A Macri y Cristina los une el capitalismo

“Por ese gran argentino

que se supo conquistar

a la gran masa del pueblo

combatiendo al capital”

Estrofa de la Marcha Peronista.

 

Cristina Fernández, en una de las recientes presentaciones de su libro definió a su gobierno “como el más capitalista”. Y no solo eso, sino que además presumió de capitalista y desafió al macrismo para ver quien lo era mas. “Yo soy mas capitalista que ellos”, dijo orgullosa. “Conmigo en Argentina había capitalismo”. Nadie lo duda.

La pregunta es si sabe lo que significa el capitalismo para la clase trabajadora y más todavía si tiene alguna idea de lo que es el capitalismo dependiente, como el argentino.

Hay dos posibilidades: si lo sabe es de una crueldad inconcebible presumir de semejante cosa. Si no lo sabe haría bien en destinar algunos minutos para informarse, o en todo caso, preguntarle al papa Francisco –sin ir mas lejos- con quien tiene tan buena relación.

Precisamente el papa instó a unos luchadores sociales que lo visitaron en el Vaticano hace un par de años en insistir en su lucha para cambiar “este sistema económico que oprime y somete al hombre”. Agregó, entre otras cosas, que el capitalismo es un sistema que mata, y dijo que sabía que al decir eso lo iban a calificar de comunista, cuando no es otra cosa que “la doctrina social de la Iglesia”.

El capitalismo es desigualdad, no mas de 20 personas tienen más que la mitad de la humanidad. Es salarios de miseria, es marginación, humillación cotidiana, explotación de los trabajadores en beneficio de una minoría que acumula riquezas obscenamente. Es destrucción del medio ambiente y la naturaleza, es opresión de las mujeres, los inmigrantes, los diferentes. Como dijo Julie Wark, coautora del libro Contra la caridad, de reciente aparición, “el capitalismo es un problema grave para cualquiera que quiera una sociedad decente”. Y en el caso del capitalismo dependiente es sometimiento al imperialismo norteamericano y a los organismos financieros internacionales como el FMI, por ejemplo.

Por eso, por creer que el capitalismo es un sistema del que hay que presumir, puso como garante de su futuro “buen comportamiento” con esos organismos a Alberto Fernández, un personaje del capitalismo financiero que ya anunció que pagará sus deudas al FMI. Una deuda ilegítima, ilegal y odiosa como han demostrado abundantemente varios economistas argentinos. Una deuda que contrajeron los ricos y obligan a pagarla a los pobres. Ni un peso de esa deuda fue para el pueblo. Sirvió, eso si, para la fuga de capitales y el pago de otras deudas privadas que se socializaron. Es decir, una deuda que es una estafa y que por supuesto si se cumple con esa supuesta obligación, no habrá margen para el alivio que espera la mayoría. Salvo que de pronto creamos en la bondad del Fondo Monetario. Ahí tiene Cristina una prueba, dolorosa, de lo que es el capitalismo dependiente.

El capitalismo es incompatible con la democracia por la desigualdad que genera y deja fuera de la sociedad a millones de personas expulsadas del sistema, demonizadas y reprimidas, como los pueblos indígenas.

Ya siendo presidenta Cristina Fernández dijo que su objetivo era hacer un capitalismo serio. Yo creo que quiso decir bueno. Es que el sistema cuenta con los medios necesarios como para convencernos de que el capitalismo no es un sistema más en la historia de la humanidad, sino algo natural, como el aire. Y como un sistema mas, está agotado, no tiene respuestas para los trabajadores y las capas populares, como dijo José Luis Sampedro, solo responde a las minorías que siguen aprovechándose del esfuerzo de los demás poniendo en peligro el futuro del mundo con la destrucción irresponsable del planeta.

A Macri no le hace falta presumir de capitalista. Es como si un elefante presume de ser elefante, ya se sabe. Tiene el sello desde su nacimiento. Y lo ejerce con brutalidad y sin complejos. Digamos que es el policía malo (el capitalismo duro). Cristina quiere ser el policía bueno (el capitalismo serio). Ambos cumplen el mismo objetivo. Uno con saña y la otra con disimulo y un discurso obrerista y peronista. Eso si, olvidando esa maldita estrofa que habla de combatir al capital.

El agobio, la angustia permanente, la necesidad inmediata, la urgencia por deshacerse de un Gobierno tan nefasto y despiadado como el de Macri, hace que mucha gente prefiera a Cristina y con razón. Y cierre los ojos o mire para otro lado ante barbaridades como esta de presumir de capitalista. Y es comprensible, aunque haya otras opciones de izquierda. Pero nunca, esconderle la verdad al pueblo ha dado resultado. No nos olvidemos de otra frase de Perón, ya que estamos: solo el pueblo salvará al pueblo. Mejor no engañarlo

Por Angel Cappa

Rebelión

Publicado enPolítica
Ni para la izquierda ni para la derecha, sino todo lo contrario

El correísmo se encuentra políticamente marginalizado y sin la legitimidad social de la que gozó antaño. Mientras, el gobierno de Lenín Moreno está inmerso en un fuerte desconcierto político, económico e ideológico que refleja su falta de capacidad para establecer una hoja de ruta clara para el país. El resultado ha sido el debilitamiento y la desmovilización de la izquierda.

A punto de cumplirse 14 meses de gestión presidencial de Lenín Moreno, cabe decir que el giro político existente en Ecuador es más que evidente pese a que nadie sepa hacia donde va el país.


Para unos el presidente Moreno es un traidor a la revolución ciudadana y a la figura de su predecesor, Rafael Correa, mientras que para otros el mandatario es reconocido como un hombre de talante democrático cuyo mérito consiste en haber reubicado –sin violencias internas– a Ecuador en la senda de los estados de derecho mediante la reimplementación de las libertades democráticas.


Valorar al actual gobierno requiere recordar la coyuntura política en la que Lenín Moreno asumió la presidencia. Para ello necesitó dos vueltas electorales en las que una Alianza Pais –partido hegemónico durante la última década– sumamente desgastada se impuso en la segunda vuelta por muy escaso margen, tras haber perdido más de 1,2 millones de votos respecto de los resultados obtenidos en 2013, y eso pese a que el censo electoral marcara que había 1,15 millones más de electores.


La oposición conservadora, con Guillermo Lasso a la cabeza, un magnate con poco criterio político y propietario del segundo banco más importante del país, articuló de la mano de asesores provenientes de campañas electorales venezolanas la estrategia de denunciar un fraude electoral, con el fin de no reconocer la victoria de Moreno en las urnas. Pese a que dicho fraude nunca fue demostrado, gran parte de la izquierda anticorreísta también se alineó a la estrategia conservadora, dejando al entonces presidente electo sin aliados políticos y en una situación de franca debilidad.


LA GESTIÓN DE MORENO.

La reacción de Moreno y su equipo fue rápida y efectiva. Ante un gobierno saliente con poca credibilidad democrática tras una década de excesos políticos, represión de los movimientos sociales y forzadas lecturas de la legalidad democrática –todo ello nunca sancionado, debido al control ejercido desde el Ejecutivo sobre los demás poderes del Estado–, el nuevo gobierno optó por generar una lógica de diálogos en aras del consenso social, generando una ruptura con la polarización social impulsada durante la era Correa como estrategia de control hegemónico.


En paralelo, Moreno pasó a cuestionar la situación económica en la que el mandatario anterior había dejado al país, tras una política de agresivo endeudamiento público, consecuencia de la caída de los precios de los commodities y la desaparición del excedente petrolero.


Por último, el actual gobierno cuestionó la política de control desde el Ejecutivo sobre el resto de los poderes del Estado, permitió la libre acción del Poder Judicial y eliminó la impunidad legal con que los distintos gobiernos encabezados por Rafael Correa habían operado durante la pasada década.


Las consecuencias de estas acciones fueron inmediatas. En primer lugar, se articuló un nuevo discurso de reconciliación nacional que fue ampliamente secundado por una ciudadanía cansada de las lógicas de violencia verbal y persecución a opositores y a la resistencia social implementadas de forma sistemática por el gobierno anterior. Además, el nuevo accionar del gobierno permitió visibilizar –eliminando las “ingenierías” contables– la realidad de las cuentas nacionales, lo que implicó terminar reconociendo una deuda pública de 59.000 millones de dólares (57 por ciento del Pbi), más del doble de lo que aceptaba deber el gobierno correísta. Por último, la acción independiente de la justicia significó la indagación judicial de múltiples denuncias de corrupción institucional y sobreprecios en la construcción de megaproyectos, lo que terminó por llevar a la cárcel –por el delito de asociación ilícita, en el marco de la trama Odebrecht– incluso a Jorge Glas, quien ejerciera como vicepresidente en los últimos gobiernos de Rafael Correa, y que había sido impuesto por este como vicepresidente también durante los primeros meses de gestión de Lenín Moreno.


Pese a que conllevara la ruptura de relaciones entre Rafael Correa y Lenín Moreno, la condena de Glas significó un reposicionamiento político del gobierno actual ante la sociedad ecuatoriana, dejando sin piso las acusaciones de fraude electoral, la estrategia de bloqueo político impuesta por sus contrincantes y la narrativa opositora de que Moreno era apenas un títere puesto por el presidente anterior.


La estrategia de Rafael Correa ante este inesperado giro gubernamental no pudo ser más llamativa. Impulsó la salida de sus acólitos del gobierno y convocó de manera ilegal una convención nacional de Alianza Pais en la norteña ciudad de Esmeraldas. Pretendió disputar nuevamente, sin éxito, la dirección de un partido que mayoritariamente ya no lo seguía. En una organización política construida de forma vertical, su movida fue escasamente secundada por las bases.


El paso siguiente emprendido por Rafael Correa fue un llamado a la desafiliación masiva de Alianza Pais –una iniciativa a la que adhirió solamente un número muy minoritario de militantes–, y pretendió formar un partido propio cuyo nombre pasó a ser Movimiento Acuerdo Nacional (Mana), que aún no cuenta con la legalidad política por carecer de las firmas ciudadanas necesarias para su acreditación institucional.


“DESCORREIZACIÓN.”

En paralelo, y aprovechando su reposicionamiento político, el pasado 4 de febrero el gobierno impulsó una consulta popular que, con el apoyo ampliamente mayoritario de la ciudadanía, inhabilitó al ex presidente Correa para volver a presentarse como presidenciable, anulando la reforma constitucional que para tal fin él mismo impulsara en los últimos años de su gobierno. A partir de entonces se sentaron las bases para el proceso de “descorreización” en marcha. Este proceso implicó la constitución de un nuevo Consejo de Participación Ciudadana y Control Social transitorio, organismo que tiene el plazo de un año para evaluar a cada una de las instituciones públicas encargadas de la participación social y el control del Estado (Fiscalía, Procuraduría, Consejo Nacional Electoral, Tribunal Contencioso Electoral, Consejo de la Judicatura, Corte Constitucional, etcétera). Aunque concebidas teóricamente como autónomas del gobierno, estas instituciones públicas estuvieron dirigidas por cuadros políticos del partido oficialista durante la legislatura anterior, siendo ahora cesados el conjunto de sus titulares tras múltiples evaluaciones públicas realizadas por fiscalizadores de la sociedad civil.


La estrategia correísta de disputar el liderazgo político del país desde fuera del gobierno implicó que ese sector político hoy carezca de la legitimidad social de la que gozó antaño, llevando a la marginalidad política a lo que queda de la estructura que dirigió a Ecuador durante la última década. De esa estructura tan sólo tienen cierta incidencia los 28 legisladores que quedaron alineados con Rafael Correa dentro de una Asamblea Nacional de 137 miembros.


Las múltiples causas judiciales recientemente abiertas que involucran al ex presidente Correa en la comisión de delitos que van desde la mala gestión de la deuda pública hasta el intento de secuestro de opositores a su gobierno en países extranjeros (caso de Fernando Balda en Colombia) han hecho que el ex mandatario esté considerando la posibilidad de pedir asilo político en Bélgica, donde hoy es residente. Si opta por esta salida, el ex presidente podría estar imposibilitado de volver a Ecuador durante aproximadamente una década, tiempo estimado para la prescripción de estos delitos aún en indagación judicial.


UN CÓCTEL DE DESCONCIERTO.

Pero más allá de la debacle correísta, el actual gobierno se encuentra inmerso en un fuerte desconcierto político, económico e ideológico que refleja su falta de capacidad para establecer una hoja de ruta clara para el país.


El frente económico gubernamental –compuesto por ministerios como Comercio Exterior, Economía y Finanzas, Minería, Electricidad, Hidrocarburos, Turismo, e Industrias y Productividad– ha sido paulatinamente entregado a representantes del sector empresarial, quienes desde una visión económicamente neoliberal y políticamente conservadora pretenden gestionar el país como si se tratase de una corporación empresarial, propiciando un plan de privatizaciones aún por desarrollarse y la reducción del volumen del Estado. Pese a que estos dos objetivos fueron anunciados ya durante los últimos años de la gestión correísta –tras el derrumbe de los precios del crudo y la finalización del excedente petrolero que había permitido cierta transferencia de recursos a los sectores históricamente olvidados en el país–, es la administración de Moreno la que los pone en marcha. En paralelo, el presidente pretende mantener las políticas asistencialistas de la mano de ministros de corte progresista en los ministerios de perfil social –tales como Educación, Ambiente, Cultura, Inclusión Económica y Social, Salud y Justicia–, lo que genera fuertes conflictos internos con el ala conservadora a la hora de dirimir la dotación de recursos para cada una de estas áreas. En resumidas cuentas, la composición de la administración de Moreno se ha convertido en un cóctel explosivo difícilmente gestionable, en el que los conflictos entre bloques enfrentados afloran por doquier, pese a que desde el aparato estatal se intente permanentemente silenciarlos.


De esta manera, y pese a que la inversión extrajera directa en el país ha ido creciendo y se ha dinamizado en parte la economía nacional, la matriculación en educación inicial ha menguado, las universidades siguen sin contar con dotaciones presupuestarias adecuadas, la atención en los centros de salud y hospitales sigue siendo deficitaria, la generación de empleo digno y la construcción de vivienda social siguen estando lejos de los compromisos electorales anunciados por Lenín Moreno en campaña.


Si bien la situación económica del país no es producto del accionar del actual gobierno, que heredó un Estado descapitalizado que destina anualmente entre 10.000 y 12.000 millones de dólares al pago de deuda –prácticamente la suma de los presupuestos de educación, salud y seguridad–, la alternativa que éste propone –entregar las políticas económicas y productivas a un sector empresarial que históricamente ha carecido de proyecto alguno de país, limitando su discurso a hablar de flexibilización laboral, de excepciones y amnistías fiscales, privatización de empresas públicas y reducción del tamaño del Estado– no representa una solución.


DESAPARICIÓN DE LA IZQUIERDA A LA VISTA.

Todos los estudios demoscópicos realizados en los últimos meses en Ecuador indican que el partido político hegemónico durante estos últimos diez años ha dejado de serlo y que la sociedad ecuatoriana ya no muestra simpatías mayoritarias por ninguna de las tiendas políticas existentes en este país. Esto implica que el deterioro de Alianza Pais no está siendo capitalizado por ninguna otra formación política. Según esos mismos estudios, si el voto dejara de ser obligatorio el nivel de ausentismo electoral en Ecuador alcanzaría cuotas del 60 por ciento, tal y como sucede en países como Colombia, donde el presidente es elegido por un sector muy minoritario del padrón electoral.


Con un Poder Legislativo ya sin mayoría oficialista, el Ejecutivo debe pactar alianzas coyunturales con agrupaciones políticas conservadoras para sacar adelante cada una de sus propuestas de ley. Dentro del actual gobierno, el ala progresista busca implementar una suerte de bloque político –que ha tenido a bien denominar Vamos– para enfrentar la ofensiva conservadora empresarial instalada en el anillo de poder que rodea en estos momentos al presidente Lenín Moreno.


En paralelo, la falta de perspectivas económicas y proyección de futuro que se vislumbra actualmente en la sociedad ecuatoriana hace prever que en algún momento pueda reactivarse cierto nivel de conflictividad social, perspectiva poco deseada incluso por las fuerzas políticas de las izquierdas no gubernamentales que cuestionaron el régimen correísta durante la pasada década y que hoy hacen mutis por el foro a la espera de prebendas y cargos públicos en el actual gobierno.


Por su parte, los movimientos sociales –especialmente el indígena– que protagonizaron la resistencia a las políticas autoritarias y extractivistas auspiciadas durante la pasada década también han cesado en su actividad reivindicativa, dejando la escasa movilización social existente en manos de residuales sectores políticos afines al correísmo, hoy convertidos en oposición.


El impacto político de diez años de un gobierno autodenominado izquierdista ha dejado un erial en el campo del activismo político y social ecuatoriano, condición que sin duda costará mucho tiempo superar y que debería conllevar una seria reflexión.


En todo caso, y más allá de las limitaciones políticas de eso que tuvo a mal denominarse “socialismo del siglo XXI”, el propio presidente Lenín Moreno ha autodefinido a su gobierno como de transición, situación que nos hace preguntar: ¿de transición hacia dónde?, respuesta que gran parte de la izquierda ecuatoriana hoy prefiere no contestar.

Publicado enInternacional
El gobierno de Donald Trump presentó ayer ante el Congreso estadunidense un proyecto de reforma migratoria que ofrece legalización y una hoja de ruta para obtener la ciudadanía a 1.8 millones de jóvenes indocumentados, a cambio de 25 mil millones de dólares para el muro con México y otros aspectos para reforzar la seguridad fronteriza. La iniciativa fue rechazada de inmediato por los demócratas. La imagen es de hace unos días en Washington

 

Trump propone beneficiar a 1.8 millones de dreamers a cambio de 25 mil mdd para el muro

Especialistas adelantan 30 segundos el reloj apocalíptico ante peligros inminentes

 

Nueva York.

Mientras Donald Trump festejaba con los ricos y poderosos del mundo reunidos en los Alpes, y la Casa Blanca buscaba un acuerdo migratorio que ofrece refugio para los hijos de inmigrantes a cambio de expulsar a sus comunidades, científicos y expertos advertían que el mundo está más cerca que nunca de un desastre nuclear y ecológico, poniendo al famoso reloj del día del juicio final a sólo dos minutos antes de la medianoche (hora simbólica del apocalipsis).

Trump y los titanes de la economía y política mundiales están congratulándose entre buen vino y excelente cocina suiza, sobre qué tan bien les va. Para los más ricos fue un año sensacional: el 1 por ciento de la población mundial concentró 82 por ciento de toda la riqueza creada en 2017, según cálculos de Oxfam reportados por La Jornada esta semana. Trump enfatizó su reducción de impuestos sobre empresas y la desregulación del sector privado como el mejor regalo a los asistentes.

Pero en casa, el Boletín de Científicos Atómicos adelantó este jueves 30 segundos el simbólico reloj apocalíptico, para quedar a sólo dos minutos de la medianoche, la hora del fin de la humanidad, señalando que esto se debe al fracaso del presidente Trump y otros líderes mundiales de abordar las amenazas inminentes de guerra nuclear y cambio climático.

Representantes del Boletín de Científicos Atómicos –entre ellos unos 15 premios Nobel– consideran que el mundo no sólo es más peligroso ahora que hace un año; es lo más amenazante que ha estado desde la Segunda Guerra Mundial. El reloj está tan cerca de la medianoche ahora como estuvo en 1953, en el momento más agudo de la guerra fría.

Sin embargo, los integrantes del consejo de ciencia y seguridad del Boletín –fundado en 1945 por científicos preocupados por la nueva amenaza nuclear– afirmaron que estos son tiempos peligrosos, pero el peligro fue creado por nosotros. La humanidad ha inventado los implementos del apocalipsis; entonces puede inventar los métodos de controlarlos y, eventualmente, eliminarlos. Ofrecen una serie de medidas para revertir el avance de las manecillas del reloj, incluyendo reducir las tensiones entre Estados Unidos y Corea del Norte, así como el conflicto con Irán; nuevas negociaciones con Rusia y otros poderes, mientras la ciudadanía intensifique su presión sobre el gobierno para exigir mayor acción sobre el cambio climático y el abuso de tecnologías, entre otras cosas (para ver la declaración completa: https://thebulletin.org/2018-doomsday-clock-statement).

 

Otras amenazas

 

Sin embargo, aparentemente Trump y su gente consideran que los inmigrantes son una amenaza existencial más urgente para este país que las bombas nucleares. Este jueves la Casa Blanca presentó al Congreso su propuesta de reforma migratoria que ofrece legalizar, incluyendo una ruta para obtener la ciudadanía, a 1.8 millones de indocumentados que llegaron siendo menores de edad, conocidos como dreamers –más del doble de los 700 mil que estaban protegidos de la deportación gracias a un decreto de Barack Obama anulado por Trump–, a cambio 25 mil millones de dólares para un muro fronterizo y otros elementos de lo que llaman un sistema de defensa fronteriza, con nuevas y severas restricciones al ingreso de familiares de inmigrantes y la eliminación de la lotería de visas.

Casi de inmediato el proyecto fue rechazado por demócratas y defensores de inmigrantes por considerarla una propuesta para expulsar a las personas y diseñada por nativistas (en referencia al asesor presidencial Stephen Miller).

En tanto, el Senado está ampliando pláticas bipartidistas para elaborar una propuesta que no necesariamente incluya las mismas restricciones que desea el presidente, en una negociación que se vuelve cada vez más urgente, puesto que el 5 de marzo caduca el programa de protección de los dreamers.

Todos fueron sorprendidos –hasta los asesores de la Casa Blanca– el pasado miércoles cuando Trump, casi de la nada, en un breve intercambio con reporteros antes de viajar a Davos, comentó que estaba abierto a considerar un proceso encaminado a la legalización y e incluso la ciudadanía de los dreamers; esto, poco después de haber rechazado una propuesta bipartidista que se basaba en esa misma forma de avanzar. Más tarde insistió en que su mensaje a los jóvenes indocumentados es que no se preocupen.

Desde el miércoles por la noche la Casa Blanca logró condicionar lo dicho por el presidente, de nuevo enfocándose en los puntos de seguridad fronteriza, el muro y mayores restricciones respecto de quiénes les sería permitido ingresar a este país, con la reiteración de que Estados Unidos está amenazado por una ola de inmigrantes.

Mientras tanto, el gobierno continuó con sus políticas de persecución de inmigrantes y sus aliados, y amenazó formalmente a más de 20 ciudades y estados que se declararon santuarios, de que si se rehúsan a colaborar con las autoridades migratorias federales enfrentarán el retiro de fondos federales. Trump calificó ayer a las entidades santuario como “los mejores amigos de pandillas y cárteles”.

Abogados y no pocos asesores de la Casa Blanca también fueron sorprendidos por otros comentarios de su jefe antes de partir rumbo a los Alpes, y se pasaron el día tratando, igual como con el asunto de los dreamers, de modificarlos y condicionarlos. Trump declaró que estaba deseoso de tener un intercambio con el equipo de investigaciones encabezado por el fiscal especial Robert Mueller que está examinando la injerencia rusa en las elecciones, la posible colusión de miembros de la campaña electoral, y ahora posibles intentos del magnate de obstruir esa indagatoria. Me encantaría hacerlo lo más pronto posible, afirmó el presidente en la misma sesión no programada con reporteros donde habló de su amor por los dreamers.

Los abogados de Trump le habían dicho que no hiciera declaraciones sobre el asunto mientras negociaban con Mueller sobre las condiciones del eventual interrogatorio. Este jueves insistieron en que el jefe habló con prisa y sólo estaba reiterando su voluntad de cooperar, pero que todo estará sujeto al consejo de sus abogados. La gran preocupación de su equipo legal y de algunos asesores es que cometa perjurio, o peor, que revele sin querer que sí buscó obstruir el proceso de investigación.

Mientras tanto, defensores del presidente (y él mismo) buscan descalificar la imparcialidad de la investigación por varios lados, desde promover la idea de que hay una conspiración contra Trump dentro de la FBI y otras partes corruptas del Estado profundo.

Y hablando de amenazas: a pesar de otro tiroteo letal en una escuela esta semana, nada cambia. Ocurrió el martes en una preparatoria en un pueblo de Kentucky; dos estudiantes de 15 años murieron, 18 más resultaron heridos. Fue el tiroteo 11 en una escuela en lo que va del año, y eso que apenas vamos en el día 23. Investigadores afirman que desde 2013 se ha reportado, en promedio, un tiroteo en alguna escuela cada semana. Consultar en: (https://everytown.org/).

 

Publicado enInternacional
Viernes, 23 Junio 2017 15:21

¡Una guerra ganada!

En el año 2015 éste periódico informó sobre un grave problema en el proyecto hidroeléctrico Cañaveral–Sonsón (HidroArma). El título de aquel artículo “Expropiación en Cañaveral, ¿una guerra perdida?”**. Los hechos nos dieron la razón, y la noticia hoy es positiva, por ello el titular de esta nueva nota recoge una realidad diferente: ¡Una guerra ganada!

 

Nuestros lectores merecen un recuento:

 

- El proyecto Cañaveral–Sonsón estima generar 174 MW. a un costo aproximado de U$380 millones, con una vida útil de 100 años
- La ley 56 del 1981, Art. 10, ordena conformar una Comisión Tripartita.
- HidroArma no quiso escuchar al representante de los propietarios a la Comisión Tripartita, quien de manera juiciosa, ordenada y con pleno conocimiento expresó que a los avalúos comerciales para la compra de los predios deberían aplicarse la Ley 56/1981, 388/1997 y resolución 620/2008 del Instituto Agustín Codazzi (Igac). ¡Ni el representante del Igac quiso aceptar lo que le ordenaba el Instituto!
- Hidroarma se empecinó en no aplicar la resolución 620/2008 y adelantar en los juzgados un proceso de Expropiación contra los campesinos.
- El Juzgado Civil del Circuito de Sonsón, determinó que la compra a los campesinos se debería hacer según la resolución 620/2008. HidroArma apeló esta decisión y este proceso llegó al Tribunal Superior de Antioquia
- El Tribunal Superior de Antioquia, sala civil-familia, febrero/2017, en sus partes principales determinó lo siguiente (ver apartes de la Sentencia):

 

Apartes de la Sentencia

 

- Por las anteriores razones, no es legal que se hubiese designado un perito para la práctica de una experticia que no procedía en esa fase procesal; no había lugar para un periodo probatorio en esa materia. Eso correspondía realizarlo en la oportunidad señalada por el precepto 456 del Código de Procedimiento Civil, a la razón.

 

- El artículo 456 de la citada codificación dispone que para el avalúo del bien objeto de expropiación, y para determinar las indemnizaciones, el juez “designará peritos”. Ese precepto se armoniza con lo mandado en el artículo 212 de la Ley 56 de 1985, que ordena: “El juez, al hacer la designación de peritos en los eventos previstos en el artículo 456 de C. de P.C.”. Ambas normas tienen el carácter de especiales, luego, no pugnan con la norma general prevista en el artículo 24 de Ley 791 de 2003. Pero es que, además para los casos de expropiación, también están las normas especiales que exigen calidades especiales para los peritos que han de actuar en este tipo de asuntos; debe pertenecer al IGAC o a la Lonja de Propiedad Raíz; del avalúo comercial del inmueble objeto de expropiación? Para dar respuesta al interrogante, la Sala debe indicar que la norma especial para estos procesos que establece el artículo 456 del Código de Procedimiento Civil, señala que el juez debe designar una pluralidad de peritos para que estimen el valor de la cosa expropiada y separadamente la indemnización a favor de los distintos interesados, lo que necesariamente obliga a la designación de dos peritos para hacer el respectivo avalúo.

 

[...] del avalúo comercial del inmueble objeto de expropiación? Para dar respuesta al interrogante, la Sala debe indicar que la norma especial para estos procesos que establece el artículo 456 del Código de Procedimiento Civil, señala que el juez debe designar una pluralidad de peritos para que estimen el valor de la cosa expropiada y separadamente la indemnización a favor de los distintos interesados, lo que necesariamente obliga a la designación de dos peritos para hacer el respectivo avalúo.
- Por consiguiente, en dichos procesos siempre se deben designar dos peritos para que elaboren de forma conjunta el dictamen pericial donde se establezca la indemnización que se debe pagar a los interesados.

 

Acatando las anteriores normas, la Sala observa que de los dos peritos que la ley especial indica deben elaborar el correspondiente dictamen pericial en los procesos de expropiación, por lo menos uno de ellos debe tener unas calidades especiales y, por ende, debe ser designado de la lista de expertos del Instituto Geográfico Agustín Codazzi ya que, además de conocer las normas, procedimientos, parámetros y criterios para la elaboración de los avalúos por los cuales se determina el valor comercial de los bienes inmuebles que se adquieren a través del proceso de expropiación por vía judicial (Decreto 1420 de 1998-9, tienen pleno conocimiento de las resoluciones internas expedidas por dicho Instituto y que operan como un manual metodológico para la realización y presentación de los avalúos, específicamente de la Resolución No. 620 del 23 de septiembre de 2008 expedida por el Director General del Instituto Geográfico Agustín Codazzi “por la cual se establecen los procedimientos para los avalúos ordenados dentro del marco de la Ley 388 de 1997”.

 

5.3. Ahora bien, siguiendo nuestra línea argumentativa, la Sala debe indicar que de acuerdo con el artículo 21 del Decreto 1420 de 1998, al momento de elaborar el avalúo de predios a expropiar, o el predio; (iv) los timos de construcciones en la zona: (v) la dotación de redes primarias, secundarias y acometidas de servicios públicos domiciliarios, así como la infraestructura vial y de transporte; y, (vi) entre otras tantas que hacen referencia a la construcciones, a las obras complementarias existentes y a los cultivos3.

 

5.4. En este orden de ideas, la Sala de Revisión concluye que (i) las leyes 56 de 1981, 9ª de 1989 y 388 de 1997, son las disposiciones aplicables al trámite de adquisición de inmuebles (ii) para determinar el valor comercial del bien expropiado y la indemnización que se debe pagar a los interesados5, el juez civil debe aplicar la norma especial contemplada en el artículo 456.

 

¡Gran triunfo de la verdad y la ley!

 

¡Gran triunfo de los campesinos de Sonsón!

 

¡Gran derrota de la soberbia y la ignorancia de los empleados públicos!

 

Mayo 12 de 2017s

Publicado enEdición Nº236
El PDA, ¿convertido en un cascarón electoral?
Las pugnas al interior del Polo Democrático Alternativo (PDA) lo han acompañado desde su nacimiento. La que hoy la afecta lo tiene al borde del fracaso. ¿Qué hacer para que realmente la izquierda construya un proyecto más allá de los intereses inmediatos de cada uno de los grupos así autodefinidos?

 

 

Sorprende, cuando menos. Mientras en Colombia vivimos tiempos de variaciones decisivas en el escenario político, tiempos en que la movilización social será cada vez más protagónica y más decisiva, la izquierda partidista aparece –una vez más– dividida y enfrentada, con indigencia en las ideas e indiferenciación en sus prácticas frente a las formaciones políticas tradicionales. Ausente también de su cotidianidad, un espíritu ejemplar capaz de suscitar entusiasmo en un pueblo de pueblos que desde hace tiempo clama por liderazgos colectivos que reúnan capacidad, imaginación, compromiso real y decoro.

 

Este desteñimiento del PDA, revela que la mayor parte de sus liderazgos están enzarzados en sus ambiciones personales, en el horizonte electoral del 2018, lo que les impide comprender y actuar de manera unida en un momento decisivo para la paz y la democratización del país.

 

Enconamiento

 

Aunque las contradicciones que estancan al Polo tienen una larga historia, las más recientes están potenciadas desde el mismo momento en que Clara López aceptó integrar “El gabinete del posconflicto”, actuando como Ministra del Trabajo.
El enfrentamiento entre tendencias al interior de la formación amarilla, larvado unas veces, enconado otras, ascendió a un nuevo nivel como expresión solapada de quién encabezará la campaña electoral del 2018: la ahora Ministra o el senador Jorge Enrique Robledo.

 

El debate estalló alejado de elaborados argumentos, o de una profunda reflexión sobre el panorama nacional, afincado, en cambio, en aquello que podemos denominar una “política de trincheras”. Es decir, una política donde no prima la cooperación u armonía de intereses al interior del Partido, sino un principio de autoayuda, en el que cada tendencia y/o político piensa en su propia supervivencia y el logro máximo de sus intereses y objetivos, sean personales o políticos.

 

Esto parece una obviedad para el realista que considera que la política siempre ha sido así. No obstante, para jóvenes aprendices de ella, con interés de construir a través de la democracia y con los partidos y movimientos que añoran alternativas para este país, tal realismo no sólo es una confirmación de los peores presagios, sino un llamado a liderar el cambio de estas dinámicas políticas.

 

La última jugada, en este enfrentamiento largo tiempo soterrado que ha convertido el PDA en una formación partidaria con los mismos vicios de los partidos tradicionales, y la misma ausencia de comunicación con la población, consistió en el nombramiento aprobado por el Comité Ejecutivo Nacional de una directiva compuesta por Álvaro Argote como Representante Legal, y Gustavo Triana como Secretario General, con un Comité Ejecutivo integrado, además, por tres voceros políticos: Jaime Dussan, Alba Luz Pinilla y Antonio Peñalosa.

 

De esta manera, a través de una alianza con el samperismo –aún presente a través de la influencia que conserva Samuel Moreno Rojas desde su lugar de reclusión– el Moir aseguró el control del Partido, así como la nominación presidencial de Jorge Enrique Robledo para el 2018.

 

Todo a media luz. Si proyectamos que Clara López perseverará en su propia candidatura, podremos ver, una vez más, la penosa división de la izquierda electoral, quebrando un Partido que nunca esclareció, ni asumió responsabilidades –ante sus bases y ante el conjunto social– por el penoso suceso de corrupción que lo manchó, en cabeza de Samuel Moreno Rojas y hermano.

 

En algún momento habrá que aclarar: ¿Cómo llegó Samuel y su partido al PDA? ¿Quiénes defendieron su gestión hasta última hora, afirmando que se trataba de una persecución mediática de la derecha? ¿Cuánto daño ha causado el samperismo a la izquierda?

 

Opacamiento

 

En medio del fuego cruzado, hasta ahora el Partido ha logrado mantenerse unido sin imponer mayorías a ultranza, así como también ha conservado la dignidad ética en el caso del concejal Venus Albeiro Silva. Así y todo, el panorama del 2018 se aproxima sin que exista aún una alternativa de país que cautive al pueblo colombiano, como sí lo logran los éxitos de Catherine Ibarguen, Yuberjen y Figueroa en los Olímpicos, o Nairo en la vuelta a España.

 

Lejos de las luchas sociales. El PDA aparece, mayoritariamente, entonces, como un conjunto de barones electorales, con huestes de votantes unidos a los dispensadores de puestos o contratos. Una izquierda autodenominada como “oposición”, pero que actúa, pese a ello, igual en su trapicheo y en el comercio de votos que las formaciones políticas tradicionales, sin lograr encarnar ninguna diferencia en los valores ni en su práctica política.

 

Así, el PDA, que se construyó sobre la base de tendencias y simpatizantes, deja lejos de sus dinámicas cotidianas y de sus estructuras de gobierno interno a un conjunto de liderazgos de base, personas que brillan por su merito, por su labor juiciosa, por su conocimiento directo del país real, con capacidad para brindarle respuestas eficaces –con base en la participación–, a las necesidades inaplazables de las comunidades.

 

Pese a este potencial, es con votos clientelares como se miden las fuerzas dentro del Partido, casi siempre como primer y único criterio, de ahí que sean éstos hoy en día, en esa charla de pasillo de quién le da el voto a quién, los que tienen a más de uno contando y tranzando con otros, antes que argumentando. Por supuesto, en la democracia éste ha sido uno de los principales criterios de mérito identificados para dirimir las diferencias, esto es preferible a optar por el dinero o linaje como sucede en otros partidos. La crítica acá es que la discusión última sobre el liderazgo dentro de la organización siempre se dirige al plano de los votos clientelares, como viene sucediendo desde su mismo IV Congreso. Cada tendencia y persona tiene claro cuáles son sus intereses, y con base en ellos se resguarda y sale a atacar para conservar sus expectativas para el escenario electoral de 2018.

 

Lo anterior no es excepcional. En el mundo entero la política sufre un alejamiento de las poblaciones producto de su sumisión al poder del dinero y su incapacidad de refundar las prácticas políticas para construir lo público al margen del Estado, fortaleciendo la capacidad de autogestión comunitaria.

 

Ocurre que se está requiriendo lo excepcional. En un país que ha asistido por años al cegamiento de la vida de miles de liderazgos sociales, es necesario formar una nueva generación de liderazgos en los que la juventud, por su honestidad, su capacidad y su audacia, ocupe un lugar principal.

 

Después de mucho intentarlo, el Moir logró vencer y controlar el PDA, en una alianza con personajes que encarnan una práctica política duramente cuestionada por sus zonas de penumbra ética; pero el PDA hace rato aparece como un cascarón dispuesto para las luchas electorales, un cascarón vacío de cualquier espíritu y contenido de alma popular, incapaz de enamorar al país en un escenario de posacuerdo armado, post-Farc, post-Santos y ¿post-uribismo?

 

En estas condiciones, ¿cómo avanzar hacia la construcción de una alternativa popular-nacional, mientras la preocupación fundamental de los dirigentes es por ganar el control de un cascarón, o por tener la satisfacción por el “éxito” logrado en las elecciones, por el honroso tercer lugar que permite acceder a un Ministerio.

 

Es urgente

 

Ante esta realidad, intentando conectar con la sociedad, con sus mayorías, es claro que requerimos renovar lo hoy existente. Necesitamos liderazgos que estén dispuestos a dialogar, y que no sufran los graves rezagos conceptuales de un mundo que atraviesa una fase en la que se decide la continuidad de la aventura de la vida en el planeta, un tiempo en el que emergen formidables respuestas a la pregunta: ¿Cómo habitar la tierra de otras maneras?

 

Liderazgos con valores que van mucho más allá de los sombreros que tengo en el armario, o las acciones en los clubes de elite, y los apartamentos que figuran a nombre de mi familia, o de mis socios clandestinos.

 

Liderazgos con una visión reflexiva de lo que significa la democracia, interesados en superar los métodos clientelares, mediante la deliberación, para alcanzar un piso de igualdad en oportunidades que reconstruya esta nación moldeada por la guerra y sus señores. Bajo este horizonte, la situación dentro del PDA es un ejemplo de lo sucedido dentro de la izquierda, donde los movimientos y partidos nos hemos preocupado más por satisfacer nuestra propia vanidad y orgullo de llamarnos “verdaderos revolucionarios”, o de mantener determinadas dignidades o maquinarias políticas, antes que conectarnos con las necesidades e intereses de la gente que sufre las consecuencias de gobiernos retardatarios.

 

Es por ello que no sólo necesitamos que se elija un presidente para el PDA, que en 2018 la izquierda logre salir unida o que se materialice el sí en el plebiscito. Para transformar este país necesitamos soñarlo de otra manera, y trazar senderos conjuntos hacia ese sueño. Necesitamos gestar una comunicación alterna a la imperante. Un Estatuto de Oposición que garantice la vida y el accionar a la diferencia. Una Ley de Medios, la eliminación del Servicio Militar Obligatorio y del Esmad, la renegociación de los TLC, la implementación plena de los Acuerdos de La Habana, una paz completa, educación pública gratuita, de calidad, una educación que privilegie de manera decidida la dimensión formativa, y el acceso al lenguaje como dimensión principal en la recreación de nuestras realidades, profundizar en la comprensión y la multiplicación de las economías solidarias, volver a la tierra, a su cuidado y curación, revalorar la dimensión femenina, el entendimiento cotidiano entre los vecinos, entre los diferentes, entre los iguales, entre todos y todas.

 

Y en este esfuerzo, ojalá, dentro de quienes queremos cambiar este estado de cosas, logremos aprender de estos errores, dando pasos ciertos, aquí y ahora, para el logro de estos fines. Con argumentos, esa es la política que puede cambiar “nuestra dirigencia”, y sacarnos del fango de las pugnas de poder dentro de nuestras organizaciones, que nos margina de la cercanía con la gente y el cambio.

 

* Integrante del Comité Ejecutivo del PDA

Publicado enEdición Nº228
Jueves, 26 Noviembre 2015 12:02

Lecciones y retos

El año 2015 desgaja sus últimas hojas. Cuando terminen de caer, quedará en el ambiente de los actores sociales y políticos, el interrogante por lo hecho y lo dejado de hacer pero, sobre todo, por los retos que deparará el nuevo calendario. Los desafíos y lances que trae el 2016.

 

De lo hecho y dejado de hacer, con perspectiva regional, sobresale con fuerza: El desgaste, por no decir crisis, en que han entrado las ideas de cambio, enlodazadas en un institucionalismo que les impide romper con el modelo social, político y económico que pretenden superar. El "progresismo" entró en una etapa defensiva. En política oficial y común esto significa que cada día concede reivindicaciones a su contrario, realiza marañas para sostenerse, y ya no tiene capacidad para conservar la iniciativa ni desestructurar.

 

Ante este resultado, vale la pena retomar un aspecto que cada día es más evidente: los cambios que se pretendan llevar a cabo en cualquier país, deben tomar en cuenta la inmensa transformación sufrida por las estructuras políticas globales, ahora dominadas y determinadas por la lógica y el poder del sistema financiero, a la par que, por la entramada maraña urdida por los organismos multilaterales. Organismos tras los cuales, las soberanías nacionales son un formalismo desueto. Desconectarse de unas y otras, para permitir que otro sueño de sociedad sea factible, no es cuestión de una sola sociedad ni de algunos decretos.

 

 

Ahora, como antes, es evidente que el cambio no es posible sin ruptura, menos con acomodo. Y ruptura es la que no se ve por lado alguno. Están en curso reformas que alivian la vida de los menos favorecidos, todas ellas inscritas en la lógica de reproducción social heredada y vigente, pero no destaca, por lado alguno, un intento real de cambio. El poder aún continúa depositado en los Estados y el protagonismo social no va más allá de llenar plazas y gritar arengas. La integración regional, rompiendo fronteras, uniendo pueblos e integrando recursos de todo tipo, dando cuerpo a nuevas matrices de producción y reproducción, vía indispensable para poder llevar a cabo cualquier pretensión de cambio, aún es un sueño, que está sin alas grandes.

 

Dentro de este cuadro regional, con coletazos negativos para las banderas que tratan de levantar otros actores de base, de proyectarlos por un modelo social más allá del hoy dominante, destacan Venezuela, Brasil y Nicaragua. La realidad de estas experiencias políticas, económicas y sociales alternativas, proyectan imágenes que, tal vez potenciadas por los poderes mediáticos globales o, tal vez, simplemente como reflejo, de cosechar fundamentalmente modelos maniatados, en las lógicas del poder global, trasladan al conjunto social de la región todo aquello que no puede ser referente de cambio: reproducción de las lógicas del poder, prolongación indefinida de las relaciones de producción heredadas, sometimiento de las organizaciones de base a las partidarias y, en esta forma tradicional, levantan diques.

 

Diques a la explosión de imaginación, participación decisiva, cambio, en la vida cotidiana de esas mismas sociedades; concentración del poder; persistencia del dominio cultural de las iglesias, defensa y profundización del modelo extractivista y con éste, sometimiento del dilema ambiental ante la matriz económica tradicional: pueblos originarios, campesinos y naturaleza prolongados como sujetos de segunda ante la imposición y el afán de obtener divisas.

 

En los logros regionales sobresale el triunfo cubano frente al mayor poder mundial. Asimismo, el zapatismo, no solo conservado sino ampliado en su base social local, regional, nacional e internacional, con una lógica de ruptura, afectando la matriz cultural que rodea su territorio original. Su modelo de confrontación, recuerda la clásica estrategia de aproximación indirecta, que es recomendada por Liddell Hart, con la cual se evita atacar de frente al contrario y si envolverlo, buscando e identificando su flanco más débil, y lugar por donde debe rompérsele. Con paciencia, buscar debilitar su resistencia antes que intentar quebrarla, todo lo cual puede demandar más tiempo pero con seguridad brindará mejores resultados.

 

En el escenario nacional el 2015 deja unos procesos avanzados en la búsqueda de paz, tanto de la Mesa instalada en La Habana, como de la que está en vísperas de instalación, de manera pública, con la otra insurgencia. Su límite: estar negociando en el terreno impuesto por el Estado (modelo económico, poder militar, estructura de la propiedad, nada de esto es negociable, dice quien habita ahora la Casa de Nariño), en un esquema que implica, que las reformas acordadas en el diálogo, no afecten de manera profunda al conjunto social. Realidad que descarga un reto inmenso a las organizaciones sociales y políticas de todo carácter, pero sobre todo, a las radicadas en las ciudades: abrir la demanda nacional sobre la real democratización de la sociedad colombiana.

 

Marco y objetivo sustancial en cuanto pueda significar, que debe ser discutido por todas las organizaciones que lideren tal iniciativa. Pero, si no hay superación del actuar y significado para las mayorías sociales, de la democracia que vemos, no avanzará un proceso de cambio y transformación nacional, que tenga además, ecos prolongados en el contexto internacional.

 

En este escenario, el plebiscito que impondrá el establecimiento, creará un ambiente de paz nacional que no corresponde necesariamente con los aspectos avanzados y acordados con la insurgencia. La firma de la paz con las farc, posibilidad latente para el 2016, aun depende de la discusión y aceptación entre las partes, de una variedad de temáticas no fáciles de superar. El tiempo de seis meses para su firma, que tanto recuerda Santos, según el grupo guerrillero, aún no ha empezado a correr.

 

Deja también este 15, una izquierda mal situada. Mal dentro de su lógica de disputa institucional-electoral para 2018, que con seguridad instalará con toda fuerza, como agenda política, 2017. Múltiples opciones son previsibles desde ya, en la disputa entre ellos del nombre que encabezará tal reto: uno, quien figure por el Polo Democrático Alternativo (PDA); dos, Gustavo Petro –si sobrevive a las demandas de la Procuraduría– y, tres, de haber firma de la paz, la figura que ponga las farc (¿Álvaro Leyva?), y cuatro, el perfil que derive desde el eln.

 

Como reto que surge del resultado electoral octubre 2015, y del propio perfil del PDA –organización amarrada y sometida por su matriz electoral, obstáculo para transformarse en alternativa social con tamaño nacional y desde cada municipio–, emana el que resulta desafío inmenso, para quienes no compartan tal sendero ni perfil de acción para el presente. Diferente, con latencia de un sujeto decidido, es el mediano y el largo plazo, que encare y propicie el surgimiento de un proceso colectivo-alternativo. Encuentro, suma y siembra, reconstruir tejido, con vocación de disputa de las simpatías sociales.

 

Esperanza realidanza* que sin negar el escenario electoral, arriesgue, opte desde una lectura dinámica del momento concreto, determine la calidad de su hervor expectativo, con imaginación; por la disputa ágil del escenario nacional. Empeño cuyo eje deberá estar marcado en el mediano plazo, por buscar y propiciar en el país: un poder con raíz y cotidianidad de gente, que dado el poder institucional con achaques de legitimidad, plantee ante la conciencia y la noticia una dualidad de poderes. La calle debe ser su cuna. Y sus padrinos, un robustecido sistema nacional de comunicación alternativo.

 

Plataforma que vaya abriendo y permita la disputa de la opinión pública. Asimismo, que prodigue una marcada intervención en la cotidianidad de las mayorías, a través y al conducto, de una agenda cultural que implique usos y consumos, formas de ver y percibir, transformación de los territorios y el manejo de los recursos naturales.

 

Está claro, que la crisis económica que se adentra en el país y, por tanto, las medidas tributarias que afectarán a las mayorías, con las cuales los de siempre, tratarán de remediarla (socializar perdidas –privatizar ganancias), así como, hacer recortes de inversión social, que potenciarán el descontento social, circunstancia a favor de una coyuntura que desde ya se muestra propicia para cualquier proyecto de cambio que quiera calar a fondo en el cerebro y corazón de las mayorías nacionales.

 

Estas son partes del legado que arroja el pequeño ciclo que termina el 31 de diciembre. Son algunos retos, que toman forma para el nuevo calendario que arranca con enero. Ni unos ni otros son menores. Exigen que identifiquemos con toda nitidez las valoraciones e intereses que unos y otros proyectos, abordan con rutina o desafío sobre este tiempo. Son las lecciones y dinámicas serenas por el largo plazo, pero alertas a todos los momentos. Algunas indican de manera reiterada que vivimos uno de los mayores cambios de la historia. Producto, en esta ocasión, de la profunda e intensa revolución tecnico-científica que está removiendo toda la estructura económica, política y social vigente.

 

Comprender esos cambios es indispensable. Necesario para encarar cualquier intento en levantar alternativas al sistema hasta hoy dominante.

Publicado enEdición Nº219
Martes, 24 Marzo 2015 15:15

¿Volver? ¿Para qué?

¿Volver? ¿Para qué?

Año tras año, doctores y posdoctores que salen del país a desarrollar sus carreras investigativas, intentan regresar a Colombia a aplicar sus conocimientos y estar al lado de los suyos. Sin embargo, la falta de una visión en investigación, ciencia y tecnología nacional conlleva que los programas de repatriación planteados por Colciencias siempre sean improvisados.

Es septiembre de 1992. El césped de las calles de Cambridge empieza a colorearse de naranja, advirtiendo la llegada del invierno. El vaivén de los transeúntes sigue con normalidad. Para muchos de ellos es un mes más en la fría ciudad del estado de Massachusetts, mientras que para Iván Junis, este será el mes en el que se materializará la decisión que días antes había tomado y que le dará otro rumbo a su vida profesional.

Meses atrás, Junis se encontraba en uno de los laboratorios de la Universidad de Harvard, desempeñándose como instructor en el área de inmunogenética y biología molecular, como normalmente lo hacía desde nueve años atrás. Su vida académica estaba en su mejor época, ganaba más de 20 mil dólares, se engranaba a la perfección a la dinámica de investigación norteamericana, tanto así que tiempo después recibió una oferta de aproximadamente 30 mil dólares para trabajar en Atlanta. Sin embargo, el hecho de extrañar a los suyos lo complicaba todo. Junis había empezado a sentir un profundo deseo de devolverse a Colombia.

Él sabía que si decidía regresar el futuro que le esperaba era inestable, aunque el programa de Colciencias le asegurara lo contrario, pues Junis sería el primer investigador en ser repatriado por la entidad, y ellos improvisarían al no tener ningún tipo de proyecto pensado para el retorno de grandes académicos que habían estudiado en el exterior.

Aún así, con cuarenta años de edad, Iván Junis, decidió irse por lo incierto. No por su país, sino por él; por dejar de sentirse extranjero en un lugar que no tenía mucha importancia para él; por dejar de extrañar a los suyos.

Fue así como este médico se convirtió en el primer investigador colombiano en ser repatriado por Colciencias. Lo que quiere decir que el programa que hoy tiene por nombre "Es tiempo de volver", no es nuevo y empezó a ser aplicado desde hace 20 años. En fin, por ahora, sigamos con la historia.

Futuro incierto

Antes de llegar a Colombia, Iván Junis había acordado junto a Colciencias, ser recibido por el Instituto Nacional de Salud en el que desarrollaría un proyecto financiado por la entidad.

El primer aterrizaje a la realidad fue cuando de 20 mil dólares que ganaba en Harvard, empezó a recibir 360 mil pesos. Sin embargo, esperaba que con el proyecto pudiera aumentar esos ingresos, pero la financiación prometida por Colciencias nunca se dio.

El tiempo corría y todo se fue diluyendo; Junis comprendió que, aún existiendo voluntad por parte de la entidad, no existía el mecanismo para operatibizarla, y como era el primero en ser repatriado eso, según pensaba él, podría ser normal.

Luego de la improvisación, Iván se quedó en el Instituto Nacional de Salud desempeñándose como Investigador y Subdirector de Investigación y Desarrollo, para finalmente retirarse de allí al entrar en conflicto con el Sistema de Ciencia y Tecnología reinante en el país.

Hoy, cuando ya está a punto de cumplir 60 años, recuerda las razones por las que se desligó del Instituto:

Hice una evaluación de sumas y restas y me pregunté: ¿cuánto dinero había recibido el Instituto para financiar los proyectos de los 13 grupos de investigación en los últimos diez años? Dividí eso por el número de artículos de investigación que habían producido esos 13 grupos en ese periodo, y me dio que aquí costaba 2 mil millones de pesos hacer un artículo de investigación, cuando afuera costaba 20 mil dólares en ese momento. Y segundo, que la investigación era aquí una forma de docencia. No era más. Entonces, en su momento hice esas cuentas y dije: un investigador en 20 años de vida útil en Colombia está condenado a realizar 1,7 artículos de primer orden, mientras que en Estados Unidos o en cualquier otro centro de investigación son centenares. Eso no se debe premiar, eso es un fracaso.

La desazón de Junis por el sistema de investigación en Colombia fue la razón por la que se desligó de ella, pero más que eso Junis trató desde ese mismo día de desvincularse de Colciencias. Por lo que decidió abrir un centro de Medicina Funcional, junto con el médico Hugo Zapata, que trata de ver la medicina desde otra perspectiva.

A la pregunta de si se arrepiente o no de la decisión tomada, Iván no vacila al responder que fueron válidas las razones por las que se fue, sin embargo hoy se pregunta si lo siguen siendo y comenta que no le aconsejaría a ningún científico devolverse para Colombia.

-Si un muchacho me dice que va a realizar un doctorado y que va a regresar, le digo, no, ¡¿por qué va a regresar?!, "que el país", le digo, no, se equivoca, "que la política de investigación", se equivoca, "que los estudiantes". Eso es una estupidez. Si a uno le interesa la ciencia debe hacerla allí donde realmente sea factible. Todo lo demás son carretas, demagogias. O uno estudia e investiga o uno enseña, que es lo opuesto, no complementarias.- enfatiza Junis criticando lo que es el futuro de la mayoría de doctores y posdoctores que regresan a Colombia, que terminan enseñando en una universidad con la excusa de investigar-.

Pero veamos un caso más cercano. El de Vladimir Corredor, que también fue repatriado por Colciencias cuatro años más tarde.

Hacer investigación en Colombia

Nueva York 1993. Vladimir Corredor recibe su diploma de doctorado en Parasitología Médica y Molecular en la Universidad de Nueva York. Y decide realizar un posdoctorado en un hospital de esa ciudad. Todo va bien en la vida de este biólogo, hasta que la embajada le recuerda que ha culminado el periodo de dos años permitido para residir en Estados Unidos. Debía regresar a Colombia.

Corredor, al no encontrar razones para volver a su país, decide poner una tutela al Gobierno pidiendo estar dos años más.

Fue un tiempo más para investigar y desarrollar su vida académica, pero también fue un tiempo para extrañar cada vez más a los suyos, y en el que se volvían difusas las razones por las que debía quedarse. Meses más tarde Vladimir aplicó en el programa de repatriación de Colciencias en 1996, sin pensar muy bien en las consecuencias.

Corredor ha dedicado la mayor parte de su vida en la investigación de la Malaria, es un hombre delgado y de piel trigueña, que expresa de manera metódica sus ideas. Sin embargo al preguntarle la razón por la que se vino de Estados Unidos, titubea, busca las palabras con inseguridad y al final dice:

-Por que soy un poco loco -sonríe- Pienso, que si le ofrecen a alguien algo muy atractivo allá es muy difícil que se regrese, porque no va a perder su vida profesional por regresar ¿Qué personas regresan? Los que, como yo, no estaban interesados en hacer una carrera académica allá. En ese momento conocía el sistema norteamericano, me parecía muy competitivo, y ese no es mi carácter. Aparte de eso no tenía mucho interés de vivir en los Estados Unidos. Prefería correr el riesgo aquí. La vida cotidiana es mejor aquí y la vida profesional es mejor allá, entonces yo escogí mejor la vida cotidiana aquí.

¿Pero qué pasó con el programa de repatriación de Corredor? A pesar de que ya no era el primero, como sucedió con Iván, lo que exigía que no existiera una improvisación en el sistema, los resultados fueron semejantes.

-¿Qué ofrecía el país? Nos decían: ustedes escriben un proyecto, hablan con una organización, nosotros nos comprometemos a coordinar con una institución receptora para que los reciba y para que les dé un trabajo y puedan iniciar entonces una carrera en el país. El proyecto debe pasarse a Colciencias y de ser aprobado lo financian –algo semejante a lo que le ofrecían a Junis en su momento–. El primer problema es que las instituciones aquí no son lo suficientemente sólidas para cumplir objetivos a largo plazo, instituciones que le permitan decir a la persona que llega: bueno, voy a trabajar en esta área y voy a desarrollar un programa a largo plazo, sino que está uno sujeto a los vaivenes de los cambios de dirección en un sitio, que fue lo que me pasó a mí.

Finalmente Corredor presentó el proyecto a Colciencias, que en esa época era evaluado por pares externos. En su caso, los pares evaluadores dijeron que su proyecto merecía la financiación pero que el presupuesto que demandaba era muy poquito, y que les preocupaba que con ese presupuesto no pudiera llevar a cabo la investigación.

¿Qué ocurrió? Cuando le llegó la carta de Colciencias, le expresaron que el proyecto había sido aprobado pero que ellos solamente podían darle la mitad del presupuesto. Corredor no aceptó.

-Yo simplemente les dije: con ese dinero no puedo llevar a cabo el proyecto, así que me quedé sin la financiación de Colciencias.

Fue así como Corredor quedó casi en la calle y la entidad se desentendió totalmente del caso.

-Nadie me hizo seguimiento, a nadie le importó si ese señor tuvo éxito o fracasó, para poder evaluar y decir si esa plata de la repatriación que habían invertido había dado resultados. De ahí en adelante he tratado de no tener que ver con Colciencias en la medida de lo posible porque el sistema de ciencia y tecnología es un sistema, a mi juicio, un poco autoritario.

Y aunque Vladimir, inicialmente prefirió la vida cotidiana aquí que la vida académica allá, estuvo muchas veces entre el dilema de desarrollar su vida profesional o su vida cotidiana. Tanto así que años después de estar en Colombia regresó a Estados Unidos a trabajar en la Universidad de Emory, aburrido de la falta de productividad en el país, y en el 2002 regresó nuevamente a Colombia a falta de esa tranquilidad en su vida cotidiana.

Luego de un tiempo se volvió a ir del país, esta vez para Londres, donde permaneció tres años haciendo investigación, para luego regresar a desempeñarse como docente en la Universidad Nacional y realizar investigaciones de manera independiente con la Secretaría de Salud del Cauca, en colaboración con organizaciones de Inglaterra. Aun así piensa, como Junis, que la docencia no debe ser el destino de los investigadores repatriados.

-La docencia no va a contribuir con una transformación real para el país, es necesaria una transformación práctica, donde se vean los frutos de un talento. Esto no lo veo en Colombia. Las personas que hemos regresado, en general llegamos a tratar de conseguir un espacio adecuado para tratar de comprar unas herramientas y formar el equipo de investigación que se requiere. Lo que es peor es que esto no parece ser lo que desea Colciencias.

Colciencias hoy

Colombia, 2015. Colciencias aplica el programa "Es tiempo de volver", que al parecer es nuevo, luego del lanzamiento del "Programa nacional de incentivos para el retorno de científicos altamente calificados en el exterior", en diciembre de 2013, pero en aplicación en el país, con diferentes nombres, desde su primer repatriado en el 92.

Los investigadores que aplicaron al programa, dicen, como hace 20 años, que la entidad "improvisó" e incumplió con lo que les aseguraba a los 200 doctores y posdoctores que dejaron sus productivas vidas académicas por estar cerca de los suyos.

De un presupuesto inicial asignado de $17 mil millones, finalmente Colciencias adjudicó $11 mil millones a este programa. ¿Qué es lo que sucede?

Según Mario Hernández, que ha trabajado por varios años en el Centro de Historia de la Medicina de la Universidad Nacional, el problema va más allá de Colciencias y se deriva de la política nacional de ciencia, tecnología e innovación que ha tenido siempre el país.

Empezó en la década de los 60, precisamente con la creación de los fondos que estaba impulsando la OEA para vincular ciencia y tecnología al desarrollo de los países. Más o menos empezados al mismo tiempo que Argentina, Brasil, México, con la creación de Colciencias. Pero en los 70 y 80 empezó a existir una divergencia entre nuestro país y el resto. Argentina empezó un programa muy fuerte de becas para formarse en Posgrados con muy buenas condiciones y fortaleció las instituciones de investigación con un financiamiento muy fuerte. Mientras que Colombia la financiación continuaba brillando por su precariedad.

Hernández hizo parte de Colciencias en la década de los 90 y opina, de primera mano, que se intentó reorientar esa política en la ley 29 del 90, creada antes de la Constitución Política del 91 y que fundó el Sistema Nacional de Ciencia y Tecnología.

-Estuve tratando de armar el programa de ciencia y tecnología de la salud, con 11 programas nacionales que pretendían articular al sector académico con los sectores de la sociedad, con el Estado. Pero otra vez la inversión fue muy precaria y empezaron a desarrollarse los programas que siempre tenían esa espada de Damocles, como: Beca- crédito, que si usted no termina, tiene que devolver 80 o 100 millones de pesos, es decir una lógica muy contractualista, no de decisión de política pública.

La situación que hoy enfrenta Colciencias es el claro resultado de falta de financiación, pero también responde, como lo recalcó Vladimir Corredor, a los problemas graves que existen en administración "En la manera como se ve la investigación, la manera como clasifica a los investigadores y a los grupos, y la manera como a su vez dice quién es un investigador y qué es un grupo de investigación", opina Corredor.

Tanto así que, según él, si hoy el doctor Rodolfo Llinás, médico neurofisiólogo colombiano de reconocida trayectoria a nivel mundial por sus aportes al campo de la Neurociencia, decidiera regresar al país, "no clasificaría como top del top" porque no tendría la experiencia necesaria de investigación en el país. Lo cual dice mucho del sistema de clasificación de Colciencias.

Es debido a esto que un conjunto significativo de los más importantes investigadores de las humanidades en el país, decidió recientemente no participar en la convocatoria que pretende medir a los grupos de investigación en Colombia, porque no creen en esa medición y están en contra, además, de los múltiples requisitos que deben cumplir para obtener respaldo a sus productos académicos.

"Colciencias ve la ciencia y la tecnología necesariamente vinculado al sector productivo. Pero no hay proyectos a largo plazo, cada vez es más burocrático, productivista y cortoplacista y tratan a la educación como si fuera hacer pan", comenta Hernández, quien además agrega que es el momento de poner en entredicho tanto ese programa como la política de ciencia e innovación en el país. "Estamos en esa discusión tanto en la Universidad Nacional como en las demás universidades públicas e incluso privadas porque tal como vamos, vamos mal".

Publicado enEdición 211
El bienestar del pueblo vs. la avaricia aurífera

Un fallo proferido por el Consejo de Estado en septiembre de 2014, y conocido en enero de este año, parece colocar fin a la lucha que los habitantes de Ataco adelantan desde hace más de 20 años. El resultado les da tranquilidad, pero están a la espera de que Mineros S.A. vuelva con más maniobras para adueñarse del oro de Ataco.

Desde 1991 se empezó a hablar del proyecto de Mineros El Dorado que pretendía realizar una explotación aurífera en el río Saldaña, exactamente en el municipio de Ataco (Tolima). Vale la pena aclarar, que artículos de esa fecha afirman que tal proyecto aurífero estaba planeado desde once años atrás.

Esta pretensión fue pregonada resaltando beneficios económicos y sociales para el desarrollo de la región, pero, como muchos de los proyectos de este tipo, no resaltaba que su implementación colocaría en riesgo la vocación agrícola del municipio, además de las consecuencias ambientales.

César Gaviria era el presidente para ese entonces y junto a su ministro de minas y energía –Juan Fernando Rico– defendían el proyecto minero, pues según los cálculos de la empresa generaría 13 millones de pesos anuales para el país.

"La Nación obtendría regalías por 195 millones de pesos. La misma cifra llegaría al municipio de Ataco, mediante los impuestos de explotación. Además, calculan que los ingresos laborales para la gente de la región alcanzarían los 419 millones de pesos anuales y se generarían 200 empleos directos", decía el periódico El Tiempo.

El diario no solo mencionaba esos beneficios, también hablaba sobre el compromiso de ofrecer a los inversionistas el 20 por ciento del capital comprometido en el desarrollo del proyecto. Incluso, Mineros El Dorado, llegó a afirmar que electrificaría los municipios de Ataco y Chaparral.

Pero, a pesar de las virtudes que según unos y otros tenía el proyecto, la comunidad se expreso con un rotundo No. Y es gracias a que ese No se mantuvo firme durante mucho tiempo que el Consejo de Estado evitó por medio de un fallo expedido en septiembre de 2014 la implementación del proyecto.

Sin embargo, esta es una historia de persistencia, en la que por un lado, varios sectores se han unido por un objetivo: defender el ambiente y la calidad de vida de los atacunos. Mientras que por el otro, la empresa Mineros S.A., sigue buscando la manera de apropiarse del oro de la zona.

Primer round: No a la draga

El río Saldaña es reconocido por ser, prácticamente, la columna vertebral del Tolima. Brota en la parte alta de la cordillera central y desemboca en el río Magdalena recorriendo así el 40 por ciento de este departamento. Es la fuente de los acueductos de Coyaima, Ataco y Saldaña que benefician a 55 mil tolimenses. También, suele ser la base de la economía familiar de los atacunos, pues los habitantes del municipio dependen de la minería artesanal, de la pesca, y del agua del caudal para sacar adelante sus cultivos de arroz.

Ante la importancia que representa el río, la comunidad no podía pasar por alto las acciones e intereses de la empresa Mineros El Dorado, y mucho menos después de tener los referentes de lo sucedió en varios municipios antioqueños, sobre el río Nechí. Por el ejemplo, en el caso de El Bagre, donde la misma compañía adelantó proyectos de explotación minera, solo les quedó el "piedredro" y los problemas ambientales.

Por eso, para contener las pretensiones de la empresa minera, los habitantes de Ataco realizaron un paro cívico y, en consecuencia, el 19 de febrero de 1991 el tema se hizo visible en periódicos como El Tiempo. Para ese momento Jorge Ancízar Cabrera, presidente del concejo del municipio era uno de los que lideraba la iniciativa de crear una comisión científica que evaluara los riesgos y daños que podría producir la explotación minera.

La idea era que varios expertos analizaran las consecuencias ambientales, y bajo esos dictámenes, el Ministerio de Minas decidiera si entregar o no la concesión a la empresa solicitante.

Sin embargo, y pese a la oposición ciudadana, en julio de 1994 fue entregada la concesión gracias a que el Ministro de Minas Guido Nule Amín –padre de uno de los tres protagonistas del Carrusel de la Contratación en Bogotá– firmó un acuerdo con Mineros El Dorado, pacto que ignoró "todos los conceptos ambientales negativos del Himat, Cortolima, Inderena, Universidad Nacional, Contraloría Departamental, Fedearroz y 500 científicos ambientales de todo el mundo", decía el diario El Tiempo.

De hecho, en el mes de noviembre de ese año, ya habían iniciado el montaje de la draga, la cual tendría "una capacidad de remoción de 10.000 metros cúbicos diarios y un peso de 3.000 toneladas, con un tonelaje mínimo anual de explotación de 2.500.000 metros cúbicos de material aurífero, equivalente a 440.000 gramos de oro", agregaba el diario.

Esto alertó al Comité prodefensa del río Saldaña –creado por los habitantes de varios sectores del Tolima, con la pretensión de defender al río de la minería a gran escala–, por lo que le expusieron a la entonces Ministra de Ambiente Cecilia López Montaño y al gobernador Ramiro Lozano Neira, todas las razones a tener en cuenta para acabar con el proyecto.

A raíz de dicha reunión, se le ordenó a la empresa realizar un diagnóstico ambiental de alternativas y un estudio de impacto ambiental para socializarlo en una audiencia pública. En el encuentro la misma Ministra enfatizó en que la última decisión la tenía el Ministerio de Ambiente.

En 1997 fue realizada la audiencia. Asistieron cerca de cinco mil personas, según medios de comunicación, pero también asistió el Procurador General Jaime Bernal Cuellar y el viceprocurador Eduardo Montealegre porque las comunidades indígenas lo exigieron.

"Cerca de 47 mil indígenas de la Federación Indígena de Cabildos Autónomos, el Consejo Regional Indígena y la Asociación de Cabildos Indígenas del Tolima, (Acit), están dispuestos a ir hasta el fin para impedir la instalación de la draga [...] El presidente del Comité de Gremios Económicos del Tolima, Leonidas López Herrán, dijo que los 20 gremios y asociaciones del departamento le dejaron en claro al Ministerio que no están de acuerdo", citaba el diario capitalino.

Todos parecían estar en contra, sobre todo por la intervención1 directa que Mineros El Dorado quería realizar en la cuenca, pues las consecuencias ambientales serían más desastrosas.

La draga sedimentaría más el río, impactando cerca de 28 mil hectáreas sembradas con cultivos de arroz, los 45 mil millones de pesos que generaban al año y, de paso, a 50 mil empleos. También afectaría a las 500 familias que viven de la pesca –con los residuos de la sedimentación, lo más probable era la muerte de los peces por el taponamiento de sus vías branquiales–. Y, además, el ecosistema cambiaría junto con la salud del río, incluso, afectaría la producción de leche y de carne.

"Lo anterior sin medir el impacto de la obra en el distrito de riego de Usosaldaña –decía el periódico El Nuevo Día–del que dependen más de 1.700 usuarios", así como del Triángulo del Tolima.

Sin embargo, los representantes de Mineros El Dorado, aseguraban que eso no sucedería, pues disponían de lo último en tecnología minera, y los sedimentos serían transportados hidráulicamente a pozos por fuera del río, sin usar mercurio. Resaltaban, además, que era de vital importancia sacar las ocho toneladas de oro, que estimaban, estarían en 194 hectáreas en las riberas del río Saldaña. Contra tal pretensión también se pronunció la guerrilla, al destruir la maquinaria de la empresa.

El Gobernador fue claro, dijo que no apoyaba el proyecto y que no estaba de acuerdo en poner como objetivo guerrillero el oro de Ataco, pues los únicos afectados serían los habitantes.
Finalmente, el Ministerio de Ambiente tomó la decisión de no otorgarle la licencia ambiental. El "maravilloso" proyecto minero no podía realizarse.

Segundo round: El camaleón y la falta de sostenibilidad

Ante el fallo, Mineros El Dorado no cruzó sus brazos, demandaron al Ministerio de Ambiente por no otorgar la licencia ambiental, y exigieron 11 millones de dólares por el dinero que dejaban de percibir.

Mientras este pleito se tramitaba en el Tribunal Superior de Cundinamarca, para el 2004 otra compañía apareció: Mineros de Antioquia S.A., la cual, quizás de manera oportuna, cambió su denominación por Mineros S.A. Además, modificó su mecanismo para adentrarse en la zona pues, le propuso a la gobernación y a los municipios crear una empresa de categoría mixta para extraer el oro de Ataco.

Lo curioso de la propuesta, que en su momento señaló Ángel María Caballero, presidente del Comité Prodefensa del río Saldaña en el periódico El Nuevo Día, es que Mineros de Antioquia era dueño del 80 por ciento de Mineros El Dorado. Es decir, la "nueva" empresa que pretendía adelantar un proyecto calificado como nocivo para la región, era la dueña de la compañía que demandó al Ministerio de Ambiente. La diferencia en la forma que explotaría el oro radicaba en que la "nueva" empresa utilizaría retroexcavadora, y que ya no sería a cargo de Mineros El Dorado, ni Mineros de Antioquia, sino Mineros S.A.

Este cambio de nombres, parte sustancial de la estrategia camaleón de Mineros S.A, no era lo más preocupante que denunciaba el presidente del Comité Prodefensa del río Saldaña. Caballero dijo que la empresa ayudó con la financiación de la campaña electoral de Jorge García Orejuela, quien para la fecha ya era el gobernador del Tolima, por lo cual creía que él era el que estaba apalancando el proyecto.

Dos años después, el 7 de septiembre de 2006 se conoció el fallo del Tribunal. La empresa demandaba al Ministerio de Ambiente por fallas en procesos, darle mucha trascendencia a la posición negativa de los atacunos y por tener en cuenta la posibilidad de que el proyecto no fuera sostenible.

Para ese momento, el apoderado de la sociedad Mineros S.A., titular de los derechos litigiosos de Mineros El Dorado S.A., argumentaba que el Ministerio se había extralimitado en sus funciones por tener en cuenta la sostenibilidad.

La respuesta fue concreta: para el Tribunal, sí se habían presentado demoras en trámites pero no correspondían a vicios graves y el Ministerio había cumplido con sus funciones pues, aunque mencionaba la sostenibilidad, no hacía alusión exactamente a si los socios ganarían o no dinero, sino a cómo responderían con los daños ambientales que causarían en la zona.

De nuevo, los atacunos ganaron.

Tercer round:
¿Se acabó la pelea?

Mineros S.A. llevaba dos rounds perdidos y cada vez era más factible la posibilidad de perder el proyecto que desde años atrás querían realizar. La única carta que ahora les quedaba era la apelación, la que, en efecto, fue presentada al Consejo de Estado, para que según ellos, les restablecieran los derechos y anularan el fallo proferido por el Tribunal Superior de Cundinamarca.

Tras algunos años de espera, finalmente el 18 de septiembre de 2014 el alto tribunal falló, pero solo hasta el inicio del 2015 fue conocido por los medios de comunicación.

La decisión del Tribunal Superior de Cundinamarca, proferida por la Subdirección A, Sección Primera, fue ratificada. La sentencia decía que no había suficientes argumentos que implicaran la nulidad de lo fallado, por lo cual Mineros S.A, no podía adelantar el pretendido proyecto minero.

Así pues, cierta calma ronda a los atacunos. Después de defender su territorio por más de 20 años, durante los cuales no ahorraron ningún mecanismo de protesta y deliberación colectiva, el Consejo de Estado les confirmó que tenían razón. Pero, como la persistencia no solo es una cualidad de los habitantes sino también de la compañía, crearon otra empresa que está a la espera de una licencia ambiental y de la aprobación por parte de Cortolima de su Plan de Manejo Ambiental.

El nombre de la "nueva" empresa es Mineros de Ataco S.A.S2., constituida en el 2012. Fue creada en el Tolima para la exploración y explotación minera aurífera en Ataco y Chaparral bajo dos contratos de concesión según el último informe financiero de Mineros S.A., con fecha del 2013.

Mineros S.A. no confirma en su página oficial que haya recibido la licencia, y mucho menos menciona los fallos del Consejo de Estado y del Tribunal de Cundinamarca, pero sí alude a la firma de contratos de concesión que realizó el Ministerio de Minas cuando Guido Nule Amín era el jefe de la cartera en 1994.

Así, la pregunta que queda es si esta larga lucha finalmente terminó. Por ahora es claro que los atacunos tienen 10 puntos y que Mineros S.A. está a la espera de la revancha.

No sobra preguntar: ¿bastará con procedimientos jurídicos para contener el ansia insaciable de oro de los leguleyos que están detrás de las empresas mineras, que como la Santísima Trinidad, son un solo ser?

 

1 Minería aluvial: "El material se obtiene excavando los lechos de los ríos y los terrenos adyacentes; después es llevado por encima de un tapiz donde las piedritas se quedan atascadas. Después sigue el mismo procedimiento de amalgamación con mercurio", dice la revista Ideele.

2 Durante el 2008, 2009 y 2010, Ataco fue explotado ilegalmente, curiosamente en dos predios donde Mineros S.A. tenía títulos mineros. Incluso fue la misma compañía la que los denunció, dice el Nuevo Día

Publicado enEdición 211
Un cheque en blanco al alcalde fue el proyecto de acuerdo 300

Nunca, en mis casi doce años como concejal de Medellín, había visto una discusión tan polémica como la generada por el proyecto de acuerdo 300, una discusión que trascendió del edificio del Concejo Municipal a las redes sociales, para convertirse, además, en la comidilla política de los ciudadanos.

Este debate tan álgido se debió a que Aníbal Gaviria Correa, alcalde de Medellín, presentó a comienzos de este año un proyecto de acuerdo que buscaba otorgarle facultades por cuatro meses, con el fin de decidir el destino de 46 entidades descentralizadas, 57 billones de pesos activos, 33 billones de patrimonio y 67 mil empleados que hacen parte de una figura llamada "Conglomerado público".

Este proyecto que generó suspicacias desde su radicación en el Concejo, por presentarse al final de un gobierno y en un año electoral, también creó gran preocupación entre las organizaciones sindicales y sociales de la ciudad, debido al futuro que tendrían las empresas estatales eficientes.

Textualmente el acuerdo 300 contempla lo siguiente: "Facúltese al alcalde de Medellín por el término de cuatro meses para adecuar la estructura de la Administración Municipal y las funciones de sus dependencias en el marco de Conglomerado Público y en el marco del nuevo Plan de Ordenamiento Territorial, adoptado en el acuerdo 48 de 2014". En su articulado, el proyecto también estipula: "Facúltese al alcalde para crear establecimientos públicos y empresas industriales o comerciales del Estado y modificar los existentes para garantizar la implementación del acuerdo 48 del 2014".

Finalmente, el pasado 24 de febrero, 14 concejales aprobaron el proyecto de acuerdo, ante la mirada incredula de cientos de ciudadanos que cuestionaban la honestidad de la clase política local, al darle un trámite bastante acelerado y sin muchos aspectos claros a esta inciativa. En el aire y sin respuesta, preguntas como, ¿cuántos cargos se pretenden crear?, ¿qué empresas estatales serán transformadas, creadas o modificadas?

Sin embargo, fuimos cinco concejales los que conscientes de nuestro ejercicio de controlar y preservar lo público, votamos negativamente esta iniciativa por considerarla inoportuna y poco clara para nosotros y para la ciudad.

Si le dan esas facultades al alcalde, ¿qué harán los concejales cuatro meses?, gritaban enfurecidos algunos ciudadanos desde las barras del Concejo, quienes les exigían a los 21 concejales no desligarse del poder que la Constitución les otorgó: hacer control político al gobierno de turno.

Ese sinsabor que nos dejó el segundo y último debate al proyecto de acuerdo 300, es el mismo que hoy nos deja la llamada modernización de la Alcaldía de Medellín, porque es irracional crear más cargos burocráticos sin evaluar si los 600 creados bajo el llamado proyecto de "modernización", impactaron positivamente la ciudad.

Ya en el 2012, y bajo el siguiente argumento, el alcalde de Medellín, Aníbal Gaviria Correa, solicitó facultades al Concejo Municipal: "Es necesario repensar la forma en que se organiza funcionalmente la administración central y descentralizada del Municipio de Medellín, en aras de lograr un eficaz fortalecimiento de los equipos de trabajo bajo el modelo de operación por procesos".

El tiempo pasa y los resultado no son nítidos. Luego de tres años, aún no contamos con un informe de gestión que nos permita identificar los efectos de esa modernización, en la que además terminaron involucrados dineros públicos. Y sin estas claridades, no podíamos, otorgar nuevamente más facultades que podrían ser la puerta de entrada a privatizaciones de empresas estatales eficientes.

Desde el Concejo seguiremos defendiendo lo público. Así lo hicimos con UNE, Isagén, Metrosalud y todas las entidades municipales que pretenden desfortalecer para luego vender a privados.

Con el acuerdo 300 quedó en evidencia una gran inconformidad ciudadana frente al actual modelo de ciudad que insisten en aplicar hasta sus últimas consecuencias, sin observar sus destructivas consecuencias, como la creciente desigualdad social que campea en la ciudad, y la multiplicada pobreza extrema y mendicidad.

No existe duda. Con la movilización social en el Concejo de Medellín y fuera de éste, se demostró, una vez más, que las facultades otorgadas al alcalde constituyen un cheque en blanco y un salto al vacío de proporciones incalculables. La protesta ciudadana fue clara, como también lo es que la administración municipal y el Concejo tienen poco interés en escuchar el sentir ciudadano.

 

* Concejal de Medellín.

Publicado enEdición 211
La continuidad gaitanista para el proyecto popular
9 de abril de 1948. Para no olvidar pero sin dejarnos estancar en el pasado. Partir de él –para no repetir la historia ni como comedia y mucho menos como tragedia–; identificar con toda claridad por qué asesinaron a Jorge Eliécer Gaitán y masacraron al movimiento gaitanista, cuáles fueron los intereses tras el gatillero del líder, así como los factores propiciadores de la prolongación de la guerra por tantas décadas en Colombia.

Pero, más allá, esta dolorosa memoria es oportunidad para preguntarnos por el proyecto político que debiera surgir en nuestro país, retomando banderas que mantienen total vigencia a pesar del paso del tiempo, más otras que es necesario precisar, consecuentes con la luz que traen los nuevos tiempos.

Un acercamiento de soslayo


Han transcurrido 64 años desde el magnicidio que partió la historia del país, y, a pesar de ello, los temas de la tierra, del sector bancario-financiero, de la desigualdad social, de la pobreza, del empleo y los ingresos, de la exclusión, de la dependencia, la corrupción, la violencia, tan fuertes o visibles para la década de los años 40 del siglo XX, se mantienen totalmente vigentes. Parece que el tiempo no pasara.

En política, no obstante que los cambios son tan notables en las últimas cuatro décadas, lo que se conoce como bipartidismo conserva todo su poder y control sobre el país político y sobre el país nacional. El resultado: democracia formal y autoritarismo real.

Estamos ante un dominio político insultante y que por demás es de los pocos que no se han quebrado en las últimas décadas en la región. En pocos países como en este la oligarquía puede decir y mostrar que, con todo y el paso del tiempo, mantiene bajo su control los hilos del poder. Es un dominio logrado bajo el ejercicio del terror y la garantía de la impunidad. Es una continuidad lograda, además, bajo el monopolio del poder por unas pocas familias: los apellidos de los políticos más ‘exitosos’ se repiten sin sonrojo alguno: López, Lleras, Santos, Samper, Gómez Hurtado, Pastrana… Pero también, bajo un modelo político que sabe tensionar las fibras y los intereses populares, valiéndose para ello del clientelismo, la burocracia, el control del presupuesto público, la demagogia, el dominio ideológico (medios de comunicación y educación); y cuando esto falla, el ejercicio eficaz del terror.

El modelo partidista que facilita esta prolongación es sencillo: control de los aparatos políticos, continuidad histórica –vitalicia– de quienes garantizan tal control, antidemocracia orgánica, caudillismo, compra de conciencias, cooptación. Así y sin duda alguna, la oligarquía colombiana se sostiene adecuada y constantemente sobre dos piernas: control y dominio; acción política y militar; discurso y armas.

De este modo ha funcionado, y así continúa haciéndolo el régimen político colombiano. Por ello, Gaitán, una vez que procesó la experiencia de la Unión Nacional Izquierdista Revolucionaria (UNIR), decidió no romper con el partido liberal y, desde su interior –como la famosa operación de infiltración en Troya–, romperlo. Su proyecto fue nítido e inteligente, pero su asesinato impidió que se hiciera realidad.

Mientras Gaitán avanzó en la concreción de su proyecto, reprodujo la lógica del sistema político y de partidos vigente: ganó las mayorías dentro del partido liberal; creó estructuras de base por doquier, hasta convertirlo en “el partido del pueblo”; centró su proyecto en el voto, construyó un programa democrático –sin duda totalmente revolucionario para la época– y concentró en él los hilos del poder, encarnando con toda claridad lo que hoy llamamos oposición. Tan concentrado el poder, que, una vez fue asesinado el líder, no se logró mantener el proyecto diseñado y mucho menos hacerlo realidad. Ni las estructuras de base ni los círculos de asesores que lo rodeaban lograron encarnar ante el pueblo el proyecto gaitanista.

Cambian los factores


Era la década de 1940. En un país eminentemente rural, el factor central era la tierra, y el sujeto el campesino, secundado por las clases populares urbanas y dentro de ellas por la incipiente clase obrera. Pero los tiempos cambian. Desde 1968 hasta esta segunda década del siglo XXI, son muchos los factores que han variado en la política. El primero es que el contexto económico-social y geográfico se transformó en su totalidad.

El país se hizo urbano, y con él los campesinos pasaron a un segundo plano. Pero si en algún momento los obreros los habían reemplazado, ahora éstos son relegados por los trabajadores en general, categoría sociológica que envuelve a un sinnúmero de asalariados, desde los no calificados hasta aquellos que sí lo son, sin incluir a los obreros fabriles, sector de los trabajadores que por particularidades políticas, sindicales, laborales, salariales, ha terminado aislada en su pasividad o conformismo.

Pese a las transformaciones que afectan al conjunto social, la tierra se mantiene como una reivindicación sustancial en el país, y con ello la consigna de reforma agraria, aunque con matices actualizantes como territorio, medio ambiente, cultura y otros.

En la línea programática, el tema bancario-financiero se alza a un primerísimo lugar, y con él la obligatoriedad de conseguir su democratización, que necesariamente pasa por su nacionalización, enlazándose como un sistema bancario-popular de proyecciones continentales.

En el centro del programa también se sitúa la cuestión urbana, y con ella reivindicaciones como vivienda digna, empleo estable y bien remunerado; derecho a un sistema de salud y de educación públicos, gratuitos y universales, y seguridad social plena. Justicia pudiera ser la síntesis de estas reivindicaciones, con la cual se pretenda la felicidad y la armonía en nuestra sociedad.

Y surgen temas totalmente nuevos en relación a la época vivida por Gaitán, por ejemplo, en relación a los actores sociales, donde emergen unos por completo nuevos: la mujer, los indígenas, los negros, los jóvenes, los homosexuales y, como temáticas, la cultura, la naturaleza, la dignidad, la paz. Y otros no menos importantes para nuestra realidad nacional: reorganización territorial, desconcentración de las grandes urbes a partir de la construcción de nuevas ciudades o polos de vida, y en ellos el tema de ciencia y tecnología de punta, adecuados y desarrollados desde las cualidades y potencialidades del entorno natural. Más allá del territorio, la integración regional, en proyección mundial, en pos de la igualdad universal. Y en política, reconocimiento y fortalecimiento de los sujetos sociales populares y sus luchas, con los cuales y sobre las cuales se construyen los nuevos actores de la política, que no transita o se reduce –necesariamente– a la formalidad instituida (la cuestión electoral).

En todo caso, el tema programático es tarea de sectores aislados y no fruto de una labor intelectual investigativa, aunque ella contribuye a su precisión. Las líneas programáticas gruesas deberán emanar de una consideración/valoración del conjunto de agendas ya existentes, para lo cual (reconociendo sus trayectorias) hay que considerarlas en su plenitud, revisarlas, discutirlas, depurarlas, en un ejercicio de debate y acción que haga a un lado prevenciones y seguridades preestablecidas, y de este modo y con este método dar a luz unos nuevos textos y unas nuevas prácticas que hermanen y le muestren al conjunto social que sí hay opciones políticas para salir del desastre humano en que nos sume el capitalismo. Debe nacer, producto de estas prácticas comunes, un programa de país.

Acción incluyente e integradora. Como esta otra. Contrario a lo que sucedía en los 40 del siglo XX –y mucho más allá de ésta–, al frente de los partidos se debe situar el intelectual colectivo, garantía para su democracia interna. El líder individual –el candidato– surge y se potencia cuando se define la participación electoral, pero por ningún motivo puede ser un caudillo o una rueda suelta dentro de un propósito de cambio, pues, de llegar a serlo, no permitirá que la ruptura que se pretende se haga realidad o, en el peor de los casos, si es asesinado, significará el descabezamiento del movimiento político alternativo.

Como síntesis de este cambio, de esta intensa transformación sufrida –sobre todo después de mayo de 1968– nadie es subordinado de nadie. Cada coyuntura –dentro de una lectura de largo plazo– nos devela el actor principal, y hay que tener la capacidad de saber potenciarlo para que cumpla su papel, dejando el espacio, en la coyuntura, para quien deba asumir el liderazgo en el momento de girar las circunstancias políticas y sociales.

De esta manera, dos elementos sustanciales de la política en la época gaitanista han muerto: el partido único y el liderazgo unipersonal y vitalicio. Quien persista en ellos no hace más que reproducir y fortalecer la estructura político-económico y social que pretende y desea destruir.

El propósito hacia 2019


Entre nosotros, y ante la real dispersión que soportan los actores sociales, ¿cómo actuar y con qué consignas para recuperar la iniciativa política y propiciar la articulación en un haz de las luchas sociales? ¿Cómo actuar para recuperar la conexión lograda por Gaitán con su pueblo? ¿Cómo avanzar para construir una organización político-social (una vanguardia) que responda de manera oportuna y legítima a las aspiraciones de la sociedad colombiana?

Estamos ante retos muy complejos de realizar en el corto plazo pero no imposibles de concretar. En esa perspectiva, el primer paso por dar, obligatorio, es identificar el estado del movimiento social y de los actores políticos. Aunque no hay consenso en el diagnóstico, los hechos son tozudos y reiterativos desde principios de la década de los 90 del siglo XX: debilidad del actor político y atomización del actor social.

Si esta es la realidad, y en perspectiva de un cambio sustancial hacia el año 2019 (retomando esta fecha por su alto significado simbólico) para nuestra sociedad, es necesario diseñar una estrategia colectiva, proyectada a ocho años, que como resultado final produzca una transformación sustancial en la situación de los actores, en forma tal que puedan accionar en circunstancias totalmente distintas de las que los determinan en la actualidad.

Para que así sea, una de las tareas fundamentales por encarar debe ser la reconstrucción de un movimiento social que constituya la base de un liderazgo legítimo, que esté a la cabeza de la movilización cotidiana. En perspectiva gaitanista, reconociendo que esta era una de sus grandes cualidades: tomar la calle para tomar la palabra. Y hacerlo con vocación de gobierno y de poder, como se lo proponía Gaitán para 1950. Y en paralelo, como un territorio nuevo –no conocido en los años 40 del siglo XX–, desarrollar cabalmente un sistema de comunicaciones que permita un enlace, un debate y un diseño de país en tiempo real con el conjunto social, tomando en cuenta y abriendo así todas las posibles formas de participación y acción.

En esa lógica es fundamental crear espacios, mejorar métodos, proyectar propósitos, concretar prácticas, para crear confianza y comunicación entre los actores sociales y políticos. Actuar siempre mucho más allá de cada organización, buscando y concitando al conjunto nacional, intentando una sostenida y una profunda identidad y comunicación con el conjunto nacional.

Romper las fronteras de lo particular y lo organizativo de cada uno. Desarrollar un nuevo accionar para que el conjunto de organizaciones comprenda que, en la actual coyuntura, el mayor propósito por encarar son la disposición y la lucha por la articulación en objetivos comunes de los esfuerzos de todos aquellos que estén por el cambio en el país. Superar la dispersión, y de manera simultánea crear un referente de poder, construyendo un discurso y haciendo realidad unas prácticas sociales que hagan posible que los sectores alternativos fundamenten una necesaria legitimidad que quiebre o neutralice el discurso oficial.

En esta dinámica, hay por lo menos tres procesos que se deben debatir e identificar para la acción mancomunada: el Congreso de los pueblos, La Marcha Patriótica y la Comosoc. En paralelo, el debate se debe abordar con las organizaciones gremiales de carácter nacional, regional o local. Producto de su intercambio, debiera tomar cuerpo una vanguardia social sin la cual es imposible la existencia de una vanguardia política.

Para así proceder es necesario reconocer y hacer consciente un axioma irrefutable bajo la luz de nuestra historia nacional: ninguna organización por sí sola alcanzará a representar y conducir el conjunto de luchas por emprender en el país. Quien así proceda se agotará en el voluntarismo, y sobre éste llevará a su militancia hacia la muerte o la derrota.

Actuar de manera responsable ante esta realidad, ser consecuentes con el tema de la unidad o la coordinación de esfuerzos entre todos, implica abordar la construcción de una dirección estratégica meridiana, antioligárquica, hacia un acumulado que en el mediano plazo le posibilite al actor político darle forma a un ‘estado mayor del pueblo’, similar al organismo que, en su historia reciente y para su victoria de gobierno, con Evo conformaron y llaman los compañeros bolivianos.

Se requiere un ‘estado mayor’ que ejercite la dirección cercana, sentida, amada por la gente, legítima, y del cual y con el cual se pueda vivir un proceso de exigencia y acción políticas; de reorientación del rumbo para que el movimiento social asuma y arribe a un nuevo estadio: pasar de la situación defensiva a la de iniciativa y constante acción; un cambio que permita disponer de una dualidad de poderes al frente de la acción social y política de los sectores alternativos, como método y objetivo. Es decir, es necesario actuar con la convicción de que sí es posible transformar radicalmente la correlación de fuerzas en el país, y llevar a una situación defensiva a los defensores del Estado neoliberal. Y como desarrollo y concreción de esta capacidad estratégica, obtener consensos para el logro de una “dirección táctica oportuna”.

Son éstas, características y condiciones necesarias en la conducción de la lucha social, para evitar más desaprovecho y pérdida de oportunidades que la lucha de clases exacerba cada tanto, y con el recobro de una puntualidad para exigir, denunciar, proponer, promover y potenciar el liderazgo popular en cada momento y ante los arrebatos de un derecho o el desenfreno de la represión. De este modo, se facilitará fortalecer la iniciativa y ganar y llevar confianza a cada comunidad de nuestro país. Mostrar así el qué y el cómo (que implica consignas puntuales y precisas) para nuestra actual realidad, y con vocación de gobierno y poder: ¡Por la democracia popular y el desmonte del Estado neoliberal! Y también, ¡Por una nueva sociedad: dualidad de poderes!

De así actuar, se concretaría una tríada fundamental, indispensable en cualquier perspectiva estratégica con vocación de gobierno y de poder: unidad social, unidad política y, como producto de éstas, unidad de gobierno, para lo cual es sustancial identificar a los actores sociales (en la producción, el comercio, la ciencia, la academia, etcétera) dispuestos a un cambio sustancial en la forma de encarar la vida en el país, y ojalá mucho más allá.

El movimiento gaitanista había logrado la unidad social y la política, pero el asesinato de su conductor impidió la unidad de gobierno. En los tiempos actuales, hay que retomar el camino.

 
Publicado enEdición 179
Página 1 de 3