Márquez que terminó desertando del proceso de paz, murieron al menos 18 niños. “¿De qué me hablas viejo?”, lanzó Duque a un periodista que le preguntaba sobre este bombardeo. Una frase que el presidente popularizó hoy muy a su pesar en las calles.

Un movimiento que cogió un impulso sin precedentes

María Fernanda, de 21 años, reconoce que este caso que sacude nuevamente a las fuerzas armadas fue un “detonante” para incitarla a salir a protestar. En una conversación con El Salto durante una concentración este sábado 23 de noviembre, esta estudiante dijo estar cansada de un “Gobierno que no respeta la vida” y querer estar movilizada “por las personas que no pueden estar acá por estar reprimidas día a día”.

 “Nos van a dejar sin país, lo están entregando a las multinacionales”, agregó Ángela, su amiga y compañera de plantón, de la misma edad. Afirmó que ya llegó el momento de actuar ante “políticas ambientales desastrosas”. En Colombia, el modelo extractivista sobrevive a las alternancias en el poder. Mientras que las comunidades se levantan a menudo contra unos proyectos mineros, sigue abierta la puerta para el fracking y peligra la integridad de varios páramos, primera fuente de agua del país.

No hay consideración “ni para los humanos ni para los animales”, denunció María Fernanda al tiempo que Ángela insistió en que “el listado es largo” para motivarse a salir a las calles. Las jóvenes evocaron también el incumplimiento de las autoridades de los puntos sobre financiación de la educación superior luego de las marchas estudiantiles del año pasado, pero, sobre todo, resaltaron su rechazo hacia un “modelo” y su ausencia de “miedo”, en un contexto de patrullas militares en las calles de Bogotá.

La noche anterior, la del viernes, fue particularmente caótica y angustiante. Con el argumento de apagar unos focos de violencia, el presidente Duque decretó un toque de queda en toda la capital, un decisión nunca vista desde el movimiento social de 1977. Soldados y policías actuaron juntos en contra de supuestos intentos de saqueos de viviendas ante los cuales vecinos se ‘organizaron’ a punta de guardias, machetes y bates, en lo que pareció ser más un pánico colectivo que una amenaza real.

Muchos manifestantes del sábado afirmaban movilizarse contra este temor que se propagó, que fue “inducido” según algunos. La intensidad de esta jornada, durante la cual se organizaron marchas espontáneas y concentraciones a punta de cacerolazos en muchos barrios y ciudades, demostró que este paro nacional no perdió de vista a sus objetivos.

Según Martín, este movimiento constituye “algo sin antecedentes en Colombia”. Este ingeniero de 38 años oriundo del departamento sureño del Putumayo ondea orgullosamente una wiphala, símbolo de los pueblos indígenas, porque “forman también parte de esta lucha” dijo a El Salto, refiriéndose también a los contextos ecuatorianos y bolivianos. Este manifestante resaltó un trasfondo “profundo” de estas protestas que responde a “lo que ha venido ocurriendo durante los últimos 25 años en el país”. Instó a la consolidación de un movimiento pacifico que supere “el cuento arcaico de la izquierda y la derecha” y que promueva una verdadera ruptura en las políticas actuales.

Mientras que Iván Duque ya empezó las discusiones con responsables políticos, en los balcones o las calles las cacerolas seguían sonando este domingo en nuevos eventos improvisados. La chispa que prendió esta movilización el jueves 21 de noviembre tiene aromas de algo desconocido hasta ahora y suma a Colombia en un movimiento que atraviesa a los Andes reivindicando la dignidad de la gente frente al descaro de los dirigentes.

 

Por Tristan Ustyanowski

Bogotá (Colombia)


publicado

2019-11-25 11:00

Publicado enColombia
La CIDH ratificó que hay violaciones a los derechos humanos en Chile

Al menos 22 muertos, miles de heridos y todo tipo de maltratos a detenidos

Para la entidad, existen denuncias y testimonios contundentes de abusos cometidos por las fuerzas de seguridad. 

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) informó que cuenta con "testimonios y denuncias muy claras" que documentan las violaciones a los derechos humanos en Chile. El secretario ejecutivo de la comisión, el brasileño Paulo Abrão, señaló que las denuncias recaen sobre miembros de Carabineros. Desde el inicio de las protestas el 18 de octubre, la CIDH contabiliza al menos 22 muertos, miles de heridos y todo tipo de maltratos a detenidos.

"Sí, hay violaciones a los derechos humanos. Hay denuncias y testimonios muy claros en ese sentido", expresó Paulo Abrão en declaraciones a la prensa. El secretario de la CIDH sostuvo que están "recopilando toda esa información en este momento, y las propias autoridades del país han reconocido abusos cometidos por las fuerzas de seguridad". 

En tanto, destacó que ahora "lo importante es verificar si estos abusos respondieron a un tipo de patrón, cuál fue su escala y su alcance, y qué se debe hacer en esa instancia para intentar reparar todas estas situaciones".

Abrão precisó que la misión, que lleva adelante una visita técnica en el país desde el 18 de noviembre, buscará "sistematizar toda esa información, analizarla, contrastar con los estándares latinoamericanos de derechos humanos a los cuales Chile tiene la obligación de cumplimiento”. La última vez que el organismo realizó una visita a Chile fue en 1974, en plena dictadura de Augusto Pinochet. 

A lo largo de un mes, se acumularon denuncias sobre violaciones a los derechos humanos contra agentes del Estado, como aplicación de torturas, detenciones ilegales, disparos contra civiles indefensos y todo tipo de abusos y maltratos. Esas denuncias también están siendo investigadas por una comisión del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de la ONU.

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Miércoles, 20 Noviembre 2019 06:13

El gobierno de Colombia criminaliza la protesta

El gobierno de Colombia criminaliza la protesta

La desinformación y la propaganda de terror en contra de la movilización, crecen cada hora. Hubo allanamientos irregulares a casas de estudiantes.

Colombia prepara una movilización nacional para expresar el descontento con el gobierno de Iván Duque y sus propuestas de reformas laboral y jubilatoria que afectarían los salarios de los más jóvenes y alejarían aún más las posibilidades de pensionarse de los trabajadores actuales, además del asesinato creciente de líderes sociales, pueblos indígenas y ataques a la protesta social y movimiento estudiantil. 

A dos días del paro nacional, el Estado desplegó una serie de decisiones que generaron el rechazo de las organizaciones sociales. En ciudades capitales las residencias de jóvenes estudiantes, algunos de los principales promotores del paro junto a las centrales obreras, sufrieron allanamientos por parte de la Policía y el CTI (Cuerpo Técnico de Investigaciones) de la Fiscalía.

El abogado Wiston Gallego, de la Corporación Jurídica LIbertad, le explicó a PáginaI12 que “desde las primeras horas de la mañana se presentaron allanamientos en Bogotá, Cali y Medellín. No había orden de captura para estos jóvenes, y tampoco hubo hallazgos. Incautaron elementos legales como libros y comunicados que convocan al paro nacional”. El defensor de Derechos humanos detalló que los tres jóvenes son estudiantes del Instituto Metropolitano de Educación (ITM) y que varios estudiantes de ésta y otras instituciones locales han denunciado que desde la semana pasada son víctimas de seguimientos de personas vestidas de civil que se acercan a sus barrios y residencias preguntando por su ubicación.

“En los allanamiento de ayer hubo irregularidades pues participó policía vestida de civil, no dejaron ver en su totalidad la orden de allanamiento e impidieron dejar observaciones en la misma; por último no hubo presencia de la Procuraduría”, explicó Gallego. Estos jóvenes y millones en el país del movimiento estudiantil reclaman al gobierno de Duque por el incumplimiento en las promesas que realizaron tras meses de paros universitarios que exigieron más financiación a las universidades públicas. Jennifer Pedraza, reconocida líder de este sector, dijo a los medios desde Bogotá que seguirán motivando a la ciudadanía a manifestarse pacíficamente por las reformas que, a pesar de que el gobierno dice que no son ciertas, son una propuesta real. Explicó que hay una propuesta de ley ya radicada por la bancada del Centro Democrático para la reforma laboral, y que los cambios en el régimen previsional han sido ampliamente divulgados por ministros en medios de comunicación.

PáginaI12 habló con un estudiante de Medellín quien contó que los uniformados llegaron a sus casas en la madrugada e “ingresaron armados y de forma muy intimidante a nuestras residencias, en la cual proceden a desordenar y ultrajar las pertenencias de todos nosotros, muchas de las cuales fueron incautadas como un supuesto material probatorio”.

“Nos sentimos perseguidos, criminalizados, psicológica y emocionalmente decaídos”, explicó a este diario el joven que pidió omitir su nombre, y agregó que tienen miedo a salir de sus casas y que sus familias “están fuertemente afectadas provocando incluso complicaciones a su salud, puesto que observar sujetos encapuchados y armados entrar a nuestras residencias fue un impacto total y destructivo a nuestra integridad”.

La desinformación y la propaganda de terror en contra de la movilización, crecen cada hora. Ayer se supo, en videos circulados en redes sociales, que cientos de militares se desplazaban en camiones hacia Bogotá. Esto tras la orden de acuartelamiento que dio el comando de las Fuerzas MIlitares para contener, dicen las amenazas de orden público por el paro. En los medios comerciales y en cadenas falsas de whatsapp, se recomienda a los ciudadanos no salir durante esta fecha. Sin embargo, importantes sectores y personalidades defienden el derecho a la protesta e invitan a movilizarse pues también están inconformes con las propuesta a futuro de Duque que beneficiarían solo a los más poderosos empresarios, y también con la realidad presente: violación de derechos humanos, guerras por los cultivos de coca, incumplimientos en el Acuerdo de Paz, impunidad en casos de corrupción como Odebrecht y aumento de precios de alimentos y desempleo.

De acuerdo con la Revista Semana, más allá de las razones del paro, “ese día planteará una prueba ácida para el gobierno porque medirá la temperatura social del país con solo año y medio de mandato”. En medio del clima creciente de estigmatización y criminalización de una protesta que aún no ocurre, los ánimos y emociones crecen generando que el paro nacional sea tema de conversación en todos los espacios. En Medellín, en colegios decidieron cancelar clases, mientras en muchas empresas de Bogotá dieron el día a sus empleados para salir a marchar o trabajar desde casa.

Según Wiston Gallego, los allanamientos de ayer “están orientados desde la misma Fiscalía antiterrorista para las tres principales capitales. Y las incautaciones son ridículas: témperas, pinceles, como se puede observar en los noticieros nacionales”:

PagínaI12 consultó a la Fiscalía de Medellín y la Secretaría de Seguridad de la Alcaldía para confirmar el allamiento e incautación de libros a tres estudiantes de Medellín, y ambas entidades dijeron no tener información. Sin embargo, la Corporación Jurídica Libertad confirmó los hechos así como un allanamiento más en la sede del sindicato de maestros (Adida) que no tendría que ver con el paro pero que por realizarse horas antes de la movilización podría tener como fin causar temor entre los manifestantes. En Medellín, el comandante de la Meval dijo que hicieron 5 allanamientos, en vez de los 3 que tiene conocimiento la Corporación Jurídica Libertad, y que encontraron elementos que no son de uso ilegal como botas y material publicitario de la marcha pero “no son elementos terroristas”.

Por su parte la Policía Metropolitana de Bogotá confirmó que realizó este martes  más de 27 diligencias judiciales y allanamientos, en conjunto con la Fiscalía con el fin de, según ellos, encontrar a los encapuchados que cometieron “vandalismo y terrorismo” en protestas pasadas.

PáginaI12 confirmó que algunos de los afectados fueron jóvenes artistas de la capital que realizaron un mural con las cifras de más de 5 falsos positivos (ejecuciones extrajudiciales) cometidas por el Ejército y que incluyeron el nombre de altos oficiales; éste fue borrado y censurado, y luego replicado en otras capitales. El colectivo “PUro Veneno” y “Cartel Urbano” habrían sido allanados con orden judicial sin capturas “como parte de la estrategia de terror de Duque”, según dijo una fuente cercana a la organización a este diario. 

En Bogotá fueron incautados objetos de venta y circulación legal como latas de aerosol, pintura,, overoles, líquidos, pañoletas, carteles, y camisetas. Para Gallego, todo esto busca “una afectación directa entre los organizadores del paro”. Sin embargo, las voces que invitan a manifestarse pacífica y masivamente van más allá de los sectores organizados y la oposición a Duque. El cantante Carlos Vives, la Iglesia Católica, gremios económicos liderados por Bruce Mac Master, y hasta la recién elegida reina de la belleza de Colombia, han invitado a salir a las calles a expresar el rechazo a las propuestas de Duque. El llamado, insisten todos y todas, es a realizarlo sin violencia.

Por Katalina Vásquez Guzmán

Desde Medellín

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Un manifestante en Hong Kong sostiene la bandera de EE UU. Vincent Yu AP

El texto pone bajo revisión anual el estatus especial del territorio autónomo y desata las críticas de China

El Senado de Estados Unidos aprobó este martes por unanimidad un proyecto de ley que supone un espaldarazo a los activistas de Hong Kong, que llevan cinco meses en pie de guerra contra el Gobierno y por la democracia, y establece sanciones a las autoridades responsables de abusos de derechos humanos. Como medida de presión, la legislación también contempla someter a un examen periódico el estatus especial otorgado por Washington a este territorio autónomo en materia de comercio, que es independiente del marco con China. El departamento de Estado tendrá que ratificar cada año si, en efecto, Hong Kong sigue siendo lo suficientemente autónomo de Pekín como para justificar ese acuerdo especial.

La Cámara de Representantes ya había aprobado el mes pasado una versión muy parecida de este proyecto legislativo, bautizado como Ley de Derechos Humanos y Democracia de Hong Kong, así que es previsible que ambas cámaras armonicen sin muchos problemas los textos y presenten el proyecto común al presidente de Estados Unidos para su firma. Donald Trump ha mantenido un perfil bajo a lo largo de estos meses de protestas en Hong Kong y no ha dicho esta boca es mía sobre esta proyecto de ley, que supone un nuevo frente con el régimen de Xi Jinping en un momento de negociaciones comerciales complejas.

Republicanos y demócratas, irreconciliables en el grueso de la política interna estadounidense, se han puesto de acuerdo en este frente. Este martes aprobaron también una medida que prohibiría la venta de gases lacrimógenos, balas de goma y otros equipamientos para las fuerzas de seguridad hongkonesas. El respaldo al proyecto de ley es tan amplio que podría superar un veto de Trump. "Hoy, el Senado de Estados Unidos envió un mensaje claro a los hongkoneses que luchan por sus libertades tan preciadas: les escuchamos, seguimos apoyándoles y no nos quedaremos sin hacer nada mientras Pekín socava su autonomía", dijo el senador republicano Marco Rubio.

De momento, China ya ha protestado. El objetivo de Estados Unidos es "apoyar a los extremistas y elementos antichinos que están tratando de causar estragos en Hong Kong (...) para lograr su siniestro propósito de obstaculizar el desarrollo de China aprovechando el problema de Hong Kong", dijo el portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores, Geng Shuang, en un comunicado recogido por AFP.

El País

Washington 20 NOV 2019 - 02:58 COT

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Varios manifestantes, en las inmediaciones de la Universidad Politécnica de Hong Kong, el 18 de noviembre de 2019. THOMAS PETER (REUTERS) / VÍDEO: ATLA

 El Gobierno autónomo insinúa por primera vez la posibilidad de aplazar las elecciones municipales previstas para este fin de semana

El cerco de la policía a la Universidad Politécnica de Hong Kong no da señales de abatirse pese a los choques de gran fiereza que han ocurrido en las últimas 24 horas. Varios centenares de jóvenes permanecen rodeados en el campus, cada vez más exhaustos y con unos avituallamientos que disminuyen. Los agentes de policía que acotan la zona, aparentemente convencidos de que tienen allí atrapados a los manifestantes más radicales, insisten en que detendrán a todo aquel que se encuentre dentro. Desde hace una semana impiden la entrada y, sobre todo, la salida, a cualquiera que no demuestre una razón profesional para estar en la zona acotada.

La policía parece haber adoptado en las últimas horas la táctica de esperar a que el cansancio, el aislamiento y la falta de suministros vayan haciendo mella entre los estudiantes y que los últimos acaben por entregarse. Ello después de haber advertido de que responderá con fuego real si los estudiantes utilizan “armas letales” en su defensa de la universidad. El lunes, un agente había sido herido en un gemelo por la flecha lanzada por uno de los manifestantes.

"El asedio de la policía contra la Universidad Politécnica es la confrontación más violenta hasta el momento en las protestas de Hong Kong. Al crear un cerco y disparar gas lacrimógeno y balas de plástico contra quienes intentan escapar, la Policía de Hong Kong nuevamente agita las llamas de la violencia, cuando deberían intentar apagarlas", ha indicado Amnistía Internacional.

Cada intento de los estudiantes por abrir una brecha por la que salir, o cada maniobra de distracción de sus simpatizantes desde fuera, recibe como respuesta una lluvia de rondas de gas lacrimógeno y de balas de plástico. Los jóvenes responden con el lanzamiento de adoquines y cócteles Molotov.

Por la mañana, un intento de los estudiantes de salir en masa acabó con unos pocos que lograron escapar; otros, detenidos; la mayoría, en retirada a cubierto ante un aire cargado de sustancias lacrimógenas. A lo largo del día se repitieron escaramuzas similares, todas con el mismo resultado. Según la policía, ha detenido a 51 personas con chalecos reflectantes que los identifican como administradores de primeros auxilios o prensa. Aunque, según su versión, los primeros desconocen cómo suministrar la asistencia más básica y los reporteros carecen de acreditación (no necesaria para ejercer antes de que comenzaran los cinco meses de protestas contra el Gobierno y en favor de la democracia). Desde el inicio de las manifestaciones, la cifra de arrestos ya roza los 4.500.

Esta tarde salían en ambulancia una veintena de jóvenes que necesitaban hospitalización, bien por heridas o bien por hipotermia después de haber quedado empapados por el agua de los cañones con los que la policía ha intentado abrirse paso.

Entre los jóvenes rodeados en la Politécnica podrían encontrarse hasta un centenar de alumnos de secundaria, según han puesto de relieve un grupo de directores de instituto que reclaman que se les permita sacar a sus estudiantes del cerco. La policía insiste en que todo aquel que salga de la zona será detenido y acusado de provocar disturbios, un cargo que puede acarrear hasta 10 años de prisión. Varias docenas de padres han organizado una sentada en uno de los puntos de control de la policía para pedir la liberación de sus hijos.

Soldados

Este fin de semana, por primera vez desde que comenzaron las movilizaciones en junio pasado, soldados del cuartel del Ejército Popular de Liberación chino (EPL) salieron a las calles de Hong Kong públicamente para limpiar algunos de los destrozos dejados por los encontronazos. Según afirma este lunes el periódico South China Morning Post, esos soldados pertenecen a unidades de élite experimentadas en Tíbet y Xinjiang, donde se han llevado a cabo contundentes campañas de represión contra las minorías tibetana y uigur.

La aparición de los soldados en las calles, aunque en ropa deportiva y en un área extremadamente limitada, ha causado una fuerte polémica en Hong Kong. Los simpatizantes de los manifestantes apuntan que el principio “un país, dos sistemas” que rige la antigua colonia británica prohíbe que las tropas chinas participen en tareas internas hongkonesas —aunque sean, aparentemente, tan inocuas como retirar adoquines— si no lo pide expresamente el Gobierno local. Algo que este Ejecutivo no ha hecho, según han precisado sus portavoces. Preguntado sobre la presencia de esas tropas, un portavoz de Defensa chino, Wu Qian, indicó en Bangkok (Tailandia) que “restablecer el orden” en las calles de la antigua colonia británica “es la tarea primordial”.

Máscaras

Los manifestantes sí se han apuntado un importante triunfo legal y moral. El Alto Tribunal de Hong Kong ha declarado inconstitucional la ley que prohíbe llevar máscaras en actos públicos o contra las órdenes de la policía, impuesta desde el 4 de octubre. “Las restricciones que impone a los derechos fundamentales […] van mucho más allá de lo que es razonablemente necesario”, han indicado los jueces, que han dado así la razón a los legisladores de la oposición pandemócrata que habían interpuesto un recurso contra la medida.

La policía ya ha anunciado que dejará de exigir el cumplimiento de la norma, muy polémica —y muy poco respetada— desde su nacimiento el pasado 4 de octubre. Para aprobarla sin pasar por el Legislativo autónomo, el Gobierno local invocó una vetusta ley de la era colonial que concede poderes extraordinarios al ministro principal en casos de grave amenaza nacional.

La tensión, agravada desde que la semana pasada los manifestantes declararan una campaña para multiplicar los incidentes de protesta, ya amenazaba con ensombrecer las elecciones municipales previstas para el fin de semana, en las que se espera un fuerte voto de castigo al gobierno local que encabeza Carrie Lam: una encuesta que publicaba el periódico Mingpao en octubre solo concedía al bloque pro-Pekín un 6% de los votos.

Este lunes, por primera vez, el Ejecutivo fue explícito sobre la posibilidad de aplazarlas, una posibilidad que los manifestantes siempre han temido. Según la cadena de televisión RTHK, el secretario para Asuntos Constitucionales, Patrick Nip, ha subrayado que los incidentes de la última semana han hecho “menos probable” la celebración de los comicios el día previsto. Precisamente, una de las demandas de los estudiantes esta última semana exigía garantías de que no se aplazaría la cita con las urnas. Posponerla podría elevar aún más los niveles de violencia de los últimos días.

Por Macarena Vidal Liy

Pekín 19 NOV 2019 - 03:55 COT

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